Dos parroquias de Vitoria, la de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves de Aranbizkarra, han abierto sus puertas en las últimas semanas para que puedan pernoctar, asearse y tener un techo en ellas tres decenas de los malienses que llevan meses a la intemperie en las calles cercanas a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño ante el tapón burocrático que les impide obtener citas para regularizar su situación. La gran mayoría son musulmanes. La Diócesis de Vitoria señala que está siendo una “experiencia gratificante” para ambas partes.

Desde agosto de 2025 hay un volumen importante de personas procedentes de Malí, en su mayoría varones jóvenes, que llegan a Vitoria para buscar asilo, como antes ocurrió en Donostia. Sin embargo, la burocracia se ha convertido para ellos en un tapón y se han visto forzados a pernoctar en la calle, aunque la entidad Zehar-Errefuxiatuekin sostiene que el 98% tendrían derecho a protección en España. Aunque hay rotación y llegadas y salidas constantes, se ha estabilizado un grupo amplio conviviendo en soportales de Salburua próximos a la Policía Nacional. Tenían dificultades incluso para poder ducharse. La comida que recibían procedía, en buena medida, de la solidaridad vecinal. En invierno, con noches muy frías, la situación motivó denuncias de falta de respuesta institucional.

Desde la Iglesia confirman que han abierto las puertas de dos de los templos más próximos a la Policía Nacional, el de San Joaquín y Santa Ana, de la calle de Viena, y el de Nuestra Señora de las Nieves, de la calle de Valladolid. En la primera hay unas dos docenas de plazas y en la segunda otra docena, según las fuentes consultadas. Les ofrecen cama, ducha, aseo y servicios básicos, como enchufe o microondas, dicen desde el Obispado. Explican que incluso siendo una institución católica ofrecieron facilidades en tiempo de Ramadán, que finalizó el 19 de marzo. Aunque ya ha pasado el invierno y en los últimos días las temperaturas han sido altas, se prevén mínimas de incluso 4 grados en Vitoria en las próximas semanas.

Una voluntaria que lleva meses colaborando con los refugiados confirma la apertura de las dos iglesias, aunque insiste en que “hay un montón” aún en la calle y que son necesarios más pasos. “Vamos a seguir pico y pala, como siempre”, afirma. Destaca de este colectivo que “pese a sus situaciones de vulnerabilidad increíbles”, tanto en origen como por el proceso migratorio, “siempre ofrecen una sonrisa”. Su gran batalla actual es superar las nuevas dificultades que han encontrado para acceder a citas con la Policía Nacional. Esta voluntaria denuncia la existencia de “mafias” que acaparan los pocos turnos que se ofrecen y los revenden por cantidades muy elevadas, “de hasta 300 euros”.

En la zona, en paralelo, se ultiman las obras en la antigua Clínica Arana para que, a partir del verano, sea centro para refugiados. Tendrá finalmente 200 plazas y no 350, como se anunció. El recurso ha recibido numerosas críticas de PNV, PP o Vox, así como de movimientos vecinales. En algunos ámbitos se ha asociado con delincuencia e inseguridad y se han formulado comentarios xenófobos.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la concesión de una subvención directa de 104.500 euros a la asociación Zehar-Errefuxiatuekin para atender, con carácter urgente y excepcional, a todas aquellas personas, la mayoría malienses, llegadas a Euskadi, principalmente a Vitoria. Según ha indicado el Ejecutivo vasco, desde febrero de 2025 se ha observado una llegada progresiva de personas solicitantes de protección internacional procedentes tanto de la frontera sur (Islas Canarias) como de la frontera norte, incluyendo personas devueltas desde Francia en aplicación del Convenio de Dublín o que han regresado sin poder formalizar su solicitud.

Estas personas, la mayoría de ellas malienses, han comenzado a establecerse en Amara-Berri (Donostia) y en al menos tres localizaciones distintas de Vitoria, informa Europa Press. A partir de julio de 2025, ha reconocido el Gobierno vasco, la situación “se ha intensificado, contabilizándose varias decenas de personas en situación de calle en ambas ciudades, lo que incrementa de forma significativa la vulnerabilidad del colectivo y generando una crisis humanitaria”.

En ese sentido, ha señalado que “muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Malí se han ido desplazando mayoritariamente a Vitoria-Gasteiz, atraídas por la creencia de que en la comisaria de la Policía Nacional Vitoria las citas para iniciar los trámites podían obtenerse con mayor agilidad, empujando a decenas de personas a tener que pernoctar en la calle”. Según las estimaciones, ha apuntado, el número total de estas personas es en torno a varias decenas, repartidas por distintos puntos de la ciudad. Asimismo, y desde julio habrían llegado a Euskadi en torno a 600 personas de Malí, y más de la mitad lo habría hecho a Vitoria.

El Gobierno vasco ha precisado que la concesión directa de esta ayuda responde a “razones de interés público, social y humanitario, de carácter urgente y excepcional, con el objetivo de que ninguna persona solicitante de protección internacional quede desatendida en un momento de especial vulnerabilidad”. La concesión de esta ayuda, ha añadido, busca “activar mecanismos ágiles que permitan atender necesidades básicas y proteger derechos fundamentales, evitando situaciones de desamparo o exclusión social, y reforzando una acogida digna que contribuye a la cohesión social y al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos”.

Las previsiones meteorológicas auguran que, en los próximos días, el frío extremo puede llegar a Vitoria. No se descartan los primeros copos de nieve de la temporada. Del martes al domingo, las mínimas no pasarán de 2 ó 3 grados centígrados, según Aemet. En el barrio de Salburua, un grupo de voluntarias -porque en su mayoría son mujeres- busca desesperadamente una solución transitoria urgente en forma de lonja, local o lo que se tercie para dar techo a medio centenar de malienses que, ahora mismo, pasan las horas y pernoctan en los soportales frente a la comisaría de la Policía Nacional o en otros cercanos al lado de un supermercado.

La ciudad que discute la necesidad de un centro para refugiados -que se construye a no más de cinco minutos a pie del complejo policial- y que se cuelga medallas en calidad de vida tiene desde hace al menos cuatro meses completamente abandonadas a su suerte a decenas de personas que huyen del régimen de terror en su país de origen, Malí, adonde España pide no ir en ningún supuesto por los atentados, minas, escasez de combustible, falta de libertades y “bandidaje”, entre otros problemas. “Duermo en la calle. Tengo mucho frío”, resume bajo varias capas y una capucha, en nombre de todo el grupo, el joven Yaya, de 17 años, en el anochecer de una jornada todavía con temperatuas templadas pero con fuerte viento.

Es el benjamín de un grupo heterogéneo, con personas también de mediana edad o rondando la cincuentena. Su vida entera se acumula en una maleta con ruedas -una de ellas con los colores del Real Madrid- y un teléfono móvil. Matan el tiempo escuchando música o jugando al póker. Los más afortunados disponen de un 'camping gas' en el que hacer alguna comida caliente.

Este periódico informó a finales de julio de que las entidades sociales que trabajan con migrantes estaban empezando a detectar a un grupo de personas procedentes de Malí en las calles de Vitoria. Era exactamente el mismo problema ocurrido en Donostia en los meses anteriores, solventado en buena medida con solidaridad vecinal. Ya en 2024, a raíz de los golpes de Estado de 2020 y 2021, las peticiones de asilo de ciudadanos malienses se dispararon un 700% en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Conseguir una cita en la Policía Nacional, el cuerpo con competencias en materia de Extranjería, se ha convertido en un tapón, aunque “en un 98%” los malienses tienen derecho a protección, según datos de Zehar-Errefuxiatuekin. Esta entidad, de hecho, acaba de denunciar que en Donostia cinco personas de esta nacionalidad han sido arrestadas y “podría derivar en su expulsión” de España. Janire, una de las voluntarias de Vitoria, sostiene que están viendo casos de personas que reciben como propuesta para la primera cita en comisaría fechas “de 2028”. Sin esos papeles, no hay más Sanidad que la atención en Urgencias y se truncan los proyectos educativos o laborales.

Es una respuesta muy diferente a la que se articuló en 2022 con las llegadas de refugiados de Ucrania tras la invasión de Rusia. Francia, potencia colonial en el país y que se dice “verdaderamente preocupada” por la situación en Malí, según ha trasladado esta misma semana, ha levantado desde hace años un muro 'de facto' en pleno espacio Schengen de libre circulación y bloquea por sistema las llegadas de migrantes sin documentación en regla e incluso ha practicado 'devoluciones en caliente' en la frontera de Irún/Hendaya. En 2018, este periódico ya recogió junto a la muga testimonios de malienses bloqueados.

Aunque algunas personas de las que han pasado por Vitoria ya se han marchado a seguir con su periplo vital en algún otro lugar y otras han sido formalmente derivadas a recursos asistenciales oficiales, como el de Oñati, la sensación de las voluntarias es que las llegadas son constantes y que el grupo que pernocta en Salburua es mayor que nunca en estos momentos. Los soportales de la avenida de la cuenca del Deba, los últimos del barrio residencial y los que dan a la Policía Nacional, son donde se acumulan más personas. Es un punto de paso muy común, sobre todo en coche. Es el camino hacia los humedales del anillo verde, una zona de esparcimiento, o hacia el pabellón Fernando Buesa Arena, donde juega el Baskonia. Pero la vida cotidiana de los vitorianos parece darles la espalda a los malienses.

También hay varias decenas de colchones perfectamente alineados en otro soportal, en la calle de Madrid, bajo otro bloque de viviendas de Salburua. Y algunas de las personas que les ayudan sostienen que hay grupos repartidos por otros puntos de la ciudad. En verano, por ejemplo, había grupos igualmente en el entorno del ferrocarril, cerca de las oficinas de Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR.

Como Janire, otras mujeres de edades dispares como Montse, Conchi, Leire o Analía dedican parte de su tiempo y hasta de sus recursos económicos para apoyar a los malienses. Se han ido conociendo en estos meses allí y ahora comparten un grupo de WhatsApp. También se les ha unido Jacques, camerunés de 36 años, y que echa una mano como traductor al dominar el francés y el árabe. “Ellos vienen aquí por la guerra. Gracias a Dios han podido cruzar [el mar que separa África de Europa]. La mayoría son hombres, pero tenemos también a alguna mujer”, apunta señalando a la única que, ahora mismo, forma parte del grupo bajo los soportales frente la Policía Nacional, que tiene la mitad posterior de sus instalaciones completamente vacía porque nunca se llegaron a necesitar ante la reducción de funciones por el despliegue de la Ertzaintza. En su momento, Stop Desahucios cifró en 50 las viviendas que podrían salir de allí.

Al comienzo de la llegada de malienses, el Ayuntamiento ofreció a estas personas la posibilidad de que utilizaran las instalaciones de un centro cívico, San Andrés, para que se ducharan y asearan. Pero ahora ha cerrado el grifo, literalmente. Montse, que tiene una lonja solidaria desde hace dos décadas en el cercano barrio de Zaramaga, emplea los recursos que obtienen allí para pagar cada día la ducha a cinco de los refugiados en el polideportivo de Iparralde. Son 11 euros de su bolsillo al día. ¿Por qué empezó a colaborar? Explica que un amigo suyo, de origen maliense, se encontró en la mezquita con un vecino de su mismo pueblo ya en abril. “Me dijo que estaban viviendo en la calle. Y en la lonja ayudamos a tres”, apunta. La Policía de Vitoria también llegó a impedirles instalar una lona como cortavientos contra el frío, denuncian las voluntarias. Los móviles los cargan en bares de la zona que les abren sus puertas.

Conchi, vecina de Salburua, es la cocinera oficiosa. “Por las mañanas, les traigo pan y chocolate. Al mediodía, preparamos dos kilos de arroz con verduras o algo de carne. O con un huevo cocido”, explica. Si ella no puede, su marido se encarga de cocer el arroz. Tienen hasta bandejas y “un carrito” para las entregas. “Lo compro yo todo. Se está haciendo largo”, señala. Afirma que ella es “cristiana y católica practicante” y que llamó a Cáritas para buscar ayuda. Enfadada, lamenta que le contestaran que no podían hacer nada porque le dijeron que las llegadas están organizadas por “mafias”.

“Ellos son humanos”, se indigna apuntando hacia el grupo. “Cuando me acuesto, siempre miro por la ventana y pienso en el frío que va a hacer. Rezo mucho para que no llueva. Se les mojan los colchones. Ahora viene el frío”, se lamenta. Abandona la entrevista antes de tiempo porque el adolescente Yaya, que antes estaba en Miranda de Ebro y donde aprendió algo de castellano, lleva todo el día sin comer y no lo puede tolerar. Analía, que se mueve en patinete y es de origen argentino, muestra una bolsa del Banco de Alimentos con piezas de fruta. Asegura que esta institución es la única que entrega víveres regularmente a este colectivo.

Leire es mucho más joven. Es del Sindicato Socialista de Vivienda. Agradece la existencia de una “red solidaria” frente a la “dejadez increíble” de las instituciones “burguesas”, con una respuesta “claramente insuficiente”. Lamenta el desenfoque de las reacciones al problema de la vivienda, con propuestas de construcción de pisos para las clases medias cuando en la misma ciudad hay colectivos vulnerables en la calle. “Se pasan la pelota de unos a otros. Que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, que si ahora el Gobierno central... Pero aquí nadie hace nada”, se queja.

Por el contrario, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, preguntada por este periódico, asegura que el Estado lleva “muchos meses trabajando” en este asunto para “dar la mejor respuesta” a los malienses. “Llegan a Euskadi a pedir refugio y asilo político. Y estamos agilizando todos los trámites con la Policía Nacional para que tengan una primera entrevista y puedan acceder a los servicios sociales y al circuito estatal [de protección]”, indica.

“La llegada de malienses se ha más que duplicado en los últimos meses por razones políticas de su país, donde hay persecución y guerra. Como digo, estamos trabajando en colaboración el Ayuntamiento y con el Gobierno vasco para dar la mejor solución”, agrega Garmendia. Según datos de CEAR, desde julio del orden de 500 personas de Malí han llegado a Euskadi y, de ellas, más de la mitad lo han hecho a Vitoria.

A cinco minutos del criticado centro de refugiados

“En los discursos oficiales se presume de proteger a las personas refugiadas y promover la migración regular, pero las personas que vienen de África no cuentan, 'de facto', con vías de acceso regulares ni seguras, y quienes emprenden tránsitos terrestres y marítimos no son identificadas como personas en búsqueda de asilo o merecedoras de protección internacional, sino como infractores de las leyes administrativas. Finalmente, la práctica totalidad de éstas ven denegada la protección si logran solicitarla, con la excepción precisamente de las personas que huyen del conflicto de Malí, que en su práctica totalidad obtienen la protección subsidiaria”, han expuesto SOS Racismo y Zehar-Errefuxiatuekin recientemente.

El principal proyecto del Gobierno central en materia de migración en Vitoria y en Euskadi es un nuevo centro para refugiados en el barrio de Arana, en una antigua clínica y residencia a no más de cinco minutos caminando del lugar donde ahora se guarecen los malienses. El proyecto ha concitado rechazos vecinales y políticos -el PP ha recogido firmas y lo ha asociado a la delincuencia, Vox enarbola la xenofobia y el PNV aboga por un “modelo vasco” que huya de “macrocentros”- y finalmente tendrá 200 plazas y no 350, como se anunció inicialmente. Si bien la delegada Garmendia ha asegurado que “con el centro de refugiados de Arana no se tendría esta crisis con los malienses”, la alcaldesa, la también socialista Maider Etxebarria, explicó que además de la reducción de plazas, que se ha publicitado como “una buena noticia”, el recurso iba a ser para “familias”. Estos migrantes, en su mayoría, son personas solas. Se pueden leer aquí todas las noticias relacionadas con este recurso.

Janire, que es una de las personas más activas de entre las voluntarias, alerta del racismo subyacente que también está empezando a emerger. Recuerda que, hace unas semanas, Vox plantó una jaima para realizar su propaganda contra la “delincuencia” justo a unos metos de los soportales. Algunas voluntarias refieren haber escuchado frases “si tanto te importa, ¿por qué no te los llevas a tu casa?”. “Se criminaliza a estos colectivos cuando no son para nada los culpables. Es lo que persigue el racismo, hacerles responsables a ellos mismos de su miseria”, apostilla Leire.

Pero a Janire, sobre todo, le preocupa el invierno. Como consecuencia del cambio climático, Vitoria vive de sus años más cálidos y, hasta ahora, el otoño no ha sido especialmente beligerante. Pero esta semana todo va a cambiar. El mercurio se va a desplomar y puede llegar la nieve. Por eso pide que el mensaje final a la ciudadanía de Vitoria sea de ayuda. Buscan mantas y sacos de dormir con urgencia. Y demandan que se habilite un espacio cerrado y bajo techo para que quienes ahora pernoctan en la calle puedan hacerlo con menos riesgo. “¿Tiene que morir alguien para que hagan algo?”, se preguntan las voluntarias.

Como cada día, Moussa Dembelé se levantó temprano en el piso que compartía con varios compatriotas malienses en el barrio madrileño de Lucero. Se vistió con la camiseta amarilla y naranja de la empresa para la que estaba contratado desde hacía varios meses, Construcciones Anka, y se dirigió al centro de Madrid, al número 4 de la Calle Hileras, donde trabajaba en un antiguo edificio en proceso de rehabilitación para ser convertido en un hotel de lujo. Como acostumbraba a hacer desde su llegada a España, habló con su mujer por videollamada antes de empezar la jornada laboral. 

La siguiente llamada con prefijo español recibida por su familia en Mali se produjo antes de lo habitual, pero no era de Moussa, sino de su hermano Mamadou. Estaba en la Calle Hileras, frente a la fachada del edificio desplomado, rodeado de bomberos y policía. “Llamé a un primo nuestro y le conté lo que había pasado, para que reuniese a su mujer e hijos y se lo contase allí con tranquilidad. No habían sacado el cuerpo aún, pero él estaba desaparecido”, explica a elDiario.es. Moussa Dembelé es uno de los cuatro fallecidos del edificio derrumbado este martes en pleno centro de Madrid. De las cuatro víctimas mortales, tres son extranjeras, lo que evidencia el peso de los trabajadores inmigrantes en uno de los sectores con mayor siniestralidad, el de la construcción.

El derrumbe tuvo lugar poco antes de las 13:00 horas. Por razones que todavía se desconocen, varios forjados se vinieron abajo desde la parte superior del edificio, sin afectar a los exteriores. La única víctima española, Laura, ocupaba el cargo de jefa de producción de la obra. Los tres hombres fallecidos eran todos obreros. Se llamaban Jorge, Diallo y Moussa Dembelé. Procedían de Ecuador, Guinea y Mali respectivamente. Según un portavoz de Anka, la compañía responsable de la obra que acabó en siniestro, todos los empleados fallecidos tenían la documentación en regla y estaban contratados por la empresa.

Moussa Dembelé cumplió 40 años el pasado mes de junio y procedía de un pequeño pueblo de Malí, donde su mujer y sus cinco hijos menores de edad lloran su muerte a más de 3.000 kilómetros de distancia. En 2024, el maliense se despidió de su familia para dirigirse a Mauritania, donde se embarcó en un cayuco hacia Canarias, una de las principales rutas migratorias hacia el archipiélago. Fue uno de los 46.843 migrantes que alcanzaron las islas el año pasado, cuando el flujo de solicitantes de asilo malienses por esta vía se incrementó hasta llegar a ser la nacionalidad más frecuente en las llegadas a las costas canarias, por encima de la marroquí y la senegalesa.

Debido al conflicto que vive su país, Moussa había solicitado asilo a su llegada a España y, casi un año después, Interior le concedió la protección internacional, con lo que obtuvo una tarjeta de residencia de larga duración. Empezaba a tener cierta estabilidad en Madrid, con unos ingresos justos pero más o menos fijos que le permitían enviar dinero a su familia, cuando el accidente laboral acabó con su vida.

Este martes, el día del derrumbe, Mamadou, hermano de la víctima, disfrutaba de un descanso de su jornada laboral cuando el teléfono sonó, pero no lo escuchó. Cuando pudo mirar su móvil, acumulaba varias llamadas perdidas de un mismo número, el de un compañero de Moussa, también maliense. Marcó de vuelta y su voz sonaba nerviosa. “No le entendía bien. Me dijo que había habido un accidente en la obra y se había derrumbado. Decía, Moussa se ha quedado ahí. Moussa está debajo”, recuerda el hombre, que también se dedica al sector de la construcción. Bloqueado y angustiado, colgó y regresó a las profundidades del Metro de Madrid, a las obras de prolongación de la línea 6 del suburbano donde trabaja, para pedir permiso a su jefe e intentar confirmar lo ocurrido en el lugar de los hechos.

“Fui un rato después. Le conté a la Policía que era su hermano y me pidieron que le llamase por teléfono. Su compañero me había dicho que estaba debajo de los escombros, pero le llamé igualmente. No contestaba. Insistimos y nada. No encontraron el cuerpo hasta después”, detalla el hombre, que desde entonces ha sido el enlace de comunicación con su familia en Mali. Una familia que espera respuestas y ansía la repatriación de los restos mortales de su ser querido, para despedirle y enterrarle en su lugar de origen.

Cuando Moussa dejó Malí, su mujer estaba embarazada de su hijo menor, al que solo pudo conocer por videollamada. “Su familia está muy mal, no se puede creer que haya pasado esto cuando ya estaba en Madrid y trabajando. Esperan poder enterrar pronto su cuerpo allí para despedirlo”, dice a elDiario.es su hermano en los alrededores de la funeraria encargada de realizar los trámites para la repatriación del cadáver, que ya ha sido identificado. Le acompaña su amigo Bakary y otro hermano de la víctima que vive en París desde hace años y ha viajado a Madrid tras enterarse de lo ocurrido. 

Él permanecerá en España hasta que el cuerpo de Moussa pueda ser repatriado. “Viajará a Mali con Moussa. Será el encargado de ir con el cuerpo y ocuparse de todo para llevárselo a la familia”, explica Bakary. Según la funeraria, la tramitación de la repatriación tardará unos diez días, si no surge ningún problema. La empresa responsable de la obra ha asegurado, tanto a la familia como a elDiario.es, que se hará cargo de los gastos ligados a la repatriación, que suelen rondar los 3.000 euros. Independientemente de la voluntad de la compañía, en caso de accidente laboral, la empresa está obligada a afrontar el coste y a indemnizar a las víctimas, lo que debería incluir una indemnización para la mujer y los cinco menores que lloran a Moussa en Mali. 

Del cayuco a la obra

Tras la llegada de Moussa a Canarias, el maliense fue trasladado a Madrid, donde pasó una temporada en el campamento para migrantes de Carabanchel, uno de los espacios donde son alojados quienes llegan en patera a las costas españolas una vez trasladados a Madrid. Después de registrar su demanda de protección internacional, Moussa fue albergado en un centro de la red estatal de acogida para demandantes de protección internacional, ubicado en Almería. Cuando consiguió el asilo, con la consiguiente tarjeta de residencia de larga duración que aseguraba un futuro en España, llamó a sus familiares y amigos de Madrid. 

Bakary recuerda aquella llamada. “Estaba contento porque ya tenía sus papeles y aunque podía quedarse allí nos dijo que él lo que quería era trabajar”, cuenta el amigo de la víctima que, junto a Mamadou, abrió las puertas de la casa que compartían en Madrid. Pronto encontró empleo en la construcción, un oficio que aprendió a su llegada a España, según explica su amigo. 

“Nosotros trabajamos en la construcción y le podíamos ayudar a encontrar trabajo. Poco después de mudarse con nosotros ya estaba trabajando”, explica Babakar, su compañero de piso desde entonces. “En Madrid, la construcción es uno de los pocos sectores donde es más fácil encontrar trabajo para nosotros”, añade. Con “nosotros” se refiere a inmigrantes, especialmente, a quienes proceden del continente africano. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros ocupan ya un 22% de los empleos en la construcción, el sector con mayor siniestralidad en España. 

El maliense trabajaba para Anka Construcciones desde hacía “varios meses” y cobraba 1.100 euros, según explica el amigo y compañero de piso de la víctima. El edificio estaba siendo rehabilitado por esta compañía, pero por encargo de la sociedad de origen saudí RSR Singular Assets Europe Socimi. Un inversor inmobiliario especializado en hoteles y apartamentos turísticos de alta gama en España y Portugal, gestionado por Caler Advisory and Asset Management, que adquirió el inmueble por 24,5 millones de euros. El proyecto contemplaba el cambio de la licencia de actividad de uso de oficinas a hospedaje, aprobado en diciembre de 2024, con la previsión de que abrirá al público dentro de dos años, como publicó Somos Madrid.

Bakary, tras casi siete años en España, siempre ha trabajado como obrero. Frente al edificio redondeado que aloja el Instituto de Medicina Legal de Madrid, donde horas antes habían confirmado la identificación del cuerpo de Moussa, el maliense describe con rabia el riesgo que entraña su profesión, especialmente en el ámbito de la demolición. “Es muy peligroso y muchas veces abusan de los negros”, dice visiblemente enfadado. Desconoce las circunstancias específicas en las que trabajaba la víctima del siniestro, pero describe algunas de las prácticas que él mismo ha sufrido durante su lustro de experiencia, como la exigencia de realizar labores complicadas que no estarían contempladas en las categorías para las que son contratados y que requieren una cualificación de la que algunos carecen, lo que incrementa el riesgo.

“Trabajar en demolición es muy duro y peligroso, yo ya no lo hago. En muchas empresas no respetan la categoría o el nivel de formación del obrero. Si eres peón o ayudante, te ponen a hacer labores para las que no están ni preparados ni lo suficientemente pagado, y eso es muy peligroso”, explica el maliense.

Ya en el metro, de camino a casa, se arremanga el pantalón y muestra una cicatriz para ejemplificar sus palabras: “Esto me lo hice trabajando en una demolición. Yo, como peón, no sabía usar la herramienta para picar y me hicieron utilizarla. Me desestabilicé y me caí”, detalla el hombre antes de recordar una de las últimas conversaciones que tuvo con Moussa. “La noche anterior llegó a casa muy cansado. Nos dijo que le habían puesto a picar y que estaba agotado. Pero él no se quejaba, estaba contento por tener un empleo y poder enviar dinero a su familia. Nosotros si llevamos tan poco tiempo aquí, no podemos quejarnos”, sentencia el amigo del fallecido, minutos después de facilitar toda la documentación y datos de Moussa en una de las oficinas del tanatorio donde embalsamarán el cuerpo de su amigo antes de proceder a la repatriación.

En los últimos días, en la zona de Vitoria próxima a las oficinas compartidas de CEAR y Zehar Errefuxiatuekin, se ha incrementado la presencia de migrantes procedentes de Malí, pero también de otros países como Nigeria o Mauritania, que precisan de ayuda básica de subsistencia. Si eran una docena hace un par de semanas ahora son ya más de medio centenar, según explican desde Zehar Errefuxiatuekin, que lamenta que las instituciones locales, en particular el Ayuntamiento, están haciendo oídos sordos a sus llamamientos para poder buscar una salida temporal a este colectivo abocado a pernoctar en la calle y a pasar todo el día también a la intemperie en plena ola de calor. “Desde la entidad pedimos que se aseguren los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y su derecho a la acogida”, señalan.

Se trata de un fenómeno que se detectó hace semanas en Donostia. Allí, la asociación vecinal de Amara Berri organizó una acogida informal con repartos de comida y cobertura de otras necesidades básicas que se transformó en una convivencia natural que incluso derivó en conciertos y otras actividades sociales. En Vitoria también están teniendo un “comportamiento ejemplar”, recalcan en Zehar Errefuxiatuekin.

La pasada semana se comunicó que las instituciones habían articulado una derivación de medio centenar de estas personas a un centro en Oñati. Allí hay ya también al menos ocho más derivadas desde Vitoria, indican las fuentes consultados. Este recurso tiene un centenar de camas. El centro de Zehar Errefuxiatuekin en Tolosa, también en Gipuzkoa, ha sido reabierto este verano y su treintena de plazas ya está completa exclusivamente con varones jóvenes con origen en Malí.

Francia se ha convertido en un tapón para estos migrantes, tanto por las devoluciones en caliente que existen desde hace años en la frontera de Irún y Hendaya como por el entorno hostil para determinadas nacionalidades, que hace que abandonden Francia para regresar a España, el primer país de la Unión Europea que pisaron al entrar generalmente por Canarias. La maliense es ya la más común entre los migrantes en tránsito en Euskadi, algo motivado por los problemas políticos y económicos en su país de origen. En España, a su vez, tienen un tapón burocrático para realizar sus solicitudes de asilo. Las citas de la Policía Nacional llegan con cuentagotas.

Cuando la situación en Donostia fue de auténtico “embudo”, en definición de Zehar Errefuxiatuekin, algunos malienses empezaron a intentar acceder a la Policía Nacional en Vitoria, con menos carga de trabajo. Al final, las llegadas están siendo continuadas y “van a ir a más”, según quienes colaboran con estas personas. Además de CEAR y Zehar Errefuxiatuekin, Cruz Roja y Cáritas también están proporcionando recursos, pero no aún las instituciones locales, según las fuentes consultadas. Demandan que Vitoria dé “la voz de alarma” como la ha hecho Donostia. Las entidades sociales, por el momento, les ofrecen aseo, cargar el móvil y agua, pero quedan desatendidos fuera del horario de oficina.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España han señalado a Europa Press que se está tratando de agilizar la concesión de citas para tramitar solicitudes de asilo. De su lado, el Ayuntamiento ha indicado que “el equipo de educadoras de calle les visita, acompaña y asesora” y que se coordina con otras instituciones.

Con el ya tradicional “Artillero, dale fuego” ha arrancado la Aste Nagusia de Donostia, que da continuidad al ciclo iniciado en Vitoria y que seguirá en Bilbao a partir de la semana próxima. Sin embargo, además de la fiesta ha habido espacio para la protesta en la capital de Gipuzkoa. Decenas de personas han participado en una movilización convocada Gipuzkoa Antitaurina contra las corridas de toros, programadas en el coso de Illunbe durante la semana festiva, a diferencia de en Vitoria, por ejemplo. El alcalde, Eneko Goia, ha respondido que en la ciudad hay “opiniones encontradas” sobre el asunto y ha explicado que su papel es únicamente el de “ofrecer la libertad que en este momento el marco legal da para que quien quiera organizarlos lo pueda hacer”.

En la tarde de este sábado, representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, que recientemente se ha llevado la medalla de Donostia, y de la asociación de vecinos de Amara Berri, muy protagonistas estas semanas por su atención a los malienses que han estado pernoctando en la calle, han copado los focos en el cañonazo de inicio a la Aste Nagusia entonando el tradicional 'Artillero dale fuego'. Según el programa de este año, las fiestas contarán con 387 actividades. Terminarán el 16 de agosto. El concurso internacional de fuegos artificiales, el evento más concurrido, alcanza su sexagésima edición este 2025. Se pueden consultar aquí todos los actos.

Los vecinos de Amara Berri ya explicaron -también en una carta publicada en este periódico- que han acudido a la invitación “sin ánimo festivo”. Ellos han atendido informalmente a decenas de migrantes en tránsito con el paso a Francia bloqueado y atascados en la burocracia en España. Finalmente, este mismo jueves y después de semanas de espera, la Diputación anunció que del orden de medio centenar de los malienses han sido trasladados a Oñati.

También era reivindicativo el ánimo de Gipuzkoa Antitaurina. Según informa Europa Press, su movilización ha partido a las seis de la tarde de la calle de Hernani bajo el lema 'Tauromaquia no'. Organizaciones como EH Bildu y Podemos, además de grupos ecologistas, han secundado esta protesta.

Los manifestantes, entre otros puntos, han reclamado que el plan de reforma de Illunbe “excluya cualquier posibilidad de uso para espectáculos taurinos”. En opinión de Gipuzkoa Antitaurina, “destinar fondos públicos a la adecuación de un recinto para corridas de toros es una decisión contraria a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”. Además, han señalado que, “actualmente, las corridas en la capital guipuzcoana se celebran únicamente durante tres días al año” y que “la gran mayoría de la asistencia procede de fuera de la ciudad”. “Es momento de que las instituciones escuchen a la sociedad y pongan fin a los espectáculos que implican sufrimiento animal”, ha clamado la portavoz de Gipuzkoa Antitaurina, Pilar Otegui, siempe según las declaraciones recogidas por Europa Press.

El alcalde de Donostia ha dicho en RNE, de su lado, que los espectáculos taurinos no son de su “gusto ni disgusto”, aunque ha indicado que no suele acudir a ellos. Donostia no tuvo toros durante la etapa de EH Bildu, de 2011 a 2015, pero se han recuperado con Goia, en el cargo desde 2015. Al reestreno acudió incluso el anterior jefe del Estado, el ahora exiliado Juan Carlos I.

Recientemente, la coalición abertzale se lo reprochó y él replicó con los ejemplos de Azpeitia y Pamplona, dos localidades en manos de EH Bildu y que tienen la tauromaquia como eje de sus programas festivos sin que se plantee su desaparición.

La principal fuerza de la oposición, en todo caso, ha participado en la convocatoria de protesta. Y ha señalado en X que una mayoría “amplia” de la ciudadanía, que ha cuantificado en un 71%, no desea corridas en la programación festiva. “De 2011 a 2015, escuchando a la ciudadanía, no hubo toros. En el nuevo Illunbe también sería posible que fuera así”, han manifestado en euskera.

“Es un espectáculo que respeto. Hay opiniones encontradas pero a mí me corresponde ofrecer la libertad que en este momento el marco legal nos da para que, si alguien quiere organizar este tipo de espectáculos -y en el caso de Donostia hay quien lo quiere hacer-, lo pueda hacer”, ha insistido Goia. Tras el arranque festivo, el primer edil del PNV ha apelado también a unas fiestas “libres y seguras”.

La Diputación de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Donostia, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal un recurso de alojamiento en Oñati, ante la situación de calle que están viviendo varias personas migrantes, en su mayoría procedentes de Malí y actualmente ubicadas en el barrio donostiarra de Amara Berri. Según ha informado la institución foral, el recurso tiene capacidad para acoger a 50 personas migrantes que se encuentran en situación de calle, mientras esperan poder iniciar los trámites para solicitar protección internacional.

Esta actuación se enmarca en la coordinación interinstitucional y tiene como objetivo ofrecer una respuesta urgente a una necesidad social “apremiante”, ha apuntado, según recoge Europa Press. No obstante, ambas instituciones consideran “preocupante” la “inacción y la falta de iniciativa del Gobierno español ante esta situación”. “La insuficiencia del sistema estatal de acogida está dejando en una situación de vulnerabilidad a decenas de personas migrantes”, han alertado.

Según han destacado, ante esta “falta de respuesta” por parte del Gobierno español, son las instituciones vascas las que “han asumido, una vez más, la responsabilidad de ofrecer una solución inmediata y urgente, de carácter provisional”.

Diputación y Ayuntamiento han subrayado la necesidad de que el Gobierno español agilice los procedimientos y active los recursos necesarios para garantizar una acogida “digna” y evitar situaciones de desprotección. En este sentido, ambas instituciones han reiterado su disposición a colaborar con el Gobierno estatal para articular una respuesta “estructural, eficaz y coordinada, que permita abordar esta realidad desde el compromiso y con garantías de protección”.

La organización Zehar Errefuxiatuekin ha detectado “en las últimas dos semanas” un grupo de “diez o doce” jóvenes varones procedentes de Malí “pernoctando en la calle o donde buenamente pueden” en Vitoria. Es una reproducción a menor escala de lo que viene sucediendo desde hace “varios meses” en Donostia. Francia mantiene un férreo control de sus fronteras con los migrantes en tránsito y este colectivo se topa en España con la burocracia para completar sus solicitudes de asilo.

Malí está sumido en una suerte de guerra civil tras el golpe de Estado en 2020, que sucedió al de 2013. Sobre el terreno operan filiales de las organizaciones yihadistas Daesh y Al Qaeda, y las salidas de refugiados son “masivas”, dicen en Zehar Errefuxiatuekin. Explican a este periódico que la llegada a Vitoria, por el momento, “no es tan notoria” como a Donostia pero sí se ha comprobado que es “el mismo perfil y las mismas circunstancias”, es decir, que probablemente hayan hecho el “mismo recorrido” desde África. Según datos del Estado recogidos en mayo por Efe, el volumen de llegadas de malienses a Canarias ha crecido un 543% y ha pasado a ser el primer país de origen.

En las instalaciones de Zehar Errefuxiatuekin en Vitoria, en la zona del ferrocarril, junto a la iglesia de San Cristóbal, ofrecen a estas personas -varones veinteañeros, en su mayoría- una ayuda “básica”. “Llegan a nuestras oficinas a asearse y a cargar los móviles”, explican desde la entidad. “Vienen durante el día un par de veces. Siempre son los mismos. ¿Dormir? En la calle o donde buenamente pueden”, agregan. “No sabemos si esto irá a más o no, pero sobre todo en Donostia llevamos meses recibiendo muchísimas personas de Malí”, indican.

En el caso de Donostia, efectivamente, el asunto se ha convertido en notorio. En este caso se congregan también en torno a las oficinas de Zehar Errefuxiatuekin en el barrio de Amara Berri. En todo caso, lejos de los brotes racistas acontecidos en Torre Pacheco o incluso en la cercana Hernani, buena parte del barrio se ha volcado en el apoyo a este colectivo, con entregas de comida e incluso actividades sociales y conciertos. Se puede leer aquí más sobre ello.

En un contexto de brotes racistas y xenófobos —no hace falta acudir a Torre Pacheco; a finales de junio, en Hernani se produjeron algunos ataques de parte de unos jóvenes del pueblo contra otros de origen magrebí—, en el barrio de Amara de Donostia, los vecinos plantean otra manera de acercarse a los llegados de Mali. Este grupo, taponado por la frontera de Francia y la burocracia española, se ha llegado a ver forzado a pernoctar en la calle.

“En estos momentos de tanto racismo y del auge de la extrema derecha, se está generando un relato y un discurso diferente en el barrio. Hay un modelo que es el de Amara, que se basa en verles con dignidad”, comenta Ulises Flores, vecino del barrio. “Se deja a un lado el relato de miedo y odio, y nos centramos en aproximarnos, conocer sus nombres y saber sus historias”, explica.

La situación de conflicto armado que se vive en Mali desde el año 2012 ha hecho que muchas de sus víctimas hayan tenido que salir del país africano para buscar asilo en destinos europeos. Para la petición de asilo político, al llegar a las costas comunitarias, si optan por quedarse en España, no hay ningún problema burocrático. Sin embargo, si se dirigen hacia Francia la cosa cambia.

Según Oihana Galardi de la red de acogida Irungo Harrera Sarea, “desde el mes de marzo los malienses que han ido a Francia han sido expulsados al pedir asilo, ya que Francia aplica los diferentes acuerdos que existen a nivel europeo (Tratado de Dublín) y que España ha aceptado”. Según estos acuerdos, el demandante de asilo debe pedir la petición en el país de la Unión Europea por el que ha entrado. En realidad, Francia lleva más de un lustro con un muro policial para los migrantes en tránsito. Ha practicado devoluciones en caliente y han llegado a fallecer varios jóvenes que han explorado rutas peligrosas, como las aguas del río Bidasoa que separa Irún de Hendaya.

Desde el mes de marzo cada vez más malienses expulsados desde por Francia comenzaron a hospedarse en la plaza de las Cofradías Donostiarras del barrio de Amara Berri. Era básicamente por dos razones: una, por la proximidad con la frontera francesa y, dos, porque allí se encuentra CEAR (Comisión Española de ayuda al Refugiado).

Itziar Pequeño, de CEAR, explica la función de la entidad. “Somos la puerta que les da acceso al sistema de acogida, al sistema de asilo y al sistema de refugio. Nos ocupamos de darles orientación, información, ayudarles a tramitar las citas con la policía y darse de alta en el sistema”, apunta.

Según Pequeño, en la Unión Europea Mali es la segunda nacionalidad en solicitudes de asilo y en España la tercera. “Se encuentran en posiciones muy altas. De hecho, desde marzo la principal nacionalidad de llegadas a Canarias es de malienses. Todo este contexto hace que al final estemos en esta situación”, explica. CEAR les ayuda de todas las maneras posibles. “Les dejamos que entren a cargar los móviles, usen el baño y demás necesidades. Estamos ahí para lo que necesiten”, dice Pequeño.

Un día de la semana (normalmente los lunes) los demandantes disponen de dos horas para cerrar una cita con la Policía Nacional, el cuerpo que gestiona las competencias de extranjería. La petición se realiza por teléfono. “El sistema actual de citas lleva a que los solicitantes estén durante dos horas pendientes del teléfono, venga a llamar. Y si una persona no lo consigue en ese determinado momento, está abocada a estar en la calle una semana más con la incertidumbre de no saber si la semana siguiente lo conseguirá”, explica Galardi. Pequeño, por otro lado, es clara con este asunto: “Faltan plazas para la petición de asilo, el sistema está saturado”. Esto hace que cada vez haya más malienses acumulados en el barrio.

Una vez que una persona consigue la cita ante la Policía Nacional y manifiesta su voluntad de pedir asilo, el propio cuerpo reconoce esa voluntad y genera un documento que significa una identificación mínima para acceder a derechos, entre ellos el de no poder ser expulsado. Galardi comenta que “se está hablando de un derecho muy básico que se está reduciendo desde la Policía Nacional, desde el Ministerio del Interior, y se está generando una situación de mayor vulnerabilidad para las personas que quieren hacer esa demanda”.

Comparando con el anterior sistema de petición, Galardi comenta que “antes era mucho más factible acercarse a la Policía”. “Ahora, no se puede hacer de manera presencial, solamente de manera telefónica y no es posible que lo hagan todos a la vez o con una cita real”, apunta. Esto genera situaciones como las de Amara, “en que los vecinos terminan por preocuparse por los derechos y necesidades más básicas de las personas que están abocadas en la calle”.

Una semana de traslados y promesas

El viernes 11 de julio, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, señaló que ante el incremento de petición de asilo político de los malienses en Donostia se buscaría “agilizar” los primeros trámites que debían de hacer ante la Policía Nacional, que son los que les da derecho y cobertura a acceder a la red de acogida. Por otro lado, afirmaba que los refugiados estaban siendo trasladados a diferentes centros del territorio vasco y nacional, alrededor de una treintena. “Las migraciones son muy cambiantes y dependen, en este caso, de la situación de la guerra civil que sufre Mali”, apuntó.

Tres días después, el lunes 14 de julio, CEAR confirmó que hubo 11 citas nuevas telefónicas, doblando el número de la semana anterior. Además, según la entidad, un autobús salió con una veintena de malienses rumbo a Cádiz y otros seis a otros dispositivos de acogida en Euskadi. Cecilia Casado, vecina del barrio, dejaba claro que, efectivamente, “han llevado a 33 personas al sur, pero no de Amara Berri, sino del albergue de Oñati que gestiona, Zehar-Errefuxiatuekin”. De hecho, de Amara Berri “no han sacado ni uno”. “Te lo digo yo, que les he dado de desayunar a 47 esta mañana”, comentaba Casado el mismo lunes.

Dos días después, el número de los malienses que fueron a solicitar el desayuno creció a 60. “Estamos a punto de explotar”, comenta Casado. Ese mismo día, ante la pasividad de las instituciones, la asociación de vecinos de Amara Berri se reunió con la Diputación para dar cauce una solución a una situación cada vez más insostenible.

Mamadou Telly Diallo: sin techo, pero con esperanza

Foussenou Traoré acaba de terminar el desayuno que los vecinos le han brindado en una de las mañanas lluviosas de su barrio. Se encuentra tranquilo. “Hace tres semanas llegué a España”, comenta. Luego, se acomoda, cambia de postura y comienza con su historia, mientras, de fondo, muchos de sus compañeros piensan en cómo afrontar otro día más en la plaza de las Cofradías Donostiarras.

“He salido de mi país porque no tengo familia. Mi padre murió cuando tenía 12 años y mi madre cuando tenía 11. A los 11 años salí de mi casa, porque estaba realmente solo. Ahora tengo 25 años”, narra Traoré. “He pasado por Mali, Argelia y Marruecos para llegar a España. Llegué en barco a Málaga. Cuando llegué a Andalucía estuve dos meses con una asociación y después me fui seis meses a Tarragona. Estuve un tiempo en Almería trabajando en el campo, y finalmente quise acercarme a Francia”, narra. Es ahí cuando comenzaron los problemas. “Hablaba francés, pero ellos no me querían. Me dijeron que tendría que vivir en España”, agrega. Y así es como terminó a Donostia.

“Llevo tres meses en esta ciudad. Cuando llegué aquí, CEAR me dijo que debía llamar a la Policía y tener una cita para buscar papeles para protección internacional. Ahora, tengo que esperar tres meses a la cita”, prosigue. Cuando se le pregunta acerca de sus planes de futuro, el joven africano comenta lo siguiente: “Primero tengo que integrarme. Realmente me encantaría vivir en Donostia, me gusta mucho la ciudad. Pero, ¿sabes qué? Quiero estar bien, no hay dignidad, mira cómo estamos —dice mientras mira a su alrededor— esto no es vida. Tengo 25 años y quiero trabajar, porque he sufrido mucho en mi vida”.

Traoré entró en Europa cuando tenía 18 años. Se considera discreto. “Soy tímido, tengo que respetar a la gente, integrarme, tener una casa, trabajar, realmente no sé cómo lo puedo hacer”, describe. Comienza a llover en el barrio, Traoré hace un suspiro y vuelve a repetir: “Quiero formarme para trabajar, he sufrido demasiado para estar en la calle”.

Amara Berri: humanidad en tiempos de frontera

Todos los días a las 9.20 algunos vecinos del barrio se reúnen en el Eroski de la calle de Podavines para comprar el desayuno para los malienses. Pan, sardinas o plátanos. Después, se sitúan en un lado de la plaza, donde a las 9:30 todos los malienses se encuentran en fila. Esta escena se repite a diario.

“Son aportaciones voluntarias y personales. No se ha hecho ninguna campaña para recolectar dinero entre los vecinos. Todo es espontáneo”, comenta Casado, la persona encargada de gestionar los desayunos. “Desde hace dos días el banco de alimentos ha empezado a compartirnos pan, leche y huevos. Colaboran desde siempre con las cenas solidarias y ahora van a intentar echar una mano con los desayunos”, relata.

A esa hora se encuentran vecinos como Xabier Berridi, Ramón Rubio, Ulises Flores y Txaro García, que es la persona que empezó con los desayunos. “Hace mes y algo comencé comprando media docena de plátanos y comenzaron a venir más y más. Un día vi a Cecilia, se implicó y me echó una manita. Poco a poco, ha ido creciendo la solidaridad en el barrio”, comenta García.

Según Flores, “en este barrio hay otra sensibilidad”. “Con toda la ola de odio y racismo que hay en España, aquí se ha elegido el camino de acercamiento hacia las personas vulnerables”, repite. Según él, se está invirtiendo la lógica que suele ocurrir normalmente en este tipo de casos, que es de arriba hacia abajo, donde los locales ayudan a los necesitados. “El domingo ellos nos prepararon la comida. No hicimos nada, nos formamos y nos dieron de comer”, cuenta.

Este hecho para el barrio supone “un proceso de humanizar”. “Es acercarnos y darnos cuenta de que los prejuicios que se han construido sobre ellos, no son reales”, dice Flores. “En el fondo, te encuentras un ser humano con las mismas necesidades de techo y vivienda que tienes tú. Entre los malienses hay profesionales, abogados, médicos, profesores, ... El otro día estuvo la Policía municipal identificando y el sargento nos dijo que había profesionales de todo tipo”, comenta Rubio.

Rita y Gaizka son un matrimonio que vive en la plaza ‘naranja’ —otra forma de denominar a la plaza de las Cofradías Donostiarras— que antiguamente habían trabajado en alfabetización y castellano con población migrante. “En el primer ‘hamaiketako’ que el vecindario realizó con ellos, bajaron y dijeron que estaban dispuestos para enseñarles castellano”, señalan. CEAR medió con la directora del centro de cultura Ernest Lluch para ceder el espacio. “Llevamos dos semanas con las clases”, cuenta una de las profesoras. Las clases se dan en tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes.

Mientras Flores y otros vecinos han terminado con la organización del desayuno y hablan sobre las novedades del día, un vecino se les acerca. Quiere comentar a Flores que la dueña del bar Gaizka –ubicado en la plaza– quiere colaborar en el concierto que se va a celebrar el sábado. El evento será en la plaza a las 12.00, “hay músicos tradicionales entre ellos, gente que lleva en su familia 600 años tocando el mismo instrumento”, comenta Flores. En los próximos días, los músicos malienses van a ensayar en casa de Flores, mientras que otros músicos del barrio les van a prestar los instrumentos y amplificadores.

En otra ocasión, se decidió organizar una comida por parte de los malienses en forma de agradecimiento por toda la ayuda recibida. Flores comenta: “Ellos elaboraron la comida. Se celebró en la plaza también. Nos prepararon un estofado de arroz, patata y zanahoria con ternera, cordero o pollo que añadieron la salsa 'arachide'”. Por otro lado, el lunes 14 de julio, a las 20.00 de la tarde, se puso a jarrear y la gente del vecindario bajó a llevarles mantas y ropa. A pesar de todo el trabajo de acogida por parte del barrio, Berridi, presidente de la asociación de vecinos de Amara Berri, explica que no es suficiente. “La labor de acogida me parece estupenda, pero la administración tiene que mover ficha”.

Dos culturas, una melodía en común

A las 12:00 del mediodía del 19 de julio, los vecinos se amontonan en una parte de la plaza 'naranja' para el evento más importante relacionado con los malienses en el barrio. Algunos de los organizadores se encuentran cerrando los últimos permisos para el acto, mientras que a escasos metros algunos malienses ofrecen diferentes comidas y bebidas a los vecinos. Como contrapunto, también vecinos han traído su comida preparada desde casa. Estefania Quílez, una persona clave en la movilización social del barrio, comenta: “En el primer ‘hamaiketako’ que hicimos, al ver cómo la música funcionó como vínculo, decidimos que podíamos realizar un concierto”.

“Gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros”, dice Telly Diallo, en la presentación del concierto, como agradecimiento por la ayuda constante. Después comienza el espectáculo. Una banda de músicos malienses comienza a mezclar guitarras, tambores e instrumentos de origen maliense. Uno de ellos aplaude, se dirige al público e invita a bailar a los presentes. En unos pocos segundos, todos bailan en el centro, mientras que los demás observan la escena con felicidad. “Es un gran momento”, narra Flores, mientras ve la secuencia.

Después de unas canciones que gustaron a los presentes, la segunda parte se centra en una 'jam session'. Los malienses comienzan a tocar los temas, mientras los músicos ‘amaratarras’ responden con punteos y fraseos con sus guitarras. La música que se escucha tiene una influencia muy oriental, parecida a la introducción de 'The End' de The Doors. “Yo sabía que Amara Berri era un barrio solidario. Creo que la sociedad vasca en general también lo es. Por diferentes razones políticas, es una sociedad solidaria y activa a nivel de luchas sindicales, vecinales, estudiantiles, políticas...”, comenta Quílez.

“El concierto nos ha parecido una oportunidad bonita de que ellos desarrollen la faceta artística, que igual la tienen más apartada por su situación de prioridades. Nos parece bonito que el barrio vea que detrás de cada persona, cada mirada, cada rostro, hay un músico, un artista”, añade. Un artista sensible, con sus emociones, sueños, deseos, esperanzas, apostilla. “Yo tengo mi privilegio y tú tu opresión, pues nos juntamos y juntos lo que hacemos es más bonito que simplemente ayudar. Es como completar esa interacción, hacerla más integral, humana y amplia”, cierra.

En un desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, bajo la oscuridad de la noche, cuando la Estrella Polar despliega su mirada, muchos jóvenes que sueñan con dormir en el paraíso europeo se preguntan: 

¿Por qué han dejado la tierra que los alimentaba? 

¿Por qué han dejado a sus padres, que los hicieron crecer como lo hace un jardinero con su Lotus al amanecer? 

¿Por qué se alejaron de sus amigos, con quienes habían forjado vínculos de todo tipo? 

Estas preguntas son comunes a quienes cruzan esta parte del mundo situada al sur del desierto del Sáhara. Entre los países que lo componen, Mali se ha convertido en un campo de batalla, una batalla política donde los vendedores de armas más sofisticadas son tratados como dioses y sus mandatarios, como profetas. 

Mali, país del que el explorador Ibn Battuta dijo: “La sal viene del norte, el oro del sur, la plata de la tierra de los hombres blancos, pero la palabra de Dios, el conocimiento y los cuentos bellos solo los encontramos en Tombuctú”, ha visto cómo este símbolo del islam auténtico era destruido por grupos armados. Destruir Tombuctú fue el inicio de una lucha sin fin cuyas consecuencias se sienten hoy en todos los países protegidos por las alas sahelianas. 

Tres mil hombres, según informaron radios y televisiones, iniciaron la lucha contra la República de Mali, liderados por personas que habían trabajado en la administración pública y en organismos internacionales. Para evitar la conquista total, el gobierno solicitó apoyo aéreo a Francia, con el fin de que las tropas en tierra pudieran actuar. 

¿Por qué Francia? El pensador Cheikh Anta Diop explicaba que el excolonizado se parece al esclavo del siglo XVIII: una vez liberado, se detiene en la puerta sin saber hacia dónde ir. Eso fue lo que ocurrió. Antes de buscar soluciones internas o abrir un diálogo digno de su nombre, Mali depositó toda su confianza en las corporaciones internacionales, como hacen muchos países africanos. Mirar, copiar y pegar lo que diga el maestro. 

El frente se abrió. El canto de las armas se volvió moneda corriente. Muchos perdieron brazos, piernas o cabezas. Los campos fueron quemados, los pueblos arrasados, los huérfanos se multiplicaron. El país quedó en desolación. Sálvese quien pueda. Algunos se vieron forzados a alinearse con los grupos armados; otros no pudieron resistirse a la tentación del dinero. 

¿Pero de dónde sacan estos terroristas sus armas? ¿Quién los financia? 

Una pregunta crucial. Si volvemos la vista atrás, cada vez que Dios envió a un profeta fue para enfrentarse a una autoridad que no respetaba sus normas. La Torá dice que Moisés fue enviado porque el Faraón se había desviado del camino. La Biblia dice que Jesús fue enviado porque los judíos ya no respetaban las Escrituras. El Corán señala que Mahoma fue enviado porque ni judíos ni cristianos cumplían los mandatos divinos. 

De forma parecida, en 2011, cuando los dioses de las finanzas y los negocios internacionales quisieron vender más armas —es decir, matar a más personas—, eligieron a un nuevo Satán: el coronel Gadafi. La OTAN puso precio a su cabeza. El diablo fue abatido, los dioses se instalaron en el desierto y las armas se pusieron en promoción. 

Cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares

Por eso, cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares del 2 al 5 % del PIB. Y no fabrican armas contra animales, ni extraterrestres, ni para alimentar a una población que en su mayoría vive con menos de un dólar al día. Las fabrican para matar personas inocentes que ni siquiera saben cómo se construye un arma. 

No caemos en la falacia de quienes afirman que la OTAN o las potencias armamentísticas se arman para protegerse. Como decía Kwame Nkrumah, “nadie está a salvo si un pueblo está en peligro”. Como prueba, en julio de 2024 las autoridades ucranianas reconocieron haber ayudado a grupos armados en Mali como respuesta al apoyo militar ruso al gobierno maliense. El propio presidente Emmanuel Macron afirmó que “no debemos dejar de ayudar a Ucrania porque Rusia nos ha arrebatado nuestro interés estratégico: África”. 

Sin lugar a dudas, un aumento del 2 al 5% del presupuesto militar, tendrá como consecuencia un aumento de la huida de esta población que no tiene defensa y no sabe defenderse a la vez contra el hambre y las armas. Como consecuencia de las antiguas resoluciones: 

Muchos jóvenes, al igual que un Lotus  

se vieron desteñidos en el desierto. 

África fue fragmentada y  

no se habla del modus operandi.  

Los padres desesperados 

ya no recogen que obús 

Los escritores con miedo 

han perdidos el focus 

Los músicos sin manos 

componen con repelús 

Los jóvenes sin esperanza 

ya no creen en el nimbus 

El país en decadencia  

llama a Horus. 

Raouf Farrah es investigador y analista principal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), especializado en migraciones y economía criminal en el norte de África y el Sahel. Es cofundador del medio de comunicación independiente Twala y colabora regularmente con medios de comunicación internacionales y africanos, y ha trabajado con varias organizaciones internacionales, como el PNUD y la OCDE. También es activista de la sociedad civil en Argelia, el Norte de África y todo el continente africano.

Farrah acudió a España para participar en el ciclo Aula Árabe Universitaria de Casa Árabe en Madrid e impartió la conferencia “Geopolítica del Sáhara-Sahel: ¿Hacia un nuevo paradigma?”, centrada en las implicaciones humanas, de seguridad y geopolíticas de ese nuevo paradigma para los países del Magreb y las regiones fronterizas que los unen. El aumento de la violencia extremista, la retirada de la misión francesa (Barkhane) y de la de la ONU en Malí (MINUSMA), así como la irrupción de actores como Rusia o Turquía, han marcado el desarrollo de los acontecimientos en la zona del Sahel en los últimos años.

¿Cuál es el nuevo paradigma en esta región tan convulsa?

En la situación en el Sahel, hay continuaciones y disrupciones. Las continuaciones son, sin duda, los problemas que persisten como la actividad de los grupos violentos extremistas o la inestabilidad política. Pero también hay disrupciones, por ejemplo, los países que han vivido una serie de golpes de Estado como son Níger, Burkina Faso y Mali –y que han pujado por cambios en la soberanía–, ahora han formado una nueva alianza de seguridad y política: la Alianza de Estados del Sahel después de retirarse de la Comunidad de Estados de África Occidental [también conocida por sus siglas, CEDEAO].

A estas disrupciones se le suma la desaparición de los aliados occidentales. Por ejemplo, en Mali, el Gobierno ha empujado a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) fuera del país, igual que a la clásica Operación Barkhane de Francia. Además, hay una serie de actores como Rusia, Turquía o Irán que, de manera estructural u oportunista, están cambiando el tablero.

Por todas estas razones, creo que estamos a las puertas de cambios geopolíticos no solo a nivel macro, sino también a nivel local.

En este nuevo paradigma, entran actores como Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Irán, entre otros. Pero, ¿cuál es el papel y el objetivo de Rusia?

Ahora mismo, el papel de Rusia es de asistencia política y militar. Hay varios países que están en esta puja por la soberanía política y Moscú ha jugado con el imaginario de que no tiene un pasado de colonización. Todo lo contrario, Rusia es más bien un viejo aliado de países como Mali durante la época de la Unión Soviética.

Al principio, el Grupo Wagner tenía una idea muy simple sobre qué hacer en Mali, que consistía básicamente en ayudar a la junta militar a acceder al poder y ofrecer servicios militares en contrapartida de una fractura política y social. Pero, con la muerte del líder Yevgueni Prigozhin, su papel ha cambiado. La nueva estrategia con África Corps [que ha sustituido a Wagner en África] consiste en centralizar los esfuerzos, armonizar los países y optimizar las actuaciones regionales.

¿Cómo crees que ha influido la presencia de las tropas de la MINUSMA en la seguridad regional del Sahel?

El retiro de la MINUSMA es un tema muy delicado. A pesar de que fue una de las misiones más mortíferas, también fue un instrumento que permitió la organización de operaciones en terrenos inaccesibles, la monitorización de la situación del país y la interacción entre las fuerzas armadas para mantener –hasta cierto punto– una paz relativa. Pero no hay que olvidar que la propia MINUSMA era el objetivo de los grupos violentos.

La MINUSMA también era muy importante para los derechos humanos porque había una unidad dedicada exclusivamente a ellos. Sus informes eran una fuente de información relevante que ya no tenemos. Además, también jugó un papel fundamental en el acuerdo de Argel [acuerdo de paz y reconciliación entre el Gobierno de Mali y la Coordinación de los Movimientos de Azawad, que busca establecer un estado independiente de Mali], que contó con el apoyo de la comunidad internacional a través de un departamento de mediación.

No hay que olvidar que la primera interacción armada entre las Fuerzas Armadas de Mali y los grupos rebeldes fue sobre la recuperación de una base de la MINUSMA.

¿Qué representa el auge del soberanismo en el Sahel Central, especialmente en Mali y Níger?

Este auge de soberanismo llega desde dos factores. El primero, por la sed de cambio, con ciudadanos que se creen libres. El segundo factor radica en la frustración entre las fuerzas armadas de estos países respecto a la idea de que todo va a venir de Francia o del exterior, y que creen que están trabajando para la agenda de otros.

Estos serían los dos factores principales, pero también hay un ámbito que favorece a ambos y que genera un efecto dominó: el primer golpe de Estado fue en Mali, en 2020, seguido por otro, un año después. A continuación, hubo otro golpe en Níger y Burkina Faso, sumando un total de siete golpes. Aun así, la población del Sahel está decepcionada porque el nivel general de vida no ha cambiado; al contrario, ha empeorado. En una ciudad como Bamako [capital de Mali], hay interrupciones regulares en el suministro eléctrico y problemas de saneamiento del agua. No es seguro que en unos años estos hombres puedan mantener la misma popularidad.

En su opinión, ¿por qué Europa debe prestar atención a lo que ocurre en el Sahel?

Vivimos en un mundo radicalmente interconectado. Un problema que ocurre en la otra parte del mundo va a afectarnos. Lo hemos visto con la pandemia o con el cambio climático. La situación en el Sahel repercute inmediatamente en Europa, no solo en cuanto a la inmigración clandestina, sino también en la capacidad que tienen los Gobiernos y organizaciones regionales de mantener la cooperación internacional. Además, la mayoría de los proyectos económicos a nivel micro-local están financiados por otras organizaciones que están financiadas por la UE o por países europeos.

Pero por lo general, tenemos que recordar y aprender las lecciones que nos ha dado la experiencia de la última década. Una de ellas es que necesitamos algo de humildad cuando tenemos relaciones diplomáticas y políticas con países complejos; la otra es tener –también– la voluntad de establecer un diálogo equitativo hasta un cierto nivel.

Hablamos de Europa, pero ¿cómo le afecta lo que ocurre en el Sahel al norte de África y a países como Argelia o Libia?

Tendemos a pensar que los cambios solo repercuten a los propios países o a los países europeos, sin caer en el impacto que tienen en la región del Magreb. La situación en Libia es muy diferente a la de Argelia. La frontera de Libia con Níger y Chad no está controlada de una manera permanente; su porosidad es real. Los hombres, los grupos armados y los bienes pueden circular de una manera rápida. En Libia, los grupos rebeldes que controlan la región del Fezán (sudoeste) tienen la voluntad de tener el control de todo aquello que roza la frontera, sin embargo, no tienen un control concreto.

En cuanto al papel que está jugando Libia con Rusia, hay un interés por mandar un mensaje de que las fuerzas armadas libias pueden imponer la ley y el orden en esta región. Por ejemplo, organizaron una operación militar llamada 'Operación Global' para combatir a los mineros ilegales que trabajaban en la mina de Kilinche o en el paso de Salvador, cerca de la frontera con Chad, donde hay mucho oro. En Libia, el principal riesgo es sobre el control de las fronteras.

Por el contrario, en Argelia, la situación es muy diferente. Este país tiene unas fuerzas armadas muy fuertes, pero su frontera con Mali y Níger tiene casi 2.000 kilómetros. Recientemente, Argel ha militarizado sus fronteras del sur por la inestabilidad que hay en el norte de Mali. Además, también ha aceptado la llegada de refugiados del norte de Azawad, puesto que los considera como a un pueblo hermano de Argelia, al mismo tiempo que mantiene una relación cultural, social y económica con el contrabando de mercancías. Todo lo que se consume en el norte de Mali llega desde Argelia.

Aun así, en ambos casos, no debemos subestimar la capacidad de los rebeldes. Los rebeldes tienen el conocimiento de cómo hacer la guerra. Pueden navegar por la noche con las estrellas. Conocen el desierto, roca por roca. No tenemos que subestimarlos.

La Alianza de Estados del Sahel, conformada por Mali, Níger y Burkina Faso, ha dado recientemente un nuevo paso en la externalización de sus fronteras. Esta vez, de la mano de Marruecos, que ha planteado proporcionar a estos países una salida al mar en un intento de aumentar su influencia geopolítica en esta región africana al sur del desierto del Sáhara.

El pasado 4 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita se reunió con el jefe de la diplomacia burkinesa, Karamoko Traoré, al margen de la 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En una declaración a la prensa tras su encuentro, Traoré declaró que Burkina Faso, “un país sin salida al mar”, acoge con satisfacción la iniciativa del reino alauí que permitirá a los países del Sahel acceder al océano Atlántico. El líder burkinés afirmó que su país estaba “interesado en más de un sentido” en la propuesta y que esta no solo se centra en el acceso geográfico, sino también, en otro tipo de instalaciones que los países sin litoral necesitan “para que sus economías funcionen bien”, según la agencia de noticias marroquí.

El proyecto tiene como objetivo principal proporcionar a los países del Sahel un acceso al puerto atlántico que Rabat está construyendo en Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado.

El movimiento de Marruecos cuenta además con el apoyo de Estados Unidos, con el que, en los últimos tiempos, ha estrechado su relación a través del acuerdo bilateral de libre comercio o la concesión estadounidense a Rabat del estatuto de aliado preferente no miembro de la Alianza Atlántica. El plan de salida hacia el Atlántico es una de las últimas iniciativas del rey Mohamed VI en la región, que también fue planteada durante el foro de inversiones en Madrid, organizado por la embajada de Marruecos a mediados de abril.

Inestabilidad en el Sahel

Los líderes de las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Níger ratificaron el inicio de la nueva alianza defensiva el pasado septiembre, con la firma de la Carta de Liptako-Gourma. Los tres países llevan años combatiendo contra grupos armados que, sin embargo, siguen adquiriendo más control, presencia y poder militar. A la insurgencia terrorista se unen los recientes golpes de Estado en Níger, Mali y Burkina Faso.

La propuesta desde Marruecos –y la aceptación por parte de Burkina Faso como Estado miembro de la Alianza de Estados del Sahel– se produce tras el historial de asonadas militares y en un contexto de insurgencia yihadista en la región. Tras romper sus relaciones bilaterales militares con Francia, los países de la organización regional trabajan sobre el distanciamiento de su excolonia en pro de un discurso panafricanista que rechaza las directrices europeas.

Las alianzas no son solo a nivel regional, como en el caso de Marruecos, sino también extranjeras, pero lejos del eje occidental, a excepción de Estados Unidos. Países como Turquía, Emiratos Árabes Unidas, China o Rusia han visto reforzadas sus políticas exteriores con los países del Sahel.

¿Por qué el Sahel?

A finales del año pasado, la emisora argelina Radio Argelia se hizo eco de que Emiratos Árabes Unidos había concedido un presupuesto de 15 millones de euros a Marruecos para fomentar una serie de campañas de comunicación y desinformación contra Argel.

En diciembre de 2023, Radio Argelia informó de que Marruecos y Emiratos Árabes Unidos están supuestamente colaborando para poner en marcha una campaña subversiva en el Sahel con el fin de minimizar la influencia de Argelia en la región. En ese acuerdo, Abu Dhabi habría concedido un préstamo de 15 millones de euros para que Rabat refuerce su posición en el Sahel a través de la lucha contra el terrorismo.

La región se alza como otro ámbito geopolítico donde Rabat puede imponerse ante su rival histórico, Argelia. Principalmente, los dos países vecinos tienen tiranteces en torno al reconocimiento de Argel del Frente Polisario y de un Sáhara independiente constituido en nación. 

Aun así, los intereses de Marruecos en el Sahel son varios. Por un lado, el interés en controlar el flujo migratorio desde África subsahariana hacia Europa. Marruecos no solo es la mayor puerta de entrada al continente europeo sino también uno de los mayores socios comerciales de España.

En diciembre de 2023, tras una cumbre ministerial en la que participaron Marruecos, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad, el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita reveló su interés por la región: “El Sahel no es, no ha sido nunca, una región como las demás”.

Marruecos, así como otros socios extranjeros, afirman tener interés en implantar una estrategia de seguridad y de estabilidad económica en el Sahel, así como en el refuerzo de las instituciones políticas frente a la corrupción y la mala gobernanza. Según Rabat, bajo “la tradición de cooperación, ayuda mutua y solidaridad que siempre ha existido entre Marruecos, los soberanos de Marruecos y los países hermanos del Sahel”.

El músico maliense Balleké Sissoko, reconocido virtuoso de la kora, instrumento de cuerda tradicional de su país, ofrecerá este sábado 27 un concierto en el Seminario Mayor de Comillas.

Se trata de la tercera propuesta musical del ciclo 'Caminos que nos unen', organizado por el Gobierno de Cantabria en colaboración con la fundación 'La Caixa' y el Obispado de Santander.

El recital se titula 'A touma', que se puede traducir como 'Este es el momento', y da una evidencia de la madurez estilística e interpretativa de Ballaké, que ya ha alcanzado los cuarenta años de carrera. Su música narra las epopeyas del orgulloso patrimonio de Mali, reflejando la profunda conexión de su cultura con lo divino.

Sissoko destaca además de por su maestría en este instrumento tradicional de África Occidental, originario de Mali, por su colaboración con otros artistas en proyectos que fusionan la música tradicional africana con otros géneros, lo que le ha valido reconocimientos a nivel internacional.

“Ballaké es un instrumentalista con un talento excepcional que, inspirándose en la tradición, ha forjado su propio estilo personal. Un improvisador inspirado y un sutil melodista, es un maravilloso acompañante y un excelente compositor”, ha destacado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

El concierto mostrará su último trabajo discográfico, una síntesis entre tradición y modernidad, que explora todas las posibilidades idiomáticas que ofrece este tradicional instrumento de 20 o 21 cuerdas que, trazando el paralelismo con la organología occidental, se situaría a medio camino entre el laúd y el arpa.

Ofrecerá un total de ocho piezas por las que el músico maliense transita un camino musical bordeando, a partes iguales, lo sagrado y meditativo, con otras influencias propias de los mandingos, motivo de orgullo en el país maliense.

La vida conquista Dakar. Un taxista avanza entre el frenesí de un tráfico descontrolado a última hora del viernes. En la guantera, reposan un par de periódicos desgastados que el conductor utiliza para decorar su vehículo. En la cabecera de la portada se entre lee la fecha: 6 de febrero de 2024. Un día antes, el presidente del país, Macky Sall aplazó las elecciones previstas para finales del mes de febrero que, finalmente, se celebrarán el domingo 2 de junio. En las tertulias de la radio, el nombre del presidente reverbera. Resuena en las emisoras y rebota en cada rincón de la capital senegalesa: “¡Macky Sall, dictador!”, corea un grupo de jóvenes frente a la explanada del Estado Léopold Sédar Senghor. La democracia desaparece por momentos en este rincón de África occidental, uno de los últimos reductos y baluartes democráticos del continente africano. 

“Éramos un ejemplo para nuestros vecinos. Necesitábamos un cambio en una democracia que nos están arrebatando”, explica Souleimane. La voz del joven, que estudia en la capital y que sueña con un futuro próspero y digno, es un altavoz para las millones de personas que han visto palidecer sus países y hogares en los últimos años. “¿Qué vamos a hacer?”, pregunta el joven con temor. La pregunta aterriza en un año vital, crítico y determinante: hay 19 elecciones presidenciales o generales programadas para 2024 y muchas de ellas podrían moldear muchas de las democracias africanas, o no. 

Sudáfrica, Ghana y Mozambique jugarán con el peón democrático

En Sudáfrica, por primera vez en la historia, el implacable Congreso Nacional Africano (CNA) que llevó a Nelson Mandela a la presidencia después del periodo del apartheid, podría perder la mayoría absoluta en el país del cono sur. A pesar de que las encuestas prevén entre un 41% y un 46% de los votos para el histórico partido sudafricano, duplicando al segundo en la lista electoral, la Alianza Democrática, las coaliciones podrían avecinar el batacazo del partido. Con ello, no solo podría terminar una era, sino que comenzaría otra frustrada principalmente por el descontento social y la inoperatividad del gobierno durante la última legislatura. 

Después de las elecciones del próximo 29 de mayo, la democracia dependerá de una coalición con el partido de los Luchadores por la Libertad Económica. Este último, liderado por Julius Malema, planea expropiar las propiedades de terrenos a la población blanca para cedérsela a la población mayoritaria negra. La dirección que tomará el país no es clara y dependerá de cómo el cambio de un sistema dominante se adapte a las necesidades sudafricanas.

Ghana también tiene una cita con la democracia. Las elecciones presidenciales del país darán paso a un nuevo líder cuando el presidente Nana Akufo-Addo abandone el poder tras completar su segundo mandato, limitado por la Constitución. Lo de Ghana será la quinta sucesión presidencial en el país desde la vuelta a la política democrática multipartidista en 1992. El país de África occidental se ha labrado y trabajado una imagen de compromiso, respeto a los resultados electorales y reparto de poder. Pero tampoco queda exento de críticas y rumores. 

Las elecciones de 2024 se celebran en un contexto de fuertes vientos económicos en contra del país. La pandemia de COVID-19, la interrupción de las redes de suministro de cereales y otros productos clave como el cacao y una disciplina monetaria y fiscal insuficiente, han aumentado la inflación. La deuda ha requerido de un rescate de emergencia del Fondo Monetario Internacional por valor de 3.000 millones de dólares, lo que ha puesto al Nuevo Partido Patriótico de Akufo-Addo contra la pared. A la inestabilidad económica se suma la creciente amenaza de que la violencia del Sahel se extienda por su frontera septentrional desde Burkina Faso. 

En Mozambique, las elecciones presidenciales están definidas por la creciente sensación de derecho de impunidad del partido gobernante, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO). Los comicios municipales de octubre de 2023 adelantan lo que cabe esperar. Entonces, la Comisión Electoral Nacional declaró que FRELIMO había ganado en 64 de las 65 elecciones, arrasando incluso en zonas donde predominaba el partido de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). Aun así, los recuentos paralelos realizado por observadores locales independientes mostraron que RENAMO había ganado en más municipios, entre ellos, por primera vez, en Maputo, la capital del país. 

La impunidad de FRELIMO parece reflejar su sentimiento de derecho a gobernar Mozambique, cueste lo que cueste. Una dinámica que se replica en otros partidos de la liberación en el sur y este de África, como en Zimbabue o Uganda. La falta de un sistema multipartidista competitivo elimina un elemento central, y vital, de autocorrección y autocrítica democrática. 

La espiral de violencia y los gobiernos militares en el Sahel

Tres estados del Sahel central –Burkina Faso, Malí y Níger– están inmersos en una espiral de insurgencia yihadista que suma ya 10 años. En 2023, el número de personas asesinadas por actos violentos en Burkina Faso se duplicó, situándose en el primer puesto después de Nigeria en África Occidental. En la región saheliana, las víctimas mortales crecieron un 38% y las muertes de civiles hasta en un 18%. 2024 no se presenta con mejoras. Según la organización no gubernamental, Armed Conflict Location and Event Data Project, la intensificación de los esfuerzos de la contrainsurgencia aumentarán los niveles de violencia en los tres países. 

En lo político y después de 50 años, Níger abandonó la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) para unirse a una nueva alianza golpista: la Alianza de Estados del Sahel. En ella, Níger, Mali y Burkina Faso profundizan en la división entre las tres naciones dirigidas por militares y las de los otros países de la región, con presidentes escogidos a través de un sistema democrático. A pesar de que las últimas noticias desde la CEDEAO incluyen el levantamiento de las sanciones contra Níger, suavizando la postura del bloque para restablecer el camino hacia la democracia, por el momento ninguno de los tres ha revocado su decisión. 

De norte a sur: una población joven en un continente con baches democráticos

En África, el futuro de la democracia caerá en las manos más jóvenes, mientras los líderes siguen languideciendo en el poder. Los datos del Banco Mundial prevén que la población de jóvenes entre 15 y 24 años en África alcance los 500 millones en 2080. Mientras, al menos siete presidentes africanos, como Paul Biya en Camerún o Paul Kagame en Uganda, llevan más de veinte años en el poder. La longevidad de estos dirigentes acrecienta una brecha generacional que descontenta a la población, cada vez más jóvenes.

Souleimane permanece inmóvil entre la multitud en una de tantas protestas que vive Senegal durante las últimas semanas. Aun así, el joven, que dice estar cansado de los fallos democráticos, habla del éxito de los movimientos sociales en el país y en el continente. “No nos callarán, seguiremos llenando las calles hasta que lo consigamos”, sentencia con orgullo. 

Ahmedou Ould Boukhary sabe que en cualquier momento, de día o de noche, puede recibir la llamada de las autoridades locales de Bassikounou, un pueblo en el sudeste de Mauritania. Alguien ha visto un incendio en uno de los pueblos ubicados en el borde del Sáhara. ¿En cuánto tiempo podrán llegar sus hombres?

Boukhary lidera la Brigade Anti-Feu (la Brigada Anti-Incendios), una fuerza voluntaria de alrededor de 500 refugiados malienses que viven en el campamento M’bera, cerca de la frontera con Mali, a 18 kilómetros del pueblo. Cuando llega la alerta, equipos de entre 50 y 70 hombres se suben a las partes traseras de camionetas y salen del campamento a toda velocidad para luchar contra las llamas. A veces viajan más de 30 kilómetros para apagar incendios. 

Con poco más que hachas y ramas de árboles, la brigada ayudó a apagar 36 incendios en el campamento y sus alrededores durante la temporada más seca, que se extiende desde octubre hasta junio. Los incendios en general llegan después de las lluvias, cuando los matorrales, llenos de vegetación, se convierten poco a poco en un polvorín.

“Agotador y arriesgado”

Durante un simulacro reciente, los camiones van a toda velocidad hacia el desierto. Cuando frenan, los hombres saltan y empiezan a dar hachazos a un árbol pequeño, luego se reparten sus pocas ramas para usar como escobas improvisadas. Forman una fila, y empiezan a dar golpes al suelo como si estuvieran apagando un incendio de verdad. El polvo y la arena forman una nube en el aire caliente, que se llena del sonido de gritos animados. Sus herramientas quizá sean modestas, pero las ramas, si se usan bien, son suficientes para apagar las llamas de muchos matorrales. 

“Es un poco agotador y arriesgado”, dice Mine Hamada, uno de los líderes de la brigada. “Tenemos el coraje como para no tener miedo. Somos valientes; vamos a medianoche, a la una de la madrugada, vamos a la hora que sea. Vamos a los matorrales. Hay víboras, hay de todo, pero atacamos los incendios”, asegura. 

La llegada de miles de refugiados, que desde marzo huyen de la creciente violencia e inseguridad en Mali, ha reducido la cantidad de alertas este año. El ganado que traen se ha comido muchos de los matorrales y árboles que podrían haber sido una amenaza de incendio. Entre octubre de 2020 y junio de 2021, los equipos han apagado 58 incendios. 

Prevenir incendios

Fundada en 2013 por una iniciativa conjunta entre la ONG de Mauritania SOS Desert, las autoridades locales, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la brigada es uno de varios grupos de voluntarios formados en M’bera desde que se estableció el campamento hace diez años. El campo aloja a alrededor de 80.000 malienses. 

Además de apagar el fuego, la brigada de refugiados intenta mitigar el riesgo de otros incendios talando árboles y matorrales para crear cortafuegos entre áreas de vegetación. Los equipos también plantan árboles para reemplazar los talados para construir hogares en el campamento y para cocinar. Estos esfuerzos contribuyen a la Gran Muralla Verde, un enorme proyecto de reforestación que busca cultivar una barrera de 4.350 millas de largo para combatir la degradación ambiental del Sahel. 

Agradecer la acogida

Milagrosamente, los participantes de las brigadas solo han resultado heridos en una ocasión en los últimos nueve años, dice Hamada. En medio de los fuertes vientos, un hombre cayó sobre el incendio que combatía. Sus colegas pudieron sacarlo antes de que pudiera sufrir lesiones de mayor gravedad. 

Los voluntarios dicen que realizan este peligroso trabajo, por el cual muchas veces pasan horas en el territorio, porque quieren proteger el área en donde viven. Pero también lo hacen por gratitud, para compensar a sus anfitriones mauritanos los años que han pasado allí como refugiados. 

“Tenemos que a ayudar a les adoptants”, dice Boukhary, en referencia a los mauritanos locales que, al aceptar a los malienses en su país, él sugiere que los han “adoptado”. “Intervenimos para ayudarlos. Porque somos refugiados en su territorio. Nadie nos pidió que hiciéramos una cosa u otra. La iniciativa es nuestra”, reconoce. 

Traducción de Patricio Orellana

Mercenarios rusos en África han sido vinculados a masacres en las que han muerto varios centenares de civiles, lo que ha suscitado nuevos temores respecto al impacto de las cada vez más intensas intervenciones de Moscú en la estabilidad y la seguridad de los países de todo el continente.

Hasta ahora, los funcionarios occidentales habían evitado nombrar a los autores de las matanzas pero testigos, líderes de las comunidades locales, diplomáticos y analistas locales han atribuido muchas de las muertes a los combatientes desplegados por el Grupo Wagner, una red de empresas privadas dirigida por un estrecho aliado de Vladímir Putin.

Los incidentes se produjeron en Mali, el estratégico país de África occidental al que el Grupo Wagner entró el año pasado tras llegar a un acuerdo con su nuevo Gobierno militar.

Documentos internos del Ejército maliense, a los que ha tenido acceso The Guardian, revelan la presencia de miembros del Grupo Wagner —denominados “instructores rusos”— en “misiones mixtas” junto a soldados y gendarmes malienses y en las que muchos civiles fueron asesinados.

Según los datos recopilados por la ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), hasta 456 civiles murieron en nueve incidentes en los que participaron las fuerzas malienses y el Grupo Wagner. Las operaciones tuvieron lugar entre enero y mediados de abril de este año.

El incidente más grave, con diferencia, se produjo en marzo cuando el Grupo Wagner estuvo presuntamente implicado en una masacre en Moura, una aldea controlada por extremistas islámicos, en la que murieron entre 350 y 380 hombres a lo largo de cuatro días de enfrentamientos.

La semana pasada salieron a la luz nuevas denuncias por dos tiroteos en aldeas cercanas a la ciudad de Hombori, en la región central de Mopti, tras la muerte de uno o posiblemente dos mercenarios del Grupo Wagner que acompañaban a las tropas malienses en operaciones contra militantes islamistas.

Trabajadores humanitarios, expertos y defensores de los derechos humanos dicen que uno de los ataques se produjo después de que una patrulla militar sufriera una emboscada en las afueras de un pueblo hacia las 9:30 horas del 19 de abril. Según un documento interno del ejército maliense, un “instructor ruso” resultó herido por una mina improvisada y murió tras ser trasladado por aire a la ciudad de Sevare. Un funcionario médico de Sevare describió al hombre como un ruso de unos 30 años. Tras la emboscada, los soldados malienses dispararon contra un mercado abarrotado de gente.

Violaciones de derechos humanos

Los gobernantes militares de Mali, que tomaron el poder en un golpe de estado en mayo del año pasado, han dicho que los rusos en el país son instructores y no están desplegados en funciones de combate. Las Fuerzas Armadas Malienses —nombradas a veces por la abreviatura FAMA— niegan que un ruso haya muerto el 19 de abril y dicen que la víctima fue uno de sus propios soldados. También niegan haber matado a civiles y dicen que 18 terroristas fueron “neutralizados” durante “vigorosas” operaciones de seguridad.

Otro documento interno describe un enfrentamiento acontecido el 23 de abril entre militantes y “una patrulla conjunta integrada por las FAMA e instructores rusos”, que tuvo lugar entre las aldeas de Mondoro y Boni. Las “pérdidas provisionales” ascendieron a “dos muertos —uno de las FAMA y uno ruso— y 10 heridos —seis de las FAMA y cuatro rusos—”, dice la nota, emitida unas horas después del incidente. Los detalles de las “pérdidas enemigas” no estaban “disponibles por el momento”. Se cree que también murieron otras 12 personas, que puede que hayan sido extremistas.

Wagner está activo en una decena de países africanos y ha sido acusado en repetidas ocasiones de abusos contra los derechos humanos en el continente. En un informe publicado el martes, Human Rights Watch denuncia que las fuerzas en la República Centroafricana identificadas como rusas parecen haber estado matando y torturando a civiles desde 2019, en similitud con los hallazgos presentados por un grupo de expertos de la ONU el año pasado. El Grupo Wagner también ha participado en la invasión de Ucrania y ha sido vinculado a atrocidades en ese país.

Funcionarios británicos han expresado su preocupación ante el “deterioro significativo de la situación de los derechos humanos” en Mali en los últimos meses que, señalan, ha coincidido con la llegada de entre 600 y 1.000 combatientes Wagner. “Así como la presencia de mercenarios rusos impulsó un incremento de las violaciones y abusos a los derechos humanos en la República Centroafricana en 2021, lo mismo se está viendo ahora en Mali”, dice un diplomático británico.

Los expertos creen que el nuevo Gobierno del país contrató al Grupo Wagner por una tarifa estimada de 10 millones de dólares mensuales, pagados tanto en dinero como en derechos para la extracción de minerales.

El grupo instaló en diciembre un cuartel general cerca del aeropuerto internacional de la capital, según revelaron las fotografías por satélite compartidas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y los registros de vuelos, antes de trasladarse a bases de operaciones avanzadas en una franja de territorio en el centro de Mali en enero y febrero.

Líderes comunitarios, diplomáticos y funcionarios han declarado a The Guardian que los combatientes del Grupo Wagner han sido vistos en patrullas conjuntas junto a las FAMA a lo largo de la conflictiva frontera con Burkina Faso y Níger, en la frontera occidental con Mauritania, y también en ciudades del norte de Mali, incluida Tombuctú.

Los pilotos del Grupo Wagner vuelan helicópteros del Ejército maliense. Asimismo, el grupo ha proporcionado combatientes para dirigir a las fuerzas malienses en operaciones de mayor envergadura, en especial una gran ofensiva contra los insurgentes islamistas iniciada a finales de febrero.

Atados, vendados y fusilados

A principios de marzo, más de 30 cadáveres calcinados fueron hallados en la ciudad de Niono, en el centro de Mali, tras las operaciones de las fuerzas malienses apoyadas por Wagner. Los testigos locales acusan a los combatientes malienses y rusos de haber asesinado a los civiles. Según Human Rights Watch, muchas de las víctimas habían sido atadas y vendadas, y después fusiladas. Las autoridades malienses han negado las acusaciones.

Moura, donde en marzo se produjo la presunta masacre de cientos de personas, es una aldea situada en una zona pantanosa e inaccesible de la llanura aluvial del río Níger, controlada desde hace muchos años por militantes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en francés), vinculado a Al Qaeda. Los extremistas han impuesto a los habitantes su versión rigurosa e intolerante de la sharía (ley islámica), aumentado los impuestos y obligado a los hombres locales a seguir sus códigos de vestimenta.

Amadou Barry, que vive en la aldea vecina, cuenta a The Guardian que estaba en el mercado semanal de Moura el 27 de marzo cuando de repente aparecieron helicópteros y desembarcaron tropas. Un pequeño grupo de militantes islamistas de la aldea disparó a los soldados para después huir en motocicletas.

“Todos empezamos a correr en todas direcciones, algunos se metieron en las casas. Entonces, el Ejército maliense abrió fuego contra la gente que corría y mató a muchos”, dice Barry.

A continuación, los soldados malienses llevaron a cientos de hombres de la aldea a un lecho de río seco cercano para interrogarlos. Los hombres fueron retenidos allí con poca comida y agua durante cuatro días, mientras los soldados llevaban periódicamente a grupos de cautivos para matarlos, dicen Barry y otros testigos.

Algunos aldeanos fueron liberados después de que les inspeccionaran los dedos y los hombros en busca de signos que indicaran que habían disparado armas, pero todos los hombres de la minoría étnica fulani permanecieron detenidos, dice Barry.

El JNIM y otras facciones islamistas extremistas han tratado de reclutar entre los pastores fulanis explotando las disputas que tienen con el Gobierno y otros grupos étnicos. Según los supervivientes, todos los asesinados en Moura pertenecían a esta comunidad.

Héni Nsaibia, investigador senior de ACLED, dice que es posible que entre 60 y 100 de los muertos hayan sido militantes islamistas desarmados, pero el resto eran civiles. Las fuerzas gubernamentales hallaron grandes cantidades de armas en Moura.

Varios testigos dicen que la operación estaba dirigida por hombres blancos que hablaban “un idioma extraño”, identificado por algunos como ruso, aunque la mayoría de los soldados que mataron a los civiles eran “gente maliense”.

Ousmane Diallo, investigador de Amnistía Internacional en Mali, dice que los testimonios recogidos entre los supervivientes y los testigos confirmaron que los soldados blancos habían aterrizado en Moura el 27 de marzo en helicópteros y permanecido allí durante días.

“Sabemos que el Grupo Wagner está desplegado en el centro de Mali y que ha estado asistiendo en las operaciones para reclutar y trasladar más soldados a sus posiciones en la región. Creo que está bastante claro que era el Grupo Wagner el que dirigía esta operación”, dice Diallo.

Nsaibia dice que su propia investigación exhaustiva entre los supervivientes le llevó a una conclusión similar, mientras que un diplomático de África Occidental en Mali asegura que “las investigaciones sobre los acontecimientos en Moura confirmaron que las fuerzas del Grupo Wagner estaban trabajando con las fuerzas malienses en el centro de Mali”.

Human Rights Watch ha calificado el incidente como “la peor atrocidad registrada en el conflicto armado de Mali, que lleva una década”. El Ejército maliense dice que mató a 203 militantes durante una operación militar en Moura y niega los informes sobre ejecuciones.

Opacidad

Rusia vetó un intento de Naciones Unidas de abrir una investigación independiente sobre la masacre y Mali ha bloqueado los esfuerzos de la ONU por enviar un equipo a Moura. El embajador adjunto de Moscú ante la ONU dice que las autoridades de Mali “no tienen una agenda oculta” y que las afirmaciones sobre la participación de mercenarios rusos en la masacre forman parte de “un sórdido juego geopolítico”.

Estados Unidos y otros países han alegado que el Grupo Wagner está financiado por el poderoso empresario Yevgeny Prigozhin, estrechamente vinculado a Putin. Cuando fue contactado por The Guardian esta semana, Prigozhin negó tener conocimiento del grupo y desmintió la información sobre las masacres. “En cuanto a las [supuestas] atrocidades, ni yo, ni los hombres que conozco, ni el Ejército maliense las hemos cometido”, dijo. Prigozhin acusó a The Guardian de “falsedades, mentiras descaradas y... falsificación” y de intentar “escupir en mi cara, en la de los patriotas rusos y la del pueblo maliense”.

La semana pasada, extremistas islamistas del JNIM declararon haber capturado a un combatiente de Wagner en la región de Segou, en el centro de Mali: “Estas fuerzas asesinas participaron junto al Ejército maliense en una operación iniciada desde el aire contra un mercado en el pueblo de Moura, donde se enfrentaron a varios muyahidines antes de matar a cientos de civiles inocentes”.

Los analistas creen que el operativo del Grupo Wagner probablemente fue capturado en febrero. Se han confirmado “más o menos” las muertes de “tres o cuatro” operativos del grupo, pero es probable que el número total de víctimas sea mayor, dice Nsaibia.

Funcionarios y activistas asegura, que los grupos militantes islamistas también fueron responsables de la muerte de un gran número de civiles en ataques indiscriminados y de muchos otros abusos contra los derechos humanos. Varios ataques producidos por el Estado Islámico en el Gran Sahara, alrededor de Menaka, y en el sur, cerca de Gao, provocaron el mes pasado la muerte de al menos 40 civiles y el desplazamiento de miles de personas.

La presunta captura de uno de sus combatientes ha demostrado cuán profundamente el Grupo Wagner se había involucrado en el conflicto de Mali, dice Jared Thompson, investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales: “Ahora son un actor muy directo que se juega la piel en el conflicto”.

Un periodista en Bamako colaboró con información para este artículo.

Traducción de Julián Cnochaert.

Nueve años después del desembarco de Francia en Mali para frenar el terrorismo yihadista en ese país, París y sus socios occidentales han anunciado este jueves la retirada coordinada de sus tropas ante la falta de colaboración de la junta militar que gobierna en Bamako, capital del país.

La decisión se traducirá en el cierre de las bases de Gossi, Menaka y Gao entre los próximos cuatro y seis meses y en una reorganización de sus operaciones en la región para adaptarse a la evolución de la amenaza y a las peticiones de colaboración de otros países locales.

“Ante las múltiples obstrucciones por parte de las autoridades de transición malienses, Canadá y los Estados europeos que operan en la operación Barkhane y en la fuerza Takuba creen que ya no se dan las condiciones políticas, operativas y jurídicas para continuar de manera eficaz su compromiso militar actual en la lucha contra el terrorismo en Mali”, apunta un comunicado conjunto difundido por Francia.

La fuerza francesa Barkhane se creó en agosto de 2014 como sucesora de la operación Serval, que París lanzó a comienzos de 2013 para impedir que las organizaciones yihadistas que se habían hecho fuertes en el norte y el centro de Mali consiguieran el control de todo el país.

“Francia intervino en Mali primero para luchar contra el terrorismo y a petición de ese Estado soberano. Esa segunda condición ha cambiado. La victoria no es posible si no está encabezada por el propio Estado”, ha explicado en conferencia de prensa el presidente galo, Emmanuel Macron.

La misión no cambiará de nombre, al menos de momento, y prosigue porque su prioridad es el combate antiterrorista, pero el corazón de su acción se desplazará ahora de Mali a Níger, en la llamada zona de las tres fronteras.

Takuba, en cambio, también bajo mando francés y lanzada en enero de 2020 por varios países europeos para acompañar a las fuerzas malienses, no puede trasladarse como tal a otro lugar, por lo que el anuncio de este jueves supone su futuro cese de facto.

¿Fracaso militar?

Macron ha rechazado de forma categórica que la retirada equivalga a un fracaso: “¿Qué hubiera pasado en 2013 si Francia no hubiera optado por intervenir? El Estado maliense, sin lugar a dudas, se habría hundido”.

Lo ratificado este jueves, según el portavoz del Estado Mayor del Ejército francés, el coronel Pascal Ianni, es consecuencia de la actitud de las autoridades malienses: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien. Hablar de derrota o humillación militar no tiene sentido. No se ha ondeado ninguna bandera blanca”.

La tensión existente con la junta militar que Gobierna Mali tras del golpe de Estado de mayo de 2021, el segundo en menos de un año, es fruto de su incumplimiento de la promesa de organizar rápidamente elecciones libres y de su recurso a los mercenarios de la empresa rusa Wagner, vinculada al Kremlin.

Esos mercenarios, según Macron, están en el país “con una finalidad depredadora”, porque la junta “cree que son los mejores socios que puede encontrar para proteger su propio poder, no para luchar contra el terrorismo”.

La decisión de este jueves toma en cuenta tanto esa coyuntura como la intención ya avanzada por el presidente francés en junio de transformar Barkhane en una operación de cooperación y apoyo a los Ejércitos de la región que lo deseen.

Disminución de tropas

Francia tiene ahora en el Sahel unos 4.600 militares, de ellos unos 2.400 solo en Mali. Con el cambio de estrategia aspira a quedarse con entre 2.500 y 3.000. “La maniobra será compleja y la efectuaremos con seguridad y a nuestro ritmo, en coordinación con los aliados del Sahel y europeos”, ha precisado el coronel Ianni.

En este tiempo su acción antiterrorista no va a cesar. “Reconocemos los sacrificios hechos. Entendemos la decisión”, ha apuntado también este jueves el jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana (UA), Macky Sall, no sin dejar claro que la lucha contra el terrorismo no puede estar solo en manos africanas.

El anuncio ha tenido lugar horas antes de una reunión en Bruselas entre la Unión Europea y la UA y fue concertado en una cena este miércoles en el Elíseo con una veintena de dirigentes africanos y europeos, con la que evitar que fuera visto como un paso unilateral francés.

Ha sido firmado entre otros por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, la Comisión Europea, la Coalición para el Sahel y la Comisión de la UA. Y su impacto se extiende de forma indirecta más allá de lo militar.

La Unión Europea ha informado este jueves de que ha enviado un equipo a Mali para determinar con las autoridades del país si se dan las garantías para que continúe la labor de la misión de formación militar EUTM, cuyo final está previsto de momento para mayo de 2024 y en la que participan 22 Estados miembros, incluida España.

En la televisión pública, los militares leen con calma un comunicado en el que anuncian la toma del poder. En las calles de la capital, las multitudes celebran y vitorean, mientras que, fuera de su país, el golpe de Estado es rotundamente condenado.

Esta escena se ha repetido en múltiples ocasiones en África occidental durante los últimos tiempos: en Mali en 2020 y de nuevo en agosto del año pasado; en Guinea en septiembre; y en Burkina Faso hace dos semanas. También se han producido golpes en el este, en Chad y Sudán. Hace tan solo unos días, el martes de la semana pasada, hubo un intento de golpe en Guinea-Bisáu.

En una cumbre urgente de líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), celebrada el pasado jueves, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, puso de manifiesto la alerta en las capitales de la región. “La amenaza emergente en nuestra región (...) resulta de la injerencia militar en Mali y de su influencia contagiosa en Guinea y Burkina Faso”, dijo.

La CEDEAO no impuso sanciones de forma inmediata contra Burkina Faso, como sí hizo tras los golpes de Estado en Mali. Su falta de oposición a los controvertidos cambios constitucionales y a los fallos democráticos ha alimentado las dudas sobre su eficacia a la hora de apoyar regímenes democráticos y evitar los golpes de Estado.

En Mali, Chad, Burkina Faso y Guinea, militares jóvenes, de entre 38 y 41 años y procedentes en su mayoría de unidades de fuerzas especiales, tomaron el poder que estaba bajo control de líderes envejecidos y elegidos democráticamente. Aunque los contextos específicos difieren en cada país, son numerosos los factores subyacentes y los grandes desafíos a los que se enfrentan algunos países de la región.

El conflicto yihadista

En todo el Sahel, el conflicto yihadista que comenzó en Mali hace más de una década ha dejado a millones de personas expuestas a ataques incesantes y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los yihadistas se han aprovechado de los fracasos de los gobiernos a la hora de atajar la corrupción y facilitar una gobernanza inclusiva en países de bajos ingresos y diversidad étnica. El impacto de la crisis climática ha acrecentado la incertidumbre en una región que depende de la agricultura. Otros factores son la falta de oportunidades para las poblaciones jóvenes, en rápido aumento, y la proliferación de armas.

Los líderes golpistas de Burkina Faso y Mali citaron el incremento de la inseguridad. En Guinea, los militares criticaron la corrupción política tras unas reñidas elecciones.

En Burkina Faso, antes del reciente golpe de Estado, había un enfado generalizado con el Gobierno, especialmente a causa de la magnitud de los asesinatos en masa perpetrados por grupos yihadistas durante el último año. La insurgencia ha dejado 1,5 millones de personas desplazadas en el país.

“Está muriendo gente todos los días. Los soldados están muriendo. Hay miles de desplazados”, dijo a la agencia AP un manifestante que festejó la toma de poder de parte de los militares. “Esta es una oportunidad para que Burkina Faso conserve su integridad”, indicó.

En noviembre, 53 personas, incluidos 49 miembros de la gendarmería, murieron tras el ataque yihadista a un campamento en Inata. Se informó que muchos de los efectivos murieron de hambre, ya que la base se había quedado sin suministros de alimentos, dice Ibrahima Maiga, activista y cofundador de Movement to Save Burkina Faso (Movimiento para Salvar Burkina Faso), un destacado grupo de protesta.

“El presidente [Roch Kaboré] no ha ido nunca al entierro de ningún soldado muerto en los últimos seis años. Rara vez ha visitado a los soldados que resultaron heridos en combate. La gente tenía la sensación de que jamás le había importado”, dice, y sostiene que los cambios efectuados por Kaboré en los altos cargos del Gobierno y del Ejército a finales del año pasado no fueron suficientes.

Los manifestantes del grupo liderado por Maiga celebraron el golpe. El nuevo régimen tiene planeado conversar con grupos de la sociedad civil en los próximos días, tras haberse reunido con grupos opositores.

“Los militares cuentan con la confianza de mucha gente”, indica Maiga, y defiende que la cuestión “democracia o dictadura militar” se ha vuelto menos importante a causa de la crisis de seguridad. “Amamos la libertad, la democracia, sí. Pero aquí estamos intentando sobrevivir. Lo más importante es proporcionar seguridad y protección”, apunta.

Los años de insurgencia yihadista han llevado a la población de la región a cuestionar la influencia militar, política y económica de la antigua potencia colonial, Francia, que está reduciendo la operación Barkhane, iniciada contra la insurgencia en agosto de 2014.

¿Y la población?

Idayat Hassan, directora del think-tank Centre for Democracy and Development (Centro para la Democracia y el Desarrollo) en Abuja, cree que los golpes de Estado han obligado a la población a reflexionar sobre si la democracia se ha traducido en beneficios tangibles.

“En África occidental, las personas se han vuelto bastante republicanas. Se abastecen de su propia comida, generan su propia electricidad e infraestructuras. A pesar de que esperan poco y nada del Estado, este sigue sin cumplir sus expectativas”, dice. “No pueden ver lo que la democracia ha traído consigo, así que vienen militares oportunistas que ven estos vacíos de gobernanza y tratan de llenarlos”, apunta.

También hay una frustración generalizada porque la comunidad internacional suele dar la voz de alarma cuando se producen golpes de Estado, y no cuando las democracias son debilitadas de forma habitual.

“Se hace hincapié en que las elecciones sean libres y justas, pero no se presta suficiente atención al modo en que se debilitan las democracias”, dice Hassan. “La CEDEAO y la Unión Africana siguen supervisando las elecciones sin impedir de manera alguna que se produzcan episodios como lo ocurrido con [Alpha] Condé y [Alassane] Ouattara”, dice, en referencia a los cambios constitucionales en Guinea y Costa de Marfil para permitir a los líderes de esos países ejercer un controvertido tercer mandato. Ambos ganaron referéndums que fueron rechazados por los grupos de la oposición por considerarlos fraudulentos. “Fueron golpes de Estado constitucionales”, apunta.

A los analistas les preocupa que el apoyo a los golpes de Estado signifique que la población los ve cada vez más como la respuesta a los gobiernos impopulares. Por ejemplo, en la capital de Mali, Bamako, muchos miles de personas se han manifestado en apoyo de la junta, incluso después de que se impusieran las sanciones impopulares de la CEDEAO.

Pero el apoyo a los regímenes militares no ha sido universal. Las operaciones de los Ejércitos nacionales contra los grupos yihadistas han dado lugar a una serie de abusos a los derechos humanos, a menudo en zonas rurales, donde el conflicto es más agudo y donde es probable que la gente no sea tan favorable al Ejército, dice Oumar Bâ, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cornell.

“Muchas de las manifestaciones de apoyo a estos regímenes militares se producen en zonas urbanas. Pero la gente que vive en las ciudades tiene una percepción diferente a la de la gente que vive en las zonas rurales, donde es más probable toparse con un mayor grado de preocupación”, dice.

Según un diplomático de África occidental, a la CEDEAO le resulta difícil mantener la presión sobre los regímenes militares para que se comprometan con una transición a la democracia que no aliene a las poblaciones locales. “Algunas de las sanciones han sido duras, pero han generado situaciones complicadas, como en Mali, donde ahora están padeciendo de verdad esas sanciones, pero la gente parece apoyar aún más a la junta. Creo que, definitivamente, se está haciendo un examen de conciencia respecto a cómo impedir estos golpes de una forma más eficaz”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Las autoridades de Mauritania deportaron hoy a 22 malienses y un senegalés que llegaron al país en un vuelo de repatriación desde el aeropuerto de Gran Canaria, según informaron a Efe fuentes de la seguridad mauritana.

Los inmigrantes, llegados al Aeropuerto de Nuadibú, fueron de inmediato conducidos a autobuses que los trasladan en este momento a los puntos fronterizos de Diama, en el caso de Senegal, y de Goghi, en el caso de Mali, un país actualmente en conflicto, distante este último a 1.400 kilómetros de Nuadibú por carreteras desérticas.

En lo que va de año, este es el cuarto vuelo de repatriación de migrantes que alcanzaron las Islas Canarias en patera, según dijeron a Efe fuentes de la Administración de Justicia y del Defensor del Pueblo, que hoy no supervisó la operación, como es habitual.

Mauritania y España han “desempolvado” un acuerdo que firmaron en 2003 por el que el país magrebí se compromete a recibir los emigrantes llegados a España ilegalmente (generalmente en patera) cuando se demuestre que habían salido desde territorio mauritano.

Aunque el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en varias ocasiones estos vuelos con el argumento de que los repatriados “van a Mauritania”, lo cierto es que terminan su viaje en Mali o Senegal gracias a sendos acuerdos similares que también esos países tienen con Nuakchot.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su “indignación y preocupación” ante la posibilidad de que el Gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen “a través de la utilización de vías indirectas”, tal y como publicó este medio. 

A través de un comunicado, la asociación ha explicado que el Defensor del Pueblo ha documentado en lo que va de año al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali.

“Ya en julio de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Malí hayan mejorado significativamente”, ha recordado.

En este contexto, la UPF ha apuntado que ACNUR “considera que actualmente es imposible conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aún más, con motivo de la incidencia que en el conflicto bélico están teniendo los devastadores efectos del cambio climático”.

“La utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003, bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un atajo intolerable cuando hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta”, ha lamentado la asociación de fiscales.