España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando Edith Espínola recibía preocupantes mensajes de trabajadoras internas sin papeles a las que apoyaba desde su organización. Lamine Sarr repartía alimentos entre las casas de compañeros manteros que, sin poder salir a la calle, habían perdido el poco sustento que obtenían día a día de la venta ambulante. Seydou Diop recorría los asentamientos de temporeros de Huelva para denunciar las condiciones de hacinamiento que les impedía cumplir con la exigida distancia social.

Tras la declaración del Estado de alarma, el Gobierno aseguraba que su plan social ante la emergencia del coronavirus “no dejaba a nadie atrás”, pero cientos de miles de personas en España no se sentían parte de ese “nadie”. Y decenas de activistas migrantes y racializados decidieron unirse y exigir una solución. 

Esa preocupación, esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia —nunca les llegaron las ayudas sociales ligadas al coronavirus—, conformó los primeros coletazos de un movimiento que, semanas después, sería bautizado con un nombre directo y conciso: Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular. 

No lo lograron entonces, pero no pararon de salir a la calle, patear todo el Estado para conseguir firmas, hablar con los medios, negociar con quien hiciese falta y gritar sus exigencias en cualquier espacio al que fuesen invitadas. Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno. De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes. 

Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos en los que ha estado formado por cientos de personas y otros en los que los varapalos del Gobierno y de los partidos políticos de la derecha, la dilatada burocracia y el bloqueo institucional acabaron por rebajar el número de integrantes a unas decenas. Quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores... Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.

Si han insistido tanto, si no han parado de gritar cuando nadie parecía escuchar, si han encontrado la grieta por la que impulsar la medida, es porque saben de lo que hablan. Cada uno de sus lemas, cada uno de sus argumentos, les atraviesa. “Lo conseguimos por pesadas”, dice entre risas Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, representante de las mujeres trabajadoras domésticas sin papeles.

“Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económica de todo el país”, añade, la también miembro de SEDOAC, organización en defensa a los derechos de las empleadas del hogar, sector en el que trabajó durante sus primeros años en España. 

Las primeras reuniones 

La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola. 

Aún era marzo de 2020 cuando fue convocada una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento, activista boliviana y trabajadora en el sector de la hostelería, recuerda conectarse desde su país de origen, donde le pilló el confinamiento durante una visita para cuidar a su padre tras una operación. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería… ”, describe la mujer, quien combina su militancia por los derechos humanos con su empleo en un restaurante. “Teníamos reuniones de cinco o seis horas para construir algo entre todas. El confinamiento nos ayudó a reunir a mucha gente que tenía el tiempo necesario para sacarlo adelante”, añade la activista. 

Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza. “Hicimos un grupo de Telegram con un sinfín de gente”, recuerda Espínola, empezaron a diseñar las campañas en redes sociales y decidieron una de sus primeras acciones: enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.  

Debates internos: migrantes, primera línea

“Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”, rezaba la misiva, firmada por un centenar de colectivos. En aquel momento las organizaciones participantes estaban compuestas por personas migrantes y españolas, pero los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas. 

“Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica. En esa búsqueda de representación de las problemáticas que denunciaban, decidieron que las portavoces no solo debían ser migrantes o racializadas, sino que tenían que ser personas hubiesen sufrido los efectos de vivir en España sin papeles. “Para las personas sin documentación era peligroso ser portavoces, por lo que decidimos que al menos quienes fuesen las representantes hubiesen pasado por esa situación”, apunta Espínola.

Una de las seleccionadas, quien dio un paso adelante para ejercer la portavocía, fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría que todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas, muchas internas. La paraguaya migró a España en los años 2000. Tras su llegada en avión, una vez expirado su visado de turista, se quedó sin papeles. La ley impedía solicitar una autorización de residencia por arraigo hasta poder demostrar haber vivido en el país durante tres años y presentar un contrato de trabajo. Cumplido el plazo, la activista tuvo que viajar a su país por razones personales, lo que le colocó de nuevo el contador a cero. Regresó y la Ley de Extranjería la obligó a volver a empezar hasta alcanzar un total de seis años sin papeles, trabajando en los cuidados como empleada interna y externa, y en los servicios de limpieza.

Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona quien vivió durante años sin papeles y sobrevivió gracias a la venta ambulante; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino, que migró a Barcelona en la década de los 2000 y, tras pasar una temporada en situación irregular, logró obtener la documentación, precisamente, en la regularización aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.

La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”. Como justificación, llegó a decir que la medida contradecía el marco legal europeo, un argumento falso, utilizado recientemente por el PP y Vox. La Comisión Europea aclaró entonces, como ha vuelto a hacerlo esta semana, que los Estados miembros tienen la competencia para decidir sobre la situación administrativa de las personas que ya viven en su territorio. 

PNL: obligar a los partidos a posicionarse

“Al Gobierno no le movíamos un músculo”, critica Espínola. Ante la negativa del Gobierno español a la carta enviada en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria. El texto, creado de forma íntegra por la plataforma fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres y fue registrada en el Congreso en junio de 2020 por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones. 

En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV. “En septiembre, después del fin del confinamiento y tras el revés con la proposición no de ley, la gente se desinfló. Muchas compañeras, al no tener ya tiempo para dedicarse tanto a la campaña, se fue yendo del movimiento”, recuerda Silvana Cabrera. 

Recogida de firmas: ILP

Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera. Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. Tras la redacción del texto, surgía un nuevo reto; peinar las calles en busca de firmas de ciudadanos españoles. 

“Fue un trabajo titánico”, recuerda la activista boliviana. La estrategia implicó levantar desde cero una estructura estatal para llegar a todo el territorio en busca de apoyos: “Creamos 18 comités en todo el territorio y un grupo motor para coordinarlo todo”. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. “Era muy gráfico: personas sin papeles pidiendo una firma y el DNI a personas españolas que ya tenían derechos”, explica Cabrera.

En la calle, el desgaste fue constante. “Nos encontrábamos con Vox en muchas plazas”, relata la portavoz del colectivo, que participaba en el comité de Valencia. Recuerda varios episodios de violencia: “Una compañera en situación irregular fue agredida mientras recogía firmas. Le dijeron que ella no tenía que pedir firmas, le rompieron los pliegos, la agredieron, fuimos a denunciar, pero quedó en nada”, dice con rabia. 

Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. “Nos sorprendió la cantidad de firmas y la red que se creó con gente que nunca había militado”, dice Espínola. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya. Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia, se volcó en la recogida de firmas en Valencia. Recuerda aquellos días dedicados a convencer a ciudadanos españoles de la importancia de dar los papeles a cientos de miles de personas.

“Algunas respuestas me desgastaban, sentía que de forma sistemática cuestionaban mi presencia en España y de otras tantas compañeras”, admite Gutiérrez. “Pero también fue muy emocionante: contar firmas, comprobar si eran válidas… sentir que llegábamos. O esos momentos en que veías que una persona no tenía claro apoyar una regularización pero, al escuchar nuestros argumentos, cambiaba de opinión”.

La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. “El día que llevamos las cajas fue brutal, un día de felicidad absoluta después de tanto desgaste”, recuerda Cabrera. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo. “Esto es el resultado de la organización de personas migrantes y racializadas que saben lo que es estar sin papeles”, concluye Gutiérrez Fajardo con orgullo. “Nos unimos muchísima gente, fue muy emocionante. Lo habíamos conseguido después de meses de muchísimo trabajo, en los que pensamos que no llegábamos. Pero habíamos entrado al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas”, dice Espínola.

El debate en el Congreso y la sorpresa del PP

Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se dentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización. Entre ellas estaba Espínola y el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, Lamine Sarr. Estuvieron apoyados por la Fundación PorCausa, responsable del estudio Esenciales que daba cifras del impacto económico positivo del proceso planteado.

Cuando echan la vista atrás, todas las integrantes del movimiento menciona un día: 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa. Espínola y Cabrera presenciaron el debate en el hemiciclo, junto al resto de representantes del movimiento. Estaban nerviosas, cuentan, no tenían garantizados los votos y dependían de la posición del Partido Popular. “Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”, recuerdan escuchar las activistas.

“Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.

Esa noche volvieron orgullosas al piso que solían alquilar todas las representantes del Movimiento cuando se reunían en Madrid. “Después de tanto trabajo, llegamos reventadas, comimos una pizza y estábamos todas en pijama celebrándolo. Fue muy emotivo”, recuerda Cabrera. Era la primera evidencia tangible de que los años de organización y trabajo podían llegar a traducirse en una política concreta.

Bloqueo y nuevo plan

La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón. “Ya con muchísima desconfianza, veíamos que los partidos no nos daban apoyo suficiente, no recibíamos contestación a veces de los correos”, relata Cabrera. “En el Congreso no avanzaba, estaba bloqueado… los partidos políticos se pisaban entre ellos, buscaban alcanzar un éxito propio, como una pelea de escuela y no pensaban en los derechos de las personas”, describe Espínola. Empezaron a ver imposible un acuerdo entre las distintas formaciones.

La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno. Espínola recuerda que se reforzó el diálogo directo con Podemos: “El traspaso de competencias sobre inmigración a Catalunya fue una desenmascarada total. Podemos nos preguntó qué pensábamos sobre el traspaso y les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero vimos una grieta de luz en ese contexto”, reconoce. El colectivo confirma que la negociación sobre los presupuestos y la posición de Podemos con respecto al traspaso de competencias a Catalunya fue un elemento clave para acelerar el proceso.

A partir de diciembre todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana. Cabrera, como muchas otras integrantes del movimiento, no tiene conocimientos jurídicos, pero les tocó aprender: “Leyendo y leyendo una y otra vez, preguntando dudas, incluso viendo tutoriales de YouTube, lo íbamos sacando”, comenta entre risas.

En las últimas semanas, el intercambio de borradoras fue constante, hasta alcanzar un texto consensuado de una regularización con garantías por la que apostaban.

“Ya está”

Recuerdan las palabras de Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, en una videollamada celebrada el fin de semana pasado. “Ya está. Va a salir”, anunció a sus compañeras tras su última conversación con miembros de Podemos. “No llegábamos a creérnoslo, pero poco a poco vimos que era cierto, lloramos, era muy fuerte”, indica Espínola, quien junto al resto se preparó para viajar a Madrid para presenciar el acto en que Podemos iba a anunciar el acuerdo. La alegría fue contenida, consciente de que la letra pequeña y la implementación serían el siguiente desafío: “Hasta que no lo veamos no lo creemos”.

Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda. Silvana Cabrera pensaba en las personas sin papeles a las que había acompañado durante años: “Imaginar a esas personas que van a poder trabajar con tranquilidad, que sus hijos van a tener algo más de seguridad… eso te atraviesa el alma. Todo el cansancio que llevábamos, vale la pena por esto”.

En aquel piso compartido donde volvieron a pasar una noche más de alegría en Madrid, entre documentos y mensajes que no dejaban de llegar, las portavoces aún no asumían que ya estaba, que iba a salir. El día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes. Las representantes del colectivo, ojerosas y desfondadas, recordaban la importancia de la medida para cientos de miles de personas.

Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.

Sembrar o servir. Esa es la dicotomía a la que se enfrenta Verónica, una mujer de clase obrera que desprecia el pueblo al sur de Madrid en el que se crio, las faltas de ortografía en el vocabulario de sus padres y el novio de la adolescencia que salió a triunfar cuando la que se iba a montar en el ascensor social era ella. Su estirpe ha dedicado la vida a la siembra, así que ella decide servir de lunes a sábado por la mañana en un chalet en una urbanización de ricos al norte de la capital.

Verónica es la única española interna en un mundo de filipinas y sudamericanas. “Quería escribir sobre qué es lo que le llevaría a una española del siglo XXI, con estudios, a aceptar un trabajo de empleada doméstica interna. Un trabajo donde pones tu vida en pausa y sacrificas tu personalidad”, explica Bárbara Espinosa (Madrid, 1980), autora de la novela ES PA ÑO LA (La Navaja Suiza, 2025) en la que, a través de su personaje, explora las vidas de las mujeres invisibles que limpian culos, friegan baños y preparan comidas sin que nadie repare en ellas. “Cuando yo era pequeña todavía había internas españolas, pero hace mucho que le dejamos ese trabajo a las inmigrantes pobres, como hacemos con todos los trabajos que nos parecen miserables”, continúa Espinosa durante su entrevista con elDiario.es.

Espinosa escribe sobre un mundo que no es el suyo, que ha visto siempre de lejos. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tras un máster en Derecho en Harvard y otro en Edición (también por la Complutense), se considera una privilegiada, siempre lejos de pasar penurias. “Soy una persona observadora y, aunque tenía el fenómeno muy interiorizado, un día en el parque me fijé en un grupo de mujeres, extranjeras todas, que hacían todas las semanas el mismo viaje. El de marcharse los sábados de las casas en las que sirven y alquilar una habitación para pasar solamente una noche” explica para señalar que “viendo a aquellos pequeños ejércitos que caminan de regreso a sus puestos de trabajo pensé en lo llamativo que era que siempre se repitieran las mismas nacionalidades”.

En su novela, narrada en primera persona, Verónica vive en tierra de nadie. No pertenece al mundo de los amos pero tampoco al de los sirvientes. Los primeros se enorgullecen de haber encontrado a una española, pero en el fondo la desprecian por haber caído tan bajo. Las segundas, todas mujeres, no terminan de fiarse de ella, de acogerla. Pero a Verónica tampoco le importa, desprecia a unos y a otras.

“Yo quería que fuera una mujer desarraigada, que nunca se hubiera sentido parte ni del lugar donde nació, ni de la familia que le hubiera tocado. Ni siquiera cuando pudo estudiar”, apunta Espinosa para señalar que su protagonista es como una isla. “Va flotando por diferentes lugares, puntos geográficos o momentos en su vida, pero nunca encuentra su espacio aunque siempre se cree mejor o distinta al resto”, explica para agregar que hay mucha gente que nunca descubre su lugar en el mundo.

“Quería hablar de esas personas que creen que, culturalmente, se merecen estar en otro sitio y se chocan una y otra vez con la barrera”, cuenta la autora para añadir que su personaje reniega y siente vergüenza tanto por sus orígenes como por los habitantes de la casa en la que está empleada. “Ella ve a su padre como un hombre agrícola y absolutamente primario y, como no tiene dinero para diferenciarse, usa lo único que lleva consigo: el haber estudiado, el lenguaje”, añade, para continuar con que su protagonista hace un uso elitista del lenguaje cuando corrige a su padre, pero también cuando mentalmente critica a la señora por “hablar de manera tan pobre”. “Ella siente rabia porque alguien con tanto dinero y posibles cometa errores”, sostiene, para añadir que la suya es una novela sobre racismo y clasismo sin hablar de ello.

Un mundo de apariencias

Cuenta Bárbara Espinosa que, en esta novela, quería dibujar un mundo de apariencias, de jaulas de oro. “Desmitificar esa idea general de que en el norte se vive mejor, que es un lugar donde todo parece perfecto”, señala. Ella retrata un matrimonio desgraciado, una pareja que se ignora mutuamente, donde él es el amo del lugar y la señora de la casa se empequeñece en su presencia, pagando sus miserias con quien se sitúa en el escalafón más bajo: el servicio.

“Son dinámicas de poder que conozco tan bien, que he visto en mi entorno. Donde las mujeres se quedan en un lugar que les hace tremendamente infelices por no perder estatus, porque es lo que tienes que hacer y qué van a decir tus vecinas, quienes probablemente, sean tan infelices como tú”, apostilla.

Así, aprovechando el eje entre el norte y el sur de una ciudad como Madrid, Espinosa dibuja una historia que habla del arriba y del abajo, de estratos sociales con casi nula movilidad entre ellos y de un mundo que, dice, “está frente a nuestros ojos, pero casi nunca reparamos en él”. Tienes que fijarte, mirar, para poder verlo“, zanja.

“Pasa lo mismo con el norte de Europa, ojo”, apostilla. “Se nos venden todas esas bondades sobre un estado de bienestar que ya no existe. La Suecia de los años ochenta con la que muchos soñaban, hace tiempo que está totalmente deconstruida”, continúa para señalar que ella deseaba desnudar a “la gran mentira del progreso del camino al norte”, pero a pequeña escala, usando como tablero un lugar que Bárbara Espinosa conoce muy bien: su propia tierra.

Las “pequeñeces” pueden ser muchas cosas: una casa de muñecas, un cuadro tejido con cabello humano... objetos diminutos o peculiaridades cotidianas que la historiografía ha pasado por alto por pertenecer al ámbito doméstico. Precisamente eso es lo que la nueva exposición del Museo del Romanticismo busca rescatar del olvido: dar voz a esos detalles íntimos, aparentemente insignificantes, que configuraron la vida diaria de una época.

La muestra Cosas tenidas por pequeñeces, que forma parte del proyecto Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención, y que está comisariada por Selina Blasco y Patricia Molins, abrirá sus puertas del 30 de mayo al 21 de septiembre en el Museo del Romanticismo. Pero este proyecto va más allá: se trata de una iniciativa colaborativa que involucra a cuatro instituciones clave —el Museo del Traje, el Arqueológico Nacional, el Museo de América y el Nacional de Artes Decorativas—, creando un diálogo entre colecciones estatales.

En el caso del Museo del Romanticismo, la propuesta curatorial ha contado con una colaboración especial: la intervención de Las Hijas de Felipe (Ana Garriga y Ana Urbita), doctoras en literatura barroca y creadoras del celebrado pódcast homónimo. Junto al equipo técnico del museo y las comisarias principales, han tejido un relato que desmonta jerarquías tradicionales, poniendo en valor lo que habitualmente queda en “los márgenes” de la museografía con una nueva mirada: lo textil como documento histórico, las prácticas domésticas y los saberes no canónicos.

El título de la muestra Cosas Tenidas por pequeñeces alude a la novela de Luis Coloma Pequeñeces de 1891 y nos da una pista de la vinculación de estas pequeñas piezas intimistas con la literatura de la época. “Nosotras nos sentimos más cómodas con el formato literario y textual, así que hemos intentado arropar las obras con el contexto literario del siglo XIX”, ha comentado Ana Urbita en la presentación de la exposición. Vinculando ambos mundos, han añadido a las obras seleccionadas fragmentos que ellas mismas han locutado de La de Bringas, de Benito Pérez Galdós o el Manual de señoritas de 1827, escrito por Élisabeth Celnart. 

La intimidad que se nos ha ocultado 

Frente a la organización tradicional de los museos nacionales españoles —nacidos entre finales del XIX y 1925 a partir del coleccionismo aristocrático—, el textil se alza como un medio lleno de complejidades, a menudo ignorado. La historiografía lo ha relegado sistemáticamente, pero esta exposición busca reivindicarlo. Y no sin razón: el textil es un lenguaje formal y conceptualmente rico que desafía nociones establecidas sobre creatividad, técnica, percepción, autoría, género e incluso la propia museografía.

La exposición se divide en dos partes. La primera se organiza en torno a las piezas expuestas que forman parte del recorrido habitual del Museo del Romanticismo y que Las hijas de Felipe han seleccionado y a las que han añadido cartelas. Como ocurre con un Tresillo de 1890, que ha sido elegido en toda la exposición por las huellas del uso, y por la comodidad que aparenta. “Nosotras queríamos ir más allá de lo diminuto y centrarnos más en el surgimiento del concepto de comodidad” cuentan Las hijas de Felipe. 

Precisamente la búsqueda de la comodidad, el confort del hogar y la intimidad mediante texturas textiles será uno de los ejes que guie esta selección de piezas y que culminará en la segunda parte de la exposición que se sitúa en la Sala del encuentro, donde se exponen obras de pequeño formato, como pequeñas joyas que se han dividido en varias secciones: Devoción, reliquias afectivas, procesos y lo lúdico. “Queríamos que se pudieran contemplar estas pequeñas obras, que normalmente no podemos observar con tanto detalle”, comenta Ana Garriga. 

Lo doméstico como refugio 

Estas secciones exploran cómo los objetos —ya sean textiles u objetos de devoción— se convierten en vehículos de memoria íntima. Lejos de encasillarse en categorías rígidas, las piezas dialogan entre sí, tejiendo un relato común: el trabajo manual como acto meditativo, político y cargado de emociones.

 “Ver esta exposición es como ver el siglo XIX español”, explica la comisaria Patricia Molins que cree que este “es el siglo en el que todo quiere ser universal, el siglo de los nacionalismos y de la expansión colonial”. “La burguesía sobre todo en España en el que hay un retroceso económico —como cuenta el filósofo Walter Benjamin— encuentra su refugio en lo doméstico”“, añade 

En esa búsqueda de amparo en el hogar ante un mundo agresivo y violento se encuentran estos objetos. Y por eso, las piezas seleccionadas en esta segunda parte de la exposición destacan las producciones y labores femeninas dentro del contexto doméstico de la burguesía del siglo XIX. El espacio de lo íntimo se convierte aquí en protagonista, recreando esa atmósfera inmersiva que caracterizaba el universo cotidiano de la época. Entre las obras expuestas, encontramos trabajos deliberadamente inconclusos -como una Santa Filomena a medio bordar- que buscan transmitir “esa sensación de pérdida: del tiempo, del hilo, y de todo lo que encapsulaban esas horas dedicadas a las labores”, como explica Ana Garriga.

Como colofón, la exposición establece un diálogo entre pasado y presente. Junto a piezas históricas, como la mencionada Santa Filomena, se exhibe la Magdalena Penitente de la artista contemporánea Lucía Amor, acompañada además por el registro visual del proceso de bordado realizado por Helena Luzón. En una yuxtaposición que revela la evolución de los procesos textiles, y subraya su continuidad como forma de expresión artística.

Como cada lunes y jueves desde hace décadas, Merche, Elvira, María y Elena se reúnen con sus compañeras por la tarde para ir a clase de punto. Los martes, toca clase de lazos y muñecas y los miércoles sevillanas. Ellas son parte de la asociación de Amas de Casa Mendialde de Ortuella que lleva en activo desde 1992. Desde su fundación, cientos de mujeres trabajadoras de sus hogares han pasado por ella para realizar las actividades semanales, para ir a las excursiones que realizan o para viajar. Una forma de relacionarse y escapar, cuando es necesario, de la dura y poco reconocida tarea del trabajo en casa. “Las mujeres que la crearon lo hicieron para buscar un sitio de escape donde aprender algo que les gustara, relacionarse y hacer amigas. La mayoría se dedicaban a las tareas del hogar y esta era una forma de que salieran a la calle, conocieran gente, charlaran. Cogían el tren y se iban a Bilbao o hacían excursiones para conocer otros lugares que de otra forma no habrían hecho”, reconoce a este periódico Elena, que a sus 65 años es la presidenta de la asociación desde 2017.

María y Elvira son de las más veteranas con 83 y 84 años respectivamente. Merche, por su parte, cuenta con 78, algo menos que ellas dos, pero fue una de las fundadoras y formó parte de la directiva durante muchos años. “En aquella época no había nada para las mujeres y esta es una iniciativa muy bonita. Para muchas mujeres acercarse a la asociación era aprender sobre cultura, sobre aquello que necesitasen o les interesase. En mi caso, no trabajé fuera de casa hasta que mis hijos crecieron. Fue una experiencia muy bonita estar con ellos en casa, pero también agradezco haber conocido a la asociación”, reconoce Merche.

A día de hoy, muchas de las mujeres que forman parte de la asociación de Amas de Casa Mendialde trabajan en sus hogares. Otras, sin embargo, sí que se han dedicado a un oficio, como es el caso de Elena, la actual presidenta. “Yo soy peluquera y trabajaba en una peluquería, pero cuando tuve a mis hijos dejé de trabajar porque era un oficio muy esclavo. Si hubiera seguido trabajando no los habría podido criar, los habría visto muy poco. Lo dejé hasta que fueron independientes y volví a trabajar otra vez. No me arrepiento de la decisión que tomé, porque fue una experiencia muy bonita, pero ahora cuando hablo con mi hija, me dice que ella no dejaría su trabajo ni loca”, bromea.

“Mi hija dice que no dejaría de trabajar por nada. Para mí lo que hice fue algo positivo, aunque sé que es un sacrificio porque a mí me gustaba mi oficio, me encantaba. Pero criar a mis hijos era importante. Mi hija dice que llevará a los suyos a una guardería, que no va a sacrificar su trabajo y también dice que no sacrificará mi tiempo libre para que yo tenga que cuidarlos, salvo en casos puntuales. Es otro punto de vista. Yo no me arrepiento de nada, pero es verdad que ahora tenéis más oportunidades para poder escoger qué queréis hacer”, sostiene Elena.

La mayoría de ellas aceptan su realidad como trabajadoras de sus hogares de forma positiva. No obstante, algunas de ellas, desde los inicios de la asociación contaban con un carácter reivindicativo como es el caso de las hermanas Barrutia, Lucía y Victoria, hijas de una de las fundadoras. Las dos, siendo muy jóvenes en el año 1995, gracias a la asociación, participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekin, encuentro que fue un hito histórico y que puso en marcha la hoja de ruta para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas y poner en valor el ejercicio de sus derechos humanos.

30 años después, el Ayuntamiento de Ortuella, su pueblo natal, recuerda cómo se sintieron ambas hermanas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Son muchos los recuerdos que vienen a mi mente cuando pienso en Beijing 95, con la presencia mundial de las ONG en Huairou. El balance que hago de todo ello en general es muy positivo. Desde mi punto de vista, lo mejor de este foro fue que 30.000 mujeres de todo el mundo intercambiábamos experiencias y con todo ello estrategias de acción, porque si algo quedó realmente claro en Huairou fue que debíamos llevar ese Beijing 95 a nuestros distintos puntos de partida para que todo aquello no se quedara archivado en el pasado, ni se redujera a buenas intenciones. Ahora empieza el gran foro”, explicó Victoria tras regresar de aquel viaje.

Por su parte, su hermana Lucía, recordó el asombro de la capacidad de unión de las mujeres. “Si he de decir una de las impresiones que me causó haber estado en el foro de las ONG en Beijing, citaré la de asombro, al poder comprobar la concurrencia en un mismo lugar de la cantidad de grupos y asociaciones en las que las mujeres somos capaces de reunirnos; allí encontré desde grupos de amas de casa hasta asociaciones de mujeres juristas, pasando por asociaciones de mujeres jóvenes, feministas, artistas, etc. También pude conocer de cerca la problemática de determinados colectivos de mujeres que también estaban presentes en Pekín, colectivos como el de las mujeres islámicas o las tibetanas. Para terminar diré que personalmente ha sido una experiencia enriquecedora y que valoro positivamente”, explicó por aquel entonces. Este periódico ha tratado de entrevistar a ambas hermanas, pero han preferido mantenerse alejadas de los medios de comunicación, aunque siguen formando parte y acudiendo periódicamente a la asociación que creó su madre, la de Amas de Casa Mendialde de Ortuella.

La revista 'Vascas en Pekín' editada en octubre de 1995 por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) recoge las impresiones de las amas de casa de Ortuella tras volver sus dos compañeras. “Sobre el segundo trimestre del 94 recibimos la información, por parte de Emakunde, de cómo se iba a celebrar la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, haciéndonos constar que nosotras como ONG teníamos la opción de participar. En un principio, nos causó un poco de desconcierto, pues nos parecía algo tan inalcanzable que pensamos que se quedaría en una mera información, por lo que de momento lo dejamos archivado para dar salida a nuestro programa, el cual estábamos realizando durante el curso. Pero a medida que seguimos recibiendo más información sobre el foro fuimos madurando la idea y pensamos que la presencia de las mujeres de Ortuella, uno de los pueblos más marginados de la zona minera, tendría que aportar y recibir muchas experiencias. De esta manera, dos de nuestras socias se animaron a ser nuestras portavoces”, explicaron desde la asociación.

“Una vez allí intercambiaron experiencias con mujeres de otras partes del mundo a quienes hablaron de la dinámica con la que funciona nuestra asociación, así como de los frutos que ha dado y del bien que está haciendo entre las mujeres de Ortuella. A su llegada compartieron con nosotras su enriquecedora experiencia, así como de los logros conseguidos en Beijing y de la Plataforma de Acción Positiva. Marta, periodista de Salgai que es una prensa local, hizo una entrevista a Vicky Barrutia, una de las socias que fue a Beijing que fue publicada en la zona minera margen izquierda y encartaciones . Mucha gente al leerlo nos ha felicitado por ser la única asociación de estas zonas en acudir al foro. En Ortuella todas las mujeres de la asociación estamos muy contentas por el eco tan positivo que ha tenido”, concluye el escrito.

El optimismo de Brigid Schulte es un oasis en el desierto de derechos laborales de los trabajadores estadounidenses. Dice que su país se ha quedado “cruelmente” atrasado. Pero allí donde no está reconocido el derecho a las vacaciones pagadas, donde una de cada cuatro madres regresa al trabajo a las dos semanas de dar a luz porque las bajas por maternidad no están reguladas y donde la enseñanza pública no arranca a veces hasta los cinco años, la periodista e investigadora se ha empeñado en demostrar que hay otra manera de trabajar. Y de vivir.

El título de su último trabajo, Over Work, es un juego de palabras que resume dónde nos encontramos, también fuera de EEUU: hartos del trabajo porque estamos sobrepasados por el trabajo. “Quería entender si es verdad que para ser el mejor profesional haya que estar siempre trabajando; si es verdad que tengamos que trabajar hasta el punto de no tener vida para sobrevivir o tener éxito”, afirma Schulte en una entrevista para elDiario.es. La respuesta que ha encontrado es un no rotundo: “No tenemos que trabajar así”. 

Hace más de una década que la periodista estadounidense investiga las consecuencias del sistema laboral actual para la economía, la salud, las relaciones, la sociedad e incluso la democracia. Cuenta que su libro anterior, Overwhelmed: trabajo, amor y ocio cuando nadie tiene tiempo le llevó directamente a éste. Y aunque parte del ejemplo de EEUU, reconoce que “el peligro es que la dirección que toma este país suele permear en muchas otras economías”. Por eso se ha armado de documentación para demostrar que existe otra forma de trabajar que satisface tanto a trabajadores como empresarios, con ejemplos de compañías, instituciones y países enteros donde ya se han atrevido a probarlo. 

“La historia moderna del trabajo está totalmente separada de la realidad y constituye un fracaso de la imaginación que nos ha empujado a una rutina diaria agotadora, estamos hartos”, escribe la periodista en Over Work, que defiende la necesidad de imaginar una forma de trabajar que no esté en conflicto con el resto de nuestras vidas. Schulte recuerda que un puesto de trabajo remunerado ya no garantiza el acceso de las familias a la independencia económica: “Al contrario, el trabajo se ha convertido en una fuente de desigualdad y de inseguridad”.

“O estás trabajando de manera presencial muchas horas, o en remoto, participando en todas las reuniones y mandando mensajes hasta la noche. Pero es que en el extremo opuesto, para empleados por horas, en comercios o servicios, estos trabajos tampoco sirven”, dice Schulte. Habla de quienes trabajan en turnos impredecibles, sin saber si podrán trabajar suficientes horas para pagar los gastos a fin de mes, quienes combinan varios empleos de este tipo o la imposibilidad de atender ninguna urgencia familiar ni planificar tu rutina. Y plantea por qué no cuestionamos, con cada informe de creación de empleo, “si esos trabajos sirven realmente de sustento para vivir”.

En el caso de EEUU, 53 millones de personas, el 44% de los trabajadores, cobran un salario mínimo de 1.209,6 euros mensuales —o 6,93 euros la hora en el caso de trabajos por horas. Su experiencia es distinta, recuerda Schulte, “porque no trabajan en exceso en un empleo, sino en varios, mal pagados, temporales, a tiempo parcial y sin prestaciones como seguro médico, ayuda por desempleo ni posibilidad de ahorrar”. Así, resulta que en la primera economía mundial el 70% de los ciudadanos que reciben ayuda federal para cubrir gastos de comida y medicamentos son trabajadores a tiempo completo en empleos mal pagados.

Pero seguimos trabajando las mismas horas (o más) que hace más de 100 años, los mismos días de la semana. Hace más de un siglo que un empresario estadounidense cambió los horarios laborales de su fábrica para comprobar si así se reducían los errores y aumentaba la productividad. La jornada laboral de ocho horas, cinco días a la semana, sirvió entonces a Henry Ford para fabricar más coches, pero no tiene nada que ver con cómo trabajamos hoy.

“Hoy en día, con la tecnología que incorpora nuevos procesos de trabajo (correo electrónico, herramientas de colaboración y otras plataformas de mensajería) sobre sistemas antiguos (reuniones, llamadas) sin pensarlo mucho, todo tipo de trabajo se ha vuelto más complicado, intenso y exigente”, relata Schulte. El resultado es que los costes de trabajar superan a veces a sus beneficios. “Hacer un buen trabajo está bien, pero esto es una sobrecarga excesiva y sus costes son muy superiores para nuestra salud física y mental, nuestras familias, nuestras relaciones y para la sociedad en general”, explica.

Justo, flexible y digital: el puesto de trabajo ideal 

Frente a esta realidad, Schulte se ha preguntado qué caracteriza a ese puesto de trabajo que no está en conflicto con nuestra salud, no amenaza la productividad de las empresas y además permite a los trabajadores conciliar con el resto de sus vidas. La respuesta la tenían el Gobierno de Islandia, el de Escocia y numerosas empresas y organizaciones de todo el mundo que ya han puesto en marcha lo que ella define como trabajo flexible: un empleo en el que el trabajador puede decidir cómo distribuir sus horas laborales, preferiblemente cuatro días a la semana, distribuidos entre la oficina y su casa; o un empleo basado en turnos por horas pero que son predecibles y regulares, así como unas condiciones salariales y laborales dignas, que están respaldadas por políticas públicas sólidas. 

“Incluso en los países donde hay políticas más progresistas, la atención a un familiar y el tiempo que dedicamos a ello está visto como una concesión, y que si lo necesitas, de alguna manera no eres tan buen empleado”, dice Schulte. “Debemos reconocer que el trabajo no remunerado es el que permite hacer el trabajo que sí pagamos”. Es lo que hizo Islandia con la ley aprobada en 2020 —en colaboración con sindicatos que representan al 86% de los trabajadores del país—, para lograr que todos los empleados tuvieran acceso a una semana laboral de cuatro días, hasta un total de 35 o 36 horas semanales, y con autonomía para decidir cómo distribuirlas y dónde.

Debemos reconocer que el trabajo no remunerado es el que permite hacer el trabajo que sí pagamos

Los arquitectos de la ley de Islandia explicaron a Schulte que su objetivo era que los trabajadores por horas, no solo los de oficina, también se beneficiaran de la reducción horaria. El impacto fue doble: “Muchas mujeres que trabajan a tiempo parcial decidieron aumentar sus horas cada semana para llegar a las treinta y seis horas y al estatus de tiempo completo. Eso significa que ganarán más dinero, recibirán mejores compensaciones y, a largo plazo, tendrán pensiones de jubilación más altas y mayor independencia financiera”, dicen en Over Work.

La legislación islandesa, además, reconocía que reducir la jornada laboral era la vía, pero el fin era siempre la igualdad: “El objetivo de esta ley es prevenir la discriminación de género y mantener la igualdad de género y de oportunidades en toda la sociedad. Todos los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para beneficiarse de su propio esfuerzo y desarrollar sus capacidades independientemente de su género”. 

La apuesta era similar a la de las políticas que amplían las bajas remuneradas por paternidad. El cambio en Islandia, detalla la periodista, buscaba que todo el mundo pudiera beneficiarse de una mejor calidad de vida, dando además “un pequeño empujón” a los hombres para que hicieran menos horas de trabajo remunerado y más del no remunerado, en casa, echando una mano a sus familias. “Este siempre ha sido un problema de igualdad de género”, dice del debate sobre la reducción de la jornada laboral.

El caso de Islandia es una utopía en países como EEUU, donde Schulte habla de 50 millones de trabajadores con un familiar a su cargo y donde el 60% de quienes desempeñan esos cuidados son mujeres. En España, el 40% de las personas con algún grado de dependencia son cuidadas por un familiar. La pandemia demostró cómo unas políticas sociolaborales débiles expulsan del sector laboral a las personas con dependientes a su cargo. En 2000, EEUU ocupaba el séptimo lugar en cuanto a la proporción de mujeres en la fuerza laboral. Dos años después ocupaba el puesto 25. La autora atribuye el descenso a las políticas laborales aplicadas durante la pandemia, cuando el 60% de los trabajadores despedidos fueron mujeres.

Sin embargo, la COVID-19 no obligó a tantas mujeres a abandonar el trabajo remunerado en muchos otros países con un apoyo más sólido a los trabajadores con familiares dependientes, como el Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá. “Las perturbaciones provocadas por la pandemia y la mediocre respuesta a la crisis de cuidados que siguió reforzaron la idea de que los trabajadores con esas responsabilidades no necesitaban una Gran Renuncia, sino una Gran Reinvención del trabajo remunerado y no remunerado,” escribe Schulte.  

No es sólo el trabajo, también son los estereotipos

“Esta noción de que el trabajador/sustento ideal es o debería ser un hombre sin obligaciones de cuidado y las mujeres deberían asumir la responsabilidad del trabajo no remunerado de cuidados y del hogar es una gran parte de la razón de la brecha de género en materia de salarios y riqueza”, explica la periodista. Como refleja en Over Work, los trabajos para los hombres tienden a pagar más que los trabajos para las mujeres, todos menos cuatro de los treinta trabajos mejor pagados en EEUU están dominados por hombres, mientras que de los treinta que pagan menos, todos menos siete están dominados por mujeres. Schulte se refiere a la desigualdad salarial entre programadores informáticos y trabajadores de salud, pero denuncia también que entre los sueldos más bajos, como el caso de los profesionales de la limpieza, los hombres siguen ganando más que las mujeres.

“En una cultura laboral ideal, no se espera de los hombres que quieran ejercer los cuidados. Algunos no quieren, pero me he preguntado durante muchos años cuánta verdad había en esto”, dice la periodista. Schulte dirige ahora la organización The Better Life Lab. Uno de sus estudios más recientes encontró que el 80% de los hombres considera que el trabajo no remunerado es tan valioso para la sociedad como el que sí está remunerado, y que deberían compartir esa responsabilidad. Pero también dijeron que esperaban ser castigados en su trabajo si lo hacían. 

La pandemia también demostró que no es así. “Cuando las responsabilidades de los cuidados entorpecieron la productividad de los trabajadores, las madres padecieron más”, escribe Schulte. “Sin embargo, cuando los padres sufrieron la misma caída de productividad por la misma razón, sus jefes seguían teniendo la intención de promocionarlos y recompensarlos, al considerar que su deber de cuidar a un familiar era una anomalía temporal a la que se podía responder con un poco de flexibilidad y apoyo”.

El trabajo remunerado y el exceso de trabajo definen el estatus del hombre, mientras que los cuidados son lo que se espera de una mujer

Schulte insiste en que los organismos que han creado puestos de trabajo aceptables para los empleados lo han logrado precisamente en torno a esa flexibilidad y apoyo que puede necesitar cualquiera cuando tiene que cuidar a un familiar o coger una baja temporal, cuando quiere elegir cuándo tomar vacaciones o cambiar un turno para poder estudiar. Y añade que la reticencia no nace tanto del sector laboral en sí, sino de los roles de género. 

En el caso de EEUU, la mayoría de los ciudadanos creen que es mejor que los niños sean cuidados, en casa, por uno de sus progenitores —“en las familias heterosexuales se espera que ese progenitor sea la madre”, apunta— y que el sustento principal sea aportado por el trabajo del padre, “como si siguiéramos en el imaginario de las familias blancas de los años 50”. Son datos de 2018, cuando un 44% de los estadounidenses definieron así “el estilo ideal de familia”. 

“El verdadero problema son las normas en torno a los roles de género y los escrúpulos acerca de las madres que trabajan fuera de casa. Y esos escrúpulos tienen consecuencias dañinas”, escribe. “En la cultura estadounidense, el trabajo remunerado y el exceso de trabajo definen el estatus del hombre, mientras que los cuidados son lo que se espera de una mujer”, escribe Schulte. “Toleramos a las madres en el trabajo siempre que prioricen el desempeño de los cuidados o asuman el trabajo no remunerado en casa”.

Y no, no peligra la productividad

Uno de los obstáculos para implementar el tipo de jornada laboral flexible y que permita conciliar con el resto de nuestras vidas —y de paso apuntalar la igualdad de géneros— ha sido el argumento de la productividad: empresarios que dicen temer que si se reduce la jornada, también empeorarán los resultados. La amplia documentación recopilada por Schulte desmonta una vez más esta teoría. “El trabajo flexible y digital ha mantenido a más mujeres en la fuerza laboral y ha cerrado las brechas de género en sectores que antes eran notoriamente hostiles a la familia, como las finanzas y el marketing”, escribe en Over Work. “Otras investigaciones han descubierto que el trabajo híbrido bien diseñado brinda a los trabajadores más autonomía, reduce la fatiga, aumenta el rendimiento, mejora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y, además de la productividad, mejora la satisfacción y el compromiso laboral”.

Otro estudio sobre las empresas que obligaron a los trabajadores a volver a la oficina después de la pandemia, reveló que eran más comunes en empresas que ya tenían antes un bajo rendimiento bursátil, por lo que culparon a los acuerdos digitales o híbridos de los empleados como un “chivo expiatorio”. “Obligar a todos a volver al trabajo presencial condujo a una disminución considerable de la satisfacción de los empleados, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la confianza en los gerentes”, explica la autora. “El estudio no encontró ninguna mejora significativa en el rendimiento de la empresa después de que todos regresaran a la oficina”.

Rediseñar el trabajo se reduce a un conflicto entre el poder y la confianza; cuánto poder están dispuestos a ceder los empresarios a los trabajadores, cuánto confían unos en otros y la idea que cada grupo cree acerca del trabajo

Esta realidad ha llevado a Schulte a denunciar que el obstáculo a estas políticas no es otro que una lucha de poderes. “Rediseñar el trabajo se reduce a un conflicto entre el poder y la confianza; cuánto poder están dispuestos a ceder los empresarios a los trabajadores, cuánto confían unos en otros y la idea que cada grupo cree acerca del trabajo”, afirma.

Schulte se ha preguntado por la insistencia de los líderes empresariales en regresar a estrategias y políticas del pasado, incluso cuando la práctica ha demostrado su inefectividad, y admite que es una de las cosas que más le ha frustrado de su investigación. “Incluso cuando tienen los números delante, creen que su forma de trabajar es la mejor. Es lo que conocen y lo que les ha llevado al éxito”, dice la periodista sobre cómo piensan la abrumadora mayoría de hombres blancos que lideran la lista de Fortune 500. 

“La razón de la desconexión con los empleados es que la mayoría de los líderes no se parecen a ellos y no tienen las mismas experiencias de vida”, escribe Schulte. La periodista argumenta que esa mayoría de líderes empresariales que ha contado con parejas que se quedaron en casa para gestionar las responsabilidades familiares, para que ellos pueden dedicarse por completo al trabajo no comparte la realidad del casi 75% de los empleados, que tienen que hacer malabarismos entre el trabajo y el cuidado en el hogar. Su diagnóstico es claro: “No saben cuáles son esas tensiones o desafíos, así que defenderán políticas que, a su vez, garanticen que personas como ellos sean las que también alcancen puestos de liderazgo”.

Lo primero que hizo Nilka cuando vio la fina capa de agua y barro que empezaba a inundar la casa fue subir la máquina de oxígeno de Francisco a la planta de arriba. El hombre de 92 años, al que cuidaba como interna desde hacía casi dos años, dependía de ella y apenas podía caminar sin ayuda. “Mami, mami. La puerta se está partiendo, el agua viene muy fuerte”, gritó su hija, quien también convivía con ellos, para avisar de que la corriente empezaba a irrumpir con fuerza en la vivienda de Masanasa (Valencia). “Miré hacia Francisco. Estaba flotando. Estaba muy pálido”. La riada empezaba a embestir y arrastrar los muebles de la casa y temían no poder salvar entre las dos al anciano, pero lo hicieron.

Si Yolanda piensa en Luisa, la ve en su silla. Una silla muy pequeña, “muy chiquita”, que llevaba a todas partes. Y allí la recuerda sentada cuando el agua del río se desbordó y alcanzó la vivienda donde ambas vivían en Paiporta (Valencia). Ahora a Yolanda le persigue el momento en que la señora a la que cuidaba desde hacía unos meses se desprendió de las manos de su hijo, cuando vieron su rostro alejarse hasta perderlo de vista, mientras ellos también luchaban por sobrevivir. Ellos, el hijo de la fallecida y la trabajadora doméstica, se pusieron a salvo tras salir de la casa, subir a un muro y saltar a la vivienda de unos vecinos, donde pasaron la noche en estado de shock.

Un mes después, ambas se encuentran sin trabajos tras los estragos causados por la DANA. No reciben ayudas, al no tener papeles o no haber tenido contrato de trabajo ni de alquiler. Es la historia de las cuidadoras invisibles afectadas por la riada asoló Valencia el pasado 29 de octubre. Mujeres migrantes sin papeles o solicitantes de asilo sin contrato, muchas internas, víctimas de la tormenta, que cuidaron hasta el final, trabajaron hasta el final, lucharon por su vida o lloraron una pérdida de alguien que no era un familiar, pero trataron como si lo fuera. Perdieron el trabajo y, en el caso de las internas, también la vivienda. Esas trabajadoras que abandonaron su vida en su país de origen para empezar de cero en España, que empezaban a atisbar un principio de nuevo hogar en Valencia y empezaban a hacerse con humildes pertenencias propias, pero volvieron a perderlo todo.

El 29 de octubre se quedaron sin nada. Perdieron lo que tenían, como tantos ciudadanos afectados por la DANA, pero con una diferencia: a ellas no llega el colchón público. Ellas ni siquiera optan a las ayudas del Gobierno. Aunque el Ministerio de Trabajo aprobó una prestación extraordinaria por desempleo dirigida específicamente a las empleadas del hogar afectadas por la DANA, estas no llegan a las trabajadoras sin papeles.

Quienes no tienen papeles o no tienen contrato, una situación habitual en el trabajo doméstico, son invisibles para el Estado. No tienen número de NIE con el que rellenar la solicitud, ni contrato de trabajo para demostrar su relación laboral, lo que les imposibilita solicitar las ayudas públicas ligadas al trabajo o a los enseres arruinados por la riada. En este tiempo, el Gobierno no ha buscado ningún canal para tratar de hacerles llegar algún tipo de apoyo público a las personas sin papeles ante la situación de excepcionalidad provocada por la catástrofe. Como ocurrió durante la pandemia de COVID–19 con los migrantes sin tarjeta de residencia, la DANA vuelve a evidenciar el doble impacto que una catástrofe tiene entre las personas migrantes que viven y trabajan en España en la clandestinidad.

Cuidar hasta el último momento

El pasado 29 de diciembre, el agua ya les llegaba por las rodillas y había un colchón bloqueando el acceso a la planta de arriba, a donde Nilka y su hija querían subir para protegerse de la riada. Mientras la trabajadora trataba de liberar el acceso a las escaleras, le pidió a su hija adolescente que fuese a por Francisco, el anciano al que cuidaba. La hija de Nilka, de 15 años, vivía con ellos a cambio de pagar 200 euros a la hija del anciano, la persona que mantenía 'contrataba' a su madre. “Ella lo cogió con los dos brazos de frente. Él decía: 'No puedo, no puedo'. Pero le decíamos: 'No nos vamos a ahogar. Y para eso tú nos tienes que ayudar'”, detalla la mujer colombiana. El agua ya les cubría por encima de la cintura. “Carguémoslo entre las dos”, dijeron. Las dos lo agarraron en volandas. “El agua ya me hacía flotar. No podía respirar casi, pero fue muy valiente”, dice con cariño. “Subimos un escalón, luego otro y conseguimos llegar al segundo piso”. 

“Empecé a buscarle algo de ropa para cambiarlo. Tenía frío y estaba pálido. Le cambié, le di agua”, explica la mujer. Estaba junto a su hija, pero su relato se centra en su preocupación ante el estado de salud del anciano que cuidaba, con el que ya había generado un vínculo de cariño. “Se sentía muy mal y no sabía qué hacer. Porque no podía sacarle nadando. Llamé a emergencias: ‘Se siente mal. Por favor, por favor, tenemos a un hombre de 92 años nos vamos a ahogar, necesito sacarlo'. El agua tapó todo”, recuerda la mujer. Pero no llegó nadie.

Minutos después, cuando recuperó algo de cobertura, la hija del señor al que cuidaba la llamó angustiada preguntando por el estado de su padre. Nilka la tranquilizó, le dijo que no se preocupase, cuenta, que Francisco estaba vivo y estaban cuidando de él.

El día siguiente no fue fácil encontrar suministros. Tuvo que caminar durante horas en busca de algo de comida. Francisco solo estaba comiendo algunas latas frías y se estaba encontrando mal. Ella y su hija podían pasar así unos días, pero él era muy mayor, y Nilka temía que empeorase su débil estado de salud. “Fui al Ayuntamiento y me dieron solo una bolsa de pan. La bolsa estaba sucia. Pedí si podían darme algo más, veía que tenían más, pero me decían que no. Creo que era porque era extranjera, y les insistí en que no era para mí, era para un señor español que cuidaba”.

Volvió sin apenas nada contundente que darles de comer. Al día siguiente notó mareado al anciano y, tras mucha insistencia, logró que los servicios de emergencia lo llevasen al hospital, según el relato de Nilka. Unos días después, recibió una llamada de su jefa, la hija de Francisco. “Me dijo que, después de todo lo que había pasado y tras los destrozos de la casa, llevarían al señor a una residencia”. Se quedaba sin trabajo y, si quería quedarme en la casa al ya dejar de trabajar para ella, debía pagar el alquiler de mi habitación el mes siguiente además del de su hija.

“Le pregunté cómo iba a hacer. La planta de abajo de la casa estaba destrozada, tenía que limpiar, arreglar la casa, buscar nuevos electrodomésticos si quería vivir allí, porque ella no me ofrecía soluciones. Me respondió que no me preocupase de limpiar, que ya me las apañaría con eso, que me centrase en buscar trabajo que necesitaba el dinero”, recuerda la trabajadora del hogar. “Sentía mucha presión porque tenía que vivir en esa casa por lo que la tenía que ser habitable, y ella –la casera– me dejaba a mí el peso de solucionarlo, pero a la vez si quería seguir allí con mi hija tenía que encontrar un trabajo en unas semanas, con toda la angustia de lo que había pasado”. Se puso en marcha la cuenta atrás.

Nilka tenía un ordenador con el que seguía una formación sociosanitaria y del que dependía para buscar trabajo, con el que también su hija hacía los deberes de clase. El ordenador se perdió tras el paso de la DANA y lleva un mes con la formación interrumpida. Si tuviese un contrato de alquiler, podría solicitar la ayuda del Gobierno para recuperar al menos una parte del dinero ligado a la pérdida de los enseres de una vivienda. Pero ella no puede optar a esta ayuda porque, al ser trabajadora interna, no tenía contrato de alquiler. Tampoco puede beneficiarse de ninguna de las ayudas públicas ligadas al empleo dado que trabajaba en la economía sumergida. La colombiana es solicitante de asilo y cuenta con permiso de trabajo temporal en España mientras se estudia su solicitud, sin embargo, ella asegura que su jefa siempre rechazó la posibilidad de hacerle un contrato de trabajo.

El día después de la DANA, aun con la desolación de ver morir a la anciana que cuidaba y la impotencia de no haber podido hacer nada por ella, Yolanda no sabía qué hacer. El fallecimiento de la mujer que cuidaba suponía la pérdida de su empleo y, sin papeles, no tenía acceso al paquete de ayudas gubernamentales: ni laborales ni en relación con los objetos personales arruinados por la riada. “Estaba sin nada. Volvía a empezar de cero y no quería quedarme en la calle”.

Más allá de la vivienda donde trabajaba como interna, Yolanda tenía alquilada –sin contrato– una habitación durante los fines de semana. No iba a poder pagarla, por lo que avisó al casero de que el mes siguiente (dos días después de la riada) no la necesitaría. “El casero, a pesar de toda la situación y de no tener contrato, se negó a devolverme la fianza al no haber avisado con un mes de antelación. Yo le dije que cómo no podía entender mi situación, pero él me dijo que él también había perdido una nave de trabajo y el coche. Que necesitaba el dinero. Le respondí que él iba a recibir ayudas pero yo no. Él me respondió que ese no era su problema”.

Con el dinero de la fianza podría haberse organizado un tiempo, pero tampoco pudo contar con ello. Las dos primeras noches durmió en una habitación compartida de un albergue. Luego, sin ya apenas dinero, saltó durante varias semanas de una casa a otra gracias a algunas de sus compañeras trabajadoras domésticas, aunque ellas le insistían en que nadie podía verlas.

“Estoy escondida. Vivo escondida. Nadie puede verme, porque a mis compañeras no les dejan traer a nadie a su habitación. Pagan por dormir una persona en una habitación durante ciertos días, y me dejan estar, pero nadie se puede enterar”, explicaba la mujer hace unas semanas. Invadida por la ansiedad de no poder ser descubierta, por la incertidumbre de no saber dónde iba a dormir los próximos días y la angustia del trauma, solo veía una solución: volver a huir en sentido contrario. Irse a Colombia, pese a lo mucho que le había costado llegar hasta aquí y empezar de cero.

“En Colombia ya no tenía casa, no tenía nada, pero al menos mi hermana podía acogerme y no iba a vivir escondida”, decía unos días antes. Tenía las dos posibilidades abiertas. Por un lado, había solicitado a una organización un vuelo de vuelta a su país, pero no sabía si podría regresar. Por otro movía hilos para tratar de encontrar un trabajo o un lugar donde quedarse.

Desde la aprobación de las primeras ayudas ligadas a la DANA, la organización Oxfam Intermón ha denunciado la exclusión de las personas en situación irregular y aquellas que carecen de contrato de trabajo o alquiler. “También ocurrió con las ayudas del Gobierno contra los efectos de la pandemia. De manera recurrente se quedan fuera siempre las personas migrantes en situación administrativa irregular”, sostiene Alejandro García–Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de la ONG. Según sus cálculos, hay entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular afectadas por la DANA que no han sido beneficiarias de ninguna de las ayudas estatales.

Los requisitos ligados a cualquier ayuda, como la mera identificación a través de un NIE, presentar un número de cuenta o demostrar la relación laboral a través de un contrato, cierra el acceso a las personas sin papeles. No es fácil llegar a ellos, pero Oxfam propone la creación de fórmulas que respondan de manera extraordinaria a una catástrofe como la vivida en Valencia, en una zona con fuerte presencia de población migrante.

“La tragedia es tan extraordinaria que permite y hace necesario medidas extraordinarias que haga más flexible estos obstáculos. Por ejemplo, que se abra una vía en formato cheque monedero que, a través de la gestión de ONG, permite entregar tarjetas para hacer compras en establecimientos específicos para sufragar los gastos de comida o, por ejemplo, electrodomésticos perdidos en la DANA”, propone García– Gil. Este tipo de medidas planteadas por la organización fueron activadas por algunas comunidades autónomas, como Baleares, durante el confinamiento ligado al COVID–19, para hacer llegar a las personas sin papeles apoyo económico básico para subsistir. Oxfam Intermón y el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) están prestando apoyo a personas vulnerables excluidas del paquete de medidas del Gobierno.

elDiario.es llama a Yolanda unas semanas después de nuestra primera conversación para saber cómo han ido las últimas semanas. La colombiana cuelga y devuelve la llamada a través de WhatsApp. Se cumple un mes de la DANA. “Me regresé a Colombia”, dice al otro lado del teléfono. “No sabía qué hacer, no podía seguir escondida, estaba muy angustiada y necesitaba ir a un psicólogo, me estaban viniendo muchos miedos y allí no encontraba ayudas”, dice desde la casa de su hermana. Tiene fuertes dolores en la pelvis, tiene cita con el médico, parece que sufrió un golpe durante la riada y en España no tuvo ni tiempo ni forma de observarlo y atenderlo. “Hice lo que pude, pero ahora me pregunto: ¿qué hago aquí? Aquí no hay trabajo, con mi edad nadie me contrata, no sé si me arrepentiré”, dice aún con la decisión retumbándole en la cabeza.

En este podcast hemos conocido la historia de Soledad, una ex numeraria auxiliar del Opus Dei que nos contó una vivencia plagada de abusos laborales, de misoginia y de falta de libertad. Volvemos a escucharla, e incorporamos un nuevo testimonio. Otra ex numeraria auxiliar del Opus Dei en España. Se llama Celedonia. La justicia Argentina ha investigado durante dos años al Opus Dei tras el testimonio de 44 mujeres que dicen que el Opus hizo con ellas en Argentina lo mismo que Soledad y Celedonia cuentan en España. 

Hay una periodista clave para que esta historia esté aflorando. Lleva diez años investigando al Opus Dei. Se llama Paula Bistagnino, ha publicado algunos de sus trabajos en elDiario.es y nos explica los detalles de la investigación de la justicia argentina al Opus Dei. 

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Primero, la mantita que le tapa los pies. Después, la colcha, la manta y la sábana, todo al armario, empieza la jornada. Para el anciano, no para su cuidadora, que lleva horas de trajín por la casa para que todo se mantenga en orden y preparado. Ellos son los dos protagonistas de Centímetro a centímetro, el libro que el escritor asturiano Eduardo Romero acaba de publicar en la editorial Pepitas de Calabaza y Los Aciertos.

En apenas 60 páginas, desgrana al detalle la cotidianeidad de esa pareja obligada por la necesidad –de cuidados, él; de trabajo, ella– que se reproduce en la vida real todos los días en todos los puntos del país. Y cada vez serán más. En la actualidad, el porcentaje de población de más de 65 años es del 20,4% pero en 2055 será del 30,5%, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Esto implica que la asistencia a personas dependientes será un servicio cada vez más solicitado, aunque no necesariamente mejor considerado.

Este es un tema que Romero ha tratado en varios de sus libros anteriores, en los que la migración está muy presente. Su novela En mar abierto (2021) está protagonizada por Jenny, una mujer peruana que viene a España y trabaja para una pareja de ancianos, y en ¿Cómo va a ser la montaña un dios? (2024), explora el vínculo entre un minero con silicosis y la mujer afrocolombiana que se ocupa de él después de que se rompa la cadera por una caída.

“Tengo muy presente la existencia de las redes transnacionales de cuidados, el flujo de mujeres migrantes que acaban en Europa haciéndose cargo de los cuidados de una población envejecida”, explica el autor a elDiario.es. Además, también reconoce una fascinación por el comportamiento de esas duplas en el exterior de las casas. “Cuando me cruzo por la calle con un viejo que empuja un andador me suelo quedar embobado. Me gusta observar sus movimientos, los movimientos de quien le acompaña, la manera en que interactúa la gente que se cruza con ellos”, sostiene.

La cuestión de los cuidados tiene muchas capas, pero Romero ha querido fijarse en los detalles más específicos –las heridas que supuran de los pies del anciano, la ceremonia de la ducha, el paseín de 150 metros los días buenos– sin que la extensión fuese un factor determinante del libro. Sus otros títulos tienen muchos más personajes cuyas historias se entrelazan y exigen más desarrollo, cambios de ritmo y recursos narrativos. Aquí, sin embargo, esos ejercicios no eran necesarios, sino que más bien sobraban. “Entendía que en Centímetro a centímetro tenía que buscar esa minuciosidad, pero también pensaba que el tono de la novela podía llegar a agotar al lector si pretendía sostenerlo durante ciento y pico o doscientas páginas”, afirma. “La extensión que tiene creo que es suficiente para contar lo que quiero contar. Nunca me ha gustado escribir de más”.

En la piel de la otra

Desde fuera nunca es fácil, aunque lo parezca, entender del todo lo que implica cualquier trabajo. Bien sea el de un minero, el de una empleada del hogar, el de un recepcionista o el de una cirujana. En esa percepción intervienen todos los prejuicios que acumule cada persona y es imposible no tenerlos. Para construir a sus personajes de la manera más fiel posible a la realidad, Romero se empapó de las experiencias de otros y otras. “En los últimos veinte años, he podido escuchar muchos testimonios de mujeres migrantes dedicadas a cuidar a personas mayores. Algunas son amigas y a lo largo del tiempo me han contado los pormenores de su día a día”, declara el escritor.

Asimismo, para la documentación de su novela ¿Cómo va a ser la montaña un dios? visitó algunas residencias de ancianos para hablar con algunos de sus inquilinos y también con la gente que trabaja allí “a veces en condiciones muy precarias”, señala. Además, en los últimos años ha vivido de cerca la cuestión de los cuidados a personas ancianas por motivos familiares, así que ha tenido material de primera mano con el que trabajar. “Creo que fue Leila Slimani a la que leí que los novelistas nos alimentamos de los detalles. A través de estas diversas fuentes, tuve acceso a infinidad de detalles”, declara.

Aunque el libro no es un ensayo, sí invita a pensar y a sacar conclusiones particulares sobre los aspectos de esta historia, por breve que sea. A Romero sí le gustaría que la lectura de su obra alimentara el debate sobre las condiciones de las trabajadoras, por ejemplo, aunque no se trata de un manifiesto. Una de las motivaciones que le impulsó a escribirla es la sensación de que en la literatura faltan relatos que inviten a pensar en esto.

Si bien títulos como Renata sin más, que Catherine Guérard escribió en 1967 (Tránsito la publicó este año traducida por Regina López Muñoz) o el ensayo Fámulas de Cristina Sánchez-Andrade (Anagrama, 2022) han indagado en la realidad de las trabajadoras del hogar, quizá el de las cuidadoras de personas mayores no se ha explorado tanto (aunque tampoco es que el servicio doméstico se haya visibilizado demasiado. O no lo suficiente). “El otro día, en Logroño, una mujer que está cuidando a su padre me dijo al final de la presentación que, al leer el librito, había resignificado su papel”, comenta el escritor. “Que, de pronto, al verlo plasmado en el libro, lo había sentido más digno, y hasta le había parecido un trabajo un poco heroico. Me gustó que la lectura provocase ese efecto en ella”.

También hay “viejos cabrones”

La relación entre los personajes de Centímetro a centímetro es buena, algo que en la vida real no siempre es así. Cuidar y ser cuidado es complicado en múltiples aspectos y los enfrentamientos pueden ser habituales. Sin embargo, los protagonistas del librín –por corto, no por menor– establecen una relación que llega a ser tierna. “No pretendo decir con ello que los cuidados son siempre así, que los ancianos son siempre como el de mi relato. Hay viejos cabrones o a los que se les ha ido la olla que insultan y golpean a quien les cuida. Hay personas que trabajan como cuidadoras (remuneradamente o por lazos familiares) que son crueles o simplemente poco delicadas. Yo he optado por una historia a través de la que trato de transmitir belleza. No solo, pero también belleza”, señala. “Además, ella hace algo muy importante: le da espacio a él para alcanzar, por poca que sea, toda la autonomía que pueda”.

La escritora Noemí Sabugal, autora de El asesinato de Sócrates (Alianza, 2010) o Hijos del carbón (Alfaguara, 2020), ha definido la escritura de Romero como ‘literatura de la escucha’. “Tal y como está el mundo de la creación cultural, los autores y autoras estamos ”obligados“ a hablar demasiado de nosotros mismos. Por eso prefiero que sean otros los que caractericen, si lo desean, mi escritura”, responde a la pregunta de si se siente cómodo con la descripción de la autora.

A él le gustan autores que han recibido etiquetas similares como Svetlana Aleksiévich o el colombiano Alfredo Molano, a quien le atribuye la cita “Escuchar es casi escribir” que abre su novela ¿Cómo va a ser la montaña un dios?. “Es verdad que algunos de mis libros tratan de recoger múltiples voces de personajes que van componiendo una historia colectiva. Nunca he usado una grabadora. Pero sí he conversado con muchas personas que acaban siendo protagonistas de mis libros, personas que me han confiado su historia”.

Las obras de Romero tienen una innegable carga de reivindicación social. Quizá no de forma explícita, porque no escribe proclamas, pero sí a través de la reflexión a la que intenta dirigir al lector como en el caso de Centímetro a centímetro. Para él, una manera de intervenir en el mundo a través de la literatura es “haciendo buena literatura”. ¿Qué significa esa frase tan grandilocuente? “Que quien logra llevarla a cabo, ha podido despertar la imaginación y las ganas de pensar de quien lee. La literatura siempre es política, pero no creo que el libro más radical sea necesariamente el más contundente o el más explícito, el que dice verdades como puños”, contesta. “Suelo preferir aquellos textos que, como decía Berger, a través de ‘el arte de jugar con el silencio’, obligan al lector a completar la historia”, concluye.  

Es una evidencia: el número de personas que trabajan a través de plataformas digitales ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2022, el Consejo Europeo había contabilizado más de 28 millones de trabajadores en este sector, una cifra casi idéntica al de empleados en el sector industrial, y estimaba que se alcanzarán los 43 millones para 2025. Pero, tras los datos, este nuevo modelo ha abiertos importantes debates con una cuestión fundamental de fondo: ¿el repartidor de Glovo que te entrega la cena, la mujer con la que has contactado a través de MyPoppins para que te limpie la casa o la conductora de Cabify a la que recurres ese día que estás apurado tienen condiciones de trabajo justas?

Un nuevo estudio, elaborado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad de Oxford y en el que ha participado Comisiones Obreras, analiza el comportamiento de siete plataformas en España. El resultado apunta que la mayoría “están todavía lejos de demostrar, mediante evidencias documentales suficientes, que avanzan hacia esas condiciones de trabajo y empleo justas”. El trabajo, se enmarca en el proyecto Fairwork, que evalúa estos sistemas de trabajo en 40 países, bajo los principios de pago, condiciones, contratos, gestión y representación justa establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y revisados por académicos y expertos en mercado laboral para su adaptación al contexto español.

La investigación pone el foco en siete grandes plataformas. Solo dos aprueban en el examen que analiza los estándares mínimos de trabajo justo. Son la cooperativa de ciclomensajería La Pájara, con ocho puntos sobre 10, pero que ya no está operativa, y la plataforma de reparto de comida a domicilio, Just Eat, con siete. Cabify, Task Rabbit y Uber solo cumplen con dos de los criterios establecidos y Glovo y MyPoppins se quedan a cero.

El siguiente gráfico muestra la puntuación obtenida por cada plataforma respecto a cada criterio. Las casillas en amarillo indican que la empresa cumple los requisitos para obtener ese punto pero, al no haber logrado el previo, que está relacionado, las normas de Fairwork impiden otorgárselo.

En España no hay una única norma que regule el trabajo en plataformas. En 2021, la ley rider vino a poner orden sobre la forma en la que desarrollaban su actividad miles de personas. “Nuestra valoración es positiva, porque ha permitido regularizar a muchos falsos autónomos y reconoce una serie de derechos”, considera Alberto Riesco, uno de los coordinadores del proyecto y profesor de sociología de la UCM, que señala, sin embargo, que es “insuficiente”, al dejar fuera a las personas trabajadores que no se dedican al reparto.

Según los datos de Inspección de Trabajo, en el año 2023 se realizaron 3.212 actuaciones y se detectaron 18.479 actuaciones, por un importe de 91,8 millones de euros y 47,5 millones en expedientes liquidatorios. En total, se produjeron casi 30.000 altas nuevas.

Precisamente en este sector, la aplicación de la ley rider marca la pauta de los derechos laborales. La Pájara y Just Eat son las plataformas que obtienen mejor puntuación. Mientras Glovo, que no reconoce la normativa y ha judicializado su aplicación, se ha quedado con el contador a cero. “Aquella que cumple la normativa, hace contrato laboral y permite tener mejores condiciones de trabajo, su sueldo no depende del número de entregas, está por encima del salario mínimo interprofesional y están obligadas a garantizar la seguridad laboral”, explica Arturo Lahera Sánchez, quien también ha coordinado la investigación y es profesor de ergonomía y sociología del trabajo de la UCM.

Para el cálculo de un pago justo, los investigadores han tomado como referencia el salario mínimo interprofesional por hora, de alrededor de 8,3 euros. Como indica el informe, La Pájara, “aunque con retribuciones muy cercanas”, no ha podido demostrar que llega a ese suelo. En cualquier caso, “en ambas plataformas los trabajadores y las trabajadores acceden a menos horas de trabajo de las que desearían, obteniendo, en consecuencia, ingresos mensuales insuficientes”. Además, el informe analiza también el salario vital decente que, según sus criterios, permitiría a una familia vivir dignamente y que sitúan entre los 9,7 y los 9,9 euros. Ninguna lo alcanza.

Los investigadores se han centrado en tres líneas para obtener la información para este análisis. Por un lado, con entrevistas con personas que trabajan para cada plataforma. Por otro, a través de documentación y bibliografía, así como de sentencias judiciales. Y, por último, con la colaboración de aquellas empresas que aceptaron participar. “Solo han accedido Just Eat, Glovo y La Pájara. Nos hemos entrevistado con ellos, nos han facilitado datos, nos han hecho alegaciones de cosas con las que no estaban de acuerdo, las hemos discutido y, en algunos casos, han aportado más evidencia y, en otros, nos hemos reafirmado en nuestro análisis”, señala Riesco, que aclara que “cuando las plataformas aparecen con 0 puntos no sabemos si cumplen o no, pero no han podido demostrarlo o no nos han dado información. En esos casos, se intenta contrastar por diferentes fuentes”.

Interpretaciones diferentes

Estas discrepancias se manifiestan en varios puntos, pero tienen como uno de los pilares fundamentales los salarios. “Los datos que nos facilitaba Glovo eran muy diferentes a los que nos contaban los trabajadores, porque la empresa no considera que el tiempo de espera sea tiempo de trabajo”, señala Riesco. Ocurre lo mismo con otras plataformas de transporte de pasajeros, como Cabify y Uber. “La legislación obliga a que los contratos sean laborales, pero la retribución es tan baja que para poder superar el salario mínimo, los conductores y conductoras tienen que recurrir a jornadas laborales de más de 50 o 60 horas semanales”, apunta Lahera Sánchez.

Este sector se rige en España por una legislación diferente a la ley rider. Estas empresas no pueden prestar servicio directamente, sino que han de contratar a las compañías propietarias de las licencias VTC, que son las que, a su vez, contratan a las personas trabajadoras. Esta situación hace que, en la mayoría de los apartados, Uber y Cabify no puedan garantizar ni demostrar que los empleados que trabajan bajo su marca reciban un pago justo, ni tengan un contrato claro y sin clausulas abusivas, ni que se haya un procedimiento adecuado para la toma de decisiones y la gestión de equipos. Los investigadores si han podido probar que ofrecen condiciones de trabajo seguras -aunque no han podido otorgar ese punto al no haber conseguido el de prevención de riesgos- y que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

“En este sector (el del transporte de viajeros) la clave es una negociación colectiva más potente y una cultura empresarial que dé más valor al trabajo de quienes trabajan para estas empresas”, indica Lahera Sánchez, que lamenta que, “mientras España tenga el doble de tasa de desempleo que la media europea, es normal que la gente no reclame sus derechos”.

"Nos encontramos con empresas que, a pesar de tener una ley, se resisten a su aplicación y desafían al Estado y al cumplimiento de las normas, estirando el sistema judicial y aprovechándose de sus tiempos"

Alberto Riesco — Coordinador del proyecto

El caso de Glovo es especialmente sangrante. La empresa modificó en 2021 su modelo de autónomos, para tratar de esquivar la ley rider, que entró en vigor aquel año. Previamente, el Supremo ya había determinado los 'riders' eran trabajadores y que la compañía “no es una mera intermediaria”. En 2022, la Inspección de Trabajo le impuso una multa de 79 millones de euros por mantener a falsos autónomos, aunque en el periodo previo a la entrada en vigor de la norma. En enero, la Inspección aplicó la primera sanción tras detectar fraude respecto a 49 trabajadores en Asturias, ya bajo su renovado modelo, y el pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, declaró la existencia de relación laboral de un trabajador que había sido despedido. La compañía ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

“Nos encontramos con empresas que, a pesar de tener una ley, se resisten a su aplicación y desafían al Estado y al cumplimiento de las normas, estirando el sistema judicial y aprovechándose de sus tiempos”, considera Riesco. El experto en sociología del trabajo pide, en este sentido, “un debate colectivo sobre este asunto”.

Aplicar la ley rider a las empleadas del hogar

El modelo de MyPoppins es diferente al resto de plataformas y puede tener los días contados. Esta empresa se considera una simple intermediaria y delega en sus clientes la responsabilidad de regularizar la situación laboral de las personas que van a sus casas a realizar servicios de limpieza. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en mayo que extendería la ley rider a las empleadas del hogar y la ayuda a domicilio. “No vamos a admitir que las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar al siglo XIX”, afirmó en la jornada sobre fondos europeos organizada por elDiario.es.

“En este caso, la plataforma hace de intermediaria, pero no supervisa que los clientes que hacen la contratación cumplan con la legislación”, explica Lahera Sánchez. De hecho, la propia empresa ofrece a través de su web un seguro de accidentes. “Si las empleadas se dieran de alta, no haría falta este seguro, porque las cubriría la seguridad social así que, en el fondo, la propia compañía esta reconociendo que puede ocurrir”, razona el coordinador del informe. Esto redunda en mantener ese modelo de trabajo en la sombra de las empleadas del hogar, lo que supone “una gran bolsa de precariedad y economía sumergida”. Aún se estima que una de cada tres mujeres dedicadas a este sector no está afiliada a la Seguridad Social.

La ley rider española, que la vicepresidenta quiere extender ahora a las empleadas del hogar a través de plataformas, es la base de la directiva europea ha tomado como modelo para determinar que todos los trabajadores de la economía de plataforma, y no solo los 'riders', deben ser considerados asalariados. “Esto da pie a que se pueda aplicar a todos, que era el ánimo inicial de la ley española, aunque la directiva contempla que cada país tenga la posibilidad de definir las condiciones que tiene que cumplir cada trabajador para ser considerado asalariado, lo que dejará realidades muy diferentes en función de cada país”, indica Riesco, que señala que “todavía quedan años para poder verlo”.

Será en el marco de esta directiva europea en el que, según el ministerio de Trabajo, se “seguirá avanzando con el objetivo de proteger a las personas trabajadoras en el ámbito de los cuidados, especialmente precario, feminizado y tradicionalmente poco considerado, pese a que de él depende nuestro estado de bienestar”.

El día que se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar, buena parte del hemiciclo coincidió en que su labor legislativa llegaba tarde. “Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos”, dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La medida igualaba las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. Un año y medio después, la Cámara Baja volvía a afrontar una votación trascendental: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, según las estimaciones iniciales, que ya viven y trabajan en España.

Aunque ambas votaciones pueden no tener relación aparente, están íntimamente ligadas. Porque la medida que dotó de derechos a las trabajadoras del hogar olvidó a otras muchas, que ejercen ese mismo trabajo en la brecha de la economía sumergida: las que no tienen papeles pero cargan sobre sus cuerpos con buena parte del peso de los cuidados de este país. “Estoy en tres casas y trabajo en 'b', estoy irregular en este momento”, explica Carmen, una empleada del hogar que llegó a Euskadi desde El Salvador y recorre la margen izquierda del Nervión, de domicilio a domicilio, para ganar 800 euros al mes, por 10 horas de trabajo al día. “Cobro lo que no tengo que cobrar”, reivindica este mujer de 38 años, que cuida a personas mayores, limpia sus casas y prepara comidas y que afirma que su testimonio es el de muchas: “Lo que vivo yo, lo vivimos todas. Es un ciclo del que no hemos logrado salir todavía”.

Con la regularización de extranjeros emprendida por el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se materializó en 2005, afloró una realidad que no era un secreto. En un momento en el que la legislación laboral era más laxa y las empleadas del hogar no estaban obligadas a afiliarse a la seguridad social en todas las circunstancias, el número de registros se duplicó, como puede verse en el siguiente gráfico. Aunque en apenas un par de años esta cifra se redujo, los niveles siguieron quedando muy por encima.

“Todo el mundo sabe que estamos realizando el trabajo de cuidado y que muchas compañeras no tienen documentación, no pueden ni darlas de alta en la Seguridad Social y están privadas de un montón de derechos”, explica la portavoz de Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, muy activa en la lucha por los derechos de este colectivo. “La ley de extranjería es una de las más hipócritas que tiene este país, porque no deja trabajar a las personas que llegan durante tres años, pero dice que, en el caso de que trabajen, deben tener los mismos derechos en materia laboral pero no de seguridad social”, coincide Lorea Ureta, militante de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH/ELE).

Más personas trabajando que afiliadas

Tras el de 2005, el siguiente salgo en la evolución de afiliaciones se dio en 2012. De nuevo Zapatero amplió los derechos de las trabajadoras del hogar y se pasó a un sistema espacial, que obligaba a cotizar y dar de alta a las empleadas, nacionales o con su situación regularizada. Desde entonces, hay una brecha entre aquellas que están afiliadas a la Seguridad Social y los datos que recoge la Encuesta de Población Activa, de entorno a un 25% a finales de 2023.

Aunque son mediciones diferentes —uno son cifras reales en un momento concreto y otro el resultado de una encuesta trimestral—, este desajuste preocupa a los sindicatos. “La diferencia entre ambas fuentes respondería a situaciones de economía sumergida, al existir más personas trabajadoras que afiliadas”, señalaba un informe sobre protección al desempleo de Comisiones Obreras. Nerea (nombre ficticio) es peruana. Si le preguntan en una encuesta, dirá que trabaja en una casa muchas horas y que tiene el tiempo justo para llegar a la suya, donde vive con varios conocidos y familiares, y ver despierta a su hija, de seis años. También dirá que no tiene papeles, ni derecho a una baja médica, ni a paro si es despedida, ni vacaciones, ni garantías, y que no puede enfermar porque, si falta a trabajar, le descuentan esas horas de los 600 euros que recibe cada mes.

“Es muy difícil estar con la niña aquí, hay muchas trabas y miedo por no tener papales”, explica la joven, de 25 años, que acepta con resignación las imposiciones de sus jefes. “Cuando se fueron de vacaciones me dijeron que me iban a pagar igual, pero cuando el niño no vaya al colegio tendré que quedarme todas esas horas”, pone como ejemplo.

Ureta explica que desde 2012 hasta ahora ha habido una evolución en todas las personas que tienen papeles. “El porcentaje de alta a la Seguridad Social ya era alto”, señala. De hecho, ella atribuye el descenso, mantenido pero no pronunciado en las afiliaciones, pero también en la EPA, a “múltiples factores”. Según los propios datos del ministerio, en las últimas dos décadas se ha producido un aumento paulatino de las asalariadas en servicios a edificios, que ha coincidido con ese descenso en el sistema de empleadas del hogar. “Quien consigue trabajo en otro sector, se va, porque tienen convenios colectivos donde mejoran los salarios, limitación de la jornada horaria a 40 horas en vez de 60 y otras ventajas”, explica.

Cobraba 900 euros al mes de interna y en febrero me querían pagar por días

Carmen — Trabajadora del hogar

“Hay avances para las que están regularizadas, pero las que no lo están son las que tienen mayor desprotección”, reconoce Carolina Elías, quien ha sido durante mucho tiempo la cara más visible de la plataforma Servicio Doméstico Activo (Sedoac) y ahora es concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Esta situación lleva a aceptar “los peores trabajos que les ofrecen, sobre todo el de interna”, desarrolla. “A eso no quiero volver”, coincide Carmen, que entró en una casa a trabajar nada más llegar a España. “Cobraba 900 euros al mes (por debajo del salario mínimo interprofesional) y en febrero me querían pagar por días”, explica.

Además de la brecha de las mujeres que no tiene regularizada su situación, el grueso de la economía sumergida, hay una zona gris. “Hemos observado que hay trabajadoras con documentación y dadas de alta en algunas casas, pero no en todas”, señala Elías. Laura aterrizó en Holanda el “Día de la Raza”, el 12 de octubre de 2018. Una semana y media después llegó a España y a los tres días sacó el abono transporte y comenzó a trabajar. A los tres años, una pareja para la que trabajó durante la pandemia le facilitó regularizar su situación. Las personas migrantes pueden obtener papeles si después de tres años en el país son capaces de acreditar la estancia y un trabajo. El trámite es perverso: necesitan un trabajo para obtener los papeles mientras necesitan los papeles para poder trabajar con los mismos derechos que el resto.

El 36%, sin contrato

Actualmente, Laura tiene un trabajo a media jornada, por el que cotiza, y otros dos por horas, “en negro”, con unas estudiantes universitarias y un señor con problemas de salud. “En el futuro es lo que me va a ayudar con el paro”, dice sobre el trabajo por el que está afiliada a la Seguridad Social. Ella habla rápido, con seguridad y tranquila. Porque su caso no es como el de otras compañeras: “En la República Dominicana yo era abogada, tenía piso en propiedad y carro y mis hijas tienen un buen trabajo. Vendí mi casa y vine a España porque necesitaba un cambio, pero no tengo que aguantar que me falten al respeto. Cuando me han dicho ”eh, tú, haz esto“, respondo que tengo un nombre muy bonito y no me vuelven a ver. Con necesidad o sin ella, todas tenemos que hacernos respetar”.

Según el informe '¿Qué pasa con la salud laboral de las trabajadoras de hogar y cuidados?', elaborado por el Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento de la Universidade da Coruña, el 98% de las personas que trabajan en este sector son mujeres y el 68%, migrantes. El 25%, una de cada cuatro, se encuentra en situación administrativa irregulares. El trabajo señala que el 36% de las empleadas domésticas lo está sin contrato ni alta en la Seguridad Social y que más del 80% han padecido problemas de salud relacionados con sus tareas. El Ministerio de Trabajo trabaja ya en la regulación de la prevención de riesgos en el sector.

Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía

Rafaela Pimentel — Territorio Doméstico

“La mayoría (de las que no tienen papeles) van con pastillas y dolores a trabajar, porque los empleadores no les permiten una baja”, lamenta Pimentel. “Somos las personas migrantes las que estamos sosteniendo el Estado de los cuidados que España no tiene y una sociedad no se puede permitir tener a las personas en esas condiciones, porque no somos mercancía”, asevera. En la misma línea se pronuncia Ureta: “El Estado español se aprovecha de la situación de pobreza de esas mujeres para solventar el problema de los cuidados de manera barata, sin que lo asuman las administraciones”.

Para Carlos Bravo, el secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, desde la presidencia de Mariano Rajoy ha habido una relajación en las labores informativas que pueden haber favorecido ese paulatino descenso en las afiliaciones. “Salvo la protección por desempleo, no ha habido otros elementos y el nuevo Gobierno no ha recuperado la tensión sobre este asunto para explicar qué se juega el empleador si una trabajadora del hogar tiene un accidente en casa y no está dada de alta”, desarrolla. Para este sindicato, las administraciones deben combinar tres elementos: información permanente, sensibilización sobre los riesgos y la labor de control. “La Inspección de Trabajo no puede entrar al domicilio, como si fuera una empresa, así que debe tener otras herramientas”, aclara.

“La Seguridad Social te protege de situaciones no deseadas, como el desempleo o estar enferma. Además, es un derecho que la ley considera irrenunciable. Aunque haya empleadores que digan que la propia trabajadora ni quiere, se puede reclamar”, explica Ureta. Si el proceso de regularización que han apoyado 700.000 ciudadanos llega a buen puerto, decenas de miles de mujeres podrán salir también de esa brecha de la economía sumergida de los cuidados. Si no, la desigualdad se perpetuará: “No se trata de si venimos o no, ya estamos aquí, formamos parte de esta sociedad diversa”.

Un matrimonio no da crédito cuando su empleada del hogar, que trabaja como interna, anuncia que se va en busca de la libertad total. No ansía nada más para su vida que sentarse en un banco de la calle a escuchar el canto de los pájaros. Le da igual no tener ingresos o un sitio en el que dormir, de hecho, quiere librarse de cualquier cosa que le impida decidir qué y cuándo hacer lo que le apetezca. Ni maletas quiere: mete sus pertenencias en unas cajas que ata con un cordel y, después de despedirse de sus ya antiguos jefes, que la tratan de loca e insensata, se lanza a las calles de París con la intención de encontrar un rincón en el que ser feliz. Es el comienzo de la historia de la protagonista de Renata sin más, la novela escrita a modo de monólogo interno por Catherine Guérard en 1967. La editorial Tránsito la acaba de publicar en castellano traducida por Regina López Muñoz.

La idea de libertad de cada parte no puede estar más enfrentada. Si para el señor no se puede ser libre si no se gana dinero y eso se consigue con el trabajo, la monologuista opina precisamente lo contrario: “Trabajar para qué, con el dinero metido en una caja y siempre encerrada entre cuatro paredes que aborrezco”, le dice. Si bien el marido y la esposa intentan convencerla para que se quede –sin demasiado ímpetu–, la protagonista está decidida. Pero cuando ya ha dicho adiós a todo el mundo y comienza, por fin, su existencia libre, se encuentra con trabas a cada paso. No puede dormir en cualquier sitio aunque no moleste, ni entrar al andén del metro sin pagar aunque no vaya a viajar ni sentarse en un banco bajo la lluvia aunque no le importe mojarse. Las personas que la rodean se inmiscuirán de una forma u otra para ponerle freno a su existencia.

Pero ninguna de las trabas que se encuentra en el camino son peores que la vida como interna. Uno de sus recuerdos más satisfactorios es el de las ocasiones en las que conseguía vengarse de su patrona, como cuando no atendía a sus peticiones haciéndose la despistada. “Qué lejos quedaba todo eso, la casa de la señora, y la campanilla, y la señora Florence que entraba en la cocina dos minutos después y decía 'Me parece que no ha oído usted la campanilla', y yo decía 'No, no la he oído', y la risa me desbordaba el corazón porque en ese momento la patrona era yo, no la señora”, rumia la protagonista de la novela. Está llena de una rabia acumulada durante años de servidumbre a unos burgueses que no pueden ni imaginarse qué alternativa mejor a su casa puede tener una criada.

“Que decía que un embajador de Francia la había amado con locura, dijo la señora, pues mira, siempre tendrá la opción de entrar de asistenta en el Ministerio de Exteriores, dijo el señor”. Esa conversación sucede mientras ella empaca sus bultos, entre los que se encuentra un fajo de cartas de amor firmadas por Paul. No se dan más detalles sobre esa persona, podría estar muerto o paseando por los Campos Elíseos, pero resulta que es fácil encontrar una conexión con él en la vida real pese a la falta de detalles.

Hay muy pocos datos sobre la biografía de la escritora de Renata sin más, aunque uno de ellos es que fue amante del periodista y escritor Paul Guimard, que le escribió unas cartas que aún se conservan. Como las que la heroína de Guérard guarda en una de sus cajas atadas con cordel. La autora, que nació en 1929, solo publicó dos libros: Ces princes (1955) y el que ahora ha traducido Tránsito, que está escrito sin puntos, estuvo a punto de ganar el Premio Goncourt y está dedicado a François Mitterrand. Y, después, nada más que la fecha de su muerte: el 14 de julio de 2010. Como la protagonista de Renata sin más, cogió sus cosas y se fue de la vida pública.

Fregar el suelo y limpiar las ventanas

La realidad sobre el trabajo doméstico ha generado diversas obras literarias específicas, tanto de ficción como de ensayo. Un ejemplo de lo segundo es Nunca delante de los criados. Retrato de la vida arriba y abajo, de Frank Victor Dawes, publicado originalmente en 1973 y que la editorial Periférica recuperó en 2022 traducido al castellano por Ángeles de los Santos. En 1972, el autor puso un anuncio en el periódico The Daily Telegraph solicitando testimonios de personas que hubiesen trabajado como empleadas del hogar en Reino Unido para un trabajo de investigación. Dawes se fue de vacaciones con su familia y al regresar se encontró que, en lugar de las 30 o 40 cartas que se esperaba, había recibido más de 250 respuestas y aún quedaban más por llegar.

El libro fue un auténtico best seller y, de hecho, la mítica serie británica Arriba y abajo coge muchos detalles de las experiencias narradas en el título, como también se aprecian en otras ficciones como Downton Abbey. La realidad estaba bastante alejada de esas series –sobre todo en la segunda– donde la vida doméstica de los trabajadores se romantiza. Aunque no todas las cartas cuenta malas experiencias y también hay testimonios masculinos de mayordomos o lacayos, lo cierto es que una gran parte de las criadas tuvieron que aguantar acoso sexual, precariedad, malas condiciones y, en muchas ocasiones, el desprecio absoluto de sus empleadores que ni siquiera se sabían sus nombres.

Cristina Sánchez-Andrade recoge en su ensayo breve Fámulas (Anagrama, 2022) la experiencia de cuatro mujeres extranjeras –de Portugal, Honduras, Cabo Verde y Nicaragua– que han trabajado en España como empleadas del hogar. Los testimonios no están aderezados con ningún edulcorante: abusos sexuales, violencia y menosprecio que hacen ver que la realidad de ese sector no ha cambiado tanto desde los tiempos de Frank Victor Dawes. De hecho, hasta 2022 no se aprobó el decreto que da derecho a estas trabajadoras de cobrar el paro y a tener una cobertura legal más amplia (en el caso de que estén contratadas, claro).

La autora pensó en escribir este libro después de ver la obra de teatro Las criadas, de Jean Genet, basada en el crimen de las hermanas Papin, que conmocionó a toda Francia en los años 30 del siglo pasado. Ambas trabajaban como criadas en la misma casa y, un día, asesinaron a la señora y a su hija de una forma terrorífica –les sacaron los ojos con una cuchara cuando aún estaban vivas, por ejemplo–, limpiaron los utensilios que usaron y se acostaron en la cama de su habitación a esperar a la policía, abrazadas. El crimen suscitó un gran debate en el país, que se dividía entre los que pensaban que eran unas asesinas sin alma y los que las consideraban unas heroínas de la lucha de clases. Aún no existía X.

La editorial Capitán Swing añadió a su catálogo Criada. Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre, de Stephanie Land en 2021, un best seller en Estados Unidos que llegó a colarse en la lista de lecturas de verano de Barack Obama. Además, Netflix la adaptó también con éxito a la pantalla bajo el título La asistenta, protagonizada por Margaret Qualley y Andie McDowell, con lo que la historia de superación de una joven desclasada con una hija pequeña se hizo conocida en todo el mundo. En su libro, Land recoge su experiencia como empleada del hogar pero también la de las personas que se encontró en el camino y con las que compartió la realidad de los trabajadores ‘no cualificados’ en su país.

En Yeguas exhaustas (Los Aciertos / Pepitas de Calabaza, 2023), Beatriz Navarro recuerda cómo acompañaba a su madre a limpiar apartamentos turísticos en verano. Ella era una niña y a veces podía darse un baño en las piscinas de las urbanizaciones que tenían, aunque los inquilinos no dejasen que sus hijos jugasen con ‘la hija de la limpiadora’. Se acostaban tarde y se levantaban de madrugada, la madre trabajaba durante horas y horas y ella la acompañaba. Un día, aburrida, miró debajo de una cama, vio un preservativo usado y lo cogió. Era pequeña, no sabía lo que era y cuando se lo preguntó a su madre, esta le dio un manotazo para que lo soltara. Ambas lloraron. “No volvimos a decirnos nada hasta que llegamos a casa. Quizá esa noche mi madre empezó a soñar con que fuera cajera del Mercadona para no tener que recoger el semen de nadie”, escribe Navarro.

Yessica enterró a su bebé el pasado 19 de septiembre, después de tener que interrumpir su embarazo de cinco meses por graves problemas en la salud de la niña que esperaba. “Fue durísimo, es un dolor que me acompañará siempre”, dice a elDiario.es. Después del entierro fue a trabajar, no se cogió ningún día “para no faltar” a su puesto como limpiadora en el hotel H10 Marina de Barcelona, de cuatro estrellas. Días después, el 30 de septiembre, fue despedida de manera disciplinaria por bajar su rendimiento, según la empresa, continuada y voluntariamente.

La trabajadora, una camarera de pisos, limpiadora o también llamada kelly, explica que no daba crédito cuando le entregaron la carta de despido. “Es muy injusto, muy injusto”, repite una y otra vez entre lágrimas. Llevaba trabajando en el hotel desde principios de año y, al mes de entrar a trabajar, su superior, la gobernanta de las camareras de piso, le comunicó la satisfacción con su trabajo y que le ampliarían las horas de contrato, como ha podido comprobar ese medio.

Yessica explica que se había quedado embarazada de manera inesperada poco después de empezar a trabajar y al principio no lo comunicó a la empresa por miedo a que prescindieran de ella. “Seguí haciendo mi trabajo normal, me dijeron que me ampliarían las horas y estaba contenta, necesitaba el trabajo”, relata al otro lado del teléfono.

Pero las primeras pruebas del embarazo empezaron a mostrar que algo no iba bien. “Veían algo sospechoso, pero me tenían que hacer más pruebas y yo me metí en el papel de que todo estaba bien, que la niña iba a estar bien. La veía en la ecografía...y me decía que eso”, relata.

Yessica cuenta que, como no había comunicado el embarazo en el hotel, se hacía las pruebas que requerían reposo aprovechando las dos jornadas de libranzas estipuladas. “Así no me tenía que pedir ningún día”, apunta. Sin embargo, los análisis y pruebas fueron confirmando los peores pronósticos: “Me tenían que hacer una prueba del líquido amniótico, que requería más reposo y ahí me vi obligada a contarle a la gobernanta”.

Eso fue mayo, un mes antes de la interrupción del embarazo. Yessica cuenta que trabajó hasta el día antes de la operación, el 26 de junio, para no ausentarse de su puesto. “No cogí la baja antes, aunque lo estaba pasando muy mal. Esto es algo muy duro y difícil de vivir, yo sentía a mi bebé...”, lamenta. Estuvo de baja un mes y una semana y fue al médico a pedir el alta. “Me estaba ahogando en casa, tenía que ser fuerte, tirar por mi otra niña, que acaba de cumplir siete años”, apunta.

La trabajadora se reincorporó a su puesto y, tres meses después, vivió otro de los momentos más amargos de su vida: el entierro de la bebé. Yessica relata que el hospital le explicó que había dos opciones respecto a los restos del feto: una que facilitaba el centro sanitario y que implicaba que su hija estaría en “una fosa común, con más bebés”, y otra a través del Ayuntamiento que “tardaba algo más, unos meses”, pero en la que había un entierro para ella: “Quería que tuviera un lugar para poder visitarla, para llevar a mi hija algún día y decirle que ahí estaba su hermana”.

A la calle sin indemnización

El entierro fue el 19 de septiembre y, la semana siguiente, el sábado 30, estaba despedida. Fuentes de H10 Hotels confirman a elDiario.es el cese disciplinario, sin derecho a indemnización. “El despido se produjo por causas que, evidentemente, nada tienen que ver con la situación sufrida por esta empleada y que lamentamos profundamente”, se limitan a afirmar desde la compañía a las preguntas de este medio sobre este caso.

La justificación del despido disciplinario por parte del hotel, a la que ha tenido acceso elDiario.es, señala a la trabajadora por “no cumplir con las instrucciones” de la empresa, en la que detallan tres faltas –el día después del entierro de la pequeña– por pasar a limpiar las habitaciones minutos antes de lo apuntado en los registros.

Sin hacer referencia en ningún momento a la circunstancia que estaba viviendo la limpiadora, le achacan también una “disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo” normal o pactado, aunque no se especifica cuál es ese estándar ni cómo mermó la limpiadora su desempeño, con ninguna referencia concreta.

El hotel alegó en la carta que su superior había analizado su labor, que le había “advertido varias veces sobre su disminución en la cantidad y calidad de trabajo” y que la limpiadora le había dicho “que tenía otro trabajo por las mañanas” y que quizás ese fuese el motivo por el que había bajado su rendimiento. El abogado de la empleada, Ramón-Alexandre Salvat, de Auris Avocats, niega estos hechos así como el descenso del rendimiento de la limpiadora, como considera que queda en evidencia con la voluntad de Yessica de no ausentarse de su puesto, pese a los duros momentos vividos.

El laboralista advierte además de que esa supuesta reducción de su desempeño no queda probada con ningún tipo de dato objetivo, como se requiere en estos casos por los tribunales, y critica “la insensibilidad” del hotel de acharcarle tres faltas “que no son graves” justo el día después de enterrar a su bebé para justificar su cese.

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Barcelona, asegura que “es necesaria una prueba clara y precisa de tal disminución voluntaria, en primer lugar, y que ello haya implicado que el rendimiento 'normal o pactado' haya disminuido”. La necesidad de una prueba clara y precisa “hace que en más de una y dos ocasiones esta causa de despido vaya acompañada después, o inmediatamente, de un reconocimiento de la improcedencia”, para que la empresa abone la indemnización por despido improcedente, explica el catedrático.

Demanda por discriminación

La trabajadora ha demandado al hotel por despido nulo, como adelantó el medio especializado Economist&Jurist. Ramón-Alexandre Salvat denuncia la existencia de un despido “discriminatorio por razón de sexo” que considera que viene motivado por “el estado de salud de la trabajadora y de la situación de embarazo de la empleada” que, debido a las complicaciones, dio lugar a una interrupción de la gestación y la baja laboral de la empleada.

“Entendemos que existen indicios racionales de que se ha producido una autentico ataque contra los derechos fundamentales de la trabajadora pues el despido es motivado única y exclusivamente por cuestiones ginecológicas”, razona la demanda, tras conocer el hotel el embarazo de riesgo, la baja de la limpiadora por el aborto y “las consecuencias patologías que le causaron a la demandante”.

La defensa de la limpiadora exige la declaración del despido nulo, así como una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros ante la vulneración de derechos fundamentales de Yessica. El abogado destaca que se trata de una “potente compañía hotelera” y una actuación muy grave, por lo que toma como referencia la multa por una infracción muy grave en su grado medio recogida en la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). El grupo H10 Hotels obtuvo un beneficio de 15,9 millones de euros en 2022, con una facturación de 41,9 millones, según se puede ver en sus cuentas recogidas en el portal InsightView.es.

Yessica sostiene que, aunque le cueste remover todo lo sucedido, se decidió a denunciar porque necesita que se pruebe “la injusticia” que han hecho con ella. Su sufrimiento por el aborto y la pérdida del bebé se incrementó ante el despido, que aún sigue sin asimilar. “Intento entenderlo, pero no puedo, necesito saber por qué hicieron esto”, afirma la trabajadora.

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Alrededor de 350 personas integran la Asociación de Trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza. Todas, menos dos hombres, son mujeres. Y ninguna de estas personas es de origen español. Denuncian la situación de cuasi “esclavitud” que viven las internas, todas mujeres, y en su mayoría sin papeles. Han conseguido el derecho al paro, pero siguen a la espera de la aplicación e implementación del convenio 189 de la OIT y a ser incluidas en el Régimen General de Trabajo para dejar de cotizar por tramos y equiparar sus derechos con el resto de trabajadores.

El día 30, con motivo del día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la asociación de la que es usted presidenta, organizó una movilización en Zaragoza. ¿Cuál es el perfil de persona que llega a esta asociación?

Son mujeres, de origen extranjero, en situación irregular que necesita trabajar para poder vivir aquí. En este momento más de 350 mujeres forman parte de la asociación. En cuanto a la edad, hay mujeres de todo tipo: desde las que deberían jubilarse, hasta chicas de veinte años que, por cierto, en los últimos años, cada vez son más. Tan solo hay dos hombres. Y en ningún caso tenemos o hemos tenido presencia de personas de origen español. 

Apuntas que, en la asociación, no hay mujeres que sean de origen español ¿Por qué habéis detectado que se produce este hecho?

Porque, aunque también hay mujeres de origen español que trabajan como empleadas del hogar, sobre todo en limpieza, su realidad respecto a las mujeres inmigrantes es muy distinta. Las mujeres de nuestra asociación, en la mayor parte de los casos, no tienen redes, ni familia. Carecen de un entorno en el que apoyarse y eso hace que se vean obligadas a aceptar trabajos que, en otras condiciones más favorables, nunca aceptarían. 

También asegura que, en los últimos años, han visto como cada vez más mujeres jóvenes llegan a la asociación ¿Qué las lleva a trabajar como empleadas del hogar? 

En los últimos años ha aumentado la llegada de personas jóvenes de otros países. Chicas de unos 23 o 24 años. Cuando están aquí, se encuentran con una Ley de extranjería que les da pocas opciones, incluso a aquellas que tienen una carrera universitaria. Sin embargo, conseguir un trabajo como empleada del hogar, en limpieza o en cuidados es relativamente sencillo, aunque tu situación no esté regularizada. En los hogares no hay inspección. La economía sumergida está ahí, pero todo el mundo mira para otro lado.

¿Cómo y porqué llega una mujer extranjera a trabajar como interna o como trabajadora del hogar?  

Porque no nos queda otra opción. Para conseguir tarjeta de residencia y trabajo la Ley de extranjería contempla varios casos. Uno de ellos es el arraigo laboral, otro por formación, que no te permite trabajar, así que solo lo pueden cumplir los jóvenes que puedan mantenerse por sus medios durante el año que contempla la Ley; y el otro es el arraigo social, el más común, y es el que te conceden a los tres años de vivir en el país, demostrándolo con el padrón y con un contrato de trabajo, pero durante esos tres años tienes que vivir de algo y, como ya he dicho, donde no hay inspección, no hay altas en la seguridad social, y hay trabajo es en las tareas de cuidado, limpieza y hogar. 

Carolina, tienes 47 años. Desde hace trece, trabajas como empleada del hogar y tu primer trabajo fue como interna ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?

Fue un tiempo muy duro. Cuando llegué a España, mi pareja no tenía trabajo así que yo encontré un empleo como interna, cuidando de una persona mayor por 600€, y lo acepté. Aguanté un año. No dormía. Me levantaba hasta diez veces por la noche porque la familia no quería ponerle a esta persona mayor un pañal para dormir y tenía que atenderle cada vez que me llamaba o que le escuchaba moverse para evitar que se cayera. Esta falta de descanso me provocó problemas de sueño crónicos. No tenía días festivos, aunque yo sabía que me pertenecían. Te sientes encerrada, sin intimidad y muy sola. Dentro de lo que cabe yo tuve suerte. Otras compañeras viven a diario situaciones de violencia verbal, les limitan la comida o no les permiten tener una dieta diferente a la que lleva la persona mayor, algunas ni siquiera tienen una habitación, las obligan a dormir con la persona a la que cuidan o les hacen un hueco en el salón o incluso en la cocina para dormir. Es una situación denigrante. 

Esta situación ¿es la misma para las mujeres que tienen sus papeles en regla? 

No, es muy distinta. Para las mujeres regularizadas la Ley dice que pueden trabajar cuarenta horas semanales y, además, permite hacer otras veinte horas presenciales. Pero como interna tu jornada media es de 16 horas al día, con lo cual ya estás haciendo horas de más. La Ley también reconoce que el fin de semana debes tener 36 horas de descanso continuas, que rara vez se cumple, hay ofertas de trabajo por  salarios de 700 u 800 euros, que no llega ni al salario mínimo, y con una salida de una vez al mes. Esas son las ofertas que las trabajadoras de nuestro sector están aceptando por una cuestión de extrema necesidad. 

Vuestra asociación representa a las trabajadoras de Zaragoza ¿sois conscientes de que estas condiciones se produzcan en el resto de Aragón? 

Sí, somos conscientes de que esto pasa en el resto de Aragón y en otros lugares. También se da la circunstancia de que muchas mujeres son contratadas desde Zaragoza, pero para ir a trabajar a los pueblos, a cuidar de personas mayores que están lejos de sus familias. Esta situación todavía provoca que se sientan más desarraigadas, en un pueblo donde no conocen a nadie, donde no está la asociación para apoyarlas. Muchas de estas mujeres viven en una situación forzosa de aislamiento y soledad.

¿Cuáles son los logros que habéis conseguido hasta el momento gracias a vuestro movimiento?

Hemos conseguido que desaparezca la figura del desestimiento, que daba la posibilidad al contratante de despedir sin motivación alguna. Recientemente se ha aprobado la Ley de riesgos laborales, pero no es efectiva porque no hay un texto en firme hasta el momento. Esperamos que siga adelante y que se concrete lo antes posible. Otro de los logros importantes para nosotras es haber conseguido que se nos reconozca el derecho al paro, aunque no será factible hasta que se cumpla un año desde su aprobación, es decir, en octubre de este año. Hasta ahora, aunque tuvieras papeles en regla y estuvieras contratada no tenías derecho al paro. Hay mujeres que llevan quince años trabajando en este sector y si las despidieran mañana, no cobrarían ningún tipo de subsidio por desempleo. 

Y ¿Cuáles son ahora mismo vuestros objetivos?

Seguimos luchando para que se nos incluya en el régimen general, que haya una creación de categorías profesionales donde se distinga las labores de limpieza y de cuidados y donde haya un reconocimiento del impacto de la salud física como psicológica de las trabajadoras. Pero, sin dejar de lado eso, el principal objetivo es poner en el foco en las mujeres que están trabajando como internas en lo que consideramos que es un régimen de “semi esclavitud”. Creemos que esto tiene que cambiar, y que lo tiene que hacer a nivel general. Tanto las familias como el Estado deben encontrar una forma de resolver esta situación, bien sea a través de ayudas económicas, o ampliando las prestaciones de los servicios de ayuda a domicilio que existen ahora. Creando políticas públicas de cuidados. Somos conscientes de que hay familias que necesitarían hasta tres personas para los cuidados de un familiar; dos entre semana y una para los fines de semana, y que esto es inviable. Pero no pueden explotar a las trabajadoras como lo están haciendo, con jornadas inhumanas, en condiciones denigrantes o contratadas por menos de la mitad de las horas que trabajan. 

¿Qué papel ocupan los hombres en este sector? ¿Hay espacio para ellos?

Por supuesto que lo hay, y son muchos los hombres, todos de origen extranjero, los que vienen a la asociación en busca de información para trabajar en el sector de la limpieza y de los cuidados, pero la sociedad no termina encajarlos en estas tareas. Por lo general, las familias que contratan ven más capaz para cocinar y limpiar a una mujer que a un hombre. Y no digamos ya cuando se trata de cuidados y de la higiene personal. De entrada, las personas mayores no se sienten cómodas si es un hombre el que les tiene que limpiar, así que nunca se les contrata. 

A lo largo de la entrevista ha nombrado en varias ocasiones las palabras redes y soledad ¿Qué significa la asociación para las mujeres, y también para los escasos hombres, que formáis parte de ella?

Es una segunda familia. Además de los talleres de orientación laboral que impartimos, y de luchar por erradicar las desigualdades y las injusticias que vivimos en nuestros trabajos, hemos intentado que se cree un ambiente de comunidad. Por eso organizamos actividades de carácter lúdico en las que se implican otras asociaciones. Hemos hecho talleres de fotografía, de cocina, actividades en bicicleta y tenemos un huerto comunitario. Es una forma de invitar a las asociadas para que se conozcan y creen círculos. Desde la asociación organizamos las tareas de riego, de siembra, de cuidado, y la recogida de los alimentos, y después, lo que hemos cultivado lo repartimos entre todas. Intentamos que esta asociación haga la función de red, esa que nos falta a muchas cuando llegamos solas a un lugar nuevo. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha reconocido el derecho a una mujer a ser indemnizada por su exmarido con la cantidad de 204.624,86 euros como compensación por el trabajo en el hogar y cuidado familiar realizado durante el matrimonio, estando vigente el régimen de separación de bienes.

De esta forma lo recoge la sentencia, dictada en el procedimiento en el que se pedía que se declarara el divorcio del matrimonio y una serie de medidas, entre ellas una compensación por trabajo doméstico, ya que ella durante el tiempo del matrimonio, y estando en régimen de separación de bienes, desarrolló “en exclusiva” todas las tareas del hogar y cuidado de las dos hijas en común, según la demanda.

En dicho documento, se instaba a reconocer tal compensación ya que mientras que la mujer “se veía privada de toda posible trayectoria laboral por esa dedicación exclusiva al hogar y la familia”, el hombre, “a lo largo de los años de matrimonio acumuló e incrementó exponencialmente su patrimonio privativo”, sin que esto redundara en un aumento por parte de ella.

Ayuda para incorporarse al mercado laboral

En esa parte de la demanda, consultada por Europa Press, se establece la cantidad de compensación solicitada según el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada año transcurrido desde cuando se casaron, en concreto junio de 1995, hasta 2020 cuando se produjo la separación. Ahora, la sentencia, que no es firme y se puede recurrir, considera probado que la mujer, de 48 años, ha estado dedicada al cuidado del hogar y de las hijas, “con todo lo que ello implica, contribuyendo puntualmente en los negocios familiares” y realizando trabajos puntuales de limpieza.

La jueza explica que aunque la representación del marido diga que se le compensó con el traspaso de parte de las participaciones de una empresa, “no consta en modo alguno que dicha cesión se hiciera para compensarla en caso de la ruptura de los cónyuges y en aras a excluir la aplicación en su caso de lo contenido en el artículo 1.438 del Código Civil”.

Por eso, en la resolución se establece esa compensación, además de una pensión alimenticia y que cada cónyuge se haga cargo de determinados gastos de la vivienda y de la mitad de los que se generen de forma extraordinaria. También se fija una pensión compensatoria durante dos años, tiempo que se estima “adecuado” para que ella pueda incorporarse al mercado laboral.

Reconocimiento a un trabajo “en la sombra”

De hecho, según la letrada que ha llevado el caso, Marta Fuentes, del despacho Gentius Abogados de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, una vez separada la mujer ha terminado la ESO para mayores de 18 años y ha iniciado varios cursos de formación, aunque actualmente tiene problemas de salud. La abogada ha indicado que esta sentencia “supone ante todo el reconocimiento de la labor de todas aquellas mujeres que están en la sombra y que sin duda constituyen un apoyo fundamental personal, marital y familiar durante años y años de matrimonio a los efectos de que el que fuera su marido además de poder consolidar una familia, desarrolle una carrera profesional y un incremento patrimonial del que en el momento de la ruptura no pueden disponer”.

Al respecto, ha indicado que muchas de estas mujeres quedan “en situaciones precarias y con escasas posibilidades de acceder al mercado laboral dada su exclusiva dedicación a la familia y en su mayor parte a los negocios de sus maridos”. “Sin duda se merecen no sólo el reconocimiento, sino la cuantificación de ese trabajo sin el cual no existiría ese patrimonio”, ha considerado.

Así, ha manifestado que desde Gentius Abogados esperan “que si esta sentencia es recurrida sea ratificada íntegramente por la Audiencia Provincial de Málaga a fin de que abunde en la jurisprudencia ya existente al respecto hasta su total consolidación y normalización”.

Hay mañanas en las que Alicia Graña se despierta sin saber en qué municipio de Bizkaia trabajará como empleada de ayuda a domicilio de personas dependientes. Tampoco cuántas casas le tocará visitar en esa mañana. Lo que sí sabe, desde hace siete años, es que su sueldo seguirá siendo el mismo: poco menos de 1.000 euros. “Hay días en los que nos levantamos sin saber a dónde tenemos que ir porque te pueden llamar para que vayas a un servicio en el último momento. Por eso, la disponibilidad tiene que ser absoluta. Nuestra jornada laboral va de entre las 07.00 y las 22.00 y tenemos que cumplir con las horas de trabajo dentro de ese tramo horario. Otro de los problemas son los kilómetros, ya que atendemos a casas de toda Bizkaia, un día puedes empezar en Marquina-Xemein y terminar el Valle de Carranza, aunque los separen más de 100 kilómetros. Todo eso con nuestro coche y el kilometraje que nos pagan es una vergüenza, no nos da ni para la gasolina”, lamenta la trabajadora, que lleva 33 años ofreciendo este servicio.

Desde hace 22 años, Maite trabaja en la ayuda a domicilio de Bizkaia. Atiende una media de cuatro casas al día, pero pueden llegar a ser hasta seis. Se encarga de despertar a la persona, asearla, vestirla, darle el desayuno y recoger un poco la casa. Eso por las mañanas. Por las tardes, sigue dando comidas y recogiendo lo necesario y, por las noches, lo mismo que a las mañanas, pero a la inversa. En su mayoría, las personas a las que cuida son muy mayores y viven solas, por eso es importante tratar de entablar una conversación con ellas, porque puede que sea la única que tengan en todo ese día. “Tenemos que estar alerta, activas y con buen humor porque cuidamos de personas que realmente lo necesitan. A pesar de que es un trabajo totalmente físico, porque tenemos que agacharnos mucho a hacer la cama, asear a las personas o limpiar, los dolores de espalda o lumbagos no nos cuentan como enfermedad laboral. Es un servicio totalmente precarizado”, critica Maite, que prefiere no decir su apellido.

Ambas coinciden en que solo con su salario es imposible llevar una vida digna. La mayoría de las trabajadoras no tiene posibilidad de realizar una jornada completa, por lo que el salario rara vez supera los 1.000 euros. “Hay muchas trabajadoras con jornadas parciales y con contratos fraudulentos que llevamos años denunciando. Tú no sabes cuánto vas a cobrar cada mes, la que un mes tiene suerte puede llegar a cobrar 1.000 euros o algo más si consigue la jornada completa porque le han podido meter horas, pero hay meses en que solo podemos trabajar 15 horas y es una vergüenza el dinero que ganamos. En mi caso, yo tengo un contrato de 15 horas, pero con disponibilidad para que me puedan llamar si una compañera se pone enferma o no puede acudir por algún otro motivo, aun así con este salario solamente es muy complicado”, sostiene Graña, quien señala, además, que el sector cuenta con familias monomarentales cuya situación es aún más precaria.

Al igual que Andrea y Maite, otras 1.500 trabajadoras viven lo mismo cada día. Una situación “injusta e insostenible”, como ellas mismas han denunciado este lunes frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao con una manifestación que ha abierto la primera de las cuatro jornadas de huelga en el servicio convocadas -por ahora- para este 2023. “Este es un sector de mujeres que han dado el callo a lo largo de todos estos años, incluido el confinamiento y toda la pandemia, cuidando a personas dependientes. Estamos ante una patronal que es insaciable, las trabajadoras llevan siete años con el salario congelado y ha propuesto un 3,6% de subida en seis años, es algo inaceptable. Queremos hacer un llamamiento a las administraciones públicas: es una vergüenza que este servicio que se paga con los impuestos de todos los ciudadanos, que han visto incrementadas las licitaciones en los Ayuntamientos, esté realmente enriqueciendo los bolsillos de las patronales. ¿Por qué el incremento en las licitaciones no repercute en el salario de las trabajadoras, que son quienes aguantan sobre sus espaldas el cuidado de las personas dependientes?”, se ha preguntado Loli García, representante de CCOO, al inicio de la manifestación, en la que ha participado también el sindicato UGT.

Por su parte, desde UGT, Raúl Arza ha insistido en que la propuesta de la patronal de una subida del 3,6% en los próximos tres años -un 1% en 2023, otro 1% en 2024 y un 1,6% en 2025- , teniendo en cuenta que ya llevan “siete años de retraso” es una “tomadura de pelo”. “Se están riendo de las trabajadoras. No quieren dignificar este tipo de trabajos y las administraciones públicas deben ser quienes exijan que la subida en las licitaciones tiene que suponer también un incremento en los salarios de las trabajadoras. Es una responsabilidad de todo y una obligación social”, ha argumentado.

Tras una parada frente a la sede del Gobierno vasco, donde han desplegado una pancarta en la que se leía “Convenio ayuda a domicilio” y pegatinas con el mensaje “Salario o conflicto”, decenas de trabajadoras han recorrido la Gran Vía bilbaína con cánticos como “Con cero subida no me da la vida”, “sinvergüenza, usurero, te quedas con mi dinero” o “Con esta patronal, vamos fatal”. De no haber negociación tras los cuatro días de huelga convocados, que siguen a más jornadas de paros que han cumplido en los últimos años -también en el pasado mes de diciembre-, las trabajadoras no dudan en seguir con las protestas hasta lograr su objetivo: salarios y trabajos “dignos” para aquellas que en su momento fueron “esenciales” y han pasado a ser, a día de hoy “ninguneadas”.

Esta legislatura está siendo una de las más intensas en cuanto a cambios en la normativa laboral. Y no solo por la reforma aprobada a principios de año: hojas de registro de la jornada laboral, los ERTE, nuevas condiciones para las empleadas de hogar, la posibilidad de una semana laboral de cuatro días…

Le hemos preguntado por estas y otras cuestiones al director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha. Juan Díaz Rokiski vive en Toledo desde los seis años. Estudió en el IES Universidad Laboral y en 2001 aprobó las oposiciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Laboral a las que se apuntó casi por casualidad, tras ver un anuncio en un periódico. Tras los primeros pasos profesionales en Badajoz volvió a Toledo en 2004. Desde 2012 ocupa el cargo de director territorial. “En mi familia no hay precedentes profesionales relacionados con el Derecho. Mis padres se alucinaron cuando me presenté a las oposiciones”, comenta entre risas durante una entrevista en la sede territorial.

Tras más de 20 años de experiencia cree que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “ha dado un salto para bien. Ahora es mucho más preventiva que reactiva”, nos dice. También que antes había menos denuncias que ahora. “Quizá porque era un servicio mucho menos conocido”.

De las inspecciones a iniciativa propia y aleatorias en cada territorio, se ha pasado a las actuaciones “programadas” y eso, sostiene Juan Díaz, “es una situación muy deseable porque supone ir a algo concreto a las empresas”. De hecho, abunda, “ahora disponemos de una herramienta predictiva para casos de fraude. Por ejemplo, en las contrataciones y en otras situaciones. Eso nos permite tener indicios de que en una determinada empresa pueda haber algún problema”.

Acaba de aprobarse la programación para 2023 por parte de la Comisión Operativa Autonómica, en la que participan el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha. Será su hoja de ruta en la comunidad autónoma de cara al próximo año “con mucho detalle, provincia a provincia” y con objetivos que explica a lo largo de la entrevista.

El inspector de Trabajo ha sido históricamente una figura temida y a la vez odiada por la patronal. ¿Cree que la percepción hacia su trabajo ha cambiado?

Creo que ha mejorado mucho. Quiero pensarlo por lo menos. En los más de diez años que llevamos trabajando como equipo territorial hemos hecho un esfuerzo muy grande para acercar la labor de la Inspección a sus destinatarios. Tenemos reuniones constantes, jornadas con sindicatos y las patronales… El contacto es muy fluido. Estamos abiertos a contar lo que hacemos. Soy un convencido de que las organizaciones no solo han de ser útiles, sino que deben demostrarlo.

Somos valedores del trabajador, pero creo que el empresario a nivel individual y asociativo también tiene una buena imagen de nosotros. Al menos en Castilla-La Mancha no creo que nos vean como enemigos.

Este año 2022 ha sido el más ‘normal’ tras dos años de pandemia. ¿Cómo la vivieron ustedes?

Nos cambió totalmente la forma de actuar. Había unas necesidades laborales muy urgentes. Los expedientes de regulación de empleo aterrizaron de un día para otro sobre la mesa de la Administración laboral. Eran miles y miles en toda España que había que gestionar en una situación muy complicada.

¿Cómo lo hicieron?

El teletrabajo existe desde hace mucho en la Inspección de Trabajo. En 2001 ya nos daban un ordenador portátil y se funcionaba no con horarios, sino por objetivos. Durante la pandemia fue muy fácil en ese sentido, pero hubo mucho trabajo: informes y muchas salidas. Había miedo entre trabajadores y empresas y se produjeron muchas denuncias.

Quiero poner en valor la labor de las compañeras y compañeros porque salieron cuando no había ni mascarillas durante el confinamiento. Afrontaron el riesgo que todos sufríamos en esa época. Incluso apoyaron a los funcionarios del SEPE en la tramitación de las prestaciones por desempleo para agilizar documentación.

Se trabajó también con intensidad después en la tramitación y control de los ERTE COVID. En este 2022 hemos podido volver a la normalidad.

¿Detectaron más o menos infracciones durante la pandemia?

La percepción es muy clara: se cumplió. Los incumplimientos fueron muy minoritarios, con porcentajes inferiores al 10% y sobre todo tuvieron que ver con casos de trabajadores que, estando en ERTE, trabajaban.

Con la modalidad del ERTE parcial las cosas se complicaron. Por qué no decir que las empresas tuvieron problemas procedimentales por el colapso en la Seguridad Social, en el SEPE… Hubo casos de mala fe, pero no tengo la impresión de que el nivel de incumplimiento fuera enorme.

Imagino que entonces preocupaba particularmente la salud laboral

Sí, y se plantearon situaciones muy diferentes a las habituales. Había empresas como las residencias de mayores donde la COVID era un riesgo o en el transporte sanitario. Desde el primer día para ellos hubo acción inspectora. Fue complicado. No había equipos de protección, pero tenían que seguir prestando el servicio más que nadie. Tuvimos denuncias de trabajadores y de los sindicatos. Las tramitamos lo mejor que pudimos, dentro de las limitaciones que había.

Para el resto de empresas es cierto que el riesgo no es el mismo. No es puramente laboral sino de salud pública. El Ministerio de Trabajo habilitó temporalmente a la Inspección de Trabajo para actuar de forma preventiva respecto a cuestiones como la distancia de seguridad o la mascarilla obligatoria.  

No podemos tolerar las cifras de siniestralidad laboral que tenemos en la región. Vamos a superar las 1.000 infracciones con sanción, la más alta que hemos tenido nunca

¿Qué balance puede hacerse en cuanto al número de infracciones y su tipología en 2022?

Hemos cerrado los datos básicos provisionales a fecha 28 de noviembre. Por fin hemos recuperado la normalidad y en cuanto a visitas han sido 10.372 en Castilla-La Mancha frente a las 10.100 de 2019. No entro en los años 2020 y 2021. Fueron muy inferiores.

En cuanto a incumplimientos, lo más grave ha sido la siniestralidad laboral. El diagnóstico es que no podemos tolerar las cifras que tenemos en la región. Es nuestro principal campo de actuación. Un 30% de actuaciones son preventivas.

Vamos a acabar el año con más de 1.000 infracciones en materia de prevención laboral sancionadas en acta. Es la mayor que hemos tenido nunca y eso también es fruto de la existencia, desde 2015, de una escala nueva de funcionarios que tienen competencia exclusiva. Son subinspectores de seguridad y salud laboral. Tenemos 21 en Castilla-La Mancha y es en Toledo y Guadalajara donde hay un porcentaje mayor de siniestralidad, quizá por la relación de cercanía con Madrid.

Además, llevamos ya casi 9.000 requerimientos. Solo en el 10% de los casos sancionamos directamente. En el resto damos la oportunidad de corregir vía requerimiento con plazos

¿Por qué ocurre? ¿Qué trasladan los subinspectores? ¿Algún sector en concreto?

Hemos tenido un año pasado especialmente malo en accidentes mortales, aunque la cifra de siniestralidad en sí no es tan grave. La diferencia entre un fallecimiento o un accidente leve a veces está en la suerte. La foto no es buena para Castilla-La Mancha, pero no es exponencial. Estamos en un cierto estancamiento.

Las causas son múltiples según recoge el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2022-2026. Se pone el foco en que somos región de pymes en la que falta cultura preventiva por un lado y de medios de materiales de protección, por otro. Los trabajadores tienen responsabilidad, pero quiero subrayar que el obligado en la prevención es el empresario.

¿En qué se han traducido económicamente las sanciones para las empresas por incumplir la normativa laboral?

Depende del tipo de infracciones. En prevención de riesgos laborales hasta el 28 de noviembre fueron 3.828.000 euros. Es una cifra importante y creciente porque en 2021 fue la mitad.

Creo que lo caro para la empresa no es la sanción de la Inspección de Trabajo. No es nada comparado con lo que puede ocurrir si a un trabajador le pasa algo. Lo caro tiene que ver con lo emocional, con lo humano… Nadie quiere que un trabajador se mate o se accidente y a eso se suma el coste disparado que suponen las bajas de la Seguridad Social, el absentismo laboral, los recargos en las prestaciones, las sanciones o las indemnizaciones.

Creo que cumplir la norma sale más barato que no hacerlo. A esa convicción tienen que llegar todos los empresarios que no cumplen. Afortunadamente la mayoría sí lo hacen.

¿Y cuál es el coste por otro tipo de incumplimientos?

Podemos hablar de incumplimientos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Sobre todo, en cuanto a actas relacionadas con las liquidaciones que son como las inspecciones ‘paralelas’ que todos conocemos en Hacienda, son unos 15 millones. Es una situación cada vez más infrecuente con los cambios introducidos en la normativa laboral.

Donde salen más caros los incumplimientos es en materia de trabajadores extranjeros sin autorización laboral. El coste es muy elevado. Hay 341 infracciones con 3,6 millones de euros en sanciones. En materia de Extranjería las infracciones están muy perseguidas porque tienen un componente de explotación de personas, aunque no siempre, claro.

¿Afecta más al sector agrario que a otros?

A todos. En el sector agrario no es que sea mayor el número de incumplimientos, sino que los grupos a los que se sorprende están más organizados y son más numerosos. De las 341 infracciones detectadas, una sola que afecte a 20 personas pasará en el campo, pero no ocurrirá en un bar, por ejemplo.

Albacete es la provincia donde más ocurre, quizá por su relación con las prácticas en Levante que acaban por influir allí. Se trabaja mucho más en esta zona con la Guardia Civil y la Policía Nacional en combatir este tipo de tramas.

A los empresarios les digo que hay que tener mucho cuidado porque las sanciones no son exactamente por tener a un trabajador irregularmente, sino que detectamos muchos casos de suplantación de identidad de las personas.

La Hostelería y la Agricultura se prestan mucho más que la Industria o el Comercio a situaciones irregulares

Cuando se da de alta a una persona extranjera, lo suyo es tener delante la autorización de trabajo original. No hay que conformarse con documentos o fotos que se pasan a través del whatsapp. A veces se hace así porque las gestorías tienen mucho trabajo. En realidad... todos lo tenemos y luego hay sorpresas cuando llega la Inspección de Trabajo con la Policía Nacional.

 Hemos tenido casos con cierta frecuencia y el empresario quizá no piensa que esté incumpliendo. Entramos ya en el terreno de las mafias o redes dedicadas a la explotación de forma sistemática. Tienen que saber que contratar con intermediarios está prohibido, pero es algo que existe y por eso han de tener mucho cuidado en verificar la identidad de sus trabajadores.

¿Castilla-La Mancha tiene alguna peculiaridad respecto a las infracciones laborales? ¿Hay algún sector más infractor que otros?

Sí tenemos nuestras peculiaridades. Se ha hablado siempre de que las comunidades del norte del país tienen un índice menor de economía irregular. Es un dato público. Nuestra situación es intermedia. No hay un fraude desmesurado al lado de otras regiones.

No es que haya sectores incumplidores porque sí. Se debe a que tienen mayor volumen de población ocupada o hay más actividad temporal con mucha rotación de mano de obra. Siempre se habla de la Hostelería y la Agricultura. Se prestan mucho más que la Industria o el Comercio a situaciones irregulares.

Quiero pensar que eso está llamado a terminarse y que lo que quedará serán situaciones vinculadas a redes o grupos organizados. La falta de alta en Seguridad Laboral o los trabajadores sin contrato están llamados a extinguirse por la propia dinámica de convicción de ambas partes.

No sé si es fácil para la Inspección de Trabajo llegar a un sector como el de las empleadas del hogar. Desde octubre cotizan de forma distinta para acceder al paro

Sí, por fin el Estado español ha ratificado el convenio 189 con la OIT que data de 2011. Eso ha obligado a igualar las condiciones laborales del personal empleado de hogar con el resto de personas trabajadores.

En los últimos dos años el organismo estatal tiene especial interés en reforzar la vigilancia y control en este sector. Es cierto que nos hemos centrado en que, los casos que están declarados, lo estén de forma correcta. Se ha invitado a la regularización relacionada con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con un porcentaje alto de éxito.

El problema está en las personas que trabajan en situación irregular. Hay que lograr un equilibrio en las actuaciones buscando la proporcionalidad porque podemos tener un efecto indirecto: que la gente piense que le trae más a cuenta no regularizar a la persona. Queremos tranquilizar en este sentido. Las actuaciones están dirigidas sobre todo a que se abone el SMI y que se cotice por esa persona trabajadora.

En todo caso, la actuación preventiva aquí es complicada. Tenemos claro que la inviolabilidad del domicilio particular es un derecho constitucional. Por eso buscamos medios indirectos y si las personas trabajadoras creen que deben denunciarlo, que lo hagan. El ‘no’ ya lo tienen.

La reforma laboral obligó a transformar contratos temporales en indefinidos. ¿Se está cumpliendo?

No hay ninguna conflictividad a pesar de las dudas y el revuelo cuando se publicó la nueva reforma laboral. Creo que hubo un esfuerzo de todos en ser razonables. No hay apenas denuncias, aunque las dudas interpretativas existan, teniendo en cuenta las que todavía están pendientes de resolver con el contrato por obra y servicio que se puso en marcha en los años 80. Hay que hacer camino al andar.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, se está llevando a cabo en sus justos términos. ¿El contrato fijo-discontinuo? No lo eludo. Se le ha dado un uso diferente porque se amplían los supuestos. El trasvase de los contratos temporales a los de este tipo no tiene nada de malo porque en nuestro mercado hay actividades que son muy cíclicas. Lo que sí se debe potenciar es la estabilidad: si este año estoy de socorrista, lo suyo es que el siguiente me vuelvan a llamar a mí y no a otro.

¿Pero se sigue abusando de la temporalidad?

Tenemos todavía una convivencia de contratos anteriores y posteriores a la reforma. Ha habido un plan de choque del Ministerio de Trabajo que ha remitido comunicaciones, pero todas vinculadas a contratos de antes. La propia Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha, en sus actuaciones ordinarias, ha transformado otros 4.200 contratos en indefinidos. A 28 de noviembre este año son 9.200 vía plan de choque o por nuestra actuación directa.

Tendemos a que se hagan menos actuaciones porque el fraude es menor. La norma está muy acotada en cuando a duración de los contratos. Es un tipo de fraude que como mucho puede durar seis meses porque si es temporal ha de extinguirse.

¿Cómo está funcionando el registro de la jornada laboral? ¿Hay también mucho fraude? ¿Es posible controlarla?

Parecía una cuestión muy complicada y que iba a ser el fin del mundo, pero se ha ido regularizando. En el 95% de casos era muy sencillo de hacer. Al menos se ha asumido por las partes como una obligación más del ámbito laboral. Como en todo hay empresas que cumplen y otras que no.

A veces nos encontramos disfunciones como que nos tengan preparados los cuadrantes firmados de todo el año. Lo considero en fase de implantación.

CEOE tiene derecho a entender que la vigilancia de los despidos colectivos puede ser una traba más, pero la experiencia no es esa y los inspectores trabajamos con objetividad e independencia

Trabajo les dará competencias para vigilar y avalar o no las causas en los despidos colectivos, aunque CEOE ya ha mostrado su rechazo. “Lo que nos faltaba” decía el otro día el secretario general de la patronal toledana ¿Cómo lo valora usted?

Hay que decir que ha existe un informe por parte de la Inspección de Trabajo, aunque se ciña a los aspectos formales del periodo de consultas o a si está o no completa la documentación.

CEOE tiene todo el derecho a entender que puede ser una traba más, que se pierda flexibilidad, pero me gustaría puntualizar que la experiencia de las empresas y las asociaciones con la Inspección de Trabajo no es esa.

Dicen que se pone en manos de la ministra de Trabajo que se aprueben los ERE. Quiero romper una lanza por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social porque tenemos protegida nuestra autonomía técnica y profesional por los convenios internacionales de la OIT y en la Ley de la Inspección de Trabajo. Ejercemos bajo los principios de objetividad e independencia. No se sigue criterios políticos.

¿La semana laboral de cuatro días? España lleva 100 años con la semana de 40 horas. Si en ese tiempo no hemos mejorado en productividad, a lo mejor es que tenemos un problema

Hablando de la patronal, la de Toledo ha tildado de “gilipolleces” el hecho de que se piense en regular una semana laboral de cuatro días…

Nosotros nos limitamos a hacer cumplir la normativa, que bastante faena es para lograr que se cumpla. Mi opinión personal pasa por recordar que la semana laboral de 40 horas lleva implantada cien años en España. Si en ese tiempo no hemos mejorado nada en productividad, a lo mejor es que tenemos un problema.

Es un tema a estudiar y no para despacharlo ligeramente. Tenemos que pensar si necesitamos trabajar como se trabajaba hace cien años para lograr lo mismo, sin olvidar que tenemos medios tecnológicos que nos permiten ser más productivos y eficientes que entonces.

Aquí en Castilla-La Mancha IU quiere que la Inspección de Trabajo controle también la ejecución de los planes de empleo de la Junta. Sugiere que algunos ayuntamientos aprovechan para cubrir plazas que deberían ser estructurales con trabajo temporal. ¿El sector público cumple?

Entre los funcionarios o el personal estatutario solo tenemos competencias en materia de salud y seguridad laboral. Conviven con el personal laboral. Creo que no se incumple igual que en el sector privado.

La vigilancia de los planes de empleo lo hacemos cuando hay denuncia de los trabajadores o intervención judicial. No creo que sea como para una acción sistemática. Otra cosa es que, si hay incumplimiento y denuncian, seamos los primeros en intervenir.

Con los planes de igualdad, nuestro interés no está en multar porque eso, a las personas trabajadoras, no les aporta nada. Nos interesa que se pongan en marcha

La ministra anunciaba la creación de departamentos de Tecnología y Comunicación, Discriminación Laboral y Fraude. ¿Cómo está el tema de discriminación laboral?

Desde hace muchos años trabajamos de forma intensa en que haya igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social de Guadalajara, sobre un acta de infracción en la que por primera vez se establece que las empresas tienen que considerar la perspectiva de género en materia de seguridad y salud laboral porque los riesgos no afectan por igual a mujeres y a hombres.

Parecía que eso no podía conseguirse, pero desde aquí siempre hemos pensado que sí. Hemos llevado a cabo una actuación en la Inspección de Guadalajara que ha sido confirmada judicialmente. Abrimos camino.

Este año llevamos nueve actas de infracción por razón de sexo. Y otras 11 por atentado contra la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras. No es un número enorme, pero dada la dificultad de la prueba y de su detección, estamos muy satisfechos.

Sobre los planes de igualdad, hemos participado ampliamente en su difusión. Nuestro interés no está en multar porque eso, a las personas trabajadoras, no les aporta nada. Nos interesa que se pongan en marcha. Somos muy proactivos en eso.

Por primera vez en su historia, la Inspección de Trabajo está convocada a una huelga con paros a jornada completa durante los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. Faltan medios personales, denuncian los sindicatos. ¿Cuál es la ratio entre inspectores/ trabajadores? ¿A qué se debería aspirar?

No me gustan mucho las ratios si hay que aplicarlas a territorios como Castilla-La Mancha con provincias amplias y población dispersa. No es lo mismo la Inspección de Madrid, con zonas como Parla que la de Cuenca. Tenemos un inspector por cada 7.000 trabajadores afiliados. Dirán que la ratio es buena pero claro es que no es lo mismo hacerlas en Badalona o en Cullera que aquí.

En 2023 tendremos las plantillas completas en las cinco provincias. Somos 110 personas con funciones inspectoras y otras tantas en labores administrativas

Hay muchas formas de verlo. En España en general la Inspección de Trabajo necesita más medios humanos porque es un servicio público con demanda creciente. El éxito está en que cada vez hay más denuncias y hay satisfacción en cuanto a su resolución. No tanto, debo decir, en cuanto a los plazos de tramitación. Se nos retrasan un poco debido al volumen.

En cuanto a dotación de plantillas hemos tenido muchos problemas, pero tengo que reconocer el esfuerzo del organismo estatal en Castilla-La Mancha. Empezaremos 2023 con las plantillas completas en las cinco provincias. No lo había visto nunca en once años.

En Cuenca y en Guadalajara hemos tenido muchos problemas de dotación, pero ahora las tendremos al completo, pero claro, tenemos un sistema nacional, con su movilidad correspondiente y con plantillas relativamente pequeñas. Eso supone un problema si en un concurso se van tres de los siete inspectores hasta que se vuelven a cubrir.

En 2023 seremos 110 personas con funciones inspectoras, al que se suman otras tantas personas con labores administrativas. Es mucho más de lo que hemos tenido nunca. En 2020 éramos 84. 26 están en Albacete, 22 en Ciudad Real, 13 en Cuenca, 20 en Guadalajara y 29 en Toledo. Entre enero y febrero se incorporarán diez más. No me quejo. Intentamos difundir lo interesante que es trabajar en la Inspección de Trabajo y que se apunten a las oposiciones. Aprovecho para decirlo (risas).

¿Reforzaría algún área en concreto?

Todos los recursos en prevención son bienvenidos, pero la carrera permanente por más, más, más… no enriquece. Gestionamos sí, pero con lo que tenemos hay que optimizar, aunque tengamos que quejarnos si tenemos poco. Más que muchos o pocos, lo que pido es que siempre estén los mismos porque cuesta hacerse con la zona geográfica y conocer las empresas. El conocimiento acumulado es importante. 

“Las pensiones de miseria tienen rostro de mujer”, rezaba una pancarta durante la manifestación llevada a cabo el pasado 15 de octubre en las calles de Madrid contra la brecha de género tanto en salarios como en las retribuciones por jubilación. Enfermeras, administrativas, cuidadoras, limpiadoras, psicólogas... El trabajo doméstico, que histórica y socialmente ha tenido nombre femenino, abarca un sinfín de labores cuyas protagonistas se ven en numerosas ocasiones abocadas a trabajar en la economía sumergida, expuestas a la vulnerabilidad, los abusos y a la ausencia absoluta de derechos.

Una de las afectadas es Beatriz -nombre ficticio-, integrante de la Plataforma por la Convivencia en Eivissa. La veterana activista arremete contra la situación en la que se hallan cientos de mujeres, sobre todo migrantes, que se ven obligadas a trabajar en negro para salir adelante, lo que les impide acceder a la jubilación, mientras que las que reciben una pensión no contributiva por no haber cotizado los años necesarios para ello “cobran una miseria”. “No puede ser que alguien haya trabajado toda la vida y luego tenga que subsistir con menos de 500 euros”, recrimina. 

Beatriz, de origen uruguayo, llegó a Eivissa en los años noventa y, entre otros trabajos, limpió en casas y cuidó de niños y ancianos sin alta en la Seguridad Social hasta que logró obtener la residencia -y aun con el permiso, afirma, “no te lo ponen nada fácil”-. Explica que, como ella, “muchas migrantes llegan para trabajar aquí y durante mucho tiempo tienen que trabajar en negro”. Y a ello se suma, abunda, el hecho de que deben aguardar tres años para poder obtener el permiso de residencia: “Tres años sin poder cotizar y trabajando como se pueda”, añade.  

“Cuando no tienes papeles puedes conseguir trabajo, pero ¿a costa de qué condiciones?”, lamenta la activista, quien relata que conoce a mujeres que “están trabajando en una casa familiar a tiempo completo, viven ahí, trabajan las 24 horas y les pagan una miseria, sin saber cuándo podrán conseguir que alguien les haga un contrato”. Asimismo, señala que otra de las dificultades a las que se enfrentan es la del empadronamiento, esencial para obtener la residencia o acceder a determinadas prestaciones sociales. “Los dueños de una vivienda que alquilen una habitación no los quieren empadronar porque estarían obligados a cumplir con la legalidad y pagar a Hacienda. En problema grave al que se suma, en Balears, el problema de falta de vivienda”, abunda Beatriz. 

Las mujeres que están trabajando en una casa familiar a tiempo completo, viven ahí, trabajan las 24 horas y les pagan una miseria, sin saber cuándo podrán conseguir que alguien les haga un contrato

Beatriz

Precisamente, el Parlament aprobó el pasado 18 de octubre una iniciativa de Podem para que las mujeres que cobran una pensión no contributiva reciban un complemento por brecha de género como reconocimiento al trabajo realizado como amas de casa y de cuidado del hogar. Mediante esta medida, la formación plantea extender el Complemento por la Reducción de la Brecha de Género -en la actualidad solo aplicable en las pensiones contributivas- a las no contributivas.

Trabajos feminizados y peor pagados

“Las mujeres cobran una pensión más baja que los hombres y representan el 77% de las personas que cobran pensiones no contributivas porque han tenido trabajos peor pagados: son los trabajos feminizados y todos sabemos cuáles son; porque las mujeres somos las que más nos acogemos a una jornada laboral parcial para cuidar de familiares e hijos e hijas y porque somos las que más renunciamos a nuestra carrera profesional cuando tenemos otras personas a nuestro cargo”, apunta, por su parte, la vicepresidenta de la Cámara autonómica y diputada de Podem, Gloria Santiago.

La propuesta de la formación apunta, además, a la necesidad de incrementar dicho complemento de manera progresiva con el objetivo de reducir la brecha por debajo del 10% para el año 2030. Por otro lado, insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a aumentar y mejorar la información sobre este complemento, puesto que, asevera, solo un 4% de las mujeres que cobran pensiones no contributivas en España se acoge a él. “Hay motivos suficientes para aprobar esta iniciativa porque mirar al futuro no es solamente mirar hacia delante, también hay que mirar alrededor”, ha explicado Santiago.

En concreto, como dispone el Decreto-ley que regula este complemento, su objetivo pasa por “reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones”, dejando, además, la puerta abierta a que aquellos padres que acrediten un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados tengan también acceso al complemento.

Discriminación histórica y estructural

“No es exagerado afirmar que la brecha de género constituye la principal insuficiencia en la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de las pensiones como reflejo de una discriminación histórica y estructural de las mujeres en el mercado de trabajo por la asunción del rol de cuidadoras de los hijos e hijas”, señala el texto, que añade, en este sentido, que la maternidad afecta decisivamente a la trayectoria laboral de la mujer en su etapa en activo y “es esta una, si no la más importante, causa de esa brecha: cuanto mayor es el número de hijos, menor es el número de años cotizados, menor es la proporción de contratos a tiempo completo o equivalente, y menor es, en última instancia, la pensión reconocida”.

En su Proposición No de Ley, aprobada con la abstención de PP y Cs y el voto en contra de Vox, Podem asevera que, con independencia de su empleo y categoría profesional, las mujeres trabajan menos horas anuales y realizan más interrupciones en su vida laboral, por lo que “sus ingresos anuales son inferiores a los de los hombres, tanto por la falta horas trabajadas como por la pérdida de acceso a mejoras salariales por antigüedad”. Algo que, alega la formación, “no es una decisión personal, sino que se deriva de la mayor carga de trabajo doméstico que asumen”: mientras que las mujeres con hijos y pareja dedican unas 35 horas semanales a las tareas domésticas, los hombres con hijos y pareja sólo dedican veinte; e, incluso sin hijos, las mujeres con pareja dedican unas 16 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados mientras que los hombres con pareja dedican siete, las mujeres solteras, trece, y los hombres solteros, diez.

Con todo, desde Podem subrayan que todos estos problemas son “aún más graves en el caso de las mujeres mayores que vivieron en una época en la que los estereotipos y la discriminación eran más habituales”. Por ello, confían en que, en los próximos años, las medidas puestas en marcha reduzcan la brecha de género en el mercado laboral y que lo hagan también entre las personas que cobran una pensión. “Hasta que no llegue ese momento, sin embargo, la sociedad tiene una deuda con todas aquellas mujeres que, por estar cuidando de los hogares y familiares, tuvieron una baja participación en el mercado laboral y actualmente disponen de pensiones que son de media un 50% inferiores a las de los hombres”, sentencian.

Después de años denunciando la situación de las trabajadoras del hogar y los cuidados, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció una normativa para implementar el Convenio 189 que se ratifica hoy en el Congreso. En Carne Cruda hablamos con ella sobre esta norma con la que sostiene se van a “igualar a las trabajadoras del hogar en derechos” y explica que tienen previsto incluir cuestiones como los subsidios o el desistimiento y que su intención es que “la norma despliegue efectos ahora mismo”.

La puesta en marcha es clave para las trabajadoras y también es importante saber si sus derechos se reconocerán de forma retroactiva, un tema sobre el que la ministra dice que quiere “ser cauta”, porque “esta parte es una competencia del ministro Escrivá”.  

Díaz habla sobre un tema conflictivo como es las inspecciones de trabajo y sostiene que están hablando con las trabajadoras para la “prevención de riesgos a sectores feminizados como es el caso de las trabajadoras de la ayuda a domicilio”. 

Otra cuestión que abordamos y que es primordial para los colectivos es dotar de presupuesto a una estructura que dé valor a los cuidados en nuestra sociedad. 

Sobre esta lucha de años de los colectivos de trabajadoras, sobre la falta de seguridad, la precariedad, la explotación y la irregularidad de un trabajo altamente feminizado y por qué es urgente la ratificación y, sobre todo, la implementación del Convenio 189 hablamos en el podcast “No vengas mañana: las trabajadoras del hogar no tienen derechos”.

Escúchalo en iVoox, Spotify o tu plataforma de podcast favorita

En España hay 600.000 trabajadoras del hogar y los cuidados. El 90% son mujeres y el 65% migrantes. Una de cada cuatro está en situación irregular y un tercio trabaja sin contrato. No tienen derecho a paro, ni subsidios, muchas trabajan en jornadas interminables y además pueden despedirlas sin explicaciones de un día para otro. En mayo, acompañamos a mujeres del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados hasta el Parlamento Europeo para reivindicar sus derechos y os contamos el largo viaje de parte de las trabajadoras que cuidan de menores, mayores y hogares en España para poner a las cuidadoras en el centro. 

Ayer, se reunieron con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Y fuimos hasta el Senado para hablar con ella sobre la ratificación de hoy del Convenio 189, una directiva europea aprobada en 2011 por la OIT que es el marco legal que equipara los derechos de las trabajadoras de hogar a los del resto de trabajadores y del proyecto de ley para llevarlo a cabo. Algo que llevan años reclamando y que empieza ahora el camino para su implementación real y efectiva. 

Hace poco, en febrero, una sentencia del Tribunal Europeo sacó los colores a España por negar el derecho a paro a las trabajadoras, a pesar de cotizar en la Seguridad Social. Hablamos con Javier de Comingues, el letrado que logró esta sentencia histórica, y con Rafaela Pimentel, que pertenece al colectivo Territorio Doméstico y al Sindicato Sintrahocu.

Y contamos historias como la de Marina, promotora social en Honduras que lleva años trabajando como interna en España. Puedes ver la entrevista completa a la ministra Yolanda Díaz en YouTube y esta parte del programa completa aquí:

De postre, Debatuiter con Pepe Macías, Borja Sumozas y Pilar de Francisco. Puedes ver el Debatuiter en vídeo aquí:

La delegada del Gobierno en Ceuta no tiene noticias que apunten a una “próxima reapertura” de la frontera con Marruecos, pero lo está deseando porque echa de menos a “la muchacha” que limpia en su casa. “Sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas. Te lo digo empezando por mi, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta”, afirmó Salvadora Mateos en una rueda de prensa el pasado viernes.

Las declaraciones de la socialista han indignado a diversos sectores. La secretaria de Cuidados y Bienestar de Ceuta Ya, Suad Ahmed, ha considerado que “no solo son clasistas por la utilización de un término degradante (”muchachas“) que todas y todos deberíamos rechazar de una vez. También lo son por su enfoque, por transmitir la idea de que las verdaderas ”víctimas“ del cierre fronterizo no son las propias trabajadores, sino las mujeres privilegiadas que se han quedado sin que nadie les limpie sus casas”. Ahmed ha reclamado a Mateos que sea “más prudente y cuidadosa, más aún tratándose de una persona teóricamente progresista”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido “respeto” para estas trabajadoras y ha catalogado las palabras de Mateos de “inaceptables” e “inapropiadas” cuando provienen de “un miembro del Gobierno” que “se dice feminista y progresista”. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha tildado estas palabras de “un pelín clasistas” y “como mínimo inadecuadas” y la de En Común Podem, Aina Vidal, ha asegurado que la delegada del Gobierno “tiene suerte” de que su puesto no dependa de ella.

Más benevolente se ha mostrado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Guillermo Díaz ha afirmado que las declaraciones de Mateos responden a que “no ha tenido un buen día” y que “no es lo más grave que pasa en una crisis migratoria” en la que hay “gente que se ahoga” y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “gravemente heridos”.

4.000 trabajadoras

La frontera entre España y Marruecos se cerró hace dos años, al inicio de la pandemia. Para Mateos, la apertura no debería darse hasta que el paso del Tarajal sea “seguro”. Para ello, ha considerado dos condiciones: el final de las obras de reforma en curso con la instalación de sistemas de control “inteligente” del tránsito de personas y la implementación de modificaciones normativas que corrijan el sistema vigente de solicitud de protección internacional por parte de ciudadanos del país vecino.

“Pienso que sí habrá Operación Paso del Estrecho (OPE) este año, y que esos trabajos podrían estar terminados a tiempo para reabrir con las mayores condiciones de seguridad”, ha avanzado la delegada, que ha considerado “interesantísima” la instalación del reconocimiento facial en el paso “para controlar realmente quién entra y quién sale por él”, afirmó. Además, reiteró que los trabajadores transfronterizos serán “los primeros” en poder cruzar la frontera, tanto los que se quedaron o regresaron a Marruecos tras el cierre de la frontera la madrugada del 14 de marzo de 2020, como los que optaron por permanecer en la ciudad para conservar sus empleos a pesar de quedarse en un limbo en el que no ven reconocida su condición de residentes legales en territorio español.

Las empleadas de hogar marroquís que trabajaban hasta hace dos años en Ceuta llegaron a ser más de 2.000 regularizadas y al menos otras tantas, según estimaciones sindicales, en la economía sumergida.