Ildefonso Gurruchaga Ansola (1902-1974) fue responsable de la Fiscalía vasca y asesor jurídico del Departamento de Justicia y Cultura del Gobierno de Euzkadi. Nació en Azpeitia, en el seno de una familia acomodada. Vascoparlante, estudió en los Maristas de su localidad natal primero, el Bachillerato después en Donostia y más adelante Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Con notas sobresalientes marchó a Madrid para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde consiguió el grado de doctor. Los primeros pasos en política los dio durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera: fue concejal del Ayuntamiento de Azpeitia y también primer teniente de alcalde. Se afilió al PNV en 1930 y conoció a José Antonio de Aguirre, que sería lehendakari del Gobierno de Euzkadi y con quien sostuvo una buena amistad.

Aficionado a la historia y la tertulia, participó en actividades para defender y difundir tanto el euskera como la cultura vasca. “Hay un fenómeno de idealización de nuestro pasado, de origen muy antiguo, propio de un país fuertemente tradicionalista como el nuestro”, sostenía. Escribió para diversas revistas vascas. Con el fracaso del golpe de Estado de 1936 y el estallido de la Guerra Civil, se puso al frente del Comité de Guerra en Azpeitia, encargado, dice el libro, de “la requisa de armas, la vigilancia en lugares estratégicos y el control-protección a personas adscritas a la derecha”. Se le reconocen medidas para 'vaciar' las cárceles y librar a personas de represalias.

Huido a Bizkaia por el avance de los sublevados, fue designado director general de Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos del Gobierno de Euzkadi. No tuvo tiempo de desempeñarse en el cargo, porque pocos días después se le nombró responsable de la Fiscalía vasca. El cargo estaba bajo el paraguas del Departamento de Justicia y Cultura, encabezado por el consejero Jesús María de Leizaola. Fue también asesor jurídico del departamento y luego fiscal superior de Euzkadi. Miembro del Tribunal Popular de Euzkadi, dijo que “la justicia aplicada bajo el Gobierno vasco [implicaba] justicia enérgica, pero sin crueldad; ponderada y humana, pero sin impunismo”.

Bilbao cayó en manos de los sublevados y Gurruchaga huyó a Cataluña por Francia. Con Manuel de Irujo de ministro en el Gobierno republicano, desempeñó varios cargos. Ya en 1939 volvió a cruzar a Francia con intención de huir a América, pero se quedó para cumplir tanto con el Gobierno vasco como con su partido. Se dedicó a estudiar el Derecho vasco y a dar clases de Historia. Subraya el libro que “defendió la idea de traducir al euskera los clásicos universales”. Expedientado como “uno de los más acusados enemigos de la causa nacional”, se le impuso una multa de medio millón de pesetas. Finalmente, pasó por Marsella, Casablanca, Veracruz y La Habana para arribar a Buenos Aires.

Ya en Argentina, siguió interesándose por la historia y el euskera, colaboró con el Gobierno de Euzkadi, escribió para medios vascos y trabó relación con otros exiliados. “Voy a poder dedicar cada vez menos tiempo a las labores culturales, pues esta pobreza mía, más que franciscana, tiene un límite”, le escribía en una misiva a Aguirre. Con él había pergeñado la idea de escribir una historia de Euskadi, que nunca llegaría a ponerse negro sobre blanco por la muerte del lehendakari. Regresó a San Juan de Luz y siguió ligado al nacionalismo, como presidente de Euskal Kulturaren Alde y del Instituto de Estudios Sabinianos. Falleció en Donostia en 1974, a los 72 años.

La decisión del juez Marcos Amor de archivar el caso del palacete derribado en Getxo se ha recibido con satisfacción y también con alivio en Sabin Etxea. Tres exconcejales del partido en la localidad estaban siendo investigados en la causa por presunta prevaricación y el sobreseimiento supone un respiro para los nacionalistas. “Se pone fin a una etapa especialmente dolorosa e injusta”, ha señalado el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que ha pedido que se “reconozca el daño que se ha causado” y que “se mire hacia adelante”. Pero el archivo de la causa no ha cerrado la tormenta política desatada en torno al derribo del Irurak Bat, hace ahora algo más de dos años. La oposición prepara recursos ante la Audiencia de Bizkaia y reclama respuestas a todas las cuestiones que quedan abiertas, y que, según señalan, no se responden en el auto del juez.

El portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, no ha dudado de que su formación recurrirá el auto del juez por considerar que este caso del derribo del Irurak Bat, “no tiene nada que ver” con el de La Aldea. El juez ha basado el archivo de la causa en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre una solicitud de derribo del edificio 'La Adea' también en Getxo. En esa resolución, el TSJPV concluyó que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica. El TSJPV también indicaba que entender lo contrario supondría atribuir retroactivamente a aquellos inmuebles un grado de protección superior al previsto por el planeamiento municipal, esto es la prohibición de derribo. El magistrado entiende que las conclusiones alcanzadas en esa sentencia sobre el caso de 'La Aldea' resultan “plenamente trasladables” al de Irurak Bat y que los bienes sometidos a custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica.

Andrade ha considerado además que la instrucción está “en una fase muy inicial” como para archivarla, y faltan las declaraciones “esenciales” del arquitecto Urko Balziskueta y de la funcionaria del ayuntamiento Amaia de Felipe en el procedimiento, “así como la apertura de esos elementos eléctronicos para ver si existe alguna prevaricación, que es lo que se enjuicia a estos investigados”. Unos móviles y ordenadores incautados en los registros de la Ertzaintza y que el juez, al decidir el archivo ha decretado que “no procede autorizar el acceso, extracción, análisis o examen del contenido”, y fija que deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y ser devueltos a sus respectivos titulares, tan pronto como esta resolución sea firme.

En opinión del portavoz del PP en el municipio, la decisión del juez “contradice los informes de la Ertzaintza, la Diputación Foral, el Gobierno vasco, el perito judicial e incluso el propio Ministerio Fiscal”, que defiende que el edificio “tiene protección básica y que, por lo tanto, hay que seguir investigando”. “La defensa de los investigados consigue lo que quería, que no declarase Urko Balziskueta y que no se abran los ordenadores”, en una “continua lucha para que no se conozca la verdad de lo que ha ocurrido, poniendo todos los palos sobre las ruedas de forma continua”, ha denunciado.

El portavoz del PP en el consistorio ha señalado, que con el nuevo plan de ordenación urbana de Getxo, que acaba de entrar en vigor en agosto, el edificio Irurak Bat “no podría haberse derribado en ningún caso, porque la protección que tiene ahora, sea básica o no, impide el derribo total”. “Al final, se demuestra que todas las preguntas regularidades tenían una finalidad, que era adelantarse a la entrada en vigor de este plan y evitar que el edificio no se pudiera derribar”, ha indicado.

Si el PP tiene seguro el recurso, EH Bildu, que al igual que los populares es parte en el caso, está estudiando la resolución con detalle para decidir si “interponer los recursos que en derecho procedan”. El portavoz de la formación en el ayuntamiento, Mikel Bildosola, ha considerado que el auto no repara“ la demolición del edificio ni ”exime de responsabilidad política al equipo de gobierno“. ”Que una conducta “no llegue a alcanzar el umbral del reproche penal no significa que la gestión municipal haya sido correcta”. “El archivo -de la causa- no reconstruye el edificio, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable y no borra las graves irregularidades que constan documentadas en el expediente”, ha denunciado.

EH Bildu ha señalado en este sentido que a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, el Gobierno municipal sigue sin adoptar “medida sancionadora alguna” frente a la actuación que acabó con un edificio protegido. Una “inacción” que resulta especialmente “grave” a la luz de un dato que aporta un informe del propio arquitecto municipal y es que “el beneficio económico que la empresa constructora podrá obtener gracias a haber derribado el palacete asciende a 732.506,26 euros”. Un beneficio, que, según recuerda Bildosola, se obtendrá si se permite levantar las viviendas proyectadas sobre el solar del edificio derribado. “Es decir, la clave está aún en manos del propio Ayuntamiento”.

Además, ha insistido en que en el procedimiento “no se respetó la propia normativa municipal de protección del patrimonio”. “No se abrió el periodo de información pública de 20 días previsto para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones, ni se elaboró el informe específico de protección del edificio que exigen las propias normas del Plan General. Son trámites que la normativa configura como requisitos previos e ineludibles antes de autorizar una intervención de esta naturaleza, y su omisión no es un detalle formal”, ha criticado.

“Cuestiones que siguen sin respuesta”

Por otra parte, EH Bildu ha reiterado que la investigación policial dejó planteadas cuestiones que “siguen sin respuesta”, entre ellas hasta dónde llegaba el conocimiento previo que determinados cargos públicos tenían de lo que iba a suceder con el edificio. “Son incógnitas que el archivo penal no despeja, porque no ha entrado a resolverlas, y que no pueden quedar sencillamente enterradas: más allá del ámbito penal, corresponde al equipo de gobierno aclararlas públicamente ante la ciudadanía y ante el Pleno. La responsabilidad penal y la responsabilidad política son planos distintos, y esta segunda sigue plenamente vigente”, ha manifestado. Por ello, EH Bildu de Getxo ha anunciado que mantendrá su exigencia de responsabilidades políticas ante el equipo de gobierno, “que no puede escudarse en el archivo penal para eludir su rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante el pleno”.

El tercer partido de la oposición en Getxo, Podemos, también ha considerado que tras el archivo del caso, “el patrimonio sigue desprotegido” y ha considerado que “no exime al Gobierno de PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente”. Desde Podemos han recordado que “este no era el caso de dos concejales que chanchulleaban para construirse una casa de lujo”, sino que “era y es el caso de la desprotección del patrimonio que hacen el PNV y el gobierno municipal de Getxo para beneficio de las promotoras inmobiliarias”. “Es este régimen de clientelismo el que ha producido ya la pérdida de mucho patrimonio en Getxo como la Nagusien Etxea, la Haurtzaindegi o, ahora, Irurak Bat, que era un elemento protegido que hemos perdido”, ha lamentado, alertando de que “lo mismo puede suceder en un futuro próximo con otros edificios como los del Puerto Viejo que el nuevo PGOU ha desprotegido”.

“La causa judicial no exime al gobierno del PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente para que se tramitara antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU, que el concejal de urbanismo se reuniera con la constructora antes de otorgarse la licencia, que una de las concejales cooperativista no se abstuviera en junta de gobierno o la multa irrisoria que se impuso a la constructora cuya tramitación ha tenido que volverse a iniciar por no ser acorde a derecho”, señalado desde Podemos.

Frente a ello, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha recibido con “satisfacción” y “máximo respeto” la decisión judicial, “una decisión de especial importancia” para el propio consistorio y para “las personas que durante todo este tiempo se han visto afectadas por el procedimiento”, ha indicado. “Hoy pienso especialmente en todas esas personas y en sus familias”, ha indicado la alcaldesa. “Un procedimiento de estas características no se queda en los juzgados: tiene consecuencias personales, familiares y profesionales para quienes se ven sometidos a él. Han afrontado todo este tiempo con responsabilidad, serenidad y respeto a la Justicia, y hoy quiero trasladarles públicamente mi cercanía, mi reconocimiento y, sobre todo, compartir con ellas el alivio que supone esta resolución”, ha manifestado.

También ha recordado a los investigados el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola: “Es una buena noticia, especialmente para las personas que han tenido que soportar durante meses las consecuencias personales, políticas y mediáticas de una investigación judicial”. “Han actuado con responsabilidad y han asumido incluso responsabilidades políticas cuando las circunstancias lo han requerido, a pesar de que finalmente el procedimiento judicial no haya establecido responsabilidad penal”, ha destacado.

Ansola ha considerado que que el cierre de la causa debe servir también para hacer una reflexión sobre la utilización política de los procedimientos judiciales, y ha considerado “impropia de representantes políticos” la actitud mantenida por el PP y EH Bildu. “Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al PNV”. “Durante todo este tiempo hemos escuchado acusaciones muy graves y se han realizado juicios políticos que han ido mucho más allá de lo que posteriormente ha podido acreditarse en sede judicial”, ha censurado. “Ahora que la Justicia ha hablado espero que quienes hicieron esas acusaciones tengan también la responsabilidad y la honestidad de revisar su actitud”. “Toca reconocer el daño que se ha causado, respetar la decisión de la Justicia y mirar hacia adelante”, ha indicado.

El juzgado de Getxo ha acordado el archivo de la causa abierta por el derribo del palacete Irurak Bat, en el que figuraban como investigadas diez personas, entre ellas tres exediles del PNV de esta localidad vizcaína. El magistrado Marcos Amor afirma en el auto en que archiva la causa que no hubo delito contra el patrimonio histórico ni prevaricación en su derribo, que se llevó a cabo para construir en el solar viviendas de lujo, aunque el auto puede ser recurrido ahora ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El juez basa en su auto para archivar el caso en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre una solicitud de derribo de otro edificio en esa localidad, La Aldea. En esa resolución, el TSJPV concluyó que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica. El TSJPV también indicaba que entender lo contrario supondría atribuir retroactivamente a aquellos inmuebles un grado de protección superior al previsto por el planeamiento municipal, esto es la prohibición de derribo.

Marcos Amor pidió a las partes personadas su criterio en relación con la posible afección de este fallo en la causa penal sobre el Irurak Bat y en el auto hecho público este viernes, el magistrado da la razón a los acusados, ya que, tal y como pedían sus defensas, y en contra del criterio de la Fiscalía y acusaciones, considera que la conclusión aplicable a ese caso es “directamente aplicable al inmueble Irurak Bat”, ya que dicho edificio “no se encontraba inscrito en el registro de CAPV del Patrimonio Cultural Vasco ni en el Registro de Bienes Culturales de Protección Básica, sino que aparecía únicamente incluido en el PGOU de Getxo, como edificio sometido a custodia municipal” y esa era la razón por la que se le atribuía carácter de bien sometido a protección básica.

El magistrado señala que no “cabe atribuir al edificio Irurak Bat, por la sola circunstancia de encontrarse sometido a custodia municipal, el régimen jurídico propio de los bienes culturales de protección básica”. Por lo tanto, si en el momento del derribo del citado palacete, “este no ostentaba la condición de bien cultural de protección básica, sino de bien sometido a custodia municipal, y su derribo constituía una actuación admitida por la normativa urbanística aplicable, desaparece el presupuesto normativo imprescindible para apreciar la concurrencia del tipo delictivo urbanístico”, afirma el magistrado en el auto.

El magistrado afirma que, a pesar de las alegaciones formuladas por las acusaciones en sus escritos, en especial la llevada a cabo por el Ministerio Fiscal, no puede compartir sus razonamientos y cree que se está ante un supuesto de “atipicidad” de los propios hechos investigados“ por lo que procede acordar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, de conformidad con el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ”al no ser constitutivo de delito el hecho que dio lugar a la formación de la causa“. Precisa enel auto que el derribo constituía una actuación admitida por la normativa urbanística aplicable y desaparece el presupuesto normativo ”imprescindible para apreciar la concurrencia del tipo delictivo urbanístico“, sin perjuicio de que en su caso se puedan haber cometido otras infracciones propias del ámbito administrativo, ”las cuales quedan fuera de la órbita del derecho penal“.

Lo mismo sucede respecto del delito de prevaricación investigado, considera el magistrado, ya que “si el derribo del inmueble se encontraba jurídicamente permitido, no puede reputarse penalmente injusta la actuación administrativa dirigida a posibilitar un acto que el ordenamiento no prohibía”, asegura. “Nos encontramos, por tanto, ante una cuestión de atipicidad de los propios hechos investigados” Por ello, procede al sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Además, establece que no procede autorizar el acceso, extracción, análisis o examen del contenido de los dispositivos electrónicos incautados con ocasión de las entradas y registros practicadas en esta causa, y fija que deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y ser devueltos a sus respectivos titulares, tan pronto como esta resolución sea firme.

El palacete Irurak Bat de Getxo se derribó en agosto de 2024 para construir en el solar que lo ocupaba viviendas de lujo de las que después se supo que dos de los entonces concejales del PNV eran socios cooperativistas y habían adquirido unas de estas viviendas. La investigación judicial arrancó el octubre de 2024, después de los partidos de la oposición en el Gobierno municipal -EH Bildu y PP- llevaran el asunto a la Fiscalía, y el caso ha hecho tambalearse el gobierno municipal que PNV tiene en coalición con PSE-EE, al tener imputados en la investigación tres exconcejales -se les apartó del cargo al estar investigados- Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte, los compradores de la vivienda, e Iñigo Urkitza, además de varios funcionarios municipales.

Todos los partidos de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin- pidieron en un convulso pleno la dimisión de la alcaldesa aunque sin conseguirlo en ese momento, aunque meses después anunció que no se presentará a la reelección en las elecciones de mayo.

PNV y PSE-EE han pactado un documento de mínimos para realizar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas fiscales presentadas en Madrid por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento.

El acuerdo marco sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026, del que han dado cuentas los socios de gobierno a través de un comunicado conjunto, tiene el objetivo de “impulsar el arraigo empresarial, favorecer el relevo generacional, fortalecer la participación de las personas trabajadoras, atraer y fidelizar profesionales en Euskadi, mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible”. De momento es una base que tendrá que aprobarse después en las respectivas Juntas Generales de cada territorio. Ni en Álava ni en Gipuzkoa PNV y PSE-EE tienen mayoría, por lo que tendrán que buscar nuevos socios. De hecho, la normativa fiscal que está ahora en vigor se pactó en 2025 con Podemos.

Las medidas acordadas se incorporarán en los tres territorios históricos -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, ya sea en los correspondientes anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas. “Todo ello sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común”, señalan, aludiendo a una máxima que han repetido desde los tres territorios estos meses, en el sentido de que “armonizar no es igualar”.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional con rango de Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas relacionadas con la continuidad empresarial, el arraigo, la fidelización y la atracción de personas y empresas. La evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, incluyendo, cuando proceda, variables desagregadas por sexo. Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Arraigo de las empresas y participación de los trabajadores

En concreto, para dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante cinco años. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. Asimismo, se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los 'crowdfundings' y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de tres millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atracción de profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Vivienda en alquiler

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social. Y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Cuidados y movilidad

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de dos años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. “Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora”. También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas -donaciones y sucesiones de empresa familiar-, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan “abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027”.

La polémica por la propuesta de Bizkaia

Bizkaia presentó su propuesta fiscal en Madrid en el mes de junio, sin consensuarla con sus socios en el Gobierno foral, y tampoco con el resto de los territorios. La propuesta se realizó en Madrid, comunidad a la que se ha acusado desde el nacionalismo vasco en muchas ocasiones de hacer 'dumping' fiscal, y en un acto en el que participó una nutrida representación empresarial encabezada por el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, junto a líderes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y que se deshicieron en elogios a las propuestas vizcaínas.

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, aseguró haber conocido el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y señaló que las reformas fiscales “se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”. Eneko Andueza subió el tono de las críticas un mes después, a mediados de julio, al considerar que se trata de una propuesta con “sesgo neoliberal”. Ambos partidos se han empleado a fondo en los meses de verano para llegar a este documento de mínimos, aunque queda toda la tramitación las Juntas y se ha abierto ya de pleno el periodo preelectoral, y la fiscalidad es siempre uno de los temas centrales de las pugnas electorales.

Tras cerrarse el acuerdo entre las cúpulas de los partidos, la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha considerado que se trata de un “paso adelante” para seguir avanzando en los retos económicos del territorio y seguir avanzando en construir “una economía fuerte y competitiva que ofrezca confianza a las empresas y a las personas que quieran desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en Gipuzkoa”. “Nos esforzaremos sobremanera para alcanzar con los grupos junteros un acuerdo amplio que beneficie al conjunto de las y los guipuzcoanos”, ha señalado.

Los Gobiernos central y vasco han acordado reforzar su colaboración para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Así, coordinarán censos de víctimas y mapas de fosas para “avanzar en el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”. El Consejo de Gobierno vasco, celebrado este jueves en el Palacio Miramar de Donostia, ha aprobado, a propuesta de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el convenio de colaboración entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para “actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Según ha explicado el Gobierno vasco, este acuerdo “permitirá coordinar y actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de personas desaparecidas de ambas administraciones, facilitando su integración y consulta conjunta”, recoge Europa Press. Además, la transferencia mutua de datos e información “permitirá la actualización coordinada de los censos de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas”, lo cual “favorecerá la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, aumentará las posibilidades de identificación de personas procedentes de otras comunidades autónomas fallecidas en nuestro territorio”.

Del mismo modo, el convenio “impulsará la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto del Estado”. Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por “reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas”.

Ayudas de Gogora

Por otro lado, Gogora ha convocado dos líneas de subvenciones, aprobadas también en el Consejo de Gobierno de este jueves, para la recuperación de la memoria histórica y democrática en 2026 por un total de 152.500 euros. Estas ayudas financiarán proyectos de asociaciones y fundaciones, así como la publicación de libros sobre la memoria democrática de Euskadi.

La dotación total se distribuirá en dos líneas, 112.500 euros para proyectos de recuperación de la memoria histórica promovidos por asociaciones y fundaciones de Euskadi, y 40.000 euros para la publicación de libros dedicados a la recuperación de la memoria democrática.

Entre las novedades de la convocatoria dirigida a asociaciones y fundaciones, el Gobierno vasco ha destacado “la eliminación del criterio que valoraba la aportación de recursos económicos propios o procedentes de otras ayudas, con el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones”.

Por su parte, la convocatoria para publicaciones mantiene abierta la participación a entidades radicadas tanto en Euskadi, como en Navarra, y amplía igualmente el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027. Con estas dos convocatorias, el Gobierno vasco ha resaltado que reafirma su compromiso con “la recuperación y divulgación de la memoria histórica y democrática, apoyando el trabajo de entidades memorialistas y fomentando la creación de contenidos que contribuyan al conocimiento y transmisión de nuestra memoria colectiva”.

El PNV ha dado comienzo al curso político este viernes en Zarautz, con la mirada puesta en las elecciones forales y municipales del próximo año y la intención de presentarse como “antídoto” de estabilidad en Euskadi frente a la “incertidumbre”. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha compartido espacio en Zarautz con María Eugenia Arrizabalaga, presidenta del partido en Gipuzkoa, y Garbiñe Oiarbide, candidata a la alcaldía del municipio guipuzcoano. En más de una ocasión han reiterado la importancia del autogobierno y han desmentido que exista “dicotomía entre lo nacional y lo social”.

Tras la reunión de la Ejecutiva del partido a mediodía, el PNV ha dado comienzo al curso político en una semana en la que también se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno vasco, con el lehendakari, Imanol Pradales, al frente. El lehendakari también ha estado presente este viernes en Zarautz, acompañado en primera fila de consejeros de su partido.

Esteban, al que daba el sol de frente al pronunciar su discurso, ha bromeado: “No va a ser fácil dar el mitin. Para los falangistas es bastante fácil estar mirando al sol, pero para nosotros no”. Ha contrapuesto la incertidumbre mundial y del entorno con la “estabilidad” que hay en Euskadi. “Somos un partido que está a favor de los acuerdos y de avanzar y de tomar decisiones. Es un contexto muy complidado por todo lo que nos rodea”, ha señalado. En cualquier caso, ha tenido críticas para varios partidos: de EH Bildu ha dicho que va “al ralentí”, mientras que al PP le ha exigido que “limpie el ático de Ayuso antes de hablar del PNV”, en en alusión al caso en el que está envuelta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En las elecciones forales y municipales del año que viene, ha dicho, estará en juego la Euskadi que se quiere para las próximas generaciones. “Cada vez que ha habido una crisis, esta nación se ha levantado”, ha dicho después, intercalando castellano con euskera. “Creemos que somos una nación y que tenemos todos los derechos a serlo y a autogobernarnos”, ha añadido, para recalcar que defender la nación vasca va a ser “siempre” su prioridad. “El dilema entre construcción nacional y social no existe. Construir una nación es construir bienestar gracias al autogobierno”, ha defendido.

Arrizabalaga, por su parte, ha sostenido que “el mundo no está mejor que hace un año” y que el PNV es “la mejor fórmula” para hacer frente a “la incertidumbre”. “Estamos preparados. El mejor antídoto es la confianza, y el PNV es un partido fiable, con un largo recorrido, que conoce el pueblo y que demuestra esa fiabilidad en las buenas y en las malas”, ha sostenido en euskera. Ha dicho, además, que la política española no es más que “alboroto”, con “ruido”, “descalificaciones”, “polarización” y “áticos”.

Parafraseando las palabras de Pradales sobre la crisis de Ceuta, Arrizabalaga se ha preguntado cómo es posible que el PSOE y el PP no alcancen un acuerdo de mínimos. “Nosotros tenemos un proyecto político, uno solo. Y tiene el nombre de Euskadi. Tenemos identidad nacional, la nuestra”, ha subrayado después. “El PNV está como ha estado siempre, trabajando”, ha añadido.

Esteban también ha hecho referencia a la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de España. “Ha sido nefasta. Ocho ministros, cada uno por su lado, haciendo declaraciones contradictorias”, se ha quejado. “La migración debe ser gestionada, no improvisada. No se puede improvisar a golpe de ideología o de circunstancias sobrevenidas y necesidades de voto”, ha dicho después. En una materia que, según ha sostenido, es “complicada”, el PNV no quiere caer ni en una “ideología buenista simplona” ni en “demagogia racista y xenófoba”. “Ni nos gusta la improvisación del Gobierno español ni el circo parlamentario que quieren montar otros”, ha apostillado.

Antes, ha llegado la presentación de Oiarbide. “El relevo en Zarautz tiene nombre de mujer: 'abertzale', miembro del partido, comprometida, conocedora de los asuntos municipales y trabajadora”, se ha dicho sobre la candidata al comienzo del acto. “Comprometida con Zarautz, comprometida con Euskadi”, ha dicho Oiarbide. “No miramos al pasado, sino al futuro, pero sin olvidar de dónde venimos. Las raíces en el suelo, la cabeza en alto y la mirada hacia el futuro”, ha añadido, en un discurso que ha pronunciado plenamente en euskera.

En el otoño de 1937, el Gobierno de Euzkadi, creado un año atrás, ya en plena Guerra Civil, se reorganizó en un palacio del 60 del paseo de Gracia de Barcelona, entonces conocido como calle de Pi i Margall. Aquel Ejecutivo era una coalición del PNV con las fuerzas del Frente Popular, los nacionalistas de ANV, los comunistas del PCE, los partidos republicanos IR y UR y, sobre todo, el PSOE. Sin embargo, el secretario general de aquella “Delegación del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” era de otro partido más, de ERC. Se llamaba Ricard Altaba i Planuch.

Altaba i Planuch, que había sido teniente de alcalde de la ciudad en la II República y que pudo salvar la vida en un exilio que le llevó a Francia y México tras ser condenado a muerte por el franquismo, falleció en 1994 pero, antes de hacerlo, donó al histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti abundante material de aquellos años. El material incluye fotografías y, sobre todo, un directorio con personal al servicio del Gobierno de Euzkadi allí instalado. El documento sale a la luz coincidiendo con el inminente nonagésimo aniversario del Ejecutivo autonómico. Se pueden leer aquí las biografías de todos sus integrantes.

¿Cómo llegó el Ejecutivo a Barcelona? El Gobierno de Euzkadi nació el 7 de octubre de 1936. En junio del año siguiente, los sublevados conquistaron Bilbao y, después, controlaron ya todo el territorio vasco. El lehendakari, José Antonio de Aguirre, y muchos de sus consejeros pasaron a Francia pero regresaron a España para continuar con su actividad en Catalunya, aún bajo control republicano.

El historiador Ludger Mees explica que la delegación, inicialmente, empleó un piso de la calle de Valencia que ya era usado por el denominado “secretariado vasco”, una verdadera delegación preexistente. Había sido cedido por la Generalitat, que mantenía muy buenas relaciones con la nueva autonomía vasca. Pero la nueva “delegación” era más que eso y necesitó más espacio. Es cuando se fue a una mansión al paseo de Pi i Margall, una de las principales arterias de Barcelona.

El gabinete ya no llegó al completo a Barcelona. Alfredo Espinosa, republicano y consejero de Sanidad, había sido fusilado. Partidos como el PCE, IR e incipientemente también el PSOE empezaban a cuestionar la hegemonía del PNV en aquella coalición. El directorio de Altaba i Planuch es de septiembre de 1937, es decir, justo de un mes antes de la llegada de Aguirre. Figura como delegado general Luis de Areitioaurtena, que tenía un salario de 2.500 pesetas. Su secretario se llamaba Guillermo Ruiz Alegría. Había también un representante comunista, José González Maroto, y otro socialista, Manuel Enjuto Rubio. Altaba i Planuch percibía 1.250 pesetas.

Una de sus ayudantes era una mujer, Maritxu Zagala. También había otras dos auxiliares en la delegación de Asistencia Social, Rosalía Gumma y Rosario Cuevas Ametller, dos en el Departamento de “Guerra”, Ramona Tellería y Juana Dañobeitia, y otra en Hacienda, Carmen Radua. Dañobeitia era la persona con el sueldo más bajo de toda la delegación, 300 pesetas. El resto cobraba 450 o 500, en la zona baja de las nóminas.

El Gobierno de Euzkadi se mantuvo en Catalunya hasta febrero de 1939, cuando Aguirre, en compañía del 'president' catalán Lluís Companys, con quien había tenido un trato continuo, cruzó la frontera francesa. Iban a hacerlo también los máximos dirigentes republicanos, Manuel Azaña y Juan Negrín, pero se adelantaron finalmente. El Ejecutivo vasco pasó entonces a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que había sido comprado por el PNV mediante testaferros.

La Filmoteca España conserva unas películas que recogen actos de Aguirre en Catalunya. Están en catalán y forman parte ahora del archivo de RTVE. En ellas aparece un festival de danzas catalanas y vascas en Montjuic, una visita a Montserrat y también un encuentro con las milicias vascas —con ikurriñas en sus boinas— que seguían combatiendo en la Guerra Civil contra los sublevados, aunque el grueso de los pelotones del PNV se habían rendido en Santoña ante la Italia fascista. Se pueden ver aquí los vídeos.

En Catalunya hubo también hospitales vascos, llamados Euzkadi, Gernika y Otxandiano. Aquel primer Gobierno de Euzkadi emitió pesetas propias, monedas de 1 y 2 y una tirada de billetes de banco. Tuvieron una mínima circulación en el territorio vasco, principalmente en Bizkaia, pero algunos de ellos fueron introducidos en Catalunya dada la escasez de efectivo en plena Guerra Civil. Esas pesetas vascas llevaban un sello que ponía “Delegación de Hacienda del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” y adquieren actualmente un gran valor entre coleccionistas.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha vivido su último Día de la Virgen de Begoña como regidor de la Villa reivindicando la necesidad de “recuperar la política como lugar de encuentro”, basada en el “respeto” y la “convivencia”, y ha dedicado su último aurresku a la ciudadanía en agradecimiento al “cariño, la cercanía y la ayuda” recibidos durante sus doce años al frente del Ayuntamiento.

Aburto ha realizado estas declaraciones tras participar en la homilía, presidida por el Obispo de Bilbao, Joseba Segura, con motivo de la festividad de la Virgen de Begoña, en un día que ha calificado de “especial” y “relevante”, tanto por tratarse de su última celebración como alcalde de Bilbao, como por el día en sí.

El primer edil ha estado acompañado de la mayoría de miembros de la corporación municipal, así como de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quienes han acudido a la misa del Obispo de Bilbao que se ha prolongado durante aproximadamente 45 minutos.

Durante la misma, Joseba Segura ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de los terremotos de Venezuela y Colombia, ha agradecido a los feligreses su presencia, que han tenido que soportar un intenso calor en el interior del templo, y les ha recordado que a partir del próximo mes de octubre empezarán unas obras arqueológicas en el suelo de la Basílica, por lo que se desconoce si el año que viene se podrá repetir esta misa en este mismo emplazamiento.

Tras la homilía, Aburto ha hecho declaraciones a los medios en las que ha abogado por recuperar el valor de la política “como lugar de encuentro desde la posición de cada uno”, algo que ve “más necesario que nunca”. “Política como encuentro basada en el respeto y la convivencia, tenemos, yo diría, que la obligación urgente de recuperar ese espacio”, ha afirmado.

Asimismo, ha tenido un recuerdo para las personas que atraviesan “situaciones de enfermedad, riesgo de exclusión social”, y en este sentido, ha trasladado que el Ayuntamiento de Bilbao quiere prestarles apoyo “en la medida” de lo posible. Finalmente, ha expresado su deseo de que Bilbao continúe siendo “una ciudad que evoluciona”, una ciudad “con presente y, sobre todo, futuro”.

Preguntado por cómo afronta su última Aste Nagusia como alcalde, ha destacado que el llamamiento tiene que ser el de “disfrutar” y “que reinen la alegría, la convivencia, el respeto entre todas las personas”. “En fiestas, fiestas y nada más”, ha zanjado.

Aurresku de agradecimiento

Tras comparecer ante los medios, el regidor bilbaíno y la representación institucional se ha dirigido a la Plaza Juan XXIII donde, como es tradición, el grupo de dantzas Beti Jai Alai pide permiso al alcalde para bailar.

Aburto, tras conceder el permiso con la condición de bailar él primero, ha explicado que ese aurresku representa para él un gesto de agradecimiento. “¿Qué quiero expresar con intentar bailar el aurresku delante de vosotros y de vosotras? Han sido 12 años y es un momento para mí especial, es un momento relevante”, ha señalado.

“Agradecimiento por vuestro cariño, por vuestra cercanía y por vuestra ayuda”, ha dicho, para añadir que “con humildad, permitidme bailaros este aurresku”.

Después de la coreografía, los dantzaris de Beti Jai Alai han llevado a cabo sus bailes en una Plaza Juan XXIII abarrotada de gente. En los alrededores de la Basílica de Begoña, durante los bailes y la misa, miles de personas se daban cita para probar las tradicionales rosquillas, los pasteles vascos o degustar un talo con chorizo.

Los vendedores de postres y productos típicos han coincidido en destacar la gran afluencia de personas que se han dado cita este año, en cifras superiores al pasado año, ya que muchos han asegurado haber “vendido bastante más”. El cielo ha estado nublado durante toda la mañana y apenas han caído unas gotas antes del inicio de la misa.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, que es la que dirige el área de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha asegurado este jueves que “no aceptará derivaciones impuestas” de menores llegados a Ceuta. El director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra, ha asegurado que los recursos de las diputaciones forales —que son las que tienen la competencia de tutela de menores extranjeros— están por encima de su capacidad y ha añadido que se debería barajar como primera opción la devolución a Marruecos.

Ezkerra, en una comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación tras la reunión de la comisión sectorial interautonómica convocada por la ministra Sira Rego, de IU y de la coalición Sumar, ha dicho que el Estado no tiene que optar como “primera opción” por “repartir” menores. Asegura que el “interés superior del menor” recomendaría explorar otras opciones legales como “adoptar todas las vías para localizar a sus familias” y “valorar una posible reunificación”. “La primera obligación del Estado no es repartir menores, es proteger a los menores”, ha señalado.

Se da la circunstancia de que, el pasado año, el viceconsejero Xabier Legarreta, superior jerárquico de Ezkerra, vio “xenofobia pura” en una propuesta del líder del PP vasco, Javier de Andrés, para priorizar la devolución a Marruecos en vez su distribución en las comunidades autónomas españolas. Consideró “un asco” que el dirigente 'popular' escribiera en X que lo más “conveniente” para los menores extranjeros llegados a Canarias sería enviarlos a su país de origen. El PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo vasco, también atacó al PP por hacer ese planteamiento.

Preguntado por ello, Ezkerra ha asegurado que “probablemente” De Andrés usó otras “connotaciones” para hacer su propuesta, lo que motivó la respuesta de Legarreta. “Proteger antes que repartir”, ha insistido para añadir que Euskadi “es solidaria” y que lo seguirá siendo en el futuro. El Gobierno vasco no ha dado las cifras actualizadas de menores acogidos. Ezkerra se ha escudado en que es una competencia foral. Con todo, en Radio Euskadi, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, también del PNV, sí ha dado las cifras de su territorio. Ha indicado que están tutelados 584 menores migrantes cuando la capacidad ordinaria sería de 200.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, tiene ya listo el borrador de la ley de “agilización y simplificación administrativa”, uno de sus compromisos de la legislatura aunque, inicialmente, fue prometido para 2025 y acumula ya meses de retraso. El texto quedó ya listo y firmado el 30 de julio, el último día antes de la festividad de San Ignacio y el parón estival, para su aprobación posterior en el Consejo de Gobierno —finales de 2026 es el último plazo público dado por Ubarretxena— y su remisión al Parlamento, donde PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta para sacarla adelante.

El articulado, de 152 folios y al que ha tenido acceso este periódico, incide en la necesidad de avanzar hacia una Administración más cercana y accesible, pero subraya también el derecho de la ciudadanía a ser atendida en pie de igualdad en ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, con varios artículos 'ad hoc'. La norma también pretende retocar una batería de leyes ya en vigor, en concreto la del sector público vasco, de 2022, la de elaboración de disposiciones, también de 2022, la de Gobierno, de 1981, la municipal, de 2016, la del Consejo Económico y Social, de 2012, o la de la Comisión Jurídica Asesora, de 2004.

El anteproyecto, en todo caso, llega con un informe jurídico crítico con el contenido presentado. Ese dictamen interno destaca, por un lado, que el “objeto” de la ley no parece que sea “claro” y, por otro, recomienda que se deberían “marcar unos hitos o proponer acciones más concretas”. Llega a afirmar que algunas de las cosas que se plantean son ya medidas contempladas en otras leyes y, “por lo tanto, no parece que sea necesario volver a repetirlas”.

Uno de los casos en que se discute esa cuestión es precisamente el artículo que establece el derecho a recibir atención en ambas lenguas oficiales, algo previsto en un decreto de 2023 en similares términos. El Gobierno responde que esta ley va mucho más allá de la Administración autonómica, el ámbito regulado por el decreto, y que ahora se extiende “a todo el sector público vasco”. El informe del área de Cultura y Política Lingüística, por el contrario, sí estima que se hacen aportaciones “valiosas” a la normalización del euskera por realizar una oferta “activa” de la atención en esa lengua, por insistir en la plena igualdad con el castellano y por arbitrar medidas para que el uso del idioma se haga con “calidad”.

Públicamente, la consejera Ubarretxena ha defendido que esta ley servirá para la “reducción de cargas innecesarias”, para fijar “el principio de que la ciudadanía sólo aporte un dato una vez” y que no se le reclamen documentos que ya obran en poder de la Administración y para “la fijación de plazos más cortos y previsibles, un modelo basado en la confianza mediante declaraciones responsables y la revisión continua del funcionamiento administrativo”. En todo caso, la ley prevé también obligaciones y no solamente derechos para los usuarios. Por ejemplo, se les requerirá “puntualidad” o que avisen si no acudirán a citas programadas.

El borrador, por ejemplo, regula ya el uso de la inteligencia artificial en la Administración. Así, en el artículo 14, relativo al “lenguaje no sexista”, se indica que “se fomentará la utilización de herramientas basadas en sistemas de inteligencia artificial que automaticen la auditoría del lenguaje no sexista”, por ejemplo. También se usarán estas aplicaciones para hacer textos con “lenguaje claro”, reza el artículo 15.

“Es necesario continuar abordando líneas de actuación encaminadas a profundizar en el compromiso de una Administración más cercana, sencilla, eficaz y eficiente, poniendo a la ciudadanía en el centro; orientando aspectos de proceso, procedimentales e instrumentales hacia la racionalización, agilización y simplificación administrativa y la reducción de cargas, esfuerzos y costes dedicados [a ellas]. El anteproyecto de ley constituye una nueva iniciativa para abordar la desburocratización de la Administración pública explorando nuevos mecanismos para operar de manera eficiente, ágil y adaptada a todo tipo de personas, un pilar fundamental para, en definitiva, mejorar la atención a la ciudadanía en todos los canales disponibles y facilitar el día a día de las personas que viven en Euskadi”, justifica el Ejecutivo.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, del PNV, ha propuesto un gran pacto para hacer de Bizkaia un “territorio de oportunidades”, que apoye a quien emprende e innova, y para que ningún joven “tenga que elegir entre su tierra y su talento”. Asimismo, ha afirmado que “los pueblos serios no niegan sus problemas”, sino que “los resuelven, sometiéndolos a deliberación y pactando”.

Etxanobe ha realizado estas declaraciones en la tradicional recepción institucional con motivo de la festividad de San Ignacio celebrada este miércoles en el Palacio Foral de Bizkaia, a la que ha asistido el lehendakari, Imanol Pradales, junto a sus consejeros en el Gobierno vasco y diputados forales, además de numerosas personas representativas del tejido económico, social y cultural vasco, informa Europa Press.

“Si hace 500 años nuestros antepasados escribieron el Fuero Nuevo, escribamos juntos los nuevos fueros de Bizkaia, no en pergamino, sino en hechos”, ha manifestado también. Etxanobe ha propuesto “menos palabras y más obras” y “cuatro compromisos, cuatro pactos de esta generación con las siguientes”, haciéndolo “como se ha hecho siempre lo bueno en esta tierra, a la vizcaína, trabajando, acordando y cumpliendo lo acordado, sin ruido, sin promesas de más, con la palabra dada por delante y con el aval del trabajo hecho”.

Según ha remarcado, tres de esos pactos que propone “no son una promesa para mañana”, sino que están en marcha “desde el comienzo de esta legislatura”. Así, ha abogado por un pacto de cuidados, para que “nadie quede atrás, ni quede solo”. “Una Bizkaia que cuide a sus mayores, proteja a su infancia y acompañe a quien atraviesa un mal momento”, ha planteado, para advertir que “los cuidados no son un gasto, son la medida exacta de nuestra civilización”.

También ha abogado por un pacto “para cuidar el territorio” y para “convivir en igualdad”, a lo que ha sumado “un nuevo pacto para crear oportunidades, al servicio de todas las personas de esta sociedad, para apoyar a quien emprende y a quien innova”. “Para un empleo estable y de calidad, para una industria competitiva y con raíces y para que ningún joven tenga que elegir entre su tierra y su talento”, ha agregado. “Queremos que se queden, y a quienes se fueron, decirles bienvenidos a casa de nuevo, aquí tenéis vuestro sitio. Bizkaia, territorio de oportunidades”, ha dicho.

“Tenemos la herramienta para construir ese pacto: el Concierto Económico, una fiscalidad propia, justa y moderna, que pide a cada cual según sus posibilidades”, ha añadido. Bizkaia acaba de presentar un nuevo proyecto con medidas controvertidas como la bonificación de los seguros médicos privados.

Asimismo, Etxanobe ha resaltado que este año se conmemora el V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, “un texto nacido del pueblo, que fue dialogado, contrastado y, sobre todo, pactado”. “500 años después, nos corresponde seguir dando vida a ese legado y hacerlo como mejor sabemos, escribiendo con hechos el futuro de Bizkaia”, ha abundado.

El PNV ha celebrado, con unos días de adelanto, su 131 cumpleaños. Fundado el 31 de julio de 1895, es el segundo partido más antiguo de España después del PSOE. El actual presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, ha aprovechado su dircurso en el acto de aniversario en Bilbao para hacer balance de sus pactos con Pedro Sánchez. Por un lado, ha dicho que “tres cuartas partes del acuerdo de investidura” se han cumplido. Pero, al mismo tiempo, cree que “no hay voluntad política en el Gobierno de Madrid [el de España] para negociar algunos temas”.

El lehendakari, Imanol Pradales, presente entre los oyentes del mitin de Esteban, ha suspendido recientemente su reunión bilateral con Sánchez, prevista para estos días. No hay acuerdo para algunas transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Tenían que haberse cerrado a finales de 2025 y se han ido concediendo prórrogas. Ahora, se dan otra más hasta después del verano, aunque ya estaba descartado un acuerdo en torno al tema más relevante en el tintero, la gestión de las pensiones. Son 13.000 millones de euros.

“No hemos venido aquí a conformarnos con tres cuartas partes. Lo que es nuestro, lo queremos. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Se esconden en supuestas dificultades técnicas cuando lo que no hay es voluntad política para entrar a discutirlas”, ha manifestado también, diciendo que él conoce bien lo que es “picar piedra” en la capital para que la palabra dada se convierta en boletín oficial. Eso sí, Esteban no ha incorporado a su intervención sus anteriores peticiones directas de elecciones generales anticipadas. Ahora bien, ha añadido en euskera: “No estamos en el bolsillo de ningún Gobierno ni en la agenda de nadie. No somos de nadie”.

El PNV también ha lanzado dardos al PSE-EE, su socio institucional en Euskadi. Dirigiéndose a Eneko Andueza, Esteban ha afirmado que su partido “nunca” ha usado el “concepto” de “prioridad nacional” que el líder de los socialistas vascos le ha endosado recientemente contraponiéndolo con la “prioridad social”. Los 'jeltzales' están en la “construcción nacional” y en la “construcción social”, ha querido subrayar Esteban.

En su mitin también ha dedicado un tiempo a criticar a EH Bildu por apropiarse, a su juicio, de personajes históricos del PNV. “Acabaran citando a [Juan de] Ajuriagerra y a [Xabier] Arzalluz”, ha ironizado sobre los mensajes de la izquierda abertzale sobre figuras como José Antonio de Aguirre, el primer lehendakari.

Esteban, ya al final de su discurso, se ha dicho también “aturullado” por la gran cantidad de protagonismo que ha tenido la selección masculina de fútbol con motivo de la Copa del Mundo, de la que ha resultado campeona. “Algunos hasta querrían que le rindiéramos pleitesía. Que quede claro: respetamos a todo el mundo, pero cuando decimos que Euskadi es una nación, no lo decimos sólo en los despachos, lo sentimos en la grada”, ha señalado. A su juicio, tener equipos diferenciados “no es un privilego” sino “normalidad”. “En esto no vamos a dejar de insistir”, ha señalado el presidente 'jeltzale'.

El mitin ha tenido lugar en los jardines de Albia, frente a Sabin Etxea. Han realizado una ofrenda floral ante la escultura de Sabino Arana, el fundador del partido. Han acompañado a Esteban los dirigentes del Euzkadi Buru Batzar y de las territoriales y numerosos cargos públicos. El PNV, ha dicho, puede estar orgulloso de haber liderado una gran transformación desde 1895 a 2026 y de poder contar con un Parlamento, un lehendakari, una Policía, Haciendas propias y un euskera oficial.

“Se ha decidido que Bilbao necesita un nuevo liderazgo”, dijo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto Rike (Bilbao, 1961) a principios del pasado junio a la hora de informar en una comparecencia junto con el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que no se presentará a las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 tras haber ocupado el cargo durante tres legislaturas. Desde entonces, no ha ocultado que la decisión de apartarse no era suya, sino del partido. Algo que volvió a confirmar este domingo en una entrevista concedida al programa 'A un Metro' de EITB. “No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido. Me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil”, confesó Aburto.

Tras esas palabras, el periodista Juan Carlos Etxeberria le preguntó directamente si no cuestionó el porqué. “Nunca he preguntado por qué. Recuerdo que el día que me propusieron me dije a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me propusieron tampoco pregunté. Yo creo que la humildad requiere que en el momento en el que nos digan 'hasta aquí hemos llegado' también tengamos esa actitud de decir 'ha sido un placer y eskerrik asko'”, argumentó.

“Después de 12 años y terminando con 66 años hay que ver con normalidad que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo un honor ser alcalde de Bilbao y es un honor ser alcalde, porque queda un año y no quiero olvidarme de eso”, aseveró. Aburto también habló de las razones de salud que le hicieron ausentarse del cargo en varios períodos largos por bajas médicas. “Mi salud es verdad que me ha jugado malas pasadas por dos cuestiones fundamentales: una por un tumor duodenal con tres operaciones que me ha limitado mucho y me ha hecho estar pendiente de mis revisiones y demás, hoy lo digo con la satisfacción de que la cosa va bien, y la segunda es la cadera con tres operaciones, que me ha limitado más físicamente. Una de las oncólogas, cuando estaba en tratamiento me decía 'Juan Mari tú tienes que trabajar hasta el medio día y luego ya a la tarde descansar' y yo le decía que lo de ser alcalde a medias todavía no se ha inventado”, bromeó.

El alcalde de Bilbao confesó en la entrevista que aún le cuesta pensar en el momento de dejar el cargo dentro de un año. “Me cuesta porque pienso que no es fácil tener una vida tan intensa como la que tengo yo, con todas las horas ocupadas desde primera hora hasta el final del día, a tener tiempo libre. De momento no quiero pensar en eso, pero debo pensar en eso. [Pensaré] en Navidad, cuando falte menos tiempo para las elecciones y para el cambio. No tengo claro en este momento si voy a involucrarme, que lo haré, en temas sociales en el ámbito más del voluntariado”, recalcó.

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado dentro de 20 años, Aburto dejó claro que le gustaría que le recordasen como a “una buena persona”. “¿Y por qué una buena persona? Porque creo que si uno es una buena persona puede ser otras cosas: puede ser buen médico, buen alcalde, buen fontanero... Si uno no es una buena persona no puede ser nada de eso. Yo no sé fingir y no quiero saber fingir, lo que intento fundamentalmente es ser de verdad”, concluyó.

Dos días después de anunciar su marcha, el PNV presentó al asesor de Pradales y dirigente del PNV vizcaíno Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) como su sucesor. Graduado en ADE por la Universidad de Deusto, es dirigente del Bizkai Buru Batzar y asesor del lehendakari, Imanol Pradales, donde ocupa el puesto de coordinación de la Agenda 2030. Antes, lo fue también con Iñigo Urkullu, que le nombró en 2022. Recientemente, ha coordinado una iniciativa llamada Bilbao 2040. Con esta elección el PNV se ha propuesto “dar paso a una nueva generación” e imita en Bilbao el perfil del ya alcalde donostiarra, Jon Insausti, también treintañero y falta por saber qué decisión tomará en Vitoria, donde en 2023 Beatriz Artolazabal quedó en cuarta posición tras la salida de Gorka Urtaran.

Los nacionalistas tienen en Bilbao su gran feudo municipal. Es la única capital provincial en España que ha tenido siempre el mismo color político desde la recuperación de la democracia. A pesar de que en las elecciones municipales de 2023 el PNV vio desgaste en las urnas, mantiene un Gobierno con mayoría absoluta de la mano del PSE-EE. Resultados que el partido busca remontar con la llegada de Hidalgo, a quien el propio Aburto describió como una persona “extraordinariamente joven, muy bien formada y que conoce la administración por dentro”.

El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

La autonomía política para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y también Navarra fue algo que se discutió largamente durante la II República. Hubo varios intentos fallidos y, en el camino, se cayó el cuarto territorio foral, donde el peso del carlismo fue decisivo. En julio de 1936, hace ahora noventa años, se inició la sublevación franquista y la Guerra Civil. Con parte del territorio vasco conquistado por los rebeldes, paradójicamente, se aceleró la aprobación del primer Estatuto, también con el objetivo de las fuerzas republicanas y de izquierdas de retener al PNV de su lado frente a unos sublevados que tenían en la religión una de sus banderas. Fue el 1 de octubre de 1936, en Valencia, cuando se promulgó la 'constitución' para lo que entonces se vino en llamar Euzkadi. Y el 7 de octubre, “ante dios humillado”, juró como lehendakari el nacionalista José Antonio de Aguirre, apoyado masivamente por los concejales de los municipios aún no conquistados, la fórmula que se escogió ante la imposibilidad de celebrar elecciones y constituir un Parlamento.

Ahí nació un Ejecutivo “provisional” liderado por el PNV pero con presencia también del PSOE, de otro partido nacionalista vasco como ANV, de los comunistas del PCE y de dos fuerzas republicanas, IR (Izquierda Republicana) y UR (Unión Republicana). De hecho, de once carteras cuatro fueron para el PNV y siete para las fuerzas coaligadas en el Frente Popular.

En total, 71 personas asumieron labores de Gobierno en aquella primera experiencia autonómica, un claro precedente de la actual arquitectura institucional vasca. Con motivo del nonagésimo aniversario, el libro 'El nacimiento de un Gobierno a través de sus protagonistas. El Gobierno provisional vasco (1936-1937)' (Tecnos, 2026), dirigido por Mikel Urquijo Goitia y María José Villa Rodríguez en colaboración con el Instituto Gogora, recoge todas sus biografías. Han sido redactores de los textos Eduardo Alonso Olea, José Ignacio Aranes Usandizaga, Unai Belaustegui Bedialauneta, Iñaki Etxaniz Tesouro, Aritz Ipiña Bidaurrazaga, Carmelo Landa Montenegro, Fernando Martínez Rueda, Jon Penche González, Antonio Pérez Embeita, Luis Sala González, José Ignacio Salazar Arechalde, Lorenzo Sebastián García, Martí Sierra Riera, Mikel Urquijo Goitia y María José Villa Rodríguez.

elDiario.es/Euskadi va a publicar a partir de ahora y hasta el 7 de octubre, el día del aniversario y que, además, será festivo en 2027 por los mismos motivos, un resumen de todos los cargos de aquel Gobierno de Euzkadi. La serie arrancará con Alfredo Espinosa, republicano y único fusilado por el franquismo. El consejero de Sanidad fue ejecutado en Vitoria en 1937. Y terminará con el lehendakari José Antonio de Aguirre. Los domingos de agosto y septiembre se publicarán las biografías de los consejeros y el último domingo antes del final, en octubre, el perfil de Antón de Irala, un personaje clave porque fue el secretario de Aguirre en esos meses y también después en el exilio en Estados Unidos. Allí, lideró la agencia vasca de espionaje (el Servicio Vasco de Información) y la puso al servicio de la CIA (primero conocida como OSS) y del FBI.

En efecto, un 85% de los altos cargos pagaron con el exilio su lealtad al marco constitucional y estatutario. Algunos acabaron sirviendo a Estados Unidos, sí, pero otros, como el único consejero comunista, Juan de Astigarrabia, colaboraron con la Cuba de Fidel Castro. Muchos ni siquiera pudieron volver nunca a España. Otros sí lo hicieron ya en democracia. El último en fallecer fue Gonzalo Nárdiz, en 2003, ya en el siglo XXI.

“Nos pusimos a trabajar a finales del año 2024”, explica Urquijo, que destaca que encontró en el director de Gogora, Alberto Alonso, “que es historiador”, la “sensibilidad” necesaria para poner en marcha esta propuesta. Urquijo tiene experiencia en otros proyectos de “diccionarios biográficos” y en coordinar equipos redactores. Ha hecho lo propio con alcaldes de Bilbao, con parlamentarios vascos autonómicos o electos vascos en las Cortes Generales o, incluso, rescatando los nombres de los más de 3.700 parlamentarios españoles entre 1810 hasta 1854, lo que implicó movilizar a “369 personas de 80 universidades”, muchas de ellas de América porque se trazaron también las vidas de los representantes de las colonias. El Gobierno vasco, en general, tiene un amplio programa de conmemoraciones.

Explica Urquijo que en estas biografías “se habla mucho de la guerra”, porque es lo que marcó el nacimiento y el rápido final de este Gobierno de Euzkadi. Sin embargo, incide en que, al tiempo, se ha buscado igualmente poner en valor las otras políticas puestas en marcha. “Se ha tratado de destacar el proyecto político que construyeron, aunque luego quedara truncado por la dictadura. Hablamos de políticas sociales, educativas o de salud pública. Además de combatir, tenían un proyecto de país para ir desarrollando políticas de transformación”, expone. El origen de la Ertzaintza (Ertzaña) u Osakidetza (Osakintza) está en esa época. Existieron también las pesetas vascas.

El libro no oculta una evidencia: todos los altos cargos eran hombres. No hay excepciones. “No se nombró a ninguna mujer a pesar de que la II República es un momento en que las mujeres comenzaron a tener mayor presencia. Una cosa es que la ley fijara la igualdad y otra que eso llegara a ser una realidad”, indica sobre decisión compartida por todos los partidos de aquella coalición. La media de edad no fue muy alta, de menos de 40 años, y había un elevado número de cargos con estudios superiores y bien formados.

El deseo expreso del libro es poner en valor las figuras menos conocidas, más allá del lehendakari y de los consejeros. También ofrecer un recuerdo “integral” de todo el Gobierno de Euzkadi. “Es indudable que muchos están en el olvido. Los republicanos, como diría García Márquez, no tienen quien les escriba. A la gente del PNV o del PSOE sí se les ha mantenido más la memoria, porque hay un partido y unas fundaciones detrás. Pero a los republicanos no se les ha recordado. Hay muy poca cosa en general sobre el republicanismo y eso que desde el comienzo del siglo XX tiene concejales en las capitales y en todos los municipios grandes”, indica Urquijo. Y añade sobre el único asesinado: “Si Espinosa hubiese sido del PNV, habría tenido mucho más reconocimiento”.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

El pleno del Ayuntamiento de Andoain de este jueves ha motivado un nuevo (y tenso) debate sobre la construcción del denominado 'lazo' de Bazkardo. En la sesión hubo enfrentamientos verbales directos entre representantes municipales y ciudadanos. Se acusa a algunos partidos de plegarse a los dictados de la Diputación o, como es el caso del PNV, que apoya el proyecto, de venderlo como favorable sin justificar el motivo.

El conflicto tiene su origen en la conexión entre la N-I y la A-15, donde la Diputación Foral de Gipuzkoa proyecta un lazo como enlace para absorber un tráfico de 70.000 vehículos diarios. Mientras la institución foral defiende la obra, valorada en 57 millones de euros, los vecinos abogan por una variante exterior que aleje la carretera del casco urbano. La plataforma sostiene que el proyecto actual es un “parche” que no resuelve los problemas de contaminación acústica ni de seguridad, basándose en estudios técnicos previos que favorecían la opción de la variante.

Durante el pleno, un representante de Errespetatu Andoain ha tomado la palabra para denunciar que el colectivo se siente “ignorado, menospreciado y profundamente estafado” por la imposición de este plan. Según el portavoz, el 93,78% de los participantes en su consulta apostó por la variante exterior mejorada, un mandato que consideran que el Ayuntamiento debe defender con firmeza. Los ciudadanos han recriminado a los concejales su “silencio” ante la Diputación y han preguntado directamente a quién representan, “si a quien gobierna Gipuzkoa o al pueblo que los eligió”.

El alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, de EH Bildu, ha intervenido para informar de que el Gobierno municipal ya ha remitido su propuesta de alegaciones, la cual mantiene la posición contraria al lazo. Álvarez ha explicado que han contratado una asesoría externa experta en planificación urbana debido a que este asunto “condiciona al pueblo totalmente para los próximos años y décadas”. El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá adelante con el compromiso adquirido en octubre de 2025 de rechazar el enlace foral. En una sintonía similar, el portavoz de Elkarrekin, Jose Mari Iparraguirre Balda, le ha pedido disculpas a la plataforma. Ha lamentado pensar en que “les ha decepcionado como concejal”, recordando que siempre ha estado a favor de esta iniciativa ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Aritz Alkain, ha señalado que su grupo acababa de recibir el informe de alegaciones de 35 páginas y que necesitaba tiempo para estudiarlo antes de realizar aportaciones. Tras su intervención, el ambiente ha comenzado a tensarse cuando una ciudadana le llamó “cínico” a Alkain, quien ha respodido de forma tajante: “Yo no voy a tolerar que aquí se me llame cínico... aquí estamos para que nos tratéis con respeto”. La vecina ha replicado que tampoco tolerarían ser “ninguneados” y ha criticado que los socialistas no cuestionaran al diputado foral en reuniones anteriores.

Idoia Mikelez, concejala de EAJ-PNV, ha defendido la coherencia de su partido, afirmando que han sido los únicos en mantener la misma postura de principio a fin: sí al lazo. Mikelez ha reconocido la labor de la plataforma y el valor de las firmas recogidas, pero puntualizó que “hay otro grupo grande de andoindarras que no está de acuerdo” con su iniciativa. La representante ha argumentado que el estudio multicriterio determinó que el lazo era el “proyecto más viable”.

El cierre del debate estuvo protagonizado por dos ciudadanos, uno de ellos que preguntó directamente a Mikelez por los beneficios específicos del lazo. La concejala le ha respondido no saberlos de memoria en ese momento. El vecino ha acusado a la representante de “vender algo sin saber de qué está hablando” y calificó de “mentira” el proyecto de cubrición en Mimendi. Según el residente, los dibujos presentados son “imposibles” de realizar por problemas de cota y altura para el paso de camiones, concluyendo que le están “mintiendo” y que eso les “pone de muy mala hostia”.

La magistrada de lo contencioso-administrativo de Bilbao Patricia Bezos ha suspendido de modo cautelar, a través de dos autos emitidos en mayo y en junio, respectivamente, la solicitud de la Diputación de Bizkaia al municipio de Alonsotegi, ahora en manos de EH Bildu, para que devuelva una ayuda concedida en 2012 (600.000 euros) y los intereses (321.964,49 euros). El Ayuntamiento cree que es una “pequeña victoria” a la espera de que se celebre el juicio y se resuelva sobre el fondo de asunto, que tiene un claro componente político. La cantidad total de ambos conceptos, casi un millón, equivale al 19,6% del presupuesto municipal.

Hace justamente un año, en julio de 2025, este periódico informó del inicio de este tira y afloja entre la Diputación y Alonsotegi. Carambolas de la política, la institución foral, en manos del PNV, pide a los actuales gestores de EH Bildu que devuelvan un dinero cobrado cuando ese partido gobernaba en la localidad y que supuestamente iba a ser destinado a unas obras que nunca se ejecutaron.

EH Bildu, estando en la oposición, denunció este caso. De hecho, ejerció de acusación en el proceso penal al lado de la Fiscalía. El resultado de la causa judicial fue sorprendente. En la investigación, los empresarios Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de la contratista Laneder, confesaron la falsedad de las obras por las que había cobrado.

Después, todos los implicados llegaron a un principio de acuerdo con las acusaciones en el que admitían nuevamente los delitos y se comprometían a devolver el dinero —entonces, con intereses, rondaba los 900.000 euros— a cambio de no entrar en prisión. Hasta el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, habitualmente comedido con los casos que afectaban a su formación, consideró una “chapuza” lo sucedido en Alonsotegi, aunque evitó calificarlo como “corrupción”.

Sin embargo, no terminó de cerrarse un calendario de pagos, el exalcalde imputado José Luis Erezuma falleció por una enfermedad y el resto fue a juicio desde cero, sin que se tuviera en cuenta lo sucedido. En las vistas no se negaron los hechos, pero no hubo condenas y todos quedaron absueltos.

Fue el primer día hábil de 2026 cuando Alonsotegi pidió a la Diputación, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo, que anulara o revocara las órdenes forales exigiendo los pagos. Bizkaia mantiene el requerimiento, pero sí accede a tenerlo en suspenso en la vía administrativa hasta que se resuelva el fondo del asunto. No obstante, Alonsotegi da relevancia a que en el juzgado no solamente se paralice cautelarmente la devolución del principal sino que se haya emitido un auto complementario que expresamente bloquea también la parte de los intereses e incluso la “generación” de más deuda.

Según el municipio, las cautelares son “de suma importancia”. La Diputación, por ejemplo, no quería que se suspendieran los intereses, lo que abría la puerta a que la cuantía creciera “de forma exponencial”. Es “una pequeña victoria”, según EH Bildu, que insiste en que hará “todo lo que esté en sus manos” para “evitar” un nuevo perjuicio para la localidad, de unos 3.000 habitantes, después de las “malas prácticas del pasado”.

Además de este caso, en Alonsotegi se abrieron otras dos investigaciones penales. En realidad, quedaron imputados tres exalcaldes consecutivos del PNV. Si Erezuma ocupó el cargo de 2011 a 2015, antes estuvo en la alcaldía Aitor Santisteban de 2007 a 2011 y antes aún Gabino Martínez de Arenaza de 1999 a 2007.

En el caso de Santisteban, los hechos son muy similares a los de la etapa de Erezuma. Se trataba de un presunto desvío de 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder, nuevamente, pero también Pabisa (Campezo). El dinero procedía igualmente de Bizkaia en su mayoría (1,7 millones), aunque también del Estado a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero mediante dos asignaciones de 230.000 euros. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el exalcalde, los mismos que la Abogacía del Estado. Pero fuentes judiciales explican que no hay avances en la resolución de este proceso, que se está eternizando en la burocracia judicial.

En la tercera causa penal, Santisteban aparece con Martínez de Arenaza. Aquí se analiza el agujero de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, cuyo quebranto económico se situaba según algunas fuentes en 15 millones de euros, más de tres veces el presupuesto total actual de la localidad. Tampoco constan avances en este sumario.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha “constatado” en las últimas fechas un “alejamiento” de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una muy cercana relación desde su llegada a Ajuria Enea en 2024. Ahora mismo, las probabilidades de que se celebre antes del parón vacacional la 'cumbre' bilateral que estaba anunciada para seguir cerrando acuerdos de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 está completamente en el aire, dice la parte vasca.

“Las posiciones están bastante alejadas”, ha confirmado la consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que es también la principal negociadora con el Estado. Políticamente, el PNV también ha empezado a distanciarse del Gobierno de España y formulado críticas a las investigaciones de corrupción e incluso planteado elecciones anticipadas, aunque Pradales estaba en la clave de que, mientras hubiera Gobierno, habría que seguir trabajando con él intensamente.

El PNV arañó a Sánchez el compromiso de completar el Estatuto en 2025 a cambio de su investidura en 2023. Sin embargo, ese plazo se superó sin haber cerrado todas las carpetas. Se dio uno nuevo, Semana Santa, pero Pradales y Sánchez dejaron todavía temas para verano cuando se vieron en marzo. Ahora llega ese 'deadline' e incluso habiendo renunciado la parte vasca a la más importante de las materias pendientes, el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social (13.000 millones de euros), en el resto de asuntos no hay tampoco acuerdos.

El pasado viernes, el Gobierno central envió una batería de respuestas a las últimas reclamaciones del Ejecutivo vasco. Y este lunes, en Madrid, la consejera mantuvo una reunión en el Ministerio de Política Territorial. En ambos casos, los avances no han satisfecho a la parte vasca, ha insistido Ubarretxena.

Ha ironizado Ubarretxena, preguntada por otros plazos ya incumplidos, que ella siempre es “la optimista del grupo”, pero ha concedido que esta vez ven “difícil” que en pocos días pueda cambiar de raíz el tono de las conversaciones. “Lo veo complicado. Esta vez es cuando más complicado lo veo”, ha admitido, aunque también ha indicado que la puerta no está cerrada y que seguirán trabajando en los días que faltan.

En junio Pradales ya avisó a Sánchez de que no le regalaría una fotografía de una reunión en La Moncloa si no había contenidos concretos para acordar. Y ahora mismo no los hay. Ahora se mantienen en esa tesis. Por el momento, no hay nada en agenda y los días hasta el parón estival son cada vez menos, incluyendo un festivo en Bizkaia y Gipuzkoa, San Ignacio.

¿Qué se está negociando? Por un lado, más materias de la Seguridad Social, un traspaso ya iniciado hace un año en otra cumbre de Pradales y Sánchez. Ya está cedida la gestión del Sepe, por ejemplo, pero se trabajaba ahora en más prestaciones y en la gestión de las mutuas, por ejemplo. Al parecer, siempre según la parte vasca, el Estado solamente plantea crear “grupos de trabajo” para seguir estudiando el tema y no ir cerrando ya compromisos. Y luego están los puertos de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son gestionados por el Estado pero ya con amplias capacidades por parte de las instituciones vascas. El PNV demandaba más competencias e incluso el traspaso del guipuzcoano, aunque aquí los socialistas siempre habían cerrado la puerta.