El Ayuntamiento de Arrigorriaga, una localidad de Bizkaia, ha condenado a través de un comunicado una agresión tránsfoba contra un concejal de EH Bildu ocurrida el pasado sábado. En la nota, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, ha mostrado su “firme rechazo ante estos hechos y su apoyo y solidaridad a la víctima”, a la que han descrito como “un representante de la ciudadanía”, pero cuya identidad por el momento no se ha hecho pública por su protección.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante la agresión algunas personas “intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, algo que, han agradecido alegando que se trata de una actitud que demuestra “que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

Sobre el suceso, en el comunicado alegan que no solamente “se muestra la LGTBIfobia a través de agresiones físicas”. “Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual, sino que el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI, por lo que la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”, ha denunciado el Consistorio, que ha recalcado que “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”.

Desde EH Bildu, por su parte, han denunciado a través de las redes sociales el suceso, han trasladado que “no tolerarán ningún tipo de ataque ni actitud intolerante” y han mostrado su solidaridad y apoyo total a la víctima. “Seguiremos desarrollando políticas públicas integrales para que los pueblos y barrios de Euskal Herria puedan ser espacios libres de LGTBIfobia y para que todas las personas puedan vivir en libertad, con dignidad y sin miedo”, han detallado.

El titular del Juzgado de lo Social nº8 de Zaragoza ha condenado al Gobierno autonómico a pagar una operación de mastectomía a un menor trans que el joven tuvo que llevar a cabo en una clínica privada tras ser rechazado por el Servicio Aragonés de Salud. El magistrado cree que sí se cumplían los requisitos para la intervención y la asociación Euforia cree que la sentencia “abre una puerta” para exigir otros tratamientos quirúrgicos demandados por el colectivo.

La sentencia, dictada el 27 de abril de 2026 por el magistrado José Antonio Izuel Gastón, condena al Salud a reintegrar 6.190 euros, el coste de una mastectomía masculinizante practicada en diciembre de 2023 en la clínica privada Viamed Montecanal. El joven tenía entonces 16 años y el sistema público aragonés le había cerrado la puerta meses antes con un argumento único: la operación no estaba contemplada para menores de 18 años.

El fallo es definitivo puesto que el Gobierno de Aragón ha informado a este periódico que no lo va a recurrir.

El recorrido del caso por la Sanidad pública había comenzado dos meses antes, en octubre de 2023, cuando el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Miguel Servet atendió al joven –que ya se identificaba a sí mismo como hombre desde los 12 o 13 años (cambió su nombre mediante auto judicial en 2022), que cuenta con el apoyo familiar y que lleva años bajo seguimiento de salud mental– y lo inscribió en lista de espera quirúrgica para la mastectomía. Semanas después, sin embargo, el mismo cirujano le trasladó que la intervención no estaba amparada en menores por parte del sistema público. Ante esa respuesta, la familia optó por la sanidad privada.

El magistrado considera ahora que esa negativa no tenía respaldo legal. Hay que recordar que Aragón cuenta con una legislación propia, la Ley de Identidad y Expresión de Género de 2018 –impulsada en el primer Gobierno del socialista Javier Lambán–, que reconoce expresamente a los menores trans el derecho a recibir “el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad” y que obliga al sistema sanitario público a proporcionar, entre otras prestaciones, la “masculinización de tórax”.

El propio protocolo WPATH –el estándar de referencia seguido por los profesionales de salud de Aragón– admite la mastectomía en adolescentes a partir de los 16 años “en casos excepcionales, siempre tras una evaluación multidisciplinar prolongada, con consentimiento informado tanto del menor como de sus tutores legales, un historial persistente de años de evolución de incongruencia de género y un acompañamiento psicológico continuado”.

Así, la sentencia concluye que el joven cumplía todos esos requisitos, y el hecho de que el propio cirujano lo inscribiera en lista de espera así lo evidenciaba. “No había amparo legal para denegar la mastectomía al demandante”, zanja el juez de lo Social.

Alcance más allá del caso

El abogado Saúl Castro considera que la resolución tiene un alcance que va más allá del caso concreto: la edad, advierte, es “uno de los argumentos discriminatorios que los servicios sanitarios suelen utilizar para posponer o negar tratamientos, generando gran sufrimiento en las personas que los precisan”.

En la misma línea, Natalia Aventín, presidenta de Euforia –la asociación de familias trans que acompañó al joven y a su madre durante todo el proceso–, apunta al origen estructural del problema: “El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos juegan en contra del colectivo”.

Además, la sentencia –recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón– abre una puerta según Euforia “a exigir que otros tratamientos e intervenciones quirúrgicas demandadas por las personas trans, que son sistemáticamente pospuestas con argumentos jurídicos inconsistentes, sean realizadas en los servicios sanitarios de forma diligente”.

España ha roto el dominio de Malta como mejor país de Europa para las personas LGTBI según el ranking que anualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional. El llamado Mapa Arcoíris, que se elabora desde 2009, evalúa las políticas y leyes de 49 países en torno a los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales y, por primera vez, ha colocado a España en la primera posición desbancando así a Malta, el país que la ha ocupado desde hace una década.

ILGA, que agrupa a unas 600 organizaciones de toda la región, evalúa a los países en función de diferentes criterios y los clasifica en una escala del 0 al 100%. A España le ha adjudicado en esta edición un 89%, seguido muy de cerca por el hasta ahora territorio con mayor puntuación (88%). La cifra media para Europa es del 43% y del 52% para los países de la Unión Europea. “A medida que el orden internacional basado en normas se fractura y la democracia se ve presionada, la posición destacada de España demuestra que la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz”, apunta la entidad.

El ascenso de nuestro país en el ranking, que ha subido cuatro puestos, refleja “una combinación de logros” entre los que se encuentra la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unida a “nuevas protecciones legales”. El Gobierno, señala el mapa, “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” porque ha adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos LGTBI. Además, apunta a la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación y la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.

ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas LGTBI –la última en sumarse ha sido Asturias–, pero no es ajena a los intentos de Vox y del PP de recortar o dejar sin efecto la legislación. La organización, sin embargo, se fija más en la respuesta del Gobierno central y concluye que ha llevado a cabo “una lucha decidida contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar estas protecciones” mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.

Para Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, el primer puesto de España es “un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”. La experta alude a un contexto global de “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del Gobierno central frente a esta ofensiva. “Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que la valentía política es una elección”, añade la representante de la organización.

Aún así, el mapa de ILGA mide leyes y políticas públicas, pero no “la realidad vivida”, matiza el informe, que apunta a “la brecha” que existe en España “y en otros países” entre los avances legales y la experiencia cotidiana. Precisamente hace dos semanas el informe Estado del odio LGTBI reveló que el 54% de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año. Además, un 44% de la muestra aseguró haber sufrido violencia en entornos digitales mientras que el porcentaje de personas que percibe un aumento de la discriminación en los últimos años ha escalado varios puntos.

Avances y retrocesos

A España y Malta le siguen en el ranking Islandia, Bélgica y Dinamarca como el quinteto de países con mejor legislación LGTBI. Al otro lado de la tabla están Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre los “acontecimientos perjudiciales” para el colectivo LGTBI registrados en el último año está la nueva ley de propaganda anti-LGTBI de Bielorrusia “inspirada en la versión rusa” y que llega a contemplar sanciones penales. Italia ha bajado hasta el puesto 36 debido a los “bloqueos activos” del Gobierno de Meloni ante la legislación regional. Además, una nueva ley de seguridad promueve “restricciones sobre manifestaciones”, lo que podría afectar al Orgullo.

Turquía, en tercera posición por la cola, registra una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos, con proyectos de enmiendas legislativas en trámite, un recorte de la atención médica a personas trans, la disolución de una organización juvenil LGTBI y un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas. Además, Portugal ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras que en Eslovaquia se debaten enmiendas que restringen el reconocimiento parental “a una madre y un padre”.

En última posición sigue estando Rusia, donde “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son designadas como “extremistas”, lo que “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.

En el otro lado, hay varios avances que tienen que ver con los derechos de las personas trans: Albania, por ejemplo, ha subido dos puestos –hasta el nº 24– por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. República Checa y Letonia, por su parte, han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia (en el puesto 9) también ha dado luz verde a una nueva legislación sobre reconocimiento legal del género, una reforma “que es bienvenida”, pero que “continúa patologizando las identidades trans”, remarca ILGA.

La entidad celebra también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2025 dictaminó que los Estados miembro de la UE deben reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros países comunitarios. También destaca la sentencia que hace un mes concluyó por primera vez que la ley antiLGTBI de Hungría vulnera el Derecho de la Unión Europea.

Este escenario marcado por avances y retrocesos lleva a Katrin Hugendubel a concluir que este año, el mapa de ILGA “cuenta dos historias a la vez”: una, la de países como España y otros que “eligen apoyar” a la comunidades LGTBI “en lugar de convertirlas en chivos expiatorios” y otra que, paralelamente, tiene que ver con “un peligro real y creciente que no se puede subestimar”, el del ascenso ultra que pone los derechos LGTBI en la diana.

Las organizaciones en defensa de la igualdad social de las personas LGTBI Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han convocado una concentración para protestar contra la presentación del libro “No contaban con las madres”, de Nuria Coronado, al considerarlo un “acto tránsfobo”.

Mediante un comunicado, la Fundación Triángulo, que no descarta llevar el caso a la Fiscalía, ha anunciado que la concentración se celebrará a las puertas de la Biblioteca de Castilla y León —que depende a la Consejería de Cultura de la Junta—, en Valladolid, donde está prevista la presentación del libro, este viernes a las 18,45 horas.

Esta organización ha precisado que un total de 19 entidades han firmado una carta para solicitar a la Biblioteca la cancelación de la presentación.

Han considerado “inadmisible” que una institución pública albergue un discurso que, según afirman en el comunicado, califica la identidad trans como “daño irreversible”.

“La cesión de este espacio contraviene los principios de la ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece que estos centros estén libres de discriminación por razón de género u orientación sexual”, ha explicado la Fundación.

“Presentar el transgenerismo como un peligro para la salud física y mental de los menores no se puede considerar libertad de expresión, sino una patologización desfasada que vulnera la Ley Trans estatal”, ha detallado.

En relación con los testimonios de familiares incluidos en la obra, la Fundación Triángulo ha manifestado su máximo respeto a las vivencias de cada madre o padre.

No obstante, ha considerado que las experiencias individuales no deben servir para estigmatizar a todo un colectivo o promover teorías de “contagio social o daños irreversibles, que contradicen el consenso científico y la legislación actual”.

“Ante la ausencia de respuesta de la Biblioteca de Castilla y León a la solicitud formal de cancelación, Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana convocan una concentración a las puertas de la Biblioteca este viernes a las 18:45 horas y se plantea elevar el caso a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio”, han expuesto.

La Biblioteca de Castilla y León ha subrayado, a través de un comunicado remitido a EFE, que dentro de su programación de actividades culturales durante la tarde de este viernes están previstas dos presentaciones de libros, de contenido diferente, para el acceso libre de los ciudadanos que las consideren y estimen.

“La biblioteca es un espacio público abierto, neutral y plural que alberga documentos y actividades, con diferentes formatos y contenidos diversos, que sirve a su comunidad intentando promover los derechos y libertades, tales como pensamiento, expresión y creación, a la vez que se facilita el acceso a la información, el conocimiento y la cultura”, ha expresado.

Como soporte a esta labor, la biblioteca pone a disposición sus materiales y espacios físicos y virtuales sin mayores restricciones, lo que puede conllevar la cesión de espacios a diferentes creadores para que presenten sus obras, dentro del respeto y la tolerancia.

El Foro Feminista de Valladolid, que organiza la presentación del libro, ha rechazado que se trate de un libro tránsfobo y ha dicho que si los convocantes de la protesta se hubieran leído la publicación no harían esas afirmaciones, según ha manifestado a EFE una portavoz de este colectivo, Nina Infante.

El libro recoge testimonios de madres preocupadas, ha precisado Infante, quien ha defendido que el Foro Feminista siempre ha abogado y ha actuado por la democracia y la libertad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con los artículos 127, 129, 136, 139 y 140 de la Ley de Acompañamiento 5/2025, de 30 de mayo, que modifican la conocida como Ley Trans valenciana de 2017.

El recurso, según ha informado el alto tribunal, también se interpone contra el artículo 195 de la Ley 5/2025 en la redacción dada a la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de Función Pública Valenciana.

El Tribunal, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El presidente del Gobierno en su demanda alega que estos preceptos podrían ser contrarios a los artículos 149.1.1, 8 y 16 de la Constitución, en relación con varias leyes estatales que cita como básicas, como la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

También sostiene la posible vulneración, entre otras, de los artículos 10.1, 14, 15 y 18 de la Constitución.

El Pleno del Tribunal ya admitió a trámite el pasado mes de septiembre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con el párrafo segundo del artículo 16.2.b) de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, incorporado mediante el artículo 136 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

La senadora por Más Madrid, Carla Antonelli, ha abandonado este martes la comisión de Igualdad después de que la también senadora María Asunción Mayo (PP) haya emitido frases que, según un comunicado de la formación, “vejaban su identidad y expresión de género y del colectivo de las personas trans”.

Antonelli había pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la comisión, Rosa María Romero Sánchez, también del Partido Popular, después de que Mayo se refiriera al colectivo trans con expresiones como “convertirse en mujer”.

La senadora del PP, que había afirmado que su partido era “el único que defendía a las mujeres”, se mostró a favor de que se permitiera participar en el deporte a las personas trans, pero “no a costa del sacrificio de las mujeres”. Mayo ha recordado que Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, recibió dos de esas medallas “en un despacho” por detectarse dopaje en varias de las primeras clasificadas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se trataba de deportistas trans.

Pese a ello, la 'popular' relató que “en los Juegos Olímpicos de Londres quedó cuarta y todo el podio se fue por doping. ¿Qué es nacer con un sexo, hacer la transición y convertirte en mujer? El doping está castigado tanto si es voluntario como si es involuntario. Tú lo puedes hacer para hacer trampas o porque tu médico equivocadamente te dio una medicación por un problema que tenías”. Antonelli protestó a la presidenta tras esta declaración, que consideró una “barbaridad” y señaló que se la estaba “insultando”. “No ha habido ningún insulto”, respondió Sánchez. “Me está faltando al respeto. Nadie se convierte en mujer”, exclamó Antonelli, mientras Mayo la rebatía desde su asiento.

Minutos después, tras concedérsele la palabra, la senadora de Más Madrid expresó: “Ninguna persona nos cambiamos de sexo para ser mujeres o para ser hombres. Somos mujeres y adecuamos nuestro físico a nuestro cuerpo. He tenido que escuchar hoy una serie de insultos, vejaciones y denigraciones hacia mi persona y hacia el colectivo de las personas transexuales. Y usted, como presidenta, no me ha dado amparo. No todo vale”.

Tras ello, Antonelli ha anunciado que se iba. Mientras se marchaba de la sala, Sánchez ha alegado que “aquí no ha habido ningún insulto ni yo como presidenta lo hubiera consentido”.

Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.

El PSOE de Palencia ha iniciado la expulsión del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia) del concejal Manuel Garrido, que dijo que se cambiaba de sexo en el registro para acceder a ayudas dirigidas a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que ya se está tramitando su expulsión del grupo socialista de concejales en Carrión de los Condes.

Miriam Andrés ha querido matizar que Manuel Garrido se presentó a las elecciones bajo las siglas del PSOE pero actualmente no es afiliado al Partido Socialista. “Las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes”, ha manifestado la secretaria general del PSOE.

Este es uno de los motivos por los que se está tramitando ya su expulsión del grupo, pero también, como ha afirmado, porque el concejal firmó un código ético del Partido Socialista, pero que no cumple. “Por lo tanto, quedará expulsado del grupo socialista, como no podía ser de otra manera”, ha zanjado Miriam Andrés.

Manuel Garrido, que además es apicultor, ha confirmado a ABC que su objetivo era poder optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

Actualmente existen mecanismos para detectar posibles fraudes ante la Ley Trans, como puede ocurrir ante otras normas. De hecho, un juez canario ha dictado varios autos denegando el cambio de sexo registral al apreciar “intenciones espurias” en los solicitantes. En todos los casos se trataba de hombres que pretendían registrarse como mujeres para beneficiarse de medidas de discriminación positiva. 

El Partido Popular ha reaccionado en su cuenta de X criticando al PSOE por decir que nadie iba a cambiar su sexo legal para obtener ventajas cuando, en 2023, se aprobó el derecho al cambio registral de sexo de las personas. “Hoy sabemos que eso no es verdad. Ha ocurrido y lo ha hecho un concejal del PSOE”, señala el Partido Popular.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha utilizado su cuenta de X para asegurar que “el PSOE ha abandonado a las mujeres, tanto que hasta un concejal socialista se cambia de sexo para obtener ayudas”. “El feminismo no es borrar a las mujeres, es defenderlas de esto”, asegura Tellado en X.

El pasado 19 de febrero se anunció la creación de la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una red de “organizaciones de mujeres feministas comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo”. Se trata de una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La red, compuesta por asociaciones como Araba Abolicionista, Asociación Feminista Gafas Moradas, BerdinHezi, DoFemCo, Emargi, Garenak Emakume Feministak, La Mirada de Lilith, Partido Feministas al Congreso y Somos Ellas Euskadi, tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. En este sentido, convocan movilizaciones en Bilbao y en Pamplona para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema “En defensa de las mujeres”.

El anuncio de esta nueva coordinadora no ha gustado nada dentro del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que ha mostrado su “descontento e indignación” con un comunicado que lleva el título de “No en el nombre del Movimiento Feminista de Euskal Herria”, en el que han denunciado que se trata de una iniciativa “contra el camino que llevan tejiendo y cosiendo durante décadas”. “El Movimiento Feminista de Euskal Herria lleva más de medio siglo en marcha. En este largo camino han sido varios los espacios de coordinación, las formas que ha adoptado la estructura, los debates y temas tratados, las estrategias utilizadas, pero siempre hemos tenido clara una idea básica de que los espacios y sus denominaciones no se pueden utilizar a la carta y que debemos actuar dentro de una ética militante feminista”, recoge el escrito firmado por más de 100 colectivos de todo el territorio.

“El Movimiento de Euskal Herria no es putófobo, defendemos que el trabajo sexual es trabajo y reivindicamos en voz alta que las trabajadoras del sexo necesitan derechos al tiempo que apoyamos sus luchas. Además, no permitimos que nadie excluya a las putas de nuestros movimientos y asambleas”, sostienen en el comunicado. Y añaden un apartado en apoyo a las personas trans: “El Movimiento de Euskal Herria no es trans-excluyente, es más, lo formamos sujetos muy diversos. No entendemos las categorías de forma esencial y nadie niega las propias violencias y opresiones a las que están sometidas cada categoría y cada subalternidad. Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, reconocen.

Los movimientos abolicionistas de la prostitución y en contra de las personas transexuales hasta el momento han tratado de defender sus luchas dentro de la unidad del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Sin embargo, en esta ocasión, con su propia coordinadora han apostado por realizar convocatorias en lugares y horarios distintos para el próximo 8 de marzo. En Bilbao se concentrarán frente al Teatro Arriaga a las 12.30, mientras que en Pamplona lo harán a la misma hora en la Plaza San Francisco. “No es cómodo marchar aparte, pero tampoco es cómodo callar. No es cómodo señalar lo que incomoda. No es cómodo sostener una posición cuando prefieren que te diluyas. No es cómodo defender que el 8M es de las mujeres trabajadoras. Pero más incómodo es ir con miedo, autocensurarse y fingir que no pasa nada. Queremos un 8M sin miedo para las mujeres, claro, firme y sin silencios impuestos”, defienden desde la nueva coordinadora.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, marcharán desde el Sagrado Corazón en Bilbao, desde el tunel del Antiguo en Donostia y desde el Parque de Antoniutti en Pamplona a las 12.00 horas, mientras que en Vitoria desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas bajo el lema “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. “Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

Si en las dos últimas semanas no has oído hablar de los therians, -adolescentes que sienten un vínculo especial con algún animal y se disfrazan y actúan como tal-, es que estás oficialmente a salvo de tendencias virales y de televisión de relleno. Porque no sabíamos nada de ellos, y desde hace unos días están por todas partes como si fuese un fenómeno masivo. Este fin de semana en varias ciudades españolas se habían convocado quedadas de therians pero lo que vimos fueron escenas incómodas de acoso y escarnio. 

Tras décadas viendo por nuestras calles a tribus urbanas de todo tipo, muchas salidas de los márgenes de internet, ¿por qué esta llama tanto la atención si hay apenas un puñado de personas con esta práctica en España? ¿Hay alguna intención política detrás? Hablamos de todo esto con Paloma Martínez Varela, periodista colaboradora de elDiario.es, y con Andrea Mezquida, psicóloga especializada en identidades queer.

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Las mujeres transgénero tienen mayor masa muscular entre 1 y 3 años después de recibir terapia hormonal, pero las evidencias disponibles no respaldan las teorías de que estos supone una ventaja en las competiciones deportivas. Es la conclusión de una revisión publicada este miércoles en el British Journal of Sports Medicine y basada en la revisión de 52 estudios en los que participaron 6.485 personas.

Este resultado llega cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) está a punto de publicar los criterios de elegibilidad para atletas transgénero, en medio de un polémica que ha llevado a su exclusión de la categoría femenina por varias federaciones internacionales y nacionales de deportes como atletismo o natación. Quienes defienden esta prohibición aseguran que las mujeres transgénero (personas asignadas hombre al nacer que se identifican como mujeres) tienen una “ventaja física injusta” debido a los cambios fisiológicos duraderos que se experimentan durante la pubertad, como mayor masa muscular y ósea, fuerza, estatura y capacidad cardiopulmonar.

No tienen más fuerza ni capacidad aeróbica

Para aclarar si estas afirmaciones tienen base, el equipo de Sofía Mendes Sieczkowska ha estudiado decenas de investigaciones que comparan la composición corporal o la aptitud física de las personas transgénero antes y después de la terapia hormonal con la de las personas cisgénero. En los 52 estudios analizados participaron 2.943 mujeres transgénero, 2.309 hombres transgénero, 568 mujeres cisgénero y 665 hombres cisgénero, con un rango de edad de 14 a 41 años.

No hubo diferencias observables entre ellas y las mujeres cisgénero en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria

Aunque el análisis mostró que las mujeres transgénero tenían más masa magra, un indicador de músculo, no hubo diferencias observables entre ellas y las mujeres cisgénero en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria (el consumo máximo de oxígeno). 

“La convergencia del desempeño funcional de las mujeres transgénero con las mujeres cisgénero, particularmente en fuerza y capacidad aeróbica, desafía las suposiciones sobre las ventajas atléticas inherentes derivadas únicamente de [la terapia hormonal de afirmación de género] o las diferencias de masa magra residual”, escriben los autores. Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, como la corta duración del estudio o la “subrepresentación de atletas transgénero” en los deportes de élite, lo que dificulta la realización de estudios con alto poder estadístico.

Discriminación no justificada

Adrián Carrasco Munera, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Salud LGTBIQ+ de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, cree que esta revisión sistemática de la literatura demuestra que “no hay datos de que las mujeres trans sean ni más fuertes ni presenten mayor masa muscular ni mayor resistencia como se ha querido sugerir en el debate público”. El especialista recuerda que, respecto a los hombres trans, sí que presentan mayor fuerza y masa muscular respecto a mujeres cis y, sin embargo, no llegan a los valores que alcanzan los hombres cis.

No hay datos de que las mujeres trans sean ni más fuertes ni presenten mayor masa muscular ni mayor resistencia como se ha querido sugerir en el debate público

Adrián Carrasco Munera — Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

“Si bien la revisión demuestra algunas limitaciones como la falta de estudios en deportistas de élite —asegura en declaraciones al SMC—, nos da dos mensajes claros: no hay evidencia que justifique las afirmaciones de que las mujeres trans presentan más fuerza y resistencia respecto a las mujeres cis y que la exposición a testosterona previa al tratamiento hormonal en mujeres trans no condiciona mejores condiciones físicas para el deporte”. Por ello, concluye, “no hay justificación científica para esta discriminación en el deporte”.

“No zanja la cuestión”

Laura Sánchez Amador, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alcalá (UAH), cree que el artículo contribuye de manera significativa a clarificar el estado actual de la evidencia científica en un ámbito con necesidad de interpretaciones prudentes, basadas en evidencia y contextualizadas. “Hemos de tener en cuenta que la aptitud física no constituye una variable única ni estática, sino que está determinada por la interacción entre múltiples factores: endocrinos, nutricionales, el entrenamiento, la salud, la edad, etc.”, señala. “Por ello, para llegar a conclusiones más sólidas, serían necesarios más estudios donde se valoren estos factores en conjunto y no de forma aislada”.

Antonio Guillamón, catedrático emérito de Psicobiología de la UNED, se muestra más crítico con el resultado y cree que hay una discrepancia relevante entre las conclusiones del estudio y las limitaciones reconocidas en la discusión. “Los propios autores reconocen explícitamente que los datos de masa magra y los de rendimiento físico no proceden necesariamente de las mismas cohortes ni de los mismos diseños de estudio, lo que impide establecer correlaciones directas entre masa muscular y fuerza o rendimiento funcional”, explica al SMC.

En opinión de Guillamón, lo que los datos muestran es, como mucho, una ausencia de diferencias detectables en determinadas métricas de rendimiento en el corto y medio plazo, pero no una refutación de la hipótesis de ventajas atléticas inherentes. “Este tipo de formulación puede inducir a interpretaciones simplificadas o sobregeneralizadas que no están plenamente respaldadas por los datos”, sentencia. “La distinción entre ‘no encontrar evidencia’ y ‘demostrar ausencia de efecto’ no es un matiz menor, sino un principio básico del razonamiento científico. En este caso, el estudio aporta información relevante, pero no zanja la cuestión que el propio resumen sugiere haber resuelto”.

Gonzalo Correa González, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE), cree que confirmar que las deportistas transgénero tienen mayor cantidad de masa muscular implica que, con el debido entrenamiento tendrían ventaja en el rendimiento sobre las mujeres cisgénero. “Con mayor cantidad de masa muscular de base y mayor nivel de testosterona hasta la pubertad, el organismo tiene memoria y con el debido estímulo conseguirían desarrollar más capacidad funcional”, asegura.

Carlos Alberto Cordente Martínez, profesor titular de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), cree que es una investigación de alta calidad cuyo resultado, como mínimo, debería llevar a replantear determinados posicionamientos maximalistas en el ámbito del deporte de competición. El problema, opina, es que desde las federaciones deportivas no se trabaja suficientemente en políticas de inclusión de personas transgénero. “La ciencia aún tardará en resolver este asunto; sin embargo, hay jóvenes que están perdiendo su oportunidad de competir y se sienten discriminados por ello”, señala. 

“Por ello, más allá de la necesidad de seguir investigando, creo que resulta urgente explorar fórmulas de participación para deportistas transgénero que no atenten contra el principio de igualdad fisiológica que, supuestamente, debe regir en el deporte”, concluye Cordente Martínez. “Puede que en algunos deportes la solución no sea fácil, pero estoy convencido de que en otros no lo es tanto”.

Daniela va nàixer a Xile i el 2002 va ser adoptada per una família espanyola “catòlica, pròxima a l’Opus i que la va menysprear des que amb 11 anys va començar a expressar dubtes sobre la seua identitat sexual”, tal com explica a elDiario.es Natalia Aventín, presidenta de l’associació Eufòria Famílies Trans-Aliades, entitat que ha donat a conéixer el cas d’aquesta dona després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja confirmat que està legitimada per a reclamar la reparació del “terrible atemptat” contra la dignitat que va patir Daniela després morir.

Aventín relata el calvari que va patir Daniela des del moment en què va expressar la seua voluntat, amb una família adoptiva que “la va internar en una institució religiosa a Cantàbria en què va ser víctima de teràpies de conversió durant mesos”. Posteriorment, explica la presidenta d’Eufòria, Serveis Socials va llevar la custòdia als seus tutors legals i van assumir la seua guarda, fins que, fets els 18 anys i sent ja major d’edat, Daniela va iniciar una vida independent, se’n va anar a Madrid i va aconseguir canviar de nom en el registre civil per a ser reconeguda oficialment com a Daniela, que es corresponia amb la seua identitat de gènere.

Daniela es va suïcidar el 2022, als 21 anys, víctima de les penúries econòmiques i les dificultats emocionals que patia i davant la nul·la resposta per part de la seua família, tal com explica la representant d’Eufòria. La seua família adoptiva “va decidir ignorar la seua voluntat i, en compte de reconéixer la seua identitat i garantir que se la recordara amb el nom pel qual havia lluitat tota la vida, van decidir donar sepultura a Daniela en el mausoleu familiar, en la localitat d’Asp (el Vinalopó Mitjà), sota el seu necrònim i exposant fotografies prèvies al seu trànsit, amb una aparença masculina que ella detestava”.

El 2023 Eufòria, a instàncies d’Alana, amiga de Daniela, va denunciar primer davant l’Ajuntament de la localitat alacantina i posteriorment davant la Generalitat Valenciana, la Fiscalia de Delictes d’Odi i el Síndic de Greuges aquesta situació. No obstant això, cap d’aquestes quatre institucions “va mostrar interés per aquesta circumstància, que atenta de manera continuada contra la dignitat de la difunta, ni per reparar el mal causat”.

El 13 de juny d’aquell any, l’associació va denunciar els pares adoptius de Daniela i l’Ajuntament d’Asp, titular del cementeri municipal, per entendre que havien comés un enterrament “discriminatori” i que la referència en el sepeli amb dades incorrectes i prèvies a la transició de Daniela eren constitutius d’una infracció tipificada en els apartats d i g de l’article 60.3 de la Llei 23/2018 de la Generalitat Valenciana, d’igualtat de les persones LGTBI, que qualifiquen d’infracció greu la realització d’actes discriminatoris i de rebuig i menyspreu públic per raó d’identitat de gènere.

No obstant això, indiquen des d’Eufòria, la denominada llavors Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge “es va negar” a incoar un expedient sancionador i va arxivar la denúncia, afirmant que no era l’òrgan competent per a aplicar la norma esmentada; i això malgrat que l’article 65 de la norma indica que la instrucció dels expedients per infraccions tipificades en aquesta llei correspon a la conselleria competent en matèria de no-discriminació.

Ara, dos anys i mig després, i després d’un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del TSJCV, l’alt tribunal valencià sentencia que els fets estan clarament vinculats i podrien ser constitutius de les infraccions tipificades en els articles de la Llei d’igualtat de les persones LGTBI esmentats anteriorment. En aquest sentit, la interlocutòria argumenta que, tenint en compte que els fets denunciats es corresponen amb conductes discriminatòries per raó de gènere, la instrucció del procediment sancionador correspon a l’Administració autonòmica.

Així mateix, la resolució reconeix que l’associació Eufòria està legitimada per a denunciar els fets i per a recórrer als jutjats per a impugnar l’actuació de la Conselleria; i afirma que una associació que defensa els interessos de les persones i les famílies trans està qualificada i és titular d’un interés legítim col·lectiu perquè s’investigue i se sancione la transfòbia.

L’entitat considera que aquesta sentència “obri l’esperança perquè la dignitat de Daniela finalment es restablisca i, amb això, la de tot un col·lectiu que històricament ha sigut despullat de drets i violentat fins i tot, com en aquest cas, després de la mort”.

Consultada per eldiario.es, la Conselleria d'Igualtat ha explicat que es tracta d'un procediment que es remunta a la legislatura anterior del Botánic, amb una denúncia interposada al juny de 2023 sobre fets derivats el funeral en un cementeri municipal d'una persona trans morta a l'abril de 2022: “La Generalitat va rebre el 13 de gener la sentència del TSJCV, que estima parcialment el recurs interposat per una entitat, i la Conselleria està revisant l'expedient i realitzant les actuacions preparatòries per a atendre la resolució i obrir un expedient que permeta analitzar i determinar si hi ha hagut fets discriminatoris”. I mentrestant, Compromís ha exigit dimissions en el departament que dirigeix Susana Camarero, i que “algú” assumisca responsabilitats polítiques pel que qualifica d’“inacció”, per no aplicar la legislació autonòmica vigent.

Daniela nació en Chile y en 2002 fue adoptada por una familia española “católica, cercana al Opus y que la despreció desde que con 11 años empezó a expresar dudas sobre su identidad sexual”, tal y como explica a elDiario.es Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, entidad que ha dado a conocer el caso de esta mujer después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya confirmado que está legitimada para reclamar la reparación del “terrible atentado” contra su dignidad que sufrió Daniela después de su muerte.

Aventín relata el calvario que sufrió Daniela desde el momento en que expresó su voluntad, con una familia adoptiva que “la internó en una institución religiosa en Cantabria en la que fue víctima de terapias de conversión durante meses”. Posteriormente, explica la presidenta de Euforia, Servicios Sociales le quitó la custodia a sus tutores legales y asumieron su guarda, hasta que, cumplidos los 18 años y siendo ya mayor de edad, Daniela inició una vida independiente, marchó a Madrid y consiguió cambiar su nombre en el registro civil para ser reconocida oficialmente como Daniela, que se correspondía con su identidad de género.

Daniela se suicidó en 2022, a los 21 años, víctima de las penurias económicas y las dificultades emocionales que sufría y ante la nula respuesta por parte de su familia, tal y como explica la representante de Euforia. Su familia adoptiva “decidió ignorar su voluntad y, en vez de reconocer su identidad y garantizar que se la recordara con el nombre por el que había luchado toda su vida, decidieron dar sepultura a Daniela en el mausoleo familiar, en la localidad de Aspe (Alicante), bajo su necrónimo y exponiendo fotografías previas a su tránsito, con una apariencia masculina que ella detestaba”.

En 2023 Euforia, a instancias de Alana, amiga de Daniela, denunció primero ante el Ayuntamiento de la localidad alicantina y posteriormente ante la Generalitat Valenciana, la Fiscalía de Delitos de Odio y el Síndic de Greuges esta situación. Sin embargo, ninguna de estas cuatro instituciones “mostró interés por esta circunstancia, que atenta de forma continuada contra la dignidad de la fallecida, ni por reparar el daño causado”.

El 13 de junio de ese año, la asociación denunció a los padres adoptivos de Daniela y al Ayuntamiento de Aspe, titular del cementerio municipal, por entender que habían cometido un entierro “discriminatorio” y que la referencia en el sepelio con datos incorrectos y previos a la transición de Daniela eran constitutivos de una infracción tipificada en los apartados 'd' y 'g' del artículo 60.3 de la Ley 23/2018 de la Generalitat Valenciana, de Igualdad de las personas LGTBI, que califican como infracción grave la realización de actos discriminatorios y de rechazo y menosprecio público por razón de identidad de género.

Sin embargo, indican desde Euforia, la entonces denominada Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “se negó” a iniciar un expediente sancionador y archivó la denuncia, afirmando que no era el órgano competente para aplicar la citada norma; y ello pese a que el artículo 65 de la norma indica que la instrucción de los expedientes por infracciones tipificadas en dicha ley corresponde a la conselleria competente en materia de no discriminación.

Ahora, dos años y medio después, y tras un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del TSJCV, el alto tribunal valenciano sentencia que los hechos están claramente vinculados y podrían ser constitutivos de las infracciones tipificadas en los artículos de la ley de Igualdad de las personas LGTBI mencionados anteriormente. En este sentido, el auto argumenta que, teniendo en cuenta que los hechos denunciados se corresponden con conductas discriminatorias por razón de género, la instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Administración autonómica.

Asimismo, la resolución reconoce que la asociación Euforia está legitimada para denunciar los hechos y para recurrir a los juzgados para impugnar la actuación de la Conselleria; y afirma que una asociación que defiende los intereses de las personas y las familias trans está cualificada y es titular de un interés legítimo colectivo a que se investigue y sancione la transfobia.

La entidad considera que esta sentencia “abre la esperanza a que la dignidad de Daniela finalmente se restablezca y con ella la de todo un colectivo que históricamente ha sido despojado de derechos y violentado hasta incluso, como en este caso, después de la muerte”.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Igualdad ha explicado que se trata de un procedimiento que se remonta a la legislatura anterior del Botánic, con una denuncia interpuesta en junio de 2023 sobre hechos derivados del funeral en un cementerio municipal de una persona trans fallecida en abril de 2022: “La Generalitat recibió el 13 de enero la sentencia del TSJCV, que estima parcialmente el recurso interpuesto por una entidad, y la Conselleria está revisando el expediente y realizando las actuaciones preparatorias para atender la resolución y abrir expediente que permita analizar y determinar si ha habido hechos discriminatorios”. Y mientras tanto, Compromís ha exigido dimisiones en el departamento que dirige Susana Camarero, y que “alguien” asuma responsabilidades políticas por lo que califica “inacción”, al no aplicar la legislación autonómica vigente.

El caso de los campamentos de Bernedo ha sido “instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no sólo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria (Ikusgune) tras analizar decenas de mensajes en redes sociales y los artículos tanto informativos como de opinión de varios medios de comunicación.

Según señala la investigación, gran parte de estos ataques provienen de sectores de la ultraderecha. “Desde estos sectores ultraderechistas y conservadores se despliega una intensa campaña de odio focalizada en las personas trans. Su retórica se basa en la asociación constante entre el colectivo y conceptos como la pederastia o el adoctrinamiento, buscando generar una reacción social inmediata, emocional y visceral”, recoge el estudio, que sostiene que “este tipo de mensajes no sólo persigue desacreditar el trabajo o la legitimidad de las personas trans, sino también cuestionar su propia identidad”. Se pasa así del ataque individual a la persecución colectiva. En este proceso de deshumanización se construye una “figura pública diana” sobre la que concentrar el miedo y el odio generados. En el caso analizado, dicha carga recae casi exclusivamente sobre una persona de la asociación organizadora de los udalekus, visiblemente disidente de género y que se expresa abiertamente sobre sus experiencias. Esto pone de relieve la intencionalidad tránsfoba del acoso dirigido hacia ella“. En este caso la figura pública diana ha sido Aner Peritz, bertsolari y responsable de la entidad de Euskal Udalekuak.

Debido a que el campamento de verano de Euskal Udalekuak acumula 21 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, los organizadores fueron acusados de pederastia en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Para Ikusgune este no es un fenómeno nuevo. “La acusación de pederastia o pedofilia dirigida hacia el colectivo LGTBIQ+ no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, los movimientos conservadores y ultras han utilizado este recurso retórico para intentar frenar el avance de derechos, apelando a una supuesta protección de la infancia. En la actualidad, estas narrativas encuentran un refuerzo adicional en los movimientos transodiantes. En diversas publicaciones analizadas se observan imágenes manipuladas o simbólicas en las que se representa, por ejemplo, a una persona adulta con aspecto desaliñado, vestida con los colores de las banderas trans o LGTBIQ+, invitando a una niña a entrar a un baño, insinuando intenciones de abuso. En otras, un hombre aparece protegiendo a menores con un escudo con un crucifijo frente a un arcoíris, reforzando la idea de ”defensa moral“ frente a la diversidad sexual y de género. Paralelamente, las personas o medios que denuncian el odio tránsfobo o ponen en duda la narrativa dominante son a su vez acusados de pederastia”, indica la investigación.

Los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo

Lo que supone que en lugar de críticas o ataques individuales, lo ocurrido con Bernedo es, según el estudio, “una campaña estructurada, sostenida y multicanal de discurso de odio tránsfobo y LGTBI+fóbico, en la que confluyen actores vinculados a la ultraderecha, movimientos transodiantes —conocidos también como TERF— y determinados espacios mediáticos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la amplificación del mensaje”. “Lejos de tratarse de una serie de episodios aislados, el estudio permite observar una coordinación discursiva y simbólica que responde a una estrategia común: la de erosionar los derechos de las personas trans, socavar los marcos de igualdad y diversidad y reinstalar valores excluyentes bajo la apariencia de defensa moral o protección de la infancia”, asevera.

Las publicaciones analizadas en la investigación, según Ikusgune, “muestran una clara intención de construir un relato basado en el miedo y la desinformación”. “A través de mensajes repetitivos, imágenes manipuladas y material gráfico de alto impacto emocional, se busca asociar las identidades y derechos LGTBIQ+ con la pederastia, la corrupción o la amenaza hacia los menores. Estas narrativas apelan al instinto de protección social para legitimar la exclusión y la discriminación, transformando el rechazo en una supuesta obligación moral. En este proceso, la infancia se convierte en un instrumento retórico utilizado para justificar el odio y dar apariencia de legitimidad a prácticas que, en esencia, constituyen formas de violencia simbólica y social”, recoge el documento que asegura que “la reiteración de insultos, acusaciones de pederastia, alusiones sexuales y descalificaciones políticas demuestra una intencionalidad clara de humillación y deslegitimación pública, que trasciende el debate de ideas para situarse en el terreno del hostigamiento y la incitación al odio, comportamientos que, de acuerdo con el marco legal vigente, podrían constituir ilícitos penales en la medida en que fomentan la discriminación y la violencia contra un grupo protegido por razón de identidad o expresión de género”.

Otra de las cuestiones que analizan desde el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria es que hay un efecto de “retroalimentación” entre redes sociales y medios de comunicación, donde determinados titulares o enfoques contribuyen involuntariamente a reforzar los marcos de odio presentes en el entorno digital. “Los picos de actividad detectados tras la publicación de determinadas noticias confirman que los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo, generando un ecosistema comunicativo en el que la desinformación y la hostilidad encuentran terreno fértil para su expansión”, señala.

La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios

En este sentido, la investigación plantea la posibilidad de que haya repercusiones legales por delitos de odio por estas publicaciones y comentarios. “Resulta imprescindible señalar que la difusión intencionada y reiterada de mensajes que incitan al odio, promueven la hostilidad o justifican la exclusión de un grupo por motivos de identidad o expresión de género puede tener relevancia penal de acuerdo con la legislación vigente sobre delitos de odio. La frontera entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia se traspasa cuando el discurso no busca el debate, sino la humillación, la deslegitimación o el daño hacia todo un colectivo vulnerable. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que socavan los principios básicos de convivencia democrática al normalizar el acoso, la desinformación y la estigmatización pública de los colectivos minorizados”, indica el estudio.

En definitiva, la investigación sostiene que el caso analizado “ha sido instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no solo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Para evitar que este tipo de sucesos ocurran, desde Ikusgune defienden que “el reconocimiento, la denuncia y el seguimiento institucional de este tipo de prácticas resultan imprescindibles”. “La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios para proteger tanto los derechos de las personas trans y LGTBIQ+ como la integridad democrática del espacio público”, concluye el estudio.

A raíz del caso de Bernedo, el campamento de verano de Euskal Udalekuak que acumula 19 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, estudiantes de la facultad de Comunicación de la Universidad del País Vasco (EHU) han denunciado que varios de sus profesores han aprovechado lo que ha ocurrido para lanzar a través de sus redes sociales mensajes tránsfobos y contra las personas LGTBIQ+. Tras las quejas de los alumnos, la Universidad pública está “analizando” lo ocurrido, según han informado fuentes de la EHU a este periódico.

Desde Eiki, el grupo feminista del campus de Leioa de la EHU, han denunciado los mensajes de los profesores colocando carteles por la facultad. Es una acción a la que, según han criticado, uno de los dos profesores ha respondido con amenazas y gritos. “Queremos denunciar mensajes tránsfobos de dos profesores en sus redes sociales. Por ello, hemos colocado carteles en la facultad, pero uno de esos profesores se ha acercado gritando 'sois unos pederastas y fascistas'”, han lamentado en un comunicado, tras señalar que la actitud del profesor, cuyo nombre no han querido hacer público, ha sido violenta de manera que los alumnos han visto “amenazada su integridad física”.

Este periódico ha accedido a uno de los dos perfiles que lanzan los mensajes en contra de las personas trans, en los que se lee críticas al campamento “trans neoliberal de Bernedo” al “adoctrinamiento en el transgenerismo” y a los “efectos del movimiento queer”. “No sabía que implicaran a los curas en el campamento trans neoliberal yanki de #Bernedo. Ya todos se han vuelto trans. Es orden de la UE, adoctrinamiento en el transgenerismo para acabar con el feminismo. El próximo año lo impone Von der Leyen”, sostiene una de las publicaciones en las redes sociales.

A principios de año otro profesor, en concreto un docente de la facultad de Farmacia, fue investigado por lanzar en sus redes sociales mensajes “fascistas, racistas, tránsfobos y franquistas”. No obstante, denunció ante la Ertzaintza un delito de “suplantación de identidad y usurpación de redes sociales”. Después de la denuncia y de la pertinente investigación de la Ertzaintza, el juzgado de Gernika terminó archivando el caso por falta de pruebas que identifiquen al docente como el autor de los mensajes. Desde la Universidad explicaron a este periódico que teniendo en cuenta que él negó ser el autor de los mensajes en todo momento y la resolución judicial no veían motivos suficientes para apartarlo de las clases.

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de 'Harry Potter', calificó este lunes a la actriz Emma Watson, que encarnó al personaje de Hermione Granger en las películas, como “una ignorante” después de que ésta se mostrara en desacuerdo con su postura sobre las personas transgénero.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, sostuvo Rowling en una extensa publicación en la red social X en la que aseveró que “tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”. Como motivo de esa “ignorancia”, la escritora señaló que se debe a que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

Watson, de 35 años, sostuvo el pasado jueves en el podcast sobre salud mental de Jay Shetty que esperaba “seguir queriendo a personas con las que no necesariamente” tiene los mismos puntos de vista, en referencia a la postura de Rowling sobre las personas transgénero, por la que la autora ha recibido multitud de críticas.

“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, dijo Watson, que apuntó que lo que más le molestó fue “que nunca se pudo mantener una conversación” en ese sentido.

Para Rowling, tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe, que han criticado abiertamente la posición de la novelista, “han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso una obligación- particular de criticar” a ella y a sus opiniones.

“Años después de terminar su participación en Potter siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé”, manifestó, y añadió que “cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección”. También sostuvo que, hasta hace poco, no había conseguido deshacerse “del recuerdo de niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que hablaran en un gran estudio de cine de terror”.

La escritora ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia por sus opiniones y ha protagonizado enfrentamientos públicos con otros actores de la saga cinematográfica como el propio Radcliffe, quien también cuestionó sus posturas sobre el asunto.

Un vigilante de seguridad del Hospital del Mar (Barcelona) ha sido apartado de su puesto de trabajo acusado de una agresión transfóbica al acompañante de una paciente del centro. Los hechos se produjeron el pasado martes 26 de agosto y el colectivo Red Trans ha convocado una protesta este mediodía del sábado a las puertas del hospital para denunciar los hechos.

El Hospital del Mar ha confirmado que la presunta agresión fue cometida por un vigilante de seguridad de una empresa subcontratada por el centro sanitario y que el trabajador ha sido apartado hasta que la justicia aclare los hechos. El centro hospitalario también ha condenado cualquier discriminación y se reafirma en la “tolerancia cero” ante cualquier forma de violencia contra las personas LGTBIQ+.

“En relación al incidente denunciado recientemente por una acompañante de una persona usuaria en nuestras instalaciones, el caso está en manos de la justicia y sigue su proceso”, ha apuntado el Hospital del Mar en un comunicado. “La institución colabora activamente con las autoridades y con las empresas subcontratadas implicadas para esclarecer los hechos con el máximo rigor y transparencia, y con la máxima prudencia”, continua el centro sanitario, que reitera su “compromiso firme” contra cualquier forma de discriminación y violencia.

Red Trans denunció el pasado 27 de agosto que una integrante de la entidad había sido agredida “física y verbalmente” por un vigilante de seguridad del Hospital del Mar. “Fue amenazada, empujada y agredida verbalmente con la impunidad de las instituciones burguesas”, aseguró la organización en las redes sociales. Por este motivo, Red Trans convocó una concentración de protesta el sábado 6 de septiembre frente al Hospital del Mar para condenar y dar respuesta a esta “agresión inadmisible”.

“Pronombres actualizados: Ella/ Despedida”. Así, de esta manera, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha reaccionado en X a una publicación con un pantallazo del perfil profesional de Janelle Marra, hasta ahora subdirectora médica de atención a personas transgénero de la Marina y directora de servicios médicos del centro médico expedicionario Bravo.

El Departamento de Defensa no ha informado oficialmente de las consecuencias del post del jefe del Pentágono, y si ese despido tiene que ver con su puesto en el cuerpo médico o con expulsarla a Marra de la carrera militar. En ambos casos, los protocolos van más allá de un post en X.

“La comandante de la Marina Janelle Marra, natural de Massachusetts, comenzó su servicio naval en el programa de becas para profesiones sanitarias en 2004”, se lee en su biografía. “Actualmente ocupa el cargo de oficial médico superior de las clínicas médicas del MCRD-SD, subdirectora médica de atención a personas transgénero de la Marina y directora de servicios médicos del centro médico expedicionario Bravo”, dice la biografía de Marra.

Usuarios ultras de las redes sociales pidieron a Hegseth que investigara este puesto de trabajo relacionado con las políticas de diversidad que seguía prestando servicio en un centro naval varios meses después de la llegada de la Administración Trump.

En todo caso, el presidente de EEUU, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca con una cruzada contra los derechos LGTBI, uno de sus principales caballos de batalla en su regreso a la Casa Blanca, y al poco de jurar firmó varios decretos para reformar el Ejército, entre los que se encontraba uno que pretendía establecer las bases para la prohibición de las personas trans en las fuerzas armadas.

Así, Trump ordenaba al titular de Defensa, Pete Hegseth, una revisión la política del Pentágono sobre las personas trans. “El servicio militar debe reservarse para quienes estén mental y físicamente aptos para el deber”, escribía el mandatario.

En el decreto, Trump patologizaba a las personas trans y citaba la premisa del departamento de Defensa que establece que los miembros deben de “estar libres de cualquier condición médica o defectos físicos que pueda esperarse razonable que se espera un tiempo excesivo fuera del deber por un tratamiento u hospitalización”. 

Al tratar las personas trans como personas con problemas mentales, Trump alimenta aún más el estigma sobre el colectivo, el cual aún lucha por la despatologización de su identidad. No fue hasta 2018 cuando la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.

“Expresar una ”identidad de género“ falsa que difiera del sexo de una persona no puede cumplir con los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar”, expone el decreto, y dice que: “Más allá de las intervenciones médicas hormonales y quirúrgicas implicadas, adoptar una identidad de género inconsistente con el sexo de un individuo entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal. La afirmación de un hombre de que es una mujer, y su exigencia de que otros respeten esta falsedad, no es consistente con la humildad y el desinterés requeridos de un miembro del servicio”.

El decreto también ponía fin “inmediato” al uso de los pronombres personales que no se correspondan con el sexo biológico al nacer. La orden también establecía que las mujeres trans debían dejar de utilizar o compartir “instalaciones para dormir, cambiarse o bañarse designadas para mujeres”, y los hombres trans no podrán hacer lo mismo con aquellas instalaciones destinadas a los hombres cisgénero. El reverso de esta media sugiere que las mujeres trans tendrán que compartir espacios con los hombres cis, del mismo modo que los hombres trans deberán compartir espacio con las mujeres cisgénero.

Oklahoma realizará exámenes ideológicos a los nuevos profesores para evaluar su alineamiento con lo que el estado considera valores estadounidenses y descartar a “adoctrinadores marxistas” y woke. El test, que constará de unas 50 preguntas, está dirigido principalmente a los candidatos que provengan de los estados de Nueva York y California, dos de los grandes bastiones demócratas del país. La medida supone un nuevo paso de la agenda conservadora que el estado republicano está desplegando en los centros de enseñanza.

“Nos aseguraremos de que solo los mejores y más brillantes den clases en Oklahoma, no los adoctrinadores marxistas”, anunció en agosto el superintendente de Oklahoma, Ryan Walters. “Están tratando de manipular la mente de nuestros niños para convertirlos en luchadores por la justicia social, en lugar de dar a los niños el talento para conseguir un buen trabajo y vivir una buena vida”. Walters justifica la decisión asegurando que los estándares educativos de California y Nueva York son “antitéticos”.

En declaraciones posteriores al Washington Post, dijo que “se trata de un enfoque muy ‘America First [EEUU primero]”, uno de los principales lemas del nuevo Gobierno de Donald Trump. De hecho, Walters ha convertido la medida en otra arma arrojadiza contra el gobernador de California, Gavin Newsom. El líder demócrata se ha convertido en una de las principales caras de la resistencia frente al avance de la agenda trumpista a nivel nacional.

El examen lo redactará la organización conservadora Prager University. Esta plataforma es conocida por crear material educativo patriótico y que enfatiza los puntos de vista conservadores. Sindicatos de profesores ya han criticado abiertamente la decisión como una medida propagandística que desincentivará las solicitudes para enseñar en Oklahoma en un contexto donde hay falta de docentes.

El departamento de Educación de Oklahoma ha compartido algunos ejemplos de las preguntas. Pide decir, por ejemplo, cuáles son las tres primeras palabras de la Constitución, o bien explicar por qué la libertad religiosa es importante para la identidad estadounidense. Walters también dijo que se pediría a los aspirantes poner el foco en “las diferencias biológicas entre los dos géneros”. Actualmente, el estado republicano exige a todos los nuevos profesores que respondan al examen de ciudadanía de EEUU para completar su certificación.

La última de una serie de medidas polémicas

Esta no es la primera medida controvertida que protagoniza Walters. El pasado mes de noviembre, poco después de que Trump ganara las elecciones, el superintendente anunció que su estado sería el primero en devolver “la Biblia a las escuelas” ante el avance de “la izquierda radical”. También apoyó la nueva directriz que ordena a los profesores explicar en las aulas que “hubo discrepancias para reconocer los resultados de las elecciones de 2020”. Una visión que claramente refuerza las teorías de fraude electoral que Trump agitó después de perder contra Joe Biden, y que no tienen ningún tipo de base.

La libertad de cátedra de los profesores y el currículum escolar se han convertido en uno de los principales blancos de la agenda ultraconservadora de Trump. El presidente ya ha puesto en marcha el cierre del Departamento de Educación, que se encarga de financiar buena parte de los programas dirigidos a las políticas de igualdad e integración.

En la guerra cultural por imponer la agenda ultraconservadora en las escuelas del país, Oklahoma se ha convertido en una de las principales puntas de lanza. La censura en torno a temas como el feminismo o las personas LGTBIQ+ ha llegado hasta el punto de que los profesores que enseñan en este estado no pueden hacer referencia a estos temas por el riesgo de perder su licencia. Incluso antes de que Trump aprobara a nivel federal la prohibición de que las personas trans compitan en las ligas deportivas escolares, Oklahoma ya lo había hecho en 2022. Obligaba a los estudiantes a comportarse de la manera que supuestamente corresponde a su sexo.

Nex Benedict, una estudiante no binaria, murió en 2024 después de sufrir un caso de bullying tránsfobo que incluyó agresiones físicas. Walters reaccionó al suceso reforzando la narrativa de odio contra el colectivo. Aseguró que no iba a “impulsar la agenda de ideología de género”. Organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ+ pidieron entonces infructuosamente su destitución.