Cuando empecé a estudiar Económicas en la UAB, a mediados de los noventa, recuerdo un montón de análisis e informes –todos patrocinados por algún banco o aseguradora– cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Advertían que teniendo en cuenta las proyecciones demográficas, hoy estaría quebrado. De eso hace 30 años y aquí estamos. 

Sí, en España las pensiones son las más generosas de Europa, lo que no quiere decir que sean las más altas. El sistema español está pagando una pensión a los recién jubilados equivalente al 77% de su último salario. La media de la Unión Europea es del 45%, pero en algunos lares los salarios son otros. 

Pese a ello, el sistema es sostenible. Elevado (el 30% del gasto público) pero sostenible, según la Comisión Europea y las proyecciones de la Autoridad Fiscal (AIReF). En el pico del envejecimiento, en 2050, el gasto alcanzaría el 16,4% del PIB, casi 3,5 puntos más que en la actualidad. El profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, recuerda que el grueso de la jubilación de los baby boomers se producirá entre 2029 y 2045, donde cada año las pensiones aumentarán, de media, el 1,8%, lo que significa que solo para mantener la proporción sobre el PIB, la economía debe crecer también en esta proporción. 

Por eso considero interesante dejar de analizar el debate de las prestaciones de jubilación sólo desde la óptica del gasto y añadir también la de los ingresos. Primero: mejorar los salarios para que las cotizaciones aumenten. Segundo: mejorar la productividad para que la tarta a repartir sea más grande. Y en eso no somos tan estupendos. España crece más que sus socios europeos, pero acumula 18 años sin cerrar su brecha de productividad, alertaba esta semana un informe Fedea, la Fundación Rafael del Pino y BBVA Research.

Y otra cosa, ¿por qué consideramos el gasto en pensiones como un compartimento estanco separado del resto, que debe financiarse exclusivamente con cotizaciones y estar en equilibrio? ¿Qué pasa si no lo está y lo financiamos con impuestos? ¿Acaso decimos que la educación, la sanidad, la justicia, la defensa o la Casa Real, son insostenibles porque sus cuentas no están cuadradas? Uno de los argumentos esgrimidos es que el elevado gasto en pensiones podría destinarse a otros servicios, que peligra todo lo demás. ¿Por qué no empezamos preguntándonos, como sociedad, qué porcentaje de nuestro PIB queremos destinar a las pensiones, cuanto al resto de servicios básicos del nuevo Estado del Bienestar (incluida la vivienda), etcétera?

El dato

200.000

Es el número de clientes que tiene la banca ética en España, según la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas, correspondiente a 2025, que elabora el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está hecho con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que cumplen criterios de sostenibilidad. El ahorro se consolida en los 2.400 millones de euros y el crédito baja ligeramente, hasta algo más de los 1.800 millones. La vivienda concentra casi el 30% de la actividad crediticia.

El gráfico

Elon Musk ha impulsado una de las operaciones corporativas más colosales de la historia al proponer la fusión de Tesla y SpaceX en un único gigante valorado en unos 3,6 billones de dólares, situándose entre las cinco empresas más valiosas del mundo, junto a Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft, como muestra el gráfico de FT. El motivo principal detrás de esta ambiciosa jugada es preparar el terreno para la “singularidad de la inteligencia artificial”, integrando la computación espacial, la red de satélites Starlink, la robótica humanoide y los vehículos autónomos bajo un mismo paraguas para dominar el desarrollo global de la IA. A esto se suman estrechas sinergias industriales y comerciales ya en marcha, como el desarrollo de la enorme planta de microchips Terafab, en Texas, y la colaboración en materiales y tecnologías de propulsión.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría “muchas ventajas” y sería una “buena idea”, aunque no quiso dar por hecha la operación, informa Europa Press. Lo cierto es que SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse porque se enfrenta a enormes obstáculos regulatorios y de gobierno corporativo.

No todo nos parece mal

Más permisos para cuidar a familiares. El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.

El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario.

Pero los magistrados del alto tribunal han recordado que el permiso se genera por cada hecho causante, es decir, por cada hospitalización o necesidad de cuidados por enfermedad que exista. 

La sentencia, del pasado 25 de septiembre, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que estimó la demanda presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF contra esta limitación impuesta por el grupo empresarial RACE. 

Las empresas del grupo trataron de argumentar ante el tribunal este límite de cinco días al año debido a que la Directiva europea 2019/1158 regular el permiso para cuidadores con “cinco días laborables al año por trabajador”.

Sin embargo, España al transponer la directiva amplió los días reconocidos por hospitalización vigentes hasta el momento, de dos a cinco días, pero no incluyó ningún límite anual en el Estatuto de los Trabajadores.

Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva Europea fija un mínimo de protección, pero que los Estados pueden legislar por encima de este, como hizo el Gobierno de España.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Termino. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más información y análisis. Si quieres mandarme un mensaje, puedes hacerlo a contraoferta@eldiario.es.

¡Un abrazo!

El Gobierno ha confirmado a los sindicatos que aprobará la subida salarial comprometida para los empleados públicos, del 4,5% para 2027, explican en CCOO, UGT y CSIF tras una reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Función Pública. Fuentes del departamento de Óscar López recuerdan que el incremento salarial “ya estaba acordado” y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría con el pacto.

Las centrales sindicales sostienen que el Ejecutivo no se ha comprometido con una fecha concreta sobre su aprobación. Es decir, sobre si será antes de las elecciones del 29 de noviembre o después de estas, estando ya en funciones, pero indican que el Ministerio de Óscar López les ha garantizado que esta medida saldrá adelante.

A comienzos de mes, López afirmó en un acto que “este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos”. “Hicimos un acuerdo con las principales centrales sindicales de este país para mejorar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas y cumpliremos con ello. Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso”, apuntó.

Los sindicatos piden su aprobación antes de las elecciones

Los tres sindicatos explican que han pedido a Función Pública que el Gobierno apruebe el aumento salarial de los trabajadores públicos antes de entrar en funciones. Es decir, antes de los comicios generales del 29N.

Los representantes del personal público argumentan que, dado que la subida salarial ya está pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, sostienen en CCOO y UGT. Mientras, en CSIF también se decantan por esta opción “para evitar retrasos”, sostienen.

Además, CCOO, UGT y CSIF exigen al Ejecutivo que apruebe otros compromisos del Acuerdo Marco de 2025 que están pendientes. Entre ellas, “avanzar en la eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público”, cita CCOO.

No hay que obviar que el compromiso de aumento salarial se ha adquirido con el actual Gobierno de coalición y que, aunque está suscrito con los tres principales sindicatos del personal público del país, hay quien teme que un eventual cambio de signo en La Moncloa pudiera dar al traste con el pacto.

En las reuniones mantenidas esta tarde, también se ha abordado la negociación que mantiene el Gobierno con las Comunidades Autónomas para reducir la excesiva temporalidad de las administraciones públicas, concentrada sobre todo en las administraciones locales y regionales. El Ejecutivo estudia varios cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas a España, que puede acarrear una multa para el país.

Una subida salarial pactada el año pasado

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio. En este caso, los sindicatos explican que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre.

Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

Las estilistas de ETB, encargadas del vestuario de los presentadores de los programas de la televisión o de los informativos, han iniciado un periodo de movilizaciones para exigir mejoras laborales y que se reconozcan sus derechos adquiridos en años de trabajo para la televisión pública vasca. “Somos trabajadoras de ETB sin serlo”, lamentan, ya que se trata de un colectivo de profesionales que trabajan para una empresa subcontratada, Indumentaria Imagen y Estilismo, pero cuyos contratos llevan años subrogándose en cada una de las licitaciones que se han realizado, de forma que se mantienen las trabajadoras independientemente de la empresa que gana los concursos. Es decir, tienen antigüedad como trabajadoras de ETB, algunas entre 20 o 25 años, pero sin serlo de forma efectiva.

Su reivindicación es la que normalmente comparten todos los que trabajan para empresas subcontratadas en los diferentes servicios públicos. Que las licitaciones millonarias a las que habitualmente acceden las empresas se correspondan después en las condiciones laborales de sus trabajadores, y que las empresas públicas que subcontratan esos servicios, en este caso EiTB, “no se desentiendan de la situación en la que están esos trabajadores”.

De hecho, este pasado jueves realizaron una concentración ante la sede de EITB en Bilbao tras una pancarta con el lema 'Licitaciones millonarias, trabajadoras precarias'. Es una concentración en la que estuvieron apoyadas por trabajadores de otras áreas de la televisión pública y que tendrán continuidad si no reciben respuestas de la empresa para la que trabajan. “Si hace falta iremos a la huelga”, advierten, si es que se mantiene la “cerrazón” de la empresa a negociar.

Se trata de una plantilla de seis trabajadoras que reivindica entre otras cuestiones la recuperación de derechos relacionados con los salarios, la jornada y los turnos. Además, denuncia que sus funciones se han ido reduciendo y modificando, relegándolas a una categoría profesional que consideran inadecuada.

Las seis trabajadoras de Bizkaia llevan meses intentando negociar con la empresa los protocolos que regulan sus funciones, así como las condiciones salariales y horarias, sin obtener resultados.  La gota que ha colmado el vasco ha sido la decisión de la empresa de modificar su horario y pasar de 35 a 40 horas semanales. Fue la propia empresa, según señalan, la que redujo hace unos años el horario para evitar así la obligación de pagar unos pluses -pese a que las trabajadoras puntualizan que no se cobraban- y ahora quieren elevar el horario a 40 horas, que es lo que fija el convenio de audiovisuales, empeorando sus condiciones laborales, por lo que han denunciado el caso ante el juzgado. Mientras tanto, están intentando conseguir subidas salariales que la empresa no quiere negociar “porque quieren que se quiten las demandas”, denuncian.

“Somos trabajadoras algunas con más de 20 años de antigüedad y cobramos 1.600 euros con pagas prorrateadas”, lamentan, pese a que su trabajo es esencial para las producciones audiovisuales. “Nuestra sensación es de desprotección absoluta. Aunque nuestro trabajo está en ETB y esta es nuestra sede de trabajo, nuestra casa, estamos a merced de las decisiones de la empresa que gana la licitación”, señalan. Lo que reclaman a EITB es que se cercioren de que “las empresas que subcontratan están haciendo las cosas de forma correcta, que haya un control sobre la empresa que se hace con la licitación, que no se lave las manos, sobre lo que pasa con los trabajadores que se subrogan”, señalan.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

La negociación para la equiparación retributiva de los empleados públicos extremeños ha echado a andar aunque la Junta ya ha aprobado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027.

La Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa un compromiso financiero que supera los 110 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades, hasta el año 2030. Sin embargo, el arranque de las mesas sectoriales de negociación ha situado a las organizaciones sindicales en el centro del debate, ya que serán las encargadas de fiscalizar el reparto interno de unos fondos que consideran ajustados respecto a las necesidades reales de las distintas plantillas.

La propuesta articulada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contempla una inyección global de cerca de 55 millones de euros para el personal de la Administración General. Este montante se ejecutará a un ritmo de 13,15 millones de euros al año durante los próximos cuatro ejercicios. La cifra abarca tanto las retribuciones directas como el coste derivado de la Seguridad Social y responderá, entre sus prioridades, a la ansiada homologación entre las categorías del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y las del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por su parte, en la mesa sectorial de Sanidad, la Dirección Gerencia del SES ha presentado una partida plurianual que supera los 58 millones de euros hasta 2030, a razón de más de 14 millones de euros anuales para los aproximadamente 20.000 profesionales del ámbito sanitario. Según el Ejecutivo autonómico, este volumen inversor busca situar los salarios del colectivo en la media nacional de la sanidad pública, e incluso situar a determinadas categorías por encima de ese promedio.

La posición de los sindicatos

Los representantes de los trabajadores han recibido las propuestas con cautela y han recordado que el margen negociador ofrecido por la administración resulta acotado frente a la acumulación de pérdida de poder adquisitivo y las demandas pendientes en diversos subsectores.

En la mesa de Administración General, los agentes sociales deberán abordar una compleja tarea de priorización para decidir cómo se distribuyen las partidas entre las diferentes escalas y cuerpos. Desde la Dirección General de Función Pública se ha admitido que el margen financiero viene marcado por la disponibilidad presupuestaria global del ejercicio, en el que la Junta deberá afrontar cerca de 200 millones de euros en el capítulo de personal, de los cuales 164 millones responden a incrementos salariales generales y 8 millones al pago de la deuda pendiente del 2% del año 2020.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por la administración han encontrado un rápido rechazo en el sector sanitario. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha calificado la propuesta del SES de “claramente insuficiente” tras detallar que el planteamiento de la Junta se traduce en un incremento retributivo lineal de apenas 40 euros mensuales por año hasta 2030. Aunque la organización considera un “avance” el inicio del diálogo tras meses de presión sindical, advierte de que el montante planteado queda muy lejos de lograr una equiparación real para los profesionales que sostienen la sanidad extremeña.

Asimismo, desde la central sindical se critica el carácter homogéneo del reparto diseñado por el Ejecutivo autonómico. La secretaria general de SATSE Extremadura, Elena Martín, ha defendido que cualquier proceso de equiparación salarial debe aplicar incrementos proporcionales a la cualificación, responsabilidad y competencias de cada categoría profesional. A la espera de recibir el documento formal por escrito, la organización avanzó que mantendrá la exigencia de mejoras sustanciales para las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud.

Los sindicatos están moviendo ficha para tratar de atar la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos pactada con el Ejecutivo dado el contexto de elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre. CCOO y CSIF exigen al Gobierno que apruebe ya un real decreto-ley, que convalide la Diputación Permanente, y por parte de UGT sostienen que no debe haber “ningún problema” para aprobar el alza incluso con un Ejecutivo en funciones, pasados los comicios.

El sindicato CCOO ha informado este jueves de que ha enviado un escrito al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, “en el que solicita al Gobierno que articule una norma legal que garantice la subida salarial pactada para los más de tres millones de empleadas y empleados públicos”.

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

En el contexto preelectoral, el Gobierno ha abierto la puerta a aprobar, tras las elecciones y en funciones, la subida de las pensiones. Además, el Ministerio de Yolanda Díaz pretende aprobar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de los comicios del 29N, indicaron fuentes de su departamento a este medio.

Aprobar el alza antes del 29N “para dar seguridad”

Dado que ya está pactado, los sindicatos CCOO y CSIF están reclamando al Gobierno que apruebe de inmediato el aumento salarial. “Esperamos que mande un real decreto a la Diputación Permanente para que todos los empleados públicos de este país veamos que se cumple lo que hemos firmado con este Gobierno y tenemos esa subida de 4,5 puntos”, afirmó hace unos días Miguel Borra, líder de CSIF.

“Se puede aprobar tanto antes de las elecciones como después, estando el Gobierno en funciones, pero pedimos que se apruebe antes par dar más seguridad a los empleados públicos, que sepan que la subida está garantizada”, explica por su parte Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO.

Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, señaló este miércoles que a 1 de enero es “complejo, casi inviable”, que pueda estar constituido el nuevo Gobierno salido de las urnas el 29 de noviembre, pero mostró su tranquilidad con que la subida salarial pactada saldrá adelante en cualquier escenario.

“Nosotros entendemos que no existe ningún tipo de problema ni para el Gobierno actual, aunque esté en funciones, ni para el próximo, a la hora de aprobar una medida legislativa que haga cumplir lo que ya está acordado y pactado, el 4,5% para el año 2027”, afirmó.

Subida pendiente del 0,5% de 2026 por la inflación

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio.

En este caso, los sindicatos recuerdan que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre. Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

Esta alza se da por hecha, dado el nivel de inflación actual (que roza el 5%), aunque habrá que esperar al dato de febrero para que se confirme, indican en UGT y CCOO.

La huelga general del 11 de noviembre está centralizada por la crisis de la vivienda, por el estallido social tras el desahucio de Maricarmen, pero incluye también otras reivindicaciones laborales. La denuncia de los bajos salarios es la principal que habían adelantado ya los sindicatos, pero además prevén incorporar la defensa del sistema público de pensiones y de la protección social de las bajas laborales ante los recientes discursos de PP y de Vox, que han hecho sonar las alarmas de posibles recortes si llegan a La Moncloa.

Así lo explicaron este martes en rueda de prensa los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), que advirtieron de que ambas formaciones de la derecha están difundiendo una serie de mensajes que cuestionan ambos pilares de protección social.

Por un lado, el sistema público de pensiones —dado por muerto directamente por Vox, que aboga por ir a un sistema privatizado con pensiones de capitalización individual—, y por otro sobre la subida anual de las pensiones según la inflación media, sobre la que el PP no es claro cuando le preguntan al respecto.

“¿A qué se refiere Feijóo cuando dice que va a ser un Gobierno que pida sacrificios?”, ha sostenido Unai Sordo, que junto a Pepe Álvarez ha pedido “claridad” a las formaciones políticas sobre sus programas y propuestas en pensiones y otras materias laborales de cara a las elecciones anticipadas de 29N.

Por otro lado, los ataques continuos del líder del PP al “absentismo” y al supuesto “fraude” masivo por el aumento de las bajas laborales ya se han concretado en varios anuncios que supondrían recortes en la prestación o salario cuando los trabajadores están enfermos, y una importante reforma del actual sistema público en favor de las mutuas (que son organizaciones empresariales).

Feijóo ha anunciado que permitirá a las mutuas dar altas en bajas médicas de “determinadas patologías”, que ahora solo pueden autorizar los médicos del sistema público de salud.

“Nunca pondría a la zorra a cuidar a las gallinas”, ha respondido Pepe Álvarez sobre la iniciativa, con el recordatorio de que las mutuas son gestionadas por empresarios, como por ejemplo el líder de la patronal de Castilla-La Mancha que llamó “memos” a los jóvenes de baja por salud mental, y que es gerente de la mutua Solimat.

El registro del paro en marcha, con dudas sobre si lo denunciarán

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios han explicado que ambas organizaciones están inmersas en la redacción de la convocatoria formal del paro de 24 horas del próximo 11N, que registrarán CCOO y UGT en la Dirección General del Trabajo en los próximos días. El paro impulsado por el Sindicato de Inquilinas cuenta con el apoyo de más sindicatos: desde minoritarios como CGT, Cobas y Solidaridad Obrera, a regionales muy potentes en sus territorios como la CIG gallega y ELA y LAB en Euskadi.

Aunque los líderes de CCOO y UGT afirmaron que los dos sindicatos registrarían su convocatoria propia para dar cobertura a los trabajadores en todo el territorio estatal –al ser las organizaciones con más representatividad y más delegados sindicales (alrededor de 230.000, según sus cifras)–, finalmente se ha optado por presentar una convocatoria común con todos los sindicatos que se adhieran a la huelga. Este registro se presentará el próximo lunes, 19 de octubre, explican en CGT.

Aunque aún no se ha anunciado formalmente ninguna denuncia a la huelga del 11N, la patronal CEOE situó en el discurso público su posible ilegalidad y en los sindicatos no descartan que pueda haber algún recurso judicial a la convocatoria. No obstante, en las organizaciones de trabajadores están tranquilos sobre la legalidad del paro, dada su vinculación sociolaboral y los precedentes de paros “mixtos” en España, con reivindicaciones políticas.

Así, el registro formal de la huelga incluirá en primer plano la crisis de la vivienda, pero también la subida de salarios y la necesidad de negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con los empresarios, así como estas otras cuestiones laborales de las pensiones públicas y las bajas laborales entre sus reivindicaciones.

Una huelga “heterodoxa” que señala a muchos actores

El secretario general de CCOO ha reconocido que la huelga del 11N es “heterodoxa”, al partir de una reclamación del movimiento social en defensa de la vivienda y celebrarse en un contexto preelectoral. En este punto, y ante las críticas de una “huelga política” contra la oposición, los sindicalistas han subrayado que son los propios partidos de la derecha quienes están dibujando en sus discursos una hoja de ruta de recortes, ante los que las organizaciones de trabajadores reaccionan en defensa de los derechos actuales.

También es “heterodoxa” por no ser una huelga “defensiva” ante el “ataque” del gobierno de turno —como una reforma laboral o un recorte de derechos—, ha explicado Sordo, sino que se trata de un paro en el que la ciudadanía pone sobre la mesa sus reivindicaciones de manera proactiva para que sean escuchados por múltiples actores implicados. “Desde las Comunidades Autónomas”, los empresarios, los ayuntamientos y el Estado, ha afirmado Pepe Álvarez, que ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen muchas competencias en el ámbito de vivienda.

De cara al próximo Gobierno que salga de las urnas del 29N y a los representantes públicos que ocupen sus escaños en el futuro Parlamento, los sindicatos mayoritarios reclaman varias reformas, entre las que pedirán que se legisle para impedir el actual boicot de varias Comunidades del PP a la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, ha sostenido Sordo. También, reclamarán la construcción de un parque público de vivienda estable, un fondo para construir “100.000 viviendas al año asequibles” y la limitación del precio de los alquileres, ha sostenido Álvarez.

“Pedimos a los trabajadores y trabajadoras participar activamente en esta jornada de lucha”, ha animado el líder de UGT. “No solo para que sea un éxito de paro de 24 horas, sino también para que sea un lugar para debatir de los problemas que preocupan a los trabajadores y trabajadoras”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, piden al Gobierno que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba “al menos un 7%”, han anunciado este martes Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, de CCOO, que han situado el horizonte de los 1.300 euros al mes en 14 pagas.

Los líderes sindicales han comparecido de manera conjunta este martes para dar detalles sobre la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre, para reclamar el acceso a una vivienda digna, pero también otras cuestiones como el aumento de salarios y la llamada a la patronal a negociar el AENC (Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva). La reclamación del SMI también se incluirá en las reivindicaciones de la huelga, ha afirmado Álvarez.

La intención del Ministerio de Trabajo es aprobar el alza antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, según han apuntado a elDiario.es en el departamento de Yolanda Díaz, para lo que ya ha activado la maquinaria para elevarlo, convocando el grupo de expertos para la subida del SMI.

El SMI está situado en la actualidad en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, tras subir un 3,1% en 2026, en línea con la recomendación de la comisión de expertos del año pasado. En los últimos años de mandato de Pedro Sánchez, el SMI ha subido un 66%, acumulando subidas históricas para alcanzar la meta que se fijó el Ejecutivo: el 60% del salario medio, la recomendación de la Carta Social Europea.

Inflación del 5% y pérdida de poder adquisitivo

Los sindicatos han justificado esta cifra de aumento de “al menos el 7%” ya que la inflación ha ido subiendo a lo largo del año, especialmente en los últimos meses, hasta alcanzar un incremento del IPC interanual que roza el 5% (4,9% el mes pasado).

Por ese motivo, Pepe Álvarez ha argumentado que hay que tener en cuenta “ese desfase” de dos puntos de pérdida de poder adquisitivo de estos salarios más bajos en la subida del SMI del próximo ejercicio.

Con un aumento del 7%, el SMI quedaría situado en los 1.306,5 euros brutos al mes en 14 pagas, alrededor de “1.500 euros” en 12 pagas, ha destacado Unai Sordo. En concreto, alcanzaría los 1.524 euros brutos al mes en 12 pagas con ese incremento.

La vicepresidenta Yolanda Díaz también hizo referencia a la elevada inflación en la apertura del grupo de expertos para la subida del SMI del próximo año. La ministra de Trabajo pidió a la Comisión una cifra de incremento que impida la pérdida de poder adquisitivo, además de que garantice la meta del 60% del salario medio del país.

Piden aprobar el registro horario y la reforma de los pluses

Además, Unai Sordo ha explicado que los sindicatos mayoritarios tampoco se dan por vencidos del todo respecto a la aprobación de dos reales decretos que se suponía que el Gobierno iba a llevar al Consejo de Ministros en breve: el refuerzo del registro horario y la reforma de la compensación y absorción de pluses salariares en relación al salario mínimo.

“Si no, será uno de los debes de este Gobierno”, ha añadido el líder de CCOO. “Sería muy importante que el Consejo de Ministros y Ministras aprobaran estos reales decretos, que no necesita la aprobación del Congreso de los Diputados”, ha destacado Pepe Álvarez.

El Ministerio de Trabajo había anunciado la aprobación del nuevo registro horario en septiembre (en acuerdo con Economía), pero se acabó retrasando. La última fecha anunciada fue octubre, según el secretario de Estado de Trabajo, pero en la última convocatoria de Yolanda Díaz, la vicepresidenta no mencionó ningún horizonte concreto.

O actual tema de interese político primordial da vivenda comeza a se acompañar doutros asuntos do mesmo nível e da mesma importancia para tratar da vida dos traballadores. Non só hai un grave problema de carestía e de acceso á vivenda. Os salarios parece que non evolúen coa mesma velocidade que a produtividade e, por suposto, moito menos que o crecemento pornográfico dos beneficios dos monopolios dominantes -financeiros e dos outros- e, para rematar, a inflación preocupante fixo aparición e fai aprofundar a fenda entre salarios e poder de compra. Se a vivenda seguiu unha senda de encarecemento continuo, neste momento, visto desde a incapacidade de acceso, non é menos relevante observar con certa distancia o pasado recente das execucións hipotecarias que tantos dramas e tanta vida levaron por diante, na recente, e aínda non esquecida, crise financeira. E non mudou nada.

A vetusta lei hipotecaria española que afunde as súas raíces no século XIX, vixente desde 1946, non foi modificada en termo algún que garanta dereitos dos hipotecados en situación extrema. Aquí non hai posibilidade certa -como un dereito- da dación en pago e ante a incapacidade de lle facer fronte ás cotas debidas, o banco faise co ben -a vivenda- coa débeda da hipoteca e cos intereses que vaia xerando esa débeda. É dicer, os hipotecados desafiuzados poden deixar de herdanza aos seus parentes a débeda co banco. O único modificado é un artigo -deses que expresan desexos- que di que banco e hipotecado poden pactar a entrega do ben se se deixan de pagar as cotas. Bon, de verdade, unha ilusión, un desexo nun ambiente de optimismo pánfilo.

Agora, minorado en grande parte o desexo de se facer cunha vivenda en propiedade, dada a conxuntura económica de precariedade e baixos salarios, aparece pola vía do aluguer o problema da vivenda, que é crónico e non foi enfrontado por ningún goberno desde hai décadas. Na Galiza non hai escusa: as competencias en vivenda son todas da Autonomía, a Xunta mira para outro lado, non exerce máis que para propaganda e, das miles de vivendas anunciadas desde hai oito anos, acaban de facer entrega con exhibición de aporofobia e mecanismos de compensación católica (“gárdea como se fose súa”) a 24 titulares de vivenda novas, os primeiros dunha lista de agarda de máis de 35.000 persoas, das que arredor de 10.000 agardan por unha vivenda pública en aluguer. Ulo? Onde o buscamos?

A cifra media do PIB per capita na Galiza no 2025 é de 31.815 € e a da renda persoal dispoñíbel media é de 17.793 € con aluguer imputado. Tanto unha como outra destas cifras pode ser utilizada para derivar análises favorábeis a unha política económica, a tal outra, facer fincapé nun aspecto ou opacar outros -menos relevantes ou favorábeis-aos intereses do/a analista. Non é que defendamos que calquera perspectiva é orixe de manipulación, mais a mesma cifra pode valer para unha ou outra política económica, neste caso de vivenda.

Antes de facer uso das mesmas cumpriría contar con todos os matices necesarios para distinguir as cifras medias das máis frecuentes, así como as diferenzas territoriais e do acceso fácil a todos os bens salariais, as diferenzas por xénero e orixe nacional, e os diferentes tramos salariais. Por iso é preciso botar a ollada a outros capítulos de gasto á parte da vivenda como é o transporte necesario para traballar ou acceder a outros servizos: educación, sanidade, relacións coa administración, compras xerais, ocio... Poderíamos pensar que a Xunta de Rueda, visto que non están dedicados a facer vivendas públicas ou a solventar o problema dos alugueres escasos e moi caros, é porque están envorcados en ser proactivos noutros asuntos que, pertencendo á actividade público/gobernativa da redistribución da renda, serían colaboradores netos á mellora do nível de vida dos traballadores. Mais tampouco é así.

Vexamos como caso ilustrativo o tema dos transportes públicos. As vivendas dispoñíbeis nas cidades -incluídas as que teñen zonas tensionadas- son escasas, moi caras e nalgúns casos con ofertas non adecuadas: má calidade, más condicións de habitabilidade, contratos por temporada... Mais nalgúns casos, como pode ser o caso de Compostela, a urbe está rodeada de vilas ou bairros dormitorio que albergan traballadores de vida laboral en Compostela coa obriga dun/s desprazamento/s diarios en turismo particular, engadindo ao custo da vivenda o do transporte privado: tempo a maiores, gasto de desprazamento e de aparcamento e de novo máis tempo persoal empregado nesa función indispensábel para traballar e ter unha renda dispoñíbel. E non, aquí tampouco traballa a Xunta.

Como é sabido, pero pouco recordado (eu fago tipo martelo maza de canteiro), na Galiza non hai tren de proximidade e nalgúns casos nen de lonxanía, non hai metro de superficie, e o que é pior, nen podemos agardar por el porque aos gobernantes non lles acorda. É máis, na área comarcal de Compostela, grazas á maxia do condenado AVE, pecharon apeadoiros que antano daban servizo a moitos núcleos habitados da contorna, significando un descenso evidente da calidade de vida. De que non hai servizo de tren con Lugo desde Santiago, non é preciso máis que lembralo como no caso das comunicacións vía férrea de Ferrol e por suposto Lugo/Mariña, e Lugo-calquera parte das comarcas do oriente.

Imaxinemos o que suporía desde a perspectiva do aforro en gastos diarios de transporte que todas as comarcas periurbanas dispuxesen de servizo de tren ou de metro de superficie. Desde poder utilizar vivendas en vilas pequenas e medianas até as vivendas de aldeas abandonadas pero facilmente recuperábeis. O aforro en transporte vén unido ao aforro en consumo de vehículo privado (soportamos a cifra récord de 1 turismo por cada dous adultos), que é un gasto imprescindíbel en cada casa de traballadores con vida en núcleos pequenos o vilas pequenas. A Xunta colaborou de forma negativa a que a redución destes gastos sexa posíbel. Non queda máis que observar como o cuase monopolio de transporte de viaxeiros por estrada está en mans de Monbús, que exerce esa vantaxe/privilexio de modo e maneira que cada vez o servizo proporcionado concita máis protestas, xa que non hai cobertura suficiente de traxectos moi demandados e nos que a garantía de horarios é imprescindíbel para a vida diaria. Xa foi ben expresado polo Vicepresidente da Xunta referíndose ao transporte de viaxeiros con orixe e destino Ferrol: é imposíbel cobrir a demanda (???). Bon, onde non hai, non se pode esperar.

La tasa de emancipación juvenil en Asturias se sitúa ya en el 15,5%, frente al casi 16,7% registrado anteriormente, lo que indica que cada vez son menos las personas jóvenes que consiguen abandonar el hogar familiar y acceder a una vivienda propia, ya sea en régimen de alquiler o mediante compra.

Uno de los principales obstáculos para esa emancipación es el precio de la vivienda, según sostiene el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España presentado este jueves en la sede del Conseyu de la Mocedá d’Asturies, en Oviedo/Uviéu.

Los datos, relativos al año 2025, muestran un empeoramiento de las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida autónomo, marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y una pérdida continuada de población joven. 

La vivienda, por las nubes

La presentación del informe ha corrido a cargo de Claudia Lera, presidenta del Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias (CMPA), Lucía Siles, presidenta del Consejo de la Juventud de España y Alejandro Braña, responsable del área socioeconómica del CMPA.

El alquiler supone una media de 816 euros mensuales, lo que supone un incremento cercano al 8,5% en tan solo un año. Con un salario medio anual de 13.708 euros, el coste del alquiler representa ya el 71,4% del salario medio de una persona joven. 

Pobreza y exclusión social

La compra tampoco constituye una alternativa accesible. El precio de una vivienda se sitúa en 166.820 euros, después de experimentar un incremento del 13,2% en un solo año. La combinación de salarios insuficientes, empleo precario y aumento de los precios dificulta así tanto el acceso al alquiler como la posibilidad de adquirir una vivienda.

Este deterioro de las condiciones materiales tiene también su reflejo en los indicadores de pobreza y exclusión social. El porcentaje de jóvenes en riesgo de pobreza o exclusión social aumenta hasta el 35,1%, frente al 28,3% anterior. 

El dato supone un incremento de 6,8 puntos porcentuales y evidencia que una parte cada vez mayor de la juventud asturiana se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social. 

El paro juvenil

La realidad laboral tampoco permite compensar el encarecimiento de la vivienda. Asturias presenta una tasa de paro juvenil del 14%, inferior al 17,2% del conjunto de España, pero esta diferencia no se traduce en una mejora suficiente de las condiciones de vida ni facilita el acceso a una vivienda. 

Uno de los síntomas más claros de esta precariedad es la sobrecualificación, que afecta al 47,9% de las personas jóvenes. Casi la mitad de la juventud que trabaja lo hace en puestos que requieren un nivel de formación inferior al que posee, lo que pone de manifiesto las dificultades para aprovechar el talento y la formación de las nuevas generaciones en el mercado laboral asturiano.

Asturias pierde población juvenil

A esta situación se suma un problema demográfico cada vez más evidente, según el informe. Las personas jóvenes representan actualmente el 13,2% de la población asturiana, tras registrar una caída del 4,5% en tan solo un año. 

La pérdida se concentra especialmente en la franja de 25 a 29 años, precisamente el momento en el que buena parte de la población joven ya ha finalizado sus estudios y comienza a buscar oportunidades laborales y a construir un proyecto de vida independiente. 

Los datos dibujan así una relación clara entre las dificultades para acceder a un empleo de calidad, la falta de oportunidades acordes con la formación adquirida, el encarecimiento de la vivienda y la salida de población joven del territorio. 

El reto

La situación plantea un reto no solo para las propias personas jóvenes, sino para el futuro económico, social y demográfico de Asturias. Sin capacidad para emanciparse, acceder a una vivienda y encontrar empleos acordes a su formación, resulta cada vez más difícil que la juventud pueda desarrollar su proyecto de vida en la región. 

Ante esta realidad, el informe revela que resulta necesario situar el acceso a la vivienda, la mejora de las condiciones laborales y la generación de oportunidades para la juventud en el centro de las políticas públicas, especialmente para evitar que Asturias continúe perdiendo a las generaciones que deben protagonizar su futuro.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han advertido este jueves de que mantienen “intacto” el calendario de movilizaciones y la convocatoria de huelga de empleados públicos prevista para el próximo 11 de noviembre en Extremadura. Las centrales sindicales condicionan cualquier avance a que la Junta de Extremadura presente cantidades económicas suficientes y plazos concretos en las mesas sectoriales del 15 de octubre, orientadas a la homologación salarial en la Administración General y en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Durante una concentración de protesta celebrada en el Hospital Universitario de Badajoz bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario. Equiparación salarial ya' —a la que se ha sumado el Sindicato de Enfermería (SATSE)—, los representantes sindicales han recalcado que la simple convocatoria de los órganos de negociación resulta insuficiente si no se acompaña de partidas presupuestarias.

El responsable de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Jesús Solana, ha señalado que la negociación debe tomar como referencia el ámbito educativo: “Deben incluirse propuestas económicas concretas y acordes a las necesidades de los dos sectores, en la línea del suelo establecido en Educación, donde se parte de 65 millones de euros, pues con menos será imposible que se inicie una negociación”.

Solana ha lamentado que la comunidad autónoma se encuentre “a la cola” en la equiparación salarial del personal público respecto a otras regiones, calculando que en Extremadura sería necesario elevar las retribuciones un 20% para alcanzar la media estatal.

Sin cambios en el calendario tras la coincidencia con la huelga de vivienda

En relación con la coincidencia de la jornada de paro del 11 de noviembre con la huelga general nacional por el derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales han precisado que se trata de protestas e itinerarios diferenciados. El coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás, ha precisado que “son dos huelgas y motivaciones distintas”, reclamando al Ejecutivo regional una negociación “seria” con plazos y categorías concretas para que la brecha retributiva quede revertida en 2027.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT Extremadura, Érica Gutiérrez, ha insistido en que la convocatoria de huelga no se retira por el mero llamamiento a la mesa: “No se plantea un cambio y el calendario de movilizaciones se mantiene intacto, pues solo se posee una convocatoria de mesas, sin aún certezas”.

Las reuniones sectoriales han quedado fijadas para el martes 15 de octubre: la de Administración General se celebrará a las 10:00 horas y la del SES a las 12:00 horas, encuentros en los que las centrales decidirán los siguientes pasos a dar en función de las propuestas presupuestarias formuladas por la administración autonómica.

Desde este lunes, 5 de octubre, están en vigor las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno, que afectan a los nuevos contratos que se firmen en España desde hoy, pero también a la información que deben revelar las empresas a todos sus trabajadores con relaciones laborales vigentes. Entre las novedades, hay información relevante sobre salarios, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) que afectan a los trabajadores, entre otros datos.

La norma es fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, para que las relaciones laborales sean más “transparentes” y “previsibles”, que España transpone muy tarde, ya que debería estar en vigor desde agosto de 2022.

Así, los nuevos contratos que se firmen deben contar con más información que antes –por ejemplo sobre los periodos de prueba– y, de cara a las relaciones laborales ya en vigor, los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar estos nuevos datos obligatorios desde este lunes a sus empresas, que deben responder en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes en la página web del SEPE los modelos de contratos laborales que cumplen con estos nuevos mínimos exigidos por Bruselas.

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, un aspecto aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Aquí, se puede consultar el decreto en el BOE con todos los detalles que exige esta nueva regulación sobre transparencia laboral.

Días después de convocarse una huelga para los trabajadores del sector de la logística de Guadalajara para finales de octubre, la patronal ha ofrecido una nueva propuesta para renovar el convenio colectivo que contempla un incremento salarial del 4% y una bajada anual de la jornada.

La Asociación de Empresarios de la Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara; y UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (miembro de CEOE), han trasladado a las organizaciones sindicales una propuesta global para la renovación del convenio colectivo, planteando un marco de estabilidad de cuatro años.

Condiciones ofertadas

El texto enviado a los medios recoge un convenio a cuatro años (2026-2029); incrementos salariales del 4% para el 2026, 3,25% para el 2027, 3% para el 2028 y 3% para el 2029, con cláusula de garantía salarial IPC todos los años en los términos recogidos en el convenio actual.

También plantean una reducción de jornada de 8 horas en el año 2029 y permiso/bolsa de acompañamiento, que recoge la disposición a incrementar progresivamente durante la vigencia del convenio hasta 30 horas anuales --respecto a los 24 actuales-- manteniéndose los supuestos que ya están regulados.

En materia de Salud laboral se realizará una propuesta de redactado por la parte empresarial con algunas matizaciones sobre el texto trasladado por la plataforma sindical.

La patronal también ofrece mejorar el plus sábado a 12 euros y el plus domingo/festivo a 23 euros en el 2026. Los siguientes años se revalorizarán dichos pluses con los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Mientras, el plus carretillero se revalorizará cada año en los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Posibilitar que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer descansos semanales armonizados en función de las distintas operativas, y que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer devengos progresivos de los asuntos propios para el personal de nueva incorporación, son otras de las sugerencias.

La patronal, “que reitera su voluntad de avanzar en un acuerdo equilibrado, sostenible y con seguridad para las partes”, ha emplazado a las organizaciones sindicales a continuar el trabajo en la mesa de negociación en las próximas sesiones.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Comisiones Obreras (CCOO) y los trabajadores y trabajadoras del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo van a iniciar movilizaciones para exigir un “convenio colectivo digno” que “no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo”.

Lo harán el próximo 8 de octubre en la capital castellanomanchega, con una concentración frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM). El objetivo de la protesta es exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar “de inmediato” el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales “de un servicio público esencial”.

Bajo el lema 'Por un convenio digno y con derechos', la plantilla manifiesta su “rotundo rechazo” al “estancamiento” de la negociación, a la vez que quiere visibilizar el malestar de un sector esencial para la ciudadanía frente a las empresas concesionarias.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la “regulación justa” de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos

El sindicato destaca que la labor desarrollada en el ciclo integral del agua (que abarca desde la captación, potabilización y distribución, hasta el saneamiento y la depuración), es fundamental para el día a día de los municipios y de la ciudadanía. Por ello, considera “inaceptable precarizar el servicio a costa de empeorar las condiciones laborales”.

“No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos. Los trabajadores y trabajadoras han demostrado sobradamente su compromiso y profesionalidad y es hora de que las empresas del sector reconozcan su valor con un convenio justo y proporcionado”, subraya Enrique Clavero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo.

CCOO advierte por último de que si no se producen avances y las empresas no se sientan a la mesa de negociación en los próximos días, no se descartan intensificar las medidas de protesta. Entre las acciones contempladas figura la convocatoria de un calendario ampliado de concentraciones ante los principales ayuntamientos de la provincia (Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Mora y Ocaña), así como ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Más de un centenar de representantes de CSIF, UGT y CCOO se han concentrado este jueves ante las puertas de la Asamblea de Extremadura para exigir una equiparación salarial que alcance a la totalidad de los empleados públicos autonómicos. Bajo proclamas dirigidas al Ejecutivo regional, las tres organizaciones sindicales han lanzado un pulso directo a la Junta: si no se convoca la Mesa General para abordar un acuerdo global para todo el colectivo, integrado por unos 35.000 trabajadores, convocarán una huelga general el próximo 11 de noviembre.

El núcleo de la discordia reside en la intención de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, de fragmentar las conversaciones en mesas sectoriales independientes. Los sindicatos se niegan de forma tajante a esta vía y han advertido de que no habrá negociación por separado. Desde UGT Servicios Públicos, Manuel Fernández ha acusado a la Junta de buscar el enfrentamiento entre empleados públicos al postergar al personal sanitario, mientras que el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, ha denunciado que las retribuciones de la región figuran entre las más bajas de España y que la propuesta del Gobierno carece de concreción presupuestaria.

Por su parte, Elena Manzano ha defendido la conveniencia de avanzar de forma prioritaria por sectores, tomando como referencia el camino recorrido con el colectivo docente. La titular de Hacienda sostiene que la Junta ya se ha sentado a negociar con cifras concretas para la Administración General y reitera su voluntad de extender paulatinamente las mejoras al Servicio Extremeño de Salud, una gradualidad que las centrales sindicales rechazan de plano antes de la cita de noviembre.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han anunciado que mantienen intacto el calendario de movilizaciones para exigir la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta de Extremadura y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con respecto al resto de comunidades autónomas. Las centrales sindicales han considerado “insuficiente” la postura trasmitida por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, durante la reunión mantenida este lunes en la Mesa General de Negociación.

Aunque las organizaciones sindicales han valorado como “positiva” la intención expresada por el Ejecutivo regional para trabajar en la homologación retributiva de la Administración General, a la espera de concretar cuantías en próximas reuniones, han mostrado un rechazo “rotundo” a la falta de voluntad para negociar la situación del personal estatutario del SES “al menos por el momento”.

Desde la representación social han recordado que las retribuciones del personal de la administración autonómica han estado durante años por debajo del 20% de media en comparación con otras regiones. Por ello, si bien admiten la disposición al diálogo, consideran que la propuesta está “lejos del reconocimiento y la justicia” que merecen los trabajadores públicos extremeños.

Calendario de protestas y huelga general en noviembre

Ante la falta de compromisos firmes para la totalidad del colectivo, los tres sindicatos arrancan sus protestas este jueves a partir de las 9:00 horas con una concentración a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Si no se producen avances significativos en las próximas fechas, el calendario continuará con concentraciones en todos los centros de trabajo dependientes de la Junta los días 1, 8, 15 y 22 de octubre. Posteriormente, el 29 de octubre, se llevará a cabo una protesta ante la sede de la Presidencia de la Junta, como paso previo a la convocatoria de huelga general en todas las administraciones públicas extremeñas fijada para el 11 de noviembre.

La Junta defiende su gestión y apela al problema de la financiación

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha enmarcado el encuentro de este lunes como una primera toma de contacto en la que se han puesto cifras sobre la mesa en función de la capacidad presupuestaria regional, reiterando la voluntad del Gobierno autonómico de seguir negociando en las mesas sectoriales.

Manzano ha defendido que durante los últimos tres años se han alcanzado acuerdos que han supuesto “400 millones de euros en mejoras salariales”, citando el abono de la subida del 2% pendiente desde 2020, la actualización del decreto de indemnizaciones por kilometraje (que pasó de 0,22 a 0,26 euros por kilómetro) y las mejoras en el decreto de teletrabajo. Asimismo, ha avanzado que de cara a 2027 hay proyectada una subida salarial del 5%, con un impacto superior a los 164 millones de euros.

La responsable de Hacienda ha achacado la brecha salarial existente a la “desidia de gobiernos socialistas anteriores” y ha instado a los sindicatos a unirse a la Junta para reclamar una financiación autonómica justa al Gobierno central, al señalar que Extremadura no recibe fondos en los últimos repartos estatales para garantizar servicios públicos de calidad.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha presentado este viernes el 'Plan Horizonte+ 2027-2030', un acuerdo suscrito con CSIF, UGT, ANPE y PIDE que movilizará 65 millones de euros y fijará una subida salarial progresiva de 130 euros brutos al mes a lo largo de cuatro anualidades (hasta alcanzar los 2.940 euros brutos anuales en catorce pagas) para el profesorado de la región. A esa cantidad hay que incluir los 80 euros mensuales más que desde este año cobran los docentes.

El acto institucional ha estado marcado por la ausencia de CCOO, que comunicó su decisión de no firmar el borrador apenas una hora antes del inicio de la rueda de prensa al considerar que la propuesta salarial “solo podía resultar aceptable acompañada de una cláusula automática que garantizara mantener a Extremadura entre las diez primeras comunidades y de compromisos reales sobre las condiciones laborales del profesorado”.

La consejera del área, Sandra Valencia, ha atribuido este desmarque a “intereses electorales” y ha defendido que el acuerdo convierte el diálogo iniciado en octubre de 2024 en una mejora “cierta, evaluable, estable y sostenible”. La senda retributiva contempla que, sobre los 80 euros mensuales ya aplicados desde enero de 2026, los docentes sumarán 40 euros adicionales en 2027 y 30 euros más cada año en 2028, 2029 y 2030. A estas cuantías se añadirán los incrementos generales de las retribuciones públicas, que Educación estima entre un 4,5% y un 5% para 2027.

Además del bloque económico, el plan engloba 37 actuaciones programadas por años y una medida transversal de refuerzo de plantillas. Entre los compromisos figuran el incremento de personal de atención a la diversidad, el pago progresivo de tutorías, el sexto sexenio, complementos por coordinación y equipos directivos, así como herramientas digitales y mayor flexibilidad organizativa. El documento incluye también la creación de un nuevo marco para el personal interino, el impulso de una Ley de Educación, mejoras en el confort y eficiencia de los centros escolares y la convocatoria de cátedras para la promoción docente.

Por su parte, CCOO ha argumentado su rechazo en la insuficiencia de la subida salarial y en la falta de vinculación jurídica del texto recibido la tarde del 15 de septiembre. El sindicato señala que la propuesta retributiva no compensa por sí sola la pérdida de posición salarial acumulada. En cuanto a la cláusula de revisión, denuncia que no garantiza mantener a Extremadura entre las diez comunidades con mejores sueldos, ya que el borrador establece que, si la región cae por debajo del décimo puesto, únicamente existirá la obligación de “sentarse a negociar”, sin predeterminar cuantías ni incrementos automáticos.

Asimismo, CCOO critica que, mientras la senda retributiva tiene carácter de acuerdo formal, las 37 medidas laborales han quedado redactadas como mero “compromiso programático” y “hoja de ruta” supeditada a disponibilidad presupuestaria y futuras negociaciones. La organización sindical ha indicado que planteó convertir estas propuestas en compromisos verificables con plazos, cuantías y reducciones horarias concretas, pero la Consejería rechazó modificar la naturaleza del texto.

Pese a la ruptura de la unidad sindical, Juan Manuel Jiménez, en representación de las cuatro organizaciones firmantes, ha calificado el texto como “el mejor acuerdo posible” en las condiciones actuales y ha asegurado que las mejoras son fruto de la movilización docente en las calles. Las centrales firmantes han garantizado un “escrupuloso seguimiento” del plan a través de la comisión de seguimiento fijada para 2028.

UGT La Rioja llama a continuar reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebra hoy. La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en La Rioja en el último año un 0,71% hasta el 13,95% según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE -datos de 2024-. Una reducción menor que en años anteriores pero que mantiene a La Rioja como la cuarta comunidad con menor brecha, por detrás de Extremadura, Baleares y Canarias. La Rioja se mantiene a dos puntos porcentuales de la diferencia media nacional, situada en un 16,07%.

Así, el salario medio anual de las mujeres en La Rioja se situó en 25.840,18 euros, 4.187,49 euros menos que los hombres (30.027,67). Por sectores, los datos sólo están regionalizados en Industria, donde la brecha escala hasta el 14,93% (muy similar a la media nacional) y en el sector Servicios, con una brecha del 13,20%, tres puntos y medio menor que la registrada a nivel nacional en este sector. 

UGT La Rioja considera que pese a ir reduciéndose paulatinamente, el ritmo de disminución de esta brecha de género es demasiado lento y únicamente conseguido mediante obligaciones legales, no por la aplicación de una perspectiva de género en las relaciones laborales. 

En este sentido, el motor de esta reducción, a juicio de UGT, ha sido las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que afectan a las capas salariales más bajas, habitualmente asumidas por mujeres y en sectores especialmente feminizados.  Otro de los elementos que han permitido reducir estas brechas, según el sindicato, están relacionados con la mayor implantación de los planes de igualdad. “Si bien estos planes obligatorios para todas las empresas con más de 50 trabajadores siguen sin generalizarse en La Rioja, donde apenas están registrados y vigentes un centenar de planes de igualdad pese a contar con más de 300 empresas con obligación legal de hacerlo”.

Por otro lado, UGT considera “probable” que esta brecha siga reduciéndose en los últimos años debido a otras medidas adoptadas en materia de conciliación, relacionadas con nuevos permisos parentales retribuidos; si bien estos últimos aún no tienen su reflejo en los cálculos actuales por ser actualizaciones posteriores al año 2024.

Por otro lado, esta diferencia salarial se nutre de otros elementos como las interrupciones por maternidad de las mujeres en el empleo y la menor disponibilidad para ampliar la jornada más allá de la habitualmente establecida, debido a la asunción de otros roles familiares de cuidados; unas situaciones que no sólo no favorecen la igualdad, sino que cronifican los roles de género e impiden una adecuada promoción profesional o la ruptura de techos de cristal. De hecho, las diferencias entre aquellos complementos relacionados con la disponibilidad y flexibilidad horaria -turnicidad, nocturnidad o fines de semana- se incrementan exponencialmente.

Por todo ello, UGT La Rioja llama a las empresas a abordar la negociación colectiva desde una perspectiva de género, favoreciendo estructuras salariales justas y medidas de conciliación que faciliten tanto la continuidad de las mujeres en el mundo laboral como la corresponsabilidad

Además, insiste en la implantación de planes de igualdad, especialmente en aquellas empresas que están obligadas, de modo que permitan una adecuada valoración de los puestos de trabajo y auditorías que incluyan los complementos salariales y extrasalariales así como la dotación de mecanismos de transparencia retributiva. 

UGT también solicita que se aceleren los trámites para la transposición de la Directiva europea de Transparencia salarial 2023/970, que será clave para controlar la brecha salarial ya que, entre otras medidas, plantea una vigilancia expresa a aquellas diferencias retributivas superiores al 5% que no estén debidamente justificadas. 

Por último, para UGT “resulta básico” abordar nuevos incrementos del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, no sólo para impulsar el crecimiento de los salarios de mujeres y jóvenes, sino también para afrontar el actual escenario inflacionista que obliga a revisar al alza los cálculos de crecimiento de los salarios; y al mismo tiempo exige el comprometido real decreto que impida la compensación y absorción de estas subidas en los complementos utilizadas por muchas empresas para sortear el incremento salarial, quedando sin efecto real en los salarios.