El gasto público en personal eventual suele ser el blanco principal al que golpea la ultraderecha. Y, en el caso valenciano, lejos de recortarlo por coherencia política, ha afianzado el statu quo en las instituciones en las que gobierna. El Parlamento autonómico dirigido por PP y Vox, partidos que hicieron de la eliminación de la “grasa política” un lema, gasta cerca de un millón de euros al año solo en los asesores de la Mesa, una constante en la última década, según los informes anuales de fiscalización del ente. En los últimos diez años el gasto en personal eventual ha oscilado entre los 733.000 euros y el millón.

En concreto, en el año 2024, el primer ejercicio completo de Vox al frente de la Cámara, el gasto se incrementó un 12% respecto al año anterior y ascendió a los 942.779 euros, según el informe sobre la Cuenta General de las Corts que elabora anualmente la Sindicatura de Comptes. El incremento notable se debe en buena medida a que el 2023 fue año electoral, que deja algunos meses con la Cámara disuelta y en fase de creación de Gobierno, circunstancia que hace que los gastos suelan reducirse. En cambio, en el año 2022, último de la izquierda al frente de la Cámara, el gasto en asesores fue de 1,02 millones de euros.

La Mesa de las Corts está presidida por Vox, con Llanos Massó al frente. Cuenta con otros dos vicepresidentes, miembros del Partido Popular, y dos secretarios, uno del PP y una de Compromís. Entre todos suman 18 asesores. Solo Massó tiene 10 asesores en Presidencia, con una vacante, según figura en el organigrama de la Cámara, y como ya informó elDiario.es, dos de ellos no acuden presencialmente a trabajar y centran su actividad en el partido.

En el año 2015, el ejercicio electoral en el que cambió el color político de las Corts, el gasto reconocido de personal eventual fue de 832.000 euros en el año, y descendió a 733.000 euros en el 2016. Ya en 2017 ascendió a los 756.000 euros y se mantuvo en 2018. En 2020 volvió a ascender hasta los 976.000 euros.

Los diputados suponen un tercio del presupuesto de personal

Los informes de fiscalización también analizan el gasto en diputados y funcionarios. En el caso de los parlamentarios, se desprende que su salario se lleva casi un tercio del presupuesto en personal de la Cámara. Las retribuciones de los diputados y diputadas supusieron 5.939.749 euros en 2024, lo que representa el 30,3% de las obligaciones reconocidas del capítulo de personal. El informe afea que los diputados no presenten su certificado de empadronamiento para justificar las dietas por kilometraje.

Este capítulo comprende las retribuciones de tres colectivos: los diputados y diputadas, el personal de plantilla de la institución integrado en la relación de puestos de trabajo (RPT) y un número variable de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en torno a una veintena.

El gasto ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años —el personal se adapta a los incrementos salariales de los funcionarios, que se aprueban en el BOE— y varía en función de si se han abonado retribuciones extraordinarias a los funcionarios o si es un ejercicio electoral, en el que descienden ligeramente. En 2016, según el informe anual de la Sindicatura, el coste de los altos cargos fue de 5,5 millones, mientras que en 2015 —año electoral— fue de 5,1, aumento que se debe a una paga extra, según recoge el informe.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

La actual composición del gasto público tiene implicaciones relevantes sobre el crecimiento económico, la productividad y la cohesión social. La insuficiente inversión en infraestucturas, en educación e innovación limita la capacidad de crecimiento potencial y la convergencia real con la UE. Asimismo, el predominio del gasto orientado a la población de mayor edad plantea problemas de equidad intergeneracional, afectando a las oportunidades de los jóvenes en términos de empleo, vivienda y movilidad social. Un gasto público mejor equilibrado contribuiría a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

En este articulo vamos tratar de perfilar los principales problemas estructurales del gasto público en España, entendidos como aquellos que persisten en el tiempo y afectan a su eficiencia, sostenibilidad y capacidad para cumplir objetivos económicos y sociales en el futuro.

Una parte muy significativa del gasto público está comprometida a largo plazo, lo que limita la capacidad de adaptación a cambios económicos. Los factores clave son las pensiones contributivas y no contributivas, los salarios de empleados públicos, los Intereses de la deuda y las prestaciones sociales vinculadas a derechos subjetivos como ayudas al desempleo u incapacidades laborales ¿transitorias? que se han disparado en los últimos tiempos, entre otras.

El envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad

La consecuencia de esta dinámica se manifiesta en el escaso margen para políticas anticíclicas selectivas, en los ajustes concentrados en inversión pública y gasto productivo y en la dificultad para reasignar recursos hacia prioridades emergentes como los gastos en defensa. Como se ha comentado, el envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos estructurales de nuestra sociedad.

El problema se manifiesta porque el sistema de gasto no se ha adaptado plenamente a una sociedad con menor crecimiento poblacional y mayor longevidad y exigirá un esfuerzo de reasignación de partidas presupuestarias para su consideración.

Las pensiones representan el mayor componente del gasto público y tiene una serie de comportamientos preocupantes con un crecimiento del gasto superior al del PIB potencial, una indexación a inflación con ajustes automáticos y una separación incompleta entre gastos contributivos y no contributivos, lo que se traduce en un riesgo potencial grave como es el aumento estructural del déficit público si no se acompaña de mayores ingresos o reformas adicionales que apuntalen la sostenibilidad a medio plazo.

España gasta de forma comparable a otros países europeos, pero con resultados desiguales en términos de eficacia/eficiencia. Las causas más importantes son la evaluación ex ante y ex post limitada ligada a una presupuestación orientada a inputs, no a resultados y a programas que se perpetúan sin revisión sistemática. Todo esto se traduce en la persistencia de políticas poco efectivas, en la dificultad para identificar ahorros estructurales sin recortes lineales y, en consecuencia, una menor legitimidad social del gasto.

El gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE

A pesar de su volumen, el gasto social tiene una limitada capacidad redistributiva. Reduce la desigualdad en menor medida que en otros países de la UE debido al peso elevado de transferencia ligadas al empleo previo, una menor focalización en rentas bajas y una fragmentación de ayudas sociales.

El modelo territorial descentralizado, caracterizado por una fragmentación institucional y duplicidades competenciales, genera problemas estructurales en la gestión del gasto con el resultado de un aumento del coste de provisión de servicios públicos debido a la dificultad para desarrollar economías de escala con problemas de coherencia y consistencia en políticas públicas.

En fases de consolidación fiscal, la inversión ha sido la principal variable de ajuste, con efectos estructurales graves que se manifiestan en déficits en inversión en reposición y mantenimiento, un menor gasto en I+D, innovación y capital humano y, como consecuencia, un Impacto negativo sobre el crecimiento potencial. Este patrón se repite de forma persistente cada vez que un desajuste presupuestario exige reequilibrar las cuentas públicas y se agrava en situaciones de prórrogas presupuestarias encadenadas. Existen problemas persistentes en la arquitectura fiscal, donde las reglas fiscales son complejas y cambiantes, con una escasa integración de la evaluación del gasto en el ciclo presupuestario y una limitada rendición de cuentas sobre resultados.

El gasto público español, tiene un comportamiento asimétrico ante crisis económicas, tiende a aumentar de forma estructural tras las crisis, pero cuesta revertirlo con un patrón observado secularmente que se manifiesta en incrementos permanentes del gasto corriente; en serias dificultades para retirar medidas temporales o en la realización de ajustes tardíos y costosos.

En definitiva, la conclusión fundamental de su análisis es que los problemas del gasto en España son más de composición y eficiencia que de tamaño agregado si lo comparamos con los grandes países de la UE. Por lo tanto, el debate no debe centrarse solo en cuánto se gasta, que también, sino particularmente en cómo y en qué se gasta. En definitiva, las reformas estructurales del gasto son más relevantes que los ajustes meramente cuantitativos.

El gasto sanitario público, gestionado mayoritariamente por las comunidades autónomas, presenta una buena relación coste-eficiencia en comparación europea, aunque enfrenta problemas crecientes relacionados con listas de espera, envejecimiento del personal sanitario y financiación insuficiente.

España destina alrededor del 7,2-7,4% del PIB al gasto sanitario público, por debajo de la media de la zona euro (~8,9 % del PIB) y de muchos países de la OCDE. El gasto por habitante también es inferior al promedio europeo (unos 1.800 euros vs ~ 3.400 euros en la eurozona). Esto indica una financiación relativamente moderada frente a otros sistemas comparables, lo que condiciona la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Según diversos informes, la inversión pública en sanidad ha bajado ligeramente respecto a años anteriores y no crece de forma sostenida como recomiendan organismos internacionales ante las mayores necesidades sanitarias derivadas del envejecimiento demográfico.

Por su parte, la atención primaria, clave para la prevención y gestión de cronicidad, sigue con niveles de inversión muy por debajo de los previos a la crisis de 2009, de manera que la falta de inversión estratégica afecta a la accesibilidad y a los resultados sociosanitarios a largo plazo.

Diferencias importantes entre comunidades autónomas

Por otra parte, la descentralización del Sistema Nacional de Salud (SNS) genera diferencias importantes entre comunidades autónomas en gasto por habitante, tiempos de espera, acceso a especialidades y recursos disponibles lo que se traduce en inequidades en la atención sanitaria dependiendo de dónde viva cada persona.

Si analizamos el gasto sanitario en porcentaje sobre PIB, según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad, las comunidades con mayor peso sanitario en proporción al PIB regional son Extremadura con un 9,1% y Murcia y Canarias con un 8,4%. Por otro lado, las comunidades con menos peso del gasto sanitario en proporción al PIB regional son Madrid (4,2%) y Cataluña (5,7%). El gasto sanitario público de Castilla-La Mancha en relación con su PIB regional se sitúa en torno al 6,9 % del PIB, con un gasto por habitante de unos 1.800€, frente a los 1770€ de media nacional.

Estas cifras señalan que existe una gran variación entre comunidades tanto en gasto per cápita como en proporción al PIB. Las regiones con más envejecimiento o menor densidad tienden a gastar más por habitante. Las comunidades más pobladas concentran la mayor parte del gasto total, aunque no siempre con el mayor gasto por persona.

El Parlament balear ha sido testigo este martes del acorralamiento al que Vox y la izquierda han sometido al PP a cuenta del debate del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se ha alzado -excepto la bancada del Grupo Popular- la totalidad de la Cámara entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Marga Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos han lanzado en la sesión de hoy, ha atribuido a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

Pese a que los populares comparecían en el pleno dando por perdido el techo de gasto -que ha sido rechazado con 30 votos en contra y 28 a favor- a tenor del desenlace de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que, al inicio de las mismas, dejaron “muy claras” las dos condiciones que su formación puso sobre la mesa: que las conversaciones únicamente versasen sobre cuestiones presupuestarias, rechazando así que se convirtieran en un “intercambio de cromos”, y que se desarrollasen “con la voluntad de aprobar los presupuestos”. “No queríamos negociaciones de cartón-piedra, no queríamos conversaciones disimuladas y no queríamos escenificaciones para justificar posicionamientos ideológicos que ya venían dictados desde fuera de Balears”, ha incidido. 

Costa ha subido al atril reconociendo sin paliativos que el PP no ha logrado recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una medida indispensable para dar luz verde a los próximos presupuestos y, como ya dejó entrever en noviembre, admitiendo que el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas de 2025. Pese a ello, el vicepresidente ha puesto en valor el fallido límite de gasto que aprobó el Consell de Govern el pasado 17 de octubre, cifrado en 6.924 millones de euros -361 millones más respecto a este año-, lamentando en su intervención que PSIB y Vox hayan “bloqueado” unos presupuestos que, entre otras cuestiones, pretendían “responder a la realidad actual de Balears, que afronta un incremento constante de presión demográfica sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y que necesita más profesionales, más infraestructuras y más inversión de manera inmediata”.

“Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Balears no tenga presupuestos a que este Govern haga su trabajo”, ha criticado, deslizando que “la decisión ya estaba tomada de antemano” y que “el 'no' estaba garantizado”.

En respuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha iniciado su intervención entre risas y felicitando a Costa por su “nominación a los Goya de este año como actor”, ha considerado que las cuentas autonómicas están “otra vez configuradas por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades, pero con una diferencia [respecto a las negociaciones de las cuentas de 2025] que debe grabarse a fuego en las actas de esta Cámara”: “El escenario ha cambiado drásticamente porque la confianza se ha roto”. “Cuatro meses después de haber cerrado unos presupuestos que nacieron tardíos y con fecha de caducidad, nos encontramos en esta situación y a los ciudadanos les debemos la verdad. No olvidemos ni permitamos que se olvide que en diciembre de 2024 tuvimos la obligación ética y política de tumbar sus cuentas. No fue un capricho, fue un acto de legítima defensa de la dignidad parlamentaria”, ha remarcado.

Vox: “Nuestra posición es inamovible”

Su negativa a apoyar tanto el techo de gasto como unos eventuales futuros presupuestos se basa, ha aseverado, en una razón “demoledora y simple”: “Ustedes -dirigiéndose a la bancada del PP- han demostrado carecer del activo más valioso y fundamental para gobernar con legitimidad: la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes y con los ciudadanos que les dieron su confianza”. La dirigente de extrema derecha ha asegurado que desde su partido no van a “entrar más en su juego de trampas” ni a “permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices llegadas de la calle Génova”: “Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos”.

Pese al rechazo frontal de los de Abascal, el vicepresidente del Ejecutivo regional, en su siguiente turno de palabra, les ha tendido la mano para iniciar una nueva negociación aunque en estos momentos no se den las circunstancias para ello. “Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará ahí”, ha apuntado: “Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos”.

El PSOE niega haber “llamado a Ferraz”

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de “no querer llegar a un acuerdo” con los socialistas: “A cada negociación iba añadiendo nuevas reglas”, ha espetado, ironizando que nunca ha negociado ninguna medida “para finalmente conseguir que no se apruebe”. “Yo creo que hay que elogiar su arte de negociar para que algo no se consiga, como el techo de gasto. Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido plenamente su objetivo. No quería techo de gasto porque no quería negociar unos presupuestos de verdad”, ha continuado. En esta línea, ha expresado que llegó a “pensar que estábamos negociando y me lo tomé en serio”.

En su intervención, el socialista ha asegurado que las dos únicas condiciones “económicas” que su grupo puso sobre la mesa fueron cuestiones que el ganinete de Prohens ya había propuesto: la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. En esta línea, ha asegurado que en ningún momento se le ocurrió “hacer una llamada telefónica a Ferraz” para negociar esas medidas y, en cambio, sí optó “por escuchar a la presidenta del Govern”, cuya ausencia en la sesión de este martes ha afeado: “Ella es la que no quiere escuchar el debate del techo de gasto. Se ha ido a Madrid para participar en un congreso nacional de policías. El resto estamos aquí para debatir sobre lo que es importante para esta comunidad autónoma”.

Las negociaciones, “puro teatro”

A continuación, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha referido a las discrepancias ideológicas que le separan del PP en cuanto al techo de gasto después de que Costa reprochara a la formación ecosoberanista, a Més per Menorca y a Unidas Podemos “haber descartado desde el primer momento cualquier posibilidad de acuerdo”, lo que para el vicepresidente es una “posición legítima” y una postura “coherente con su ideario”, pero no “una posición responsable ni beneficiosa, porque renuncian al diálogo y no contribuyen a la mejora del bienestar de la ciudadanía de estas islas”.

El ecosoberanista ha recriminado que el Govern no tenía intención de aprobar el techo de gasto por cálculo electoralista. “Si ahora digo que los cuatro diputados de Més per Mallorca votamos a favor, le da tal parraque que no hay quien le levante de la silla”, ha ironizado.

En esta línea, Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado la forma de conducir las negociaciones por parte del Ejecutivo del PP y el hecho de que, a su juicio, éste nunca ha tenido intención de materializar acuerdo alguno. Para el menorquinista, las negociaciones han sido “puro teatro”, recordando que el Govern “no aceptó absolutamente ninguna” de las medidas que propuso a cambio de apoyar el techo de gasto. “Ahora yo le pregunto: ¿qué estaba dispuesto a ceder en las negociaciones? Nos dijo que los impuestos son intocables. ¿Qué quería usted negociar?”. En su réplica, Costa ha aseverado que lo citó a las negociaciones “por el respeto” que le debe “como diputado de esta Cámara y como portavoz del grupo parlamentario”, espetando a continuación al ecosoberanista: “A la próxima me lo pensaré dos veces”.

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha lamentado las políticas fiscales del Ejecutivo, justificando su rechazo al techo de gasto en el hecho de que las políticas del Govern “no se hacen por el bien de la ciudadanía”. El parlamentario de la formación morada ha apuntado que, en el marco de las negociaciones con el grupos, mantuvo una “cordial y breve charla” en la que emplazó al Ejecutivo a recuperar el impuesto de sucesiones “para que al menos no se repitiera la indecencia” de que los tres mayores herederos de las islas “hayan escatimado a las arcas públicas 55 millones de euros cada uno, que suponemos que no habrán ido a la economía productiva del país”.

“Seguramente se lo estén gastando en ladrillo o a lo mejor son de esos que compran las cosas con ese dinero”, ha señalado García, quien ha abundado en que la intención de su partido pasa por recuperar las figuras fiscales que suprimió el Govern de Prohens nada más arrancar la legislatura “para que pague más el que más tiene”.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha reconocido que confiaba en una sorpresa de última hora, aunque ha lamentado que se ha confirmado que PSIB y Vox “no iban en serio y que solo lanzaban envites para ganar tiempo”. Respecto a los de Abascal, los ha acusado, en línea de Costa, de no apoyar el techo de gasto porque “no cuentan con la autorización de Bambú”, mientras que ha achacado el 'no' del PSOE a la “debilidad” del partido a nivel nacional y del Gobierno central. “La pregunta que tendríamos que hacernos es por qué en todas las comunidades en las que el PP gobierna en minoría, Vox ha votado en contra de los presupuestos”, ha abundado después el vicepresidente, quien ha defendido que el Govern ha cumplido “al pie de la letra” todos los acuerdos rubricados con la formación de extrema derecha. “No sé si Vox puede decir lo mismo”, ha sentenciado.

El PP dóna per perduda, “excepte sorpresa d'última hora”, l'aprovació del sostre de despesa de Balears, la convalidació del qual serà aquest dimarts sotmesa a debat al Parlament. Com ha posat de manifest el seu portaveu, Sebastià Sagreras, els conservadors no han aconseguit reunir els suports suficients per tirar endavant la mesura, tot i haver assenyalat Vox com el seu “soci prioritari” a les negociacions. La formació d'extrema dreta ha confirmat que votarà en contra de la convalidació, acusant els populars de “mentir” quan assenyalen que més del 90% del seu programa de govern ja ha estat complert i quan neguen conèixer les exigències dels de Santiago Abascal: “Saben perfectament el que volem, que no ens contin històries”.

Amb tot, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha eludit enumerar aquestes condicions davant els mitjans que li han preguntat per això, i ha sortit al pas asseverant: “Vostès, que no són a les reunions, saben perfectament el que Vox ha exigit. Per tant, imaginin els que són a les reunions i ho saben”, insinuant que les demandes formen part d'un marc comú que el PP no està complint. Malgrat que els populars van donar resposta a una de les condicions que el partit d'extrema dreta va posar sobre la taula -el lliurament d'un calendari de compliment dels acords subscrits amb Vox-, els de Bambú no es donen per satisfets i acusen els de Prohens de desinterès negociador: “Estem a l'espera que el PP ens pugui dir alguna cosa que per a nosaltres sigui seriosa, no mentides ni estafes com ens han fet en altres moments d'aquesta legislatura”.

El PP, per la seva banda, assumeix que el sostre de despesa està pràcticament perdut. “En aquests moments no tenim els vots necessaris per aprovar aquest sostre de despesa”, ha reconegut Sagreras, qui ha recordat que, en les trobades mantingudes la setmana passada amb Vox i PSIB-PSOE per abordar aquest assumpte, “ja pràcticament es va descartar”. “El Partit Socialista seguia demanant el mateix que en la primera ronda de negociacions i va deixar ben clar que, tot i que només parlaven del sostre de despesa, en cap cas sumarien els seus vots a l'aprovació dels Pressupostos, que és una de les premisses del PP”, ha assenyalat. Respecte als d'Abascal, ha apuntat que “es van comprometre amb nosaltres a fer un intercanvi de documents amb noves propostes que en aquests moments encara no ens han arribat”.

En qualsevol cas, ha subratllat que la seva formació “compleix amb el sostre de despesa en el Parlament” i ha fet “una última crida” a Vox per a “rectifiqui”, s'abstingui i permeti que el sostre de despesa sigui convalidat per a iniciar la tramitació dels comptes autonòmics de 2026. En aquest sentit, ha expressat que “lamentaria” que tant PSIB com la formació d'extrema dreta “tornin anteposar els interessos partidistes nacionals de [Pedro] Sánchez i Abascal als interessos de Balears”.

El passat 17 d'octubre, el Consell de Govern va aprovar el sostre de despesa no financera -pas previ a la redacció dels pressupostos-, que, en paraules del vicepresident primer, Antoni Costa, és “el més alt de la història”: 6.924 milions d'euros, 361 milions més respecte a enguany, i gairebé 1.000 milions més que quan els populars van assumir el poder a l'estiu de 2023.

Per part seva, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminat que el Govern mai ha tingut intenció de tirar endavant el sostre de despesa. “El PSIB ha intentat arribar a un acord perquè hi hagués sostre de despesa, però el PP no ha negociat. Es veuen les formes d'un Govern que el que cerca és un 'no' al seu sostre de despesa i que algú ens haurà d'explicar. Ha estat una negociació per a no arribar a un acord”, ha etzibat. El socialista ha subratllat que prova de la seva voluntat d'arribar a un acord han estat les seves exigències en qüestions en matèria econòmica que el mateix Executiu havia proposat, com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i del cànon de l'aigua i la creació d'un nou impost que gravi els 'rent a car' matriculats fora de les illes. 

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha estat més gràfic, ha considerat que el debat que tindrà lloc aquest dimarts serà “un teatre”: “No sé quin serà el gènere que es representarà, si serà comèdia o tragèdia, però en qualsevol cas serà un teatre”, ha incidit. Al seu parer, cap de les tres parts implicades en les negociacions ha tingut mai una intenció real de treure la mesura endavant per motius principalment electoralistes. “Sospito que aquest dimarts omplirem les notícies de titulars, però farem un escàs servei a la ciutadania”, ha lamentat.

En aquesta línia, ha confiat que el fet que es tombi el sostre de despesa i -com ja va avançar el Govern en cas que així succeeixi- es prorroguin els pressupostos d'enguany “no afecti els serveis per a la ciutadania”. “La major part d'aquest increment de capacitat de despesa es podrà fer via incorporació extraordinària de crèdit. I hi ha una cosa que tal vegada no és molt habitual en l'esquerra, però tenir més despesa pública no és 'per se' un element positiu: depèn d'en què ho gasti. Si és per a més segregació lingüística, més promoció turística o modificacions fiscals per als rics, no seria positiu”, ha conclòs el ecosoberanista.

Finalment, el diputat no adscrit Xisco Cardona ha demanat Vox, el seu antic partit, que “tingui la decència d'abstenir-se” per a evitar un bloqueig.

El PP da por perdida, “salvo sorpresa de última hora”, la aprobación del techo de gasto de Balears, cuya convalidación será este martes sometida a debate en el Parlament. Como ha puesto de manifiesto su portavoz, Sebastià Sagreras, los conservadores no han logrado reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la medida, a pesar de haber señalado a Vox como su “socio prioritario” en las negociaciones. La formación de extrema derecha ha confirmado que votará en contra de la convalidación, acusando a los populares de “mentir” cuando señalan que más del 90% de su programa programa de gobierno ya ha sido cumplido y cuando niegan conocer las exigencias de los de Santiago Abascal: “Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias”.

Con todo, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha eludido enumerar esas condiciones ante los medios que le han preguntado por ello, y ha salido al paso aseverando: “Ustedes, que no están en las reuniones, saben perfectamente lo que Vox ha exigido. Por lo tanto, imagínense los que están en las reuniones y lo saben”, insinuando que las demandas forman parte de un marco común que el PP no está cumpliendo. Pese a que los populares dieron respuesta a una de las condiciones que el partido de extrema derecha puso sobre la mesa -la entrega de un calendario de cumplimiento de los acuerdos suscritos con Vox-, los de Bambú no se dan por satisfechos y acusan a los de Prohens de desinterés negociador: “Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, no mentiras ni estafas como nos han hecho en otros momentos de esta legislatura”.

El PP, por su parte, asume que el techo de gasto está prácticamente perdido. “En estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar este techo de gasto”, ha reconocido Sagreras, quien ha recordado que, en los encuentros mantenidos la semana pasada con Vox y PSIB-PSOE para abordar este asunto, “ya prácticamente se descartó”. “El Partido Socialista seguía pidiendo lo mismo que en la primera ronda de negociaciones y dejó bien claro que, aunque solo hablaban del techo de gasto, en ningún caso sumarían sus votos a la aprobación de los Presupuestos, que es una de las premisas del PP”, ha señalado. Respecto a los de Abascal, ha apuntado que “se comprometieron con nosotros a hacer un intercambio de documentos con nuevas propuestas que en estos momentos todavía no nos han llegado”.  

En cualquier caso, ha subrayado que su formación “cumple con el techo de gasto en el Parlament” y ha hecho “un último llamamiento” a Vox para “rectifique”, se abstenga y permita que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026. En este sentido, ha expresado que “lamentaría” que tanto PSIB como la formación de extrema derecha “vuelvan anteponer los intereses partidistas nacionales de [Pedro] Sánchez y Abascal a los intereses de Balears”.

El pasado 17 de octubre, el Consell de Govern aprobó el techo de gasto no financiero, paso previo a la redacción de los Presupuestos, que, en palabras del vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, es “el más alto de la historia”: 6.924 millones de euros, 361 millones más respecto a este año, y casi 1.000 millones más que cuando los populares asumieron el poder en verano de 2023.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminado que el Govern nunca ha tenido intención de sacar adelante el techo de gasto. “El PSIB ha intentado llegar a un acuerdo para que hubiese techo de gasto, pero el PP no ha negociado. Se ven las formas de un Govern que lo que busca es un 'no' a su techo de gasto y que alguien nos tendrá que explicar. Ha sido una negociación para no llegar a un acuerdo”, ha espetado. El socialista ha subrayado que prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo han sido sus exigencias en cuestiones en materia económica que el mismo Ejecutivo había propuesto, como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del canon del agua y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. 

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido más gráfico al considerar que el debate que tendrá lugar este martes será “un teatro”: “No sé cuál será el género que se representará, si será comedia o tragedia, pero en cualquier caso será un teatro”, ha incidido. A su parecer, ninguna de las tres partes implicadas en las negociaciones ha tenido nunca una intención real de sacar la medida adelante por motivos principalmente electoralistas. “Sospecho que este martes llenaremos las noticias de titulares, pero haremos un escaso servicio a la ciudadanía”, ha lamentado.

En esta línea, ha confiado en que el hecho de que se tumbe el techo de gasto y -como ya adelantó el Govern en caso de que así suceda- se prorroguen los presupuestos de este año “no afecte a los servicios para la ciudadanía”. “La mayor parte de este incremento de capacidad de gasto se podrá hacer vía incorporación extraordinaria de crédito. Y hay una cosa que tal vez no sea muy habitual en la izquierda, pero tener más gasto público no es 'per se' un elemento positivo: depende de en qué lo gaste. Si es para más segregación lingüística, más promoción turística o modificaciones fiscales para los ricos, no sería positivo”, ha zanjado el ecosoberanista.

Finalmente, el diputado no adscrito Xisco Cardona también ha pedido a Vox, su antiguo partido, que “tenga la decencia de abstenerse” para evitar un bloqueo.

La Fiscalia investiga la Diputació de València per contractar, mitjançant el procediment d’urgència, diverses empreses per a regenerar la muntanya cremada el 2 de novembre de 2023 arran de l’incendi de Montitxelvo. Les contractacions i els pagaments, amb un cost d’1,5 milions d’euros, es van fer en contra del criteri de la Intervenció General de la Diputació, tant per la forma de tramitació administrativa com perquè els terrenys sobre els quals es va actuar eren majoritàriament privats: 1.400 de les 2.000 hectàrees abrasades.

Arran d’una denúncia de la portaveu de Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, la Fiscalia ha incoat diligències i ha designat un fiscal instructor que investiga els fets des del 14 de novembre passat per dos presumptes delictes: prevaricació i malversació de cabals públics. De moment, no investiga cap persona concreta, però els contractes van ser fets per la Delegació de Medi Ambient que dirigeix el diputat Avelino Mascarell. A més, van ser necessaris els vots en el ple dels tres grups polítics que sustenten la majoria en l’ens provincial —Partit Popular, Vox i Ens Uneix— per a alçar les objeccions dels tècnics, que s’oposaven al fet que s’executaren les faenes sobre terrenys de particulars i, sobretot, que es pagaren.

L’incendi de Montitxelvo es va produir el 2 de novembre de 2023 i va cremar un total de 2.500 hectàrees, que van afectar els termes municipals de Terrateig, Montitxelvo i Aielo de Rugat a la Vall d’Albaida, i Ador, Castellonet de la Conquesta, la Font d’en Carròs i Vilallonga a la Safor, i va obligar a desallotjar més d’un miler de veïns de la major part d’aquests municipis i els seus nuclis poblacionals, així com a confinar el municipi d’Ador. Fins al 3 de juliol de 2024, huit mesos després, no es va decretar per part del president de la Diputació de València, Vicente Mompó, la urgència per a actuar.

Com que la major part dels terrenys cremats eren de fins a 600 particulars, Mompó també va haver de signar uns convenis amb els propietaris on s’havia d’intervindre, que no es van arribar a rubricar fins al 21 de març de 2025. Malgrat no disposar dels convenis amb els particulars, es van contractar les faenes i es van començar a executar i a pagar, cosa va suposar una de les primeres objeccions de la Intervenció General de la Diputació de València.

El 25 d’abril de 2025 es va emetre per part de la Intervenció un segon informe desfavorable que apuntava el mateix problema: “Com que hi ha actuacions en terrenys privats (3/4 del total), hauran de desglossar-se les parcel·les segons la titularitat i disposar de crèdit amb càrrec a aplicacions pressupostàries diferenciades, i incloure en l’expedient l’instrument jurídic oportú que fonamenta la seua tramitació”.

Segons la denúncia a què ha tingut accés elDiario.es, la Diputació de València hauria comés diverses irregularitats que la Fiscalia haurà de dirimir si constitueixen algun il·lícit penal. En concret, i segons proposa Compromís, la falta de formalització dels contractes d’emergència; l’incompliment dels contractes d’emergència i la seua tramitació; actuacions en terrenys privats on no s’ha acreditat la titularitat individual de cada parcel·la afectada; l’execució de les faenes fora dels termes legals i la superació del límit d’un mes en la declaració d’emergència i d’un any per a actuar en les parcel·les de la zona zero; i nombrosos errors en les certificacions, especialment per no aplicar el recàrrec del 4% sobre la taxa de servei de la direcció i la inspecció d’obres.

El maig del 2025 es van tornar a presentar les factures a fiscalització, que va mantindre el criteri desfavorable de la Intervenció. Es tractava de la tercera objecció que va haver de dur-se a ple perquè poguera ser alçada i continuar amb les actuacions i els pagaments, que s’havien suspés el setembre del 2024.

Defensa en els expedients per part de Medi Ambient

Aquest diari s’ha posat en contacte amb la Diputació de València, que no ha respost a la petició d’informació. Sí que es pot extraure la versió de l’entitat supramunicipal en les al·legacions que el Departament de Medi Ambient va presentar a la Intervenció General:

“Es defensa la legalitat material de les actuacions executades, basades en l’emergència, l’interés general i la impossibilitat real de seguir una tramitació ordinària, tant en la contractació com en la concessió de subvencions directes en espècie als propietaris de parcel·les forestals de titularitat privada, havent-se signat un conveni de col·laboració amb les administracions públiques propietàries de les parcel·les forestals de titularitat pública, en què s’establia el compromís de recaptar el consentiment dels particulars afectats en les seues propietats. En tot moment s’han respectat els principis de legalitat, eficàcia i servei públic. Les actuacions eren necessàries i urgents, ordenades a l’empara de l’article 120 LCSP i fonamentades en la normativa forestal aplicable, tal com s’ha exposat en aquest informe, i no hi ha enriquiment injust ni perjudici per a la Hisenda local”, diu l’argumentació del departament dirigit per Avelino Mascarell.

Per part seua, des de la Intervenció de la Diputació de València van replicar que corresponia als titulars de les parcel·les “donar compliment a l’obligació legal d’adoptar les mesures preventives necessàries davant els danys catastròfics derivats dels incendis forestals, i que les actuacions que es determinen per al compliment d’aquest deure específic són d’assumpció obligatòria per a ells”. És a dir, l’ens provincial hauria d’haver implicat els 600 propietaris aproximadament en la seua obligació per a la restauració i per a evitar futures catàstrofes.

En aquest sentit, Medi Ambient es va justificar:

“El plantejament inicial del Servei de Medi Ambient, d’acord amb la normativa invocada al llarg de la tramitació de l’expedient, va ser fer prevaldre l’interés públic sobre el benefici particular. La intervenció plantejada sobre la zona afectada per l’incendi en cap moment s’ha orientat a beneficiar patrimonialment els titulars privats de les parcel·les forestals, sinó a salvaguardar l’interés general després del desastre natural causat, i donar compliment a les exigències d’actuació immediata amb caràcter d’emergència (any zero) que preveu la normativa forestal (art. 152 del Reglament Forestal), que comprén una sèrie d’accions que, en la mesura que puguen tindre conseqüències positives de primordial importància per al medi ambient per preveure la mitigació del risc de nous incendis, de desertització o restauració de masses forestals, s’entendrà que obeeixen a raons imperioses d’interés públic de primer ordre (art. 10 Patfor)”.

De moment, la Diputació de València ha previst 1,5 milions d’euros públics per a restaurar la muntanya després de l’incendi, però en parcel·les privades. Han d’assumir els propietaris aquest cost? És lícit que no se’ls sol·licite el cost de la restauració? Estan legalment ben gastats aquests fons? Aquestes preguntes i la seua responsabilitat penal seran les que haja d’aclarir la Fiscalia, que ja està mans a l’obra.

La Fiscalía investiga a la Diputación de Valencia por contratar, mediante el procedimiento de urgencia, a varias empresas para regenerar el monte quemado el 2 de noviembre de 2023 tras el incendio de Montitxelvo. Las contrataciones y los pagos, con un coste de 1,5 millones de euros, se realizaron en contra del criterio de la Intervención General de la Diputación, tanto por la forma de tramitación administrativa como porque los terrenos sobre los que se actuó eran mayoritariamente privados: 1.400 de las 2.000 hectáreas abrasadas.

Tras una denuncia de la portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, la Fiscalía ha incoado diligencias y ha designado a un fiscal instructor que investiga los hechos desde el pasado 14 de noviembre por dos presuntos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos. De momento, no se está investigando a ninguna persona concreta, pero los contratos fueron realizados por la delegación de Medio Ambiente que dirige el diputado Avelino Mascarell. Además, fueron necesarios los votos en el pleno de los tres grupos políticos que sustentan la mayoría en el ente provincial —Partido Popular, Vox y Ens Uneix— para levantar los reparos de los técnicos, que se oponían a que se ejecutaran los trabajos sobre terrenos de particulares y, sobre todo, a que se pagaran.

El incendio de Montitxelvo se produjo el 2 de noviembre de 2023 y quemó un total de 2.500 hectáreas, que afectaron a los términos municipales de Terrateig, Montitxelvo y Aielo de Rugat en la Vall d’Albaida, y Ador, Castellonet, Font d’en Carròs y Villalonga en la Safor, y obligó a desalojar a más de un millar de vecinos de la mayoría de estos municipios y sus núcleos poblacionales, así como a confinar al municipio de Ador. Hasta el 3 de julio de 2024, ocho meses después, no se decretó por parte del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la urgencia para actuar.

Como la mayoría de los terrenos quemados eran de hasta 600 particulares, Mompó también tuvo que firmar unos convenios con los propietarios donde se debía intervenir, que no se llegaron a rubricar hasta el 21 de marzo de 2025. Pese a no disponer de los convenios con los particulares, se contrataron los trabajos y se empezaron a ejecutar y a pagar, lo que supuso uno de los primeros reparos de la Intervención General de la Diputación de Valencia.

El 25 de abril de 2025 se emitió por parte de la Intervención un segundo informe desfavorable que apuntaba al mismo problema: “Dado que hay actuaciones en terrenos privados (3/4 del total), deberá desglosarse las parcelas según la titularidad y disponer de crédito con cargo a aplicaciones presupuestarias diferenciadas, e incluir en el expediente el instrumento jurídico oportuno que fundamenta su tramitación”.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Diputación de Valencia habría cometido diversas irregularidades que la Fiscalía deberá dirimir si constituyen algún ilícito penal. En concreto, y según propone Compromís, la falta de formalización de los contratos de emergencia; el incumplimiento de los contratos de emergencia y su tramitación; actuaciones en terrenos privados donde no se ha acreditado la titularidad individual de cada parcela afectada; la ejecución de los trabajos fuera de los términos legales y la superación del límite de un mes en la declaración de emergencia y de un año para actuar en las parcelas de la zona cero; y numerosos errores en las certificaciones, especialmente al no aplicar el recargo del 4% sobre la tasa de servicio de la dirección e inspección de obras.

En mayo de 2025 se volvieron a presentar las facturas a fiscalización, que mantuvo el criterio desfavorable de la Intervención. Se trataba del tercer reparo que tuvo que llevarse a pleno para que pudiera ser levantado y seguir con las actuaciones y los pagos, que se habían suspendido en septiembre de 2024.

Defensa en los expedientes por parte de Medio Ambiente

Este periódico se ha puesto en contacto con la Diputación de Valencia, que no ha respondido a la petición de información. Sí se puede extraer la versión de la entidad supramunicipal en las alegaciones que el departamento de Medio Ambiente presentó a la Intervención General:

“Se defiende la legalidad material de las actuaciones ejecutadas, basadas en la emergencia, el interés general y la imposibilidad real de seguir una tramitación ordinaria, tanto en la contratación como en la concesión de subvenciones directas en especie a los propietarios de parcelas forestales de titularidad privada, habiéndose firmado un convenio de colaboración con las administraciones públicas propietarias de las parcelas forestales de titularidad pública, en el que se establecía el compromiso de recabar el consentimiento de los particulares afectados en sus propiedades. En todo momento se han respetado los principios de legalidad, eficacia y servicio público. Las actuaciones eran necesarias y urgentes, ordenadas al amparo del artículo 120 LCSP y fundamentadas en la normativa forestal aplicable, tal y como se ha expuesto en este informe, y no hay enriquecimiento injusto ni perjuicio para la Hacienda Local”, reza la argumentación del departamento dirigido por Avelino Mascarell.

Por su parte, desde la Intervención de la Diputación de Valencia replicaron que correspondía a los titulares de las parcelas “dar cumplimiento a la obligación legal de adoptar las medidas preventivas necesarias frente a los daños catastróficos derivados de los incendios forestales, y que las actuaciones que se determinen para el cumplimiento de dicho deber específico son de asunción obligatoria para ellos”. Es decir, el ente provincial debería haber implicado a los alrededor de 600 propietarios en su obligación para la restauración y para evitar futuras catástrofes.

En ese sentido, Medio Ambiente se justificó:

“El planteamiento inicial del servicio de Medio Ambiente, en consonancia con la normativa invocada a lo largo de la tramitación del expediente, fue primar el interés público sobre el beneficio particular. La intervención planteada sobre la zona afectada por el incendio en ningún momento se ha orientado a beneficiar patrimonialmente a los titulares privados de las parcelas forestales, sino a salvaguardar el interés general tras el desastre natural causado, y dar cumplimiento a las exigencias de actuación inmediata con carácter de emergencia (año cero) que prevé la normativa forestal (art. 152 del Reglamento Forestal), que comprende una serie de acciones que, en la medida en que puedan tener consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente por contemplar la mitigación del riesgo de nuevos incendios, de desertización o restauración de masas forestales, se entenderá que obedecen a razones imperiosas de interés público de primer orden (art. 10 PATFOR)”.

De momento, la Diputación de Valencia ha previsto 1,5 millones de euros públicos para restaurar el monte tras el incendio, pero en parcelas privadas. ¿Deben asumir los propietarios este coste? ¿Es lícito que no se les solicite el coste de la restauración? ¿Están legalmente bien gastados estos fondos? Estas preguntas y su responsabilidad penal serán las que tenga que aclarar la Fiscalía, que ya está manos a la obra.

El PP ha assegurat que les negociacions al voltant del sostre de despesa van “pel bon camí”, per la qual cosa espera rebre el suport dels Grups Parlamentaris de l'oposició per tirar endavant aquest tràmit pressupostari.

Així ho ha indicat la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, durant la roda de premsa prèvia al ple que se celebrarà aquest dimarts, ja que ha recalcat que al Govern fan les coses “com han de ser”, és a dir, amb “cautela”. D'aquesta manera, ha destacat que l'Executiu convocarà els diferents partits per exposar-los la seva proposta de sostre de despesa per a aquest 2025 i els posteriors pressupostos, per la qual cosa ha avançat que mantindrà un diàleg “rigorós”.

En aquest sentit, ha interpel·lat la resta de partits en ressaltar que aquest sostre de despesa augmenta en 350 milions d'euros, que es podrien destinar a la despesa social com la sanitat, educació o serveis socials, entre d'altres.

Consultada per si aquest dilluns hi haurà alguna reunió amb algun Grup Parlamentari per debatre el sostre de despesa, Duran ha al·legat que afronten aquest assumpte amb la “màxima discreció” i no sap si ho faran altres formacions però el PP es reunirà amb el Govern “aviat”.

El PSIB: “No demanarem impossibles”

Per la seva banda, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha assenyalat que la seva formació va mantenir una reunió “positiva” la setmana passada amb els dos vicepresidents del Govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarellas.

Durant la reunió, ha recordat, els socialistes van exposar a tots dos que “si cal parlar de manera seriosa sobre el sostre de despesa, el PSIB està disposat”. Per tant, s'han emplaçat a què es cridaran per a una segona reunió, en la qual es preveu que “parlaran de les principals reivindicacions de cada partit”.

“No demanarem impossibles, si no que farem un plantejament rigorós de qüestions que”, segons els socialistes, “la ciutadania persegueix que es facin i que, fins i tot, algunes d'elles són propostes per la presidenta Prohens --com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)--”, ha assegurat, apuntant que “seria estrany que diguessin que no a propostes de la pròpia presidenta”.

Al respecte, des del PSIB s'han mostrat disposats a cenyir-se a les xifres del sostre de despesa, com demanaven des del Govern, “sense cap problema”. No obstant això, han considerat que “cal fixar regles per a la negociació”, especialment, ha finalitzat Negueruela, “després del que va passar de tornar enrere acords”.

Vox insisteix que el PP “compleixi amb el pactat”

Mentrestant, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, s'ha referit al calendari que des del grup parlamentari havien sol·licitat al Govern per donar suport al sostre de despesa.

Cañadas ha dit que de moment no tenen cap data per als primers acords tot i que esperaven que el dia de la reunió amb el vicepresident primer del Govern, Antoni Costa, se'ls facilités dit calendari, “que està costant molt fer, sembla ser, al PP”. “No sé exactament què necessiten”, ha afegit, “perquè clar, ja han posat el sostre de despesa, que suposo que no trigarà gaire a anar a ple, i no tenen res pactat amb Vox”.

En tot cas, ha considerat que “el primer que s'ha de fer és complir amb el pactat i acordat anteriorment”. “No es pot presentar un sostre de despesa i uns pressupostos sense haver complert amb la paraula donada en els anteriors”, ha subratllat.

Més: “El Govern no podrà jugar a dues bandes”

També sobre aquest assumpte, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit al Govern que “no podrà jugar a dues bandes” en la negociació per a l'aprovació del sostre de despesa.

El portaveu ecosobiranista ha dit al respecte que va veure sortir Vox “molt content” de la reunió amb el Govern, la qual cosa “sols significar que Més no ho estarà gaire”. A més, ha afegit, “després de la traïció a la paraula donada amb la llei de memòria, el Govern té poc crèdit i no només pressupostari”, ha ironitzat.

No obstant això, si el Govern els convoca a una reunió, hi acudiran per “responsabilitat institucional”, i escoltaran la seva proposta, encara que ha assegurat que “si aquesta passa per seguir negociant amb Vox com a soci prioritari, poc tenen a parlar amb MÉS per Mallorca”.

En tot cas, ha finalitzat al respecte d'aquesta qüestió Apesteguia, “si volen parlar d'un país millor, pensat per a la seva gent, més sostenible, més democràtic, trobaran a MÉS, si no creuen en això i només juguen segons les seves necessitats i circumstàncies, que no busquin a MÉS perquè aquest és un partit bastant més seriós que pensar en els interessos que puguin tenir uns i altres demà passat”.

Cardona votarà a favor

Finalment, el diputat no adscrit Francisco Cardona ha avançat que votarà a favor del sostre de despesa i els Pressupostos del Govern per a 2026, per l'augment de la inversió per Menorca.

El parlamentari ha posat tres exemples pels quals considera que cap diputat per Menorca té “un altre camí que no sigui aprovar-los” o, en defecte, presentar alternatives.

En aquest sentit, ha citat construcció del nou centre de salut de Ciutadella, la reparació de la carretera general de Menorca en el tram que va entre Maó i Alaior, i l'elaboració d'un estudi preliminar per a la licitació d'una dessaladora al Llevant de Menorca.

En el cas de Ciutadella, ha subratllat que el municipi té més de 30.000 habitants i un centre de salut “obsolet”, per la qual cosa, a parer seu, era una localitat “abandonada” des del punt de vista sanitari.

Cardona ha puntualitzat que amb aquest nou centre, amb un pressupost de 20 milions d'euros, es podran fer intervencions quirúrgiques ambulatòries i programar consultes per a “tot tipus d'especialitats”.

El PP ha asegurado que las negociaciones en torno al techo de gasto van “por el buen camino”, por lo que espera recibir el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la oposición para sacar adelante este trámite presupuestario.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, ya que ha recalcado que en el Govern hacen las cosas “como tienen que ser”, es decir, con “cautela”. De este modo, ha destacado que el Ejecutivo convocará a los diferentes partidos para exponerles su propuesta de techo de gasto para este 2025 y los posteriores presupuestos, por lo que ha avanzado que mantendrá un diálogo “riguroso”.

En ese sentido, ha interpelado al resto de partidos al resaltar que este techo de gasto aumenta en 350 millones de euros más, que se podrían destinar al gasto social como la sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.

Consultada por si este lunes habrá alguna reunión con algún Grupo Parlamentario para debatir el techo de gasto, Duran ha alegado que afrontan este asunto con la “máxima discreción” y no sabe si lo harán otras formaciones pero el PP se reunirá con el Govern “pronto”.

El PSIB: “No pediremos imposibles”

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha señalado que su formación mantuvo una reunión “positiva” la semana pasada con los dos vicepresidentes del Govern, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas.

Durante la reunión, ha recordado, los socialistas expusieron a ambos que “si hay que hablar de manera seria sobre el techo de gasto, el PSIB está dispuesto”. Por tanto, se han emplazado a que se llamarán para una segunda reunión, en la que se prevé que “hablarán de las principales reivindicaciones de cada partido”.

“No pediremos imposibles, si no que haremos un planteamiento riguroso de cuestiones que”, según los socialistas, “la ciudadanía persigue que se hagan y que, incluso, algunas de ellas son propuestas por la presidenta Prohens --como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)--”, ha asegurado, apuntando que “sería raro que dijeran que no a propuestas de la propia presidenta”.

Al respecto, desde el PSIB se han mostrado dispuestos a ceñirse a las cifras del techo de gasto, como pedían desde el Govern, “sin ningún problema”. No obstante, han considerado que “hay que fijar reglas para la negociación”, especialmente, ha finalizado Negueruela, “después de lo que ocurrió de volver atrás acuerdos”.

Vox insiste en que el PP “cumpla con lo pactado”

Mientras tanto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha referido al calendario que desde el grupo parlamentario habían solicitado al Govern para apoyar el techo de gasto.

Cañadas ha dicho que de momento no tienen ninguna fecha para los primeros acuerdos a pesar de que esperaban que el día de la reunión con el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, se les facilitara dicho calendario, “que está costando mucho hacer, parece ser, al PP”. “No sé exactamente qué necesitan”, ha añadido, “porque claro, ya han puesto el techo de gasto, que supongo que no tardará mucho en ir a pleno, y no tienen nada pactado con Vox”.

En todo caso, ha considerado que “lo primero que se tiene que hacer es cumplir con lo pactado y acordado anteriormente”. “No se puede presentar un techo de gasto y unos presupuestos sin haber cumplido con la palabra dada en los anteriores”, ha subrayado.

Més: “El Govern no podrá jugar a dos bandas”

También sobre este asunto, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido al Govern de que “no podrá jugar a dos bandas” en la negociación para la aprobación del techo de gasto.

El portavoz ecosoberanista ha dicho al respecto que vio salir a Vox “muy contento” de la reunión con el Govern, lo cual “suele significar que Més no lo estará mucho”. Además, ha añadido, “después de la traición a la palabra dada con la ley de memoria, el Govern tiene poco crédito y no solo presupuestario”, ha ironizado.

No obstante, si el Govern les convoca a una reunión, acudirán por “responsabilidad institucional”, y escucharán su propuesta, aunque ha asegurado que “si esta pasa por seguir negociando con Vox como socio prioritario, poco tienen que hablar con MÉS per Mallorca”.

En todo caso, ha finalizado al respecto de esta cuestión Apesteguia, “si quieren hablar de un país mejor, pensado para su gente, más sostenible, más democrático, encontrarán a MÉS, si no creen en ello y solo juegan según sus necesidades y circunstancias, que no busquen a MÉS porque este es un partido bastante más serio que pensar en los intereses que puedan tener unos y otros pasado mañana”.

Cardona votará a favor

Finalmente, el diputado no adscrito Francisco Cardona ha adelantado que votará a favor del techo de gasto y los Presupuestos del Govern para 2026, por el aumento de la inversión para Menorca.

El parlamentario ha puesto tres ejemplos por los que considera que ningún diputado por Menorca tiene “otro camino que no sea aprobarlos” o, en su defecto, presentar alternativas.

En ese sentido, ha citado construcción del nuevo centro de salud de Ciutadella, la reparación de la carretera general de Menorca en el tramo que va entre Maó y Alaior, y la elaboración de un estudio preliminar para la licitación de una desaladora en el Llevant de Menorca.

En el caso de Ciutadella, ha subrayado que el municipio tiene más de 30.000 habitantes y un centro de salud “obsoleto”, por lo que, a su manera de ver, era una localidad “abandonada” desde el punto de vista sanitario.

Cardona ha puntualizado que con este nuevo centro, con un presupuesto de 20 millones de euros, se podrán hacer intervenciones quirúrgicas ambulatorias y programar consultas para “todo tipo de especialidades”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con el apoyo en solitario del PSOE y el voto en contra de PP y Vox, el techo de gasto propuesto para el Gobierno regional para el próximo año 2026.

Un techo de gasto que ascenderá a los 9.009,9 millones de euros para, lo que supone un aumento del 8,2% al proyectado en 2025, con un total de 686 millones de euros más en términos absolutos.

Un asunto que no se ha sustanciado con acuerdo entre el Gobierno, que ha defendido su actuación y ha asegurado que este incremento se produce sin subida de impuestos, y la oposición, que ha contradicho este extremo y ha acusado al Ejecutivo autonómico de imponer un “infierno fiscal” a los ciudadanos castellanomanchegos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha abierto el debate, ha explicado que con este techo de gasto, desde el Gobierno regional van a poder afrontar “las prioridades y compromisos” con la ciudadanía y “fortalecer la cohesión social con la consolidación del estado de bienestar” a la vez que contribuir al crecimiento de la Comunidad Autónoma mediante el impulso a la actividad empresarial y la creación de empleo.

El responsable de la Hacienda regional ha detallado que el techo de gasto está elaborado con una expectativa de crecimiento del PIB del 2,5% en este año y del 1,9% para 2026, pero a pesar de ello han sido “muy prudentes” en sus proyecciones económicas, teniendo también en cuenta el clima “inestable” de la política actual y las consecuencias del impacto que pudiera tener la política arancelaria de Estados Unidos.

En este sentido, ha aseverado que las proyecciones económicas que se han tenido en cuenta por parte de su Consejería están “avaladas” por la AIReF.

En todo caso, y a pesar de la “falta de información” acerca de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, Juan Alfonso Ruiz Molina ha puesto en valor que “con independencia de la senda de déficit” que corresponda a las comunidades autónomas, el Gobierno regional se ha fijado como objetivo para 2026 el equilibrio presupuestario con “déficit cero”.

“No queremos incrementar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio”, ha reiterado, incidiendo también en que pretenden además “seguir reduciendo la carga de intereses” a través de la refinanciación de la deuda, una práctica que ha permitido en estos años un ahorro que ha cifrado en 170 millones de euros.

De ahí, ha dicho, la “importancia” que desde Castilla-La Mancha se otorga a la condonación de la deuda, animando a PP y Vox a que lean el texto aprobado en el Consejo de Ministros “vistas las declaraciones erróneas y las tergiversaciones que están realizando en relación con este asunto”.

“Para Castilla-La Mancha, desde luego, la condonación propuesta por el Gobierno de España supone una reducción de nuestra deuda de 4.927 millones de euros, que viene a ser el 36,5% de los préstamos que mantenemos con el FLA y supone un ahorro para los próximos diez años de la nada despreciable cifra de 760 millones de euros”, ha razonado.

Y todo ello hablando no solo de “congelación fiscal” sino de “reducción de la presión fiscal” en base a desgravaciones que se han venido aprobando en los últimos años y que “están beneficiando a nuestras familias, a nuestros jóvenes y contribuyendo a la lucha contra la despoblación”.

En este punto, ha enfatizado que el aumento del 8,2% en el techo de gasto para el próximo año 2026 “no supondrá en ningún caso un aumento de los impuestos, sino todo lo contrario”.

Por todo ello, ha considerado que el PP y Vox “no tienen excusa” para rechazar este techo de gasto teniendo en cuenta que, ha añadido, no implica una subida de impuestos y endeudamiento y supone un aumento de 686 millones con respecto al ejercicio anterior para su distribución entre las distintas partidas de gasto.

Así, ha comentado que “tiempo tendrán” los dos partidos de la oposición para manifestarse a favor o en contra de la distribución del gasto cuando se presenten los presupuestos regionales para 2026.

El PP habla de “expolio fiscal”

Mientras, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha acusado también al Ejecutivo regional de llevar a cabo un “expolio fiscal” por el que “le va bien sobre el papel, sigue recaudando cada vez más con la inflación y los ciudadanos siguen empobreciéndose de manera paulatina”.

“Y puesto que toda la recaudación que ustedes vienen obteniendo durante todo este tiempo procede principalmente de empobrecer a los ciudadanos, lo lógico sería que, por lo menos, revirtiese en una mejora de los servicios públicos o que, al menos, también se hubiese dignado a bajar impuestos”, ha continuado.

Así, ha aseverado que las políticas sociales se están manteniendo en la región “gracias a profesionales, ayuntamientos y entidades sociales” a los que el Gobierno autonómico “ahoga y revienta las cajas y las tesorerías locales”. “Si no gastan o gastan mal, no pueden contar con el Partido Popular”, ha concluido.

Vox critica la “ingeniería presupuestaria”

Por parte de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado que el techo de gasto haya sido calculado con un crecimiento del PIB del 1,9% para 2026 “mientras que la AIReF y otras entidades lo ponen en el 1,7%”, acusando a Ruiz Molina de realizar “ingeniería presupuestaria” para “camuflar el endeudamiento”.

Cobo ha hecho hincapié en que la ciudadanía está obligada a “soportar impuestos y más impuestos” en la Comunidad Autónoma, afirmando que el incremento del techo de gasto “viene solo” del incremento en la recaudación impositiva.

“Esta política de presión fiscal a base de subidas de impuestos y de resultados inflacionistas son consecuencia de sus políticas recaudatorias, dejando de lado a las familias que no las pueden asumir”, ha concluido.

El PSOE defiende que el techo de gasto servirá “para crecer”

Finalmente, por parte del PSOE, Silvia Fernández ha puesto en valor que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha llevado a cabo “un esfuerzo considerable” desde el año 2015 para promover “el desarrollo económico y la generación de empleo”, así como reforzar la protección del estado de bienestar, luchar contra la despoblación, impulsar la transformación digital y progresar en el proceso de transformación ecológica.

Fernández ha aseverado que el proyectado para 2026 es un techo de gasto de 9.000 millones “para crecer, no para retroceder”, considerando que un incremento del 8,2% con respecto a 2025 refleja “la fortaleza económica y la estabilidad política” de la región.

La diputada socialista ha afirmado que este techo de gasto es “un ejemplo de responsabilidad financiera” ya que no se recurre al endeudamiento y cree que Ruiz Molina ha dado “razones suficientes” como para que PP y Vox pudieran haber votado a favor, considerando que su voto en contra es “una vez más, poner palos en las ruedas a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos”.

El próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del 25 de septiembre debatirá y votará el 'techo de gasto' de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026, en una sesión en la que también se desarrollarán tres debates generales sobre agricultura, ganadería y financiación autonómica.

El primer punto de esta sesión, que arrancará a las 10:00 horas, consiste en la ratificación del convenio de colaboración en materia de sanidad entre la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León, firmado a principios de julio por los respectivos presidentes, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco.

A continuación, según informa el Parlamento regional, tendrá lugar el debate sobre el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Junta para 2026, el también llamado 'techo de gasto'. De recibir el visto bueno de la Cámara, abrirá la puerta al proceso de registro y tramitación de las cuentas regionales en el parlamento, que ocupa buena parte de este periodo de sesiones.

La cita del próximo jueves abordará también tres debates generales en relación al relevo generacional en la agricultura, que acumula una proposición no de ley (PNL) del Grupo de Vox y un debate sobre el mismo asunto del Grupo Socialista; otro sobre financiación autonómica, que en este caso acumula una interpelación del PP y un debate del PSOE sobre el mismo tema; y un tercero en relación con la enfermedad de la lengua azul en la ganadería, que acumula una PNL del PP y un debate general del PSOE sobre este tema.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición formulará tres preguntas orales, en el caso de Vox sobre coste de inmigración y en el caso del PP sobre el Plan Corresponsables y sobre el acuerdo con el Instituto Valenciano de Oncología.

Luz verde al techo de gasto de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero para 2026 (conocido como techo de gasto), que se estima en 9.000 millones de euros. Sube así un 8,2% con respecto al año pasado, lo que supone 686 millones de euros más en términos absolutos.

Lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha detallado que aprobar el techo de gasto es un paso previo para elaborar los presupuestos de la Junta para 2026, que espera que entren en vigor el próximo 1 de enero. Este acuerdo tendrá que ser ratificado ahora en el Parlamento autonómico.

Además, el consejero ha aprovechado para volver a reclamar la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica: “Reivindicamos que, de manera urgente, podamos iniciar las negociaciones para un nuevo modelo de financiación”, que lleva bloqueado más de una década.

Quita de deuda en Castilla-La Mancha: 5.000 millones menos

Ruiz Molina se ha referido también en esta rueda de prensa a la quita de deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que condonará un total de 83.252 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 4.927 millones de euros se corresponden con la deuda de Castilla-La Mancha. Esta quita permitirá a la Comunidad reducir su pasivo en un 30%.

El consejero se ha mostrado satisfecho con esta condonación, ha hablado de su importancia y ha defendido que ha sido una de las reivindicaciones históricas del Gobierno regional durante el tiempo que lleva como presidente Emiliano García-Page.

“Nuestro objetivo era que se condonaran algo más de 5.000 millones de euros. Nos hemos quedado en los 5.000 millones de euros y, por lo tanto, yo creo que cumple todas nuestras expectativas”, ha explicado el consejero.

Por último, Ruiz Molina ha mostrado su interés por saber cuál será la opinión del PP regional ante esta quita de deuda: “Lo único que me preocupa en este momento es si el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a apoyar esta condonación de la deuda” y cuál será la posición que adopte su presidente, Paco Núñez, cuando se discuta este asunto en la sede del Partido Popular de Génova. “Es importante que conozcamos, desde luego, si el PP de Castilla-La Mancha está a favor o está en contra de que se nos condone a Castilla-La Mancha este importante volumen de deuda”, ha zanjado.

El PP castellanomanchego habla de “maquillaje”

Las reacciones por parte del principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha no se han hecho esperar. Paco Núñez ha declarado que la quita de la deuda no es una solución para Castilla-La Mancha, “sino un maquillaje de la nefasta gestión económica de Page”.

“No supone en absoluto una solución para los castellanomanchegos, porque la deuda no desaparece, simplemente cambia de ventanilla”, ya que antes se pagaba a la comunidad autónoma y ahora se pagará al Estado, “pero los ciudadanos seguirán cargando con el mismo peso”.

El Gobierno municipal de PP y Vox en Torrijos -localidad toledana de cerca de 15.000 habitantes- ha decidido invertir medio millón de euros en comprar la plaza de toros del pueblo, hasta ahora de titularidad privada. De hecho, el propio Consistorio alquilaba el recinto de forma anual por un total de 7.000 euros.

Así lo transmitieron en el pleno municipal de julio los representantes del Ejecutivo local, sesión en la que se aprobó el gasto dentro de un presupuesto de un total de 13 millones de euros, que crece en más de un 14% con relación al de 2024.

Laura Félix, concejal de Hacienda y representante de Vox, anunciaba durante el pleno que se había puesto en marcha la gestión para un crédito por un total de 510.000 euros para realizar la adquisición, a la vez que advertía de que se realizan modificaciones en las partidas de gastos, para dar cobertura a la subida de los salarios del personal municipales por ejemplo, “sin perjuicio de los intereses de la operación de préstamo a largo plazo” para adquirir la plaza de toros.

Félix también ha resaltado que el aumento de las inversiones aumenta hasta los 547.000 euros, “fundamentalmente” por el gasto de adquirir el recinto.

Durante el pleno, el PSOE mostró sus reticencias ante la decisión. El grupo municipal advertía de que adquirir la plaza implicaría “sí o sí” una serie de inversiones complementarias, para su adecuación y mantenimiento. “Teniendo en cuenta que el alquiler actual asciende a los 7.000 euros si lo dividimos, nos dan bastantes años de alquiler”, apuntaba el edil Fernando de Miguel a la concejala de Vox en el pleno.

“No se esconden”, lamentaba en declaraciones a este medio el portavoz de IU en la localidad, Raúl Díaz. Sobre todo, resalta el portavoz de la formación que no tiene representación en el ayuntamiento, es una decisión que se toma tras haber quitado “muchos servicios”. “Ahora están invirtiendo para un uso muy puntual”, manifiesta Díaz.

Por su parte, desde Vox defendían durante la celebración del pleno que la plaza de toros “nunca ha sido propiedad del Ayuntamiento”. “Han tenido que pasar 117 años para que sea de todos los torrijeños. Lo han intentado todos los equipos de Gobierno, tanto unos como otros y nunca lo consiguieron”, aseveró la edil de extrema derecha.

“Que lo sepa Torrijos, que el Ayuntamiento con la negligencia de alguno tuvo que pagar casi 60 millones de pesetas sin comprar la plaza de toros estos son datos oficiales”, añadió la concejala. También resaltó que el anterior alcalde, Anastasio Arevalillo del PSOE, llegó a dar su “voto favorable” para la compra del coso taurino.

El nuevo presupuesto, que asciende a un total de 12.976.520 euros, se aprobó con los votos a favor del PP y Vox, con los 6 votos en contra del PSOE. Crece en un 14,4% respecto al de 2024, y la partida que se destinará a la adquisición de la plaza de toros es superior, por ejemplo, a la que se dedica al Centro de Mayores de la localidad.

Extremadura es la segunda comunidad autónoma que menos porcentaje de su gasto público en educación dedica a la enseñanza concertada, con un 7,9%, muy lejos del 23,5% que representa el País Vasco, en el extremo opuesto, y cuatro puntos por debajo de la media nacional.

La financiación de la enseñanza concertada representa casi el 12% del gasto público en educación y en la última década el crecimiento ha sido de casi 1.800 millones de euros.

Según el informe 'Sistema estatal de indicadores de la Educación 2025' publicado este lunes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el gasto público en educación en 2022 fue de 63.491 millones de euros y de ellos, 7.495 millones se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada. Este dato representa un 11,8% del gasto público en educación y un 13,3% del gasto de las Administraciones educativas.

Prácticamente la totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones corresponde a gasto efectuado por las comunidades autónomas, representando solo un 0,3 % el del Ministerio de Educación.

El País Vasco destinó el 23,5 % del total de su gasto educativo a la enseñanza concertada, mientras que en Madrid supuso el 18,8 % y en Navarra, el 17,6 %. Las comunidades que menos porcentaje destinó en 2022 a la educación concertada fueron Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, con el 8%, 7,9% y 7,8%, respectivamente.

El informe muestra que el gasto de las administraciones educativas a la concertada ha pasado de 5.705,8 millones de euros en 2012 a 7.495,2 millones de euros en el 2022, incrementándose en 1.789,4 millones de euros.

Las comunidades autónomas aumentaron su gasto en 1.784 millones de euros y el Ministerio de Educación en 5 millones y el informe añade que entre 2012 y 2013 “se produjo una disminución del gasto en conciertos iniciándose en 2014 un repunte con tendencia creciente que aún continúa en 2022”.

Primaria y Secundaria, el mayor gasto en conciertos

La mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, con el 33,5 % y el 32 % respectivamente. Les siguen la Educación Infantil con el 16,5 %, la Formación Profesional con un 8 % y la Educación Especial, con el 5,2 % del total.

Los últimos datos reflejan que en el curso 2022-2023, el 19 % de los centros docentes de Enseñanzas no universitarias son concertados, el 67 % son públicos y el 13,5 % restante son centros privados que no tienen concertada ninguna de las enseñanzas.

¿Cuánto gastan las familias?

En 2023 el gasto de los hogares en educación, tanto no universitaria como universitaria, se situó en 10.045 millones de euros, lo que representa el 0,67 % del PIB, según los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que proporciona la Contabilidad Nacional, actualizados por el INE.

El gasto de las familias aumentó el 2,6 % en 2023 con respecto a 2022 aunque ha disminuido en 371 millones desde 2013, cuando se situó en 10.416 millones de euros.

Gasto en educación del 4,5 % del PIB

En 2023, el gasto público destinado a educación representó el 4,53 % del PIB, el 74 % se invirtió en Educación no universitaria, un 18,8% en Educación Universitaria, un 2,2 % en Formación Profesional acreditable y un 5 % en becas y ayudas.

El gasto público total en España destinado a educación fue de 67.938 millones de euros, un aumento del 7% en relación con 2022.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha traído de vuelta a la zona del euro al fantasma de la crisis de deuda y de la austeridad. Este martes, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de ajuste presupuestario para 2026 que implica una congelación de la mayor parte del gasto público —incluidas las pensiones y con la excepción de la defensa—, subidas de impuestos y recortes en derechos —pretende eliminar dos días festivos del calendario laboral, desde los once actuales— para reducir el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado), que se financia con deuda y que desde la pandemia ningún gobierno ha podido controlar ante el estancamiento de la actividad económica.

“Nos hemos vuelto adictos al gasto público”, lamentó François Bayrou en una rueda de prensa en la que anunció el plan con el que ha puesto en riesgo su propia supervivencia política, después de arrancar su mandato a finales del año pasado, para evitar que el pago de los intereses de la deuda supere los 100.000 millones de euros al año al final de la década y se convierta en la mayor partida del Presupuesto del Estado.

Este riesgo existe porque el déficit del Estado francés respecto al PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad económica y la sostenibilidad de los desequilibrios y la deuda) es el mayor de la zona del euro. En 2024, el desequilibrio presupuestario se quedó en el 5,8% del PIB, y se espera que apenas se reduzca al 5,6% en 2025 y que se vuelva a elevar al 5,7% en 2026 —según las últimas previsiones de la Comisión Europea—, elevando a un ritmo importante la deuda pública, que pasaría del 113% del PIB en 2024 al 118,4% el próximo ejercicio, muy por encima del endeudamiento de España.

Para evitarlo, el plan de François Bayrou busca reducir en cerca de 40.000 millones el desequilibrio presupuestario, alrededor de un punto de PIB, hasta dejar el déficit en el 4,6% en 2026, castigando principalmente el gasto público.

“Este es nuestro momento de la verdad”, incidió este martes el primer ministro de Francia, cuyo plan encuentra oposición a la izquierda y a la derecha. De hecho, muchos analistas consideran que la propuesta no será aprobada en Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, y que es la forma de François Bayrou de despedirse del cargo diciéndole al país lo que cree que debería hacer. Su antecesor al frente del Ejecutivo, Michel Barnier, cayó precisamente tras intentar que las pensiones no subieran según la inflación. “Conocemos los riesgos”, admitió François Bayrou en la misma rueda de prensa.

El “estado catastrófico” de la economía

El estancamiento de la actividad en Francia y los desequilibrios presupuestarios han traído de vuelta las recetas de austeridad que, tras el estallido de la gran crisis financiera en 2008, hundieron a España, Portugal y mucho más a Grecia en una década 'negra' para los trabajadores, para el estado de bienestar (sanidad, educación...) y para el gasto social en general, con una profunda pérdida de poder adquisitivo y recortes de derechos laborales que no se han recuperado.

François Bayrou asegura que la situación del país está agravada por las crisis internacionales, que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa, y por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, y vuelve a cambiar el paso en una zona del euro en la que desde la pandemia se ha girado hacia políticas de protección de rentas (de los trabajadores y de las empresas) frente a los recortes en el gasto público, y que en España ha tenido un resultado positivo.

En definitiva, un mayor avance del PIB agregado reduce el déficit y la deuda. Según el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, “para nosotros, el ser capaces de mantener el estado del bienestar, el ser capaces de mantener esa red de protección social adelante, es una condición necesaria para que podamos seguir con nuestra agenda también de crecimiento”.

Los expertos consultados por elDiario.es apuntan a que la propia inestabilidad política, con la importante presencia de la extrema derecha en el parlamento, y las iniciativas presupuestarias frustradas inciden en los problemas económicos de Francia. Por ejemplo, el tipo de interés que se exige a la deuda de referencia de Francia en los mercados financieros (el bono con vencimiento a 10 años) supera al de España desde hace meses. Este hecho prácticamente inédito en la historia de la zona del euro provoca un aumento del coste de los intereses de la deuda del país vecino. En otras palabras, Francia necesita más financiación y se financia más caro.

Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este miércoles que “los dos elementos, crecimiento y responsabilidad fiscal, nos llevan a que estemos ahora mismo en el grupo de los buenos alumnos dentro de la Unión Europea, aquellos que no tienen un déficit excesivo y que tampoco tienen desequilibrios macroeconómicos”. Según destaca, “este es el punto de partida que asegura y garantiza la confianza de inversores internacionales, tanto en mercados financieros, en nuestras emisiones de deuda, como también en términos de inversión real con la llegada de cifras récord en inversión extranjera directa”.

Por otra parte, “cabe señalar que este deterioro [de las finanzas públicas de Francia desde 2019] no se debe a un aumento más acusado del gasto público en Francia en comparación con la zona del euro (1,8 y 2,6 puntos del PIB, respectivamente), sino más bien a una disminución significativa de los ingresos públicos franceses (-1,6 puntos del PIB), mientras que estos se mantuvieron estables en la zona del euro”, explica un informe del OFCE (Observatorio francés de coyunturas económicas, por sus siglas en francés), publicado recientemente.

Los expertos que firman este documento enumeran bajadas de impuestos desde 2017 como el tributo sobre la vivienda (un punto menos de PIB de recaudación), la reforma del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, en el caso de las familias; o las rebajas en el impuesto de sociedades (medio punto menos de PIB de ingresos) y la reducción de las cotizaciones sociales patronales (1,1 puntos menos de PIB), en el caso de las empresas.

El plan presentado por el primer ministro “tiene el mérito de la claridad: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa (eliminar los días festivos, reducir el estado del bienestar, etc.) antes de pedirle un solo céntimo a Bernard Arnault [dueño de LVMH] y a los multimillonarios franceses”, comenta el economista Gabriel Zucman. “Hay que reconocer la creatividad del gobierno a la hora de mantener los privilegios fiscales de los ultrarricos. Las directrices presupuestarias propuestas se dirigen a casi todos, excepto a los multimillonarios”, ironiza este experto en justicia fiscal.

“Es ese equilibrio en las decisiones de crecer, reducir la desigualdad, ampliar nuestros derechos y el estado del bienestar social, hacerlo a la vez que cumplimos con los compromisos en materia de seguridad y defensa con nuestros socios y todo ello con un paraguas de responsabilidad fiscal. Es la receta que nos está dando buenos resultados y que queremos mantener hacia adelante”, insiste Carlos Cuerpo.

Una de las tasas de empleo más bajas de la UE

Por otro lado, Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management, señala problemas estructurales. El principal: Francia “produce muy poco [por habitante] en comparación con la mayoría” de países de la Unión Europea (UE). El PIB per cápita de la segunda economía de la UE (en PIB agregado) es el undécimo de los 27 socios. Una de las razones es que “la proporción de trabajadores, es decir, de personas con empleo, en porcentaje de la población total, es muy reducida en Francia”.

Esta “tasa de empleo” se quedó en el 44,5% en 2024, algo por debajo de la de España, la vigesimoquinta de la UE. “La proporción de residentes en edad de trabajar, en porcentaje de la población total, es la más baja de toda la Unión Europea. Así, los residentes de entre 19 y 64 años representan el 55,4 % de la población total en Francia, frente al 58,9 % en Alemania, por ejemplo”, observa este economista.

“Los residentes de entre 25 y 64 años representan el 49,6 % de la población total en Francia, frente al 53,6 % en Alemania, por ejemplo”, prosigue. Además, “las estadísticas muestran que el acceso al mercado laboral es especialmente difícil en Francia para determinados grupos, como las personas con menor nivel educativo, la población inmigrante o las mujeres”, añade Eric Dor.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? ¿Qué te ha parecido la última bravuconada del presidente de Estados Unidos? Una vez más, con unas formas más parecidas a las de un matón. Donald Trump ha amenazado a España por el no del Gobierno español al 5% del PIB en gasto militar. El mandatario ha asegurado que “es terrible lo que está haciendo España y le vamos a hacer pagar. Tendrán que pagarnos en comercio”.

Al presidente de EEUU solo le interesa que el resto de países compren productos (también armas) norteamericanas y le vale cualquier asunto, amenazas mediante, para lograrlo. Trump ha señalado que a España “le va muy bien, la economía va muy bien”. Debe ser por este motivo por el que al PP solo se le ha ocurrido el extraño argumento político de decir que Pedro Sánchez había sido apartado de la foto de los dirigentes en la cumbre de la OTAN. Extraña estrategia.

De todas maneras, esta semana la noticia económica en España ha sido la decisión del Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a tirar de imaginación: aprueba la Oferta Pública de Adquisición pero no permite a las entidades fusionarse en los próximos tres años. Además de mantener las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con el visto bueno de la CNMC y del Banco Central Europeo era muy difícil que el Gobierno vetase la operación, pero ha optado por complicarla lo máximo posible. Si la operación sigue adelante y el BBVA culmina la compra del Sabadell, ambos bancos deberán mantener personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante tres años, con sus propios consejos de administración y objetivos, y sin que haya despidos.

“Con esto conseguimos preservar la inversión, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de la plantilla”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para defender la iniciativa. Una propuesta que nos parece genial, tanto, que no entendemos por qué este Gobierno no tuvo esa idea cuando la banca alcanzaba récord de beneficios y despidos en 2021.

Siempre hemos pensado que esta operación solo iba a provocar más concentración en un mercado bancario demasiado reducido. También nos lo parecía cuando CaixaBank se comió a Bankia. Por cierto, hablando de empleo, CaixaBank planteó entonces a los sindicatos el mayor ERE de la historia de la banca con casi 8.300 despidos tras absorber a Bankia. Se podría haber protegido también ese empleo.

En fin, que cada vez queda más claro que hay cierto tufillo político en este interés del Gobierno por agradar a las formaciones políticas catalanas haciendo descarrilar la operación.

Cuánto nos hubiera gustado que todo el empeño, la imaginación y la capacidad legislativa que se ha llevado en esta operación se dedicara en el Gobierno a solventar el problema de la vivienda. “La vivienda es un cuello de botella para la economía española”, está empezando a afectar al consumo, que es uno de los impulsores de nuestro PIB. Está muy bien limitar la concentración bancaria, pero este Gobierno debería ponerse más serio con la vivienda. Hay que intervenir el mercado bancario pero mucho más el mercado inmobiliario.

El dato

2,2% de la población

ha tenido acceso a las ayudas públicas para hacer frente al alquiler o la hipoteca. En nuestro país 1,4 millones de hogares dedican más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, 200.000 familias más que hace una década. El 15º informe sobre el Estado de la Pobreza, publicado por la European Anti-Poverty Network (EAPN), señala a la crisis de la vivienda como un factor de empobrecimiento. Pese a ello, las ayudas directas en el ámbito de la vivienda solo llegaban al 4,4% de la población en situación de pobreza en 2024. Queda mucho por hacer. Hay que evitar la concentración del mercado bancario, pero hay que dedicar más esfuerzos al mercado inmobiliario. Aquí te contamos que las ayudas para vivienda solo llegan al 2,2% de la población.

El gráfico

Cara y cruz del mercado laboral español. El gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado un estudio sobre cuál es el salario y qué condiciones laborales se dan según el nivel de estudios en España. Así, las personas con carreras en medicina y ciencias (naturales, químicas, físicas y matemáticas), con diez años o más trabajando, son las mejor pagadas y no hay apenas paro. Además, los veterinarios o los universitarios que entran a trabajar en la industria o la construcción tienen un riesgo muy bajo de desempleo. En esta información despejamos dudas: cuál es el salario y qué riesgo de paro hay según tu carrera universitaria o FP.

Entrepreneurs

Esta semana tenemos a un par de entrepreneurs. Por un lado, el naviero Vicente Boluda se sentará en el banquillo acusado de denuncia falsa por parte del abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado. Morillo Velarde se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. La jueza le ha abierto juicio oral a Boluda y le ha impuesto una fianza de 25.000 euros. Aunque aquí lo que duele tiene más que ver con la foto en el banquillo de los acusados. Aquí te contamos que una jueza abre juicio contra el naviero Boluda por denuncia falsa hacia un abogado del Estado.

Por otro lado, F. T., la pareja del actual consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que aunque tiene un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso “sin carácter oficial” de 'Auxiliar de Protocolo' de 150 horas, lleva años encadenando puestos muy por encima de sus cualificaciones en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, gobernados ambos por el PP. Aquí te contamos los sueldos con dinero público, de 60.000 euros, de la pareja sin cualificación de un consejero de Ayuso.

Cada vez que habla sube el pan

En algunas funciones, el próximo nuevo fichaje podría no ser una persona, sino un colega digital. Los colegas digitales no son solo herramientas, son compañeros de equipo, capaces de iniciar acciones, gestionar proyectos y adaptarse en tiempo real

Informe de Microsoft. 2025: The Year the Frontier Firm Is Born

No, no es ninguna broma. Ya nos están preparando para lo que viene a base de eufemismos. Ante la posibilidad de que tu compañero de trabajo sea reemplazado... ¿Por qué no llamar 'colega digital' a la inteligencia artificial que hará su trabajo? Puede que alguien piense que así es menos doloroso. Un estudio global de Microsoft emplea este concepto para referirse a la automatización. Ya lo llaman 'mano de obra digital', pese a que no hay manos, solo programación. Lo peor también es que está entre las prioridades inmediatas de los ejecutivos españoles. Aquí puedes leer “Mano de obra digital”, el eufemismo entre ejecutivos para cambiar personas por inteligencia artificial.

Bien Público

Las pensiones públicas son un eje fundamental de nuestro Estado del Bienestar. Siempre vilipendiadas y acosadas por fuertes intereses que buscan su defenestración para pasarlos de prestación pública a negocio privado. Este año se cumple el 30 aniversario del Pacto de Toledo: nació en 1995 y pasó en unos años a convertirse en una comisión permanente en el Congreso, donde los partidos tratan de alcanzar grandes consensos sobre el sistema público de pensiones. No siempre ha sido fácil, el desencuentro entre partidos llevó a que los pensionistas marcharan como protesta por las calles de España en numerosas ocasiones. Esta semana la Seguridad Social ha reunido a varios diputados que han contado algunos de los entresijos de esta comisión parlamentaria que trata de lograr consensos amplios sobre el sistema público de pensiones. En este enlace puedes leer el reportaje de Laura Olías sobre la historia contada (y no contada) de 30 años del Pacto de Toledo: “Las pensiones tenían que salir del debate cortoplacista”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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La economía creció un 0,6% en el primer trimestre de este 2025 por el tirón del consumo y pese al frenazo del sector exterior, según los datos de la Contabilidad Nacional confirmados este miércoles por el INE.

Este ritmo en el arranque del año supone una desaceleración respecto a los trimestres anteriores, aunque el avance del PIB (producto interior bruto, la forma de medir la actividad) de España vuelve a liderar a los principales socios de la zona del euro. Alemania creció un 0,4% entre enero y marzo, respecto al trimestre anterior, y Francia apenas un 0,1%.

Estos datos todavía no sufren el impacto de la escalada de la guerra comercial por parte de la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, cuyas consecuencias en algunos sectores exportadores empezarán a notarse en el segundo trimestre. También quedará reflejado en ese periodo el daño del apagón de finales de abril.

“España mantiene un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año, apoyado en el consumo privado, la inversión [de las empresas] en bienes de equipo y el repunte de la construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Economía.

Según se observa en el segundo gráfico de esta información, a cierre del primer trimestre, el PIB de nuestro país supera en ocho puntos porcentuales el nivel previo a la pandemia, con un fuerte repunte del consumo de las familias en los últimos trimestres. Un avance apoyado por la mejora de la capacidad de compra y el aumento de la renta real de los hogares por la moderación de la inflación, las bajadas de los tipos de interés del BCE (y del Euríbor) y la creación récord de puestos de trabajo.

De hecho, en la revisión de la Contabilidad Nacional del primer trimestre (de las cifras avanzadas en abril), el INE actualiza a la baja la aportación del sector exterior (el turismo y las exportaciones menos las importaciones, lo que compramos fuera) por “una mayor importación de bienes fruto del tirón de la demanda interna”, según aclaran desde el departamento que lidera Carlos Cuerpo.

El crecimiento interanual entre enero y marzo (frente al mismo periodo de 2024) fue del 2,8%. El sector exterior restó cuatro décimas a este avance del PIB. Mientras, “la demanda nacional contribuyó con 3,2 puntos”, incide el INE. En el conjunto del año, las proyecciones señalan que España crecerá entre un 2% y un 2,5%, dependiendo de las negociaciones sobre la guerra comercial y de la incertidumbre por las tensiones geopolíticas, sobre todo por la guerra en Ucrania, la masacre de Israel en Gaza y la extensión de este conflicto a otros puntos de Oriente Medio.

El problema de la vivienda y la amenaza para el crecimiento

Este miércoles, en una conferencia, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, destacó que “España ha crecido mucho más que la media de la zona del euro”, pero advirtió de que nuestro modelo de avance del PIB tiene unos límites, y uno de ellos es la importante creación de hogares, principalmente de inmigrantes, que tienen problemas para acceder a una casa. Concretamente, en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentra la mayor oferta de empleo.

El ex ministro de Economía enumeró las fortalezas de economía de nuestro país, como “el turismo, junto a las exportaciones de otros servicios, que son francamente positivas, y el despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación”.

“La cuestión básica inmediatamente es si se pueden producir cuellos de botella, y tenemos uno”, incidió Luis de Guindos. “Cuando tienes un proceso de aumento de población muy intenso, derivado de la inmigración, y una oferta de vivienda restringida, no puedes absorber ese crecimiento”, lamentó. Una conclusión que comparten todos los expertos.

En definitiva, las dificultades para acceder a una casa digna se comen las subidas de los salarios en algunas familias, incluso aunque haya más miembros trabajando de media por el dinamismo del mercado laboral. Este daño a los hogares ya es una amenaza para el crecimiento del consumo y, por tanto, de la economía en general.

En una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este jueves su posición en contra del aumento del gasto en defensa al 5% del PIB (Producto interior bruto) que la organización quiere consensuar en la cumbre anual de los países miembros, que se celebra en la Haya la próxima semana. Un día después, Trump ha reaccionado acusando a España de no pagar “lo suficiente” y ha lanzado un advertencia: “La OTAN tendrá que ocuparse de ello”.

Según señala Pedro Sánchez en su misiva, el objetivo de alcanzar el 5% en 2032, desde el 2% comprometido para este año, es “contraproducente” e incompatible con el mantenimiento del estado de bienestar. Distintas proyecciones, como la realizada recientemente por el Banco de España, apuntan a que por cada euro de incremento del gasto en defensa, el PIB de nuestro país solo aumentaría 50 céntimos, con riesgo de un avance de la inflación por la necesidad de importar armas y otros materiales, y con impacto en el déficit presupuestario —el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, que se financia con deuda—. Un escenario en el que el único ganador claro será la industria de defensa, y en concreto la de Estados Unidos.

“Exigirá una corrección fiscal [de las cuentas públicas] más estricta en el futuro [recortes o aumentos de impuestos, en un lenguaje más llano] y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales”, advirtió a finales de marzo la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), en el informe que contiene su opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo. Según las cifras recogidas en este documento, el mayor gasto público de nuestro país es y será el de las pensiones, que se acerca actualmente al 13% del PIB, mientras que la sanidad se queda en el 6,6%, la educación en el 4,2%, el desempleo en el 1,5%, los cuidados de larga duración (el gasto en dependencia) en el 0,8% y el pago de la factura de intereses de la deuda pública en el 2,4% del PIB.

El envejecimiento de la población en España y en casi toda la Unión Europea (UE) apoya que los ejercicios de previsiones indiquen que las partidas de gasto público en pensiones, sanidad y dependencia crecerán en los próximos años, mientras que las relacionadas con la educación y el paro bajarán, con un peso de la deuda que permanecerá en los niveles actuales o incluso ganará importancia, incluso si los gobiernos consiguen controlar los desequilibrios presupuestarios. Un contexto que apenas dejaría espacio para un gran incremento de una partida de gasto como la defensa sin dañar las prioridades del estado de bienestar.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta misma semana que “los Estados miembros [de la UE] y la Comisión Europea deberían evaluar el impacto del incremento de la partida de defensa en la sostenibilidad de la deuda”. Según recuerda la AIReF, “para mitigar este impacto en el corto plazo, la Comisión propone activar la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal y Estructural de medio”.

No obstante, “en términos acumulados, el ajuste total [recortes o subidas de impuestos] en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB [menos de 50.000 millones] en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB [hasta los 80.000 millones de euros] en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente”, finaliza la Autoridad fiscal.

El multiplicador del gasto en defensa

Sin “margen fiscal” para incrementar el gasto en defensa, pasa a ser clave el multiplicador de esta partida. Es decir, cuánta actividad económica (PIB) es capaz de generar cada euro de aumento. Más PIB significa también más inversión, más empleo y, en definitiva, más recaudación de impuestos (más ingresos públicos). El multiplicador que ha calculado el Banco de España “a medio plazo” es de 0,5 veces. Por cada euro de incremento, 50 céntimos de PIB.

Por ejemplo, para este 2025, el equipo de economistas de la institución ha proyectado que el aumento del gasto en defensa anunciado sumará una décima al crecimiento del PIB, que se estima superior al 2% en este ejercicio, pero que elevará dos décimas el déficit, que se quedará algo por debajo del 3% del PIB. Este impacto en el desequilibrio presupuestario se repetiría en 2026 y 2027, según el Banco de España. Hay que destacar que los compromisos del Gobierno son inciertos por su debilidad parlamentaria, que le impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Repunte de la inflación

Además, los expertos del regulador explican que “la naturaleza del gasto en defensa implica un desfase temporal entre la realización de los contratos y su registro en Contabilidad Nacional”. Según continúan, “el gasto en defensa se concentra principalmente en las industrias manufactureras de maquinaria y transporte”. Por último, consideran que “un aumento de las contrataciones de defensa conllevaría un aumento del nivel de precios industriales, especialmente en los bienes de equipo”.

“Forzar la adquisición [importaciones desde otros países, principalmente Estados Unidos] de material, munición y sistemas de armas, tendrá un efecto inflacionario con marcada subida de precios que, aun con más gasto, impedirán un incremento de capacidades como realmente se pretende”, lamentan fuentes conocedoras del sector. “La capacidad de contratación y gestión de la adquisición de nuevas capacidades también está al límite, y aumentarla requiere tiempo. La industria de defensa no está dimensionada para producir las capacidades que se pueden requerir de manera rápida”, prosiguen.

Estas mismas fuentes añaden que “el incremento del gasto en defensa de forma excesiva con prontitud no es posible por distintas razones”. Una es que “la actual capacidad de reclutamiento limita la posibilidad de dotar de personal adecuado a nuevas capacidades que se adquieran con rapidez”. Otra es “la dificultad de formación del nuevo personal, que requerirá del incremento de la capacidad de centros de formación que requiere un cierto periodo de tiempo”.

“El impacto sobre la actividad en el medio plazo puede ser mayor si el gasto se concentra en I+D+i, sectores con mayor capacidad de arrastre y en bienes y servicios producidos domésticamente”, finaliza el Banco de España.

La propuesta de la OTAN de alcanzar un 5% de gasto en defensa en 2032 se divide en dos bloques. El primero, un 3,5% en partidas específicas de defensa, para la que propone mantener la actual definición OTAN de gastos de defensa, incrementando anualmente un 0,2% (3.000 millones aproximadamente) el gasto desde el 2% que debe alcanzarse este año. El segundo, un 1,5% adicional en gastos relacionados con la defensa, pendiente de definir, en la que podrían considerarse inversiones en infraestructuras, capacidades para contrarrestar amenazas híbridas, preparación de resiliencia civil y promoción de la industria de defensa.

La postura de España, remarcada en la carta de Pedro Sánchez de este jueves, es incidir en este segundo bloque, y conseguir que el objetivo de gasto sea “flexible”. Según el presidente del Gobierno, “la fórmula que propongo nos permitiría preservar el objetivo del 5% en la declaración para aquellos aliados que lo necesiten o que quieran perseguirlo”. Fuentes del Ejecutivo resaltan que, “además, del porcentaje del gasto en defensa respecto del PIB es necesario medir y considerar los compromisos de fuerzas en operaciones y misiones, y la inversión en nuevas capacidades”.

Las razones de Estados Unidos

La exigencia de un mayor gasto en defensa que Estados Unidos ha planteado a sus aliados a través de la OTAN es uno de los frentes de la guerra comercial global escalada por la Administración de Donald Trump. El planteamiento de la potencia norteamericana, concebido por el presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Steve Miran, es que Estados Unidos provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda pública, y que el país debe ser justamente recompensado por ello.

En otras palabras, el principal asesor económico de Donald Trump defiende que Estados Unidos “ha creado la mayor era de paz jamás conocida por la humanidad” y destaca que “ha hecho posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad jamás conocida por la humanidad”. Con esta rotundidad, y si no se cuestionan las afirmaciones sobre “la paz” y “la prosperidad”, cualquiera podría entender que la primera potencia mundial merece cobrarse tales esfuerzos. “Ambos son costosos de proporcionar”, añade Steve Miran, quien, antes de ser puesto al frente del CEA por el nuevo presidente de Estados Unidos, se dedicaba a gestionar fondos de inversión. Es decir, a especular en los mercados financieros.

“En defensa, nuestros hombres y mujeres en uniforme asumen riesgos heroicos para hacer de nuestra nación y del mundo un lugar más seguro, preservando nuestras libertades generación tras generación. Y gravamos con impuestos exorbitantes a los estadounidenses trabajadores para financiar la seguridad global”, resalta. Sobre este argumentario y la exigencia de “un reparto de cargas”, se asienta la imposición de aranceles al resto del mundo y la petición de más gasto en defensa. En definitiva, para adquirir equipamiento militar de Estados Unidos, y fortalecer su industria, en un clima de escalada militar y tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio o el Canal de Suez.