En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.

Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.

Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.

Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.

Aunque a esta cifra se sumara el coste salarial de los asesores, más numerosos en la época de Puig, la cifra total de gasto de la actual estructura seguiría siendo igualmente superior. Así, en la última etapa del Botánico había 116 asesores que suponen un coste de 6,1 millones. Por lo tanto, el gasto total en esa estructura, con los altos cargos, se elevaría a 16,3 millones. En el caso de Pérez Llorca, cuenta todo su Consell con 93 asesores con un coste de 5,2 millones, mientras que Mazón se autoimpuso un límite de 72. Sumado a los altos cargos, da un total de 17,3 millones de euros.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. De esta forma, se aprobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El PSPV calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”, puesto que “es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena”.

Muñoz ha añadido: “Tenemos el Gobierno valenciano más caro de la historia, que supone un desembolso de más de 12 millones al año, casi 50 millones por legislatura, solo en altos cargos. Eso son cerca de 2 millones más que el último Consell del Botànic. Es una vergüenza y una indecencia. Porque se desmonta una vez más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la grasa política, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el colesterol, y el malo”.

El portavoz socialista ha comentado que “ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia” sino que “lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el más caro” y se ha preguntado “a qué se dedica” el ejecutivo de Pérez Llorca porque “están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales”.

Para Muñoz, “el Consell de Mazón y su suplente Pérez Llorca, apoyado por Vox, es una gran mentira, un gran fraude en el que todas y cada una de las promesas que les llevaron a la Generalitat en 2023 se han demostrado como una gran mentira y un timo político”.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

El soroll de les obres trenca la calma dels jardins que, durant dècades, han romàs gairebé intactes davant la badia de Palma. Dins, operaris revisen murs clivellats, sistemes de reg envellits i piscines castigades pel salnitre. Al palau de Marivent, el so metàl·lic de les eines, el pujar i baixar dels treballadors i la terra remoguda delaten una reforma llargament ajornada a la qual el Govern balear ha donat llum verda amb un pressupost que rondarà els 500.000 euros de diners públics. L'objectiu: frenar el deteriorament acumulat durant més de dues dècades a la residència estiuenca dels reis, que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se com un enclavament institucional d'accés restringit. Només en determinats períodes la ciutadania pot passejar pels seus jardins.

La intervenció actual, però, no és un episodi aïllat, sinó una peça més d'un sistema de despesa sostingut que es reactiva especialment durant els períodes d'estada dels reis a Mallorca. Només en neteja i subministraments, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el de Balears (BOIB) recullen contractes de més de 217.000 euros anuals, als quals s'afegeixen serveis de reforç adjudicats amb fórmules de contractació per hores que permeten ampliar el servei durant els mesos d'estiu. A nivell global, l'Executiu autonòmic, titular de l'immoble, destina més d'1,2 milions d'euros cada any al seu manteniment, una xifra que va arribar a assolir els 1,7 milions el 2013, amb José Ramón Bauzá (PP) com a president.

No són les úniques inversions que rep el palau. Sense precisar quantitats econòmiques concretes, la memòria d'activitats de Patrimoni Nacional relativa a 2025, consultada per aquest mitjà, recull que l'any passat es van instal·lar nous sistemes de detecció i protecció contra incendis en diferents immobles de la seva propietat i, tot i no estar inclòs entre ells, també a Marivent —més concretament a l'edifici Camaretas—. Així mateix, es va dur a terme la renovació dels banys als apartaments del personal de servei i la demolició del forjat de l'antiga piscina per problemes estructurals. El 2024 es van dur a terme estudis i tomografies de l'arbrat amb càrrec als fons del Govern. Segons dades obtingudes en el seu moment per Newtral a través del Portal de Transparència, l'ens encarregat de la gestió dels béns vinculats a la Corona destinava —almenys fins a 2021— uns 220.000 euros anuals per sufragar despeses de personal i subministraments.

En aquest context, la reforma actual reobre una qüestió de fons: quin retorn públic tenen aquestes inversions en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

La reforma reobre una qüestió de fons: quin retorn públic té la inversió pública sostinguda en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

Més de 25 anys sense reformes profundes

En la pròpia memòria justificativa de la reforma actual, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques considera fins i tot que és “totalment necessari incrementar la partida prevista” per al manteniment de Marivent davant el deteriorament del palau, que arrossega més de 25 anys sense reformes profundes. L'informe va més enllà i adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors —reservats per a despeses puntuals i de minsa quantia—, fet que obliga a recórrer a noves licitacions de major import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agreugin. Un fet que confirma el caràcter estructural i elevat de la despesa associada al complex. Marivent ha deixat de ser una despesa puntual per convertir-se en una estructura de despesa permanent.

La memòria de la reforma adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors -reservats per a despeses puntuals i de nínima quantia-, la qual cosa obliga a recórrer a noves licitacions de més import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agravin

D'acord amb el document consultat per aquest mitjà, la reforma prevista abasta tant elements estructurals com instal·lacions i espais exteriors. Entre les actuacions previstes hi ha la restauració de paviments de pedra i empedrats, la substitució de baranes corroïdes per l'oxidació i la intervenció en cobertes, cornises i façanes exposades al salnitre, així com la reparació del vial d'accés danyat per arrels. També es contemplen actuacions a la piscina —amb filtracions i maquinària obsoleta—, vestuaris, camins interiors i edificis auxiliars, així com la reparació de murs, canalitzacions i sistemes de drenatge. A l'exterior, es preveuen treballs en jardins, la rehabilitació de fonts ornamentals en desús, la reparació de danys causats pels temporals i la millora dels sistemes de reg.

El pressupost base de licitació ascendeix, en concret, a 470.444 euros (IVA inclòs). No obstant això, l'expedient preveu la possibilitat d'incrementar l'import fins a un 20% addicional en cas d'aparició de vicis ocults —defectes no detectats en la inspecció inicial que solen aflorar durant l'execució d'una obra—, cosa que podria elevar el cost final per sobre dels 560.000 euros.

Com explicita la memòria justificativa, arran de la constitució de la Comunitat Autònoma, els immobles que conformen el recinte de Marivent varen ser transferits per l'aleshores Consell General Interinsular, passant així a formar part del patrimoni autonòmic. En conseqüència, la seva administració, conservació i protecció és responsabilitat del Govern balear, tal com disposa la llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

“Com qualsevol altre immoble del qual és propietària, la Comunitat Autònoma té l'obligació de cuidar de la conservació i el manteniment de Marivent per un doble motiu: la protecció de la finca, com a conjunt arquitectònic que forma part d'un llegat integrat en el nostre patrimoni, i la necessitat que pugui servir a la finalitat a la qual l'immoble està destinat”, afegeix el document. En definir aquest “destí”, l'informe, lluny de fer referència a l'ús original del palau —concebut com a museu obert a la ciutadania—, assumeix plenament que el complex és, “des de fa molt de temps, no només la residència d'estiu de la Família Reial, sinó també lloc de descans al llarg de l'any, per la qual cosa és freqüentment utilitzat per tots els seus membres i hi passen nombroses personalitats de tots els àmbits”.

Un model de contractació fragmentada

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades. El manteniment del complex no es licita com un servei integral, sinó que es divideix en múltiples contractes individuals —neteja, jardineria, plagues, electricitat, climatització, obres— adjudicats a diferents empreses. En aquest cas, la contractació ha recaigut en Bonfill Enginyeria, Arquitectura i Paisatge SL, una empresa mallorquina fundada el 2011 que ha incrementat la seva presència en la contractació pública balear en els darrers anys. Només el 2025, el volum de contractes va superar els cinc milions d'euros. La seva activitat es concentra en reformes d'edificis públics, infraestructures i projectes per a diferents administracions.

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades

Cal destacar que la despesa a Marivent no es limita a obres i contractes externs. Un acord del Consell de Govern aprovat al juliol de 2025 inclou explícitament al personal que presta serveis en el palau dins dels col·lectius que poden percebre retribucions per hores extraordinàries, la qual cosa evidencia que l'activitat del complex genera també costos laborals addicionals vinculats al seu funcionament ordinari. La mesura es justifica, segons el propi document, per la impossibilitat de compensar aquestes hores amb descans, la qual cosa reforça la idea que el manteniment i ús del palau comporta una càrrega estructural de despesa pública més enllà de les partides pressupostàries visibles.

En les últimes legislatures, d'acord amb la documentació analitzada per aquest mitjà, el Govern ha adjudicat serveis de reforç per imports de fins a 100.000 euros, amb sistemes flexibles que permeten ampliar el servei durant els mesos de major activitat. Depenent del període, les diferents contractacions han recaigut en una o altra empresa: així, el 2011 el Govern va adjudicar per 47.200 euros a Hidràulica i Electricitat SA el manteniment de les instal·lacions elèctriques del complex, mentre que la climatització va ser encarregada a Refrigeració i Confort SA per imports similars en contractes de dos anys formalitzats el 2014. A això s'hi sumen actuacions puntuals d'obra menor, com el contracte adjudicat el 2016 a Construcciones Llull Sastre SA per 56.562 euros per a la reposició de paviments, murs i escales, i altres per al control de plagues, que va recaure en mercantils com Will Kill SA per 41.300 euros.

Incompliment de contracte

Mentrestant, algunes de les contractacions no s'han deslliurat de la polèmica. En 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va ratificar que 292.132 euros reclamats per Lireba Serveis Integrats -que va operar com a filial del grup ACS- arran de la liquidació del contracte per a la neteja i manteniment del palau de Marivent corresponien al Govern, que li va adjudicar aquests treballs a l'agost de 2007. La Sala declarava provat com, durant la vigència del contracte, l'empresa va facturar i va cobrar l'anterior quantitat sense cap contraprestació per part seva.

Posteriorment, el Tribunal Suprem va validar l'actuació de l'Executiu balear de rescindir el contracte abans de la seva resolució definitiva, en considerar que la mesura estava justificada per raons d'interès públic i seguretat, especialment en un entorn sensible com Marivent. Entre altres aspectes, l'Alt Tribunal destaca que Lireba havia de mantenir un servei permanent amb un nombre concret d'empleats adaptat a les estades de la Família Reial. No obstant això, l'empresa va arribar a prestar el servei amb menys de la meitat del personal exigit, incomplint una condició que el propi contracte qualificava com a essencial. La sala subratlla que aquest dèficit no era un aspecte menor, sinó un “trencament” del nucli del contracte, en afectar directament la qualitat i viabilitat del manteniment del complex.

La resolució, no obstant això, anava més enllà: deixava al descobert rellevants disfuncions en la gestió d'aquests serveis públics, no sols respecte a les fallades en el control de l'execució contractual -el fet que l'empresa arribés a facturar serveis no prestats conforme als pactes-, sinó que posa en relleu la complexitat d'un model basat en contractes fragmentats i altament dependents de condicions variables, com les estades de la Família Reial. El resultat és un sistema en el qual el seguiment efectiu del servei es torna clau, però també difícil de fiscalitzar.

El 2014, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va ratificar que l'empresa Lireba, que va operar com a filial d'ACS, va percebre 292.132 euros sense haver efectuat la corresponent contraprestació per la neteja i manteniment de Marivent que tenia encomanat des de l'agost del 2007

La despesa pública a Marivent ha estat —i continua sent— objecte de crítiques polítiques i socials durant anys. A més dels fons públics destinats al seu manteniment, formacions polítiques i moviments ciutadans han denunciat la falta de transparència sobre el procés que va convertir el palau en la residència d'estiu de la Família Reial a Mallorca. elDiario.es va treure a la llum l'escriptura amb la qual José Carlos Herrmann–Marconi, hereu del filàntrop Ionannes Saridakis, renunciava el 1978 al palau, contravenint el que havia disposat el seu padrastre en el testament. Saridakis, filantrop d'origen grec, havia fet fortuna a Sud-amèrica i va trobar a Mallorca el seu retir daurat. L'illa el va enlluernar fins a tal punt que va decidir donar a Balears un immens llegat artístic i arquitectònic que incloïa el palau que va fer aixecar a la vora del mar.

Va ser la seva vídua qui, el 1965, va cedir l'edifici, els terrenys de 33.905 metres quadrats sobre els quals havia estat construït i la col·lecció d'art del filantrop a l'aleshores Diputació Provincial sota la condició que els mallorquins —i la població en general— poguessin delectar-se amb la cultura i el pensament que albergaven les seves parets. Un extrem que només es va complir entre 1965 i 1972. Durant diversos anys, l'espai museístic va romandre obert al públic, però, després de la seva cessió als reis per part de la franquista Diputació Provincial de Balears, mai més no va tornar a obrir les seves portes, convertint-se en la residència privada de la Família Reial durant les seves estades a Mallorca.

L'escriptura de renúncia, un document de 14 pàgines que mai abans havia sortit a la llum, és el paper al qual s'agafen a la Casa Reial per justificar l'ús privatiu de Marivent per part de la reialesa. En el document, però, l'hereu (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica els motius que el porten a incomplir l'última voluntat de Saridakis.

El document deixa constància del moment en què, sis mesos abans de la promulgació de la Constitució, el 6 d'abril de 1978 Marconi compareixia davant el notari Julio Albi, amb despatx a Madrid, per formalitzar la renúncia. De la mansió va desistir en ple procés judicial impulsat pels hereus contra el Govern —que havia absorbit la Diputació Provincial— i la Fundació Museu d'Art Saridakis —declarada aleshores en rebel·lia— pel mal ús de la donació del seu ascendent. Marconi va recuperar la titularitat dels béns del seu padrastre, però no el palau. Durant cinc dècades, els reis han convidat al palauet presidents del Govern i il·lustres mandataris estrangers i han gaudit de les vacances a l'illa a costa dels contribuents, que es van quedar sense palau i sense museu.

Els jardins amb les escultures de Miró, oberts al públic

A l'actualitat, de totes les pintures que pengen a l'interior de Marivent, més de vuitanta són propietat del Govern, com consta a l'Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), consultat per elDiario.es. Juntament amb els quadres, l'Executiu autonòmic també posseeix bona part del mobiliari de l'edifici, com diversos llits mallorquins dels segles XVIII i XIX, un bagul gòtic mallorquí, un banc neoclàssic, un escriptori barroc i nombrosos miralls i còmodes. Elements de gran valor als quals la ciutadania, tanmateix, no té accés.

Per contra, els jardins de Marivent, que ocupen una superfície total de 9.155 metres quadrats, sí que estan oberts al públic arran de l'acord assolit el maig de 2017 entre el Govern de Francina Armengol i la Casa Reial per conjugar l'obertura de la zona exterior amb l'ús del palau com a residència de la Família Reial. S'hi exhibeixen dotze escultures en bronze que Joan Miró va realitzar entre 1969 i 1981 i que la família de l'artista va cedir per donar un valor afegit a les visites. Una iniciativa que pretén, a més, posar de manifest el vincle de l'obra de l'artista amb el barri de Cala Major, que ell mateix va escollir per viure i treballar.

El ruido de las obras rompe la calma de los jardines que, durante décadas, han permanecido casi intactos frente a la bahía de Palma. Dentro, operarios revisan muros agrietados, sistemas de riego envejecidos y piscinas castigadas por el salitre. En el palacio de Marivent, el sonido metálico de las herramientas, el ir y venir de los trabajadores y la tierra removida delatan una reforma a la que el Govern balear ha dado luz verde con un presupuesto que rondará los 500.000 euros de dinero público. El objetivo: frenar el deterioro acumulado durante más de dos décadas en la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Solo en determinados periodos la ciudadanía puede pasear por sus jardines.

La intervención actual, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una pieza más de un sistema de gasto sostenido que se reactiva especialmente durante los periodos de estancia de los reyes en Mallorca. Solo en limpieza y suministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge contratos de más de 217.000 euros anuales, al que se añaden servicios de refuerzo adjudicados con fórmulas de contratación por horas que permiten ampliar el servicio durante los meses de verano. A nivel global, el Ejecutivo autonómico, titular del inmueble, destina más de 1,2 millones de euros cada año a su mantenimiento, una cifra que llegó a alcanzar los 1,7 millones en 2013, con José Ramón Bauzá (PP) como presidente.

No son las únicas inversiones que recibe el palacio. Sin precisar cantidades económicas concretas, la memoria de actividades de Patrimonio Nacional relativa a 2025, consultada por este medio, recoge que el año pasado se instalaron nuevos sistemas de detección y protección contra incendios en distintos inmuebles de su propiedad y, pese a no estar incluido entre ellos, también en Marivent -más en concreto en el edificio Camaretas-. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de los baños en los apartamentos del personal de servicio y la demolición del forjado de la “antigua piscina” por problemas estructurales. En 2024, se llevaron a cabo estudios y tomografías en el arbolado con cargo a los fondos del Gobierno. Según datos obtenidos en su momento por Newtral a través del Portal de Transparencia, el ente encargado de la gestión de los bienes vinculados a la Corona destina -al menos hasta 2021- una medida de 220.000 euros anuales para sufragar gastos de personal y suministros.

En este contexto, la reforma actual reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tienen las inversiones en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas.

La reforma reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tiene la inversión pública sostenida en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas

Más de 25 años sin reformas profundas

En la propia memoria justificativa de la reforma actual, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas considera incluso que es “totalmente necesario incrementar la partida prevista” para el mantenimiento de Marivent ante el deterioro del palacio, que arrastra más de 25 años sin reformas profundas. El informe va más allá y advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores –reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía–, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven. Un hecho que confirma el carácter estructural y elevado del gasto asociado al complejo. Marivent ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en una estructura de gasto permanente.

La memoria de la reforma advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores -reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía-, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven

De acuerdo al documento consultado por este periódico, la reforma prevista abarca tanto elementos estructurales como instalaciones y espacios exteriores. Entre las actuaciones previstas se encuentran la restauración de pavimentos de piedra y empedrados, la sustitución de barandillas corroídas por la oxidación y la intervención en cubiertas, cornisas y fachadas expuestas al salitre y la reparación del vial de acceso dañado por raíces. También se contemplan actuaciones en la piscina –con filtraciones y maquinaria obsoleta–, vestuarios, caminos interiores y edificios auxiliares, así como la reparación de muros, canalizaciones y sistemas de drenaje. En el exterior, se prevén trabajos en jardines, la rehabilitación de fuentes ornamentales en desuso, la reparación de daños causados por los temporales y la mejora de los sistemas de riego.

El presupuesto base de licitación asciende, en concreto, a 470.444 euros (IVA incluido). Sin embargo, el expediente prevé la posibilidad de incrementar el importe hasta un 20% adicional en caso de aparición de vicios ocultos, es decir, defectos no detectados en la inspección inicial que suelen afloran durante la ejecución de una obra, lo que podría elevar el coste final por encima de los 560.000 euros.

Como explicita la memoria justificativa de la reforma, a raíz de la constitución de la Comunidad Autónoma, los inmuebles que conforman el recinto de Marivent fueron transferidos por el entonces Consejo General Interinsular, pasando así a formar parte del patrimonio autonómico. En consecuencia, su administración, conservación y protección es responsabilidad del Govern balear, tal como dispone la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Balears.

“Como cualquier otro inmueble de la cual es propietaria, la Comunidad Autónoma tiene la obligación de cuidar de la conservación y el mantenimiento de Marivent por un doble motivo: la protección de la finca, como conjunto arquitectónico que forma parte de un legado integrado en nuestro patrimonio, y la necesidad de que pueda servir a la finalidad a la cual el inmueble está destinado”, añade el documento. Al definir ese “destino”, el informe, lejos de hacer referencia al uso original del palacio –concebido como museo abierto a la ciudadanía–, asume plenamente que el complejo es, “desde hace mucho tiempo, no solo la residencia de verano de la Familia Real, sino lugar de descanso a lo largo del año, por lo cual es frecuentemente utilizado por todos sus miembros y pasan numerosas personalidades de todos los ámbitos”.

Un modelo de contratación fragmentada

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas. El mantenimiento del complejo no se licita como un servicio integral, sino que se divide en múltiples contratos individuales –limpieza, jardinería, plagas, electricidad, climatización, obras– adjudicados a distintas empresas. En este caso, la contratación ha recaído en Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje SL, una empresa mallorquina fundada en 2011 que ha incrementado su presencia en la contratación pública balear en los últimos años. Solo en 2025, el volumen de contratos superó los cinco millones. Su actividad se concentra en reformas de edificios públicos, infraestructuras y proyectos para distintas administraciones.

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas

Cabe destacar que el gasto en Marivent no se limita a obras y contratos externos. Un acuerdo del Consell de Govern aprobado en julio de 2025 incluye explícitamente al personal que presta servicios en el palacio dentro de los colectivos que pueden percibir retribuciones por horas extraordinarias, lo que evidencia que la actividad del complejo genera también costes laborales adicionales vinculados a su funcionamiento ordinario. La medida se justifica, según el propio documento, por la imposibilidad de compensar esas horas con descanso, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento y uso del palacio comporta una carga estructural de gasto público más allá de las partidas presupuestarias visibles.

En las últimas legislaturas, de acuerdo a la documentación analizada por este medio, el Govern ha adjudicado servicios de refuerzo por importes de hasta 100.000 euros, con sistemas flexibles que permiten ampliar el servicio durante los meses de mayor actividad. Dependiendo del periodo, las distintas contrataciones han recaído en una u otra empresa: así, en 2011 el Govern adjudicó por 47.200 euros a Hidráulica y Electricidad SA el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del complejo, mientras que la climatización fue encargada a Refrigeración y Confort SA por importes similares en contratos de dos años formalizados en 2014. A ello se suman actuaciones puntuales de obra menor, como el contrato adjudicado en 2016 a Construcciones Llull Sastre SA por 56.562 euros para la reposición de pavimentos, muros y escaleras, y otros para el control de plagas, que recayó en mercantiles como Will Kill SA por 41.300 euros.

Incumplimiento de contrato

Mientras tanto, algunas de las contrataciones no se han librado de la polémica. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó que 292.132 euros reclamados por Lireba Serveis Integrats -que operó como filial del grupo ACS- a raíz de la liquidación del contrato para la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent correspondían al Govern, que le adjudicó estos trabajos en agosto de 2007. La Sala declaraba probado cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.

Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la actuación del Ejecutivo balear de rescindir el contrato antes de su resolución definitiva, al considerar que la medida estaba justificada por razones de interés público y seguridad, especialmente en un entorno sensible como Marivent. Entre otros aspectos, el Alto Tribunal destaca que Lireba debía mantener un servicio permanente con un número concreto de empleados adaptado a las estancias de la Familia Real. Sin embargo, la empresa llegó a prestar el servicio con menos de la mitad del personal exigido, incumpliendo una condición que el propio contrato calificaba como esencial. La sala subraya que este déficit no era un aspecto menor, sino un “quebrantamiento” del núcleo del contrato, al afectar directamente a la calidad y viabilidad del mantenimiento del complejo.

La resolución, sin embargo, iba más allá: dejaba al descubierto relevantes disfunciones en la gestión de estos servicios públicos, no solo respecto a los fallos en el control de la ejecución contractual -el hecho de que la empresa llegase a facturar servicios no prestados conforme a lo pactado-, sino que pone de relieve la complejidad de un modelo basado en contratos fragmentados y altamente dependientes de condiciones variables, como las estancias de la Familia Real. El resultado es un sistema en el que el seguimiento efectivo del servicio se vuelve clave, pero también difícil de fiscalizar.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó que la empresa Lireba, que operó como filial de ACS, percibió 292.132 euros sin haber efectuado la correspondiente contraprestación por la limpieza y mantenimiento de Marivent que tenía encomendado desde agosto de 2007

El gasto público en Marivent ha sido –y continúa siendo– objeto de críticas políticas y sociales durante años. Además de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, formaciones políticas y movimientos ciudadanos han denunciado la falta de transparencia sobre el proceso que convirtió el palacio en la 'residencia real' de verano en Mallorca. elDiario.es sacó a la luz la escritura con la que José Carlos Herrmann–Marconi, heredero del filántropo Ionannes Saridakis, renunciaba en 1978 al palacio, contraviniendo lo que había dispuesto en su testamento su padrastro. Saridakis, filántropo de origen griego, había hecho fortuna en Sudamérica y encontró en Mallorca su retiro dorado. La isla lo encandiló hasta tal punto que decidió donar a Balears un inmenso legado artístico y arquitectónico que incluía el palacio que hizo levantar a orillas del mar.

Fue su viuda quien, en 1965, cedió el edificio, el terreno de 33.905 metros cuadrados sobre el que había sido construido y la colección de arte del filántropo a la entonces Diputación Provincial bajo la condición de que los mallorquines –y la población en general– pudieran deleitarse con la cultura y el pensamiento que encerraban sus paredes. Un extremo que solo se cumplió entre 1965 y 1972. Durante varios años, el espacio museístico permaneció abierto al público, pero, tras su cesión a los reyes por parte de la franquista Diputación Provincial de Balears, nunca más volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en la residencia privada de la Familia Real durante sus estancias en Mallorca.

La escritura de renuncia, un documento de 14 páginas que nunca antes había salido a la luz, es el papel al que se agarran en la Casa Real para justificar el uso privativo de Marivent por parte de la realeza. En el documento, sin embargo, el heredero (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica los motivos que le conducen a incumplir la última voluntad de Ionannes Saridakis.

El documento deja constancia del momento en el que, seis meses antes de la promulgación de la Constitución, el 6 de abril de 1978 Marconi comparecía ante el notario Julio Albi, con despacho en Madrid, para formalizar la renuncia. De la mansión desistió en pleno proceso judicial impulsado por los herederos contra el Govern –que había absorbido a la Diputación Provincial– y a la Fundación Museo de Arte Saridakis –declarada entonces en rebeldía– por el mal uso de la donación de su ascendiente. Marconi recuperó la titularidad de los bienes de su padrastro, pero no el palacio. Durante cinco décadas, los reyes han invitado al palacete a presidentes del Gobierno e ilustres mandatarios extranjeros y han disfrutado de las vacaciones en la isla a costa de los contribuyentes, que se quedaron sin palacio y sin museo.

Los jardines con las esculturas de Miró, abiertos al público

En la actualidad, de todas las pinturas que cuelgan en el interior de Marivent, más de ochenta son propiedad del Govern, como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB), consultado por elDiario.es. Junto a los cuadros, el Ejecutivo autonómico también posee la propiedad de buena parte del mobiliario del edificio, como varias camas mallorquinas de los siglos XVIII y XIX, un arcón gótico mallorquín, un banco neoclásico, un escritorio barroco e innumerables espejos y cómodas. Elementos de gran valor a los que ciudadanía, sin embargo, no tiene acceso.

Por el contrario, los jardines de Marivent, que ocupan una superficie total de 9.155 metros cuadrados, sí se encuentran abiertos al público tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2017 entre el Govern de Francina Armengol y la Casa Real para conjugar el proyecto de apertura de la zona exterior del complejo con el uso del palacio como residencia de la familia real. En ellos se exhiben doce esculturas en bronce que Joan Miró realizó entre los años 1969 y 1981 y que la familia del pintor cedió para dar un valor añadido a las visitas. Una iniciativa que pretende, además, poner de manifiesto el vínculo de la obra del artista catalán con el barrio de Cala Major, que él mismo escogió para vivir y trabajar. 

El gasto público en personal eventual suele ser el blanco principal al que golpea la ultraderecha. Y, en el caso valenciano, lejos de recortarlo por coherencia política, ha afianzado el statu quo en las instituciones en las que gobierna. El Parlamento autonómico dirigido por PP y Vox, partidos que hicieron de la eliminación de la “grasa política” un lema, gasta cerca de un millón de euros al año solo en los asesores de la Mesa, una constante en la última década, según los informes anuales de fiscalización del ente. En los últimos diez años el gasto en personal eventual ha oscilado entre los 733.000 euros y el millón.

En concreto, en el año 2024, el primer ejercicio completo de Vox al frente de la Cámara, el gasto se incrementó un 12% respecto al año anterior y ascendió a los 942.779 euros, según el informe sobre la Cuenta General de las Corts que elabora anualmente la Sindicatura de Comptes. El incremento notable se debe en buena medida a que el 2023 fue año electoral, que deja algunos meses con la Cámara disuelta y en fase de creación de Gobierno, circunstancia que hace que los gastos suelan reducirse. En cambio, en el año 2022, último de la izquierda al frente de la Cámara, el gasto en asesores fue de 1,02 millones de euros.

La Mesa de las Corts está presidida por Vox, con Llanos Massó al frente. Cuenta con otros dos vicepresidentes, miembros del Partido Popular, y dos secretarios, uno del PP y una de Compromís. Entre todos suman 18 asesores. Solo Massó tiene 10 asesores en Presidencia, con una vacante, según figura en el organigrama de la Cámara, y como ya informó elDiario.es, dos de ellos no acuden presencialmente a trabajar y centran su actividad en el partido.

En el año 2015, el ejercicio electoral en el que cambió el color político de las Corts, el gasto reconocido de personal eventual fue de 832.000 euros en el año, y descendió a 733.000 euros en el 2016. Ya en 2017 ascendió a los 756.000 euros y se mantuvo en 2018. En 2020 volvió a ascender hasta los 976.000 euros.

Los diputados suponen un tercio del presupuesto de personal

Los informes de fiscalización también analizan el gasto en diputados y funcionarios. En el caso de los parlamentarios, se desprende que su salario se lleva casi un tercio del presupuesto en personal de la Cámara. Las retribuciones de los diputados y diputadas supusieron 5.939.749 euros en 2024, lo que representa el 30,3% de las obligaciones reconocidas del capítulo de personal. El informe afea que los diputados no presenten su certificado de empadronamiento para justificar las dietas por kilometraje.

Este capítulo comprende las retribuciones de tres colectivos: los diputados y diputadas, el personal de plantilla de la institución integrado en la relación de puestos de trabajo (RPT) y un número variable de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en torno a una veintena.

El gasto ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años —el personal se adapta a los incrementos salariales de los funcionarios, que se aprueban en el BOE— y varía en función de si se han abonado retribuciones extraordinarias a los funcionarios o si es un ejercicio electoral, en el que descienden ligeramente. En 2016, según el informe anual de la Sindicatura, el coste de los altos cargos fue de 5,5 millones, mientras que en 2015 —año electoral— fue de 5,1, aumento que se debe a una paga extra, según recoge el informe.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

La actual composición del gasto público tiene implicaciones relevantes sobre el crecimiento económico, la productividad y la cohesión social. La insuficiente inversión en infraestucturas, en educación e innovación limita la capacidad de crecimiento potencial y la convergencia real con la UE. Asimismo, el predominio del gasto orientado a la población de mayor edad plantea problemas de equidad intergeneracional, afectando a las oportunidades de los jóvenes en términos de empleo, vivienda y movilidad social. Un gasto público mejor equilibrado contribuiría a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

En este articulo vamos tratar de perfilar los principales problemas estructurales del gasto público en España, entendidos como aquellos que persisten en el tiempo y afectan a su eficiencia, sostenibilidad y capacidad para cumplir objetivos económicos y sociales en el futuro.

Una parte muy significativa del gasto público está comprometida a largo plazo, lo que limita la capacidad de adaptación a cambios económicos. Los factores clave son las pensiones contributivas y no contributivas, los salarios de empleados públicos, los Intereses de la deuda y las prestaciones sociales vinculadas a derechos subjetivos como ayudas al desempleo u incapacidades laborales ¿transitorias? que se han disparado en los últimos tiempos, entre otras.

El envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad

La consecuencia de esta dinámica se manifiesta en el escaso margen para políticas anticíclicas selectivas, en los ajustes concentrados en inversión pública y gasto productivo y en la dificultad para reasignar recursos hacia prioridades emergentes como los gastos en defensa. Como se ha comentado, el envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad.

El problema se manifiesta porque el sistema de gasto no se ha adaptado plenamente a una sociedad con menor crecimiento poblacional y mayor longevidad y exigirá un esfuerzo de reasignación de partidas presupuestarias para su consideración.

Las pensiones representan el mayor componente del gasto público y tiene una serie de comportamientos preocupantes con un crecimiento del gasto superior al del PIB potencial, una indexación a inflación con ajustes automáticos y una separación incompleta entre gastos contributivos y no contributivos, lo que se traduce en un riesgo potencial grave como es el aumento estructural del déficit público si no se acompaña de mayores ingresos o reformas adicionales que apuntalen la sostenibilidad a medio plazo.

España gasta de forma comparable a otros países europeos, pero con resultados desiguales en términos de eficacia/eficiencia. Las causas más importantes son la evaluación ex ante y ex post limitada ligada a una presupuestación orientada a inputs, no a resultados y a programas que se perpetúan sin revisión sistemática. Todo esto se traduce en la persistencia de políticas poco efectivas, en la dificultad para identificar ahorros estructurales sin recortes lineales y, en consecuencia, una menor legitimidad social del gasto.

El gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE

A pesar de su volumen, el gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE debido al peso elevado de transferencia ligadas al empleo previo, una menor focalización en rentas bajas y una fragmentación de ayudas sociales.

El modelo territorial descentralizado, caracterizado por una fragmentación institucional y duplicidades competenciales, genera problemas estructurales en la gestión del gasto con el resultado de un aumento del coste de provisión de servicios públicos debido a la dificultad para desarrollar economías de escala con problemas de coherencia y consistencia en políticas públicas.

En fases de consolidación fiscal, la inversión ha sido la principal variable de ajuste, con efectos estructurales graves que se manifiestan en déficits en inversión en reposición y mantenimiento, un menor gasto en I+D, innovación y capital humano y, como consecuencia, un Impacto negativo sobre el crecimiento potencial. Este patrón se repite de forma persistente cada vez que un desajuste presupuestario exige reequilibrar las cuentas públicas y se agrava en situaciones de prórrogas presupuestarias encadenadas. Existen problemas persistentes en la arquitectura fiscal, donde las reglas fiscales son complejas y cambiantes, con una escasa integración de la evaluación del gasto en el ciclo presupuestario y una limitada rendición de cuentas sobre resultados.

El gasto público español, tiene un comportamiento asimétrico ante crisis económicas, tiende a aumentar de forma estructural tras las crisis, pero cuesta revertirlo con un patrón observado secularmente que se manifiesta en incrementos permanentes del gasto corriente; en serias dificultades para retirar medidas temporales o en la realización de ajustes tardíos y costosos.

En definitiva, la conclusión fundamental de su análisis es que los problemas del gasto en España son más de composición y eficiencia que de tamaño agregado si lo comparamos con los grandes países de la UE. Por lo tanto, el debate no debe centrarse solo en cuánto se gasta, que también, sino particularmente en cómo y en qué se gasta. En definitiva, las reformas estructurales del gasto son más relevantes que los ajustes meramente cuantitativos.

El gasto sanitario público, gestionado mayoritariamente por las comunidades autónomas, presenta una buena relación coste-eficiencia en comparación europea, aunque enfrenta problemas crecientes relacionados con listas de espera, envejecimiento del personal sanitario y financiación insuficiente.

España destina alrededor del 7,2-7,4% del PIB al gasto sanitario público, por debajo de la media de la zona euro (~8,9 % del PIB) y de muchos países de la OCDE. El gasto por habitante también es inferior al promedio europeo (unos 1.800 euros vs ~ 3.400 euros en la eurozona). Esto indica una financiación relativamente moderada frente a otros sistemas comparables, lo que condiciona la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Según diversos informes, la inversión pública en sanidad ha bajado ligeramente respecto a años anteriores y no crece de forma sostenida como recomiendan organismos internacionales ante las mayores necesidades sanitarias derivadas del envejecimiento demográfico.

Por su parte, la atención primaria, clave para la prevención y gestión de cronicidad, sigue con niveles de inversión muy por debajo de los previos a la crisis de 2009, de manera que la falta de inversión estratégica afecta a la accesibilidad y a los resultados sociosanitarios a largo plazo.

Diferencias importantes entre comunidades autónomas

Por otra parte, la descentralización del Sistema Nacional de Salud (SNS) genera diferencias importantes entre comunidades autónomas en gasto por habitante, tiempos de espera, acceso a especialidades y recursos disponibles lo que se traduce en inequidades en la atención sanitaria dependiendo de dónde viva cada persona.

Si analizamos el gasto sanitario en porcentaje sobre PIB, según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad, las comunidades con mayor peso sanitario en proporción al PIB regional son Extremadura con un 9,1% y Murcia y Canarias con un 8,4%. Por otro lado, las comunidades con menos peso del gasto sanitario en proporción al PIB regional son Madrid (4,2%) y Cataluña (5,7%). El gasto sanitario público de Castilla-La Mancha en relación con su PIB regional se sitúa en torno al 6,9 % del PIB, con un gasto por habitante de unos 1.800€, frente a los 1770€ de media nacional.

Estas cifras señalan que existe una gran variación entre comunidades tanto en gasto per cápita como en proporción al PIB. Las regiones con más envejecimiento o menor densidad tienden a gastar más por habitante. Las comunidades más pobladas concentran la mayor parte del gasto total, aunque no siempre con el mayor gasto por persona.

El Parlament balear ha sido testigo este martes del acorralamiento al que Vox y la izquierda han sometido al PP a cuenta del debate del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se ha alzado -excepto la bancada del Grupo Popular- la totalidad de la Cámara entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Marga Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos han lanzado en la sesión de hoy, ha atribuido a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

Pese a que los populares comparecían en el pleno dando por perdido el techo de gasto -que ha sido rechazado con 30 votos en contra y 28 a favor- a tenor del desenlace de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que, al inicio de las mismas, dejaron “muy claras” las dos condiciones que su formación puso sobre la mesa: que las conversaciones únicamente versasen sobre cuestiones presupuestarias, rechazando así que se convirtieran en un “intercambio de cromos”, y que se desarrollasen “con la voluntad de aprobar los presupuestos”. “No queríamos negociaciones de cartón-piedra, no queríamos conversaciones disimuladas y no queríamos escenificaciones para justificar posicionamientos ideológicos que ya venían dictados desde fuera de Balears”, ha incidido. 

Costa ha subido al atril reconociendo sin paliativos que el PP no ha logrado recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una medida indispensable para dar luz verde a los próximos presupuestos y, como ya dejó entrever en noviembre, admitiendo que el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas de 2025. Pese a ello, el vicepresidente ha puesto en valor el fallido límite de gasto que aprobó el Consell de Govern el pasado 17 de octubre, cifrado en 6.924 millones de euros -361 millones más respecto a este año-, lamentando en su intervención que PSIB y Vox hayan “bloqueado” unos presupuestos que, entre otras cuestiones, pretendían “responder a la realidad actual de Balears, que afronta un incremento constante de presión demográfica sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y que necesita más profesionales, más infraestructuras y más inversión de manera inmediata”.

“Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Balears no tenga presupuestos a que este Govern haga su trabajo”, ha criticado, deslizando que “la decisión ya estaba tomada de antemano” y que “el 'no' estaba garantizado”.

En respuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha iniciado su intervención entre risas y felicitando a Costa por su “nominación a los Goya de este año como actor”, ha considerado que las cuentas autonómicas están “otra vez configuradas por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades, pero con una diferencia [respecto a las negociaciones de las cuentas de 2025] que debe grabarse a fuego en las actas de esta Cámara”: “El escenario ha cambiado drásticamente porque la confianza se ha roto”. “Cuatro meses después de haber cerrado unos presupuestos que nacieron tardíos y con fecha de caducidad, nos encontramos en esta situación y a los ciudadanos les debemos la verdad. No olvidemos ni permitamos que se olvide que en diciembre de 2024 tuvimos la obligación ética y política de tumbar sus cuentas. No fue un capricho, fue un acto de legítima defensa de la dignidad parlamentaria”, ha remarcado.

Vox: “Nuestra posición es inamovible”

Su negativa a apoyar tanto el techo de gasto como unos eventuales futuros presupuestos se basa, ha aseverado, en una razón “demoledora y simple”: “Ustedes -dirigiéndose a la bancada del PP- han demostrado carecer del activo más valioso y fundamental para gobernar con legitimidad: la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes y con los ciudadanos que les dieron su confianza”. La dirigente de extrema derecha ha asegurado que desde su partido no van a “entrar más en su juego de trampas” ni a “permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices llegadas de la calle Génova”: “Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos”.

Pese al rechazo frontal de los de Abascal, el vicepresidente del Ejecutivo regional, en su siguiente turno de palabra, les ha tendido la mano para iniciar una nueva negociación aunque en estos momentos no se den las circunstancias para ello. “Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará ahí”, ha apuntado: “Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos”.

El PSOE niega haber “llamado a Ferraz”

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de “no querer llegar a un acuerdo” con los socialistas: “A cada negociación iba añadiendo nuevas reglas”, ha espetado, ironizando que nunca ha negociado ninguna medida “para finalmente conseguir que no se apruebe”. “Yo creo que hay que elogiar su arte de negociar para que algo no se consiga, como el techo de gasto. Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido plenamente su objetivo. No quería techo de gasto porque no quería negociar unos presupuestos de verdad”, ha continuado. En esta línea, ha expresado que llegó a “pensar que estábamos negociando y me lo tomé en serio”.

En su intervención, el socialista ha asegurado que las dos únicas condiciones “económicas” que su grupo puso sobre la mesa fueron cuestiones que el ganinete de Prohens ya había propuesto: la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. En esta línea, ha asegurado que en ningún momento se le ocurrió “hacer una llamada telefónica a Ferraz” para negociar esas medidas y, en cambio, sí optó “por escuchar a la presidenta del Govern”, cuya ausencia en la sesión de este martes ha afeado: “Ella es la que no quiere escuchar el debate del techo de gasto. Se ha ido a Madrid para participar en un congreso nacional de policías. El resto estamos aquí para debatir sobre lo que es importante para esta comunidad autónoma”.

Las negociaciones, “puro teatro”

A continuación, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha referido a las discrepancias ideológicas que le separan del PP en cuanto al techo de gasto después de que Costa reprochara a la formación ecosoberanista, a Més per Menorca y a Unidas Podemos “haber descartado desde el primer momento cualquier posibilidad de acuerdo”, lo que para el vicepresidente es una “posición legítima” y una postura “coherente con su ideario”, pero no “una posición responsable ni beneficiosa, porque renuncian al diálogo y no contribuyen a la mejora del bienestar de la ciudadanía de estas islas”.

El ecosoberanista ha recriminado que el Govern no tenía intención de aprobar el techo de gasto por cálculo electoralista. “Si ahora digo que los cuatro diputados de Més per Mallorca votamos a favor, le da tal parraque que no hay quien le levante de la silla”, ha ironizado.

En esta línea, Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado la forma de conducir las negociaciones por parte del Ejecutivo del PP y el hecho de que, a su juicio, éste nunca ha tenido intención de materializar acuerdo alguno. Para el menorquinista, las negociaciones han sido “puro teatro”, recordando que el Govern “no aceptó absolutamente ninguna” de las medidas que propuso a cambio de apoyar el techo de gasto. “Ahora yo le pregunto: ¿qué estaba dispuesto a ceder en las negociaciones? Nos dijo que los impuestos son intocables. ¿Qué quería usted negociar?”. En su réplica, Costa ha aseverado que lo citó a las negociaciones “por el respeto” que le debe “como diputado de esta Cámara y como portavoz del grupo parlamentario”, espetando a continuación al ecosoberanista: “A la próxima me lo pensaré dos veces”.

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha lamentado las políticas fiscales del Ejecutivo, justificando su rechazo al techo de gasto en el hecho de que las políticas del Govern “no se hacen por el bien de la ciudadanía”. El parlamentario de la formación morada ha apuntado que, en el marco de las negociaciones con el grupos, mantuvo una “cordial y breve charla” en la que emplazó al Ejecutivo a recuperar el impuesto de sucesiones “para que al menos no se repitiera la indecencia” de que los tres mayores herederos de las islas “hayan escatimado a las arcas públicas 55 millones de euros cada uno, que suponemos que no habrán ido a la economía productiva del país”.

“Seguramente se lo estén gastando en ladrillo o a lo mejor son de esos que compran las cosas con ese dinero”, ha señalado García, quien ha abundado en que la intención de su partido pasa por recuperar las figuras fiscales que suprimió el Govern de Prohens nada más arrancar la legislatura “para que pague más el que más tiene”.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha reconocido que confiaba en una sorpresa de última hora, aunque ha lamentado que se ha confirmado que PSIB y Vox “no iban en serio y que solo lanzaban envites para ganar tiempo”. Respecto a los de Abascal, los ha acusado, en línea de Costa, de no apoyar el techo de gasto porque “no cuentan con la autorización de Bambú”, mientras que ha achacado el 'no' del PSOE a la “debilidad” del partido a nivel nacional y del Gobierno central. “La pregunta que tendríamos que hacernos es por qué en todas las comunidades en las que el PP gobierna en minoría, Vox ha votado en contra de los presupuestos”, ha abundado después el vicepresidente, quien ha defendido que el Govern ha cumplido “al pie de la letra” todos los acuerdos rubricados con la formación de extrema derecha. “No sé si Vox puede decir lo mismo”, ha sentenciado.

El PP dóna per perduda, “excepte sorpresa d'última hora”, l'aprovació del sostre de despesa de Balears, la convalidació del qual serà aquest dimarts sotmesa a debat al Parlament. Com ha posat de manifest el seu portaveu, Sebastià Sagreras, els conservadors no han aconseguit reunir els suports suficients per tirar endavant la mesura, tot i haver assenyalat Vox com el seu “soci prioritari” a les negociacions. La formació d'extrema dreta ha confirmat que votarà en contra de la convalidació, acusant els populars de “mentir” quan assenyalen que més del 90% del seu programa de govern ja ha estat complert i quan neguen conèixer les exigències dels de Santiago Abascal: “Saben perfectament el que volem, que no ens contin històries”.

Amb tot, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha eludit enumerar aquestes condicions davant els mitjans que li han preguntat per això, i ha sortit al pas asseverant: “Vostès, que no són a les reunions, saben perfectament el que Vox ha exigit. Per tant, imaginin els que són a les reunions i ho saben”, insinuant que les demandes formen part d'un marc comú que el PP no està complint. Malgrat que els populars van donar resposta a una de les condicions que el partit d'extrema dreta va posar sobre la taula -el lliurament d'un calendari de compliment dels acords subscrits amb Vox-, els de Bambú no es donen per satisfets i acusen els de Prohens de desinterès negociador: “Estem a l'espera que el PP ens pugui dir alguna cosa que per a nosaltres sigui seriosa, no mentides ni estafes com ens han fet en altres moments d'aquesta legislatura”.

El PP, per la seva banda, assumeix que el sostre de despesa està pràcticament perdut. “En aquests moments no tenim els vots necessaris per aprovar aquest sostre de despesa”, ha reconegut Sagreras, qui ha recordat que, en les trobades mantingudes la setmana passada amb Vox i PSIB-PSOE per abordar aquest assumpte, “ja pràcticament es va descartar”. “El Partit Socialista seguia demanant el mateix que en la primera ronda de negociacions i va deixar ben clar que, tot i que només parlaven del sostre de despesa, en cap cas sumarien els seus vots a l'aprovació dels Pressupostos, que és una de les premisses del PP”, ha assenyalat. Respecte als d'Abascal, ha apuntat que “es van comprometre amb nosaltres a fer un intercanvi de documents amb noves propostes que en aquests moments encara no ens han arribat”.

En qualsevol cas, ha subratllat que la seva formació “compleix amb el sostre de despesa en el Parlament” i ha fet “una última crida” a Vox per a “rectifiqui”, s'abstingui i permeti que el sostre de despesa sigui convalidat per a iniciar la tramitació dels comptes autonòmics de 2026. En aquest sentit, ha expressat que “lamentaria” que tant PSIB com la formació d'extrema dreta “tornin anteposar els interessos partidistes nacionals de [Pedro] Sánchez i Abascal als interessos de Balears”.

El passat 17 d'octubre, el Consell de Govern va aprovar el sostre de despesa no financera -pas previ a la redacció dels pressupostos-, que, en paraules del vicepresident primer, Antoni Costa, és “el més alt de la història”: 6.924 milions d'euros, 361 milions més respecte a enguany, i gairebé 1.000 milions més que quan els populars van assumir el poder a l'estiu de 2023.

Per part seva, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminat que el Govern mai ha tingut intenció de tirar endavant el sostre de despesa. “El PSIB ha intentat arribar a un acord perquè hi hagués sostre de despesa, però el PP no ha negociat. Es veuen les formes d'un Govern que el que cerca és un 'no' al seu sostre de despesa i que algú ens haurà d'explicar. Ha estat una negociació per a no arribar a un acord”, ha etzibat. El socialista ha subratllat que prova de la seva voluntat d'arribar a un acord han estat les seves exigències en qüestions en matèria econòmica que el mateix Executiu havia proposat, com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i del cànon de l'aigua i la creació d'un nou impost que gravi els 'rent a car' matriculats fora de les illes. 

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha estat més gràfic, ha considerat que el debat que tindrà lloc aquest dimarts serà “un teatre”: “No sé quin serà el gènere que es representarà, si serà comèdia o tragèdia, però en qualsevol cas serà un teatre”, ha incidit. Al seu parer, cap de les tres parts implicades en les negociacions ha tingut mai una intenció real de treure la mesura endavant per motius principalment electoralistes. “Sospito que aquest dimarts omplirem les notícies de titulars, però farem un escàs servei a la ciutadania”, ha lamentat.

En aquesta línia, ha confiat que el fet que es tombi el sostre de despesa i -com ja va avançar el Govern en cas que així succeeixi- es prorroguin els pressupostos d'enguany “no afecti els serveis per a la ciutadania”. “La major part d'aquest increment de capacitat de despesa es podrà fer via incorporació extraordinària de crèdit. I hi ha una cosa que tal vegada no és molt habitual en l'esquerra, però tenir més despesa pública no és 'per se' un element positiu: depèn d'en què ho gasti. Si és per a més segregació lingüística, més promoció turística o modificacions fiscals per als rics, no seria positiu”, ha conclòs el ecosoberanista.

Finalment, el diputat no adscrit Xisco Cardona ha demanat Vox, el seu antic partit, que “tingui la decència d'abstenir-se” per a evitar un bloqueig.

El PP da por perdida, “salvo sorpresa de última hora”, la aprobación del techo de gasto de Balears, cuya convalidación será este martes sometida a debate en el Parlament. Como ha puesto de manifiesto su portavoz, Sebastià Sagreras, los conservadores no han logrado reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la medida, a pesar de haber señalado a Vox como su “socio prioritario” en las negociaciones. La formación de extrema derecha ha confirmado que votará en contra de la convalidación, acusando a los populares de “mentir” cuando señalan que más del 90% de su programa programa de gobierno ya ha sido cumplido y cuando niegan conocer las exigencias de los de Santiago Abascal: “Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias”.

Con todo, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha eludido enumerar esas condiciones ante los medios que le han preguntado por ello, y ha salido al paso aseverando: “Ustedes, que no están en las reuniones, saben perfectamente lo que Vox ha exigido. Por lo tanto, imagínense los que están en las reuniones y lo saben”, insinuando que las demandas forman parte de un marco común que el PP no está cumpliendo. Pese a que los populares dieron respuesta a una de las condiciones que el partido de extrema derecha puso sobre la mesa -la entrega de un calendario de cumplimiento de los acuerdos suscritos con Vox-, los de Bambú no se dan por satisfechos y acusan a los de Prohens de desinterés negociador: “Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, no mentiras ni estafas como nos han hecho en otros momentos de esta legislatura”.

El PP, por su parte, asume que el techo de gasto está prácticamente perdido. “En estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar este techo de gasto”, ha reconocido Sagreras, quien ha recordado que, en los encuentros mantenidos la semana pasada con Vox y PSIB-PSOE para abordar este asunto, “ya prácticamente se descartó”. “El Partido Socialista seguía pidiendo lo mismo que en la primera ronda de negociaciones y dejó bien claro que, aunque solo hablaban del techo de gasto, en ningún caso sumarían sus votos a la aprobación de los Presupuestos, que es una de las premisas del PP”, ha señalado. Respecto a los de Abascal, ha apuntado que “se comprometieron con nosotros a hacer un intercambio de documentos con nuevas propuestas que en estos momentos todavía no nos han llegado”.  

En cualquier caso, ha subrayado que su formación “cumple con el techo de gasto en el Parlament” y ha hecho “un último llamamiento” a Vox para “rectifique”, se abstenga y permita que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026. En este sentido, ha expresado que “lamentaría” que tanto PSIB como la formación de extrema derecha “vuelvan anteponer los intereses partidistas nacionales de [Pedro] Sánchez y Abascal a los intereses de Balears”.

El pasado 17 de octubre, el Consell de Govern aprobó el techo de gasto no financiero, paso previo a la redacción de los Presupuestos, que, en palabras del vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, es “el más alto de la historia”: 6.924 millones de euros, 361 millones más respecto a este año, y casi 1.000 millones más que cuando los populares asumieron el poder en verano de 2023.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminado que el Govern nunca ha tenido intención de sacar adelante el techo de gasto. “El PSIB ha intentado llegar a un acuerdo para que hubiese techo de gasto, pero el PP no ha negociado. Se ven las formas de un Govern que lo que busca es un 'no' a su techo de gasto y que alguien nos tendrá que explicar. Ha sido una negociación para no llegar a un acuerdo”, ha espetado. El socialista ha subrayado que prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo han sido sus exigencias en cuestiones en materia económica que el mismo Ejecutivo había propuesto, como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del canon del agua y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. 

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido más gráfico al considerar que el debate que tendrá lugar este martes será “un teatro”: “No sé cuál será el género que se representará, si será comedia o tragedia, pero en cualquier caso será un teatro”, ha incidido. A su parecer, ninguna de las tres partes implicadas en las negociaciones ha tenido nunca una intención real de sacar la medida adelante por motivos principalmente electoralistas. “Sospecho que este martes llenaremos las noticias de titulares, pero haremos un escaso servicio a la ciudadanía”, ha lamentado.

En esta línea, ha confiado en que el hecho de que se tumbe el techo de gasto y -como ya adelantó el Govern en caso de que así suceda- se prorroguen los presupuestos de este año “no afecte a los servicios para la ciudadanía”. “La mayor parte de este incremento de capacidad de gasto se podrá hacer vía incorporación extraordinaria de crédito. Y hay una cosa que tal vez no sea muy habitual en la izquierda, pero tener más gasto público no es 'per se' un elemento positivo: depende de en qué lo gaste. Si es para más segregación lingüística, más promoción turística o modificaciones fiscales para los ricos, no sería positivo”, ha zanjado el ecosoberanista.

Finalmente, el diputado no adscrito Xisco Cardona también ha pedido a Vox, su antiguo partido, que “tenga la decencia de abstenerse” para evitar un bloqueo.

La Fiscalia investiga la Diputació de València per contractar, mitjançant el procediment d’urgència, diverses empreses per a regenerar la muntanya cremada el 2 de novembre de 2023 arran de l’incendi de Montitxelvo. Les contractacions i els pagaments, amb un cost d’1,5 milions d’euros, es van fer en contra del criteri de la Intervenció General de la Diputació, tant per la forma de tramitació administrativa com perquè els terrenys sobre els quals es va actuar eren majoritàriament privats: 1.400 de les 2.000 hectàrees abrasades.

Arran d’una denúncia de la portaveu de Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, la Fiscalia ha incoat diligències i ha designat un fiscal instructor que investiga els fets des del 14 de novembre passat per dos presumptes delictes: prevaricació i malversació de cabals públics. De moment, no investiga cap persona concreta, però els contractes van ser fets per la Delegació de Medi Ambient que dirigeix el diputat Avelino Mascarell. A més, van ser necessaris els vots en el ple dels tres grups polítics que sustenten la majoria en l’ens provincial —Partit Popular, Vox i Ens Uneix— per a alçar les objeccions dels tècnics, que s’oposaven al fet que s’executaren les faenes sobre terrenys de particulars i, sobretot, que es pagaren.

L’incendi de Montitxelvo es va produir el 2 de novembre de 2023 i va cremar un total de 2.500 hectàrees, que van afectar els termes municipals de Terrateig, Montitxelvo i Aielo de Rugat a la Vall d’Albaida, i Ador, Castellonet de la Conquesta, la Font d’en Carròs i Vilallonga a la Safor, i va obligar a desallotjar més d’un miler de veïns de la major part d’aquests municipis i els seus nuclis poblacionals, així com a confinar el municipi d’Ador. Fins al 3 de juliol de 2024, huit mesos després, no es va decretar per part del president de la Diputació de València, Vicente Mompó, la urgència per a actuar.

Com que la major part dels terrenys cremats eren de fins a 600 particulars, Mompó també va haver de signar uns convenis amb els propietaris on s’havia d’intervindre, que no es van arribar a rubricar fins al 21 de març de 2025. Malgrat no disposar dels convenis amb els particulars, es van contractar les faenes i es van començar a executar i a pagar, cosa va suposar una de les primeres objeccions de la Intervenció General de la Diputació de València.

El 25 d’abril de 2025 es va emetre per part de la Intervenció un segon informe desfavorable que apuntava el mateix problema: “Com que hi ha actuacions en terrenys privats (3/4 del total), hauran de desglossar-se les parcel·les segons la titularitat i disposar de crèdit amb càrrec a aplicacions pressupostàries diferenciades, i incloure en l’expedient l’instrument jurídic oportú que fonamenta la seua tramitació”.

Segons la denúncia a què ha tingut accés elDiario.es, la Diputació de València hauria comés diverses irregularitats que la Fiscalia haurà de dirimir si constitueixen algun il·lícit penal. En concret, i segons proposa Compromís, la falta de formalització dels contractes d’emergència; l’incompliment dels contractes d’emergència i la seua tramitació; actuacions en terrenys privats on no s’ha acreditat la titularitat individual de cada parcel·la afectada; l’execució de les faenes fora dels termes legals i la superació del límit d’un mes en la declaració d’emergència i d’un any per a actuar en les parcel·les de la zona zero; i nombrosos errors en les certificacions, especialment per no aplicar el recàrrec del 4% sobre la taxa de servei de la direcció i la inspecció d’obres.

El maig del 2025 es van tornar a presentar les factures a fiscalització, que va mantindre el criteri desfavorable de la Intervenció. Es tractava de la tercera objecció que va haver de dur-se a ple perquè poguera ser alçada i continuar amb les actuacions i els pagaments, que s’havien suspés el setembre del 2024.

Defensa en els expedients per part de Medi Ambient

Aquest diari s’ha posat en contacte amb la Diputació de València, que no ha respost a la petició d’informació. Sí que es pot extraure la versió de l’entitat supramunicipal en les al·legacions que el Departament de Medi Ambient va presentar a la Intervenció General:

“Es defensa la legalitat material de les actuacions executades, basades en l’emergència, l’interés general i la impossibilitat real de seguir una tramitació ordinària, tant en la contractació com en la concessió de subvencions directes en espècie als propietaris de parcel·les forestals de titularitat privada, havent-se signat un conveni de col·laboració amb les administracions públiques propietàries de les parcel·les forestals de titularitat pública, en què s’establia el compromís de recaptar el consentiment dels particulars afectats en les seues propietats. En tot moment s’han respectat els principis de legalitat, eficàcia i servei públic. Les actuacions eren necessàries i urgents, ordenades a l’empara de l’article 120 LCSP i fonamentades en la normativa forestal aplicable, tal com s’ha exposat en aquest informe, i no hi ha enriquiment injust ni perjudici per a la Hisenda local”, diu l’argumentació del departament dirigit per Avelino Mascarell.

Per part seua, des de la Intervenció de la Diputació de València van replicar que corresponia als titulars de les parcel·les “donar compliment a l’obligació legal d’adoptar les mesures preventives necessàries davant els danys catastròfics derivats dels incendis forestals, i que les actuacions que es determinen per al compliment d’aquest deure específic són d’assumpció obligatòria per a ells”. És a dir, l’ens provincial hauria d’haver implicat els 600 propietaris aproximadament en la seua obligació per a la restauració i per a evitar futures catàstrofes.

En aquest sentit, Medi Ambient es va justificar:

“El plantejament inicial del Servei de Medi Ambient, d’acord amb la normativa invocada al llarg de la tramitació de l’expedient, va ser fer prevaldre l’interés públic sobre el benefici particular. La intervenció plantejada sobre la zona afectada per l’incendi en cap moment s’ha orientat a beneficiar patrimonialment els titulars privats de les parcel·les forestals, sinó a salvaguardar l’interés general després del desastre natural causat, i donar compliment a les exigències d’actuació immediata amb caràcter d’emergència (any zero) que preveu la normativa forestal (art. 152 del Reglament Forestal), que comprén una sèrie d’accions que, en la mesura que puguen tindre conseqüències positives de primordial importància per al medi ambient per preveure la mitigació del risc de nous incendis, de desertització o restauració de masses forestals, s’entendrà que obeeixen a raons imperioses d’interés públic de primer ordre (art. 10 Patfor)”.

De moment, la Diputació de València ha previst 1,5 milions d’euros públics per a restaurar la muntanya després de l’incendi, però en parcel·les privades. Han d’assumir els propietaris aquest cost? És lícit que no se’ls sol·licite el cost de la restauració? Estan legalment ben gastats aquests fons? Aquestes preguntes i la seua responsabilitat penal seran les que haja d’aclarir la Fiscalia, que ja està mans a l’obra.

La Fiscalía investiga a la Diputación de Valencia por contratar, mediante el procedimiento de urgencia, a varias empresas para regenerar el monte quemado el 2 de noviembre de 2023 tras el incendio de Montitxelvo. Las contrataciones y los pagos, con un coste de 1,5 millones de euros, se realizaron en contra del criterio de la Intervención General de la Diputación, tanto por la forma de tramitación administrativa como porque los terrenos sobre los que se actuó eran mayoritariamente privados: 1.400 de las 2.000 hectáreas abrasadas.

Tras una denuncia de la portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, la Fiscalía ha incoado diligencias y ha designado a un fiscal instructor que investiga los hechos desde el pasado 14 de noviembre por dos presuntos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos. De momento, no se está investigando a ninguna persona concreta, pero los contratos fueron realizados por la delegación de Medio Ambiente que dirige el diputado Avelino Mascarell. Además, fueron necesarios los votos en el pleno de los tres grupos políticos que sustentan la mayoría en el ente provincial —Partido Popular, Vox y Ens Uneix— para levantar los reparos de los técnicos, que se oponían a que se ejecutaran los trabajos sobre terrenos de particulares y, sobre todo, a que se pagaran.

El incendio de Montitxelvo se produjo el 2 de noviembre de 2023 y quemó un total de 2.500 hectáreas, que afectaron a los términos municipales de Terrateig, Montitxelvo y Aielo de Rugat en la Vall d’Albaida, y Ador, Castellonet, Font d’en Carròs y Villalonga en la Safor, y obligó a desalojar a más de un millar de vecinos de la mayoría de estos municipios y sus núcleos poblacionales, así como a confinar al municipio de Ador. Hasta el 3 de julio de 2024, ocho meses después, no se decretó por parte del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la urgencia para actuar.

Como la mayoría de los terrenos quemados eran de hasta 600 particulares, Mompó también tuvo que firmar unos convenios con los propietarios donde se debía intervenir, que no se llegaron a rubricar hasta el 21 de marzo de 2025. Pese a no disponer de los convenios con los particulares, se contrataron los trabajos y se empezaron a ejecutar y a pagar, lo que supuso uno de los primeros reparos de la Intervención General de la Diputación de Valencia.

El 25 de abril de 2025 se emitió por parte de la Intervención un segundo informe desfavorable que apuntaba al mismo problema: “Dado que hay actuaciones en terrenos privados (3/4 del total), deberá desglosarse las parcelas según la titularidad y disponer de crédito con cargo a aplicaciones presupuestarias diferenciadas, e incluir en el expediente el instrumento jurídico oportuno que fundamenta su tramitación”.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Diputación de Valencia habría cometido diversas irregularidades que la Fiscalía deberá dirimir si constituyen algún ilícito penal. En concreto, y según propone Compromís, la falta de formalización de los contratos de emergencia; el incumplimiento de los contratos de emergencia y su tramitación; actuaciones en terrenos privados donde no se ha acreditado la titularidad individual de cada parcela afectada; la ejecución de los trabajos fuera de los términos legales y la superación del límite de un mes en la declaración de emergencia y de un año para actuar en las parcelas de la zona cero; y numerosos errores en las certificaciones, especialmente al no aplicar el recargo del 4% sobre la tasa de servicio de la dirección e inspección de obras.

En mayo de 2025 se volvieron a presentar las facturas a fiscalización, que mantuvo el criterio desfavorable de la Intervención. Se trataba del tercer reparo que tuvo que llevarse a pleno para que pudiera ser levantado y seguir con las actuaciones y los pagos, que se habían suspendido en septiembre de 2024.

Defensa en los expedientes por parte de Medio Ambiente

Este periódico se ha puesto en contacto con la Diputación de Valencia, que no ha respondido a la petición de información. Sí se puede extraer la versión de la entidad supramunicipal en las alegaciones que el departamento de Medio Ambiente presentó a la Intervención General:

“Se defiende la legalidad material de las actuaciones ejecutadas, basadas en la emergencia, el interés general y la imposibilidad real de seguir una tramitación ordinaria, tanto en la contratación como en la concesión de subvenciones directas en especie a los propietarios de parcelas forestales de titularidad privada, habiéndose firmado un convenio de colaboración con las administraciones públicas propietarias de las parcelas forestales de titularidad pública, en el que se establecía el compromiso de recabar el consentimiento de los particulares afectados en sus propiedades. En todo momento se han respetado los principios de legalidad, eficacia y servicio público. Las actuaciones eran necesarias y urgentes, ordenadas al amparo del artículo 120 LCSP y fundamentadas en la normativa forestal aplicable, tal y como se ha expuesto en este informe, y no hay enriquecimiento injusto ni perjuicio para la Hacienda Local”, reza la argumentación del departamento dirigido por Avelino Mascarell.

Por su parte, desde la Intervención de la Diputación de Valencia replicaron que correspondía a los titulares de las parcelas “dar cumplimiento a la obligación legal de adoptar las medidas preventivas necesarias frente a los daños catastróficos derivados de los incendios forestales, y que las actuaciones que se determinen para el cumplimiento de dicho deber específico son de asunción obligatoria para ellos”. Es decir, el ente provincial debería haber implicado a los alrededor de 600 propietarios en su obligación para la restauración y para evitar futuras catástrofes.

En ese sentido, Medio Ambiente se justificó:

“El planteamiento inicial del servicio de Medio Ambiente, en consonancia con la normativa invocada a lo largo de la tramitación del expediente, fue primar el interés público sobre el beneficio particular. La intervención planteada sobre la zona afectada por el incendio en ningún momento se ha orientado a beneficiar patrimonialmente a los titulares privados de las parcelas forestales, sino a salvaguardar el interés general tras el desastre natural causado, y dar cumplimiento a las exigencias de actuación inmediata con carácter de emergencia (año cero) que prevé la normativa forestal (art. 152 del Reglamento Forestal), que comprende una serie de acciones que, en la medida en que puedan tener consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente por contemplar la mitigación del riesgo de nuevos incendios, de desertización o restauración de masas forestales, se entenderá que obedecen a razones imperiosas de interés público de primer orden (art. 10 PATFOR)”.

De momento, la Diputación de Valencia ha previsto 1,5 millones de euros públicos para restaurar el monte tras el incendio, pero en parcelas privadas. ¿Deben asumir los propietarios este coste? ¿Es lícito que no se les solicite el coste de la restauración? ¿Están legalmente bien gastados estos fondos? Estas preguntas y su responsabilidad penal serán las que tenga que aclarar la Fiscalía, que ya está manos a la obra.

El PP ha assegurat que les negociacions al voltant del sostre de despesa van “pel bon camí”, per la qual cosa espera rebre el suport dels Grups Parlamentaris de l'oposició per tirar endavant aquest tràmit pressupostari.

Així ho ha indicat la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, durant la roda de premsa prèvia al ple que se celebrarà aquest dimarts, ja que ha recalcat que al Govern fan les coses “com han de ser”, és a dir, amb “cautela”. D'aquesta manera, ha destacat que l'Executiu convocarà els diferents partits per exposar-los la seva proposta de sostre de despesa per a aquest 2025 i els posteriors pressupostos, per la qual cosa ha avançat que mantindrà un diàleg “rigorós”.

En aquest sentit, ha interpel·lat la resta de partits en ressaltar que aquest sostre de despesa augmenta en 350 milions d'euros, que es podrien destinar a la despesa social com la sanitat, educació o serveis socials, entre d'altres.

Consultada per si aquest dilluns hi haurà alguna reunió amb algun Grup Parlamentari per debatre el sostre de despesa, Duran ha al·legat que afronten aquest assumpte amb la “màxima discreció” i no sap si ho faran altres formacions però el PP es reunirà amb el Govern “aviat”.

El PSIB: “No demanarem impossibles”

Per la seva banda, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha assenyalat que la seva formació va mantenir una reunió “positiva” la setmana passada amb els dos vicepresidents del Govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarellas.

Durant la reunió, ha recordat, els socialistes van exposar a tots dos que “si cal parlar de manera seriosa sobre el sostre de despesa, el PSIB està disposat”. Per tant, s'han emplaçat a què es cridaran per a una segona reunió, en la qual es preveu que “parlaran de les principals reivindicacions de cada partit”.

“No demanarem impossibles, si no que farem un plantejament rigorós de qüestions que”, segons els socialistes, “la ciutadania persegueix que es facin i que, fins i tot, algunes d'elles són propostes per la presidenta Prohens --com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)--”, ha assegurat, apuntant que “seria estrany que diguessin que no a propostes de la pròpia presidenta”.

Al respecte, des del PSIB s'han mostrat disposats a cenyir-se a les xifres del sostre de despesa, com demanaven des del Govern, “sense cap problema”. No obstant això, han considerat que “cal fixar regles per a la negociació”, especialment, ha finalitzat Negueruela, “després del que va passar de tornar enrere acords”.

Vox insisteix que el PP “compleixi amb el pactat”

Mentrestant, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, s'ha referit al calendari que des del grup parlamentari havien sol·licitat al Govern per donar suport al sostre de despesa.

Cañadas ha dit que de moment no tenen cap data per als primers acords tot i que esperaven que el dia de la reunió amb el vicepresident primer del Govern, Antoni Costa, se'ls facilités dit calendari, “que està costant molt fer, sembla ser, al PP”. “No sé exactament què necessiten”, ha afegit, “perquè clar, ja han posat el sostre de despesa, que suposo que no trigarà gaire a anar a ple, i no tenen res pactat amb Vox”.

En tot cas, ha considerat que “el primer que s'ha de fer és complir amb el pactat i acordat anteriorment”. “No es pot presentar un sostre de despesa i uns pressupostos sense haver complert amb la paraula donada en els anteriors”, ha subratllat.

Més: “El Govern no podrà jugar a dues bandes”

També sobre aquest assumpte, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit al Govern que “no podrà jugar a dues bandes” en la negociació per a l'aprovació del sostre de despesa.

El portaveu ecosobiranista ha dit al respecte que va veure sortir Vox “molt content” de la reunió amb el Govern, la qual cosa “sols significar que Més no ho estarà gaire”. A més, ha afegit, “després de la traïció a la paraula donada amb la llei de memòria, el Govern té poc crèdit i no només pressupostari”, ha ironitzat.

No obstant això, si el Govern els convoca a una reunió, hi acudiran per “responsabilitat institucional”, i escoltaran la seva proposta, encara que ha assegurat que “si aquesta passa per seguir negociant amb Vox com a soci prioritari, poc tenen a parlar amb MÉS per Mallorca”.

En tot cas, ha finalitzat al respecte d'aquesta qüestió Apesteguia, “si volen parlar d'un país millor, pensat per a la seva gent, més sostenible, més democràtic, trobaran a MÉS, si no creuen en això i només juguen segons les seves necessitats i circumstàncies, que no busquin a MÉS perquè aquest és un partit bastant més seriós que pensar en els interessos que puguin tenir uns i altres demà passat”.

Cardona votarà a favor

Finalment, el diputat no adscrit Francisco Cardona ha avançat que votarà a favor del sostre de despesa i els Pressupostos del Govern per a 2026, per l'augment de la inversió per Menorca.

El parlamentari ha posat tres exemples pels quals considera que cap diputat per Menorca té “un altre camí que no sigui aprovar-los” o, en defecte, presentar alternatives.

En aquest sentit, ha citat construcció del nou centre de salut de Ciutadella, la reparació de la carretera general de Menorca en el tram que va entre Maó i Alaior, i l'elaboració d'un estudi preliminar per a la licitació d'una dessaladora al Llevant de Menorca.

En el cas de Ciutadella, ha subratllat que el municipi té més de 30.000 habitants i un centre de salut “obsolet”, per la qual cosa, a parer seu, era una localitat “abandonada” des del punt de vista sanitari.

Cardona ha puntualitzat que amb aquest nou centre, amb un pressupost de 20 milions d'euros, es podran fer intervencions quirúrgiques ambulatòries i programar consultes per a “tot tipus d'especialitats”.

El PP ha asegurado que las negociaciones en torno al techo de gasto van “por el buen camino”, por lo que espera recibir el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la oposición para sacar adelante este trámite presupuestario.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, ya que ha recalcado que en el Govern hacen las cosas “como tienen que ser”, es decir, con “cautela”. De este modo, ha destacado que el Ejecutivo convocará a los diferentes partidos para exponerles su propuesta de techo de gasto para este 2025 y los posteriores presupuestos, por lo que ha avanzado que mantendrá un diálogo “riguroso”.

En ese sentido, ha interpelado al resto de partidos al resaltar que este techo de gasto aumenta en 350 millones de euros más, que se podrían destinar al gasto social como la sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.

Consultada por si este lunes habrá alguna reunión con algún Grupo Parlamentario para debatir el techo de gasto, Duran ha alegado que afrontan este asunto con la “máxima discreción” y no sabe si lo harán otras formaciones pero el PP se reunirá con el Govern “pronto”.

El PSIB: “No pediremos imposibles”

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha señalado que su formación mantuvo una reunión “positiva” la semana pasada con los dos vicepresidentes del Govern, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas.

Durante la reunión, ha recordado, los socialistas expusieron a ambos que “si hay que hablar de manera seria sobre el techo de gasto, el PSIB está dispuesto”. Por tanto, se han emplazado a que se llamarán para una segunda reunión, en la que se prevé que “hablarán de las principales reivindicaciones de cada partido”.

“No pediremos imposibles, si no que haremos un planteamiento riguroso de cuestiones que”, según los socialistas, “la ciudadanía persigue que se hagan y que, incluso, algunas de ellas son propuestas por la presidenta Prohens --como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)--”, ha asegurado, apuntando que “sería raro que dijeran que no a propuestas de la propia presidenta”.

Al respecto, desde el PSIB se han mostrado dispuestos a ceñirse a las cifras del techo de gasto, como pedían desde el Govern, “sin ningún problema”. No obstante, han considerado que “hay que fijar reglas para la negociación”, especialmente, ha finalizado Negueruela, “después de lo que ocurrió de volver atrás acuerdos”.

Vox insiste en que el PP “cumpla con lo pactado”

Mientras tanto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha referido al calendario que desde el grupo parlamentario habían solicitado al Govern para apoyar el techo de gasto.

Cañadas ha dicho que de momento no tienen ninguna fecha para los primeros acuerdos a pesar de que esperaban que el día de la reunión con el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, se les facilitara dicho calendario, “que está costando mucho hacer, parece ser, al PP”. “No sé exactamente qué necesitan”, ha añadido, “porque claro, ya han puesto el techo de gasto, que supongo que no tardará mucho en ir a pleno, y no tienen nada pactado con Vox”.

En todo caso, ha considerado que “lo primero que se tiene que hacer es cumplir con lo pactado y acordado anteriormente”. “No se puede presentar un techo de gasto y unos presupuestos sin haber cumplido con la palabra dada en los anteriores”, ha subrayado.

Més: “El Govern no podrá jugar a dos bandas”

También sobre este asunto, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido al Govern de que “no podrá jugar a dos bandas” en la negociación para la aprobación del techo de gasto.

El portavoz ecosoberanista ha dicho al respecto que vio salir a Vox “muy contento” de la reunión con el Govern, lo cual “suele significar que Més no lo estará mucho”. Además, ha añadido, “después de la traición a la palabra dada con la ley de memoria, el Govern tiene poco crédito y no solo presupuestario”, ha ironizado.

No obstante, si el Govern les convoca a una reunión, acudirán por “responsabilidad institucional”, y escucharán su propuesta, aunque ha asegurado que “si esta pasa por seguir negociando con Vox como socio prioritario, poco tienen que hablar con MÉS per Mallorca”.

En todo caso, ha finalizado al respecto de esta cuestión Apesteguia, “si quieren hablar de un país mejor, pensado para su gente, más sostenible, más democrático, encontrarán a MÉS, si no creen en ello y solo juegan según sus necesidades y circunstancias, que no busquen a MÉS porque este es un partido bastante más serio que pensar en los intereses que puedan tener unos y otros pasado mañana”.

Cardona votará a favor

Finalmente, el diputado no adscrito Francisco Cardona ha adelantado que votará a favor del techo de gasto y los Presupuestos del Govern para 2026, por el aumento de la inversión para Menorca.

El parlamentario ha puesto tres ejemplos por los que considera que ningún diputado por Menorca tiene “otro camino que no sea aprobarlos” o, en su defecto, presentar alternativas.

En ese sentido, ha citado construcción del nuevo centro de salud de Ciutadella, la reparación de la carretera general de Menorca en el tramo que va entre Maó y Alaior, y la elaboración de un estudio preliminar para la licitación de una desaladora en el Llevant de Menorca.

En el caso de Ciutadella, ha subrayado que el municipio tiene más de 30.000 habitantes y un centro de salud “obsoleto”, por lo que, a su manera de ver, era una localidad “abandonada” desde el punto de vista sanitario.

Cardona ha puntualizado que con este nuevo centro, con un presupuesto de 20 millones de euros, se podrán hacer intervenciones quirúrgicas ambulatorias y programar consultas para “todo tipo de especialidades”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con el apoyo en solitario del PSOE y el voto en contra de PP y Vox, el techo de gasto propuesto para el Gobierno regional para el próximo año 2026.

Un techo de gasto que ascenderá a los 9.009,9 millones de euros para, lo que supone un aumento del 8,2% al proyectado en 2025, con un total de 686 millones de euros más en términos absolutos.

Un asunto que no se ha sustanciado con acuerdo entre el Gobierno, que ha defendido su actuación y ha asegurado que este incremento se produce sin subida de impuestos, y la oposición, que ha contradicho este extremo y ha acusado al Ejecutivo autonómico de imponer un “infierno fiscal” a los ciudadanos castellanomanchegos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha abierto el debate, ha explicado que con este techo de gasto, desde el Gobierno regional van a poder afrontar “las prioridades y compromisos” con la ciudadanía y “fortalecer la cohesión social con la consolidación del estado de bienestar” a la vez que contribuir al crecimiento de la Comunidad Autónoma mediante el impulso a la actividad empresarial y la creación de empleo.

El responsable de la Hacienda regional ha detallado que el techo de gasto está elaborado con una expectativa de crecimiento del PIB del 2,5% en este año y del 1,9% para 2026, pero a pesar de ello han sido “muy prudentes” en sus proyecciones económicas, teniendo también en cuenta el clima “inestable” de la política actual y las consecuencias del impacto que pudiera tener la política arancelaria de Estados Unidos.

En este sentido, ha aseverado que las proyecciones económicas que se han tenido en cuenta por parte de su Consejería están “avaladas” por la AIReF.

En todo caso, y a pesar de la “falta de información” acerca de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, Juan Alfonso Ruiz Molina ha puesto en valor que “con independencia de la senda de déficit” que corresponda a las comunidades autónomas, el Gobierno regional se ha fijado como objetivo para 2026 el equilibrio presupuestario con “déficit cero”.

“No queremos incrementar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio”, ha reiterado, incidiendo también en que pretenden además “seguir reduciendo la carga de intereses” a través de la refinanciación de la deuda, una práctica que ha permitido en estos años un ahorro que ha cifrado en 170 millones de euros.

De ahí, ha dicho, la “importancia” que desde Castilla-La Mancha se otorga a la condonación de la deuda, animando a PP y Vox a que lean el texto aprobado en el Consejo de Ministros “vistas las declaraciones erróneas y las tergiversaciones que están realizando en relación con este asunto”.

“Para Castilla-La Mancha, desde luego, la condonación propuesta por el Gobierno de España supone una reducción de nuestra deuda de 4.927 millones de euros, que viene a ser el 36,5% de los préstamos que mantenemos con el FLA y supone un ahorro para los próximos diez años de la nada despreciable cifra de 760 millones de euros”, ha razonado.

Y todo ello hablando no solo de “congelación fiscal” sino de “reducción de la presión fiscal” en base a desgravaciones que se han venido aprobando en los últimos años y que “están beneficiando a nuestras familias, a nuestros jóvenes y contribuyendo a la lucha contra la despoblación”.

En este punto, ha enfatizado que el aumento del 8,2% en el techo de gasto para el próximo año 2026 “no supondrá en ningún caso un aumento de los impuestos, sino todo lo contrario”.

Por todo ello, ha considerado que el PP y Vox “no tienen excusa” para rechazar este techo de gasto teniendo en cuenta que, ha añadido, no implica una subida de impuestos y endeudamiento y supone un aumento de 686 millones con respecto al ejercicio anterior para su distribución entre las distintas partidas de gasto.

Así, ha comentado que “tiempo tendrán” los dos partidos de la oposición para manifestarse a favor o en contra de la distribución del gasto cuando se presenten los presupuestos regionales para 2026.

El PP habla de “expolio fiscal”

Mientras, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha acusado también al Ejecutivo regional de llevar a cabo un “expolio fiscal” por el que “le va bien sobre el papel, sigue recaudando cada vez más con la inflación y los ciudadanos siguen empobreciéndose de manera paulatina”.

“Y puesto que toda la recaudación que ustedes vienen obteniendo durante todo este tiempo procede principalmente de empobrecer a los ciudadanos, lo lógico sería que, por lo menos, revirtiese en una mejora de los servicios públicos o que, al menos, también se hubiese dignado a bajar impuestos”, ha continuado.

Así, ha aseverado que las políticas sociales se están manteniendo en la región “gracias a profesionales, ayuntamientos y entidades sociales” a los que el Gobierno autonómico “ahoga y revienta las cajas y las tesorerías locales”. “Si no gastan o gastan mal, no pueden contar con el Partido Popular”, ha concluido.

Vox critica la “ingeniería presupuestaria”

Por parte de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado que el techo de gasto haya sido calculado con un crecimiento del PIB del 1,9% para 2026 “mientras que la AIReF y otras entidades lo ponen en el 1,7%”, acusando a Ruiz Molina de realizar “ingeniería presupuestaria” para “camuflar el endeudamiento”.

Cobo ha hecho hincapié en que la ciudadanía está obligada a “soportar impuestos y más impuestos” en la Comunidad Autónoma, afirmando que el incremento del techo de gasto “viene solo” del incremento en la recaudación impositiva.

“Esta política de presión fiscal a base de subidas de impuestos y de resultados inflacionistas son consecuencia de sus políticas recaudatorias, dejando de lado a las familias que no las pueden asumir”, ha concluido.

El PSOE defiende que el techo de gasto servirá “para crecer”

Finalmente, por parte del PSOE, Silvia Fernández ha puesto en valor que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha llevado a cabo “un esfuerzo considerable” desde el año 2015 para promover “el desarrollo económico y la generación de empleo”, así como reforzar la protección del estado de bienestar, luchar contra la despoblación, impulsar la transformación digital y progresar en el proceso de transformación ecológica.

Fernández ha aseverado que el proyectado para 2026 es un techo de gasto de 9.000 millones “para crecer, no para retroceder”, considerando que un incremento del 8,2% con respecto a 2025 refleja “la fortaleza económica y la estabilidad política” de la región.

La diputada socialista ha afirmado que este techo de gasto es “un ejemplo de responsabilidad financiera” ya que no se recurre al endeudamiento y cree que Ruiz Molina ha dado “razones suficientes” como para que PP y Vox pudieran haber votado a favor, considerando que su voto en contra es “una vez más, poner palos en las ruedas a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos”.

El próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del 25 de septiembre debatirá y votará el 'techo de gasto' de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026, en una sesión en la que también se desarrollarán tres debates generales sobre agricultura, ganadería y financiación autonómica.

El primer punto de esta sesión, que arrancará a las 10:00 horas, consiste en la ratificación del convenio de colaboración en materia de sanidad entre la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León, firmado a principios de julio por los respectivos presidentes, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco.

A continuación, según informa el Parlamento regional, tendrá lugar el debate sobre el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Junta para 2026, el también llamado 'techo de gasto'. De recibir el visto bueno de la Cámara, abrirá la puerta al proceso de registro y tramitación de las cuentas regionales en el parlamento, que ocupa buena parte de este periodo de sesiones.

La cita del próximo jueves abordará también tres debates generales en relación al relevo generacional en la agricultura, que acumula una proposición no de ley (PNL) del Grupo de Vox y un debate sobre el mismo asunto del Grupo Socialista; otro sobre financiación autonómica, que en este caso acumula una interpelación del PP y un debate del PSOE sobre el mismo tema; y un tercero en relación con la enfermedad de la lengua azul en la ganadería, que acumula una PNL del PP y un debate general del PSOE sobre este tema.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición formulará tres preguntas orales, en el caso de Vox sobre coste de inmigración y en el caso del PP sobre el Plan Corresponsables y sobre el acuerdo con el Instituto Valenciano de Oncología.

Luz verde al techo de gasto de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero para 2026 (conocido como techo de gasto), que se estima en 9.000 millones de euros. Sube así un 8,2% con respecto al año pasado, lo que supone 686 millones de euros más en términos absolutos.

Lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha detallado que aprobar el techo de gasto es un paso previo para elaborar los presupuestos de la Junta para 2026, que espera que entren en vigor el próximo 1 de enero. Este acuerdo tendrá que ser ratificado ahora en el Parlamento autonómico.

Además, el consejero ha aprovechado para volver a reclamar la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica: “Reivindicamos que, de manera urgente, podamos iniciar las negociaciones para un nuevo modelo de financiación”, que lleva bloqueado más de una década.

Quita de deuda en Castilla-La Mancha: 5.000 millones menos

Ruiz Molina se ha referido también en esta rueda de prensa a la quita de deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que condonará un total de 83.252 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 4.927 millones de euros se corresponden con la deuda de Castilla-La Mancha. Esta quita permitirá a la Comunidad reducir su pasivo en un 30%.

El consejero se ha mostrado satisfecho con esta condonación, ha hablado de su importancia y ha defendido que ha sido una de las reivindicaciones históricas del Gobierno regional durante el tiempo que lleva como presidente Emiliano García-Page.

“Nuestro objetivo era que se condonaran algo más de 5.000 millones de euros. Nos hemos quedado en los 5.000 millones de euros y, por lo tanto, yo creo que cumple todas nuestras expectativas”, ha explicado el consejero.

Por último, Ruiz Molina ha mostrado su interés por saber cuál será la opinión del PP regional ante esta quita de deuda: “Lo único que me preocupa en este momento es si el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a apoyar esta condonación de la deuda” y cuál será la posición que adopte su presidente, Paco Núñez, cuando se discuta este asunto en la sede del Partido Popular de Génova. “Es importante que conozcamos, desde luego, si el PP de Castilla-La Mancha está a favor o está en contra de que se nos condone a Castilla-La Mancha este importante volumen de deuda”, ha zanjado.

El PP castellanomanchego habla de “maquillaje”

Las reacciones por parte del principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha no se han hecho esperar. Paco Núñez ha declarado que la quita de la deuda no es una solución para Castilla-La Mancha, “sino un maquillaje de la nefasta gestión económica de Page”.

“No supone en absoluto una solución para los castellanomanchegos, porque la deuda no desaparece, simplemente cambia de ventanilla”, ya que antes se pagaba a la comunidad autónoma y ahora se pagará al Estado, “pero los ciudadanos seguirán cargando con el mismo peso”.

El Gobierno municipal de PP y Vox en Torrijos -localidad toledana de cerca de 15.000 habitantes- ha decidido invertir medio millón de euros en comprar la plaza de toros del pueblo, hasta ahora de titularidad privada. De hecho, el propio Consistorio alquilaba el recinto de forma anual por un total de 7.000 euros.

Así lo transmitieron en el pleno municipal de julio los representantes del Ejecutivo local, sesión en la que se aprobó el gasto dentro de un presupuesto de un total de 13 millones de euros, que crece en más de un 14% con relación al de 2024.

Laura Félix, concejal de Hacienda y representante de Vox, anunciaba durante el pleno que se había puesto en marcha la gestión para un crédito por un total de 510.000 euros para realizar la adquisición, a la vez que advertía de que se realizan modificaciones en las partidas de gastos, para dar cobertura a la subida de los salarios del personal municipales por ejemplo, “sin perjuicio de los intereses de la operación de préstamo a largo plazo” para adquirir la plaza de toros.

Félix también ha resaltado que el aumento de las inversiones aumenta hasta los 547.000 euros, “fundamentalmente” por el gasto de adquirir el recinto.

Durante el pleno, el PSOE mostró sus reticencias ante la decisión. El grupo municipal advertía de que adquirir la plaza implicaría “sí o sí” una serie de inversiones complementarias, para su adecuación y mantenimiento. “Teniendo en cuenta que el alquiler actual asciende a los 7.000 euros si lo dividimos, nos dan bastantes años de alquiler”, apuntaba el edil Fernando de Miguel a la concejala de Vox en el pleno.

“No se esconden”, lamentaba en declaraciones a este medio el portavoz de IU en la localidad, Raúl Díaz. Sobre todo, resalta el portavoz de la formación que no tiene representación en el ayuntamiento, es una decisión que se toma tras haber quitado “muchos servicios”. “Ahora están invirtiendo para un uso muy puntual”, manifiesta Díaz.

Por su parte, desde Vox defendían durante la celebración del pleno que la plaza de toros “nunca ha sido propiedad del Ayuntamiento”. “Han tenido que pasar 117 años para que sea de todos los torrijeños. Lo han intentado todos los equipos de Gobierno, tanto unos como otros y nunca lo consiguieron”, aseveró la edil de extrema derecha.

“Que lo sepa Torrijos, que el Ayuntamiento con la negligencia de alguno tuvo que pagar casi 60 millones de pesetas sin comprar la plaza de toros estos son datos oficiales”, añadió la concejala. También resaltó que el anterior alcalde, Anastasio Arevalillo del PSOE, llegó a dar su “voto favorable” para la compra del coso taurino.

El nuevo presupuesto, que asciende a un total de 12.976.520 euros, se aprobó con los votos a favor del PP y Vox, con los 6 votos en contra del PSOE. Crece en un 14,4% respecto al de 2024, y la partida que se destinará a la adquisición de la plaza de toros es superior, por ejemplo, a la que se dedica al Centro de Mayores de la localidad.