La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha descartado la posibilidad de tratar el viernes 12 de junio, día en el que el Papa visita la isla de Tenerife, como un día festivo, pese a la dificultad que tendrán los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo por las restricciones a la movilidad.

Preguntado por este asunto durante una rueda de prensa, el presidente de la Cámara, Santiago Sesé, ha dicho que las empresas, al igual que han hecho las Administraciones públicas, facilitan el teletrabajo siempre que sea posible, pero hay actividades en las que es necesaria la presencialidad para prestar servicios.

“Queremos ofrecer todas las facilidades posibles para un evento como este, pero también tenemos que prestar los servicios porque no puede ser de otra manera”, ha señalado Sesé, y ha añadido que las empresas tratan de coordinarse con las autoridades para facilitar que los trabajadores puedan llegar a sus puestos.

“Tenemos que buscar equilibrios y dar todas las facilidades posibles”, y si una persona no puede llegar, “tendremos que buscar sustituciones con otros compañeros o lo que sea necesario”, ha agregado la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez.

En su opinión, establecer un día festivo “no tiene mucho sentido porque, además, esta visita supone una oportunidad económica para la isla”.

Combinar teletrabajo, presencialidad y facilidades “es la opción más eficiente”, según Lola Pérez.

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.

El judo es conocido por ser un arte marcial en el que la técnica vale más que la fuerza. Sus llaves se basan en aprovechar la energía del rival para derribarlo: cuanto más ímpetu pone el adversario, más fácil resulta desequilibrarlo o bloquearlo. Y alguien en Junts parece haberse puesto el cinturón negro, porque la respuesta de Jordi Turull al apoyo a una moción de censura que les reclama Alberto Núñez Feijóo utiliza toda la contundencia de la propuesta del PP para dejarla en KO técnico.

En el escenario actual, todos los partidos intentan sobrellevar la presión como pueden. Para Junts, el equilibrio no es sencillo: dar por liquidado el Gobierno sin echarlo. La respuesta a Feijóo fue la acordada entre Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. El lunes a última hora se celebró una ejecutiva en la que se informó a la dirección que la estrategia sería la que el martes verbalizó el secretario general en una entrevista en Catalunya Ràdio (el mismo día en que el líder popular visitaba Barcelona, una coincidencia más casual que causal). A modo de resumen, si el PP tiene algo que proponerles, que vaya a Waterloo y se lo pida a Puigdemont.

Es una salida hábil porque de esta manera, los independentistas tranquilizan a quienes creen que deberían forzar ya la caída de Sánchez y, al mismo tiempo, pueden sostener que no lo hacen por culpa del PP y su negativa a asumir determinadas condiciones.

En Junts insisten en que no tienen “ninguna urgencia electoral”. Su lectura es que los votantes no les respaldan para decidir quién ocupa la Moncloa, sino para defender los intereses de Catalunya. Tampoco consideran, a diferencia de ERC, que deban contribuir a consolidar un bloque de izquierdas en el Congreso. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, resumió Turull.

Pero una cosa es no querer estar atados a los socialistas y otra muy distinta participar en una operación que incluya a la extrema derecha de Santiago Abascal. “No abriremos la puerta a un Gobierno de PP y Vox”, resumen fuentes de la formación.

Los independentistas recuerdan que, tras las últimas elecciones generales, algunos dirigentes populares intentaron aproximarse de manera informal. “Bien que nos buscaba González Pons por los pasillos”, ironizan en Junts. Añaden que quien comprendió que cualquier negociación pasaba por sentarse con Puigdemont fue el PSOE, que sí se atrevió a enviar al ahora innombrable Santos Cerdán a Waterloo.

Junts, como el resto de partidos y evidentemente el PSOE, está también pendiente de ver cómo va la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -otro de sus interlocutores caído en desgracia- y las posibles novedades del sumario del caso Leire. Consideran que, por el momento, no se ha acreditado la existencia de financiación ilegal en el PSOE y que eso les facilita la posición que han adoptado frente a la propuesta del PP.

Tras normalizar sus relaciones con el PNV, ambas formaciones mantienen una cierta coordinación, aunque lejos de la sintonía que exhibieron en la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy. En Junts son conscientes de que los nacionalistas vascos actúan guiados, como siempre y ante todo, por sus propios intereses. Y que el calendario electoral que más les convenga a ellos no tiene por qué coincidir con el de los independentistas catalanes. 

El tono de Feijóo

La reacción de Feijóo al desafío planteado por Turull no sorprendió a nadie. Sí llamó más la atención el tono empleado, especialmente ese “vamos a hablar de cosas serias” que lanzó a los periodistas en los pasillos del Palau de Congressos, donde se celebran las jornadas del Cercle d’Economia. El líder popular, a diferencia de las quince ocasiones anteriores en las que había acudido a este foro, no viajó a Barcelona en busca del aplauso del empresariado catalán. Más allá de prometer, como acostumbra, menos impuestos, otra política de vivienda, y ahora una política migratoria más restrictiva, no ofreció mucho más.

La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, insistió en que los dos grandes partidos deberían ser capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas, especialmente en el actual contexto internacional que, en sus palabras, exige visión a largo plazo y grandes consensos. “No se puede construir desde la confrontación permanente”, afirmó ante un Feijóo que, imperturbable, dejó claro que no piensa sentarse a negociar nada con el PSOE.

Garcia-Milà volvió además a plantear una reivindicación clásica en estas jornadas: la reforma del modelo de financiación. La pregunta era previsible y Feijóo, que sabía que esta siempre toca, no improvisó aunque sorprendió porque su mensaje no pudo ser más frío: defendió que lo que tiene que hacer la Generalitat es gastar menos y advirtió de que, si llega a la Moncloa, Catalunya tendrá que situarse en la misma fila que el resto de comunidades autónomas en el reparto de los recursos.

Los aplausos fueron los justos, los de cortesía. Y, después de su intervención, es de suponer que tampoco esperaba muchos más.

Como él mismo señaló nada más subir al atril del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo llegó a Barcelona acompañado de un enorme elefante: la duda sobre si puede articular una mayoría para una moción de censura exitosa contra Pedro Sánchez. Durante los 45 minutos que intervino, el líder del PP no dio al elefante ni un triste cacahuete, ni tampoco concedió a la audiencia empresarial una sola promesa o guiño más allá de lo estrictamente necesario. Más bien al contrario.

Feijóo dejó claro al empresariado catalán que ni cuenta con ellos para llegar a Moncloa ni les pide nada. Este no es un presidente del PP que quiera hablar en catalán en la intimidad. El tono de Feijóo tuvo este martes un matiz diferente al empleado en otras ocasiones, tanto en el mismo foro como en otros encuentros con el patriciado catalán.

El líder de la oposición solemnizó que ni cuenta con la élite empresarial catalana ni aspira a seducirla. Para rematar, sugirió que volverá al Cercle de aquí a un año, se entiende que como presidente del Gobierno, desde donde demostraría que no necesita los consejos que acostumbra a recibir en Barcelona.

“Otra oportunidad perdida”, se lamentaba el presidente de un importante despacho de abogados. “Podía haber aprovechado para apretar más al presidente del Gobierno a través de preguntas concretas para que se comprometa, pero no lo ha hecho”.

Justo hace un año, fue el propio líder del PP quien prometió a los asistentes a la reunión del Cercle un sistema de financiación que aportarse “recursos adicionales” a Catalunya. Llevaba bajo el brazo también propuestas para conectar con su audiencia, como alargar la vida de las nucleares. Unos meses después acudía a la sede de Foment, la gran patronal catalana, a la que pedía para una moción de censura “los votos de los suyos”, en referencia a Junts.

Poco de eso había en el discurso que enarboló Feijóo este martes en Barcelona. “No vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos”, aseguró, dando un giro sobre sus propios pasos.

Rechazó de plano la propuesta de financiación surgida de la Moncloa y aseguró que su modelo se basaría en revisar el gasto. Tampoco hizo concesiones ante la petición de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, de pactos hacia el centro y entenderse con el PSOE. Ni mucho menos con Carles Puigdemont. “Hablemos de cosas serias”, zanjó.

El lunes, primer día de la reunión del Cercle y un día antes de la participación de Feijóo, el dirigente de una importante institución empresarial comentaba que lo mejor que podía hacer el presidente del PP era dedicar las horas previas a ir al spa de un hotel y relajarse un poco. “Ha venido más tranquilo que otras ocasiones, menos mitinero quizás, pero los aplausos han sido contenidos”, resume un directivo de una relevante empresa de infraestructuras del Ibex. Tampoco convenció.

Antes de presentarse ante el auditorio, Feijóo mantuvo una reunión privada con algunos de los más destacados empresarios catalanes. En el desayuno participaron dirigentes económicos como Marc Murtra (Telefónica), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Creuheras (Planeta), Antonio Brufau (Repsol) o Amancio López (Hotusa).

Pese a saber los temas que se trataban en el cónclave económico y que interesan a la élite empresarial catalana, Feijóo hizo pocas concesiones y optó por hablar de su libro. “Ha recordado el momento de gran inquietud que vive el país y ha intentado no cometer errores, pero sin propuestas claras”, valoraba un dirigente patronal.

“Ya sabemos que a Feijóo le cuesta conectar con este ambiente; hace un buen diagnóstico de los problemas macroeconómicos, sí, pero no plantea alternativas concretas. Y es una pena, porque en la distancia corta gana mucho y su capacidad como gestor está fuera de dudas”, resume un veterano ejecutivo, uno de los que, antes de la intervención, participó en el desayuno que el presidente del PP mantuvo con un selecto grupo de directivos.

Las cuatro intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle como presidente del PP se cuentan por decepciones y por las críticas a Pedro Sánchez. En 2022, cuando llegó tras sustituir a Pablo Casado en Génova, tuvo palabras amables y cargó contra el procés. En 2023, en vísperas de las elecciones generales, regaló los oídos al auditorio —“sois estupendos porque pagáis más impuestos que nadie”—, pero evitó mojarse sobre temas como un nuevo modelo de financiación autonómica.

En 2024 intensificó las virulentas críticas al líder socialista y pasó de puntillas por la economía. Y el año pasado, volvió a defraudar al no mojarse sobre la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell —qué lejana queda ya—, un día después de que Pedro Sánchez anunciara una sorpresiva e inaudita consulta. “Mi opinión personal es irrelevante”, dijo entonces el aspirante a La Moncloa.

En esta ocasión, también esquivó hablar de aquello que le proponía la organización, que era la autonomía estratégica de la Unión Europea. “¿No creen que España tiene alguna dificultad añadida para hablar de estos asuntos? Antes que ninguna otra cosa, España necesita lo elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capaz de defender el interés general”. Así se quitaba del medio Feijóo el debate europeo para centrarse en la política doméstica. Lo que no mencionó el líder popular es el otro elefante que tiene la derecha en su habitación, Vox.

“Feijóo ha hecho suyo el manual de resistencia de Sánchez y está en llegar vivo a 2027. Y, para eso, no puede hacer concesiones al público catalán”, valoraba una fuente empresarial que aseguraba que había visto al líder del PP “hablando para los suyos, que sabe que no están en Catalunya”. La reunión será clausurada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

El sindicato CCOO Casilla-La Mancha se ha movilizado este martes en las cinco provencias de la región para denunciar que ninguno de los 27 convenios sectoriales pendientes de renovar en 2026 se ha firmado en el primer semestre del año, una situación que afecta a “más de 136.000 trabajadores y trabajadoras castellanomanchegos” que ven su “salario congelado”.

El secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, ha calificado la situación de bloqueo absoluto por parte de la patronal. “Ya advertimos que no íbamos a firmar ningún convenio colectivo que no recogiera incrementos salariales por encima de la media” Por eso, ve “imprescindible” que, en un contexto de beneficios empresariales “tan importante como el actual”, se actualicen los salarios entre un 4% y un 7% y ha avanzado que CCOO “va a dar la batalla convenio a convenio”.

Ortega ha rasaltad que “la economía de la región tiene una gran deuda con las personas trabajadoras. No puede ser que el criterio para que las empresas se instalen aquí sea que Castilla-La Mancha tiene los salarios más bajos”. El secretario general ha advertido de que se va a mantener la tensión en todas y cada una de las mesas de negociación y ha hecho un llamamiento al empresariado: “Es necesario dar ese impulso a los salarios para que la economía regional se asiente y no seamos los últimos en condiciones laborales”. Si la situación no se desbloquea se van a poner todas las herramientas encima de la mesa, desde las movilizaciones a los paros “y lo que sea necesario para que se cumplan las reivindicaciones de las personas trabajadoras”.

Concentraciones en todas las provincias

Declaraciones que ha realizado en la concentración de Toledo donde el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez, ha cifrado en más de 50.000 las personas afectadas por el bloqueo de la negociación colectiva en la provincia. “Nos encontramos en un momento en el que los beneficios empresariales son 20 puntos superiores al incremento retributivo de las personas trabajadoras por lo que hay margen para mejorar salarios”.

En Albacete, ante la FEDA, el secretario general Paco Gómez ha dicho que las personas trabajadoras “están hartas de excusas, de justificaciones y de mentiras por las que todavía no se ha cerrado ningún convenio”.

La convocatoria de Ciudad Real se ha escenificado ante el Pabellón IFEDI donde se inauguraba Fenavín Match de cara a visualizar la problemática en el sector de vinícolas. La secretaria general en esta provincia, Esther Serrano, ha recordado que la negociación colectiva sectorial de la provincia afecta a más de 32.400 trabajadores y trabajadoras. “No vamos a permitir que toquen derechos que ya están consolidados, que nos quiten la antigüedad o los salarios sigan congelados mientras todo sube por las nubes, como el precio de la vivienda”.

Las concentraciones de Cuenca y Guadalajara se han desarrollado ante la sede de la CEOE–Cepyme. En la de Cuenca, el secretario general, Carlos Hortelano, se ha referido por ejemplo al convenio del campo del que no se ha tenido contestación y por el que no descarta ir a mediación arbitral. En el caso de la industria agroalimentaria sí están abiertas las negociaciones y confía en poder llegar a un acuerdo.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha dicho que en el convenio de logística ha habido un ligero avance, en materia de salud laboral, aunque el acuerdo está aún lejano. Otras 8.000 personas están afectadas por el de comercio. En total 33.000 personas cuyos convenios “están sin vigencia”.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

Dejando de lado el plástico, más endeble y contaminante, Meltio decidió apostar desde Linares por un material más duro y resistente como el metal. Pese a su breve andadura, fundada en 2019, cuenta con más de 120 trabajadores, y tiene claro que “la clave del éxito a largo plazo está en su gente y en su ecosistema”. 

Meltio es una empresa conjunta creada por Sicnova, empresa jiennense dedicada a la impresión 3D, y AddiTec, empresa estadounidense dedicada a la impresión metálica. Su método de trabajo está basado en la técnica LMD (Laser Metal Deposition), un tipo de Deposición de Energía Dirigida que utiliza alambre de soldadura de productos asequibles como materia prima. Esta empresa de carácter global, realiza productos para industrias como la automoción, aeroespacial, petróleo, gas y minería.

Actualmente, cuenta con más de 650 sistemas instalados y su expansión abarca todo el mundo. Su misión es “deleitar a clientes, socios y empleados siendo pioneros en el desarrollo de soluciones asequibles de impresión 3D metálica que sean fiables, seguras y fáciles de usar, reforzando continuamente nuestro estatus como disruptores”. 

Sicnova, empresa matriz

Una de las empresas fundadoras de Meltio fue Sicnova, empresa jiennense fundada en 2007 y que se dedica a la distribución y asesoría del uso de impresoras 3D industriales, escáneres 3D, filamentos y software para fabricación aditiva. Actualmente, es líder en España en la distribución de tecnología de impresión 3D y digitalización 3D, y trabaja para los sectores industriales, medicina y educación.  

Su propósito es “ayudar a impulsar y transformar el tejido empresarial y social mediante la tecnología de fabricación avanzada, creando nuevas oportunidades antes no imaginadas”. Además, en la actualidad, tienen acuerdos preferentes y de exclusividad para la distribución, venta y servicio técnico oficial, lo que lo convierte en el principal proveedor de tecnología 3D para la Península Ibérica y Latinoamérica.  

El uso de la tecnología 3D durante la pandemia del Covid-19 fue fundamental, y desde Sicnova eran conscientes, por lo que pusieron en marcha el proyecto Portal 3D Covid-19. Esta iniciativa proporcionaba ficheros, material de construcción y asesoramiento a aquellas personas dispuestas a poner sus impresoras 3D al servicio de los sanitarios. Como consecuencia, 5.000 personas fabricaron 100.000 viseras gracias a Sicnova, que proporcionó a precio de coste los materiales necesarios y ofrecieron asesoramiento.

Novaindef, la filial

Por su parte, Sicnova también tiene una empresa filial dedicada al sector de Defensa llamada Novaindef. Esta ofrece servicios integrales para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de la defensa y el espacio, además cuenta con tecnologías avanzadas en fabricación, postprocesado, inspección y ensayos, para ofrecer un ciclo completo de desarrollo de producto.

En 2024 comenzó la andadura de Novaindef, teniendo como propósito principal suministrar a las Fuerzas Armadas de España. Aporta soluciones ingenieras a los Ejércitos de Tierra y Aire, y su principal ventaja es el tiempo de producción de las piezas, llegando a pasar de meses a días o incluso horas. Sin embargo, tiene una aplicación civil, lo que la hace una tecnología dual, ya que se puede emplear en la minería para llegar a lugares de difícil acceso.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha expresado su preocupación ante las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que anuncia como objetivos para este año el encarecimiento del despido y la modificación de las reglas de representación en el diálogo social.

En un comunicado recogido por Europa Press, la CEG ha considerado “especialmente grave” cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales y tratar de debilitar la participación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en la negociación de cuestiones que afectan directamente a miles de pequeñas y medianas empresas.

“Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y español y son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, especialmente en el ámbito rural”, han reivindicado desde la CEG.

El presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, recuerda que “el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica”. “Cualquier intento de alterar unilateralmente los equilibrios de representación supone deteriorar un modelo que ha contribuido durante décadas a la estabilidad económica y laboral de nuestro país”, ha criticado.

Asimismo, advierte que “nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, se suman a un contexto ya especialmente complejo para las empresas, marcado por el aumento continuado de los costes laborales, la presión fiscal, la inflación regulatoria y la creciente burocracia administrativa”.

“Las empresas gallegas, y particularmente las microempresas y pymes, necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo, no nuevas cargas que dificulten su viabilidad. Resulta especialmente preocupante seguir impulsando reformas laborales sin una evaluación rigurosa de su impacto real sobre las pequeñas empresas y los autónomos”, ha sentenciado Vieites.

Las provinciales

En la misma línea ha hablado la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), subrayando que el diálogo social es “el pilar de toda democracia”. “Si queremos que nuestras empresas se conviertan en un referente, si queremos una economía próspera y la proliferación de organizaciones punteras, debemos escucharlas. La situación no es la misma en todo el territorio nacional, ni todos los negocios cuentan con el mismo volumen de actividad e ingresos”, ha añadido el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Para él, tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” que tiene “consecuencias reales”.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) también ha defendido el diálogo social ante el anuncio del Gobierno de adoptar medidas en al ámbito laboral excluyendo a los agentes sociales.

En un comunicado, ha compartido la “inquietud” trasladada por Cepyme respecto a la proliferación de anuncios y decisiones adoptadas sin una negociación efectiva previa. “El diálogo social ha sido una de las herramientas más valiosas para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social en nuestro país. Debilitarlo mediante planteamientos unilaterales o fórmulas de interlocución meramente formales supone poner en riesgo un modelo que ha permitido afrontar con éxito etapas especialmente complejas para el país”, ha insistido la CEO.

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines (Aprecu), María Pilar Jiménez, ha sido elegida presidenta de la nueva Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería. Esta entidad fue creada en el reciente V Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, celebrado en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha.

La delegación albacetense, encabezada por la concejala de Promoción Económica y Emprendimiento del Ayuntamiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, junto a la presidenta de Aprecu; el vicepresidente de la asociación, Ramón Pareja, y la conservadora del Museo de la Cuchillería, Mariana de Pascual, ha tenido “un papel protagonista” en el desarrollo del encuentro, liderando la Asamblea general en la que se abordaron las principales líneas estratégicas del sector a nivel internacional, según ha trasladado Aprecu en nota de prensa.

La nueva asociación agrupa a las principales ciudades cuchilleras del mundo y actúa como foro de cooperación, intercambio de conocimiento y promoción conjunta.

Desde Aprecu se ha celebrado nombramiento, valorando que supone un respaldo al papel de Albacete como “referente indiscutible del sector”, tanto por su peso industrial, con cerca del 90% de la producción nacional y un volumen de exportación en torno a los 35 millones de euros, como por “su capacidad de liderazgo en iniciativas de proyección internacional”.

Durante la Asamblea, se puso de manifiesto la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre territorios, impulsando proyectos comunes y reforzando la visibilidad global de la cuchillería como patrimonio cultural y actividad económica estratégica.

Objetivos estratégicos

Entre las principales líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa de la Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería destaca el fortalecimiento de la cooperación internacional entre ciudades, instituciones, empresas y entidades vinculadas históricamente al sector, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el desarrollo de proyectos conjuntos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Asimismo, la organización continuará impulsando acciones destinadas a reforzar la visibilidad internacional de la cuchillería como actividad económica estratégica, patrimonio cultural e importante elemento identitario de numerosos territorios, promoviendo al mismo tiempo la conservación y difusión de la tradición artesanal e industrial ligada a este sector.

Entre los objetivos de trabajo también figuran el impulso de la innovación, la modernización y la internacionalización de las empresas cuchilleras, el apoyo a la formación y la transferencia de conocimiento, así como la participación en iniciativas y programas internacionales que contribuyan al desarrollo económico, turístico y cultural de las ciudades miembro.

El encuentro de Caldas da Rainha ha reunido a representantes institucionales, empresas, artesanos, asociaciones y entidades vinculadas al sector de distintos países, con delegaciones de Argentina, Italia, Alemania, Japón, Francia, Austria, Bulgaria y Turquía, además de España, representada por Albacete, como miembro y referente mundial. consolidándose como una cita clave para el futuro de las ciudades cuchilleras.

Los cuatro mineros que durante 15 días han permanecido encerrados a 300 metros de profundidad en la Mina Miura, en Asturias, para denunciar el impago de los salarios que desde hace un año les adeuda el empresario Fernando Martínez Blanco han salido al exterior para seguir su protesta. Mañana, viernes, iniciarán una marcha a pie hasta la capital asturiana bajo el lema 'Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente' y calculan que llegarán a Oviedo/Uviéu seis días después.

Esta será otra prueba de resistencia ya que tendrán que cubrir aproximadamente los 160 kilómetros que separan Ibias, donde está ubicada la explotación de carbón, de Oviedo/Uviéu.

Su propósito es llegar el próximo 13 de mayo hasta la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento, para exigir al empresario que les abone todos los sueldos atrasados -ya van 13 nóminas- y el mantenimiento de la actividad laboral.

Remar “al unísono”

Santiago González, Héctor Pérez, José María Pérez Pereira y Héctor López han salido de la explotación de carbón, situada en la parroquia de Tormaleo (Ibias) entre aplausos de sus familiares, compañeros, amigos y vecinos a los que se han unido los representantes políticos y sindicales. Precisamente a los políticos les han reclamado que su apoyo no se limite a ser testimonial y que “remen al unísono”.

Durante dos semanas han pasado de todo durante su encierro: desde frío y humedad hasta la sensación de impotencia de ver que el empresario no ha variado ni un ápice su cerrazón y no les ha ingresado ni un solo euro.

Seis días de marcha a pie

A pesar de este revés, tienen fuerza suficiente para continuar en su lucha. Saben que no están solos y que tienen detrás una gran marea de apoyos. Una solidaridad que quieren que se mantenga especialmente a lo largo de esta marcha que arrancará mañana, a las nueve de la mañana, en la Campa de Tormaleo y que calculan que tendrá su meta seis días después ante la sede parlamentaria, en Oviedo/Uviéu.

Las primeras palabras de los mineros al abandonar el encierro han sido para pedir que los empresarios “piratas” no queden “impunes”.

Un empresario “a la fuga”

Su portavoz, el minero José María Pérez Pereira, ha sido el encargado de detallar en qué va a consistir esta movilización y lo ha hecho en la bocamina de la explotación de Tormaleo, en el suroccidente asturiano.

“Estamos esperando que un empresario a la fuga tome alguna medida pero, de no hacerlo, que quien sea dé una solución, que le retiren esta empresa que siempre ha sido rentable y la pongan en manos de empresarios dignos que puedan sacar adelante el trabajo, los empleos y una comarca que está sufriendo la despoblación y la pérdida constante de empleos”, ha asegurado.

Una lucha “justa”

Pérez Pereira ha subrayado que la suya es una reivindicación y una lucha “justa” que debería ser “un ejemplo para que los empresarios que se dedican a explotar y a lucrarse especulando con el sufrimiento de las familias sepan que no pueden salir impunes”.

Los cuatro mineros que han abandonado su encierro iniciarán mañana, viernes, una marcha en seis etapas de unos 160 kilómetros hasta la sede de la Junta General del Principado, en Oviedo, adonde llegarán el próximo miércoles para tratar de aumentar la presión sobre “un empresario a la fuga”.

Las palabras de compromiso adquiridas por Fernando Martínez Blanco se ponen en tela de juicio en Ibias, donde apenas se creen ya sus compromisos.

Los incumplimientos empresariales

El portavoz de los mineros ha confirmado que el empresario les ha enviado a los trabajadores una carta en la que informa de su intención de aplicar un ERTE, pero ha reconocido que de momento no tienen garantías porque no tienen constancia oficial e incluso no descartan que “puede ser una mentira”.

Según los trabajadores, el empresario adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas a la veintena de trabajadores de la explotación y retomar la actividad pero, como han podido comprobar, no ha cumplido ni lo uno, ni lo otro.

El cofundador de la marca británica de ropa Superdry, James Holder, fue declarado culpable este viernes de violar a una mujer en la madrugada del 7 de mayo de 2022 tras una salida nocturna en Cheltenham, en el suroeste de Inglaterra.

Un jurado de siete hombres y cinco mujeres halló culpable de violación a Holder, de 54 años, al término de un juicio de cinco días en el tribunal de Gloucester, mientras que le absolvió de otro cargo de agresión con penetración.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de mayo de 2022, cuando, según la acusación, el empresario, casado y con dos hijos, violó a la mujer en el domicilio de ella tras regresar de un bar en Cheltenham.

Durante el proceso, la defensa sostuvo que la relación fue consentida, mientras que la denunciante lo rechazó de forma tajante y aseguró que se trató de una violación.

Según lo expuesto durante el proceso, Holder se subió sin ser invitado al taxi que la llevaba a ella a casa y entró en el apartamento, donde la violó.

Tras el veredicto, el juez le denegó la libertad bajo fianza al considerar que existía riesgo de fuga debido a sus “importantes recursos”, por lo que el acusado quedó en prisión preventiva a la espera de la sentencia.

Superdry, fundada en 2003 en el Reino Unido por James Holder y Julian Dunkerton, llegó a convertirse en una de las marcas de moda más populares del país, con presencia internacional y gran tirón entre los jóvenes.

Sin embargo, en los últimos años ha atravesado dificultades financieras y emprendió un proceso de reestructuración tras la caída de sus ventas.

Los tres integrantes de una banda especializada en robos con fuerza elegían siempre como víctimas a los empresarios de origen asiático. Vigilaban todos sus movimientos cuando se encontraban en los polígonos industriales donde tenían sus almacenes y, una vez que ya les tenían en su punto de mira, controlaban sus lugares de residencia y los horarios en los que sus domicilios se encontraban vacíos para ejecutar sus acciones delictivas.

Banda itinerante

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias han detenido a dos hombres y una mujer de origen colombiano por su presunta pertenencia a esta organización en un operativo bautizado como “Soja”.

La intervención policial se llevó a cabo este pasado domingo cuando la Policía Nacional detectó a miembros de la organización en la comunidad autónoma. Tras su detención, los tres presuntos miembros de la red han ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, según ha confirmado la Jefatura Superior a eldiario.es Asturias.

Vigilaban los polígonos

La Policía ha destacado el alto grado de especialización de esta banda a la hora de seleccionar a sus víctimas.

“Siempre elegían a empresarios de origen asiático. Para ello, utilizaban los polígonos industriales como 'caladeros' donde localizar sus almacenes y someter a los propietarios a vigilancias discretas. De este modo, lograban determinar la ubicación de sus residencias particulares y los horarios en los que las viviendas se encontraban vacías”, corroboran desde la Jefatura Superior.

Los objetos preferidos por la red

Los asaltos se producían en horario diurno. En el momento de su arresto, los agentes intervinieron diversos teléfonos móviles, grandes sumas de dinero en efectivo, joyas y relojes de valor.

Los detenidos están vinculados al asalto de dos viviendas en la localidad de Lugones (Siero), cuyos propietarios comparten vínculos familiares y tienen su sede laboral en un polígono del municipio de Llanera.

En uno de los domicilios lograron sustraer dinero y efectos personales, mientras que en el segundo solo llegaron a causar daños en la puerta de acceso sin conseguir entrar.

La colaboración ciudadana

En el registro del vehículo utilizado por los delincuentes, la Policía Nacional localizó e intervino diversas herramientas y llaves empleadas para violentar cerraduras, así como guantes y otras prendas utilizadas para evitar ser identificados.

La Policía Nacional ha destacado que la colaboración ciudadana y las medidas de seguridad preventivas instaladas en las fincas —como sistemas de videograbación de alta resolución y contratación de conserjes— resultaron imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos.

El negocio del fitness en España alcanzó en 2025 un volumen de 3.235 millones de euros, según el primer informe anual del sector elaborado por la Fundación España Activa en colaboración con Deloitte. El estudio calcula que hay 5.806 centros privados que cuentan ya con más de 8 millones de usuarios, de los cuales 7 pagan cuota periódica.

Según sus conclusiones, el sector vive un momento “extraordinario” y enmarca las cifras en un contexto de crecimiento sostenido, impulsado por el auge del llamado “wellness”, actividades relacionadas con el bienestar físico y mental, y por una mayor conexión entre deporte y salud.

El documento sitúa la tasa de penetración, que mide qué parte de la población utiliza este tipo de centros de forma habitual, en el 16,5% entre la población mayor de 15 años. Esto significa que aproximadamente uno de cada seis españoles en esa franja de edad está inscrito en un gimnasio.

En este escenario, el 88% de los operadores prevé que el negocio seguirá creciendo de cara al 2026. “España está ya al nivel de los grandes países europeos en términos de penetración, como Alemania o Reino Unido, y muy cerca de Estados Unidos”, señala Rafael Cecilio, presidente de Dreamfit. “Hace 15 o 20 años, en un grupo de jóvenes, el raro era el que iba al gimnasio. Hoy ocurre lo contrario: el raro es el que no va”, añade.

Más centros y mayor concentración geográfica

El estudio apunta que España cuenta con un total de 9.480 centros deportivos si se incluyen instalaciones municipales y otros espacios especializados, más allá de los gimnasios privados. La oferta, sin embargo, está muy concentrada en pocas zonas: Madrid, Cataluña y Andalucía reúnen más de la mitad de los centros y más del 55% de los abonados.

Este crecimiento convive con una tendencia a la concentración empresarial. “El sector avanza hacia un proceso de concentración. Aunque hay muchos centros independientes, la mayoría de los abonados se concentra en cadenas, y esa tendencia va a continuar”, apunta Cecilio. “Probablemente la realidad esté algo distorsionada por la diferencia entre grandes ciudades y la España menos poblada”.

Desde el punto de vista operativo, el crecimiento también se nota en el día a día de los centros. “Los datos encajan con lo que vemos en el día a día: los centros están llenos. Puede haber diferencias entre operadores, pero la sensación general es de alta ocupación”, afirma Frédéric Conquet, director general de Fitness Park España. “El crecimiento es constante. Prácticamente cada mes hay anuncios de cadenas que siguen expandiéndose, lo que indica que el mercado todavía tiene recorrido”.

Más práctica deportiva y cambio de hábitos

El informe también recoge un aumento generalizado de la práctica deportiva en la población. El 87% de los españoles afirma realizar ejercicio de forma habitual, una cifra superior a la media europea, situada en el 64%.

Este hábito está presente en todas las edades. Entre los mayores de 55 años, el 84% hace ejercicio de forma regular. El porcentaje sube al 86% en la Generación X, al 89% en los millennials y al 93% en la Generación Z. En cuanto al género, el 91% de los hombres y el 84% de las mujeres afirma practicar deporte de forma habitual.

“El crecimiento del sector tiene varias explicaciones. La primera es que se trata de una industria que prácticamente no tiene detractores: todo lo que genera está asociado a beneficios para la salud y el bienestar”, señala Ángel García Balcones, consejero delegado de Body Factory. “A eso se suma una presencia constante en medios y redes sociales. Influencers, creadores de contenido y plataformas digitales contribuyen a difundir una imagen positiva del fitness”.

Según García Balcones, también influye el crecimiento de la población y el cambio generacional. “España ha aumentado su población en los últimos años y eso, con los niveles actuales de penetración, se traduce directamente en más usuarios potenciales. Además, se están incorporando nuevas generaciones. Ya no hablamos solo de millennials o generación Z, sino también de jóvenes de 14 o 15 años que van al gimnasio después del colegio”.

Expansión, inversión y nuevos modelos

De cara a los próximos años, el informe identifica varias líneas de desarrollo, entre ellas el aumento del número de usuarios, la personalización de los servicios, el uso de tecnología y una mayor conexión entre deporte y prevención de la salud.

“El sector está en una fase clara de expansión. La mitad de los operadores plantea abrir nuevos centros en los próximos años y una parte muy relevante también quiere mejorar los existentes”, apunta Puente. “Hay una inversión constante tanto en nuevas aperturas como en renovación de instalaciones”.

Este crecimiento también está cambiando los modelos de negocio. “Durante años se hablaba de segmentos muy definidos, low cost, concesional, premium, pero ahora esa línea se está difuminando. Los operadores se adaptan a la demanda y los formatos son cada vez más híbridos”, añade.

En esa línea, Conquet subraya la importancia de diferenciarse. “Uno de los riesgos es que todos los operadores tiendan a hacer lo mismo. La diferenciación va a ser clave, especialmente en aspectos como el talento, el servicio o la experiencia del usuario”. También apunta a nuevas estrategias: “Algunas compañías están probando nuevos modelos en ciudades medianas, con periodos de test de alrededor de 18 meses, para validar formatos antes de escalarlos”.

Fiscalidad, precios y retos del sector

El documento y los expertos coinciden en señalar varios retos estructurales para el sector, especialmente la fiscalidad, los precios y la relación con el sistema sanitario.

“Si se analizan los datos a nivel macro, el fitness representa alrededor del 16% del impacto económico dentro del ecosistema deportivo. Pero hay otra forma de verlo: aproximadamente un tercio de las personas que hacen actividad física lo hacen en centros fitness”, explica José Hernández, consejero delegado de Grupo Solventia. “Con ese nivel de penetración, las estrategias basadas exclusivamente en la guerra de precios no tienen sentido”.

Hernández advierte además sobre la fiscalidad del sector: “Actualmente el fitness tributa con un IVA del 21%, lo que supone tratarlo como un bien de lujo, cuando en realidad cumple una función vinculada a la salud pública”. En este sentido, defiende una mayor integración con el sistema sanitario: “El papel del ejercicio físico en la prevención sanitaria es cada vez más evidente”.

En paralelo, algunos operadores creen que los precios tendrán que ajustarse. “Es razonable pensar que el sector tendrá que ajustar precios. El valor que se ofrece es superior al precio que se está cobrando actualmente”, señala Cecilio.

Un sector en crecimiento con margen por desarrollar

Los expertos coinciden en que el sector vive una fase de expansión, aunque con retos por delante. “Estamos probablemente en el mejor momento de la historia del fitness en España, pero no necesariamente va a ser siempre así. La competencia va a aumentar y puede haber cierta saturación en algunos mercados”, concluye Cecilio.

En conjunto, el sector apunta a un crecimiento sostenido impulsado por cambios en los hábitos de la población, nuevas generaciones más activas y una mayor relación entre deporte y salud. “Estamos en una fase de fuerte crecimiento, pero con retos claros por delante: desde la fiscalidad hasta la profesionalización del sector o su integración en el sistema sanitario. El margen de desarrollo sigue siendo amplio, aunque el contexto competitivo será cada vez más exigente”, resumen las fuentes del sector.

Uno de los vecinos del número 18 de la calle Mercaderes de Pamplona ha denunciado a F.V., propietario de todas las viviendas del bloque, por haberle agredido tras esperarle en las inmediaciones del portal. El episodio llega tras un año de presiones del dueño del edificio para que abandonen las viviendas, al que “la comunidad de vecinos denunció por acoso inmobiliario” a mediados de marzo de este año.

“Te voy a echar, vete haciendo las maletas. Te voy a arruinar la vida”, fueron las palabras que el joven escuchó mientras “se disponía a entrar en el portal” de su casa. Al girarse, se dio cuenta de que “se trataba de” F.V., dueño de la vivienda que tiene alquilada, que “sin previo aviso”, se abalanzó sobre él “empujándole contra el portal y agarrándole la cabeza con fuerza a la altura de las orejas” mientras se la apretaba. “A los segundos F.V. se apartó de él”, pero se abalanzó “volviendo a agarrarle la cabeza con fuerza con ambas manos y golpeándole”.

En la denuncia presentada en la Policía Municipal y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, también se describe que F.V. estaba acompañado de J.J.C., empleado que ya ha protagonizado algunas tensiones bajo los intereses de la empresa constructora, según describieron testigos a este medio. Según se detalla, las agresiones cesaron cuando el joven comenzó a “pedir ayuda gritando” y advertir que “iba a llamar a la policía”, momento en el que ambos comenzaron “a reírse de él”. “¿A quién vas a llamar? ¿A los municipales o a la Policía Foral?”, le preguntaron de forma burlesca, para luego amenazarle una vez más de que le iba “a arruinar la vida”.

El denunciante no “pudo defenderse” al tener un brazo inmovilizado por una “férula”, tras haberse roto la mano derecha el pasado mes, y portar en el otro brazo un “maletín de trabajo bastante pesado”. Tal y como consta en la denuncia, el constructor navarro y su empleado ya se presentaron una vez en su puesto de trabajo para intimidar y amenazar al inquilino, advirtiéndole que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a su familia. Por ello, ante el temor de “lo que pueda pasar, ya que le da miedo que F.V. pueda agredirle”, el joven ha solicitado “una medida de alejamiento”.

“Únicamente quiere que este lo deje en paz”, relata el testimonio dado en la sede policial, reflejado en la denuncia. El denunciante asegura que nunca ha habido impagos en el alquiler “ni ningún incumplimiento del contrato” por su parte. Tampoco por parte del compañero con el que comparte el piso, añade. De hecho, el propietario les comunicó hace menos de un mes por correo electrónico que su vivienda se había vendido, aunque no dio más detalles y el supuesto nuevo propietario no se puso en contacto con ellos. A pesar de los intentos de este periódico de contactar con el presunto agresor, no ha sido posible hablar con él.

Amenazas, obras eternas y problemas sin fin

Los vecinos relataron a este periódico que el “acoso inmobiliario” comenzó en abril de 2025, cuando la empresa les comunicó que debían marcharse porque se ponía en venta el edificio. A pesar de que todos los inquilinos tenían contratos en vigor. Dos meses antes, se había publicado en un medio local que el Ayuntamiento de Pamplona había concedido licencias turísticas a todo el bloque de viviendas.

Ante la negativa por “estar bien” en sus casas y no querer mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, los residentes aseguran haber sufrido casi un año de presiones para que abandonasen el edificio, como obras que consideran innecesarias, problemas en servicios como el ascensor (parado desde octubre), deficiencias en las condiciones de habitabilidad y amenazas por parte de F.V. y su empleado.

La propietaria de uno de los trasteros del edificio también describió una mala experiencia con el constructor navarro y su empleado. La empresa vació “por error” sus dos trasteros y, cuando avisó que acudiría por la via penal, J.J.C. le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”.

Denuncia por acoso inmobiliario

El Ayuntamiento de Pamplona, preguntado por el asunto el mismo día de la publicación del reportaje, calificó las prácticas descritas como de “carácter mafioso y poco aceptables”. Aunque admitió que “la capacidad que tiene el Consistorio” para intervenir en este tipo de situaciones “es limitada”, al tratarse de un asunto “estrictamente civil”, explicó Joxe Abaurrea, concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.

No obstante, declaró un compromiso de “respaldo y asesoramiento” si se interponía una denuncia formal y afirmó no conocer ningún caso similar en la ciudad. Asimismo, recalcó la “preocupación de este gobierno” sobre la “actividad relacionada con los pisos turísticos”, pese a que fue el propio Ayuntamiento quien concedió las licencias. Finalmente, la comunidad de vecinos del edificio interpuso la denuncia contra el propietario a mediados de marzo de este año.

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de “unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales” generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser “insuficientes”.

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga “con otro alto el fuego pero sin negociación”, con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, “lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global”.

Artemio Pérez dice que las ayudas deben superar a las de la COVID

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa “un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico”, generando “una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente”.

Ante ello ha pedido “prepararse y ser cautos” y ha asegurado que “las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún.”

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa “nace muerta” al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

“Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del COVID”, ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos “no solucionan el problema habitacional”. “Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año”, ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que “es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir”. Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que “queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida”.

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que “un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado”.

“Unidad empresarial” frente a la crisis provocada por “terceros países”

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para destacar “el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas”, constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del “equilibrio social” de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar “que estos últimos años han sido duros” y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada “por terceros países con sus choques de civilizaciones”. Ante ello, el delegado ha puesto “la unidad empresarial” como un ejemplo para hacer frente a los problemas “y salir antes de ellos”, así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como “una iniciativa compartida” o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

De su lado, Manuel Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, “porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos”.

El alcalde ha recordado que “10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos”.

Serrano ha asegurado que “hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento”.

Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.