Como ocurre en Vitoria o antes en Donostia, en Pamplona también empieza a haber personas procedentes de Malí pernoctando en la calle. Llevan ya unas semanas. Su país está sumido en una grave crisis, España recomienda no viajar allí, pero quienes vienen huyendo del horror se encuentran con un tapón burocrático para ser reconocidos como refugiados.

A pesar de que el aula se encontraba a unos 25 grados, los doce alumnos a los que hoy Ana San Martín ha impartido su primera clase de castellano llevaban mínimo tres capas. “Por lo visto siempre tienen siempre frío”, cuenta la voluntaria, maestra jubilada. Y es normal, porque en Malí en ese mismo día hacía 40 grados, la temperatura media diurna del país durante la primavera. Bahamadou, Moussa o Kaká son algunos de sus alumnos, parte de la veintena inmigrantes malienses que desde hace dos meses viven a la intemperie en un extremo de un parque del centro de la capital de Navarra. Todo lo que tienen cabe debajo de un banco, que ese día, por primera vez desde abril, se quedó vacío.

“Les conocí hace dos meses porque pasé por la zona con el coche”, recuerda la vecina que los puso en contacto con el Punto de Información Para Personas Migradas (PIM-MIG). Los vio alrededor del banco, “con botellas, bebiendo agua y zumos y lavándose en la fuente”, describe. Tras “darles un donativo”, la mujer volvió a casa y pensó que “estarían sin comer”. Así que volvió y “con dos de ellos” fue a un supermercado y compró “comida para los otros 18”. “Pan, queso, latas de pescado, fruta... Me decían que gastaba mucho”, describe. La mujer, que no se conformó con esa acción puntual, una vez descargó la compra llamó al PIM-MIG para poner en contacto a los malienses con los servicios disponibles. “Imprimí un plano de Pamplona y, como pude, les dije a dónde debían ir y cuándo. Y con los vecinos [del barrio] hemos conseguido de nuestros hijos ropa, calzado, mantas y demás cosas”, explica.

“Igual ahora en Pamplona hay 200 personas en la calle, pero no se nota porque están más escondidos. Sin embargo, estos se han plantado en medio de la ciudad, en un sitio muy céntrico, y no son una nacionalidad típica”, explica Carmen Lacunza, miembro de PIM-MIG. A pesar de la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, “necesitan mantas y sacos de dormir”. Desde la asociación, también dan clases de castellano, actualmente el único lugar en donde apuntarse hasta septiembre y a las que los malienses han acudido en bloque.

“La mayoría son agricultores que, según han contado, se les obligaba a pelear y a luchar. Y ellos no querían”, traduce la profesora San Martín recuperando “el poco francés que estudió de pequeña” y que hoy ha hecho de intérprete para este periódico. “Dicen que el Gobierno no puede hacer nada con las guerrillas, que combaten en todas las regiones”. Desde el golpe de Estado de 2021, Mali está gobernado por una junta militar y la violencia continúa marcando el país. La expansión de grupos yihadistas y la persistencia de la rebelión tuareg, origen de una crisis que se remonta a 2012, han agravado la inseguridad y los enfrentamientos armados en amplias zonas del territorio. Los malienses asentados en el parque frente a la Casa Misericordia llegaron a España por separado entre noviembre y marzo, muchos de ellos en patera desde las costas de Argelia tras haber atravesado a pie el desierto del Sáhara. Ahora, esperan poder tramitar sus peticiones de asilo, que ya en 2024 se dispararon un 700% en los ciudadanos malienses en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Según cuentan, “en África solo se habla de España, no se piensa en ningún otro [país al que emigrar]”. A pesar de la dificultad que supone no conocer el idioma, todos asienten cuando uno de ellos afirma que “todo es más fácil aquí” que en Francia. “Aquí no tengo miedo a ir al hospital o hablar con la Policía y con la gente, en Francia sí”, cuenta uno de ellos, que tiene esperanza en poder regularizarse para “trabajar y traer a su mujer y a sus hijos”. “Aquí el Gobierno es mucho más fácil todo”, afirma otro, a pesar de dormir a ras de suelo con sacos de dormir, no tener dinero para comer y ser alguno de sus compatriotas analfabetos. “La mayoría son gente [culturalmente] inocente”, comenta Lacunza sobre las expectativas de los malienses. La “obsesión” que tenían al llegar a Pamplona era encontrar un lugar en donde poder dormir, pero “todo está desbordado”, explica la miembro de PIM-MIG.

PIM- MIG, Punto de Información para Personas Migradas, fue “creado por activistas” y voluntarios que “defienden a las personas migrantes en la lucha por sus derechos”. Muchos de ellos eran parte de Iruñea Ciudad de Acogida, una iniciativa ciudadana que buscaba “movilizar la solidaridad” hacia aquellas “personas que sufren violencias” de conflictos armados, hambrunas y falta de recursos. Sin embargo, no eran conscientes de lo que “ocurría en el kilómetro cero” porque el impacto no iba más allá de “hacer concentraciones e imanes”, explica Lacunza, miembro del punto de información desde su creación. Todo cambio cuando “desde Andalucía mandaron para acoger a un joven menor”, el primero de Navarra. “Fuimos a buscarle dos compañeros y yo y no sabíamos qué hacer con él. No sabíamos a dónde mandarle ni a qué ventanilla ir, que luego ni siquiera las había. Entonces dijimos que hacía falta crear esa ventanilla y montamos el punto de información para explicar qué recursos había [para las personas migrantes recién llegadas]”, como la gestión del padrón, el acceso a la Sanidad pública, clases de castellano o la petición de arraigo y asilo .

“En el momento en el que empezamos a acompañar [a esas personas a las instituciones y servicios] empezó a venir muchísima gente”, la mayoría de ellos marroquíes y argelinos “porque son los que tienen más dificultad de llegar a ninguna parte”. A pesar de que se han impulsado desde las instituciones programas de acogida y algunas ONG también pueden darles cierto soporte, desde PIM-MIG denuncian que “queda mucha gente por atender” y que “hay muchas dificultades” para completar los trámites necesarios. Un problema que “no solo se da en Pamplona”, sino en “todo extranjería de todo el Estado [español]”. “Está todo petado”, tanto los lugares de acogida como puntos de información y comedores.

“También enseñamos castellano a muchos magrebíes, un ucraniano, hace poco ha llegado un ruso y otro día me llamaron para apuntar a un nigeriano”. Al igual que Apoyo Mutuo, asociación que, además de guiar a los migrantes durante su proceso de regularización, atiende a personas sin hogar y proporcionan recursos básicos como alimentos y ropa, los integrantes de PIM-MIG reparten a los inmigrantes sin techo materiales para poder pasar la noche lo mejor posible o les indican donde están los comedores, organizando ellos mismos un comedor un día. “Teníamos muy claro desde el principio que queremos dar a todos”.

“Hoy lo que me han pedido es que les imprima vocabulario y apuntes para poder estudiar mientras están en la Vuelta del Castillo”, cuenta San Martín de sus nuevos alumnos, que a pesar de jubilarse no se ha despegado de su vocación. Allí, donde la vecina que los ayudó por primera vez, intentarán avanzar en el camino de querer “ser españoles”. “¿Que cómo son?”, repite la mujer, “educados, limpios (tanto ellos como con los residuos de la comida), amables, agradecidos, simpáticos. No son pesados, siempre les parece bien todo lo que se les hace”. Una imagen que, según explica Lacunza, contrasta mucho con la impresión de otras personas personas que se cruzan con ellos. “He oido decir que como vienen de Malí, y hay una guerra, estarán acostumbrados a asesinar. Ese es también problema nivel social”, lamenta.

La red vecinal Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses atendiendo a los malienses que viven en la calle en la zona de Vitoria próxima a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño, ha anunciado este miércoles la habilitación de “nuevos espacios de pernocta” logrados por ellos mismos después de que se cerraran, por la cercanía del verano, las dos parroquias que había cedido la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa Ana en Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Aranbizkarra. Añaden, igualmente, que cederán espacios para que CEAR y Zehar-Errefuxiatuekin puedan atender a este colectivo que huye del gran conflicto que vive Malí y que se encuentra en España con un tapón burocrático a la hora de tramitar su condición de refugiados.

Salburuko Harrera Sarea ha insistido en que “una vez más” es “el movimiento popular” el que da “un paso al frente” para tapar los huecos que no cubren las instituciones. Los malienses empezaron a llegar a Vitoria hace un año en modo importante, así como también a Donostia y a Pamplona. En este tiempo, centenares han pasado por la ciudad y, aunque el colectivo va rotando, no baja de medio centenar el grupo sin techo. Entrado el invierno, se acordó con el Obispado el uso de dos parroquias, con tres docenas de plazas, además de la veintena disponible en la asociación vecinal. Ahora, desaparecida la “emergencia climática”, en palabras de fuentes de la diócesis, se ha perdido esa posibilidad, aunque no cierran la puerta a retomar este formato en otoño, cuando vuelva el frío.

Los portavoces de la red vecinal destacan la “altura política y humana de muchas personas y colectivos de Gasteiz, muy alejada de la inacción de las instituciones”. La puesta en marcha de nuevos espacios “no puede interpretarse como una solución al problema”. “Las personas solicitantes de asilo continúan en una situación de exclusión y vulnerabilidad que ninguna institución está resolviendo”, sostiene Cristina Riega, una de las portavoces.

Y agregan: “Todas las instituciones conocían la situación [del cierre de las parroquias]. A todas les avisamos con tiempo de lo que iba a ocurrir. Y ninguna ha sido capaz de ofrecer una respuesta. Hemos tenido la sensación permanente de asistir a un partido de 'ping-pong' donde cada administración lanzaba la pelota a otra sin asumir responsabilidades”. “Seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora porque hablamos de personas que forman parte de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Seguiremos organizando solidaridad y acompañando a quienes lo necesitan. Pero también seguiremos denunciando una situación que tiene responsables políticos. La solidaridad popular puede aliviar las consecuencias del problema, pero no puede sustituir indefinidamente a las instituciones”, añaden.

En los últimos días ha trascendido que la Defensoría Vecinal (institución conocida como Síndica) está analizando el asunto, que la alcaldesa socialista Maider Etxebarria ha señalado que están muy encima del tema, aunque matizando que los recursos públicos son “finitos” y que la consejera Nerea Melgosa ha manifestado que el Gobierno vasco “actúa y ha actuado desde el primer momento” aunque “no es su competencia”. En Radio Vitoria, Zehar-Errefuxiatuekin indicó que en este año han acogido a tantas personas como cinco veces la capacidad de sus centros de acogida en Tolosa y Oñati, en Gipuzkoa.

Un numeroso grupo de personas, cuya composición va cambiando pero que tienen como nexo común que huyen de los conflictos en Malí, lleva alrededor de un año en las calles de Vitoria a la espera de citas de la Policía Nacional para acceder a su condición de refugiados. Este domingo a última hora, un grupo de voluntarios cargaba en unas furgonetas ubicadas en el exterior de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua de Vitoria los colchones y otros enseres que han utilizado en los últimos meses los malienses que han podido pernoctar allí.

La operación se repetía en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Aranbizkarra. ¿La razón? La llegada del verano, según confirman fuentes del Obispado de Vitoria.

“Esto significa que una situación que ya era precaria se agrava todavía más”, ha denunciado el colectivo Salburuko Harrera Sarea, que lleva una larga temporada dando apoyo desinteresado a este colectivo, cuya bonhomía destacan. Ahora mismo, solamente hay disponibles una veintena de plazas para estos migrantes, las de la asociación de vecinos. “Vuelven a dormir en la calle”, lamentan desde la red vecinal, que echa en falta soluciones estructurales de las instituciones. Este domingo, en el barrio, hubo una pequeña concentración para reclamar una acogida digna.

Desde la Iglesia católica indican que la cesión de las dos parroquias más próximas a la comisaría de la Policía Nacional fue un acuerdo temporal, motivado por la “emergencia” meteorológica. Han podido pernoctar y cubrir otras necesidades básicas desde aproximadamente enero con alrededor de tres docenas de plazas en total, que se suman a la veintena ofrecida en los locales vecinales de Salburua. El Obispado destacó que incluso se habían permitido ritos propios musulmanes, la religión mayoritaria de los migrantes malienses, en templos católicos. Estas mismas fuentes agregan que, de cara al otoño, “si se mantienen las necesidades” estarían dispuestos a retomar esta colaboración, pero las iglesias están cerradas este verano.

Salburuko Harrera Sarea recalca que “estas personas no están en la calle porque quieren” y “tampoco porque no existan recursos”. Y miran a las instituciones públicas, que “no han sido capaces de dar respuesta a una situación que llevan más de un año conociendo”. “Son personas que tienen derecho a solicitar asilo. Sin embargo, mientras esperan poder ejercer ese derecho, están siendo obligadas a vivir en la calle [...]. La solidaridad popular no puede convertirse en la coartada de la inacción institucional”, argumentan.

Se de la circunstancia de que este grupo se ubica en una zona no lejana al centro de refugiados que prepara el Estado en la antigua Clínica Arana, que primero fue hospital, luego residencia de mayores y más tarde un espacio abandonado. Inicialmente, iba a tener 350 plazas. Luego se quedó en 200 y las últimas noticias apuntan a 120. Es un proyecto al que se han opuesto PP y Vox, pero también el PNV. La consejera Nerea Melgosa ha dicho desde hace tiempo que no comparte el modelo y, en una reciente respuesta en el Parlamento Vasco, lo ha reiterado. “Me da igual 120, 300 ó 500 [...]. Si fuese el Gobierno vasco el que tuviese las competencias, ese centro no existiría. Así, directamente”, dijo hace unas semanas.

La pasada semana, la Defensoría Vecinal (organismo conocido como Síndica) informó de que habían recibido una petición de la red de apoyo a los malienses para que evaluaran la respuesta institucional. Según la alcaldesa, Maider Etxebarria, del PSE-EE, la ciudad ha realizado “seguimiento absoluto” de la cuestión, “viendo y enfocando las diferentes posibilidades de ayuda”. Puso en valor en una rueda de prensa las “muchas actuaciones” llevadas a cabo “desde las primeras semanas”. Citó como ejemplo los accesos a duchas en polideportivos o reuniones con la Policía Nacional para poder agilizar las citas. “Con los recursos que tenemos se está dando toda la ayuda que podemos”, aseguró. Pero advirtió, igualmente, de que los recursos son finitos“.

Miembros del grupo de solidaridad creado en el barrio de Salburua de Vitoria han elevado una queja a la Defensoría vecinal de la ciudad (institución conocida como Síndica) para demandar una mayor implicación municipal en la atención a los migrantes procedentes de Malí que llevan casi un año, desde el verano de 2025, viviendo en la calle por el tapón burocrático de la Policía Nacional para otorgarles su condición de refugiados. La síndica en funciones, Ainara Martínez de Sabarte, ha dado acuse de recibo a la petición en una comisión municipal celebrada este jueves, aunque ha asumido que es “un tarea de difícil solución”.

La queja recalca que ha sido gente del barrio o de zonas cercanas la que ha dado el paso de ofrecer una respuesta “humanitaria” a quienes llegan huyendo de graves conflictos en su país de origen y lamentan que las instituciones o “no cubren” las necesidades de los malienses u ofrecen respuestas “insuficientes” a las tres demandas básicas, techo, higiene y comida. Plantean que “hay locales y pisos municipales que están vacíos”, por ejemplo. En los últimos meses sí han podido hacer uso de parroquias.

Explican que se ven obligados a usar una fuente pública para asearse, o a ir a casas de vecinos solidarios, mientras podrían habilitarse espacios en los centros cívicos o polideportivos de la zona. Plantean que, por ejemplo, es habitual que en fiestas se instalen cabinas de baños portátiles y que ésa podría ser una solución temporal también. Y agregan que “con una periodicidad razonable” precisarían de servicio de lavandería, más allá de que personas del barrio les hagan el favor ocasionalmente. Se da una “situación de inhumanidad” hacia “gente educada y agradecida”, que “no molestan al barrio” y son “cuidadosos”, concluyen.

No hay aún una resolución oficial de la Síndica como respuesta a estas peticiones, pero Martínez de Sabarte sí ha puesto en evidencia que la ciudad aprobó en 2023 un “plan de convivencia” que pone los derechos humanos en el frontispicio. En todo caso, ha apuntado que existe también una queja en la zona donde se guarecen los malienses, dos soportales próximos a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño, interpuesta por una persona que quiere abrir un negocio en una lonja y que no tiene acceso a ella.

La secretaria de Estado de Migraciones, la socialista Pilar Cancela, se desplazará próximamente a Vitoria para mantener encuentros institucionales con cargos locales de cara a la puesta en marcha del nuevo centro de refugiados que el Estado prepara en la ciudad. Está ubicado en la antigua Clínica Arana, sin uso durante años, y ha motivado las críticas de PP y Vox, mas también las del PNV y de colectivos vecinales.

Javier Hurtado, en su condición de secretario general del PSE-EE en Álava, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser este martes que la ronda responde al “compromiso” adquirido por el Gobierno central de ahondar en la “coordinación” interinstitucional en torno a este proyecto. Se reunirá con el Ayuntamiento, con la Diputación de Álava y con el Gobierno vasco, según ha indicado.

Hurtado no ha concretado el momento concreto de la visita -será “en próximas fechas”-, pero sí ha puesto en valor su importancia. Ha recordado que ya se acordó con la alcaldesa, Maider Etxebarria, la reducción de las plazas inicialmente previstas, 350, para que sean finalmente 200. Ha destacado su “liderazgo” en esta materia.

El también consejero del Gobierno vasco ha indicado que el proyecto, con los cambios anunciados, estará mejor integrado en el barrio. Pero ha remarcado que Vitoria ha de seguir siendo una “ciudad de acogida” -“muchos somos también inmigrantes”, ha manifestado sobre sí mismo, nacido en Madrid- y que los usuarios del nuevo recurso son personas que no migran por voluntad, sino que “huyen de sus países” por las guerras y las “violaciones” sistemáticas de sus derechos básicos.

Hurtado se ha referido también a los malienses que llevan meses pernoctando en la calle en una zona muy próxima a Arana, Salburua. Ha defendido que el Estado, que es el que tiene las principales competencias, está “abordando desde el primer momento” el problema a pesar de las críticas de colectivos vecinales. Ha apuntado que se han producido ya del orden de “1.400 traslados” o atenciones a este colectivo.

Mali lleva mucho tiempo identificado como un foco de inquietud, tanto en términos de desarrollo como de seguridad. Por eso, desgraciadamente, no resulta tan sorprendente el estallido violento registrado el pasado día 26, con una ofensiva general en la que la milicia yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y la del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han sumado fuerzas para desafiar abiertamente a las Fuerzas Armadas malienses (FAMA), o, lo que es lo mismo, a la junta militar golpista liderada por el general Assimi Goita, que rige los destinos del país desde 2020.

No es sorprendente porque dicha junta no solo no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas heredados, sino que ha terminado por agravar otros. Su prioridad, una vez rotos todos los vínculos tanto con Francia como con la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), ha sido consolidar el poder de la nueva élite militar que se rebeló contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta.

El fracaso de la junta

Para ello han optado por una política de fuerza –centrada en controlar las principales ciudades del país, mientras han seguido desatendiendo las necesidades de la población rural–, apostando por Moscú como nuevo aliado. Así, primero con los mercenarios rusos del Grupo Wagner, sustituidos posteriormente por los uniformados del Africa Corps (dependientes del Ministerio de Defensa ruso), Goita y los suyos han tratado de proteger sus posiciones y de hacer frente a la amenaza real que suponen tanto el JNIM (ligada a Al Qaeda) como el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS, vinculado a Dáesh), sin olvidar la dinámica independentista de los tuareg de Azawad.

No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar

El fracaso cosechado ha sido total. En el plano socioeconómico, basta con recordar que Mali ocupa el puesto 188 (de un total de 191 países) en el Índice de Desarrollo Humano, con apenas el 45% de sus 26 millones de habitantes alfabetizados y una tasa de natalidad de 5,9 hijos por mujer en edad fértil –todo ello, mientras el crecimiento anual del PIB no ha logrado crecer por encima del 4% en lo que llevamos de década–.

Evidentemente, esa negativa situación tiene sus fundamentos en etapas anteriores de la historia de un país subordinado a agendas exteriores, con Francia como referencia capital, pero nada de eso resta responsabilidad a los actuales gobernantes, escasamente sensibles a las necesidades y demandas de una población muy diversa, tanto en clave étnica como religiosa. No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar.

Triple ofensiva

Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, sin olvidar la represión que las propias fuerzas armadas y policiales ejercen sobre sus ciudadanos, el resultado se resume en que Mali es el cuarto país del planeta en el que la gravedad de la amenaza terrorista (yihadista, en este caso) es más alta, tanto en número de atentados como de víctimas registradas. Por un lado, JNIM y EIGS compiten entre ellos por el control de buena parte del territorio nacional, buscando simpatizantes y combatientes, y por el control de los diversos comercios ilícitos que pululan en una geografía en la que las FAMA nunca han logrado asentar su dominio. Por otro, ambos grupos desafían a Bamako, con pretensiones de imponer su particular visión del islam por la fuerza. Y a todo esto se añade la dinámica independentista impulsada por el FLA, junto a otros grupos de menor capacidad operativa.

Que ahora JNIM y el FLA hayan decidido coordinar sus acciones en una triple ofensiva que ha puesto de manifiesto tanto la debilidad de las FAMA como la falta de voluntad del Africa Corps para defender una causa que, en el fondo, no es la suya, supone un salto muy notable en sus planes de acción.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente

Con la recuperación del control de la ciudad de Kidal, expulsando a los mercenarios rusos, junto a los ataques contra Gao y Tombuctú, el FLA aumenta significativamente sus opciones para revitalizar su máxima aspiración de fracturar Mali, creando un Azawad independiente. Simultáneamente, la toma de Mopti, Sévaré y buena parte de Bamako (incluyendo el aeropuerto internacional) por parte de JNIM, eliminando de paso al ministro de Defensa en la toma de la guarnición militar de Kati, indica tanto la inoperatividad de las FAMA y de Africa Corps como la intención de JNIM de ir más allá de lo que ya hicieron en 2012.

Cómo nos afecta

Y si en aquel momento Francia –con la operación Serval, primero, y posteriormente con la operación Barhane– logró frenar el avance yihadista sobre la capital y reducir durante un tiempo la pujanza bélica tuareg, ahora Goita no parece en condiciones, ni solo ni con ayuda externa, de resistir la embestida. Nada justifica los errores acumulados por Francia durante los años de la Françafrique, apostando por gobernantes escasamente legítimos que servían de socios para explotar las riquezas nacionales sin atender a las necesidades y demandas de la población; pero llegados a este punto, ya no basta con mirar atrás buscando responsables históricos.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente. No solo se trata de asumir culpas históricas por los errores y desmanes cometidos, sino de entender que el colapso de este país (y de Burkina Faso y Níger) ofrece una oportunidad extraordinaria para la expansión de la amenaza yihadista, tanto hacia el golfo de Guinea –y la navegación por sus costas– como hacia el Norte de África, es decir, hasta el Mediterráneo y la Unión Europea. Terrorismo, comercios ilícitos… También puede tener consecuencias en los flujos migratorios hacia el continente.

Desde la Unión Europea, sería hora de entender que la respuesta securitaria no sirve para estabilizar esos países. Y si no lo hacemos por ética y responsabilidad histórica, deberíamos hacerlo por puro egoísmo inteligente, entendiendo que la contribución al desarrollo social, político y económico de la región del Sahel es la mejor vía para evitar el desastre que, de otro modo, se avecina.

La ofensiva lanzada este pasado fin de semana en Mali por una coalición inédita de rebeldes tuaregs y grupos yihadistas ha sacudido los cimientos del régimen militar que gobierna en el país desde 2021. La caída de posiciones clave, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y la evidente coordinación insurgente sin precedentes dibuja un escenario de inestabilidad en un país azotado por la violencia.

¿Qué ha pasado en Mali?

En la madrugada del sábado 25 de abril, Mali fue escenario de una ofensiva coordinada a escala nacional. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (también conocido como JNIM), afiliado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), un movimiento secesionista del norte del país africano, lanzaron ataques simultáneos contra múltiples objetivos.

Las acciones de ambos grupos se extendieron desde el norte hasta el sur del país, pasando por Kidal, Gao, Mopti, Sévaré y Kati —esta última a apenas 15 kilómetros de la capital del país, Bamako— y afectando a infraestructuras estratégicas como bases militares y aeropuertos. El ataque sobre el aeropuerto de la capital provocó su cierre temporal, mientras que, en Kati, sede del Ministerio de Defensa, se registraron combates intensos.

Según varios analistas, el carácter simultáneo y planificado de la ofensiva convierte al ataque en el más grave desde la rebelión tuareg de 2012. En este caso, los insurgentes han combinado tácticas convencionales e irregulares, desde armas ligeras y artillería hasta coches bomba y drones, en una operación que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejército maliense y de sus aliados rusos, según analiza el Soufan Center.

¿Por qué es tan importante la caída de Kidal, en el norte?

Kidal no solo es una ciudad al norte de un país africano como Mali, sino también un símbolo histórico de la disputa entre el Estado maliense y los movimientos tuaregs que reclaman la independencia del Azawad. Fue un bastión rebelde durante más de una década hasta que, en noviembre de 2023, el Ejército de Mali, con apoyo de mercenarios rusos, logró recuperarla.

En su momento, dicha victoria fue presentada por la junta militar como un punto de inflexión en la “reconquista” del territorio. Sin embargo, la ofensiva del sábado ha revertido ese símbolo en cuestión de horas y, según imágenes difundidas en redes sociales pendientes de verificación, el FLA asegura haber tomado el control total de la ciudad.

Las primeras informaciones apuntaban a una resistencia limitada por parte de fuerzas malienses y de la milicia rusa Africa Corps, atrincheradas en la antigua base de la misión de la ONU en el norte de Mali, la MINUSMA. Tras combates y negociaciones, los efectivos rusos acabaron retirándose escoltados por los propios rebeldes.

¿Quiénes están detrás de los ataques y por qué sorprende su alianza?

La ofensiva ha sido reivindicada por dos actores, el JNIM y el FLA, con distintas trayectorias, pero con arraigos históricos entrelazados. El primero es la principal filial de Al Qaeda en el Sahel, mientras que el segundo agrupa a facciones tuaregs y árabes que reclaman la independencia del Azawad.

Aunque ya habían coincidido en terreno, especialmente en 2012, la cooperación pública y ordenada entre ambos supone un salto cualitativo en el devenir de la guerra al norte del país. En sus comunicados, tanto el JNIM como el FLA reconocen la participación conjunta en los ataques y se muestran abiertos a coordinar estrategias para que fomenten “una transformación real que sirvan a los intereses de la religión, el país y su gente”.

Esta alianza tiene implicaciones destacables. Por un lado, refuerza la capacidad operativa de ambos actores, combinando conocimiento del terreno, redes locales y experiencia insurgente y, por otro lado, complica la lectura internacional del conflicto. Un movimiento secesionista con apoyos externos, cuyos vínculos con Ucrania se han señalado en reiteradas ocasiones, se asocia con una organización terrorista.

¿Qué significa la muerte del ministro de Defensa?

El ataque alcanzó también el corazón del poder. Sadio Camara, ministro de Defensa y figura clave de la junta militar, murió en un atentado con coche bomba contra su residencia en Kati, a las afueras de Bamako. Según varias fuentes, el ataque, atribuido al JNIM, fue perpetrado por un suicida que empotró el vehículo cargado de explosivos contra el complejo, provocando una explosión.

Sadio Camara no era un simple ministro o actor secundario; por el contrario, era considerado el arquitecto de la estrategia militar del régimen. Camara había consolidado su influencia dentro del aparato de seguridad y promovido el giro geopolítico hacia Rusia tras la ruptura con Francia. Bajo su liderazgo se impulsó la salida de la operación Barkhane y la entrada de mercenarios del Grupo Wagner, posteriormente sustituidos por los Africa Corps.

Además, Camara lideraba la reciente operación ‘Dougoukoloko’ o ‘Reconquista del territorio’, destinada a reforzar el control estatal en zonas clave como Kidal o Tombuctú. Su muerte abre incógnitas sobre el transcurso de dicha estrategia y debilita la cohesión interna de la junta, donde mantenía un equilibrio complejo con el presidente de Mali, Assimi Goïta.

¿Qué papel desempeñan Rusia y la comunidad internacional?

Tras años de presencia militar francesa sin resultados concluyentes en materia de antiterrorismo, la junta maliense optó por estrechar lazos y fomentar sinergias de cooperación militar con Moscú, con los mercenarios rusos como protagonistas.

Sin embargo, su desempeño ha sido cuestionado. La incapacidad para proteger a figuras como Camara y la retirada de Kidal suponen un revés para Moscú. Todo ello sumado a las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han recaído reiteradamente sobre las fuerzas rusas y a la ausencia de mejoras sustanciales de seguridad.

La región del Sahel, y concretamente el Sahel Central (Mali, Burkina Faso y Níger), se ha consolidado en los últimos años como el principal foco del terrorismo yihadista mundial, con la presencia no solo del JNIM, sino también de filiales del Estado Islámico activas en el resto de los países de la región africana.

¿Está realmente en peligro la junta militar?

La ofensiva ha abierto un escenario de incertidumbre y debate. Algunos analistas consideran que la coordinación y alcance de los ataques podría poner en riesgo la supervivencia de la junta, mientras que otros aseguran que el objetivo de los insurgentes no es necesariamente tomar el poder, sino forzar una negociación o debilitar al Estado.

Por ahora, el Gobierno insiste en que la situación está “bajo control”, ha impuesto toques de queda y llama a la calma. Aun así, lo que sí parece claro es que Mali entra en una nueva fase del conflicto y la historia del terrorismo en el país y la región.

El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, fue asesinado en el ataque perpetrado este sábado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) contra su residencia cerca de la principal base militar en las afueras de Bamako, la capital del país. Esta operación formó parte de una ofensiva más amplia en el norte del país contra el Gobierno de Mali y que estuvo coordinada por el secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, junto al grupo terrorista, y que se ha saldado con la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

La muerte de Camara fue confirmada por la emisora de radio francesa RFI y por varios familiares consultados por Reuters. Su asesinato supone un duro golpe para los líderes militares de Malí. El gobierno actual, liderado por Assimi Goita, llegó al poder tras los golpes de Estado de 2020 y 2021. Desde entonces, ha buscado estrechar lazos con Rusia, una estrategia que el ministro de Defensa promovió.

La ofensiva coordinada de este sábado contra el Gobierno de Mali reprodujo la alianza estratégica que desestabilizó al régimen en 2012 y llevó a la toma del norte por los rebeldes. Los ataques sacudieron el sábado Bamako y otros puntos del país. El Gobierno maliense decretó un toque de queda nocturno de tres días en todo el distrito de la capital en respuesta a estos ataques. El texto precisa que el toque de queda es “prorrogable si fuera necesario”. Fuentes locales informaron a EFE que el anuncio del toque de queda fue acompañado de un gran despliegue de puestos de control de las fuerzas de seguridad en la capital maliense.

Además de la toma de Kidal, la filial de Al Qaeda en el Sahel lanzó ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali confirmó que “grupos armados terroristas” intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron “reveses inmediatos” a manos del Ejército, y que la operación se saldó con la “neutralización” de cientos de atacantes. Asimismo, aseguró que la situación “está totalmente bajo control” y llamó a la población a mantener la calma.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. El conflicto se originó en enero de 2012 cuando el MNLA lanzó una ofensiva con el apoyo de yihadistas y tomó ciudades septentrionales como Kidal, Gao y Tombuctú.

La incapacidad del entonces presidente Amadou Traoré de frenar a la alianza secesionista e yihadista provocó un golpe de Estado el 21 de marzo de 2012, y el 6 de abril el MNLA proclamó unilateralmente la independencia del Azawad, una vasta zona desértica que representa casi dos tercios del territorio maliense. Inicialmente, los secesionistas se aliaron con grupos yihadistas como Ansar Dine, liderado por Iyad ag Ghali, quien hoy encabeza el JNIM. En mayo de 2012, ambos grupos firmaron un pacto para crear la República Islámica de Azawad, pero apenas tres meses después los yihadistas impusieron la 'sharía' (ley islámica) y desplazaron a los secesionistas del MNLA del poder.

Tras la intervención militar francesa de 2013 (Operación Serval), que expulsó a los yihadistas de las ciudades del norte, los independentistas volvieron a controlar estas urbes y firmaron en 2015 un acuerdo de paz con el Gobierno central, mediado por Argelia. El pacto, que garantiza que el Azawad seguirá integrado en Mali, responde a las aspiraciones autonómicas de la región y promete soluciones socioeconómicas para la marginación que sufría, pero fue sistemáticamente incumplido.

Entre 2020 y 2021 se produjeron dos golpes de Estado en Bamako y llegó al poder la actual junta militar, que se alejó de Occidente y se acercó a Rusia, mientras los grupos yihadistas, JNIM y el Estado Islámico (EI), se expandían por casi todas las regiones del país.

La asociación Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses apoyando a los refugiados malienses en las calles del barrio de Salburua de Vitoria frente a la comisaría de la Policía Nacional, donde hay un tapón burocrático en las citas para hacer valer son condición, ha llamado a la “colaboración” vecinal para atender una “emergencia humanitaria” que se viene dando desde el verano de 2025. Alertan, por ejemplo, de que con la llegada del tiempo más caluroso es posible que sean cerrados los dispositivos extraordinarios para las pernoctas que llevan algunas semanas cubriendo una parte de la demanda, dos parroquias de la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Arambizkarra. Asimismo, han activado también una cuenta corriente para captar donativos, la ES92 3035 0320 69 3201036515, porque se precisa comida, bolsas, ropa y calzado o utensilios de aseo.

Salburuko Harrera Sarea, en el acto que ha sido su presentación en sociedad, aunque ya funcionaba en redes sociales y ámbitos vecinales, ha lamentado que sea una plataforma ciudadana la que provea de atención a estos migrantes ante la dejadez de las instituciones. Han asegurado, por ejemplo, que en casi un año no tienen constancia de que la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, u otras autoridades hayan pasado por la zona a conocer esta realidad. Reclaman “una respuesta a la altura de esta emergencia humanitaria” y, sobre todo, teniendo presente que en verano puede que se incrementen las llegadas y, a la vez, desaparezcan los espacios cerrados y seguros para dormir, que son los dos templos y la propia asociación vecinal, unas 50 plazas en total. Fuentes de la Iglesia católica confirman que eran instalaciones puestas en marcha para la temporada de frío y señalan que próxamente se tomará una decisión sobre su continuidad o no, aunque aseguran que la compartirán tanto con los colectivos de apoyo como con los propios afectados.

La acumulación en las calles de Vitoria de personas de Malí, un país sumido en conflictos internos y que expulsa a su población, viene siendo una constante desde el pasado verano como antes lo fue en zonas de Donostia. Las citas que ha de ofrecerles la Policía Nacional, cuerpo con competencias en materia de documentación y extranjería, son limitadas y se ha generado un tapón. Sin esa primera atención, no es posible acceder al circuito al que tienen derechos los refugiados. Asier Etxenike, uno de los portavoces de Salburuko Harrera Sarea y vestido con una camiseta de 'Inor ez da ilegala', ha manifestado que la Policía incluso ha cambiado el sistema de reparto de citas, eliminando la tramitación presencial y abocando a personas que no dominan los idiomas oficiales a trámites digitales y que, además, están sujetos a especulación porque hay un “numerus clausus” de turnos cada vez que se ponen a disposición. Es un “proceso especialmente complejo y opaco”, ha agregado su compañera Cristina Riega.

La red, que se dice inspirada en la creada en su día en Irún para atender a los afectados por las devoluciones en caliente que practica Francia en la frontera con Hendaya, hechos documentados por vez primera por este periódico en 2018, sostiene que son un “parche” que sustituye a la ineficacia de las “respuestas públicas”. Por ello, piden la “creación urgente de una mesa institucional” con el Estado, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con el Gobierno vasco, así como con entidades sociales como CEAR o Zehar-Errefuxiatuekin, que llevan también meses encima de este asunto, al igual que otros colectivos sociales que colaboran con los malienses.

Etxenike ha recordado que, dada la alta rotación de este colectivo, “igual han llegado más de mil personas” en los últimos meses procedentes de Malí. Ha destacado su buen comportamiento, todo lo “positivo” que aportan al barrio. La red, en todo caso, lamenta que la formación de ultraderecha Vox haya usado esta realizada para sus campañas políticas xenófobas, incluso usando sin consentimiento de los migrantes sus imágenes. En paralelo, han brotado protestas por la inminente apertura en la cercana Arana de un centro de refugiados de 200 plazas.

Salburuko Harrera Sarea prepara una “asamblea abierta” en el barrio, uno de los más populosos de Vitoria después de Zabalgana o Lakua, para seguir haciendo un análisis de las “necesidades” e ir concretando las “próximas acciones”. Han pedido a las personas interesadas en sumarse a la red solidaria que contacten por redes sociales o por correo electrónico o bien que hagan aportaciones económicas en la cuenta bancaria habilitada.

Dos parroquias de Vitoria, la de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves de Aranbizkarra, han abierto sus puertas en las últimas semanas para que puedan pernoctar, asearse y tener un techo en ellas tres decenas de los malienses que llevan meses a la intemperie en las calles cercanas a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño ante el tapón burocrático que les impide obtener citas para regularizar su situación. La gran mayoría son musulmanes. La Diócesis de Vitoria señala que está siendo una “experiencia gratificante” para ambas partes.

Desde agosto de 2025 hay un volumen importante de personas procedentes de Malí, en su mayoría varones jóvenes, que llegan a Vitoria para buscar asilo, como antes ocurrió en Donostia. Sin embargo, la burocracia se ha convertido para ellos en un tapón y se han visto forzados a pernoctar en la calle, aunque la entidad Zehar-Errefuxiatuekin sostiene que el 98% tendrían derecho a protección en España. Aunque hay rotación y llegadas y salidas constantes, se ha estabilizado un grupo amplio conviviendo en soportales de Salburua próximos a la Policía Nacional. Tenían dificultades incluso para poder ducharse. La comida que recibían procedía, en buena medida, de la solidaridad vecinal. En invierno, con noches muy frías, la situación motivó denuncias de falta de respuesta institucional.

Desde la Iglesia confirman que han abierto las puertas de dos de los templos más próximos a la Policía Nacional, el de San Joaquín y Santa Ana, de la calle de Viena, y el de Nuestra Señora de las Nieves, de la calle de Valladolid. En la primera hay unas dos docenas de plazas y en la segunda otra docena, según las fuentes consultadas. Les ofrecen cama, ducha, aseo y servicios básicos, como enchufe o microondas, dicen desde el Obispado. Explican que incluso siendo una institución católica ofrecieron facilidades en tiempo de Ramadán, que finalizó el 19 de marzo. Aunque ya ha pasado el invierno y en los últimos días las temperaturas han sido altas, se prevén mínimas de incluso 4 grados en Vitoria en las próximas semanas.

Una voluntaria que lleva meses colaborando con los refugiados confirma la apertura de las dos iglesias, aunque insiste en que “hay un montón” aún en la calle y que son necesarios más pasos. “Vamos a seguir pico y pala, como siempre”, afirma. Destaca de este colectivo que “pese a sus situaciones de vulnerabilidad increíbles”, tanto en origen como por el proceso migratorio, “siempre ofrecen una sonrisa”. Su gran batalla actual es superar las nuevas dificultades que han encontrado para acceder a citas con la Policía Nacional. Esta voluntaria denuncia la existencia de “mafias” que acaparan los pocos turnos que se ofrecen y los revenden por cantidades muy elevadas, “de hasta 300 euros”.

En la zona, en paralelo, se ultiman las obras en la antigua Clínica Arana para que, a partir del verano, sea centro para refugiados. Tendrá finalmente 200 plazas y no 350, como se anunció. El recurso ha recibido numerosas críticas de PNV, PP o Vox, así como de movimientos vecinales. En algunos ámbitos se ha asociado con delincuencia e inseguridad y se han formulado comentarios xenófobos.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la concesión de una subvención directa de 104.500 euros a la asociación Zehar-Errefuxiatuekin para atender, con carácter urgente y excepcional, a todas aquellas personas, la mayoría malienses, llegadas a Euskadi, principalmente a Vitoria. Según ha indicado el Ejecutivo vasco, desde febrero de 2025 se ha observado una llegada progresiva de personas solicitantes de protección internacional procedentes tanto de la frontera sur (Islas Canarias) como de la frontera norte, incluyendo personas devueltas desde Francia en aplicación del Convenio de Dublín o que han regresado sin poder formalizar su solicitud.

Estas personas, la mayoría de ellas malienses, han comenzado a establecerse en Amara-Berri (Donostia) y en al menos tres localizaciones distintas de Vitoria, informa Europa Press. A partir de julio de 2025, ha reconocido el Gobierno vasco, la situación “se ha intensificado, contabilizándose varias decenas de personas en situación de calle en ambas ciudades, lo que incrementa de forma significativa la vulnerabilidad del colectivo y generando una crisis humanitaria”.

En ese sentido, ha señalado que “muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Malí se han ido desplazando mayoritariamente a Vitoria-Gasteiz, atraídas por la creencia de que en la comisaria de la Policía Nacional Vitoria las citas para iniciar los trámites podían obtenerse con mayor agilidad, empujando a decenas de personas a tener que pernoctar en la calle”. Según las estimaciones, ha apuntado, el número total de estas personas es en torno a varias decenas, repartidas por distintos puntos de la ciudad. Asimismo, y desde julio habrían llegado a Euskadi en torno a 600 personas de Malí, y más de la mitad lo habría hecho a Vitoria.

El Gobierno vasco ha precisado que la concesión directa de esta ayuda responde a “razones de interés público, social y humanitario, de carácter urgente y excepcional, con el objetivo de que ninguna persona solicitante de protección internacional quede desatendida en un momento de especial vulnerabilidad”. La concesión de esta ayuda, ha añadido, busca “activar mecanismos ágiles que permitan atender necesidades básicas y proteger derechos fundamentales, evitando situaciones de desamparo o exclusión social, y reforzando una acogida digna que contribuye a la cohesión social y al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos”.

Las previsiones meteorológicas auguran que, en los próximos días, el frío extremo puede llegar a Vitoria. No se descartan los primeros copos de nieve de la temporada. Del martes al domingo, las mínimas no pasarán de 2 ó 3 grados centígrados, según Aemet. En el barrio de Salburua, un grupo de voluntarias -porque en su mayoría son mujeres- busca desesperadamente una solución transitoria urgente en forma de lonja, local o lo que se tercie para dar techo a medio centenar de malienses que, ahora mismo, pasan las horas y pernoctan en los soportales frente a la comisaría de la Policía Nacional o en otros cercanos al lado de un supermercado.

La ciudad que discute la necesidad de un centro para refugiados -que se construye a no más de cinco minutos a pie del complejo policial- y que se cuelga medallas en calidad de vida tiene desde hace al menos cuatro meses completamente abandonadas a su suerte a decenas de personas que huyen del régimen de terror en su país de origen, Malí, adonde España pide no ir en ningún supuesto por los atentados, minas, escasez de combustible, falta de libertades y “bandidaje”, entre otros problemas. “Duermo en la calle. Tengo mucho frío”, resume bajo varias capas y una capucha, en nombre de todo el grupo, el joven Yaya, de 17 años, en el anochecer de una jornada todavía con temperatuas templadas pero con fuerte viento.

Es el benjamín de un grupo heterogéneo, con personas también de mediana edad o rondando la cincuentena. Su vida entera se acumula en una maleta con ruedas -una de ellas con los colores del Real Madrid- y un teléfono móvil. Matan el tiempo escuchando música o jugando al póker. Los más afortunados disponen de un 'camping gas' en el que hacer alguna comida caliente.

Este periódico informó a finales de julio de que las entidades sociales que trabajan con migrantes estaban empezando a detectar a un grupo de personas procedentes de Malí en las calles de Vitoria. Era exactamente el mismo problema ocurrido en Donostia en los meses anteriores, solventado en buena medida con solidaridad vecinal. Ya en 2024, a raíz de los golpes de Estado de 2020 y 2021, las peticiones de asilo de ciudadanos malienses se dispararon un 700% en España. Y en 2025 han seguido creciendo.

Conseguir una cita en la Policía Nacional, el cuerpo con competencias en materia de Extranjería, se ha convertido en un tapón, aunque “en un 98%” los malienses tienen derecho a protección, según datos de Zehar-Errefuxiatuekin. Esta entidad, de hecho, acaba de denunciar que en Donostia cinco personas de esta nacionalidad han sido arrestadas y “podría derivar en su expulsión” de España. Janire, una de las voluntarias de Vitoria, sostiene que están viendo casos de personas que reciben como propuesta para la primera cita en comisaría fechas “de 2028”. Sin esos papeles, no hay más Sanidad que la atención en Urgencias y se truncan los proyectos educativos o laborales.

Es una respuesta muy diferente a la que se articuló en 2022 con las llegadas de refugiados de Ucrania tras la invasión de Rusia. Francia, potencia colonial en el país y que se dice “verdaderamente preocupada” por la situación en Malí, según ha trasladado esta misma semana, ha levantado desde hace años un muro 'de facto' en pleno espacio Schengen de libre circulación y bloquea por sistema las llegadas de migrantes sin documentación en regla e incluso ha practicado 'devoluciones en caliente' en la frontera de Irún/Hendaya. En 2018, este periódico ya recogió junto a la muga testimonios de malienses bloqueados.

Aunque algunas personas de las que han pasado por Vitoria ya se han marchado a seguir con su periplo vital en algún otro lugar y otras han sido formalmente derivadas a recursos asistenciales oficiales, como el de Oñati, la sensación de las voluntarias es que las llegadas son constantes y que el grupo que pernocta en Salburua es mayor que nunca en estos momentos. Los soportales de la avenida de la cuenca del Deba, los últimos del barrio residencial y los que dan a la Policía Nacional, son donde se acumulan más personas. Es un punto de paso muy común, sobre todo en coche. Es el camino hacia los humedales del anillo verde, una zona de esparcimiento, o hacia el pabellón Fernando Buesa Arena, donde juega el Baskonia. Pero la vida cotidiana de los vitorianos parece darles la espalda a los malienses.

También hay varias decenas de colchones perfectamente alineados en otro soportal, en la calle de Madrid, bajo otro bloque de viviendas de Salburua. Y algunas de las personas que les ayudan sostienen que hay grupos repartidos por otros puntos de la ciudad. En verano, por ejemplo, había grupos igualmente en el entorno del ferrocarril, cerca de las oficinas de Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR.

Como Janire, otras mujeres de edades dispares como Montse, Conchi, Leire o Analía dedican parte de su tiempo y hasta de sus recursos económicos para apoyar a los malienses. Se han ido conociendo en estos meses allí y ahora comparten un grupo de WhatsApp. También se les ha unido Jacques, camerunés de 36 años, y que echa una mano como traductor al dominar el francés y el árabe. “Ellos vienen aquí por la guerra. Gracias a Dios han podido cruzar [el mar que separa África de Europa]. La mayoría son hombres, pero tenemos también a alguna mujer”, apunta señalando a la única que, ahora mismo, forma parte del grupo bajo los soportales frente la Policía Nacional, que tiene la mitad posterior de sus instalaciones completamente vacía porque nunca se llegaron a necesitar ante la reducción de funciones por el despliegue de la Ertzaintza. En su momento, Stop Desahucios cifró en 50 las viviendas que podrían salir de allí.

Al comienzo de la llegada de malienses, el Ayuntamiento ofreció a estas personas la posibilidad de que utilizaran las instalaciones de un centro cívico, San Andrés, para que se ducharan y asearan. Pero ahora ha cerrado el grifo, literalmente. Montse, que tiene una lonja solidaria desde hace dos décadas en el cercano barrio de Zaramaga, emplea los recursos que obtienen allí para pagar cada día la ducha a cinco de los refugiados en el polideportivo de Iparralde. Son 11 euros de su bolsillo al día. ¿Por qué empezó a colaborar? Explica que un amigo suyo, de origen maliense, se encontró en la mezquita con un vecino de su mismo pueblo ya en abril. “Me dijo que estaban viviendo en la calle. Y en la lonja ayudamos a tres”, apunta. La Policía de Vitoria también llegó a impedirles instalar una lona como cortavientos contra el frío, denuncian las voluntarias. Los móviles los cargan en bares de la zona que les abren sus puertas.

Conchi, vecina de Salburua, es la cocinera oficiosa. “Por las mañanas, les traigo pan y chocolate. Al mediodía, preparamos dos kilos de arroz con verduras o algo de carne. O con un huevo cocido”, explica. Si ella no puede, su marido se encarga de cocer el arroz. Tienen hasta bandejas y “un carrito” para las entregas. “Lo compro yo todo. Se está haciendo largo”, señala. Afirma que ella es “cristiana y católica practicante” y que llamó a Cáritas para buscar ayuda. Enfadada, lamenta que le contestaran que no podían hacer nada porque le dijeron que las llegadas están organizadas por “mafias”.

“Ellos son humanos”, se indigna apuntando hacia el grupo. “Cuando me acuesto, siempre miro por la ventana y pienso en el frío que va a hacer. Rezo mucho para que no llueva. Se les mojan los colchones. Ahora viene el frío”, se lamenta. Abandona la entrevista antes de tiempo porque el adolescente Yaya, que antes estaba en Miranda de Ebro y donde aprendió algo de castellano, lleva todo el día sin comer y no lo puede tolerar. Analía, que se mueve en patinete y es de origen argentino, muestra una bolsa del Banco de Alimentos con piezas de fruta. Asegura que esta institución es la única que entrega víveres regularmente a este colectivo.

Leire es mucho más joven. Es del Sindicato Socialista de Vivienda. Agradece la existencia de una “red solidaria” frente a la “dejadez increíble” de las instituciones “burguesas”, con una respuesta “claramente insuficiente”. Lamenta el desenfoque de las reacciones al problema de la vivienda, con propuestas de construcción de pisos para las clases medias cuando en la misma ciudad hay colectivos vulnerables en la calle. “Se pasan la pelota de unos a otros. Que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, que si ahora el Gobierno central... Pero aquí nadie hace nada”, se queja.

Por el contrario, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, preguntada por este periódico, asegura que el Estado lleva “muchos meses trabajando” en este asunto para “dar la mejor respuesta” a los malienses. “Llegan a Euskadi a pedir refugio y asilo político. Y estamos agilizando todos los trámites con la Policía Nacional para que tengan una primera entrevista y puedan acceder a los servicios sociales y al circuito estatal [de protección]”, indica.

“La llegada de malienses se ha más que duplicado en los últimos meses por razones políticas de su país, donde hay persecución y guerra. Como digo, estamos trabajando en colaboración el Ayuntamiento y con el Gobierno vasco para dar la mejor solución”, agrega Garmendia. Según datos de CEAR, desde julio del orden de 500 personas de Malí han llegado a Euskadi y, de ellas, más de la mitad lo han hecho a Vitoria.

A cinco minutos del criticado centro de refugiados

“En los discursos oficiales se presume de proteger a las personas refugiadas y promover la migración regular, pero las personas que vienen de África no cuentan, 'de facto', con vías de acceso regulares ni seguras, y quienes emprenden tránsitos terrestres y marítimos no son identificadas como personas en búsqueda de asilo o merecedoras de protección internacional, sino como infractores de las leyes administrativas. Finalmente, la práctica totalidad de éstas ven denegada la protección si logran solicitarla, con la excepción precisamente de las personas que huyen del conflicto de Malí, que en su práctica totalidad obtienen la protección subsidiaria”, han expuesto SOS Racismo y Zehar-Errefuxiatuekin recientemente.

El principal proyecto del Gobierno central en materia de migración en Vitoria y en Euskadi es un nuevo centro para refugiados en el barrio de Arana, en una antigua clínica y residencia a no más de cinco minutos caminando del lugar donde ahora se guarecen los malienses. El proyecto ha concitado rechazos vecinales y políticos -el PP ha recogido firmas y lo ha asociado a la delincuencia, Vox enarbola la xenofobia y el PNV aboga por un “modelo vasco” que huya de “macrocentros”- y finalmente tendrá 200 plazas y no 350, como se anunció inicialmente. Si bien la delegada Garmendia ha asegurado que “con el centro de refugiados de Arana no se tendría esta crisis con los malienses”, la alcaldesa, la también socialista Maider Etxebarria, explicó que además de la reducción de plazas, que se ha publicitado como “una buena noticia”, el recurso iba a ser para “familias”. Estos migrantes, en su mayoría, son personas solas. Se pueden leer aquí todas las noticias relacionadas con este recurso.

Janire, que es una de las personas más activas de entre las voluntarias, alerta del racismo subyacente que también está empezando a emerger. Recuerda que, hace unas semanas, Vox plantó una jaima para realizar su propaganda contra la “delincuencia” justo a unos metos de los soportales. Algunas voluntarias refieren haber escuchado frases “si tanto te importa, ¿por qué no te los llevas a tu casa?”. “Se criminaliza a estos colectivos cuando no son para nada los culpables. Es lo que persigue el racismo, hacerles responsables a ellos mismos de su miseria”, apostilla Leire.

Pero a Janire, sobre todo, le preocupa el invierno. Como consecuencia del cambio climático, Vitoria vive de sus años más cálidos y, hasta ahora, el otoño no ha sido especialmente beligerante. Pero esta semana todo va a cambiar. El mercurio se va a desplomar y puede llegar la nieve. Por eso pide que el mensaje final a la ciudadanía de Vitoria sea de ayuda. Buscan mantas y sacos de dormir con urgencia. Y demandan que se habilite un espacio cerrado y bajo techo para que quienes ahora pernoctan en la calle puedan hacerlo con menos riesgo. “¿Tiene que morir alguien para que hagan algo?”, se preguntan las voluntarias.

Como cada día, Moussa Dembelé se levantó temprano en el piso que compartía con varios compatriotas malienses en el barrio madrileño de Lucero. Se vistió con la camiseta amarilla y naranja de la empresa para la que estaba contratado desde hacía varios meses, Construcciones Anka, y se dirigió al centro de Madrid, al número 4 de la Calle Hileras, donde trabajaba en un antiguo edificio en proceso de rehabilitación para ser convertido en un hotel de lujo. Como acostumbraba a hacer desde su llegada a España, habló con su mujer por videollamada antes de empezar la jornada laboral. 

La siguiente llamada con prefijo español recibida por su familia en Mali se produjo antes de lo habitual, pero no era de Moussa, sino de su hermano Mamadou. Estaba en la Calle Hileras, frente a la fachada del edificio desplomado, rodeado de bomberos y policía. “Llamé a un primo nuestro y le conté lo que había pasado, para que reuniese a su mujer e hijos y se lo contase allí con tranquilidad. No habían sacado el cuerpo aún, pero él estaba desaparecido”, explica a elDiario.es. Moussa Dembelé es uno de los cuatro fallecidos del edificio derrumbado este martes en pleno centro de Madrid. De las cuatro víctimas mortales, tres son extranjeras, lo que evidencia el peso de los trabajadores inmigrantes en uno de los sectores con mayor siniestralidad, el de la construcción.

El derrumbe tuvo lugar poco antes de las 13:00 horas. Por razones que todavía se desconocen, varios forjados se vinieron abajo desde la parte superior del edificio, sin afectar a los exteriores. La única víctima española, Laura, ocupaba el cargo de jefa de producción de la obra. Los tres hombres fallecidos eran todos obreros. Se llamaban Jorge, Diallo y Moussa Dembelé. Procedían de Ecuador, Guinea y Mali respectivamente. Según un portavoz de Anka, la compañía responsable de la obra que acabó en siniestro, todos los empleados fallecidos tenían la documentación en regla y estaban contratados por la empresa.

Moussa Dembelé cumplió 40 años el pasado mes de junio y procedía de un pequeño pueblo de Malí, donde su mujer y sus cinco hijos menores de edad lloran su muerte a más de 3.000 kilómetros de distancia. En 2024, el maliense se despidió de su familia para dirigirse a Mauritania, donde se embarcó en un cayuco hacia Canarias, una de las principales rutas migratorias hacia el archipiélago. Fue uno de los 46.843 migrantes que alcanzaron las islas el año pasado, cuando el flujo de solicitantes de asilo malienses por esta vía se incrementó hasta llegar a ser la nacionalidad más frecuente en las llegadas a las costas canarias, por encima de la marroquí y la senegalesa.

Debido al conflicto que vive su país, Moussa había solicitado asilo a su llegada a España y, casi un año después, Interior le concedió la protección internacional, con lo que obtuvo una tarjeta de residencia de larga duración. Empezaba a tener cierta estabilidad en Madrid, con unos ingresos justos pero más o menos fijos que le permitían enviar dinero a su familia, cuando el accidente laboral acabó con su vida.

Este martes, el día del derrumbe, Mamadou, hermano de la víctima, disfrutaba de un descanso de su jornada laboral cuando el teléfono sonó, pero no lo escuchó. Cuando pudo mirar su móvil, acumulaba varias llamadas perdidas de un mismo número, el de un compañero de Moussa, también maliense. Marcó de vuelta y su voz sonaba nerviosa. “No le entendía bien. Me dijo que había habido un accidente en la obra y se había derrumbado. Decía, Moussa se ha quedado ahí. Moussa está debajo”, recuerda el hombre, que también se dedica al sector de la construcción. Bloqueado y angustiado, colgó y regresó a las profundidades del Metro de Madrid, a las obras de prolongación de la línea 6 del suburbano donde trabaja, para pedir permiso a su jefe e intentar confirmar lo ocurrido en el lugar de los hechos.

“Fui un rato después. Le conté a la Policía que era su hermano y me pidieron que le llamase por teléfono. Su compañero me había dicho que estaba debajo de los escombros, pero le llamé igualmente. No contestaba. Insistimos y nada. No encontraron el cuerpo hasta después”, detalla el hombre, que desde entonces ha sido el enlace de comunicación con su familia en Mali. Una familia que espera respuestas y ansía la repatriación de los restos mortales de su ser querido, para despedirle y enterrarle en su lugar de origen.

Cuando Moussa dejó Malí, su mujer estaba embarazada de su hijo menor, al que solo pudo conocer por videollamada. “Su familia está muy mal, no se puede creer que haya pasado esto cuando ya estaba en Madrid y trabajando. Esperan poder enterrar pronto su cuerpo allí para despedirlo”, dice a elDiario.es su hermano en los alrededores de la funeraria encargada de realizar los trámites para la repatriación del cadáver, que ya ha sido identificado. Le acompaña su amigo Bakary y otro hermano de la víctima que vive en París desde hace años y ha viajado a Madrid tras enterarse de lo ocurrido. 

Él permanecerá en España hasta que el cuerpo de Moussa pueda ser repatriado. “Viajará a Mali con Moussa. Será el encargado de ir con el cuerpo y ocuparse de todo para llevárselo a la familia”, explica Bakary. Según la funeraria, la tramitación de la repatriación tardará unos diez días, si no surge ningún problema. La empresa responsable de la obra ha asegurado, tanto a la familia como a elDiario.es, que se hará cargo de los gastos ligados a la repatriación, que suelen rondar los 3.000 euros. Independientemente de la voluntad de la compañía, en caso de accidente laboral, la empresa está obligada a afrontar el coste y a indemnizar a las víctimas, lo que debería incluir una indemnización para la mujer y los cinco menores que lloran a Moussa en Mali. 

Del cayuco a la obra

Tras la llegada de Moussa a Canarias, el maliense fue trasladado a Madrid, donde pasó una temporada en el campamento para migrantes de Carabanchel, uno de los espacios donde son alojados quienes llegan en patera a las costas españolas una vez trasladados a Madrid. Después de registrar su demanda de protección internacional, Moussa fue albergado en un centro de la red estatal de acogida para demandantes de protección internacional, ubicado en Almería. Cuando consiguió el asilo, con la consiguiente tarjeta de residencia de larga duración que aseguraba un futuro en España, llamó a sus familiares y amigos de Madrid. 

Bakary recuerda aquella llamada. “Estaba contento porque ya tenía sus papeles y aunque podía quedarse allí nos dijo que él lo que quería era trabajar”, cuenta el amigo de la víctima que, junto a Mamadou, abrió las puertas de la casa que compartían en Madrid. Pronto encontró empleo en la construcción, un oficio que aprendió a su llegada a España, según explica su amigo. 

“Nosotros trabajamos en la construcción y le podíamos ayudar a encontrar trabajo. Poco después de mudarse con nosotros ya estaba trabajando”, explica Babakar, su compañero de piso desde entonces. “En Madrid, la construcción es uno de los pocos sectores donde es más fácil encontrar trabajo para nosotros”, añade. Con “nosotros” se refiere a inmigrantes, especialmente, a quienes proceden del continente africano. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros ocupan ya un 22% de los empleos en la construcción, el sector con mayor siniestralidad en España. 

El maliense trabajaba para Anka Construcciones desde hacía “varios meses” y cobraba 1.100 euros, según explica el amigo y compañero de piso de la víctima. El edificio estaba siendo rehabilitado por esta compañía, pero por encargo de la sociedad de origen saudí RSR Singular Assets Europe Socimi. Un inversor inmobiliario especializado en hoteles y apartamentos turísticos de alta gama en España y Portugal, gestionado por Caler Advisory and Asset Management, que adquirió el inmueble por 24,5 millones de euros. El proyecto contemplaba el cambio de la licencia de actividad de uso de oficinas a hospedaje, aprobado en diciembre de 2024, con la previsión de que abrirá al público dentro de dos años, como publicó Somos Madrid.

Bakary, tras casi siete años en España, siempre ha trabajado como obrero. Frente al edificio redondeado que aloja el Instituto de Medicina Legal de Madrid, donde horas antes habían confirmado la identificación del cuerpo de Moussa, el maliense describe con rabia el riesgo que entraña su profesión, especialmente en el ámbito de la demolición. “Es muy peligroso y muchas veces abusan de los negros”, dice visiblemente enfadado. Desconoce las circunstancias específicas en las que trabajaba la víctima del siniestro, pero describe algunas de las prácticas que él mismo ha sufrido durante su lustro de experiencia, como la exigencia de realizar labores complicadas que no estarían contempladas en las categorías para las que son contratados y que requieren una cualificación de la que algunos carecen, lo que incrementa el riesgo.

“Trabajar en demolición es muy duro y peligroso, yo ya no lo hago. En muchas empresas no respetan la categoría o el nivel de formación del obrero. Si eres peón o ayudante, te ponen a hacer labores para las que no están ni preparados ni lo suficientemente pagado, y eso es muy peligroso”, explica el maliense.

Ya en el metro, de camino a casa, se arremanga el pantalón y muestra una cicatriz para ejemplificar sus palabras: “Esto me lo hice trabajando en una demolición. Yo, como peón, no sabía usar la herramienta para picar y me hicieron utilizarla. Me desestabilicé y me caí”, detalla el hombre antes de recordar una de las últimas conversaciones que tuvo con Moussa. “La noche anterior llegó a casa muy cansado. Nos dijo que le habían puesto a picar y que estaba agotado. Pero él no se quejaba, estaba contento por tener un empleo y poder enviar dinero a su familia. Nosotros si llevamos tan poco tiempo aquí, no podemos quejarnos”, sentencia el amigo del fallecido, minutos después de facilitar toda la documentación y datos de Moussa en una de las oficinas del tanatorio donde embalsamarán el cuerpo de su amigo antes de proceder a la repatriación.

En los últimos días, en la zona de Vitoria próxima a las oficinas compartidas de CEAR y Zehar Errefuxiatuekin, se ha incrementado la presencia de migrantes procedentes de Malí, pero también de otros países como Nigeria o Mauritania, que precisan de ayuda básica de subsistencia. Si eran una docena hace un par de semanas ahora son ya más de medio centenar, según explican desde Zehar Errefuxiatuekin, que lamenta que las instituciones locales, en particular el Ayuntamiento, están haciendo oídos sordos a sus llamamientos para poder buscar una salida temporal a este colectivo abocado a pernoctar en la calle y a pasar todo el día también a la intemperie en plena ola de calor. “Desde la entidad pedimos que se aseguren los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y su derecho a la acogida”, señalan.

Se trata de un fenómeno que se detectó hace semanas en Donostia. Allí, la asociación vecinal de Amara Berri organizó una acogida informal con repartos de comida y cobertura de otras necesidades básicas que se transformó en una convivencia natural que incluso derivó en conciertos y otras actividades sociales. En Vitoria también están teniendo un “comportamiento ejemplar”, recalcan en Zehar Errefuxiatuekin.

La pasada semana se comunicó que las instituciones habían articulado una derivación de medio centenar de estas personas a un centro en Oñati. Allí hay ya también al menos ocho más derivadas desde Vitoria, indican las fuentes consultados. Este recurso tiene un centenar de camas. El centro de Zehar Errefuxiatuekin en Tolosa, también en Gipuzkoa, ha sido reabierto este verano y su treintena de plazas ya está completa exclusivamente con varones jóvenes con origen en Malí.

Francia se ha convertido en un tapón para estos migrantes, tanto por las devoluciones en caliente que existen desde hace años en la frontera de Irún y Hendaya como por el entorno hostil para determinadas nacionalidades, que hace que abandonden Francia para regresar a España, el primer país de la Unión Europea que pisaron al entrar generalmente por Canarias. La maliense es ya la más común entre los migrantes en tránsito en Euskadi, algo motivado por los problemas políticos y económicos en su país de origen. En España, a su vez, tienen un tapón burocrático para realizar sus solicitudes de asilo. Las citas de la Policía Nacional llegan con cuentagotas.

Cuando la situación en Donostia fue de auténtico “embudo”, en definición de Zehar Errefuxiatuekin, algunos malienses empezaron a intentar acceder a la Policía Nacional en Vitoria, con menos carga de trabajo. Al final, las llegadas están siendo continuadas y “van a ir a más”, según quienes colaboran con estas personas. Además de CEAR y Zehar Errefuxiatuekin, Cruz Roja y Cáritas también están proporcionando recursos, pero no aún las instituciones locales, según las fuentes consultadas. Demandan que Vitoria dé “la voz de alarma” como la ha hecho Donostia. Las entidades sociales, por el momento, les ofrecen aseo, cargar el móvil y agua, pero quedan desatendidos fuera del horario de oficina.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de España han señalado a Europa Press que se está tratando de agilizar la concesión de citas para tramitar solicitudes de asilo. De su lado, el Ayuntamiento ha indicado que “el equipo de educadoras de calle les visita, acompaña y asesora” y que se coordina con otras instituciones.

Con el ya tradicional “Artillero, dale fuego” ha arrancado la Aste Nagusia de Donostia, que da continuidad al ciclo iniciado en Vitoria y que seguirá en Bilbao a partir de la semana próxima. Sin embargo, además de la fiesta ha habido espacio para la protesta en la capital de Gipuzkoa. Decenas de personas han participado en una movilización convocada Gipuzkoa Antitaurina contra las corridas de toros, programadas en el coso de Illunbe durante la semana festiva, a diferencia de en Vitoria, por ejemplo. El alcalde, Eneko Goia, ha respondido que en la ciudad hay “opiniones encontradas” sobre el asunto y ha explicado que su papel es únicamente el de “ofrecer la libertad que en este momento el marco legal da para que quien quiera organizarlos lo pueda hacer”.

En la tarde de este sábado, representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, que recientemente se ha llevado la medalla de Donostia, y de la asociación de vecinos de Amara Berri, muy protagonistas estas semanas por su atención a los malienses que han estado pernoctando en la calle, han copado los focos en el cañonazo de inicio a la Aste Nagusia entonando el tradicional 'Artillero dale fuego'. Según el programa de este año, las fiestas contarán con 387 actividades. Terminarán el 16 de agosto. El concurso internacional de fuegos artificiales, el evento más concurrido, alcanza su sexagésima edición este 2025. Se pueden consultar aquí todos los actos.

Los vecinos de Amara Berri ya explicaron -también en una carta publicada en este periódico- que han acudido a la invitación “sin ánimo festivo”. Ellos han atendido informalmente a decenas de migrantes en tránsito con el paso a Francia bloqueado y atascados en la burocracia en España. Finalmente, este mismo jueves y después de semanas de espera, la Diputación anunció que del orden de medio centenar de los malienses han sido trasladados a Oñati.

También era reivindicativo el ánimo de Gipuzkoa Antitaurina. Según informa Europa Press, su movilización ha partido a las seis de la tarde de la calle de Hernani bajo el lema 'Tauromaquia no'. Organizaciones como EH Bildu y Podemos, además de grupos ecologistas, han secundado esta protesta.

Los manifestantes, entre otros puntos, han reclamado que el plan de reforma de Illunbe “excluya cualquier posibilidad de uso para espectáculos taurinos”. En opinión de Gipuzkoa Antitaurina, “destinar fondos públicos a la adecuación de un recinto para corridas de toros es una decisión contraria a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”. Además, han señalado que, “actualmente, las corridas en la capital guipuzcoana se celebran únicamente durante tres días al año” y que “la gran mayoría de la asistencia procede de fuera de la ciudad”. “Es momento de que las instituciones escuchen a la sociedad y pongan fin a los espectáculos que implican sufrimiento animal”, ha clamado la portavoz de Gipuzkoa Antitaurina, Pilar Otegui, siempe según las declaraciones recogidas por Europa Press.

El alcalde de Donostia ha dicho en RNE, de su lado, que los espectáculos taurinos no son de su “gusto ni disgusto”, aunque ha indicado que no suele acudir a ellos. Donostia no tuvo toros durante la etapa de EH Bildu, de 2011 a 2015, pero se han recuperado con Goia, en el cargo desde 2015. Al reestreno acudió incluso el anterior jefe del Estado, el ahora exiliado Juan Carlos I.

Recientemente, la coalición abertzale se lo reprochó y él replicó con los ejemplos de Azpeitia y Pamplona, dos localidades en manos de EH Bildu y que tienen la tauromaquia como eje de sus programas festivos sin que se plantee su desaparición.

La principal fuerza de la oposición, en todo caso, ha participado en la convocatoria de protesta. Y ha señalado en X que una mayoría “amplia” de la ciudadanía, que ha cuantificado en un 71%, no desea corridas en la programación festiva. “De 2011 a 2015, escuchando a la ciudadanía, no hubo toros. En el nuevo Illunbe también sería posible que fuera así”, han manifestado en euskera.

“Es un espectáculo que respeto. Hay opiniones encontradas pero a mí me corresponde ofrecer la libertad que en este momento el marco legal nos da para que, si alguien quiere organizar este tipo de espectáculos -y en el caso de Donostia hay quien lo quiere hacer-, lo pueda hacer”, ha insistido Goia. Tras el arranque festivo, el primer edil del PNV ha apelado también a unas fiestas “libres y seguras”.

La Diputación de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Donostia, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal un recurso de alojamiento en Oñati, ante la situación de calle que están viviendo varias personas migrantes, en su mayoría procedentes de Malí y actualmente ubicadas en el barrio donostiarra de Amara Berri. Según ha informado la institución foral, el recurso tiene capacidad para acoger a 50 personas migrantes que se encuentran en situación de calle, mientras esperan poder iniciar los trámites para solicitar protección internacional.

Esta actuación se enmarca en la coordinación interinstitucional y tiene como objetivo ofrecer una respuesta urgente a una necesidad social “apremiante”, ha apuntado, según recoge Europa Press. No obstante, ambas instituciones consideran “preocupante” la “inacción y la falta de iniciativa del Gobierno español ante esta situación”. “La insuficiencia del sistema estatal de acogida está dejando en una situación de vulnerabilidad a decenas de personas migrantes”, han alertado.

Según han destacado, ante esta “falta de respuesta” por parte del Gobierno español, son las instituciones vascas las que “han asumido, una vez más, la responsabilidad de ofrecer una solución inmediata y urgente, de carácter provisional”.

Diputación y Ayuntamiento han subrayado la necesidad de que el Gobierno español agilice los procedimientos y active los recursos necesarios para garantizar una acogida “digna” y evitar situaciones de desprotección. En este sentido, ambas instituciones han reiterado su disposición a colaborar con el Gobierno estatal para articular una respuesta “estructural, eficaz y coordinada, que permita abordar esta realidad desde el compromiso y con garantías de protección”.

La organización Zehar Errefuxiatuekin ha detectado “en las últimas dos semanas” un grupo de “diez o doce” jóvenes varones procedentes de Malí “pernoctando en la calle o donde buenamente pueden” en Vitoria. Es una reproducción a menor escala de lo que viene sucediendo desde hace “varios meses” en Donostia. Francia mantiene un férreo control de sus fronteras con los migrantes en tránsito y este colectivo se topa en España con la burocracia para completar sus solicitudes de asilo.

Malí está sumido en una suerte de guerra civil tras el golpe de Estado en 2020, que sucedió al de 2013. Sobre el terreno operan filiales de las organizaciones yihadistas Daesh y Al Qaeda, y las salidas de refugiados son “masivas”, dicen en Zehar Errefuxiatuekin. Explican a este periódico que la llegada a Vitoria, por el momento, “no es tan notoria” como a Donostia pero sí se ha comprobado que es “el mismo perfil y las mismas circunstancias”, es decir, que probablemente hayan hecho el “mismo recorrido” desde África. Según datos del Estado recogidos en mayo por Efe, el volumen de llegadas de malienses a Canarias ha crecido un 543% y ha pasado a ser el primer país de origen.

En las instalaciones de Zehar Errefuxiatuekin en Vitoria, en la zona del ferrocarril, junto a la iglesia de San Cristóbal, ofrecen a estas personas -varones veinteañeros, en su mayoría- una ayuda “básica”. “Llegan a nuestras oficinas a asearse y a cargar los móviles”, explican desde la entidad. “Vienen durante el día un par de veces. Siempre son los mismos. ¿Dormir? En la calle o donde buenamente pueden”, agregan. “No sabemos si esto irá a más o no, pero sobre todo en Donostia llevamos meses recibiendo muchísimas personas de Malí”, indican.

En el caso de Donostia, efectivamente, el asunto se ha convertido en notorio. En este caso se congregan también en torno a las oficinas de Zehar Errefuxiatuekin en el barrio de Amara Berri. En todo caso, lejos de los brotes racistas acontecidos en Torre Pacheco o incluso en la cercana Hernani, buena parte del barrio se ha volcado en el apoyo a este colectivo, con entregas de comida e incluso actividades sociales y conciertos. Se puede leer aquí más sobre ello.

En un contexto de brotes racistas y xenófobos —no hace falta acudir a Torre Pacheco; a finales de junio, en Hernani se produjeron algunos ataques de parte de unos jóvenes del pueblo contra otros de origen magrebí—, en el barrio de Amara de Donostia, los vecinos plantean otra manera de acercarse a los llegados de Mali. Este grupo, taponado por la frontera de Francia y la burocracia española, se ha llegado a ver forzado a pernoctar en la calle.

“En estos momentos de tanto racismo y del auge de la extrema derecha, se está generando un relato y un discurso diferente en el barrio. Hay un modelo que es el de Amara, que se basa en verles con dignidad”, comenta Ulises Flores, vecino del barrio. “Se deja a un lado el relato de miedo y odio, y nos centramos en aproximarnos, conocer sus nombres y saber sus historias”, explica.

La situación de conflicto armado que se vive en Mali desde el año 2012 ha hecho que muchas de sus víctimas hayan tenido que salir del país africano para buscar asilo en destinos europeos. Para la petición de asilo político, al llegar a las costas comunitarias, si optan por quedarse en España, no hay ningún problema burocrático. Sin embargo, si se dirigen hacia Francia la cosa cambia.

Según Oihana Galardi de la red de acogida Irungo Harrera Sarea, “desde el mes de marzo los malienses que han ido a Francia han sido expulsados al pedir asilo, ya que Francia aplica los diferentes acuerdos que existen a nivel europeo (Tratado de Dublín) y que España ha aceptado”. Según estos acuerdos, el demandante de asilo debe pedir la petición en el país de la Unión Europea por el que ha entrado. En realidad, Francia lleva más de un lustro con un muro policial para los migrantes en tránsito. Ha practicado devoluciones en caliente y han llegado a fallecer varios jóvenes que han explorado rutas peligrosas, como las aguas del río Bidasoa que separa Irún de Hendaya.

Desde el mes de marzo cada vez más malienses expulsados desde por Francia comenzaron a hospedarse en la plaza de las Cofradías Donostiarras del barrio de Amara Berri. Era básicamente por dos razones: una, por la proximidad con la frontera francesa y, dos, porque allí se encuentra CEAR (Comisión Española de ayuda al Refugiado).

Itziar Pequeño, de CEAR, explica la función de la entidad. “Somos la puerta que les da acceso al sistema de acogida, al sistema de asilo y al sistema de refugio. Nos ocupamos de darles orientación, información, ayudarles a tramitar las citas con la policía y darse de alta en el sistema”, apunta.

Según Pequeño, en la Unión Europea Mali es la segunda nacionalidad en solicitudes de asilo y en España la tercera. “Se encuentran en posiciones muy altas. De hecho, desde marzo la principal nacionalidad de llegadas a Canarias es de malienses. Todo este contexto hace que al final estemos en esta situación”, explica. CEAR les ayuda de todas las maneras posibles. “Les dejamos que entren a cargar los móviles, usen el baño y demás necesidades. Estamos ahí para lo que necesiten”, dice Pequeño.

Un día de la semana (normalmente los lunes) los demandantes disponen de dos horas para cerrar una cita con la Policía Nacional, el cuerpo que gestiona las competencias de extranjería. La petición se realiza por teléfono. “El sistema actual de citas lleva a que los solicitantes estén durante dos horas pendientes del teléfono, venga a llamar. Y si una persona no lo consigue en ese determinado momento, está abocada a estar en la calle una semana más con la incertidumbre de no saber si la semana siguiente lo conseguirá”, explica Galardi. Pequeño, por otro lado, es clara con este asunto: “Faltan plazas para la petición de asilo, el sistema está saturado”. Esto hace que cada vez haya más malienses acumulados en el barrio.

Una vez que una persona consigue la cita ante la Policía Nacional y manifiesta su voluntad de pedir asilo, el propio cuerpo reconoce esa voluntad y genera un documento que significa una identificación mínima para acceder a derechos, entre ellos el de no poder ser expulsado. Galardi comenta que “se está hablando de un derecho muy básico que se está reduciendo desde la Policía Nacional, desde el Ministerio del Interior, y se está generando una situación de mayor vulnerabilidad para las personas que quieren hacer esa demanda”.

Comparando con el anterior sistema de petición, Galardi comenta que “antes era mucho más factible acercarse a la Policía”. “Ahora, no se puede hacer de manera presencial, solamente de manera telefónica y no es posible que lo hagan todos a la vez o con una cita real”, apunta. Esto genera situaciones como las de Amara, “en que los vecinos terminan por preocuparse por los derechos y necesidades más básicas de las personas que están abocadas en la calle”.

Una semana de traslados y promesas

El viernes 11 de julio, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, señaló que ante el incremento de petición de asilo político de los malienses en Donostia se buscaría “agilizar” los primeros trámites que debían de hacer ante la Policía Nacional, que son los que les da derecho y cobertura a acceder a la red de acogida. Por otro lado, afirmaba que los refugiados estaban siendo trasladados a diferentes centros del territorio vasco y nacional, alrededor de una treintena. “Las migraciones son muy cambiantes y dependen, en este caso, de la situación de la guerra civil que sufre Mali”, apuntó.

Tres días después, el lunes 14 de julio, CEAR confirmó que hubo 11 citas nuevas telefónicas, doblando el número de la semana anterior. Además, según la entidad, un autobús salió con una veintena de malienses rumbo a Cádiz y otros seis a otros dispositivos de acogida en Euskadi. Cecilia Casado, vecina del barrio, dejaba claro que, efectivamente, “han llevado a 33 personas al sur, pero no de Amara Berri, sino del albergue de Oñati que gestiona, Zehar-Errefuxiatuekin”. De hecho, de Amara Berri “no han sacado ni uno”. “Te lo digo yo, que les he dado de desayunar a 47 esta mañana”, comentaba Casado el mismo lunes.

Dos días después, el número de los malienses que fueron a solicitar el desayuno creció a 60. “Estamos a punto de explotar”, comenta Casado. Ese mismo día, ante la pasividad de las instituciones, la asociación de vecinos de Amara Berri se reunió con la Diputación para dar cauce una solución a una situación cada vez más insostenible.

Mamadou Telly Diallo: sin techo, pero con esperanza

Foussenou Traoré acaba de terminar el desayuno que los vecinos le han brindado en una de las mañanas lluviosas de su barrio. Se encuentra tranquilo. “Hace tres semanas llegué a España”, comenta. Luego, se acomoda, cambia de postura y comienza con su historia, mientras, de fondo, muchos de sus compañeros piensan en cómo afrontar otro día más en la plaza de las Cofradías Donostiarras.

“He salido de mi país porque no tengo familia. Mi padre murió cuando tenía 12 años y mi madre cuando tenía 11. A los 11 años salí de mi casa, porque estaba realmente solo. Ahora tengo 25 años”, narra Traoré. “He pasado por Mali, Argelia y Marruecos para llegar a España. Llegué en barco a Málaga. Cuando llegué a Andalucía estuve dos meses con una asociación y después me fui seis meses a Tarragona. Estuve un tiempo en Almería trabajando en el campo, y finalmente quise acercarme a Francia”, narra. Es ahí cuando comenzaron los problemas. “Hablaba francés, pero ellos no me querían. Me dijeron que tendría que vivir en España”, agrega. Y así es como terminó a Donostia.

“Llevo tres meses en esta ciudad. Cuando llegué aquí, CEAR me dijo que debía llamar a la Policía y tener una cita para buscar papeles para protección internacional. Ahora, tengo que esperar tres meses a la cita”, prosigue. Cuando se le pregunta acerca de sus planes de futuro, el joven africano comenta lo siguiente: “Primero tengo que integrarme. Realmente me encantaría vivir en Donostia, me gusta mucho la ciudad. Pero, ¿sabes qué? Quiero estar bien, no hay dignidad, mira cómo estamos —dice mientras mira a su alrededor— esto no es vida. Tengo 25 años y quiero trabajar, porque he sufrido mucho en mi vida”.

Traoré entró en Europa cuando tenía 18 años. Se considera discreto. “Soy tímido, tengo que respetar a la gente, integrarme, tener una casa, trabajar, realmente no sé cómo lo puedo hacer”, describe. Comienza a llover en el barrio, Traoré hace un suspiro y vuelve a repetir: “Quiero formarme para trabajar, he sufrido demasiado para estar en la calle”.

Amara Berri: humanidad en tiempos de frontera

Todos los días a las 9.20 algunos vecinos del barrio se reúnen en el Eroski de la calle de Podavines para comprar el desayuno para los malienses. Pan, sardinas o plátanos. Después, se sitúan en un lado de la plaza, donde a las 9:30 todos los malienses se encuentran en fila. Esta escena se repite a diario.

“Son aportaciones voluntarias y personales. No se ha hecho ninguna campaña para recolectar dinero entre los vecinos. Todo es espontáneo”, comenta Casado, la persona encargada de gestionar los desayunos. “Desde hace dos días el banco de alimentos ha empezado a compartirnos pan, leche y huevos. Colaboran desde siempre con las cenas solidarias y ahora van a intentar echar una mano con los desayunos”, relata.

A esa hora se encuentran vecinos como Xabier Berridi, Ramón Rubio, Ulises Flores y Txaro García, que es la persona que empezó con los desayunos. “Hace mes y algo comencé comprando media docena de plátanos y comenzaron a venir más y más. Un día vi a Cecilia, se implicó y me echó una manita. Poco a poco, ha ido creciendo la solidaridad en el barrio”, comenta García.

Según Flores, “en este barrio hay otra sensibilidad”. “Con toda la ola de odio y racismo que hay en España, aquí se ha elegido el camino de acercamiento hacia las personas vulnerables”, repite. Según él, se está invirtiendo la lógica que suele ocurrir normalmente en este tipo de casos, que es de arriba hacia abajo, donde los locales ayudan a los necesitados. “El domingo ellos nos prepararon la comida. No hicimos nada, nos formamos y nos dieron de comer”, cuenta.

Este hecho para el barrio supone “un proceso de humanizar”. “Es acercarnos y darnos cuenta de que los prejuicios que se han construido sobre ellos, no son reales”, dice Flores. “En el fondo, te encuentras un ser humano con las mismas necesidades de techo y vivienda que tienes tú. Entre los malienses hay profesionales, abogados, médicos, profesores, ... El otro día estuvo la Policía municipal identificando y el sargento nos dijo que había profesionales de todo tipo”, comenta Rubio.

Rita y Gaizka son un matrimonio que vive en la plaza ‘naranja’ —otra forma de denominar a la plaza de las Cofradías Donostiarras— que antiguamente habían trabajado en alfabetización y castellano con población migrante. “En el primer ‘hamaiketako’ que el vecindario realizó con ellos, bajaron y dijeron que estaban dispuestos para enseñarles castellano”, señalan. CEAR medió con la directora del centro de cultura Ernest Lluch para ceder el espacio. “Llevamos dos semanas con las clases”, cuenta una de las profesoras. Las clases se dan en tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes.

Mientras Flores y otros vecinos han terminado con la organización del desayuno y hablan sobre las novedades del día, un vecino se les acerca. Quiere comentar a Flores que la dueña del bar Gaizka –ubicado en la plaza– quiere colaborar en el concierto que se va a celebrar el sábado. El evento será en la plaza a las 12.00, “hay músicos tradicionales entre ellos, gente que lleva en su familia 600 años tocando el mismo instrumento”, comenta Flores. En los próximos días, los músicos malienses van a ensayar en casa de Flores, mientras que otros músicos del barrio les van a prestar los instrumentos y amplificadores.

En otra ocasión, se decidió organizar una comida por parte de los malienses en forma de agradecimiento por toda la ayuda recibida. Flores comenta: “Ellos elaboraron la comida. Se celebró en la plaza también. Nos prepararon un estofado de arroz, patata y zanahoria con ternera, cordero o pollo que añadieron la salsa 'arachide'”. Por otro lado, el lunes 14 de julio, a las 20.00 de la tarde, se puso a jarrear y la gente del vecindario bajó a llevarles mantas y ropa. A pesar de todo el trabajo de acogida por parte del barrio, Berridi, presidente de la asociación de vecinos de Amara Berri, explica que no es suficiente. “La labor de acogida me parece estupenda, pero la administración tiene que mover ficha”.

Dos culturas, una melodía en común

A las 12:00 del mediodía del 19 de julio, los vecinos se amontonan en una parte de la plaza 'naranja' para el evento más importante relacionado con los malienses en el barrio. Algunos de los organizadores se encuentran cerrando los últimos permisos para el acto, mientras que a escasos metros algunos malienses ofrecen diferentes comidas y bebidas a los vecinos. Como contrapunto, también vecinos han traído su comida preparada desde casa. Estefania Quílez, una persona clave en la movilización social del barrio, comenta: “En el primer ‘hamaiketako’ que hicimos, al ver cómo la música funcionó como vínculo, decidimos que podíamos realizar un concierto”.

“Gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros”, dice Telly Diallo, en la presentación del concierto, como agradecimiento por la ayuda constante. Después comienza el espectáculo. Una banda de músicos malienses comienza a mezclar guitarras, tambores e instrumentos de origen maliense. Uno de ellos aplaude, se dirige al público e invita a bailar a los presentes. En unos pocos segundos, todos bailan en el centro, mientras que los demás observan la escena con felicidad. “Es un gran momento”, narra Flores, mientras ve la secuencia.

Después de unas canciones que gustaron a los presentes, la segunda parte se centra en una 'jam session'. Los malienses comienzan a tocar los temas, mientras los músicos ‘amaratarras’ responden con punteos y fraseos con sus guitarras. La música que se escucha tiene una influencia muy oriental, parecida a la introducción de 'The End' de The Doors. “Yo sabía que Amara Berri era un barrio solidario. Creo que la sociedad vasca en general también lo es. Por diferentes razones políticas, es una sociedad solidaria y activa a nivel de luchas sindicales, vecinales, estudiantiles, políticas...”, comenta Quílez.

“El concierto nos ha parecido una oportunidad bonita de que ellos desarrollen la faceta artística, que igual la tienen más apartada por su situación de prioridades. Nos parece bonito que el barrio vea que detrás de cada persona, cada mirada, cada rostro, hay un músico, un artista”, añade. Un artista sensible, con sus emociones, sueños, deseos, esperanzas, apostilla. “Yo tengo mi privilegio y tú tu opresión, pues nos juntamos y juntos lo que hacemos es más bonito que simplemente ayudar. Es como completar esa interacción, hacerla más integral, humana y amplia”, cierra.

En un desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, bajo la oscuridad de la noche, cuando la Estrella Polar despliega su mirada, muchos jóvenes que sueñan con dormir en el paraíso europeo se preguntan: 

¿Por qué han dejado la tierra que los alimentaba? 

¿Por qué han dejado a sus padres, que los hicieron crecer como lo hace un jardinero con su Lotus al amanecer? 

¿Por qué se alejaron de sus amigos, con quienes habían forjado vínculos de todo tipo? 

Estas preguntas son comunes a quienes cruzan esta parte del mundo situada al sur del desierto del Sáhara. Entre los países que lo componen, Mali se ha convertido en un campo de batalla, una batalla política donde los vendedores de armas más sofisticadas son tratados como dioses y sus mandatarios, como profetas. 

Mali, país del que el explorador Ibn Battuta dijo: “La sal viene del norte, el oro del sur, la plata de la tierra de los hombres blancos, pero la palabra de Dios, el conocimiento y los cuentos bellos solo los encontramos en Tombuctú”, ha visto cómo este símbolo del islam auténtico era destruido por grupos armados. Destruir Tombuctú fue el inicio de una lucha sin fin cuyas consecuencias se sienten hoy en todos los países protegidos por las alas sahelianas. 

Tres mil hombres, según informaron radios y televisiones, iniciaron la lucha contra la República de Mali, liderados por personas que habían trabajado en la administración pública y en organismos internacionales. Para evitar la conquista total, el gobierno solicitó apoyo aéreo a Francia, con el fin de que las tropas en tierra pudieran actuar. 

¿Por qué Francia? El pensador Cheikh Anta Diop explicaba que el excolonizado se parece al esclavo del siglo XVIII: una vez liberado, se detiene en la puerta sin saber hacia dónde ir. Eso fue lo que ocurrió. Antes de buscar soluciones internas o abrir un diálogo digno de su nombre, Mali depositó toda su confianza en las corporaciones internacionales, como hacen muchos países africanos. Mirar, copiar y pegar lo que diga el maestro. 

El frente se abrió. El canto de las armas se volvió moneda corriente. Muchos perdieron brazos, piernas o cabezas. Los campos fueron quemados, los pueblos arrasados, los huérfanos se multiplicaron. El país quedó en desolación. Sálvese quien pueda. Algunos se vieron forzados a alinearse con los grupos armados; otros no pudieron resistirse a la tentación del dinero. 

¿Pero de dónde sacan estos terroristas sus armas? ¿Quién los financia? 

Una pregunta crucial. Si volvemos la vista atrás, cada vez que Dios envió a un profeta fue para enfrentarse a una autoridad que no respetaba sus normas. La Torá dice que Moisés fue enviado porque el Faraón se había desviado del camino. La Biblia dice que Jesús fue enviado porque los judíos ya no respetaban las Escrituras. El Corán señala que Mahoma fue enviado porque ni judíos ni cristianos cumplían los mandatos divinos. 

De forma parecida, en 2011, cuando los dioses de las finanzas y los negocios internacionales quisieron vender más armas —es decir, matar a más personas—, eligieron a un nuevo Satán: el coronel Gadafi. La OTAN puso precio a su cabeza. El diablo fue abatido, los dioses se instalaron en el desierto y las armas se pusieron en promoción. 

Cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares

Por eso, cuando muchas personas se quejan de la llegada de malienses, nosotros respondemos con la Resolución S/RES/1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando nos preguntan por qué no vuelven a Mali, respondemos que los países fabricantes de armas están incrementando sus presupuestos militares del 2 al 5 % del PIB. Y no fabrican armas contra animales, ni extraterrestres, ni para alimentar a una población que en su mayoría vive con menos de un dólar al día. Las fabrican para matar personas inocentes que ni siquiera saben cómo se construye un arma. 

No caemos en la falacia de quienes afirman que la OTAN o las potencias armamentísticas se arman para protegerse. Como decía Kwame Nkrumah, “nadie está a salvo si un pueblo está en peligro”. Como prueba, en julio de 2024 las autoridades ucranianas reconocieron haber ayudado a grupos armados en Mali como respuesta al apoyo militar ruso al gobierno maliense. El propio presidente Emmanuel Macron afirmó que “no debemos dejar de ayudar a Ucrania porque Rusia nos ha arrebatado nuestro interés estratégico: África”. 

Sin lugar a dudas, un aumento del 2 al 5% del presupuesto militar, tendrá como consecuencia un aumento de la huida de esta población que no tiene defensa y no sabe defenderse a la vez contra el hambre y las armas. Como consecuencia de las antiguas resoluciones: 

Muchos jóvenes, al igual que un Lotus  

se vieron desteñidos en el desierto. 

África fue fragmentada y  

no se habla del modus operandi.  

Los padres desesperados 

ya no recogen que obús 

Los escritores con miedo 

han perdidos el focus 

Los músicos sin manos 

componen con repelús 

Los jóvenes sin esperanza 

ya no creen en el nimbus 

El país en decadencia  

llama a Horus. 

Raouf Farrah es investigador y analista principal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), especializado en migraciones y economía criminal en el norte de África y el Sahel. Es cofundador del medio de comunicación independiente Twala y colabora regularmente con medios de comunicación internacionales y africanos, y ha trabajado con varias organizaciones internacionales, como el PNUD y la OCDE. También es activista de la sociedad civil en Argelia, el Norte de África y todo el continente africano.

Farrah acudió a España para participar en el ciclo Aula Árabe Universitaria de Casa Árabe en Madrid e impartió la conferencia “Geopolítica del Sáhara-Sahel: ¿Hacia un nuevo paradigma?”, centrada en las implicaciones humanas, de seguridad y geopolíticas de ese nuevo paradigma para los países del Magreb y las regiones fronterizas que los unen. El aumento de la violencia extremista, la retirada de la misión francesa (Barkhane) y de la de la ONU en Malí (MINUSMA), así como la irrupción de actores como Rusia o Turquía, han marcado el desarrollo de los acontecimientos en la zona del Sahel en los últimos años.

¿Cuál es el nuevo paradigma en esta región tan convulsa?

En la situación en el Sahel, hay continuaciones y disrupciones. Las continuaciones son, sin duda, los problemas que persisten como la actividad de los grupos violentos extremistas o la inestabilidad política. Pero también hay disrupciones, por ejemplo, los países que han vivido una serie de golpes de Estado como son Níger, Burkina Faso y Mali –y que han pujado por cambios en la soberanía–, ahora han formado una nueva alianza de seguridad y política: la Alianza de Estados del Sahel después de retirarse de la Comunidad de Estados de África Occidental [también conocida por sus siglas, CEDEAO].

A estas disrupciones se le suma la desaparición de los aliados occidentales. Por ejemplo, en Mali, el Gobierno ha empujado a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) fuera del país, igual que a la clásica Operación Barkhane de Francia. Además, hay una serie de actores como Rusia, Turquía o Irán que, de manera estructural u oportunista, están cambiando el tablero.

Por todas estas razones, creo que estamos a las puertas de cambios geopolíticos no solo a nivel macro, sino también a nivel local.

En este nuevo paradigma, entran actores como Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Irán, entre otros. Pero, ¿cuál es el papel y el objetivo de Rusia?

Ahora mismo, el papel de Rusia es de asistencia política y militar. Hay varios países que están en esta puja por la soberanía política y Moscú ha jugado con el imaginario de que no tiene un pasado de colonización. Todo lo contrario, Rusia es más bien un viejo aliado de países como Mali durante la época de la Unión Soviética.

Al principio, el Grupo Wagner tenía una idea muy simple sobre qué hacer en Mali, que consistía básicamente en ayudar a la junta militar a acceder al poder y ofrecer servicios militares en contrapartida de una fractura política y social. Pero, con la muerte del líder Yevgueni Prigozhin, su papel ha cambiado. La nueva estrategia con África Corps [que ha sustituido a Wagner en África] consiste en centralizar los esfuerzos, armonizar los países y optimizar las actuaciones regionales.

¿Cómo crees que ha influido la presencia de las tropas de la MINUSMA en la seguridad regional del Sahel?

El retiro de la MINUSMA es un tema muy delicado. A pesar de que fue una de las misiones más mortíferas, también fue un instrumento que permitió la organización de operaciones en terrenos inaccesibles, la monitorización de la situación del país y la interacción entre las fuerzas armadas para mantener –hasta cierto punto– una paz relativa. Pero no hay que olvidar que la propia MINUSMA era el objetivo de los grupos violentos.

La MINUSMA también era muy importante para los derechos humanos porque había una unidad dedicada exclusivamente a ellos. Sus informes eran una fuente de información relevante que ya no tenemos. Además, también jugó un papel fundamental en el acuerdo de Argel [acuerdo de paz y reconciliación entre el Gobierno de Mali y la Coordinación de los Movimientos de Azawad, que busca establecer un estado independiente de Mali], que contó con el apoyo de la comunidad internacional a través de un departamento de mediación.

No hay que olvidar que la primera interacción armada entre las Fuerzas Armadas de Mali y los grupos rebeldes fue sobre la recuperación de una base de la MINUSMA.

¿Qué representa el auge del soberanismo en el Sahel Central, especialmente en Mali y Níger?

Este auge de soberanismo llega desde dos factores. El primero, por la sed de cambio, con ciudadanos que se creen libres. El segundo factor radica en la frustración entre las fuerzas armadas de estos países respecto a la idea de que todo va a venir de Francia o del exterior, y que creen que están trabajando para la agenda de otros.

Estos serían los dos factores principales, pero también hay un ámbito que favorece a ambos y que genera un efecto dominó: el primer golpe de Estado fue en Mali, en 2020, seguido por otro, un año después. A continuación, hubo otro golpe en Níger y Burkina Faso, sumando un total de siete golpes. Aun así, la población del Sahel está decepcionada porque el nivel general de vida no ha cambiado; al contrario, ha empeorado. En una ciudad como Bamako [capital de Mali], hay interrupciones regulares en el suministro eléctrico y problemas de saneamiento del agua. No es seguro que en unos años estos hombres puedan mantener la misma popularidad.

En su opinión, ¿por qué Europa debe prestar atención a lo que ocurre en el Sahel?

Vivimos en un mundo radicalmente interconectado. Un problema que ocurre en la otra parte del mundo va a afectarnos. Lo hemos visto con la pandemia o con el cambio climático. La situación en el Sahel repercute inmediatamente en Europa, no solo en cuanto a la inmigración clandestina, sino también en la capacidad que tienen los Gobiernos y organizaciones regionales de mantener la cooperación internacional. Además, la mayoría de los proyectos económicos a nivel micro-local están financiados por otras organizaciones que están financiadas por la UE o por países europeos.

Pero por lo general, tenemos que recordar y aprender las lecciones que nos ha dado la experiencia de la última década. Una de ellas es que necesitamos algo de humildad cuando tenemos relaciones diplomáticas y políticas con países complejos; la otra es tener –también– la voluntad de establecer un diálogo equitativo hasta un cierto nivel.

Hablamos de Europa, pero ¿cómo le afecta lo que ocurre en el Sahel al norte de África y a países como Argelia o Libia?

Tendemos a pensar que los cambios solo repercuten a los propios países o a los países europeos, sin caer en el impacto que tienen en la región del Magreb. La situación en Libia es muy diferente a la de Argelia. La frontera de Libia con Níger y Chad no está controlada de una manera permanente; su porosidad es real. Los hombres, los grupos armados y los bienes pueden circular de una manera rápida. En Libia, los grupos rebeldes que controlan la región del Fezán (sudoeste) tienen la voluntad de tener el control de todo aquello que roza la frontera, sin embargo, no tienen un control concreto.

En cuanto al papel que está jugando Libia con Rusia, hay un interés por mandar un mensaje de que las fuerzas armadas libias pueden imponer la ley y el orden en esta región. Por ejemplo, organizaron una operación militar llamada 'Operación Global' para combatir a los mineros ilegales que trabajaban en la mina de Kilinche o en el paso de Salvador, cerca de la frontera con Chad, donde hay mucho oro. En Libia, el principal riesgo es sobre el control de las fronteras.

Por el contrario, en Argelia, la situación es muy diferente. Este país tiene unas fuerzas armadas muy fuertes, pero su frontera con Mali y Níger tiene casi 2.000 kilómetros. Recientemente, Argel ha militarizado sus fronteras del sur por la inestabilidad que hay en el norte de Mali. Además, también ha aceptado la llegada de refugiados del norte de Azawad, puesto que los considera como a un pueblo hermano de Argelia, al mismo tiempo que mantiene una relación cultural, social y económica con el contrabando de mercancías. Todo lo que se consume en el norte de Mali llega desde Argelia.

Aun así, en ambos casos, no debemos subestimar la capacidad de los rebeldes. Los rebeldes tienen el conocimiento de cómo hacer la guerra. Pueden navegar por la noche con las estrellas. Conocen el desierto, roca por roca. No tenemos que subestimarlos.