Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

Las 21 personas migrantes, todas de nacionalidad marroquí, detenidas en las últimas horas en Ceuta por participar en el apedreamiento a una patrulla militar y a guardias civiles han sido devueltos a Marruecos tras reconocer su participación en los hechos y decidir voluntariamente retornar a su país.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los 21 arrestados han sido trasladados a la frontera del Tarajal, después del incidente que se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que duermen en esta zona de la costa.

Los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo cual optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones, sin que se produjeran heridos. La Guardia Civil intervino y también resultó apedreada.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo “porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente”.

La ATME ha exigido “de manera inmediata” el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como “profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas”. “No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes”, ha añadido la organización de militares.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

En el laberinto formado por las naves industriales del Tarajal (Ceuta), en los recovecos existentes entre los portones mecánicos de decenas de almacenes, las chabolas se acumulan. En su zona más profunda, más escondida, cientos de personas migrantes duermen en el suelo, a la intemperie, bajo el riesgo de agresiones racistas y peleas callejeras. En distintos rincones como este, hay niños de apenas 13 años a los que solo cuidan quienes se apiadan de ellos. Hay mujeres embarazadas que aguantan contracciones tumbadas sobre el duro suelo de un campo de fútbol al aire libre. Hay jóvenes heridos que no se atreven a ir al hospital, porque cuando lo hicieron solo recibieron gritos.

Superado el mes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta -de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior-, la crisis humanitaria continúa en las calles de la ciudad autónoma. La falta de espacio para atender a los migrantes, la lentitud en la habilitación de nuevas plazas y la negativa del Gobierno a permitir los traslados a la península (donde sí cuentan con espacio en la red estatal de acogida humanitaria) mantiene a miles de migrantes a la intemperie y sin acceso a servicios básicos, mientras que incrementa la tensión entre la población local, en una ciudad de casi 20 kilómetros cuadrados y apenas 85.000 habitantes.

36 días después, el Ministerio del Interior asegura que permanecen en la ciudad solo 5.000 migrantes de los 70.000 que alcanzaron Ceuta a finales de julio, pero las dimensiones de los asentamientos informales y el retraso en su filiación ante la falta de espacios de acogida suficientes apuntan a que la cifra puede ser mucho mayor. Entre ellos, alrededor de 1.300 menores están acogidos en centros de la ciudad autónoma, pero un solo paseo por la ciudad demuestra que cientos de menores aún malviven en las calles, pese a sus sucesivos intentos de tratar de ser recibidos en un centro de acogida.

En el caso de los adultos, la responsabilidad recae en el Ministerio de Migraciones, que ha empezado a trabajar en los trabajos de construcción de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad. La obras y la instalación de carpas avanzan, lo que evidencia una posible próxima apertura de nuevas instalaciones, mientras algunos vecinos organizan protestas casi diarias para evitarlas. Preguntados por los retrasos en la habilitación de espacios, fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz aseguran estar trabajando para abrir “el mayor número de plazas posibles en el menor tiempo posible”. La apertura de nuevos lugares de acogida provisional no está resultando sencilla en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, y que ya acogía a un número de migrantes considerable debido a su posición fronteriza. El Ejecutivo central necesita la cesión municipal del suelo, y el Ayuntamiento se choca con el rechazo vecinal de algunos barrios a recibirles.

El Gobierno sufre desde el 8 de agosto dificultades para encontrar espacios en Ceuta donde alojar a los migrantes. El propio presidente de la ciudad rechazó en la Junta de Seguridad Nacional a la que le invitó el presidente que se utilizaran los polideportivos para acoger a los inmigrantes. El Ejecutivo aceptó la petición de Vivas y planteó utilizar dos espacios del Puerto de Ceuta, pero también aquí se ha encontrado con obstáculos de última hora.

Traslados a la península, bloqueados

En anteriores crisis migratorias, la percepción de emergencia suele disiparse con una estrategia habitual: los traslados de migrantes a la península, por los que el Ejecutivo desplaza a los adultos de aquellos lugares más colapsados a otros centros de la red de atención humanitaria estatal. Ante la falta de espacio, el Gobierno suele permitir los traslados organizados de migrantes desde las ciudades autónomas (que no son parte del espacio Schengen) cuando su capacidad de acogida se encuentra superada. El Ministerio del Interior confirma a elDiario.es que, por el momento, no realizará este tipo de traslados, dado que su objetivo continúa devolver a las personas llegadas a Ceuta este verano. Sin embargo, retornarlas por la vía regular es un procedimiento lento, que requiere de una infraestructura de acogida mayor de la existente en la ciudad autónoma y la filiación policial de todas ellas. Mientras, miles de personas siguen sin identificar y en situación de calle.

Aya duerme con su novio en el suelo del asentamiento improvisado de las naves del Tarajal. Se ha buscado un lugar algo más solitario para tratar de esquivar las tensiones de convivencia surgidas durante las noches. “Este sitio no es seguro, hay muchas peleas, no nos podemos duchar y apenas podemos comer. Queremos ir a un centro, pero siempre me rechazan”, lamenta la mujer, de origen saharaui. Dice su procedencia con cierto temor a que otros compañeros escuchen su preocupación: “Me gustaría pedir asilo, pero tampoco sé cómo ni sé quien puede explicarme”, dice la joven, de 27 años. La falta de información jurídica también brilla por su ausencia, especialmente en los asentamientos informales.

“La prioridad del Gobierno es concluir en Ceuta el proceso de triaje de las personas migrantes adultas y, en aquellos casos en los que el resultado sea su devolución, ejecutarla a la mayor brevedad posible”, sostienen fuentes del Ministerio del Interior. En una segunda fase, añaden, concluido ese proceso, el Gobierno resolverá la situación de aquellas personas que, por ser solicitantes de protección internacional o por determinadas circunstancias relacionadas con su vulnerabilidad, no pueden ser devueltas y deben permanecer en el país“, indican. Sin embargo, organizaciones en el terreno denuncian los obstáculos para pedir asilo y la falta de información al respecto.

Menores en la calle

Omar, de ojos claros y pelo rizado, trata de aparentar ser mayor de lo que su menudo cuerpo aparenta. Tiene 13 años y lleva más de un mes en situación de calle, durmiendo sobre cartones entre las naves de Tarajal, donde se concentran grandes grupos de personas en situación de vulnerabilidad en condiciones precarias sin apenas vigilancia. El 30 de julio se lanzó al mar solo con la intención de llegar a Ceuta, como lleva intentándolo desde los 10 años. Cuando se le pregunta dónde duerme, señala la acera de las naves del Tarajal. “Estoy solo aquí, no tengo madre, no tengo a nadie y allí solo está mi padre, pero no están las cosas bien”, dice el chaval. “Intenté apuntarme en comisaría para que me lleven a un centro, pero me dijeron ‘fuera, fuera’”, añade el pequeño, horas antes de anochecer.

Es fácil encontrar en distintos puntos de la ciudad a decenas de menores, algunos aún lejos de la mayoría de edad, pasando la noche en la calle sin nadie que les atienda. La mayoría, como Omar, preguntan cómo pueden ser recibidos en un centro. Repiten su edad, enseñan documentos si los tienen, pero no suelen recibir respuesta. Ceuta ya era una de las comunidades autónomas que había solicitado la aplicación de la ley de reubicación de menores por la península, pero las llegadas de finales de julio han agravado su ya escasa capacidad de acogida. La responsabilidad de atender a los niños que llegan solos recae sobre el Gobierno local, pero todos sus centros continúan colapsados 36 días después.

El Ministerio de Infancia ofreció al Ejecutivo ceutí recibir a unas 500 niñas en plazas de acogida de centros gestionados por ONG de la península, pero fuentes del departamento de Sira Rego aseguran que aún no han recibido respuesta. Mientras, alrededor de 200 niñas duermen en un campo de fútbol de la barriada del Príncipe, donde son los propios vecinos del estigmatizado barrio quienes han decidido protegerlas, haciendo turnos para vigilar el bienestar de las pequeñas, ante el riesgo de agresiones sexuales o explotación.

“Todavía hay cientos de niños y niñas solos en las calles de Ceuta sin ser atendidos y expuestos a múltiples riesgos, como violencia, abusos o incluso trata de personas”, denunció recientemente el director ejecutivo de Uincef España, José María Vera. “Estos niños y niñas necesitan que se les registre de manera adecuada, se evalúen sus circunstancias particulares y se les traslade a lugares seguros”, añadió.

Las ONG en el terreno denuncian que no se están cubriendo las necesidades más básicas de los migrantes en situación de calle, sean menores o adultos. La más esencial, la alimentación, no está cubierta para muchos. “La situación lejos de solucionarse se agrava en tres dimensiones. Lo primero que se mantiene es el hambre. Cruz Roja da una ración de comida al día, y no llega a todos los que la necesitan. Mucha gente en situación de calle, que vive más escondida por miedo a las agresiones que denuncian, no la recibe”, explica Ric Fernández, coordinador del colectivo No Name Kitchen, que realizan repartos de comida diarios en zonas a donde la ayuda oficial no llega. “Hemos visto a gente mascando ramas de árboles, lo vimos al principio y lo hemos visto un mes después”.

Atrapados en Ceuta, los migrantes preguntan qué va a ser de ellos. “El impacto psicológico nos preocupa. El nivel de incertidumbre es total. Nadie informa, nadie filia, nadie dice lo que va a ser. La gente va de un lado para otro como ganado, siguiendo a la policía y al ejército. Les mueve con palos y empujones”, cuestiona Fernández. Las condiciones de salud tampoco están siendo garantizadas, tal y como han documentado las organizaciones en el terreno. Médicos del Mundo recuerda que miles de personas continúan viviendo en campamentos improvisados, con un acceso muy limitado a agua potable, alimentación, higiene y atención sanitaria.

La organización señala que muchas de las patologías atendidas por sus equipos de emergencia están relacionadas con las condiciones del viaje, pero también por su propia estancia en la ciudad: lesiones físicas, cuadros de deshidratación, problemas dermatológicos, infecciones, así como un impacto sobre la salud mental derivado del estrés, la incertidumbre y las experiencias traumáticas vividas durante el proceso migratorio. Más allá de la atención de urgencia, Médicos del Mundo subraya que uno de los principales problemas es la dificultad de acceso al sistema sanitario.

Mientras una parte de la ciudad expresa su malestar por la llegada de miles de personas migrantes, otras vecinas han optado por responder desde la solidaridad. No forman parte de ninguna organización ni cuentan con grandes recursos, pero acuden a diario con agua, comida o bolsas de basura para quienes continúan durmiendo a la intemperie. “Lo poquísimo que puedo hacer”, explica Fatima, quien sale de su vivienda y habla con varios migrantes como si ya fuesen parte del barrio. “Esta mañana estaba lloviendo y yo he sacado bolsas de basura para que guardasen las pocas cosas que tienen”.

Ellas no fueron a la manifestación celebrada este miércoles en la ciudad en contra de la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central. No porque la consideran desacertada, dicen, sino porque perciben una politización de la misma y el rechazo de buena parte de los vecinos hacia las personas a las que tratan de ayudar cada día desde hace más de un mes. “Siempre lo he notado, pero ahora les ha salido toda la bilis”, afirma una de ellas, que insiste en separar a las personas migrantes de la política del país vecino: “Yo soy la primera que digo que [Mohamed VI] es un dictador. Pregúntales a ellos si quieren volver a Marruecos. Te dicen que no. ¿Cómo no puede entender eso la gente?”.

La crisis migratoria provocada por la entrada de decenas de miles de personas y la necesidad de acuerdos para construir la Asturias del futuro ha marcado este viernes el pleno institucional que ha celebrado la Junta General del Principado con motivo del día de la comunidad, que se conmemora el próximo día 8, y que será el último de la actual legislatura.

En su intervención, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, que ha considerado el Día de Asturias como una celebración de lo que une a sus ciudadanos, ha abogado por preservar el espacio común que constituye el parlamento y el respeto a las instituciones “más necesario que nunca en este tiempo hostil” en el que los formadores de odio “campan a sus anchas”.

Solidaridad con Ceuta

Carcedo ha expresado la solidaridad de su grupo con Ceuta y ha abogado por recuperar, desde la cooperación, la vida cotidiana en la ciudad autónoma desde un rechazo “frontal” al uso irresponsable del miedo como arma política.

“Asturias siempre fue plural, nunca fue una sola cosa ni una sola historia ni lo será, sino muchas posibles en el futuro y también en el pasado”, ha advertido tras recordar que hallazgos como el proyecto de Estatuto de Autonomía elaborado en plena Guerra Civil permiten seguir construyendo ese espacio común para toda la ciudadanía y ampliar el horizonte de lo posible.

El PP pide consenso

Para el presidente del PP, Álvaro Queipo, en la actual coyuntura hay asuntos decisivos que exigen “grandes consensos, altura de miras y capacidad para pensar más allá de un mandato o de unas elecciones”, un compromiso que debería asumir la clase política para poder decir dentro de años que la actual generación “estuvo a la altura” y dejó para el futuro una Asturias mejor.

“Una Asturias en la que quedarse y a la que volver, orgullosa de su historia, ambiciosa en el presente y esperanzada ante el futuro”, ha afirmado tras abogar por la recuperación de la confianza en una tierra en la que durante demasiado tiempo se habló de declive “como si fuera inevitable”.

El Día de Asturias, ha añadido, es una oportunidad para celebrar lo que es la comunidad autónoma, recordar de donde viene y preguntarse a donde quiere ir una comunidad con un papel fundamental en la historia de España y protagonista de su desarrollo económico e industrial y que fue durante mucho tiempo “una tierra de peso, una tierra que contaba, y debe aspirar a volver a serlo”.

Vox: “Callan como puercas”

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, -que ha sido reconvenida por el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, por afirmar: “callan como puercas” quienes exhiben la bandera del feminismo mientras inmigrantes ilegales violan a niñas en Ceuta-, ha lamentado los discursos “líricos y rimbombantes” en una región en la que se han destruido el tejido productivo y los servicios públicos.

López se ha preguntado si lo que se quiere celebrar es el aumento de las listas de espera sanitarias o en las residencias de ancianos o la conversión de Asturias en un parque temática para recordar lo que un día fue debido a las políticas “destructivas” de los gobiernos del PSOE.

A su juicio, el día de la comunidad autónoma tiene lugar en medio de una hipocresía “en la que la izquierda caviar se mueve como pez en el agua” cuando la verdadera celebración debería producirse “cuando los asturianos y los españoles pongan al PSOE en el lugar que le corresponde, lejos de las instituciones y del dinero público que tanto le gusta”.

La izquierda alerta de peligro de la ultraderecha

Para su homólogo de IU/CA, Xabel Vegas, que ha pronunciado su discurso en asturiano, algunos quienes reducir la identidad asturiana a Covadonga o a Pelayo en lugar de al hecho de ser una tierra acogedora “que sabe lo que es tener que dejarla por culpa de la miseria o de la violencia”.

Tras señalar que la democracia es un camino por recorrer, Vegas ha advertido de que está siendo “parasitada” por quienes no creen en ella y ponen todo su esfuerzo en destruirla desde la ultraderecha, recurriendo “a los cantos de sirena de discursos demagógicos y populistas que apelan a las más bajas pasiones”.

Pumares: “No sobra nadie”

Por su parte, el parlamentario forista Adrián Pumares, que también ha utilizado el asturiano en parte de su alocución, ha advertido de que lo que se conmemora el 8 de septiembre son “trece siglos compartidos” en una Asturias “en la que no sobra nadie” y que tiene retos por delante que no puede afrontar cada uno por su cuenta, por lo que se requiere alcanzar acuerdos.

“Hace trece siglos los asturianos demostramos que no hace falta elegir entre ser fieles a lo propio y sentirse parte de algo más grande y ese es el legado que nos toca defender”, ha apuntado Pumares que ha advertido además al Gobierno de que la misa de Covadonga “es acto de unidad más que uno litúrgico”, antes de lamentar que se haya dejado pasado sin conmemorar el 90 aniversario del asesinato de Melquiades Álvarez, renunciado así a una parte de la historia compartida.

Tomé: “Celebrar sin odios ni perjuicios”

Su compañera en el Grupo Mixto Covadonga Tomé, que también habló en asturiano en parte de su intervención, ha pedido celebrar en momentos turbulentos como los actuales una Asturias “sin odios ni perjuicios” que recuerde que sus ciudadanos también fueron migrantes y que, en consecuencia, no legitime de ninguna manera “cualquier respuesta a los que llegan buscando casa”.

Tomé ha abogado por una Asturias que sea “un país igualitario y compasivo con los perdedores de la sociedad ultracapitalista” además de plural y en el que la diversidad se perciba como una riqueza y no como un problema insuperable.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este viernes de “barbarie” los ataques contra migrantes ocurridos en Ceuta la semana pasada y ha acusado a derecha y ultraderecha de “no querer tratar como seres humanos a personas que han venido a Europa a intentar tener un futuro mejor”.

Durante su intervención en la clausura en Oviedo de la Escuela de Verano de UGT Asturias, Bolaños ha asegurado que las dos alternativas de la actualidad son “socialdemocracia o barbarie” y ha cuestionado que no se atienda al hecho de que se les quemen “las cuatro chabolas y cuatro plásticos para protegerse del sol” a personas “que no tienen nada”.

Recuperar la normalidad

Además, ha remarcado que el Gobierno “comprende” el estado de ánimo de los ciudadanos de Ceuta y lleva semanas trabajando para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma y seguirá haciéndolo, pero ha destacado que se trata de “un problema complejo” para un Ejecutivo progresista “que actúa siempre con respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo”.

A su juicio, es mejor que esta crisis la esté tratando un ejecutivo progresista “que la pueda conducir y gestionar con total transparencia” y que va a mostrar “todos los informes de los que se tuvo conocimiento en los días del 30 y 31 de julio y posteriores”, como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha recordado, que según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), las entradas irregulares en España “han sido la mitad que en Italia” en el último periodo del 2021 al 2026, lo que en su opinión demuestra el éxito de las políticas migratorias españolas.

“La internacional ultra”

Durante su intervención, Bolaños ha apuntado a “la internacional ultra” y a “los poderosos”, que buscan “perpetuar privilegios” y por eso rechazan al Gobierno de España a nivel nacional e internacional.

Según el ministro, “la derecha lo quiere todo y no le importa utilizar cualquier medio para ello”, como la “deshumanización” de los políticos de izquierdas y, en concreto, del presidente del Gobierno, que “está sufriendo una persecución más cruel por parte de la derecha y la ultraderecha en España”.

“Quieren someter a toda la ciudadanía a sus intereses económicos, y al Gobierno de España lo van a tener enfrente siempre. Por eso estamos en la diana, porque nunca vamos a admitir que los grandes oligarcas impongan sus intereses a la gente de a pie”, ha afirmado.

El “gran dilema”

Ha sostenido que el actual ecosistema de redes sociales hace “díez veces más difícil” difundir una idea progresista frente a una idea ultraderechista debido a algoritmos “que no son neutrales”.

Para Bolaños el mundo está ante un “gran dilema” que es “el mismo del siglo XIX, del siglo XX y ahora del siglo XXI: si el poder se reparte o si se lo quedan todo los depredadores”.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ya ha presentado el informe que la juez María Tardón requirió al Ministerio Público para que le informara de si su juzgado era competente para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Según una nota de prensa de la Fiscalía, Alonso ha informado a favor de esa competencia, tal y como adelantó este jueves elDiario.es, y solicita a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decrete el secreto parcial de la investigación.

En su informe, Alonso detalla que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el asunto compete a la Audiencia Nacional y recuerda que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada masiva se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, considera que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Alonso fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ que atribuye a este tribunal el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles. Señala, además, que el principio de territorialidad que recoge el artículo 23.1 de la misma norma dice que los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español. Y recuerda que lo que se investiga “es la entrada masiva e irregular de personas” que se produjo en Ceuta, territorio nacional.

Añade que el artículo 23.2 permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español. Y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional también encuentra refuerzo en el artículo 15.2. c) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa la anterior.

Los dos informes aportados

Fue el pasado 2 de septiembre cuando trascendió que Tardón había enviado al Ministerio Público el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En el mismo se apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basaban en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

Este viernes 4 de septiembre ha trascendido que la juez ha recibido también un segundo informe, esta vez el solicitado a la Guardia Civil. Según ha podido conocer este periódico por fuentes conocedoras del nuevo documento, este recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertit aquest divendres el Consolat de Mar en l’escenari d’un nou xoc amb l’Executiu de Pedro Sánchez. La líder autonòmica ha comparegut de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre un informe policial que, segons va assenyalar Sánchez aquest dijous al Congrés, es referia, una setmana abans de la crisi de Ceuta, a les arribades marítimes de migrants a la Península i a Balears. La dirigent del PP ha acusat el Govern central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i ha reclamat saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no va ser comunicada a les autoritats balears.

“Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, ha insistit Prohens, qui, interpel·lada sobre una possible ofensiva conjunta amb altres presidents autonòmics del PP, ha assegurat que encara no ha parlat amb els seus homòlegs de Múrcia i de la Comunitat Valenciana, tot i que ha admès que es tracta d’un problema que afecta tot l’arc mediterrani.

En concret, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació de Ceuta, Sánchez va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma, si bé va confirmar l’existència de l’informe i va precisar que aquest es referia a la Península i a Balears: “S’ha dit també que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la Península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera ceutina”, van ser les seves paraules.

El document citat pel president s’emmarca en la informació elaborada pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional, en els dies previs a la crisi de Ceuta. Sánchez va explicar que l’organisme va redactar notes els dies 28 i 29 de juliol i va defensar que cap d’aquestes no permetia anticipar el que finalment va ocórrer.

Prohens, tanmateix, ha anat més enllà de les paraules de Sánchez i les ha interpretat com una confirmació que Balears es trobava sota una alerta d’“alt risc” davant una possible “entrada massiva” d’immigració irregular que, segons la líder autonòmica, “compromet la seguretat de les nostres illes”.

La presidenta balear ha explicat que les manifestacions de Sánchez sobre l’informe van provocar al Govern “primer sorpresa i després fonda preocupació” per la possibilitat que se’ls estigués ocultant informació. No obstant això, ha reivindicat la singularitat de les Balears per la seva condició insular, la seva proximitat a la costa africana i la limitació dels seus recursos, i ha posat com a exemple la situació de Formentera, que, segons ha denunciat, ha obligat el Govern a aportar més de 10 milions d’euros per garantir uns serveis que no són competència autonòmica. Sense aquesta ajuda, ha sostingut, el Consell de Formentera estaria “pràcticament en fallida”.

Prohens ha avançat que sol·licitarà “per tots els canals d’informació, per tots els canals formals” informació sobre les comunicacions de la Policia Nacional i també “directament al president del Govern d’Espanya”. “També demanarem explicacions sobre per què no se’ns ha informat degudament, amb transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional que s’hauria de requerir quan parlem de la protecció i del control de les nostres fronteres i de la seguretat dels ciutadans de les Balears”, ha insistit.

La qüestió adquireix encara més rellevància, ha subratllat, tenint en compte que Sánchez es va reunir amb ella al Consolat de Mar el passat 29 de juliol, tot just un dia abans de l’entrada massiva de persones migrants a Ceuta. “No només no se’ns va informar, sinó que va dir que les xifres d’arribades d’immigració irregular a les nostres costes millorarien”, ha insistit la líder conservadora.

En aquesta línia, Prohens ha subratllat que la qüestió fonamental ara no és únicament qui va rebre aquests documents, sinó quina resposta va donar el Govern central una vegada en va tenir coneixement. “Què es va fer després d’aquesta alerta? Quins serveis extraordinaris, des d’abans del 30 de juliol, ara, a principis de setembre, s’han posat en marxa?”, s’ha preguntat la presidenta balear, que ha insistit que vol conèixer si es van activar plans específics, quins mitjans policials es van reforçar, quins recursos extraordinaris es van posar a disposició de les Balears i si es van fer gestions amb els països d’origen o de trànsit per evitar noves arribades. També ha plantejat que s’aclareixi si es va activar Frontex a les Balears i ha reclamat que l’agència europea tingui una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes.

Prohens: “Jo no acuso de res”

Així mateix, preguntada sobre si el Govern estudia emprendre algun tipus d’acció legal contra l’Executiu central, Prohens ha rebaixat el to i ha centrat la seva resposta en l’exigència d’informació. “Jo no acuso de res”, ha respost, per insistir després que el que considera imprescindible és rebre els informes i conèixer quines mesures es van adoptar després de l’alerta. La presidenta ha definit l’assumpte com una qüestió que transcendeix l’enfrontament entre partits i ha situat la seguretat de les Balears al centre de la seva reivindicació.

La dirigent popular ha reivindicat un pla específic per a les Balears, més mitjans humans i materials per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i l’activació de Frontex per al control de les fronteres marítimes. Ha tancat la seva compareixença amb un advertiment dirigit al Govern central: si es tracta de protegir les fronteres i garantir la seguretat de les illes, ha dit, el Govern mantindrà “la mà estesa” per col·laborar; però “si se’ns oculta informació, si no s’actua, si es mira cap a una altra banda mentre s’arrisca la seguretat dels nostres ciutadans, ens trobaran al davant”.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertido este viernes el Consolat de Mar en el escenario de un nuevo choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La líder autonómica ha comparecido de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca de un informe policial que, según señaló Sánchez este jueves en el Congreso, aludía, días antes de la crisis de Ceuta, a la llegada de personas migrantes por vía marítima a la Península y a Balears. La dirigente del PP ha acusado al Gobierno central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y ha reclamado saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares.

“Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, ha incidido Prohens, quien, interpelada acerca de una posible ofensiva conjunta con otros presidentes autonómicos del PP, ha asegurado que todavía no ha hablado con sus homólogos de Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque ha admitido que se trata de un problema que afecta a todo el arco mediterráneo.

En concreto, durante su comparecencia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma, si bien confirmó la existencia del informe y precisó que éste se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras.

El documento citado por el presidente se enmarca en la información elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, en los días previos a la crisis de Ceuta. Sánchez explicó que el organismo redactó notas los días 28 y 29 de julio y defendió que ninguna permitía anticipar lo que finalmente ocurrió.

Prohens, sin embargo, ha llevado más allá las palabras de Sánchez, interpretándolas como una confirmación de que Balears se encontraba bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de inmigración irregular que, a juicio de la líder autonómica, “compromete la seguridad de nuestras islas”.

La presidenta balear ha explicado que las manifestaciones de Sánchez acerca del informe provocaron en el Govern “primero sorpresa y después honda preocupación” por la posibilidad de que se les estuviera ocultando información. No obstante, ha reivindicado la singularidad de Balears por su condición insular, su proximidad a la costa africana y la limitación de sus recursos, y ha puesto como ejemplo la situación de Formentera, que, según ha denunciado, ha obligado al Govern a aportar más de 10 millones de euros para garantizar unos servicios que no son competencia autonómica. Sin esa ayuda, ha sostenido, el Consell de Formentera estaría “prácticamente en quiebra”.

Prohens ha avanzado que solicitará “por todos los canales de información, por todos los canales formales” información sobre las comunicaciones de la Policía Nacional, y también “directamente al presidente del Gobierno de España”. “También pediremos explicaciones sobre por qué no se nos ha informado debidamente, con transparencia y desde la responsabilidad y lealtad institucional que se debería requerir cuando hablamos de la protección y del control de nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos de Balears”, ha incidido.

La cuestión adquiere aún más relevancia, ha subrayado, teniendo en cuenta que Sánchez se reunió con ella en el Consolat de Mar el pasado 29 de julio, apenas un día antes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. “No solo no se nos informó, sino que dijo que las cifras de llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían”, ha insistido la líder conservadora.

En esta línea, Prohens ha subrayado que la cuestión fundamental ahora no es únicamente quién recibió esos documentos, sino qué respuesta dio el Gobierno central una vez que tuvo conocimiento de ellos. “¿Qué se hizo después de esta alerta? ¿Qué servicios extraordinarios, desde antes del 30 de julio, ahora a principios de septiembre se han puesto en marcha?”, se ha preguntado la presidenta balear, quien ha insistido en que quiere conocer si se activaron planes específicos, qué medios policiales fueron reforzados, qué recursos extraordinarios se pusieron a disposición de Balears y si se realizaron gestiones con los países de origen o tránsito para evitar nuevas llegadas. También ha planteado que se aclare si se activó Frontex en Balears y ha reclamado que la agencia europea tenga una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas.

Prohens: “Yo no acuso de nada”

Asimismo, preguntada sobre si el Govern estudia emprender algún tipo de acción legal contra el Ejecutivo central, Prohens ha rebajado el tono y ha centrado su respuesta en exigir información. “Yo no acuso de nada”, ha respondido, para insistir después en que lo que considera imprescindible es recibir los informes y conocer qué medidas se adoptaron después de la alerta. La presidenta ha definido el asunto como una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre partidos y ha situado la seguridad de Balears en el centro de su reivindicación.

La dirigente popular ha reivindicado un plan específico para Balears, más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la activación de Frontex para el control de las fronteras marítimas, cerrando su comparecencia con una advertencia dirigida al Gobierno central: si se trata de proteger las fronteras y garantizar la seguridad de las islas, ha dicho, el Govern mantendrá “la mano tendida” para colaborar; pero “si se nos oculta información, si no se actúa, si se mira hacia otro lado mientras se arriesga la seguridad de nuestros ciudadanos, nos encontrarán enfrente”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes en la Asamblea que la comunidad autónoma “va a apoyar a Ceuta dentro de sus competencias” ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Guardiola ha defendido que su Gobierno “no da la espalda ni mira para otro lado ante el sufrimiento de los ceutíes”, aunque ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice la solidaridad de las comunidades autónomas para “eludir su responsabilidad”.

La cuestión ha surgido durante una pregunta de Unidas por Extremadura sobre la respuesta de la Junta ante la situación de Ceuta. La diputada Nerea Fernández Cordero ha reprochado a Guardiola que Extremadura votara en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que contemplaba la movilización de 25 millones de euros para la ciudad autónoma.

Fernández Cordero ha confrontado esta posición con las declaraciones realizadas por Guardiola el pasado 27 de agosto, cuando la presidenta aseguró que su Gobierno no había rechazado recursos para Ceuta. La diputada ha sostenido que una comunicación remitida por el Ejecutivo extremeño al Ministerio recoge, sin embargo, el rechazo de la comunidad al acuerdo. “Una, usted miente. Dos, su vicepresidente tomó la decisión sin consultarla. O tres, todas las opciones son correctas”, ha planteado Fernández Cordero a la presidenta.

La diputada de Unidas por Extremadura también ha cuestionado que la Junta no haya ofrecido acogida a menores procedentes de Ceuta y ha reclamado a Guardiola que actúe ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria”.

Guardiola: “Extremadura va a aportar todo aquello que sea necesario”

La presidenta ha respondido que Extremadura ya ha puesto recursos a disposición de Ceuta y ha señalado que la Junta envió cerca de un millar de vacunas a la ciudad autónoma, por lo que su Gobierno está dispuesto a aportar “todo aquello que sea necesario y esté en nuestra mano”.

La dirigente extremeña ha insistido, no obstante, en que las principales competencias sobre inmigración corresponden al Gobierno central. “Quien tiene la competencia en materia migratoria, quien tiene la información, aunque nos engañen como bellacos, y quien tiene la responsabilidad y los recursos para hacer frente a esta invasión, a este ataque a la soberanía nacional, es el Gobierno de España”, ha afirmado.

Guardiola ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe asumir el coste de la situación en Ceuta y ha señalado que el Gobierno central no necesita recurrir a una Conferencia Sectorial para proporcionar a la ciudad autónoma los recursos que necesite para aliviar el colapso de sus servicios públicos. “No pueden señalarme a mí ni señalar a Extremadura, que no es importante en este asunto”, ha añadido.

La presidenta extremeña ha acusado además a Unidas por Extremadura de formar parte de “esa izquierda de caviar que lo único que sabe hacer es juzgar” y ha reprochado a la formación que reclame solidaridad con Ceuta mientras mantiene, a su juicio, una posición distinta respecto a otros conflictos internacionales.

Un pleno marcado por el enfrentamiento por Ceuta

El debate sobre la situación de Ceuta ha elevado la tensión en el pleno de la Asamblea, donde Gobierno y oposición se han cruzado acusaciones sobre la falta de solidaridad con la ciudad autónoma.

El enfrentamiento entre Guardiola y Fernández Cordero ha subido especialmente de tono cuando la diputada de Unidas por Extremadura ha acusado a la presidenta de “mirar hacia otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en el cementerio más grande que tenemos ahora mismo”. “A ustedes siempre les han gustado las fosas comunes”, ha asegurado la diputada de la coalición de izquierdas dirigiéndose a Guardiola.

La presidenta ha pedido que se retiraran esas palabras y ha acusado a Fernández Cordero de no conocer el respeto institucional ni personal, al tiempo que ha afirmado que ella y su grupo son “los únicos que supuran odio”.

Los cinco cadáveres hallados en un cayuco al sur de Gran Canaria han desaparecido bajo el mar. Los fallecidos viajaban en una embarcación que salió de Gambia el 7 de agosto con 128 personas a bordo y fue localizada este miércoles en Canarias. Salvamento Marítimo logró auxiliar a 44 supervivientes y llevarlos a tierra, pero más de 80 personas murieron durante la travesía.

El mal estado del mar hizo imposible trasladar también los cuerpos hasta el puerto de Arguineguín, donde los migrantes recibieron asistencia médica después de pasar casi un mes en el Atlántico. Poco después, Salvamento Marítimo regresó a la zona con el propósito de recuperar los cuerpos, pero la embarcación ya estaba hundida.

Desde Salvamento explican a Canarias Ahora que primero salió el avión Sasemar 101, que localizó el cayuco. Entonces, estaba semisumergido. Después, se movilizó el helicóptero Helimer 211, pero ya no localizó la embarcación y regresó a su base sin los cuerpos.

A las 18.40 de este miércoles fue cuando el avión de Salvamento Sasemar 101 localizó una embarcación precaria a la deriva a 65 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, movilizó a la Guardamar Urania, que rescató a las 23.05 horas a las 44 personas que viajaban a bordo del cayuco, todos ellos hombres de origen subsahariano.

Según ha informado Salvamento Marítimo a esta redacción, una vez finalizado el rescate y debido a las adversas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, no fue posible recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo de la embarcación.

Ante el delicado estado de salud de tres de los migrantes rescatados, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó al helicoptero Helimer 211, que evacuó a estas tres personas desde la Guardamar Urania y las trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Finalmente, la Guardamar Urania llegó al puerto de Arguineguín, donde concluyó el desembarco de los 41 migrantes restantes a las 04.40 horas (hora canaria).

La angustia de las familias

La activista por los derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, explicó a esta redacción que alertaron en agosto de una embarcación con 120 personas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé muy pequeña, que había salido de Gambia el día 7. ''Los familiares han estado llamando y contactando durante este tiempo muy angustiadas'', añade. Esta mañana han podido confirmar que la embarcación desaparecida y la rescatada aen Canarias es la misma.

Por el momento, Caminando Fronteras sigue en contacto con las familias para que estas puedan saber si sus seres queridos están entre los supervivientes o entre las víctimas. Maleno señala que también están pendientes del estado de salud de las personas que han llegado a tierra después de tantos días en el Atlántico.

Esta nueva tragedia recuerda que la ruta canaria sigue siendo la más letal de España, a pesar de que las llegadas por esta vía hayan caído casi un 60% en lo que va de año, según las cifras del Ministerio del Interior. Los peligros no han disminuido, y entre enero y mayo de 2026 han muerto 635 personas intentando alcanzar las islas, tal y como publicó Caminando Fronteras en su último informe sobre las muertes en las fronteras.

Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado a un agente antimigración del conocido como ICE por haber dado falso testimonio sobre un tiroteo no mortal que se produjo durante las macroredadas en el estado de Minnesota a principios de año, según han confirmado fuentes conocedoras del caso a los periódicos New York Times yWashington Post.

El tiroteo se produjo durante esa campaña de terror ordenada por el presidente Donald Trump, en la que otros oficiales antiinmigración asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses: Renne Good y Alex Pretti.

En ambos casos, la Casa Blanca salió en tromba a defender a los agentes alegando que actuaron en defensa propia, a pesar de que las imágenes grabadas por los testigos mostraban una realidad diferente.

Los cargos presentados contra el agente, que responde al nombre de Christina Castro, constituyen un caso singular dentro de las investigaciones y procesos abiertos en Minnesota en relación con las macroredadas. En primer lugar, porque las pruebas sobre las que el jurado ha decidido imputar al agente fueron proporcionadas por el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump. La acusación contra Castro se presentó bajo secreto de sumario.

Según la Fiscalía, Castro disparó e hirió a Julio C. Sosa-Celis, originario de Venezuela y sin estatus legal en Estados Unidos. El tiroteo, que terminó sin consecuencias mortales, se produjo el 14 de enero.

En un principio, los funcionarios de la Administración defendieron a Castro frente a las acusaciones. Pero, a diferencia de la postura adoptada en otros casos similares, los empleados federales se fueron apartando públicamente de Castro en las semanas siguientes. Además, se retiraron los cargos penales que se le habían imputado a Sosa-Clis y otro hombre, mientras que suspendieron a Castro de su empleo. Fue entonces cuando sugirieron que las grabaciones de vídeo contradecían aspectos clave de la versión que el agente del ICE había dado a las autoridades.

Un menor marroquí de 17 años llegado a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado mes de julio ha fallecido en un centro de acogida gestionado por la ciudad autónoma, según confirman fuentes del departamento de Infancia del Gobierno ceutí y el Ministerio de Sanidad. El adolescente padecía diabetes severa y había recibido seguimiento médico tras su llegada por esta razón, según fuentes del ejecutivo local.

El menor ha fallecido en su habitación del centro de acogida de La Esperanza (Ceuta) aparentemente por una “hipoglucemia severa”, según fuentes sanitarias. Un compañero de cuarto lo encontró sin vida cuando iba a despertarlo y avisó a los educadores, tal y como ha adelantado El Faro de Ceuta.

Según el Ministerio de Infancia, los centros de acogida de la ciudad autónoma albergan a 1.478 menores, una cifra que puede ser superior, dado que decenas de chavales de menos de 18 años siguen durmiendo a la intemperie, pese a sus intentos de acceder a un espacio de protección debido a la saturación de la red de acogida, tal y como ha comprobado este medio. Según el Ministerio del Interior, han sido identificados 2.168 menores migrantes llegados desde el 30 de julio a la ciudad autónoma.

Fuentes del Gobierno local y del Ministerio de Sanidad insisten que el menor fallecido se encontraba “controlado” y bajo seguimiento médico, sin embargo, el caso despierta las alertas sobre la atención recibida por los chavales llegados a la ciudad autónoma en un momento de colapso de sus recursos para hacerse cargo de los niños y adolescentes que han llegado solos a la ciudad.

Según el Ministerio de Infancia, tras la última crisis migratoria se ha producido un cambio en el perfil de los menores. Según sus datos, hay cerca de 700 niñas y se ha producido un incremento de niños por debajo de los 13 años.

Un grupo de militares camina por la principal calle comercial de Ceuta. A su alrededor, las mesas en las terrazas de varias cafeterías están ocupadas de ceutíes que disfrutan del festivo que conmemora la conquista española de la ciudad. Al paso de los uniformados, un grupo de vecinos vestidos con los colores de las banderas rojigualdas rompen en aplausos. “¿Donde se ha visto que haya militares en el centro de una ciudad? Pero ellos son los únicos que nos defienden”, dice un hombre, con su hijo en brazos, preparados para acudir a la manifestación para reivindicar la españolidad de la ciudad autónoma y cuestionar la gestión gubernamental de la llegada de 70.000 migrantes a la ciudad hace un más de un mes.

A unos 500 metros, otro grupo de militares intentaba despejar la zona de cualquier persona que pareciese migrante en situación irregular, en una ciudad caracterizada por la diversidad y la multiculturalidad. Cuando se topa con Youssef, uno de los migrantes marroquíes que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio, se dirige a él en tono amenazante. “Te tienes que ir. Vete a Marruecos. Te voy a llevar yo mismo a la frontera, a Marruecos”, le dice el uniformado. El hombre se había acercado al centro de la localidad junto con Ossama, un adolescente marroquí de 17 años al que protege como su hijo, para intentar cargar su teléfono móvil. Nervioso trató de buscar ayuda ante lo que sería una actuación ilegal, pues una expulsión debe realizarse a través de un procedimiento administrativo. Cuando el militar es consciente de la presencia de la periodista junto al hombre marroquí, su tono amenazante se transforma en informativo. Deja de dirigirse al hombre afectado y solo da explicaciones a quien le acompaña: “Tenemos orden de despejar la zona de gente inmigrante”, apunta con una actitud ahora apaciguadora tranquila.

La directriz de evitar la presencia de personas recién llegadas a Ceuta de manera irregular tenía sentido y se explica con la tensión palpable en las calles de la ciudad autónoma durante las últimas semanas. “Si me lo hubiese dicho así, me habría ido. Pero me decía que me tenía que ir con él a la frontera de vuelta a Marruecos”, dijo el homre resignado. Mientras buscaba el modo de regresar al precario asentamiento donde malvive desde su llegada a la ciudad, algunos de quienes se acercaban al centro de Ceuta cubiertos con banderas de España dirigían miradas de sospecha hacia todo aquel que no pareciese ceutí. Durante el último mes, decenas de migrantes han denunciado agresiones de grupos organizados mientras dormían a la intemperie. Quienes ayudan a estas personas con el reparto de comida, como el colectivo No Name Kitchen o Cruz Roja, también han sufrido ataques verbales o acciones que obstaculizan su labor.

La población ceutí, compuesta por un 45% de población musulmana, comparte una sensación común de abandono institucional ante la llegada de migrantes. Un mes después, en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, la falta de respuesta gubernamental para la acogida de estas personas sigue siendo palpable en las calles de algunos barrios y playas de Ceuta. Pero entre quienes critican la respuesta y piden más apoyo para la ciudad autónoma existen enfoques muy diferentes. Por un lado, quienes observan la precariedad en la que vivien los recién llegados desde un enfoque humanitario y piden más recursos para la acogida de los recién llegados o traslados a la península ante la falta de capacidad de una localidad de apenas 85.000 habitantes. Por otro, muchos ceutíes han dado el paso a una postura más dura contra la inmigración, desde la que tachan a los recién llegados como “invasores” para los que reclaman su expulsión.

En la manifestación de este miércoles, los segundos hacían más ruido. “Expulsión, invasores”, gritaron en distintas ocasiones en la protesta, en la que han participado decenas de miles de ceutíes. Mientras ellos caminaban en una marcha que se transformó en una suerte de reivinidación de la españolidad de Ceuta, miles de personas continúan malviviendo en la ciudad ante la falta de plazas de acogida suficientes, mientras el Gobierno central se niega a agilizar los traslados de migrantes a la península, donde existen plazas para recibirlos en la red de atención humanitaria estatl. A la que no se sumaron las dos asociaciones de vecinos más activas en el apoyo a los migrantes porque “la consideran politizada”, se han repetido los cánticos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de abandono y “traición”.

“Nos sentimos abandonados. No existimos. Esa gente lleva un mes en las calles, no pueden estar así. No sé cuál es la solución, pero Ceuta es muy pequeña para absorber a tanta gente”, dice Marian, una mujer musulmana presente en la manifestación. En el manifiesto, una joven ceutí dendió la “soberanía española de la ciudad” y solicitó una respuesta “conjunta” del Estado y un “compromiso firme de la UE”. Aunque han acudido vecinas y vecinos musulmanes, su presencia en la protesta no es representativa con respecto al porcentaje de población en la ciudad autónoma.

La música ha acompañado toda la marcha, con canciones que reivindican específicamente la españolidad de Ceuta, así como el himno nacional o Paquito el chocolatero. El carácter fronterizo de Ceuta y la reivindicación histórica de Marruecos sobre las ciudades autónomas marcan la reacción de parte de la sociedad ceutí ante las llegadas irregulares, a la que muchos reaccionan con una exaltación de su pertenencia a España. La entrada de alrededor de 70.000 personas ha sido interpretada por parte de la población como un “ataque” el país vecino a la soberanía española, al entender que Marruecos no controló la frontera con “una intención política”. Sin embargo, en la manifestación ningún cántico mencionó el régimen marroquí, ni apeló directamente al país vecino, en una localidad que también depende de la actividad económica fronteriza.

En medio, algunas de las personas marroquíes llegadas en julio, a las que los cánticos acusaban de “invasores, insisten en diferenciarse del régimen del que huyen, así de unas supuestas pretensiones políticas de Marruecos que no son las suyas. ”No sé por qué pudimos pasar tan fácil, dicen que Marruecos quiere Ceuta, pero si viniesen a conquistarla, me ofrecería voluntario para defender a España. Yo no quiero invadir, quiero vivir aquí como uno más“, decía Hamza, horas antes de la manifestación, en uno de los asentamientos donde malviven en la ciudad desde hace más de un mes. ”No sé de política, no sé por qué Marruecos nos dejó pasar ese día, pero nosotros no lo hicimos para invadir o porque nadie nos lo ordenó. Solo queremos trabajar“, explica frente a la chabola levantada en una de las playas de la ciudad.

Según el discurso oficial, Ceuta es un “crisol de culturas”. Sus 80.000 habitantes se reparten casi a partes iguales entre la comunidad cristiana-occidental y la creciente árabo-musulmana. A ellas se suman la judía y la hindú, minoritarias pero con un peso socioeconómico muy significativo. Pero la sociedad caballa no se distribuye de la misma manera por la pequeña localidad fronteriza. Por un lado, el centro, antaño separado del continente por un foso, concentra a la población con mayor poder adquisitivo. Esta, conservadora y tradicionalista, siempre ha sido el feudo del PP, con un fuerte peso del funcionariado. En el primer cinturón de la periferia se agrupan los barrios de la primera expansión hacia el Campo Exterior con miles de viviendas militares, es el gran caladero de Vox. En el extrarradio se asienta la población árabo-musulmana, que concentra las mayores tasas de paro, infravivienda y fracaso escolar.

Finalizada la manifestación, algunos de sus participantes se relajaban en las terrazas del centro de la ciudad. Cada vez que un grupo de policías nacionales atravesaba la vía comercial principal, varias mesas estallaban en aplausos para vitorear a los agentes en una ciudad donde se percibe un fuerte respaldo ciudadano a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según datos oficiales recientes, en Ceuta residen 1.041 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 3.218 militares y 300 policías locales. En una localidad de 80.000 habitantes con tal peso del funcionariado policial, pocos son los caballas que no cuentan con un familiar o amigo militar, policía o guardia civil.

La marcha, calificada de histórica por muchos de sus participantes, se desarrolló de forma pacífica en términos generales. Sin embargo, los ataques a los periodistas, especialmente a aquellos de medios considerados progresistas, fueron constantes. Durante las conexiones en directo de sus trabajadores, los insultos por parte de algunos manifestantes se repitieron, pero el punto álgido de violencia contra los informadores se produjo en el último tramo de la manifestación, cuando un trabajador de Televisión Española fue agredido por uno de los manifestantes mientras el profesional informaba de la protesta, lo que motivó la detención del agresor, según ha podido saber elDiario.es.

Los 82 senegaleses llegados a El Hierro en cayuco a los que un juez recluyó en junio en el primer expediente masivo de deportación que se ponía en marcha en España con el Pacto Europeo de Inmigración han quedado en libertad, al no poder ejecutar la Policía su expulsión en el plazo legal.

Todos ellos habían sido enviados a Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) el pasado 26 de junio por orden del juez de El Hierro y a petición del Cuerpo Nacional de la Policía, que consideraba que podía gestionar con Senegal su repatriación a Dakar en los 60 días que, como mucho, podía durar legalmente su reclusión.

Fuentes de las entidades sociales que atienden a los migrantes en El Hierro y de su defensa legal han confirmado a EFE que los 82 han quedado en libertad al cumplirse el plazo máximo de internamiento que autoriza la ley española en estos casos: 60 días.

Ademas, estos mismos migrantes, todos adultos mayores de edad, han comenzado solicitar refugio o protección internacional en España, lo que legalmente bloquea cualquier nuevo intento de detenerlos para repatriarlos hasta que su caso se resuelva con un sí o un no.

Es lo que hicieron, de hecho, los 20 senegaleses que llegaron solo unos días después a El Hierro en otro cayuco, al enterarse de que el único juzgado de la isla había optado por activar este tipo de expedientes masivos de deportación, tomando como apoyo, entre otras cosas, el contenido del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Cualquier migrante que llega a la costa española en una patera o cayuco o es rescatado en el mar recibe en cuestión de horas una orden de devolución que puede ser ejecutada directamente, sin instruir ningún expediente adicional.

Sin embargo, no puede ser detenido más de 72 horas sin la autorización de un juez. Sí cabe la opción, como sucedió en El Hierro, de que la Justicia permita su internamiento en un CIE para proceder a su expulsión, pero si esta no se lleva a cabo en un plazo de dos meses, queda en libertad, aunque en situación irregular.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ya mostrado la solidaridad de esta región la crisis migratoria de Ceuta y ha incidido en que hay muchas formas de apoyar a sus habitantes, “que hay que mostrar con hechos y gestos”.

Ha aprovechado así para afear al PP que haya convocado concentraciones “de manera unilateral” desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sin contar con el resto de los miembros, porque “nadie se hubiera opuesto a hacer una manifestación pública en favor de Ceuta” y “está claro que quieren hacerlo solos”.

De hecho, ha desvelado que fue el vicepresidente de la FEMP en Castilla-La Mancha y alcalde de Marchamalo (Guadalajara), Rafael Esteban, el primero que mandó una carta al presidente de Ceuta. En esa misiva le dijo que, durante todo el mes de septiembre pondría la bandera de Ceuta al lado de la del Ayuntamiento.

Concentraciones “para unir, no para confrontar”

“Eso es tan legítimo como las manifestaciones convocadas, que tienen que ser para unir, no para confrontar. Menos hipocresía y más solidaridad de verdad”, ha dicho recordando que la semana pasada tres comunidades gobernadas por PP y Vox votaron en contra de enviar 25 millones de euros a Ceuta.

Precisamente, esta mañana, el propio Emiliano García-Page ha deseado un feliz Día de Ceuta a todos los ceutíes, tal y como ha escrito en un mensaje en su cuenta en la red social 'X'. Ha aprovechado para enviarles “todo el cariño y solidaridad” suyo propio y el de Castilla-La Mancha, así como “un fuerte abrazo”:

En el lado opuesto, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que España ha sido “invadida” a través de la frontera de Ceuta y esto “hay que tenerlo muy claro”.

En una entrevista en esRadio ha señalado que “se ha puesto en riesgo la integridad territorial” del país, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba de vacaciones y “no ha hecho absolutamente nada”. Ha dicho además que Page tiene “miedo” de hablar de Ceuta y ha defendido la participación en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta.

“Hoy miles de castellanosmanchegos, miles de españoles, vamos a estar pacíficamente en la puerta de los ayuntamientos para decirle al pueblo de Ceuta que estamos a su lado”, ha dicho.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuiría a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta, “tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes”.

Page se ha referido así al hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

“Realmente me hago la pregunta de si ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó” y “si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional o a nuestros servicios de inteligencia que informaran”, ha apuntado García-Page.

A su juicio, todo lo publicado sobre esta cuestión “es relevante”: Hasta que “no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, francamente no podremos darle arreglo”.

Francisco Pardo, de Bono a Grande-Marlaska

Se da la circunstancia de que el director general de la Policía, Francisco Pardo, es albaceteño y ha realizado buena parte de su trayectoria política en Castilla-La Mancha.

Antes de su desembarco en el Gobierno central, rue asesor y jefe de Gabinete de la Consejería de Agricultura y director general de Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla-La Mancha, con José Bono de presidente.

Entre 1999 y 2004 también fue director de Gabinete, secretario general, y consejero de la Presidencia de Castilla-La Mancha. En 2004, Pardo fue nombrado secretario de Estado de Defensa, convirtiéndose en el número dos de Bono cuando fue ministro de esta cartera.

Se mantuvo en ese cargo hasta 2007, año en el que fue elegido diputado autonómico y, posteriormente, presidente en las Cortes de Castilla-La Mancha. En 2018, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, Grande-Marlaska lo nombró director general de la Policía.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha reivindicado este martes el “diálogo, entendimiento y el acuerdo” como vías para abordar la “compleja” situación que se está viviendo en Ceuta, al tiempo que ha rechazado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pueda convertirse en un espacio de confrontación “partidista”.

Darias ha defendido que las actuaciones que se adopten deben partir del entendimiento y ha reivindicado el papel de la FEMP como un espacio de encuentro entre las administraciones locales. “Yo reivindico que la Federación Española de Municipios sea ese espacio que siempre ha sido para entendernos”, ha señalado.

Apoyo a la ciudad de Ceuta y al Gobierno de España

La alcaldesa ha subrayado que los alcaldes y alcaldesas de todo el país comparten “retos y preocupaciones comunes”, por lo que ha considerado fundamental afrontar las dificultades desde el acuerdo y la colaboración.

En este contexto, Darias ha expresado su “apoyo a la ciudad de Ceuta, a las personas que viven allí” y también al Gobierno de España, al que ha respaldado por la labor que está desarrollando ante una situación que ha calificado de “difícil y compleja”.

La alcaldesa ha destacado además la implicación de los distintos ministerios en la respuesta y, de manera específica, la responsabilidad asumida por el ministro Ángel Víctor Torres como mando único para coordinar esta tarea.

“Legalidad y humanismo” para recuperar la normalidad

Darias ha defendido que la respuesta a la situación debe combinar el cumplimiento de la legalidad con “un gran humanismo” y un sentido de atención centrado en las personas.

Por ello, ha trasladado todo su apoyo a la labor que se está desarrollando con el objetivo de que “cuanto antes pueda volver esa normalidad tan ansiada por los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta”.

Concentraciones de la FEMP en Canarias

En las Islas hay convocadas hasta el momento cinco concentraciones este miércoles, 2 de septiembre. En Gran Canaria se han organizado dos, una de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Santa Ana, y la otra en Telde, en la Plaza de San Juan.

En Tenerife se ha convocado una protesta frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, respaldada por el consistorio, dirigido por CC y el PP.

En el caso de Fuerteventura, ha situado su convocatoria junto al consistorio de Puerto del Rosario, gobernado por CC; y en Lanzarote, será en la capital, Arrecife, gobernada por el PP y CC.

Contramanifestación “frente al racismo en Ceuta”

El mismo día de las concentraciones en más de 260 municipios españoles por la FEMP con motivo del Día de Ceuta, los colectivos Red Migrantes Tenerife y la Plataforma de Colectivos MIGRA han convocado una contramanifestación a las 19.00 horas en las inmediaciones del Cabildo de Tenerife para protestar contra “el uso partidista”.

En Las Palmas de Gran Canaria, también a la misma hora, y bajo el lema “¿Cuándo van a cuidar nuestras vidas?” una contraprotesta reivindicará derechos, solidaridad y comunidad en una propuesta a la que se han adherido FAAC, Kounki, #Regularizaciónya y Derecho al Techo.

Desde 1989 hasta la actualidad se han multiplicado por cinco los muros y las vallas construidas. La que separa Ceuta de Marruecos es solo una de ellas. En África, a raíz del proceso de descolonización de la segunda mitad del siglo XX se crearon tres cuartas partes de las fronteras que existen hoy en día. Las dibujaron los europeos. Estos datos y muchos otros igual de interesantes los aporta el historiador Natxo Escandell en su ensayo El arte de habitar la frontera (Barlin Libros, 2025).

Las fronteras no son solo un límite físico. Son, especialmente, una división económica. Y, por supuesto, también mental. Las religiones, las etnicidades o las diferencias culturales a veces separan más que un río y eso que un 23% de las fronteras mundiales están trazadas por ríos.

Otro dato que apunta Escandell y que ayuda a entender nuestros mapas. A partir del nuevo sistema surgido del Congreso de Viena de 1815 se alteraron, aproximadamente, unas 67 fronteras. Desde aquel año, de media, cada tres años ha desaparecido un estado europeo legítimo y con fronteras definidas y aceptadas por el resto de territorios.

La Guerra Fría y las descolonizaciones empezaron a dividir con vallas y alambres y posteriormente, con el avance de la globalización, la separación fue y es entre explotadores y explotados. Los migrantes buscan un futuro, un bienestar o directamente quieren salvar la vida. Describir esa realidad, que en la historia de las migraciones siempre ha sido la misma, se ha convertido en todo un reto en estos tiempos. Se deshumaniza a los migrantes hasta el punto de que Trump (cuyo abuelo llegó de Alemania) se niega a llamarles personas y les acusa de “introducir genes malvados”.

Escandell reproduce una imagen que circuló por redes sociales y que define muy bien cuál es el discurso que se está imponiendo. “Se trata de una mesa a la que se sientan un señor con corbata y dos más, uno con chaleco y otro con casco de obrero. Uno de estos parece del África subsahariana, hecho relevante para una anécdota no tan banal. El caso es que el empresario tiene justo delante de él un plato repleto de galletas y, en el medio de la mesa, vemos otro que contiene solo una. De la boca del trajeado sale una frase dirigida al obrero blanco: ‘¡Hey! ¡Ese inmigrante va a quedarse tu galleta!”.

Al final, como bien concluye este historiador, las fronteras han mutado a lo largo de los años pero su objetivo sigue siendo el mismo: “Controlar, jerarquizar y excluir”. Aquí es el Mediterráneo pero pasa lo mismo en el río Bravo, entre Estados Unidos y México, en las aguas pantanosas de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, o en la ruta marítima del Yemen. Miles de personas intentan cruzarlas y a la vez miles de personas mueren cada año sin conseguirlo.

El escritor Jorge Volpi, que también ha dedicado su último ensayo, Invasión alienígena (Debate), a analizar el papel de las fronteras y repasar la historia de las migraciones, lo resume con una pregunta que se responde sola: “La mayor fuente de discriminación que persiste en el planeta es obra del nacionalismo: El hecho -indeseado y casual- de nacer en un lado te confiere un sinfín de derechos y oportunidades, mientras que venir al mundo en otro te anuncia una vida de privaciones, inequidad, falta de perspectivas, opresión o pavor. ¿Cómo no ibas a querer cruzar esa línea imaginaria?”.

Según datos de Naciones Unidas, las personas que viven en un país distinto del que nacieron, que por la razón que sea cruzan esa línea, representan aproximadamente el 3,7% de la población mundial. Así que igual a quienes deberíamos interpelar no son a los que tienen hambre y se pelean por una galleta, también en Ceuta, sino a quienes ponen los platos y en el suyo se quedan con toda la caja.