La vivienda, mucho más que un techo

La vivienda se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales de nuestro tiempo. Durante años se insistió en que el mercado terminaría equilibrando la oferta y la demanda y que bastaba con introducir algunos incentivos para facilitar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, la realidad se ha encargado de desmentir una y otra vez esa confianza. En Bizkaia, como en buena parte de Euskadi, la oferta de vivienda en alquiler continúa siendo insuficiente, las rentas permanecen en niveles muy elevados y cada vez más personas, especialmente jóvenes, familias con ingresos medios, personas migradas y hogares monomarentales, encuentran enormes dificultades para acceder a un hogar sin destinar una parte desproporcionada de sus ingresos.

Los datos oficiales permiten constatar esta evolución. La Estadística del Mercado del Alquiler del Gobierno Vasco confirma la persistencia de una oferta escasa y de precios elevados. A ello se suma un mercado residencial sometido a fuertes tensiones: crecimiento demográfico en determinadas áreas urbanas, transformación de viviendas hacia usos más rentables, incremento de la inversión inmobiliaria y una presión turística que, aunque en Bizkaia se sitúa muy lejos de los niveles de otras ciudades europeas, también contribuye a reducir la oferta residencial disponible en algunos barrios. El resultado es conocido: cada vivienda que sale al mercado recibe un número creciente de solicitudes, mientras el acceso a una vivienda estable se convierte para muchas personas en una carrera de obstáculos.

Ante esta situación, las administraciones han desplegado un amplio abanico de medidas. Ayudas directas al alquiler, bonos para jóvenes, incentivos fiscales, programas de avales para la compra, movilización de vivienda vacía, limitaciones a los alojamientos turísticos, reservas de suelo o nuevas regulaciones del mercado forman parte de una batería de políticas que, sin duda, pueden aliviar situaciones concretas y evitar que muchas familias queden completamente excluidas.

Sería un error despreciar estas medidas. Cuando una persona no puede pagar el alquiler o se ve obligada a retrasar indefinidamente su emancipación, cualquier ayuda puede marcar una diferencia decisiva. En situaciones de emergencia hacen falta parches, la hemorragia debe contenerse antes de que el paciente muera. El problema aparece cuando esos parches terminan sustituyendo al tratamiento. Porque conviene hacerse una pregunta: ¿qué ocurre cuando el dinero público se destina fundamentalmente a facilitar que las personas paguen unos alquileres cada vez más elevados sin modificar la estructura del mercado que fija esos precios? La respuesta es conocida desde hace tiempo: en un contexto de oferta insuficiente, buena parte de esas ayudas acaba incorporándose al propio precio de la vivienda. De este modo, el dinero público termina alimentando el mismo mercado cuya incapacidad para garantizar un derecho pretende corregir.

Por eso, el auténtico criterio para evaluar una política de vivienda progresista no debería ser el volumen de ayudas que concede ni el número de programas que pone en marcha, sino un indicador mucho más directo: ¿está aumentando de forma sostenida el parque público de vivienda destinado al alquiler? Destinado al alquiler, y no a la propiedad. Porque la diferencia es fundamental. Una vivienda pública vendida deja de ser pública. Puede cumplir una función social durante un tiempo, pero acaba incorporándose al mercado privado y pierde definitivamente su capacidad para garantizar el acceso de generaciones futuras. En cambio, una vivienda pública mantenida en alquiler constituye un patrimonio colectivo permanente. No beneficia únicamente a quienes viven hoy en ella, sino también a quienes necesitarán una vivienda dentro de diez, veinte o cincuenta años.

Este debería ser el verdadero test de verificación de una política de vivienda de izquierdas. Todo lo demás puede ser necesario, incluso imprescindible en determinados momentos, pero resulta insuficiente si no modifica la estructura del mercado residencial. Mientras el parque público continúe siendo tan reducido, seguiremos destinando enormes cantidades de recursos públicos a sostener un sistema basado en la mercantilización de un bien de primera necesidad.

Y aquí reside el problema de fondo. Hemos terminado aceptando con demasiada naturalidad que la vivienda funcione ante todo como un activo financiero. Se compra para invertir, para obtener rentabilidades, para diversificar patrimonios o para especular con su revalorización futura. Nada de ello resulta sorprendente desde la lógica del mercado. Lo preocupante es que esa misma lógica haya terminado colonizando un ámbito que constituye una condición indispensable para desarrollar cualquier proyecto de vida.

Porque una vivienda no es únicamente un techo. Es el lugar desde el que se construyen relaciones familiares, redes vecinales, proyectos educativos, cuidados, arraigo y comunidad. Cuando el acceso a la vivienda se vuelve incierto o inalcanzable, no solo aumenta la desigualdad económica. También se debilitan los vínculos sociales. Las consecuencias son bien visibles: jóvenes que retrasan durante años su emancipación o aplazan tener descendencia; personas que cambian continuamente de barrio porque no pueden asumir la subida del alquiler y vecindarios sometidos a una rotación constante que dificulta la construcción de relaciones estables; comercios de proximidad que desaparecen; asociaciones vecinales con dificultades para incorporar nuevas y nuevos participantes; comunidades cada vez más fragmentadas.

Por eso la crisis de la vivienda no constituye únicamente un problema habitacional. Es también un problema democrático. Cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que, por mucho que estudie, trabaje o se esfuerce, nunca podrá acceder a una vivienda digna, empieza a erosionarse algo más profundo que el bienestar material. Se resquebraja la confianza en que las instituciones sean capaces de garantizar condiciones mínimas de justicia. Aparece la sensación de que las reglas del juego están diseñadas para beneficiar siempre a quienes ya poseen patrimonio. Crecen la frustración, la resignación y el desapego hacia la política democrática. No es casual que la vivienda aparezca hoy como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo que está en juego no es únicamente cuánto cuesta alquilar un piso; lo que se discute es si la democracia sigue siendo capaz de proteger bienes esenciales frente a dinámicas de mercantilización que parecen escapar a cualquier control colectivo.

Cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que, por mucho que estudie, trabaje o se esfuerce, nunca podrá acceder a una vivienda digna, empieza a erosionarse algo más profundo que el bienestar material. Se resquebraja la confianza en que las instituciones sean capaces de garantizar condiciones mínimas de justicia

Durante décadas se habló de la vivienda como un derecho constitucional. Ha llegado el momento de preguntarse qué significa realmente tomarse en serio esa afirmación. Porque reconocer un derecho no consiste únicamente en ayudar a quien no puede ejercerlo; consiste, sobre todo, en construir las condiciones materiales que permitan hacerlo universalmente efectivo. Eso exige planificación a largo plazo, inversión sostenida y una decisión política que trascienda los ciclos electorales. Requiere asumir que ampliar de forma continuada el parque público de vivienda en alquiler no constituye un gasto coyuntural, sino una infraestructura básica del Estado social, tan necesaria como la sanidad, la educación o las pensiones. Solo así dejaremos de alimentar a la bestia para empezar, por fin, a domesticarla.