La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, acaba de publicar un nuevo informe sobre los ataques israelíes contra la prensa en Gaza y el papel del periodismo y de las plataformas digitales durante el genocidio. El título del mismo es “La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio”. En él examina “cómo la destrucción de la verdad se ha convertido en parte integral de la destrucción de un pueblo”, e identifica tres patrones interconectados:

1.- La eliminación de trabajadores palestinos de medios de comunicación “mediante asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y su etiquetado sistemático como «terroristas»”, con el fin de impedir la documentación de los crímenes. Nunca en la historia del mundo se había registrado un número tan elevado de víctimas periodistas, con casi 300 trabajadores de medios de comunicación muertos y más de 400 heridos, en menos de tres años.

2.- La construcción en Israel “de un régimen de información mediante restricciones a los medios, censura, propaganda, discursos de odio, incitación al genocidio y negacionismo”.

La relatora de Naciones Unidas menciona algunas afirmaciones emitidas en medios israelíes desde octubre de 2023. Por ejemplo, los palestinos “deben ser erradicados”, son “caníbales”, “un tumor canceroso”, “no hay inocentes en Gaza”, “no son civiles” o “hay dos millones y medio de terroristas en Gaza”. También recoge llamamientos de presentadores o periodistas israelíes pidiendo que Gaza sea “borrada de la faz de la tierra” o defendiendo que hay que “destruir, matar y aniquilar”.

3.- La reproducción, por parte de influyentes medios occidentales y plataformas digitales, de “narrativas que ocultan, justifican o legitiman crímenes atroces, al tiempo que marginan las voces palestinas, las pruebas y el derecho internacional”. El informe señala el empleo de eufemismos como “órdenes de evacuación” para referirse al crimen internacional de desplazamiento forzado o el uso habitual de la voz pasiva para evitar nombrar a los responsables de los crímenes. Por ejemplo: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta”.

Además de estos tres patrones, describe el bloqueo y las restricciones a la prensa extranjera impuestas por las autoridades israelíes como parte de ese “ataque sistemático contra la función pública del periodismo” y contra la documentación de los crímenes.

El informe ya puede consultarse en la web de la ONU. En él se destaca que estas prácticas mencionadas “no se han limitado a acompañar el genocidio”, sino que “han facilitado su comisión y obstaculizado la rendición de cuentas”. Por ello, la relatora de Naciones Unidas concluye que algunos aspectos de “este ataque contra la verdad” pueden describirse como “mediacidio” y solicita a la Corte Penal Internacional que investigue a algunos presentadores y periodistas por posible incitación directa y pública al genocidio.

Los vetos para entrar en Palestina impuestos por las autoridades israelíes son solo una de las manifestaciones de este ataque contra la libertad de información. En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo a la prensa internacional podría parecer algo menor, pero no lo es. La ausencia de periodistas internacionales en Gaza tiene efectos muy concretos: contribuye a la invisibilización de lo que ocurre en la Franja, donde la población palestina está obligada a apelotonarse en menos del 30% del territorio, sin acceso a servicios y productos básicos y sometida por la ocupación militar israelí por tierra, mar y aire.

En comparación con los asesinatos y las torturas de periodistas palestinos, el bloqueo y los vetos israelíes a la prensa internacional podrían parecer algo menor, pero no lo son: tienen efectos muy concretos.

Esta semana Israel revocó el visado de la periodista de elDiario.es, Francesca Cicardi, cuando estaba a punto de viajar al país para cubrir las elecciones del próximo martes. Es la segunda reportera española vetada por las autoridades israelíes este año. En los últimos meses Israel ha prohibido la entrada a más de una decena de periodistas europeos y también a juristas y activistas internacionales, algunos de ellos judíos. Estas prohibiciones son solo la punta del iceberg del “régimen de información israelí” denunciado por la relatora de Naciones Unidas. A esos vetos, denunciados públicamente, se suman otros que no salen a la luz por decisión de los propios periodistas afectados o de los medios para los que trabajan.

Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Por eso la información de calidad es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Y por eso hay poderes que intentan controlarla, impedir la tarea periodística, vetar accesos, ocultar los hechos, tergiversarlos o falsearlos.

En Palestina se ha desarrollado un genocidio en el que los perpetradores se han jactado abiertamente de su campaña de segregación y destrucción. Las autoridades israelíes han contado para ello con un enorme respaldo militar de Estados Unidos y países europeos, con protección política y diplomática internacional y con medios y periodistas dispuestos a justificar o silenciar sus acciones.

Las guerras siempre comienzan antes del primer disparo: se inician con un cambio de vocabulario en los medios de comunicación, con la naturalización de la impunidad y la deshumanización en la conversación pública.

El periodismo es una de las primeras formas de escribir la Historia de nuestro tiempo: sienta las bases del relato de los hechos. Cuando se impide el acceso a los mismos, se están cerrando las vías para dar a conocer, prevenir y sancionar crímenes masivos. La matanza de periodistas, los relatos sesgados y los obstáculos al acceso a la información o a su divulgación no son consecuencias colaterales del genocidio, sino que forman parte de la maquinaria que lo ha hecho posible.

La vida fácil en el periodismo es reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a escrutinio. Pero eso no es periodismo, porque no cumple con su función pública más básica: defender la verdad, es decir, contar los hechos y situarlos en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional. Por muy alto que sea el precio.

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La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea ha designado a Canarias Ahora como el único medio de España y Portugal que liderará los próximos doce meses un proyecto para acercar la política de cohesión de la UE a la ciudadanía para dar a conocer su impacto en el desarrollo económico y social. 

El proyecto que liderará Canarias Ahora se denomina Cohesión Atlántica y con él se pretende explicar el impacto de Europa en la vida cotidiana de Canarias, Madeira y Azores para mejorar el conocimiento ciudadano sobre la política de cohesión europea mediante contenidos periodísticos que conecten las inversiones de la UE con la realidad cotidiana de las regiones ultraperiféricas del espacio MAC (Madeira, Azores y Canarias), cuya cooperación territorial se extiende a países africanos vecinos como Cabo Verde, Senegal y Ghana, reforzando los vínculos entre las regiones ultraperiféricas europeas y el continente africano.

De ahí que Cohesión Atlántica cuente con Casa África como asociada y será ese organismo donde se celebrarán los eventos públicos previstos para potenciar la difusión de sus resultados y a la sensibilización ciudadana sobre la política de cohesión europea.

El proyecto Cohesión Atlántica de Canarias Ahora, con un presupuesto de 193.087,06 euros, obtuvo 91 puntos sobre 100 en la evaluación de la Comisión Europea, superando ampliamente el umbral mínimo de 53 puntos. Tiene una duración prevista de 12 meses y contempla la producción de artículos periodísticos, documentales y vídeos breves, dos eventos públicos que se celebrarán en Canarias en 2027 y una campaña de difusión digital, con el objetivo de acercar los resultados de la política de cohesión a la ciudadanía.

Los periodistas de Canarias Ahora ya están trabajando en la preparación de una amplia batería de reportajes con los que acercar cuál ha sido la realidad para las Islas de los programas de cohesión de la Unión Europea los últimos años, si han mejorado la vida de la ciudadanía, cómo han sido percibidos, cuál ha sido el acompañamiento por parte de las instituciones autonómicas y locales y cómo influiría un eventual recorte de fondos de cohesión.

Según la lista oficial de beneficiarios publicada por la Comisión Europea, Cohesión Atlántica es el único proyecto coordinado por una entidad española o portuguesa aceptado en esta convocatoria. Esta distinción sitúa a Canarias Ahora como el único representante español al frente de un proyecto beneficiario de esta convocatoria.

El politólogo Pablo Simón protagoniza este viernes 23 de octubre el Foro de Periodismo del Colegio de Periodistas de Cantabria donde bajo el epígrafe ‘Radiografía política’ analizará la actualidad informativa en la antesala de las elecciones generales.

El encuentro se celebra en la Sala Casyc UP a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La conversación con Simón, analista político habitual en los medios de comunicación nacionales, estará conducida por la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero.

Profesor de ciencia política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, es doctor en ciencias políticas y sociales por la Universitat Pompeu Fabra y ha sido investigador postdoctoral en la Université Libre de Bruxelles.

Sus principales líneas de investigación son la política comparada, los sistemas electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la participación política de los jóvenes o la descentralización política y fiscal.

El encuentro con Simón analizará, entre otras cuestiones, el contexto político nacional, las claves sociológicas del voto y las perspectivas electorales.

En un contexto de desinformación, ruido y polarización, el Colegio de Periodistas apuesta por analizar la información, en este caso política, a través de voces de reconocida trayectoria profesional.

Foro de Periodismo Matilde Zapata

Este encuentro con Pablo Simón se integra dentro de la programación del Foro de Periodismo Matilde Zapata. Un espacio abierto a los ciudadanos de análisis de la profesión y de la actualidad informativa a través de la mirada de expertos y profesionales de periodismo y la comunicación que ha puesto en marcha el Colegio de Periodistas de Cantabria, y por el que ya han pasado otras periodistas como Rosa María Calaf; la corresponsal en oriente medio de El País durante tres décadas, Ángeles Espinosa; la corresponsal de TVE en Francia, Mavi Doñate; la experta en información y poder Marta Peirano; el excorresponsal de La Vanguardia Fernando García; los corresponsales internacionales Marc Marginedas y Mónica Bernabé o Carmela Ríos, experta en redes sociales y desinformación.

El Foro de Periodismo Matilde Zapata tiene por objetivo divulgar el papel y el trabajo de los periodistas a través de conversaciones y encuentros con profesionales de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, contribuir a informar a los ciudadanos sobre asuntos de actualidad mediante el análisis y el debate.

Este espacio sirve para analizar también el papel de los medios y la evolución del propio periodismo. Esta iniciativa del Colegio reivindica uno de los nombres femeninos pioneros y más reconocidos del periodismo cántabro, el de la periodista Matilde Zapata, quien desde las páginas del periódico La Región, que llegó a dirigir, fue una firme defensora de los derechos sociales y de la mujer.

La periodista y escritora Rosa María Artal, colaboradora de elDiario.es desde su fundación, será reconocida el próximo jueves 22 de octubre con el X Premio por la memoria y la paz de la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la verdad sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Madrid en marzo de 2004.

La asociación de víctimas del terrorismo ha elegido a la periodista en esta décima edición de su galardón, cuya entrega tendrá lugar esta semana en el Espacio Mujer Madrid en la sede de la Fundación José María de Llanos, por su trayectoria profesional y, especialmente, por “su compromiso con la verdad respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004”.

La informadora considera “un orgullo recibir un premio con los símbolos de la Paz y la Memoria”. Artal recuerda que los atentados de 2004 fueron los mayores ocurridos en España y en Europa y reconoce que se sintió “muy vinculada” a sus víctimas desde el primer momento.

“Aquella sucesión de bombas parecían tener un sello distinto al terrorismo que por desgracia veníamos sufriendo en nuestro país”, rememora la periodista, quien tuvo claro que “algo raro estaba pasando” cuando vio “la obstinación del gobierno del PP, desde la misma mañana del día 11 de marzo, por centrarse en aquel 'No hay duda, ha sido ETA' que dijo el ministro del Interior, Ángel Acebes, en su primera comparecencia”. “Y así era”, apostilla.

“El PP se esforzó tanto en disuadir otra autoría que no fuera ETA que se saltó todos los límites. Aznar llamó a los directores de los medios para dictarles las portadas y hasta consiguieron que la Asamblea General de la ONU condenara a ETA por primera vez en su historia sin el menor dato de comprobación”, apunta Artal, que recuerda que la prensa internacional “ya hablaba de la autoría del terrorismo yihadista” en aquellos momentos posteriores a los atentados.

Rosa María Artal decidió indagar y recoger todo lo que pudiera de las fuentes fiables para escribir un libro que terminó publicándose apenas un mes después, 11M-14M Onda Expansiva.

“Visto desde hoy, compruebo que fue el comienzo de una brutal mentira política para tratar de no perder las elecciones, sobre la muerte y el dolor de muchos ciudadanos. Que se llegó a culpabilizar a las víctimas para conseguirlo, sobre todo en la persona de Pilar Manjón, cuyo hijo murió en uno de los trenes”, afirma. Una táctica, la de utilizar la mentira en política con fines electorales, que considera se viene repitiendo “muy lamentablemente” hasta la actualidad, y cita como ejemplo el caso del desahucio de Maricarmen.

Artal considera que el uso político del 11M fue el inicio además “de una manipulación mediática cómplice de graves consecuencias”, pero también de “la irrupción de otras formas de información que aportaron datos”. “Concretamente, yo seguí los blogs Escolar.net o GuerraEterna junto a los principales medios internacionales”, recuerda, sobre ambos blogs que están en el origen de elDiario.es, y argumenta que “todo se iba confirmando”.

La periodista y escritora recuerda que el Financial Times británico “tituló un artículo tras las elecciones que ganó el PSOE de Zapatero 'Un día en la historia de la infamia”. Y explica que ese texto indicaba “que el Gobierno de Aznar puso en riesgo a Europa por retener información e insistir en la falsa autoría de ETA”.

Al mismo tiempo, Artal destaca que en aquel momento, nuestro país se convirtió “en el corazón del mundo, que no dejó de alabar la valentía, el coraje y la sensatez del pueblo español ante semejante tragedia, en la que lo primero fue siempre ayudarse los unos a los otros”. “Es tal la diferencia con el momento actual que me sobrecoge. Confío en que ese poso sigue existiendo en este pueblo y saldrá para dar de nuevo lecciones de madurez. De memoria”.

Con una extensa carrera en RTVE, como presentadora de informativos, corresponsal y reportera de Informe Semanal, Artal fue corresponsal de El País en Aragón y coordinó los libros 'Reacciona' (2011) o 'Derribar los muros' (2019), y es autora también de 'La energía liberada' y 'La Bolsa o la vida', sobre la crisis del coronavirus.

El Premio por la memoria y la paz es un reconocimiento con el que la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo distingue a personas e instituciones “que han contribuido de manera relevante a la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y de los valores democráticos”.

Esta asociación reconoce en Artal su defensa “ejemplar” del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad, unos valores que consideran “imprescindibles para la convivencia democrática” y para “la preservación de una memoria colectiva fiel y completa de lo sucedido”.

“A lo largo de estos veintidós años, Rosa María Artal ha contribuido de forma rigurosa y constante a esclarecer los hechos, desmontando falsedades, bulos y las insidiosas teorías conspirativas que tanto daño nos han causado a víctimas y familiares”, expone la asociación, que destaca además que su trabajo “fue y sigue siendo una defensa ejemplar del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad”.

¿Qué escritor famoso asistió como periodista al juicio a Hitler por el intento de golpe de Estado de 1923 en Múnich? ¿Qué personaje famoso de las primeras décadas del siglo XX fue llamado despectivamente como El tapicero? ¿Qué general alemán fugitivo se hacía pasar por un sueco llamado Lindström?

El escritor famoso fue Joseph Roth, El tapicero era el propio Adolf Hitler y Ernst Lindström era el sobrenombre que Ludendorf, el general alemán por antonomasia de la I Guerra Mundial, usó para huir de Alemania en noviembre de 1918 bajo una identidad falsa.

El Putsch de Múnich o Putsch de la Cervecería es como se conoce el intento de golpe de Estado de noviembre de 1923 en el que participaron los dirigentes de un minúsculo partido de ultraderecha. El juicio en Múnich, entre febrero y marzo de 1924, contra Erich Ludendorff, Adolf Hitler y otros implicados como el jefe de las SA, Ernst Röhm, fue seguido como periodista por Joseph Roth. 

En aquel entonces Roth era más famoso que Hitler. Sus crónicas, cargadas de vitriólica ironía, eran devoradas por los berlineses, mientras Hitler no era más que un exaltado sobre el que nadie vaticinaría un futuro brillante, exponente más bien, de la degradación moral de la Alemania de la República de Weimar, caldo de cultivo de un emergente partido nazi.

Las crónicas más políticas de Roth sobre este período pueden leerse ahora en El portador de la esvástica (Desvelo, 2026), novedad editorial que recoge una recopilación de artículos de Roth entre 1919 y 1927, entre los cuales se encuentra el que da título a la recopilación, pero también los dos más directos sobre el proceso de Múnich: Ludendorff y el ganado para el matadero e Informe semanal soñado.

En Ludendorff y el ganado para el matadero, Roth hace un sarcástico sobre el intento de huida, con nombre falso, de Ludendorff. Bajo el título de Informe semanal soñado, publicado en el periódico Worwärts, el 2 de marzo de 1924, el autor de La marcha Radetzky aborda la figura de Hitler en dicho proceso, una figura menor en aquel momento, y concluye con su convencimiento de estar soñando. 

“Lo que ocurre en Múnich no es un «juicio político», sino un sueño de Carnaval [celebración coincidente con la celebración del juicio]”, escribe. “Niego la realidad del acontecimiento trascendental que ha afectado tan gravemente a Alemania esta semana: niego la realidad del juicio a Hitler”.

Para Roth, los acusados en el proceso son cadáveres del pasado aún con vida: “Esto no es una sesión judicial, sino una sesión espiritista. […] No me dejo engañar, por muy serio, objetivo o patético que sea el tono con el que los periódicos informen sobre este juicio. Porque, hermanos, ¿acaso no oís que los muertos hablan? ¿No veis que los taquígrafos transcriben discursos fantasmales? ¿No reconocéis en los dibujos de los «artistas especiales enviados a la sala» que están retratando a difuntos? En Múnich, las tumbas de la historia universal se abren y de ellas emergen cadáveres supuestamente enterrados. Un sueño grotesco se pone en marcha, y toda Alemania acepta este milagro con indiferencia, como si fuera lo más normal del mundo”.

Y aparece Hitler, o en palabras de Roth, «aparece un tapicero, se hace llamar “escritor” y todos le creen. Un zapatero, que no se amoldó a su horma, relata su insignificante biografía y describe cómo pasó de ser un “ciudadano del mundo”, como lo era en Braunau, a un “antisemita” en Viena. Y los periódicos alemanes lo publican diligentemente».

Hitler había trabajado como pintor y vendedor de sus propias acuarelas en Viena, pero no fue tapicero de profesión. Roth lo cita así para presentarlo como un artesano sin formación intelectual y subrayar el contraste entre su procedencia y sus pretensiones de convertirse en una figura política e intelectual.

Tras enmendarle la plana con notable sarcasmo al resto de acusados, Roth concluye que Alemania no estaba viviendo en un mundo real: “No cabe duda: estoy soñando un sueño de Carnaval, y ese sueño se llama Alemania”.

Roth cubrió el juicio informativamente, no solo por interés periodístico, sino por interés personal, ya que el autor austríaco era un ávido observador de la evolución del racismo y el nazismo en una Alemania asolada por la crisis y la degradación moral tras la I Guerra Mundial. Como periodista, Roth alcanzó una maestría extraordinaria en la crónica y el reportaje, colaborando en periódicos como Frankfurter Zeitung, donde destacó por su mirada precisa, su estilo sobrio y su capacidad para retratar una época en crisis. 

Berlín fue para él la ciudad de la modernidad, la precariedad y el periodismo frenético; Viena, el símbolo de un imperio perdido que reconstruyó con melancolía, y en París encontró refugio tras el ascenso del nazismo, rodeado por escritores y amigos como Stefan Zweig, cuya amistad fue una de las relaciones intelectuales más importantes de su vida. 

Murió, precisamente, en París en 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, dejando una obra extensa y de una intensidad excepcional, en la que periodismo y novela alcanzan una misma altura moral y artística.

Les addiccions apareixen sovint als mitjans de comunicació quan es converteixen en un succés, protagonitzen un episodi especialment cridaner o deixen al descobert les seves conseqüències més visibles. Molt menys habitual és que siguin objecte de reportatges capaços d'aprofundir en els factors socials, econòmics i psicològics que intervenen en el seu desenvolupament. Aquesta és una de les qüestions centrals del col·loqui “Periodisme ètic, responsabilitat social en la comunicació”, celebrat aquest dijous en el marc de les V Jornades d'Intercanvi Professional de Projecte Home Balears.

El debat, que ha tingut lloc a la seu de la Fundació Sa Nostra i ha estat moderat pel periodista David Oliver, ha reunit Angy Galvin, doctora en Periodisme, directora d'elDiario.es a les Balears i professora del CESAG-Comillas; Ángeles Durán, doctora en Comunicació, presidenta de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) i professora del CESAG-Comillas, i Antoni Parets, director de Comunicació i Projectes de Projecte Home Balears. Sota el lema general de les jornades, “Comprendre l'addicció des d'una mirada integradora”, els participants han reflexionat sobre la responsabilitat dels mitjans a l'hora de representar el consum de drogues, evitar l'estigma i explicar un fenomen que no es pot reduir a decisions individuals.

“Jo crec que no s'explica prou o no s'explica bé”, ha afirmat Durán durant la seva intervenció, en què ha defensat una cobertura més profunda i formativa, en forma de reportatges que incorporin fonts expertes, dades, xifres i evidència científica, en lloc de limitar-se a recollir declaracions de veïns o testimonis que alimentin el morbo sense aportar coneixement sobre el problema. En aquesta línia, la presidenta de l'APIB sosté que no informar d'una realitat no contribueix a resoldre-la. “No parlar d'aquest problema no implica que s'hagi de solucionar”, ha remarcat, tot subratllant que la qüestió no consisteix a publicar indiscriminadament qualsevol episodi relacionat amb les drogues, sinó a abordar les addiccions amb context, rigor i una finalitat preventiva.

També ha defensat la necessitat d'oferir informació útil sobre les possibilitats de tractament i recuperació i, com passa amb la cobertura del suïcidi, ha afegit que informar responsablement exigeix evitar determinats enfocaments i, alhora, contribuir a fer que la ciutadania conegui la dimensió del problema. La periodista ha defensat que les addiccions s'han de tractar en reportatges que incorporin fonts expertes, dades, xifres i evidència científica, i no únicament a través de declaracions de veïns o testimonis sense coneixements especialitzats. L'objectiu, ha recalcat, ha de ser oferir informació que ajudi a comprendre el problema i que inclogui recursos d'ajuda i possibilitats de recuperació.

En aquest sentit, Galvín ha posat l'accent en la importància de contextualitzar: “Per molt que el periodista no expliqui el que està passant, això no vol dir que desaparegui”. La directora de la delegació balear d'aquest diari ha defensat una cobertura que no es limiti a reaccionar davant casos concrets, sinó que permeti comprendre el fenomen i les seves diferents dimensions. “Jo sempre seré partidària d'explicar-ho i contextualitzar-ho”, ha remarcat.

Des de Projecte Home, Parets ha defensat la necessitat d'extremar la prudència a l'hora d'informar sobre persones amb addiccions i d'evitar que una notícia acabi condicionant-los la vida. El responsable de Comunicació i Projectes de l'entitat ha explicat que, quan es plantegen donar veu a una persona que ha passat per un procés de recuperació, valoren tant la seva edat com les conseqüències que l'exposició pública pot tenir en el seu futur. La decisió, assenyala, exigeix trobar un equilibri entre l'interès informatiu i el respecte a la persona.

De la secció de successos a un problema col·lectiu

Els ponents han coincidit que el tractament informatiu de les addiccions ha evolucionat respecte de dècades anteriors, quan el consum d'heroïna apareixia sovint vinculat a la delinqüència, la inseguretat i la marginalitat. Sobre aquesta qüestió, Galvín ha assenyalat que les redaccions tenen avui una consciència més gran de les conseqüències del llenguatge que utilitzen. “Els periodistes ara tenim en compte que no tot s'hi val per tal de comunicar una cosa de manera més efectiva”, ha apuntat, tot explicant com durant anys els mitjans han fet servir expressions estigmatitzants com ara “ionqui” i “porrero”, que han contribuït a revictimitzar les persones que patien problemes d'addicció.

Durán, per la seva banda, ha advertit que persisteixen els enfocaments que redueixen un problema complex a una imatge estereotipada, especialment en les informacions de successos i en determinats continguts que circulen per les xarxes socials. “Les paraules no són neutres”, ha afirmat Durán, que defensa l'aplicació dels principis deontològics del periodisme i, en particular, el respecte a la dignitat humana.

Tot i que el codi de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) no inclou un apartat específic dedicat a les addiccions, la periodista assenyala que els seus principis ètics són aplicables a la cobertura d'aquestes realitats. També alerta que els mitjans continuen tenint una capacitat important per marcar l'agenda pública, malgrat l'auge de les plataformes digitals.

Parets també ha advertit dels riscos de construir els relats periodístics al voltant dels aspectes més morbosos d'una història. Durant la seva intervenció, ha explicat com Projecte Home intenta evitar que els testimonis es redueixin a episodis de violència, delictes o conflictes familiars, especialment quan aquests elements no representen necessàriament la realitat de les persones amb addiccions. La intenció, sosté, és oferir una visió més àmplia i evitar que la cobertura reforci els prejudicis que vinculen automàticament el consum de drogues amb l'exclusió social o la delinqüència.

Els vídeos sensacionalistes

La directora de la delegació balear d'aquest diari ha advertit, d'altra banda, que el repte no es limita a les pràctiques dels mitjans tradicionals, sinó que s'estén als continguts que circulen per les xarxes socials i que arriben especialment als més joves. En aquesta línia, ha expressat la seva preocupació per la viralització d'alguns continguts de youtubers que presenten visites a barris vulnerables com si fossin experiències extremes, amb titulars que exageren el perill. A parer seu, aquest tipus de continguts reprodueix males pràctiques periodístiques que es consideraven superades i contribueix a construir una imatge distorsionada de les persones amb addiccions. “La imatge que tenen moltíssims joves sobre la drogodependència moltes vegades els arriba a través de les xarxes socials”, afegeix.

Galvín defensa la necessitat que els qui comuniquen, siguin periodistes o creadors de contingut, assumeixin la responsabilitat social que implica informar sobre una problemàtica complexa. Tot i que considera que les redaccions han avançat i que hi ha més atenció als codis deontològics, rebutja que els mitjans puguin donar el problema per resolt: “Crec que ara la batalla és a les xarxes socials i demana intentar educar aquests comunicadors, que no són periodistes, però sí comunicadors, sobre la necessitat de tractar el tema amb més consciència social”.

El context social que queda fora del relat

La mirada integradora que han plantejat els participants implica no explicar les addiccions exclusivament a partir del comportament de qui consumeix. La precarització, les condicions de vida, els problemes psicològics i les circumstàncies personals formen part del context que pot ajudar a comprendre les trajectòries de consum, tot i que no hi ha una única causa que expliqui el desenvolupament d'una dependència.

El debat ha assenyalat així una limitació freqüent de la informació sobre drogues: quan la notícia es construeix al voltant d'un episodi aïllat, el focus es concentra en la conducta individual i deixa en segon pla les circumstàncies que l'envolten. Per aprofundir-hi calen temps, investigació i fonts especialitzades, recursos que no sempre encaixen amb la lògica de la notícia immediata.

Els participants també han qüestionat la tendència a associar les addiccions amb la marginalitat. Sobre aquesta qüestió, Galvín ha advertit que els estereotips continuen condicionant la percepció pública i dificulten reconèixer el problema quan afecta persones que no responen a la imatge tradicional de l'exclusió social.

Com ha posat de manifest, el consum de cocaïna pot tenir dues lectures molt diferents segons qui el protagonitzi. En determinats ambients, consumir durant una festa es presenta com una forma més de diversió; quan el consum es fa visible al carrer i s'associa a la pobresa, la imatge canvia i apareixen els estereotips de la marginalitat i la delinqüència. “El ionqui no és el del xalet d'Eivissa que es fica ratlles. Aquest és un festero”, afirma per il·lustrar com un mateix consum pot rebre una consideració social diferent segons qui el protagonitzi i l'entorn en què es produeixi. La diferència de percepció, ha afegit, contribueix a invisibilitzar els problemes d'addicció entre persones que mantenen una vida aparentment normal.

La periodista ha advertit així que el tractament mediàtic d'aquesta qüestió està travessat per prejudicis de classe. “Hi ha un component d'aporofòbia quan es tracta el tema del consum de drogues”, assenyala, tot contraposant la imatge de la celebritat de Hollywood que acudeix a una clínica de desintoxicació amb la del “ionqui” que apareix “estès al carrer” i el problema del qual es percep com una amenaça pública. Entre tots dos extrems, lamenta, gairebé no hi ha “una escala de grisos”: mentre determinats consums es normalitzen i fins i tot es presenten com a part d'un estil de vida atractiu, les persones que desenvolupen una dependència continuen carregant amb l'estigma.

Parets, per la seva banda, recorda que l'acceptació social de les substàncies també influeix en la manera de percebre'n les conseqüències. La dependència de l'alcohol, tot i que pot tenir efectes greus, no sempre rep la mateixa consideració que el consum de drogues il·legals. Per al director de Comunicació i Projectes de Projecte Home Balears, comprendre les addiccions exigeix una perspectiva biopsicosocial que en tingui en compte la complexitat.

Durán insisteix que les paraules no són neutres i que els principis deontològics del periodisme també s'han d'aplicar en aquest àmbit. La informació ha d'evitar els prejudicis i la revictimització, sense que això impliqui ocultar fets rellevants. La clau, ha defensat, és explicar les coses en profunditat i no convertir cada cas en un espectacle.

Investigar el negoci que hi ha al darrere

La responsabilitat dels mitjans, segons Durán, tampoc no s'ha de limitar a les persones que consumeixen o desenvolupen una dependència. La periodista reclama investigar els interessos econòmics que operen darrere de determinats mercats relacionats amb les drogues i cita el cas del fentanil als Estats Units com a exemple de la importància d'examinar les responsabilitats empresarials.

“Els mitjans de comunicació són empreses que tenen interessos”, ha advertit, abans de reivindicar un periodisme valent que investigui què hi ha darrere del negoci. La reflexió introdueix una altra dimensió en la cobertura de les addiccions: a més d'analitzar-ne les conseqüències individuals i socials, el periodisme pot examinar qui n'obté beneficis econòmics i quines responsabilitats se'n deriven.

Al final del col·loqui, Parets ha reclamat un periodisme “creatiu, professional, educatiu i que generi valor” davant del mercantilisme. Galvín ha recordat que darrere de cada fotografia, frase o titular hi ha una persona i que allò que es publica pot tenir conseqüències tant per a ella com per al col·lectiu al qual pertany.

Les intervencions de la taula han coincidit en una idea: informar sobre les addiccions requereix molt més que explicar el consum quan es converteix en notícia. Exigeix aportar context, contrastar la informació amb fonts expertes, evitar els estereotips i examinar les dimensions socials i econòmiques del problema. El repte per als mitjans és deixar de mirar únicament l'episodi visible i dedicar espai a explicar què hi ha al darrere.

Convertido en el referente absoluto de aquella intersección en la que se encuentran el periodismo narrativo y el de investigación, Patrick Radden Keefe (Boston, EEUU, 1976) confiesa estar abrumado por el éxito de su último libro, El hijo del oligarca (Periscopi en catalán, Seix Barral en castellano), llamado a convertirse en un clásico del mejor reporterismo.

Asegura que la obra, una profunda investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Zac Brettler, un joven londinense de buena familia que se hacía pasar por hijo de un oligarca ruso, le situó en una encrucijada sobre su papel cómo reportero, su vínculo con la familia del protagonista y las consecuencias de su trabajo. 

“Cuando trabajaba en el libro tuve que ir a terapia por primera vez en mi vida”, explicaba el viernes a un grupo de periodistas en el CCCB de Barcelona. “Ha sido una de las pocas ocasiones en las que he podido sentir la oscuridad de la historia en la que estaba trabajando”.

A Radden Keefe, padre de dos adolescentes, le afectó pasarse casi dos años hablando a diario con una familia que había perdido a un hijo que tenía la misma edad que los suyos. 

“Mis hijos hacían cosas normales de adolescentes, pero cada vez que me peleaba con ellos o había algún problema empezaba a ponerme en lo peor”, rememora. “Tuvo que venir mi mujer a decirme que no era justo para ellos, que no todo tiene por qué ser un desastre”.

El periodista, redactor del New Yorker, confiesa que en toda su carrera nunca se había acercado tanto al objeto de su investigación como en esta historia, en la que ha acabado trabando lo que podría definirse como una amistad con los padres del fallecido. 

“Puede parecer que el libro aborda solo la perspectiva de la familia Brettler”, abunda. “Pero yo creo que realmente es mi perspectiva sobre cómo veían ellos la muerte de su hijo”.

“Cuando digo que quiero ser objetivo en mi trabajo no significa que me deba convertir en una máquina que no tiene sentimientos”, sostiene. “Conocer algunas cosas del caso me conmovió y también traté de capturar esto en el libro”.

La palabra que utiliza Radden Keefe sobre cómo debe abordar estas situaciones y emociones es “permeabilidad”, explica. “Intento ser permeable, pero la pregunta es cómo lo soy sin perder la objetividad”, añade.

Radden Keefe alertó a la familia de que iba a escribir cosas que les incomodarían. “Les alerté de que al leer el libro no se reconocerían como si miraran una foto, sino como si hubiese pintado un cuadro de ellos”, afirma. “En el libro hay cosas que son incómodas para ellos, pero si las dejaba fuera me acababa convirtiendo en un mentiroso como los que aparecen en el texto”.

El hijo del oligarca no es solo la historia de una tragedia familiar. Es también una historia sobre la mentira y sobre un Londres inundado de frivolidad y de dinero extranjero, pero también sobre el abismo que puede separar a unos padres de su hijo adolescente y cómo su amor incondicional está por encima de ese muro. Es, a su vez, una historia que pone al descubierto las costuras de un sistema policial lleno de defectos e incompetentes. 

“Las mentiras del libro creo que definen una era”, apunta el reportero. “No creo que sea casualidad que cuando Zac cumplió 16 años Trump fuera presidente”.

Radden Keefe explica que lo que le interesó de la historia, convertida en un éxito de ventas, era que tenía un gran número de ingredientes que le permitían dibujar la sociedad actual: la manosfera, los teléfonos móviles, la frivolidad y el lujo de las redes sociales que seducen a los jóvenes y la desaparición de la cultura del esfuerzo. 

“Los padres de Zac tenían claro que si estudiaban y trabajaban duro podrían comprarse una casa, vivir en su ciudad y, si la salud se lo permitía, tener una buena jubilación”, explica. “Todo esto ha desaparecido para los chavales de hoy: pueden esforzarse y acabar viviendo con sus padres o compartiendo una habitación”.

Todas estas capas, además, tenían como telón de fondo la transformación que ha vivido la capital británica durante las dos últimas décadas. “El cambio de Londres es un tema que hacía tiempo que me interesaba”, admite. “Y la historia de Zac me permitía abordarla”.

Sobre el fracaso policial que recorre el libro, Radden Keefe cree que todo habría sido muy diferente si los padres de Zac hubieran decidido acudir a los medios tras su muerte. “Todo habría sido distinto”, opina. “La prensa británica ama estas historias de gente blanca que tiene problemas, sobre todo si hablamos de un chaval que iba a un buen colegio privado”.

El reportero considera que la presión de los medios habría derivado en presión política y eso hubiera acabado empujado a la policía a investigar más y mejor, básicamente porque sus padres eran gente acomodada y bien conectada. “Si esto le hubiera ocurrido a una familia de inmigrantes africanos o de ingleses sin recursos, lamentablemente nadie se habría interesado”.

El éxito de su último libro ha sorprendido a Radden Keefe, que lleva ya casi medio año promocionándolo por todo el mundo. Ha decidido, sin embargo, no seguir investigando el caso a pesar de que le sigue llegando información. “La estoy pasando a otros periodistas del Reino Unido, no creo que la historia me pertenezca”, apunta.

El periodista sigue preocupado, no obstante, por cómo está viviendo la familia de Zac que su historia se haya convertido en un Best seller. “La gente se les acerca como si los conociera o de golpe van en el metro y ven a alguien leyendo el libro sobre la muerte de su hijo”, explica. “No es fácil para ellos”.

Radden Keefe ha desvelado que el libro está ahora mismo en proceso de convertirse en una serie. Una posibilidad ante la que, debido al interés de las productoras, preguntó a los padres de Zac si realmente estaban dispuestos a que su historia llegara todavía a más gente.

“Les dije que yo no lo necesitaba, que el camino podía acabar con el libro”, señala. “Pero tras pensarlo finalmente han dicho que sí, básicamente para así poder tener cierto control sobre la serie y que no acabe en manos de otra persona”.

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se marchó, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, ha explicado a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. A menudo, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación ha rastreado más de 100 vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.

También se ha podido constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y a menudo trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había marchado cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para recoger unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Dadme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la furgoneta que la esperaba.

De hecho, un vídeo captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy mayores y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump ha reformado precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ha ocultado su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le han permitido anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt ha contribuido a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se ha comprometido a aportar al menos 410 millones de dólares (unos 357 millones de euros) para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le ha enviado 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo ha recibido a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, han aceptado acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos han declarado que no acogerán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh le llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El vídeo en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un autobús para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enfadaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lejía. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lejía porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un autobús y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no han podido averiguar qué ha sido de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no ha respondido a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump ha anunciado fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se han destinado a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros).

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se ha enfrentado al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que ha tenido acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes han sido devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se echa a llorar. Piensa a menudo en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) ha solicitado permanecer en Sierra Leona ni ha pedido que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan ha compartido imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Ha explicado que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

A menudo la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Envías todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les dices algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no has respondido“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, ha tenido que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

El periodismo de investigación atraviesa un momento cada vez más complejo. Así lo advirtió Ignacio Escolar, director de elDiario.es, durante la celebración de la II edición de los Reconocimientos Somos Km0, organizados por la delegación del periódico en Castilla-La Mancha.

En Toledo puso el foco en las dificultades judiciales a las que se enfrenta el medio. Según explicó, el periódico “tiene actualmente 16 causas judiciales abiertas” contra sus periodistas, tanto por la vía civil como por la penal. En este sentido alertó de las consecuencias que esta situación puede tener para el ejercicio del periodismo y para la publicación de informaciones de interés público.

Citó la investigación periodística sobre el cantante Julio Iglesias por parte de un equipo de elDiario.es que trabajó durante tres años antes de publicar la información que apunta a presuntos delitos contra la libertad sexual, por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio, de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

La presión judicial es enorme, pero no por parte de los jueces sino de los que utilizan la Justicia para frenar, dificultar o asustar aquellas investigaciones que son incómodas

Ignacio Escolar — Director de elDiario.es

Hoy, el cantante está más cerca de ser juzgado, sobre todo, según relató, tras conocerse que la Fiscalía es partidaria de investigar al cantante en España a raíz de las denuncias de dos trabajadoras. ElDiario.es afronta una querella contra cinco de sus periodistas.

Ignacio Escolar señaló que los profesionales están acusados de “delitos graves” que, en caso de una condena, podrían acarrear penas de prisión, aunque defendió su inocencia. “Este es el día a día en las redacciones, lamentablemente. La presión judicial es enorme, pero no por parte de los jueces sino de los que utilizan la Justicia para frenar, dificultar o asustar aquellas investigaciones que son incómodas”.

La desinformación, otro gran desafío

A la presión judicial se suma la dificultad de combatir la desinformación en un entorno digital en el que los contenidos falsos pueden difundirse con gran rapidez. Ignacio Escolar reconoció que la llegada de Internet abrió nuevas oportunidades para crear medios de comunicación independientes, pero también facilitó la propagación de mentiras. “Ante esto, los periodistas estamos indefensos y los editores todavía más”

ElDiario.es, explicó, se sostiene gracias al apoyo económico de sus socios y socias: alrededor de 124.000 personas pagan una cuota para contribuir a la continuidad del proyecto. Este modelo ha permitido consolidar una iniciativa periodística que, según destacó, habría sido mucho más difícil de poner en marcha en el contexto de la prensa impresa.

Sin embargo, el periodista lamentó que los medios deban dedicar cada vez más esfuerzos a demostrar que sus informaciones están contrastadas. “La llegada a Internet ha permitido que viaje más rápido la mentira que la verdad. Ha mejorado muchísimo la comunicación entre los seres humanos, y frente a la idea de que una mejor comunicación llevaba a una mejor información, nos hemos encontrado con lo contrario”. A su juicio, los hechos deberían constituir una base compartida del debate público, independientemente de la línea editorial de cada medio.

“El periodismo es una facultad humana y seguirá siendo así”

La presentadora del acto Inma Sánchez Morate preguntó al director de elDiario.es sobre el impacto de la inteligencia artificial en la profesión: “El periodismo es una facultad humana y va a seguir siendo así aunque inventen un robot que vaya con una grabadora por los barrios. Lo veo un poco lejano”, afirmó Escolar.

El peligro, advertía, es “el falso periodismo, ese que te cuenta las mejores 10 playas. Eso no es periodismo, sino mera curiosidad y esos contenidos sí que los puede hacer la IA”.

La inteligencia artificial, añadía, “puede refritear, pero es incapaz de contarte lo que está pasando”.

En el encuentro también se reivindicó la importancia de acercar el periodismo a la ciudadanía y contar las historias que nacen en los barrios, las calles y los pueblos. Ignacio Escolar recordó que elDiario.es está presente en todos los territorios de España, con delegación propia. Defendió que informar sobre el conjunto de España exige mantener esa presencia y prestar atención a realidades que no siempre encuentran espacio en los parlamentos o en las grandes instituciones.

En esta misma línea se expresó Carmen Bachiller, quien recordó que en 2027 elDiario.es Castilla-La Mancha cumplirá 13 años de trayectoria, dos menos de los que tiene la nacional. La directora territorial hizo balance de una etapa de crecimiento progresivo, marcada por las dificultades de consolidar un medio digital en una comunidad autónoma envejecida y en un contexto de transformación de los hábitos de lectura y del consumo informativo.

Pese a estos obstáculos, destacó la voluntad de dar visibilidad a “personas extraordinarias” y a historias cotidianas que van más allá de la actualidad política e institucional.

Las intervenciones coincidieron en señalar los retos que afronta el periodismo: sostener proyectos independientes, garantizar el rigor informativo, hacer frente a la desinformación y proteger el trabajo de investigación. Un escenario en el que, según se expuso durante el acto, contar historias contrastadas y dar voz a la ciudadanía sigue siendo una de las principales responsabilidades de los medios de comunicación.

“Es terrorífico que algo tan básico como poder honrar a tu abuelo sea un motivo de conflicto 90 años después”. Esta es una de las frases con las que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sintetizó buena parte del debate que mantuvo con el periodista Enrique Sánchez Lubián, en la presentación de su libro ‘Crónicas del después de una guerra’. Ambos mantuvieron un clarificador debate sobre memoria histórica y polarización política en el marco de la Feria del Libro de Toledo, moderado por Carmen Bachiller, la directora de la edición castellanomanchega de este periódico, del que Sánchez Lubián también es colaborador.

Más de un centenar de personas asistieron a este coloquio en el que el eje inicial giró en torno al necesario trabajo periodístico para desenterrar la memoria de las personas fusiladas y represaliadas por la dictadura franquista. Así lo expuso Escolar. Detalló que requiere una labor investigadora y la búsqueda de documentos “muy difíciles de hallar”, pero que “desde el punto de vista humano, son valiosísimos” y que “no se pueden contar de manera neutral, como si fuese un partido de fútbol”.

Sánchez Lubián así lo valoró también. Hizo mención a Miguel de Unamuno para referirse a la “intrahistoria”, es decir, aquella “gente corriente, gente cotidiana” que no forma parte de la “historia con mayúsculas”. “Gente anónima que no tuvo cargos de responsabilidad, pero que sin embargo sufrió represión y sobre la que no se ha contado nunca nada. Esa es la cuestión, darle voz a los olvidados, no desde el revanchismo, sino por necesidad de sacar a la luz sus historias”. Y ese es el objetivo de buena parte de su libro.  

Precisamente, Escolar criticó el discurso utilizado por las derechas cuando arremeten contra la memoria histórica alegando que “solo se está contando la historia de los rojos represaliados y no de los curas quemados o de Paracuellos”. “Eso no es verdad, porque esa historia ha estado presente durante toda la dictadura, fue contada un día y otro día, y todos esos muertos fueron honrados y todas esas personas están enterradas en un sitio donde sus descendientes saben dónde están, donde pueden llevarles flores”.

Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia

Ignacio Escolar

El drama, apuntó, está en que hay otra parte de las víctimas, que además “son mayoría en números absolutos”, que durante años fue “ignorada”, incluso “bien entrada ya la democracia”. Fueron historias que eran “tabú”. Y, de hecho, también arremetió contra el que el hecho de que se contraponga la “concordia” como antítesis de la memoria histórica. “Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia”.

Y por todo ello, consideró “terrorífico” que algo tan esencial como “poder honrar a tu abuelo”, que es “algo que las víctimas del otro bando han tenido siempre”, sea “un motivo de conflicto 90 años después”.

 Sánchez Lubián añadió que tanto en su libro como en el anterior que escribió sobre los presos del franquismo que construyeron la Academia de Infantería de Toledo, ha podido comprobar cómo se ha ido creando “una maraña de silencio”. “A veces las familias han creado un relato paralelo para justificar lo que les pasó a ellos, pero eso no se correspondía luego con la realidad. Eso es injusto. Conocer la verdad no es revanchismo, es encontrar respuestas”.

De hecho, durante su intervención puso como ejemplo el caso de Federico García Lorca. “Yo a veces no pienso en García Lorca. Pienso en las tres personas que fueron fusiladas y enterradas con él. El maestro y aquellos dos banderilleros. Esa gente no sabe dónde tiene que ir a llevar las flores. ¿Que la familia de García Lorca no hace nada para localizar a sus restos? Bueno, pero las otras familias tienen derecho a ello”.

Pero, ¿se pudo haber hecho esa reparación de la memoria mucho antes, durante la transición democrática y los primeros años de la década de los 80? Ambos periodistas consideraron que sí. El autor del libro se mostró convencido de que hay un “déficit del que todos somos responsables” pero principalmente los primeros gobiernos democráticos.

“Hay quienes dicen que la Ley de Memoria Democrática lo que hace es resucitar males del pasado, pero gracias a esa ley se está exhumando a mucha gente enterrada en las cunetas. Y gracias a ella se ha puesto en marcha, por ejemplo, la creación de un banco público de ADN, que puede parecer una cosa etérea, pero es importantísimo, porque hasta ahora las exhumaciones se hacían mediante gestión privada”. En definitiva, apuntó, la mencionada norma viene a considerar que la democracia es “mucho más que resignificar”.

El director de elDiario.es también opinó que “se llega tarde” porque “muchos de los familiares que están buscando a sus abuelos están muriendo”. Admitió que durante el periodo en que Adolfo Suárez estaba legalizando al Partido Comunista, y con las tensiones militares que luego desembocaron en el golpe de Estado de 1981, no había en las fuerzas democráticas “capacidad suficiente como para forjar esa reparación” y hubiera sido “darle demasiadas cucharadas de ricino al Ejército”.

“Pero después, en el año 1982, con Felipe González y una mayoría apabullante, y después del golpe de Estado, sí habría sido el momento para poder hacerlo. E incluso hubiera sido más fácil de explicar políticamente, porque uno de los argumentos que utilizan ahora los que se oponen es por qué se hace actualmente”.

En este punto, surgió el debate sobre la educación en las aulas. Aunque sí hay museos y monumentos que ahora dignifican a muchas de esas víctimas olvidadas, no ocurre igualmente en la educación pública. Así lo reconoció el propio Escolar: “En la E.G.B. nunca llegábamos a la Guerra Civil, nunca”.  

Es necesario un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando

Enrique Sánchez Lubián

Y Sánchez Lubián lo confirmó. “Ahora que tanto nos ocupamos ante el revival franquista, nos damos cuenta de que habría que haber hecho una labor de pedagogía, no solamente por explicar la historia en las aulas, sino también por inculcar que la libertad democrática no afecta solo a los tiempos de la guerra, sino también al presente. Un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando”.

Al hilo de ello se refirió a actuaciones como los recientes abusos policiales en cargas contra manifestantes universitarios, las denuncias contra elDiario.es por investigaciones como la de Julio Iglesias, las actuaciones de militares contra migrantes en Ceuta o ver a un agitador de ultraderecha (en referencia a Vito Quiles) vitoreado por legionarios. “Eso es un déficit democrático y contra ello tendríamos que haber puesto una vacuna hace tiempo”.

De hecho, otro ejemplo que puso es el de los jóvenes que acudieron el pasado 12 de octubre a la Puerta del Sol a increpar a los acampados por la vivienda, con consignas fascistas y franquistas, y banderas con la cruz de Borgoña. “Me preocupa de dónde han salido, porque seguramente ninguno de ellos ni sabe ni quién es José Antonio (Primo de Rivera) ni nada de nada”.

Sobre esta cuestión, Escolar hizo mención a una conversación con Iñaki Gabilondo a este respecto, en la que le remarcó que estos chicos y chicas que gritan ‘Viva Franco’ no aguantarían “ni diez minutos, o doce, a más tardar, en una dictadura”.  “Hay cosas muy básicas que ellos dan por sentadas, como que una mujer pueda abrir una cuenta corriente sin permiso del padre o del marido, o que puedas querer a quien quieras, y que antes no eran posibles. Pero lamentablemente hay una corriente, yo creo que algo frívola en primer sentido, o casi pop, de reivindicar cosas de las que desconocen todo”.

También la denominada ‘Ley de Nietos’ y el hecho de que el Tribunal Supremo haya paralizado la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles ocuparon parte del coloquio entre ambos periodistas. Mientras Sánchez Lubián destacó que es “sintomático” de que mucha gente en la derecha política no es consciente de la “dimensión del exilio español”, Escolar consideró “terrible” el debate sobre la cuestión.

De hecho, apuntó que la famosa orden del decreto por la que se permite ese voto incluye “exactamente la misma definición” que se hizo con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Esto, que era pacífico en 2007 y es prácticamente un copia-pega que es fácil de comprobar en el BOE, ahora se convierte en un gran escándalo. Yo creo que en parte tiene que ver también con una mala conciencia por la historia de la derecha española”.

Y al hilo de ello, ambos reflexionaron sobre la polarización política actual. “Cada vez hay menos violencia, pero al mismo tiempo, hay más odio. En gran medida por cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, hay cada vez más discursos encendidos de rechazo al de en frente, de rechazo que no piensa como tú”.

Aunque para el director de elDiario.es resulta “inimaginable un nuevo conflicto militar o una represión y una dictadura asesina como la de la posguerra”, sí dejó claro que “no hace falta llegar a eso para que haya un retroceso democrático”. Para ello puso ejemplos como los de Hungría o Polonia.

Incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, será muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años

Ignacio Escolar

“Cuando hay un partido en el Parlamento que no reconoce la legitimidad del Gobierno desde el minuto uno, pone en duda el resultado electoral y arrastra a la otra fuerza de oposición a esos mismos discursos, cuestionando la limpieza de las elecciones, todo eso es una amenaza de retroceso democrático sin que por eso vayamos a volver a tener fosas comunes ni fusilados”, destacó.

No obstante, también dejó claro que, por “ver el vaso medio lleno”, hay muchas leyes que suponen avances sociales y que no se van a modificar. “Porque se está generando una nueva conciencia social que hará que, incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, sea muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años”, en referencia al clamor social derivado del desahucio de Maricarmen Abascal.

Por último, Enrique Sánchez Lubián insistió en la necesidad de seguir investigando, buceando en los archivos. “Hay que seguir apostando por la digitalización de todos los documentos, porque muchas veces encuentras expedientes que dicen no se pueden consultar porque su estado de conservación es tan nefasto que se va a deshacer el papel. Y hay que seguir recogiendo testimonios de familiares. Seguir trabajando por la memoria, por desenterrar todo lo tapado y olvidado”, concluyó.

Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) ha ejercido el periodismo durante más de 40 años, habiendo sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo. Ha combinado la labor periodística con la divulgativa, siendo autor de libros como 'Besteiro, años de juventud'; 'Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano'; 'Emelina, la belleza que alumbró a la República'; 'El reloj de la cárcel, Poesías y leyendas de Francisco Machado'; 'Crónica negra de Toledo. Truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir'; 'Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50'; 'Toledo en la II República'; o 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo'.

Las adicciones aparecen en los medios con frecuencia cuando se convierten en un suceso, protagonizan un episodio especialmente llamativo o dejan al descubierto sus consecuencias más visibles. Mucho menos habitual es que ocupen reportajes capaces de profundizar en los factores sociales, económicos y psicológicos que intervienen en su desarrollo. Es una de las cuestiones centrales del coloquio 'Periodismo ético, responsabilidad social en la comunicación“, celebrado este jueves en el marco de las V Jornadas de Intercambio Profesional de Projecte Home Balears.

El debate, llevado a cabo en la sede de la Fundació Sa Nostra y moderado por el periodista David Oliver, ha reunido a Angy Galvin, doctora en Periodismo, directora de elDiario.es en Balears y profesora del CESAG-Comillas; Ángeles Durán, doctora en Comunicación, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y profesora del CESAG-Comillas, y Antoni Parets, director de Comunicación y Proyectos de Projecte Home Balears. Bajo el lema general de las jornadas, 'Comprender la adicción desde una mirada integradora', los participantes han reflexionado sobre la responsabilidad de los medios a la hora de representar el consumo de drogas, evitar el estigma y explicar un fenómeno que no puede reducirse a decisiones individuales.

“Yo creo que no se explica suficiente o no se explica bien”, ha aseverado Durán Duránte su turno de palabra, en el que ha defendido una cobertura más profunda y formativa en forma de reportajes que incorporen fuentes expertas, datos, cifras y evidencia científica, en lugar de limitarse a recoger declaraciones de vecinos o testimonios que alimenten el morbo sin aportar conocimiento sobre el problema. En esta línea, la presidenta de la APIB sostiene que no informar de una realidad no contribuye a resolverla. “No hablar de ese problema no implica que se vaya a solucionar”, ha incidido, subrayando que la cuestión no consiste en publicar indiscriminadamente cualquier episodio relacionado con las drogas, sino en abordar las adicciones con contexto, rigor y una finalidad preventiva.

También ha defendido la necesidad de ofrecer información útil sobre las posibilidades de tratamiento y recuperación y, al igual que ocurre con la cobertura del suicidio, ha añadido que informar responsablemente exige evitar determinados enfoques y, al mismo tiempo, contribuir a que la ciudadanía conozca la dimensión del problema. La periodista ha defendido que las adicciones deben abordarse en reportajes que incorporen fuentes expertas, datos, cifras y evidencia científica, y no únicamente a través de declaraciones de vecinos o testimonios sin conocimiento especializado. El objetivo, ha recalcado, debe ser ofrecer información que ayude a comprender el problema y que incluya recursos de ayuda y posibilidades de recuperación.

En este sentido, Galvín ha hecho hincapié en la importancia de contextualizar: “Por mucho que el periodista no cuente lo que está pasando, no significa que vaya a desaparecer”. La directora de la delegación balear de este periódico ha apelado por una cobertura que no se limite a reaccionar ante casos concretos, sino que permita comprender el fenómeno y sus distintas dimensiones. “Yo siempre voy a ser partidaria de contar y de contextualizar”, ha remarcado.

Desde Projecte Home, Parets ha defendido la necesidad de extremar la cautela al informar sobre personas con adicciones y evitar que una noticia termine condicionando su vida. El responsable de comunicación y proyectos de la entidad ha explicado que, cuando se plantea dar voz a una persona que ha pasado por un proceso de recuperación, valoran tanto su edad como las consecuencias que la exposición pública puede tener sobre su futuro. La decisión, señala, exige encontrar un equilibrio entre el interés informativo y el respeto a la persona.

De la sección de sucesos a un problema colectivo

Los ponentes han coincidido en que el tratamiento informativo de las adicciones ha evolucionado respecto a décadas anteriores, cuando el consumo de heroína aparecía ligado con frecuencia a la delincuencia, la inseguridad y la marginalidad. Sobre ello, Galvín que las redacciones tienen hoy una mayor conciencia sobre las consecuencias del lenguaje que utilizan. “Los periodistas ahora tenemos en cuenta que no todo vale por tal de comunicar algo de manera más efectiva”, ha señalado, explicando cómo Duránte años los medios han utilizado expresiones estigmatizantes como “yonki” y “porreros” que han contribuido a revictimizar a las personas que sufrían problemas de adicción.

Durán, por su parte, ha advertido de que persisten los enfoques que reducen un problema complejo a una imagen estereotipada, especialmente en las informaciones de sucesos y en determinados contenidos que circulan por las redes sociales. “Las palabras no son neutras”, ha afirmado Durán, quien defiende la aplicación de los principios deontológicos del periodismo y, en particular, el respeto a la dignidad humana.

Aunque el código de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) no incluye un apartado específico dedicado a las adicciones, la periodista señala que sus principios éticos son aplicables a la cobertura de estas realidades. También alerta de que los medios siguen teniendo una capacidad importante para marcar la agenda pública, pese al auge de las plataformas digitales.

Parets ha advertido también de los riesgos de construir los relatos periodísticos alrededor de los aspectos más morbosos de una historia. En su intervención, ha explicado cómo Projecte Home intenta evitar que los testimonios se reduzcan a episodios de violencia, delitos o conflictos familiares, especialmente cuando esos elementos no representan necesariamente la realidad de las personas con adicciones. La intención, sostiene, es ofrecer una visión más amplia y evitar que la cobertura refuerce los prejuicios que vinculan automáticamente el consumo de drogas con la exclusión social o la delincuencia.

Los vídeos sensacionalistas

La directora de la delegación balear de este periódico ha advertido, por otro lado, de que el desafío no se limita a las prácticas de los medios tradicionales, sino que se extiende a los contenidos que circulan por las redes sociales y que alcanzan especialmente a los más jóvenes. En esta línea, ha expresado su preocupación por la viralización de algunos contenidos de youtubers que presentan visitas a barrios vulnerables como experiencias extremas con titulares que exageran el peligro. A su juicio, este tipo de contenidos reproduce malas prácticas periodísticas que se creían superadas y contribuye a construir una imagen distorsionada de las personas con adicciones. “La imagen que tienen muchísimos jóvenes sobre la drogodependencia muchas veces viene a través de las redes sociales”, abunda.

Galvín defiende la necesidad de que quienes comunican, sean periodistas o creadores de contenido, asuman la responsabilidad social que implica informar sobre una problemática compleja. Aunque considera que las redacciones han avanzado y que existe una mayor atención a los códigos deontológicos, rechaza que los medios puedan dar por resuelto el problema: “Creo que ahora la batalla es en redes sociales y por intentar educar a esos comunicadores, no periodistas, pero sí comunicadores de la necesidad de tratar el tema con mayor conciencia social”.

El contexto social que queda fuera del relato

La mirada integradora que han planteado los participantes implica no explicar las adicciones exclusivamente desde el comportamiento de quien consume. La precarización, las condiciones de vida, los problemas psicológicos y las circunstancias personales forman parte del contexto que puede ayudar a comprender las trayectorias de consumo, aunque no exista una única causa que explique el desarrollo de una dependencia.

El debate ha apuntado así a una limitación frecuente de la información sobre drogas: cuando la noticia se construye alrededor de un episodio aislado, el foco se concentra en la conducta individual y deja en segundo plano las circunstancias que la rodean. Para profundizar en ellas hacen falta tiempo, investigación y fuentes especializadas, recursos que no siempre encajan con la lógica de la noticia inmediata.

Los participantes también han cuestionado la tendencia a asociar las adicciones con la marginalidad. Al respecto, Galvín ha advertido de que los estereotipos continúan condicionando la percepción pública y dificultan reconocer el problema cuando afecta a personas que no responden a la imagen tradicional de la exclusión social.

Y es que, como ha puesto de manifiesto, el consumo de cocaína puede tener dos lecturas muy diferentes según quién lo protagonice. En determinados ambientes, consumir Duránte una fiesta se presenta como una forma más de diversión; cuando el consumo se hace visible en la calle y se asocia a la pobreza, la imagen cambia y aparecen los estereotipos de la marginalidad y la delincuencia. “El yonki no es el del chalet de Ibiza que se mete rayas. Ese es un fiestero”, asevera al ilustrar cómo un mismo consumo puede recibir una consideración social diferente según quién lo protagonice y el entorno en el que se produce. La diferencia de percepción, añadió, contribuye a invisibilizar problemas de adicción entre personas que mantienen una vida aparentemente normal.

La periodista ha advirtido así de que el tratamiento mediático al respecto está atravesado por prejuicios de clase. “Hay un componente de aporofobia cuando se trata el tema del consumo de drogas”, señala, contraponiendo la imagen del famoso de Hollywood que acude a una clínica de desintoxicación con la del “yonki” que aparece “tirado en la calle” y cuyo problema se percibe como una amenaza pública. Entre ambos extremos, lamenta, apenas hay “una escala de grises”: mientras determinados consumos se normalizan e incluso se presentan como parte de un estilo de vida atractivo, las personas que desarrollan una dependencia siguen cargando con el estigma.

Parets, por su parte, recuerda que la aceptación social de las sustancias también influye en la forma de percibir sus consecuencias. La dependencia del alcohol, pese a que puede tener efectos graves, no siempre recibe la misma consideración que el consumo de drogas ilegales. Para el director de Comunicación y Proyectos de Projecte Home Balears, comprender las adicciones exige una perspectiva biopsicosocial que tenga en cuenta su complejidad.

Durán insiste en que las palabras no son neutras y en que los principios deontológicos del periodismo deben aplicarse también a este ámbito. La información debe evitar los prejuicios y la revictimización, sin que eso suponga ocultar hechos relevantes. La clave, defendió, está en explicar en profundidad y no en convertir cada caso en un espectáculo.

Investigar el negocio que hay detrás

La responsabilidad de los medios, según Durán, tampoco debe detenerse en las personas que consumen o desarrollan una dependencia. La periodista reclama investigar los intereses económicos que operan detrás de determinados mercados relacionados con las drogas, citando el caso del fentanilo en Estados Unidos como ejemplo de la importancia de examinar las responsabilidades empresariales.

“Los medios de comunicación son empresas que tienen intereses”, advirtió, antes de reivindicar un periodismo valiente que investigue qué hay detrás del negocio. La reflexión introduce otra dimensión en la cobertura de las adicciones: además de analizar sus consecuencias individuales y sociales, el periodismo puede examinar quién obtiene beneficios económicos y qué responsabilidades se derivan de ello.

Al término del coloquio, Parets ha reclamado un periodismo “creativo, profesional, educativo y que genere valor” frente al mercantilismo. Galvín ha recordado que detrás de cada fotografía, frase o titular hay una persona y que lo publicado puede tener consecuencias tanto para ella como para el colectivo al que pertenece.

Las intervenciones de la mesa coincidieron en una idea: informar sobre las adicciones requiere algo más que contar el consumo cuando se convierte en noticia. Exige aportar contexto, contrastar con fuentes expertas, evitar los estereotipos y examinar las dimensiones sociales y económicas del problema. El reto para los medios es dejar de mirar únicamente el episodio visible y dedicar espacio a explicar qué hay detrás.

¿Cómo ha cambiado el uso del espacio público durante los últimos 50 años? ¿Son hoy las calles, plazas y parques lugares más libres, abiertos y participativos? ¿Quién decide cómo se utilizan y qué papel desempeña la ciudadanía en su transformación? Estas son algunas de las preguntas que centrarán el coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad', organizado por elDiario.es Aragón, con el patrocinio de la Fundación Bernardo Aladrén y la colaboración de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 22 de octubre, de 19.00 a 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza –travesía de Nicolás Funes, 8– y reunirá a cuatro profesionales con trayectorias y experiencias muy diferentes para reflexionar sobre la evolución del espacio público durante medio siglo de democracia y los retos que plantea su utilización en el futuro. Para acudir, es necesario reservar plaza a través de este enlace.

Desde la planificación urbanística y la regeneración de los barrios hasta la irrupción de las nuevas tecnologías, la vigilancia, la convivencia o los conflictos por el uso de determinados espacios, el debate abordará una cuestión fundamental: cómo garantizar que las ciudades sigan siendo lugares de encuentro, participación y ejercicio de las libertades ciudadanas.

Cuatro miradas sobre el espacio público

El geógrafo y profesor de la Universidad de Zaragoza Paco Pellicer será el encargado de conducir la mesa redonda. Especialista en ordenación del territorio y medioambiente, fue director técnico del Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008 y director general adjunto de la muestra internacional. Actualmente es uno de los impulsores de 'Zaragoza sueña fuerte', una iniciativa que plantea repensar el futuro de la ciudad desde la sostenibilidad, la cultura, la innovación y la participación ciudadana.

Pellicer introducirá el debate sobre la necesidad de recuperar y mejorar los espacios de convivencia, desde las plazas y parques hasta las bibliotecas y los equipamientos culturales, y sobre el papel de la ciudadanía en la construcción de una ciudad más habitable y cohesionada.

Daniela González, responsable de Comunicación de la Fundación Hermes, dedicada a identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, aportará la perspectiva tecnológica y su relación con el ejercicio de las libertades. Igualmente, abordará cómo las cámaras, los sensores, las aplicaciones y los sistemas de identificación están transformando la utilización del espacio público.

Su intervención planteará cómo aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la seguridad y los servicios sin normalizar una vigilancia generalizada, limitar derechos o excluir a quienes no disponen de herramientas digitales. También defenderá la importancia de incorporar a los jóvenes a las decisiones sobre el diseño y la gestión de los espacios que utilizan.

La arquitecta Patrizia Di Monte, cofundadora del estudio Grávalos & Di Monte y responsable del reconocido programa de regeneración urbana 'estonoesunsolar', analizará cómo ha evolucionado la concepción del espacio público y su relación con la democracia. Su experiencia en la recuperación de solares abandonados y su transformación en lugares de uso ciudadano servirá para reflexionar sobre quién decide el destino de los espacios urbanos y hasta qué punto sus habitantes participan en esas decisiones.

Di Monte abordará también la adaptación de las ciudades al cambio climático, la distribución de los espacios públicos entre los distintos barrios y las posibilidades de impulsar fórmulas de gestión compartida que refuercen el sentimiento de pertenencia de los vecinos.

Por su parte, Nacho Romanos, pionero del skateboarding en Zaragoza, propietario de Not Skate Shop y portavoz del Zaragoza Skateboarding Club, trasladará el debate a un conflicto concreto de la ciudad: el futuro del skatepark de Vía Hispanidad.

Romanos expondrá la oposición del colectivo a los proyectos urbanísticos que han amenazado la continuidad de estas instalaciones, especialmente en 2019 y 2025, y defenderá el derecho de los jóvenes a disponer de espacios públicos para practicar deporte y relacionarse. Su intervención permitirá comparar el tratamiento que reciben estas instalaciones en Zaragoza con el de otras ciudades europeas que apuestan por integrarlas en su trama urbana.

Una invitación a reflexionar sobre la ciudad que queremos

La mesa redonda pretende abrir un espacio de reflexión sobre las transformaciones que han experimentado las ciudades desde la recuperación de las libertades democráticas y sobre los nuevos desafíos que afectan al derecho de la ciudadanía a disfrutar del espacio público.

El encuentro pondrá sobre la mesa las tensiones entre los distintos usos de la ciudad, la planificación urbanística, los intereses económicos, las necesidades vecinales y las nuevas formas de participación, con la mirada puesta en los próximos 50 años.

El coloquio 'Por otros 50 años de espacio público en libertad' se celebrará el jueves 22 de octubre, entre las 19.00 y las 21.00 horas, en el Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. La entrada es libre, aunque el aforo es limitado.

Alberto Núñez Feijóo ofreció sus condolencias en la noche del miércoles al conocerse la noticia de la muerte de Maricarmen Abascal. “Ante la muerte de una persona, solo cabe el respeto”, dijo. Al día siguiente, ya se había subido al carro de combate que no abandonará en lo que queda de campaña. Tocaba cargar contra todos aquellos que han denunciado a los que no hicieron nada para impedir el desahucio que finalmente llevó a Maricarmen a la tumba.

El líder del PP no tiene esto último entre sus prioridades. Si fuera así, lo habría mencionado en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP. Lo que realmente le preocupaba es que esa muerte reforzara la acusación a los partidos que votaron contra la prórroga del escudo de los desahucios en el Congreso: “No vamos a permitir el intento de manipulación emocional de los españoles. No va a colar”. Qué es eso de que haya tanta gente que hable de empatía, de compasión o que afirme que el sistema político tiene alguna responsabilidad sobre la muerte de una anciana.

Al igual que otros dirigentes del PP, Feijóo no tuvo tanta consideración ni alzó la voz cuando varios medios de comunicación de la derecha se lanzaron contra Maricarmen bien escarbando entre las riñas de vecinos de un edificio, bien afirmando que solo era una pieza del tablero político colocada y movida por el Gobierno. La incomodidad del PP era evidente. Temían que el debate sobre la vivienda y los desahucios expulsara a la crisis de Ceuta de los titulares. Después de dos meses hablando de Ceuta, un asunto que no ha acabado ni mucho menos, confiaban en que siguiera monopolizando la atención de partidos y medios.

Lo que ocurrió fue tan deplorable como previsible. Los que se burlaron de Maricarmen, los que la desacreditaron por sus problemas con los antiguos dueños y los que la tacharon de marioneta negándole su dignidad, todos ellos dijeron después que los que la defendieron eran los culpables de su muerte. Chapu Apaolaza, de ABC, insistió en que había habido un “casting” organizado por Moncloa para elegir una víctima propiciatoria y “utilizarla para sus maniobras políticas”. Es lo que había dicho en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez en Cuatro.

En la misma línea, Agustín Pery, en el mismo periódico, reforzó la hipótesis de que solo era un peón. Los culpables eran muchos y estaban todos en la izquierda: “Su vida, buena o mala, dejó de pertenecerle en el mismo instante en que actores, cantantes y activistas de la nada, primero, y políticos, después, decidieron que había que enarbolarla, exhibirla como una Lady Godiva”.

El testimonio de las personas que conocieron a Maricarmen no podía ser más diferente. La periodista de La Sexta Andrea Ropero, que la entrevistó en su hogar justo antes del desahucio, recordó que “ella quería que esa imagen llegara a todo el país para que todos fueran conscientes de lo que es un desahucio”.

Después de años de lucha para conservar la casa de la que la empresa Urbagestión quería expulsarla, sabía muy bien lo que estaba haciendo y por qué: “Maricarmen tenía un problema que entendió desde el principio, que no era un problema individual que le afectara a ella, por ser Maricarmen en este caso, sino que era un problema colectivo”, explicó su abogada, Beatriz Duro.

Lo dijo ella misma en una entrevista en octubre de 2025: “Que me corten el cuello, vale, pero me lo van a cortar luchando. No sentada en la butaca, no marchándome por la noche con la maleta, porque ya no aguanto más los acosos”. Tenía su carácter –de eso no cabe duda–, por lo que no puede haber más desprecio que creer que ella se había dejado manipular por otros.

La máxima agresividad política se produjo en las instituciones madrileñas, lo que no es una novedad. El PP se negó a que se hiciera un minuto de silencio en el pleno del jueves en el Ayuntamiento de Madrid. Los socialistas utilizaron su turno de palabra para que se produjera ese minuto en pie. Los concejales del PP se quedaron sentados.

Rita Maestre, de Más Madrid, lanzó una acusación directa contra el alcalde: “No hizo nada cuando Maricarmen lo pidió. Solo actuó (como mediador) cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen”. Almeida devolvió el golpe y dijo que “Maricarmen es una estrategia electoral, es un señuelo para tratar de permanecer en el poder”. También consideró que era una humillación para esa mujer el hecho de que el minuto de silencio durara 40 segundos. Estaba en contra del minuto y también contra el hecho de que durara menos de un minuto.

En la Asamblea de Madrid, ocurrió algo parecido. Díaz Ayuso apostó por su estilo de costumbre centrado en buscar la ofensa personal al decir que el Gobierno no da “pisos a mujeres como Maricarmen”, sino “a amantes como Jéssica”. “En las calles de Madrid no va a haber paz”, le avisó Manuela Bergerot. Ayuso se sintió amenazada: “Cuando ustedes han dicho que no va a haber paz, ¿nos están amenazando? ¿Físicamente?”. Por la tarde, Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, fue a la policía a denunciar las palabras de Bergerot. Luego, la llamó “choni indocumentada” en las redes.

Madrid tiene la habilidad de sacar lo peor de la política.

La emoción y la furia con que fue recibida la noticia de la muerte de Maricarmen hizo que en la derecha se recuperara el discurso de los dos extremos, ahora un poco más en desuso, porque uno de ellos, la extrema derecha, será esencial para que Feijóo pueda llegar a Moncloa.

Fue aprovechado por uno de sus mayores soportes mediáticos. A cuenta de lo que se había podido leer en las redes sociales, Pedro J. Ramírez sostuvo que “desde los dos extremos” se había echado “leña al fuego de la crispación”. Su diario, El Español, fue el que publicó un artículo con el que presentar a la anciana como alguien que hacía cosas tan reprochables como “ir al bingo” o protestar a los vecinos por el ruido que hacían los niños. La clave era quitarle la condición de víctima que la izquierda le había entregado.

Por mucho que la responsabilidad sobre la situación de la vivienda alcance a todas las instituciones, incluido el Gobierno central, y a que es seguro que Pedro Sánchez no cuenta con muchos partidarios en la acampada de Sol en Madrid, es el PP el que prefiere que no se hable más de Maricarmen. No ha llegado al extremo de desacreditar a la anciana, como han hecho columnistas de medios como El Español, The Objective o ABC, pero no le conviene que se hable tanto de vivienda ni de la deuda que la sociedad tiene con los ancianos que son desahuciados.

Para el PP, todo se reduce a prometer la construcción de un millón de viviendas y dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer en la búsqueda de beneficio. Todo lo demás acarrea una tensión que no hace ningún bien a sus intereses electorales. No es momento para preocuparse por ancianas con problemas.

Mari Carmen Abascal ha muerto y se ha convertido en un icono de la lucha por una vivienda digna. Sin embargo, en varios medios de comunicación y, principalmente, en las redes sociales, se ha intentado desacreditar su figura mezclando conceptos que nada tienen que ver con el fondo del problema. Dicen : Maricarmen era binguera, tenía mal carácter, le molestaban los ruidos. Estos son algunos de los detalles que se destacan de su vida para enturbiar el debate. Cuesta comprender cómo, ante un sufrimiento real, ante la angustia de la precariedad y el desamparo, haya gente que prefiera agarrarse a este tipo de anécdotas antes que mirar a la cara a la injusticia. ¿Cómo se puede ser tan insensible para anteponer las aficiones o el carácter de una persona a su derecho inalienable a vivir en unas condiciones dignas?

Hay un mecanismo muy humano, también muy peligroso, detrás de esta actitud: resulta mucho más fácil buscarle imperfecciones a la víctima que admitir la fragilidad del sistema que nos rodea. Si convencemos al público de que Mari Carmen era una persona 'difícil', nos ahorramos la empatía. Si juzgamos su forma de vida, tranquilizamos nuestra conciencia pensando que a nosotros nunca nos pasará algo parecido. Deshumanizar al otro es la vía rápida para no tener que indignarse, para no tener que mirar de frente una realidad que incomoda y para poder convencernos de que el sufrimiento ajeno siempre tiene alguna explicación que lo hace menos injusto.

Pero los hechos son los hechos; si una persona denuncia la falta de calefacción, la amenaza de un desahucio o la falta de servicios básicos, lo correcto es contrastar los datos y comprobar si tiene razón. Se puede investigar, se puede cuestionar una versión y se pueden exigir pruebas. Lo que no deberíamos hacer jamás es utilizar su vida privada para quitarle legitimidad. Porque una cosa es analizar los hechos y otra muy distinta es construir un personaje alrededor de una persona para que resulte menos digna de nuestra empatía.

Los derechos no son un concurso de simpatía: No hace falta ser agradable ni llevar una vida que la mayoría apruebe; no hace falta ser una persona perfecta. Los derechos son universales precisamente porque pertenecen también a quien no nos cae bien, a quien nos incomoda, a quien tiene un carácter difícil y a quien toma decisiones o mantiene costumbres que nosotros jamás elegiríamos para nuestra propia vida. Si los derechos dependieran de que la persona que los reclama nos pareciera suficientemente buena, simpática o respetable, entonces dejarían de ser derechos.

Cuando dejamos de preguntarnos si lo que una persona dice es cierto y empezamos a evaluar si es lo suficientemente 'digna' para ser escuchada, cruzamos una línea peligrosísima. Hoy es una mujer mayor a la que presentan como alguien antipático, con costumbres que algunos juzgan con condescendencia; mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Porque nadie sabe cuándo puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad, cuándo puede necesitar que otros defiendan sus derechos o cuándo puede convertirse, de repente, en esa persona a la que una parte de la sociedad considera demasiado incómoda, imperfecta o poco simpática como para merecer su solidaridad.

Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana. Las costumbres, la edad, el carácter o el apellido de una persona no deberían convertirse en herramientas para desviar la atención de aquello que realmente importa. Cuando para restar importancia a una injusticia necesitamos resaltar que alguien jugaba al bingo, tenía mal genio o le molestaban los ruidos, deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos aportando información relevante o estamos preparando al lector para que acepte que esa persona merecía sufrir?

"Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana"

La dignidad de un ser humano no puede depender de que nos guste su forma de vivir. Y sus derechos tampoco. Mari Carmen no debería tener que haber sido una mujer perfecta para que pudiéramos reconocer la injusticia de aquello que estaba viviendo. No debería haber necesitado nuestra aprobación, nuestra simpatía ni nuestra admiración para merecer unas condiciones de vida dignas. Y quizá eso sea precisamente lo que más deberíamos recordar ahora que ya no está: que detrás de cada caso hay una persona, con sus virtudes, sus defectos, sus manías, sus errores y su manera de vivir, pero también con una dignidad que nadie tiene derecho a quitarle.

Hay muchas Maricármenes. Muchas personas que, lejos de los focos y de los titulares, siguen luchando por una vivienda digna, por unos servicios básicos, por ser escuchadas y por no ser tratadas como si su vida tuviera menos valor que la de los demás. Y mientras existan esas personas, mientras haya quienes tengan que luchar por derechos que deberían estar garantizados, no podemos permitir que la deshumanización se convierta en una herramienta para mirar hacia otro lado. Hay que seguir hablando, señalando la injusticia y luchando hasta el final.

El primer gran directo de Un tema Al día fue un encuentro emocionante, un viaje por la conexión íntima entre la vida y la política, un homenaje a todas las personas necesarias para que el periodismo tenga sentido. Más de 1.300 personas asistieron en directo en el Teatro Lope de Vega de Madrid y ya puedes escuchar el capítulo, gratis, en este enlace de Amazon Music.

“¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”, arrancaba Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es y director de Un tema Al día. A partir de esa pregunta, el guión fue tejiendo con sonidos un relato que pasaba de lo personal a lo político, de la memoria a la esperanza, del auge de la extrema derecha a las protestas por la vivienda. Historias que han recordado lo que el equipo y los oyentes han compartido a lo largo de más de mil episodios, con espacio también para alguna sonrisa. “No solo tenemos oyentes”, recordó Juanlu Sánchez, sino una comunidad que cada mañana se reúne “para sostenerle la mirada al mundo”.

El recorrido terminó con la aparición por sorpresa en el escenario de dos voces conocidas por la comunidad de oyentes de Un tema Al día. “Queremos agradecer y rendir homenaje a las personas que en el momento más difícil de sus vidas decidieron hablar con periodistas de elDiario.es”, explicó Juanlu Sánchez. El directo acabó siendo una narración en diferentes formatos con un hilo común, el de las personas necesarias para que el periodismo tenga sentido. 

Este es el primero de una serie de contenidos especiales y entrevistas de Un tema Al día que se podrán escucharse de manera gratuita en el canal habitual de Un tema Al día en Amazon Music, cada 15 días.

Un tema Al día, el podcast diario de actualidad de elDiario.es, cumple su sexta temporada con más de un millón de escuchas al mes y más de 200.000 suscriptores en plataformas de audio. Dirigido por Juanlu Sánchez, cuenta con el trabajo de Marcos García Santonja, Carmen Ibáñez, Pedro Nogales e Izaskun Pérez y con la participación de la redacción y las ediciones locales de elDiario.es.

Escucha el episodio especial completo aquí.

Toledo acogerá el próximo 15 de octubre la II edición de los Reconocimientos 'Somos Km0' que otorga la edición en Castilla-La Mancha de elDiario.es

El acto tendrá lugar a las 19 horas en el Círculo de Arte de Toledo con el objetivo de visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural de la comunidad autónoma.

En 2026, los Reconocimientos 'Somos Km0' de elDiario.es Castilla-La Mancha distinguirán a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al progreso científico, social, cultural y económico de la comunidad autónoma y a la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. El acto contará con la asistencia de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, y Carmen Bachiller, directora de elDiario.es Castilla-La Mancha.

'Somos Km0' 2026

En esta edición se reconocerán iniciativas vinculadas a la investigación científica, el emprendimiento y la lucha contra la despoblación, la igualdad y la integración social, la visibilidad sociosanitaria y la divulgación del patrimonio histórico. Además, habrá dos reconocimientos de carácter honorífico, uno de ellos a título póstumo.

En un acto conducido por la periodista Inma Sánchez Morate el Reconocimiento 'Somos Km0' a la investigación y la divulgación científica recaerá en el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria.

El centro se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en el ámbito de la Astronomía, tanto por su contribución al conocimiento del medio interestelar como por su capacidad de innovación tecnológica. Entre sus aportaciones destaca su participación en el hallazgo de alrededor del 30% de las moléculas interestelares conocidas y su posición internacional en el desarrollo y fabricación de tecnología vinculada a los radiotelescopios. Además, el Observatorio ha sido declarado centro oficial para el seguimiento del denominado Trío de Eclipses. El reconocimiento será recogido por su director, Pablo de Vicente.

En el ámbito de la iniciativa emprendedora, el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, el Reconocimiento 'Somos Km0' será para la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud, en Cuenca. La asociación cuenta ya con dos décadas de trayectoria y en los últimos cinco años ha visto cómo varios jóvenes tomaban el testigo para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo, ocio y cultura en este pequeño municipio conquense. La presidenta de la asociación, Irene Ferrer, será la encargada de recoger el reconocimiento.

Los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, recibirán el Reconocimiento 'Somos Km0' en Igualdad y Derechos Humanos por su trabajo en la integración de colectivos vulnerables y por su capacidad para proporcionar, desde un municipio de tamaño reducido, recursos y servicios propios de grandes localidades, centralizados para toda la comarca de la Manchuela.

El equipo trabaja además desde hace años para favorecer la convivencia entre las más de 30 nacionalidades presentes en Villamalea, mediante programas de formación y mediación intercultural. Una labor que ha convertido al municipio en una experiencia de referencia más allá de Castilla-La Mancha. El equipo de Servicios Sociales recogerá el reconocimiento.

La visibilidad sociosanitaria tendrá también un reconocimiento propio. En este caso será para Álvaro González Llave, vecino de Valdeverdeja, en Toledo, por su valiosa labor de divulgación en redes sociales sobre la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada cuando tenía apenas un año y medio.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 20.000 seguidores, Álvaro comparte su día a día y contribuye a dar visibilidad a una enfermedad poco frecuente y a las personas que conviven con ella. Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y vitalidad. Él mismo será quien reciba el reconocimiento.

En el ámbito de la Cultura, el reconocimiento recaerá en el joven historiador Santiago Díaz del Campo, por su labor de divulgación del patrimonio documental de Castilla-La Mancha y, especialmente, por acercar al público documentos centenarios y fotografías históricas conservados en el Archivo Municipal de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real.

Su trabajo ha permitido acercar el patrimonio histórico a nuevos públicos y contribuir a preservar y difundir la memoria de los municipios rurales. Díaz del Campo será el encargado de recoger un reconocimiento que pone en valor una forma de divulgación histórica apoyada en las nuevas herramientas y canales de comunicación.

Los reconocimientos honoríficos

Junto a estos cinco reconocimientos, elDiario.es Castilla-La Mancha entregará dos más con carácter honorífico.

El primero distinguirá los 40 años de historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por su contribución a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

La institución, creada en junio de 1982 y con actividad académica desde el curso 1985/1986, nació con el propósito de ser útil y con dos principios que continúan formando parte de su identidad: el servicio público y la vertebración territorial. El rector de la UCLM, Julián Garde, recogerá el reconocimiento.

El segundo reconocimiento honorífico lo será a título póstumo para Jesús Fuentes Lázaro, político, periodista, maestro y activista cultural, por su contribución a la construcción de la comunidad autónoma, su defensa de los valores democráticos y de la igualdad de oportunidades y su compromiso con la cultura y el patrimonio. Fue el primer presidente de Castilla-La Mancha tras entrar el vigor el Estatuto de Autonomía, en 1982. El reconocimiento será recogido su esposa, María de los Ángeles Gómez Núñez.

El acto reunirá así a representantes de ámbitos muy diferentes, con el objetivo de reconocer iniciativas y trayectorias que han contribuido a transformar Castilla-La Mancha desde sus pueblos, instituciones, centros de investigación y espacios culturales y sociales.

El acto está patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y BBVA. Además, colaboran la DO La Mancha, Cervezas Arriaca y San Telesforo.

De un tiempo a esta parte se está reivindicando la figura de esos artistas e intelectuales que brillaron durante el periodo de entreguerras, unos brotes verdes que fueron segados por el franquismo, cuando no condenados al exilio. Tanto se perdió en los cuarenta años de dictadura que hoy casi cuesta creer que antes de la guerra existieron mujeres con un discurso tan progresista, tan radical para los tiempos, como el de la escritora y activista canaria Mercedes Pinto (San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, 1883 - México, 1976).

La autora, que procedía de una familia conocida en el círculo cultural tinerfeño, se casó en su juventud con un capitán de la marina mercante, con quien tuvo tres hijos. Durante los diez años que duró el matrimonio, sufrió malos tratos físicos y psicológicos, y solo después de mucho batallar logró que ingresaran a su marido en un centro psiquiátrico. El internamiento no se prolongó lo suficiente, sin embargo, y Mercedes Pinto tomó la decisión de marcharse a Madrid con sus tres hijos, en una suerte de “primer exilio”.

Por aquel entonces ya había hecho sus pinitos colaborando con diferentes periódicos, pero el cambio de entorno, en plena efervescencia bohemia, le abrió muchas puertas. Fue en 1923 cuando protagonizó un momento clave para la historia política española, algo que la marcó para siempre y que sentó un precedente en el debate contemporáneo sobre los derechos de las mujeres: la conferencia que pronunció el 25 de noviembre de aquel año en la Universidad Central de Madrid, en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y ante la presencia del príncipe Luis Fernando de Baviera, entre otros.

En principio, la encargada de la ponencia era su amiga Carmen de Burgos, conocida como Colombine, pero por problemas de salud delegó en Pinto. Esta leyó el discurso que hoy se recoge en El divorcio como medida higiénica (Torremozas, 2026), junto con otros textos suyos, en una edición a cargo de Fran Garcerá, especialista en la autora, de quien ha editado también un libro de poesía (Cantos de muchos puertos, Torremozas, 2017), muy influida por la experiencia del exilio, y una obra de teatro (Un señor… cualquiera, Torremozas, 2022), que este otoño ha vuelto a escena.

Del derecho de las mujeres al divorcio… y al segundo matrimonio

En su conferencia, Pinto tiene la valentía de reclamar el derecho al divorcio para las mujeres, que entonces estaban a expensas de las decisiones del marido. Comienza su disertación exponiendo una realidad a la que casi nadie se atreve a mirar de frente: la mala vida que muchos hombres dan a sus esposas de puertas adentro. No dice “malos tratos”, pero el lector contemporáneo puede leer entre líneas que lo que justifica como problemas de salud mental hoy a buen seguro recibiría otro calificativo.

La autora se apoya en el hecho de que un hombre podía alegar que su esposa padecía de “locura” o “paranoia” para pedir el divorcio, y lo extrapola a las mujeres, porque, dice, ellos también pueden padecer esos trastornos, también pueden ser motivo de malestar doméstico. Por lo tanto, es justo que las mujeres puedan decidir sobre su unión, tanto por ellas mismas como por la educación de sus hijos, si los hubiera, que, argumenta, bajo la influencia de un padre en ese estado no sería la más deseable.

Tanto empeño pone Pinto en justificar su propuesta ‒no en vano hablamos de una época en la que la ciencia se iba imponiendo como principio regulador de todo‒, que antes de preparar su lectura buscó la opinión de los médicos, voces (¡masculinas!) de autoridad que expusieron ideas que confirman su análisis. Esta necesidad de sustentar su punto de vista en la autoridad masculina puede parecer hoy otra rendición de género; ahora bien, dadas las circunstancias de la época, lo que revelan es el tesón y la inteligencia de Pinto para lograr que su tesis fuera tenida en cuenta, para que se la tomaran en serio.

Y así ocurrió: el discurso fue muy aplaudido, y su éxito llegó a oídos de las autoridades. Luis Fernando de Baviera la convocó en palacio, donde se entrevistó con su esposa, la infanta Paz, tía de Alfonso XII. Esta le ofreció un cargo como oradora de la Fundación Acción Católica, de la que era presidenta. La escritora lo rechazó, y ahí comenzó a ser consciente de que su presencia incomodaba; comenzaba a gestarse su exilio definitivo.

Pocos días después, la recibió nada menos que el dictador, Primo de Rivera (“el que era dueño de los destinos, ¡y de la voz de España…!”, en palabras de la propia Pinto), que había sido informado de su conferencia. Él le espetó: “¿Y no sabe usted que España tiene un concordato con el Vaticano? […] ¡España es católica!”. De nuevo, ella no se achantó. No se desdijo de nada, aunque, ahora sí, emprendió el viaje al otro lado del charco, donde la recibieron con los brazos abiertos y se consolidó, desde la distancia, como escritora y defensora de los derechos de las mujeres españolas.

Cabe añadir que, además del divorcio, su ponencia planteaba otra idea revolucionaria para la época: la posibilidad de que la mujer encontrara un nuevo compañero de vida. Ella sabía de lo que hablaba: en Madrid conoció a otro hombre, que la acompañó en el exilio y con quien tuvo más hijos. Entonces sí pudo vivir un buen matrimonio, y quiso que cualquier mujer que hubiera tenido mala suerte en su primer intento tuviera también una nueva oportunidad. Los individuos, las familias y la sociedad entera se benefician de un entorno doméstico sano, estable y protector.

Un siglo después, se abre el telón

Pinto pasó la primera etapa de su exilio en Uruguay, un país que fue clave para su desarrollo: trabó amistad con literatos como Juana de Ibarbourou o Alfonsina Storni, que la apoyaron en todo momento, y escribió numerosos artículos en la prensa, en los que denuncia sin pelos en la lengua la situación de sus compatriotas. Fue allí donde asimismo se estrenó como dramaturga, con una obra estrenada en 1930 que tuvo una acogida excelente: Un señor… cualquiera, que este otoño ha vuelto a los escenarios españoles de la mano de la compañía LaJoven, que ha representado su particular versión hasta el 4 de octubre en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

En el texto original, Pinto relata un enredo que tiene resonancias con lo que defendió en su célebre discurso: una mujer casada, y madre de un niño, tiene un romance con otro hombre. Su marido, sin embargo, no está dispuesto a aceptar que ella se marche con el amante y hace lo impensable por evitarlo. Años más tarde, será su hijo, ya adulto, quien se vea envuelto en una situación semejante…, solo que con el rol del amante. Y ni su padre ni las mujeres de su entorno reaccionarán como lo hicieron antes.

Pinto hace algo más que actualizar a las Bovary decimonónicas: no solo pone de relieve la insatisfacción de la mujer casada y la posición dominante que ostenta el hombre, sino que revela a un nuevo modelo de mujer, una mujer libre e independiente que no vuelca sus aspiraciones en la unión con un hombre, que toma las riendas de su vida y no repite los errores del pasado, que no teme hacer las cosas de forma diferente y se atreve a ser quien toma la iniciativa en lugar de esperar la respuesta de los demás (los hombres, pero también las mujeres de mayor edad que la custodian).

No es fácil ser esa mujer; implica hacer renuncias, implica asumir que la gente no verá con buenos ojos su comportamiento. Aun así, da el paso adelante, porque sabe que será mejor que permanecer maniatada por las convenciones, esos particulares carceleros. La propia autora sabía bien cuál era el precio de liberarse, de alzar la voz. No tuvo, quizá, una existencia idílica; pero desde luego fue coherente consigo misma, en el matrimonio y en su compromiso social, y esto es más de lo que mucha gente puede decir.

El compromiso inquebrantable

Con su mirada siempre lúcida, en sus artículos señala la hipocresía de ensalzar la figura de la madre, pero una madre de carácter puramente “procreador y lactante”, sin pensar en su educación, en sus inquietudes; Pinto, por el contrario, defiende que no hay mejor educación que la que puede dar una madre formada, realizada, pensadora. Identifica, en otra pieza, las tiranías que someten a las mujeres: “El clero y la aristocracia”, y de nuevo advierte el engaño de elogiar a las mujeres a la manera endulzada de los poetas mientras en la práctica se les niegan derechos y se les impide prosperar.

En su poesía, destaca sobre todo su memoria del exilio, en versos como los que abren el libro Cantos de muchos puertos: “No quiero hablar de muertes, / de éxodos ni dolores; / no quiero hablar de penas; / no quiero hablar, / porque las llevo dentro de mí como una carga, / como una carga horrible y como un sello / que horadase inclemente mi alma”. Todo en ella es político; vida y literatura son inseparables, y su vida fue una vida en movimiento, una vida que ella puso en movimiento, en la que ella llevó el timón.

“Tengo un orgullo enorme de todas mis acciones / y venero los pasos que he dado en el camino. / Los admiro uno a uno, / me exalto al recordar, / y todos los daría de volver a empezar”, escribe en el poema “Cumbre”. Hoy, su obra y su trayectoria siguen siendo una inspiración, una llamada para no olvidar lo recorrido, para perder el miedo a alzar la voz. Y para tejer una comunidad, también, entre las mujeres, pero asimismo entre los y las que, como ella, requirieron la mano tendida de un país amigo.

“¡Ayudarnos unas a otras es lo que debemos hacer! Toda mujer que trate [...] de sacudir las cadenas de la rutina de la incultura, y de la esclavitud moral en que la mayor parte de las mujeres viven, debe ser objeto de aliento, de ánimo y de alabanza”. Y toda creadora que lo hizo en contextos difíciles, como ella, debe ser objeto de redescubrimiento y de atención, se podría añadir. Porque su ejemplo, por suerte o por desgracia, sigue siendo una bocanada de aire en estos tiempos de viejos y nuevos hedores.

La política puede llegar a ser mortalmente repetitiva. Los políticos se atienen a su mensaje y lo repiten semana tras semana. Los medios de comunicación plantean otros temas, pero siguen en buena parte la agenda que marcan desde el Gobierno o la oposición. De repente, ocurre un acontecimiento que no es nuevo, que ha ocurrido antes, y que por alguna razón despierta la atención de la gente y obliga a todos (políticos y medios) a cambiar de registro. Lo que parecía imposible antes se convierte en posible o probable.

Es lo que ocurrió con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Después de varios intentos, consiguieron echarla de su piso donde vivía desde que era una adolescente. Hubo una movilización para apoyarla, como la ha habido en otros casos similares. En esta ocasión, todos se sintieron concernidos y la política española dio un giro completo. El Gobierno de Sánchez se puso en marcha, también para ocultar su decepcionante balance en la política de vivienda. El PP no supo qué hacer y temió que las noticias sobre una anciana desconocida expulsaran la dieta informativa que más convenía a sus intereses. Sus apoyos mediáticos decidieron unos días después que debían hacer algo al respecto. Su plan consistía en cargar contra la víctima. Suena rastrero, pero ellos pensaban que sería efectivo. Tenían que acabar con el símbolo de una movilización que pensaban que podía favorecer a la izquierda.

Empezó con artículos de opinión, que no es la mejor forma de enterarse de algo en la prensa de este país. Una columnista de The Objective dijo que le parecía muy bien el desahucio. Si hubiera sido antes, mejor: “La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto”. Isabel Díaz Ayuso metió la cuchara para enviar un mensaje a sus acólitos: “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo”. Sólo le faltó decir que las ancianas son unas jetas. Maricarmen nunca había dejado de pagar, pero no podía afrontar que la empresa Urbagestión, dueña del piso, doblara o triplicara el alquiler. El negocio era perfecto: desahuciarla y vender la vivienda a un precio tres veces mayor que el que ellos abonaron a otra empresa.

Precisamente eso, que Maricarmen “es una jeta”, es lo que decía un columnista de El Confidencial. “Porque jeta es quien se aprovecha de otro sin tener derecho a ello”. El mercado dicta sus reglas y tiene derecho a echar a ancianas a la calle. Y si no te gusta o te indigna, eres un peligroso comunista. En el programa de Iker Jiménez, se burlaron de ella y se pusieron del lado de la empresa. 

Llegó la hora de hablar con los vecinos y la cosa se puso al nivel de la película La comunidad, de Álex de la Iglesia. Cuidado que Maricarmen no era “la heroína de los desahucios”. A sus 87 años, pocas heroicidades podía cometer, pero había que desactivar la fuerza movilizadora de su historia. “La tuvimos subvencionada durante años y ahora, con los impuestos”, dijo a ABC un miembro de la familia que había sido antes propietaria del piso. Está claro que lamentaba que se hubiera buscado una solución para que siguiera residiendo en su vivienda. “Era una persona extremadamente molesta. Se quejaba constantemente: de la calefacción, del ascensor, del ruido… Yo tenía tres hijos pequeños y también había quejas porque los niños hacían ruido”, dijo en su acta de acusación. Lo que viene a pasar en muchas comunidades de vecinos.

Programas de Telecinco y Antena 3 se apresuraron a entrevistarle. El interés informativo se reducía a... es difícil saber cuál era el interés periodístico. ¿Maricarmen no era como Juana de Arco o Santa Teresa de Jesús? ¿Si te quejas porque los niños hacen ruido –hay personas mayores que llevan mal lo del ruido y muchas otras cosas–, ya eres una persona despreciable de la que no te puedes fiar? 

Los columnistas no podían dejar escapar la presa. Todo era un “burdo chantaje emocional”. Tuvieron que hospitalizar a Maricarmen por sufrir estrés y ansiedad, mal asunto en una persona de su edad, y algunos estaban molestos por el hecho de que se la viera en la cama de un hospital. Jesús Lillo, columnista de ABC, vio claras las referencias. La imagen le recordaba las fotos de John Lennon y Yoko Ono en la cama de la habitación de un hotel o a Javier Bardem en el papel de Ramón Sampedro en la película Mar adentro. Le parecía un ejemplo de “sentimentalismo de telenovela”. Es posible que Yoko Ono también se quejara por los ruidos que hacen los niños. A fin de cuentas, ella tenía la culpa de todo. ¿De verdad pensaba el autor de esa columna que Maricarmen estaba actuando desde la cama de un hospital?

La traca final vino con un artículo de El Español. Llegó un poco tarde a la pelea, pero se aplicó con ganas. ¿Tenían los vecinos algo malo que decir sobre ella? Tome nota, joven. Resulta que iba de vez en cuando al bingo y ya se sabe que se empieza con eso y se acaba convertido en un asesino en serie que se queja de que la calefacción está muy alta (ya se sabe, por los cadáveres). Dicen que se iba “de vacaciones todos los fines de semana”, lo que es poco probable y recuerda a eso que se dice últimamente de los jóvenes, que si no se fueran de cañas o no se apuntaran a Netflix, pagando 8,99 euros al mes, podrían comprar un piso de 300.000 euros sin problemas.

Uno se pregunta si no hay nadie en una redacción que, cuando escucha una idea sobre un artículo de esta naturaleza, no se pregunta en voz alta si alguien está errando el tiro. ¿De verdad queremos poner a una anciana en el punto de mira solo porque se ha convertido en un símbolo de quién sea?

Se puede discrepar con cualquier partido político o movimiento sobre cualquier asunto de interés público. Es posible que Maricarmen tomara decisiones económicas equivocadas en su vida a cuenta del alquiler o compra de un piso. Le ha pasado a mucha gente.

¿La respuesta a eso es decirle que se joda y que sus derechos no valen nada frente al deseo de una empresa de dar el pelotazo en una inversión? A la hora de analizar su situación actual, ¿no es legítimo permitir sentir valores como la compasión? ¿Es más importante recordar antiguas historias de la vida cotidiana para ponerla en el cadalso de la opinión pública como culpable? ¿Culpable de ir al bingo?

Hay un público para todo, aparentemente eso incluye el fusilamiento de ancianas, y también existe un modelo de negocio que apuesta por este periodismo de recortada porque es capaz de atraer lectores. Acabo con una frase de Mauro Entrialgo, que describió estas conductas en el libro Malismo: “En el malismo siempre hay algo de identidad aspiracional. Insultar a Maricarmen, aun siendo un mindundi, te coloca del mismo lado que los ultraespeculadores inhumanos, así que puedes mirar por encima del hombro a los inquilinos, como si fueras un sinvergüenza millonario más”.

No seáis como esa gente.

En un discurso radiofónico en diciembre de 1940, un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt describió a EEUU como “el arsenal de la democracia”. Hoy, cuando las armas callan en el frente occidental, el periodismo independiente, elemento vital de una democracia informada, se enfrenta a desafíos existenciales, especialmente en Estados Unidos.

Las amenazas son de índole económica y tecnológica, pero también jurídica y política. La segunda administración Trump está arremetiendo de forma agresiva contra los medios de comunicación: interpone demandas multimillonarias, persigue a las fuentes mediante citaciones judiciales y libra una campaña de desprestigio contra cualquier periodista o editor que no se pliegue a sus exigencias.

Hay pocos precedentes de este abuso de poder por parte del Ejecutivo. Ni siquiera Richard Nixon, en el punto álgido del escándalo Watergate, se acerca a la situación actual. El ataque al periodismo independiente se está llevando a cabo —a plena luz— utilizando el inmenso poder del gobierno federal. Los tribunales, última línea de defensa, se han mantenido firmes hasta ahora; pero nadie puede estar seguro de qué postura adoptará en última instancia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos —con una contundente mayoría conservadora a la que aún le quedan años— si el conflicto escala hasta él.

La sentencia fundamental del Tribunal Supremo que defiende la libertad de prensa en Estados Unidos es New York Times Co. v. Sullivan (1964), la cual estableció que los cargos públicos no pueden demandar por difamación a menos que demuestren la existencia de “malicia real”; es decir, que el editor supiera antes de publicar que la información era falsa o actuó con un menosprecio temerario hacia la verdad.

Un segundo caso clave es New York Times Co. v. United States (1971) —el conocido caso de los Papeles del Pentágono—, en el que el Supremo restringió considerablemente la capacidad del gobierno para ejercer la censura previa o impedir la publicación de información relativa a la seguridad nacional.

En ambos casos, los fallos del Tribunal Supremo establecieron un listón muy alto para que el gobierno pudiera silenciar a los medios de comunicación. Sin embargo, esas decisiones parecen ahora vestigios del pasado. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por una profunda desconfianza hacia el gobierno federal, agravada por la guerra de Vietnam. El hecho de que los medios sacaran a la luz las mentiras empleadas por el ejecutivo para justificar dicha guerra otorgó a la prensa escrita, la radio y la televisión una nueva legitimidad.

Medio siglo después, el cinismo que afecta al conjunto de la sociedad se ha extendido también a los propios medios. Varias encuestas señalan que los periodistas se sitúan por debajo de los abogados y los agentes inmobiliarios en su valoración pública. Es posible que parte de esa desconfianza se deba a errores y extralimitaciones, pero es el precio de una prensa libre. Hoy, cuando los algoritmos de las redes sociales priorizan la interacción —lo que a su vez recompensa el conflicto y la indignación—, los medios de comunicación tradicionales son tachados de parciales y poco fiables. Y la Administración Trump ha sido el principal impulsor de la campaña de ataque e intimidación contra los medios.

En 2024, The Walt Disney Company acordó pagar 15 millones de dólares en donaciones a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en gastos legales para resolver una demanda por difamación presentada contra ABC News, filial de Disney. La compañía llegó a ese acuerdo después de que uno de sus presentadores estrella —George Stephanopoulos, que fue director de comunicación de la administración Clinton— afirmara que Trump había sido declarado “responsable de violación” (cuando un juez de Nueva York había dictaminado que Trump era responsable de “agresión sexual” a la escritora E. Jean Carroll).

Un año después, en 2025, Paramount acordó destinar 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver otra disputa legal. Esta, sobre la forma en la que se había editado un programa informativo de la CBS que incluía una entrevista con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Trump alegó que dicha edición “inclinó la balanza” en su contra durante la campaña presidencial de 2024, a pesar de que finalmente resultó el claro vencedor frente a la candidata demócrata.

Aunque Paramount no admitió culpabilidad alguna, prefirió llegar a un acuerdo en un momento en el que necesitaba el visto bueno del gobierno federal para su proyectada fusión multimillonaria con Skydance Media. Del mismo modo, Walt Disney calculó que no valía la pena intentar una defensa razonable ante los tribunales —basada en que la notoriedad de Trump lo convertía en un demandante inmune a las demandas por difamación—. En resumen, los intereses corporativos han prevalecido sobre el principio constitucional de la libertad de prensa.

Existen excepciones loables. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC se han negado a llegar a acuerdos en demandas multimillonarias presentadas por el presidente Trump. De hecho, The New York Times ha demandado al Pentágono por su decisión de restringir el acceso a los periodistas. La BBC también está impugnando una demanda por difamación en la que Trump exige 10.000 millones de dólares por un documental sobre el asalto al Capitolio. Está previsto que el caso se juzgue en un tribunal de Florida el próximo año.

Resulta tentador desestimar estos temores sobre la campaña contra la prensa tachándolos del producto de una imaginación progresista exaltada. Sin embargo, llevo visitando Estados Unidos con regularidad desde hace 50 años. Trabajé como corresponsal extranjero del Financial Times durante una década, primero en Washington y más tarde en Nueva York. Conozco el país (he visitado 47 estados y sigo sumando) y considero amigos personales a decenas de periodistas estadounidenses. Las amenazas contra los medios de comunicación, tanto grandes como pequeños, constituyen un peligro claro y real.

Lionel Barber es un periodista inglés. Fue director del diario económico Financial Times entre 2005 y 2020, a cuya redacción se había incorporado dos décadas antes. En los últimos años ha codirigido el podcast sobre medios 'Media Confidential'.

Este artículo forma parte de la campaña con motivo del Día Mundial de las Noticias, un evento global que destaca el papel esencial del periodismo a la hora de aportar hechos y claridad.

En un programa de 'Horizonte' en Cuatro en julio de 2024 se trató la noticia de que un grupo de adolescentes magrebíes había abusado de unas niñas en Petrer, Alicante. Es la clase de revelación (falsa) con la que se alimenta el odio racial y se suscribe el mensaje xenófobo de Vox. Otro medio citó después a un comisario de policía que contó que los detenidos eran cuatro varones españoles de 16 y 17 años. En ese programa, Iker Jiménez comentó que eso del “racismo y el fascismo es una milonga que empieza a estar muy sobada”. Sus espectadores habituales debieron de sentirse aliviados.

El presentador lo tuvo más difícil para conjurar las críticas después de su cobertura de la dana de Valencia. La mezcla de noticias falsas y alarmistas hizo que Antonio Lucas escribiera en El Mundo que “Iker Jiménez es un engendro de este oficio, una malformación muy bien pensada”. Pero pasaron los meses y todo ese mejunje sensacionalista no se vio frenado, mucho menos por su empresa, Mediaset, encantada con las cifras de las audiencias. Ocurrió lo contrario. Quizá porque el programa no es ninguna malformación, sino un producto natural de los tiempos políticos y televisivos que corren. En mitad de esta jungla, Iker y su manada se encuentran en un punto muy alto de la cadena alimenticia.

Debe de ser eso lo que piensan los responsables de una asociación de corresponsales extranjeros en España, no la más importante, que ha decidido esta semana conceder uno de sus premios anuales a Jiménez, de 53 años. Precisamente, en la categoría de periodismo. “Observar este fenómeno periodístico es fascinante”, explican para justificar el premio. “Un programa capaz de atrapar a millones de espectadores durante horas hablando de temas complejos con rigor, ritmo y un directo vibrante”.

La referencia a los millones, en plural, es excesiva, pero el éxito de 'Horizonte' en las audiencias es incuestionable. Desde 2005, Jiménez fue un valor seguro en la parrilla de Cuatro con 'Cuarto Milenio', que se sigue emitiendo. Su universo giraba en torno a todo lo que oliera a misterio: ocultismo, extraterrestres, fenómenos extraños... Ese tipo de cosas que, con independencia de su veracidad, no hacen daño y siempre han captado el interés de mucha gente.

Todo cambió a una dimensión más terrenal cuando en 2020 cambió el rumbo del programa hacia la actualidad. Espoleado por la pandemia –un territorio con una gran dosis de polémicas y misterios–, tuvo una respuesta rápida del público, aunque con una sorpresa inesperada. Una parte de su parroquia, la más propensa a las conspiraciones, se tomó a mal que Jiménez admitiera que la pandemia era real, no una ficción alimentada por una élite globalista con el fin de controlar el mundo. Eso no había impedido que en su programa se ofrecieran hipótesis falsas sobre el origen de la enfermedad.

Se tuvo que despedir de ellos con el corazón roto por la decepción, pero recordándoles sus credenciales: “No soy un traidor, no estoy a favor de Soros, Bildelberg ni la Masonería”. Presumía de haber tocado “todo lo que se considera intocable”. E insistía hasta llegar a extremos muy forzados o difíciles de entender: “No soy judío, no soy masón, no pertenezco a ninguna sociedad secreta u oculta”.

Aprendió la lección y decidió que ya no iba a cometer esos errores. La nave del misterio no volvería a lanzar por la borda a sus marineros más furibundos. Tras un paréntesis de varios meses por las dudas de Mediaset sobre su cobertura de la pandemia, volvió a finales de 2020 y lo hizo con un nuevo programa, 'Horizonte', ya totalmente volcado en la política.

Las consecuencias fueron las previsibles y quedaron patentes con ocasión de la tragedia de la dana en Valencia en 2024. Los invitados, ante la mirada comprensiva de Jiménez, advirtieron de que las autoridades estaban ocultando el número real de fallecidos. Se extendieron en contar que se podían llegar a encontrar 700 cuerpos en el parking de Bonaire.

En las redes sociales, Jiménez se mostró más contundente que en el plató: “Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español”. Afirmó acto seguido que “en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”. No apareció ninguno.

Pero había que creerles, como había dicho Carmen Porter, copresentadora de 'Horizonte', porque “ya saben que aquí nunca les vamos a mentir”. Iker Jiménez achacó después el error a las circunstancias: “Estaba demasiado indignado, me había convertido en parte, y no es bueno porque pierdo objetividad”.

Meses después, fue uno de los protagonistas en unas jornadas organizadas por un grupo ultraliberal en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde fue uno de los más aplaudidos. Lo de la objetividad se le había olvidado. Alardeó de que “nadie estaba contando la verdad” hasta que él llegó a Valencia. “Me di cuenta de que lo que estaba pasando no era lo que nos estaban contando”. Apareció en Valencia 33 horas después de la catástrofe cuando los periodistas valencianos llevaban dos días informando de todo lo que estaba ocurriendo.

En el ambiente político actual, 'Horizonte' se ha convertido en punta de lanza televisiva del asalto contra Pedro Sánchez, y eso que el plantel está bastante concurrido. Algunas de las acusaciones de corrupción contra los socialistas –véase Ábalos, Koldo y Cerdán– tienen una base muy real. Otras, como las relacionadas con Begoña Gómez, son exageradas hasta el infinito. La crisis de Ceuta tiene una ventaja. Ya es bastante dramática sin necesidad de distorsionarla y las imágenes hablan por sí solas.

En los últimos meses, Jiménez se ha rodeado de periodistas de El Español, El Mundo, OK Diario, El Confidencial, ABC o The Objective para hacer monográficos sobre las acusaciones contra el Gobierno. Frente a los personajes esperpénticos que utilizó en la dana, ahora cuenta con representantes de los principales medios de la derecha para sustentar su mensaje. Eso no impide, más bien lo contrario, que haya una competición entre ellos para ver quién suelta la frase más salvaje contra Sánchez.

Esta semana, Ceuta les ha dado materia prima de sobra. A diferencia de lo que hacía en años anteriores, Jiménez ya no se limita a hacer de maestro de ceremonias. Se ha lanzado a la pelea, siempre con la idea de que él y sus contertulios son héroes que cuentan lo que los demás ocultan. “Sabemos que estamos en el punto de mira”, dijo Porter el martes. ¿Quién les apunta? Los malos, claro. “Todos los que estamos en esta mesa”, añadió Jiménez.

Los invitados ofrecen el producto que se les pide. Eduardo Inda, director de OK Diario, afirma, al igual que Vox y el PP, que estamos ante una invasión, que los marroquíes que se han quedado en Ceuta reciben instrucciones y dinero de Marruecos, y que hay una “población invasora oculta” en la ciudad. Ketty Garat, de ABC, llama “sociedad tribal” a ese país. José María Olmo, de El Confidencial, dice que se ha producido “un colapso del Estado” y que “el Estado ha desaparecido”.

Siempre hay espacio para atacar a todo lo que huela a la izquierda. Jiménez destacó que “no hay feministas que pongan el grito en el cielo” por las condiciones de vida de las mujeres en Marruecos. Inda entró al quite y recordó el bulo de que Podemos fue financiada por Irán y que hasta apoyaba a los talibanes. Aquí nadie desaprovecha la oportunidad de recordar sus grandes éxitos del pasado.

Sobre el ataque sufrido por una diputada ceutí en su coche el 20 de septiembre –creía que “nos iban a matar”, dijo Julia Ferreras–, Jiménez se hizo el despistado: “Ha pasado lío grande con un coche, con una ONG. Ha habido tanto lío precisamente que no me acabo de enterar muy bien”. Y eso que habían pasado 24 horas después de los hechos. Dio paso a las imágenes, a las que se añadía otro vídeo de OK Diario donde se ve a la policía impedir por la fuerza que los manifestantes se acercaran al coche de la diputada.

Inda lo tenía claro. No había nada que reprochar a los agresores: “Hay gente que estaba dentro del coche que había ido a favorecer a los invasores”. Denunció que los agentes, “cumpliendo órdenes de Marlaska”, habían atacado a “gente pacífica, normal y honrada”. Garat lo resumió en lo que querían escuchar los espectadores: “El único responsable es Pedro Sánchez”.

En cada programa, la audiencia recibe lo que está esperando. No son pocos. El lunes, tuvo un 9,6% de share, dos puntos más que el de Cuatro, y 1.125.000 espectadores de media. Se fue al 11,3% el martes y al 10,3% el jueves.

Hay un público para eso. El que cree que hay demasiados inmigrantes en España y que hay que expulsar a la mayoría, no darles papeles. El que está convencido de que Sánchez es el peor gobernante de la historia reciente, o incluso peor que Franco. El que está seguro de que se ha instaurado una dictadura en la que los críticos son perseguidos, mientras estos triunfan en el 'prime time' televisivo. El que dice que España se ha hundido en la ignominia.

Y luego está Iker Jiménez, que ofrece un vídeo de Ceuta en el que se ve a mujeres marroquíes discutiendo acaloradamente en la calle y suelta: “Es como una escena de 'El exorcista'”. No es extraño que esa asociación de corresponsales destaque su “rigor” y su “directo vibrante”.