La comisión de control de la Policía vasca archiva cinco denuncias anónimas de supuesta “mala praxis” en la Ertzaintza

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo presidido por el jurista Enrique Lucas que supervisa operativos de la Ertzaintza y de los cuerpos locales, ha acordado la inadmisión de cinco denuncias presentadas por un colectivo autodenominado 'Agentes de la Ertzaintza anónimos'. En ellas, se alertaba de supuestas irregularidades en la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).

Se trata de un escrito presentado a finales de 2025, en diciembre, y de otros cuatro de febrero, marzo y abril (por partida doble) de 2026. Todos ellos tenían en común que aludían a “mala praxis” en la “provisión de determinados puestos” en esa brigada policial. Aparentemente, esos mismos términos se han trasladado tanto a Asuntos Internos como a grupos políticos de la oposición en el Parlamento Vasco.

Las quejas son archivadas por cuestiones procedimentales, sin entrar en ningún caso en el fondo del asunto. La comisión recuerda que actúa cuando lo reclama el consejero de Seguridad, en el caso de problemas de la Ertzaintza, cuando lo hacen los alcaldes si la cuestión afecta a cuerpos locales o, incluso, cuando lo pide el Ararteko, la Defensoría del Pueblo. Asimismo, puede operar de oficio 'motu proprio' si hay alguna intervención con fallecidos o heridos graves.

Por ello, este organismo ha estimado que como el escrito no parte de ninguna de las partes “legitimadas” ni los hechos encajan en sus competencias procede no atender esta denuncia. Además, lamenta no poder hacer una notificación directa de la respuesta por ser un colectivo anónimo. Los escritos, en todo caso, son ya públicos.

Este caso, aunque las resoluciones de la comisión no aportan detalles, puede guardar relación con unos comentarios realizados en abril por el PP en el Parlamento Vasco. Ainhoa Domaica dijo haber tenido acceso a escritos anónimos que hablaban también de “mala praxis”. Mencionó presuntas “amenazas” a quienes preparaban pruebas con embarcaciones para que filtraran su contenido o también el presunto uso de los barcos oficiales “para uso particular fuera de servicio” con el ánimo de preparar los exámenes.

“Me ha dejado sin palabras, señora Domaica”, respondió entonces el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que consideró “acusaciones” de carácter “gravísimo” y poco fundamentadas las que allí se habían manifestado. Solamente añadió que él no iba a interferir en posibles actuaciones de Asuntos Internos. Sí señaló que no se podía hablar de “denuncia” porque ese término solamente se emplea, según su criterio, cuando la queja se eleva a los tribunales.