Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de “unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales” generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser “insuficientes”.

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga “con otro alto el fuego pero sin negociación”, con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, “lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global”.

Artemio Pérez dice que las ayudas deben superar a las de la COVID

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa “un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico”, generando “una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente”.

Ante ello ha pedido “prepararse y ser cautos” y ha asegurado que “las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún.”

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa “nace muerta” al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

“Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del COVID”, ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos “no solucionan el problema habitacional”. “Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año”, ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que “es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir”. Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que “queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida”.

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que “un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado”.

“Unidad empresarial” frente a la crisis provocada por “terceros países”

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para destacar “el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas”, constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del “equilibrio social” de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar “que estos últimos años han sido duros” y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada “por terceros países con sus choques de civilizaciones”. Ante ello, el delegado ha puesto “la unidad empresarial” como un ejemplo para hacer frente a los problemas “y salir antes de ellos”, así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como “una iniciativa compartida” o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

De su lado, Manuel Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, “porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos”.

El alcalde ha recordado que “10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos”.

Serrano ha asegurado que “hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento”.

Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha desplazado a México junto a una delegación de empresarios asturianos para atraer inversiones a la comunidad autónoma.

Desde el país iberoamericano, ha destacado el carácter complementario de la industria mexicana y asturiana en sectores estratégicos, una circunstancia que asegura que puede ser provechosa para ambas partes. Con este planteamiento, el presidente del Principado ha invitado al empresariado mexicano a “ensamblar y fortalecer una relación de beneficio mutuo” que culmine en “un win win (todos ganan) de manual”.

El crecimiento industrial

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) es el principal organismo de representación de la industria de México. Sus representantes fueron los interlocutores de la misión comercial liderada por el jefe del gobierno. Barbón ha hecho hincapié en el crecimiento industrial mexicano, que“demanda proveedores solventes, flexibles y con experiencia en proyectos de gran escala y alta exigencia técnica”.

A través de una nota oficial, la delegación asturiana ha transmitido que la industria del Principado está en condiciones de responder a esa necesidad, ya que “concentra empresas líderes en ingeniería, construcción naval, metalmecánica, bienes de equipo, energía, industria auxiliar y soluciones tecnológicas para procesos productivos complejos. Lo pueden comprobar: la mejor industria española tiene nombre o apellido asturiano”, ha dicho.

Las iniciativas

“Si dos partes se necesitan y se complementan, la lógica llama a aprovechar la oportunidad”. Esa ha sido la conclusión del presidente, quien ha resaltado que muchos de los proyectos industriales de México están relacionados con la energía, las manufacturas, las infraestructuras o la logística, “ámbitos en los que Asturias cuenta con experiencia contrastada”.

Puesto que muchas de esas iniciativas están aún en fase de estudio o planificación, se abre “una ventana de oportunidad excepcional para anticiparse, generar alianzas estratégicas y entrar en cadenas de suministro con una visión de largo plazo”, ha añadido.

El encuentro ha incluido acuerdos concretos: las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, que forman parte de la delegación asturiana, han firmado tres memorandos de entendimiento con Canacintra con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 2,3% en el segundo trimestre del año, su mayor retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo abril-junio, que se debe a una peor valoración del trimestre ya finalizado (enero-marzo), este indicador vuelve a terreno negativo tras la subida del 0,1% del primer trimestre de año. En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado más de 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,9 puntos en el primer cuarto de 2026 a 1,3 puntos en el segundo trimestre.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 18,8% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 17,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,7% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 24,7%, del 13,8% y del 61,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,5 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera normal han retrocedido desde el 65,1% del trimestre anterior al 62,8%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 15,2% al 16,2%.

Los cinco sectores analizados por Estadística recortaron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor descenso (-3,7%), mientras que el comercio registró la menor bajada (-1,6%).

La patronal catalana Foment del Treball adelantará al 18 de mayo sus elecciones a la presidencia, inicialmente previstas para el 18 de julio, y Josep Sánchez Llibre se presentará a la reelección.

El empresario, vicepresidente de Conservas Dani y presidente de la patronal desde noviembre de 2018 y también es vicepresidente de la CEOE, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que la junta directiva de la patronal ha tomado la decisión de avanzar dos meses los comicios.

“Hay muchas cosas por hacer que todavía no hemos culminado”, ha afirmado Sánchez Llibre, que ha subrayado que entre los ejes de su programa se incluirá el impulso de la competitividad de las empresas catalanas y la reducción del absentismo laboral.

También ha subrayado el objetivo de rebajar la presión fiscal a empresas y familias, a partir de la eliminación del impuesto de patrimonio, la reducción de la bonificación del impuesto de sucesiones y la deflactación del IRPF para las familias.

De hecho, durante su intervención el presidente de Foment ha reiterado que Cataluña vive un “infierno fiscal”.

Presentación de candidaturas

El próximo 8 de mayo será el último día de presentación de candidaturas y avales, una fecha en la que Sánchez Llibre tiene previsto detallar “con más precisión” los puntos de su programa electoral.

En el caso de que no se presente ninguna candidatura más antes del 15 de mayo, la mesa electoral validará la reelección de Sánchez Llibre, una aceptación que después deberá ser consensuada en el marco de la junta directiva, ha detallado el presidente de la patronal.

Sánchez Llibre ha explicado que los votos de las federaciones sectoriales y territoriales que forman parte de Foment “priman mucho más” que los de las empresas socias independientes, que son unas 500 de las más de 260.000 firmas integradas dentro del conjunto de federaciones.

En 2024, una reforma aprobada por la Asamblea General de Foment eliminó la barrera que obligaba al presidente de la patronal a presentarse a un máximo de dos mandatos.

Este hecho ha permitido que Sánchez Llibre tenga la posibilidad de acceder a una tercera reelección, con la que alcanzaría doce años de presidencia si es elegido el próximo 18 de mayo.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha lamentado este jueves que el absentismo laboral supone un coste “enorme” para las empresas y ha instado a las administraciones a “poner toda la carne en el asador” para hacer frente al “desempleo estructural” en Galicia. “Hay quien confunde absentismo con tener derechos”, ha aseverado. “No. Yo creo que no estamos en esa dinámica. Algunos sindicatos han denunciado que se mezcle la baja médica con los permisos legales, las cuestiones de conciliación familiar, con fraudes. Son cuestiones diferentes, y cada cosa hay que ponerla en su sitio”, ha señalado este jueves en su intervención durante la presentación de la jornada Observatorio CEO sobre capital humano celebrada por la Confederación de Empresarios de Ourense.

En este sentido, Vieites ha lamentado que cerca de 95.000 personas “no han ido a trabajar todos los días” en España y se ha referido a unos “datos alarmantes” y a una situación “insostenible” también en Galicia, cifrando ese dato en un total de 1.117 personas.

“Vamos por mal camino en esta cuestión. Esto es insostenible, no solo ya por el coste que tiene para la seguridad social, sino también por el coste que tiene para las propias empresas”, ha señalado, y ha subrayado que estos “desequilibrios estructurales” suponen un “perjuicio enorme para la buena marcha de la economía”.

En esta línea, el presidente de la patronal gallega ha incidido en la necesidad de “reforzar” los medios de atención primaria para “reducir listas de espera que alargan las bajas”, así como revisar procesos de incapacidad temporal con “criterios objetivos” y una “mejor coordinación” del sistema sanitario, las mutuas y las empresas.

“Es necesario un diálogo social e inclusivo, donde las preocupaciones de personas trabajadoras y empresarios se enfrenten de forma responsable y no con trincheras ideológicas”, ha destacado.

Plan de control

Todo ello después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzase este pasado miércoles en el Debate sobre o Estado da Autonomía (DEA) que presentará “en las próximas semanas” un programa “integral” que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales.

En concreto, se trata de una iniciativa que pondrá el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de “psiquiatría menor”, y que prevé, además, “reforzar el papel de las mutuas” en la revisión de las incapacidades temporales.

Ante dicho anuncio del Ejecutivo gallego, el presidente de la patronal ha celebrado un plan de funcionamiento que “puede beneficiar enormemente” a la situación que atraviesa la comunidad autónoma, en palabras de Vieites, así como a la demanda de empleo en sectores la hostelería, el transporte, el servicio, la industria o la construcción, que “no logran cubrir puestos de trabajo”.

“Ahí es donde tenemos que trabajar todos. En no permitir un absentismo que multiplica costes, limita crecimiento y deteriora la competitividad de las empresas, probablemente en plena carrera para atraer inversiones y reindustrializar a la comunidad autónoma de Galicia”, ha añadido.

Algo en lo que también ha incidido el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en su intervención, en la que ha incidido en que las palabras del presidente autonómico no respondían a un intento de “tachar a los trabajadores de defraudadores”, sino una iniciativa “para empresarios y sindicatos”.

“Tenemos que poner en el margen medidas que afectan a la administración autonómica y a la estatal. Esto depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y buena parte de lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver con modificaciones legislativas que han venido a través de decretos y de ciertas leyes estatales”, ha recalcado González.

En este sentido, el titular de Comercio ha señalado que dicho plan se presentará “en el curso de los próximos dos meses”, tras la aprobación del decreto de diálogo social en el Consello de la Xunta, a partir de lo cual se convocará mesa con empresarios y trabajadores para “poner encima de esa mesa” las propuestas de la Xunta, así como para “escuchar” las de empresarios y trabajadores.

Dos hombres, de 27 y 31 años, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente, contra los derechos de los trabajadores y encubrimiento por la muerte de trabajador de 43 años en un accidente laboral en Don Benito, al alterar la escena del suceso para simular la existencia de medidas de seguridad.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de marzo en la avenida Vegas Altas, donde los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la víctima, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

La investigación policial ha determinado una presunta negligencia por parte del propietario de la empresa que realizaba unas reformas en la zona, así como la alteración de la escena del suceso para simular la existencia de medidas de seguridad que, según los agentes, no estaban presentes en el momento del accidente.

Según la Policía, se habría colocado material de seguridad con posterioridad y se habría retrasado la llamada al servicio de emergencias 112 con el objetivo de ocultar las deficiencias en materia de prevención laboral.

El responsable de la empresa fue detenido el 20 de marzo por su presunta implicación en los delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores y encubrimiento, mientras que el encargado de la obra fue arrestado cinco días después por encubrimiento. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una factura que supera los 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en al menos tres ocasiones en los tribunales por incumplir sus obligaciones como garante de la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La más cuantiosa de esas condenas, que ya es firme, suma 225.264,68 euros. Este es el contexto en el que el pleno del órgano, con el voto en contra de los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, acordó este miércoles posicionarse a favor de excluir a los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. 

El acuerdo suscrito por los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y los ocho designados a propuesta del PSOE, y al que se sumó la presidenta Isabel Perelló, propone suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial. Ese artículo es el que, hasta el momento, reconocía el derecho de los jueces y magistrados a la protección en materia de seguridad y salud al remitir a la normativa de prevención de riesgos laborales. El documento aprobado supone eludir la aplicación del marco legal que vincula al CGPJ en materia de prevención y busca abrir una vía para tratar de sortear estas condenas de miles de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las cuatro asociaciones judiciales —conservadoras y progresistas— han exigido al CGPJ que corrija su criterio y mantenga la aplicación de las normas de protección laboral. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, sostiene el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La tesis del documento consensuado entre los vocales conservadores y la mayoría de los progresistas es que el texto mejora el actual marco legal y despeja dudas sobre las competencias del CGPJ, al indicar que hay aspectos de la salud de los jueces que quedan fuera de su ámbito de actuación. “No es jurídicamente correcto construir, por simple traslación conceptual, un régimen de prevención de riesgos laborales de cuño general y proyectarlo íntegramente sobre la Carrera Judicial como si jueces y magistrados fueran, sin más, trabajadores o empleados públicos ordinarios”, recoge el texto aprobado. 

El argumento es que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” sometidos a la regulación general sobre riesgos laborales implicaría una relación de subordinación como la que existe entre un empleado y un empresario, lo que choca frontalmente con la “independencia” que debe regir en la función jurisdiccional. “La salud de quienes integran el Poder Judicial no puede quedar reducida a un problema de organización empresarial o de relaciones de empleo, porque afecta al núcleo mismo de las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar”, recoge el documento. 

Una “desregulación” absoluta

Frente a este acuerdo, la vocal Inés Herreros presentó un voto particular al que se sumó el vocal Carlos Hugo Preciado que defiende que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una “ruptura con la trayectoria” de más de una década de avances. Su texto apunta que la prevención de riesgos es una garantía material indispensable para la propia independencia. Y alude a la “capital importancia” que reviste la protección de la seguridad y salud en la independencia judicial y al hecho de que a la ciudadanía “también le asiste el derecho a que la actividad jurisdiccional se realice con la serenidad y el sosiego que ofrece un sistema que garantice la salud en el trabajo”. 

Según el texto que suscriben ambos vocales, el planteamiento de la mayoría “instrumentaliza la salud” de los jueces y “convierte su protección no en un fin en sí mismo —como correspondería a un derecho laboral básico— sino en un medio para garantizar el rendimiento del sistema, con lo que se desprotege precisamente aquello que debería ser el núcleo de cualquier política de prevención de riesgos laborales: la dignidad y el bienestar de las personas”. 

Los vocales elegidos a iniciativa de Sumar apuntan a la paradoja de que el texto aprobado una el derecho a la seguridad y salud de la carrera judicial a la independencia judicial “para después desregular su protección y dejarlo sin cobertura ni protección al desligarlo de la Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, el pleno rechazó una propuesta realizada por el vocal Preciado que defiende que los derechos profesionales de los jueces —retribuciones, protección social, la prevención de riesgos o conciliación— constituyen “garantías materiales de la independencia”. “Un juez/a no puede ejercer con independencia la jurisdicción si sus condiciones profesionales ponen en riesgo su vida, integridad física o moral o su salud”, recoge su propuesta. 

Además, Preciado proponía renovar la evaluación de riesgos psicosociales, que data de 2018, para medir adecuadamente el estrés derivado de la asunción de cargas familiares y de cuidado por parte de los jueces. También contemplaba actualizar la guía práctica de riesgo por lactancia natural, de 2023, para evitar decisiones dispares entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, planteaba incluir medidas específicas frente al acoso y la violencia, así como iniciativas específicas de protección para los jueces mayores de 60 años, como la exención de realizar guardias o el establecimiento de normas para evitar que se les repartan macroprocesos. 

Varias sentencias

El núcleo de este conflicto radica en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ cumpla con su obligación legal de regular de forma específica la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inactividad del órgano, que se defendía argumentando que no era posible fijar un límite abstracto para todos y que la jurisdicción competente no era la social, los tribunales acabaron fallando en su contra. El Tribunal Supremo condenó en 2023 al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces para proteger su salud laboral.

En paralelo, distintos jueces han presentado en los últimos años reclamaciones individuales de daños y perjuicios que, en algunos casos, han derivado en indemnizaciones de miles de euros. Entre los casos más graves destaca el de una magistrada que alegó haber sufrido un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral. Según su demanda, el CGPJ “no puso los medios para detectarlo ni aplicó medios para evitarlo, como pudiera haber sido un refuerzo, o cualquier otra medida similar”. 

En 2022, un juzgado de lo Social condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle una indemnización de 122.963,50 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que la indemnización inicial no reparaba íntegramente el daño y reconoció además el lucro cesante y secuelas, por lo que elevó la indemnización a 225.264,68 euros. En diciembre de 2024, el Supremo declaró firme la sentencia y confirmó la obligación del CGPJ de abonar esa cantidad. 

También está el caso de un magistrado que denunció que había desarrollado un trastorno depresivo mayor crónico (síndrome de burnout o desgaste profesional) que derivó en su incapacidad permanente. Según su demanda, esa patología se debió a una sobrecarga de trabajo, ya que su juzgado superaba los módulos teóricos de entrada de asuntos fijados por el CGPJ. El órgano le abrió varios expedientes disciplinarios por los recurrentes retrasos de su órgano judicial.

Un juzgado de lo Social le dio la razón en diciembre de 2024 y condenó al CGPJ al pago de 42.745,50 euros de indemnización. Tras los recursos interpuestos por ambas partes, el TSJ de Catalunya confirmó este mismo marzo que había habido una vulneración de las normativas de prevención por parte del CGPJ frente a un juzgado sobrecargado y elevó la condena al imponer al Consejo el pago de una indemnización principal de 77.730,36 euros, a los que se sumaron 7.376,40 euros extra en concepto de intereses legales devengados desde el año 2021.

A estas sentencias se suma la de otro magistrado que fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas. El CGPJ alegó que se desconocía si la miopía del magistrado se había producido tras su ingreso en la carrera judicial. Pero la sentencia se apoyó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales a los trabajadores que los necesiten por el uso de pantallas y que el trabajador no debe verse obligado a costear sus propios medios de protección. 

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

El West End representa la nèmesi de la pau al municipi eivissenc de Sant Antoni, el cor del qual es troba en aquest centre neuràlgic format per bars per al públic british, locals d’oci nocturn on es posa reggaeton per a espanyols i altres establiments al servei del turisme de borratxera. Incloent-hi venedors ambulants que, amb poc dissimul, subministren òxid nitrós —més conegut com a “gas del riure”—, cosa que ha suposat, en els darrers anys, la principal batalla de l’Ajuntament per mantenir la seguretat sota control, en paraules de la mateixa regidora de l’àrea, Neus Mateu.

Ara, l’equip de govern del PP ha decidit ampliar l’horari de tancament dels establiments del West End durant els mesos d’hivern. La mesura, limitada als divendres, dissabtes i dates assenyalades entre l’1 de novembre i el 30 d’abril, permetrà fins a dues hores addicionals d’activitat en resposta a una de les demandes històriques del sector.

La decisió ha estat ben rebuda per l’Associació Empresarial d’Oci Nocturn Noches de Eivissa (AEON), tot i que la considera insuficient. Els empresaris insisteixen en la necessitat de derogar la Zona de Protecció Acústica Especial (ZPAE), una figura que, al seu parer, lastra la viabilitat dels negocis. Es tracta d’una normativa que exigeix als locals de la zona que acreditin el compliment dels límits acústics mitjançant certificats tècnics i que preveu la realització de sonometries també a l’hivern. 

L'equip de govern del PP ha decidit ampliar l'horari de tancament dels establiments del West End durant els mesos d'hivern, però els empresaris consideren insuficient la mesura i van més enllà: demanen eliminar la normativa que exigeix als locals de la zona acreditar que compleixen amb els límits acústics

Des de l’Ajuntament recorden que la retirada d’aquesta declaració exigeix complir de manera sostinguda els Objectius de Qualitat Acústica (OCA) aplicables a la zona. Tal com assenyala una portaveu municipal en declaracions a elDiario.es, les mesures realitzades han d’indicar que el seu compliment s’aproxima en alguns punts concrets i/o èpoques de l’any, però els nivells sonors han d’estar per sota dels límits exigits de qualitat de manera sostinguda.

Desigualtat de condicions

La majoria dels empresaris sostenen que la ZPAE manté el West End en “desigualtat de condicions” i adverteixen del seu impacte: asseguren que des de la seva implantació ha tancat més del 50% dels negocis, amb la consegüent pèrdua d’activitat i ocupació. En aquest sentit, han recordat que la mesura “posa en perill” la viabilitat dels pocs establiments que encara estan “lluitant per sobreviure”. Tot i això, n’hi ha alguns, com Toni Marí, que la consideren una eina “necessària” malgrat que la seva aplicació hagi tingut errors importants.

La majoria dels empresaris sostenen que la ZPAE manté al West End en “desigualtat de condicions” i adverteixen del seu impacte: asseguren que des de la seva implantació ha tancat més del 50% dels negocis, amb la consegüent pèrdua d'activitat i ocupació

Critica, en especial, la inclusió del carrer del Mar —on es troba el seu establiment— dins del West End, una decisió que, assegura, ha perjudicat negocis amb activitat durant tot l’any i clientela local, provocant tancaments. Al seu parer, la limitació d’horaris no ha reduït el turisme d’excessos, sinó que l’ha desplaçat a altres punts o a discoteques.

Una opinió que comparteix amb Joan Pantaleoni, la família del qual regenta un bar al passeig principal de Sant Antoni, el Soul City, així com diversos negocis al mateix carrer Santa Agnès, on es troba el mural d’Okuda San Miguel. Mentre els establiments d’aquesta zona han de tancar a les tres de la matinada, altres poden allargar la seva activitat fins a les cinc o sis, fet que genera —afirma l’empresari— una “desavantatge competitiva directa” que compromet la viabilitat de molts negocis.

Si no es prenen mesures més contundents, el West End corre el risc de perdre progressivament activitat, el seu teixit empresarial i la seva identitat històrica, convertint-se en una àrea residual quan sempre ha estat un lloc clau de l’oci al municipi, alerten des del gremi.

El gremi de l'oci nocturn alerta que, si no es prenen mesures més contundents, el West End corre el risc de perdre progressivament activitat, el seu teixit empresarial i la seva identitat històrica, convertint-se en una àrea residual en lloc del lloc clau de l'oci que sempre ha estat

Pantaleoni valora com un “primer pas” l’ampliació puntual d’horaris aprovada per l’Ajuntament, tot i que insisteix que la mesura resulta “clarament insuficient”. El principal problema —al seu parer— són les restriccions específiques en aquesta àrea concreta, com l’obligació de doble porta, la prohibició de música a l’exterior o el tancament anticipat, mentre en altres punts de la localitat l’activitat es desenvolupa amb més amplitud horària. “A la pràctica, una línia imaginària decideix quins negocis són viables i quins no”, insisteix.

Una rehabilitació més enllà d’Okuda

El vicepresident de l’associació, José Colomar Ribas, ha considerat que al West End és necessari anar més enllà de l’obra d’Okuda per solucionar el problema: millorar la il·luminació dels carrers adjacents, ampliar la zona d’intervenció d’art urbà i també donar suport i revitalitzar tot el barri, amb un reforç de la neteja.

“A mi l’ampliació de l’horari a l’hivern no m’afecta gens. El que sé és que a l’estiu, entre les obres per fer el bulevard —una mena de passeig de la fama que connectarà el centre amb el passeig marítim—, el camió de la brossa i la dispersió de turistes quan tancaven els bars, a les cinc me n’anava a dormir i a les sis em sonava el despertador”, denuncia Aurora [nom fictici a petició pròpia], una veïna.

L’abril de l’any passat, l’Ajuntament va intentar aportar “ombra i color” a l’artèria principal del West End, la via més problemàtica de totes, amb el ‘Arcoíris Infinito’ de l’artista càntabre que ha reformulat, entre altres espais, el far d’Ajo, a la seva terra natal, la Rua Rosa de Lisboa o el degradat barri de Wynwood, a Miami. Ara, el govern municipal d’Almeida ha contractat l’artista per 280.000 euros (IVA inclòs) perquè construeixi l’arc d’entrada al Chinatown de Usera. El mural de Sant Antoni per reformar l’àrea més freqüentada per hooligans, majoritàriament d’Irlanda, Escòcia i el Regne Unit, va costar ni més ni manco que 371.000 euros, una quantitat a la que després s’han d’afegir els costos de manteniment de la pintura i la resta de materials necessaris per conservar l’obra artística.

A l'abril de l'any passat, l'Ajuntament va buscar aportar “ombra i color” a l'artèria principal del West End, la via més problemàtica de totes, amb el ‘Arcoíris Infinito’ de l'artista càntabre que ha reformulat, entre altres coses, el far d'All, en la seva terra natal, la Rua Rosa de Lisboa o el degradat barri de Wynwood, a Miami

Malgrat l'acolorida reconversió del carrer Sant Agnès, on turistes i locals s'han fotografiat dia sí i dia també durant la temporada i fins i tot havent finalitzat la mateixa, l'entorn immediat continua mostrant signes evidents d'abandó: una desena de baixos tancats -antics bars o habitatges- romanen a mig ús, amb façanes deteriorades i cobertes de grafitis que reflecteixen el declivi de la zona.

A penes es comença a veure contrast en el barri, amb comerços o negocis de restauració que han anat obrint les seves portes a mesura que uns altres, abans enfocats a servir pintes i xopets, han anat tancant. Però encara persisteix l'amalgama de joves turistes que acudeixen al West, en ple barri antic, atrets per l'oci nocturn. “El problema és quan tanquen els bars i es queden als carrers cridant, vomitant i orinant”, denúncia Aurora.

El problema és quan tanquen els bars i els turistes es queden als carrers cridant, vomitant i orinant

Aurora — Veïna del West End

Punt de consum d'estupefaents

A tot això s’hi suma la presència de venda ambulant i altres fenòmens associats. Ali, un empleat d’un kebab proper, va denunciar en el seu moment, en declaracions a elDiario.es, que sovint es reprodueixen als voltants del seu establiment de menjar ràpid escenes de consum de drogues i conflictes. A ell, acostumat als països musulmans, molt més tranquils, això li sembla “perillós”. Sota el mural d’Okuda persisteixen cables a la vista i edificis en mal estat, en una escena que conviu cada temporada amb el turisme d’excessos característic i que, de moment, no sembla tenir un final a curt termini.

El balanç que fan alguns sectors del West End és clarament crític. Consideren que la inversió —de diversos milions d’euros, en part procedents de fons europeus— s’ha centrat en una actuació estètica que no ha aconseguit revertir el problema estructural. Toni, que regenta des de fa anys un bar més enfocat a residents i clientela espanyola, denuncia que l’espai, concebut com una “plaça de l’art”, és més aviat un punt de concentració de consum de substàncies i d’oci descontrolat.

A aquesta percepció se suma el cost de manteniment que requereix la instal·lació,el que implica continuar destinant recursos públics a un projecte la utilitat real del qual ha estat bastant qüestionada per la ciutadania. Les crítiques també apunten a una pèrdua d'identitat local, en considerar que aquest tipus d'intervencions s'allunyen de l'estètica tradicional eivissenca. El problema de fons, coincideixen els veïns, no sols persisteix, sinó que en alguns casos s'han desplaçat o intensificat. “No s'arregla amb color”, resumeix, reclamant mesures més profundes i sostingudes en el temps.

El West End representa la némesis de la paz en el municipio ibicenco de Sant Antoni, cuyo corazón se encuentra en este centro neurálgico compuesto por bares para el público british, locales de ocio nocturno donde ponen reguetón para españoles y otros establecimientos al servicio del turismo de borrachera. Incluidos vendedores ambulantes que, con poco disimulo, suministran óxido nitroso -más conocido como ‘gas de la risa’-, lo que ha supuesto, en los últimos años, la principal batalla del Ayuntamiento para mantener la seguridad a raya, en palabras de la propia concejala del área, Neus Mateu. En la arteria principal del West, el colorido mural de Okuda San Miguel intenta redefinir la imagen del enclave.

Ahora, el equipo de gobierno del PP ha decidido ampliar el horario de cierre de los establecimientos del West End durante los meses de invierno. La medida, limitada a viernes, sábados y fechas señaladas entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, permitirá hasta dos horas adicionales de actividad en respuesta a una de las demandas históricas del sector.

La decisión ha sido bien recibida por la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Eivissa (AEON), aunque la considera insuficiente. Los empresarios insisten en la necesidad de derogar la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), una figura que, a su juicio, lastra la viabilidad de los negocios. Se trata de una normativa que exige a los locales de la zona que acrediten el cumplimiento de los límites acústicos mediante certificados técnicos y contempla la realización de sonometrías también en invierno. 

El equipo de gobierno del PP ha decidido ampliar el horario de cierre de los establecimientos del West End durante los meses de invierno, pero los empresarios consideran insuficiente la medida y van más allá: piden eliminar la normativa que exige a los locales de la zona acreditar que cumplen con los límites acústicos

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la retirada de esta declaración exige cumplir de forma sostenida los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) aplicables a la zona. Tal como señala una portavoz municipal en declaraciones a elDiario.es, las mediciones realizadas deben indicar que su cumplimiento se acerca en algunos puntos concretos y/o épocas del año, pero los niveles sonoros deben estar por debajo de los límites exigidos de calidad de forma sostenida. 

Desigualdad de condiciones

La mayoría de los empresarios sostienen que la ZPAE mantiene al West End en “desigualdad de condiciones” y advierten de su impacto: aseguran que desde su implantación ha cerrado más del 50% de los negocios, con la consiguiente pérdida de actividad y empleo. En ese sentido, han recordado que la medida “pone en peligro” la viabilidad de los pocos establecimientos que aún están “luchando por sobrevivir”. Aunque hay algunos, como Toni Marí, que lo consideran una herramienta “necesaria” a pesar de que su aplicación haya tenido fallos importantes. 

La mayoría de los empresarios sostienen que la ZPAE mantiene al West End en “desigualdad de condiciones” y advierten de su impacto: aseguran que desde su implantación ha cerrado más del 50% de los negocios, con la consiguiente pérdida de actividad y empleo

Critica, en especial, la inclusión de la calle del Mar -donde se encuentra su establecimiento- dentro del West End, una decisión que, asegura, ha perjudicado a negocios con actividad durante todo el año y clientela local, provocando cierres. A su juicio, la limitación de horarios no ha reducido el turismo de excesos, sino que lo ha desplazado a otros puntos o a discotecas. 

Una opinión que comparte con Joan Pantaleoni, cuya familia regenta un bar en el paseo principal de Sant Antoni, el Soul City, así como varios negocios en la misma calle Santa Agnès, donde está el mural de Okuda San Miguel. Mientras los establecimientos de esta zona deben cerrar a las tres de la madrugada, otros pueden alargar su actividad hasta las cinco o seis, lo que genera -afirma el empresario- una “desventaja competitiva directa” que compromete la viabilidad de muchos negocios.

Si no se toman medidas más contundentes, el West End corre el riesgo de perder progresivamente actividad, su tejido empresarial y su identidad histórica, convirtiéndose en un área residual cuando siempre ha sido un lugar clave del ocio en el municipio, alertan desde el gremio.

El gremio del ocio nocturno alerta de que, si no se toman medidas más contundentes, el West End corre el riesgo de perder progresivamente actividad, su tejido empresarial y su identidad histórica, convirtiéndose en un área residual en lugar del lugar clave del ocio que siempre ha sido

Pantaleoni, valora como un “primer paso” la ampliación puntual de horarios aprobada por el Ayuntamiento, aunque insiste en que la medida resulta “claramente insuficiente”. El principal problema -a sus ojos- son las restricciones específicas en este área concreta, como la obligación de doble puerta, la prohibición de música en exteriores o el cierre anticipado, mientras en otros puntos de la localidad se desarrolla con mayor amplitud horaria. “En la práctica, una línea imaginaria decide qué negocios son viables y cuáles no”, insiste. 

Una rehabilitación más allá de Okuda

El vicepresidente de la asociación, José Colomar Ribas, ha considerado que en el West es necesario ir más allá de la obra de Okuda para solucionar el problema: mejorar la iluminación de las calles adyacentes, aumentar la zona de intervención de arte urbano y también apoyar y revitalizar todo el barrio, con un refuerzo de la limpieza. “A mí la ampliación del horario en invierno, no me afecta para nada. Lo que sé es que en verano, entre las obras para hacer el bulevar -una especie de paseo de la fama que conectará el centro con el paseo marítimo-, el camión de la basura y el desperdigamiento de turistas cuando cerraban los bares, a las cinco me dormía y a las seis me sonaba el despertador”, denuncia Aurora [nombre ficticio a petición propia], una vecina.

En abril del año pasado, el Ayuntamiento buscó aportar “sombra y color” a la arteria principal del West End, la vía más problemática de todas, con el ‘Arcoíris Infinito’ del artista cántabro que ha reformulado, entre otras cosas, el faro de Ajo, en su tierra natal, la Rua Rosa de Lisboa o el degradado barrio de Wynwood, en Miami. Ahora, el gobierno municipal de Almeida ha contratado al artista por 280.000 euros (IVA incluido) para que construya el arco de entrada al Chinatown de Usera. El mural de Sant Antoni para reformar el área más frecuentada por hooligans, la mayoría de Irlanda, Escocia y Reino Unido, costó nada menos que 371.000. Un importe al que se tienen que sumar luego los costes de mantenimiento de la pintura y el resto de materiales necesarios para mantener la obra artística.

En abril del año pasado, el Ayuntamiento buscó aportar “sombra y color” a la arteria principal del West End, la vía más problemática de todas, con el ‘Arcoíris Infinito’ del artista cántabro que ha reformulado, entre otras cosas, el faro de Ajo, en su tierra natal, la Rua Rosa de Lisboa o el degradado barrio de Wynwood, en Miami

A pesar de la colorida reconversión de la calle Santa Agnès, donde turistas y locales se han fotografiado día sí y día también durante la temporada e incluso habiendo finalizado la misma, el entorno inmediato sigue mostrando signos evidentes de abandono: una decena de bajos cerrados -antiguos bares o viviendas- permanecen a medio uso, con fachadas deterioradas y cubiertas de grafitis que reflejan el declive de la zona.

Apenas se empieza a ver contraste en el barrio, con comercios o negocios de restauración que han ido abriendo sus puertas a medida que otros, antes enfocados a servir pintas y chupitos, han ido cerrando. Pero aún persiste la amalgama de jóvenes turistas que acuden al West, en pleno casco antiguo, atraídos por el ocio nocturno. “El problema es cuando cierran los bares y se quedan en las calles gritando, vomitando y orinando”, denuncia Aurora.

El problema es cuando cierran los bares y los turistas se quedan en las calles gritando, vomitando y orinando

Aurora — Vecina del West End

Punto de consumo de estupefacientes

A ello se suma la presencia de venta ambulante y otros fenómenos asociados. Ali, un empleado de un kebab cercano denunció en su momento, en declaraciones a elDiario.es, que frecuentemente se reproducen en los alrededores de su establecimiento de comida rápida escenas de consumo de drogas y conflictos. A él, acostumbrado a la tranquilidad, esto le parece “peligroso”. Bajo el mural de Okuda persisten cables a la vista y edificios en mal estado en una escena que convive cada temporada con el turismo de excesos característica y que, de momento, no parece tener un fin a corto plazo.

El balance que hacen algunos sectores del West End es claramente crítico. Consideran que la inversión -de varios millones de euros, en parte procedentes de fondos europeos- se ha centrado en una actuación estética que no ha logrado revertir el problema estructural. Toni, quien regenta desde hace años un bar más enfocado a residentes y clientela española, denuncia que el espacio, concebido como una “plaza del arte”, es más un punto de concentración de consumo de sustancias y ocio descontrolado.

A esta percepción se suma el coste de mantenimiento que requiere la instalación, lo que implica seguir destinando recursos públicos a un proyecto cuya utilidad real ha sido bastante cuestionada por la ciudadanía. Las críticas también apuntan a una pérdida de identidad local, al considerar que este tipo de intervenciones se alejan de la estética tradicional ibicenca. El problema de fondo, coinciden los vecinos, no solo persiste, sino que en algunos casos se han desplazado o intensificado. “No se arregla con color”, resume Toni Marí, reclamando medidas más profundas y sostenidas en el tiempo.

En 2022, hubo un aumento notable de quienes se ubicaban como “clase baja” o “pobre” en el CIS. Fue uno de los espejos del daño de la crisis inflacionista en muchos hogares, con precios récord desde hacía décadas, con subidas que llegaron a estar por encima del 10%. Las alzas salariales se quedaron muy por debajo (2,5%) y desde mediados de 2023 estaban recuperando, poco a poco, poder de compra. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Tras tres semanas de guerra en Oriente Medio, que inició EEUU e Israel de manera unilateral atacando a Irán, el mundo aguanta el aliento ante su futuro incierto y sus implicaciones económicas mayúsculas, por afectar a un enclave estratégico para la energía y el comercio internacional de ciertos bienes.

Los mayores riesgos para la economía española que asoman en el horizonte son un fuerte incremento de los precios de la energía y que esto alcance en cascada al resto de la economía con una mayor inflación. Algo cuya intensidad depende mucho de la duración del conflicto, los expertos indican que ya no podemos evitar los daños del todo.

Así, los distintos organismos económicos anuncian un cierto aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en los meses de marzo y abril podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

“Pronosticar la inflación ahora mismo requiere necesariamente de hacer unos supuestos sobre los precios de la energía, a día de hoy es razonable pensar que podemos tener una inflación en torno al 3% este año, incluso si los precios del petróleo y el gas se normalizan a partir de unas semanas”, valora Ángel Talavera, el director de Economía Europea de Oxford Economics.

Los salarios suben poco más que los precios

En la actualidad, el economista de Oxford Economics cree que nos iremos a una inflación “por encima de esa cifra (3%), pero más allá del número concreto, lo que sí ya es seguro es que será más alta de lo que esperábamos hace solo un mes. Así que el poder adquisitivo va a empeorar este año porque los salarios reaccionan de manera mucho más lenta”, explica el economista de Oxford Economics.

Las subidas salariales pactadas en estos momentos están solo unas décimas por encima de la inflación. Eran del 2,9% de media el pasado febrero, con una inflación del 2,3% interanual ese mes.

Como se puede ver en el anterior gráfico, los salarios venían recuperando poder adquisitivo desde 2023, pero “de forma lenta”, precisa Luis Zarapuz, del Gabinete Económico de CCOO. “Es decir, se perdió mucho poder adquisitivo en 2021 y 2022, unos siete puntos de pérdida en el acumulado de esos dos años, y ahora venimos recuperando al promedio de medio punto por año, desde 2023. Ni mucho menos se había recuperado todo”, explica el economista.

Precisamente, en 2025 mejoró un poco más esta ganancia en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos mayoritarios esperaban que este 2026 se avanzara en este sentido, apunta también Alberto del Pozo, del equipo económico de UGT.

Las centrales de CCOO y UGT propusieron subidas salariales del 4% anuales para los próximos tres años, y aún mayores para los salarios bajos, de cara al próximo gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), para 2026 y los próximos años y que está todavía pendiente de negociar con la patronal.

“Todo esto estaba pensado para un escenario de estabilidad. Cuando hay un shock de este tipo, normalmente la negociación colectiva tarda en reaccionar, porque los convenios no se cierran de hoy para mañana”, recuerda Del Pozo.

En CCOO explican que la subida salarial media del 2,9% pactada para este año “alcanza a 7 millones de trabajadores de los aproximadamente 13 millones que terminarán firmando convenio este año”. Los aumentos de los convenios que se están firmando este son algo más elevados, del 3,2%, pero alcanzan a un número muy reducido de trabajadores (73.600).

“Mucho tendría que subir el dato en los convenios que se firmen de aquí a final de año –que muchos ya tendrán las negociaciones encauzadas– como para que ese dígito subiera claramente por encima del 3%”, prevé Luis Zarapuz.

Así, ante estas cifras tan ajustadas entre salarios y precios y la nueva previsión de mayor inflación, todo indica que los trabajadores y trabajadoras deteriorarán las esperadas ganancias de poder adquisitivo, que se mantiene prácticamente congelado en las últimas décadas en la mayoría de casos (con la excepción de los salarios más bajos).

Y eso si es que no vamos a un escenario peor, de pérdida de nuevo del poder de compra, en el supuesto de que la guerra se complique y alargue en el tiempo.

“La clave es la duración de la crisis. La economía puede absorber precios altos durante un periodo corto sin que nada se rompa, pero a partir de cierto momento los impactos crecen exponencialmente”, sostiene Ángel Talavera.

Obstáculo en una pieza clave: el consumo interno

El economista de Oxford Economics destaca que el deterioro del poder adquisitivo de las personas trabajadoras es relevante no solo para sus hogares, sino también para el conjunto de la economía española, en un contexto de crisis internacional y en el que España destaca por su mayor crecimiento frente a otros países desarrollados.

“Es importante porque el consumo es el componente que actualmente más tira del crecimiento, y un shock a la renta disponible inevitablemente supondrá un impacto al consumo”, sostiene Talavera.

“A eso se añade que los consumidores hace tiempo que ven los precios altos como el principal problema económico, lo que probablemente impacte la confianza del consumidor, suponiendo un freno adicional”, prevé el especialista.

Por este motivo, los sindicatos mayoritarios defienden la importancia de actuar en dos direcciones. Por un lado, con medidas por parte del Gobierno para mitigar los daños de esta crisis, de manera ágil, que no se queden cortas y con especial protección para los colectivos más vulnerables. Este viernes el Ejecutivo de coalición ha aprobado un primer paquete, de 5.000 millones de euros, también con protección laboral frente a los despidos, en general bien recibido por CCOO y UGT.

Por otro lado, que la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos proteja el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas pactadas contundentes y que incluyan las denominadas cláusulas de garantía salarial con el IPC, que CCOO y UGT convirtieron en una de sus banderas ante la crisis inflacionista de 2022.

Estas cláusulas garantizan a los trabajadores que, a posteriori, sus salarios se incrementarán más si los precios superan las alzas pactadas. “Es un mecanismo inteligente que no tiene coste en el corto plazo. Es decir, si las empresas tuviesen la mirada larga, deberían estar interesadas en incluirlo. Porque si hay cerrazón en incluir estas cláusulas, en un contexto de creciente inflación, se incrementarán las peticiones iniciales de subidas salariales”, explica Luis Zarapuz (CCOO).

Las empresas llegan a este escenario “con la hucha llena, en máximos” de márgenes empresariales, indica Zarapuz, por lo que les pide también “contención” en la subida de los precios. Con el ejemplo de la pasada crisis inflacionista, donde se agrandó la brecha entre los beneficios de las empresas y las ganancias de los trabajadores, los sindicatos subrayan que “los salarios no pueden ser los paganos de esta crisis”, advierte Alberto del Pozo.

En este contexto, el próximo acuerdo del AENC entre sindicatos y patronal se vuelve si cabe más importante, aunque también más complicado. Los sindicatos sostienen que tendrán que presionar más para proteger el poder adquisitivo de las plantillas, en un contexto adverso, de inflación elevada. En la patronal de momento no desvelan su postura, pero reconocen que la negociación se dificulta. “Obviamente todo lo que sea inestabilidad, tanto a nivel nacional e internacional, no ayuda”, afirman fuentes de CEOE.

En CCOO y UGT reclaman a los empresarios más justicia en el reparto de los daños de esta crisis, así como una mirada estratégica, que no penalice dos de las claves del mayor crecimiento económico de España en los últimos años: el consumo interno y la resiliencia del mercado laboral.