Este martes pasado, al leer en este, nuestro periódico, los magníficos reportajes de Carla Rivero y Juan Velasco acerca de la regularización de migrantes en Sevilla y Córdoba, me he puesto a llorar como una magdalena. O mejor, como un donut, porque ese dulce tan castizo no se encuentra fácilmente por estas tierras californianas donde ahora vivo.

Como Edwin, Jonathan, Andreína y Roberto, yo también soy migrante. Solo que, en mi caso, emigré desde Andalucía, el lugar que ellos han elegido para echar raíces.

Ellos intentan construir una vida en una tierra que muchos andaluces hemos dejado atrás. Y en este aparente bucle migratorio hay una pregunta que merece la pena hacerse: ¿cómo es posible que Andalucía reciba a tantas personas que quieren quedarse mientras tantos de los nuestros se ven obligados a marcharse?

Andalucía atrae a miles de personas migrantes porque, para mucha gente que llega de contextos más duros, ofrece cosas muy importantes: una vida más segura, la posibilidad de empezar de nuevo, redes familiares o comunidades migrantes ya asentadas y, sobre todo, trabajo. A menudo trabajo precario, duro, mal pagado, pero trabajo al fin y al cabo. 

Esto forma parte de muchas historias de vida migrantes. En mi caso, cuando viví en Londres trabajé como camarera; en Chile acepté un puesto de marketing vendiendo antivirus para ordenador por teléfono; y mi primer trabajo en Estados Unidos fue escribir artículos para un periódico comunitario por 45 dólares la pieza, una miseria.

La población inmigrante no llega al azar: se instala donde hay oportunidades, donde ya existe comunidad y donde determinados sectores económicos dependen de mano de obra vulnerable, desde la agricultura a la hostelería, pasando por la construcción y los cuidados

La investigación académica sobre asentamiento inmigrante en Andalucía lleva tiempo señalando que la población inmigrante no llega al azar: se instala donde hay oportunidades, donde ya existe comunidad y donde determinados sectores económicos dependen de mano de obra vulnerable, desde la agricultura a la hostelería, pasando por la construcción y los cuidados.

Pero al mismo tiempo, Andalucía sigue perdiendo población propia, especialmente joven y formada, hacia regiones con mercados laborales más dinámicos. Un estudio sobre migración interregional en España confirma que siguen saliendo personas en regiones con tradición emigrante, entre ellas Andalucía. Los autores señalan que la fuga de cerebros tiene una dirección concreta: en Madrid es donde se amontona el capital humano cualificado. 

Muchos que, como yo, no quisimos irnos a Madrid, acabamos yéndonos todavía más lejos. Esta tendencia que se recrudeció con la crisis de 2008 tiene consecuencias. Como dice otro trabajo reciente sobre Extremadura y Andalucía, la emigración hacia áreas económicamente más dinámicas está vinculada con los bajos ingresos, desigualdades territoriales y el envejecimiento de la población.

Dicho de forma menos técnica: Andalucía está en un bucle migratorio que recibe a quien necesita sobrevivir y está dispuesto a aceptar trabajo precario, y pierde a quien quiere dejar atrás esa incertidumbre.

Cuando la derecha andaluza habla de “España para los españoles”, orden o identidad, rara vez está hablando de garantizar vidas dignas. Lo que protege, en la práctica, es un modelo económico que se beneficia de una población trabajadora vulnerable, ya sea nacida aquí o llegada de fuera

Andalucía es el primer paso de muchos en búsqueda de un futuro mejor, que ofrece buen clima, una cierta calidad de vida y, al mismo tiempo, un mensaje implícito que conocemos demasiado bien: apáñatelas como puedas. Y eso no es casualidad. Es el resultado de un modelo productivo que descansa sobre la precariedad, que necesita mano de obra barata y que tolera desigualdades sociales cada vez más profundas. Un modelo que, no nos engañemos, es por el que están apostando Vox y el Partido Popular.

Cuando la derecha andaluza habla de “España para los españoles”, orden o identidad, rara vez está hablando de garantizar vidas dignas. Lo que protege, en la práctica, es un modelo económico que se beneficia de una población trabajadora vulnerable, ya sea nacida aquí o llegada de fuera.

De hecho, un artículo reciente publicado en el Journal of Rural Studies, a partir del caso de Los Marines (Huelva), advierte de que la llegada de nuevos residentes puede aliviar el problema demográfico del envejecimiento sin resolver la crisis de fondo, que es social, económica y territorial.

Por tanto, la regularización de migrantes es una cuestión de justicia elemental. Pero si de verdad queremos hablar de arraigo, la conversación no puede terminar ahí. Regularizar sin cambiar las condiciones materiales que convierten a Andalucía en una tierra de paso es quedarse a medio camino y perpetuar el bucle migratorio en el que llevamos demasiados años.

Me cojo otro donut de la caja de Krispy Kreme que alguien ha dejado en el pasillo de la universidad donde estudio y trabajo. Lo mojo en el café. Pienso en quienes hoy están en la construcción, en el turismo, en el campo o en los cuidados. Mañana, cuando busquen empleo en su profesión, estabilidad para criar a sus hijos o simplemente una vida menos precaria, quizá descubran que también ellos tienen que irse.

Y entonces habremos fracasado dos veces: como tierra de acogida y como tierra de futuro.

Las personas migrantes viven estos días una mezcla de emociones entre la oportunidad de dignificar su vida y el nerviosismo de estar a un paso de conseguirlo. Han recibido con esperanza la regularización extraordinaria, mientras la vulnerabilidad en la que viven está siendo aprovechada con desinformación y estafas. En muchos casos, son maniobras fraudulentas que se comenten habitualmente, pero que con el proceso de regularización se han disparado las cantidades de dinero que estafan.

En este proceso, el empadronamiento se ha convertido en un documento muy valioso para acreditar la permanencia interrumpida de al menos cinco meses en el país. En este contexto, hay propietarios de viviendas en Logroño que están pidiendo altas cantidades de dinero por acreditar que una persona está residiendo en la casa. Una práctica ilegal de la que, sin embargo, las personas migrantes hablan con normalidad, aunque todos ellos temen denunciarlo, incluso de forma anónima.

La necesidad y la vulnerabilidad provoca que la mayoría cuenten que les ha pasado a amigos o conocidos, y todos “lo han escuchado”. Aunque muchos relatan que es algo que ha ocurrido siempre, ahora están pidiéndoles cantidades muy altas. “A una amiga le pedían 250 euros mensuales adicionales al alquiler para mantenerle el empadronamiento”, cuenta una mujer en la cola del Ayuntamiento de Logroño. “Cuando buscas empadronamiento, hay gente que te pide 1.500 euros o 2.000 euros”, cuenta otro hombre que está ayudando a un grupo de jóvenes con sus trámites. Incluso hasta 3.000 euros le han solicitado a personas en Logroño, según relata una mujer que se ha acercado a la Seguridad Social para recabar información para el amigo al que le pedían estas cantidades.

Varias organizaciones sociales confirman que estás estafas se están produciendo, tanto con cantidades adicionales a la cuota de alquiler como en una cifra única. “Las personas víctimas de esta estafa a veces lo cuentan de forma confidencial o en alguna acogida parroquial, pero no son casos que lleguen a denunciarse, puesto que la persona lo que quiere es regularizar su situación y no tener más problemas. Se aprovechan de esa misera”, visibiliza Marcos Montoya, trabajador social de Cáritas, que señala entre 250 y 300 euros como las últimas cifras que ha escuchado al respecto. El profesional de Cáritas recuerda que la propia Ley de Extranjería, en su artículo 53, recoge multas de hasta 10.000 euros por conseguir un rédito económico por un empadronamiento. Es decir, “no es una cosa que esté en el limbo jurídico, es decir, si las personas demuestran o hay una denuncia y un proceso judicial, hay un procedimiento sancionador”, subraya Montoya.

Propietarios que no quieren empadronar a sus inquilinos

Otro de los obstáculos que se encuentran las personas migrantes es que directamente se les impide el empadronamiento. Una joven colombiana que se encuentra realizando sus trámites señala que en la vivienda anterior en la que residió durante un año, el propietario se negó a empadronarle. “Ocurre sobre todo con los realquileres de habitaciones y es bastante típico que la persona que ostenta el contrato de alquiler no quiere que se sepa cuántas personas viven allí o que conste que recibe esos ingresos”, confirman desde Cáritas.

Hay una serie de situaciones en las que los Ayuntamientos tienen la obligación de facilitar el empadronamiento a las personas a pesar de que vivan en la calle o en lo que se llama “vivienda insegura o inadecuada”, como son los casos de personas durmiendo en lugares sin cédulas de habitabilidad. Es lo que se llaman los “empadronamientos ficticios”, amparados por una resolución del INE. No obstante, “en Logroño si no acreditas un título de propiedad o un titular de la vivienda, sí que las personas tienen bastante dificultad para poder empadronarse”, describe Montoya, que refiere que la fórmula ordinaria sigue requiriendo la firma del propietario o titular de la vivienda.

El empadronamiento no es el único trámite para acreditar la permanencia

Ante estos casos, Cáritas recuerda que el empadronamiento no es obligatorio para conseguir la regularización ni es el único documento que certifica la permanencia en el país. “Es uno de los documentos más valiosos y que más directamente acredita esos cinco meses y por eso se aprovechan, pero no es el único”, resalta Marcos Montoya. En este sentido, son también útiles informes médicos, giros de dinero a países terceros, certificados de cursos formales o no formales que hayan realizado o cualquier documento sellado o acreditado por un organismo público o entidad social que en el que se recojan los datos personas de las personas. En este caso, se recomienda acreditar alguno de estos documentos por cada mes que lleves en el país e incluso conviene que se añadan incluso disponiendo del certificado de empadronamiento.

No es la única estafa a la que se enfrentan las personas migrantes en el proceso de regularización. Alude Cáritas, en este sentido, a embajadas de algunos países que están dificultando el proceso, que obligan a desplazarse a otras ciudades para trámites solo presenciales o que cobran tasas muy altas. “Estas personas vienen de contextos de pobreza, de salarios bastante bajos de la media”, recuerda Marcos Montoya. Otras entidades del tercer sector se refieren a los anuncios de abogados con tarifas para la realización de los trámites, incluso antes de que el BOE publicara las condiciones y los pasos necesarios para la solicitud. Montoya habla de 500 euros para un trámite gratuito, sencillo y con entidades sociales que están colaborando para su realización. “La gente está tan apurada que tira de lo que sea, cree que así va a ser más rápido y evitará problemas; pero no es necesario, al menos para la tramitación”.

En definitiva, las personas migrantes que van a regularizar próximamente su situación están sometidos en Logroño a situaciones de abusos y desinformación. Ante ello, las organizaciones sociales subrayan que el empadronamiento no es el único camino, pero que se trata de un derecho de todas las personas al que deben acceder de forma gratuita. La esperanza y los nervios de estas personas por presentar cuánto antes la solicitud para poder trabajar de forma regular (una vez que se inicia a trámite, ya se expide una autorización provisional) chocan con el abuso de quienes buscan enriquecerse y aprovecharse de la vulnerabilidad.

La Fundación Ruy López de Almendralejo (Badajoz) ha denunciado la aparición de una pintada de carácter xenófobo en la fachada de su sede, un hecho que califican como delito de odio. Este acto vandálico se produce después de que se conociera que la fundación colabora en el proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno.

La frase 'Stop invasión' ha sido pintada en el muro de la sede, un “ataque” que ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional, según ha explicado la mediadora intercultural de la fundación, Eva Olaizolaola. “Es un delito de odio porque el mensaje traslada la idea de que las personas migrantes se vayan de aquí; es un delito de racismo, de xenofobia e incluso de aporofobia, porque también trabajamos con personas sin recurso”, ha destacado.

La pintada coincide en unas fechas en las que se ha incrementado notablemente la afluencia de usuarios procedentes de distintos puntos de Extremadura debido al proceso regularización extraordinaria. Los usuarios migrantes que se encontraban en la sede no han querido ofrecer declaraciones, pero han trasladado su desacuerdo con lo ocurrido con cierta resignación.

“No le han dado mucha importancia, van con prisa, trabajan a veces en situaciones que no son apropiadas o incluso de explotación y tienen tantas preocupaciones que no tienen tiempo como para pararse a pensar en esto o a darle importancia”, ha agregado. Olaizolaola ha lamentado que las personas usuarias de los servicios de esta fundación “están acostumbradas tristemente a recibir insultos racistas por la calle”.

En los 20 años de actividad de la fundación por los derechos de las personas migrantes no habían sufrido incidentes similares. En su web, la Fundación Ruy López defiende que, “como muchos vecinos y vecinas de Almendralejo saben, es un espacio de convivencia y concordia, de ayuda y aprendizaje, y sobre todo de dignidad”. En sus instalaciones coinciden personas que varias nacionalidades, se enseña lengua española para facilitar la integración y se da apoyo a niños y niñas de familias vulnerables en el ámbito educativo, para que puedan progresar con sus estudios. “También son conocidas nuestras clases de ajedrez, ofreciendo a los y las jóvenes de Almendralejo una alternativa de ocio saludable.”

Además, la fundación subraya que todas las actividades e intervenciones que realizan se orientan al progreso y la mejora de las condiciones de vida de las personas, independientemente de su origen, su raza, su religión, su orientación sexual y su sexo. “Aquí solo importan las personas”, recoge el comunicado publicado en su web.

La Asociación Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX) también ha denunciado la pintada “racista”, la cual es “una consecuencia directa de los discursos promovidos por la derecha y la extrema derecha”. En este sentido, ha criticado el acuerdo PP y Vox en Extremadura por incorporar “postulados que criminalizan” a la población migrante, plantean recortes en políticas de cooperación y refuerzan “un discurso institucional de corte reaccionario y excluyente”.

“Las personas migrantes no son una amenaza. Son trabajadores y trabajadoras que sostienen sectores clave de nuestra economía en condiciones muchas veces precarias. Atacarles es atacar al conjunto de la sociedad”, ha dicho el presidente de AMOEX, Alejandro Peña.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha apuntado que el concepto de 'prioridad nacional' incluido en el acuerdo de Gobierno de PP y Vox en Extremadura es “manifiestamente inconstitucional” y “nos degrada como sociedad”. Considera “muy lamentable”, en referencia implícita al PP, que un partido “supuestamente de Estado” y que “ha gobernado este país y que aspira a gobernar” pacte algo así.

“En España y en Castilla-La Mancha somos una sociedad rica, plural, diversa, en el que creo que la convivencia es un valor que al final todos agradecemos y que, por supuesto, somos una sociedad que respeta los derechos humanos, que respeta a sus vecinos y el PP acaba de comprarle el discurso a la extrema derecha. Alimenta el frentismo entre la gente, alimenta el frentismo en la sociedad, alimenta el odio”, ha asegurado.

De ahí que haya rechazado “rotundamente” ese planteamiento, que se ha mostrado convencida de que “ni siquiera va a salir adelante porque es inconstitucional, no puede salir adelante”.

Esta cuestión, a su juicio, no le quita gravedad a la voluntad que tanto Vox como el Partido Popular han mostrado de “querer llevar a cabo esa discriminación en razón del lugar de nacimiento de una persona”.

Solo buscan “generar enfrentamiento”

Padilla ha incidido en que lo único que hacen con estos anuncios y con estas medidas es “generar enfrentamiento” en la sociedad y también “entre empresarios, entre el sector económico, el agrario, la Conferencia Episcopal, Cáritas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales” porque todos ellos están “dando una lección al Partido Popular de cómo hay que gestionar la inmigración en nuestro país”, que no sigue el modelo que Vox ni el PP “quieren implantar”.

Según ha manifestado, el PP, en lugar de escuchar a la sociedad, al empresariado, a los sindicatos o a Cáritas, ha decidido “agarrarse al brazo de Vox” y esto “es muy grave”. Y al hilo de ello, ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, no solo se desmarca en este ámbito sino que “siempre que tiene oportunidad elige a Vox, elige los discursos que enfrentan y que generan odio en nuestra sociedad”.

“Hemos tenido varios ejemplos en Castilla-La Mancha y estoy segura que si de él dependiera, volviera a ocurrir, porque, de hecho, cada vez que tiene oportunidad, muestra ese deseo de llegar a acuerdos, a pactos con Vox”, ha finalizado.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que los certificados de vulnerabilidad, exigido en el proceso de regularizaición extraordinaria para personas migrantes, se solicitarán directamente en los Servicios Sociales municipales desde este martes 21 de abril. Así, las personas interesadas en obtener estos certificados deberán acudir a la Casa de los Curas (calle Mayor 24) de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.

Tal y como informa el Consistorio calagurritano, las personas interesadas acudirán a los servicios sociales municipales y allí se les asignará un número de atención. Las solicitudes para expedir el certificado de vulnerabilidad se tramitarán por orden de llegada cada día.

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha compartido una imagen que muestra que el consistorio ha cerrado la atención al público antes de las 14.00 horas porque se han agotado las citas. Una denuncia que se suma a la que ya hiciera ayer Antoñanzas de la gestión del equipo de Conrado Escobar del proceso de regularización extraordinaria, sobre lo que critico “la falta de previsión” y las colas que estaba generando.

El alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, a preguntas este martes de los medios de comunicación sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y las críticas, ha respondido: “Si todas las administraciones estuviesen trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, los inmigrantes lo tendrían más sencillo”.

En este sentido, ha valorado positivamente la implantación de dos líneas diferenciadas de atención en el Servicio 010, tal y como había solicitado este lunes la formación regionalista. El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha agradecido que el Ayuntamiento haya atendido esta reivindicación, al considerar que “es una medida que está suponiendo un alivio para la ciudadanía porque, además de optimizar los recursos, permite realizar las gestiones ordinarias sin tener que soportar las largas colas que se han registrado estos días pasados”.

Según ha explicado, “esta medida permite diferenciar la atención para completar trámites habituales y una específica para quienes necesitan documentación para su regularización, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía y evitando el colapso de las dependencias municipales”. Sin embargo, parecer, esta agilidad no se ha compensado con más citas, y el servicio ha cerrado al agotarlas todas.

Además, “todavía queda una parte muy importante de las reivindicaciones del Partido Riojano por atender, como es el refuerzo de horarios y personal en los servicios municipales afectados”, ha resaltado Antoñanzas. “Es imprescindible que el equipo de Gobierno dote al Ayuntamiento de más recursos mientras dure el proceso de regularización extraordinaria para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y evitar que se repitan situaciones de colapso”, ha afirmado.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha trasladado este martes un mensaje de “tranquilidad” ante el proceso de regularización de migrantes iniciado en España: “Hasta el 30 de junio hay tiempo”. En el segundo día en el que se pueden realizar los trámites de forma presencial (en La Rioja en las oficinas de Correos y en la Oficina de la Seguridad Social), Arraiz ha recordado que, desde el pasado 16 de abril, también se pudo iniciar de forma telemática.

El día de ayer, ha relatado, transcurrió con “normalidad” en las oficinas en las que se puede realizar de forma presencial; si bien en los ayuntamientos se produjeron colas para solicitar la documentación (empadronamiento y certificado de vulnerabilidad). Son los ayuntamientos, ha reconocido, los que están “soportando la mayor presión” en estos momentos. No obstante, ha rechazado hablar de caos: “Son los pasos iniciales de un proceso muy esperado en este país, de justicia; y, por lo tanto, es normal que la gente en estos primeros días acelere para conseguir toda la documentación”.

A este respecto, ha querido “dar las gracias a los ayuntamientos que están colaborando y que están, con todo el esfuerzo, participando de este procedimiento”. “Porque es cierto que no es fácil, pero seguramente en los próximos días, también, vaya normalizándose”, ha añadido.

Los bulos sobre el proceso de regularización

La delegada ha querido aclarar, también, “dudas que pueden ir surgiendo durante este proceso”, empezando por señalar que no es cierto que haya cupos establecidos de solicitudes. “Hay ciertos bulos que dicen: no es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo quedas fuera; no, no es cierto, todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá autorización”, ha relatado.

Con respecto a las colas en los ayuntamientos, “tranquilidad”, porque “es cierto que está habiendo esa presión, pero otros días también hay filas para otros trámites”. “Son momentos un poquito delicados y lo único que puedo pedir es cierta tranquilidad”, ha dicho. Con respecto a que se están cobrando servicios, ha entendido que hay profesionales que pueden ayudar en la gestión de estas ayudas y “algunos probablemente estén, incluso, abusando un poco de este hecho”.

Ante esto, ha instado a acudir a las entidades sociales que están colaborando, por ahora en esta comunidad Comisiones Obreras y el Movimiento por la Paz (MPDL) que “asesoran, ayudan y acompañan”. Un registro de entidades colaboradoras que está abierto y que, ha avanzado, se irá ampliando para facilitar el proceso.

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El primer día de la solicitud presencial de la regularización de personas migrantes en Logroño ha transcurrido, en términos generales, con tranquilidad y esperanza. La necesidad de cita previa para realizar los trámites ha posibilitado que no se produzcan filas en las oficinas de Correos en las que se podían solicitar, pero que pocas personas al día puedan acceder. Aunque fuentes oficiales no han facilitado datos sobre cuántas citas se expiden diariamente, lo cierto es que han sido pocas las personas que han acudido esta mañana.

Donde sí se han podido ver filas es en el Ayuntamiento de Logroño, especialmente, a primera hora de la mañana, cuando se solicitan las filas para entrar. Una de las mujeres que espera paciente su turno sentada frente a la pantalla de citas ha acudido a primera hora de la mañana para conseguir su turno y a las 12 del mediodía todavía tiene más de 20 personas por delante. En este sentido, el PR ha criticado la falta de previsión del Ayuntamiento de Logroño que ha provocado “una saturación de los servicios municipales”. “El Ayuntamiento de Logroño atiende diariamente a un máximo de 120 personas de forma presencial en el Registro, una cifra claramente insuficiente y que está generando colas de espera enormes sin que las personas tengan garantías de poder completar sus gestiones con la administración”, ha resaltado Rubén Antoñanzas.

Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte

El Ayuntamiento de Logroño ha informado que durante la jornada de hoy ha emitido 300 volantes de empadronamiento y se han contabilizado 150 solicitudes de informes de vulnerabilidad social. A pesar de las esperas, en el consistorio el clima general es de expectativas, aunque “sin cantar victoria”, puntualiza esta mujer de Guinea Ecuatorial mientras espera. Como casi todos, prefiere no mostrar su rostro ni dar su nombre. Tiene 33 años y llegó sola hace un año y siete meses, dejando allí a dos hijos de 10 y 3 años. “Cuando emigramos no es por gusto, es por mejorar las condiciones de vida”, subraya. Reconoce que cuando empezó a escuchar la regularización extraordinaria no se lo creía, pero empezó a preparar los papeles y solo le queda el certificado de vulnerabilidad, al que espera esta mañana. “Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte. Ojalá”.

Justo en frente, un grupo de jóvenes naturales de Senegal esperan también su turno. Uno de ellos lleva cuatro años esperando en España, fue solicitante de asilo, pero ahora vive en un garaje sin ni siquiera luz y no tiene empadronamiento, lo que teme que le dificulte el acceso. Cuando vio el trámite de la regularización, empezó a hablar con amigos, consultar redes sociales y entidades sociales, y este lunes ha llegado al Ayuntamiento de Logroño para preguntar si cumple con los requisitos para regularizarse. “Si no hay papeles, no hay trabajo; se sufre mucho”, resume de una realidad que cuentan todas las personas que esperan sus trámites.

Los casos son muchos pero todos coinciden en la necesidad de trabajar de forma legal. “No tengo trabajo, es muy difícil sobrevivir así, sin papeles, sin un ingreso estable y es muy difícil también encontrar así una vivienda”, señala un joven de 25 años. Otra joven colombiana de 22 años, que llegó con su familia hace un año a Logroño, que espera con su madre, señala: “Recibimos esta noticia con expectativas porque hasta ahora a una le tocaba aceptar trabajos mal pagados y con malos horarios”.

Primeros trámites presenciales en la Seguridad Social

Por la tarde, se ha abierto el plazo presencial para presentar solicitudes de la oficina de la Seguridad Social. A las 16.00 horas, cuando abrían, varias personas esperaban su cita, con sus carpetas de trámites. Marina lleva en España desde octubre de 2024 y ya había iniciado el trámite de Protección Internacional, aunque espera que ahora todo se agilice. “Esto nos facilita las oportunidades”, agradece justo antes de entregar sus papeles.

Nervios, filas, esperanza, ilusión y pocas citas han marcado la primera jornada de la solicitud presencial para la regularización en Logroño. Entre carpetas bajo el brazo y miradas a las pantallas de citas, miles de personas en La Rioja aguardan que este Decreto les ofrezca una vida digna. Para ellos, hoy no solo han hecho unos trámites burocráticos, hoy se ha empezado a ver la posibilidad de dejar de ser invisibles en una ciudad que ya es la suya.

La aprobación de un decreto extraordinario para regularizar a medio millón de migrantes ha disparado las solicitudes en centros de servicios sociales. Como era de esperar, desde que entró en vigor la medida el miércoles pasado se han batido récords de peticiones en varios puntos del país. Solo en Madrid, que una semana antes registraba alrededor de 1.500 citas diarias, subieron rápidamente las visitas hasta alcanzar las 4.000 nada más publicarse la norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y 5.500 más a lo largo del jueves.

Lo ha confirmado este lunes el responsable local de su gestión, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento, que advierte de un “colapso” en los servicios municipales y lo atribuye a la gestión del Gobierno central por “no consensuar” una hoja de ruta clara con las comunidades autonómas, implicadas en la cadena de la regularización. Con la puesta en marcha de la norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en la capital algunos centros de la Seguridad Social, además de las oficinas de Extranjería, para ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, ya el mismo viernes de la semana pasada hubo una respuesta contundente del alcalde: su ayuntamiento “no va a colaborar” con Moncloa más allá de sus competencias habituales en la materia, en represalia por haber quedado fuera de la planificación. Un día antes de que José Luis Martínez-Almeida sellara esta decisión, que comunicó al salir de una Junta de Gobierno, el Ayuntamiento había comenzado a repartir unos formularios no vinculantes para tantear las solicitudes, y este lunes se cerró una primera petición oficial de regularización: la de Andrés, un colombiano de 32 años.

La barrera del certificado de vulnerabilidad

Aun así, el responsable de Políticas Sociales ha reafirmado ese discurso que lanzó Almeida antes del fin de semana. José Fernández denuncia que uno de los requisitos indispensables para conceder la regularización a perfiles más desfavorecidos, el nuevo certificado de vulnerabilidad, no llegó a sus oficinas hasta el jueves de la semana pasada, con el decreto recién aprobado y “varias solicitudes acumulándose”.

El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que salieron a la calle nada más estrenarse la medida. Dicho certificado acredita las situaciones de máxima vulnerabilidad entre personas en condición irregular. Desde Cibeles explican que el procedimiento será más ágil si para el solicitante ya consta alguna intervención previa de los Servicios Sociales, aunque de no ser así también pondrá hacerse el trámite.

“Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar”, ha determinado Fernández, confiando en que este mecanismo permita descartar a quienes traten de beneficiarse de este sistema sin hallarse totalmente desprotegidos.En resumidas cuentas: para obtener el certificado harán falta, en palabras del delegado, “un trabajo previo, una historia social y una intervención social” anterior a la solicitud. En el plano político, el Ayuntamiento también ha arremetido contra Pedro Sánchez, sugiriendo que en realidad la regularización “solo responde a intereses parlamentarios” y pidiendo directamente la supresión del decreto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa sobre el procedimiento para solicitar el certificado de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España.

Esta acreditación se enmarca en la tramitación de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo extraordinario, regulada en el Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril.

El certificado de vulnerabilidad no será necesario en aquellos casos en los que la persona solicitante sea o haya sido solicitante de protección internacional, haya trabajado en España por cuenta ajena o propia, o pueda acreditar una oferta de empleo o intención de actividad laboral por cuenta propia. Tampoco será exigible cuando se disponga de una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado.

Por el contrario, deberán solicitar este certificado aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan acreditar ninguna de las circunstancias anteriores.

Para facilitar este trámite, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía la correspondiente instancia a través de la sede electrónica municipal. Dicha solicitud deberá presentarse en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, desde donde se derivará a los Servicios Sociales municipales para su valoración.

Asimismo, se habilita un sistema de cita previa que se ofertará los martes y jueves, y que podrá gestionarse a través de la web, en el servicio de atención telefónica 010 y en los quioscos digitales situados en las Oficinas Municipales.

El certificado de vulnerabilidad también puede ser emitido por distintas entidades colaboradoras especializadas en atención social y acompañamiento a personas migrantes, como Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ubicada en Avenida de Escaleritas, 66 (teléfono 928 29 72 71, correo electrónico cear.canarias@cear.es); Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en Avenida Primero de Mayo, 21 (teléfono 928 447 500); la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales, en calle Aguadulce, 44 (teléfonos 928 11 43 15 / 658 58 86 03); y la Asociación CESAL, en calle Bernardino Correa Viera, 5 (teléfono 691 03 62 55).

El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa al proceso de regularización extraordinaria se encuentra disponible en el portal oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, desde el Consistorio se recomienda a las personas interesadas informarse a través de los canales oficiales y solicitar cita previa con antelación para garantizar una correcta tramitación de este procedimiento, de especial relevancia para el acceso a derechos y recursos en situaciones de vulnerabilidad.

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.

José Luis nació en Colombia. Pero hace cuatro años llegó a España con su esposa en busca de mejores condiciones de vida. Liliana es ingeniera de sistemas, también es colombiana, y quiere homologar su título e intentar trabajar en el sector para el que dice estar perfectamente preparada. Dos estudiantes venezolanos de Derecho quieren arreglar sus papeles para poder terminar sus carreras universitarias, buscar trabajo y “ayudar a otros”.

Son algunas de las historias de los migrantes que este lunes han acudido a las oficinas habilitadas en Toledo en el día en que arranca el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ciudad son, concretamente, las oficinas de Correos de la calle Duque de Lerma y del barrio del Polígono, en horario de mañana (de 8.30 a 14.30 horas) y de tarde (de 14.30 a 17.30 horas). También están habilitadas las dos sedes de la Tesorería de la Seguridad Social del Casco Histórico, en horario solo de tarde (16.00 a 19.00 horas).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado hoy la necesidad de cita previa. “No informamos exactamente de las oficinas porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido”.

En la oficina de la calle de Duque de Lerma han habilitado persona y un mostrador específico para este proceso, no así en el Polígono, donde han acumulado todos los trámites, ordinarios y extraordinarios.

Hablamos con los que ya guardan cola después de obtener la cita previa por vía telemática. Los primeros en llegar han podido realizar sus trámites sin apenas esperar, pero conforme avanza la mañana, la fila aumenta y la media de tiempo para cada trámite es de media hora o una hora en algunos casos.

José Luis acude con su esposa desde la localidad de Portillo de Toledo, muy cerca de la comarca de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ambos prevén que esperarán al menos una hora. Tienen sus papeles y la solicitud preparada, pero están algo nerviosos.

Durante los cuatro años que este migrante lleva en España, ha estado trabajando como soldador de tanques con la denominada ‘Tarjeta Roja’, es decir, el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Se trata de una tarjeta provisional que autoriza a extranjeros, a menudo de zonas en conflicto, a residir legalmente mientras se resuelve su solicitud de asilo o protección internacional.

Ha estado trabajando desde 2022, pero ahora en el trabajo le han exigido que solicite la regularización para que pueda empezar a cotizar a la Seguridad Social y disponga de todos sus derechos laborales. Porque su intención es quedarse.

Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías

“Este proceso viene caído del cielo. Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías. Recién llegué lo pasé muy mal y estuve trabajando ‘en negro’ pero varios compañeros de Colombia me ayudaron y pude salir adelante. He podido formarme y trabajar”, afirma.

A José Luis le gusta mucho su trabajo y ahora lo único que quiere es obtener sus papeles y seguir trabajando en su sector, que le “encanta”. “Acá he tenido la oportunidad de formarme más aparte de la formación que ya traía de mi país. He podido aprender muchas cosas y ahora mi sueño es seguir aportando al país, pero con todo en regla”.

Justo cuando le llega el turno a José Luis y a su esposa, dos jóvenes originarios de Venezuela acaban de terminar su trámite en el mostrador. Han estado casi 45 minutos y tienen mucha prisa, pero relatan a este medio que estudian Derecho en Toledo, aunque viven en Yuncos, también un pueblo de la comarca de la Sagra.

“Ahora toca esperar, pero queremos seguir estudiando y buscar trabajo en lo nuestro, sobre todo para ayudar a otros”, nos dicen mientras salen corriendo después de haber perdido las dos primeras clases de la mañana.

Susana es cubana, tiene 53 años, y trabaja en el sector de la limpieza, desplazándose a Toledo desde Alameda de la Sagra. Acaba de llegar a la oficina. Su cita es a las 10.30 y llega puntual, pero otros migrantes de la fila le comentan que la espera será larga porque las citas se están dando con 15 minutos de intervalo, y el trámite está resultando bastante más largo.

“Espero no tener que volver otro día porque es difícil que pueda librar en el trabajo. He traído todos los papeles y no me importa esperar lo que sea, si lo puedo dejar solucionado hoy”, relata.

“Como una trabajadora más”

¿Qué es lo que más desea Susana con esta solicitud? “Ser como una trabajadora más en España, poder cotizar a la Seguridad Social y mejorar mis condiciones”. Mi sobrina está en Madrid, también limpiando, y tiene la cita para otro día. Ella es informática, quiere intentar trabajar en lo suyo. Ojalá lo consiga“.

En la fila se encuentran asimismo Liliana, de 34 años, y su pareja John Jairo, de 37. Viven en Cabañas de la Sagra, curiosamente también en una zona colindante con Madrid. Él llego de Colombia hace dos años y ella hace un año y medio se reunió con él junto con su hijo. Liliana tramitó su estancia por estudios mientras que John ha estado trabajando en diferentes sectores, “básicamente donde he podido”, pero principalmente en la hostelería   

A partir de la obtención de su regularización, ambos quieren pasar la página de “muchos meses estando muy mal”, ya que Liliana no ha podido trabajar por “varios inconvenientes” en sus papeles.

Cuenta que su pareja tiene mucha formación en mecánica y electricidad en el sector industrial y querría dejar la hostelería para trabajar en ello. “Falta mano de obra y hay sectores en los que podemos aportar mucho”.

Creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular

“Yo soy ingeniera de sistemas, pero no he logrado conseguir ningún trabajo porque debo regularizarme primero. Una vez que me lo aprueben, creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular. Esta es mi gran oportunidad, mi sueño, mi esperanza. Y creo que es lo correcto”, resalta muy sonriente.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha estima que se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria en esta comunidad autónoma. Hoy ha sido el primer día para empezar a presentar las solicitudes y la documentación después de que el pasado jueves, día 16, se habilitara el proceso telemático para empezar a solicitar su cita previa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre este proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde el pasado jueves, día 16 de abril, la atención en oficinas ha arrancado este lunes, día 20 de abril.

En Castilla-La Mancha hay 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las distintas provincias, así como ocho oficinas de Correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido. “Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

La población migrante tiene un papel “relevante” en el empleo

La población migrante desempeña un papel “relevante” en el equilibrio demográfico regional, y contribuye “de forma significativa” a la cohesión territorial y al mantenimiento de la población activa.

Son algunas de las conclusiones que arroja el reciente informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo' que ha elaborado el sindicato UGT para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de Castilla-La Mancha, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

Los resultados muestran que, frente a una tasa de empleo media en Castilla-La Mancha del 52,2% en el último trimestre de 2025, la cifra de población extranjera empleada se ubica en el 56,13%, una comparación que para UGT evidencia la “fuerte participación en el mercado laboral” de este colectivo.

El primer día para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes se está desarrollando en Asturias “con normalidad” aunque sí se están produciendo “algunas colas” en las oficinas habilitadas para ello, ha apuntado la delegada del Gobierno en el Principado, Adriana Lastra.

Lastra ha considerado que es “normal” que el primer día se esté produciendo alguna cola porque “la gente quiere informarse” sobre los trámites a realizar para obtener la regularización.

La delegada del Gobierno ha afirmado que esta regularización es “una gran noticia” porque va a beneficiar a muchas personas que ya viven y trabajan en España, fundamentalmente en los sectores de los servicios y la construcción.

Primer día para la solicitud presencial

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización para todas aquellas personas que hayan solicitado previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.

El pasado jueves, 16 de abril, comenzó el plazo solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

Para ello, el Gobierno ha habilitado 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 horas a 17.30 horas y cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Los beneficiarios

Se podrán beneficiar de la regularización aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

La autorización

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ayudará a que Asturias supere los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social y a aumentar la recaudación, con el consiguiente impacto positivo en los servicios públicos.

Asturias cerró el pasado mes de marzo con cerca de 394.000 cotizantes a la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las prioridades

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado, Peláez ha señalado en rueda de prensa que este proceso “no es más que dar carta de naturaleza a una realidad”, a personas que viven y trabajan ya en Asturias y utilizan sus servicios públicos.

“Hay que reconocer esa situación de hecho y que tengan derechos y obligaciones con residencia reconocida y legal”, ha añadido al valorar este proceso, que se ha iniciado este lunes de forma presencial.

Para Peláez, frente a este proceso positivo se ven acuerdos como el alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura que plantea dar prioridad nacional en cuanto a concesión de ayudas, una postura que ha calificado de “extraordinariamente grave” y que responde a la “ausencia de un proyecto propio” por parte de los populares “que asumen como propios los discursos de Vox”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.