El auge de las violencias machistas online: los ataques contra feministas se intensifican, pero también las respuestas

Las hemerotecas se han llenado este mes de marzo de titulares acerca de violencias digitales que, en algunos casos, han traspaso las pantallas y se han materializado también en forma de acoso y agresiones físicas. A las denuncias públicas y policiales de Rita Maestre, Ione Belarra, Irene Montero, Tesh Sidi y Antonio Giraldo (así como de la periodista Sarah Santaolalla el pasado febrero) se suman procesos judiciales contra un hombre que enviaba mensajes homófobos a jóvenes por Instagram desde La Rioja o contra los futbolistas que han difundido un vídeo sexual de una jugadora de 14 años en Bizkaia.

Esta misma semana, la Universidad de Murcia ha divulgado una investigación basada en entrevistas a más de mil mujeres que confirma que un 61% de ellas ha sufrido presiones sexuales online y que constata el impacto de la violencia digital en su salud mental, en forma de ansiedad, baja autoestima y miedo a que el acoso se materialice también en la vida física. Una consecuencia es que las mujeres restringen su participación en espacios digitales.

También en marzo, el Gobierno de España y el de México han anunciado medidas para frenar las violencias en línea. Pedro Sánchez ha presentado la Huella del Odio y la Polarización (HODIO), una herramienta para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales. Por su parte, el ejecutivo que preside Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con las principales plataformas digitales (Meta, Google y TikTok) para que incorporen mecanismos de protección de las mujeres: desde campañas para incentivar denuncias a contenidos de sensibilización o la creación de rutas para retirar contenido violento o íntimo no consentido.

Si hace una década el debate público se centraba en las violencias entre la juventud como nativa digital (ahí aprendimos conceptos como grooming o sextorsión), la preocupación gira ahora sobre las acciones más o menos coordinadas desde la llamada manosfera para intentar amedrentar a feministas con proyección pública, como activistas, comunicadoras y políticas. Sin embargo, la victimización constante también se ha traducido en una acumulación de acciones para documentar, contextualizar, prevenir y acompañar los casos de violencias machistas en línea.

Algunos han dado sus frutos: por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condena como un delito de odio las expresiones racistas y misóginas que Justo Huertos Rubio emitió por redes sociales en contra de la comunicadora y activista antirracista Quinndy Akeju. La sentencia demostró que cuando se investigan las violencias, el anonimato deja de ser garantía de impunidad.

Adaptar leyes, reclamar responsabilidad

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 un informe, Las violencias de género en línea, que registró en el Congreso de los Diputados ese año junto con la revista feminista Pikara Magazine y el apoyo de las entidades Calala y Front Line Defenders. Esta acción de incidencia estuvo motivada especialmente por el acoso continuado en redes sociales que habían sufrido colaboradoras de la revista feminista, como Irantzu Varela, Brigitte Vasallo, Silvia Agüero Fernández o Alicia Murillo.

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 el informe 'Las violencias de género en línea': “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales

Ocho años después, aunque lamenta que la iniciativa quedase en un cajón y no recibieran respuesta alguna, Serra valora el carácter pionero de esa demanda de protección que dirigieron al Estado: “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales”.

El siguiente hito en el que participó esta jurista fue conseguir en 2020 que la ley catalana contra las violencias machistas incluyera en su ámbito de actuación las violencias hacia las mujeres en redes sociales y en la esfera pública. “Eso ha significado que en Catalunya todos los agentes implicados en la atención a las violencias han tenido que ser formados sobre esta tipología de violencias. Yo he formado a profesionales de los servicios de intervención especial, a médicos y a psicólogas forenses; los Mossos de Esquadra han sacado su propia guía; hemos creado la línea Fembloc que ofrece asesoramiento tecnológico legal y psicosocial. Hemos abierto camino y hemos intentado que otras leyes se hicieran eco de esta dimensión tecnológica”, condensa.

El siguiente hito fue introducir mediante la llamada ley del solo sí es sí modificaciones de artículos de otras normas, como la de Enjuiciamiento Criminal, de forma que las juezas y jueces de instrucción puedan ordenar la retirada de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento como primera medida de protección. También del Código Penal para poder castigar no solo al primer divulgador sino a quienes republiquen esos materiales.

Sin embargo, lamenta que el gran escollo con el que chocan esos avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, Serra valora el paquete de medidas que anunció en febrero Pedro Sánchez, que incluye la persecución penal a los CEO de plataformas digitales que permitan la difusión de contenidos ilícitos y falsos.

El gran escollo con el que chocan los avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial

La jurista insta a no esperar a que se desarrollen en España las competencias de las nuevas leyes europeas sobre IA o sobre servicios digitales, y apela a la proactividad de diversos actores, desde la Agencia Estatal de Protección de Datos a la Inspección de Trabajo o el sistema de salud, así como incluir las violencias digitales en distintas normas, resume para elDiario.es.

Redes de apoyo

Las históricas huelgas de 2018 y 2019 marcaron un clímax en las luchas feministas, que han sido respondidas con una intensa reacción misógina y supremacista, articulada en redes sociales con participación de actores de extrema derecha o los llamados incels. En España, el Instituto de las Mujeres publicó el pasado mes de diciembre un informe en el que analiza el uso por parte de estos internautas del término “Charo” para ridiculizar, desacreditar e intentar silenciar a mujeres feministas de izquierdas.

Se trata, sin embargo, de una ofensiva globalizada que han instado a atender desde la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión a organismos internacionales de derechos humanos. Ya en 2018, Amnistía Internacional llamó a actuar con perspectiva interseccional contra la violencia de género facilitada por las tecnologías, consideradas como “abusos contra los derechos humanos en virtud del derecho internacional”. Uno de sus hallazgos fue que las mujeres racializadas tenían un 34% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en “contenido abusivo o repetido de carácter nocivo u hostil” y que ese porcentaje se disparaba hacia un 84% en el caso de las mujeres negras.

En México, la colectiva feminista Luchadoras MX ha desplegado un área de Internet Feminista que incluye una Línea de Apoyo contra la Violencia Digital desde la que brindan a las mujeres y disidencias que sufren estas violencias “información, orientación legal, mecanismos de reporte, contención emocional, contención emocional, canalización con autoridades y otras colectivas”.

Los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”.

La forma de acompañar cada caso se adapta a las decisiones y los ritmos de las personas (desde la denuncia al descanso en la actividad digital), pero señalan como coincidencia la importancia de no dejar a las afectadas solas: “Poder contar con redes de apoyo y comunidades que escuchen sin juzgar, que acompañen, que contengan y que validen las emociones que surgen frente a la violencia hace una gran diferencia. Es en esos espacios donde poco a poco se puede volver a tomar aire, ordenar lo que se siente y empezar a recuperar la propia voz”, destacan las responsables de la Línea de Apoyo, Gisel Santos y Paola Rivera Niño.

Desde Luchadoras comparten la preocupación de que la “tecnología avanza más rápido que la capacidad de generar avances regulatorios nacionales e internacionales eficientes, por lo que es importante documentar y no quitar el dedo del renglón ante este fenómeno”. Algunas de las transformaciones que han identificado han sido la generación de nuevas dinámicas que propician una escalada en la intensidad de agresiones como el uso de bots o cuentas automatizadas para coordinar ataques, o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para propósitos humillantes o desacreditantes (los llamados deepfakes).

Añaden que los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”. En la línea de Serra, concluyen que “ya no se trata solo de una agresión interpersonal, sino de una estrategia dentro de conflictos políticos más amplios sobre género, democracia y derechos”.

Más conciencia

La psicóloga Isa Duque, impulsora del proyecto de divulgación Psico Woman, asegura que en las charlas que ofrece al alumnado de secundaria (centradas en el amor pero abiertas a plantear otras inquietudes) apenas están saliendo la cuestión de las violencias digitales, mientras que se repiten las dudas sobre ligoteo y salud mental. “Lo que más salen son temas de control a través del móvil: qué hago si mi pareja me dice a quién puedo seguir y a quién no, qué hago si descubrió que sigue a su ex en redes y lo vivo como una traición…”, añade.

“Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto y autora de la guía de ciberviolencias 'Ponle nombre', que publicó Emakunde

Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto (Bizkaia), es una de las autoras de la guía de ciberviolencias Ponle nombre, que publicó el pasado diciembre el Instituto Vasco de las Mujeres, Emakunde. Una guía dirigida a chicas y chicos jóvenes para promover la identificación de distintas formas de violencia digital, poniendo el foco no sólo en la protección sino en la responsabilidad para no difundir o emitir contenido misógino, e incluyendo también apartados sobre LGTBIQA+fobia, racismo y gordofobia.

Linares cuenta con más de una década de experiencia estudiando y divulgando sobre las violencias digitales en la comunidad educativa. Identifica que las forma de violencia se han ido sofisticando con los años (en tanto que se han sofisticado también los usos de las plataformas digitales), pero prefiere poner el foco en los aprendizajes y recursos desarrollados, desde las pautas de autoprotección a los mecanismos de denuncia impulsados por redes feministas: “Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica.

Celebra que en la comunidad autónoma vasca ha quedado atrás la fase en la que era la policía la encargada de dar charlas sobre ciberviolencias sexuales en las aulas, con enfoques que promovían el miedo y la culpabilización. “Ahora van a las aulas educadoras de consultorías que no siempre están suficientemente formadas en ciberviolencias pero trabajan con perspectiva de género”, cuenta. El siguiente paso, desde su punto de vista, es pasar de esas charlas puntuales por parte de personas externas a una transversalización en el currículum y una implicación de todos los agentes educativos, desde las familias a los servicios sociales. También en este punto, Linares se muestra optimista: “El profesorado está concienciado, dispuesto a colaborar, pero nos tenemos que coordinar para formarlo de manera que no se tope con la mochila de tener que saber también de ciberviolencias. En algunos pueblos se está debatiendo y trabajando en comunidad cómo criar a las niñas y niños en protección digital”.

En ese sentido, no comparte las medidas como la anunciada en febrero por Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años: “¿Qué pasa, que con 17 años ya no vas a ser machista y a producir contenido violento? Hay que trabajar desde la infancia (especialmente con los chicos) para que, si ven ese contenido, les dé tanto rechazo que lo puedan denunciar, y para que se puedan vincular con otros contenidos y tonos sobre masculinidades, feminidades y diversidad”.

¿Y las violencias benevolentes?

La guía sobre ciberviolencias de Emakunde elaborada por Zaloa Lafuente, Estíbaliz Linares e Iratxe Rodríguez dedica un apartado al body shaming, que define como “comentarios, insultos u odio contra todos los cuerpos que rompen con los ideales de belleza establecidos”, y a la gordofobia, entendida como “rechazo y violencia que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Sobre esto último, añade que esta violencia presente en la vida offline “coge mucha fuerza en las redes sociales” y se basa en prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida

Magda Piñeyro, divulgadora y asesora sobre gordofobia, género y diversidad corporal, autora de dos libros sobre el tema, detalla las violencias explícitas gordófobas presentes en redes sociales: “Véase los insultos, amenazas, burlas o el fatshaming, que es como se llama a la exposición púbica de vídeos no consentidos de personas gordas caminando, en gimnasios o comiendo”. Sin embargo, añade una segunda capa, la gordofobia benevolente: “Toda esa amplia gama de comentarios bienintencionados, como las invitaciones a hacer ejercicio, hacer dieta o consultar a nutricionistas”.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida”.

Las recomendaciones de la guía de Emakunde no se dirigen a las personas gordas sino al resto de la ciudadanía: “Antes de recomendarle a alguien que cambie sus hábitos de vida, piensa si de verdad te importa su salud o te molesta su cuerpo. ¿Le harías la misma recomendación a alguien que sube una foto fumando o bebiendo?”.