Triple recurso al cierre de la investigación del Irurak Bat en Getxo: Fiscalía, PP y EH Bildu quieren que se reabra la causa

La Fiscalía ultima el recurso del archivo de la investigación penal por el derribo del palacete protegido de Getxo Irurak Bat, decidida por el magistrado Marcos Amor la pasada semana al entender que es válido el precedente de un contencioso-administrativo sobre otro edificio del municipio vizcaíno, La Aldea. El PP, personado como acusación en el procedimiento, ya ha confirmado igualmente la apelación, mientras que EH Bildu, otro partido de la oposición en la localidad, hará lo propio, según confirman desde la formación abertzale.

Amor cerró una causa en la que estaban imputadas diez personas, entre ellas tres exediles del PNV —dos de ellos pretendían residir en las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al edificio derruido—, al señalar que no había indicios de delito. En la instrucción no han comparecido los investigados, como tampoco algunos testigos, como el arquitecto municipal Urko Balciscueta. Tampoco se han analizado los dispositivos electrónicos decomisados cuando era otra la instructora, Neus Galobardes, que ordenó varios registros en enero de este año. Se pueden leer aquí algunas claves de esta causa judicial.

El propio Amor, en el auto de cierre, ponía en valor la solidez de los argumentos de la Fiscalía, que sí ve indicios de delito en todo lo que rodea al Irurak Bat. Ahora fuentes del ministerio fiscal confirman que preparan ya la apelación. Será la Audiencia Provincial de Bizkaia la que decida si es oportuno reabrir la investigación.

La memoria de la Fiscalía

Este movimiento llega coincidiendo con la presentación de la memoria de la Fiscalía vasca, con datos sobre las actuaciones de 2025. En el documento, elaborado por Carmen Adán, no hay referencias directas a esta causa, pero sí a que fueron 26 las diligencias de investigación puestas en marcha en doce meses sobre casos relacionados con delitos patrimoniales o medioambientales. Se trata de un capítulo más amplio que los temas urbanísticos, ya que se unen igualmente casos de vertidos, maltrato animal o similares. Como caso más similar, se menciona un expediente iniciado en 2023 en Vitoria por la “demolición de parte de los edificios que forman parte del complejo” del palacio del Marqués Foronda, a las afueras de la capital. El empresario implicado era Gonzalo Antón, expresidente del Deportivo Alavés y conocido también por los locales de San Antonio.

En lo tocante a los casos de corrupción en general, encuadrados bajo el epígrafe de “delitos contra la Administración pública”, la Fiscalía no ofrece grandes detalles de sus actuaciones. Se alude a 24 nuevas causas abiertas, siete por prevaricación, dos por tráfico de influencias, seis por malversación y el resto a “actividades prohibidas a funcionarios”.

2025 fue un año especialmente intenso en Euskadi con al menos dos grandes operaciones anticorrupción. La primera tuvo lugar en junio en Elorrio, con el registro por parte de la UCO de la Guardia Civil del domicilio del empresario Antxon Alonso, presunto socio del entonces dirigente socialista Santos Cerdán. La segunda, relacionada con los mismos hechos, tuvo lugar en diciembre en la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Ambas actuaciones, en todo caso, están residenciadas en el Tribunal Central de Instancia y no corresponden a juzgados vascos.

La Fiscalía vasca, como tal, no tiene una delegación de Anticorrupción. Sí hay un equipo de fiscales especializados en delitos económicos. Pero la memoria de Adán indica que no son muchos —seis fiscales en total y no todos ellos dedicados en exclusiva a ello— y que tampoco tienen “personal auxiliar”. El documento del ministerio público agradece expresamente que el Gobierno vasco haya creado la oficina BIS para recoger denuncias internas de posibles irregularidades y que ha permitido conocer algunas primeras conductas ilegales. Hasta siete asuntos han acabado ya en manos de la Fiscalía por esta vía, sin que haya detalles de su alcance.