El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado más de 10,4 millones de euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, de los que 2,3 millones se destinan a 384 beneficiarios de Castilla-La Mancha

En concreto, con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, de los que el 81% son jóvenes, que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular.

Agricultura destaca que en la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, concretamente a un total de 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de más de 9 millones de euros.

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1,18 millones de euros , a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Un estudio en el que participa el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) ha revelado que los episodios de polvo del desierto en suspensión siguen en aumento, entre un 10% y un 25%, con una concentración media de 5,3 microgramos por metro cúbico (µg/m³) en el sur de Europa y durante días concretos, “más del doble que en el centro y norte del continente”, afectando a casi la mitad del año al archipiélago canario. En este sentido, la investigación revela que mientras las partículas atmosféricas procedentes del transporte, la industria y los hogares se reducen en Europa gracias a las normativas vigentes, este contaminante atmosférico sigue la tendencia contraria.

“En España, aproximadamente un tercio del año tenemos episodios africanos y, en una proporción importante, se puede superar el valor límite diario de protección a la salud de partículas en suspensión”, indica Xavier Querol, investigador del IDAEA y uno de los autores del trabajo.

El estudio, publicado en la revista científica Nature, y liderado por el Paul Scherrer Institute (Suiza), ha combinado datos de más de 100 estaciones de medición durante los últimos diez años.

Aunque el trabajo observa una tendencia a nivel continental, la península ibérica y los archipiélagos sufren este fenómeno con especial intensidad. “Generalmente, los vientos alisios transportan el polvo africano hacia el Caribe, afectando a Canarias. Sin embargo, situaciones meteorológicas determinadas, como un anticiclón en el norte de África o una baja presión en el Cabo de San Vicente (Portugal), arrastran este flujo directamente hacia la Península”, explica Querol.

Según los datos del IDAEA-CSIC, la frecuencia de estos episodios es “máxima” en Canarias, afectando al 40% de los días del año.

En el sur de la Península afecta a un 35% de los días, y en el noreste, alrededor del 25-30%. “Hablamos de episodios que pueden ser extremadamente agudos”, advierte Querol. “La Directiva Europea sugiere no superar los 50 µg/m³ diarios de partículas inferiores a los 10 micrómetros, las PM10. Sin embargo, durante episodios severos hemos llegado a registrar 3.000 µg/m³ de PM10 en Almería, y más de 1.000 µg/m³ en el centro de Iberia”, señala IDAEA.

¿A qué se debe?

Según los investigadores, la causa principal es la alteración en la circulación atmosférica, que atrae masas de aire africanas hacia Europa. Además, la mayor sequedad detectada en algunas zonas del norte de África ha provocado un aumento de las emisiones de polvo.

Nuestros conocimientos actuales sugieren que el aumento del polvo del desierto se ve facilitado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero y el calentamiento global asociado. Esto provoca condiciones más secas en ciertas regiones y la expansión de los desiertos.

Kaspar Dällenbach, investigador del Paul Scherrer Institute y autor principal del trabajo

El impacto del polvo en la calidad del aire

El IDAEA-CSIC advierte de que, debido a la mayor presencia de partículas de polvo sahariano en Europa, existe una preocupación creciente de que estos episodios frenen parte de los resultados conseguidos al reducir las emisiones de partículas de origen humano. “Además, estas partículas de polvo no viajan solas, sino que también pueden arrastrar contaminantes de las plantas industriales del norte de África, cuyos límites, en cuanto a emisiones, son mucho más permisivos que en Europa”, indica Querol.

Un estudio publicado en 2008 por el IDAEA-CSIC, junto con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ya avisaba de un aumento de la mortalidad durante los días con episodios de polvo africano respecto al resto de jornadas.

Cabe señalar que, aunque son emisiones naturales, tienen impacto en la salud, y su incremento está asociado al cambio climático antrópico.

Los autores indican que la mejor estrategia sería establecer sistemas de alerta para concentraciones elevadas en toda Europa, similares a los que se utilizan para los episodios de contaminación urbanos, de modo que las personas especialmente sensibles o con afecciones respiratorias y cardiovasculares pudieran tomar precauciones en episodios de calima.

Si bien es cierto que, en España, el IDAEA-CSIC y el CIEMAT operan desde 2001 un sistema de alerta temprana gracias a un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El centro público de investigación explica que este sistema envía predicciones con 24 horas de antelación a más de 250 direcciones, incluyendo redes de calidad del aire, hospitales y sociedades de alergología, lo que permite a los colectivos más vulnerables tomar medidas preventivas frente a la llegada del polvo sahariano.

Por otro lado, el investigador del IDAEA destaca que otra medida sería reducir las emisiones antropogénicas locales durante los días con elevado polvo africano para compensar el material particulado atmosférico y limitar los problemas de salud asociados a este fenómeno.

En este sentido, las alertas enviadas por el sistema del IDAEA y CIEMAT podrían ser utilizadas con este objetivo.

Hasta el retorno de Donald Trump al Despacho Oval, la creación de un ejército europeo parecía instalado en el limbo narrativo de Bruselas, aunque se reactivase con la invasión rusa de Ucrania. Ahora, el objetivo de independencia militar que Washington ha inculcado a sus socios europeos de la OTAN ha intensificado un debate de especial efervescencia para que los aliados atlánticos suscriban el cheque del 5% del PIB en gastos armamentísticos acordado el verano pasado. Justo en medio de otro periodo de displicencia presupuestaria, con la economía del euro al ralentí y el fantasma de la inflación arreciando. Incluso con un dinamismo productivo a medio gas y unas deudas soberanas desbocadas. Tanto de los socios comunitarios como —y sobre todo—, de EEUU.

La versión Trump 2.0 ha encendido de nuevo la mecha del debate. Desde el retorno de Trump a la presidencia estadounidense, los informes geoestratégicos europeos se han cargado de unas recurrentes apelaciones a la “autonomía defensiva” del Viejo Continente. Pese a que la totalidad de los miembros de su club pertenecen a la Alianza Atlántica.

Uno de los más entusiastas defensores del artificioso objetivo de gasto del 5% del PIB que exige EEUU a sus socios atlantistas es su secretario general, Mark Rutte, ex primer ministro holandés especialmente crítico con la propensión al gasto de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) en la crisis de la deuda de 2012 como adalid de los contribuyentes netos de la UE. Rutte se opuso a distribuir a los socios del sur los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation que auparon el ciclo de negocios post-Covid, aunque se mostrara complaciente con los déficits fiscales del eje franco-alemán al frente del ejecutivo de Países Bajos y escenifique sin rubor esos mismos halagos hacia Trump como máximo dirigente de la OTAN.

El 5% del PIB no solo parece una cota puesta al azar. Es un límite surgido al antojo del líder MAGA sin consultar a ningún aliado. Sin embargo, en su empeño ha logrado transformar una aspiración política en un examen de contabilidad estratégica. Porque, ¿hasta qué cantidad debería ascender la factura europea que sufragaría la independencia militar de EEUU? Casi todos los cálculos giran en torno a los 800.000 millones de euros.

El cheque de los fondos Next Generation

Es, de hecho, casi el cheque que valoró Bloomberg Intelligence hace un año, cuando Trump subió por primera vez su órdago del 2% al 5% del PIB a los socios de la OTAN. En concreto, sus expertos lo situaron en 720.000 millones de euros, cantidad que guarda una relación casi mimética con los 723.000 millones iniciales de los fondos Next Generation, destinados a la reconstrucción de la economía europea tras la gran pandemia. Y con la cifra que deslizó Mario Draghi en su informe sobre competitividad de hace casi dos años para superar la brecha competitiva de la UE respecto a EEUU y China.

En concreto, Draghi habló de entre 750.000 y 800.000 millones de euros. Desembolsos similares a los PIB de Bélgica, Irlanda o Taiwán, y dirigidos a rivalizar con las dos superpotencias en una alocada carrera por la hegemonía de la IA, la seguridad económica, las tensiones geopolíticas y la reconversión industrial. El exjefe del BCE englobó el gasto militar en dotaciones específicas, dentro de este arsenal de recursos, para reconfigurar las cadenas de valor armamentísticas.

Ahora, con la cota del 5% encima de la mesa, esta cifra se ha convertido en una aportación anual. Es decir, ha dejado de ser un cheque inicial, conformado a partir de los gastos del 2%, para poder configurar el pilar esencial sobre el que edificar el Ejército europeo. De modo que Europa se ha visto inmersa, con los primeros desembolsos registrados en el último bienio, en el mayor ciclo de inversión militar desde la Segunda Guerra Mundial, con profundos efectos en sus finanzas y sus políticas industriales.

Así lo atestigua el Kiel Institute for the World Economy. Sus investigadores calculan que, si todos los socios europeos de la OTAN cumplen los requerimientos de Trump hasta 2035, el esfuerzo adicional alcanzará los 831.000 millones de euros anuales, casi un billón de dólares. En el Kiel se subraya, sin embargo, que el principal obstáculo no será acumular el dinero, “sino gastarlo con eficiencia”. Porque Europa ostenta una industria militar muy fragmentada, con una decena de sistemas armamentísticos incompatibles, programas nacionales duplicados y cadenas de valor y de suministro dispersas que limitan las economías de escala.

Para más inri, Fabrice Pothier, estratega de asuntos internacionales en Rasmussen Global, pone varias contradicciones geoestratégicas e interrogantes sin resolver en el club comunitario: ¿Qué hará Europa en materia nuclear? ¿El comandante en jefe del Ejército empleará armas atómicas francesas en misiones exteriores? ¿Es posible un proyecto militar con retos de mantenimiento de la paz en tiempos de tan alta incertidumbre, cuando su aliado tradicional, EEUU, se desmarca de esta doctrina y China, Rusia o Irán han pasado a desarrollar políticas exteriores ofensivas?

¿Son necesarios tantos recursos?

El debate trasciende, pues, del mero aumento presupuestario. Pero, como apuntan Guntram Wolff, analista del Instituto Bruegel, de perfil paneuropeo, y Alexander Burilkov, su colega en el think tank Kiel, la cuestión que subyace de fondo es monetaria y trata de concretar el coste para Europa de sostener por sí sola la defensa convencional del continente si EEUU reduce sus tropas y sus compromisos de defensa conjunta. Sus cálculos rebajan este esfuerzo financiero hasta los 250.000 millones de euros adicionales al año, lo que induce a pensar que las partidas del 5% son descomunales. Si bien, al mismo tiempo, admiten que la factura “podría dispararse” si se ponen en liza “una serie de transformaciones sin precedentes”.

Por ejemplo, programas nucleares conjuntos. Pero también planes exigidos desde la OTAN como el despliegue de 300.000 soldados adicionales, la creación de nuevas brigadas o la incorporación de 1.400 carros de combate, de miles de vehículos blindados o centenares de piezas de artillería y capacidades de ataque de largo alcance más potentes. O retos complejos como la unificación de sus agencias de inteligencia, vigilancia, transporte estratégico o de las cúpulas de mando que en la actualidad dependen sobremanera de Washington. Todo ello, conllevaría nuevas recursos y capitales.

Otros estudios apuntan en la misma dirección. Un informe de Bruegel estima que elevar el gasto europeo hasta el 3,7% del PIB —cuota planteada recientemente en la OTAN— exigiría 275.000 millones de euros adicionales cada año. El diagnóstico del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) sitúa este umbral en los 254.000 millones con desembolsos del 3,5%.

Aunque las cifras difieren según el escenario analizado, todas confluyen en la idea de que el salto al 5% supone un cambio de escala en el esfuerzo financiero europeo y la estrategia de la Alianza. Rutte se ha afanado en presentar decenas de miles de millones de dólares en contratos teñidos de industriales; desde aviones de vigilancia GlobalEye hasta drones estratégicos MQ-4C Triton o programas de misiles de precisión. Sin reparar en que el sacrosanto principio del 3% del déficit que se instauró en Maastricht y se aplica en el Pacto de Estabilidad surgió de una charla informal entre François Mitterrand y su director de presupuestos Pierre Bilger, allá por 1981, para acotar la propensión al gasto de varios de los ministros de su gabinete.

Riesgo de quiebras presupuestarias

En este contexto, no faltan voces críticas con el uso de unos recursos que mermarán las partidas de pensiones y servicios sociales, en el plano económico, y que alertan contra una ruptura de los lazos transatlánticos, desde la órbita diplomática.

Para muestra de las secuelas que dejaría este rearme sin parangón en las cuentas europeas, las de las tres grandes economías del continente.

Reino Unido aborda una senda fiscal insostenible, admite el nuevo líder laborista Andy Burnham, que se instalará en el 10 de Downing Street con un margen presupuestario muy ajustado. De hecho, la Office for Budget Responsibility (OBR) alerta de que, con las políticas actuales, la deuda remontará de forma desaforada por la presión demográfica y al aumento del gasto en sanidad, dependencia y pensiones. Para frenar el endeudamiento —que se ha triplicado desde 2005— en torno al 95% del PIB a partir de 2030, serán preciso ajustes que excedan de los 100.000 millones de libras anuales, con recortes de gasto y aumentos de impuestos.

Paul Johnson, que dirige el prestigioso Institute for Fiscal Studies cree que “Reino Unido no tiene un problema de déficit coyuntural, sino de presión permanente de gasto por el envejecimiento. Sin reformas de calado, cada presupuesto será más difícil que el anterior”.

Francia, la otra potencia nuclear europea, mantiene sin despejar la incógnita de cómo corregir su déficit sin ahogar el escaso dinamismo de su economía, reconocen en Fitch Rating, con unas previsiones oficiales del PIB a la baja y, por ende, una menor recaudación tributaria, que obliga al Palacio de Matignon a lanzar correctivos fiscales desde hace un lustro. Christopher Dembik, analista de Saxo Bank, dice que la segunda economía del euro “está bajo vigilancia constante de los mercados y que cualquier desviación presupuestaria puede traducirse en mayores costes de financiación”.

Pero, quizás, el ejemplo de mayor enjundia sea el alemán. El canciller Friedrich Merz ha puesto en marcha el mayor giro fiscal de la historia reciente del país que inculcó el austericidio fiscal de 2012 al financiar a costa de unas emisiones de bonos superiores a los 800.000 millones de euros hasta 2030. Justo el coste de crear el ejército europeo. Y entre las prerrogativas de esta agenda reformista se encuentra un ambicioso programa de rearme. Inaudito desde la Segunda Guerra mundial. Merz rompe así con décadas de ortodoxia presupuestaria y con la tradicional doctrina del Schwarze Null (déficit cero). A través de una reforma constitucional que permite excluir el gasto en defensa de los límites fiscales. La partida para Defensa alcanzará los 109.000 millones de euros en 2027 y los 183.600 millones en 2030. Sin contar con el apoyo militar a Ucrania.

Grégoire Roos, director en Chatham House, afirma que el rearme germano es “una redefinición en toda regla del papel geoestratégico y económico de Alemania en la UE”. Apunte que suscribe Nathalie Tocci, su homóloga en el Istituto Affari Internazionali (IAI), desde una óptica geopolítica. “La alianza transatlántica ha entrado en una fase de quiebra histórica e irreversible, más allá del mandato de Trump”, afirma. Porque EEUU ya no actúa como garante del sistema liberal, sino como potencia que cuestiona las reglas que creó. Pese a lo cual, Washington seguirá exigiendo —avisa Carlyle—, un cheque de 14 billones de euros el próximo bienio a la OTAN. Tanto, como el PIB conjunto de las cuatro mayores economías del Viejo Continente: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

España no es un caso aislado. Tras la ola de calor “sin precedentes” en Europa, han llegado los incendios. Y con las llamas, la destrucción de miles de hectáreas, la evacuación de miles de personas y hasta la prohibición de espectadores en las cunetas del Tour de Francia —algo que solo había conseguido la pandemia de covid—.

La secuencia sigue una lógica sólida: el cambio climático, generado por los humanos, ha causado un calor extremo que, de otra manera, “habría sido virtualmente imposible”, según los científicos de la World Weather Attribution. En mayo, Europa experimentó “una inusualmente temprana e intensa ola de calor”. En junio, las temperaturas redoblaron su escalada. Ese calor no sale gratis y los incendios forestales son la siguiente etapa de esa progresión.

Al entrar en julio, las condiciones que se han generado en Portugal han hecho que los montes sean “un polvorín”, como ha explicado el primer ministro luso, Luis Neves. Allí, un incendio en el municipio de Vouzela —en el centro-norte— ha quemado unas 15.000 hectáreas. La columna de humo de la vegetación ardiendo era visible desde el espacio por los satélites Sentinel y se alargó más de 600 km sobre el Atlántico.

Al norte de España, este lunes 6 de julio de 2026 quedará como una fecha relevante en el calendario. La tercera etapa del Tour de Francia se disputó sin espectadores en las cunetas. Las autoridades francesas prohibieron a los aficionados acudir “cerca de la ruta o la línea de meta” por un incendio cercano. Hasta ahora, —aparte de razones de seguridad puntuales— solo la pandemia de covid había conseguido que la Grand Boucle se corriera sin público. Tampoco pudo circular la caravana publicitaria del Tour.

En Francia parece que está más clara la conciencia de lo que está ocurriendo: el encargado de los bomberos de los Pirineos-Orientales, Eric Belgioino, ha declarado que “el cambio climático está aquí; estamos viviendo sus consecuencias y eso que solo estamos al comienzo de julio”. También advirtió de que “esta temporada [de incendios] va a ser larga” y lanzó un mensaje a la población: “Necesitamos vuestra ayuda”.

Otros focos de fuego estos días han sido la isla croata de Hvar, la zona de Tale, en Albania, o Grecia donde las llamas de un incendio forestal alcanzaron un par de fábricas en la ciudad de Tesalónica. Las autoridades tuvieron que desalojar tres barrios y confinar a la población en otras zonas debido al humo tóxico. También en Grecia, el domingo pasado se declaró un incendio en el área ateniense de Mandra.

Portugal, España y Grecia son los tres países más castigados por los grandes incendios (GIF) relacionados con las condiciones meteorológicas derivadas de la crisis climática. Entre los tres acumulan el 57% de las cerca de ocho millones de hectáreas forestales abrasadas por los GIF entre 2000 y 2023, según los datos de Copernicus y el servicio EFFIS: 26% en Portugal, 19% en España y 12% en Grecia.

No son un problema solo de verano

La responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, insiste en que “hay que abordar las causas que originan y propagan el fuego”, porque los incendios forestales “no son un problema puntual del verano, sino una crisis estructural agravada por el cambio climático, las olas de calor y el abandono del medio rural”.

La crisis climática es global, lo que quiere decir que, en realidad, no hay sitio donde escapar. Europa es el continente que más rápidamente se está recalentando por esta causa y vive periódicamente veranos con oleadas de súperincendios. En las dos últimas décadas, los satélites han detectado más de 4.000 grandes incendios forestales, los que queman, como mínimo, 500 hectáreas.

La temporada de fuego en el continente este año amenaza con ser “más larga y más destructiva”, según anunció la Comisión Europea a comienzos de junio. El peligro ha aumentado incesantemente en los últimos 50 años. De hecho, se ha doblado el territorio con riesgo alto de incendios.

En lo que va de año, en Europa, han ardido unas 118.000 hectáreas de montes en 962 incendios que han inyectado más de cinco millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera —en un círculo vicioso que se retroalimenta con el efecto invernadero—. Esos datos están por debajo de 2025, que fue el peor año de los registros, pero están por encima de la media de la década.

Este reciente estudio sobre el índice de riesgo meteorológico de incendios (FWI) explica que “en la última década se ha constatado cómo el clima en Europa es cada vez más cálido, seco y propenso a los incendios forestales que nunca”. Y concluye que “nuevas áreas experimentan alto riesgo de incendios, como Europa central”, al tiempo que las zonas que ya soportaban peligro —como el sur del continente— tendrán que afrontar “condiciones aún más extremas”.

Mónica Parrilla considera que el nuevo contexto requiere recuperar la “sensibilización ciudadana”. En este sentido, recuerda “campañas como la mítica 'Todos contra el fuego' para reducir el número de incendios y, también, la convivencia con el fuego, porque el concepto de incendios cero no es real, pero lo que no puede ser es que un rayo ocasione daños como los de la Sierra de la Culebra 2022 o de Guardo en 2025”.

El calor extremo de finales de junio ha generado problemas, hasta hace poco, inimaginables en Europa: vías de tren inutilizables, carreteras rotas o centrales nucleares paralizadas porque no aguantan las altísimas temperaturas.

“Solo es un anticipo” de lo que el cambio climático le va a hacer, por ejemplo, al transporte, según ha explicado la Comisión Económica para Europa de la ONU en un informe publicado esta semana. La crisis del clima “someterá a carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y vías navegables a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos durante las próximas décadas”.

La Agencia Europea del Medio Ambiente analizó en 2024 que “Europa no está preparada para sus crecientes riesgos climáticos”. Las medidas de adaptación “no siguen el ritmo” que impone la emergencia, expuso. Junio de 2026 ha sido un ejemplo palpable.

Lo vivido durante las jornadas de calor severo parecía imposible hace pocos años. Un recordatorio de la aceleración de la crisis climática. Un escenario de infraestructuras fallidas: retrasos y cancelaciones de trenes. Autovías cortadas y carreteras literalmente derretidas. Las temperaturas extremas vuelven a partir de este fin de semana.

Los sistemas de transporte son vitales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y economías por lo que las interrupciones pueden tener consecuencias dramáticas para las comunidades y suponer enormes costes financieros

Tatiana Molcean — Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas

La National Rail (NR) británica, por ejemplo, detectó catenarias caídas, deformación de las vías y fuegos en los márgenes de su red. Tanto la NR como la operadora LNER pidieron a sus clientes que no viajaran en sus trenes si no era “estrictamente” necesario.

Al otro lado del canal de la Mancha, el director de los ferrocarriles franceses, Jean Castex, admitió que su red había sido “fuertemente impactada” por el calor: tuvieron que cancelar hasta 71 trenes intercity al día. En Bélgica y Austria rebajaron la velocidad de los convoyes y suspendieron unos 100 trayectos diarios. También la red de alta velocidad Eurostar ha cancelado trayectos y reducido la velocidad debido a las altas temperaturas.

El efecto quizá más llamativo ha sido la deformación de los raíles que, al soportar un calor excesivo se dilatan más de lo previsto sin espacio suficiente y, de esta manera, se comban. Pero las temperaturas extremas también han generado fallos en los sistemas eléctricos que alimentan los convoyes. Por no decir los fallos de los aires acondicionados en los vagones, según han descrito los diferentes operadores europeos.

Asfalto licuado

Una de las imágenes más descriptivas de la ola de calor de finales de junio ha sido la del tranvía de Leipzig (Alemania) inutilizado porque una masa oscura e informe invadía los raíles. El calor intenso derritió el asfalto que une los rieles a la calzada, lo que provocó que se suspendiera el sistema. Ese betún se licuó y se expandió por las ranuras de las vías y, al semisolidificarse de nuevo, bloqueó el paso de los convoyes. La empresa pidió ayuda a los ciudadanos para quitar ese material.

Aunque ha captado menos atención, la red de tranvías de la ciudad de Núremberg tuvo que cortarse por padecer el mismo fenómeno.

Además, en varias autopistas germanas, al dilatarse las losas de la carretera sin espacio suficiente terminaron por levantarse y obligar al cierre de tramos de estas vías principales. En las carreteras de Meurthe et Mosela, en Francia, se derritieron seis kilómetros de asfalto. En Gran Bretaña tuvieron que cubrir con arena o polvo de roca diversos tramos de carreteras porque las vías se habían reblandecido por el calor.

“Consecuencias dramáticas”

Los fallos en las infraestructuras de movilidad no son una anécdota. Suponen un revés económico y ciudadano de primer nivel. En este sentido, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas, Tatiana Molcean, ha explicado que “los sistemas de transporte son vitales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y economías, por lo que las interrupciones pueden tener consecuencias dramáticas para las comunidades y suponer enormes costes financieros”.

En su informe, describen cómo estas disrupciones disparan “efectos en cascada”, que no se limitan a retrasarse al acudir a una cita. Por ejemplo: en un episodio de calor extremo en el que se agudizan los problemas de salud y la necesidad de acudir a urgencias hospitalarias, una carretera inutilizada, precisamente, por ese calor, puede dificultar el acceso a centros sanitarios.

Los ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, Emilio Ortega y Belén Martín Ramos, analizaron los efectos del cambio climático en las carreteras y ferrocarriles españoles en 2020. Entonces explicaron que “hasta la fecha, los estándares de construcción de carreteras y ferrocarriles tienden a basarse en condiciones climáticas promedio”. Justo lo que está alterando aceleradamente el calentamiento global, lo que “compromete” estas infraestructuras.

Su análisis concluyó que “el impacto del cambio climático en las infraestructuras analizadas, aunque presente, es relativamente bajo y no afectaría a trayectos críticos” aunque si subrayaron “un incremento importante de los costes de mantenimiento de las infraestructuras de transporte”.

Así que los responsables de carreteras y ferrocarriles no pueden aducir que lo que ha ocurrido les haya pillado por sorpresa. No es que no hubiera avisos tanto del peligro como de la falta de preparación que se arrastraba en la UE. La evaluación del riesgo climático de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2024 ya señalaba que la red de carreteras estaba climáticamente obsoleta porque “fue diseñada con los estándares del pasado”.

Respecto al calor severo, el asfalto aplicado en las vías de Europa central y del norte ha estado pensado durante décadas para paliar el efecto de las heladas. En cambio, el utilizado en España tiene añadidos para evitar que se deforme si no se alcanzan, sobre el asfalto, temperaturas superiores a los 70 °C.

Reactores parados

Al margen de los transportes, el pico de calor ha quebrado la capacidad de algunas centrales nucleares para generar electricidad justo cuando más necesidad estaban atravesando sus poblaciones. En la primera potencia europea en electricidad nuclear, Francia, un reactor tuvo que detenerse y otros redujeron su actividad porque el agua de los ríos que utilizan para refrigerarse estaba demasiado caliente y, al salir de la planta, rebasaba la temperatura legal permitida.

Lo mismo ocurrió en la central de Paks, en Hungría, lo que ha hecho que el Gobierno, para poder atender a la demanda creciente de electricidad —con la que alimentar aparatos de aire acondicionado durante los días en los que los termómetros se han ido a 40 °C— decretara una excepción temporal sobre la temperatura máxima del agua de refrigeración: podrán utilizar excepcionalmente líquido más cálido.

El agua del Danubio en la planta húngara llegó a alcanzar los 30 ºC al salir de nuevo al río. La operadora ya ha dicho que, aun con estas excepciones, tendrá que reducir su producción en 40 megavatios más.

El calor extremo que azota varios países de Europa ocupa todos los titulares. Las altas temperaturas registradas en países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Austria, entre muchos otros, han sacudido al continente. Un evento que, según el análisis realizado por los científicos del World Weather Attribution (WWA), “no habría sido posible en junio sin el cambio climático”.

Las cientos de muertes asociadas al extremo calor se suman a otras preocupaciones, como la poca preparación de algunos países europeos, especialmente los nórdicos, a la nueva situación climática. Algunos de los más preocupados son los activistas por el bienestar animal, que alertan sobre cómo las altas temperaturas también están poniendo en riesgo la vida de los animales.

Los refugios han tenido que adaptarse para proteger a perros y gatos de los golpes de calor; algunos han instalado piscinas, otros utilizan mangueras. Los zoológicos y grandes parques de animales también han hecho su adaptación, y algunos cuidadores están alimentando a los suyos con helados especiales para ellos.

Sin embargo, no todos los animales cuentan con los cuidados necesarios para hacer frente a las altas temperaturas que se están viviendo en los últimos días. Uno de los casos más llamativos se ha producido en Montenegro, donde un grupo de activistas ha denunciado que la ola de calor está exponiendo a los animales abandonados a condiciones extremas.

El caso de Montenegro y los caballos

Según la información recopilada y publicada por la agencia AP, activistas animalistas de este país europeo han mostrado su preocupación por una serie de caballos que vagaban por las afueras de la capital, Podgorica, sin vigilancia, sin refugio, sin comida ni agua, en un momento en que los termómetros de la ciudad alcanzaban los 40 grados. 

“Es sencillamente increíble que un país no tenga un refugio para animales grandes, como caballos sueltos, animales callejeros y otros animales salvajes”, declaró Marta Darmanovic, activista por la protección animal, a la agencia de noticias. “Montenegro ha legalizado de facto el maltrato animal porque no ha proporcionado ni siquiera la infraestructura mínima necesaria para que se apliquen las normas”.

AP comparte que Branko Kovacevic, jefe de la Administración de Inspección Municipal de Podgorica, dijo que las autoridades de la ciudad han establecido refugios para perros y gatos. Ahora el objetivo es trabajar para encontrar una solución al problema de los animales de gran tamaño abandonados, siempre dentro de los límites que marca la legislación vigente. Kovacevic lamentó que la normativa actual no establece quién es el responsable de proporcionar agua y alimento a estos animales.

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.

El dictamen para la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura europea, que hoy ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante el Comité de las Regiones que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por unanimidad.

Esta es la primera vez que un presidente de Castilla-La Mancha defiende un dictamen ante el pleno, según ha señalado el propio Page momentos antes de entrar en la sesión donde también ha recordado que, precisamente, hoy se cumple 11 años de su primera Investidura como presidente de la región.

García-Page ha recordado en su intervención ante el Comité de las Regiones el “amplísimo  consenso” que había alcanzar este dictamen en comisión, “tras un proceso intenso de escucha y de participación de organizaciones agrarias, administraciones, entidades y responsables públicos”.

El ponente ha resumido el relevo generacional como “un reto síntesis de todos los que nos podemos plantear en el medio rural, el reto de los retos. Muchos de los retos que tiene el campo y la política europea pasan por la incorporación de jóvenes”, ha dicho.

Según ha expuesto, la propuesta que ha salido adelante plantea “una apuesta decidida por la PAC tal y como la venimos conociendo, en contra de las posiciones iniciales que la Comisión Europea mantiene para la PAC”, y que se “dedique un 10% de sus fondos de la Política Agraria a la incorporación de jóvenes al campo”. Sobre este tema ha puesto sobre la mesa la necesidad de una rectificación de la Comisión en la política agraria, para “volver a un planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa del campo, de nuestro campo y de la ganadería”.

Además, “se establecen estrategias obligatorias para estímulos fiscales para los jóvenes, ayudas para la adquisición de maquinaria e instalaciones, para ayudarles en el comienzo y los siguientes cinco años”. Para el presidente Page, esta política es la misma que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha y por eso “abanderamos la estrategia nacional de incorporación de jóvenes, la mitad de los que se incorporan en toda España se produce en Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser líderes y abanderar un dictamen para que nuestra policía sea la común en toda la UE”, ha dicho.

En su ponencia ha ofrecido también algunas cifras de la situación actual para un problema “grave”, ya que “solo un 12% de las personas que se dedican al sector agrario y ganadero están por debajo de 40 años”. Por ello, -ha dicho- “esta propuesta no solo se basa en la apuesta por la soberana alimentaria sino que también es un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecto conciliación con el mundo urbano”.

Para acabar, momentos antes de la votación, ha reseñado que apoyar a los jóvenes también es “una forma de rentabilizar la inversión que durante años y años ha venido haciendo la UE en la Política Agraria Común. Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes”.

Castilla-La Mancha ha asumido este miércoles la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino, un órgano del Comité Europeo de las Regiones (CdR), creado en 2025 para defender y promover los intereses del sector vitivinícola europeo en las instituciones de la Unión Europea. En su intervención, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha invitado a las regiones que forman parte de este grupo a a participar en la próxima reunión que se celebrará en octubre en Toledo para que conozcan la realidad vitícola.

La región austriaca de Burgenland ostenta la Presidencia de este foro, mientras que Castilla-La Mancha ostenta una de las dos vicepresidencias, junto con la región de Piamonte (Italia).

“Para Castilla-La Mancha es un honor y una responsabilidad asumir la vicepresidencia desde la que vamos a defender y promover los intereses con políticas que garanticen su competitividad, sostenibilidad y futuro. Es nuestra obligación como administración, pero también es nuestro compromiso. Castilla-La Mancha es la mayor superficie de viñedo del mundo y en ese sentido, tenemos esa responsabilidad moral, pero también administrativa. Por eso, queremos avanzar de la mano de todas las regiones para proponer ante el Parlamento Europeo las mejores líneas que garanticen y consoliden esa situación”, ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en sus primeras palabras.

Esta designación constituye un reconocimiento al peso específico de la región en el panorama vitivinícola europeo y a su permanente implicación en la defensa de los intereses del sector, ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde esta nueva responsabilidad, Castilla-La Mancha contribuirá a la definición de la agenda política del vino en Europa, trasladando a las instituciones comunitarias las necesidades y propuestas de los territorios productores, fortaleciendo la cooperación entre las regiones vitivinícolas y promoviendo iniciativas que refuercen la competitividad del sector para afrontar los nuevos desafíos económicos, comerciales y medioambientales de los próximos años.

Entre las prioridades que Castilla-La Mancha llevará al Intergrupo, el consejero ha apostado porque, tanto en la nueva programación del Marco Financiero Plurianual de la próxima PAC, como en toda la normativa que va a regular el desarrollo agronómico de los cultivos, haya una Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que dé respuesta a todas las necesidades del sector, entre las que ha citado la caída del consumo del vino en Europa, “habrá que atender a esta circunstancia, pero sobre todo preparar al sector para que pueda afrontarla con viabilidad”.

Por eso, Castilla-La Mancha reivindicará “que la ISV tenga fuerza en la Política Agraria” para que mantenga su carácter obligatorio y pueda garantizar el apoyo a las inversiones en la elaboración y la transformación del vino; para que haya un proceso de reestructuración y conseguir variedades que atiendan la demanda actual de los consumidores y para que garantice la valorización de los subproductos que pueden aportar valor añadido a la producción primaria.

A ello ha sumado la necesidad de intensificar la promoción del vino en terceros países, simplificando los costes de justificación “que es lo que tal vez más está perjudicando ahora mismo a muchas cooperativas e industrias vitivinícolas para poder salir al exterior”. Por último, ha mencionado la necesidad de “aprovechar la coyuntura de nuevos mercados como incipientes consumidores de vino, donde podamos tener una alternativa real al gran problema que tenemos en estos momentos, que es la escasez de consumo en el territorio europeo”, ha afirmado el consejero, que acompaña en Bruselas al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano Garcia-Page, y al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero.

La región como referencia

Tras estas palabras, Martínez Lizán ha invitado a las regiones que forman parte del Intergrupo a participar en la próxima reunión que se celebrará en octubre en Toledo, en el marco de la Comisión NAT (Comisión de Recursos Naturales), para que conozcan Castilla-La Mancha, la región con mayor superficie de viñedo de Europa, que suma 25 figuras de calidad vínicas, 71 variedades para producir vino en Castilla-La Mancha y que dispone de una variedad mayoritaria, la Airén.

En la invitación cursada, el consejero ha explicado que, además de las reuniones técnicas, el programa se acompañará de visitas de diferente tipo entre las que ha mencionado la prevista para conocer la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, “una de las joyas que tenemos en Castilla-La Mancha”, de la que ha destacado que es la mayor cooperativa del mundo con una producción de 300 millones de kilos de uva.

“Cuando la vean, se quedarán pequeñas las palabras que yo hoy estoy diciendo; también podrán ver cómo se puede trabajar en favor del vino y hacerlo atendiendo a otros conceptos ya que disponen de un museo de arte como una inversión social que hacen los viticultores del territorio. Van a quedar gratamente sorprendidos de lo que es Castilla La Mancha”, ha manifestado.

El futuro del sector

Por último, la sesión del Intergrupo del Vino ha abordado diversos asuntos de interés para las regiones productoras europeas entre los que ha citado el análisis de distintas variedades de uva y su contribución a la diversificación y competitividad del sector, un debate especialmente relevante en un contexto marcado por la evolución de los mercados y la adaptación al cambio climático.

Asimismo, se ha abordado el papel del turismo asociado al vino y a las regiones agrícolas. Julián Martínez Lizán ha asegurado que se debe ver la promoción turística en el mundo del vino como una oportunidad más de implementación de economía al viticultor y a la industria enológica.

Al respecto ha asegurado que desde hace tiempo hay actividades para dar a conocer variedades concretas como la Airén, la Bobal o la Monastrell, “variedades muy arraigadas en el territorio que ofrecen peculiaridades en sus vinos y que pueden ir perfectamente conjugadas con ese aspecto cultural, tradicional e incluso histórico para poner en valor la tierra y, lo más importante, que sirva de promoción de venta de los de nuestros vinos”.

El alivio ha sido efímero. Cuando el calor extremo apenas ha abandonado la península ibérica —y penetra en Europa del este—, otro pico de temperaturas “por encima de lo normal” acecha España, ha advertido la AEMET. De oeste a este, Europa es el continente que más se está recalentando debido al cambio climático provocado por los humanos: si el planeta ha acumulado 1,4 °C extra desde el año 1900, Europa va por los 2,5 °C, según el servicio de vigilancia de la UE, Copernicus.

La última ola de calor no se ha extinguido, sino que se ha desplazado hacia países como Hungría, Polonia, Rumanía, República Checa o los Balcanes. En Budapest se alcanzan los 40 ºC mientras la demanda de electricidad para los aires acondicionados ha generado apagones. En Eslovaquia han superado su récord de temperatura al llegar a los 40,5 °C. Las autoridades de varios de estos países piden a la población que se quede en casa durante las horas más cálidas del día.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que los termómetros van a dispararse más allá de lo propio para esta época del año y que rebasarán los 40 °C. Las mínimas no caerán por debajo de los 20 °C, provocando noches tropicales. España, Francia, Alemania, Hungría... En realidad es Europa la que “se recalienta más aceleradamente. El doble que la media planetaria”, informa Copernicus.

Las razones de que Europa acumule calor más rápidamente hay que buscarlas en una combinación de situación geográfica, alteración de los patrones meteorológicos por el cambio climático y pérdida del manto de nieve, al tiempo que el aire más limpio deja pasar más radiación solar.

En los últimos 30 años, los europeos han visto cómo la temperatura media ha subido unos 0,56 ºC cada década. Si bien la zona de la Tierra que más calor acumula es el Ártico —0,75 ºC cada diez años—, ningún otro continente, ni Australasia, ni Asia ni América, pueden compararse en ritmo de subida de temperaturas globales.

Y el calor extremo no se limita a un registro en los mercurios, sino que se traduce en peores condiciones de vida y riesgo para la salud.

Solo en 2025, el 41% de Europa tuvo que soportar más días de estrés térmico severo que la media histórica, según los datos del Índice de Confort Térmico de Copernicus. Ese umbral está trazado en una sensación térmica —que combina temperatura, humedad, viento y radiación solar— de 32 ºC. En España hubo más de 50 días extras de estrés severo. Aquí también se experimentaron más jornadas que la media de estrés muy severo, es decir, cuando la sensación llega a los 38 ºC. En el sur de España y Portugal se llegó a superar el umbral del estrés extremo, situado en una sensación térmica de 46 ºC.

En el caso de las temperaturas mínimas, el mismo índice muestra que, el año pasado, “la península ibérica y las áreas costeras del Mediterráneo registraron hasta 30 noches tropicales más que el promedio”, subraya el servicio de monitoreo europeo. Las noches tropicales son aquellas en las que el termómetro no baja de 20 ºC. Una situación muchas veces superada en España, donde se habla ya de noches tórridas (+25 ºC) e infernales (+30 ºC).

Así que el calor extremo ha hecho presa en los países europeos con un precio en muertes atribuibles de unos 60.000 fallecimientos anuales, según la Unión Europea. Un calor extraordinario que los científicos atribuyen recurrentemente al cambio climático inducido por las actividades humanas a base de inyectar gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo? Principalmente mediante la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas.

Los motivos

“Los cambios en la circulación atmosférica han favorecido que haya más olas de calor en Europa y más intensas”, indican los analistas. Lo que explican los científicos es que, al debilitarse la corriente en chorro —los vientos en el hemisferio norte que circundan el planeta— y crearse ondas grandes, se generan cúpulas cálidas bloqueadas y terminan por bombear aire más caliente y seco africano hacia el continente.

Además, a medida que las temperaturas globales han ido escalando, los glaciares y la cobertura de nieve en Europa se han derretido. Entre marzo de 1982 y 2009, la masa de nieve en el hemisferio norte disminuyó un 7%. El manto que aguantaba en el mes de junio cayó un 50% para 2012. Circunscrito a Europa “ha disminuido aún más, pero con una gran variación interanual”, indica la UE. Las nevadas en los Alpes son un tercio menos que hace un siglo.

Sin esa capa blanca encima del terreno se pierde el efecto albedo: el blanco rebota la radiación solar, mientras que lo oscuro la absorbe. Eso significa más calor acumulado.

Y ese mismo fenómeno de la eliminación del albedo es uno de los motivos que provocan que el Ártico se funda a toda velocidad y, como parte de Europa se extiende por esas latitudes, el continente se ve afectado por la zona del planeta con un incremento de temperaturas más acusado.

El último elemento que mencionan los investigadores sobre el incremento rápido de calor en Europa es la reducción de ciertos contaminantes en el aire: “La normativa de calidad de aire ha reducido la concentración de aerosoles que rebajan la cantidad de radiación solar que llegar a la superficie”. También la cobertura de nubes disminuye a medida que la contaminación desciende. Así que el aire más limpio deja pasar más radiación, es decir, más calor.

Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.

El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.

El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino puntos de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española. Otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.

Corriendo antes del pistoletazo de salida

Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.

La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.

Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.

Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital consolidado donde ya operan numerosos centros de datos y empresas digitales. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.

Un consorcio público-privado

El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.

El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ha invertido de forma independiente 150 millones de euros en esta empresa par apoya su desarrollo, y ahora la ha elevado como la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.

No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, las empresas involucradas prefieren no pronunciarse por el momento sobre los detalles de su participación. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.

“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.

La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)

La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.

Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio que las multinacionales estadounidenses están presionando para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.

Es decir, que aunque las gigafactorías se instalarán en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, Martí defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de asegurar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”. Recuerda que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.

Quién decide y quién vigila

El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.

“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.

La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.

Del veto total a una restricción descafeinada. Europa ha aprobado finalmente vetar el uso de munición de caza de plomo para evitar el vertido de 14.000 toneladas anuales de metal tóxico a la naturaleza. Pero, en el proceso, se ha sacado de la norma las balas usadas para caza mayor y se ha prolongado en varios años la moratoria para que los cazadores se acostumbren a la nueva normativa.

Más de tres años después de que la Agencia de Productos Químicos (ECHA) recomendara prohibir este material por seguridad, los países han votado a favor de la última propuesta de la Comisión Europea que salvaba la munición de más calibre y otorgaba una prórroga de cinco años (en lugar de tres) durante la que podrán seguir usándose cartuchos con perdigones de plomo. Un grupo de más de 140 científicos había contrapuesto que “los riesgos” que implica el plomo justificaba aprobar la normativa “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, las presiones del sector cinegético y de un grupo de estados de la Unión han terminado por derivar en una restricción más aguada. España, finalmente, ha votado a favor de esta versión, según confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: “Responde a nuestra voluntad de compatibilizar los objetivos ambientales con la realidad de los sectores implicados, evitando efectos no deseados que puedan dificultar la aceptación y la eficacia de las medidas”.

En el seno del Ejecutivo han convivido dos posturas: por un lado, el Ministerio de Agricultura ha sostenido alargar la vida de la munición de plomo, y por el otro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó en Bruselas que “la protección del medio ambiente no debe ralentizarse”. En Transición Ecológica afirman que hubieran “preferido una propuesta más ambiciosa, pero bloquear el acuerdo supondría renunciar a avances concretos en la reducción de la liberación de plomo en la naturaleza”.

Con todo, los cazadores, aunque parcialmente satisfechos cuando se introdujeron las modificaciones, han tratado de abortar cualquier prohibición hasta el final. Esta misma semana, cuando debía tomarse la decisión, la Federación Española de Caza exigía al Gobierno “que frene la prohibición del plomo”. En su postura insisten en que no hay “aval científico ni alternativa” al metal tóxico que termina abandonado en los ecosistemas e ingerido por la fauna.

En este esfuerzo, el sector cinegético ha rescatado estos días una orden ministerial de Estados Unidos para comparar la gestión de la administración de Donald Trump con la de la Unión Europea. Han alabado la orden 3447 —en realidad se redactó en enero pasado– diseñada para “la expansión de la caza y la pesca eliminando barreras innecesarias”, según informó la secretaría del Interior estadounidense.

Esta orden específica impide la restricción de la munición de plomo en zonas federales de protección natural, a menos que haya “una evidencia específica para cada lugar y cada especie de que el plomo produce un impacto directo en las poblaciones”. Es decir, exige un estudio particular para cada área y cada especie en esa área. En la práctica, hace imposible impedir la munición de plomo.

¿De verdad no hay alternativa?

Los argumentos de los cazadores se basan en que no existe una evidencia de los daños provocados por el tóxico plomo —a pesar del dictamen de la Agencia Europea de Productos Químicos— y que, si no pueden disparar plomo, no pueden disparar otra cosa. De hecho, la Federación de Caza hace mención a una encuesta encargada por la Federación Europea de Tiro Deportivo que indicaba que “uno de cada cuatro cazadores dejará de cazar si la prohibición del plomo se hace realidad”.

Sin embargo, la asociación europea Birdlife —que sostiene la necesidad de impedir el vertido venenoso de plomo en los ecosistemas— califica esto como “mito”. Y añade: “La munición no de plomo ya está disponible y se usa cada vez más. Alternativas como el acero y el cobre están en el mercado y algunos países como Dinamarca ya han abandonado exitosamente el plomo”.

Sobre la queja de que esas alternativas son demasiado caras —“se pone en riesgo los cotos de caza social”, dicen los cazadores—, la Agencia de Productos Químicos estimó que estas nuevas municiones podrían suponer un gasto extra de 30 euros al año para los cartuchos y 10 euros al año para el uso de balas. Para poder ponderar ese incremento, cada cazador se gasta en su actividad un promedio de 2.400 euros anuales, según ha calculado la Federación Europea de Cazadores. Con esos datos, el precio de no envenenar supondría una subida del 1,25% y 0,4% respectivamente.

Vivimos tiempos de enorme incertidumbre política. El debate público se consume entre corrupción, crisis, estrategias partidistas y cálculos electorales mientras cuestiones esenciales para el futuro de los ciudadanos quedan relegadas a un segundo plano. Una de ellas es la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación hablamos de agricultores, ganaderos y de la Política Agraria Común (PAC), la principal herramienta que tiene Europa para garantizar que nunca falten alimentos seguros, suficientes y de calidad en nuestras mesas.

Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha planteará en Europa que la inversión que se destina a políticas relativas al relevo generacional incluidas dentro de la Política Agraria Común se duplique hasta llegar al 10 por ciento. Así lo ha confirmado, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; en la jornada sobre oportunidades de financiación europea que ha desarrollado hoy la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, José Manuel Caballero ha explicado que la posición que defenderá en Europa la región, con el liderazgo del presidente García-Page, pasa por reforzar los recursos destinados al relevo generacional en el sector agrario. Ha señalado que “mientras la propuesta de la Unión Europea contempla destinar un 5 por ciento de la Política Agraria Común (PAC) a estas políticas, Castilla-La Mancha plantea elevar esa cifra hasta el 10 por ciento, con el objetivo de garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria se quede sin apoyo por falta de financiación”.

Asimismo, ha subrayado que el relevo generacional no debe limitarse únicamente a la continuidad de las explotaciones familiares, sino que también debe facilitar la incorporación de jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural, pero que ven en él una oportunidad de empleo y de proyecto de vida. Esta será, tal y como ha confirmado, una de las propuestas que el presidente García-Page defenderá la próxima semana ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones que tendrá lugar en Bruselas.

Esta intervención del presidente García-Page en el pleno del Comité Europeo de las Regiones supone, tal y como ha explicado Caballero, “la culminación de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace meses con el sector agroalimentario de la región y de toda Europa, tal y como nos encargó el Comité Europeo de las Regiones al ser Castilla-La Mancha una referencia de éxito en la aplicación de políticas de relevo generacional”.

Además, ha señalado que “vamos a defender un mayor presupuesto plurianual porque creemos que el que se ha presentado no tiene ninguna ambición ni puede afrontar los retos y las necesidades que tenemos por delante”. En este sentido, ha reconocido que “aunque el panorama internacional ha cambiado y hay que invertir en defensa, en ningún caso esta inversión puede menoscabar los derechos de nuestro sector agrario ni nuestra soberanía alimentaria”.

Fa quaranta anys, l’entrada de Catalunya a l’aleshores Comunitat Econòmica Europea va obrir la porta a una profunda transformació econòmica i social. Europa representava per a Catalunya molt més que un horitzó polític o econòmic. Era una idea de modernització, obertura i connexió amb el continent.

Quatre dècades després, aquesta relació ja no es percep només a les institucions o en les grans xifres macroeconòmiques. També és present als hospitals, les universitats, les infraestructures o els centres de recerca. I una part important d’aquest canvi profund iniciat el 1986 s’explica a través dels fons europeus.

Les xifres de la transformació

Les dades ajuden a entendre la magnitud d’aquesta evolució. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB català ha passat de 40.576 milions d’euros el 1986 a 334.765 milions el 2025. Les exportacions catalanes a la Unió Europea han crescut un 542% des del 1994, fins a superar els 61.000 milions d’euros anuals. I la població catalana ha augmentat en més de dos milions de persones des de l’adhesió europea.

La transformació també es percep en àmbits molt més propers: la millora dels equipaments públics, la modernització del món rural, l’impuls de la recerca científica i l’expansió universitària. Entre el 1986 i el 2021, Catalunya va rebre prop de 5.946 milions d’euros en fons estructurals i de cohesió europeus. Uns recursos distribuïts en centenars de projectes que han acabat modelant el territori i la vida quotidiana de diverses generacions.

Inversió en sanitat i serveis socials

Un dels exemples més visibles és l’Hospital de la Cerdanya, inaugurat l’any 2012 i considerat el primer hospital transfronterer de la Unió Europea. El projecte va rebre 18,6 milions d’euros de fons FEDER i simbolitza una idea d’Europa construïda també des de la cooperació territorial. El finançament d’aquest fons ha arribat igualment a centres d’atenció primària com els de l’Ametlla de Mar, Roquetes o Torreforta, així com a reformes en escoles, residències i equipaments socials.

Els Fons Next Generation, desplegats després de la pandèmia, han donat un nou impuls a aquesta política d’inversions. Han permès reformar centres de dia i residències, construir unitats Barnahus d’atenció integral a menors víctimes de violència sexual o avançar en la digitalització de l’administració i la justícia.

Recerca i talent

Si durant les primeres dècades els fons europeus van estar molt vinculats a les infraestructures i a la cohesió territorial, en els darrers anys el focus s’ha desplaçat cap a la innovació i l’economia del coneixement. Catalunya s’ha convertit en un dels principals pols científics del sud d’Europa i ha reforçat la seva capacitat per captar finançament competitiu.

Només entre el 2021 i el febrer del 2026 va obtenir prop de 1.900 milions d’euros del programa Horizon Europe, amb més de 2.300 projectes de recerca. Iniciatives en àmbits com les ciències de la vida, la fotònica o la supercomputació han guanyat pes internacional i han consolidat un ecosistema científic plenament connectat amb Europa. Paral·lelament, els fons Next Generation han reforçat centres com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró ALBA, així com universitats i hospitals de referència.

De les ciutats al camp i al mar

L’impacte de la UE no es limita a les ciutats ni a la recerca. El món agrari català ha mantingut durant dècades una relació directa amb les polítiques europees.

Només l’any 2024, més de 36.000 explotacions agràries van rebre ajuts vinculats a la Política Agrària Comuna (PAC) per un valor de 301 milions d’euros. Els fons europeus també han servit per impulsar programes de relleu generacional, ajuts a joves agricultors i projectes de desenvolupament rural.

En l’àmbit pesquer, iniciatives finançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura han promogut una activitat més sostenible i eficient. Programes com Pesca Neta treballen conjuntament amb les confraries catalanes per retirar residus del Mediterrani i reforçar la protecció ambiental.

Cultura i cohesió social

L’empremta europea també s’estén a l’àmbit cultural. Més de 65 milions d’euros procedents dels fons MEDIA han impulsat produccions audiovisuals catalanes i la seva circulació internacional. Pel·lícules com Alcarràs, Robot Dreams o Pacifiction són alguns exemples recents d’aquesta projecció exterior.

D’altra banda, el programa Erasmus, convertit ja en símbol d’una generació europea, va permetre que prop de 10.000 estudiants catalans realitzessin estades internacionals entre el 2021 i el 2025, segons el Departament de Recerca i Universitats.

Al mateix temps, els indicadors socials mostren una evolució significativa durant aquestes quatre dècades. La taxa d’ocupació ha passat del 47,9% al 72,2% des del 1986, mentre que l’ocupació femenina ha crescut prop de quaranta punts, segons dades de l’Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball.

En un moment en què Europa torna a afrontar reptes econòmics, tecnològics i geopolítics de gran abast, aquest aniversari es presenta també com una oportunitat per revisar el camí recorregut. Perquè una part molt important de la transformació viscuda per Catalunya des del 1986 no es pot entendre sense aquesta vinculació sostinguda amb el projecte europeu.

El 26 de abril, Rumanía lanzó su primer programa de regularización para migrantes en situación irregular. En teoría, una oportunidad. En la práctica, para muchos, una ruleta rusa. “A Akila lo van a deportar. Literalmente nos engañaron”, dice Andrei* por teléfono, la mañana del 11 de mayo, un estudiante de Cluj que acompaña voluntariamente a migrantes a las oficinas de inmigración.

La primera vez que Akila acudió a la ventanilla, los funcionarios le dijeron que tenían que verificar si era elegible para la nueva ordenanza. La ley era “demasiado nueva”, había que “aclarar” algunos aspectos. Le dieron una cita para regresar. Una semana después, Akila ni siquiera llegó a hacer fila. Lo llevaron directamente a la sala de aislamiento. Meses antes ya se había emitido una orden de retorno en su contra. La notificación se había enviado a una dirección donde ya no vivía. Como nunca se enteró, no pudo recurrirla.

A diferencia del procedimiento de regularización español, que anula las órdenes de retorno una vez que la solicitud del migrante es admitida, al programa rumano solo pueden beneficiarse quienes no hayan recibido una orden de retorno. En lugar de entrar en el programa, algunas personas que desconocen que la tienen, acaban encerradas en centros de custodia y deportadas cuando van a solicitarla.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”, dice Andrei. Akila regresó a la oficina de inmigración con la esperanza de regularizar su situación. En cambio, fue detenido y deportado. Mientras él estaba allí, sus amigos recogían sus pertenencias y se las llevaban a la oficina, de donde solo salió para subir al avión de regreso a casa. Su historia explica el miedo de decenas de miles de migrantes que podrían dejar atrás la extrema vulnerabilidad a la que los empuja su condición de indocumentados, pero que no acuden a las oficinas de inmigración porque no saben qué les espera.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”

El miedo a acudir a la ventanilla

“Yo no iría a declarar mi dirección si tuviera miedo de que me metieran en un centro de detención y luego me deportaran”, dice Sonia Bujor*, activista que acompaña a migrantes en varias ciudades. La deportación no significa simplemente subir a un avión y volver a casa. “Significa regresar con una montaña de deudas que no has podido pagar y que probablemente no podrás pagar en años”, explica Bujor. 

Los costes de reclutamiento y traslado a Rumanía pueden llegar hasta 10.000 euros, a los que se suman intereses mensuales. “Regresas además con una prohibición de entrar al espacio Schengen”, añade. Akila dice haber pagado alrededor de 4.600 euros, dinero obtenido mediante préstamos bancarios y de conocidos. Nunca pudo devolverlos porque jamás consiguió un empleo formal en el país. “He sobrevivido haciendo pequeños trabajos ocasionales. Todavía no he terminado de pagar mis deudas. Por eso, pido que se me dé la oportunidad de trabajar legalmente en Rumanía para poder devolver los préstamos”, lamenta.

“Perdí mi pasaporte. ¿Todavía puedo solicitar la regularización?”. “Me fui a Italia después de quedar ‘ilegal’. ¿Puedo volver?”. “¿Cómo puedo saber si tengo una orden de retorno?”. Preguntas como estas circulan todos los días en grupos de WhatsApp, mientras los voluntarios trabajan contrarreloj para intentar dar respuesta.

Falta de información

En ausencia de una campaña oficial clara, un grupo de jóvenes voluntarios rumanos, junto con personas migrantes que se encargan de las traducciones, intenta hacer el trabajo del Estado y de las organizaciones financiadas con dinero público. En grupos de WhatsApp recogen información, la traducen, responden dudas, acompañan a migrantes a las ventanillas y tratan de ejercer presión pública sobre las autoridades.

Aunque el programa se anunció meses antes, en la primera semana muchas oficinas de inmigración apenas habían oído hablar de él y las grandes ONG financiadas con fondos europeos para la “integración de nacionales de terceros países” no emprendieron acciones visibles de información o acompañamiento, denuncian los colectivos implicados. Dos semanas después del inicio del programa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Inspección General de Inmigración, publicó su primer vídeo explicativo en Facebook, en el que asegura a las personas migrantes que, si acuden a la oficina de inmigración, “no tendrán problemas”, no serán detenidas ni enviadas de vuelta a su país, “salvo que se hayan hecho previamente los arreglos para su retorno”.

Sin embargo, Georgiana Bădescu, de la organización Centro de Recursos Jurídicos, considera que estos materiales omiten información esencial sobre los riesgos y emplean un lenguaje difícil de comprender. “En mi opinión, los materiales han llegado demasiado tarde, son recortados, obtusos y nada transparentes”, afirma. “La gente no sabe en qué situaciones puede acogerse al programa ni cómo comprobar de manera segura su situación, y no hay procedimientos claros para quienes no tienen pasaporte, lo tienen caducado o se lo ha retenido el empleador”.

Además, los mensajes oficiales chocan a menudo con lo que ocurre en las ventanillas. “Las autoridades repiten que la estancia irregular no será sancionada con multa, pero en la práctica hay personas que reciben multas cuando intentan inscribirse en el programa”, añade.

Suneth, un migrante de Sri Lanka, como muchos otros, no sabe si existe una orden de retorno en su contra. No escribe muy bien en inglés, así que Ruany, una mujer esrilanquesa que vive en Chipre y participa voluntariamente a distancia junto con este grupo informal, traduce su mensaje: “Este chico trabajó solo un mes. El jefe le hizo firmar papeles en rumano, le quitó el billete de regreso y le dijo que tenía que volver a casa. Huyó a otra ciudad y ahora pregunta si todavía puede ir a inmigración para regularizarse”, explica. En este contexto, incluso un solo caso de deportación ligado al programa pesa enormemente dentro de la comunidad y disuade a muchos otros de presentarse a regularizar su situación, agrega Georgiana.

Georgiana Bădescu acompañó a migrantes durante los primeros días del programa. “Los funcionarios improvisaban los procedimientos y las comunicaciones. A veces imponían condiciones extralegales: declaraciones escritas, contrato de alquiler, copia del documento de identidad, incluso multas, aunque nada de eso aparece en la ley”, indica.

Las experiencias varían según la oficina y la persona que atiende. “Algunos oficiales responden de forma burlona y hacen preguntas como: ‘¿Cómo que son ilegales? ¿Cómo han sobrevivido hasta ahora? ¿Dónde viven?’”, cuenta Sonia. “Son preguntas intimidatorias y van en contra del espíritu de la ley, que debería regularizar a las personas independientemente de cómo hayan terminado en situación irregular.”

El 5 de mayo, a raíz de una solicitud de información de elDiario.es, la Inspección General de Inmigración publicó un vídeo explicativo y anunció instrucciones internas y materiales informativos traducidos. Un mes después del inicio del programa, la oficina de inmigración empezó por fin a repartir trípticos oficiales, bastante más tarde que el grupo de voluntarios.

En busca de mano de obra

Cientos de miles de personas llegaron en los últimos años con visados de trabajo, llenas de esperanza y endeudadas, para acabar empujadas a la irregularidad administrativa. Según datos oficiales, actualmente viven en Rumanía unas 150.000 personas de países no pertenecientes a la UE con derecho a trabajar. La tasa de retención de quienes reciben visados laborales es inferior al 50%.

Tras años de abusos, fraudes y explotación laboral documentadas— la mayoría vinculados a la dependencia casi total del trabajador migrante respecto a su empleador— el Gobierno aprobó una nueva ley para regular la actividad de reclutamiento. El programa de regularización forma parte de esa reforma.

Después de pasar de un visado de trabajo a una situación irregular, muchos optan por migrar hacia otros países europeos. En palabras de Rafi, un trabajador bangladesí entrevistado en Italia, “vivir ilegalmente en Rumanía es un infierno”. En un país donde la policía es la única autoridad migratoria, sin organizaciones de base que ofrezcan servicios relevantes a las personas en situación irregular y con deudas pendientes en sus países de origen, estos trabajadores se han convertido, según Bădescu, en uno de los grupos más vulnerables de Rumanía.

Contactamos con Akila mientras hacía escala en el aeropuerto de Estambul, de camino a Sri Lanka. Akila relata que, tras llegar a Rumanía con un visado de trabajo, fue enviado a un empleador distinto del prometido y se le exigieron pagos adicionales para tramitar sus documentos. Cuando algunos compañeros acudieron a las autoridades de Inmigración para recoger los permisos prometidos, recibieron órdenes de retorno.

Mensajes como el suyo no solo llegan a periodistas a través de WhatsApp, sino también a instituciones del Estado mediante correos electrónicos oficiales. Este medio ha recibido uno de esos correos, enviado colectivamente por 24 trabajadores en situación irregular que afirmaban ser víctimas de trata de personas. Según uno de ellos, la respuesta de las autoridades de Inmigración fue emitir órdenes de retorno para los 24.

“Eso, si tienes amigos”

Según el Inspectorado General de Inmigración, desde 2020 se han emitido más de 16.500 órdenes de retorno; 6.344 se han traducido en expulsiones efectivas. El Centro de Recursos Jurídicos ha pedido que se hagan públicas las listas de órdenes de expulsión, que actualmente solo se exhiben durante un tiempo limitado en las oficinas territoriales. La probabilidad de que un migrante en situación irregular se exponga visitando repetidamente estas sedes para comprobar su situación es casi nula.

“El objetivo de estas disposiciones transitorias es llevar a los migrantes a una situación legal, no detectar a migrantes irregulares. Esto no debería ser un mecanismo de detección”, afirma Bădescu. “Sin esas listas, la gente acude a inmigración sin saber si entrará en un procedimiento de regularización o directamente en uno de expulsión”.

“Es un proceso humillante llegar lleno de esperanza y que allí te digan que, en realidad, no tienes derecho, luego te encierren en aislamiento administrativo y tus amigos tengan que traerte las maletas. Eso, si tienes amigos… es muy humillante”, concluye. Mientras el avión de Akila despega rumbo a Sri Lanka, en los grupos de WhatsApp otros migrantes siguen preguntándose si vale la pena arriesgarse.

Con las temperaturas asfixiantes, muchos ciudadanos buscan una alternativa para sacudirse el calor. Y la solución pasa por pegarse un chapuzón en piscinas, playas, ríos o lagos. En muchos casos, la elección pasa por la ubicación, por los recursos económicos y también por la calidad del agua del lugar escogido. 

En ese sentido, una de las mejores opciones siguen siendo las aguas europeas, que no solo son seguras, sino que gozan de una excelente calidad, según el último informe anual sobre las aguas de baño, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en cooperación con la Comisión Europea (CE). El trabajo muestra los resultados de los análisis efectuados en 2025. 

En 2025, de los 22.000 puntos de baño de la UE, el 85 % se clasificaron como excelentes y el 96 % cumplían al menos los requisitos mínimos de la Directiva sobre Aguas de Baño (DAB). Sin embargo, el 1,5 % seguía presentando una calidad deficiente, lo que indica que las medidas de gestión no eran suficientes o no se habían implementado de forma eficaz.

Pero, ¿qué marca la calidad y la seguridad en las aguas? Principalmente, la agencia europea toma como referencia el control de las bacterias que pueden causar enfermedades graves. “La salud de los bañistas se protege mediante el control de bacterias indicadoras de contaminación fecal (Escherichia coli y enterococos intestinales)”, apuntan. 

El informe coloca a España como uno de los mejores países con las mejores playas, por su seguridad y por la calidad del agua. Sin embargo, le pone deberes, porque nuestro país se sitúa como el peor de Europa en el caso de las zonas continentales (ríos y lagos).

Cara y cruz para España

Respecto a la calidad del agua de baño costera por país, España se sitúa en el undécimo lugar de una lista que incluye a los 27 países de la Unión Europea (UE), Albania y Suiza. Ese ranking lo encabezan, por orden: Chipre, Grecia, Bulgaria y Austria, en donde el porcentaje de zonas de baño de calidad excelente alcanza el 95 %.

En general, el 87,4 % de estas zonas de baño se clasificaron como excelentes. Y tres países concentraron más del 60 % de todas las zonas de baño costeras registradas: Italia (33 %), Francia y España (14 % cada uno).

Concretamente, el 92 % de las playas españolas designadas para el baño cuentan con una calidad del agua excelente, mientras que el 5,9 % tiene un buen y un 1,3 %, un suficiente. Solo diez playas españolas cuentan con un agua pobre, lo que representa el 0,5 % del total. Cuatro de ellas se ubican en la Comunitat Valenciana, tres en las Islas Baleares, una en Catalunya, una en Cantabria y otra en Galicia. 

En cambio, se sitúa a la cola en lo que se refiere a la calidad del agua de baño en aguas continentales por país: el 11,7 % de las zonas de baño de ríos y lagos tienen un agua pobre, solo el 4 % tienen una calidad suficiente, el 27,5 % tienen una buena calidad y el 53, 1 % cuentan con una excelente calidad. Por contra, en el primer lugar se sitúa Austria, seguida de Finlandia y Dinamarca. 

“Sí se puede, claro que se puede”, gritaba un grupo de sindicalistas mientras se llenaba este jueves el Palacio de Vistalegre de Madrid. Varios miles de personas han asistido a un acto del sindicalismo europeo en la capital que quería mandar justo ese mensaje a la población y gobiernos de la Unión Europea. Que se puede crecer económicamente, ser líderes en creación de empleo, avanzar en derechos laborales y defender la paz. “España es el ejemplo”, ha sostenido Esther Lynch, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Bajo el lema ‘Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz’, el sindicalismo europeo ha concentrado a más de “10.500” personas en el palacio de congresos, según las centrales sindicales españolas CCOO y UGT, organizadoras del acto. Sindicatos de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Noruega, entre otros países, han subido al escenario con sus banderas nacionales en la apertura del acto, arropados por un largo aplauso.

“Habéis venido al país del 'No pasarán'”, ha saludado a la audiencia extranjera el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en medio de una gran ovación. Más tarde, Oliver Roethig, secretario regional de UNI Europa, ha coreado junto al auditorio este mismo lema, símbolo del antifascismo.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocida con numerosos aplausos por el auditorio, ha cerrado el acto sindical y ha destacado la movilización y trabajo diario de los sindicatos en favor de los derechos de las personas trabajadoras. “Si vosolotros lo hacéis, ganaremos”, ha sostenido.

En su discurso, Yolanda Díaz ha argumentado que “la resignación es un lujo que la gente trabajadora no se puede permitir”, por lo que ha emplazado a seguir luchando “por muy malo que sea el momento”. “Porque cuando nosotras votamos, ellos pierdes”, ha destacado la vicepresidenta segunda, que se ha mostrado “muy orgullosa” del gobierno de coalición por “mejorar la vida de la gente”.

España como “prueba del éxito” de las políticas sindicales

Antes de empezar el acto, Esther Lynch ha señalado a España como “el ejemplo para el resto de la Unión Europea” de que se puede gobernar de manera “exitosa” aplicando políticas que reclaman los sindicatos, como el aumento del salario mínimo, el refuerzo de la negociación colectiva y el avance en derechos laborales.

Con estas medidas, España se ha situado a la cabeza del crecimiento de la economía y del empleo en toda Europa. Y no lo dicen los sindicatos, ha destacado la líder del CES, sino organismos como la OCDE y el FMI.

“España ha probado que aumentando el salario mínimo hay más trabajo y dinero en el bolsillo de los trabajadores”, ha celebrado Esther Lynch. “Mirad a España”, ha emplazado la sindicalista a los gobernantes en Bruselas y el resto de países de la UE, “así es como podemos ser más competitivos”.

“Estamos aquí por la paz, por los derechos humanos y el multilateralismo”, ha afirmado también Lynch, que ha clamado “contra el silencio” frente a las políticas belicistas y agresiones de Donald Trump. “Esto solo es el comienzo de una movilización para cambiar el rumbo de Europa”, ha avisado la líder sindical europea. 

Varios sindicalistas europeos han clamado contra el auge del fascimo y de las políticas xenófobas en Europa contra la población migrante, como Enrico Somaglia, secretario general del EFFAT italiano, que ha denunciado la “vergüenza” del respaldo del Parlamento europeo al reglamento de retornos, así como ha denunciado “el asesinato” de cuatro jornaleros presuntamente por sus capataces en un pueblo al ser de Italia.

Amenaza de empobrecimiento y menos derechos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado el “referente” que es España cuando viajan a otros países debido a las políticas laborales, que ha recordado que en la mayoría de casos surgen fruto del acuerdo con los sindicatos en el seno del diálogo social. “Si no hubiera este Gobierno de progreso, de unidad de las izquierdas, esto no hubiera sido posible”, ha reconocido también Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

El líder de UGT ha advertido de que nuestro contexto “impide que la sociedad española conozca la situación” que hay en muchos países de la UE y, en concreto, en la Comisión Europea. Álvarez ha subrayado que están avanzando varios proyectos regulatorios en Bruselas que apuestan por la desregulación de derechos, también laborales y sindicales, “y el Pacto Verde está prácticamente abandonado”, ha lamentado el secretario general de UGT, que ha exigido su recuperación.

“Europa está en un dilema. Del avance o del retroceso”, ha resumido Unai Sordo, que ha exigido a Europa “la necesidad” de avanzar en derechos, de reducir dependencias estratégicas del exterior, y en especial de EEUU, en aspectos clave como la energía y la defensa.

El líder de CCOO ha advertido de que el auge del gasto en defensa, que reivindican varios países y la OTAN, puede suponer “recortes en cuestión de tiempo”. “Hay que oponerse a los intentos de austericidio”, que llevarán el ampobrecimiento de la población y, en especial, de la clase trabajadora y popular, ha sostenido Sordo.

Hace un año, el 10 de junio de 2025, Yanis Varoufakis intervenía en el Parlamento Europeo en un evento organizado por The Left y M5S Europa, junto a Jeffrey Sachs y Giuseppe Conte, para debatir sobre las condiciones económicas para la paz. Lo que dijo entonces no solo no ha perdido vigencia: se ha vuelto más urgente con cada mes que pasa. Vale la pena recuperarlo, porque sus palabras iluminan con precisión incómoda el camino que Europa ha decidido recorrer.

Vivimos en el Antropoceno. Los geólogos así lo han bautizado: la era en la que la acción humana se ha convertido en la principal fuerza transformadora del planeta. El cambio climático no es ya una amenaza futura; es el presente que habitamos. Entre todos los sistemas que sostienen la vida en Europa, uno de los más frágiles y determinantes es el Gulf Stream, esa corriente del Atlántico Norte que transporta calor desde el trópico hacia nuestras costas y garantiza el clima templado del que gozamos. Sin él, inviernos siberianos en Lisboa o en Bilbao. Los científicos advierten de que el calentamiento global está alterando la salinidad del océano y amenaza con debilitar o incluso invertir esta corriente. Un cambio invisible en las profundidades del Atlántico, con consecuencias catastróficas en superficie.

Esta imagen me parece la metáfora más precisa para describir lo que el keynesianismo militar está haciendo hoy con la economía europea. Opera en profundidad, silenciosamente, y sus efectos se percibirán en superficie cuando ya sea tarde para revertirlos.

El concepto no es nuevo. Eisenhower lo advirtió en 1961, cuando al abandonar la presidencia pronunció uno de los discursos más lúcidos y valientes de la historia política americana: cuidado con el complejo militar-industrial, dijo, porque tiene la capacidad de capturar el Estado, desviar los recursos públicos y distorsionar la democracia desde dentro. Lo que Eisenhower veía como un riesgo, Varoufakis lo describe hoy como un sistema consumado y en plena expansión. Un sistema que, como la mafia, no vende seguridad: vende la ausencia de la amenaza que él mismo genera o amplifica. Para perpetuarse necesita conflictos, todos ellos convenientemente lejanos del territorio americano. Necesita que el miedo no desaparezca nunca del todo, porque el miedo es su materia prima y su razón de ser.

Esta es, en realidad, una dimensión nueva del Minotauro Global que Varoufakis describió en su libro homónimo. Más allá de los déficits gemelos —comercial y fiscal— que EEUU utiliza como aspiradora del excedente mundial, el sistema necesita conflictos que lo alimenten. Sin guerras o amenazas de guerra no hay demanda de armamento. Sin demanda de armamento no hay justificación para el gasto público militar. Sin ese gasto, el motor keynesiano del complejo se detiene. El conflicto no es un fallo del sistema; es su condición de funcionamiento.

El caso más extremo y más sangrante de esta lógica es el genocidio que Israel perpetra contra la población palestina, en Gaza y en Cisjordania. Hay una psicología de la impunidad que cualquiera que haya tenido que gestionar una situación de abuso de poder conoce bien: cuando a quien ejerce la tiranía no se le ponen límites, el monstruo crece. Cada acto que queda sin consecuencias redefine hacia arriba el umbral de lo tolerable, tanto para quien lo comete como para quienes lo contemplan. Israel lleva décadas acumulando esa experiencia: cada asentamiento ilegal consentido, cada operación militar desproporcionada que mereció solo una “condena enérgica”, cada flotilla atacada con impunidad, ha sido interpretada como una señal inequívoca de que puede seguir. Lo que Ben Gvir hace hoy —la crueldad exhibicionista, la humillación deliberada— solo es explicable como comportamiento de quien ha interiorizado que no habrá consecuencias. Es la conducta de un Estado que ha aprendido que los límites son decorativos. El resultado es un Estado militarizado hasta los huesos, campo de pruebas de armamento convencional y de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aplicada al exterminio, que avanza masacrando a la población autóctona con la impunidad de los vaqueros del lejano oeste. La diferencia es que aquello ocurrió hace siglo y medio y lo conocemos por los libros de historia. Esto sucede ahora, en el siglo XXI, y lo estamos viendo en streaming. Quien quiera mirar, puede hacerlo. La pregunta perturbadora es cuántos prefieren no hacerlo.

Y es en este contexto donde Europa cae en la trampa. La Cumbre de La Haya de junio de 2025 fijó el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa para 2035. Un nivel sin precedentes en tiempos formalmente de paz. El problema es que Europa no tiene la arquitectura institucional —ni soberanía monetaria, ni base industrial integrada, ni política de compras común— para que ese gasto genere un multiplicador propio. Una parte sustancial del incremento se irá en importaciones de equipamiento americano. El keynesianismo que se activa no es europeo; es americano. Europa paga, EEUU cobra, y el Gulf Stream de la dependencia no solo no se invierte sino que se refuerza.

El coste de oportunidad es enorme y concreto. Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece. Piketty acaba de cuantificarlo con precisión en el Global Justice Report, presentado la semana pasada en París en la Conferencia Mundial sobre Desigualdad: un euro invertido en educación o sanidad genera tres o cuatro veces menos huella material y energética que el mismo euro en industria manufacturera o defensa. La aritmética del keynesianismo militar es, pues, doblemente perversa: destruye más planeta por euro gastado y genera menos tejido productivo transferible a la economía civil.

Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece

A todo ello se suma lo que me permito llamar el 'civilwashing' del gasto militar: la operación ideológica por la que se presentan las externalidades civiles de la investigación militar —internet, el GPS, los semiconductores— como argumento para justificarlo. Como si hubiéramos necesitado pasar por la carrera armamentística para llegar al teléfono móvil. Como si no hubiera sido posible invertir directamente en investigación civil con la misma escala de recursos y sin el rodeo por la destrucción. El civilwashing no es solo una distorsión histórica; es la coartada que permite al sistema reproducirse sin ser nombrado.

Pero un buen diagnóstico sin receta es solo un lamento. Y recetas las hay.

Mariana Mazzucato lleva años argumentando que el modelo de innovación de las misiones —ese enfoque que moviliza recursos públicos masivos alrededor de objetivos concretos y transformadores— puede y debe aplicarse a los grandes retos civiles de nuestro tiempo: la descarbonización, la salud, la alimentación sostenible. Es cierto que transponer ese modelo del ámbito militar al civil tiene sus dificultades. Las empresas del complejo militar-industrial están organizadas para satisfacer a un único comprador público con especificaciones cerradas, no para competir en mercados abiertos. Su cultura interna, dominada por la ingeniería de alto rendimiento, es incompatible con la velocidad y la adaptabilidad que exige el mercado civil. Pero conocer el obstáculo es el primer paso para sortearlo. El camino está señalado; lo que falta es la voluntad de recorrerlo.

Varoufakis propone el instrumento macroeconómico para financiarlo: un New Deal Verde europeo respaldado por deuda mutualizada, ese momento hamiltoniano que Europa lleva décadas aplazando. Cuando Alexander Hamilton convenció a los estados americanos de mutualizar sus deudas tras la independencia, no lo hizo por generosidad; lo hizo porque entendió que sin esa palanca financiera común no habría proyecto colectivo posible. Europa necesita su propio Hamilton, alguien que entienda que sin deuda común no hay inversión transformadora, y sin inversión transformadora no hay desacoplamiento de la economía americana.

El Global Justice Report de Piketty añade la dimensión redistributiva que completa el cuadro. El informe, elaborado por 45 autores del World Inequality Lab, propone un sistema de fiscalidad progresiva sobre las grandes fortunas para financiar un Fondo de Justicia Global orientado a la transición ecológica y a la reducción de la desigualdad. La lógica es impecable: los recursos que hoy se acumulan improductivamente en los patrimonios de los ultra-ricos podrían financiar exactamente el tipo de inversión en educación, sanidad y transición verde que el keynesianismo militar desplaza. Es, en definitiva, la misma apuesta por un keynesianismo civil que haga lo que el militar no puede: generar capacidades transferibles, reducir desigualdades y construir resiliencia social.

Y finalmente, la cuestión que subyace a todo lo anterior: mientras Europa siga dentro de la OTAN bajo las condiciones actuales, ninguna de estas recetas tendrá espacio para aplicarse plenamente. La OTAN actúa como esa organización mafiosa de la que hablaba Varoufakis: garantiza seguridad a cambio del peaje del gasto militar y de la compra de maquinaria de guerra americana. Es una dependencia que se autoalimenta y que solo puede romperse construyendo una defensa exclusivamente europea, soberana, dimensionada a las amenazas reales y no a los intereses de la industria americana. Para ello, la Comisión Europea y las instituciones de seguridad del continente necesitan liderazgos que no sean meros gestores de una dependencia heredada, sino arquitectos de una autonomía largamente postergada.

Hay, pues, otro cambio climático pendiente, este también de origen humano, también 'europagénico': el que debe invertir la corriente del keynesianismo militar y sustituirla por una corriente cálida de inversión civil, redistributiva y soberana. El Gulf Stream del Atlántico puede cambiar de sentido por la acción irreflexiva del hombre. El de la dependencia económica europea también puede hacerlo, pero esta vez de forma deliberada y consciente, si Europa decide finalmente ser protagonista de su propio destino en lugar de espectadora de su propia decadencia.

Varoufakis lo dijo hace un año en el Parlamento Europeo. Merece la pena que alguien, por fin, le escuche.

Es considerada una de las ciudades más felices del mundo, según el ranking de Institute for Quality of Life, debido a puntos como la sostenibilidad, la educación y la calidad de vida, pero es también una de las más caminables del mundo, solo superada por Milán en la lista más reciente al respecto.

Hablamos de Copenhague, capital de Dinamarca, que fue uno de los puertos más importantes del mar Báltico para el comercio del arenque, de lo que proviene su nombre que significa “puerto del comercio” en danés. Fundada en el siglo X, la gran mayoría de los edificios que conforman la ciudad datan del siglo XVIII en adelante, en parte porque los incendios eran habituales en la localidad y destruyeron las infraestructuras anteriores.

Si bien no es la ciudad con mayor zona peatonal de Europa, un hito que ostentan localidades como Liubliana, Venecia o la española Pontevedra, es pionera histórica del peatonalismo y tuvo durante décadas la calle peatonal más larga del mundo (actualmente en Bulgaria), lo que la hace ideal para recorrerla a pie, sin necesidad de coche ni transporte público.

Strøget: la principal calle comercial

Fue durante años la calle peatonal más larga del mundo y vertebra el centro de Copenhague, extendiéndose desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Kongens, con más de un kilómetro de tiendas, cafés y restaurantes. Inaugurada en 1962, en su día se pensó que arruinaría comercios y que no querrían pasear por ella por el frío, pero resultó equivocado, pues explotó el ambiente de la zona.

El puerto de Nyhavn

La principal postal de Copenhague y su vista más explotada es sin duda el puerto de Nyhavn con sus casas de colores, además de tener un ambiente animado en la ciudad. Entre todas ellas destaca la número 20, que fue hogar del escritor Hans Christian Andersen y fue donde escribió cuentos como ‘La Sirenita’.

La escultura de la Sirenita

De la que fue casa de Hans Christian Andersen a la pequeña escultura de bronce que representa a uno de sus personajes más famosos, ‘La Sirenita’, situada en el paseo marítimo de Langelinie y que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Fue un regalo del cervecero Carl Jacobsen, fundador de la marca Carlsberg, a la ciudad en 1913, y ha sido objeto de vandalismo en varias ocasiones, aunque siempre ha acabado siendo restaurada.

Tivoli: el parque de atracciones más antiguo

En los jardines de Tivoli se encuentra el que es uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, ya que abrió sus puertas en 1843, convirtiéndose en otro de los iconos de la ciudad, que también es una de las visitas más atractivas para los que visitan Copenhague, sin importar la época del año.

Rosenborg, Amalienborg y Christiansborg: palacios y castillos

Uno de los grandes atractivos de Copenhague son sus edificios históricos como los palacios y castillos. Uno de los más destacados es el Castillo de Rosenburg, que fue residencia de la familia real danesa hasta 1710 y que se construyó a principios del siglo XVII de estilo renacentista. Se puede visitar sus interiores, así como los Jardines del Rey, el parque más antiguo. Otro de los lugares relacionados con la realeza es Amalienborg, el hogar de la familia real actualmente y que es un palacio que consta de cuatro edificios idénticos alrededor de una plaza octogonal y donde se puede presenciar el cambio de guardia.

Además, tampoco se puede dejar pasar Christianborg, un palacio situado en la pequeña isla de Slotsholmen que es hogar actualmente del Parlamento, Oficina del Primer Ministro y Corte Suprema de Dinamarca. Se puede visitar de forma gratuita y desde su torre, la más alta de la localidad, ofrece la vista panorámica más impresionante.

Visitas diferentes: Nyboder Mindestuer o Christiania

Copenhague, sin embargo, ofrece mucho más y algunas de sus visitas más peculiares son el Nyboder Mindestuer, un conjunto de casas históricas construidas en el siglo XVII donde vivían marineros y sus familias, con un distintivo color amarillo y habitadas actualmente algunas de ellas. Aunque la más curiosa es Christiania, la ‘ciudad libre’ de Copenhague, fundada en 1971 sobre una antigua zona militar y que es una comunidad autosuficiente que opera de forma independiente y según sus propias reglas. En algunas zonas no se pueden realizar fotos.