El Gobierno vasco ha reformado su decreto de ayudas económicas a familias con hijos, que cubren los nacimientos o las adopciones. Ha cumplido su compromiso y ha subido los 200 euros mensuales hasta que el menor cumpla los cuatro años, es decir, 2.400 euros más que lo que se abona hasta ahora, de 7.200 a 9.600 euros. También se amplían las prestaciones para familias numerosas o monoparentales, así como para que puedan solicitarlas las familias de acogida. Sin embargo, la consejera responsable del programa, Nerea Melgosa, del PNV, ha confirmado que no se ha eliminado la posibilidad de que quienes tienen un bebé por gestación subrogada, una práctica ilegal en España, puedan seguir accediendo a las ayudas públicas camuflándolo como “adopción internacional”.

“No está eliminado”, ha señalado Melgosa a preguntas de los periodistas después de presentar los cambios en el plan. Ha añadido que es imposible conocer cuántos casos ha habido de este tipo en los últimos años porque el aplicativo infomático “no discrimina” a los solicitantes por tipos, según ha explicado. Existe otro programa que contempla también esta práctica: los permisos de parentalidad de los funcionarios autonómicos, que son idénticos en estos supuestos.

Las mejoras en el plan de ayudas, aunque están ya aprobadas, entrarán en vigor en la tercera o cuarta semana de junio, al día siguiente de que el decreto aparezca en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), según las estimaciones de la consejera Melgosa. Eso sí, las medidas tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de modo que, por ejemplo, menores nacidos en la primera parte de 2022 y que están cumpliendo ahora los cuatro años podrían acceder a determinadas mensualidades con carácter transitorio.

Según Melgosa, estas ayudas “reducen la presión económica” que comporta la crianza y permiten destinar “más energía” a “educar y acompañar en mejores condiciones” a los menores. Ha añadido que el Gobierno vasco opera “con todo tipo de familias en la cabeza, en el corazón y en las cuentas”.

Ahora mismo son del orden de 40.000 familias las que acceden a estas ayudas mes a mes. Son universales, aunque cuando se crearon se valoró modularlas por renta. Con los cambios, se prevé llegar hasta 52.000. Acarreará una inversión adicional de 33,8 millones de euros en 2026 y de 85,8 millones de cara al próximo cuatrienio. “Un nacimiento es una buena noticia no sólo para la familia, sino para la casa vasca”, ha solemnizado también Melgosa, consciente del 'invierno' demográfico del país.

El Gobierno vasco dispone de una página web con todos los requisitos del programa. Se exige al menos un año de empadronamiento en Euskadi, o cinco de los últimos diez. Ahora, se abonarán 200 euros durante 48 meses y no durante 36. El cómputo es o desde el nacimiento o desde el momento de la adopción. Igualmente, hay un pago adicional de 100 euros durante 36 meses a partir del cuarto año para familias numerosas o monoparentales. El nuevo certificado de monoparentalidad ha sido ya solicitado por 3.428 personas y Melgosa ha remarcado que pueden pedirlo igualmente quienes estén en esa situación por causas sobrevenidas, por ejemplo por fallecimiento del cónyuge. Se estima que del orden de 621 familias de acogida puedan reclamar también las prestaciones y se confía en que darles cabida anime a otras a pedir la tutela de menores ahora internados en centros.

Hay dos maneras (democráticas) de que caiga un gobierno. O el presidente anuncia que lo deja y convoca elecciones, o en el Congreso se organiza una moción de censura contra él. Las dos cosas han ocurrido en la democracia española, hace poco y protagonizadas por los mismos personajes que ahora se miran fijamente pero no desenfundan. En el caso del líder de la oposición, Feijoó perdió en su primer intento de investidura por el rechazo de los partidos nacionalistas de derechas a sus alianzas con Vox. Son las mismas razones que ahora hacen muy difícil que consiga los apoyos que necesita a pesar de los escándalos judiciales que asedian al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. 

Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del PP, analizamos las razones que dificultan al PP mover ficha en el Congreso. Con Iker Rioja, director de elDiario.es en Euskadi, repasamos cuál es la posición del PNV, uno de los principales socios de investidura del PSOE, al tiempo que posible aliado ideológico del PP. Con Arturo Puente, de elDiario.es en Catalunya, nos detenemos en la situación de Junts, el otro partido al que apelan los populares para echar a Sánchez de La Moncloa. 

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Las formaciones nacionalistas que tendrían en su mano entregar las llaves de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo dieron este lunes la callada por respuesta ante la nueva oferta del líder del PP: una moción de censura con él como candidato con la promesa de convocar elecciones generales una vez alcanzado el poder y destituido el presidente Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV, cuyos votos bastarían junto a los de PP, Vox y UPN para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para que la moción prosperase, prefirieron obviar la nueva intentona de Feijóo. Los nacionalistas vascos evitan contestar al líder del PP y se remiten a la negativa que ya han expresado en los últimos días y los independentistas catalanes, que guardaron silencio el lunes, este martes a primera hora pusieron una condición para estudiar la moción: que Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

No es la primera vez que Feijóo lanza una propuesta para una moción instrumental solo para convocar a las urnas a los españoles. Pero nunca antes lo había hecho en directo en televisión. “Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, dijo el líder del PP, que en pleno runrún sobre la posibilidad de un cambio de Gobierno celebrará este martes un acto con empresarios catalanes en el Cercle d’Economía de Barcelona y desarrollará allí una jornada de reuniones con diferentes actores económicos.

Se trata de una referencia directa a Junts y al PNV, los dos únicos aliados del Gobierno que han reclamado elecciones y sobre quienes el PP vuelve de forma recurrente casi desde el inicio de la legislatura, no siempre con buenas palabras. En su entrevista en Telecinco, el propio Feijóo se preguntó sobre los nacionalistas vascos si van “a vivir de rodillas o con dignidad”, aunque evitó dispensar el mismo trato a los independentistas catalanes. Poco después, su portavoz nacional, Borja Sémper, añadió con displicencia: “Ellos sabrán, cuando las urnas les pasen por encima, se preguntarán qué ha pasado”.

Pero, por ahora, ese órdago ha caído en saco roto. Junts y PNV consideran que los casos de supuesta corrupción que han emergido en las últimas semanas y que afectan al PSOE han sido el golpe de gracia a la legislatura y así lo han expresado públicamente pidiendo a Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Pero la Constitución establece que las mociones de censura en España son constructivas, es decir, que en el Congreso no se votaría sobre la idoneidad del presidente para continuar en el cargo, sino sobre si Feijóo debe ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Y aunque los nacionalistas no apoyen ya a Sánchez, tampoco se muestran convencidos de aupar al líder del PP, quien, además, necesitaría indefectiblemente los votos de Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.

Consultadas sobre las palabras de Feijóo, fuentes oficiales de los nacionalistas vascos aseguran que no tienen “nada que añadir” a lo que han dicho sus principales dirigentes hasta el momento. La última en pronunciarse, el pasado fin de semana, fue la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que en una entrevista en RNE insistió en que no contempla apoyar “ninguna moción de censura”, aunque también instó a Sánchez a “coger el toro por los cuernos” y convocar elecciones porque “el tiempo no lo cura todo” y los casos de corrupción, así como el “bloqueo constante” del parlamento, no van a “desaparecer”. Con igual contundencia se expresó el jueves el presidente del PNV, Aitor Esteban, que sostuvo que “el interés general demanda elecciones este año”, pero también aseguró que una moción de censura “no está encima de la mesa” de su partido.

La reunión con Puigdemont

Junts evitó durante este lunes pronunciarse sobre la nueva oferta de Feijóo aunque el martes ya hablaron de la posible reunión de Feijóo y Puigdemont como un primer contacto imprescindible. En los últimos días, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, había intentado sacudirse la presión que provoca en Junts el hecho de ser el actor fundamental para que prospere una moción de censura y ha asegurado que su partido no tiene en su mano apretar “el botón” del cambio de Gobierno. Tampoco, ha dicho, de unas “elecciones” anticipadas, que es la opción por la que los independentistas apuestan.

En cualquier caso, el pasado jueves Nogueras afirmó en una entrevista en TVE que la “línea roja” de Junts es la presencia de Vox en el Gobierno. La formación, afirmó la dirigente, “jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder” e insistió en que ningún partido, tampoco el PP, les ha puesto “una propuesta” de moción de censura “encima de la mesa”. La oferta de Feijóo de este lunes, no obstante, trata de sortear este obstáculo, puesto que el líder del PP prometió un Gobierno técnico sin Vox hasta que se celebraran las elecciones generales que, según prometió, convocaría nada más llegar a la Moncloa.

Para Junts, no obstante, una convocatoria electoral también tendría sus desventajas. En primer lugar, porque la formación atraviesa un momento muy complicado en las encuestas acechada muy de cerca por la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Y en segundo término porque el Tribunal de Justicia de la UE aún no ha emitido su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo que se espera para el año 2026, pero para el que aún no hay una fecha concreta y que será el primer paso para la posible vuelta a España del expresident Carles Puigdemont. 

El futuro del líder de Junts, no obstante, dependerá fundamentalmente de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación, que no llegará hasta que la justicia europea se haya pronunciado sobre la amnistía. Y unas eventuales elecciones podrían dar una supermayoría al PP en el Senado —una opción improbable, pero no descartable si se produce una debacle del PSOE— y permitirle situar en el Constitucional a juristas de su órbita que podrían dictar una sentencia contraria a los intereses de Puigdemont, lo cual obliga a Junts a ser muy cauto con sus movimientos.

El PP descarta una moción si no tiene los votos

Así las cosas, en el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno. Hoy por hoy, la idea está descartada, según apuntan todas las fuentes consultadas por elDiario.es.

Pero en el PP saben (o dicen saber) que el frente judicial se le va a poner peor a Pedro Sánchez. Este mismo lunes, el juez Santiago Pedraz levantó el secreto de parte del sumario del llamado caso Leire Díez, con lo que conlleva. Y en las próximas semanas se esperan sentencias sobre el ‘caso Koldo’ o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Por eso Feijóo y los suyos mantienen línea directa con el empresariado catalán. Este mismo martes, el líder del PP asistirá, como cada año, a un evento informativo que organiza el Cercle d'Economia. Tanto en este foro como en otros similares, Feijóo ha asumido las propuestas de la patronal en materia laboral y social. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les espetó en 2025 en un acto de Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes al PNV y Junts una oferta: que le apoyen en una moción de censura a cambio de un adelanto electoral “inmediato”. Así lo ha planteado Feijóo en una entrevista en Telecinco en la que ha asegurado que hay “184 diputados” que “han dicho que hay que convocar elecciones de forma inmediata”. A ellos les ha prometido un Gobierno técnico sin Vox hasta la hipotética cita con las urnas.

“Yo soy un aliado de dos planteamientos: decencia y elecciones anticipadas”, ha planteado Feijóo, quien ha interpelado directamente al PNV y a Junts, dos aliados del Gobierno que la semana pasada pidieron elecciones anticipadas tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del auto judicial del 'caso Leire'.

El mensaje lanzado este lunes por Feijóo contradice sus propias palabras y las de otros dirigentes de su partido, que en las últimas semanas han azuzado al Gobierno para que se mantenga en el poder y “rematar la faena” de acabar completamente con el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027.

“Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, ha dicho Feijóo. “Pero si dicen una cosa y hacen la contraria...”, ha añadido. “El PNV tiene que tomar una decisón. ¿Va a vivir de rodillas o con dignidad?”, ha planteado, después de que el secretario general del PSE, Eneko Andueza, le advirtiera del “error histórico” que supondría apoyar el regreso del PP al Palacio de la Moncloa.

“El PNV nos echó por una cuestión que, comparada con esto, era menor”, ha dicho Feijóo en referencia a la moción de censura de hace ocho años tras la sentencia condenatoria del 'caso Gürtel'.

“Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla. Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, ha reiterado Feijóo.

El líder del PP ha intentado sacar de la ecuación a Vox, consciente de que su dependencia de la ultraderecha lastra sus opciones de armar esa mayoría que provocaría la caída de Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV tienen una línea roja en cualquier jugada en la que intervenga el partido de Santiago Abascal, quien ya se ha ofrecido para una moción instrumental sin su presencia en el Gobierno para ir a elecciones.

“Para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, ha dicho Feijóo. El líder del PP también ha reiterado su compromiso de hace un año, cuando en el congreso del PP en el que fue reelegido aseguró su intención de gobernar en solitario.

El Gobierno vasco sostiene que las vías de la línea férrea de mercancías Burtzeña-Irauregi, en el término municipal de Barakaldo, no suponen “ningún problema de seguridad” para las personas que residen en el entorno. Se admite que, “de forma periódica”, aparecen residuos sólidos, pero se asegura que su presencia “tampoco conduce a un problema de salud”, pues son “inertes y no restos orgánicos”. En una respuesta parlamentaria de la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, se subraya que estos residuos son “ajenos por completo tanto a la operación de transporte como a la explotación y gestión del ferrocarril” y que los han ido “depositando personas que han hecho un uso indebido del dominio ferroviario”. Apunta, además, que la red ferroviaria vasca (ETS) lleva acometiendo desde 2021 “campañas regulares de mantenimiento” que incluyen labores de desbroce, limpieza y tala.

Las vías de este tramo, traspasado a Euskadi en 2019 pero ya durante años sin trayectos de trenes de mercancías, presentan una imagen de abandono. La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (del PNV), se quejó a mediados del mes pasado del “grave deterioro” en el que estaban sumidas las instalaciones, en una situación “deplorable y de abandono absoluto”, y exigió a ETS una intervención urgente. Según plasmó en un escrito remitido a la empresa pública, en las vías se venían detectando “graves deficiencias como cuadros e instalaciones eléctricas desmanteladas, cables tirados a lo largo del recorrido, postes caídos y acumulación de escombros y basura en distintos puntos”.

La propia alcaldesa se acercó a la zona para fotografiarse junto a las vías en una intantánea en la que se pueden apreciar residuos, desde plásticos hasta un electrodoméstico, pasando por otro tipo de escombros. En el escrito dirigido a ETS, Del Campo alertaba de la existencia de agua estancada en varios caños, lo que podría “favorecer la proliferación del moquito tigre y genera problemas de salubridad”. Solicitaba, en esa línea, la retirada inmediata de la basura e información sobre los usos que se pretenden dar en el futuro a la infraestructura. “No podemos permitir que una infraestructura de esta envergadura presente un estado de abandono que genera problemas de seguridad, salubridad y accesibilidad para nuestros vecinos y vecinas”, se quejó.

En la respuesta de la consejera García Chueca, remitida al Parlamento Vasco tras una solicitud de información de Santiago López Céspedes, del PP, se detallan de forma cronológica todas las partidas destinadas al mantenimiento de la infraestructura desde 2021. Suman cerca de 149.000 euros. Cada año se ha procedido a riegos con herbicida en dos campañas, una en primavera y otra en otoño. En 2021, además, se procedió a una retirada de scombros en Lutxana por cerca de 2.000 euros.

Dos años después, en 2023, se retiraron postes de madera y se colocaron “IPN metálicos, por robo de cable, para sostenimiento de las mangueras”. Ese último concepto se repite en marzo de 2024 y también en el mismo mes de 2025. Entre las tres ocasiones, suman más de 20.000 euros. También en marzo de 2024, se dedicaron casi 40.000 euros a la tala de árboles a la entrada de Lutxana. Ya en diciembre, se desbrozó el ramal de Kadagua por 37.391 euros. El último gasto, ya en 2026 y de 36.500 euros, corresponde a la demolición del edificio número 2 de la calle de la Vega de tapia, en Lutxana.

La respuesta también detalla algunas de las actuaciones que se contemplan a corto plazo. En primer lugar, se va a proceder a la “retirada de todo tipo de restos de residuos depositados en la vía, incluyendo la retirada de restos de cables pelados para obtención de cobre de las instalaciones vandalizadas”. También se van a retirar “elementos de señalización dañados por terceras personas y no en uso tales como cuadros y cajas, señales, detectores en vía” y “postes de madera y metálicos con su cableado”. Se contempla también un “desatasco de cunetas y drenajes en la zona de Lutxana”.

Más allá de estas intervenciones, solo se preven aquellas que sean por causas sobrevenidas y el tratamiento periódico semestral con riego herbicida. De cara a la regeneración de la zona, se señala que ya se ha desarrollado una primera fase de lo que será un centro de interpretación del ferrocarril, para el que se ha rehabilitado parte de la antigua estación y su entorno más próximo, incluidos cerramientos, andenes y fachadas. Señala la consejera que el proyecto constructivo de la segunda fase se encuentra en licitación.

Queda ya menos de un año para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027 y, como si fuera ya campaña, este sábado ha habido actos de todos los principales partidos políticos vascos. El PNV se ha ido a Gipuzkoa, PSE-EE y EH Bildu han coincidido en Vitoria y el PP, con Miguel Tellado de invitado, se ha reunido en Bilbao.

El PNV, por ejemplo, ha procedido a la inauguración del nuevo 'batzoki' en Lasarte-Oria (Gipuzkoa). El dirigente 'jeltzale', Aitor Esteban, ha defendido que “hay un valor inexcusable, que es la honestidad” de la “marca PNV”. Ha repetido lo que ya viene diciendo en los últimos días, que la situación en Madrid es “grave”, dada la sucesión de investigaciones de corrupción. Igualmente, ha considerado que las explicaciones prometidas por Pedro Sánchez llegarán muy tarde y que la legislatura está agotada.

EH Bildu se ha dado cita en Vitoria en el llamado 'Bat egin eguna'. La portavoz local, Rocío Vitero, ha asegurado que su partido está “absolutamente centrado en ofrecer respuestas a la crisis de la vivienda, al aumento del coste de la vida, a incrementar la protección social o a impulsar la economía y el empleo” y ha señalado que la ciudadanía “espera de su clase política dejar de lado intereses partidistas”. “Detrás de la marca de EH Bildu lo que hay son miles y miles de personas comprometidas que día a día dan lo mejor de si mismas para que Gasteiz y Euskal Herria avancen”, ha apostillado.

El PSE-EE también ha organizado un acto en Vitoria por el 80 aniversario del nacimiento de Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000. El secretario general, Eneko Andueza, ha apelado a la defensa de las políticas de izquierdas que favorezcan a “toda la ciudadanía”. Además, ha asegurado que ni los nacionalistas “de uno u otro signo”, ni la derecha y la ultraderecha, impedirán a su partido defender “las señas de identidad” de los socialistas, “la libertad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el diálogo”. El líder del PSE-EE de Álava y consejero, Javier Hurtado, ha agregado que Buesa “representó una Euskadi plural, abierta y democrática donde nadie tuviera que renunciar a pensar diferente”.

El PP, finalmente, ha estado en Bilbao. Acompañados de Miguel Tellado, dirigente nacional, han organizado un acto festivo en Indautxu en el que han tomado parte el presidente de los 'populares' vascos, Javier De Andrés, y las también dirigentes del partido Esther Martínez y Amaya Fernández. “Somos la única alternativa ideológica a todo lo que representa la izquierda, porque el PNV se ha entregado a la causa del PSE-EE, porque depende de él en todas las instituciones”, ha señalado De Andres.

El consejero socialista Denis Itxaso va ofreciendo con cuentagotas detalles de cómo será la nueva reforma de la ley de Vivienda de 2015, la segunda en menos de un año y que golpea de lleno a la principal preocupación ciudadana del momento. A la idea inicial de poner coto al fraude “generalizado” en la venta de viviendas protegidas tasadas -que suelen incorporar un sobreprecio camuflado de pago por muebles o similar para acercar su coste al del mercado-, se unirá la de impedir la pérdida de protección de casas previas a 2003, cuando ya se hizo permanente el blindaje, siempre que estén en zonas tensionadas. No se ha aclarado aún si será un proyecto del Gobierno o una proposición de los partidos en el Parlamento -esto segundo es lo más probable porque fue la fórmula del pasado año y porque le evita al Ejecutivo trámites e informes- ni se han los plazos precisos, aunque Itxaso ha explicado a los periodistas que 2027 sería un horizonte deseable para su entrada en vigor.

“La técnica legal no la tenemos definida. Lo estamos valorando. Estamos viendo diferentes alternativas. Mi propuesta, mi promesa, es que que el año que viene pueda estar aprobada. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Mire, la política de vivienda es una fotografía en movimiento y diría más, en movimiento muy rápido. Se está moviendo todo a toda velocidad. En todo momento, este Gobierno ha asumido un papel reformista y honesto desde el punto de vista de ir monitorizando los problemas e ir tomando decisiones y medidas que nos permitan afrontar esos desafíos”, ha explicado Itxaso en una comparecencia ante los medios de comunicación. El consejero ha señalado que Catalunya, por ejemplo, ya ha adoptado medidas similares con perfecta seguridad jurídica.

¿Cómo se traducirá en datos la nueva reforma legal? “En Euskadi, las viviendas protegidas calificadas a partir de 2003 cuentan con protección permanente y, sin embargo, 1.071 viviendas anteriores a esa fecha van a perder su calificación temporal en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas tensionadas”, ha señalado el propio consejero. Más en detalle, “se evitará la descalificación de 510 viviendas en alquiler de Benta Berri en San Sebastián”, un caso que ha ganado relevancia por las denuncias vecinales al ser un fondo buitre su nuevo casero. También hay otras 119 en Donostia, además de 248 en Vitoria y 21 en Bilbao que se salvarían de pasar a ser totalmente libres, lo que dispararía su atractivo en el mercado.

En cuanto a los sobreprecios ocultos de las viviendas protegidas de venta, si hasta ahora era el titular el que buscaba un comprador y la Administración sólo visaba los requisitos, en el futuro será el Gobierno el que asuma la búsqueda de un nuevo morador. Por un lado, se evitarán cobros ocultos y, por otro, las asignaciones responderán a los baremos de las listas de Etxebide. Son “más de 1.000 transmisiones” anuales las que se verían condicionados.

Se da la circunstancia de que, en diciembre de 2025, el Parlamento ya aprobó una reforma de la ley de Vivienda, y de otros adyacentes, con una primera batería de medidas urgentes. Fue la reconciliación legislativa entre el PSE-EE, el partido que gestiona esta cartera en Euskadi, y el PNV, el socio mayoritario del Gobierno de Imanol Pradales. En 2015, con los nacionalistas en minoría en el Ejecutivo, el PSE-EE logró sacar adelante desde la oposición la ley ahora en vigor con apoyos de EH Bildu y UPyD. Y, en 2023, el PNV se opuso a la normativa estatal de Pedro Sánchez y en Euskadi la recurrió al Tribunal Constitucional contra el criterio del consejero socialista del ramo, entonces Iñaki Arriola.

Itxaso, a la luz de que la nueva propuesta viene pactada de nuevo con el PNV, ha querido “poner en valor” que “después de muchos años” esta legislatura “está siendo la del consenso” entre los socios. “Estamos aplicando las zonas tensionadas que devienen de la ley estatal, en ayuntamientos de todos los colores”, ha puesto como otro ejemplo del nuevo clima. Fuentes del PNV consultadas por este periódico confirman la sintonía con esta nueva iniciatva. Ambos partidos tienen mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara.

Con EH Bildu

La reflexión sobre la sintonía entre PNV y PSE-EE tenía una segunda derivada, porque este viernes se ha producido una reunión entre el consejero socialista y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, para hablar del plan de vivienda lanzado hace unas semanas por la principal fuerza de la oposición. La formación abertzale insiste en ver “neoliberal” al PNV en materia de vivienda y en sentirse más próximo a los socialistas, en un intento de meter cuña en la coalición. Según Otxandiano, las posiciones “antagónicas” entre los socios no son cosa del pasado y ha señalado, por ejemplo, que los nacionalistas, en Donostia, van de la mano del PP para que parcelas de la zona llamada Infierno sean cedidas a promotores privados para levantar pisos de 400.000 euros, cuando podrían ir al Gobierno vasco para construir casas protegidas.

Sobre la reforma legislativa, una EH Bildu que consideró la anterior una “contrarreforma” esperará a tener la “letra pequeña” de la nueva para posicionarse. Eso sí, el portavoz de la coalición ha recordado que “hace cuatro años” propusieron atajar el fraude en la venta de viviendas protegidas y que el predecesor de Itxaso, el también socialista Arriola, se opuso con rotundidad porque era “más difícil que nunca” que hubiese irregularidades. “Se han perdido cuatro años”, ha lamentado Otxandiano, que en todo caso ha recordado que la normativa vigente permite a la Administración ejercer el derecho de tanteo y quedarse con los pisos que se enajenan para luego destinarlos al alquiler social. “Y esto apenas se ha hecho”, ha asegurado el dirigente de EH Bildu.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, parece haber pasado ya página del episodio de las cargas de la Ertzaintza en la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu. Preguntado este viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco, no ha vuelto a realizar ninguna referencia directa al operativo y ha insistido en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y ha garantizado que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden” y que las “familias” puedan ir a ver el fútbol o el ciclismo con tranquilidad.

Según Zupiria, Euskadi ha ido construyendo “un modelo de convivencia” durante décadas con “respeto a la ley” como “criterio” básico“, ha indicado que la Ertzaintza es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y ha avisado de que hay un sector de la población que ya está alimentando nuevas acusaciones hacia la Policía de cara al verano. Y ha añadido que ”algunos han estado ausentes“ de la convivencia, en referencia a la izquerda abertzale, que es la que había forzado la pregunta a Zupiria en el arranque del pleno.

El consejero ha indicado que, tras acceder al cargo en 2024, se han registrado del orden de 130 incidentes o altercados y ha indicado que cuando se ha registrado “algún comportamiento dudoso o denunciable”, que no ha concretado, se han “asumido los errores”. Y se han adoptado las “medidas necesarias para que no se repitan”. Lo que no va a hacer la Policía vasca es “renunciar” a actuar en determinados “espacios públicos o sociales” y garantizar el “orden”, ha zanjado.

EH Bildu ha renunciado al habitual 'cara a cara' de su líder, Pello Otxandiano, con el lehendakari en las sesiones de control quincenales para que su portavoz en materia de Seguridad, Gorka Ortiz de Guinea, debatiera con Zupiria sobre el “modelo policial”. El representante abertzale se ha quejado de la “oportunidad de oro” perdida por Zupiria, a su juicio, de no responder claramente a si cree que el despliegue en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue “proporcional o no”. Voces internas de relevancia, desde el anonimato, constataron a este periódico que no lo fue. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Para EH Bildu, Zupiria se ha situado con “PP y Vox” en su respuesta a estos sucesos, “con los negacionistas”. “Se ha convertido en el portavoz del sector más rancio de la sociedad”, ha añadido Ortiz de Guinea, que ha hablado de los “relatos inverosímiles” sobre Loiu y de “golpes en la nuca”. Ha añadido que los responsables han de ser destituidos, aunque otro partido de la oposición, Sumar, eleva las responsabilidades al propio Zupiria. Ortiz de Guinea ha arrancado las risas de las bancadas del PNV, tanto en el hemiciclo como en el palco de invitados, cuando ha apelado al Gobierno a imitar al primer lehendakari en la Guerra Civil, José Antonio de Aguirre, nacionalista, y a su consejero Telesforo Monzón, en lo tocante al modelo policial.

Este jueves, el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asanblada han denunciado un caso de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola de la localidad guipuzcona, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores. El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha condenado “enérgicamente” las agresiones machistas presuntamente realizadas por un profesor del centro a varias alumnas y ha decidido suspender la actividad del servicio municipal. “Nunca debieron haber ocurrido”, ha señalado.

En un comunicado, ha subrayado que las agresiones denunciadas, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”, informa Europa Press.

Según ha explicado, este pasado miércoles ha comunicado a padres y madres del alumnado lo sucedido y la decisión de suspender la actividad de la Bertso Eskola en una reunión convocada con carácter de urgencia. Desde el Ayuntamiento han señalado que han conocido recientemente que “una persona que en el pasado ha sido profesor y ahora miembro activo de la Bertso Eskola, ha tenido comportamientos inadecuados hacia algunas alumnas, llegando a acosarlas y en algún caso, agredirlas, de forma continuada en el tiempo”.

Tal y como se señala en la denuncia hecha pública, este miembro “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, detalla.

El Ayuntamiento ha apuntado que ha conocido que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”.

Pero, tal y como se ha sabido ahora, “no ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado. En esa línea, ha incidido en que “no es el agresor el único que ha incumplido los compromisos adquiridos”, ya que Bertsozale Elkartea “informó en su momento a un miembro de la dirección de Bertso Eskola de la conversación mantenida con el agresor y de los compromisos adquiridos por éste, para que la dirección, a su vez, tomara las medidas oportunas”.

“El hecho de que el agresor no haya cumplido con los compromisos adquiridos con Bertsozale Elkartea demuestra que, al menos, ha contado con el apoyo de ese miembro para seguir desarrollando su actividad vinculada a la Bertso Eskola”, ha insistido, al tiempo que ha lamentado que “se ha protegido al agresor y se ha desprotegido a las víctimas o posibles víctimas”, lo que el Ayuntamiento considera que es “inaceptable”.

El Ayuntamiento, en mayo, nada más tener conocimiento de las denuncias, solicitó a la dirección de Bertso Eskola que apartara al presunto agresor de todas las actividades formales e informales de Bertso Eskola. Ahora, consciente de que el profesor ha tenido apoyo, ha decidido suspender la actividad de Bertso Eskola, “como medida imprescindible para garantizar la seguridad y el bienestar de su alumnado y familias”. Finalmente, el Consistorio de Errenteria no descarta la posibilidad de adoptar otras medidas y, además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la concentración convocada para este sábado por el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asamblada, que tendrá lugar a las 12.30 horas en Foru Plaza (Xenpelar).

El PNV pide ir a la Fiscalía

En un comunicado, el PNV, en la oposición considera que “la suspensión de actividades o medidas puntuales no son suficientes”. “La ciudadanía necesita garantías claras de que el Ayuntamiento de Errenteria ha actuado desde el primer momento con todos los mecanismos institucionales y administrativos necesarios para esclarecer lo sucedido y evitar que situaciones similares puedan repetirse. El debate no puede limitarse únicamente a los hechos denunciados. También debe abordarse si las instituciones públicas han cumplido adecuadamente con sus obligaciones de prevención, vigilancia y protección, y qué medidas concretas deben adoptarse ahora para acompañar y reparar a las víctimas, apoyar a las familias, evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad y garantizar que hechos así no vuelvan a producirse”, indican.

También ha demandado al Ayuntamiento que “traslade toda la información disponible a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que puedan actuar con todas las garantías” y que “abra una investigación interna que permita esclarecer posibles fallos en los mecanismos de prevención, supervisión y protección”. “Consideramos imprescindible revisar todas las actividades municipales dirigidas a menores de edad para asegurar que cumplen con los máximos estándares de protección, prevención y cuidado”, abundan.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que legislatura “ha llegado a su fin” y se ha dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para asegurar que “el interés general demanda elecciones este año”. Además, ha reiterado que su partido no contempla una moción de censura y ha pedido una reflexión al jefe del Ejecutivo porque “esta semana han pasado muchas cosas”, pero “van a pasar más”.

Esteban ha realizado estas declaraciones antes de participar, en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao, en el seminario 'Made in Europe: autonomía estratégica y competitividad industrial para Euskadi', con la participación también de Oihane Agirregoitia, europarlamentaria. El líder jeltzale ha considerado, según recoge Europa Press, que el foco sobre la continuidad de la legislatura no se debe poner en los partidos que apoyaron la investidura, como se está haciendo últimamente, sino que hay que ponerlo “sobre el presidente y sobre la responsabilidad que este tiene a la hora de asegurar la adecuada gobernabilidad de las instituciones”.

A su juicio, “lo cierto” es que se vive “una situación que no es nada adecuada para la gobernabilidad, ni para el interés general” porque no hay presupuestos “ni posibilidades de que estos salgan adelante, con una legislatura absolutamente bloqueada, porque no hay realmente una actividad efectiva en la Cámara, no hay posibilidades de mayoría, con un ambiente político” como el que se vive y con cada vez más casos judiciales“.

Tras aludir a la entrada este pasado miércoles de la UCO en la sede del PSOE en Madrid, ha considerado que esto va a ser continuo, “porque la propia mecánica de los casos judiciales lleva a que estos se mantengan durante un tiempo”. Además, se ha referido a las declaraciones realizadas ayer desde Roma por Pedro Sánchez sobre que no puede disolver las cámaras y convocar elecciones “por un interés partidista, que tiene que actuar en nombre del interés general”.

Antes, el domingo, Esteban ya había señalado que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En ese momento advirtió ya de que se requieren “muchas explicaciones”.

Elecciones en 2026

“En opinión del PNV, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, porque quizá él también tendría que preguntarse, si al negarse una y otra vez a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista y particular”, ha añadido. “Por todas las circunstancias que se dan”, Aitor Esteban cree que “la legislatura ha llegado a su fin, así debería ser”. “Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones, dadas estas circunstancias, es el propio presidente. No sirve que se diga que la Constitución dice que cuatro años es lo que dura una legislatura”, ha señalado en alusión a las palabras de Sánchez para justificar la prolongación de su mandato.

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Carta Magna “también dice que el presidente del Gobierno tiene la facultad, la potestad de disolver las cámaras, y no será la primera vez que se hace”. “Creo que hay que reflexionar sobre cuál es la situación y a él le corresponde dar este paso”, ha manifestado. Esteban ha advertido que no se puede pensar “que va a llegar el verano, tenemos un Mundial, las circunstancias van a cambiar a partir de septiembre, etc”. “No, esto no lleva a ninguna parte. Me parece que de un examen objetivo general, desapasionado de la situación, lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el PNV, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo”, ha insistido.

El presidente del EBB ha reiterado que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura y no la contempla. “Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todos, y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional en el Estado, que es el presidente”, ha indicado. Tal como ha recordado, esto no lo dice solo su partido, sino que hay “más voces” que lo reclaman. “Creo que lo estamos diciendo gente que siempre estamos apostando por la gobernabilidad y por intentar ayudar a la estabilidad de las instituciones, pero hacer como el avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable”, ha avisado. El PP ya ha descartado que el PNV se sume a una moción. “Va a seguir apoyando a Sánchez esta legislatura y cuando se vuelva a presentar. Está vendido”, ha manifestado el lider de los 'populares' vascos, Javier de Andrés.

En caso de no adelantarse elecciones, ha subrayado que “día a día están pasando cosas en el ambiente político y parlamentario”. “Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, y cómo el lenguaje político y las posiciones de cada partido irán evolucionando. Luego, tampoco sabemos cómo va a evolucionar todo ese plano judicial”, ha apuntado. El líder del PNV ha dicho que en la última semana “han pasado muchas cosas”, pero “van a pasar más”. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí nosotros hemos pretendido hacer es una foto realista de qué es lo que ocurre y qué sería lo responsable en términos institucionales. Pero, a partir de ahí, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto“, ha remarcado.

Preguntado por qué le parecería si llega a confirmarse que el PSOE haya creado 'una cloaca' para ir contra jueces, fiscales y contra la Guardia Civil, ha respondido que, no solo él, sino todo el mundo consideraría que “no es aceptable”. “Es una pregunta de respuesta sencilla, si es que todo eso se confirmara”, ha concluido.

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ve imposible que el PNV se avenga a sumarse a una moción de censura contra Pedro Sánchez como hizo en 2018 contra Mariano Rajoy tras confirmase la corrupción de la trama Gürtel. “Va a seguir apoyando a Sánchez esta legislatura y cuando se vuelva a presentar. Está vendido”, ha manifestado a los medios de comunicación De Andrés en el Parlamento Vasco.

En unas declaraciones a la entrada de la Cámara, De Andrés ha centrado su análisis sobre las últimas investigaciones judiciales no tanto en el papel de los socialistas como en la respuesta del PNV. Ha criticado que los nacionalistas hayan puesto como línea roja para separarse del PSOE que se demuestre la financiación ilegal del partido y ha concluido que “tolera con naturalidad” el “enriquecimiento personal” de altos cargos públicos y orgánicos y “que se pueda corromper a jueces y fiscales”.

Según De Andrés, el PNV actúa así porque quizás “se aplica a sí mismo esa doctrina” y “tolera” también donde gobierna esas mismas prácticas. “Los vascos tenemos que estar muy preocupados” con el PNV, ha apostillado el dirigente 'popular', porque si no reacciona cuando se “roba”, se “engaña” y se “miente” es quizás porque hace exactamente lo mismo.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha accedido al Parlamento minutos antes y no ha querido pronunciarse sobre la situación política y judicial en España. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ya ha manifestado su deseo de que haya elecciones generales anticipadas, antes de que acabe 2026. El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, también opina lo mismo. Con todo, el PNV negocia con el Gobierno central la importante transferencia de la Seguridad Social y, en principio, el último plazo ofrecido es que se hará en torno al mes de julio.

La comisión de Juventud del Parlamento Vasco ha visado también este miércoles la modificación legislativa para endurecer el control de los campamentos de verano. Finalmente, no introduce cambio alguno con respecto al texto acordado la pasada semana en la ponencia, en la que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, acordaron dos enmiendas con el PP para incrementar las sanciones hasta los 600.000 euros y que se acompasaran con las existentes en la ley vasca de Infancia y Adolescencia.

A pesar de que los 'populares' querían negociar más ajustes en lo tocante a la declaración responsable que habrán de presentar antes de las actividades los organizadores -es algo que volverán a plantear de cara a la votación definitiva del pleno-, fuentes parlamentarias indican que la ley se aprobará el 11 de junio tal como está ahora y que esos requisitos previos se fijarán 'a posteriori' en un decreto que se aprobará inmediatamente después de la promulgación de la ley. La firmará la consejera Nerea Melgosa.

Es más, la votación del articulado ha sido tan confusa que ha dado la sensación de que EH Bildu, que no ha negociado nada con el Ejecutivo, ha apoyado más apartados que el propio PP. Como anécdota, los 'populares' incluso se han opuesto a la exposición de motivos, sin contenido jurídico y meramente simbólica.

El portavoz del PNV, Ander Añibarro, ha insistido en que la reforma impone más “mecanismos de control” y mayor garantía de “protección de menores de edad”. La propuesta, tramitada por la vía de urgencia, surgió tras la acumulación de denuncias por violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo.

La portavoz de EH Bildu, Edurne Benito del Valle, ha manifestado que todos los grupos apoyan el objetivo de garantizar el “bienestar” de los menores, pero ha criticado la forma en que se ha tramitado la reforma legislativa. Ha mencionado las “prisas” -aunque finalmente no se hizo por la vía de la lectura única-, los “procedimientos poco garantistas” e incluso las “chapuzas” y “errores jurídicos”. Ha ironizado que el Gobierno ha necesitado las correcciones del PP para evitar el entuerto de tener dos tipos de sanciones diferentes para las mismas conductas. Además, ha apuntado que los grandes cambios llegarán “vía decreto” y no en la ley, aunque ha concedido que el actual reglamento, de la década de 1980, ha de ser actualizado.

El socio minoritario del Gobierno, el PSE-EE, ha defendido la “necesidad” de la reforma porque en Bernedo se vivieron “momentos complicados” y “esto no debe volver a ocurrir”. Itxaso Asensio ha destacado que, con la nueva ley, la entidad organizadora asumirá la plena responsabilidad de lo que pueda suceder. Asensio ha asegurado que el PP ha “enriquecido” la ley, pero ha indicado que no comparten el tono de la justificación de esas enmiendas.

El consejero Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, ha anunciado este martes una nueva reforma de la ley vasca de Vivienda de 2015, la segunda en la legislatura, para dar más poder a la Administración en la venta de viviendas protegidas, que salen al mercado con precios regulados. Eso permitirá, por un lado, seleccionar a los nuevos titulares desde las listas de Etxebide conforme a criterios más objetivos y, por otro lado, evitar un “fraude generalizado” que consistía en solicitar un plus en concepto de “muebles” o similar para acercar el precio del piso al del mercado, mucho más alto, y obtener un beneficio.

En la Cadena Ser, Itxaso ha asegurado que se ha detectado “un problema que se está institucionalizando” y que consiste en “exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario”. Vivienda calcula que anualmente se realizan unas mil operaciones con viviendas protegidas y sostiene que “la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido”. En ocasiones, esto se ha producido con la participación de inmobiliarias.

El Ejecutivo modificará la normativa en vigor de modo que los propietarios que quieran vender su casa protegida “deberán comunicarlo” a sus delegaciones correspondientes de Vivienda en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, “que asumirán la intermediación del proceso” y no sólo una labor de verificación, como hasta ahora. “La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide”, explica el Gobierno.

Son ahora mismo unas 24.000 las personas demandantes de vivienda en Euskadi que prefieren la opción de compra. Es un 20% del total de inscritos en Etxebide. Con el nuevo sistema, el vendedor ya no irá a Vivienda con una propuesta de comprador, sino que será la Administración quien tire de listas, como sucede con las asignaciones de alquiler. Así, se buscará una “adecuación” de las casas que salgan al mercado a las “necesidades específicas” de los demandantes. Se tendrá en cuenta el tiempo de espera, por ejemplo, o el tamaño de la unidad de convivencia en relación a las habitaciones de las casas. Según Itxaso, en “tres o cuatro meses” el vendedor podrá tener su dinero, unos tiempos no muy alejados de los actuales.

El Ejecutivo interpreta que esto supondrá mejorar la “respuesta pública” a la emergencia habitacional, “movilizar de forma más eficiente” el parque ya existente. Itxaso ha llegado a decir que el Gobierno vasco quiere ser una “gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”. Hasta ahora, había capacidad para imponer multas de hasta 45.000 euros -según una cifra dada por el propio consejero en una rueda de prensa- o que el Gobierno ejerciera el derecho de tanteo y se quedase con la casa en venta “cuando existían indicios acreditados de fraude”.

La ley vasca de Vivienda es de 2015. Fue aprobada mediante una carambola política. El PNV gobernaba en solitario y la norma la aprobaron desde la oposición el PSE-EE (los proponentes), EH Bildu y UPyD. Aquel texto fue el primero en España en desarrollar el derecho constitucional a la vivienda, de modo que quien reúna los requisitos tiene derecho a que la Administración le asigne una casa en alquiler asequible o a cobrar una ayuda (ahora de 300 euros) para facilitar la entrada al mercado libre.

En su décimo aniversario, mediante una proposición no de ley, esta norma y otras fueron retocadas. El Parlamento aprobó en diciembre de 2025 la reforma con la imagen reconciliación de PNV y PSE-EE en materia de vivienda después del encontronazo de 2015 y, sobre todo, de que el PNV recurriera al constitucional la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio del consejero vasco socialista, entonces Iñaki Arriola. El lehendakari, en un acto del PNV este domingo, ya avanzó que llegarían nuevas medidas en materia de vivienda.

Está por concretar el procedimiento elegido. Como proyecto de ley, la reforma requeriría de informes internos y de un plazo de tramitación administrativa largo antes de llegar a la Cámara. Como proposición de ley, los partidos pueden saltarse todo eso y bastaría con un dictamen favorable del Ejecutivo. La oposición está denunciando que el Ejecutivo, en esta legislatura, está abusando de esta fórmula. Sea como fuere, PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para dar curso a esta iniciativa.

“Esto acaba de empezar”. Así intentan despejar en la dirección del PP las preguntas sobre una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez liderada por Alberto Núñez Feijóo apoyada en el PNV y Junts a cuenta del caso Zapatero. Ni siquiera las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, alentando un adelanto electoral aceleran los tiempos del PP. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova, que pretende que sean los socios del Gobierno los que pidan que Feijóo se lance: “Deben moverse los que le apoyan, estaremos a la altura”.

El PP intenta así quitarse de encima la presión para una moción de censura que, sostiene la dirección de Feijóo, no tiene visos de salir. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las acusaciones recogidas en el sumario, hecho público este lunes, no son suficientes para el líder de la oposición, temeroso de “regalar” un triunfo político a Sánchez, tal y como ha reconocido en múltiples ocasiones. Una tesis que comparte Felipe González.

Es el mismo Feijóo que hace apenas un mes, la pasada Semana Santa, apelaba directamente al PNV y Junts en una entrevista para Servimedia. “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”, dijo. Y concretó: “La moción de censura no la hago para gobernar con Junts y PNV. La plantearía para convocar elecciones y no haría como Sánchez, las convocaría. No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha para la convocatoria electoral”.

Incluso la semana pasada Feijóo pareció abrir la puerta a un movimiento definitivo contra Sánchez. En la sesión de control del miércoles, el líder del PP aseguró que “no se podrían cometer sin la complicidad” del Consejo de Ministros, lo que apunta directamente al presidente. Luego, en conversación con los periodistas, añadió: “Voy a hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”. Desde Vox sí azuzan al PP para que se lance ya. “España sí tiene prisas” dejó escrito el dirigente Jorge Buxadé en Twitter.

Pero este lunes y con todos los medios del país llenos de titulares sobre los informes de la investigación de la UDEF a Zapatero, el PP ha tirado del freno para quitar a Feijóo la responsabilidad de presentar (y ganar) una moción de censura, y para meter presión a los socios de Sánchez. Especialmente al PNV.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, apuntó el portavoz del PP, Borja Sémper, tras asegurar que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”. El dirigente recordó que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, dijo Sémper, quien se dirigió expresamente al PNV: “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

El PP respondía así al PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, quien este mismo domingo dijo en un acto de partido: “Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”.

PNV y Junts no siguen a Feijóo

Pese al recrudecimiento de la tormenta judicial en la que vive instalado el Gobierno, la última de las preocupaciones de Pedro Sánchez es la de la hipótesis de una moción de censura que en las filas socialistas creen imposible. Por el momento. 

En el Ejecutivo sostienen que una cosa es que algunos socios parlamentarios eleven el tono, algo que tampoco resulta novedoso, y otra que partidos como el PNV o Junts unan su suerte política al PP y a Vox. Ahí enmarcan las declaraciones de Esteban de este fin de semana con una opinión que ya trasladó el pasado mes de noviembre en una entrevista en elDiario.es cuando el señalado era Santos Cerdán. 

En la Moncloa explican que, en su competición electoral con EH Bildu, el PNV tendría imposible explicar que jugó un papel fundamental en una hipotética iniciativa que implica a la ultraderecha. La misma reflexión hacen sobre Junts, convertido en la práctica en fuerza de oposición en el Congreso pero con un camino también vedado hacia una moción con Vox. La moción de censura es lo que menos preocupa al Gobierno en un momento en el que vuelve a tener el agua al cuello por el ‘caso Zapatero’. El Ejecutivo contiene la respiración a la espera de la declaración del expresidente del próximo 2 de julio y de los nuevos detalles de la investigación que se van conociendo. 

En el PSOE creen que Zapatero será capaz de echar por tierra la presunta influencia en el rescate de Plus Ultra que le imputa el juez. Y se afanan en defender la “pulcritud” de esa operación económica, que salvó a la aerolínea en plena pandemia y de la que en Moncloa se muestran convencidos que nadie podrá demostrar irregularidad alguna.

Este lunes tanto el PNV como Junts han salido al paso de informaciones que alientan contactos sobre una posible moción de censura. Unos contactos “habituales”, aseguran desde el partido vasco, “pero en ninguno se ha puesto la moción de censura sobre la mesa como estrategia de nada”.

Puigdemont publicó este lunes en sus redes sociales un largo mensaje muy crítico con el PSOE, aunque en ningún momento abre la puerta a presentar una moción de censura contra Sánchez y agita la posibilidad de que la imputación sea ‘lawfare’. “Hace mucha gracia ver perfiles de militantes y simpatizantes del PSC y del PSOE hablando estos días de golpismo judicial y de confabulación mediático-policial que no hace tanto tiempo nos menospreciaban [...] cuando denunciábamos.

La izquierda pone distancia con Zapatero

Los aliados parlamentarios del Gobierno tampoco contemplan por ahora apoyar una moción de censura, aunque lo cierto es que, en los últimos días, se han alejado rápidamente de Zapatero tras haber mostrado inicialmente su confianza en él, y se han distanciado de la defensa cerrada al expresidente por la que ha apostado la Moncloa.

En la misma situación está Sumar. En ningún momento se han planteado romper el Gobierno, pero han puesto tierra de por medio con el que, hasta su imputación, era una de las figuras socialistas mejor vistas por el espacio a la izquierda del PSOE. “Lo que estamos viendo con Zapatero no es más que el enésimo recuerdo de una de las fallas estructurales de nuestro país”, aseguró este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien recordó que “el 15M”, que estalló cuando Zapatero era aún presidente del Gobierno, “tomó las plazas para crear y reivindicar una nueva manera de hacer política”. 

Desde Más Madrid, dentro de la coalición Sumar, Eduardo Fernández Rubiño siguió la misma línea. “Entendemos el shock en las filas socialistas”, dijo, para recordar que “muchos” se iniciaron “en política frente al Gobierno de Zapatero, que estaba recortando el Estado del bienestar de manera muy dura”.

ERC, por su parte, ha optado por el silencio ante las palabras de Esteban. Al contrario que EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, afirmó este lunes en una entrevista en La Vanguardia que los 'abertzales' se mantienen “a la espera” y que, al menos por el momento, cuentan con terminar la legislatura.

“Son los socios los que deben moverse”. Así ha descartado este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, que su líder, Alberto Núñez Feijóo, vaya a presentar una moción de censura pese a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sémper ha respondido expresamente al presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este fin de semana deslizó la idea de un adelanto electoral. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, ha apuntado Sémper en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper ha afirmado que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”.

La imputación de Zapatero “no es un episodio más”, ha apuntado Sémper, porque “es la primera vez que un expresidente está investigado por corrupción”, ha añadido. “Los escándalos se suceden”, ha dicho. “No nos da tiempo a dejar de sorprendernos y escandalizarnos”, ha asegurado, para anticipar que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz. Es decir, cobrar de una administración pública presuntamente gracias a su apellido”.

Los socios, “culpables por omisión”

Pese a todos estos elementos, Sémper ha descartado que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos. El PP lo deja en manos de los socios: “¿No hay ningún socio del Gobierno que diga que ya no se puede continuar ni un minuto más en esta situación y que haga algo para que no se siga más en esta situación?”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, ha afirmado el portavoz del PP.

“El foco político e informativo hoy está en lo que Zapatero ha hecho o hace Sánchez, no en lo que Feijóo va a hacer”, ha explicado Sémper. “Está en Moncloa o en Ferraz, no en Génova, 13”, ha añadido, en referencia a la sede del PP.

“Hay que dar pasos y estaremos a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer lo más responsable, todo lo que esté en nuestra mano para sacar a España de este pozo. Que nadie espere cosas extravagantes. Cabeza y sensatez”, ha concluido.

El Gobierno vasco y Eudel han acordado un nuevo sistema de financiación para los euskaltegis municipales con el objetivo de dotar de estabilidad y una visión a largo plazo a la financiación de estas entidades. El Gobierno vasco incrementará la financiación destinada a los euskaltegis municipales, que pasará de 14,1 millones de euros en el curso 2025-2026 a 15,1 millones de euros en el curso 2026-2027, lo que supone un incremento superior al 7%.

El nuevo modelo actualizará el sistema vigente hasta ahora, simplificará la gestión administrativa y permitirá reforzar la capacidad de planificación de los ayuntamientos y de los propios euskaltegis, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

El acuerdo alcanzado entre HABE y Eudel establece un nuevo sistema de financiación para los euskaltegis municipales a partir del curso 2026-2027 y tendrá una vigencia inicial de cuatro cursos. El nuevo modelo sustituirá el sistema anterior, basado en los costes salariales y antigüedad del profesorado, por un modelo más simplificado y homogéneo basado en módulos vinculados a la actividad docente y las horas lectivas impartidas.

El objetivo es reforzar la estabilidad financiera de los euskaltegis municipales, simplificar la gestión administrativa y adaptar el sistema a la realidad actual de la red de estos centros. Además, el acuerdo prevé mecanismos transitorios de compensación para evitar pérdidas económicas en aquellos euskaltegis que pudieran verse afectados por el cambio de sistema.

El Gobierno vasco incrementará la financiación destinada a los euskaltegis municipales, que pasará de 14,1 millones de euros en el curso 2025-2026 a 15,1 millones de euros en el curso 2026-2027, lo que supone un incremento superior al 7%.

Actualmente, los 38 euskaltegis municipales dan servicio a cerca de 9.000 alumnos y alumnas y cuentan con alrededor de 500 profesionales trabajando en ellos. En total, la red de euskaltegis -públicos y privados- reúne a más de 35.000 alumnos y alumnas en Euskadi.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de campañas conjuntas de matriculación y la creación de una comisión de seguimiento entre HABE y Eudel para analizar las necesidades futuras de los euskaltegis municipales y seguir mejorando la coordinación entre ambas instituciones.

“Paso fundamantal”

El acuerdo se enmarca en la estrategia Jauzia Gara impulsada por el Gobierno vasco para favorecer un salto cualitativo en el uso social del euskera. Dentro de esa estrategia, uno de los ámbitos prioritarios es el conocimiento y la capacidad lingüística. El objetivo es que cada vez más personas aprendan euskera y, sobre todo, que cada vez más personas puedan desenvolverse en euskera en su vida cotidiana.

En los últimos años, el Gobierno vasco ha impulsado diferentes políticas de gratuidad para reducir las barreras económicas al aprendizaje del euskera. Y los datos muestran que esas políticas están dando resultados. Un ejemplo es la gratuidad del nivel A1, dado que tras su puesta en marcha, el número de personas que superaron ese nivel pasó de 1.963 a 2.831 en un solo curso; es decir, un incremento del 44% y cerca de 900 personas más dando sus primeros pasos en el aprendizaje del euskera.

En ese mismo marco se sitúa también la iniciativa Euskara Bonua presentada recientemente por el Gobierno vasco, con la que se quiere favorecer no solo el acceso a los euskaltegis, sino también la continuidad en el aprendizaje y la adquisición de una capacidad real de uso.

Asimismo, el Gobierno vasco trabaja ya en el futuro sistema de concertación de los euskaltegis privados, con el objetivo de reforzar la estabilidad del conjunto de la red de euskaldunización de personas adultas y garantizar un servicio de calidad para la ciudadanía. El acuerdo se ha presentado este lunes en la sede del Gobierno vasco, en Vitoria-Gasteiz, y ha contado con la participación de la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz; la alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga; el concejal de Oñati Iñaki Olalde; y el teniente de alcalde de Irun, Jon Ugarte.; el viceconsejero de Política Lingüística Aitor Aldasoro; el director de HABE, Jokin Azkue; y el director de Eudel, Joseba Intxausti.

Durante la comparecencia se ha subrayado el valor del acuerdo y la capacidad de colaboración institucional entre diferentes municipios y sensibilidades políticas en torno al euskera. Bengoetxea ha destacado que este acuerdo “no es una medida aislada”, sino que forma parte “de una transformación más amplia del sistema de euskaldunización de personas adultas” impulsada por el Gobierno vasco dentro de la estrategia. “Queremos dar un salto cualitativo en el uso social del euskera y, para lograrlo, hay un ámbito prioritario: el conocimiento y la capacidad lingüística”, ha señalado. En ese sentido, ha defendido que “si queremos dar un salto en el uso del euskera, necesitamos políticas de gratuidad, pero también una red sólida y estable de euskaltegis”.

La presidenta de Eudel ha subrayado la colaboración institucional para dar respuesta a una reivindicación histórica de los ayuntamientos vascos y ha puesto en valor el consenso alcanzado entre las diferentes sensibilidades municipales. “Hoy damos un paso fundamental para blindar la financiación de los euskaltegis municipales y consolidarlos como un servicio público esencial y cercano para miles de ciudadanas y ciudadanos”, ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el acuerdo refuerza los derechos lingüísticos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en los municipios vascos. Los representantes municipales han coincidido en el compromiso conjunto para la estabilidad financiera y la capacidad de planificación de los ayuntamientos y de los propios centros. También han defendido la importancia de los euskaltegis públicos en la vida de la comunidad, y para garantizar el acceso al euskera en todos los municipios.

La sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) sigue sin multar a aquellos usuarios que, más de cuatro años después de la puesta en funcionamiento de la línea de autobús eléctrico inteligente (el conocido como BEI), hacen uso de este medio de transporte público sin pagar el correspondiente billete. El título (por 1,40 euros) ha de comprarse en la marquesina, donde también se puede validar la tarjeta de transporte (36 céntimos en este caso por las tarifas con descuento), pero es muy infrecuente ver a revisores con capacidad de imponer multas en caso de incumplimiento, como sí sucede, por ejemplo, en el tranvía, que depende del Gobierno vasco. Según los datos brindados por Tuvisa, hay solamente cuatro personas asignadas a estas labores de control en el BEI.

La presidenta, la edil del PNV Izaskun Reyes, ha minimizado, en cualquier caso, los casos de fraude que puedan existir y, en una comisión municipal celebrada esta pasada semana, los ha rebajado aseverando que no tienen “números de relevancia”. En cualquier caso, ha dicho, Tuvisa no tiene “competencias sancionadoras”.

El asunto lo ha planteado en la comisión de Espacio Público, Barrios, Movilidad y Tráfico el concejal del PP Alfredo Iturricha. Ha aludido a dos testimonios recogidos en el Buzón Ciudadano de la ciudad, un portal al que se pueden remitir quejas y testimonios. “Nunca cojo el BEI, pero hoy me he dado cuenta de que el más tonto he sido yo porque he pagado el billete. Ver con toda la impotencia del mundo que la inmensa mayoría de la gente se monta sin pagar el billete da mucha tristeza. Por favor, más controladores, porque si no, yo no vuelvo a pagar”, rezaba uno de ellos, según ha leído. “Me parece una vergüenza que casi nadie pague antes de subir al BEI. Estábamos más de quince personas en la parada y hemos pagado dos. No sé cómo se puede solucionar el problema, pero, a primera hora de la mañana, en la parada que está cerca de Txagorritxu, la mayoría de los estudiantes no pagan. De ahí mi más absoluto enfado”, decía el otro.

Algunos conductores transmiten una percepción similar a la recogida con esas palabras en el buzón ciudadano. Secundan la idea de que no hay suficientes revisores. Consideran, además, que los que hay no cuentan con las herramientas necesarias y por tanto no pueden desempeñar su trabajo. “Es como si no hubiera ninguno”, lamentan.

Tuvisa explica que, “en el ámbito municipal, la multa es un ejercicio de potestad sancionadora muy condicionado”. Ese es el motivo por el que se recurre a la figura del conocido como billete extraordinario. Ante su ausencia de capacidad sancionadora, el reglamento de transporte urbano de Vitoria prevé, para aquellas personas que viajen sin título válido, la emisión de “un billete extraordinario de 50 euros, para que lo abone en las máquinas de autoventa o dispositivos de Tuvisa en el plazo de 7 días naturales desde su requerimiento”. De no hacerlo en un plazo de siete días naturales, se interpondrá una denuncia para la instrucción de un expediente sancionador por infracción administrativa, pudiendo llegar a recurrirse a la Policía local si es necesaria para la identificación. “El personal de Tuvisa estará facultado a requerir a la persona viajera sin título de viaje válido a que abandone el vehículo en la primera parada que se produzca”, añade el texto.

“Dos frente a 19 millones”

La presidenta le ha afeado al concejal 'popular' que no haya planteado la cuestión previamente en el consejo de administración de Tuvisa, para el que los partidos designan representantes. “Si lo que usted pretende es empañar la imagen de la gestión del transporte público de nuestra ciudad, le diré que, como consejero de Tuvisa [que Iturricha es], debería también asumir sus responsabilidades”, le ha espetado. Le ha acusado, además, de cuestionar el BEI, una línea que ha implicado en algunos tramos la reducción de carriles para el transporte privado y que por ello ha suscitado algunas críticas de la ciudadanía. Y le ha lanzado un dato: 5.827.927 usos del BEI durante 2025. “Dos testimonios frente a más de 19 millones de usos ponen de relieve que el fraude que pueda existir no [tiene] números de relevancia”, ha colegido. “A usted no le preocupa Tuvisa, a usted no le preocupa la ciudadanía, a usted lo que le preocupa es hacer demagogia política muy fea”, le ha reprendido.

Iturricha, en su respuesta, ha hablado de “descontrol”, ha tildado a la presidenta de “colmo de la incompetencia” y la ha acusado de actuar con “desidia”. Ha llegado a pedir incluso su relevo al frente de la sociedad municipal. “Llevamos cuatro años enteros con las puertas abiertas al fraude en el BEI. Cuatro años en los que las personas honradas, como las que han escrito, ven con impotencia, con frustración cómo otros suben gratis ante la pasividad de usted y de su Gobierno”, le ha reprochado. Junto a Reyes se encontraba Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y concejala delegada de Espacio Público y Barrios. “No se trata de un fallo técnico o en la puesta en marcha de este servicio, porque han pasado cuatro años que no han sido suficientes para poner algo tan básico o elemental como un sistema de control. [Tendría] que haber nacido ya con él”, ha abundado el concejal del PP.

El Gobierno respeta pero no comparte la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería “irresponsable” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

“Tranquilidad”, han señalado a EFE fuentes de Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban este domingo en su intervención en el acto que el PNV ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027.

Las mismas fuentes han insistido en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, han señalado respecto a Esteban.

Sobre los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han conocido en las últimas horas, las fuentes han mantenido su apoyo de esta semana de esta semana al exlíder socialista.

Y lo hacen al considerar que esos informes constatan el hecho de que no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el Zapatero.

Después de que este miércoles se conociera el auto del juez José Luis Calama que cita a declarar a Zapatero el 2 de junio, se está a la espera de conocer en las próximas horas el sumario, y, ante ello, fuentes del Gobierno han reiterado que no hay pruebas documentales de los delitos de los que se acusa al expresidente.

Uno de esos informes policiales mantiene que Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia de coronavirus, cuando la aerolínea recibió 53 millones del Gobierno.

Además, la Policía pone de relieve varios archivos de Excel que Zapatero envió a su amigo Julio Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su “posición directiva”.

El PNV eleva el tono con Pedro Sánchez. El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha considerado este domingo que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha advertido de que “son necesarias muchas explicaciones”.

“Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, ha señalado Esteban en un acto político celebrado en Durango en el que el PNV ha lanzado la carrera electoral de las elecciones forales y municipales del 2027.

El presidente del PNV ha aludido a “todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español” y que son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”.

“Aquí no vale todo”, ha advertido Aitor Esteban, que ha recordado que “ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo “absoluto”. Aunque se está “en una fase indiciaria de la instrucción” del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno “es muy grave y muy preocupante”.

Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez “no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo” porque “esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones”. Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a “seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales”.

Esteban también ha criticado durante su intervención al otro socio del Gobierno de coalición. Así, le ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya puesto “patas arriba” Osakidetza por la huelga de médicos. “Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad pura palabrería. Les da igual que la huelga esté afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi” y le ha reclamado “que se siente a negociar con los médicos”. “Y qué si no lo haga Sánchez porque él es tan responsable como la ministra”, ha apostillado.

Pero las advertencias al Gobierno de Sánchez no han ido acompañadas de guiños al PP, un partido que ha considerado que sigue “fuera de lugar”. “PP, el partido perdido. No entienden el país, quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestro modelo de ser y de hacer”, ha asegurado Aitor Esteban.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha “lamentado” lo sucedido este sábado en el aeropuerto de Loiu, donde agentes de la Ertzaintza cargaron contra activistas de la flotilla recién llegados y que venían de denunciar represión en Israel. Ha indicado que el papel de la Policía autonómica era el de garantizar el “saludo” de quienes habían ido a recibirles y el normal funcionamiento de la terminal de llegadas y “es evidente” que no se logró “ni lo uno ni lo otro”. Ha comprometido investigar la actuación de los ertzainas, ha reconocido que las imágenes “en nada benefician” al cuerpo y ha añadido que también investigará a quienes “provocaron” la respuesta policial.

Zupiria ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo en Landako, donde el PNV, su partido, realiza un acto electoral de cara a las municipales y forales de 2027. Ha indicado que “estaba apalabrado” entre la Ertzaintza, Aena y “representantes” de la flotilla cómo tenía que ser el recibimiento y ha insistido en que “no tenía que haber sucedido lo que sucedió”. Se da la circunstancia de que este sábado, en la primera versión de los hechos, se habló de una “llegada no comunicada a la Ertzaintza”.

El titular de Seguridad, en el cargo desde 2024 y antes consejero otros ocho años con otras responsabilidades, ha hablado de “provocaciones y empujones” que motivaron la reacción de la fuerza desplegada y, a la espera de las conclusiones de la investigación interna, ha indicado: “Algunas situaciones las sabemos gestionar todos con normalidad”. Zupiria ha asumido “en primera persona” la responsabilidad del operativo de Loiu. Otra consejera del PNV, Amaia Barredo, ha dicho en Radio Euskadi que “fueron unas imágenes lamentables”.

Lo que está comprometido es una triple investigación. Por un lado, Asuntos Internos y la comisión de control externa de la Policía vasca analizarán el papel de los agentes. Por otro lado, un juzgado revisará las imputaciones a los detenidos. Zupiria ha pedido también comparecer de urgencia en el Parlamento Vasco. Podría ser el martes, cuando había ya convocada una reunión de la comisión de Seguridad por otros temas. Si no es posible, la oposición tiene margen para registrar todavía preguntas de cara a la sesión de control al Gobierno del próximo viernes.

Agentes de dos unidades diferentes de la Ertzaintza (Brigada Móvil, con uniformes negros, y Seguridad Ciudadana, más azulados) intervinieron este sábado en la terminal de Loiu bajo la justificación de que las personas recién llegadas estaban impidiendo el normal tránsito de los usuarios del aeropuerto. Golpearon con porras a algunos de ellos, los retuvieron contra el suelo, se produjeron igualmente algunos empujones y, finalmente, la intervención se saldó con cuatro detenidos. Algunos acabaron en centros de salud de Bilbao custodiados por los agentes. Todos ellos están ya en libertad, aunque pendientes de la autoridad judicial.

La competencia policial de los aeropuertos vascos es singular y, de hecho, se reajustó en 2024. En Loiu operan cuatro cuerpos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la propia Ertzaintza. La Policía Nacional hace labores de fronteras y extranjería, es decir, los controles de pasajeros y mercancías hacia fuera de la Unión Europea, como es el caso de los vuelos a Londres o Nueva Jersey. La Guardia Civil tiene encomendado el “resguardo fiscal” y, por ejemplo, vigila la zona de los controles de seguridad previos a los embarques. El Servicio de Vigilancia Aduanera realiza operaciones relacionadas con el contrabando. La Ertzaintza, que tiene una pequeña oficina en la terminal, se encarga de la seguridad y orden público en general en las instalaciones en su condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Según Global Sumud Flotilla, lo sucedido en el aeropuerto fue una “agresión” a los “supervivientes” del maltrato de Israel. “Después de 35 horas de intercepción, detenciones arbitrarias y torturas en prisiones israelíes, esperaban un abrazo en casa. En su lugar, encontraron la misma lógica de control”, exponen. Añaden que existe una “transferencia” de tácticas desde Israel hasta la Policía vasca, en velada referencia a sus históricos lazos con aquel país. “No normalicemos la violencia”, abundan. Y piden una “investigación internacional”.

Por su parte, Amnistía Internacional considera que la Ertzaintza hizo un “uso excesivo de la fuerza”. “Las imágenes publicadas no muestran ninguna causa legítima para el uso de la fuerza. Es muy grave que se haya golpeado con porras, de forma reiterada, a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo. Exigimos una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas efectiva. Los protocolos policiales deben prohibir el uso de porras contra personas inmovilizadas y que no representan ningún riesgo”, interpretan.

El suceso tuvo eco en medio mundo, desde Al Jazeera hasta Israel. El Ministerio de Exteriores israelí, en su cuenta oficial de X, llamó “anarquistas” a los detenidos e ironizó que estaban volviendo “loca” a la Policía “española”. Lo comparó con otras cargas en Grecia, también en un aeropuerto. Igualmente, EH Bildu, Sumar y Podemos han criticado la actuación de la Ertzaintza.

Tres de los cuatro sindicatos de la Ertzaintza han coincidido en defender la actuación en Loiu. “Hemos vuelto a ver cómo determinados colectivos y su entorno han buscado el enfrentamiento con la Ertzaintza para convertir cualquier actuación en propaganda política y victimismo mediático”, entiende Esan, que considera que los agentes se desempeñaron con “profesionalidad, contención y firmeza” frente a la “tensión, el ruido y el espectáculo”. Erne insiste también que, “con independencia de la situación personal o humanitaria” de los miembros de la flotilla, en Loiu un grupo actuó “al margen de las normas establecidas, alterando el normal funcionamiento de una infraestructura pública”. Insisten en que los ertzainas respondieron en un contexto “complejo” y “bajo una enorme presión” y la central les brinda “apoyo absoluto y reconocimiento”. Sipe denuncia también una “campaña de desprestigio”. No consta ningún pronunciamiento de la nueva fuerza sindical mayoritaria del cuerpo, Euspel.

Asimismo, unas horas después de lo sucedido en Loiu, se produjeron nuevos incidentes en Vitoria, en este caso en el marco del último partido de la temporada del Deportivo Alavés, una doble fiesta por la permanecencia en Primera División y por el aniversario de la final europea de Dortmund en 2001. La Policía arrestó a dos varones por un “delito de atentado a agente de la autoridad”, según el parte oficial. Se añade que en los momentos previos al partido “un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba, comenzando a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes”. Al menos tres policías resultaron heridos. Aquí sí, Euspel ha denunciado la “brutal agresión” a la fuerza desplegada. “No es fútbol, es violencia”, expone esta organización.

Zupiria ha calificado el sábado como una jornada “complicada” para la Ertzaintza, un cuerpo con déficit estructural de plantilla del entorno de 1.000 efectivos. Ha mencionado que coincidieron las finales de rugby europeo en Bilbao, una manifestación en Vitoria y también el recibimiento y el partido del Deportivo Alavés. Asimismo, ha asumido que Euskadi es una zona donde el genocidio de Palestina ha suscitado especial sensibilidad y que la imagen proyectada le genera preocupación.