Cuando la inseguridad vota

Hay resultados electorales que se explican mirando la campaña y otros que obligan a mirar mucho más atrás. El obtenido por Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones de Sajonia-Anhalt pertenece a los segundos. Naturalmente, habrá que hablar de inmigración, del rechazo al Gobierno federal, de las peculiaridades de Alemania oriental o de la guerra de Ucrania. Pero quizá convenga mirar también hacia otro lugar: al deterioro de aquellas instituciones que durante décadas hicieron de las sociedades europeas lugares relativamente seguros para vivir.

Unos meses antes de estas elecciones, el Gobierno alemán, formado por la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), había anunciado un importante recorte del Estado del bienestar. Entre otras medidas, una reducción acumulada del gasto sanitario de hasta 38.000 millones de euros hasta 2030 y un endurecimiento de las condiciones de acceso a determinadas prestaciones sociales, especialmente las vinculadas al desempleo de larga duración.

Existen problemas reales que no pueden ignorarse —envejecimiento demográfico, incremento de los costes sanitarios, debilidad económica o necesidades de inversión—, pero las decisiones presupuestarias son profundamente políticas, ya que indican qué riesgos decidimos afrontar colectivamente y cuáles trasladamos a las personas y las familias. Y hay un elemento que convierte el caso alemán en particularmente significativo, ya que el ajuste anunciado coincide con un considerable incremento del gasto en defensa. Aunque no pueda establecerse una correspondencia contable simple entre ambas partidas, resulta inevitable preguntarse: ¿qué ocurre cuando un Estado afirma que debe incrementar nuestra seguridad frente a supuestas amenazas exteriores mientras reduce las instituciones destinadas a proporcionarnos seguridad frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez?

Tony Judt formuló hace tiempo una advertencia que hoy resulta inquietantemente actual. En 'Sobre el olvidado siglo XX' escribió que “gracias a medio siglo de prosperidad y estabilidad, en Occidente hemos olvidado el trauma social y político que representa la inseguridad económica de las masas, y en consecuencia no recordamos las razones que llevaron en primer término a la creación de los Estados del bienestar de los que hoy disfrutamos”. La palabra fundamental es inseguridad. Porque el Estado del bienestar nunca fue solo una gigantesca maquinaria redistributiva, era también, y sobre todo, una formidable institución productora de seguridad colectiva. Permitía saber que enfermar no significaría arruinarse, que perder el empleo no supondría caer inmediatamente en la pobreza, que envejecer no equivaldría a depender de la caridad familiar y que el origen social de una criatura no determinaría completamente sus oportunidades educativas. Aquellas políticas no eliminaron la desigualdad (seguían operando en un sistema capitalista), pero hicieron algo políticamente decisivo: redujeron el miedo. Y hemos olvidado hasta qué punto las democracias necesitan de personas que no tengan miedo.

Asimetría entre izquierda y derecha

Aquí aparece una paradoja que la izquierda europea debería tomarse muy en serio. Tendemos a suponer que el deterioro de los servicios públicos, el debilitamiento de la protección social o el aumento de la inseguridad económica terminarán pasando factura electoral a las fuerzas políticas que los promueven. Parecería lógico: si alguien recorta las prestaciones que utilizas o deteriora el hospital al que acudes, acabarás votando a quien prometa recuperarlas. Pero la política no funciona necesariamente así y, sobre todo, no funciona igual para la izquierda que para la derecha.

Existe una profunda asimetría política en las consecuencias del deterioro del Estado social. La izquierda necesita que las instituciones públicas funcionen porque una parte fundamental de su proyecto descansa sobre la promesa de que, mediante la acción colectiva, la fiscalidad y las instituciones comunes podemos protegernos mejor frente a determinados riesgos que abandonando a cada persona a sus propios recursos. La escuela pública, la sanidad, las pensiones o las prestaciones por desempleo son, en este sentido, mucho más que políticas concretas, son demostraciones cotidianas de que lo común funciona, y cuando lo hacen bien producen, además de servicios, confianza política. Por eso su deterioro provoca un daño particularmente grave a la izquierda. Una lista de espera interminable no constituye solamente un problema sanitario, puede convertirse en un argumento contra la capacidad de lo público. Una prestación insuficiente no genera únicamente pobreza, también alimenta la sospecha de que la redistribución no funciona. La extrema derecha se encuentra en una posición muy diferente: no necesita demostrar que las instituciones comunes pueden funcionar mejor, al contrario, prospera “demostrando” que han dejado de funcionar. 

Cuando faltan recursos sanitarios, viviendas asequibles, plazas escolares o prestaciones suficientes, el conflicto político puede formularse de dos maneras: podemos preguntarnos por qué una sociedad rica no garantiza determinados bienes colectivos, cómo se distribuye la riqueza, quién paga impuestos o qué prioridades presupuestarias hemos establecido; pero también podemos formular una pregunta completamente distinta: si los recursos son escasos, ¿quién tiene derecho a disfrutarlos? La primera pregunta conduce hacia la redistribución, la segunda hacia la exclusión. Y la extrema derecha es extraordinariamente hábil desplazando el debate de una hacia otra. Su operación política fundamental consiste en transformar conflictos verticales en conflictos horizontales, de manera que la cuestión deje de ser cuánto aportan quienes más tienen y pase a ser quién recibe qué entre quienes tienen menos. De este modo, el problema de la vivienda se convierte en competencia entre población autóctona e inmigrante, y la saturación sanitaria deja de explicarse por inversiones insuficientes y pasa a atribuirse a quienes supuestamente utilizan unos servicios que “nosotros” hemos pagado. El Estado social no desaparece del discurso de la extrema derecha, pero cambia radicalmente de naturaleza: protección social, sí, pero para los nuestros.

Aquí reside una de las paradojas más preocupantes de la política contemporánea. La derecha radical puede beneficiarse electoralmente del deterioro de unas instituciones sociales cuya expansión nunca formó parte de su proyecto político. Puede incluso defender políticas económicas regresivas y, simultáneamente, capitalizar la inseguridad producida por el debilitamiento de la protección colectiva. Todo lo contrario de lo que ocurre con la izquierda. Cuando gobierna, se espera de ella que los hospitales funcionen, que las escuelas reduzcan desigualdades, que las pensiones sean suficientes y que perder el empleo no conduzca a la pobreza. Pero cuando participa en el deterioro de esas mismas instituciones no solamente incumple una política concreta, debilita el fundamento material de su propia credibilidad.

Por eso la participación del SPD en el ajuste alemán plantea una cuestión especialmente delicada. Una fuerza socialdemócrata puede considerar que aceptar determinadas restricciones presupuestarias demuestra responsabilidad gubernamental, pero corre el riesgo de hacer indistinguibles las alternativas precisamente allí donde históricamente construyó su identidad. Si izquierda y derecha coinciden en transmitir que el Estado social ya no puede garantizar las seguridades que garantizaba, la extrema derecha puede ofrecer una respuesta distinta: no promete reconstruir la universalidad perdida, sino reducir el número de personas con derecho a beneficiarse de ella. Cuando no parece posible aumentar el tamaño de la tarta, siempre queda discutir quién merece sentarse a la mesa.

La seguridad social también es seguridad democrática

Aquí adquiere todo su sentido la advertencia de Judt sobre “el trauma social y político” de la inseguridad. El Estado del bienestar europeo no nació únicamente de un impulso humanitario ni fue simplemente resultado de la fuerza del movimiento obrero, sobre todo surgió de una experiencia histórica traumática, la de unas sociedades que habían aprendido durante la primera mitad del siglo XX que masas de población sometidas al desempleo, la pobreza, la incertidumbre y el miedo podían dejar de confiar en las instituciones democráticas y optar por el fascismo. La seguridad social fue, en este sentido, también seguridad democrática.

Esta es la dimensión que hemos ido olvidando al convertir el Estado del bienestar en una cuestión fundamentalmente contable. Discutimos cuánto cuesta la sanidad, cuánto cuestan las pensiones o cuánto cuesta el desempleo, pero no nos preguntamos cuánto cuesta políticamente que millones de personas vivan convencidas de que mañana pueden estar peor que hoy. Porque la inseguridad no genera necesariamente solidaridad ni las crisis económicas, la precarización o el deterioro de las condiciones de vida desplazan espontáneamente a las sociedades hacia la izquierda. Pueden producir solidaridad y movilización colectiva, pero también repliegue identitario, autoritarismo y búsqueda de chivos expiatorios.

La precariedad no tiene ideología predeterminada, depende de quién consiga interpretarla. Para que una interpretación progresista de la inseguridad resulte convincente es necesario construir solidaridades, explicar que quien compite conmigo por una vivienda no es la causa de que falten viviendas, que quien espera conmigo en las urgencias no es responsable de la insuficiencia de personal sanitario, que el que haya más o menos personas solicitantes de una prestación social no elimina la pregunta fundamental de por qué determinados grupos contribuyen fiscalmente mucho menos de lo que deberían. La extrema derecha dispone de una explicación mucho más sencilla para todo esto: basta con señalar a alguien.

R. H. Tawney comprendió extraordinariamente bien el peligro ya en 1931 y en 'Igualdad' recordaba que “la combinación de democracia y desigualdad económica extrema forman un compuesto inestable”, añadiendo que, aunque se trate de una vieja evidencia de la ciencia política, es una verdad que “se olvida periódicamente” y que “periódicamente, por tanto, es necesario volver a descubrir”. Ese redescubrimiento comenzó hace aproximadamente lustros, al calor de la crisis financiera y de las políticas de austeridad, tanto en las calles -con los movimientos de indignación que denunciaron sus costes sociales y la creciente concentración de la riqueza- como en el debate académico, donde trabajos como los de Thomas Piketty devolvieron la desigualdad al centro de la discusión económica y política. Pero quizá hoy haya que añadir algo a Tawney: el problema contemporáneo no es únicamente la desigualdad, sino la combinación de desigualdad e inseguridad. Una sociedad puede tolerar durante bastante tiempo diferencias económicas mientras una mayoría mantenga la expectativa de que su vida mejorará y confíe en instituciones capaces de protegerla frente a los grandes riesgos. Pero cuando la desigualdad coincide con la percepción de que esas protecciones se retiran, irrumpe una pregunta políticamente explosiva: si hay recursos para unas cosas, ¿por qué no los hay para “nosotros”?

En Alemania esa pregunta adquiere una especial gravedad cuando el ajuste de las políticas sociales coincide con el incremento del gasto militar. Pueden darse razones geopolíticas para considerar necesario ese esfuerzo, pero cada decisión presupuestaria expresa una prioridad y transmite un mensaje acerca de qué inseguridades considera el Estado que merecen protección. Un Estado puede decir a su ciudadanía que necesita protegerla frente a amenazas exteriores mientras reduce las instituciones que la protegen frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez, pero no debería sorprenderse si esa ciudadanía acaba preguntándose qué significa exactamente la palabra seguridad.

No se trata de sostener que los recortes sociales produzcan automáticamente votos para la extrema derecha, tampoco de reducir el racismo o la xenofobia a la inseguridad económica, sería falso y políticamente complaciente. Pero el deterioro del Estado social modifica el terreno sobre el que se desarrolla la competición política, y no lo hace de manera neutral. Además, los beneficios del Estado social y los costes de su deterioro tampoco se perciben simétricamente. Cuando las políticas públicas funcionan, sus beneficios tienden a naturalizarse, por eso nadie se levanta cada mañana agradeciendo que exista una escuela pública, que llegue una ambulancia cuando llama al 112 o que sus progenitores cobren una pensión; lo que funciona acaba convirtiéndose en mero paisaje. Cuando deja de funcionar, en cambio, el malestar busca responsables. Y aquí puede resumirse toda la asimetría de la que venimos hablando: si la izquierda necesita que lo público funcione, a la extrema derecha le basta con que alguien tenga la culpa de que no funcione.

Por eso la relación entre Estado social y democracia es mucho más profunda de lo que solemos reconocer. La sanidad pública, las pensiones, la educación, la vivienda o la protección frente al desempleo no constituyen únicamente capítulos presupuestarios, son instituciones que permiten que personas con posiciones económicas, orígenes y trayectorias diferentes experimenten que pertenecen a un mismo mundo social. Cuando esas instituciones se debilitan, no desaparece la necesidad de protección, pero sí cambia la política de la protección, la pregunta deja de ser “¿cómo podemos protegernos colectivamente?” y empieza a convertirse en otra muy distinta: “¿de quién debemos protegernos?”

Judt nos recordó por qué construimos el Estado del bienestar; Tawney nos advirtió de que la desigualdad extrema termina siendo incompatible con una democracia estable. Convendría releerlos después de Sajonia-Anhalt. Porque el Estado social no fue únicamente una respuesta a la pobreza, sobre todo fue una respuesta política al miedo producido por la inseguridad de masas. Y quienes consideran que podemos debilitarlo indefinidamente sin consecuencias deberían recordar una lección elemental de la historia europea: cuando desaparece la seguridad social, el espacio que deja libre no lo ocupa necesariamente la izquierda. También puede ocuparlo el miedo, y la extrema derecha sabe muy bien qué hacer con él.