EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

En Bilbao, el Ayuntamiento no pondrá una pantalla gigante para la final de la Copa del Mundo de fútbol masculina entre España y Argentina. Sí habrá una retransmisión pagada por el PP, partido de la oposición. El alcalde del PNV, Juan María Aburto, ha explicado este viernes que “no hay necesidad ni demanda” y ha remarcado que, en sus casi doce años como regidor, no ha puesto ninguna. En Donostia, otro alcalde del PNV, Jon Insausti, sí la instalará, así como la alcaldesa del PSE-EE de Vitoria, Maider Etxebarria, y el primer edil de Pamplona de EH Bildu, Joseba Asiron, aunque asegura hacerlo con disgusto y para atender a la mayoría política del pleno. Barakaldo, Ermua, Irún o Eibar también emitirán el partido

Aburto ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar el balance del área de Acción Social en 2025 en la que ha sido cuestionado por su decisión de no instalar una pantalla gigante. En ella, ha confiado en que “les vaya bien” a los jugadores del Athletic Club que juegan para España, Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte. A partir de ahí, ha reconocido que no va a ver el partido “con pasión” como ve un partido del club. “Pero creo que eso no es en absoluto relevante”, ha añadido, según recoge Europa Press.

“¿De verdad estamos ante una necesidad social en estos momentos en Bilbao para ver una final al aire libre?”, se ha preguntado. “Nunca he puesto una pantalla”, ha apostillado, citando que tampoco lo ha hecho en las finales del Athletic. “Seguramente, quienes me critican por esto, los mismos u otros, me criticarían por el botellón, por la suciedad y por determinados comportamientos que se produzcan en ese entorno. ¿De verdad creen que hay una demanda generalizada que hace que el Ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?”, ha lanzado también.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento únicamente ha recibido una petición privada para poner pantallas, la del PP, “con absoluta legitimidad y normalidad”. “Lo que hemos hecho es analizarla, ver que cumple con los requisitos y autorizarla, faltaría más”, ha señalado. “Actuamos de manera seria”, ha dicho. “Es una polémica, a mi modo de ver, absolutamente artificial”, ha concluido. Bilbao es candidata a ser subsede de la Copa del Mundo de 2030.

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itsaso Berrojalbiz, del PNV, se mantiene firme en la necesidad de acometer una reforma fiscal en los términos planteados en junio para atraer empresas y profesionales con medidas variadas de fomento incluida, por ejemplo, la bonificación de los seguros médicos privados. Frente a la acusación del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, de que se trata de un proyecto “neoliberal”, Berrojalbiz ha asegurado que la iniciativa está “trabajada” con los socialistas en el Gobierno foral, donde gobiernan en coalición.

El proyecto, considerado en algunos foros como “revolución” fiscal y que llegó a ser presentado en Madrid de la mano de grandes corporaciones y con el aplauso de la CEOE, también ha motivado las duras críticas de EH Bildu desde la oposición, además de las dudas de los socialistas. Berrojalbiz, en una rueda de prensa, ha pedido orillar el “ruido”, la “guerra” o el “sensacionalismo” y entrar a analizar las necesidades económicas del territorio para seguir siendo competitivo.

Ha añadido que los cambios tributarios también ayudarán a combatir la emergencia de vivienda, por ejemplo. “No nos tenemos que despistar”, ha señalado la responsable de Hacienda de Elixabete Etxanobe, que ha insistido en que el Gobierno foral opera con “ambición” y mirando de frente a los “retos”.

Esta reforma fiscal sigue a la de 2025, pactada entre PNV y PSE-EE con Podemos y conjunta para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. También se ha aprobado recientemente la tasa turística, de nuevo con un acuerdo con los morados. En la misma rueda de prensa estaban presentes las responsables de Hacienda de Álava y de Gipuzkoa, Itziar Gonzalo de Zuazo e Itziar Agirre, y no han querido pronunciarse sobre los cambios propuestos en Bizkaia y la polémica abierta por Andueza.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, se ha mostrado convencido de que el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, “no cree en lo que ha dicho” al acusar a su formación y a EH Bildu de pretender aplicar una “prioridad nacional”. Asimismo, ha apelado a “diferenciar la buena marcha de la coalición” de Gobierno entre 'jeltzales' y socialistas de “declaraciones puntuales” que circunscribe a “ponerse ya de campaña electoral”.

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde el grupo parlamentario del PNV en la Cámara vasca está realizando este miércoles una jornada de trabajo, Díez Antxustegi se ha pronunciado de este modo tras las críticas del secretario general. El portavoz peneuvista ha subrayado que su partido “pone en valor la coalición”, que “responde a los intereses mayoritarios de la ciudadanía” de las declaraciones que pueda hacer Andueza, informa Europa Press.

“Estoy convencido de que él conoce el contenido de lo que se ha aprobado en el Parlamento y él sabe que lo que dijo no se corresponde con la realidad”, ha señalado en referencia a la nueva ley de empleo público y el euskera, el foco de diferencias con el PSE-EE y de los comentarios sobre la “prioridad nacional”.

El PNV lleva varias semanas, concretamente desde finales de junio, en un tono muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. Le afea que sea “remolón” -según el calificativo que se ha empleado en ocasiones- en las negociaciones abiertas para cerrar transferencias pendientes del Estatuto de 1979 “antes de agosto”, como acordaron el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, en su última cumbre justo antes de Semana Santa. Este martes, la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera responsable de las conversaciones, María Ubarretxena, ha insistido en que si no hay “contenido” Pradales no regalará a Sánchez la fotografía de otro encuentro en La Moncloa. Y ha añadido, a preguntas de los periodistas, de que el PSE-EE, socio del PNV en Euskadi, está en la misma línea.

Ubarretxena, en su anterior comparecencia, lamentó que el Estado se hubiese convertido en un “frontón” ante las propuestas lanzadas por la parte vasca para profundizar en los acuerdos sobre Seguridad Social y puertos. Dos matices, en el primer caso Euskadi ya ha renunciado a lograr, por ahora, la gestión de las pensiones (del orden de 13.000 millones anuales) para allanar el resto de acuerdos; y, en el segundo caso, los puertos ya están traspasados desde hace más de cuatro décadas con la excepción de los que son de “interés general”, Bilbao y Pasaia, que son parte de la red del Estado aunque con gran poder de decisión para las instituciones vascas desde hace años. El propio Pradales fue consejero del puerto de Bilbao.

Ahora, la previsión es que “este viernes” el Gobierno central envíe a Vitoria sus propuestas sobre los asuntos que están en negociación. Según Ubarretxena, servirá de termómetro para medir si hay o no agua en la piscina para cerrar posibles acuerdos. Ahora mismo, en todo caso, no hay fecha para la reunión de “antes de agosto” y quedan apenas 17 días.

Eso sí, Ubarretxena insiste en que trabajarán “todos los días” para intentar lograr los acuerdos pertinentes. “A trabajo no nos gana nadie. No tiramos la toalla”, ha manifestado. Preguntada por los periodistas por si los socialistas comparten esta posición crítica con Sánchez, la portavoz, que es del PNV, ha dicho que sí. Ha señalado que la estrategia es “de sobra conocida” por todos los miembros del Consejo de Gobierno, y que está “acordada” por “ambos partidos”. Este mismo martes, el líder socialista, Eneko Andueza, tiene una intervención ante el comité nacional de su partido en la que, previsiblemente, realizará su lectura.

Se da la circunstancia de que estos acuerdos, salidos del acuerdo de Sánchez con el PNV para la investidura de 2023, tenían que haber estado cerrados en 2025. Pero algunos de ellos se han ido retrasando. En caso de que ahora, antes de las vacaciones, se cierren nuevos traspasos, no queda claro qué pasará con los temas aún en el aire, particularmente las pensiones. Es algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma y que levanta suspicacias aunque el Estatuto acota que nunca se pone en riesgo ni la 'caja única' ni la solidaridad interterritorial.

Pradales accedió al cargo en 2024 y, desde entonces, ha mantenido una buena relación con Sánchez, más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu. Eso se ha traducido en múltiples encuentros y actos compartidos. Sin embargo, hace unas semanas Pradales ya avisó de que las investigaciones de presunta corrupción en el PSOE empezaban a tener una “pinta horrorosa”. El PNV como partido, por boca de Aitor Esteban, ha pedido también elecciones anticipadas. En privado, la línea de los nacionalistas es clara: la legislatura española solamente tiene sentido si se traduce en avances y medidas concretas.

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dictaba la demolición de un chalé de grandes dimensiones erigido hace más de una década en los terreno del antiguo caserío tradicional de Amezti, una zona no urbanizable, en la que solo se podría haber reconstruido el viejo edificio respetando sus características. Ubicado en el municipio guipuzcoano de Aia, el edificio, de once habitaciones y otros tantos baños, es propiedad de Maite Garrastazu, quien fuera edil del PNV en otro Ayuntamiento de la provincia, el de Zarautz.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 8 de julio de 2026 y cuya ponente ha sido la magistrada Ángeles Huet de Sande, ha inadmitido a trámite los dos recursos de casación interpuestos, uno de ellos por el Ayuntamiento del municipio (en manos del PNV) y otro por los promotores del edificio. Arguye la resolución, sin entrar al fondo de la cuestión, que “no basta la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia lesiona los intereses generales, ni se explicitan las razones por las que la doctrina que contiene la sentencia discutida pueda resultar gravemente dañosa para dichos intereses generales, ni se vincula el perjuicio a tales intereses con la realidad a la que la sentencia aplica su doctrina”. La resolución, que es firme, impone las costas procesales a los recurrentes.

El caso contra la vivienda fue promovido por la Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos, ya que los parapentistas empleaban la zona donde se construyó la nueva casa, conocida como Talaiamendi, para sus actividades de vuelo. También es un lugar con presencia de halcones. Como adelantó este periódico hace casi una década, la vivienda triplicaba en superficie al viejo caserío y, aunque estaba en la misma parcela, no ocupaba ni la misma zona ni tenía la misma estructura. El Ayuntamiento de Aia había ido autorizando los diferentes pasos y, de hecho, había habido una primera sentencia de los juzgados de Donostia que recalcaba que no cabía estimar los recursos porque las obras habían tenido licencia municipal en todo momento.

El Superior vasco, que dictó la sentencia que ordenaba la demolición en enero del pasado año, determinó que es “intrascendente” que la construcción, iniciada en 2014 y planificada desde 2010, encajase o no en la normativa local ya que “la ordenación municipal está subordinada al principio de legalidad” y hay “reglas generales” que marcan que “la licencia para reconstruir en lugar distinto del que ocupaba el caserío Amezti” es “nula de pleno derecho”. Recordaba, además, que existen informes tanto técnicos como fotográficos que acreditan que la construcción no respeta en nada la tradicional, que se encontraba en ruinas.

La izquierda abertzale ha llamado este martes 14 de julio, fiesta nacional de Francia y fecha de las semifinales de la Copa del Mundo de fútbol masculina entre España y Francia, a la movilización a favor de la oficialidad de la selección vasca. Asimismo, los colectivos Gure Esku (en defensa de la autodeterminación), Zazpi Baietz o Gu ere Bai! han convocado a las 17.00 horas una cadena humana entre Irún y Hendaya, la zona fronteriza.

“Los vascos no somos franceses. Tampoco españoles. Somos vascos. Y estamos muy orgullosos. Desde EH Bildu llamamos a toda la sociedad a participar en la movilización. Ese lugar tiene una significación especial. Nos juntaremos en el puente que divide en dos Estados [a Euskal Herria]. Por encima de las fronteras y de las negaciones, aquí hay un pueblo. Euskal Herria no es Francia, ni España. Es una nación propia. Y, como nación, tiene derecho a participar de modo oficial en las competiciones internacionales y a decidir libre y democráticamente su futuro”, ha señalado en un vídeo el dirigente de EH Bildu Arkaitz Rodríguez.

En la grabación aparece con una camiseta verde de la selección vasca con el número 7 a la espalda, el mismo que territorios vascos. Paradójicamente, parte del vídeo está rodado en el palacio de Miramar de Donostia, residencia histórica de la monarquía española. Según Rodríguez, exlíder Sortu, la fuerza mayoritaria de la coalición EH Bildu, la “mayoría” de la sociedad vasca es partidaria de contar con equipos deportivos propios y diferenciados.

El PNV no ha realizado un llamamiento como tal a secundar la movilización, pero dirigentes como Markel Olano o María Eugenia Arrizabalaga sí han expresado en los últimos días en X su adhesión a la selección vasca. En el caso de Olano, que es miembro del Euzkadi Buru Batzar, ha recibido una batería de insultos por hacerlo con una imagen de su hijo con una camiseta verde. En un acto en Madrid, además, el lehendakari, Imanol Pradales, deseó que España pueda jugar en San Mamés pero “contra Euskadi”. “Yo soy de la selección vasca, punto”, manifestó en un acto de RTVE.

La Fiscalía no ve razón para detener la investigación penal por el derribo del edificio Irurak Bat de Getxo a pesar de que las defensas de los imputados, incluidos tres exediles del PNV, hayan intentado neutralizar el caso porque una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo inmueble de la localidad, La Aldea, aludía a que los bienes de la misma categoría que el palacete, la de “custodia municipal”, no tenían por qué tener protección automática. Dos de esos tres exconcejales iban a adquirir una vivienda de lujo en el nuevo bloque que se iba a levantar en ese solar.

El instructor del caso, Marcos Amor, pidió a las partes personadas su criterio en relación a la posible afección del fallo de otra jurisdicción en la causa penal sobre el Irurak Bat. Los imputados corrieron a pedir el archivo, contradiciendo el criterio de la Policía judicial, en este caso la Ertzaintza, que lleva meses insistiendo en que se pudieron cometer delitos contra el patrimonio en el derribo. Como la Fiscalía, PP y EH Bildu, que ejercen de acusación igualmente, también creen que hay que seguir adelante.

“La sentencia que ha sido unida a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa”, señala el ministerio público según una resolución adelantada por 'El Mundo'.

La fiscal, María del Pilar Sánchez Donate, exhibe también su “absoluto respeto” a la sentencia de lo contencioso-administrativo, pero “no se comparte” que pueda justificar la demolición del Irurak Bat, que lleva protegido “desde 1985”. El informe, de siete folios, recalca que mientras que el Ayuntamiento tramitó el expediente del edificio éste siempre tuvo un nivel de “protección básica” que ha de respetarse.

El derribo se produjo en el verano de 2024 y la causa se inició entonces, pero no fue hasta enero de 2026 cuando el caso alcanzó resonancia porque la Ertzaintza entró en dependencias municipales por orden judicial y se incautó de dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde entonces la instrucción ha avanzado al ralentí, con cambio de juez y sin que en ningún momento hayan declarado los imputados o se hayan revisado los aparatos.

Sin embargo, sí son conocidos ya algunos informes técnicos. El propio Gobierno vasco sostiene que era un edificio protegido. Los tres exconcejales, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, dimitieron de sus funciones tras la imputación. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, fue emplazada por PP y EH Bildu a seguir el mismo camino, pero continúa en el cargo aunque ya se ha conocido que no se presentará a las elecciones de 2027.

El Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con las exigencias de euskera de la antigua redacción de la normativa autonómica de empleo público, de 2022. Según ha informado 'Gara' y ha comprobado este periódico, la decisión se adoptó el 23 de junio y no se había hecho pública.

El inciso recurrido decía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. Sin embargo, hace apenas unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una reforma de esa ley de empleo público para modificar lo relativo a las exigencias idiomáticas precisamente por la judicialización de las convocatorias. Se eliminaron los índices generales para fijar el porcentaje de plazas perfiladas dando autonomía a cada institución convocante. Era una propuesta del PNV, el socio de Gobierno, el PSE-EE, la rechazó, pero salió adelante merced a la abstención de EH Bildu.

En una primera valoración, fuentes del Gobierno vasco han indicado sobre la resolución del Constitucional que “a falta de comunicación oficial” y “a la espera de conocer en profundidad la fundamentación jurídica del auto”, esta decisión del Tribunal Constitucional “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. “Se trata, por tanto, de una noticia positiva, ya que el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox”, abundan. Los 'populares', en todo caso, manifestaron su deseo de recurrir la reforma recién aprobada.

Según el Ejecutivo, “la modificación aprobada recientemente en el Parlamento responde precisamente a la necesidad de ofrecer una solución a la inseguridad jurídica existente en relación con dichas convocatorias”. “La reforma aprobada establece tres criterios para determinar los perfiles lingüísticos con criterios de proporcionalidad. Estos criterios se inspiran en la doctrina y la jurisprudencia desarrolladas hasta la fecha en esta materia, la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, así como la planificación y los objetivos de normalización lingüística de cada administración y un modelo que ofrece mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”, opina el Gobierno de Imanol Pradales.

“Hoy contamos con una buena noticias: quedan preservadas las bases del modelo lingüístico de las administraciones públicas vascas; y además el Parlamento ha aprobado una modificación de ley para dotar de más seguridad jurídica sin más exigencias”, abundan estas fuentes oficiales.

Desde EH Bildu también lo ven como una “muy buena noticia”. “Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua”, ha dicho el parlamentario Josu Aztiria. Sin embargo, a la vez entiende que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”. “Seguiremos trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”, compromete la coalición abertzale.

A la luz de las primeras reacciones, la operación de enajenación del pabellón público de la Diputación Fernando Buesa Arena y de las parcelas de aparcamiento de su entorno para que sean adquiridos por el grupo conformado por Saski Baskonia y Deportivo Alavés dispondrá de mayoría política en su tramitación en las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. En Radio Vitoria, el socio del PNV, el PSE-EE, y también el PP han considerado positivo el proyecto presentado este lunes por el diputado general, el nacionalista Ramiro González, y el presidente de la entidad, Josean Querejeta.

Para los socialistas, la valoración es “en principio positiva”. El PP, más claro, ha señalado que “aquí hay un empresario que lleva muchos años haciendo una apuesta muy importante por Álava” y que ha anunciado “más de 150 millones en inversiones”, lo que “a priori es muy positivo” para Vitoria, según Iñaki Oyarzábal.

En el lado contrario, la oposición de izquierdas ha encajado con recelo el proyecto, del que aún no se han dado cifras concretas. “Nos surgen muchas dudas. No vale el sí por el sí. Es una operación muy complicada, muy sensible. Hay que mirarlo con lupa”, ha dicho Eva López de Arroyabe, de EH Bildu. Podemos, de su lado, habla de “pelotazo absoluto”, de “operación inmobiliaria especulativa”. IU también lo ve inaceptable.

A nivel interno, el colectivo Gurea DA, asociación de pequeños accionistas del Deportivo Alavés, ha planteado una batería de preguntas tanto al club como a la Diputación. Entre las segundas, plantean “qué razones impulsan a la máxima institución de la provincia a desprenderse de patrimonio público”. Insisten en que se debería aclarar si el proyecto, que incluye igualmente un segundo edificio para la Universidad Euneiz y una nueva residencia, supone abrir la puerta a un posible traslado del estadio de Mendizorroza a esa zona de Zurbano, una incógnita que Querejeta no quiso despejar en la rueda de prensa.

Para Gurea DA, las instituciones siguen alcanzando “opacos acuerdos privados” con Querejeta sin pensar en el interés público. “Asegurar su titularidad pública es defender la vocación de servicio de una infraestructura estratégica, que garantice el acceso democrático y universal a la cultura y al deporte. Su venta rompe la imprescindible cohesión comunitaria vinculada a todo patrimonio público. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de mejora del Fernando Buesa Arena se basa en dotar a la instalación de palcos y zonas VIP, en lo que es una irrefrenable deriva consistente en transformar espectáculos tradicionalmente populares en propuestas con tufo clasista. El anuncio de su privatización es una pésima noticia [...]. De la mano de esta venta, se da a conocer la ampliación de Euneiz, proyecto educativo también privado y elitista. [...] Lejos de cumplir con su obligación de volcar recursos en la educación pública, nuestras instituciones (ayer la Diputación) aplauden e impulsan proyectos de este tipo, llevando a cabo de esta manera una progresiva privatización encubierta de nuestro sistema educativo”, exponen.

Y agregan: “Como alavesistas no podemos ocultar nuestra perplejidad ante la incesante presentación de ambiciosos proyectos económicos por parte de un club, el nuestro, con evidentes problemas para retener talento deportivo. ¿Nos puede explicar alguien cómo se van a afrontar estas millonarias inversiones sin asegurar antes la única fuente sustancial de ingresos? Resulta innecesario reseñar que dicha fuente de ingresos pasa, sí o sí, por la permanencia y consolidación de nuestro Glorioso en Primera División”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su deseo de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de los presupuestos vascos de 2026. En concreto, el Ejecutivo central cuestiona una enmienda que introdujeron a última hora PNV y PSE-EE para modificar la normativa autonómica de Cooperación de 2024 y levantar el veto a la concesión de ayudas públicas a la industria armamentística o de defensa siempre que estuvieran alineadas con la denominada Estrategia Europea de Seguridad. La sangre no ha llegado todavía al río y, en aplicación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, ambos Gobiernos han creado una comisión bilateral para tratar de resolver las discrepancias de interpretación a nivel político. Fuentes de Ejecutivo de Imanol Pradales confían en que se pueda alcanzar un acuerdo.

El punto de conflicto es la disposición final décima de las cuentas. Es una redacción que no aparecía en el texto original que envió el Gobierno al Parlamento, pero que se introdujo como enmienda, a propuesta de PNV y PSE-EE, en la tramitación. Como justificación, nacionalistas y socialistas explicaron que era necesario retocar una ley muy reciente, la de Cooperación, porque, textualmente, “peligraba” la “movilización de 325 millones de euros en inversión industrial”. Se trataba de proyectos que quedarían fuera si se interpretaba que su actividad era de “doble uso”, militar y civil. Se aludía a ámbitos como la ciberseguridad, el sector aeroespacial y los combustibles renovables.

“Es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco [...]. Son los sectores llamados a construir el nuevo tejido industrial vasco y su desarrollo depende directamente de corregir el bloqueo normativo que hoy impide ejecutar partidas de innovación, internacionalización e I+D+i. Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos”, se indicaba.

Añadían nacionalistas y socialistas que referenciar los proyectos al marco europeo garantizaba “un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional”. Sin embargo, cuando este periódico informó de la enmienda, la Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin denunciaron que PNV y PSE-EE operaron con “nocturnidad” para “permitir la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad.

Según la documentación facilitada al Parlamento Vasco por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que es la responsable de los servicios jurídicos, el Gobierno de España sostiene que esa disposición presupuestaria puede vulnerar las competencias exclusivas del Estado en cuatro ámbitos: la política internacional, la política de Defensa, la política de comercio exterior y la legislación básica sobre contratos. Fue el PP, a través del parlamentario Álvaro Gotxi, el que preguntó al Ejecutivo vasco por este recurso de inconstitucionalidad, del que nunca se ha informado públicamente.

La ley orgánica del Constitucional, en todo caso, habilita un plazo de seis meses para que las partes alcancen una interpretación compartida de la norma en litigio antes de elevar el asunto al plenario de la corte de garantías. Según Ubarretxena, la visión del ejecutivo autonómico es que “puede darse una interpretación” de la enmienda que no implique una invasión competencial. “El Gobierno vasco mantendrá una disposición dialogante en orden a alcanzar un acuerdo interpretativo del precepto cuestionado aclarando las dudas trasladadas por la Administración del Estado anclando el encaje constitucional y europeo del artículo [de los presupuestos], de tal forma que se evite un posible recurso de inconstitucionalidad”, apunta Ubarretxena.

Según las fuentes consultadas, ya se han producido algunos contactos entre ambas partes, se han intercambiado propuestas pero, por el momento, no se ha alcanzado acuerdo alguno. El plazo orientativo para que se aclare el asunto sería septiembre, ya que el artículo 33 de la normativa del Constitucional habla de un máximo de nueve meses desde la promulgación de la ley, que fue votada en el Parlamento a finales de diciembre de 2025.

En paralelo, este lunes la agencia SPRI, dependiente del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, publicó las bases de su programa de ayudas empresariales Zabaldu+ de 2026. En ellas, a la hora de regular las candidaturas que pueden optar a las subvenciones, se asume la redacción de la enmienda y solamente se plantea dejar fuera a las compañías “que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar” al margen de la Estrategia Europea de Seguridad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado acompañado de diez de los que fueron miembros de sus Gobiernos durante sus mandatos de 2012 a 2024 en el homenaje que le ha tributado en Pamplona el PNV de Navarra, que cada año por San Fermín entrega un 'pañuelico' a un personaje que considera representativo. Es una de las reuniones más significativas desde que salieron del Ejecutivo en 2024, hace ahora dos años.

De blanco y rojo, han estado en el acto político el exvicelehendakari Josu Erkoreka, y los exconsejeros Nekane Murga, Gotzone Sagardui, Olatz Garamendi, Juan María Aburto, Estefanía Beltrán de Heredia, Cristina Uriarte, Pedro Azpiazu, Jokin Bildarratz y Beatriz Artolazabal. Se han hecho varias fotografías del reencuentro. En total, Urkullu contó con 17 consejeros del PNV, además de seis socialistas en las dos últimas legislaturas, cuando gobernaron en coalición. De la parte nacionalista han faltado Arantxa Tapia, Ana Oregi, Ricardo Gatzagaetxebarria, Jon Darpón, el independiente Ángel Toña y los dos que siguen ahora en el Ejecutivo, Nerea Melgosa y Bingen Zupiria.

Durante las intervenciones en el homenaje, el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha asegurado que Urkullu “sigue presente en la conversación pública vasca” ahora al frente de la fundación que ha creado, eAtlantic. “Defendiendo el autogobierno, construyendo puentes, ahora también en el ámbito europeo. Porque quien ha dedicado su vida a una idea no deja de defenderla el día que deja el cargo”, ha considerado Esteban.

Esteban relevó a Andoni Ortuzar el pasado año. Fue el expresidente el que tomó la decisión de apartar a Urkullu de la candidatura y de apostar por Imanol Pradales. Fue un movimiento no exento de tensiones internas. Ahora, el de Pamplona es ya el tercer homenaje interno a la figura de Urkullu después del premio Sabino Arana y de un acto en Durango, la localidad donde reside.

Urkullu, también vestido de San Fermín, ha mostrado su agradecimiento y ha destacado que siempre apostó por “fortalecer” el partido en Navarra, mucho más débil en su estructura que en otros territorios y que incluso no usa su marca, ya que está integrado en la coalición Geroa Bai. Antes de ser lehendakari, lideró el EBB también. Ha asegurado que uno de sus ideales políticos es “reforzar el vínculo entre los territorios de Euzkadi”, aunque también “desde el respeto a la propia singularidad navarra”.

El presidente navarro, Unai Hualde, que también lo es del Parlamento, ha logrado en dos días consecutivos que Pradales participase en el chupinazo -donde consideró que las de Pamplona son las principales fiestas vascas- y la visita de Urkullu. Ha destacado que desde la Presidencia vasca fue “de la mano” de Uxue Barkos cuando alcanzó el Gobierno navarro en 2015. Aquello fue “una aportación de primer nivel al proyecto nacional vasco”, según Hualde.

El Ejecutivo vasco ha dado ya por descartada la transferencia de la gestión de las pensiones, más de 13.000 millones de euros, de cara a la reunión bilateral que previsiblemente mantendrán antes del parón vacacional el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como adelantó este periódico. En todo caso, en los puntos relacionados con la Seguridad Social que sí están en negociaciones, como las prestaciones familiares contributivas, las incapacidades temporales o la gestión de las mutuas, el Gobierno autonómico siente que tiene en frente un “frontón”.

La consejera María Ubarretxena, que es a la vez portavoz del Gobierno y la responsable de Autogobierno, ha confiado en que en las “semanas” que quedan hasta esa cumbre -que aún no tiene fecha- se puedan cerrar acuerdos, pero ha añadido que las reuniones de la pasada semana en Madrid no fueron como esperaba la parte vasca. “No, no y no”, fue la respuesta que, según ha descrito, le ofrecieron sus interlocutores del Gobierno central.

“Las últimas reuniones no han ido bien. Como dice el lehendakari, nos hemos encontrado con un frontón. Pedimos al Estado que pase a fase de negociación, que no diga a todo que no. Todavía quedan semanas. Estamos acostumbrados a trabajar contra el reloj. No vamos a tirar la toalla. A trabajo no nos va a ganar nadie”, ha señalado a los periodistas Ubarretxena.

El Estatuto de 1979 prevé que Euskadi gestione el régimen económico de la Seguridad Social, lo que incluye el pago de las pensiones, aunque no la regulación de sus cuantías o que se rompa el sistema único de solidaridad interterritorial e intergeneracional. El PNV apoyó en 2023 la última investidura de Pedro Sánchez a cambio de que a finales de 2025 se completaran todas las materias estatutarias pendientes.

Ese plazo se sobrepasó sin tener todos los acuerdos listos y la pelota se fue lanzando hacia adelante, primero a Semana Santa y luego de cara al verano. Nada se sabe de cuál podría ser el plazo razonable para cerrar lo relativo a las pensiones. No obstante, Euskadi empezará a asumir ya a partir del 1 de enero de 2027 algunas de las partes de la Seguridad Social ya acordadas, como las prestaciones de paro o la gestión del seguro escolar, de poca relevancia económica pero mucha desde el punto de vista simbólico porque será la primera vez que las funciones de la Tesorería General son cedidas a una comunidad autónoma.

En paralelo, el Gobierno vasco aspira a lograr otros acuerdos tanto competenciales como políticos o económicos. La parte del PNV del Ejecutivo vasco insiste con la competencia de puertos, aunque ya fue cedida en 1982 con la excepción de las grandes infraestructuras, Bilbao y Pasaia. Lo de que han planteado los nacionalistas es retirar la etiqueta de “interés general” al de Gipuzkoa para que pueda ser de titularidad autonómica. En otros ámbitos, Pradales ha pedido una junta de seguridad (sobre todo para el control de las armas blancas) y acuerdos de tipo económico.

La investigación penal por el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat está en el aire porque una sentencia de otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, estimó que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Dos de los tres exediles del PNV imputados ya pidieron la finalización de la causa y el tercero lo ha hecho ya también, subrayando que no ve delito alguno en los hechos. Entre las acusaciones, el PP y EH Bildu han presentado ya un escrito en sentido contrario e insisten en que hay indicios de que se cometieron delitos con el palacete.

Los 'populares', que son la principal fuerza de la oposición en Getxo y que, como EH Bildu, acudieron a los tribunales para que se analizase lo sucedido con el Irurak Bat, sostienen que sigue siendo necesario completar la investigación, que lleva semanas parada. El derribo se produjo en 2024 y en enero de este año el caso alcanzó una nueva dimensión con la Ertzaintza entrando en dependencias municipales e incautándose de dispositivos electrónicos, pero la decena de imputados ni siquiera ha prestado declaración y se discute aún qué hacer con los materiales decomisados.

Entre medias, en junio, surgió la nueva sentencia sobre La Aldea y el instructor penal, Marcos Amor, pidió a las partes una reflexión sobre cómo interpretaban su posible afección. Algunos de los imputados, rápidamente, vieron una nueva oportunidad para cerrar el caso. El escrito del PP, en cambio, sostiene que el fallo “no debe paralizar ni obstruir en nada la instrucción del presente procedimiento sino, en todo caso, servir de complemento”.

El abogado del PP, Eduardo Andrade, que es también el portavoz municipal, entiende que los indicios no solamente se fundamentan en los informes de la Ertzaintza, cuya labor está siendo muy cuestionada por los investigados, sino también en “pruebas documentales” sólidas. Cita, por ejemplo, que el área de Cultura del Gobierno vasco, que depende también del PNV, emitió un dictamen que concluye que “en ningún caso será posible su derribo ni total ni parcial salvo informe y previo y favorable” del organismo autonómico correspondiente. Se mencionan, igualmente, otros documentos técnicos en la misma dirección.

Los 'populares' indican también que La Aldea e Irurak Bat son casos “distintos”. En el primero, hubo una “solicitud expresa” de derribo, mientras que en el segundo no se solicitó tal cosa, “sino que utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido”. Para el PP, la demolición fue “premeditada” y recalca que dos ediles iban a comprar una vivienda en la promoción que se iba a levantar en el solar.

La acusación demanda “aclarar todas estas presuntas manipulaciones, presuntos tratos de favor, presunto uso de información privilegiada, en definitiva, los presuntos delitos de malversación urbanística, unos por acción y otros por omisión”. Pide “continuar” la instrucción, retomar las declaraciones pendientes, tanto de testigos como de los imputados, en este segundo caso “de forma inmediata”, y que se ordene la “apertura de los dispositivos electrónicos incautados” por parte de la Policía judicial.

En el caso de EH Bildu, según ha informado Europa Press, recuerda que la sentencia sobre La Aldea no es firme y que, además, no tiene “carácter jurisprudencial”. Añaden que los informes de la Ertzaintza recalcan que “el derribo del edificio Irurak Bat, protegido en custodia municipal, se llevó a cabo con omisión del procedimiento del PGOU y con infracción de la ley”.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, ha asistido este lunes al lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines de Pamplona 2026 desde el interior del Ayuntamiento de Pamplona. Ha afirmado que “es un honor” acudir a la que ha definido como “la fiesta de Euskal Herria con mayor proyección en el mundo”. “Es importante también que el lehendakari esté cerca de los momentos de celebración del pueblo vasco”, ha señalado igualmente.

“Es la primera vez que estoy en el chupinazo aquí en el Ayuntamiento en Sanfermines. No es la primera vez en Sanfermines, porque he venido mucho a lo largo de mi vida, pero es un honor estar en los Sanfermines, que es la fiesta de Euskal Herria con mayor proyección en el mundo y además de la que nos sentimos muy orgullosos”, ha indicado Pradales en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

El lehendakari ha explicado que el año pasado ya fue invitado a asistir al inicio de las fiestas, pero no pudo acudir, y se comprometió con Unai Hualde, presidente del Parlamento y del PNV de Navarra, a asistir este año. “Aquí estamos disfrutando como uno más de estos Sanfermines que espero que sean una maravilla, como suelen ser habitualmente, y que pueda disfrutar la gente”, ha indicado vestido de blanco con pañuelo y faja roja.

“En cualquier fiesta uno tiende a pasárselo bien, pero esta fiesta es internacional, es global, es la proyección de nuestro pueblo en todo el mundo. La oportunidad que tenemos de compartir la fiesta con miles y miles de personas que vienen de todas las partes del mundo también es un momento único y hay que ponerlo en valor”, ha señalado. A continuación, ha destacado que “es el momento de que se vea también la cultura y la identidad de una forma compartida y creo que eso también es algo a poner en valor”.

Pradales, que ha coincidido con la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, ha explicado que tiene con ella “muy buena relación”. “Tenemos muchas cosas en las que colaboramos desde la comunidad autónoma de Euskadi con la comunidad foral de Navarra, pero hoy ya tocaba hablar de fiesta y tocaba disfrutar. Hemos hablado de a ver hasta qué hora se va a quedar ella y que tiene a la cuadrilla de amigas esperándola afuera y quería bajar cuanto antes”, ha bromeado.

Por su parte, el lehendakari ha apuntado que permanecerá en Pamplona hasta la tarde y después regresará, puesto que este martes tiene Consejo de Gobierno en Vitoria, así que “desgraciadamente” sólo estará “un ratito” en Sanfermines. Recordando que también acompañó a la Real Sociedad en Sevilla en la final de la Copa del Rey de fútbol, ha afirmado que “es importante también que el lehendakari esté cerca de los momentos de celebración del pueblo vasco”. “Yo creo que eso es lo que hacíamos en Sevilla y también de alguna manera en Iruñea”, ha señalado.

Quien también ha acudido ha sido el nuevo alcalde de Donostia, Jon Insausti, igualmente del PNV e igualmente de riguroso blanco. “Construyendo puentes entre ciudades, porque las fiestas son muesta de nuestra personalidad. Gora San Fermín!”, ha escrito en X.

La Diputación Foral de Álava y el grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés, dirigido por Josean Querejeta, han alcanzado este lunes un acuerdo para que el pabellón en que disputa sus partidos el Baskonia, el Fernando Buesa Arena, de titularidad pública, pase a manos del club. Ocurrirá lo mismo con el aparcamiento que lo rodea, con centenares de plazas que ahora son de libre uso.

En una rueda de prensa de urgencia, el 'dueño' del edificio, el diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha prometido que la operación urbanística se tramitará con total “transparencia”, con “respeto pleno a la normativa vigente”. Y ha añadido que el grupo de Querejeta abonará a las arcas públicas el “valor real” del activo inmobiliario. Sin embargo, ninguna de las partes ha ofrecido cifras concretas. González sí ha anunciado una ronda de contactos políticos -no tiene mayoría en las Juntas Generales- para buscar el máximo consenso posible, aunque ha emplazado a la oposición a “situarse por encima de la lógica partidista” porque es un plan estratégico para la economía local.

“No se trata de desprenderse de nada. Se trata de activar todo su potencial”, ha dicho González sobre el Fernando Buesa Arena. En contra del criterio que se había sostenido hasta ahora de que el pabellón era más que una cancha de baloncesto porque acogía conciertos y otras actividades, González ha confiado en que esta compraventa permita que las instalaciones de Zurbano ahora sí den “un salto” y que el espacio “deje de estar asociado a los días de partido”.

¿Por qué quiere Querejeta el Fernando Buesa Arena? El grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés tiene un proyecto llamado Ondare que incluye una Universidad, Euneiz, una ciudad deportiva, una residencia y otros servicios, todos ellos alrededor del pabellón. Ahora, según ha indicado, necesita levantar en un par de años un nuevo edificio para Euneiz y una segunda residencia y, para ello, precisa invadir el aparcamiento. Por razones de “seguridad jurídica”, las inversiones recomiendan hacerlo en un espacio de su plena propiedad. Y, además, Querejeta no niega tener “cierta urgencia” en resolver el papeleo.

Según ha indicado el presidente, cuando compre el Fernando Buesa Arena no va a ampliar su capacidad -actualmente de unos 15.000 asientos-, pero sí se acometerá una reforma interna integral. “Tenemos un pabellón que a nivel de ocupación y capacidad es de los importantes, pero se ha quedado en cuanto a servicios muy atrás. Necesitamos espacios para las empresas, zonas VIP, palcos, comida y bebida, ... Son unos servicios que, en este momento, es muy complicado dar. Y no podemos plantear inversiones con solamente 20/30 partidos al año [el Baskonia tiene garantizados un mínimo de 37 entre ACB y Euroliga]. Necesitamos rentabilizarlas”, ha explicado.

¿Podría esto implicar un cambio de nombre y la entrada de una denominación comercial, como ha pasado en tantos recintos? Querejeta ha recordado que fue él quien propuso poner como nombre del pabellón del Baskonia Fernando Buesa, por haber sido el dirigente socialista asesinado por ETA el impulsor del proyecto lustros atrás, cuando el viejo recinto de Mendizorroza se quedó pequeño y Buesa era el diputado general.

Según Querejeta, el grupo compite con Madrid, Barcelona o Valencia con dos clubes en lo más alto simultáneamente pero con una población mucho más pequeña, que no llega a los 300.000 habitantes, por lo que le toca hacer cosas diferentes “para mantenerse en la elite”. “No querernos bajarnos de la elite. Ni en el fútbol ni en el baloncesto [...]. Hemos ganado títulos. Hemos ganado muchos títulos. Queremos seguir ganando muchos títulos”; ha señalado Querejeta, que ha colmado de agradecimientos a la Diputación y a la persona de González.

Querejeta ha pedido a la sociedad de Vitoria que confíe en un proyecto empresarial de “gente de aquí” que promete nuevas inversiones -150 millones en todas las ramas de Ondare, según sus cálculos- y más puestos de trabajo, hasta los 1.200 frente a los 850 actuales. La entidad asegura que todos los cambios le permitirán mejorar su aportación a la Hacienda foral en unos 10 millones de euros adicionales.

En la rueda de prensa, se ha preguntado a Querejeta por el sempiterno proyecto de nuevo estadio para el Deportivo Alavés, que ahora juega en otro recinto público, Mendizorroza, que es del Ayuntamiento. El presidente ha querido evitar “especulaciones” porque la actual ubicación, centenaria, mueve muchos “sentimientos”. Por ello, no ha aclarado si barajan un proyecto en la misma zona de Zurbano. En todo caso, ha destacado que es necesario “un proyecto que dé soluciones para 50 años” en el fútbol porque, entre otras cosas, llevan 9 años invertidos en el viejo estadio.

El presidente ha aprovechado para poner en valor otros proyectos del grupo, como el club Istra, que “compite bien”. “Tenemos un equipo de Primera División en Croacia”, se ha felicitado. Ha recordado que la Universidad Euneiz, cuyo edificio también es propiedad ya del club tras la operación con su anterior titular, Kutxabank, ya ha graduado a su primera promoción y espera que alcance el millar de alumnos y las doce carreras en septiembre, mientras ha apostado por crecer en la Formación Profesional. Se ha quejado también de los retrasos administrativos para mejorar las instalaciones de entrenamiento de Ibaia.

Querejeta cumplirá este otoño 38 años al frente de Saski Baskonia y ya lleva más de una década también controlando el Deportivo Alavés. “Generar recursos. Es lo que nos hace falta para competir”, ha deslizado justo al final de la larga rueda de prensa con González, que ha tenido lugar en planta noble de la Diputación.

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en Bizkaia en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos. Podemos podría conservar uno de los dos junteros logrado en coalición con IU y Equo Berdeak o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación de Bizkaia hecha pública este miércoles, realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio. Los datos reflejan una nueva victoria del PNV, que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasaría de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023) y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros. Mientras, Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio en coalición con IU y Equo Berdeak, caería al 3,7%, de forma que lograría entre cero y un asiento frente a los dos actuales. Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia. Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

Por circunscripciones

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia. Mientras, EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría dos, y mantendría el resto en Encartaciones (tres), Durango-Arratia (uno) y Busturia-Uribe (uno). El PP lograría tan solo un escaño en Bilbao y perdería el segundo, mientras que mantendría el de Busturia-Uribe. Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.

El Museo de Arqueología de Álava, que desde este viernes expone a su entrada una cabeza de Baco que se encontró en el yacimiento arqueológico de Arkaia en 1976, ha cerrado una odisea. Cincuenta años después de su descubrimiento, habiendo estado durante más de cuatro décadas en manos del ex alto cargo del PNV Jon Buesa sin que se tuviese constancia de ello y luego cuatro años más precintado a la espera de resoluciones judiciales, ahora ya lo pueden apreciar todos los que se acerquen a la sala sita en la calle de la Cuchillería de Vitoria. La exposición, titulada 'La odisea de Baco', se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.

La pieza, de pequeñas dimensiones y protegida tras un cristal, se ha rodeado de una serie de paneles explicativos que recogen desde apuntes técnicos hasta nociones sobre legislación. Se apunta que, pese a no tener los atributos del dios Baco —nombre con el que los romanos conocían al que para los griegos se presentaba como Dioniso, deidad de la fertilidad y el vino—, se sabe que lo representa a él por una línea de investigación que se conoce como 'crítica de copias' y que indaga en qué motivos mantenían las copias que se iban tallando. En este caso, son dos los que delatan la atribución de la cabeza: “algunos rasgos iconográficos del rostro (cabello y barba), que son muy similares a los del modelo original griego del siglo V a. C.” y el hecho de que “este tipo de pequeñas esculturas” se fabricasen “en randes cantidades”.

De Arkaia a las manos de Buesa

El yacimiento arqueológico ubicado en la actual Arkaia, uno de los concejos que integran el municipio de Vitoria, se excavó por primera vez en 1976 y desde entonces no ha dejado de brindar sorpresas en forma de restos romanos y prerromanos. Si en un primer momento aparecieron el yacimiento y también las termas mejor conservadas de la zona, unas obras de 2015 propiciaron unas excavaciones que hicieron reflotar también construcciones de los siglos I y II, decoraciones hechas a base de mármol y restos caristios de los siglos I y II antes de Cristo.

Una de esas sorpresas fue el busto del dios Baco. El Museo de Arqueología de Álava expuso a este Baco durante muchos años, aunque con una copia tallada en yeso, que se decidió retirar en el año 2009 en una reorganización de la colección. Pero el original no aparecía.

En 2022, el periódico 'El Correo' reveló que el busto original habría estado durante décadas en manos de Jon Buesa Blanco, exportavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral de la provincia. Hermano del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, ha sido un conocido empresario en Vitoria dedicado a la ingeniería civil. Durante años, ha tenido un despacho en la calle de Manuel Iradier, donde llegaron a estar domiciliadas tres empresas. En el sumario del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Álava, se descubrió que el parque tecnológico de Miñano había simulado un concurso en el que competían entre sí las tres y tras el cual, lógicamente, una de ellas se llevó la adjudicación. Una de esas tres firmas era de su socio Sergio Fernández Oleaga y se llamaba Stoa. Es una de los sociedades clave de la trama, ya que se demostró que Fernández Oleaga abonaba comisiones para recibir contratos.

¿Cómo fue el Baco a parar a sus manos? Se la habría entregado en mano el operario que la distinguió entre los demás restos aflorados en Arkaia en 1976. Por entonces, Buesa fungía como ingeniero de obras públicas de la Diputación de Álava. En una nota de prensa difundida este viernes con motivo de la presentación de la exposición, la Diputación se reafirma en esa idea: “un trabajador localizó el fragmento escultórico y lo entregó al ingeniero responsable. Desde entonces, la pieza nunca llegó a depositarse en manos públicas”. En un primer momento, preguntado por 'El Correo', Buesa se escudó en que la suya era “una réplica idéntica”, como la de yeso que se exponía en el museo, y no la original.

A raíz de estas informaciones de 2022, la Diputación de Álava expresó en un primer momento un 'no' a tomar cartas en el asunto. Poco después, sin embargo, el propio diputado general, Ramiro González (del PNV), salió a defender que el busto debía ser una pieza “pública” que estuviese “en manos de la Diputación”. “Es deplorable cualquier apropiación de un bien patrimonio de todos los alaveses”, se quejó entonces, para prometer, a renglón seguido, que la Diputación haría “todo” lo que estuviese en su mano y “dentro de la ley” para recuperarla. Por aquel entonces también, la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología habló de patrimonio “robado y perdido” y llegó a interpelar al entonces ministro de Cultura y Deportes, el socialista Miquel Iceta. “No sabemos muy bien cómo esta pieza terminó en manos privadas, y en la actualidad las administraciones se desentienden del caso y no investigan el paradero de esta pieza que resulta importante por su escasez en tierras vascas”, aseveró la plataforma.

La Diputación, según ha recordado esta semana, interpuso una denuncia ante la Ertzaintza en 2022. En 2024 la pieza ya estaba en dependencias del Museo de Arqueología de Álava, a la espera de una resolución judicial. Ha sido en 2026 cuando el juzgado ha autorizado a la Diputación a desprecintar la pieza. Antes de exponerla, el Servicio de Restauración ha acometido una intervención. En los paneles que la acompañan en el museo se detalla, paso a paso, el proceso que se ha seguido: primera observación con lupa binocular, toma de datos básicos, fotografías de alta calidad, macrofotografías de los detalles, toma de micromuestras para analizar qué materiales se han añadido al original, pruebas de solubilidad y retirada del recubrimiento de cera y arcilla.

El PNV deja para “después de las vacaciones” una de sus decisiones más cruciales de cara a las elecciones municipales de 2027, la candidatura de la capital, Vitoria. Según constatan varias fuentes internas, los nacionalistas se tomarán todavía unos meses para seguir reflexionando. Como referencia, en la anterior legislatura el anuncio del relevo de Gorka Urtaran llegó en octubre, a siete meses de la cita con las urnas.

El PNV alavés, ahora comandado por Jone Berriozabal, sigue sus propios ritmos frente a lo sucedido en Donostia y en Bilbao. En la capital de Gipuzkoa hace ya casi un año se optó por cerrar anticipadamente la etapa de Eneko Goia, alcalde desde 2015, y porque su sustituto, Jon Insausti, se diera a conocer desde el cargo de alcalde para llegar en mejores condiciones a la primavera de 2027. En este tiempo, Insausti ha ido marcando su propio perfil y liderando debates, como el de repensar la candidatura a ser sede de la Copa del Mundo de fútbol masculina en 2030.

En Bilbao, la decisión está tomada y el perfil del nuevo candidato es similar, pero el tránsito será totalmente distinto. Juan María Aburto, que también es el primer edil desde 2015, no continuará. Sin embargo, terminará la legislatura y su sustituto como cabeza de cartel del PNV, el desconocido treintañero Mikel Hidalgo, asesor del lehendakari, Imanol Pradales, y dirigente del partido en Bizkaia, tendrá que darse a conocer desde fuera de la institución, sin los focos con los que cuenta Insausti. De momento, ya ha concitado el respaldo de los trece 'batzokis' de la ciudad y ha recibido, por lo tanto, el aval de las bases en un proceso en el que se ha constatado tanto la falta de rivales internos como la baja participación.

La de Vitoria es la tercera fórmula. La operación de salida de Urtaran no resultó para nada exitosa. El PNV pasó de primera fuerza en 2019 a cuarta en 2023 con la exconsejera Beatriz Artolazabal, aunque fuentes internas recalcan que los datos que manejaban sobre Urtaran ofrecían unas perspectivas peores. Un dato: con una participación del 58%, en las elecciones forales del mismo día el diputado general, Ramiro González, recibió 23.362 votos en el municipio de Vitoria, por 21.454 de Artolazabal.

Sobre las quinielas de los nombres, el hermetismo interno es total más allá de la posibilidad cierta de que Artolazabal, que en estos años ha ejercido de teniente de alcaldesa de la socialista Maider Etxebarria en un Gobierno de coalición, no vaya a repetir. Artolazabal ha tenido que lidiar con algunos de los conflictos más relevantes de la legislatura en Vitoria, como la eterna huelga de jardinería o la polémica por los taxis.

En el proceso jugará un papel relevante la decisión que pueda adoptar González, que sería ya el único superviviente de aquella generación que llegó al poder local y foral en 2015. No se descarta que pueda continuar. Nadie en el partido duda de que es el mayor activo institucional. Urtaran, de su lado, fue reubicado como miembro del Gobierno foral, aunque en 2024 lideró una corriente crítica contra Berriozabal que reabrió algunas heridas internas que parecían ya superadas de épocas pasadas.

Los rivales del PNV, en todo caso, ya tienen más claras las cosas. La alcaldesa Etxebarria ya se pronunció en 2025 con voluntad de repetir como candidata del PSE-EE y el PP ha confirmado el secreto a voces, que Iñaki García Calvo será su 'número uno' en las papeletas. Las municipales de Vitoria de 2023, aunque no gobierne, las ganó EH Bildu con Rocío Vitero. La coalición abertzale también pospone a después del verano sus candidaturas y Vitero ha sido algo esquiva con la cuestión, pero el líder alavés, Ibon San Saturnino, ha considerado esta misma semana en la Cadena Ser que ha hecho un trabajo “estupendo” en esta legislatura.

Los exconcejales del PNV Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, dos de los tres exediles imputados en la investigación penal por el derribo del edificio histórico Irurak Bat de Getxo y que aspiraban a comprarse un piso de lujo en las nuevas viviendas que se iban a construir allí, han pedido el cierre de la causa, han criticado a la Ertzaintza como Policía judicial y han lamentado el “oprobio” que han sufrido por esta instrucción. A su juicio, por lo recopilado ya en una instrucción en la que ni siquiera han comparecido los imputados y no se han revisado los dispositivos electrónicos que fueron decomisados en su momento, se ha “desinflado el suflé”.

La defensa de estos ediles, que eran pareja y cooperativistas de Ereaga Atalaya, el proyecto que iba a ser levantado tras el derribo del Irurak Bat, ha presentado un escrito para cerrar la causa en el marco del plazo abierto por el juez Marcos Amor, del Tribunal de Instancia de Getxo, para que se analicen los efectos de otra sentencia sobre otro caso, el del edificio La Aldea. En ella, se menciona que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Sin embargo, se trata de un contencioso-administrativo, no de una causa penal.

Con todo, los exediles insisten en que está clara la “inexistencia de delito”, según su escrito difundido a través de Europa Press. Se expresan en términos muy contundentes. Sobre el Irurak Bat, por ejemplo, dicen que “era un casa de vecinos, en bastante mal estado de conservación y mantenimiento, cuyo parecido con un palacete no es ni remoto, que no despertaba ningún interés cultural, histórico artístico en los ciudadanos del municipio y que contaba con el menor grado de protección urbanística (bien de custodia municipal)”.

Consideran que este proceso se ha originado por las “hipótesis erróneas” de la unidad especializada de la Ertzaintza en delitos patrimoniales. La Policía defiende que el Irurak Bat nunca tuvo que ser derruido, una tesis sostenida también por la Fiscalía. Los imputados, por el contrario, inciden en que hay un “interés político” por estirar la investigación cuando no hay base para ello. PP y EH Bildu, dos partidos de la oposición en Getxo, están personados como acusación. Según los exconcejales, “donde mandan los intereses políticos y/o mediáticos la realidad parece superflua”.

Uriarte y Uriarte consideran que han sufrido un “daño muy grave y de casi imposible reparación”. “Han tenido que convivir todo este tiempo con el oprobio, el estrés y la ansiedad que ser expuesto ante la opinión pública como un presunto delincuente causa hasta en las personas con mayor fortaleza”, argumentan sus defensas.