Una mujer ha perdido la vida y 15 personas han sido hospitalizadas, entre ellas un bebé en estado crítico, tras el rescate este miércoles de un cayuco con 165 migrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Los ocupantes de la embarcación han llegado en tan mal estado al muelle de La Restinga, que los servicios de emergencia de la isla dieron inicialmente por fallecido a una segunda persona, un hombre que realmente figura entre los hospitalizados, han precisado a EFE fuentes sanitarias en la isla.

Entre los evacuados figura un bebé de unos seis meses, que ha sido trasladado en helicóptero a un hospital de Tenerife en estado crítico. Catorce personas más han ingresado en el hospital de El Hierro, varias de ellas en estado grave.

La embarcación fue localizada después de que el pesquero Restinga I alertara de su presencia en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas.

Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Diphda, que remolcó el cayuco hasta el puerto de La Restinga, donde arribó sobre las 17:00 horas.

Las autoridades de Mauritania han afirmado que más de 200 personas han sido rescatadas y cerca de 120 han sido desaparecidas tras dos incidentes con embarcaciones que trasladaban a migrantes frente a sus costas, sucesos que se han saldado con al menos un muerto, si bien se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

El Ministerio de Pesca mauritano ha indicado a través de redes sociales que la primera operación de búsqueda y rescate, que se extendió durante dos días en el fin de semana, fue lanzada tras recibir una llamada de alerta de una embarcación con “unas 160 personas a bordo” que inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, y que se dirigía a las Islas Canarias.

“Sufrió un problema y se quedó sin combustible, quedando a la deriva en aguas internacionales antes de entrar en aguas territoriales mauritanas”, ha explicado, antes de apuntar que los equipos de búsqueda han rescatado a un total de 37 personas --22 senegaleses, siete gambianos y ocho guineanos--, además de recuperar un cadáver en la zona.

Así, ha especificado que la embarcación “pasó unos 25 días en el mar” y ha agregado que los supervivientes han relatado que estuvieron “unos diez días a la deriva”, lo que provocó que “se agotaran el agua y la comida, viéndose forzados a beber agua de mar”. “Soportaron condiciones extremadamente duros”, ha lamentado.

“Continúa la búsqueda de los pasajeros desaparecidos”, ha recalcado la cartera, que ha subrayado que los supervivientes han sido ya trasladados a tierra, concretamente al puerto de Nuadibú, desde donde siete fueron trasladados “de urgencia” a un hospital para “recibir la atención médica necesaria”.

Por otra parte, ha subrayado que, en una segunda operación llevada a cabo el sábado, fueron rescatadas 179 personas --168 senegaleses, cinco ghaneses, cuatro gambianos y dos malienses--, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados igualmente en un hospital para recibir atención, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.100 muertos y desaparecidos.

Un total de 71 migrants han arribat fins a les costes de les Balears durant aquest dilluns en quatre pasteres diferents, segons ha informat la Delegació del Govern.

La Guàrdia Civil ha rescatat en una primera embarcació 14 persones d'origen magribí a la Cala Es Cuco, a Sant Josep de Sa Talaia, a les 02.25 hores.

Tres hores després, a les 05.40 hores, de nou la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 25 persones també d'origen magribí que es trobaven a 15 milles al sud-est de Formentera.

A les 08.00 hores han estat interceptats 17 migrants d'origen magribí en línia de costa, a la zona del Pilar de la Mola, a Formentera.

Una hora i un quart després han estat interceptades altres 15 persones d'origen magribí, també en la línia de costa de la menor de les Pitiüses, a la zona d'es Caló.

Aquestes quatre pasteres se sumen a la dotzena que van arribar fins a les costes balears al llarg del cap de setmana, amb 273 persones a bord.

Des de principi d'any, d'acord amb el recompte elaborat per Europa Press sobre la base de la informació del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern, han arribat a l'arxipèlag 3.656 migrants.

Un total de 71 migrantes han llegado hasta las costas de Balears durante este lunes en cuatro pateras distintas, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La Guardia Civil ha rescatado en una primera embarcación a 14 personas de origen magrebí en la Cala Es Cuco, en Sant Josep de Sa Talaia, a las 02.25 horas.

Tres horas después, a las 05.40 horas, de nuevo la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 25 personas también de origen magrebí que se encontraban a 15 millas al sureste de Formentera.

A las 08.00 horas han sido interceptados 17 migrantes de origen magrebí en línea de costa, en la zona del Pilar de la Mola, en Formentera.

Una hora y cuarto después han sido interceptadas otras 15 personas de origen magrebí, también en la línea de costa de la menor de las Pitiusas, en la zona de es Caló.

Estas cuatro pateras se suman a la docena que arribaron hasta las costas balears a lo largo del fin de semana, con 273 personas a bordo.

En lo que va de año, de acuerdo con el recuento elaborado por Europa Press en base a la información del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, han llegado al archipiélago 3.656 migrantes.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el veto de la Delegación del Gobierno a la petición de residencia temporal por circunstancias sobrevenidas (concretamente, por haber sufrido la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos) de un ciudadano colombiano escudándose en un informe policial desfavorable al solicitante. El informe de la Dirección General de la Policía excluyó al hombre, vecino de Benetússer y con arraigo familiar, por sus antecedentes policiales contra la seguridad del tráfico y falsedad documental, concluyendo que su conducta podía suponer una amenaza al orden público y a la seguridad.

La defensa del ciudadano de origen colombiano, que ejerce el abogado Fran Raga, vincula el antecedente policial con el uso de un vehículo en un contexto laboral (de camino al trabajo). Una vez recurrida la resolución denegatoria, el titular de la Plaza número 9 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València concluyó que el informe policial desfavorable reseñaba una conducta que no evidenciaba la “entidad suficiente como para denegar la autorización de residencia solicitada”.

La resolución en primera instancia reprochaba a la Administración la falta de valoración de los demás requisitos para pedir la residencia y consideraba que el antecedente policial “no debe ser tenido en cuenta para denegar al recurrente la autorización solicitada”.

“Ninguna” valoración del informe policial

Tras un recurso de la Delegación del Gobierno, el TSJ-CV ha vuelto a dar la razón al solicitante, un hombre con hijos residentes legales en España. La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, concluye que la subdelegación del Gobierno en València “no puso en práctica la más mínima (ninguna) actividad de valoración del informe policial desfavorable”. También afirma que las alegaciones contienen “afirmaciones erróneas”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que no es firme, echa en falta una mínima ponderación de los antecedentes policiales e impone las costas procesales por un importe de 800 euros a la Administración del Estado.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el veto de la Delegació del Govern a la petició de residència temporal per circumstàncies sobrevingudes —concretament, per haver patit la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 231 víctimes mortals— d’un ciutadà colombià, fonamentat en un informe policial desfavorable al sol·licitant. L’informe de la Direcció General de la Policia va excloure l’home, veí de Benetússer i amb arrelament familiar, pels seus antecedents policials contra la seguretat viària i per falsedat documental, i concloïa que la seua conducta podia suposar una amenaça per a l’ordre públic i la seguretat.

La defensa del ciutadà d’origen colombià, que assumeix l’advocat Fran Raga, vincula l’antecedent policial amb l’ús d’un vehicle en un context laboral, de camí al treball. Una vegada recorreguda contra la resolució denegatòria, el titular de la plaça número 9 de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València va concloure que l’informe policial desfavorable ressenyava una conducta que no evidenciava “prou entitat per a denegar l’autorització de residència sol·licitada”.

La resolució de primera instància retreia a l’Administració la falta de valoració de la resta de requisits per sol·licitar la residència i considerava que l’antecedent policial “no ha de ser tingut en compte per denegar al recurrent l’autorització sol·licitada”.

“Cap” valoració de l’informe policial

Després d’un recurs de la Delegació del Govern, el TSJ valencià ha tornat a donar la raó al sol·licitant, un home amb fills residents legals a Espanya. La sentència, dictada el passat 29 de juny, conclou que la Subdelegació del Govern a València “no va posar en pràctica la més mínima (cap) activitat de valoració de l’informe policial desfavorable”. També afirma que les al·legacions contenen “afirmacions errònies”.

La resolució de l’alt tribunal valencià, que encara no és ferma, troba a faltar una mínima ponderació dels antecedents policials i imposa les costes processals, per un import de 800 euros, a l’Administració de l’Estat.

La pasada semana, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, anunció que el Ayuntamiento de Calahorra iba a sacar una nueva convocatoria de Ayudas de Emergencia Social, de carácter extraordinario, con el objetivo de atajar las situaciones de “nueva pobreza”, según presentó, para personas que acrediten cinco años de empadronamiento ininterrumpido en Calahorra.

La oposición ha denunciado que esta medida vulnera la Constitución Española al no ser conforme al artículo 14 que garantiza la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos. Según ha revelado el PSOE, la propia intervención municipal, en su informe de fiscalización, advierte de que este criterio de empadronamiento prolongado “puede incidir sobre el principio de igualdad en el acceso a las ayudas públicas” y advierte al equipo de gobierno que “corresponde al órgano gestor asumir la suficiencia de la motivación incorporada al expediente y la defensa jurídica de la medida en caso de eventual impugnación”.

Ante esta política del Ayuntamiento del PP en el Ayuntamiento, el PSOE ha tachado a la alcaldesa de querer “adelantar a VOX en racismo y populismo”, saltándose para ello “los principios constitucionales más elementales”. Porque, denuncia el PSOE: “Establecer criterios de empadronamiento prolongado para otorgar ayudas de emergencia social solo responde al objetivo velado e inútil de tratar de excluir de las mismas a personas de origen migrante que, presuntamente, no podrían cumplir con dicho requisito por haberse empadronado recientemente”. El PSOE ha subrayado que “este endurecimiento en el acceso a ayunas de emergencia perjudica por igual a todas las personas con independencia de su origen o nacionalidad”. “Perjudica a más personas y no beneficia a nadie”, reiteran.

No es la primera vez que las políticas del PP en Calahorra general polémica. El año pasado el Ayuntamiento decidió incrementar de 6 meses a 1 año el requisito de empadronamiento, lo que provocó, según cifras aportadas por el PSOE, que se adjudicaran un 61 % menos de ayudas de emergencia social. En 2024 se adjudicaron 133.000 euros en ayudas. En 2025 fueron apenas 51.710,49 euros. De todas ellas, apenas el 19 % estaban destinadas a población extranjera.

“La partida ayudas de emergencia social en 2025 era de 300.000 euros. Lo que provocó que 250.000 euros en ayudas se perdieran por el camino. 250.000 euros que no fueron disfrutados por personas de ninguna nacionalidad, principalmente española”, añade el grupo de la oposición, que recuerda que “la naturaleza de las ayudas de emergencia no es premiar el empadronamiento o el origen de una persona, sino resolver una situación de urgencia o emergencia social con causa reciente y necesidad inmediata”.

Como recuerda el PSOE, tanto las ayudas ordinarias, que establecen un requisito de 2 años de empadronamiento, como las ayudas extraordinarias, que lo incrementan a 5 años, “contravienen la normativa autonómica que exige como requisito de acceso a las ayudas de emergencia acreditar la residencia efectiva en La Rioja con una antelación mínima de 4 meses a la solicitud en cualquier municipio de La Rioja”. Ante este endurecimiento de las condiciones, el PSOE ha anunciado un recurso para que se flexibilicen las condiciones de acceso, y se garantice que estas ayudas pueden llegar a mayor número de personas, hasta agotar el presupuesto.

“Podría decirse que lo que está haciendo la alcaldesa Arcéiz es degradar el sistema de protección social de nuestra ciudad, convertir a Calahorra en una ciudad hostil para quien la habita, que en lugar de combatir la pobreza, se dedica a segregar a la población y a expulsarla”, concluye el PSOE.

La polémica del plan piloto de la Generalitat de Catalunya para introducir agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en institutos de Secundaria con el objetivo de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en los centros ha llegado este jueves a Euskadi de forma inesperada. Ha sido durante el Curso de Verano de la EHU denominado Basque Segurtasun Foroa, el foro creado por el Gobierno vasco para hacer un diagnóstico sobre inseguridad, criminalidad y respuesta policial en el que, además del lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha participado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien ha hablado sobre la “innovación educativa hacia el alumnado inmigrante” y ha mencionado nuevas “estrategias” conjuntas entre ambas áreas, aunque ha descartado la necesidad de presencia policial en las aulas vascas como respuesta a los retos a los que se enfrentan dentro del sistema educativo.

En este contexto Pedrosa, quien se ha reconocido a ella misma como migrante por ser toda su familia de Andalucía, ha hablado de los retos educativos de la población que llega a Euskadi, sobre todo de aquellos niños y niñas que no saben hablar castellano ni euskera. “Cuando un chaval o una chavala llega a Euskadi y no sabe hablar ni una palabra de castellano ni euskera nosotros tenemos la obligación de que pueda tener un proyecto de vida, de que se mantenga en la educación. Tenemos menores de 149 nacionalidades que se van incorporando a lo largo del curso y se van escolarizando fuera de la matrícula ordinaria y para ellos tenemos una acogida y también para sus familias. Hay mucho margen de mejora, estamos aprendiendo haciendo, escuchando, investigando, pero lo importante es que ese niño o niña tenga una acogida académica y emocional”, ha explicado Pedrosa.

La consejera ha confesado que puede que muchos de los presentes a la conferencia, en su gran mayoría policías y otros profesionales de la seguridad probablemente no entiendan su presencia en el foro o la relación entre seguridad y educación, por ello ha informado del trabajo conjunto que realizan ambas áreas. “Estamos trabajando en ciberdelitos, el ciberbullying, pero también el fenómeno de la radicalización porque tenemos centros educativos con culturas diferentes, religiones diferentes y marcos mentales diferentes. Son personas que vienen con valores en muchos casos muy contrapuestos”, ha recalcado.

En este sentido, Pedrosa ha indicado que “más allá de garantizar el derecho a la educación y de que las personas se mantengan en el sistema educativo necesitamos nuevas maneras de intervenir. Ya no funciona lo que funcionaba hace 40 años y esto no es un tema de comunicación solamente, hay muchas variables que tenemos encima de la mesa. Uno de los grandes retos que tenemos hoy en día no son solamente los jóvenes, también son las familias. Y muchas veces cuando hablamos de pérdida de respeto a la autoridad hablamos de todos ellos, no solo los menores, también sus padres y madres. Llegan a la escuela tipologías diferentes de familias que hablan diferentes idiomas. Es el ecosistema vivo que tenemos en continua evolución y transformación. Por eso impulsamos distintas decisiones que nos ayuden a preparar al sistema educativo y a la sociedad de Euskadi para la realidad que ya vivimos en las aulas y para que sigamos siendo un país con unos valores y una manera de entender la convivencia desde el respeto”, ha añadido para después recalcar que ese respeto los menores, “ya sean autóctonos o extranjeros, los adquieren a través de buenos referentes”.

“No todos los jóvenes son iguales ni todos los extranjeros son iguales, lo que tenemos que hacer desde Educación es trabajar para que esas personas sientan que pertenecen a Euskadi y quieran seguir aportando, formándose y trabajando en Euskadi. Pero no nos engañemos, porque la educación no lo puede hacer todo. Las áreas de Seguridad y Educación cada vez están más relacionadas. ¿Quién no ha oído hablar de lo que ha ocurrido en Cataluña con los Mossos en las aulas? El Gobierno tomó una decisión para que los Mossos estuvieran de forma física en las aulas y aquello creó una enorme polémica. La pregunta es, ¿es necesaria una medida como esta? La clave está en una colaboración estrecha entre ambas áreas”, ha justificado dejando la cuestión en el aire.

Sin embargo, esa respuesta no ha sido suficiente para el público, que ha repreguntado si considera necesaria la presencia policial en los colegios vascos, a lo que Pedrosa ha confirmado que “no”. “Tenemos espacios para trabajar de forma conjunta pero hay cuestiones que mejorar, aunque no vemos necesaria la presencia de la Ertzaintza en colegios, ya que nuestros centros educativos tienen personal de referencia de la Ertzaintza y saben a quién llamar en el caso de necesitarlo. Eso crea seguridad y los equipos de dirección de los centros conocen perfectamente el procedimiento. Aquí se está abriendo una puerta para hacer cosas nuevas para enfrentarnos a los retos sociales, pero no veo necesario una medida como la implementada en Cataluña, considero que hay otras maneras de ofrecer seguridad al alumnado y a la sociedad”, ha concluido la consejera.

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este martes una embarcación neumática que se encontraba a la deriva al este de Lanzarote y en la que iban 37 personas migrantes a bordo, según ha informado el ente institucional.

El rescate se ha producido después de que el 112 alertara a Salvamento, que activó al helicóptero Helimer 205, que localizó la embarcación al este de la isla.

Finalmente, la salvamar Al Nair se trasladó hasta el lugar donde se encontraba la patera y realizó el rescate “sin incidencias”. Según las primeras informaciones, todos los rescatados son hombres y se encontraban en aparente buen estado.

Las llegadas de migrantes de forma irregular a la Unión Europea (UE) a través de la ruta canaria cayeron un 71% en el primer semestre de 2026, siendo la de mayor bajada en toda la Unión, según los datos publicados el pasado viernes por la Guarda de fronteras y costas europea (Frontex).

Els mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil continuen cercant les dues persones migrants desaparegudes dissabte a la nit després de llançar-se a la mar des d'una pastera per intentar arribar nedant a la costa de Formentera.

Segons va informar la Delegació del Govern a les Illes Balears, l'operatiu desplegat per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim va permetre rescatar altres 13 persones que viatjaven a la mateixa embarcació, localitzada a 14 milles al sud de l'illa.

Els ocupants de la pastera, tots d'origen magribí, van explicar als equips de rescat que cinc persones s'havien llançat a la mar abans de la intervenció. Tres d'elles van poder ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, mentre que les altres dues continuen desaparegudes.

Aquestes persones se sumen a les altres 43 que també van arribar dissabte a Formentera a bord de tres pasteres. En el que va d'any, segons el recompte elaborat per Europa Press a partir de les dades de la Delegació del Govern i del Ministeri de l'Interior, ja són 3.128 les persones arribades en pastera a les Illes Balears.

Medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil continúan buscando a las dos personas migrantes desaparecidas el sábado por la noche tras lanzarse al mar desde una patera para intentar llegar a nado a la costa de Formentera.

Según informó la Delegación del Gobierno en Balears, el operativo llevado a cabo por el Instituto Armado y Salvamento Marítimo permitió rescatar a otras 13 personas que viajaban en la misma embarcación, localizada a 14 millas al sur de la isla.

Los ocupantes de la embarcación, todos ellos de origen magrebí, explicaron a los equipos de rescate que cinco personas se habían lanzado al agua antes de la intervención. Tres de ellas pudieron ser rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras que las otras dos no han podido ser localizadas hasta el momento.

Los rescatados se suman a los 43 que arribaron también el sábado a Formentera a bordo de tres pateras. En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son 3.128 las personas llegadas en patera a las islas.

El Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia en la que avala la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero introduce correcciones en asuntos como la protección de menores. Considera que es contrario al interés del menor que se le impida el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de estar ta casado porque entiende que esa restricción podía perjudicar a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como las víctimas de matrimonios forzados.

El Alto Tribunal introduce, además, correcciones en cuestiones relacionadas con la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Confirma, por otro lado, las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

La resolución, con ponencia del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, llega después de que en enero de 2025 la Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes; la Asociación Pro Derechos Humanos de España; y Extranjeristas en Red recurrieran por esta vía la norma sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En materia de protección de menores extranjeros, anula varios extremos de la norma, además del que puntualizaba que debieran ser 'solteros'. Así, anula restricciones que podían perjudicar a menores nacidos en España cuando hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional, reforzando una interpretación más favorable a la protección de la infancia. Para el Supremo, el principio del interés superior del menor impone que las restricciones al acceso a la regularización de su situación migratoria “sean lo menos gravosas posible y respondan a razones objetivas”. Y entiende que la ausencia del territorio “puede deberse a causas tan diversas y justificadas como un viaje médico de urgencia, una visita a familiares directos, o el retorno temporal al país de origen para obtener documentación necesaria para el propio procedimiento de regularización”. Para el Alto Tribunal, ese punto del reglamento vulneraba el principio de proporcionalidad e iba en contra de los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal también declara ilegal la previsión del reglamento, que entró en vigor en mayo de 2025, de suavizar la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados que estén en territorio español. Advierte de que dicha atención constituye una obligación legal incondicionada. En este sentido, explica que esa obligación de los servicios autonómicos de protección de menores de prestar la atención inmediata “opera con carácter imperativo e incondicionado” desde el momento en que las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen “la localización del extranjero de minoría de edad incierta, sin posibilidad de condicionamiento, diferimiento ni valoración discrecional previa”.

Por otro lado, la sentencia también anula la norma que exigía que determinadas relaciones de tutela o protección de menores hubieran sido constituidas conforme al Derecho español. Cabe recordar que los recurrentes calificaron este punto “colonialismo jurídico injustificado e ilegal”. El Supremo recuerda que España está obligada a reconocer las medidas de protección de menores acordadas por las autoridades de otros estados cuando así lo establecen los convenios internacionales.

De hecho, indica que aprecia en ese asunto en concreto “una vulneración del principio de jerarquía normativa” porque el artículo 23.1del Convenio de La Haya (ratificado por España) establece que “las medidas tomadas por las autoridades de un Estado contratante serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados contratantes”. De esta forma, la decisión del Supremo facilitará el reconocimiento de determinadas situaciones familiares creadas en el extranjero a efectos de residencia en España.

La sentencia también corrige uno de los aspectos más restrictivos del Reglamento. La Sala anula los preceptos del reglamento que permitían una denegación automática de determinadas autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales. A partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso cuando estén en juego derechos familiares especialmente protegidos o situaciones relacionadas con la ciudadanía europea.

“La existencia de antecedentes penales no puede operar como causa automática de denegación, sino que la autoridad competente está obligada a verificar si esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, ponderando la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos, el tiempo transcurrido, la conducta ulterior del interesado, la solidez de los vínculos con el Estado miembro y el interés superior de los hijos menores”, resalta el Supremo.

Asimismo, anula la prohibición que impedía a las empresas de trabajo temporal participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada. El Alto Tribunal considera que el Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general que la sustentaban.

El arraigo de los solicitantes de asilo

Más allá de anular varios hitos del reglamento, el Supremo sí respalda la decisión del Gobierno de impedir que los solicitantes de protección internacional accedan simultáneamente a las autorizaciones de arraigo mientras su solicitud de asilo siga pendiente. Confirma que el tiempo transcurrido en España como solicitante de asilo no puede computarse para acreditar el período exigido para determinadas modalidades de arraigo. “El Derecho de la Unión ha establecido con carácter general: que la condición de solicitante de protección internacional, mientras el procedimiento esté pendiente, no puede servir de vehículo para obtener un estatuto de residencia al margen del sistema de asilo”, abunda.

La Sala valida en líneas generales el nuevo sistema creado por el reglamento para los familiares de ciudadanos españoles. El Tribunal rechaza que exista una obligación de equiparar completamente este régimen al de los familiares de ciudadanos comunitarios que han ejercido la libre circulación. También considera ajustadas a Derecho la exigencia de visado para algunos familiares que se encuentren en el extranjero y determinadas reglas sobre acceso a la residencia.

Por último, el Supremo declara ilegal la obligación impuesta a determinados extranjeros de relacionarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración. La sentencia entiende que el reglamento no justificó suficientemente que todos los afectados dispusieran de los medios y capacidades necesarios para utilizar obligatoriamente los procedimientos telemáticos.

Solo se le conoce por K., como si fuera un individuo tan insignificante que no merece siguiera una identidad, un nombre propio. Es uno más, uno de tantos que chocan contra un muro: el hombre, agrimensor de oficio, intenta acceder al castillo de una localidad, adonde ha llegado con el propósito de encontrar trabajo. Pero no logra siquiera que le abran las puertas de la muralla, de modo que no puede ni pedir ese empleo. De entrada, no se resigna: intenta entrar una y otra vez, mantiene su buena predisposición, confía en la humanidad de quien está al otro lado. Solo que la fortaleza, inexpugnable, permanece indiferente a su llamada. La suya, y la de los demás: porque no es el único que no puede entrar. En realidad, lo raro, lo excepcional, sería poder hacerlo.

El protagonista de El castillo (1926), una de las obras póstumas de Franz Kafka (Praga, 1883-Klosterneuburg, Austria, 1924) y que ahora cumple cien años desde su publicación, no ha nacido para ser esa excepción: la naturaleza impersonal de esa letra que lo identifica ya advierte su condición de otro individuo más entre la masa. Para qué personificarlo, si total, no va a quedarse, si no se le permitirá ni pasar. Para qué ponerle un nombre, unos atributos, un círculo de allegados, un carácter, unas emociones; todo aquello que cualquiera tiene, pero que a la vez lo distinguiría del resto, le hace dejar de ser un bulto borroso entre la multitud. Es más seguro no saberlo: así no le tomaremos cariño. Es peligroso, el afecto: puede abrir puertas. Y aquí, desde el principio, queda claro que quien dirige el castillo no tiene intención de recibir a nadie.

El castillo, como el libro que lo antecede en el orden de publicación, El proceso (1925) –como gran parte de la obra de Kafka, de hecho–, se lee como una metáfora atemporal del individuo ante la Administración: los arduos pero vanos empeños por acceder a ella se leen como una representación del tedio, la frustración y a la postre la resignación de quien batalla con la burocracia. El sujeto que, frente a una ventanilla (o, más común en estos días, frente a una pantalla) trata de hacerse entender, trata de encontrar ayuda para resolver algún asunto. Solo que quien está al otro lado no lo comprende. Le responde en piloto automático (tal vez sea, en efecto, una máquina, como las que atienden a menudo por teléfono) que su reclamación no encaja en los trámites, que es como decirle que se expresa en un idioma distinto al oficial, el de los papeles; un idioma incomprensible.

El individuo sabe que no conoce la lengua, pero confía en la bondad humana, en aquel atributo llamado empatía que le enseñaron de pequeño; que nos enseñaron a todos de pequeños, vaya, porque los cuentos están más cargados de moralejas que la vida real. Ese hombre confía en que quien le escucha, quien está al otro lado, tendrá la paciencia, de enseñarle, ya que quien le atiende sí domina esa jerga. Pero se equivoca al creer que lo escuchan: como mucho, lo oyen. Es un ruido de fondo, apenas un cacareo. Nada que genere la suficiente incomodidad como para prestarle atención. Hay muchos como él, que cacarean ante el muro administrativo; pero están tan solos que no logran enarbolar un grito estridente que rompa el cristal.

Si en El proceso el protagonista (también con una K., aunque algo más completo: Josef K.) era perseguido por la ley, lo que lo abocaba a un espiral de angustia sin solución a la vista, en El castillo sucede lo opuesto: es el individuo quien intenta penetrar el Estado, y su malestar procede de no conseguirlo. Son las dos caras de la misma moneda: la última palabra siempre la tiene el lado del poder, de las instituciones, del trámite indescifrable, del silencio como respuesta. Kafka supo leer con astucia la vulnerabilidad del individuo frente a estructuras creadas por él mismo, que en teoría representan un progreso, que (se supone) surgieron para ponerlo todo más fácil, para hacer la vida, las vidas de todos los K., más cómoda y apacible. No fue así: la araña cae atrapada en su red.

Más allá del viaje del protagonista como alegoría de la burocracia, de la imposibilidad de franquear las paredes de quien posee la llave, puede leerse también como el periplo de un inmigrante en su esfuerzo por establecerse en un lugar, algo que, en fin, lleva ya implícita esa confrontación con el idioma de la legalidad, aunque se le añaden matices. Por ejemplo, unas circunstancias: el recién llegado dejó a una familia atrás, según se va contando. Y un propósito: mejorar sus condiciones, las de sí mismo y las de los suyos, mediante ese trabajo que aspira a desempeñar. Llega dispuesto a ponerse manos a la obra, no pretende que le regalen nada. Quiere ser uno más, pero del pueblo: hablar su lengua, conocer sus costumbres. Y que ellos lo conozcan a él, que le pongan nombre.

Esa población es otro elemento clave de El castillo, por cuanto la comunidad queda representada al margen de la fortaleza. Entre ellos se entretiene el forastero, que poco a poco descubre sus historias, es decir: les va poniendo nombre. El nombre lleva pasado, lleva familia, lleva sueños. Vida. Todo lo que no cabe en la fortificación; que no quieren que quepa, vaya, porque espacio hay, y cosas que mejorar –tareas que requieren manos– le sobran. Cuando están entre el grupo, tienen un nombre, una voz, se entienden; no son una inicial sola frente a un muro. Sin embargo, cuando uno de ellos se marcha, solo, al castillo, pierde esa condición, se vuelve ese cacareo que nadie atiende. Despreciable.

“Así que como resultado —dijo K— solo queda que todo es muy confuso e insoluble, salvo mi expulsión”. Porque, cuando quiere, la Administración se hace entender. Sus mensajes con como las llamadas a plena noche: no traen buenas noticias. K. no solo se siente rechazado, sino que su frustración aumenta por no haber tenido la oportunidad. Como el inmigrante de quien se tramita la “devolución”. Como el que recibe azotes de la policía en la frontera. Como el que naufraga en su lucha por alcanzar la costa. De él dirán algunos que es un delincuente, que viene a imponer sus tradiciones, que pretende robar trabajos y novias y subvenciones, que incluso huele mal. Y él les responderá que no pueden saber nada de eso, porque no le han dado la oportunidad de conocerlo.

Pero nadie lo escuchará. Y esa es la paradoja del sistema (in)humano llamado sociedad, vigente hoy como en los años en los que el autor dio forma a estas páginas, que llegaron inconclusas a su amigo Max Brod, que, incumpliendo la petición del escritor de quemar todos sus manuscritos tras su muerte, hizo un servicio para la humanidad al ponernos al alcance libros tan inteligentes e imperecederos como El castillo. Tiene algo de impúdico leer un texto que su creador no dio por terminado ni quiso que viera la luz, aunque lo que de verdad debería avergonzarnos es que, un siglo después, no hayamos hecho nada. Bueno, hacer, hacemos mucho: viajar a la Luna, inventar artilugios, optimizar nuestro cuerpo; hacemos, hacemos cosas todo el rato, pero seguimos igual. O peor.

Kafka, al menos, sigue ahí.

Dos migrants romanen desapareguts després de llançar-se al mar per intentar arribar nedant a Formentera des d'una pastera interceptada aquest dissabte al sud de l'illa. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 13 persones més que viatjaven en la mateixa embarcació, localitzada a 14 milles.

Segons ha informat la Delegació del Govern a Balears, l'operatiu de rescat es va dur a terme sobre les 21.30 hores d'aquest dissabte. Els ocupants de l'embarcació, tots d'origen magrebí, van explicar als equips de rescat que cinc persones s'havien llançat a l'aigua abans de la intervenció.

Tres d'elles van poder ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, mentre que les altres dues no han pogut ser localitzades.

Amb aquesta última arribada, ascendeixen a 56 els migrants arribats a Formentera durant la jornada de dissabte, després que 43 persones més arribessin a l'illa a bord de tres pasteres diferents.

Segons el còmput realitzat per Europa Press a partir de les dades de la Delegació del Govern i del Ministeri de l'Interior, el nombre de persones arribades de forma irregular a les Balears en embarcacions precàries ascendeix ja a 3.128 en el que va d'any.

Dos migrantes permanecen desaparecidos después tras lanzarse al mar para intentar llegar a nado a Formentera desde una patera interceptada este sábado al sur de la isla. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a otras 13 personas que viajaban en la misma embarcación, localizada a 14 millas al sur de la isla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Balears, el operativo de rescate se llevó a cabo sobre las 21.30 horas de este sábado. Los ocupantes de la embarcación, todos ellos de origen magrebí, explicaron a los equipos de rescate que cinco personas se habían lanzado al agua antes de la intervención.

Tres de ellas pudieron ser rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras que las otras dos no han podido ser localizadas hasta el momento.

Con esta última llegada, ascienden a 56 los migrantes llegados a Formentera durante la jornada del sábado, después de que otras 43 personas alcanzaran la isla a bordo de tres pateras distintas.

Según el recuento realizado por Europa Press a partir de los datos de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, el número de personas llegadas de forma irregular a Baleares en embarcaciones precarias asciende ya a 3.128 en lo que va de año.

El nombre de persones migrants que han arribat entre aquest dijous i divendres a les Balears ascendeix a 143, després que 29 d'elles hagin arribat a Formentera i Santanyí a bord de dues pasteres.

Segons la informació facilitada per la Delegació del Govern, la de Formentera és la novena embarcació arribada a les costes de les Balears al llarg del dijous i que eleva el total del dia a 121 persones. En concret, a les 21.56 hores s'ha interceptat set persones d'origen magribí a Es Caló, a Formentera.

Ja aquest divendres, a les 02.40 hores s'ha rescatat 22 persones d'origen magribí a deu milles al sud de Cabrera.

Així mateix, a les 12.58 hores d'aquest dijous van ser rescatades 16 persones d'origen magribí a set milles de Cabrera i altres set en línia de costa a la platja des Caló de l'illa de Formentera a les 21.56 hores.

A les 11.00 hores van ser interceptades 16 persones d'origen magribí al sud-oest de Cabrera. Hores abans, sobre les 09.00 hores, altres 14 persones d'origen magribí a la zona de la Gavina de l'illa de Formentera i, a les 09.25, vuit persones també d'origen magribí que han arribat a bord d'una altra pastera a Cala Santanyí, a Mallorca.

Aquestes pasteres se sumen a altres tres sobre les quals s'havia informat aquest dijous. A les 06.15 hores van ser rescatades 18 persones a la zona de S'Estufador de Formentera i, a les 08.00 hores, van ser interceptades 35 persones a la Mola, en dues embarcacions diferents.

En el que va d'any, segons el recompte realitzat per Europa Press basant-se en les dades de la Delegació del Govern i el Ministeri de l'Interior, són 2.993.

El número de personas migrantes que han llegado entre este jueves y viernes a Balears asciende a 143, después de que 29 de ellas hayan arribado a Formentera y Santanyí a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la de Formentera es la novena embarcación arribada a las costas de Balears a lo largo del jueves y que eleva el total del día a 121 personas. En concreto, a las 21.56 horas se ha interceptado a siete personas de origen magrebí en Es Caló, en Formentera.

Ya este viernes, a las 02.40 horas se ha rescatado a 22 personas de origen magrebí a diez millas al sur de Cabrera.

Asimismo, a las 12.58 horas de este jueves fueron rescatadas 16 personas de origen magrebí a siete millas de Cabrera y otras siete en línea de costa en Playa de Es Caló de la isla de Formentera a las 21.56 horas.

A las 11.00 horas fueron interceptadas 16 personas de origen magrebí al suroeste de Cabrera. Horas antes, sobre las 09.00 horas, otras 14 personas de origen magrebí en la zona de la Gavina de la isla de Formentera y, a las 09.25, ocho personas también de origen magrebí que han llegado a bordo de otra patera a Cala Santanyí, en Mallorca.

Estas pateras se suman a otras tres sobre las que se había informado este jueves. A las 06.15 horas fueron rescatadas 18 personas en la zona de S'Estufador de Formentera y, a las 08.00 horas, fueron interceptadas 35 personas en la Mola, en dos embarcaciones diferentes.

En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son 2.993.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

Al mismo tiempo que Felisa hacía la mudanza, convertía aquel traslado en una verdadera declaración de resistencia. Tras su último ingreso hospitalario en Cáceres, decidió que el final de su vida no podía desarrollarse lejos de su origen. Eligió regresar a la casa donde nació, al lugar donde aprendió lo que significaba una familia y donde, con los años, disfrutó en pequeñas dosis de la suya propia. Este regreso no ha sido por simple nostalgia, sino con la convicción de que si le quedaba un capítulo por vivir, quería hacerlo allí donde todo empezó; en su pueblo, en Torrejoncillo.

Su rutina en el pueblo cacereño está lejos de la soledad que tantos temen en la vejez. Su día a día es una coreografía de cuidados y afecto. El servicio de enfermería a domicilio del centro de salud de Torrejoncillo mantiene a raya su salud, combinando la medicina moderna con la cercanía de quienes conocen su nombre y su historia.

En casa, Margarita —su cuidadora interna, colombiana— es mucho más que apoyo doméstico ya que además de compañía, es su confidente y amiga. Y los fines de semana, cuando ella descansa, otra Margarita, también de Colombia y con la misma calidez y profesionalidad, toma el relevo. Una coincidencia que parece confirmar que el destino de Felisa está sostenido por manos generosas y corazones abiertos. “Son una maravilla mis dos Margaritas, limpias, trabajadoras, ordenadas y me quieren mucho. Sin ellas, todo esto no sería posible”.

Una puerta siempre abierta

La casa de Felisa es un enclave de puertas que se abren y se cierran, una rareza en tiempos de recelo. El tránsito es constante: primas, sobrinos, hijos, sus parejas, nietos y nieta… todos confluyen en ese espacio que se ha convertido en el epicentro de la familia. A Felisa le encanta esa vitalidad. Conserva una inteligencia rápida, una ironía fina y un humor templado por años de sacrificios y apreturas.

Rodeada de sus recuerdos —la foto de su madre riendo en el patio, los objetos de su hija fallecida, los recuerdos de sus hijos ya adultos— se siente plena. “Es muy emocionante verla feliz, descansando en su sillón entre sus recuerdos. Ha recuperado la libertad de no tener que llamar para ser visitada; cualquiera entra, saluda y se sienta a compartir un rato, un café o simplemente la compañía”, se comenta en casa.

El entramado social que la rodea hace posible este pequeño milagro. Personas de la iglesia le llevan la comunión; el cura del pueblo, cuando su agenda lo permite, se desvía de su camino al asilo para charlar con ella; uno de los “manitas” del pueblo le arregla una cortina o una lámpara con la misma diligencia que si fuera su propia madre.

Las vecinas, sin ser familia directa, actúan como tal. Las primas ejercen como tales. Además no dejan de llegar regalos de la huerta: calabacines, tomates, frutas… pequeñas ofrendas que son, en realidad, recordatorios de afecto comunitario. “En el mundo rural, una no desaparece: nos recordamos, nos atendemos, nos cuidamos”. “Incluso el señor del bar de al lado, Pedro me trae una caja entera de botellines de cerveza para cuando tengo muchas visitas”, ríe Felisa.

El destino que firmaríamos

Felisa es plenamente consciente de su situación. Sabe que su cuerpo acusa el desgaste de los años —las curas, el oxígeno a ratos, la insulina que se administra con destreza y que controla su hija Teresa desde una aplicación móvil, — pero insiste en que es feliz. Tiene “por fin” recursos suficientes, el cariño de los suyos y la paz de estar en su lugar en el mundo. No quiere ni oír hablar de una residencia: entiende que para algunas personas es la única vía, pero para ella, su casa es su templo, su vida. Y va a hacer todo lo posible para mantenerse en ella. “No sabemos cómo va a ser el futuro, pero desde luego yo ya he preparado toda la logística para que mi futuro sea en mi casita”.

Verla así, gestionando su salud desde el móvil mientras recibe visitas, compartiendo ironías y disfrutando de la luz que entra por su patio, es un regalo de vida. Felisa demuestra que el mayor éxito de una vida de trabajo y dificultades es llegar a la meta con la libertad de elegir dónde cerrar los ojos cada noche, rodeada de la historia que ella misma construyó.

Lo que ocurre en la casa de Felisa puede parecer una historia sin brillo para grandes titulares, pero es casi un milagro en un tiempo que ya no facilita milagros. En un país donde la vejez suele vivirse entre ausencias, burocracias y residencias saturadas, ella ha logrado algo excepcional: envejecer acompañada, en su casa, en su pueblo, sostenida por una red humana que aún resiste. Lo sencillo —una puerta abierta, un qué tal estás hoy, un calabacín de la huerta— pertenece ya a un mundo que cada vez cuesta más imaginar.

Pero su historia guarda otra dimensión: Felisa es una de esas personas que regresan a la España vaciada cuando ya parecía que no quedaba nada a lo que volver. Y ese regreso solo es posible porque dos mujeres inmigrantes —dos cuidadoras que han hecho del pueblo su hogar— sostienen la vida cotidiana con una dedicación que desmiente el tópico de que el medio rural es impermeable a la diversidad. Ellas no solo cuidan; también fijan población, mantienen vivo un oficio imprescindible y encarnan la mezcla que permite que un municipio siga siendo un lugar habitable.

En esa casa, en esa rutina compartida, se cruzan dos movimientos que rara vez aparecen juntos en los discursos oficiales: el retorno de una mujer mayor a su pueblo y la llegada de nuevas vecinas que encuentran en la Extremadura rural una oportunidad de vida. Es ahí donde la historia de Felisa deja de ser íntima para convertirse en política: demuestra que la España vaciada quizás no se repuebla con grandes planes, sino con vínculos concretos, con cuidados, con la decisión de quedarse y de acompañar.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.