Puede que esto les suene: un hombre español que no hizo la mili ha pedido recuperarla para que los jóvenes aprendan “cómo funciona la vida”.

Ese hombre podría llamarse Santiago Abascal, que nunca hizo el servicio militar, pero ha sugerido que vuelva en varias ocasiones, como en 2019. Pero hoy nuestro protagonista es otro: el empresario y multimillonario José Elías, a quien la revista Forbes le atribuyó en 2025 una fortuna de 650 millones de euros por su empresa de energía renovables o sus participaciones en la cadena de supermercados La Sirena o en la constructora OHLA.

“Dirijo 200 empresas, pero tengo memoria de Dori”, tuiteó Elías el pasado 9 de octubre, mencionando al desmemoriado pez de la película 'Buscando a Nemo'. Quizá por eso no recordaba que no había hecho el servicio militar y, once días después, lo recomendó encarecidamente.

“La mili debería volver. A muchos chavales les hace falta ese baño de realidad”, comenzó su extenso tuit del 20 de octubre. “En mi época te daban un petate, te mandaban a San Clemente y lo primero que sentías al llegar es que no eras nadie. Formabas parte de algo, sí, pero tú no eras especial. Era un choque de realidad que ponía a la gente en su sitio”. Los detalles y sensaciones que relata el empresario hacen pensar que de verdad cumplió el servicio militar.

Elías continúa criticando a la juventud actual: “Hoy miras alrededor y te das cuenta de que en 20 años hemos perdido el respeto por todo. Ves a chavales de 15 años sentados en el autobús mientras una mujer mayor va de pie a su lado”.

Finalmente, enumera todo lo que se aprendía en la mili, pese a que él mismo no pasó por ella: “Pasar por la mili te obligaba a asumir esa disciplina a la fuerza y te enseñaba lo básico: a entender que no eres el centro del universo. A respetar a los demás y a los mayores. A asumir normas y responsabilidades. No digo que haga falta estar tres años sirviendo. Pero salir un poco de la burbuja le vendría de perlas a más de uno para aprender cómo funciona la vida”.

Este último párrafo aparece escrito con viñetas, un recurso que se ve mucho en los textos generados por inteligencia artificial. Volviendo al tuit anterior donde acusaba su mala memoria, Elías relataba en él: “He externalizado mi cerebro a una IA”.

Se sabe que Elías no hizo la mili porque, como han recordado diversos tuiteros, él mismo lo contó en 'Millonario podcast'. El empresario explicó que fue “pidiendo prórrogas” y que hizo “la objeción”. “Cuando fui a presentar los papeles, me mandaron una carta de que ya se había acabado la mili”.

En 1996 se decretó que el servicio militar forzoso dejara de prestarse el 31 de diciembre de 2011 y se eximió del mismo a los nacidos a partir del primer día de 1984. Elías nació en 1976, curiosamente, el mismo año que Santiago Abascal.

La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

Los empresarios Ana Senabre, Rafael Torres, Nicolás Bermejo, Emilio Díaz Bravo y Ángel Rey, así como la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) serán reconocidos por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en Toledo durante la XXII edición de sus premios, que se celebrarán el miércoles 28 de octubre a las 18.30 horas en el Teatro de Rojas de Toledo.

Esta XXII edición de los premios Cecam otorgará galardón a Ana Senabre, de la empresa Perinox, en Albacete; a Rafael Torres, presidente la cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, por la provincia de Ciudad Real; y en Cuenca, a Nicolás Bermejo, de Jamonería Nicolás Bermejo. Por la provincia de Guadalajara, se premiará a Emilio Díaz Bravo, de Ediaz; y en Toledo a Ángel Rey Rodríguez, al mando de Reypama.

Además, Cecam reconocerá a los empresarios de Ceuta y a su presidenta, Arantxa Campos, por estar “afrontando importantes desafíos” en el contexto de crisis migratoria y por trabajar “para mantener viva la actividad económica, generar oportunidades y defender el futuro de sus empresas”, según explica Cecam en un comunicado.

Trayectoria de las personas premiadas

Ana Senabre Sánchez, de la empresa Perinox, ha conseguido posicionar su empresa a nivel mundial por sus avances en las tecnologías de filtración tangencial, microparticulación de proteínas y tratamiento de fluidos. Resultado de esa labor, la empresa cuenta con dos patentes relativas a la microparticulación de proteínas y aplicación de nanoburbujas en la elaboración de cerveza.

Entre otros reconocimientos obtenidos, ha recibido el reconocimiento de Mérito Empresarial en los Premios San Juan'2025-XXVI Edición, de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA.

Natural de Tomelloso (Ciudad Real), Rafael Torres es un empresario cuya trayectoria profesional se caracteriza por su compromiso con el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, especialmente con el sector agroalimentario, estratégico para la creación de riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural.

Actualmente, preside la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, una de las instituciones de referencia del sector vitivinícola, y desempeña diversas responsabilidades en entidades empresariales, financieras y fundacionales, entre ellas Globalcaja, la Fundación Globalcaja Horizonte XXII y la Asociación para el Progreso de la Dirección en Castilla-La Mancha.

Su compromiso y aportación a la sociedad “han sido reconocidos con distinciones como el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, el nombramiento de Socio de Honor del Instituto de Estudios Manchegos y el de Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Ciudad Real”.

Por su lado, Nicolás Bermejo, de Jamonería Nicolás Bermejo, es originario de Ledrada (Salamanca) y en 1949 llegó a Cuenca con 16 años para trabajar en el negocio familiar. En 1956, emprendió su propio camino abriendo una pequeña charcutería en la actual avenida de Castilla-La Mancha, origen de la conocida Jamonería Nicolás Bermejo.

Junto a su esposa, Matilde Martínez, formó una familia con tres hijos, que han mantenido vivo su legado empresarial. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Ciudad de Cuenca en 2022.

Tras más de siete décadas de dedicación al comercio, Nicolás Bermejo es una figura ligada a la historia cotidiana de Cuenca, ciudad que convirtió en su hogar y en el centro de su vida empresarial.

De su lado, Emilio Díaz Bravo, de Ediaz, nacido en Guadalajara en 1963, inició su trayectoria profesional en 1987 en el negocio familiar, desarrollando una carrera empresarial vinculada a la promoción inmobiliaria, el desarrollo urbanístico, el sector sociosanitario y las energías renovables.

Su trayectoria se ha caracterizado por impulsar proyectos pioneros en el desarrollo urbanístico, como el sector 'Los Valles' de Guadalajara, así como promociones residenciales innovadoras.

Asimismo, apostó tempranamente por las energías renovables, participando en la creación de ENERGÍA ERCAM, S.A., dedicada al diseño y construcción de instalaciones solares fotovoltaicas en España y Europa.

Por su lado, Ángel Rey inició su trayectoria en 1978 al frente de Reypama, empresa de la que es cofundador y que continúa dirigiendo en la actualidad bajo la denominación de Reypama Agraria S.L. Entre 1990 y 2022 desempeñó también el cargo de director general del Grupo ARC Eurobanan, uno de los principales grupos españoles de comercialización y distribución mayorista de frutas y hortalizas.

Su trayectoria incluye asimismo una participación activa en el asociacionismo empresarial e institucional. Fue vicepresidente de ADEFAM (Asociación de la Empresa Familiar de Madrid) entre 2016 y 2020 y actualmente desempeña el cargo de tesorero del Club Financiero Génova. Es también caballero de la Orden del Camino de Santiago.

Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha confirmado este lunes que impugnará la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre por considerar que tiene carácter “electoral”. Garamendi ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene, según el dirigente empresarial.

“Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro”, ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026, como recoge la agencia Europa Press.

Justo este lunes, los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios se han unido para presentar el registro formal de la huelga general del 11N ante el Ministerio de Trabajo, de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta movilización laboral y social histórica contra la crisis de la vivienda. “Esta es una huelga de la gente, de las calles”, ha celebrado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Antonio Garamendi ha censurado que este “no es el camino” y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios. “¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?”, ha preguntado.

Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se “ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal”. “Nosotros consideramos que no lo es”, ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que “no se incendien las calles” ese día.

Garamendi también ha cargado de nuevo contra el anuncio del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES), destaca la agencia EFE.

“Me preocupa España”

“Me preocupa mi país. Me preocupa España. ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque creo que estamos o parece que vamos hacia una deriva que no es la nuestra”, ha lamentado el presidente de la CEOE en la clausura del evento, recoge Europa Press.

Garamendi ha abogado por encontrar espacios de escucha, con ganas de aportar y con ganas de hacer crecer a las empresas, el empleo, la riqueza y, en definitiva, al país.

“Vamos a estar con esa España democrática, nosotros nos sentimos muy hijos de la democracia y no nietos de la guerra. Y nosotros vamos a seguir trabajando por esa España de la transición, por esa España constitucional que es la que nos ha traído los mejores años”, ha afirmado.

Por último, Garamendi ha trasladado su solidaridad a Ceuta porque, según ha lamentado, “no ha visto en Madrid todavía una bandera” de la ciudad autónoma. “Veo banderas de todos los colores, de Ceuta ninguna”, ha criticado.

El presidente de la gran patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado al Gobierno por usar su “poder” para promover una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en periodo electoral, un movimiento que ha tachado de “increíble” e incomprensible, recoge la agencia Europa Press.

“Es increíble que el Gobierno esté utilizando el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos”, ha denunciado el empresario vasco este jueves en un acto en la sede de la CEOE, donde se celebraba un evento por el 25 aniversario de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel).

El dirigente empresarial ha señalado que los sindicatos piden un aumento del 7% del SMI y exigen, además, “la famosa absorción”, en referencia a la reforma para que las empresas no absorban la subida del salario mínimo a través de los pluses y complementos retributivos.

Mientras, ha denunciado el Gobierno mantiene la desindexación de los contratos públicos a las subidas del SMI, un veto de la época de Rajoy (y en vigor) que impide repercutir las subidas de salarios en los presupuestos de las licitaciones.

Crítica a los expertos sobre el SMI: “No han tenido un empleo en su vida”

“Nuestra querida ministra [de Trabajo, Yolanda Díaz], como bien sabéis, ha llamado ya a lo que ella denomina los expertos en el salario mínimo, porque no han tenido un empleo en su vida”, ha afirmado también Antonio Garamendi.

La Comisión Asesora para la subida del SMI del Ministerio de Trabajo, presidida por Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, está formada principalmente por catedráticos, académicos y profesores universitarios, así como altos cargos técnicos del Ministerio de Trabajo, Economía y Hacienda, así como profesionales de los equipos económicos de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

La patronal CEOE, invitada a formar parte de este organismo, ha venido rechazando participar en él.

Indignado de que culpen a los empresarios “de que los salarios no suban”

Por otro lado, Garamendi ha apuntado al “absentismo” –en referencia a las bajas médicas de trabajadores– como la “gran preocupación” para las compañías, sumado al problema de las vacantes, pues asegura que “no hay gente” en sectores como la hostelería y que la gestión de este asunto es “harto complicada”.

Garamendi también se ha mostrado indignado de que “encima” los empresarios sean “los culpables de que los salarios no suban”, cuando el Estado, según ha defendido, se ha quedado con 17.000 millones de euros por no deflactar el IRPF, un dinero que debería estar “en los bolsillos de los trabajadores”, recoge la agencia EFE.

El dirigente de la patronal ha afirmado este jueves que los sindicatos “se han negado en rotundo a hablar” sobre el acuerdo nacional de convenios: “Esa mesa sigue parada” y son ellos quienes “no han querido sentarse”, ha señalado el empresario vasco, en contra de la denuncia reiterada de los sindicatos CCOO y UGT desde hace un año, en el que han reclamado a la patronal que se siente a negociar este gran acuerdo de negociación colectiva, sin éxito.

En estos meses, Antonio Garamendi ha defendido en varias ocasiones no sentarse a negociar con los sindicatos por múltiples motivos. Entre ellos, el apoyo de los representantes de los trabajadores a reformas del Ministerio de Trabajo como la reducción de la jornada laboral y la reforma de la compensación de pluses, que en su opinión van en contra de la negociación colectiva.

La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari com a presumpte autor de delictes contra els drets dels treballadors i de lesions a una dona contractada per fer tasques de manteniment i altres funcions a bord d'una embarcació. Segons ha informat aquest diumenge el cos policial, la treballadora va romandre quatre mesos al iot i, dels 17.500 euros que li corresponien per la feina feta, només en va cobrar 480.

La investigació, a càrrec del Grup I de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF), es va iniciar arran de la denúncia presentada per la dona contra el seu ocupador. La víctima treballava com a marinera amb funcions d'hostessa en una embarcació en què l'empresari tenia contractat divers personal.

Segons el relat de la denunciant recollit per la Policia, durant els quatre mesos que va romandre a bord no va cobrar el salari i només va rebre petites quantitats de diners per cobrir les necessitats bàsiques. La dona va assegurar que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies no aconseguia dormir més de quatre hores a causa de les tasques que li encomanaven constantment, moltes de les quals excedien les seves capacitats.

La treballadora també va denunciar que havia rebut un tracte degradant i que havia patit agressions físiques. Segons el seu testimoni, en algunes ocasions va arribar a passar gana i s'alimentava únicament de mig entrepà al dia perquè no hi havia més menjar disponible a l'embarcació.

Una intoxicació que va posar en risc la seva vida

A les condicions denunciades s'hi va afegir un episodi que, segons la Policia, va posar en greu perill la vida de la dona. La treballadora va patir una intoxicació per monòxid de carboni a causa de deficiències en les instal·lacions del iot, que li va provocar seqüeles com ara una sordesa parcial durant un temps.

Finalment, incapaç de continuar en aquella situació i sense esperances de recuperar els salaris que li devien, va abandonar l'embarcació. Després de denunciar els fets, va tornar al seu país d'origen.

Durant la investigació, els agents de la UCRIF també van detectar presumptes irregularitats en la gestió del iot. Entre aquestes, hi havia la desconnexió del sistema d'identificació automàtica i localització de l'embarcació (AIS), així com deficiències en els registres d'altes i baixes dels tripulants i en el seu control fronterer.

L'empresari va ser detingut a principis d'aquesta setmana com a presumpte responsable dels delictes investigats. La Policia no ha facilitat més detalls sobre la seva identitat ni sobre la situació judicial del cas.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones a una mujer contratada para realizar labores de mantenimiento y otras tareas a bordo de una embarcación. Según ha informado este domingo el cuerpo policial, la trabajadora permaneció cuatro meses en el yate y, de los 17.500 euros que le correspondían por su trabajo, únicamente recibió 480.

La investigación, asumida por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se inició a raíz de la denuncia presentada por la mujer contra su empleador. La víctima trabajaba como marinera con funciones de azafata en una embarcación en la que el empresario tenía contratado a varios trabajadores.

Según el relato de la denunciante recogido por la Policía, durante los cuatro meses que permaneció a bordo no cobró su salario y solo recibió pequeñas cantidades de dinero para cubrir necesidades básicas. La mujer aseguró que las condiciones laborales eran abusivas y que algunos días no conseguía dormir más de cuatro horas debido a las constantes tareas que le exigían, muchas de ellas por encima de sus capacidades.

La trabajadora también denunció haber recibido un trato degradante y haber sufrido agresiones físicas. Según su testimonio, en ocasiones llegó a pasar hambre y se alimentaba únicamente de medio sándwich al día porque no había más comida disponible en la embarcación.

Una intoxicación que puso en riesgo su vida

A las condiciones denunciadas se sumó un episodio que, según la Policía, puso en grave riesgo la vida de la mujer. La trabajadora sufrió una intoxicación por monóxido de carbono debido a deficiencias en las instalaciones del yate, que le provocó secuelas como una sordera parcial durante un tiempo.

Finalmente, incapaz de continuar en esa situación y sin expectativas de recuperar el salario que se le adeudaba, abandonó la embarcación. Tras denunciar los hechos, regresó a su país de origen.

Durante las pesquisas, los agentes de la UCRIF detectaron además presuntas irregularidades en la administración del yate. Entre ellas, la desconexión del sistema de identificación automática y localización de la embarcación (AIS), así como deficiencias en los registros de altas y bajas de tripulantes y en su control fronterizo.

El empresario fue detenido a principios de esta semana como presunto responsable de los delitos investigados. La Policía no ha facilitado más detalles sobre su identidad ni sobre la situación judicial de las actuaciones.

Washington DC siempre ha sido la capital internacional de los grupos de presión. El lugar donde se apilan de manera compulsiva. La Puerta del Sol de los privilegiados que buscan mantener sus status quo. O, en su defecto, alcanzar beneficios directos de forma fulgurante y subrepticia. De hecho, los lobbies tienen calle propia en DC, K Street, la arteria urbana en la que se congregan para ejercer su influencia en el establishment americano. Pero no es el único distrito de acceso al lado Oeste de la Casa Blanca, donde se supone que se cuecen a fuego más o menos lento los designios de industrias o movimientos sociales y políticos como el Make America Great Again (MAGA).

Donald Trump ha desplazado, en su segundo mandato, parte de sus plácets de ingreso hacia Mar-a-Lago, su residencia familiar en, una maniobra con la que el dirigente republicano pretende seguir labrándose una imagen alejada —de eso alardea— del viejo orden institucional estadounidense.

Sin embargo, y pese al empeño trumpista por desviar su atención del círculo de Washington, los lobbies americanos, posiblemente los más activos y pudientes del planeta por su capacidad de interceder en la gestación de normas o la puesta en liza de iniciativas oficiales y de trasladar sus intereses más allá de las fronteras de EEUU, viven una etapa de esplendor. A rebufo de la agenda ultraconservadora MAGA.

La reciente reunión con los primeros espadas de las Big Oils sobre el veto exportador al diésel y la exigencia a Europa para que libere sus reservas de gas y gasóleo, esenciales para que opere el mix energético en una etapa de escaso almacenamiento en el Viejo Continente, con un invierno en ciernes y una escalada de precios energéticos surgida de la guerra de Irán instigada por el propio Trump, es un botón de muestra de la efervescencia que han tomado sus incursiones en el núcleo duro del inquilino de la Casa Blanca. Pero no ha sido la única señal de que algo se cuece en la sala de máquinas del ejecutivo americano a menos de un mes de las midterms.

También las Big tech se han aproximado al Despacho Oval. En esta ocasión, a cenar, con luz y taquígrafos. Para reclamar al presidente de la IA y los cripto-activos autorregulación en tiempos convulsos que les conceda inmunidad ante la hostil y archi-normativa Europa, que pretende, a los ojos de los jerarcas de Silicon Valley, alejarles del negocio tecnológico del viejo continente. O de las perversas y vetustas instituciones multilaterales, que instaurar supervisión a los avances de la IA.

En la lista de ilustres comensales, destacaron Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX).

Ambos cónclaves ocurrieron en apenas 48 horas. Casi sin solución de continuidad. No en balde, la cita con las urnas de noviembre, en la que el Grand Old Party (GOP) de Trump no disfruta del beneplácito de los sondeos y varios de sus gobernadores y legisladores en ambas cámaras temen perder sus cargos, es ya inminente. Y los estrategas del partido admiten que el encarecimiento de los carburantes mengua la capacidad adquisitiva de los hogares y que la persistente inflación relega o condiciona las decisiones de consumo en las familias. 

Si, además, estallara la burbuja bursátil de los valores tecnológicos y sus billonarias inversiones acordadas por sus big tech, el panorama para el inversor minorista en Wall Street sería aún más oscuro y dañaría los intereses de un GOP absorto en la ideología MAGA. 

La vieja economía fósil ataca de nuevo...

La liturgia de estos dos lobbies duró apenas unos días, pero bastó para mostrar cómo funcionan los mercaderes de los grupos de presión en el templo americano. El de la vieja economía fósil se activó a finales de septiembre, con el diésel por encima de 6,50 dólares el galón y con Trump mostrando su intención de prohibir su exportación para frenar el precio doméstico y contener la creciente ira de agricultores, transportistas e industriales.

Los ejecutivos de las supermajors acudieron a velar por sus negocios internacionales. Le dijeron a Chris Wright, el zar de la Energía de Trump, que la idea de su jefe era descabellada porque toda intervención en los flujos energéticos globales traería más inflación a EEUU. Lo hicieron en boca de Darren Woods, CEO de ExxonMobil. Del encuentro salió la petición a Europa de que liberara sus stocks de gas y diésel, que finalmente aceptó en el G-7 a instancias de Francia. Pese a los reproches de analistas que ven en la medida más presión sobre las cuentas europeas al tener que prorrogar subsidios a la energía en una época de retorno a la austeridad y con primas de riesgo al acecho por exceso de endeudamiento. Irónica y especialmente contra el bono francés.

Pero “los lobistas son la mejor fuente de información que el dinero puede comprar”, como decía el difunto senador John McCain, adalid republicano, nada connivente con Trump. En Político ya describían los primeros movimientos del lobby fósil a comienzos de septiembre en un elocuente reportaje titulado All Hand On Deck: las manos sobre la mesa. Después de que el presidente acusara a ExxonMobil y Chevron de ganar demasiado dinero y ordenara investigar abusos de precios.

El nerviosismo del sector tenía una nítida base monetaria. Las exportaciones estadounidenses de crudo habían aumentado cerca de un 30% interanual, hasta unos 3,5 millones de barriles por día y las de productos refinados, incluido el diésel, en un 20%, por encima de 8 millones diarios.

El American Petroleum Institute —el lobby por antonomasia de la Big Oil— y las firmas dueñas de las refinerías insistieron en que cerrar esta válvula reduciría producción, alteraría el equilibrio entre combustibles y acabaría encareciendo los precios domésticos. La Casa Blanca sostuvo que no preparaba restricciones, pero la campaña preventiva ilustra hasta qué punto la industria trata de influir antes de que una opción política llegue siquiera a formalizarse.

La presión empresarial coincidió con el sentimiento republicano. Su senador Chuck Grassley y otros representantes de estados agrícolas reclamaron medidas para frenar el precio del diésel. Con advertencias de que el partido podía pagar la crisis en las urnas. La exigencia a los aliados europeos de hacer uso de sus reservas era el punto de encuentro entre dos grupos de interés próximos al GOP. Agricultores, industriales y familias que demandan carburantes a costes bajos y petroleras y plantas de refino dispuestas a no dejar de recibir su cuota exterior del negocio.

Por mucho que los expertos se afanen en situar el foco en la realidad. Como Bill Farren-Price, de Oxford Institute for Energy Studies, quien alerta de que generar un shock energético mediante una guerra en Oriente Próximo perjudica al consumidor estadounidense, a la economía mundial y al crecimiento de largo plazo de los propios mercados de petróleo y gas.

Pero la Big Oil dispone de una maquinaria permanente para hacerse escuchar. El gasto declarado en lobby de su industria alcanzó los 32 millones de dólares entre julio y septiembre pasados con American Petroleum Institute, Koch Industries, ExxonMobil y Chevron como protagonistas.

... y cede sus bártulos de influencia a la IA

La segunda señal de alarma de que los lobbies han estado en plena efervescencia este verano y lo estarán este otoño procede de la IA y su “moralmente vinculante” autorregulación que exige el tecno-feudalismo de Silicon Valley, según afirma Trump. Frente a la barbarie del normativismo público. Este pacto apela a controles internos, auditorías externas y vigilancia desde los propios consejos de administración. Sin sanciones ni mecanismos de cumplimiento por exigencia legal. La fórmula –aducen defensores y detractores– permite a la Casa Blanca decir que responde así a la creciente preocupación social por los riesgos de la IA sin imponer a Silicon Valley un marco federal que frene su voracidad innovadora.

Tras esta entente cordiale se ha desplegado toda una maquinaria de influencia. El lobby de la IA, el nuevo K Street tecnológico, ha desembolsado 112 millones de dólares a sus firmas de presión en el primer semestre de 2026; más de la mitad —unos 60 millones— en los meses estivales, su récord trimestral, según datos de Bloomberg Government que cita a Meta Microsoft, Anthropic y Nvidia como sus principales clientes. 

De momento, busca virar el rumbo del relato regulatorio desde un supuesto intervencionismo estatal —cuánto pueden los poderes públicos vigilar a las tecnológicas y a su IA— hasta situarlo en un punto de gravedad nunca visto: quién debe escribir las reglas y verificar su cumplimiento. Tom Wheeler, del Center for Technology Innovation de Brookings y antiguo presidente de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador del mercado de las telecomunicaciones americano, avisa de que el pacto permite a las compañías diseñar sus propios controles, elegir a sus evaluadores y decidir si sus procedimientos resultan efectivos sin obligación de entregar resultados a una autoridad pública ni de imposición externa a cualquier medida correctoras.

Es decir, que las compañías se convierten simultáneamente en legislador, inspector y árbitro. En un momento en el que el propio Congreso americano empieza a explorar vías distintas, con una serie de iniciativas bipartidistas para establecer responsabilidades civiles y penales por posibles daños provocados por la IA.

Marcus Bokkerink, expresidente de la británica Competition and Markets Authority, va incluso más allá al alertar de que “no corresponde a las empresas que fabrican productos designar a sus propios evaluadores” y, en una clara alusión a las bigtechs americanas, critica que “unos pocos gigantes no deben diseñar reglas de juego que podrían terminar consolidando sus posiciones de dominio y dificultando la entrada de nuevos competidores más pequeños”.

Un bumerán de presiones

Pero el petróleo y la IA no son los únicos focos de influencia latente en EEUU. OpenLobby, una plataforma de datos que rastrea el menudeo de los lobbies, cifra en 2.740 millones de dólares en facturas declaradas por estas prácticas con más de 12.600 lobistas activos entre enero y junio. Camino de otro récord anual como en 2025. Desde movimientos para influir en la confección de los presupuestos a otros dirigidos a dibujar el futuro mapa impositivo, la porción privada de la Sanidad y un amplio abanico de sectores. Todos, con mayor o menores arsenales monetarios.

Farmacéuticas, firmas manufactureras y de comercio, de las industrias militar, financiera o de la distribución, alimentación, agrícolas, automovilísticas, transporte, telecos, inmobiliarias o entes profesionales compiten por un más rápido acceso a una Casa Blanca capaz de alterar aranceles, contratos públicos, leyes o decisiones ejecutivas. En busca de metas y desafíos concretos.

En esta arquitectura, K Street continúa ejerciendo su poder. Hace uso del viejo modus operandi de influir desde despachos jurídicos, asociaciones empresariales, comités del Congreso, agencias o funcionarios y reguladores. Ballard Partners, firma fundada por Brian Ballard, histórico aliado de Trump, ha declarado más de 30 millones de dólares de ingresos por lobby federal en cada uno de los dos primeros trimestres de 2026, líder del sector. Mientras firmas de colaboradores del universo trumpista captan cada vez más porciones del pastel. A cambio de conocimiento en Public Affairs. Aunque, sobre todo, por usar sus tentáculos con el círculo íntimo del presidente.

En este contexto, Mar-a-Lago añade una dimensión distinta. La residencia de Trump en Florida funciona simultáneamente como espacio privado, negocio y escenario político. Organizaciones dedicadas a visar conflictos de interés han documentado decenas de actos de grupos políticos y empresariales en ella. “Cuando la diplomacia se vincula a la marca personal del presidente como si perteneciera a una administración concreta, EEUU acaba erosionando su credibilidad” alerta Stephen Wertheim, de Carnegie Endowment, sobre las procesiones a Mar-a-Lago antes de alejar cualquier vínculo con Camp David, residencia federal y sede de acuerdos diplomáticos de alto nivel durante más de medio siglo, al que quieren equiparar los acólitos de la versión Trump 2.0.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al director financierto de una empresa de la provincia tras una investigación que arrojó un fraude corporativo de 53.000 euros.

Las investigaciones que han conducido a la detención fueron encabezadas por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) y el Equipo '@' de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, tras la denuncia de un representante de una empresa con sede social en la localidad de Herencia por la desaparición del director financiero de la misma.

Tras poner en marcha en el mes de octubre la denominada operación 'Broken Trust', se concluyó que detrás de la desaparición sin causa justificada podría existir algún tipo de hecho ilícito, para lo que se llevó a cabo una auditoría de balances y cuentas de la empresa en la que se observaron irregularidades en saldos de sus cuentas bancarias por lo que se presentó denuncia.

Como resultado de las primeras gestiones de investigación, se tuvo conocimiento de que el presunto autor, mediante falsificación documental y herramientas tecnológicas, se anunciaba en una web con un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, siendo contratado por la empresa denunciante.

Operaciones camufladas

Una vez contratado como director financiero tuvo acceso a claves de seguridad y efectuaba pagos periódicos a empresas y proveedores, entre los que pudo camuflar transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad, utilizando siempre conceptos predeterminados para evitar que fuesen detectados por los sistemas de seguridad de la empresa.

De esta forma llegó a realizar 44 transferencias por un valor total de 53.000 euros, pudiendo bloquear gracias a esta investigación parte del dinero defraudado.

Las actuaciones judiciales han sido llevadas por el Tribunal de Instancia sección civil y de instrucción plaza nº1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara (CEOE-Cepyme) ha inaugurado este lunes sus nuevas instalaciones y su centro de formación y negocios en la avenida de Aguas Vivas, un espacio que nace con la vocación de convertirse en punto de encuentro para las empresas, generar oportunidades y establecer nuevas alianzas.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha descubierto la placa conmemorativa de la inauguración, además de representantes de las distintas administraciones y del tejido empresarial.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha destacado que estas nuevas oficinas y el centro de formación y negocios pretenden ser “un punto de encuentro” para generar oportunidades y establecer nuevas alianzas, y ha defendido que cuando las empresas ponen en común conocimiento, experiencia y recursos “todos avanzamos”. También ha reivindicado el diálogo social y ha reclamado alejarse de “ruidos”, “polarización” y “mensajes populistas”.

Por su parte, García-Page ha señalado que ha cambiado “mucho” el tejido económico y empresarial de Guadalajara y se ha referido a Guadalajara como “una de las provincias más potentes que hay ahora en España, que aparece con bombilla encendida en los mapas de Europa”, a la par que ha puesto en valor una economía en la que se ha especializado una parte importante de la industria, pero que, al mismo tiempo, permanece abierta a nuevas oportunidades y actividades.

García-Page ha valorado en este contexto la contribución de CEOE-Cepyme Guadalajara al desarrollo empresarial de la provincia, así como su apuesta por la formación y por ofrecer servicios al tejido productivo. Una labor que la organización empresarial refuerza ahora con su nueva sede central y Centro de Formación y Negocios, concebidos como un nuevo espacio al servicio de empresas, personas emprendedoras y profesionales de la provincia, ha subrayado.

El presidente regional ha calificado de “magníficas” las nuevas instalaciones y ha señalado que el centro de formación se plantea como “una entidad prestadora de servicios”. En su intervención, ha puesto también el foco en la Formación Profesional y ha afirmado que está “muy contento” de cómo funciona en la actualidad, destacando el alto porcentaje de la enseñanza dual en este campo.

García-Page ha defendido asimismo el entendimiento entre empresarios, Gobierno y sindicatos y ha señalado que es “absolutamente normal” que se produzca, porque, según ha afirmado, “el oficio de gobernar o lo es para todos o no lo es”.

Durante el acto, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado que las nuevas instalaciones permitirán prestar “un mejor servicio” a los empresarios de la provincia y ha reclamado la participación de CEOE en dos asuntos que considera determinantes para Guadalajara: la incorporación de la provincia al mapa de ayudas de la UE junto a Cuenca, Teruel y Soria y la defensa del agua del Tajo y del Sorbe.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que desde la llegada del actual Gobierno regional se han acompañado más de 277 millones de euros a través de incentivos regionales y ha apuntado que cerca de 10.000 personas se han formado en la provincia mediante programas de Formación Profesional.

También han intervenido el presidente de la Diputación, José Luis Vega, quien ha destacado la importancia del diálogo y ha agradecido el trabajo de los pequeños empresarios, al tiempo que ha reiterado el apoyo de la institución provincial mediante convocatorias y ayudas.

El pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la ciudad al empresario Atanasio Naranjo Hidalgo, fundador de la empresa frutícola Tany Nature, en reconocimiento a su dilatada trayectoria personal y profesional ligada al sector agroalimentario.

La concesión de este galardón, que constituye la máxima distinción que otorga el consistorio villanovense, ha salido adelante este jueves en sesión plenaria. Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor la proyección internacional alcanzada por Tany Nature, especialmente en el mercado de la fruta de hueso, así como su firme apuesta por la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías tanto a sus procesos de cultivo como a la gestión empresarial. Un modelo de crecimiento que, según los datos municipales, se traduce en la generación de unos 3.000 empleos directos e indirectos en el territorio.

Natural de Villanueva de la Serena, Naranjo comenzó su andadura laboral vinculada estrechamente a la tierra, trabajando en el campo junto a su padre antes de construir el gigante frutícola actual.

Durante el pleno, la alcaldesa de la ciudad, Ana Belén Fernández, ha querido subrayar el carácter humano del galardonado, destacando que ha sabido mantener la cercanía y sus raíces intactas. Lo ha descrito como “una persona humilde que no olvida de dónde viene”, plenamente consciente de que “sus trabajadores son el alma de su empresa”.

Un selecto reconocimiento histórico

Con este nombramiento, Atanasio Naranjo se convertirá en el noveno villanovense en recibir la Medalla de Oro de la ciudad, cuyo precedente más antiguo data de 1994 con la entrega a Antonio Guisado Tapia.

A lo largo de las décadas, esta alta distinción ha recaído también en figuras ilustres y entidades de la talla de Tomás Parejo, el escritor Jesús Sánchez Adalid, el baloncestista José Manuel Calderón, José Luis Pérez Chiscano, Pedro Muñoz Gil, el presidente de Mapfre Antonio Huertas Mejías, y Pilar Santisteban Sanz.

La propuesta de concesión ha contado con un amplio respaldo social e institucional, sumando el apoyo explícito de los ayuntamientos de Zurbarán y Entrerríos, del propio Antonio Huertas y de organizaciones agrarias de referencia como UPA-UCE y Agryga, entre otros avales que refrendan la trascendencia de su figura en la comarca.

Evaristo Soler Cardona torna a estar en el punt de mira de la Justícia. El Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa ha dictat una ordre de recerca i detenció contra ell després que no comparegués davant del jutjat en una de les causes que encara té pendents. En una interlocutòria consultada per elDiario.es, la jutgessa considera que la seva absència podria respondre al fet que l’investigat “intenta sostreure’s de l’acció de la justícia”

Soler Cardona està citat en aquesta causa per un presumpte delicte de trencament de condemna arran de l’incompliment d’una ordre d’allunyament. La nova ordre judicial arriba després de diverses condemnes per uns fets ocorreguts a la badia de Porroig, on, segons els fets que els tribunals han considerat provats, Soler Cardona va amenaçar i coaccionar diversos navegants per exigir-los diners a canvi de permetre’ls fondejar les seves embarcacions. L’Audiència Provincial de Balears ha confirmat recentment una condemna de sis mesos de presó per un delicte de coaccions, imposada inicialment pel Jutjat Penal número 2 d’Eivissa, la titular del qual, la magistrada Martina Rodríguez, va donar per provats aquests fets.

La sentència de primera instància també va condemnar Soler Cardona per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar i un altre de danys, segons la resolució a la qual ha tingut accés aquest diari. Pel primer haurà de pagar una multa de 8.640 euros –24 mesos a raó de 12 euros diaris– i pel segon, una altra de 4.320 euros –12 mesos amb la mateixa quota diària–. A més, haurà d’indemnitzar amb 3.283 euros François Xavier Crone pels danys ocasionats a la seva embarcació.

L’ordre implica que Soler Cardona haurà de ser detingut i posat a disposició judicial quan sigui localitzat. El jutjat ha cursat una requisitòria –una ordre judicial– a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè procedeixin a localitzar-lo i detenir-lo amb l’objectiu que comparegui en qualitat d’investigat i sigui escoltat per la jutgessa. A més, ha de facilitar un domicili on pugui rebre les pròximes notificacions i citacions. La requisitòria té fixada com a data de cessament el 16 d’abril de 2031.

Mentre Soler Cardona no sigui localitzat, el jutjat suspèn la tramitació de la causa i n’acorda l’arxivament provisional. La interlocutòria estableix que, si transcorren cinc anys sense que sigui localitzat, les actuacions s’arxivaran definitivament per prescripció i es cancel·larà la requisitòria. La resolució també ordena deixar constància de la mesura en els registres corresponents i remetre a les Forces i Cossos de Seguretat la documentació necessària per executar l’ordre.

elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’advocat d’Evaristo Soler Cardona per conèixer les raons de la incompareixença del seu client als requeriments judicials i la seva posició davant l’ordre de recerca, detenció i presentació dictada pel Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa. Aquest diari també li ha preguntat si la defensa té previst recórrer la resolució, si Soler Cardona contempla comparèixer voluntàriament davant del jutjat i si hi ha algun altre aspecte de la causa que consideri rellevant aclarir. L’advocat no ha respost aquestes preguntes en el moment de la publicació d’aquesta notícia.

Una ordre d’allunyament de la cala

L’última condemna d’Evaristo Soler Cardona té l’origen en una nit de juny de 2024 a la badia de Porroig, a Sant Josep de sa Talaia. El 22 de juny, l’empresari tenia vigent una mesura cautelar que li impedia acostar-se a menys de 100 metres de la zona, dictada en el marc d’una altra causa penal. Tot i així, segons els fets que la jutgessa del Penal número 2 d’Eivissa va considerar provats i que ara ha confirmat l’Audiència Provincial de Balears, Soler Cardona es va acostar a un catamarà fondejat a la badia i va amenaçar el seu patró, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recull la sentència que li va dir. L’episodi no va acabar aquí. Hores després, ja de matinada, el patró es va tornar a trobar amb Soler Cardona en unes circumstàncies que la resolució considera acreditades i que van acabar amb danys a la seva embarcació.

Crone havia decidit no baixar al camarot aquella nit. Segons va explicar durant el procediment, feia temps que patia una situació de “pertorbació” que, d’acord amb el seu relat, havia començat el 2021 i s’havia intensificat durant els últims mesos. Després de la primera topada, va romandre al saló del catamarà, entre el son i la vigília. Cap a les tres de la matinada va sentir un cop sec. El seu vaixell havia col·lidit amb una altra embarcació fondejada després que, segons va declarar, la seva àncora hagués estat aixecada.

Va sortir aleshores a coberta i va posar el motor en marxa per allunyar-se de les roques. Va ser en aquell moment quan va veure unes bombolles a l’aigua i, al costat, una figura de grans dimensions que va sortir a la superfície. Crone va identificar l’home com Soler Cardona. Segons la seva declaració, l’acusat es va tornar a dirigir a ell de manera intimidatòria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recull la sentència.

La identificació va ser un dels elements centrals del judici. Crone va sostenir que aquella nit hi havia lluna plena i que va poder veure l’acusat, però va assenyalar especialment que va reconèixer la seva veu “de manera categòrica i rotunda”. La defensa va qüestionar aquesta identificació per les condicions de l’escena: era de matinada i, segons va argumentar, la visibilitat i la capacitat per escoltar amb claredat eren limitades.

La sentència també considera provat que, amb el propòsit de dissuadir Crone de continuar fondejant a Porroig, Soler Cardona va danyar la seva embarcació auxiliar. La pneumàtica, que estava subjectada als pescants del catamarà, va aparèixer a l’aigua amb almenys deu o dotze talls. El peritatge aportat al procediment va xifrar els desperfectes en 3.283 euros, quantitat que el condemnat haurà d’abonar al perjudicat.

L’Audiència Provincial confirma la condemna

L’Audiència Provincial ha avalat ara la valoració feta per la jutgessa de primera instància. La resolució, amb Gemma Robles com a ponent, rebutja íntegrament el recurs presentat per la defensa, que qüestionava tant la identificació de Soler Cardona com la suficiència de les proves.

La defensa sostenia que la condemna es basava fonamentalment en el testimoni de Crone i que no hi havia elements objectius suficients –com ara proves pericials, testimonis independents o evidències tècniques– que corroborin la seva versió. També apuntava a l’enemistat prèvia entre tots dos com un element que, al seu parer, podia afectar la credibilitat del denunciant.

La magistrada, però, considera que la declaració de la víctima reuneix les condicions necessàries per sustentar la condemna i rebutja que les circumstàncies d’aquella nit impedissin identificar l’acusat.

Un dels punts discutits en el recurs va ser, a més, l’existència d’un delicte continuat de trencament de mesura cautelar. La defensa sostenia que la sentència descrivia un únic episodi i que la continuïtat s’havia construït a partir dels antecedents de l’acusat. L’Audiència considera, en canvi, que aquella nit hi va haver dos episodis diferenciats: el primer, durant el dia, amb les amenaces al patró; i el segon, hores després, quan es va produir l’incident amb el vaixell i les amenaces posteriors. Tot i estar separats en el temps, tots dos responien, segons el tribunal, a un mateix propòsit: impedir que Crone romangués fondejat a la badia.

La defensa també va qüestionar que existís una prova directa que Soler Cardona hagués abandonat Porroig després del primer episodi i hi hagués tornat posteriorment. L’Audiència entén que aquesta circumstància es pot deduir del conjunt de les proves i considera poc raonable que romangués a la zona esperant una eventual intervenció policial, especialment tenint en compte que pesava sobre ell una ordre d’allunyament. Crone, a més, va assegurar que no l’havia tornat a veure durant el temps transcorregut entre tots dos episodis.

Amb aquests arguments, l’Audiència Provincial confirma íntegrament la condemna de sis mesos de presó per coaccions, així com les penes de multa pel trencament continuat de la mesura cautelar i pels danys. La resolució manté també la prohibició d’apropar-se a menys de 100 metres de Crone, del seu domicili i del seu lloc de treball, així com de comunicar-s’hi per qualsevol mitjà durant tres anys. El condemnat queda, a més, inhabilitat per al dret de sufragi passiu durant el temps de la pena de presó.

La sentència estableix que l’impagament de les multes suposarà un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades i li imposa les costes del procediment. L’acusació particular ha estat exercida per l’advocada Azucena López Acebes en representació de Crone.

El juny de 2023, el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa va condemnar el polèmic empresari per delictes lleus d’amenaces i coaccions contra membres de Maltesa del Mar —plataforma sense ànim de lucre que defensa la conservació del fons marí de l’illa— que van tenir lloc a finals de maig de 2022.

Evaristo Soler Cardona vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él después de que no compareciera ante el juzgado en una de las causas que todavía tiene pendientes. En un auto consultado por elDiario.es, la jueza considera que su ausencia podría responder a que el investigado “intenta sustraerse de la acción de la justicia”. Soler Cardona está citado en esta causa por un presunto delito de quebrantamiento de condena a raíz del incumplimiento de una orden de alejamiento.

La nueva orden judicial llega después de varias condenas por unos hechos ocurridos en la bahía de Porroig, donde, según los hechos que los tribunales han considerado probados, Soler Cardona amenazó y coaccionó a distintos navegantes para exigirles dinero a cambio de permitirles fondear sus embarcaciones. La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado recientemente una condena de seis meses de prisión por un delito de coacciones, impuesta inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, cuya titular, la magistrada Martina Rodríguez, dio por probados esos hechos.

La sentencia de primera instancia también condenó a Soler Cardona por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro de daños, según el fallo al que tuvo acceso este diario. Por el primero deberá pagar una multa de 8.640 euros –24 meses a razón de 12 euros diarios– y por el segundo, otra de 4.320 euros –12 meses con la misma cuota diaria–. Además, deberá indemnizar con 3.283 euros a François Xavier Crone por los daños ocasionados en su embarcación.

La orden implica que Soler Cardona deberá ser detenido y puesto a disposición judicial cuando sea localizado. El juzgado ha cursado una requisitoria –una orden judicial– a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que procedan a su localización y detención con el objetivo de que comparezca en calidad de investigado y sea oído por la jueza. Además, debe facilitar un domicilio en el que pueda recibir las próximas notificaciones y citaciones. La requisitoria tiene fijada como fecha de cese el 16 de abril de 2031.

Mientras Soler Cardona no sea localizado, el juzgado suspende la tramitación de la causa y acuerda su archivo provisional. El auto establece que, si transcurren cinco años sin que sea localizado, las actuaciones se archivarán definitivamente por prescripción y se cancelará la requisitoria. La resolución también ordena dejar constancia de la medida en los registros correspondientes y remitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la documentación necesaria para ejecutar la orden.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de Evaristo Soler Cardona para conocer las razones de la incomparecencia de su cliente a los llamamientos judiciales y su posición ante la orden de búsqueda, detención y presentación dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa. Este diario también le ha preguntado si la defensa tiene previsto recurrir la resolución, si Soler Cardona contempla personarse voluntariamente ante el juzgado y si existe algún otro aspecto de la causa que considere relevante aclarar. El abogado no ha respondido a estas preguntas en el momento de la publicación de esta noticia.

Una orden de alejamiento de la cala

La última condena de Evaristo Soler Cardona tiene su origen en una noche de junio de 2024 en la bahía de Porroig, en Sant Josep de sa Talaia. El 22 de junio, el empresario tenía en vigor una medida cautelar que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la zona, dictada en el marco de otra causa penal. Aun así, según los hechos que la jueza de lo Penal número 2 de Eivissa consideró probados y que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial de Balears, Soler Cardona se aproximó a un catamarán fondeado en la bahía y amenazó a su patrón, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recoge la sentencia que le dijo. El episodio no terminó ahí. Horas después, ya de madrugada, el patrón volvió a encontrarse con Soler Cardona en unas circunstancias que la resolución considera acreditadas y que acabaron con daños en su embarcación.

Crone había decidido no bajar al camarote aquella noche. Según explicó durante el procedimiento, llevaba tiempo sufriendo una situación de “perturbación” que, de acuerdo con su relato, había comenzado en 2021 y se había intensificado en los últimos meses. Después del primer encontronazo, permaneció en el salón del catamarán, entre el sueño y la vigilia. Hacia las tres de la madrugada escuchó un golpe seco. Su barco había colisionado con otra embarcación fondeada después de que, según declaró, su ancla hubiese sido levantada.

Salió entonces a cubierta y puso el motor en marcha para alejarse de las rocas. Fue en ese momento cuando vio unas burbujas en el agua y, junto a ellas, una figura de gran tamaño que salió a la superficie. Crone identificó al hombre como Soler Cardona. Según su declaración, el acusado se volvió a dirigirse a él de forma intimidatoria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recoge la sentencia.

La identificación fue uno de los elementos centrales del juicio. Crone sostuvo que aquella noche había luna llena y que pudo ver al acusado, pero señaló especialmente que reconoció su voz “de forma categórica y rotunda”. La defensa cuestionó esa identificación por las condiciones de la escena: era de madrugada y, según argumentó, la visibilidad y la capacidad para escuchar con claridad eran limitadas.

La sentencia también considera probado que, con el propósito de disuadir a Crone de seguir fondeando en Porroig, Soler Cardona dañó su embarcación auxiliar. La neumática, que estaba sujeta a los pescantes del catamarán, apareció en el agua con al menos diez o doce cortes. El peritaje aportado al procedimiento cifró los desperfectos en 3.283 euros, cantidad que el condenado deberá abonar al perjudicado.

La Audiencia Provincial confirma la condena

La Audiencia Provincial ha avalado ahora la valoración realizada por la jueza de primera instancia. La resolución, con Gemma Robles como ponente, rechaza íntegramente el recurso presentado por la defensa, que cuestionaba tanto la identificación de Soler Cardona como la suficiencia de las pruebas.

La defensa sostenía que la condena descansaba fundamentalmente en el testimonio de Crone y que no existían elementos objetivos suficientes –como pruebas periciales, testimonios independientes o evidencias técnicas– que corroborasen su versión. También apuntaba a la enemistad previa entre ambos como un elemento que, a su juicio, podía afectar a la credibilidad del denunciante.

La magistrada, sin embargo, considera que la declaración de la víctima reúne las condiciones necesarias para sustentar la condena y rechaza que las circunstancias de aquella noche impidieran identificar al acusado.

Uno de los puntos discutidos en el recurso fue, además, la existencia de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. La defensa sostenía que la sentencia describía un único episodio y que la continuidad se había construido a partir de los antecedentes del acusado. La Audiencia considera, en cambio, que aquella noche hubo dos episodios diferenciados: el primero, durante el día, con las amenazas al patrón; y el segundo, horas después, cuando se produjo el incidente con el barco y las amenazas posteriores. Aunque separados en el tiempo, ambos respondían, según el tribunal, a un mismo propósito: impedir que Crone permaneciera fondeado en la bahía.

La defensa también cuestionó que existiera una prueba directa de que Soler Cardona hubiese abandonado Porroig después del primer episodio y regresado posteriormente. La Audiencia entiende que esa circunstancia puede deducirse del conjunto de las pruebas y considera poco razonable que permaneciera en la zona esperando una eventual intervención policial, especialmente teniendo en cuenta que pesaba sobre él una orden de alejamiento. Crone, además, aseguró no haber vuelto a verlo durante el tiempo que transcurrió entre ambos episodios.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la condena de seis meses de prisión por coacciones, así como las penas de multa por el quebrantamiento continuado de la medida cautelar y por los daños. El fallo mantiene también la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de Crone, de su domicilio y de su lugar de trabajo, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años. El condenado queda además inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de prisión.

La sentencia establece que el impago de las multas supondrá un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y le impone las costas del procedimiento. La acusación particular ha sido ejercida por la abogada Azucena López Acebes en representación de Crone.

En junio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa condenó al polémico empresario por delitos leves de amenazas y coacciones contra miembros de Maltesa del Mar –plataforma sin ánimo de lucro que aboga por la conservación del fondo marino en la isla– que tuvieron lugar a finales de mayo de 2022.

Pedro Sánchez se ha reunido este lunes en el palacio de Pedralbes de Barcelona con los representantes de la patronal catalana, en el marco de la agenda oficial del presidente del Gobierno en la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha asistido al almuerzo.

Los líderes empresariales, agrupados en la plataforma denominada G8, han trasladado a ambos dirigentes sus preocupaciones en torno a los retos que afronta el tejido empresarial catalán, así como diversas propuestas sobre cuestiones como la financiación autonómica, las infraestructuras, la vivienda, la inmigración, el tamaño de las empresas y otros factores relacionados con la competitividad empresarial.

Como representantes del G8, en la reunión han participado Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global; Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona; Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d’Economia; Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Catalunya; Tatxo Benet, presidente de FemCat; Antoni Cañete, presidente de Pimec, y Josep Mateu, presidente del RACC.

Pendiente del decreto

Tras el almuerzo, Sánchez ha visitado una promoción de vivienda pública en el Poblenou de Barcelona, en plena negociación del llamado “decreto Maricarmen” y a 24 horas de su posible aprobación en el Consejo de Ministros.

Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acompañado a Sánchez a “Illa Sibèria”, una promoción de alquiler asequible gestionada por la Fundació Hàbitat 3. Se trata de 42 viviendas de protección oficial construidas en el espacio que ocupaba una antigua fábrica de hielo en la calle Badajoz.

Los vecinos recibieron las llaves a principios del mes de julio y los alquileres oscilan entre los 429 y los 502 euros mensuales, en función de la superficie de cada vivienda.

La Xunta va a crear y a probar como experiencia piloto una nueva figura de seguimiento de las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal: un coordinador de reincorporación para el momento en el que vuelvan a sus tareas. Es una de las medidas incluidas en el plan para limitar las bajas, fuertemente criticado y que el Gobierno gallego ha sacado adelante con el apoyo únicamente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, José González, presentaron el plan, que fue aprobado en el Consello de la Xunta este lunes y que estará disponible para su consulta en el sitio web de institucional. Las medidas las avanzó el propio Rueda en abril, durante el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que aseguraba que su intención era “pisar el acelerador” con medidas para intensificar el control de las bajas, en especial de las más frecuentes, que son las motivadas por lesiones músculo-esqueléticas y por problemas de salud mental.

En estos meses, en los que el plan recibió críticas de la oposición, de los sindicatos CIG y CCOO y de los colegios médicos -son los especialistas de primaria los que gestionan las bajas-, el Gobierno gallego fue abandonando el uso del término absentismo para repetir el mensaje de que quienes razones “objetivas” para estar de baja, “tienen todo el derecho”. Lo volvió a decir Rueda este lunes y añadió que, si ese no es el caso, la administración va a actuar. El plan va a estar dotado con 45 millones de euros para poner en marcha 37 medidas hasta 2029.

El conselleiro de Emprego aseguró que se va a respetar el criterio de los profesionales sanitarios, pero la lectura de la Xunta es que la cantidad de bajas es “una realidad compleja con un elevado impacto en las personas, las empresas y la economía”. Uno de los objetivos es reducir las ausencias al trabajo por la vía de la prevención: “La mejor baja es la que no llega a producirse”. En este sentido, señaló que la idea es que las empresas vayan en Galicia “más allá de la legislación vigente” en cuanto a condiciones de trabajo y ambiente laboral.

La Xunta anuncia ayudas específicas para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para autónomos, tanto para que adquieran equipos ergonómicos u otro material para prevención como para que contraten a un sustituto si se encuentran en una situación de incapacidad temporal. Habrá también un programa voluntario para evitar lesiones músculo-esqueléticas y problemas de salud mental.

La reincorporación al trabajo

En cuanto al momento de la vuelta al trabajo, el Gobierno gallego va a crear la figura del coordinador de reincorporación, que será un profesional con un perfil que está por definir, pero que no va a proceder del ámbito sanitario. Será, según José González, alguien que “acompañará” -“en ningún caso controlar”- a la persona que se reincorpora. Algo así como un intermediario entre trabajador y empresa, añadió. El plan asegura que todos los aspectos de este acompañamiento son voluntarios para la personal trabajadora, que deberá dar un consentimiento previo, expreso e informado. Estos instrumentos “respetarán la situación de incapacidad temporal, el criterio clínico y garantizarán la confidencialidad”. Uno de los aspectos que tendrán que abordar será el proceso para que la empresa actúe sobre el puesto o la organización del trabajo, si la reincorporación de un trabajador lo requiere.

El coordinador de reincorporación será, según el plan, “un gestor de caso de naturaleza sociolaboral” que va a estar adscrito al Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). No va a tener vínculo con el ámbito sanitario ni podrá acceder a la historia clínica del trabajador. “Tampoco tiene objetivos de reducción de bajas ni incentivos vinculados a las reincorporaciones”, añade el texto. La función es “coordinar el caso, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, la propia empresa y la persona trabajadora”. El protocolo que va a regular esta figura está pendiente de una negociación entre quienes pactaron el plan: Xunta, CEG y UGT.

La Xunta incluye también entre las medidas un informe voluntario de capacidades funcionales de la persona que se reincorpora y un protocolo pactado de contacto entre empresa y trabajador durante la baja. El objetivo es, según el plan, “ofrecer apoyo y preparar, únicamente cuando proceda, una reincorporación segura.

Medidas contra el abuso, pese a su carácter “minoritario”

Otras medidas pretenden, según el conselleiro, descargar a los profesionales sanitarios para agilizar la gestión de las bajas. Dentro del sistema sanitario, el plan consolida el refuerzo de los inspectores médicos que presionan a los médicos para revisar las bajas, dentro del que va a “priorizar las áreas con mayor duración media y los procesos de larga duración”. Se van a crear unidades especializadas en trastornos músculo-esqueléticos y salud mental, con un médico consultor. Habrá también una revisión clínica de los casos de personas en los que se repiten las incapacidades temporales. El plan asegura que el objetivo es “determinar qué está fallando”.

La Xunta asegura que habrá también medidas contra los “abusos” entre el personal que está de baja, que el propio conselleiro admitió que consta que son casos “minoritarios” y sobre los que el plan explicita que no constituyen “el elemento central del fenómeno” del incremento de las incapacidades temporales, según la evidencia disponible. Pese a estas afirmaciones, hay un carrusel de medidas para estrechar la vigilancia sobre las personas en esta situación y se va a poner en marcha un dispositivo de actuación que se va a centrar en vigilar si la persona realiza actividades incompatibles con la baja o cobra prestaciones de forma indebida; en perseguir fraudes como obtención irregular de partes -y se informará a Fiscalía si se aprecian indicios de delito-; y en supervisar que las empresas no incumplan la normativa con peticiones como prestar servicios durante una incapacidad temporal o presionar para el alta.

Además, las personas que estén de baja recibirán una carta “que hace explícito el contrato social de la incapacidad temporal”, es decir, un documento para recordar sus deberes y con información expresa sobre las actividades que son incompatibles con la baja.

A día de hoy puede parecer casi imposible, pero hace unos años Antonio Garamendi encabezaba su perfil de Twitter con una foto sonriente junto a Pedro Sánchez. Corría 2018, cuando el empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la gran patronal española CEOE. Con fama de “amable” y “dialogante” así como de “conservador”, un carácter que se ha confirmado en sus años al frente de los empresarios españoles. En unos días, iniciará su tercer mandato al frente de CEOE envuelto en un contexto político mucho más hostil en España y el mundo, que se ha dejado notar también en su gestión. Frente a una larga lista de pactos en un inicio, ahora está sumido en la sequía de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Garamendi (Getxo, 1958) es licenciado en Derecho, proviene de una familia de empresarios y tiene más un perfil de directivo. Ha formado parte de la dirección o de los consejos de administración de varias empresas, como REE (Red Eléctrica de España), Bankoa (entidad ahora integrada en Abanca), Albura, Tubos Reunidos y Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones (La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Revista Dinero), entre otras.

“Hay que concienciar a la sociedad de que haya más vocaciones empresariales”, defiende Garamendi en el perfil de su cuenta en X, ahora con una foto de apertura con el rey Felipe VI en un acto institucional.

Larga carrera como dirigente empresarial

Esa defensa de la figura del empresario –ante los ataques “injustos” y “populistas” que suele denunciar– le ha llevado a impulsar junto a la exministra de Trabajo Fátima Báñez (en la Fundación CEOE) un cómic para niños de Primaria de un duende llamado Olegario, así como a involucrarse en distintas organizaciones empresariales desde que era joven y hasta la actualidad.

Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), en 1996, y ha ocupado la presidencia de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (Cije).

También fue presidente de la Comisión de Energía de CEOE y de la organización empresarial del Metal (Confemetal), así como líder de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), hasta que logró –al segundo intento– alcanzar la presidencia de la gran patronal, tras el catalán Juan Rosell.

Rosell le disputó el puesto la primera vez, pero no la siguiente, ya que había aprobado una limitación de dos mandatos en los Estatutos de CEOE, que apoyó Garamendi. Después, el vasco eliminó este límite cuando llegó a liderar la organización y ahora se presenta a su tercera elección como presidente de CEOE.

Esta labor de representación ha considerado que tenía que ser remunerada. Como presidente de Cepyme, se puso un sueldo –de 120.000 euros anuales, según publicó El Confidencial– que enfadó a varios empresarios, como Joaquim Gay de Montellà, hasta ese noviembre responsable de la patronal catalana Foment del Treball. Después, volvió a levantar ampollas con su salario al frente de CEOE, muy superior, de casi 400.000 euros anuales en 2023.

Garamendi defendió su sueldo como una decisión “privada” y “en libertad” y tildó las críticas de “campaña de descrédito” a los empresarios. “Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda”, se quejó.

Un directivo “afable” y “moderado” que ha endurecido el tono

Al líder empresarial le suelen definir, tanto las personas próximas como quienes que difieren con él, como alguien de “trato fácil”, “afable” y “simpático”. También como una persona “conservadora” en lo ideológico y económico, pero “moderada” dentro de la patronal frente a otros perfiles mucho más situados en la derecha o ultraderecha. El vasco es poco amigo de “los extremos”, dicen desde su entorno y ha afirmado él en varias ocasiones.

“Frente al ruido y la polarización, conviene recordar una idea sencilla: alzad la mirada”, destacó el empresario vasco de la visita del Papa León XIV a España, en el que realizó un acto con los líderes sindicales y patronales en Madrid.

Esa afabilidad de Garamendi se mantuvo en un inicio con la ministra de Trabajo y el Gobierno progresista, aun con diferencias y choques frecuentes, pero se fue diluyendo ante las críticas externas –con una dirección del PP de Pablo Casado abiertamente hostil varias ocasiones– y también internas en las patronales, que alimentaban perfiles más duros, como el granadino Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y que quería disputar el puesto a Garamendi al frente de CEOE.

El año pasado, el vasco planteó un liderazgo alternativo a Cuerva en Cepyme, lo que abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE. Así, el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi será revalidado como presidente por tercera vez por aclamación, sin ningún rival.

Lo hará un Garamendi que ha endurecido claramente el tono respecto al Gobierno y a Yolanda Díaz, a la que acusa de haber “dinamitado” el diálogo social por firmar varios acuerdos solo con los sindicatos –como las subidas del salario mínimo– ante las negativas de la patronal y haber legislado en solitario varias medidas laborales.

En medidas del Ejecutivo que su dirección comparte, pero que generan controversia o rechazo en la derecha, como la regularización extraordinaria de migrantes, Garamendi ha optado por mantener un perfil bajo, sin grandes respaldos al Gobierno.

Por el contrario, los gestos y alabanzas se repiten con varios cargos del PP de Alberto Núñez Feijóo, con el que se superó la crisis de la época de Casado, así como respecto a Isabel Díaz Ayuso, de la que suele celebrar “los impuestos a la madrileña”.

Sequía de acuerdos en contexto electoral

Esta deriva no va solo del tono, sino de hechos. Hay un “no a todo”, resumía un dirigente sindical a este medio hace un año. Una situación que perdura en la actualidad y que ya deja cada vez más en el pasado las fotos de pactos tripartitos en materias tan complejas como la reforma laboral –que muchas voces consideraban “impensable” con un gobierno progresista y, más aún, una ministra de Trabajo comunista, como es el caso de Yolanda Díaz– o la primera de pensiones, la Ley Rider y la de teletrabajo, entre muchas otras que situaron a España como referencia mundial de diálogo social.

El bloqueo patronal –incluso para sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC)– se explica por varios motivos. Entre los que los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo destacan los procesos electorales. Primero, el interno en la CEOE que Garamendi está a punto de superar y, en 2027, los comicios políticos en el conjunto del país, en los que la patronal no quiere dar victoria alguna al Ejecutivo progresista.

Desde la CEOE, y el propio Garamendi, defienden con frecuencia su derecho a diferir y rechazar propuestas que no comparten. Ahora, el vasco –que se caracteriza por su pragmatismo– tiene menos alicientes para negociar, ya que, al contrario que al inicio de su mandato, el Gobierno es mucho más débil y apenas puede sacar adelante leyes en el Parlamento.

Una vez se proclame de nuevo presidente, el tiempo dirá cómo es el tercer mandato de Garamendi, marcado también por una fuerte inestabilidad internacional y el reto económico de los precios de la energía al alza. Fuentes sindicales consideran que el bloqueo perdurará hasta que se aclare qué gobierno sale de las urnas en las próximas elecciones generales. “Hasta entonces, no van a dar ni agua”, resume.

L’Audiència Provincial de Balears ha confirmat la condemna de sis mesos de presó per un delicte de coaccions a l’empresari ‘pirata’ Evaristo Soler Cardona, dictada pel Jutjat Penal número 2 d’Eivissa. El jutge de primera instància també havia condemnat Soler Cardona per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar i un altre delicte de danys, segons la sentència a la qual ha tingut accés en exclusiva elDiario.es. Pel primer delicte haurà de complir una pena de vint-i-quatre mesos de multa a raó de 12 euros diaris, en total, 8.640 euros i, pel segon, complirà una pena de dotze mesos de multa amb una quota diària de 12 euros, en total, 4.320 euros. A més, haurà d’indemnitzar el denunciant, François Xavier Crone, amb 3.283 euros pels danys ocasionats a la seva embarcació.

Els fets es remunten al 22 de juny de 2024, quan Soler Cardona, tot i tenir en vigor una ordre judicial que li prohibia aproximar-se a menys de 100 metres de la badia de Porroig (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), va amenaçar el patró d’un catamarà fondejat a la zona. “Francès de merda, ves-te’n d’aquí, no volem a l’illa gent com tu, et trauré l’àncora, acabaràs a les roques, de res et servirà el teu dinghy”, li va etzibar en al·lusió a la seva embarcació auxiliar, tal com recull la sentència. L’acusat tenia aleshores en vigor una mesura cautelar que li prohibia acostar-se a menys de 100 metres de la badia, dictada en el marc d’una causa penal per un delicte contra la flora.

La condemna inclou també la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la pena de presó i la prohibició d’aproximar-se a menys de 100 metres de Crone, del seu domicili i del seu lloc de treball, com també de comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà durant tres anys. La sentència estableix que l’impagament de les multes comportarà un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades. A més, haurà de fer-se càrrec de totes les costes del procediment.

L’acusació particular l’ha exercit l’advocada Azucena López Acebes en representació de l’afectat. elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’advocat de la defensa per saber si té intenció de recórrer i per conèixer la seva valoració sobre la sentència, però no ha respost a les consultes d’aquest diari en el moment de publicar-se aquesta notícia.

La jutgessa valida la identificació de l’acusat

En la sentència de primera instància ara confirmada per l’Audiència, la jutgessa va considerar provat que el 22 de juny de 2024 Evaristo Soler Cardona es va dirigir a un dels catamarans fondejats a la badia de Porroig i va amenaçar-ne el capità. Segons el relat recollit en la resolució, Crone no el va tornar a veure durant la resta de la tarda i la nit.

La víctima va quedar en un estat de nerviosisme després del que acabava de viure, atès que l’actitud de l’acusat s’havia iniciat el 2021, tot i que la intensitat de la «pertorbació» havia augmentat en els darrers temps. L’objectiu no era cap altre que impedir-li fondejar a la badia. Arran d’aquest incident, el denunciant va decidir no baixar a la cabina i quedar-se al saló en actitud d'entreson. Cap a les tres de la matinada, ja del dia 23, el denunciant “va sentir, de sobte, un cop sec i es va adonar que la seva embarcació havia xocat amb una altra que també es trobava fondejada perquè l’àncora havia estat aixecada, de manera que el vaixell havia quedat a la deriva”.

Després d’aquest incident, l’afectat va sortir immediatament a coberta i es va adonar de l’impacte perquè la seva embarcació presentava desperfectes tant a la fibra com a la fusta (a l’aleta de la part posterior dreta de l’embarcació). Tot seguit, va posar en marxa el motor “per allunyar-se de les roques” i va veure aleshores a l’aigua unes bombolles, compatibles amb les que es formen “quan una persona està bussejant”. Així, va observar, al costat de les bombolles, com emergia una “massa important” de gran envergadura que va sortir a la superfície i que, segons el denunciant, era l’acusat, qui es va treure el regulador i es va dirigir a la víctima de manera intimidatòria. “T’ho vaig advertir, la pròxima vegada t’enfonsaré el vaixell, fot el camp d’aquí”, va amenaçar, segons recull la sentència. Segons la víctima, aquella nit hi havia lluna plena, per la qual cosa va poder identificar perfectament l’acusat, però el que més el va ajudar a identificar-lo, sense cap mena de dubte, “va ser que li va reconèixer la veu, de manera categòrica i contundent”.

De la mateixa manera, amb el propòsit de dissuadir-lo de fondejar a la badia, així com de causar danys als béns propietat de la víctima, Soler Cardona “va esquinçar amb un objecte tallant la seva embarcació auxiliar, que portava subjectada amb els pescants”. Es tractava d’una pneumàtica perfectament subjectada pels pescants i que presentava almenys 10 o 12 talls i es trobava a l’aigua. Segons el peritatge aportat pel denunciant, els danys ocasionats ascendien a 3.283 euros, que també van ser reclamats al denunciat.

El tribunal dona plena solidesa a la declaració de la víctima

La resolució, de la qual ha estat ponent la magistrada Gemma Robles, desestima íntegrament el recurs interposat per la defensa de l’empresari i ratifica punt per punt la sentència dictada en primera instància. El tribunal rebutja així els arguments del condemnat i atorga plena solidesa i veracitat a la declaració de la víctima.

La defensa sosté que la prova es va valorar de manera incorrecta i que la identificació de l’acusat no era fiable, ja que s’havia produït de matinada i en unes condicions de visibilitat i audició deficients. També va qüestionar que Soler Cardona hagués pogut dur a terme els fets des de l’aigua, atesa la posició elevada de la pneumàtica, i va assenyalar suposades contradiccions en el relat de Crone, com també l’enemistat prèvia entre tots dos, que podria afectar la seva credibilitat.

El recurs al·legava, a més, que s’havia vulnerat el dret a la presumpció d’innocència perquè la condemna es basava essencialment en la declaració de la víctima, sense una corroboració objectiva suficient. La defensa va destacar l’absència de proves pericials, testimonis independents o elements tècnics que acreditessin la participació de l’empresari. Tanmateix, el tribunal ha rebutjat aquests arguments.

Pel que fa al delicte continuat de trencament, la defensa de Soler Cardona sostenia que no hi havia cap base per considerar que hi hagués una reiteració dels fets; afirma que la sentència només descriu un episodi i que la continuïtat delictiva s’havia fonamentat indegudament en els seus antecedents penals.

El tribunal de l’Audiència Provincial desestima aquest argument i assenyala que els fets provats descriuen en realitat dos episodis diferenciats, tot i que tinguessin lloc el mateix dia. El primer va tenir lloc durant el dia i va incloure amenaces directes. El segon es va produir a la nit i, segons la sentència, aquestes amenaces es van materialitzar amb els danys de què se l’acusa. Per al tribunal, tots dos episodis estan vinculats per un mateix propòsit i constitueixen un delicte continuat.

La defensa del condemnat també va qüestionar que no existís una prova directa que l’acusat hagués abandonat la badia després del primer episodi i hi hagués tornat posteriorment. El tribunal, però, considera que aquesta circumstància es desprèn de les proves disponibles. Atès que es tracta d’una badia concorreguda i que sobre l’acusat pesava una ordre d’allunyament, no resulta raonable pensar que s’hi hagués quedat esperant una possible intervenció policial, argumenta el tribunal. A això cal afegir que el perjudicat no el va tornar a veure entre tots dos episodis. Per aquests motius, la magistrada considera que la continuïtat delictiva es basa en una valoració racional del conjunt de les proves i rebutja els arguments de la defensa de Soler Cardona. En conseqüència, desestima íntegrament el recurs.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de seis meses de prisión por un delito de coacciones al empresario ‘pirata’ Evaristo Soler Cardona dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa. El juez de primera instancia también había condenado a Soler Cardona por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro delito de daños, según el fallo al que ha accedido en exclusiva elDiario.es. Por el primer delito deberá cumplir una pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios, en total, 8.640 euros y, por el segundo, cumplirá una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, en total, 4.320 euros. Además, deberá indemnizar al denunciante, François Xavier Crone, con 3.283 euros por los daños ocasionados a su barco.

Los hechos se remontan al 22 de junio de 2024, cuando Soler Cardona, pese a tener en vigor una orden judicial que le prohibía aproximarse a menos de 100 metros de la bahía de Porroig (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), amenazó al patrón de un catamarán fondeado en la zona. “Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, le espetó en alusión a su bote, tal como recoge la sentencia. El acusado tenía entonces en vigor una medida cautelar que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de la bahía, dictada en el marco de una causa penal por un delito contra la flora.

La condena incluye también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de Crone, de su domicilio y lugar de trabajo, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años. El fallo establece que el impago de las multas conllevará un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Además, tendrá que hacerse cargo de todas las costas del procedimiento.

La acusación particular la ha ejercido la abogada Azucena López Acebes en representación del afectado. elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa para conocer si tiene intención de recurrir y realizar alguna valoración sobre la sentencia, pero no ha respondido a las consultas de este periódico en el momento en que se publica esta noticia.

La jueza valida la identificación del acusado

En la sentencia de primera instancia ahora confirmada por la Audiencia, la jueza consideró probado que el 22 de junio de 2024 Evaristo Soler Cardona se dirigió a uno de los catamaranes fondeados en la bahía de Porroig y amenazó a su capitán. Según el relato recogido en la resolución, Crone no volvió a verlo durante el resto de la tarde y la noche.

La víctima se quedó en estado de nerviosismo después de lo que acababa de vivir, dado que la actitud del acusado se había iniciado en 2021, aunque la intensidad de la “perturbación” había escalado en los últimos tiempos. El objetivo no era otro que no permitirle fondear en la bahía. Debido a este incidente, el denunciante decidió no bajar al camarote y quedarse en el salón en actitud de duermevela. Hacia las tres de la madrugada ya del día 23, el denunciante “oyó, de repente, un golpe seco, dándose cuenta de que su embarcación había colisionado con otra que se hallaba igualmente fondeada porque el ancla había sido levantada, quedando el barco a la deriva”.

Tras este incidente, el afectado salió a cubierta inmediatamente, dándose cuenta del golpe porque su barco tenía desperfectos tanto en la fibra como también en la madera (en la aleta de la parte trasera derecha de la embarcación). Acto seguido, puso el motor en marcha “para alejarse de las rocas”, viendo en ese momento en el agua unas burbujas, compatibles con las que se forman “cuando una persona está buceando”. Así, observó junto a las burbujas cómo se dibujaba una “masa importante” de gran envergadura, que salió a flote, que según el denunciante era el acusado, quien se quitó el regulador y se dirigió a la víctima de forma intimidatoria. “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, amenazó, recoge la sentencia. Según la víctima, esa noche había luna llena, por lo que pudo identificar al acusado perfectamente, pero lo que más le ayudó a identificarle, sin ningún género de duda, “fue que le reconoció la voz, de forma categórica y rotunda”.

Del mismo modo, con el propósito de disuadirle de fondear en la bahía, así como de causar daños en los bienes propiedad de la víctima, Soler Cardona “rajó con un objeto cortante su embarcación auxiliar, que llevaba sujeta con los pescantes”. Se trataba de una neumática perfectamente sujeta por los pescantes y que estaba rajada al menos por 10 o 12 cortes y en el agua. Según el peritaje aportado por el denunciante, los daños ocasionados ascendían a 3.283 euros, que fueron reclamados también al denunciado.

El tribunal da plena solidez a la declaración de la víctima

La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Gemma Robles, desestima de manera íntegra el recurso interpuesto por la defensa del empresario y ratifica punto por punto el fallo dictado en primera instancia. El tribunal desacredita así los argumentos del condenado y da plena solidez y veracidad a la declaración de la víctima.

La defensa sostiene que se valoró de forma incorrecta la prueba y que la identificación del acusado carecía de fiabilidad al haberse producido de madrugada y en condiciones de visibilidad y audición deficientes. También cuestionó que Soler Cardona pudiera haber realizado los hechos desde el agua, dada la posición elevada de la neumática, y señaló supuestas contradicciones en el relato de Crone así como la enemistad previa entre ambos que podría afectar a su credibilidad.

El recurso alegaba, además, que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque la condena descansaba esencialmente en la declaración de la víctima, sin corroboración objetiva suficiente. La defensa destacó la ausencia de pruebas periciales, testimonios independientes o elementos técnicos que acreditaran la participación del empresario. Sin embargo, el tribunal ha rechazado estos argumentos.

En cuanto al delito continuado de quebrantamiento, la defensa de Soler Cardona sostenía que no hay base para considerar que existiera una reiteración de los hechos; afirma que la sentencia solo describe un episodio y que la continuidad delictiva se ha fundamentado indebidamente en sus antecedentes penales.

El tribunal de la Audiencia Provincial desesima este argumento y señala que los hechos probados describen en realidad dos episodios diferenciados, aunque ocurrieran el mismo día. El primero tuvo lugar durante el día e incluyó amenazas directas. El segundo se produjo por la noche y, según la sentencia, esas amenazas se materializaron con la acusación de daños. Para el tribunal, ambos episodios están vinculados por un mismo propósito y constituyen un delito continuado.

La defensa del condenado también cuestionó que no exista una prueba directa de que el acusado abandonara la bahía después del primer episodio y regresara posteriormente. El tribunal, sin embargo, considera que esa circunstancia se deduce de las pruebas disponibles. Al tratarse de una bahía concurrida y pesar sobre el acusado una orden de alejamiento, no resulta razonable pensar que permaneciera allí esperando una posible intervención policial, argumenta el tribunal. A ello cabe añadir que el perjudicado no volvió a verlo entre ambos episodios. Por estos motivos, la magistrada considera que la continuidad delictiva se basa en una valoración racional del conjunto de las pruebas y rechaza los argumentos de la defensa de Soler Cardona. En consecuencia, desestima íntegramente el recurso.

Las patronales turísticas canarias (Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura y la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote) han advertido de que una liberalización generalizada de los usos residenciales en los establecimientos turísticos pondría en riesgo la continuidad del sector extrahotelero de las Islas, con graves consecuencias, según ellos, para el empleo, la actividad económica, los ingresos fiscales y la calidad y competitividad del destino. 

Las organizaciones empresariales consideran necesario dar respuesta a las distintas situaciones que se han generado durante décadas en numerosos complejos turísticos y adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado y de la comercialización turística. Pero advierten de que una cosa es modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y otra muy distinta permitir una liberalización indiscriminada de usos que terminaría desdibujando la naturaleza turística de los establecimientos. 

FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan respaldan, desde esta perspectiva, el planteamiento en el que trabaja la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que busca, en su opinión, “adaptar la regulación a la realidad actual manteniendo al mismo tiempo las condiciones necesarias para que los establecimientos turísticos puedan continuar funcionando de manera ordenada y competitiva”. Para las patronales, cualquier reforma debe preservar una cuestión esencial: los costes, servicios y obligaciones necesarios para mantener un establecimiento turístico de calidad tienen que seguir siendo afrontados de manera conjunta. El mantenimiento de las zonas comunes, la renovación de las instalaciones, los servicios que recibe el visitante y unos estándares homogéneos de calidad no pueden quedar sometidos a una progresiva fragmentación de intereses dentro de cada complejo. 

Las organizaciones empresariales advierten de que, bajo su criterio, el debate trasciende ampliamente los intereses de propietarios o empresas concretas. Lo que está en juego es “la continuidad de un subsector que constituye una parte esencial del modelo turístico de Canarias y que genera miles de puestos de trabajo, actividad económica e importantes ingresos para las administraciones públicas”. De hecho, añaden, la experiencia acumulada en las principales zonas turísticas de las Islas permite conocer las consecuencias de la pérdida de plazas extrahoteleras. Y citan estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, aseguran, han analizado el impacto económico y laboral de los procesos de residencialización. En las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas celebradas en 2024 se cifró en 3.586 millones de euros anuales la pérdida de facturación asociada a la residencialización de inmuebles turísticos en Canarias, junto a 943 millones de euros de merma en la recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo. 

Las patronales consideran que estas cifras obligan a abordar cualquier modificación legislativa desde la perspectiva del interés general. La transformación progresiva de plazas turísticas en viviendas no afecta exclusivamente al propietario de cada inmueble: reduce la capacidad alojativa reglada, compromete la viabilidad económica de los establecimientos, dificulta su renovación y mantenimiento y repercute finalmente sobre el empleo, los ingresos públicos y la calidad de la oferta. Por otro lado, añaden, la convivencia indiscriminada de usos puede provocar además una creciente fragmentación de los complejos. Un establecimiento extrahotelero necesita mantener zonas comunes, instalaciones, servicios y equipamientos que requieren inversiones permanentes. Si una parte creciente de sus unidades deja de participar de manera efectiva en la actividad turística, resulta cada vez más difícil sostener económicamente esos servicios y acometer las inversiones necesarias para mantener los estándares de calidad que exige un destino competitivo. 

Además, los empresarios señalan que ya han advertido en ocasiones anteriores de esta relación entre residencialización, pérdida de actividad y deterioro del destino, según ellos. Los estudios manejados por empresarios y sindicatos han señalado igualmente el efecto de estos procesos sobre la recaudación pública y el empleo. Desde esta perspectiva, FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan muestran su rechazo a una reforma que suponga en la práctica la liberalización general de los usos residenciales en establecimientos turísticos. 

Las organizaciones empresariales consideran legítimo abordar las situaciones particulares existentes y analizar específicamente los procedimientos sancionadores que afectan a determinados propietarios. Pero advierten de que la solución a esos problemas no puede consistir en una modificación legal que permita extender hacia el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos para formar parte de establecimientos turísticos. Sin embargo, no mencionan nada sobre lo contrario, la proliferación de viviendas vacacionales en edificios y barrios residenciales.

Los empresarios turísticos insisten, por tanto, en que la reforma debe buscar un equilibrio entre los legítimos derechos individuales y la defensa de un interés colectivo que afecta, según ellos, al conjunto de Canarias. El sector extrahotelero forma parte esencial de la historia turística de las Islas, de su tejido de pequeñas y medianas empresas y de una oferta que ha contribuido durante décadas a la generación de riqueza y empleo. 

Además, recuerdan que los propietarios que puedan acreditar un uso residencial de sus inmuebles turísticos anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantener dicho uso en los términos establecidos legalmente. Por ello, consideran que existe margen suficiente para reconocer y proteger situaciones residenciales consolidadas sin abrir la puerta a que nuevos inmuebles concebidos para el alojamiento turístico abandonen progresivamente esta actividad.

Polémica en el Real Madrid después de que los franceses Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté y el brasileño Vinícius Jr. decidieran no lucir la camiseta con mensajes de apoyo al pueblo de Ceuta, en una iniciativa promovida por empresarios valencianos. Ocurrió en la noche del martes, en el partido contra el Elche CF en el estadio del conjunto alicantino. Los jugadores titulares de ambos equipos saltaron al campo con las camisetas puestas, salvo los tres futbolistas.

En imágenes difundidas por LaLiga en el túnel de vestuarios, los franceses y el brasileño se muestran visiblemente contrariados cuando el cuerpo técnico del Real Madrid les indica que deben formar parte de la campaña. Finalmente aceptan, pero con la camiseta desenrollada a la mitad en el pecho y con el texto ilegible.

Ya en el campo, mientras la megafonía y los aficionados ilicitanos coreaban el himno del Elche, el equipo visitante hizo el habitual pasamanos con los locales. Para entonces, Mbappé y Vinícius (Konaté no aparece en estas imágenes) se han quitado por completo la camiseta en favor de Ceuta, al contrario que el resto de jugadores.

Según recoge el Libertad Digital de fuentes del Real Madrid, el club no tomará ninguna medida contra los deportistas ni hablará con ellos sobre este asunto. El vestuario es “un grupo humano con diferentes sensibilidades” que pueden “pensar y actuar conforme a sus propias convicciones”, por lo que “la libertad individual está por encima de todo”, cita el medio.

Quién está detrás de la campaña

La iniciativa parte de la Asociación Valenciana de Empresarios, el lobby de los grandes empresarios de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentran Juan Roig, Vicente Boluda —que presidió durante unos meses el Real Madrid en 2009, justo antes de la segunda etapa de Florentino Pérez— o Adolfo Utor.

El objetivo de la campaña, asegura la asociación, es “trasladar un mensaje de solidaridad, cercanía y cohesión territorial y social en España”. “Como empresarios y como ciudadanos españoles, no queremos quedarnos al margen, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que la situación está teniendo en la economía, el empleo del territorio y el conjunto de la sociedad”, defienden sobre su participación en la inicitaiva asumida por algunos clubes de LaLiga.

En la parte posterior, la camiseta muestra el lema 'Todos somos caballas (Ceuta y sus caballeros de la mar)', acompañado del pez. En la espalda, figura el escudo español y el nombre de la ciudad autónoma.

Las amenazas contra el jugador marroquí Ez Abde

Las camisetas se han utilizado en más partidos de LaLiga. De uno de ellos, precisamente, surgió otra polémica, por el motivo opuesto. Fue en el Villarreal-Betis, también en la Comunitat Valenciana. El jugador Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Ez Abde, nacido en Beni Melal pero con doble nacionalidad marroquí y española, portó una el mensaje proceutí. Horas más tarde, recibió amenazas por parte de usuarios marroquíes en redes sociales y le acusaron de “abandonar su patria”.

“En ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”, escribió, y agregó: “Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces”, escribió posteriormente el futbolista de la selección marroquí en redes.

El Betis, por su parte, salió en defensa de su jugador: “Un ejemplo de solidaridad y humanidad”.