Fiorella Sánchez, activista argentina, comenzó su transición en su país de origen hace dos décadas, pero llegó a Guadalajara en 2021. Tras un “tedioso” proceso ha podido cambiar su nombre original y su sexo en su documento de identidad, siendo la primera persona trans y migrante en hacerlo en Castilla-La Mancha.

Durante una conversación telefónica reconoce, en una entrevista, que aunque ha tenido “mucha suerte” gracias al entorno que ha ido construyendo desde que vive en la capital alcarreña, ha tenido que hacer frente al rechazo y a muchas trabas para poder, simplemente, ser quien es en realidad.

Su nueva vida comenzó en Argentina, donde con apenas veinte años, cuando estudiaba Periodismo, inició su proceso de transición. “Fue muy duro, al igual que otras mujeres y personas trans, lo he tenido muy complicado porque lo he perdido todo. Tenía una carrera y un futuro prometedor, pero nadie le iba a dar trabajo de periodista a una mujer trans. Era una vergüenza”.

Fiorella fue resiliente. “Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad... Me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar. Tuve que reconstruirme y buscar un nuevo empleo”. Optó por trabajar como autónoma y abrir una tienda de ropa. “Tuve que reinventarme porque la sociedad no está preparada para ver un cambio tan radical, se te cierran todas las puertas por el simple hecho de tener una opción distinta”, relata Sánchez recordando su vida en Argentina.

Para ella su madre fue un pilar fundamental para poder salir adelante: “Cuando ella supo que yo tenía una opción distinta, me apoyó, nunca me discriminó, ni me recriminó nada. Desde el principio estuvo conmigo. Me ayudaba a vestirme, a peinarme, nunca me ha juzgado”. Fiorella reconoce que ha sido su “gran soporte” y que, aunque a su familia al principio les costó entenderlo, “a día de hoy lo llevan muy bien”.

“Me echaron del trabajo 10 minutos después de contratarme”

En la actualidad Fiorella se desempeña como administrativa, pero cuando llegó a España encontrar trabajo se convirtió en toda una lucha, a pesar de contar con una carrera universitaria y varios años de experiencia en otros sectores.

Asegura que, en su caso, sí que ha tenido un poco más de suerte al contar con una apariencia normativa que muchos asocian con el sexo femenino - se denomina cis passing, que es cuando una persona trans pasa desapercibida y la sociedad la identifica como una mujer u hombre cisgénero-, pero insiste en que, en la actualidad, encontrar trabajo “es el principal problema de la comunidad trans”.

“No es fácil llegar a un país nuevo y empezar de cero con treinta y pico años. La suerte, por decirlo de alguna forma de contar con ese cis passing, que dicen todas, no se te nota [que eres trans]. Pero se me han cerrado muchas puertas en muchos trabajos y he sido discriminada”.

Fiorella recuerda una entrevista para trabajar en el sector logístico, que le marco especialmente. “Me contrataron y me pidieron mandar toda la documentación un viernes para empezar el lunes. En mi documento de identidad todavía venía el nombre masculino, por eso cuando envié lo que me pidieron puse una aclaración, diciendo: acá pone tal nombre, pero yo en realidad soy Fiorella, estoy en proceso de cambio”, explica. “Mágicamente” a los diez minutos de enviar toda la documentación la rechazaron.

“Vi que de nuevo había otra convocatoria el lunes, así que como yo soy terca le escribí a la chica, para preguntarle por qué no me daba la oportunidad y que cuál era el problema. Entonces me llamó y me dijo que iba a buscar una solución”.

Logró el puesto pero Fiorella denuncia que tuvo que “rogar para un trabajo decente”. Y no solo eso. “Después me dijo que en los contratos figuraría el nombre masculino, pero que en la identificación [de cara a los compañeros] iba a poner Fiorella. A ver... nadie tiene por qué enterarse”, matiza.

Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad, me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar

Para Fiorella, la Asociación Wado, de la que forma parte, “fue un gran impulsor” del cambio en su vida. “Me ayudaron a encontrar mi trabajo actual, dieron una carta de recomendación y gracias a ellos tengo mi empleo. Estoy muy cómoda, me siento libre, pero también acompañada por mi compañera de la oficina que ha vivido mi cambio de nombre conmigo. La verdad es que me siento una de las pocas privilegiadas”, explica, pero no obvia la crítica: “¿Por qué no se ve a una chica trans trabajando en una farmacia, por ejemplo? Porque se pasa muy mal, hay miedo al rechazo y tienes que aguantar muchas cosas”.

Frente a estas situaciones discriminatorias lo tiene claro: “Si sos fuerte lo aguantás y luego te vas a tu casa y lo llorás. Pero si no, te desmoronás y te hundís”.

El largo proceso de conseguir el cambio de nombre

Fiorella relata que llegó a España en situación de asilo y “sin permiso de residencia” en 2021. Dos años más tarde, a través de los medios de comunicación se enteró de la aprobación de la coloquialmente conocida como Ley Trans (Ley 4/2023), que permite a las personas mayores de 16 años solicitar el cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. En el caso de las personas extranjeras la propia ley no contemplaba un procedimiento o protocolo uniforme, y en muchas ocasiones dependía del propio funcionariado que realizaba el trámite.

“Primeramente cuando iba a renovar los asilos me decían que no sabían cómo hacerlo. Luego según fue pasando el tiempo y ya tuve la residencia lo planteé y me dijeron que no tenían conocimiento de ello. Yo les explicaba la Ley [en el Registro Civil y la Policía Nacional] y ellos me decía que no existía. En ese entonces había mucho desconocimiento. Al principio me pusieron una X en el género. ¿Significa que no soy nada?”, expone.

La activista nos cuenta que al ser “tan insistente”, tras un año, le cambiaron la nomenclatura de sexo de masculino a femenino, pero que todavía seguía apareciendo su nombre de nacimiento. “Cuando fui a hacer la segunda renovación [del NIE] volví a insistir y presentamos junto con la Asociación Wado un escrito. En la Subdelegación del Gobierno me dijeron primero que sí se podía, luego que no y así empezamos un tira y afloja. Pero empecé a ponerme más fuerte en ello, entregué todo para que no me pusieran ningún problema”, detalla.

El pasado 13 de julio, el Ministerio del Interior aprobó un protocolo que permite a las personas trans extranjeras adecuar su documentación. “Fui al día siguiente y seguían diciéndome que no sabían nada, aunque ya estaban los protocolos en la página del Ministerio”. Defiende su derecho y el de otras personas en situación similar. “Yo tengo residencia temporal por cuenta ajena, pero se pueden hacer para todos tipos de residencia así como para un asilo”.

La Ley 4/2023 recoge que las personas trans migrantes pueden cambiar su nombre y sexo en su documento nacional de identidad “tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditada la imposibilidad por sus autoridades”. Declarar esa imposibilidad en el país de origen es esencial.

Deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada

Finalmente, Fiorella redactó un nuevo escrito y a partir de ahí consiguió que una de las trabajadoras encargadas de seguir su caso se implicase: “Estuve yendo un mes entero, iba y volvía, sin lograr nada. Hasta que al final la chica que me atendió tuvo todo un fin de semana para seguir mi caso. Luego es como un pequeño juicio rápido, como que tú no aceptas tu nombre, rechazas, lo firmas, lo lees...”.

Después, sigue explicando, “tiene que estar el general, el mandamás de la policía para firmarlo, y luego recién ir a sacar o a pedir cita para hacer el trámite. A mí, por suerte, ese día me lo hicieron todo”, explica.

Así, Fiorella se convirtió en la primera mujer trans en Castilla-La Mancha en cambiar legalmente su nombre y sexo en su NIE, la quinta en toda España. “Es dinero, tiempo y energía. Sería más sencillo que ellos hiciesen los trámites de consulado a consulado, un proceso muy tedioso, pero al final después de insistir tanto lo logré”, expresa.

Enfrentarse a situaciones cotidianas

Fiorella nos explica que acudir al médico o a cualquier servicio público en el que se acude por llamamiento con un nombre que no le pertenecía también “era un rato vergonzante”. “Mi relación con mi médica de cabecera es muy buena. Siempre me ha preguntado cuándo van a cambiarme el nombre, se implicaba. Cuando he tenido que ir a Urgencias y me ha tocado otro médico sí que ha sido más complicado, porque decían mi nombre masculino y tenía a toda la sala mirándome cuando acudía. Muchas veces antes de que me llamasen iba al módulo a pedirle que me llamen por el apellido, pero ya tenía que dar todas las explicaciones”.

Yo me ofrezco voluntariamente a que todas las personas trans contacten conmigo a través de la Asociación Wado y puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro

En su caso, se considera “acompañada por el servicio de Endocrinología” del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha al que asiste en Guadalajara, aunque señala que con respecto al tratamiento de hormonas “la doctora tiene un poco de desconocimientos y muchas veces soy yo la que le indica lo que debo tomar”.

Aunque Castilla-La Mancha cuenta con un Servicio de Atención Integral LGTBI para apoyo y asesoramiento, Fiorella nunca lo ha utilizado. “En mi caso si alguna vez he necesitado un servicio psicológico lo he hecho a través de los recursos que tiene la Asociación Wado”, puntualiza.

“Hecha la ley, hecha la trampa”

Desde que se aprobó la Ley Trans, en España han surgido varios casos en los que presuntos maltratadores para aventajarse jurídicamente y eludir condenas mayores han cambiado su sexo en su documento de identidad, de cara a que no exista

No obstante, el artículo 46.3 de la Ley Trans deja claro que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Fiorella muestra su “rechazo absoluto” a este tipo de prácticas. Cree que “lo único que hacen es un beneficio fraudulento a costa de utilizar una ley que es para el confort emocional de las personas trans. Deberían tener un castigo. Dicen que hecha una ley, hecha la trampa, pero no debería ser así. Si una persona tiene problemas con la Justicia, si tiene denuncias por maltrato, violencia machista o lo que sea no debería poder hacer este trámite de cambio de nombre”.

Apoyo a otras personas trans

Fiorella habla de que este proceso ha sido como “luchar por un sueño, por un ideal” y anima a cualquier persona que esté en su misma situación. “Yo me ofrezco voluntariamente a que contacten conmigo a través de la Asociación Wado. Puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes. Que puedan tener un trabajo digno y no caigan en la prostitución”, señala.

Puedo ayudar a otras personas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes

Al final de la conversación insiste: las empresas “deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada. Yo no puedo quejarme del todo, porque he tenido mucha suerte, me he cruzado con gente muy buena, pero ojalá todas puedan tener una mejor calidad de vida y conseguir un trabajo digno”.

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, de entre 18 y 20 años, vinculados con 'grupos ultra', por una agresión discriminatoria a una mujer transexual el pasado mes de enero en la localidad de Piedras Blancas, en el municipio de Castrillón.

Según ha informado este domingo el Instituto Armado, los varones han sido arrestados una agresión física y verbal contra la mujer por su identidad de género.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultra derecha, se organizaron y coordinaron a través de aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo la agresión contra ella.

Durante la agresión física, los autores profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos, “muestra de una motivación de odio por discriminación en relación a su identidad de género”. A consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

Como resultado de las investigaciones, los especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil han identificado plenamente a los cinco agresores. Dos fueron detenidos el mes de abril; otros dos, en junio y el último, hace unos días.

A todos ellos se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria. Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por la comisión de otros delitos de odio y discriminación.

Las actuaciones han sido coordinadas por el fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias. Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Avilés.

Una feminista puede ser también una enemiga. Esta es la tesis que defiende la escritora y pensadora crítica Sophie Lewis. Nacida en Viena en 1988, ahora radica en Filadelfia, lo que le da una mirada amplia del movimiento feminista desde Europa hasta Estados Unidos y le permite trazar una línea de sus evoluciones históricas. Y es ahí donde pone el hilo conductor de Feminismos enemigos (Bellaterra, 2026), un libro polémico en el que analiza cómo algunos movimientos que defienden los derechos de las mujeres pueden ser un caldo de cultivo para ideas fascistas.

Lewis parte de las colonialistas británicas y navega hacia el Ku Klux Klan hasta llegar a las tesis transexcluyentes, pasando también por las tradwives y la capitalización por parte del sistema liberal de la emancipación de la mujer a través de la figura de las girl boss. Apunta que hay feminismos que se basan en tesis racistas, excluyentes o directamente misóginas y sostiene que no todo lo que lleve la bandera violeta tiene que ser “inherentemente bueno”.

Una de las primeras cosas que quiere dejar claro a sus lectores es que “algunas tesis feministas pueden acabar llevándonos hacia el fascismo”. ¿Cómo?

Lo que digo es que algunos feminismos, aunque partan de la buena fe, pueden acabar siendo parte de la visión global del fascismo. Eso es importante porque no hablo necesariamente de tesis que sean intrínsecamente fascistas, sino de algunas posturas que pretenden, bienintencionadamente, emancipar a las mujeres, pero acaban teniendo una definición de lo que significa ser mujer que sí constituye un problema.

¿En qué sentido?

La definición de quién es mujer y quién no, dependiendo de dónde pongas la frontera, puede ser fascista, racista, supremacista o burguesa. Cómo concibes el cuerpo, el carácter y la situación sexual es muy importante y demuestra que, aunque mucha gente crea lo contrario, el feminismo no es el último baluarte contra el fascismo. De hecho, históricamente algunos feminismos han sido parte del fascismo.

Dedica los primeros capítulos a hablar de cómo el colonialismo europeo se sirvió del deseo de emancipación de las mujeres para sus propósitos. ¿Se refiere a eso?

Por ejemplo. Ambos movimientos se apoyaron mutuamente para construir postulados heroicos en pro del supremacismo racial, dando mucho protagonismo a mujeres que acabaron salvando proyectos coloniales en decadencia y estableciendo las bases de postulados fascistas.

Ese fue el caso de los primeros movimientos feministas mainstream de Inglaterra, que animaron a las jóvenes de clase media a ser independientes y a emanciparse, yéndose a las colonias a experimentar y vivir aventuras. Pero en realidad lo que se buscaba era higienizar la colonia, educarla y evitar que los trabajadores ingleses formaran familias con mujeres indígenas.

Pero esa relación entre el feminismo emancipador y las políticas racistas no tienen que ver con la definición de mujer que hicieran los colonos.

Depende. Yo entiendo el concepto de cisidad [cisness en inglés, término que hace referencia a la condición cis -sentirse identificado con el género asignado al nacer-, como la única opción natural y aceptable] como algo muy importante para entender la historia feminista. No quiero ponerme muy técnica para explicar la relación entre la cisidad y el colonialismo, pero creo que lo que es muy fácil de entender es que todo el mundo, hasta cierto punto, ha sido vulnerado por la cisidad.

Eso no quiere decir que todos seamos trans, sino que todos nos hemos visto afectados por lo que la sociedad cree y entiende que tenemos que ser. Lo que podemos hacer y lo que se nos permite, ya sea en base a nuestro género, raza, origen o religión. Y se nos pone en categorías estancas que no van a cambiar jamás. Ahí viene cuando la cisidad colonial daba derechos sólo a las mujeres que ellos consideraban que debían tenerlos, que no son otras que las mujeres jóvenes, de clase media, burguesas y, por supuesto, blancas.

Si una alta ejecutiva que lleva un traje de corte masculino, se le permite. Pero una de clase baja que lleva camisetas anchas y gorra se convierte en una enemiga

Relata que las feministas colonialistas estaban en contra de abolir la esclavitud porque temían que los hombres negros, en tanto que hombres, tuvieran más derechos que ellas. Temían perder sus escasos privilegios sociales. En ese caso, sí veo la relación con los postulados transexcluyentes actuales.

Es exactamente eso a lo que me refería. Y por eso los primeros movimientos TERF [Feministas Transexcluyentes Radicales, por sus siglas en inglés] surgieron en el Reino Unido. Tanto el colonialismo como el patriarcado se asegura de dar a ciertas mujeres, casi siempre blancas y burguesas, cierto poder. Mientras trabajen para el imperio o para el sistema, podrán gozar de una flexibilidad que a otras mujeres no se les permite.

Mira a una mujer que viste ropa masculina. Si es una alta ejecutiva que lleva un traje, se le permite. Pero una mujer de clase baja que lleva camisetas anchas y gorra se convierte en una enemiga. Esa es la paradoja de la cisidad: si aceptas reforzar la cisexualidad, la binaridad, la domesticidad, el feminismo patriarcal y colonial, el sistema te premiará pudiéndote saltar alguna de estas normas.

Por eso, a las jóvenes colonas les permitían adoptar conductas aventureras (siempre reservadas para los hombres) y salir de sus hogares, cosa que iba en contra de lo que ellas mismas postulaban.

¿Hacia dónde ha evolucionado esta instrumentalización del feminismo por parte del sistema?

Bueno, es un clásico lanzar a ciertas feministas contra algunos enemigos del sistema, como el islam. De esa manera, justifican políticas racistas, antiinmigración e islamófobas asegurando que es por el bien de la libertad de las mujeres. Pero hay un giro nuevo en la historia; ahora en el Reino Unido ha surgido otro tipo de feminismo que se autodenomina ‘reaccionario’.

¿Qué diferencia hay entre las radicales y las reaccionarias?

Dejar atrás el calificativo ‘radical’ no es baladí. Están en contra, por ejemplo, del divorcio y del aborto. Creen que la revolución sexual fue un ataque hacia las mujeres perpetrado por mujeres y que lo más feminista del mundo es proteger la idea de la familia nuclear. Si se denominan feministas es porque mantienen ciertos postulados sobre la importancia de los cuidados y la interdependencia. Y eso es algo que me asusta muchísimo.

Hay feminismos que critican la figura de la girl boss, no porque sea un invento capitalista, sino porque creen que las mujeres jamás deberían de haber salido de casa

De todo lo que me ha dicho, ¿lo que le asusta más es que reivindiquen la importancia de los cuidados?

Sí, porque debería ser la izquierda la que tuviera el monopolio de la reivindicación de los cuidados y la importancia de no comerciar con ellos. Pero cada vez hay más voces de derecha que destacan los fallos del sistema liberal y neoliberal. Y eso podría estar bien; el problema es la alternativa que proponen.

Critican la figura de la girl boss [mujer independiente y exitosa en su trabajo], pero no porque sea un invento capitalista, sino porque creen que las mujeres jamás deberían de haber salido de casa. Y, por supuesto, a la lista de sus enemigos también se suman las trabajadoras sexuales, las personas trans y las mujeres migradas, en lugar de verlas como colectivos vulnerables a los que ayudar. ¿Sabes por qué?

¿Por qué?

Puede parecer raro este póquer de enemigos tan ecléctico, pero si lo piensas tiene sentido. Todo gira en torno a la fertilidad y la demografía. No creo que estos odios vengan necesariamente motivados ideas supremacistas, pero sí creo que tienen miedo de la substitución, igual que pasó con las feministas de las colonias.

El feminismo alejó a las mujeres de sus hogares y las convirtió en seres independientes, que adoran sus carreras profesionales y que no tienen hijos. Todo eso nos deja en manos de ¿quién? Pues de las familias migradas, que tienen más descendencia. Y luego están las personas trans que, aunque no suelen tener hijos, también tienen un papel en la invasión, echándonos de nuestros lavabos y ocupando nuestras cuotas. [Ríe].

¿A eso se limita el rechazo a las personas trans?

Por supuesto que no, pero sí tiene que ver con la demografía. Recuerdo el libro de Abigail Shrier, periodista del Wall Street Journal, Daño irreversible, en el que hablaba de “la locura transgénero que seduce a nuestras niñas”. Pues la portada era, precisamente, una niña con un agujero en medio de su vientre. Era una manera de decir que hay preciosos úteros nacionales que están siendo eliminados. Es por eso que están obsesionadas con los tratamientos hormonales para niños.

Para ellas, la invasión de otras culturas y la falta de fecundidad de las personas trans son dos caras de la misma moneda. Y eso tiene un efecto curioso: las mujeres pasan de ser las oprimidas a ser las opresoras. Eso es algo que pasa desde las colonias y es una inversión de roles muy típica del fascismo. Si te fijas, los proyectos extremos emergentes suelen empezar reclamando el estatus de víctimas frente un enemigo imaginario al que acaban asesinando, contra el que perpetran un genocidio o poniéndolo en cámaras de gas.

En los últimos años, el feminismo se ha convertido en un posicionamiento de mínimos. ¿Cómo ha afectado eso en la manera en que las derechas se han apropiado de él?

Como ejemplo, recordemos a las feministas radicales que apoyan a Trump… Pero en general, es verdad que en los sistemas liberales hay una especie de feminismo mainstream que podría ser el que representa Hillary Clinton. Uno de los motivos por los que perdió contra Trump fue porque su campaña se basó, casi únicamente, en decir que era su turno porque era mujer. Nadie se emociona por la equidad...

Nos cuesta mucho más criticar a las mujeres poderosas que a aquellas que están realmente oprimidas. Miramos hacia abajo para encontrar culpables en lugar de a las mujeres que tienen el poder y que toman decisiones en base a sesgos de clase

Hay una frase, que se suele repetir de forma irónica y que se atribuye a la escritora Giovanna Giordano, que dice que, si las mujeres gobernáramos, no habría guerras. ¿Qué le parece esta máxima?

Es una tontería. ¿Por qué debería ser intrínsecamente mejor ser gobernados por una mujer? Sufrir una opresión no nos hace automáticamente mejores personas. Piensa en los abusadores; cuando nos dicen que ellos mismos fueron abusados de pequeños, eso no les exculpa, ¿verdad?

Pero, aun así, nos cuesta mucho más criticar a las mujeres poderosas que a aquellas que están realmente oprimidas. Miramos hacia abajo para encontrar culpables, a las prostitutas, a las personas trans o a las migradas, en lugar de mirar hacia arriba, hacia aquellas mujeres que tienen el poder político o social y que toman decisiones en base a sesgos de clase.

¿Por qué culpamos al oprimido?

Por la fobia a la feminidad. Esta postura forma parte de uno de esos feminismos enemigos que, en realidad, es misógino. Se trata de vindicar los derechos de las mujeres, pero asumiendo que, para triunfar, debes tener comportamientos masculinos. Que solo aquellas que renuncian a su feminidad salen adelante. En lugar de analizar qué nos ha hecho el sistema, se basa culpan a quienes que les gustan las pelis románticas, las que visten de rosa o aquellas a las que se considera unas guarras. Por eso, ser feminista y misógina no es un oxímoron.

La feminidad es muy compleja y oponerse a ella es darle demasiado crédito al opresor. Las mujeres han tenido mucho que ver en las estructuras de poder. No hay nada más misógino que pensar que la feminidad, cualquier cosa que nos relacione con ser mujer, nos aleja de la emancipación. Por eso, las trabajadoras sexuales y las trans siempre han estado al frente de la resistencia, entendiendo que hay un horizonte de liberación en la reivindicación de la feminidad.

Y, ahora, la feminidad está capitalizada por las derechas y su exaltación de la figura de la tradwife.

Y monopolizan el discurso de los cuidados. Por eso se quedan en casa y abandonan el mundo laboral. Podría ser una idea revolucionaria, pero viniendo de ellas, como decía antes, es terrorífico.

A nadie le gusta trabajar y es lo más natural del mundo no querer hacerlo. Pero, ojo: ellas sí que están trabajando. Y no me refiero al hecho de que los cuidados sean un trabajo, aunque no remunerado. Eso por supuesto. Me refiero a que están monetizando su vida a través de las redes sociales. A no ser que tu marido gane una cantidad ingente de dinero, ser tradwife hoy es una fantasía económicamente imposible. Es un engaño que sólo beneficia al sistema y a las derechas.

Pero en un momento en que la falta de mano de obra es acuciante, ¿en qué beneficia al sistema el tener a buena parte de la población en casa?

Al sistema no le interesa que dejes de trabajar para convertirte en una tradwife, sino que desees hacerlo. Al sistema de clases le resulta muy beneficioso orquestar el deseo para disciplinar a la gente. Puede que sea una imagen asociada a no trabajar, pero para obtenerla debes trabajar. Y mucho, porque, paradójicamente, es muy cara de mantener.

Su lista de “feminismos enemigos” es larga. Tanto, que llega a afirmar que no existe tal cosa como “el bando de las mujeres”. ¿Qué debería unirnos, pues?

Quiero aclarar que, para nada, quiero dejar caer la bandera del feminismo. Simplemente, creo que la categoría “mujer” no es algo a lo que nos tengamos que agarrar tanto. Nuestro bando tiene que ser aquel que se cuestione esta categoría y que no necesite tenerla clara ni delimitada para actuar. Cuando las derechas nos afean que, ni siquiera, sabemos definir qué es una mujer, yo les contesto: ¿Y qué?.

El mundo cambia constantemente y necesitamos un feminismo que cambie con él, que no sea estanco, que no vea traiciones constantemente. No quiero que sea serio ni radical, que no contemple el placer como una cuestión política ni que esté obsesionado con las definiciones.

El grupo musical Maruxak ha denunciado haber sufrido “una agresión homófoba” en Pamplona el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Estas agresiones siguen existiendo y son reales”, han lamentado a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el grupo explica que en la madrugada del 7 de julio, “hacia las tres de la mañana”, dos hombres comenzaron a “molestar” a las integrantes del grupo y a otras dos personas a grito de “putos maricones”. Además, según añaden les lanzaron “botellas de cristal”.

Cierran el comunicado haciendo un llamamiento a “crear espacios seguros”. “Está en nuestras manos”, aseguran. “Vamos a cuidarnos entre nosotras”.

Maruxak es un grupo travesti fundado en Pamplona en el año 2019 conocido por sus espectáculos en los que combinan el folclore con géneros como el pop y el techno. Está compuesto por ocho artistas y en el año 2024 actuaron en los conciertos de los Sanfermines organizados por el Ayuntamiento de Pamplona.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.

Miedo, frustración, cansancio, enfado, agotamiento… son algunas de las sensaciones que aparecen cuando se le pregunta a personas del colectivo LGTBIQ+ cómo perciben y cómo viven estos tiempos en los que, pese a los avances en derechos conseguidos en los últimos años, la ultraderecha crece e instala sus discursos de odio en parlamentos, en medios de comunicación y en la calle.

Este episodio está hecho de los testimonios, las experiencias cotidianas y las percepciones que nos han enviado oyentes como Miguel, Marta, Eva, Carlos, Cristian, Sabrina, Rafael, Alex, Leo, Adriana, Andrés, Claudia, Harold o David, entre otros.

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El Ayuntamiento de Arrigorriaga, una localidad de Bizkaia, ha condenado a través de un comunicado una agresión tránsfoba contra un concejal de EH Bildu ocurrida el pasado sábado. En la nota, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, ha mostrado su “firme rechazo ante estos hechos y su apoyo y solidaridad a la víctima”, a la que han descrito como “un representante de la ciudadanía”, pero cuya identidad por el momento no se ha hecho pública por su protección.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante la agresión algunas personas “intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, algo que, han agradecido alegando que se trata de una actitud que demuestra “que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

Sobre el suceso, en el comunicado alegan que no solamente “se muestra la LGTBIfobia a través de agresiones físicas”. “Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual, sino que el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI, por lo que la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”, ha denunciado el Consistorio, que ha recalcado que “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”.

Desde EH Bildu, por su parte, han denunciado a través de las redes sociales el suceso, han trasladado que “no tolerarán ningún tipo de ataque ni actitud intolerante” y han mostrado su solidaridad y apoyo total a la víctima. “Seguiremos desarrollando políticas públicas integrales para que los pueblos y barrios de Euskal Herria puedan ser espacios libres de LGTBIfobia y para que todas las personas puedan vivir en libertad, con dignidad y sin miedo”, han detallado.

El titular del Juzgado de lo Social nº8 de Zaragoza ha condenado al Gobierno autonómico a pagar una operación de mastectomía a un menor trans que el joven tuvo que llevar a cabo en una clínica privada tras ser rechazado por el Servicio Aragonés de Salud. El magistrado cree que sí se cumplían los requisitos para la intervención y la asociación Euforia cree que la sentencia “abre una puerta” para exigir otros tratamientos quirúrgicos demandados por el colectivo.

La sentencia, dictada el 27 de abril de 2026 por el magistrado José Antonio Izuel Gastón, condena al Salud a reintegrar 6.190 euros, el coste de una mastectomía masculinizante practicada en diciembre de 2023 en la clínica privada Viamed Montecanal. El joven tenía entonces 16 años y el sistema público aragonés le había cerrado la puerta meses antes con un argumento único: la operación no estaba contemplada para menores de 18 años.

El fallo es definitivo puesto que el Gobierno de Aragón ha informado a este periódico que no lo va a recurrir.

El recorrido del caso por la Sanidad pública había comenzado dos meses antes, en octubre de 2023, cuando el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Miguel Servet atendió al joven –que ya se identificaba a sí mismo como hombre desde los 12 o 13 años (cambió su nombre mediante auto judicial en 2022), que cuenta con el apoyo familiar y que lleva años bajo seguimiento de salud mental– y lo inscribió en lista de espera quirúrgica para la mastectomía. Semanas después, sin embargo, el mismo cirujano le trasladó que la intervención no estaba amparada en menores por parte del sistema público. Ante esa respuesta, la familia optó por la sanidad privada.

El magistrado considera ahora que esa negativa no tenía respaldo legal. Hay que recordar que Aragón cuenta con una legislación propia, la Ley de Identidad y Expresión de Género de 2018 –impulsada en el primer Gobierno del socialista Javier Lambán–, que reconoce expresamente a los menores trans el derecho a recibir “el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad” y que obliga al sistema sanitario público a proporcionar, entre otras prestaciones, la “masculinización de tórax”.

El propio protocolo WPATH –el estándar de referencia seguido por los profesionales de salud de Aragón– admite la mastectomía en adolescentes a partir de los 16 años “en casos excepcionales, siempre tras una evaluación multidisciplinar prolongada, con consentimiento informado tanto del menor como de sus tutores legales, un historial persistente de años de evolución de incongruencia de género y un acompañamiento psicológico continuado”.

Así, la sentencia concluye que el joven cumplía todos esos requisitos, y el hecho de que el propio cirujano lo inscribiera en lista de espera así lo evidenciaba. “No había amparo legal para denegar la mastectomía al demandante”, zanja el juez de lo Social.

Alcance más allá del caso

El abogado Saúl Castro considera que la resolución tiene un alcance que va más allá del caso concreto: la edad, advierte, es “uno de los argumentos discriminatorios que los servicios sanitarios suelen utilizar para posponer o negar tratamientos, generando gran sufrimiento en las personas que los precisan”.

En la misma línea, Natalia Aventín, presidenta de Euforia –la asociación de familias trans que acompañó al joven y a su madre durante todo el proceso–, apunta al origen estructural del problema: “El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos juegan en contra del colectivo”.

Además, la sentencia –recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón– abre una puerta según Euforia “a exigir que otros tratamientos e intervenciones quirúrgicas demandadas por las personas trans, que son sistemáticamente pospuestas con argumentos jurídicos inconsistentes, sean realizadas en los servicios sanitarios de forma diligente”.

España ha roto el dominio de Malta como mejor país de Europa para las personas LGTBI según el ranking que anualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional. El llamado Mapa Arcoíris, que se elabora desde 2009, evalúa las políticas y leyes de 49 países en torno a los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales y, por primera vez, ha colocado a España en la primera posición desbancando así a Malta, el país que la ha ocupado desde hace una década.

ILGA, que agrupa a unas 600 organizaciones de toda la región, evalúa a los países en función de diferentes criterios y los clasifica en una escala del 0 al 100%. A España le ha adjudicado en esta edición un 89%, seguido muy de cerca por el hasta ahora territorio con mayor puntuación (88%). La cifra media para Europa es del 43% y del 52% para los países de la Unión Europea. “A medida que el orden internacional basado en normas se fractura y la democracia se ve presionada, la posición destacada de España demuestra que la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz”, apunta la entidad.

El ascenso de nuestro país en el ranking, que ha subido cuatro puestos, refleja “una combinación de logros” entre los que se encuentra la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unida a “nuevas protecciones legales”. El Gobierno, señala el mapa, “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” porque ha adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos LGTBI. Además, apunta a la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación y la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.

ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas LGTBI –la última en sumarse ha sido Asturias–, pero no es ajena a los intentos de Vox y del PP de recortar o dejar sin efecto la legislación. La organización, sin embargo, se fija más en la respuesta del Gobierno central y concluye que ha llevado a cabo “una lucha decidida contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar estas protecciones” mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.

Para Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, el primer puesto de España es “un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”. La experta alude a un contexto global de “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del Gobierno central frente a esta ofensiva. “Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que la valentía política es una elección”, añade la representante de la organización.

Aún así, el mapa de ILGA mide leyes y políticas públicas, pero no “la realidad vivida”, matiza el informe, que apunta a “la brecha” que existe en España “y en otros países” entre los avances legales y la experiencia cotidiana. Precisamente hace dos semanas el informe Estado del odio LGTBI reveló que el 54% de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año. Además, un 44% de la muestra aseguró haber sufrido violencia en entornos digitales mientras que el porcentaje de personas que percibe un aumento de la discriminación en los últimos años ha escalado varios puntos.

Avances y retrocesos

A España y Malta le siguen en el ranking Islandia, Bélgica y Dinamarca como el quinteto de países con mejor legislación LGTBI. Al otro lado de la tabla están Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre los “acontecimientos perjudiciales” para el colectivo LGTBI registrados en el último año está la nueva ley de propaganda anti-LGTBI de Bielorrusia “inspirada en la versión rusa” y que llega a contemplar sanciones penales. Italia ha bajado hasta el puesto 36 debido a los “bloqueos activos” del Gobierno de Meloni ante la legislación regional. Además, una nueva ley de seguridad promueve “restricciones sobre manifestaciones”, lo que podría afectar al Orgullo.

Turquía, en tercera posición por la cola, registra una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos, con proyectos de enmiendas legislativas en trámite, un recorte de la atención médica a personas trans, la disolución de una organización juvenil LGTBI y un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas. Además, Portugal ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras que en Eslovaquia se debaten enmiendas que restringen el reconocimiento parental “a una madre y un padre”.

En última posición sigue estando Rusia, donde “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son designadas como “extremistas”, lo que “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.

En el otro lado, hay varios avances que tienen que ver con los derechos de las personas trans: Albania, por ejemplo, ha subido dos puestos –hasta el nº 24– por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. República Checa y Letonia, por su parte, han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia (en el puesto 9) también ha dado luz verde a una nueva legislación sobre reconocimiento legal del género, una reforma “que es bienvenida”, pero que “continúa patologizando las identidades trans”, remarca ILGA.

La entidad celebra también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2025 dictaminó que los Estados miembro de la UE deben reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros países comunitarios. También destaca la sentencia que hace un mes concluyó por primera vez que la ley antiLGTBI de Hungría vulnera el Derecho de la Unión Europea.

Este escenario marcado por avances y retrocesos lleva a Katrin Hugendubel a concluir que este año, el mapa de ILGA “cuenta dos historias a la vez”: una, la de países como España y otros que “eligen apoyar” a la comunidades LGTBI “en lugar de convertirlas en chivos expiatorios” y otra que, paralelamente, tiene que ver con “un peligro real y creciente que no se puede subestimar”, el del ascenso ultra que pone los derechos LGTBI en la diana.

Las organizaciones en defensa de la igualdad social de las personas LGTBI Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han convocado una concentración para protestar contra la presentación del libro “No contaban con las madres”, de Nuria Coronado, al considerarlo un “acto tránsfobo”.

Mediante un comunicado, la Fundación Triángulo, que no descarta llevar el caso a la Fiscalía, ha anunciado que la concentración se celebrará a las puertas de la Biblioteca de Castilla y León —que depende a la Consejería de Cultura de la Junta—, en Valladolid, donde está prevista la presentación del libro, este viernes a las 18,45 horas.

Esta organización ha precisado que un total de 19 entidades han firmado una carta para solicitar a la Biblioteca la cancelación de la presentación.

Han considerado “inadmisible” que una institución pública albergue un discurso que, según afirman en el comunicado, califica la identidad trans como “daño irreversible”.

“La cesión de este espacio contraviene los principios de la ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece que estos centros estén libres de discriminación por razón de género u orientación sexual”, ha explicado la Fundación.

“Presentar el transgenerismo como un peligro para la salud física y mental de los menores no se puede considerar libertad de expresión, sino una patologización desfasada que vulnera la Ley Trans estatal”, ha detallado.

En relación con los testimonios de familiares incluidos en la obra, la Fundación Triángulo ha manifestado su máximo respeto a las vivencias de cada madre o padre.

No obstante, ha considerado que las experiencias individuales no deben servir para estigmatizar a todo un colectivo o promover teorías de “contagio social o daños irreversibles, que contradicen el consenso científico y la legislación actual”.

“Ante la ausencia de respuesta de la Biblioteca de Castilla y León a la solicitud formal de cancelación, Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana convocan una concentración a las puertas de la Biblioteca este viernes a las 18:45 horas y se plantea elevar el caso a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio”, han expuesto.

La Biblioteca de Castilla y León ha subrayado, a través de un comunicado remitido a EFE, que dentro de su programación de actividades culturales durante la tarde de este viernes están previstas dos presentaciones de libros, de contenido diferente, para el acceso libre de los ciudadanos que las consideren y estimen.

“La biblioteca es un espacio público abierto, neutral y plural que alberga documentos y actividades, con diferentes formatos y contenidos diversos, que sirve a su comunidad intentando promover los derechos y libertades, tales como pensamiento, expresión y creación, a la vez que se facilita el acceso a la información, el conocimiento y la cultura”, ha expresado.

Como soporte a esta labor, la biblioteca pone a disposición sus materiales y espacios físicos y virtuales sin mayores restricciones, lo que puede conllevar la cesión de espacios a diferentes creadores para que presenten sus obras, dentro del respeto y la tolerancia.

El Foro Feminista de Valladolid, que organiza la presentación del libro, ha rechazado que se trate de un libro tránsfobo y ha dicho que si los convocantes de la protesta se hubieran leído la publicación no harían esas afirmaciones, según ha manifestado a EFE una portavoz de este colectivo, Nina Infante.

El libro recoge testimonios de madres preocupadas, ha precisado Infante, quien ha defendido que el Foro Feminista siempre ha abogado y ha actuado por la democracia y la libertad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con los artículos 127, 129, 136, 139 y 140 de la Ley de Acompañamiento 5/2025, de 30 de mayo, que modifican la conocida como Ley Trans valenciana de 2017.

El recurso, según ha informado el alto tribunal, también se interpone contra el artículo 195 de la Ley 5/2025 en la redacción dada a la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de Función Pública Valenciana.

El Tribunal, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El presidente del Gobierno en su demanda alega que estos preceptos podrían ser contrarios a los artículos 149.1.1, 8 y 16 de la Constitución, en relación con varias leyes estatales que cita como básicas, como la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

También sostiene la posible vulneración, entre otras, de los artículos 10.1, 14, 15 y 18 de la Constitución.

El Pleno del Tribunal ya admitió a trámite el pasado mes de septiembre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con el párrafo segundo del artículo 16.2.b) de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, incorporado mediante el artículo 136 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

La senadora por Más Madrid, Carla Antonelli, ha abandonado este martes la comisión de Igualdad después de que la también senadora María Asunción Mayo (PP) haya emitido frases que, según un comunicado de la formación, “vejaban su identidad y expresión de género y del colectivo de las personas trans”.

Antonelli había pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la comisión, Rosa María Romero Sánchez, también del Partido Popular, después de que Mayo se refiriera al colectivo trans con expresiones como “convertirse en mujer”.

La senadora del PP, que había afirmado que su partido era “el único que defendía a las mujeres”, se mostró a favor de que se permitiera participar en el deporte a las personas trans, pero “no a costa del sacrificio de las mujeres”. Mayo ha recordado que Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, recibió dos de esas medallas “en un despacho” por detectarse dopaje en varias de las primeras clasificadas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se trataba de deportistas trans.

Pese a ello, la 'popular' relató que “en los Juegos Olímpicos de Londres quedó cuarta y todo el podio se fue por doping. ¿Qué es nacer con un sexo, hacer la transición y convertirte en mujer? El doping está castigado tanto si es voluntario como si es involuntario. Tú lo puedes hacer para hacer trampas o porque tu médico equivocadamente te dio una medicación por un problema que tenías”. Antonelli protestó a la presidenta tras esta declaración, que consideró una “barbaridad” y señaló que se la estaba “insultando”. “No ha habido ningún insulto”, respondió Sánchez. “Me está faltando al respeto. Nadie se convierte en mujer”, exclamó Antonelli, mientras Mayo la rebatía desde su asiento.

Minutos después, tras concedérsele la palabra, la senadora de Más Madrid expresó: “Ninguna persona nos cambiamos de sexo para ser mujeres o para ser hombres. Somos mujeres y adecuamos nuestro físico a nuestro cuerpo. He tenido que escuchar hoy una serie de insultos, vejaciones y denigraciones hacia mi persona y hacia el colectivo de las personas transexuales. Y usted, como presidenta, no me ha dado amparo. No todo vale”.

Tras ello, Antonelli ha anunciado que se iba. Mientras se marchaba de la sala, Sánchez ha alegado que “aquí no ha habido ningún insulto ni yo como presidenta lo hubiera consentido”.

Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.

El PSOE de Palencia ha iniciado la expulsión del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia) del concejal Manuel Garrido, que dijo que se cambiaba de sexo en el registro para acceder a ayudas dirigidas a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que ya se está tramitando su expulsión del grupo socialista de concejales en Carrión de los Condes.

Miriam Andrés ha querido matizar que Manuel Garrido se presentó a las elecciones bajo las siglas del PSOE pero actualmente no es afiliado al Partido Socialista. “Las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes”, ha manifestado la secretaria general del PSOE.

Este es uno de los motivos por los que se está tramitando ya su expulsión del grupo, pero también, como ha afirmado, porque el concejal firmó un código ético del Partido Socialista, pero que no cumple. “Por lo tanto, quedará expulsado del grupo socialista, como no podía ser de otra manera”, ha zanjado Miriam Andrés.

Manuel Garrido, que además es apicultor, ha confirmado a ABC que su objetivo era poder optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Actualmente existen mecanismos para detectar posibles fraudes ante la Ley Trans, como puede ocurrir ante otras normas. De hecho, un juez canario ha dictado varios autos denegando el cambio de sexo registral al apreciar “intenciones espurias” en los solicitantes. En todos los casos se trataba de hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva. 

El Partido Popular ha reaccionado en su cuenta de X criticando al PSOE por decir que nadie iba a cambiar su sexo legal para obtener ventajas cuando, en 2023, se aprobó el derecho al cambio registral de sexo de las personas. “Hoy sabemos que eso no es verdad. Ha ocurrido y lo ha hecho un concejal del PSOE”, señala el Partido Popular.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su cuenta de X para asegurar que “el PSOE ha abandonado a las mujeres, tanto que hasta un concejal socialista se cambia de sexo para obtener ayudas”. “El feminismo no es borrar a las mujeres, es defenderlas de esto”, asegura Tellado en X.

El pasado 19 de febrero se anunció la creación de la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una red de “organizaciones de mujeres feministas comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo”. Se trata de una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La red, compuesta por asociaciones como Araba Abolicionista, Asociación Feminista Gafas Moradas, BerdinHezi, DoFemCo, Emargi, Garenak Emakume Feministak, La Mirada de Lilith, Partido Feministas al Congreso y Somos Ellas Euskadi, tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. En este sentido, convocan movilizaciones en Bilbao y en Pamplona para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema “En defensa de las mujeres”.

El anuncio de esta nueva coordinadora no ha gustado nada dentro del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que ha mostrado su “descontento e indignación” con un comunicado que lleva el título de “No en el nombre del Movimiento Feminista de Euskal Herria”, en el que han denunciado que se trata de una iniciativa “contra el camino que llevan tejiendo y cosiendo durante décadas”. “El Movimiento Feminista de Euskal Herria lleva más de medio siglo en marcha. En este largo camino han sido varios los espacios de coordinación, las formas que ha adoptado la estructura, los debates y temas tratados, las estrategias utilizadas, pero siempre hemos tenido clara una idea básica de que los espacios y sus denominaciones no se pueden utilizar a la carta y que debemos actuar dentro de una ética militante feminista”, recoge el escrito firmado por más de 100 colectivos de todo el territorio.

“El Movimiento de Euskal Herria no es putófobo, defendemos que el trabajo sexual es trabajo y reivindicamos en voz alta que las trabajadoras del sexo necesitan derechos al tiempo que apoyamos sus luchas. Además, no permitimos que nadie excluya a las putas de nuestros movimientos y asambleas”, sostienen en el comunicado. Y añaden un apartado en apoyo a las personas trans: “El Movimiento de Euskal Herria no es trans-excluyente, es más, lo formamos sujetos muy diversos. No entendemos las categorías de forma esencial y nadie niega las propias violencias y opresiones a las que están sometidas cada categoría y cada subalternidad. Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, reconocen.

Los movimientos abolicionistas de la prostitución y en contra de las personas transexuales hasta el momento han tratado de defender sus luchas dentro de la unidad del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Sin embargo, en esta ocasión, con su propia coordinadora han apostado por realizar convocatorias en lugares y horarios distintos para el próximo 8 de marzo. En Bilbao se concentrarán frente al Teatro Arriaga a las 12.30, mientras que en Pamplona lo harán a la misma hora en la Plaza San Francisco. “No es cómodo marchar aparte, pero tampoco es cómodo callar. No es cómodo señalar lo que incomoda. No es cómodo sostener una posición cuando prefieren que te diluyas. No es cómodo defender que el 8M es de las mujeres trabajadoras. Pero más incómodo es ir con miedo, autocensurarse y fingir que no pasa nada. Queremos un 8M sin miedo para las mujeres, claro, firme y sin silencios impuestos”, defienden desde la nueva coordinadora.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, marcharán desde el Sagrado Corazón en Bilbao, desde el tunel del Antiguo en Donostia y desde el Parque de Antoniutti en Pamplona a las 12.00 horas, mientras que en Vitoria desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas bajo el lema “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. “Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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Las mujeres transgénero tienen mayor masa muscular entre 1 y 3 años después de recibir terapia hormonal, pero las evidencias disponibles no respaldan las teorías de que estos supone una ventaja en las competiciones deportivas. Es la conclusión de una revisión publicada este miércoles en el British Journal of Sports Medicine y basada en la revisión de 52 estudios en los que participaron 6.485 personas.

Este resultado llega cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) está a punto de publicar los criterios de elegibilidad para atletas transgénero, en medio de un polémica que ha llevado a su exclusión de la categoría femenina por varias federaciones internacionales y nacionales de deportes como atletismo o natación. Quienes defienden esta prohibición aseguran que las mujeres transgénero (personas asignadas hombre al nacer que se identifican como mujeres) tienen una “ventaja física injusta” debido a los cambios fisiológicos duraderos que se experimentan durante la pubertad, como mayor masa muscular y ósea, fuerza, estatura y capacidad cardiopulmonar.

No tienen más fuerza ni capacidad aeróbica

Para aclarar si estas afirmaciones tienen base, el equipo de Sofía Mendes Sieczkowska ha estudiado decenas de investigaciones que comparan la composición corporal o la aptitud física de las personas transgénero antes y después de la terapia hormonal con la de las personas cisgénero. En los 52 estudios analizados participaron 2.943 mujeres transgénero, 2.309 hombres transgénero, 568 mujeres cisgénero y 665 hombres cisgénero, con un rango de edad de 14 a 41 años.

No hubo diferencias observables entre ellas y las mujeres cisgénero en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria

Aunque el análisis mostró que las mujeres transgénero tenían más masa magra, un indicador de músculo, no hubo diferencias observables entre ellas y las mujeres cisgénero en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria (el consumo máximo de oxígeno). 

“La convergencia del desempeño funcional de las mujeres transgénero con las mujeres cisgénero, particularmente en fuerza y capacidad aeróbica, desafía las suposiciones sobre las ventajas atléticas inherentes derivadas únicamente de [la terapia hormonal de afirmación de género] o las diferencias de masa magra residual”, escriben los autores. Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, como la corta duración del estudio o la “subrepresentación de atletas transgénero” en los deportes de élite, lo que dificulta la realización de estudios con alto poder estadístico.

Discriminación no justificada

Adrián Carrasco Munera, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Salud LGTBIQ+ de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, cree que esta revisión sistemática de la literatura demuestra que “no hay datos de que las mujeres trans sean ni más fuertes ni presenten mayor masa muscular ni mayor resistencia como se ha querido sugerir en el debate público”. El especialista recuerda que, respecto a los hombres trans, sí que presentan mayor fuerza y masa muscular respecto a mujeres cis y, sin embargo, no llegan a los valores que alcanzan los hombres cis.

No hay datos de que las mujeres trans sean ni más fuertes ni presenten mayor masa muscular ni mayor resistencia como se ha querido sugerir en el debate público

Adrián Carrasco Munera — Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

“Si bien la revisión demuestra algunas limitaciones como la falta de estudios en deportistas de élite —asegura en declaraciones al SMC—, nos da dos mensajes claros: no hay evidencia que justifique las afirmaciones de que las mujeres trans presentan más fuerza y resistencia respecto a las mujeres cis y que la exposición a testosterona previa al tratamiento hormonal en mujeres trans no condiciona mejores condiciones físicas para el deporte”. Por ello, concluye, “no hay justificación científica para esta discriminación en el deporte”.

“No zanja la cuestión”

Laura Sánchez Amador, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alcalá (UAH), cree que el artículo contribuye de manera significativa a clarificar el estado actual de la evidencia científica en un ámbito con necesidad de interpretaciones prudentes, basadas en evidencia y contextualizadas. “Hemos de tener en cuenta que la aptitud física no constituye una variable única ni estática, sino que está determinada por la interacción entre múltiples factores: endocrinos, nutricionales, el entrenamiento, la salud, la edad, etc.”, señala. “Por ello, para llegar a conclusiones más sólidas, serían necesarios más estudios donde se valoren estos factores en conjunto y no de forma aislada”.

Antonio Guillamón, catedrático emérito de Psicobiología de la UNED, se muestra más crítico con el resultado y cree que hay una discrepancia relevante entre las conclusiones del estudio y las limitaciones reconocidas en la discusión. “Los propios autores reconocen explícitamente que los datos de masa magra y los de rendimiento físico no proceden necesariamente de las mismas cohortes ni de los mismos diseños de estudio, lo que impide establecer correlaciones directas entre masa muscular y fuerza o rendimiento funcional”, explica al SMC.

En opinión de Guillamón, lo que los datos muestran es, como mucho, una ausencia de diferencias detectables en determinadas métricas de rendimiento en el corto y medio plazo, pero no una refutación de la hipótesis de ventajas atléticas inherentes. “Este tipo de formulación puede inducir a interpretaciones simplificadas o sobregeneralizadas que no están plenamente respaldadas por los datos”, sentencia. “La distinción entre ‘no encontrar evidencia’ y ‘demostrar ausencia de efecto’ no es un matiz menor, sino un principio básico del razonamiento científico. En este caso, el estudio aporta información relevante, pero no zanja la cuestión que el propio resumen sugiere haber resuelto”.

Gonzalo Correa González, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE), cree que confirmar que las deportistas transgénero tienen mayor cantidad de masa muscular implica que, con el debido entrenamiento tendrían ventaja en el rendimiento sobre las mujeres cisgénero. “Con mayor cantidad de masa muscular de base y mayor nivel de testosterona hasta la pubertad, el organismo tiene memoria y con el debido estímulo conseguirían desarrollar más capacidad funcional”, asegura.

Carlos Alberto Cordente Martínez, profesor titular de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), cree que es una investigación de alta calidad cuyo resultado, como mínimo, debería llevar a replantear determinados posicionamientos maximalistas en el ámbito del deporte de competición. El problema, opina, es que desde las federaciones deportivas no se trabaja suficientemente en políticas de inclusión de personas transgénero. “La ciencia aún tardará en resolver este asunto; sin embargo, hay jóvenes que están perdiendo su oportunidad de competir y se sienten discriminados por ello”, señala. 

“Por ello, más allá de la necesidad de seguir investigando, creo que resulta urgente explorar fórmulas de participación para deportistas transgénero que no atenten contra el principio de igualdad fisiológica que, supuestamente, debe regir en el deporte”, concluye Cordente Martínez. “Puede que en algunos deportes la solución no sea fácil, pero estoy convencido de que en otros no lo es tanto”.

Daniela va nàixer a Xile i el 2002 va ser adoptada per una família espanyola “catòlica, pròxima a l’Opus i que la va menysprear des que amb 11 anys va començar a expressar dubtes sobre la seua identitat sexual”, tal com explica a elDiario.es Natalia Aventín, presidenta de l’associació Eufòria Famílies Trans-Aliades, entitat que ha donat a conéixer el cas d’aquesta dona després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja confirmat que està legitimada per a reclamar la reparació del “terrible atemptat” contra la dignitat que va patir Daniela després morir.

Aventín relata el calvari que va patir Daniela des del moment en què va expressar la seua voluntat, amb una família adoptiva que “la va internar en una institució religiosa a Cantàbria en què va ser víctima de teràpies de conversió durant mesos”. Posteriorment, explica la presidenta d’Eufòria, Serveis Socials va llevar la custòdia als seus tutors legals i van assumir la seua guarda, fins que, fets els 18 anys i sent ja major d’edat, Daniela va iniciar una vida independent, se’n va anar a Madrid i va aconseguir canviar de nom en el registre civil per a ser reconeguda oficialment com a Daniela, que es corresponia amb la seua identitat de gènere.

Daniela es va suïcidar el 2022, als 21 anys, víctima de les penúries econòmiques i les dificultats emocionals que patia i davant la nul·la resposta per part de la seua família, tal com explica la representant d’Eufòria. La seua família adoptiva “va decidir ignorar la seua voluntat i, en compte de reconéixer la seua identitat i garantir que se la recordara amb el nom pel qual havia lluitat tota la vida, van decidir donar sepultura a Daniela en el mausoleu familiar, en la localitat d’Asp (el Vinalopó Mitjà), sota el seu necrònim i exposant fotografies prèvies al seu trànsit, amb una aparença masculina que ella detestava”.

El 2023 Eufòria, a instàncies d’Alana, amiga de Daniela, va denunciar primer davant l’Ajuntament de la localitat alacantina i posteriorment davant la Generalitat Valenciana, la Fiscalia de Delictes d’Odi i el Síndic de Greuges aquesta situació. No obstant això, cap d’aquestes quatre institucions “va mostrar interés per aquesta circumstància, que atenta de manera continuada contra la dignitat de la difunta, ni per reparar el mal causat”.

El 13 de juny d’aquell any, l’associació va denunciar els pares adoptius de Daniela i l’Ajuntament d’Asp, titular del cementeri municipal, per entendre que havien comés un enterrament “discriminatori” i que la referència en el sepeli amb dades incorrectes i prèvies a la transició de Daniela eren constitutius d’una infracció tipificada en els apartats d i g de l’article 60.3 de la Llei 23/2018 de la Generalitat Valenciana, d’igualtat de les persones LGTBI, que qualifiquen d’infracció greu la realització d’actes discriminatoris i de rebuig i menyspreu públic per raó d’identitat de gènere.

No obstant això, indiquen des d’Eufòria, la denominada llavors Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge “es va negar” a incoar un expedient sancionador i va arxivar la denúncia, afirmant que no era l’òrgan competent per a aplicar la norma esmentada; i això malgrat que l’article 65 de la norma indica que la instrucció dels expedients per infraccions tipificades en aquesta llei correspon a la conselleria competent en matèria de no-discriminació.

Ara, dos anys i mig després, i després d’un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del TSJCV, l’alt tribunal valencià sentencia que els fets estan clarament vinculats i podrien ser constitutius de les infraccions tipificades en els articles de la Llei d’igualtat de les persones LGTBI esmentats anteriorment. En aquest sentit, la interlocutòria argumenta que, tenint en compte que els fets denunciats es corresponen amb conductes discriminatòries per raó de gènere, la instrucció del procediment sancionador correspon a l’Administració autonòmica.

Així mateix, la resolució reconeix que l’associació Eufòria està legitimada per a denunciar els fets i per a recórrer als jutjats per a impugnar l’actuació de la Conselleria; i afirma que una associació que defensa els interessos de les persones i les famílies trans està qualificada i és titular d’un interés legítim col·lectiu perquè s’investigue i se sancione la transfòbia.

L’entitat considera que aquesta sentència “obri l’esperança perquè la dignitat de Daniela finalment es restablisca i, amb això, la de tot un col·lectiu que històricament ha sigut despullat de drets i violentat fins i tot, com en aquest cas, després de la mort”.

Consultada per eldiario.es, la Conselleria d'Igualtat ha explicat que es tracta d'un procediment que es remunta a la legislatura anterior del Botánic, amb una denúncia interposada al juny de 2023 sobre fets derivats el funeral en un cementeri municipal d'una persona trans morta a l'abril de 2022: “La Generalitat va rebre el 13 de gener la sentència del TSJCV, que estima parcialment el recurs interposat per una entitat, i la Conselleria està revisant l'expedient i realitzant les actuacions preparatòries per a atendre la resolució i obrir un expedient que permeta analitzar i determinar si hi ha hagut fets discriminatoris”. I mentrestant, Compromís ha exigit dimissions en el departament que dirigeix Susana Camarero, i que “algú” assumisca responsabilitats polítiques pel que qualifica d’“inacció”, per no aplicar la legislació autonòmica vigent.