La Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, ha cerrado cuentas anuales alcanzando los 300 millones de euros de facturación, lo que consolida su posición como líder del comercio urbano de Canarias y polo de atracción para la economía de la isla, según resalta esta asociación empresarial. Con más de 1.300 establecimientos, una ocupación comercial superior al 85% y una trayectoria de más de tres décadas, este eje comercial continúa creciendo y reforzando su atractivo para residentes, visitantes y empresas.

La Asociación de Empresarios, fundada en 1995, agrupa actualmente a más de 160 empresas y entre sus objetivos está el fortalecer el comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica y consolidar a Mesa y López como el principal destino de compras y servicios urbanos de Canarias.

Con 800.000 metros cuadrados, la Zona ha “pisado el acelerador con un ambicioso plan de mejora y crecimiento como destino comercial inteligente, moderno, completo y competitivo, poniendo la experiencia en el centro y respondiendo a varias de las demandas históricas de la ciudadanía”, expone la Asociación.

Prioridades de cara a la mejora de la zona

Este eje comercial, que se extiende desde el Estadio Insular hasta Franchy Roca y desde la Base Naval hasta la Plaza de América, según el plan director aprobado por las administraciones públicas, se ha consolidado como uno de los ecosistemas comerciales abiertos más completos del archipiélago, afrontando ahora una nueva etapa centrada en seguir mejorando la competitividad y la experiencia de quienes visitan la zona.

Entre las prioridades, la asociación destaca la necesidad de incrementar la disponibilidad de aparcamientos asequibles y cercanos, una de las principales demandas detectadas y un factor determinante para facilitar el acceso de nuevos clientes y aumentar la afluencia de visitantes. “La mejora de la movilidad y la accesibilidad se considera una actuación estratégica para seguir impulsando el crecimiento del comercio local”, recalca.

Junto a esta prioridad, la Asociación promoverá actuaciones dirigidas a mejorar la limpieza del entorno urbano, reforzar la iluminación en aquellas calles donde resulta insuficiente, favorecer una mayor integración de la zona comercial en la programación cultural de la ciudad y potenciar la conexión con el Puerto para incrementar la llegada de visitantes.

Se trata de medidas concebidas para ofrecer una respuesta moderna, eficaz y eficiente a las necesidades actuales del comercio urbano, contribuyendo a mejorar la calidad del espacio público y la experiencia de compra.

La zona comercial cuenta actualmente con unos 36.000 residentes, una cifra que se multiplica durante la celebración de eventos organizados por la Asociación. Iniciativas como el Market de Zona Mesa y López han reunido a más de 65.000 personas en apenas tres días, mientras que actividades como los concursos de pintura rápida y fotografía continúan registrando una elevada participación, consolidando el área como un espacio comercial y social de referencia.

Con estas mejoras, entre otras centradas en la gestión, logística, tecnología y digitalización, Zona Mesa y López afronta el reto de seguir creciendo de forma sostenible, con una estrategia para aumentar en un 20% la afluencia peatonal y llegar a un mercado potencial de más de 150.000 personas.

Esta área comercial se caracteriza por una gran diversidad de actividades, que abarca desde el comercio minorista y grandes superficies hasta servicios, restauración y ocio, aglutinando pequeño comercio, asesorías jurídicas y fiscales, hostelería, clínicas de salud y belleza, centros estéticos y otros servicios profesionales en un mismo espacio en equilibrio, defiende la asociación.

Crecimiento continuado

La Zona Comercial Abierta Mesa y López es uno de los principales referentes del comercio urbano en Canarias y un espacio cuya evolución ha estado estrechamente ligada al crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su origen se remonta al desarrollo de la ciudad hacia la zona Puerto durante el siglo XX, impulsado por hitos como la construcción del Puerto de La Luz, la apertura del Mercado Central, el Estadio Insular o la consolidación de la propia avenida Mesa y López.

Desde entonces, este eje comercial ha acompañado la transformación de la capital, convirtiéndose en una auténtica historia viva del desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.

La Junta de Andalucía ha destacado el potencial del sector de la defensa como una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo de calidad en la región, consolidada ya como uno de los grandes motores en España en este ámbito.

Así lo han resaltado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la presentación de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, una iniciativa promovida por los principales clústeres empresariales del sector en la comunidad con el respaldo del Gobierno andaluz.

Durante el acto celebrado en Sevilla junto a Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub, los responsables de la Junta han subrayado en un comunicado esa posición de liderazgo andaluz en un sector especialmente relevante en el actual contexto internacional.

Según los datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Andalucía es la segunda región española en la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, solo por detrás de Madrid, “gracias a un ecosistema industrial que integra grandes empresas tractoras, una amplia red de pymes especializadas, universidades, centros tecnológicos y proyectos estratégicos distribuidos por todo el territorio”, ha justificado la vicepresidenta tercera de la Junta.

Incentivos millonarios

Por su parte, el consejero de Universidad e Industria ha celebrado que “Andalucía gracias a la constitución de esta alianza y el apoyo decidido del Gobierno regional compite hoy con mayor firmeza y capacidades para captar oportunidades industriales dentro de los programas europeos, nacionales y OTAN”.

Con la aspiración de lograr este objetivo de mayor carga de trabajo para Andalucía, Paradela ha detallado que el Ejecutivo regional tiene en marcha políticas específicas e instrumentos de apoyo como incentivos y financiación reembolsable de Andalucía Trade, que ascienden a 540 millones que irán saliendo en distintas convocatorias este año.

Así, los incentivos complementarios para atraer grandes proyectos industriales, con una partida de 150 millones; los 47 millones en fondos de Transición Justa para la industria logística, naval y de aviación sostenible o los 31 millones en incentivos para el desarrollo de sistemas satelitales y drones 100% andaluces.

Según ha detallado Carolina España, la actividad vinculada a la defensa, la seguridad, la aeronáutica y el espacio genera en Andalucía un impacto económico superior a los 3.020 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB regional, y sostiene cerca de 35.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Además, se trata de un sector que destaca por su “elevada capacidad de internacionalización”. Las exportaciones andaluzas relacionadas con la defensa, la aeronáutica y las industrias asociadas alcanzaron los 2.512 millones de euros en 2025, lo que supone que casi una de cada cuatro exportaciones españolas de estos productos tuvo origen en Andalucía. Además, la comunidad registra un superávit comercial de 1.393 millones de euros en estas actividades. “Al final, cuando el talento andaluz se une y se organiza, esta tierra es absolutamente imparable”, ha dicho.

100 millones para la base logística del Ejército en Córdoba

Asimismo, el consejero Paradela ha añadido que “el de la defensa es una industria que genera valor añadido, empleo y riqueza y tenemos la ambición de que todo esto vaya a más”. Así, “hay una apuesta decidida por parte del Gobierno de Andalucía, coordinada desde Universidad e Industria y el impulso de todas las consejerías, por hacer de la comunidad una referencia europea en este sector”.

En esa línea, Carolina España ha subrayado que la Junta ya ha comprometido una aportación de 100 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Y ha apuntado que Andalucía cuenta con activos industriales de referencia como el polo aeroespacial de Sevilla, “uno de los más importantes de Europa”; la industria naval de la Bahía de Cádiz y compañías líderes como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, además de iniciativas estratégicas como el Cetedex en Jaén, el CEUS en Huelva o el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.

Por ello, el Gobierno andaluz confía en que esta iniciativa contribuya a impulsar nuevos proyectos empresariales, favorecer la participación de las empresas andaluzas en contratos estratégicos, atraer inversiones y consolidar el liderazgo industrial de Andalucía.

Este martes se ha presentado en Albacete la XIV edición del Programa Sherpa, una iniciativa para formar, asesorar y acompañar a 25 emprendedores que participarán en un itinerario que combina formación, consultoría, mentoring y networking. Está diseñado para “transformar ideas de negocio en proyectos viables, sólidos y con potencial de crecimiento”, según afirma un comunicado.

Este programa, que ya ha acompañado a un total de 395 proyectos empresariales a lo largo de todas sus ediciones, está impulsado por la Confederación de Empresarios de Albacete y cuenta con el patrocinio principal de la Diputación; la colaboración del Ayuntamiento de Albacete y BBVA; y con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha como 'partner' estratégico.

El Programa Sherpa ofrecerá talleres de formación, consultorías personalizadas, mentoring empresarial y asesoramiento técnico, además de un 'training day' en el que se trabajarán habilidades clave y se fortalecerá el autoconocimiento.

La inscripción se puede hacer a través de la página web del programa hasta el 4 de septiembre.

Elevada tasa de supervivencia de los proyectos impulsados

En la presentación han participado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, acompañado por el diputado coordinador del Área Social, José González, ha participado este martes en la sede de FEDA en la presentación de la XIV edición del Programa Sherpa.

Cabañero ha reivindicado el papel de Sherpa como uno de los programas de referencia para el emprendimiento en Castilla-La Mancha, destacando que “ya está entrando en su madurez, no sólo por edad, sino por los resultados obtenidos. Es un programa sólido, del que cada vez todos nos sentimos más orgullosos”.

Por su parte, el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, ha destacado que Sherpa afronta su decimocuarta edición “con la misma ilusión del primer día”, después de haber acompañado ya a 395 personas emprendedoras y de haber demostrado una elevada tasa de supervivencia de los proyectos impulsados.

Ha animado a quienes tengan una idea empresarial a presentar su candidatura antes del 4 de septiembre, convencido de que el programa constituye “uno de los mejores instrumentos para que un negocio sea viable y tenga futuro”.

Por su parte, Cristina Díaz García, en representación de la UCLM, ha subrayado que el emprendimiento constituye una herramienta fundamental para generar empleo, retener talento y favorecer el desarrollo regional, destacando el valor del acompañamiento que ofrece Sherpa y poniendo en valor la colaboración entre universidad, empresas e instituciones para fortalecer el ecosistema emprendedor.

La directora de Negocio Minorista de BBVA, Maribel Villar, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el tejido empresarial albacetense, señalando que apoyar a quienes emprenden supone apostar por la innovación, el empleo y el bienestar de la provincia.

Asimismo, ha animado a las personas emprendedoras a aprovechar una iniciativa que incrementa notablemente sus posibilidades de éxito en los momentos más decisivos de cualquier proyecto empresarial.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reconocido la labor que desarrolla FEDA como aliado del desarrollo económico de la ciudad y de la provincia, destacando que Sherpa constituye un instrumento eficaz para transformar buenas ideas en empresas viables y reforzar la cultura emprendedora como base para generar empleo, riqueza y futuro.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.

Castilla-La Mancha lidera el Índice de Confianza Empresarial Armonizado para el tercer trimestre de este año con 148,9 puntos, el mayor registro de todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional de 138,2 puntos. Además, este índice creció un 3,6% en su tasa trimestral, también por encima de la tasa nacional, que se situó en el 3,2%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con respecto a las expectativas de las empresas de la región sobre el trimestre que comienza, un 22,7% tiene una visión favorable, el 60,2% una normal y el 17,1% desfavorable.

En cuanto al trimestre recién finalizado, el 23,4% de las empresas consultadas ha hecho un balance favorable, el 60,5% normal y el 16,1% desfavorable.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado estos datos, aplaudiendo que sea la región “en la que más confía el empresariado” para sus propios proyectos. “Llevamos ya así muchos trimestres, si no los segundos, los primeros, y encabezando ya mucho tiempo seguido”, se ha expresado durante su intervención en el acto en el que ha sido nombrado Académico de Honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

Además, ha hecho hincapié en que “este año hemos ampliado la diferencia con los que vienen detrás. Ser depositarios de la confianza del empresariado nos llena sobre todo de mucho orgullo y de mucha ilusión”, ha finalizado.

Datos nacionales

A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se disparó un 3,2% en el tercer trimestre del año, su mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

Con el alza de la confianza empresarial para el periodo julio-septiembre, que se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado (abril-junio), este indicador vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3% del segundo trimestre de año.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.

Este avance del indicador de situación actual es resultado del aumento de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del retroceso de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (segundo trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 23% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 13% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 64% que hablan de normalidad.

Estos porcentajes fueron del 18,8%, del 17,5% y del 63,7%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Las expectativas mejoran casi 5 puntos

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el tercer trimestre de este año en 9,1 puntos, frente a los 4,8 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre julio y septiembre de este año se ha situado en el 23%, lo que supone dos puntos más que el comunicado en el trimestre anterior y el porcentaje más elevado desde hace un año.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el tercer trimestre de manera normal han subido desde el 62,8% del trimestre anterior al 63,1%, al tiempo que ha disminuido la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 16,2% al 13,9%. El ICEA, que tiene una periodicidad trimestral y es comparable a nivel europeo, se elabora a partir de una muestra representativa de establecimientos empresariales.

El 16,5% de los empresarios españoles prevé que suban los precios

Según el INE, el 16,5% de los empresarios españoles prevé que suban los precios en el tercer trimestre de este año, mientras que solo el 4,7% estima que bajarán.

En lo que respecta a las plantillas, también el 13,8% de los empresarios españoles prevé crear empleo entre julio y septiembre, en tanto que el 9,5% espera reducir personal.

Según Estadística, la confianza empresarial para el tercer trimestre de 2026 registra su mayor alza en las empresas de menos de diez empleados (+4,3%), mientras que las de 50 a 199 asalariados presentan el menor (1,8%).

Los cinco sectores analizados por el INE subieron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor ascenso (7,4%), mientras que el comercio registró el menor (1,1%).

La confianza empresarial subió en el tercer trimestre de 2026 respecto al trimestre previo en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se producen en Islas Baleares (6,6%), Asturias (5,4%) y Cantabria (4,9%), mientras que los ascensos más moderados de la confianza se los anotan Canarias (0,4%), Euskadi (1,5%), Navarra (1,9%) y Galicia (2,1%).

Para la elaboración de este indicador se toma como referencia metodológica la OCDE, el Ifo alemán y, sobre todo, el Tankan japonés, que elabora el Banco Central del país nipón.

Con más de 50 años de historia, Escayescos es una empresa especializada en la fabricación de placas de yeso laminado y productos complementarios para sistemas de construcción en seco. Jorge Juan Peláez, su CEO, señala que el objetivo es “ofrecer soluciones que contribuyan a una construcción más eficiente, sostenible y de mayor calidad”.

Con sede en el municipio jiennense de Alcaudete y rodeado de olivares, Escayescos controla todas las fases de producción en sus instalaciones, desde la extracción de yeso de sus tres canteras, hasta la venta final al cliente. Por otro lado, realizan “una importante inversión en I+D, sostenibilidad y desarrollo de nuevas soluciones que responden a las necesidades del mercado”, afirma Peláez.

Sus pilares son calidad, innovación, sostenibilidad y compromiso con el cliente, lo que les permite mantener una “trayectoria ascendente” con presencia tanto en el mercado nacional, como en el internacional. “Creemos que una empresa solo puede crecer si ofrece productos fiables, mantiene una escucha activa del mercado y actúa con responsabilidad hacia las personas y el medio ambiente”, señala Peláez.

Un presente sostenible

Para conseguir este crecimiento, Escayescos considera importante mantener una relación estrecha con distribuidores, instaladores y prescriptores, a los que ofrece asesoramiento y formación para “asegurar la correcta aplicación de nuestros sistemas”. Además, colaboran de forma paralela con arquitectos e ingenieros que “buscan soluciones de alto rendimiento para sus proyectos” de forma independiente. 

Como empresa industrial, se enfrentan a “la volatilidad del precio de las materias primas y de la energía, la creciente competencia nacional e internacional o la evolución constante de las exigencias medioambientales”. Sin embargo, para hacerle frente, cuenta con una plantilla de más de 100 personas, donde el 60% son mujeres, “una cifra muy superior a la media de la industria”, destaca Peláez.

Con el objetivo de realizar una construcción más sostenible, cuentan con certificaciones medioambientales como las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), BREEAM, LEED, Certificación Verde y la certificación AENOR N Sostenible, lo que “avalan nuestro compromiso con la reducción del impacto ambiental”. Por otro lado, también participan en iniciativas solidarias y de apoyo porque entienden que “una empresa también debe aportar valor a la comunidad”.

La herencia de un padre 

Pese a tener unos comienzos complicados, el padre de Jorge Juan Peláez y sus socios pusieron en marcha Escayescos como una oportunidad de entrar en un sector, como es el de los materiales de construcción basados en yeso, con un gran potencial de crecimiento. “Mirando atrás, aquellos inicios fueron el fundamento de una empresa que hoy continúa evolucionando, pero manteniendo el mismo espíritu emprendedor con el que nació”, señala Peláez.

Gracias a la constancia, la capacidad de adaptación y la apuesta por la calidad, la empresa creció de forma sostenida hasta conseguir sus logros actuales. “Desde el principio tuvieron -su padre y los socios- la convicción de que el éxito pasaba por ofrecer productos fiables, un servicio cercano y una mejora continua, valores que siguen formando parte del ADN de Escayescos”, destaca Peláez.

Su hoja de ruta pasa por seguir creciendo de forma sostenible, reforzando su presencia en mercados internacionales y ampliando la oferta de soluciones constructivas. “Queremos continuar desarrollando nuevos productos con mayores prestaciones técnicas y medioambientales, impulsar la automatización de nuestros procesos y fortalecer nuestra posición como fabricante de referencia”, afirma Peláez, por lo que continuarán trabajando en la formación de profesionales y desarrollando soluciones que contribuyan a una construcción más eficiente, rápida y sostenible.

Tras las numerosas críticas al discurso de Alberto Núñez Feijóo sobre recortar lo que ganan los trabajadores enfermos, el Partido Popular y varios miembros de la patronal se lanzaron a difundir un nuevo mensaje. El “absentismo”, como llaman a las bajas médicas, “perjudica a los compañeros de trabajo”. Un marco con el que se asimilan el incremento de las ausencias al fraude o el abuso masivo, sin datos e ignorando otras muchas causas del aumento, y en el que se pone en la diana a los trabajadores enfermos frente al resto.

“El absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada”, ha criticado el responsable económico del PP, Alberto Nadal. “Resultado: empresas asfixiadas, compañeros cargando con trabajo ajeno y 18.400 millones de coste para la Seguridad Social”, concluía.

El portavoz del PP Borja Sémper apuntaba por su parte que “quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en COMBATIR EL FRAUDE y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos”.

En la patronal, el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, respaldaba al PP frente a las críticas con un argumento similar: “El absentismo es un problema grave que perjudica a empresas, a la seguridad social y a los compañeros de trabajo”.

Desde la CEOE y otras patronales incluyen a menudo este discurso en sus críticas al “absentismo”, en las que aseguran que están tratando de “proteger” a sus plantillas ante el abuso de las bajas, aunque no cuantifican este supuesto incremento del fraude.

Fuentes de CEOE sitúan el “problema del absentismo” en una cuestión de salud, primordialmente. “Dicho esto, cuando una persona, por estas causas, prolonga su baja, lo que se está produciendo es una serie de efectos que no se puede obviar”, añaden en la organización empresarial.

“Un coste para la Seguridad Social, también para las empresas; y también problemas organizativos y, en muchos casos, una sobrecarga temporal de trabajo para otros trabajadores”, sostienen los empresarios.

Celebrar a quienes “nunca se cogen la baja”

El responsable económico del PP ha destacado otro de los datos más usados por las patronales: “El 70% de los españoles nunca cogen una baja”. Es un dato habitual en los discursos de Alberto Nadal, acompañado de críticas como que el Gobierno manda el mensaje de que “trabajar es opcional”, en referencia a la defensa de la reducción de la jornada laboral y de permisos retribuidos, como los climáticos.

La contraposición entre quienes van “siempre” al trabajo (quienes “no faltan ni un solo día” a su puesto) frente a las personas que sí se ausentan es bastante llamativo cuando de lo que se está hablando es de bajas médicas. Es decir, de ausencias por enfermedad.

Porque enfermar no es una elección, ni siquiera una situación deseable, sino algo que querrían evitar las personas afectadas y que lastra su bienestar y salud, advertían esta semana desde CCOO, donde lamentaban que se está dibujando una imagen distorsionada de cómo funcionan las bajas y de supuestas ausencias “sin justificación” de trabajadores, que simplemente no existen en España.

Aunque el PP y la patronal aseguran que no dirigen sus mensajes contra los trabajadores enfermos, es precisamente ese motivo –estar enfermo y no poder ir al trabajo– lo que sitúa a las personas fuera de ese colectivo celebrado: los que no faltan “nunca” al trabajo.

“Partidos que aspiran a gobernar están apostando por un modelo de 'libertad de odiar'. Los jóvenes, a los pensionistas; los nacidos en España, a los migrantes; y ahora los trabajadores sanos, a los enfermos”, critica Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT.

“Es un discurso muy peligroso. Quiere hacer responsable a los compañeros enfermos, en contra de la responsabilidad de empresas de organizar el trabajo y las ausencias”, continúa Patricia Ruiz, que recuerda que muchas veces son los propios empresarios quienes sobrecargan de trabajo a las plantillas en España, uno de los países con más estrés laboral de la UE, o quienes obligan a los trabajadores a hacer horas extra sin pagar.

“No estamos diciendo que la culpa sea del trabajador enfermo y, por tanto, no debería producirse ningún tipo de enfrentamiento”, responden al respecto en la patronal CEOE.

La excusa de un “fraude” masivo que no cifran

Estos discursos se justifican a menudo por los casos de abuso o fraude en las bajas. Es decir, que no es que señalen a los trabajadores enfermos, sino solo a quienes abusan del sistema. Así lo ha hecho de nuevo ante las críticas el PP, que eleva la magnitud del fraude a algo masivo, pero sin dar cifras al respecto.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha llegado a afirmar que el gasto derivado de las bajas médicas debería reducirse más de la mitad, algo imposible sin recortes. “Que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”, afirmó.

“Fraude hay como en todo en esta viña del Señor, que dirían algunos. Pero, si alguien tiene constancia de fraude masivo, lo que debería hacer es aportar los datos”, sostiene Paulino Cubero, médico de Atención Primaria y miembro de semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria).

Cubero advierte de que estos discursos de supuesto fraude masivo “nos acusa también a nosotros, los médicos, que somos los que estamos dando la cara”. El sanitario destaca también cómo a menudo se divide a los pacientes de baja según sus patologías, y se exceptúa de las críticas “a los pacientes de cáncer, porque están muy malitos, pero los demás parece que no son tan importantes”. “Para mí son importantes todos mis pacientes, cada uno con su problema”, afirma el médico de familia.

Los sindicatos piden ir a las causas reales del aumento de bajas, como la saturación de la sanidad pública y del INSS o el deterioro de la salud mental, para poder abordar este tema. Desde semFYC han elaborado también un documento de propuestas para aligerar la atención y la recuperación de los trabajadores, como permitir que los médicos de familia pidan resonancias o que los médicos especialistas asuman el seguimiento de las bajas de los pacientes que tratan, explica Paulino Cubero.

El Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda, tiene como el objeto de contribuir a la motivación de los emprendedores en la búsqueda de oportunidades e ideas empresariales, promover el reconocimiento social de la figura del empresario y divulgar su labor al servicio de la sociedad.

En este sentido, los VI Premios Empresariales de La Rinconada reconocen la labor, innovación y trayectoria del tejido comercial local en cuatro categorías oficiales: Emprendedores, Trayectoria Empresarial, Empresa Innovadora y Empresa Sostenible. Un jurado de expertos, formado por Isabel Morillo (El Correo de Andalucía), Estrella Álvarez (Vicepresidente de Asociación de empresarios y comerciantes Rinconada Global), Borja Sallago (Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla), Javier Ramajo (Director de elDiario.es Andalucía), Esperanza Fitz (Presidenta de ANSEMAC), Diego García (Onda Cero), Francisco Sánchez (Director de la Voz del Sur), María Luisa García (Directora del Programa de Aceleración de Empresas Rinconada Impulsa), Luis Cordero (Director del Club Cámara Antares. Cámara de Comercio de Sevilla), José Joaquín Trenado (Cadena COPE Sevilla) y Juan Carlos Blanco (Consultor de Comunicación), con la presidencia de la I Teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, quien tuvo la oportunidad de hablar para destacar que se refirió al crecimiento empresarial del municipio a lo largo de los últimos 40 años, poniendo en valor el excelente trabajo del tejido empresarial del municipio y el apoyo que siempre han encontrado en el Consistorio.

“Homenaje merecido a nuestras empresas. Del bar de nuestro barrio al comercio de siempre, pasando por la industria y la tecnología más puntera: este es nuestro tejido empresarial. No queremos ser solo una administración, sino un socio que acompaña cada proyecto desde el primer día. Del campo a Aerópolis, pasando por la gran apuesta logística de Majaravique: seguimos creciendo, pero sin perder lo que somos. Y el dato que lo dice todo: desde 1992, las empresas instaladas en La Rinconada han crecido un 257%. Eso sois vosotros”, apuntó.

Por otro lado, se refería a la estrategia de desarrollo económico que lleva a cabo La Rinconada: “Ciudad para invertir es una estrategia donde posicionamos a La Rinconada como un territorio que se fortalece, como uno de los grandes pulmones empresariales, no sólo de Sevilla, sino también de Andalucía. Estamos trabajando dentro del marco de la planificación, de la ordenación del territorio para tener consolidado o proyectado en desarrollo próximo, en torno a cuatro millones de metros cuadrados, aprovechando nuestras infraestructuras, nuestra ubicación geoestratégica y, sobre todo, la estabilidad, la hoja de ruta de un ayuntamiento que quiere ser aliado motor-palanca, y de la mano de las empresas, los agentes sociales, los trabajadores y las universidades seguir generando riqueza y empleo de calidad a La Rinconada y al conjunto de Andalucía”.

Un acto que estuvo conducido por Rafa Cortegana, director de 101 TV y amenizado por el humor de Jesús Piña y la música de El Domador de Medusas, un proyecto musical creado en Jerez de la Frontera en 2007, formado originalmente por los músicos multiinstrumentistas, Manuel Méijome y Elena Jiménez, quienes fusionan músicas tradicionales europeas con composiciones propias para teatro, literatura y cine.

En la categoría de Emprendedores, el premio recayó sobre Sonora Intelligence, una empresa de programación informática enfocada en la automatización de llamadas a potenciales clientes, creada por Francisco Carnicer, Pablo chiquero y Alejandro Guerrero. El premio fue entregado por los delegados municipales Juan Carlos Expósito y Mercedes Bueno, a los tres fundadores.

El segundo premio reconocía la trayectoria empresarial de PYME y fue a parar a Productores Unidos Sevillanos S.A. (Produce), una cooperativa agraria que se dedica a la recolección y exportación de naranjas y que es imprescindible para el tejido agroindustrial rinconero. Juan Jiménez fue el encargado de recibir el reconocimiento de manos de los ediles Francisco Manuel Díez y Manuel Coronel.

A continuación, se procedía a la entrega de Trayectoria Empresarial Micro PYME, que recayó en la Ferretería Industrial Morilla, un negocio con más de 30 años de historia en la localidad que regenta Antonio Morilla Caballero, que fue el encargado de subir al escenario del Centro Multifuncional Santa Cruz para recibir el galardón de manos de los responsables municipales de Comercio, los ediles Rafael Reyes y Silvia Torres.

El cuarto de los premios reconoció la innovación de Surtruck, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos industriales para su aplicación en los sectores del contraincendio, la limpieza viaria y el mantenimiento de plantas solares. Francisco José Rodríguez y Reyes Romero, delegados municipales, entregaron el galardón a Ana Jesús Reyes, directora Financiera; Antonio Venegas, director Comercial y Juan Gallego, Gerente.

Para cerrar el primer bloque, el último de los premios otorgados por el jurado, que reconocía la sostenibilidad como aspecto reconocido, fue para la empresa Alternativa Ecológica, que centra su actividad en la recuperación de papel y cartón, complementada con la valorización y gestión de otros materiales, desarrollando un modelo de negocio plenamente orientado a la economía circular y la reducción del impacto ambiental. José Manuel Romero Campos y Noelia Ramírez entregaron el reconocimiento a Emilio Fernández Chacón.

Tras un respiro marcado por el humor, volvieron los premios. En este caso, se entregaron diez menciones especiales, divididos en dos bloques, uno primero centrado en firmas con un carácter más industrial, que entregaba Raquel Vega, y otro con carácter más autónomo, que entregó el alcalde, Javier Fernández.

Vega entregó la distinción, que reconoce la trayectoria al frente de sus empresas, a Antonio José Ramírez (Inespasa), Ricardo Vega (Vega e hijos), Octavio Cienfuegos (Transportes Octavio), Francisco Prieto (Soseín y Rinconada Global) y Juan Manuel González Hinojosa (Cerería Nuestra Señora de la Salud), que recogió su hija Emi.

Por último, el primer edil, en uno de los momentos más emotivos de la noche, entregó su distinción a Ana Vega (Bar Bombona), Miguel Ángel y José Manuel Chamorro (La Malcontenta), Soledad Soto y Guadalupe Escolar (Magüe), Mari Carmen Rodríguez (Peluquería Mari Carmen) y Juan Antonio Cano (Bar El Rancho).

Antes de la conclusión, Javier Fernández tomó la palabra para destacar que “Hemos crecido mucho y seguimos teniendo un gran potencial de crecimiento fraguado por una apuesta constante por el emprendimiento, el talento, la innovación y la sostenibilidad, creando las condiciones más adecuadas para que las empresas y los emprendedores quieran instalarse en La Rinconada, como garantía de desarrollo económico y empleo”. El alcalde refirió que “presumimos de apostar por todos los sectores económicos por igual y eso nos permite una diversificación económica que nos aporta mayor fortaleza, porque todos son indispensables y espero que estos premios sean un impulso para seguir adelante, generando riqueza y progreso para La Rinconada”.

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos justificados muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras de cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Ante el Círculo de Empresarios Vascos, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el absentismo laboral es “un cáncer” que cuesta 30.000 millones de euros, y ha prometido que, gobierne con o sin acuerdo con los sindicatos, tomará una decisión. La decisión, traducida, consiste en recortar sueldo y prestaciones a quien no acude a trabajar, sea por una baja médica, un permiso o cualquier otra ausencia que ni se molesta en desagregar. Feijóo no innova, ya que es la enésima expresión de un ideario que recorre toda Europa y que persigue deshacer, una a una, las conquistas del Estado social.

Empecemos por lo que Feijóo prefiere no mirar. Las bajas laborales se concentran de forma abrumadora en los trabajos manuales, esos que castigan el cuerpo: cargar cajas, limpiar, repartir, aguantar jornadas físicamente extenuantes. Es en esas condiciones duras donde florece mayoritariamente el “absentismo” —aunque en los trabajos no manuales hay otro tipo de consecuencias sanitarias—. Eso ya lo dice casi todo: las bajas son el reflejo directo de esas condiciones físicas y psicológicas. Si mejorasen, el número de bajas caería de manera considerable. Cualquiera que hable con profesionales de la sanidad se encuentra el mismo cuadro una y otra vez: bajas producto de la presión, de la precariedad y, en el fondo, de la dificultad del cuerpo humano para adaptarse sin romperse al criterio de la rentabilidad económica que exigen los empresarios.

Hay, además, un factor que Feijóo tiene todavía menos interés en nombrar, porque señala directamente a los gobiernos de su propio partido. Si muchas bajas se prolongan más de lo necesario es, en buena medida, por los recortes en la sanidad pública por parte de las comunidades autónomas. Cuando se estrangula la atención primaria y se disparan las listas de espera, un trabajador que necesita una prueba, una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica puede pasar semanas o meses en el limbo, sin poder reincorporarse porque el sistema que debería curarlo lo hace esperar. La derecha deteriora primero la sanidad pública y después se escandaliza por las consecuencias de ese deterioro. Primero provoca la enfermedad del sistema y luego la presenta como prueba de que sobran derechos.

Y aquí está el núcleo del asunto, como he señalado otras veces. Para los empresarios a los que hablaba Feijóo, esto es un problema de “recursos humanos” que no “rinden” lo suficiente. No por casualidad “recursos humanos” es como se llama en las facultades de economía y los departamentos empresariales a la técnica de “gestionar” a las personas en el seno de la maquinaria extractora de plusvalía. La expresión lo dice todo: el trabajador situado al mismo nivel que un martillo o un tornillo, una herramienta que, cuando se desgasta y deja de rendir beneficio, se descarta. Frente a esa lógica hay que recordar algo elemental, a saber, que las personas somos seres humanos, no engranajes, y no estamos hechas para consumirnos subordinadas al ciclo del capital, a las horas extenuantes y a la disponibilidad permanente.

Nada de esto significa negar que existan casos de abuso, de trabajadores que estiran una baja más de lo debido. Existen, claro. Pero conviene recordar dos cosas. La primera, que los profesionales sanitarios ya cuentan con mecanismos de control para detectarlos y revisarlos, especialmente a partir de los 365 días, cuando la gestión pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social; mecanismos que sin duda pueden mejorarse, pero que existen. La segunda, y más importante, que esos casos son marginales. La derecha los agita como si fueran la norma porque le sirven de coartada: convierte la excepción en argumento para su verdadero objetivo, que es recortar el derecho de todos.

Hay, además, un dato histórico que quisiera destacar. Las bajas laborales de las que se queja Feijóo no existían en el siglo XIX, que parece ser el verdadero modelo de referencia del PP y de las derechas europeas. Aquel era un mundo sin conquistas del trabajo, en el que se encadenaban jornadas de doce, trece o catorce horas sin prestación ni indemnización, sin responsabilidad alguna del empresario, que tenía a su completa merced la vida del trabajador y la de su familia. Frente a esas condiciones se levantó el movimiento obrero, que trajo no solo la democracia como procedimiento formal de votar cada cuatro años, sino precisamente todas estas conquistas sociales que ahora las derechas europeas quieren desarmar. Quejarse de las bajas es, en el fondo, añorar un tiempo en que el cuerpo del trabajador no tenía derecho a enfermar y en el que los abusos de los empresarios no enfrentaban límites.

Alguien podrá objetar que exagero, que la derecha no aspira a tanto, que solo propone ajustes graduales. Pero conviene no engañarse: ese gradualismo es el método. La derecha no privatiza de golpe los servicios públicos ni deroga de un plumazo los derechos sociales; los deteriora poco a poco, estrangulando su financiación y debilitando su capacidad de protección, y espera a que la degradación resultante justifique el desmantelamiento definitivo. En toda Europa la excusa es lo de menos, como hemos visto al canciller alemán apelar a la crisis energética o a la competencia de China para recortar un Estado del bienestar con el que estas derechas nunca se sintieron cómodas. No olvidemos que el cuerpo humano tiene límites pero que el mercado, por sí solo, no los reconoce: precisamente por eso existen los derechos laborales. Pero tenemos dirigentes conservadores que no están ya comprometidos con el pacto social de posguerra que dio lugar a la construcción de instituciones como el Estado social; en su lugar piensan que todo esto es un obstáculo para el crecimiento económico de las empresas (y de los bolsillos de sus propietarios).

En definitiva, cuando Feijóo llama “cáncer” al hecho de que un trabajador enfermo cobre su salario está anunciando qué mundo tiene en la cabeza. Es un aviso a navegantes en España, ante la hipotética llegada de un gobierno de la derecha y la extrema derecha. Ojalá estemos a tiempo de que no llegue a construirlo. La ventaja de este tipo de discursos es que ponen muchas cartas sobre la mesa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes ante el Círculo de Empresarios Vascos por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición ha sostenido que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas. “Es un cáncer”, ha dicho. Y ha prometido que “con o sin acuerdo”, si llega al Gobierno tomará “una decisión con el absentismo”.

Feijóo ha anunciado que su intención es abrir una negociación en el diálogo social entre sindicatos y patronal. Pero ha anticipado que, si llega él al Gobierno, esas conversaciones serán secundarias porque “con o sin acuerdo” quiere “tomar una decisión con el absentismo”.

“Esto no es una cuestión para discutir”, ha reiterado, para explicar que “lo que ocurre con el absentismo es muy fácil”. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quieren que les diga”, ha dicho, ante empresarios vascos en un acto cerrado a prensa. El PP ha distribuido un vídeo con su intervención completa.

Feijóo ha añadido que “si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”.

“Es un cáncer que no podemos pagar”, ha espetado el líder del PP. “Esto cuesta más de 30.000 millones de euros, y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros”, ha apuntado.

El líder del PP ha relatado que “este asunto” lo abordó “en el Insalud” que “era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico” .“Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días” que “con una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo”, ha asegurado.

“Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4% o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha rematado. Feijóo dirigió el Insalud entre 1996 y el 2000, cuando pasó a presidir Correos hasta 2004.

“Este asunto debemos retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico; y si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha zanjado.

Un crecimiento no exclusivo de España

“En 2018, el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era de 450.000 personas”, ha apuntado Feijóo. “En el año 2025”, ha añadido, “el número de personas que no van a trabajar todos los días es de 1.160.000”. Feijóo no ha desagregado las causas de ese absentismo. Pero ha dicho que “es algo que España no se puede permitir, y Euskadi tampoco”.

“Hoy sale el 'ranking' de absentismo en España”, ha dicho, aunque el dato se publicó ayer lunes. “Ha vuelto a subir en el primer trimestre del año 2026. Euskadi se sitúa a la cabeza”, ha apuntado. Feijóo se refiere a un informe publicado por la empresa de trabajo temporal Randstad que sostiene que las bajas por incapacidad temporal escalaron al 5,6%, mientras las ausencias totales subieron al 7,2%.

Feijóo ha lanzado este planteamiento ante las quejas de la patronal por el aumento de las bajas médicas de trabajadores, que casi se han duplicado desde 2016. El crecimiento, que no es exclusivo de España y que se da también a nivel internacional, se ha acentuado tras la pandemia, por un cóctel de factores: desde la saturación de la sanidad pública, el envejecimiento de la población trabajadora y una explosión de problemas de salud mental tras la COVID, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque el aumento de bajas es asumido tanto por sindicatos como por patronales, el enfoque para abordar la situación es muy distinto. Mientras los primeros ponen el foco en solucionar el “tapón” en la sanidad pública y en mejorar la atención en salud mental, por ejemplo, los empresarios reconocen estos problemas, pero están centrando su discurso en el elevado coste para las empresas y en un supuesto abuso del “absentismo”, no avalado por datos.

En estos discursos, las patronales apuestan por eximir a las empresas del pago de la baja (ahora pagan del día 4 al 15), incluso por recuperar el despido por bajas médicas, así como reclaman que las mutuas den el alta a los trabajadores en casos de enfermedad común y no solo la sanidad pública.

También se está cuestionando de manera más amplia el aumento de permisos retribuidos, por ejemplo por cuidados familiares y de convivientes, que algunas patronales también incluyen en las cifras de “absentismo”.ç

El Gobierno: “Quién llama cáncer a las bajas deja claro de qué lado está”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la propuesta de Feijóo. “Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”, ha escrito Sánchez en X. “Los derechos no se recortan. Se defienden”.

Yolanda Díaz ha respondido al líder del PP que “estar enfermo no es una elección”: “Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. No lo vamos a permitir”.

Otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; o el de Transportes, Óscar Puente, han cargado también contra la idea de Feijóo.

Puente ha escrito en un post en X que la propuesta es un “ejercicio de honestidad”, que Feijóo “viene con la motosierra”. “Esto es la derecha: un señor con varios sueldos diciendo que los trabajadores enfermos deben cobrar menos”, ha escrito Bolaños.

Los sindicatos se revuelven

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han criticado también la propuesta del PP. “Mandar a la gente enferma a trabajar [...] más qu un programa electoral, es una declaración de intenciones”, ha tuiteado Unai Sordo.

“Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha tuiteado Pepe Álvarez. “Para empezar, lo pactado en los convenios colectivos tiene fuerza de ley. Se respeta”.

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

Como empresario le preocupan la falta de mano de obra, el absentismo laboral, los cambios legislativos y el contexto internacional. Pero como presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz, hace suyas también las preocupaciones que afectan a estas entidades que conoce bien, no en vano es CEO de Teógenes Ruiz, empresa alimentaria de Tarancón, en Cuenca, con una trayectoria que se remonta a 1887.

Entre las preocupaciones propias de estas empresas están el legado y la sucesión y hacerlo en las mejores condiciones: “Buscar lo mejor para la familia, para la empresa y para los trabajadores. Uno no es dueño de su legado, simplemente es un administrador”, afirma en una entrevista que ha concedido a elDiario.es Castilla-La Mancha, en la que habla también del momento que viven estas empresas de la comunidad y de los avances que han experimentado en competitividad en confianza empresarial y en asumir riesgos saliendo a nuevos mercados.

¿Cúales son las incertidumbres que preocupan a la empresa familiar y que se pusieron sobre la mesa en la última asamblea regional?

Hay una parte que es generalista, que nos afecta como a todas las empresas, es decir,  todo lo que son los cambios normativos y legislativos, que precisamente en esta asamblea no tratamos.

Sí queríamos tratar en profundidad la parte de recursos humanos, no solo la que tiene que ver con la retención de talento, sino los ajustes necesarios en cada una de las empresas. Estamos hablando de que si en estos últimos tres, cuatro años juntamos la parte normativa europea, la nacional, autonómica y parte municipal, llegamos a las 3.500 normas que son complicadas de digerir y de conocer.

Si nos vamos al ámbito laboral, aparecen grandes cambios, incluso de algunos artículos dentro del propio Estatuto de los Trabajadores, que a veces no sabes en qué momento tienes que controlar o regular dentro de casa. Nosotros siempre hablamos de cliente y de producto. Hay que atender las necesidades de los clientes de la mejor manera posible, con producto, y con tu equipo humano, al que trabaja contigo, a todos tus trabajadores y con todos tus colaboradores tener una magnífica relación.

¿Cuáles son los principales problemas a los que hay que dar respuesta?

Hablamos de la parte del legado. Creo que tenemos una normativa regional en la que ya hubo una adaptación importante para que esa sucesión se pudiera producir, pero consideramos que se está quedando atrás respecto a otras comunidades autónomas y creo que es importante que la situación de relevo se pueda facilitar para que haya continuidad dentro de las de las empresas familiares.

La normativa regional de la empresa familiar en Castilla-La Mancha se está quedando atrás respecto a otras comunidades autónomas

En lo que se refiere al contexto internacional, con situaciones de conflicto, las materias primas, los aranceles... También generan cierta incertidumbre. Aquí hay que trabajar un poco con bisturí ya que no todas las circunstancias afectan por igual a todas las empresas y a todos los sectores. Creo que el agroalimentario se ha visto muy afectado y ahí habría que poner también un poco el foco en ese sentido.

Hay circunstancias que son solo propias de las empresas familiares como el legado y la sucesión, ¿cómo se afrontan?

Las dificultades que suele tener la empresa familiar sobre todo lo son a la hora de la gobernanza y  el relevo generacional. Y depende mucho de si es primera generación o la cuarta y cuál es el número de familiares.

Creo que las situaciones hay que abordarlas, sobre todo cuando la compañía tiene un determinado tamaño, precisamente para no desagregarlo, para no repartir esa situación entre muchos, para que siga siendo una empresa competitiva y líder.

Hay algo que debe de entender la familia y es que los roles dentro de la empresa familiar pueden ser diferentes. Hay que buscar lo mejor para la familia, para la empresa y para los trabajadores. Y al final uno no es dueño de su legado, simplemente es un administrador de ese legado. Se lo tiene que trasladar a la siguiente generación en las mejores condiciones. Si lo ve uno así va a ser mucho más fácil.

Como empresa familiar tienes una responsabilidad con la sociedad, porque afecta en su entorno, en los trabajadores que confían en ti, en que guíes esa empresa a buen fin y la familia que está detrás precisamente porque te da la confianza en administrarlo.

¿Qué demanda tienen estas empresas para las administraciones públicas?

Cada administración tiene su ámbito legislativo. En lo que compete a la regional, le pedimos ayuda en los aspectos que pueden afectar en la parte de empresa familiar. Le pedimos precisamente esa adaptación de algunos artículos dentro de la norma para que la sucesión sea factible. Que si uno no tiene familia, se tiene que legar a primos o sobrinos. Entendemos que la cuarta generación es un ámbito al que podríamos llegar. Ahora mismo en la media nos quedamos en la segunda generación. Queremos que la norma no deje lugar a dudas sobre estos aspectos.

A nivel internacional, sobre todo a partir de los aranceles, desde la Consejería de Economía, con la activación de IPEX y demás, creo que se están desarrollando acciones, pero consideramos que tenemos un mundo por vender.

Tenemos grandes empresas muy competitivas y hemos mejorado mucho el dato de confianza empresarial. Hay que aprovechar esas circunstancias precisamente para intentar vender fuera.

Eso no solo lo tiene que hacer la administración, también lo tienen que hacer las empresas. Se tienen que animar a salir. Es una labor de cada uno de los empresarios y lo que tiene que hacer la administración es poner los medios y colaboración para que esos mercados puedan ser mercados de confianza a la hora de vender y de cobrar. Lo importante que tiene que hacer la administración acompañar.

¿La empresa familiar de la región ha avanzado en dinamismo, cada vez se arriesga más, sale más a otros mercados?

Sí, de hecho, en los datos que aparecen en el último estudio que hizo la Universidad de Castilla-La Mancha se ven rasgos significativos dentro de la empresa familiar y más entre los miembros de la Asociación de la Empresa Familiar. Exportan más, el tamaño de las empresas es cada vez mayor precisamente porque intentan salir a esa situación exterior que le pueda permitir vender sus productos, productos competitivos, productos de calidad y luego también la solvencia que mantienen les permite ese nivel de confianza de intentar abordar esos mercados.

¿Están dispuestas a cooperaciones, a integraciones para tener un músculo mayor a la hora de enfrentarse a esos retos de la internacionalización en el contexto global?

Nosotros siempre decimos que uno tiene que ganar tamaño porque considera que lo puede hacer. Puede ser orgánico, es decir, puede crecer directamente, o inorgánico a través de fusiones o adquisiciones de otras compañías. Creo que hay que abordar caso por caso.

Hay situaciones donde esas situaciones favorecen y de hecho hay un mercado financiero que lo está potenciando. Todas las entidades financieras que colaboran con nosotros tienen departamentos en los que incluso incentivan esa situación. Otra cosa diferente es el tema de los fondos. Creemos que los fondos, lógicamente, quieren aprovecharse de unas características de las empresas familiares. Nosotros consideramos que esa situación la pueden llevar a cabo esas mismas empresas para ganar tamaño.

¿ La empresa familiar participa también de un problema generalizado como es la falta de mano de obra cualificada?

Sí, la parte de cualificación es un déficit que yo creo que tenemos todos. De ahí viene nuestra colaboración, tanto con la universidad, con los centros educativos, con las jornadas o por los proyectos que tenemos de la escuela familiar en las aulas o la relación que tenemos con la universidad, sobre todo con los programas de transferencia de conocimiento, en la que queremos tener visibilidad.

Lo queremos precisamente para que ese talento que se forma en Castilla-La Mancha y el que tenemos en provincias limítrofes, como Madrid, Castilla y León o Extremadura, quiera venirse aquí a trabajar. Hay que ser atractivos y ofrecerles proyectos, proyectos de vida que realmente les ilusione.

¿Y el absentismo laboral?

El absentismo también es un problema que tenemos todos, que afortunadamente lo tenemos más mitigado, por lo menos en los datos que tenemos reflejados, pero a todos nos ha crecido en estos cinco últimos años a nivel exponencial, no lineal.

¿Desde la asociación hay propuestas para buscar soluciones?

Es un problema complejo. Primero, porque creo que se han dado diferentes circunstancias que no tienen un efecto único. Llegamos a situaciones como que determinados convenios respecto al salario mínimo interprofesional se han igualado y , por tanto, la oferta en ese sentido es poco llamativa para determinada gente.

Hay que reflexionar sobre por qué en los momentos de crisis la situación de absentismo es prácticamente baja o nula y en los épocas de bonanza llegamos a hitos como el de 2025, con un 7%

Luego, toda la parte de control que se pueda ejercer o las medidas de control que se le puedan dar tanto a mutuas como a los centros de salud, a los médicos de familia, están siendo limitados para darle seguimiento a esas bajas.

Creo que la salud de los trabajadores es lo primero, pero también hay que reflexionar sobre por qué en los momentos de crisis la situación de absentismo es prácticamente baja o nula y en los épocas de bonanza llegamos a hitos como el de 2025, con un 7%. Estamos hablando ya casi 1.700.000 personas en España. Eso son más de las personas trabajadoras que hay en la región. Es como si la región parara todos los días.

¿A nivel regional cómo está la tasa de absentismo?

Pues el absentismo está con niveles más bajos que la media nacional, aunque el nivel de paro está por encima de la media. Creo que hay una parte de responsabilidad y situaciones que efectivamente han sido limitantes tanto a nivel de las administraciones como de empresas, porque prácticamente en la Administración se está por encima del nivel de absentismo que tienen las empresas. Estamos hablando de que, a nivel nacional, supera los 30.000 millones y prácticamente 16.000 van por un lado y 14.000 van por otro.

Sé, porque nos la han trasladado ellos, que cuando la Administración pública ha hecho seguimiento han mejorado mucho los datos. Pero hay falta de recursos, faltan medios y creo que tiene que haber un plan. Y el plan no es fácil, no hay una única acción a tomar. Creo que es un compendio de situaciones que deben de abordar.

¿Qué peso tiene la empresa agroalimentaria en las empresas familiares de la región?

El sector agroalimentario siempre ha sido determinante en la región, sobre todo a nivel de salida al exterior. Destaca toda la parte de embutidos, jamones, carnes, quesos, aceites... Creo que es la parte más relevante, que supera el 50%.

Hemos insistido a la Administración en que fomente el sector industrial porque fija mucha población, sobre todo en las zonas más despobladas, y genera atracción de personas y de talento

Después el ámbito de los forrajes también tiene un nivel de exportaciones elevado, sobre todo desde Albacete, pero se han visto muy afectados por el coste de los portes internacionales, contenedores o el barco.

Luego lo que sí ha crecido muchísimo es el ámbito industrial. Hemos insistido a la Administración en que fomente el sector industrial porque fija mucha población, sobre todo en las zonas más despobladas, y genera atracción de personas y de talento.

¿Estas empresas agroalimentarias tienen algunos problemas específicos como empresa familiar?

Parece que en este contexto internacional, de incertidumbres, de aranceles, de subida del precio de los fertilizantes o de los combustibles, se está viendo muy afectada, más que otras empresas. En particular por los insumos, como los abonos, y también por los aranceles o el transporte internacional.

En cambio, el producto primario como los cereales o el maíz y otros no lo han sufrido en la misma proporción. Mantenemos precios e incluso por debajo de hace dos años y creo que es inasumible por parte del sector, del agricultor. De repente te viene el producto, si no te viene de Ucrania porque ya la han liberado, te viene de Sudamérica.

Respecto al acuerdo de Mercosur, la parte más afectada es la alimentaria y lo único que pide ese sector es que se exijan los mismos requisitos a esos productos que aquí en cuanto a fitosanitarios, en cuanto a tratamientos...

Queremos los productos que se importen, lo sean con las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que tiene aquí al agricultor.

Queremos los productos que se importen, lo sean con las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que tiene aquí al agricultor

¿La sociedad reconoce la importancia que tiene la empresa familiar ?

Sí. Los datos están en el último estudio que ha hecho el Instituto de la Empresa Familiar, y, efectivamente, lo que vemos en nuestro entorno es que se valora mucho la labor que hace la empresa familiar. Hay una responsabilidad social en la zona donde estás implantado. Es la que más impacto genera en la sociedad, la que más trabajadores ocupa.

Ese impacto se ve también en toda la parte que desarrollamos socialmente con centros formativos, con deporte, con asociaciones culturales... Creo que generamos un impacto muy grande y ese impacto está reconocido por la sociedad, sobre todo a nivel local.

“Necesitamos empresarios que sean líderes ejemplares”

¿Qué asignaturas pendientes tiene la empresa familiar? ¿En qué aspectos tiene que mejorar?

Lo primero es llegar a aquellas familias empresarias que, en un momento dado, se ven en esa duda de si seguir o no en el proyecto. O que si las siguientes generaciones se sientan atraídas por darle continuidad, luego no le vaya a generar un problema familar. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene arraigo, tiene asentamiento y permite a toda la familia tener un proyecto de vida y creo que es importante para nosotros: facilitar ese relevo generacional y poner las herramientas que son diferentes y no son únicas para cada caso.

Por otro lado, nosotros estamos volcadísimos en toda la parte educativa, con la Consejería de Economía y con la universidad. Consideramos que es el eje vertebrador que tiene que tener nuestra sociedad en cuanto a valores, en cuanto a conocimiento. Y buscamos la excelencia.

Esperamos que los institutos y los centros de formación profesional no solo generen trabajadores que puedan venir a nuestras compañías, sino que creen empresarios, que creen líderes. Los necesitamos cada vez más y sobre todo que sean líderes ejemplares.

¿Qué es la Escuela de Sucesores?

Nosotros ponemos una Escuela de Sucesores gratuita con dos grandes despachos a nivel nacional, Cuatrecasas y Orienta Wells, que les permite a las siguientes generaciones formarse en los temas más importantes, tanto en IA como en recursos humanos, como en gestión de recursos, en sostenibilidad... Es uno de los grandes éxitos que hemos tenido.  

Más del 80% de los asociados cuentan con personas que asisten a la Escuela de Sucesores. Se adhiere precisamente por la calidad y el conocimiento que trasladan. No solo se visitan fábricas de asociados, sino que se les prepara y salen todos con deberes para llevar a casa.

Esta es una iniciativa de la asociación de Castilla-La Mancha y la están implantando el resto de las asociaciones territoriales a nivel nacional, precisamente por el éxito que ha tenido y la calidad formativa.

Dos de los grandes retos como la IA y los criterios de sostenibilidad, ¿cómo los están afrontando las empresas familiares?

La IA es algo que hay que tener en cuenta, sí o sí. Es el elemento más disruptivo que tenemos en la actualidad y hay que cogerlo como lo que es: una herramienta fundamental para los trabajadores porque les va a facilitar los temas rutinarios y Les va a permitir abordar situaciones diferenciales de más valor dentro de su trabajo. Lo que empresa tiene que diseñar es una hoja de ruta.

En la parte de sostenibilidad, es algo que tiene que venir ya de serie. Uno tiene que plantearse las cosas respecto al impacto que genera y a partir de ahí, implantarlo en la cultura de la compañía. Yo de las compañías que conozco, todas están metidas en implementar y ser eficientes en ese sentido.

La IA es algo que hay que tener en cuenta, sí o sí. Es el elemento más disruptivo que tenemos en la actualidad y hay que cogerlo como lo que es: una herramienta fundamental para los trabajadores porque les va a facilitar los temas rutinarios y Les va a permitir abordar situaciones diferenciales de más valor dentro de su trabajo. Lo que empresa tiene que diseñar es una hoja de ruta

“Yo no quiero plantar árboles en Brasil sino en mi pueblo”

Luego hay propuestas que nosotros hemos hecho y al final han quedado en saco roto, tanto en la parte de la comunidad autónoma como a nivel municipal. Cuando ya en sostenibilidad no puedes hacer mucho más, sino que lo que tienes que hacer es compensación, hay que empezar a generar esos espacios, por ejemplo zonas verdes, pero eso tiene que venir definido urbanísticamente por los ayuntamientos.

Entendemos que eso es una medida que seguramente facilitaría y transformaría nuestra región a largo plazo, pero es algo que no depende de nosotros. Son medidas que nosotros sí hemos trasladado y de momento nadie ha cogido el guante, ni la Administración regional, ni los ayuntamientos. Todo el mundo lo ve muy bien porque les gusta la idea, pero la realidad es que yo no quiero plantar árboles en Brasil, los quiero mi pueblo.

Antón Costas (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) preside el Consejo Económico y Social de España (CES) desde abril de 2021. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, su tesis doctoral fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch. Autor de numerosos libros y artículos, sus publicaciones e intervenciones más recientes apuntan hacia la necesidad de un nuevo contrato social que permita la prosperidad de los más necesitados, antes del papel redistribuidor del Estado. Es un defensor a ultranza de la formación dual como herramienta para crear más y mejor empleo, y del Pacto de Toledo para acompasar las pensiones a la realidad económica.

Pese a la resiliencia de la economía española, que en su momento llegó a calificar de “primavera económica”, alertaba hace unas semanas de que el puente del bienestar social se ha roto; es decir que ya no vale solo con crecer. ¿Cómo lo hacemos para que el crecimiento se traslade a los hogares?

Hay dos pilares de ese puente que se han debilitado mucho. Uno es la vivienda, que es un agujero negro que se traga una buena parte de las mejoras que para los hogares han significado el aumento de empleo y también una cierta recuperación de los salarios reales. Y el otro es el coste de la vida. Aquí siempre hay el riesgo de confundir inflación con precios. Inflación es la subida de los precios de un año a otro, pero la inflación puede bajar, como ha sucedido; sin embargo, los precios quedan colgados arriba. Y esto yo creo que ha impactado bastante, especialmente en los hogares más débiles. 

¿Qué propone en el terreno de la vivienda? 

En el corto plazo y medio plazo se debe intentar aliviar el acceso y el coste para la vivienda de alquiler social. Habría que sacar enseñanzas de una experiencia muy interesante, poco conocida, que es cómo Sareb, que en muy poco tiempo, en escasamente tres años, cuando salió ya toda la banca y pasó a ser únicamente pública, creó una división de vivienda de alquiler social. Hoy tiene alrededor de unas 17.000 familias en alquiler social en viviendas que han sido recuperadas y rehabilitadas. Ahora hay que trasladar esta experiencia a Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]. Hay que hacer una distinción muy importante en España: no es lo mismo gestionar vivienda social que gestionar vivienda asequible. En segundo lugar, fortalecer operadores de este tipo en las comunidades autónomas. Y en el largo plazo no hay otra salida que aumentar la construcción y el stock de vivienda asequible. Y ahí las comunidades autónomas y especialmente los municipios tienen una competencia y una responsabilidad importante. Porque o se reduce toda la tramitación administrativa, que significa suelo edificable y licencia de construcción, o es muy difícil. 

¿Y en cuanto a precios?

Antes decía que los precios han quedado colgados arriba. Tenemos dos opciones: una es pensar que van a subir los salarios hasta que se equilibren estos precios. Otra opción es, por el contrario, sacarle a las familias una serie de gastos que tienen en la parte de abajo de su cesta de la compra, que están dificultando muchísimo llevar una vida digna. En el CES defendimos el coste del transporte: es un coste muy importante en las familias medias españolas y más cuando el problema de la vivienda obliga a las personas a tener que alejar su residencia del trabajo. Otro tipo de coste que se puede sacar a las familias son los productos de higiene femenina para gente joven u hogares con pocos ingresos. Esto puede parecer un poco raro, pero lo hicimos en 1977 con los Pactos de la Moncloa: los sindicatos aceptaron moderar los salarios a cambio de introducir como bienes públicos una serie de gastos sociales: la educación, la sanidad, el desempleo. Mejoró las condiciones de vida de las personas.

El nuevo contrato social tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas

Esto forma parte de lo que usted viene reclamando últimamente como nuevo contrato social, que no descanse tanto en la redistribución como en los buenos empleos y en la predistribución: ¿menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades?

Sí, es un elemento. Probablemente, el contrato social del siglo XXI tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas, pero también sería insoportable si pretendiésemos transferir toda la carga de cuidados futura al Estado. Tenemos que buscar un equilibrio, un contrato entre las familias, las empresas, la economía social y el propio Estado. Pero sí que es un elemento del contrato social que no descanse tanto todo en la redistribución sino en la predistribución. Es un cambio de fondo. 

La prestación universal de crianza para combatir la pobreza infantil en España, de las más elevadas de la UE, que propone va por ahí, también.

El argumento que hay detrás de esta idea es que la desigualdad en nuestro país no viene fundamentalmente por un mal funcionamiento de la redistribución. La redistribución son los programas sociales, de bienestar general o el ingreso mínimo vital. Todo eso es necesario. El ingreso mínimo vital fue una gran iniciativa que, sin embargo, se puede mejorar. Pero, ¿cuál es mi idea? Que no es posible pretender corregir la desigualdad y la carencia de ingresos de una gran parte de la sociedad española solo a través de un mayor gasto social.

¿Por qué? 

Porque la desigualdad viene del mal funcionamiento que hay no en la redistribución, sino en la distribución. Es decir, en la existencia de buenos empleos con buenos salarios. Si no logramos esto, la presión sobre la redistribución creo que acabaría rompiendo el Estado liberal, tal como lo entendemos. Por eso soy mucho más partidario de focalizar el esfuerzo que tiene que hacer nuestra sociedad en todo aquello que favorezca los buenos empleos. La formación dual, por ejemplo, es una gran celestina capaz de emparejar dos necesidades: las de las personas de tener un buen empleo y las de las empresas de disponer de trabajadores con capacidades adecuadas.

En su opinión, España está protagonizando una “transformación silenciosa del modelo productivo”, más resiliente e inclusivo, que se encuentra tanto en el tejido empresarial –con un aumento del tamaño de las empresas, más productivas– como en el lado del empleo, con un mayor peso de trabajos de alta cualificación, mayor valor añadido y mejores condiciones laborales. ¿Por qué no suben entonces los sueldos que permiten recomponer el puente, utilizando su metáfora?

En esa transformación silenciosa hay mejoras salariales importantes. Pero tenemos una especie de bipolaridad. Nuestra economía también tiene una parte importante de actividad económica y de empleos que no llamaría buenos empleos. Pero a mí me gusta poner en valor lo que va bien, miro la botella medio llena porque creo que esa es la vía para mejorar las cosas. Pero las dos son ciertas.

Cuando hablamos de nuevas prestaciones, como esta de crianza, por ejemplo, o como usted comentaba al principio, de recortar gastos a las familias, indudablemente pensamos en esto cómo se financia. ¿Vivimos en un infierno fiscal?

Yo no utilizaría ese adjetivo. Creo, porque así lo ha dicho además la comisión que se creó en su momento para la reforma fiscal, que hay margen, e importante, para un rediseño de algunos de los instrumentos fiscales para mejorar su capacidad recaudatoria. Vamos a ver: si la economía crece, como es así, y crece también el empleo, eso significa que crecen también proporcionalmente los ingresos públicos. ¿Hacia dónde orientamos ese aumento de ingresos fiscales? Hacia estas necesidades, eso es posible en una situación de crecimiento de la economía. Y creo que además la economía española va a seguir creciendo. 

La reducción de la jornada laboral era una medida prioritaria del Ministerio de Trabajo, que de momento no ha tenido los apoyos para salir adelante. ¿La economía española es lo suficientemente productiva para ir a una reducción horaria como la que se plantea el Gobierno? 

El debate que ha habido alrededor de la reducción de la jornada es muy ilustrativo para nuestro país y que abre camino. Fíjese que desde el ámbito empresarial nunca se negó la posibilidad y hasta hoy la necesidad de ir hacia una reducción de la jornada con un objetivo social deseable. Lo que se decía desde el ámbito empresarial es que eso había que ir lográndolo en todos los sectores que estaban aún con 40 horas a través de la negociación colectiva, pero no se negó nunca el objetivo. Y creo que es muy ilustrativo lo que ha sucedido en esta casa. El Gobierno envió un anteproyecto de ley que venía sin el apoyo de las organizaciones empresariales, representadas en el CES. Aquí debatimos con las organizaciones empresariales y el dictamen del CES fue aprobado prácticamente por unanimidad. Creo que hubiese tenido una gran influencia si el anteproyecto de ley hubiese seguido su recorrido parlamentario. 

¿Qué dice? 

Establece un principio general y después tres criterios, aceptados por todos. El principio general es que la reducción de jornada laboral de una forma homogénea en la economía española es un objetivo deseable, pero que tiene que buscar un equilibrio entre, por un lado, el interés de los trabajadores por reducir la jornada laboral y el interés de las empresas en mantener también sus condiciones de trabajo. Primer criterio, gradualidad. No puedes introducir, dice el dictamen, por ley, una medida de este tipo que entre en vigor de hoy para mañana. Segundo, flexibilidad. No puedes aplicar una medida de este tipo general de forma simultánea a todos los sectores de la economía porque los sectores son de una diversidad extraordinaria. Y tercero, que tiene que haber elementos de compensación, no necesariamente solo en términos financieros. Creo que ese va a ser el camino futuro. 

¿Le preocupan los efectos de la IA sobre el empleo y el mercado de trabajo?

Sí, me preocupan en dos dimensiones. En el ámbito laboral y en el ámbito, diría, civilizatorio, entendiendo por civilizatorio los valores y los principios de una civilización liberal, donde creemos en la privacidad y en nuestra capacidad para orientar nuestras vidas. En la vertiente laboral creo que estamos en un momento de ambigüedad extraordinario, porque, por un lado, hay muchos pronósticos o predicciones de que vendrá una especie de apocalipsis laboral, por parte incluso de medios de comunicación tan prestigiosos como The Economist. Pero, por otro lado, cuando vas a ver los datos, tanto aquí como en otras economías, nunca antes de ahora las economías han tenido tanto empleo como en este momento. 

¿Cree que está llegando el momento en que la tesis de Keynes, que en 1930 predijo que para 2030 solo necesitaríamos trabajar 15 horas semanales para cubrir nuestras necesidades materiales, se hará realidad?

Si lo gestionásemos bien, con seguridad que sí. Ocurre con la demografía, que estamos preocupados por la caída de la natalidad y a la vez estamos preocupados por que la inteligencia artificial reduzca el empleo. O nos preocupamos por la natalidad o nos preocupamos por el efecto de la inteligencia artificial en la reducción del empleo. Por las dos cosas a la vez no porque van en un mismo camino. Si la natalidad disminuye habrá menos personas en las próximas décadas con necesidad de buscar trabajo, pero a la vez la inteligencia artificial habrá reducido también, al parecer, la necesidad de trabajadores. Ahí hay como una especie de convergencia futura que te puede llevar a lo que Keynes deseaba. Es más actual que nunca este punto de Keynes. Dependerá de la gestión que hagamos y aquí hay que hacer una advertencia: todo el mundo, hasta el Nobel Aghion, habla de que la inteligencia artificial va a traer una mejora de productividad extraordinaria. Y a la vez, otros premios Nobeles de economía también muy prestigiosos, como Krugman, entre otros, dicen que no habrá un aumento espectacular de productividad. En cualquier caso, sea grande o pequeño, la cuestión de la productividad es cómo la repartes. La mejora de productividad puede ir solo a una parte o hacia los dos lados, ya sea reduciendo el tiempo de trabajo o mejora de salarios. Pero es un problema de gestión. 

Muchas empresas me transmiten que no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan

¿Cómo explica que teniendo algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, sigan creciendo las vacantes de empleo y determinados sectores se quejen de que no encuentran personal?. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Mi impresión es que hay un porcentaje, que no sé decir, de personas que no están ya en situación de poder trabajar, pero que, sin embargo, para poder cobrar una prestación tienen que estar registradas en el desempleo. Probablemente, ahí necesitamos en algún momento proceder a algún tipo de aclaración. En segundo lugar, aún no tenemos un indicador aceptado de forma común en el mundo empresarial ni en el mundo sindical acerca de las vacantes. Y, en tercer lugar, y esta es una opinión ya más personal que institucional, muchas empresas, y a mí me lo transmiten también estos empresarios y directivos, no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan. Y hacen un poco una crítica al sistema educativo porque no es capaz de suministrar. En un momento de la historia, donde la tecnología avanza con una rapidez endiablada que te hace cambiar las necesidades de competencias profesionales, tienes que comprometerte a crear aquellas competencias, que se necesitan. Nuestro informe de formación dual está ahí y es un legado que yo quiero dejar cuando me marche. Escogimos a todos los chicos y chicas que hicieron formación dual en el curso 2016-17. Hemos seguido a todos ellos con microdatos su trayectoria laboral, comparándolo con aquellos que no habían hecho formación dual. El resultado es una epifanía: todo mejora en la capacidad de encontrar buenos empleos de estas personas si han hecho formación dual.

Las patronales señalan el aumento de bajas laborales como una de sus prioridades, pero mantienen muchas diferencias con los sindicatos sobre su enfoque. ¿Cómo ve este problema? ¿Qué medidas cree que se podrían tomar ante este auge de las bajas por enfermedad? 

El aumento es un hecho objetivo cierto e importante. No hay aún un lenguaje común en el mundo empresarial y en el sindical. En el mundo sindical se cuestiona que hay absentismo, lo que dicen es que hay bajas laborales con un parte médico detrás y para ellos eso no es absentismo. Absentismo es no presentarse al trabajo. Necesitamos establecer un lenguaje común. Y necesitamos también un diálogo que no sea a machetazos, un análisis fino para ver qué hay detrás de cada una de esas bajas laborales. Lo que no puede ser es que este aumento tan importante a partir básicamente de la covid, que ha ocurrido también en otros países, sea como consecuencia de que los trabajadores o una gran parte de los trabajadores se han hecho vagos. 

Más allá de esta necesidad de compartir lenguaje, ¿a qué piensa usted que se debe? 

Como es un fenómeno más general, aunque en el caso español el volumen es mayor, tiene que haber una causa más general y yo creo que entre los factores que hay que analizar es la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué motivo para muchas personas el trabajo no es motivo de satisfacción y de realización personal? Conviene analizarlo desde el propio ámbito de la empresa porque las empresas tienen departamentos importantes de recursos humanos y tienen un margen para mejorar desde ese lado. También lo hay en la mejora de los procesos de altas de la incapacidad laboral, pero en este sentido sindicatos y empresas están hablando para ver cómo las mutuas pueden también tener un papel riguroso. Si tuviese que hacerme yo una pregunta, es ¿por qué ha descendido la satisfacción laboral con el trabajo en los últimos tiempos? Creo que si no abordamos esta cuestión, tanto desde la empresa como desde el ámbito social, no avanzaremos en la respuesta adecuada a esta realidad.

¿Tiene respuesta? 

No, creo que sí ha habido una disminución de la satisfacción laboral. Por qué motivo no lo sé. 

Usted ha dicho que los sistemas públicos de pensiones han actuado como un pegamento entre el capitalismo y la justicia social. Muchas veces el debate gira en torno a las pensiones a una confrontación entre generaciones. ¿Cree que es necesario un trasvase de gasto hacia los más jóvenes? ¿Le preocupa el creciente aumento del gasto en pensiones con relación al PIB, como alertan varios economistas? 

No pondría en relación el gasto en pensiones con la necesidad de invertir más en los jóvenes. En segundo lugar, no soy capaz de ver cómo puede funcionar el capitalismo democrático sin un gran sistema de pensiones. No soy capaz, y soy un defensor del capitalismo democrático. Creo que el capitalismo necesita un sistema de pensiones, no solo por legitimidad social del capitalismo, que de eso viene el sistema de pensiones, sino por un elemento nuevo de macroeconomía. Hoy las pensiones constituyen un componente de la demanda agregada del capitalismo democrático que no soy capaz de ver cómo podría funcionar el capitalismo solo con la riqueza de los ricos. Y en tercer lugar, que no lo tenemos en cuenta, es que nuestro país tiene un mecanismo espectacular, fabuloso, de adaptación de las pensiones a la evolución de la economía. El Pacto de Toledo es un mecanismo que no hay en ningún otro país que ha funcionado más que razonablemente a lo largo del tiempo, adaptando el sistema de pensiones a la realidad económica del país. Y es además un mecanismo maravilloso porque incorpora dos planos: el plano del diálogo y el acuerdo político en la comisión parlamentaria y el plano del acuerdo en la negociación colectiva. Lo que no podremos es, a mi juicio sería un error fatal, hacer reformas en el sistema de pensiones apoyándose únicamente en proyecciones demográficas a largo plazo. Los grandes economistas y filósofos nos han advertido de que hacer proyecciones es muy peligroso. Si no somos capaces de acertar el PIB a un año, ¿vamos a ser capaces de acertar la evolución de la economía a 30 años al año 2050? Imposible. Si haces reformas basadas únicamente en proyecciones futuras, lo que estás haciendo es introducir un riesgo moral que tienes que explicar por qué lo haces.

¿En qué consiste ese riesgo moral? 

Consiste en que basándote en una proyección futura vas a introducir ahora un daño cierto a generaciones actuales justificándose en un beneficio futuro que es hipotético, que no puedes asegurar. Dicho esto, ¿estoy diciendo que no hay que hacer nada? No. Lo que hay que hacer es mantener muy activo ese mecanismo de diálogo y de acuerdo en el ámbito de las pensiones que es la comisión para el Pacto de Toledo.

Vuelven a agitarse las aguas en la patronal española. A unos meses de que se celebren las elecciones a la presidencia de CEOE, que Antonio Garamendi aspira a volver a ganar y en las que no suenan de momento candidaturas alternativas, esta semana CEOE ha acelerado por sorpresa el calendario electoral solo unos días después de que resurgieran varias denuncias de un empresario contra miembros de la cúpula de la gran patronal. El denunciante ha logrado la condición de “informante protegido”, adelantó El Confidencial, por lo que lo más probable es que Garamendi y otros cargos sean citados por la AIPI, que investiga el caso.

Las acusaciones no son nuevas, parten de un empresario segoviano y antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de Riva Zorrilla, que ya las denunció públicamente y en los órganos internos de CEOE y Cepyme –que no en los tribunales– en el contexto de guerra abierta en las elecciones en Cepyme celebradas el año pasado.

Antonio Garamendi promovió una candidatura alternativa al entonces líder de las pymes, Gerardo Cuerva, del que se había distanciado y que estaba erigiéndose como una figura crítica y más ultra frente al empresario vasco. De Riva era uno de los apoyos de Cuerva en la batalla electoral, que ganó finalmente por la mínima la candidata de CEOE, la vallisoletana Ángela de Miguel.

Antes de los comicios, se publicaron varias informaciones tachadas de “guerra sucia” por parte de CEOE sobre presuntas irregularidades que señalaban a varios miembros del entorno de Garamendi. Por ejemplo, contra Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, por “conflictos de intereses” y “facturar a nombre de su mujer” debido a contratos de ATA a una consultoría propiedad de la esposa de Amor.

También contra Ángela de Miguel, por supuesto “trato de favor” de su despacho de abogados a través de la Fundación pública de mediación laboral de Castilla y León (SERLA), entre otros. Las denuncias presentadas por José Manuel De Riva en las Comisiones de Régimen interno de las dos patronales fueron archivadas y hasta aquí parecía que habían llegado sus acusaciones. Hasta este lunes.

El “informante protegido” y sus consecuencias

El Confidencial publicó a comienzos de semana que José Manuel de Riva ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), organismo público de protección de denunciantes de corrupción o irregularidades presidido por el catedrático Manuel Villoria, por un escrito presentado contra Antonio Garamendi y otros miembros de la cúpula de CEOE sobre las irregularidades denunciadas en el desarrollo de las elecciones de Cepyme.

Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Pero sin que haya, a día de hoy, ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

La AIPI certificó la condición de informante protegido a José Manuel De Riva, al entender que cumplía los requisitos para ello, aunque precisa que ese certificado “no prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, recoge El Confidencial.

Independientemente de si alguna de estas denuncias se considera finalmente veraz, el movimiento de De Riva va a suponer probablemente que Antonio Garamendi y otros miembros señalados de la patronal sean citados por la AIPI.

En los procedimientos de investigación del canal externo se cita a la parte denunciada para conocer su versión de los hechos, “salvo que excepcionalmente, bastara con la información por escrito”, responden fuentes de la AIPI a elDiario.es. En general, esta audiencia suele ser “una entrevista”, que puede realizarse de manera presencial y también online, indican en el organismo público.

“Durante la instrucción se da noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información puede efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas”, explican desde el organismo público.

Por el momento, ni en CEOE, ni en Cepyme ni en ATA han recibido ninguna comunicación de la AIPI sobre ningún procedimiento abierto que les afecte, sostienen en estas organizaciones.

Adelanto electoral, de momento sin competencia a Garamendi

Solo unos días después de conocerse este procedimiento de la AIPI, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio por sorpresa el pistoletazo de salida al proceso electoral, con la convocatoria, el próximo miércoles, de los órganos directivos de la patronal que tendrán que fijar la fecha de los comicios. Hasta hace unos días, noviembre era el mes que se barruntaba en el mundo empresarial para esta cita con las urnas, pero ahora se prevé que sea antes.

Garamendi tildó de “campaña sucia” la remergencia de las denuncias de De Riva y se limitó a explicar que, dado que a principios de noviembre se celebrará la Cumbre Iberoamericana, quería llegar con el proceso interno ya zanjado. “No tiene ningún sentido que estemos en un espacio electoral cuando vienen miles de empresarios”, subrayó durante su intervención en el curso de verano que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Y fue en esta cita donde confirmó el secreto a voces: aspirará a un tercer mandato. “He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, anunció. El empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

En ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indican que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Fuentes empresariales sostienen que no hay en estos momentos una oposición suficiente como para presentar una candidatura alternativa que dispute el liderazgo a Garamendi. El expresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en el pasado dio a entender que podría dar el salto para diputar el liderazgo de CEOE, “de momento” no ha tomado ninguna decisión sobre si reabrir la batalla que dio hace un año, indican desde su entorno. Si bien el empresario granadino sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Muchos han mirado a Gerardo Cuerva en este nuevo capítulo de las denuncias de su anterior vicepresidente. Sin embargo, fuentes empresariales consideran que José Manuel de Riva habría actuado por su cuenta y desvinculan su movimiento a una posible candidatura alternativa de Cuerva a los comicios de la CEOE.

El talaverano Javier de Antonio Arribas ha sido reelegido como presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) durante otros cuatro años este martes. Durante su discurso ha reivindicado ante la Asamblea General de la organización que le ha dado ese apoyo, el trabajo empresarial, una labor para la que ha pedido “respeto”, que “no es fácil”, ha admitido, pero que es “una de las formas más nobles de compromiso con la sociedad”.

Fedeto cumple 50 años de historia y su recién elegido presidente asegura que “ser empresario no es fácil. Nunca lo ha sido”, ante un auditorio en el que se ha comprometido a reivindicar una agenda clara de colaboración con ayuntamientos, Diputación, Junta de Comunidades, Gobierno de España, sindicatos, universidades, centros de formación, entidades financieras y organizaciones sociales.

Dejando claro que “colaboración no es sumisión” ha avanzado que Fedeto reclamará menos burocracia y más seguridad jurídica, licencias más ágiles y plazos administrativos razonables, una fiscalidad que no castigue el crecimiento, y cotizaciones asumibles, especialmente para autónomos y pequeñas empresas.

También pide medidas eficaces contra el absentismo “injustificado” y mejor gestión de la incapacidad temporal; apoyo “decidido” al relevo generacional, a la digitalización, a la internacionalización y a la empresa familiar y, sobre todo, “respeto” al empresario.

“Durante demasiado tiempo se ha instalado un discurso que mira a la empresa con sospecha”, ha reconocido, para advertir “alto y claro” que “sin empresarios no hay empleo, ni público ni privado. Sin empresarios no hay actividad económica. Sin actividad económica no hay impuestos. Sin pymes no hay territorio. Sin inversión no hay futuro”.

Dicho esto, como revalidado presidente de Fedeto, se ha comprometido a escuchar tanto a los autónomos “que se sienten solos” como a los comerciantes “que ven caer sus márgenes”, a los industriales “que sufren costes crecientes”, a los constructores “que esperan licencias”, a los hosteleros “que no encuentran personal”, a los transportistas “que afrontan gastos cada vez mayores”, a los jóvenes empresarios que quieren empezar y “a quienes llevan décadas sosteniendo empleo en nuestra provincia”.

“Me comprometo a llevar su voz donde haga falta”, ha abundado Javier de Antonio Arribas, quien ha admitido que los empresarios están “cansados de trabas, cansados de incertidumbre, cansados de que se les exija cada vez más sin preguntarles si pueden soportarlo”.

Tras agradecer la confianza depositada tanto en los vicepresidentes como en él mismo por la Asamblea, ha incidido en que los empresarios no piden “privilegios” sino “respeto”, “confianza” y que se les escuche, precisando cómo durante los últimos años han “demostrado una enorme capacidad de resistencia”.

“Hemos superado crisis sanitarias, incrementos de costes, inflación, tensiones energéticas con apagón nacional incluido, cambios normativos constantes, dificultades para contratar, subidas de cotizaciones, mayor presión fiscal y una burocracia que, en demasiadas ocasiones, se ha convertido en una carrera de obstáculos”, ha destacado el presidente de Fedeto, quien ha añadido que, pese a ello, siguen creando empleo, formando a trabajadores, pagando impuestos e invirtiendo.

El absentismo laboral

A partir de ahí ha ido citando distintos problemas y preocupaciones de las empresas, empezando por el absentismo laboral, un tema que ha sido objeto de polémica en los últimos días tras las palabras del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que cogen una baja laboral por razones de salud mental.

Arribas ha querido dejar claro “desde el principio” que no hablan de “cuestionar derechos legítimos ni de poner en duda la protección de quien realmente está enfermo” pues “eso sería injusto y no representa al empresariado responsable”, desmarcándose así, sin citarle, de quien le precedió en el cargo al frente de Fedeto, y que ya pidió disculpas por sus palabras.

No obstante, ha pedido “soluciones serias” en este ámbito como que se dupliquen los efectivos de la inspección sanitaria, mejor coordinación con las mutuas y mecanismos eficaces de control, así como una “gestión que proteja al trabajador que realmente lo necesita, pero que también expulse del sistema a quien abusa de él”, demandando a sindicatos y gobierno que no miren “para otro lado”.

Otro de los problemas que ha señalado el presidente de Fedeto ha sido el de la burocracia que, a su juicio, “no puede seguir frenando la actividad empresarial”, consciente de que “cuando se acumulan decenas de trámites, formularios, registros, plataformas digitales, declaraciones, autorizaciones, certificados y cambios normativos, el resultado es asfixiante”.

“Desde Fedeto venimos advirtiendo que la carga burocrática y el incremento de los costes laborales son dos de los principales retos de las pymes y los autónomos”, ha destacado, demandando “una administración aliada, no una administración que paralice”, una simplificación “real”, silencio administrativo positivo y “normas claras, plazos razonables y seguridad jurídica”.

La falta de trabajadores en sectores clave ha sido un problema más mencionado por De Antonio Arribas, quien ha declarado que no se puede normalizar “que falten profesionales en construcción, hostelería, industria, transporte, agricultura, cuidados, oficios técnicos o servicios especializados”.

En este sentido, ha exigido una Formación Profesional “más conectada con la empresa”, así como “prestigiar” los oficios, colaboración público-privada, políticas activas de empleo “que funcionen” y “que trabajar, formarse y emprender vuelva a ser socialmente reconocido”.

La presión fiscal y el margen empresarial

Otro de los puntos calientes que ha citado el recién elegido presidente de Fedeto ha sido el de la presión fiscal y las cotizaciones que “rozan lo confiscatorio”, subrayando cómo los empresarios facturan hoy “sin saber con certeza cuánto ingresaremos mañana”.

“No se puede pedir emprendimiento y, al mismo tiempo, penalizar al que emprende. No se puede hablar de reto demográfico y luego hacer inviable abrir un negocio en un pueblo. No se puede defender la creación de empleo y aumentar constantemente los costes de contratar”, ha asumido.

Aquí se ha referido al margen empresarial, que “no debe verse como una sospecha ni como algo censurable, sino como la señal que permite saber si una actividad crea valor y como el incentivo que mueve a alguien a arriesgar, invertir, contratar e innovar”, convencido de que “una sociedad que demoniza el margen empresarial termina debilitando precisamente aquello que sostiene el empleo, la inversión y el progreso”, y demandando un “entorno regulatorio favorable” y proporcionado.

Finalmente, pese a todo lo anterior, Javier de Antonio Arribas ha terminado su intervención asegurado que el mundo empresarial también está lleno de “energía, de ideas y de compromiso”, siendo esa su “mayor fortaleza”, y ha reivindicado a Fedeto como “la casa de todos los empresarios”, una “organización independiente, reivindicativa, cercana, constructiva y útil” que “no se conformará con diagnosticar problemas, sino que propondrá soluciones”.

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE Tenerife, ha considerado este martes que Canarias mantiene una evolución económica positiva, aunque advierte de que necesita acometer reformas estructurales para consolidar su competitividad y transformar el crecimiento actual en un modelo “más sólido, productivo y resiliente”.

Así se recoge en el informe Indicadores Macroeconómicos de Canarias, correspondiente a junio de 2026, presentado por la organización empresarial.

Según el estudio, el producto interior bruto (PIB) de Canarias creció un 3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026, mientras que el empleo aumentó un 3,6% y el número de desempleados descendió un 14,8%, hasta situar la tasa de paro en el 11,4%.

Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social mantiene una evolución positiva y la inversión extranjera acumula un incremento superior al 137%, datos que, según la patronal, reflejan la capacidad de la economía canaria para generar actividad y empleo pese al contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración de algunos mercados europeos.

Debilidades sistémicas

No obstante, CEOE Tenerife advierte de que persisten importantes debilidades estructurales que limitan la competitividad del archipiélago.

Entre ellas destaca el acceso a la vivienda, cuyo precio medio aumentó un 11,6% en tasa interanual, mientras la oferta continúa siendo insuficiente para atender la demanda, según los empresarios. Sin embargo, hay que señalar que en Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías y que, según datos recientes del Ministerio de Vivienda, en el archipiélago hay más de 30.000 viviendas nuevas sin vender, lo que apunta a que el problema es de acceso a la vivienda, no de oferta disponible.

La organización considera que esta situación supone un problema social y comienza a dificultar la atracción y retención de talento.

El informe también señala que la productividad continúa por debajo de los niveles necesarios para sostener un crecimiento económico más sólido y apunta a la necesidad de reforzar la competitividad empresarial mediante la innovación y la modernización.

En el ámbito exterior, la patronal muestra su preocupación por la caída acumulada de más del 23% de las exportaciones y por una tasa de cobertura que apenas alcanza el 20%, lo que, a su juicio, evidencia la elevada dependencia de bienes importados y la necesidad de fortalecer la capacidad exportadora de las empresas canarias.

Respecto al turismo, el informe indica que el gasto de los visitantes sigue aumentando, aunque se aprecia una ligera disminución tanto en la llegada de turistas nacionales y extranjeros como en la estancia media, por lo que considera necesario seguir apostando por la calidad de los servicios y la diversificación de la oferta.

Construir más

Ante este escenario, CEOE Tenerife propone agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos para incrementar la oferta de vivienda, reducir las cargas burocráticas, impulsar la digitalización y la innovación empresarial, reforzar la internacionalización de las empresas, aumentar la inversión en formación y favorecer el desarrollo de sectores como la economía azul, las energías renovables, la industria tecnológica, la economía digital, el audiovisual y el aeroespacial.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha afirmado en la nota que los datos confirman que Canarias mantiene “una economía dinámica y con capacidad de crecimiento”, pero considera imprescindible abordar reformas estructurales que permitan aumentar la productividad, facilitar la inversión, incrementar la oferta de vivienda y mejorar la competitividad exterior.

Según Alfonso, “las empresas están haciendo su parte” y ahora corresponde a las administraciones acelerar las decisiones necesarias para que Canarias aproveche plenamente sus oportunidades de desarrollo.

En la nota remitida desde CEOE no hay ni una palabra sobre la mejora de las condiciones laborales en un escenario de bonanza como el actual mientras las Islas siguen teniendo los segundos sueldos más bajos del país y el coste laboral más bajo.

Aurora Rodríguez tiene 22 años y ha crecido entre uniformes de trabajo, trajes regionales y el olor a tela de la tienda que su abuelo fundó en Murcia hace más de cuatro décadas. Pero cuando llegue la jubilación de sus fundadores, el negocio no tendrá heredero. “Da pena que la empresa no vaya a seguir después de que mi abuelo se muera, pero es que no es mi proyecto de vida”, dice Aurora con una honestidad que resume, mejor que cualquier estadística, el problema silencioso que atraviesa miles de negocios familiares en España.

Este no es un caso aislado, se estima que más de 1,1 millones de pymes familiares en España no tienen relevo generacional. De aquí a 2030, muchas más no encontrarán a nadie dispuesto a continuar. Según el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 70% de las empresas familiares no pasa a la segunda generación y el 90% no llega a la tercera. Solo el 5% alcanza la cuarta. Y transcurridos 25 años desde su creación, más del 60% de las empresas ya ha dejado de existir, siendo el cierre —con un 38%— la causa más común. “Muchas empresas fracasan por la sucesión, no por el negocio”, concluye el documento de IEF.

El peso de lo que está en juego es enorme. Los datos de la asociación apuntan que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial español, generan el 70% del empleo privado —más de 6,58 millones de puestos de trabajo— y contribuyen al 57% del PIB del sector privado. Cada cierre por falta de relevo no es solo una pérdida familiar: es una pérdida económica para el conjunto del país, alerta.

Un problema económico, demográfico y de prestigio

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) lanzó hace unos meses una advertencia a través de su informe 'Juventud emprendedora: posibilidades de relevo de negocios en el mundo rural': el relevo generacional debería ser una prioridad nacional. Al menos 11 provincias españolas están ya en riesgo estructural por la combinación de despoblación, envejecimiento y desaparición de empresas. Provincias como Zamora, Ourense, Lugo y Palencia han perdido hasta el 21% de su población en las últimas décadas.

Pero CEAJE es clara: “El problema no es solo demográfico, es también económico y de prestigio”, asegura su portavoz. La pérdida de población en zonas rurales va acompañada de un debilitamiento del tejido productivo, y detrás de la falta de relevo hay un cambio más profundo en la relación de las nuevas generaciones con determinados trabajos y territorios. Los oficios manuales, el comercio de barrio o el campo arrastran todavía un problema de imagen que las ayudas económicas no consiguen resolver por sí solas.

“El problema es que muchos empresarios confían en que la siguiente generación continuará con el legado, pero la tasa de supervivencia en las empresas que afrontan un relevo generacional es muy baja”, advierte Soly Sakal, fundador de la consultora Rhombus. Según sus datos, el 40% de las familias empresarias considera la sucesión un desafío crítico. Y el 70% de las empresas familiares no cuenta hoy con un plan de relevo generacional, según el informe 'Relevancia y supervivencia de la empresa familiar 2025', elaborado por el IEF junto a las compañías de KPMG y SAP.

Veronica garcia Castelo, presidenta de ADEFAM —la asociación de empresas familiares de la Comunidad de Madrid—, argumenta que “la mayoría de las empresas familiares no fracasan por el negocio en sí, sino porque el proceso de sucesión no se ha gestionado correctamente”. Su último estudio, 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', revela que las empresas familiares representan el 93% de las compañías y generan el 59% del empleo privado. El 68% sigue activo una década después de su fundación, frente al 66% de las no familiares.

Sin embargo, apenas el 11% de las pequeñas empresas y autónomos cuenta con un plan de sucesión formalizado. “Bastante complicado es ya que una empresa sobreviva económicamente como para que cierre únicamente por el relevo generacional”, señala uno de los autores del estudio de ADEFAM. “El cierre de una empresa siempre es una mala noticia” añade.

¿Crisis de jóvenes o renovación de perfiles?

La pregunta no es solo si hay jóvenes dispuestos a tomar el relevo, sino qué tipo de relevo están dispuestos a hacer. Cada vez más, quienes asumen un negocio familiar no lo hacen para mantenerlo tal como estaba, sino para transformarlo. La generación Z aporta digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de relación con clientes y empleados. Las fricciones aparecen cuando los ritmos de cambio entre generaciones son distintos.

“El relevo no consiste únicamente en conservar una empresa, sino también en transformarla para adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia”, señala Daniel Cifuentes de CEAJE. A esto se añade otra realidad: hay jóvenes que no rechazan el relevo por falta de interés, sino porque el negocio no es viable económicamente tal como está. En esos casos, la organización defiende ampliar el concepto hacia el relevo empresarial: permitir que otros emprendedores ajenos a la familia asuman proyectos con potencial antes de que desaparezcan.

Es la alternativa que baraja la propia familia de Aurora. “Lo quieren dar al trabajador”, explica ella. “Al ser una empresa muy pequeña, los trabajadores llevan muchos años y la conocen perfectamente. Aunque no sea la opción más rentable, sí que es la que más se ajusta a sus valores”. La venta queda descartada: “Es un legado que han construido como si fuera un hijo. Tú vas formándolo y dándole valores”.

La sucesión no se improvisa

No todas las historias terminan en cierre, un caso de éxito es la galardonada por ADEFAM como proyecto más innovador de una empresa familiar. IGT Microelectronics, empresa tecnológica con más de 40 años de historia y desarrolladora de la marca Ágora, es uno de los ejemplos de transición exitosa. “Lo complicado muchas veces no es una cosa u otra, sino saber diferenciar cuándo estás hablando como familia y cuándo estás hablando como empresa”, explica su CEO, Sergio Cámara.

La clave, en su caso, fue la anticipación: crearon un protocolo familiar en el momento de incorporación de la nueva generación, con normas, responsabilidades y un plan de sucesión pactado. “La generación fundadora fue dando espacio poco a poco mientras la nueva asumía responsabilidades reales. El cambio no se vivió como una ruptura, sino como una evolución”.

Para la presidenta García Molina, las empresas que logran el relevo comparten un patrón: anticipación, separación clara entre familia y empresa, profesionalización de la gestión y, sobre todo, entender la sucesión como un proceso de conversación continua, no como un nombramiento puntual. “Cuanto antes se empiece a hablar de la sucesión, mejor”, coincide Cámara. “Cuando estas conversaciones se posponen, normalmente se vuelven más difíciles”.

En la restauración, Cristina Oria, es otro caso de éxito. La fundadora de la empresa familiar gastronómica que lleva su nombre, cree que la continuidad pasa por profesionalizar las estructuras y construir proyectos capaces de ir más allá de sus fundadores. “Las marcas no pueden depender únicamente de una persona”, sostiene otra galardonada por Adefam. “Tienen que tener unos valores claros, una cultura muy definida y equipos capaces de mantener esa esencia”.

El campo, dónde el relevo no llega

Si hay un sector donde la crisis generacional resulta especialmente visible es el primario. En España, el censo agrario de 2020 ya mostraba que apenas el 9% de los jefes de explotación tiene menos de 40 años, tal y como se puede ver en el gráfico. Mientras que el 41% supera los 65. En la Unión Europea, el 57% de los agricultores supera los 55 años y la edad media se sitúa en los 57. Solo el 12% tiene menos de 40.

“En ninguna comarca española se alcanza que el 40% de los jefes de explotación sean menores de 45 años”, explica Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Situación, ilustrada en la gráfica, y especialmente crítica en la ganadería extensiva, donde la dedicación es prácticamente total y la calidad de vida percibida, muy baja.

Las barreras son múltiples. Para quien no tiene vinculación familiar con el sector, el primer obstáculo es el acceso a la tierra. UPA lleva años reclamando bancos públicos de tierra y agua: “Un cultivo en regadío tiene una rentabilidad mucho mayor que uno en secano”. El Gobierno ha anunciado una orden ministerial para regularlos, con unas 17.000 explotaciones incluidas inicialmente. Pero la organización pide que tengan prioridad los menores de 40 años. Y los datos muestran el estancamiento: en 2024 había 4.025 solicitudes a la reserva nacional; en 2025, cayeron a 3.182. Esto a pesar de que la nueva PAC destina 220 millones de euros anuales al pago complementario para jóvenes agricultores, un 50% más que en el periodo anterior.

“Las políticas públicas actúan sobre síntomas y no sobre causas”, sostiene Pedro Piedras, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas. “Las ayudas alivian necesidades inmediatas, pero no resuelven problemas estructurales como el acceso a la tierra, el coste de entrada o la incertidumbre económica”. Un 52% de las incorporaciones al sector, según UPA, se producen sin ningún tipo de ayuda pública.

Un sector tecnológico con imagen de otro siglo

La paradoja del campo es que vive uno de los procesos de modernización más acelerados de la economía mientras mantiene una imagen social anclada en el pasado. Sensores, inteligencia artificial, agricultura de precisión, análisis de datos y sistemas de geolocalización forman ya parte del trabajo agrario cotidiano. El sistema agroalimentario supone alrededor del 10% del PIB y del empleo en España, según el INE, y demanda cada vez más perfiles técnicos especializados.

“El trabajo agrícola y ganadero se sigue presentando como una actividad poco cualificada, cuando hoy hablamos de un sector altamente tecnificado”, explica Piedras. “A los jóvenes no les gusta verse como granjeros, sino como especialistas”. Cuando los estudiantes descubren que el sector agroindustrial se parece “más al mundo de la aeronáutica que al de los campesinos que segaban a hoz”, muchos empiezan a mirar con interés. El problema es que ese relato aún no ha llegado a la mayoría.

Las recientes declaraciones del presidente de la patronal de Castilla-la Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, afirmando que los jóvenes se dan de baja laboral “porque les ha dejado la novia” y llamándolos “memos”, no son una anécdota aislada. Es una estrategia calculada para desviar la atención de la precariedad estructural y culpar a toda una generación de los males del mercado laboral.

Intentan etiquetar a los menores de 30 años como la 'generación de cristal', débiles e incapaces de soportar la frustración. Sin embargo, no sois más débiles; sois la primera generación con conciencia de sus derechos que se niega a normalizar la explotación a cambio de salarios de miseria o alquileres imposibles.

Si el talento joven enferma, la culpa es de entornos corporativos tóxicos. Al ironizar con el desamor, se infantiliza de forma peligrosa la salud mental y se ejerce una intolerable banalización de la depresión. Esta no entiende de edad ni de estados de ánimo pasajeros; es una enfermedad clínica severa que altera de forma drástica la vida de miles de pacientes en toda España. Catalogar una baja psicológica como una simple pataleta añade una carga de culpa injustificada al enfermo, agravando sus síntomas. Además, la patronal olvida la ley: ningún joven ni ningún paciente adulto se autoconcede una baja; esta requiere un diagnóstico formal firmado por un médico colegiado de la sanidad pública.

Frivolizar este proceso activa el “presentismo laboral”, obligando a personas psicológicamente rotas a trabajar por miedo.

El discurso de sospecha de la patronal choca frontalmente con la realidad. Según informes sobre Salud Mental y Trabajo, España roza las 672.000 bajas laborales anuales vinculadas a problemas de salud mental, una cifra que prácticamente se ha duplicado en la última década. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta de que las bajas por síntomas emocionales, estrés grave y ansiedad se han disparado exponencialmente, afectando con especial dureza a la Generación Z y a los trabajadores de entre 25 y 35 años. No estamos ante un “fraude masivo”, sino ante un problema de salud pública de primera magnitud.

La prolongación de estas bajas responde al colapso crónico de la sanidad pública y a las listas de espera que alargan las recuperaciones de unos pacientes que carecen de una atención psicológica rápida. Pero este discurso de la sospecha no nade en el vacío. Hay que hablar claro: votar a formaciones como el Partido Popular (PP) o VOX es, en la práctica, dar alas y validar el modelo de empresarios como este señor. Apoyar agendas que recortan la sanidad, desprotegen al trabajador y ridiculizan la inversión en salud mental, legitima que os insulten desde los atriles.

Frente a la desatención, el modelo que defendemos exige un blindaje absoluto de la sanidad, una prioridad que el Gobierno de Coalición Progresista sitúa en el centro de su agenda. Muestra de ello es la inyección económica de 56,8 millones de euros a las comunidades autónomas para el fortalecimiento de la salud mental y la prevención del suicidio, consolidando un presupuesto de 39 millones deeuros anuales para el Plan de Acción de Salud Mental. Impulsamos medidas reales para transformar la atención comunitaria e incrementar la ratio de psicólogos clínicos en la Atención Primaria, erradicando por completo el estigma en el entorno laboral.

Ante la gravedad de sus palabras, la propia CECAM emitió un comunicado pidiendo disculpas y matizando que no pretendía dudar de las enfermedades mentales, mientras la patronal nacional (CEOE) se desmarcó rápidamente a través de Antonio Garamendi, calificando la salud mental como un asunto “muy serio”.

Un mercado laboral moderno no se construye bajo la sospecha sistemática hacia la juventud ni la estigmatización de la depresión. El único “desamor” real del que debería preocuparse la patronal es el divorcio absoluto de una sociedad que ha decidido dejar de cambiar su salud mental por condiciones de trabajo intolerables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este miércoles contra la CEOE por sus recientes críticas a las bajas laborales, que ve como un “ataque” la independencia del personal médico y ha pedido a la patronal que deje de “banalizar” con este asunto. También ha rechazado de plano las declaraciones del presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM), Ángel Nicolás, llamando “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por salud mental.

Ha recordado que las bajas son un “acto médico” en el que un profesional sanitario te diagnostica que no puedes ir a trabajar, por lo que ha pedido a la CEOE no “banalizar” con el asunto y “deslizar” que las bajas se cogen sin causa“.

Así, la ministra ha considerado que las críticas empresariales constituyen “un ataque a la independencia y la autonomía que tienen los médicos para dictar y firmar las bajas de los profesionales y de los trabajadores”.

En lo que respecta a las declaraciones del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, García las ha censurado, más si cabe en un momento de auge de los problemas de salud mental de los jóvenes, en buena medida provocados por la crisis de vivienda.

La ministra ha concluido alegando que parte de los problemas de salud mental provienen de “las propias empresas”. “Dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales y a los sanitarios como deben”, ha zanjado.