La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha elevado un escrito a la mesa de las Corts Valencianes por el que solicita que se retire del Diario de Sesiones la desafortunada frase que pronunció durante una intervención en el pleno de la semana pasada, cuando afirmó en relación al caso del fichaje de la pareja del presidente Pérez Llorca por la Diputación de Valencia, dijo que “el Gobierno esté lleno de prostitutas”, aunque inmediatamente después matizó al aclarar que “consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

En su escrito, Camarero expone que en la sesión plenaria del pasado 26 de marzo se recogió en el Diario de Sesiones la frase “ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas,  que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

A continuación, alega que es evidente que la parte “que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas” está “mal formulada”, por ello se corrige inmediatamente después: “Dichas manifestaciones fueron objeto de aclaración en ese mismo día mediante comunicado público en el que se precisó de manera expresa el alcance y significado de las palabras empleadas, evitando cualquier posible malentendido”, motivo el cual solicita su retirada “para evitar ”interpretaciones erróneas o descontextualizadas“.

Diversas fuentes consultadas por elDiario.es afirman que la petición se tendrá en cuenta puesto que ya hay precedentes de otras expresiones retiradas. En estos casos se suele añadir en la parte inferior del diario una salvedad como que se ha pedido que se elimine.

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido la dimisión de Camarero como responsable de Igualdad: “El escrito se Susana Camarero solicitando que se eliminen esas palabras, las más machistas escuchadas nunca en las Corts dichas por la consellera de Igualdad evidencian que no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad porque ni siquiera pide perdón, dice que están descontextualizadas. Es una afirmación que ella hizo que y que ahora pide que se eliminen. La realidad es que lo dijo, no pide perdón y no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad”.

El Hotel Jake volverá a abrir próximamente en Gamonal (Toledo). Este “prostíbulo disfrazado de hotel” tal y como lo calificaron vecinos y vecinas, y que fue señalado por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, como un negocio “de explotación de mujeres”, retomará su actividad próximamente con la licencia de hotel-restaurante, tal y como anunciaba en su perfil en redes sociales: “La cuenta atrás ha comenzado, ya casi estamos de vuelta”, publicaban este pasado martes.

Lo hará renombrado como Sala New Jake y manteniendo su ubicación, cercana a una escuela infantil. Gamonal, que tiene poco más de 900 habitantes, es una entidad menor dependiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Mientras el PSOE estuvo en el gobierno talaverano, se ordenó el cierre del inmueble por la presión vecinal después de numerosas concentraciones y manifestaciones. No obstante, la polémica se desataba el pasado mes de septiembre de 2025 cuando se anunciaba que el lugar volvía a abrirse.

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, explica que la actividad del local “es evidente” donde a lo largo de su trayectoria en la localidad han observado “peleas, de vez en cuando un charco de sangre en la puerta, voces, mucho ruido” o incluso “las chicas saliendo de ahí porque las quieren pegar”.

Reivindica el completo cierre del establecimiento “por el malestar que los gamoninos y gamoninas llevamos tanto tiempo sufriendo”, recalcando que “encima tan cerca de un centro social, una guardería y un colegio” y que el perjuicio para los vecinos y vecinas “es y sigue siendo grandísimo”.

El alcalde de Talavera dice no tener “comunicación oficial de apertura”

El alcalde, José Julián Gregorio, ha señalado que no tiene “ninguna comunicación oficial” de que el establecimiento New Jake de Gamonal vaya a reabrir sus puertas; sin embargo, ha pedido a la prensa que pregunten a la anterior alcaldesa, Agustina García, sobre este asunto “porque no cerró el expediente cuando debió cerrarlo”.

Así respondió este pasado miércoles a las preguntas de la prensa donde recordó que lo que solicitó la anterior alcaldesa de Talavera al citado establecimiento durante su legislatura “fue un cierre temporal para que se hicieran una serie de subsanaciones”, por lo tanto, “Agustina García es la culpable de no haberlo cerrado en aquel momento”.

Jerónimo incide en que “ya llevamos prácticamente tres años de legislatura. Gregorio se encontró el local cerrado y ahora él ha dado autorización para que pueda abrirse. Es claro y evidente”. Además, achaca a Gregorio “no tener predisposición” pues “ha tenido tiempo más que suficiente para dar solución a la problemática”.

A mediados del mes de marzo, Álvaro Jerónimo se reunió con el alcalde de Talavera de la Reina y Gregorio dijo que en el caso de que New Jake abriese iban a tomar “medidas oportunas”, desde “instalar cámaras de vigilancia a incrementar los controles de policía”. Sin embargo, para Gamonal eso “no es suficiente”, ya que lo que ellos piden es el cese total de la actividad. “Son solo promesas, nada más. En febrero de 2025 se prometió que nos iban a instalar cámaras e íbamos a tener más presencial policial y no se ha hecho nada. El Ayuntamiento de Talavera solo se mueve cuando sale algo en prensa que les perjudica”, comenta Álvaro Jerónimo con afección.

Además, hace hincapié en que este tipo de establecimientos “seguro que no están en el centro de Talavera, allí no se abrirían nunca”.

Jerónimo critica que José Julián Gregorio rechace las evidencias y así se lo hacía ver en la reunión que mantuvieron en marzo: “Él me preguntaba que de dónde había sacado yo que quería abrir. Pues es tan sencillo como ver que están cambiando las máquinas de aire acondicionado o las luminarias, la gente no hace una inversión por gastarse el dinero si no van a abrir”.

“Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones”

Le preguntamos si cree que al ser de distinto color político -PSOE- frente al equipo de gobierno de Talavera -PP y Vox- les perjudica a la hora de atajar problemáticas en la pedanía y Jerónimo responde: “Yo quiero pensar que no. Los gamoninos y gamoninas también formamos parte de Talavera, ellos deben trabajar por todos, si no es así mejor que no se dediquen a la política”.

No obstante, el alcalde de Gamonal apunta que existe cierto estigma cuando se trata de solucionar los problemas de la pedanía por parte del ayuntamiento de cabecera: “Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones y para recaudar impuestos, pero no para solucionar las problemáticas y nuestras demandas”.

Por otro lado, Álvaro Jerónimo señala que si no se hacen caso a sus demandas volverán a concentrarse y a manifestarse: “No nos vamos a estar quietos”.

CCOO Toledo considera “cómplice” de la violencia a las mujeres a PP y Vox

Desde CCOO Toledo denuncian “la complicidad de PP y Vox” con la reapertura del “prostíbulo Jake” y han mostrado su “más firme rechazo a la decisión” del Gobierno municipal de Talavera de la Reina de autorizar la reapertura.

Para el sindicato supone “un paso atrás en la lucha por la igualdad y un desprecio a la dignidad de las mujeres”. Así lo ha puesto de manifiesto Mayte García, secretaria de Organización, mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo: “Las instituciones públicas no pueden ser facilitadoras de espacios donde se mercantiliza con el cuerpo de las mujeres”, a la vez que ha criticado que el equipo de gobierno de José Julián Gregorio “se escude en trámites burocráticos y licencias de hostelería para ignorar una realidad evidente: Todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake, permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

El sindicato exige al alcalde, José Julián Gregorio, y a sus socios de Vox que “den marcha atrás y pongan por delante el bienestar social y el respeto de a los seres humanos”, sobre todo cuando “todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake” y donde “se mercantiliza el cuerpo de las mujeres”. Recalcan que “permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

CCOO anuncia que apoyará las movilizaciones ciudadanas contra esta reapertura y seguirá denunciando cualquier política municipal que suponga una “degradación” de los derechos laborales y humanos de las mujeres. “Talavera y sus pedanías necesitan inversiones en empleo digno y servicios públicos, no hoteles de alterne que solo traen precariedad y explotación”, ha concluido Mayte García.

“Yo veo mi trayectoria y me aplaudo a mí misma. Todo lo que he pasado… Miro hacia atrás y pienso que esto podría ser una película”. Quien habla es Laura Vilar, una mujer de 67 años, una “pionera” de la lucha trans en España, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona y trabajadora sexual.

Vilar empezó a alternar en un cabaret que se creó para que las mujeres trans y las travestis no tuvieran que andar solas y desprotegidas por la calle y dejó el oficio para cuidar de su madre cuando todavía era joven. Después de su muerte, se encontró con una casa vacía, sin ingresos y sin “motivaciones”.

Así que se propuso volver a trabajar, a pesar de la duda de si una mujer con sus años seguiría resultando atractiva. “No pongas mi edad. Pon que soy madura y ya está. Porque si digo cuánto tengo, no vendrá nadie”, vaticinaba Vilar mientras creaba su perfil en una web de contactos. Pero se equivocaba.

El teléfono no le para de sonar y está contenta. Por haber vuelto a trabajar, pero también por sentirse deseada, verse atractiva. “Sin esta coquetería, se me hace difícil vivir”, confiesa mientras se arregla ante el espejo. “Esta vieja no está muerta”, dice, pícara, levantándose el vestido y enseñando pierna.

En lo que sí tenía razón Vilar es en que su vida tanto parece una película que se ha convertido en un documental. Siemprevivas es un film que toma el retorno al ruedo de esta mujer como hilo conductor que va zurciendo la historia de otras cinco trabajadoras sexuales de Barcelona. Algunas son migradas, otras nacidas en la ciudad. Las hay que siguen trabajando y las hay que se han retirado. Lesbianas o heteros, cis o trans, lo que comparten todas es que tienen más de 60 años.

Siemprevivas, que se estrena el sábado 21 en el Festival D'A, es un documental protagonizado por trabajadoras sexuales, pero que no va de la prostitución. Va de la amistad entre ellas, de la libertad y de la sexualidad a todas las edades. Porque rompe tópicos y no muestra imágenes a contraluz de un neón rojo ni escenas en callejuelas nocturnas.

El film acompaña a seis señoras a la playa, a esparcir las cenizas de una madre fallecida o a tomar un vermut. Seis señoras que, mientras aprueban la pinta de las croquetas, hablan sin tapujos sobre el fist-fucking (aunque sin saber que se le llama así) que les pidieron o del striptease que le hicieron a un cliente de 95 años hace pocos días.

Una vida para la emancipación

“Cuenta la historia que han querido contar ellas. Y de la manera en que han querido”, explica a elDiario.es Mar López Zapata, directora del documental. Siemprevivas es capaz de adentrarse tanto en la vida de estas mujeres porque, de hecho, la relación entre la cineasta y sus protagonistas empezó hace años, cuando ella era, a penas, una niña. “Eran como mis tías. He hecho hasta de canguro de alguna de sus hijas”, explica López Zapata.

Todo viene de su madre, Diana, quien emigró desde Colombia y, una vez en Barcelona, empezó a ejercer de psicóloga con trabajadoras sexuales de la mano de un grupo de investigación que quería indagar sobre su vida y motivación. “Era algo que iba más allá de la academia. Queríamos entenderlas”, resume la terapeuta.

El film está lleno de declaraciones que pueden resultar incómodas y complicadas de comprender para alguien ajeno al trabajo sexual. “A mí me llamó el puterío porque yo lo que quería era estar con señores”, confiesa Vilar. Como mujer trans nacida en pleno franquismo, la prostitución fue la única manera que encontró de descubrir su sexualidad.

En un caso parecido se encuentra Vicenta. Nació en Venezuela hace 66 años y llegó a Barcelona para escapar de una familia que la repudió cuando salió del armario como mujer trans. “Mi padre me decía que me iba a lanzar al mar con una soga al cuello atada a una piedra muy, muy pesada para que en el fondo del mar se me comieran los tiburones”, dice.

Recuerda su juventud como un lugar oscuro, durante el cual, a pesar de ser maltratada por su familia, se dejaba la piel para cuidar de su madre. Pero un día se hartó y migró. La única salida que encontró fue recorrer las calles en busca de clientes. Las mismas calles que recorre junto a elDiario.es para esta entrevista. “Me hace venir recuerdos. Yo trabajaba aquí. Fueron buenos años”.

Vicenta no romantiza el trabajo sexual, que le valió diversas multas y alguna agresión física, pero sí reconoce que fue algo que le permitió “romper las cadenas de la sumisión. Las que me ataban a mi familia y a la sociedad y que me hacían estar escondida”. Hoy, muchos años después de aquello, asegura que es feliz. “De verdad que sí. Aquí tengo amigas y una familia”.

De la calle a Los Goya

Vicenta dejó la calle hace algunos años. Se hartó de recibir violencia, no sólo por parte de los clientes, sino también de las instituciones. “Cuando cambiaron la ordenanza de civismo y empezaron a prohibir los mueblés, me joden entera. No podía trabajar en bares, pero tampoco en la calle”, resume esta mujer. Los cambios normativos coincidieron con el momento en que conoció a su pareja, lo que le dio estabilidad suficiente como para “reinventarse” en otro trabajo.

Para Marga también ha sido difícil convivir con las normativas. Cuenta que acumula 3.000 euros en multas por “uso indebido e intensivo” del espacio público, el mismo concepto que sanciona los coches mal aparcados. “Es un gran ejemplo: dicen que las normas abolicionistas son para proteger a las mujeres, pero en realidad nos acaban tratando como objetos”.

Esta mujer, nacida y criada en Barcelona, se dedica al trabajo sexual desde que tiene 19 años y lo compagina con otros empleos. Ha sido camarera de piso, ahora limpia casas de “gente de mucha pasta” y, asegura, la manera en cómo se gana la vida no la define. “Yo soy Margarita Carrera Roy y trabajo de, dónde, cuándo y cómo me da la gana”.

Ella es una trabajadora sexual orgullosa, pero matiza y apunta que no se prostituye cuando hace la calle. “Los prostituidos son los que están explotados por sus jefes, los que no alzan la voz y no reivindican mejores condiciones”. E insiste: “El trabajo no me dignifica, yo dignifico al trabajo”.

Marga es, por encima de muchas cosas, una activista. Lleva años participando de entidades en las que se trabaja por la regularización del trabajo sexual, pero a la vez, ayuda a las prostitutas que han sido víctimas de trata. Porque, igual que sus compañeras, no romantiza su oficio y sabe que, al contrario de su caso, hay mucha gente que no lo ejerce en libertad.

“Yo he salvado a mucha gente, a muchas mujeres”, asegura. Ha alertado a la policía de pisos donde había mujeres retenidas y ejerciendo contra su voluntad. Y todo, exponiéndose y poniéndose a ella misma en peligro. “Después de eso, yo tengo que volver a la calle. Ese es el compromiso con el feminismo, el ayudar a las compañeras y mancharse las manos. Nunca se ha salvado a nadie desde un despacho en el que se niega nuestra realidad”, remacha.

Esta mujer no se esconde y no miente sobre la fuente de sus ingresos. Se significó ante España entera desde el escenario de los Goya. Fue en la gala de 2006, año en que Manu Chao ganó el premio a mejor canción original por ‘Me llaman calle’, de la película ‘Princesas’. Marga fue a recoger el premio en su nombre y la intrahistoria de esos minutos de gloria todavía la llenan de orgullo.

Marga no tenía nada en su armario digno para la ocasión, pero acudió con un vestido de gala. “Tenía una vecina trans, la Reina, que se llevaba bien con otra vecina, la Consuelo, que acababa de ir a una boda y se había comprado un vestidaco”, recuerda. Su amiga se ofreció a pedir la prenda prestada. “¿Qué le vas a decir?‘¿Oye, es que mi amiga puta necesita un vestido para ir a los Goya?”. Pues fue exactamente eso lo que le dijo.

A las pocas horas, Marga lucía ese vestido y mandaba un abrazo y un mensaje de dignidad para todas sus compañeras desde la televisión. Todo el barrio lo vio. Todas sus vecinas, que no sabían a lo que se dedicaba. Hasta las monjas del colegio de su hija. Pero ella no tuvo vergüenza. “Soy quien soy, y a mucha honra”, se limitó a decir.

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta el 8M con la vista puesta en las prioridades legislativas del Ministerio de Igualdad este año. La lista de pendientes pasa por la Ley de Violencia Vicaria, que el Gobierno esperaba aprobar esta semana, a las puertas del Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, los disensos entre ministerios han alargado un proceso que parece que está a punto de culminar con una nueva forma de incluir el delito en el Código Penal, que según asegura Redondo, será un agravante de género, solo aplicable a mujeres víctimas. “Nuestra intención es sacarla cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz”, apunta.

La prostitución se erige como otra de las grandes banderas del departamento que dirige, que entre otras cosas busca vetar a las asociaciones no abolicionistas de las ayudas de lucha contra la trata y contra la violencia machista. “No vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia que denigra”, justifica frente a las críticas de entidades que han amenazado con llevar a los tribunales la medida. Con el mensaje del “no a la guerra” de Pedro Sánchez frente al conflicto de Irán de fondo, Redondo participará este domingo en la manifestación de Valladolid, en un 8M que, asegura, “tiene este año un valor simbólico” porque “el feminismo es pacifismo”.

Diez mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos cinco años. ¿Qué sigue fallando? 

Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso. Por un lado, hay una falta de denuncia. Ante el mantra de la extrema derecha de las denuncias falsas, hay que decir que, al contrario, el problema es la infradenuncia. Pero, además, cuando sí se denuncia, a veces falla la coordinación del sistema. También nos encontramos en ocasiones con fórmulas de protección que no son lo suficientemente eficaces y tenemos que ser más escrupulosos en la valoración del riesgo.

Sé que los juzgados van a hacer un esfuerzo extra en calibrar la situación de esa mujer. Esto lo digo porque muchas veces el agresor es un buen vecino, un buen trabajador o un buen amigo, pero es un maltratador y un maltratador no es buen nada aunque a veces busque cómplices con esa apariencia de buen hombre. Con todo, 2025 fue el año con menos casos de la serie histórica. El sistema es mejorable, pero funciona.

A raíz de los fallos detectados en las pulseras de control a hombres acusados de maltrato, este Ministerio anunció una auditoría para evaluar posibles responsabilidades. ¿Cuál ha sido el resultado?

Aún no ha concluido. Es muy compleja porque hablamos de 30 millones de geolocalizaciones y un número elevadísimo de documentos que hay que analizar, pero sí se ha detectado algún fallo en el periodo transitorio entre empresas. Es un primer avance que nos permite mejorar el próximo contrato. El hecho de que no fuera una plataforma oficial del Ministerio fue un hándicap porque la que manejaba la anterior adjudicataria [Telefónica], que lo había sido desde que arrancó el sistema, no era compatible al 100% con los mecanismos de volcado de datos de la nueva [La UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad]. Ahí hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo. Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta.

Se va a imponer una sanción económica a la empresa adjudicataria [Vodafone] por el fallo tecnológico de las pulseras del pasado noviembre

¿De quién es la responsabilidad de esos errores que se han identificado?

La responsabilidad no sé si se puede focalizar en una empresa. Fue un problema de acoplamiento tecnológico entre la saliente y entrante. Eso no se va a poder producir en el futuro porque la plataforma ya es del ministerio, que es un gran avance. Indiscutiblemente, lo que sí hemos valorado es el fallo tecnológico que se produjo en noviembre y en este sentido se va a imponer una sanción a la empresa adjudicataria actual.

Se refiere a la incidencia en el servicio que lo mantuvo inactivo y obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. ¿Puede dar más detalles? ¿Qué tipo de sanción va a ser?

Este Ministerio ha hecho una investigación y, de hecho, el mismo 11 de noviembre nos trasladamos in situ porque saltaron todas las alarmas. El resultado de esa investigación va a ser la imposición de una sanción económica que tiene que ver con una rebaja en los pagos trimestrales o semestrales que se hacen a la adjudicataria. Aún se está valorando. Aun así, no podemos poner en tela de juicio el sistema, que funciona y salva vidas a diario. En noviembre se activaron los mecanismos, se llamó a las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron alerta. No voy a negar el fallo, pero no tuvo más consecuencias que poner en emergencia todo el sistema y reforzar la protección.

Estaba previsto que la Ley de Violencia Vicaria ya estuviera en torno a estas fechas aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, pero por diferencias en el seno del Gobierno no ha ocurrido. ¿En qué punto está?

Hay una negociación permanente especialmente con Justicia e Infancia y Juventud. Hemos avanzado en perfeccionar el texto y nos hemos vuelto a reunir con asociaciones y expertas. Ahora mismo, fruto de algunas incorporaciones se va a volver a preguntar al CGPJ para que se pronuncie sobre la seguridad jurídica y la correcta técnica legislativa de determinadas disposiciones que no estaban en el texto inicial. Nuestra intención es sacar la ley cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz.

Vamos a incorporar la perspectiva de género al delito de violencia vicaria en el Código Penal para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos.

Dos de los puntos polémicos eran la incorporación de un delito de violencia vicaria al Código Penal que las expertas alertaban de que podía ser usado contra las propias mujeres víctimas y la prohibición de los regímenes de visitas. ¿Los cambios tienen que ver con estos elementos?

Efectivamente, se producen cambios en el Código Penal. Lo que hacemos es incorporar la perspectiva de género al delito para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos. Va a ser un agravante de violencia vicaria con componente de género. La violencia vicaria afecta a las mujeres y es producto de la dominación machista. De esta forma, intentamos cerrar esta cuestión.

¿Eso quiere decir que solo en el caso de que las víctimas sean mujeres va a ser aplicado ese agravante?

Se tiene que interpretar en conexión con la definición del delito, que se corresponde con lo que acabo de decir. Esto es: un delito en el ámbito de la violencia machista, que afecta a las mujeres. El objetivo es hacerles daño a ellas a través de una persona interpuesta, generalmente los hijos e hijas. En este sentido, interpretado conjuntamente el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, el resultado es ese.

El Ministerio va a exigir a las entidades que quieran acceder a las subvenciones de lucha contra la trata y prevención de la violencia machista que se declaren abolicionistas. Varias asociaciones han presentado alegaciones señalando que podría vulnerar varios principios. ¿Se han recabado informes jurídicos previos para tomar esta decisión?

Una reciente macroencuesta del CIS nos decía que la mayoría de la población, en torno al 70%, entiende que la prostitución es violencia hacia las mujeres y que afecta a sus derechos. No podemos subvencionar aquello que es claramente contrario a la dignidad de las mujeres desde un Ministerio como este. Es un cambio en línea con lo que venimos defendiendo, no vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia antigua y que denigra. Lo teníamos muy claro y ahora está confirmado sociológicamente por la encuesta.

Es este un debate todavía abierto en la sociedad, la política y el movimiento feminista. Puede darse el caso de entidades con amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género que no se definan explícitamente como abolicionistas, quizá porque incluso no han tenido ese debate en su seno, y que sean excluidas.

No lo creo.

¿Cómo se va a asegurar que esto no ocurra? Hay asociaciones que no tienen experiencia en prostitución ni la mencionan en sus estatutos, pero sí hacen, por ejemplo, programas sobre violencia vicaria. ¿No teme que esta medida reduzca en última instancia los recursos disponibles para las propias víctimas?

Estoy segura de que tanto el Instituto de las Mujeres como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género van a valorar cada uno de los proyectos. Se hará, lógicamente, en atención a las bases, pero se evaluarán en un sentido amplio, sabiendo cuál es su contenido y finalidad. Y tampoco son las únicas líneas de subvención. Aun así, todas las alegaciones presentadas se están estudiando.

Una de sus prioridades este curso político es una ley con la que, según ha afirmado, se pretende abolir la prostitución. En otras ocasiones que el Congreso ha visto un texto similar, no ha habido apoyos suficientes y el PSOE se ha quedado solo.

Hay una falta de mayoría amplia, pero espero que pueda ser debatida y finalmente aprobada. Estamos trabajando en paralelo con la Ley de Trata, que es una ley muy compleja que necesita además pasar por los filtros del Ministerio del Interior y Justicia, y la de abolición de la prostitución, que es un compromiso socialista. Más aún después del refuerzo de la encuesta del CIS. Lamentablemente, no hay consenso en torno a este tema en el Congreso, pero sí lo hay en la sociedad. El escollo es que el pacto de Estado contra la Violencia de Género avala la Ley de Trata, pero no así con la de prostitución.

Creo que es un porcentaje muy muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución y lo hacen generalmente por motivos económicos y de necesidad.

¿Prevé incluir en la ley multas a los clientes?

Sí. No se penaliza a las mujeres, pero sí se sancionaría a los proxenetas, las personas que se benefician de la prostitución ajena y también a los puteros.

Se refería antes al consenso social derivado de la encuesta del CIS, pero en este punto, el de las multas a los clientes, se concluye que solo una minoría de la población estaría de acuerdo con ello.

Es verdad. Muchas veces detrás del avance político viene el avance social y lo hemos visto a lo largo de los gobiernos progresistas. Recuerdo perfectamente que el mundo se iba a acabar con la prohibición del consumo de tabaco en bares y finalmente lo aplaudimos. Hay que avanzar en lo que es moral, ética y jurídicamente digno.

Hay voces, entre ellas de prostitutas o asociaciones que trabajan con ellas, que apuntan a que estas multas pueden tener efectos negativos para las propias mujeres y conllevar más clandestinidad y desprotección. ¿Han evaluado estos riesgos?

Hemos testado lo que ha ocurrido en Francia y Alemania, que tienen legislaciones diferentes. Hemos visto que en aquellos países en los que se regula crecen la prostitución y el proxenetismo. España, que ha demostrado que la igualdad es la columna vertebral de nuestra democracia, no puede ser ajeno al sufrimiento de las mujeres. La mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres tratadas, prácticamente privadas de todos sus derechos y cuya dignidad está apaleada desde el primer momento del día, que se las explota y se las reduce a trozos de carne. En este camino vamos a seguir trabajando porque es una cuestión de derechos humanos.

La afirmación de que la inmensa mayoría de prostitutas son víctimas de trata es cuestionada por algunos estudios e investigaciones. Hacer este tipo de asunciones ¿podría restar eficacia a las políticas de lucha contra la explotación sexual que sí es forzada?

Me he reunido con el sindicato de mujeres prostitutas y las he escuchado. Creo que es un porcentaje muy, muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución. No digo que no lo haya, pero es una minoría y lo hace generalmente por motivos económicos y de necesidad. Este gobierno gobierna para la mayoría y la mayoría de la población condena la prostitución como violencia de género y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son vejadas. Es algo que no podemos permitir como sociedad democrática avanzada.

Respecto a la encuesta del CIS, hay algunas investigadoras de diferentes universidades que han cuestionado estos días la “validez metodológica” de la investigación. ¿Ha podido ver estas críticas?

Yo sinceramente creo en la profesionalidad del CIS. No tengo nada que decir. El CIS es profesional y utiliza los criterios que considera. Hay que tener en cuenta que son más de 10.000 encuestas.

Después de que el Congreso rechazara la iniciativa de Vox para prohibir el burka, tanto Junts como el PP han presentado sus propuestas. Es un tema que, previsiblemente, volverá a debatirse en la cámara. ¿Cuál va a ser la posición del PSOE?

Huir de la simplificación y de la manipulación de la igualdad. Este no es un problema real en España. No deberíamos entrar en el marco conceptual de la extrema derecha, que utiliza a las mujeres para promover discursos xenófobos y racistas en contra de la democracia y en contra de la convivencia. La ultraderecha es negacionista de la igualdad, el feminismo y la violencia de género. Ahí no nos van a encontrar.

El debate debe darse de forma dialogada y sensata. El burka es una cárcel para las mujeres, pero lo que jamás haré será culparlas, señalarlas u hostigarlas. La cuestión fundamental es la libertad de las mujeres, habrá quienes decidan incorporar a su indumentaria determinados símbolos religiosos (la cruz lo es y muchas mujeres lo llevan con orgullo). Lo que tenemos que identificar es dónde termina la libertad y empieza la imposición de una cultura patriarcal machista. En todo caso, hay que ser muy respetuosos. Igual que el burka impide mirarnos a los ojos o identificarnos, otro tipo de símbolos o indumentarias pueden ser perfectamente reflejo de una libertad personal. Hace falta mucho diálogo, mucho respeto y mucha profundidad.

Para PP y Vox la educación afectivo sexual es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto que, cuando no existe, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

El Gobierno ha centrado este 8M en la denuncia de discursos que promueven una vuelta a los estereotipos de género en redes sociales. ¿Qué hacer ante estas narrativas que a la izquierda le está costando tanto contrarrestar?

Nos encontramos con una realidad digital que es un continuo de la analógica, donde se campa sin controles y reglas. Tenemos que establecer la democracia también en este espacio, que es público y global, por lo que controlarlo con mecanismos propios de la soberanía nacional es más complicado. España ya está poniendo encima de la mesa este debate y medidas interesantes. Se ha aprobado recientemente la Carta de Derechos Digitales y estamos trabajando en una ley de protección de los menores frente a la pornografía en Internet, que es fundamental porque lamentablemente el porno está sustituyendo a la educación afectivo sexual.

Debemos incorporar también controles a la Inteligencia Artificial. No puede ser que nos encontremos a nuestras hijas e hijos desnudos en Internet porque una aplicación lo puede hacer. Por otro lado, la prohibición de que los menores de 16 año accedan a redes sociales es absolutamente necesaria. Estamos dando pasos importantes.

Se refería a la educación afectivo sexual, una asignatura pendiente que no acaba de ponerse en marcha. ¿Se ha abandonado este objetivo?

Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en una guía de formación que permita al profesorado tener herramientas, pero hablamos de una competencia autonómica y para PP y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, esta educación es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto. Me preocupa enormemente porque cuando no hay educación afectivo sexual, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

En ciudades como Madrid hay dos manifestaciones este 8M, como ha sido habitual en los últimos años. ¿A cuál irá?

Estaré en Valladolid, que es mi ciudad y donde siempre he acudido a la manifestación y que este año especialmente tiene un valor simbólico muy importante porque el feminismo es pacifismo. Nos estamos jugando la paz, la democracia y los valores esenciales sobre los que hemos construido las sociedades más desarrolladas de los últimos siglos. Con independencia de los acentos y las especifidades de cada protesta, más allá de que se compartan o no, hay algo muy superior, que es la defensa de las mujeres en la paz y la democracia.

El pasado 19 de febrero se anunció la creación de la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una red de “organizaciones de mujeres feministas comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo”. Se trata de una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La red, compuesta por asociaciones como Araba Abolicionista, Asociación Feminista Gafas Moradas, BerdinHezi, DoFemCo, Emargi, Garenak Emakume Feministak, La Mirada de Lilith, Partido Feministas al Congreso y Somos Ellas Euskadi, tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. En este sentido, convocan movilizaciones en Bilbao y en Pamplona para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema “En defensa de las mujeres”.

El anuncio de esta nueva coordinadora no ha gustado nada dentro del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que ha mostrado su “descontento e indignación” con un comunicado que lleva el título de “No en el nombre del Movimiento Feminista de Euskal Herria”, en el que han denunciado que se trata de una iniciativa “contra el camino que llevan tejiendo y cosiendo durante décadas”. “El Movimiento Feminista de Euskal Herria lleva más de medio siglo en marcha. En este largo camino han sido varios los espacios de coordinación, las formas que ha adoptado la estructura, los debates y temas tratados, las estrategias utilizadas, pero siempre hemos tenido clara una idea básica de que los espacios y sus denominaciones no se pueden utilizar a la carta y que debemos actuar dentro de una ética militante feminista”, recoge el escrito firmado por más de 100 colectivos de todo el territorio.

“El Movimiento de Euskal Herria no es putófobo, defendemos que el trabajo sexual es trabajo y reivindicamos en voz alta que las trabajadoras del sexo necesitan derechos al tiempo que apoyamos sus luchas. Además, no permitimos que nadie excluya a las putas de nuestros movimientos y asambleas”, sostienen en el comunicado. Y añaden un apartado en apoyo a las personas trans: “El Movimiento de Euskal Herria no es trans-excluyente, es más, lo formamos sujetos muy diversos. No entendemos las categorías de forma esencial y nadie niega las propias violencias y opresiones a las que están sometidas cada categoría y cada subalternidad. Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, reconocen.

Los movimientos abolicionistas de la prostitución y en contra de las personas transexuales hasta el momento han tratado de defender sus luchas dentro de la unidad del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Sin embargo, en esta ocasión, con su propia coordinadora han apostado por realizar convocatorias en lugares y horarios distintos para el próximo 8 de marzo. En Bilbao se concentrarán frente al Teatro Arriaga a las 12.30, mientras que en Pamplona lo harán a la misma hora en la Plaza San Francisco. “No es cómodo marchar aparte, pero tampoco es cómodo callar. No es cómodo señalar lo que incomoda. No es cómodo sostener una posición cuando prefieren que te diluyas. No es cómodo defender que el 8M es de las mujeres trabajadoras. Pero más incómodo es ir con miedo, autocensurarse y fingir que no pasa nada. Queremos un 8M sin miedo para las mujeres, claro, firme y sin silencios impuestos”, defienden desde la nueva coordinadora.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, marcharán desde el Sagrado Corazón en Bilbao, desde el tunel del Antiguo en Donostia y desde el Parque de Antoniutti en Pamplona a las 12.00 horas, mientras que en Vitoria desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas bajo el lema “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. “Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

El 69% de los españoles se muestra bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75% cuando son las mujeres las que responden, según una encuesta impulsada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y que ha llevado a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio, elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 años para conocer las percepciones sociales sobre prostitución y pornografía, apunta a que el 79% consdiera que la prostitución “pone en riesgo la dignidad de las personas” que se prostituyen y más del 75% asevera que la mayor parte de las mujeres son víctimas de explotación sexual.

Por otro lado, más de tres cuartas partes de la ciudadanía creen que la prostitución no es un trabajo “como otro cualquiera” y el 79,8% se opone la idea de que es “una forma de ejercer la libertad sexual”. Además, a un 63% le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1%. Del mismo modo, existe una clara oposición de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición a ello.

Los resultados de la encuesta han sido presentados por el Ministerio de Igualdad este jueves por la ministra Ana Redondo, que ha asegurado que la ciudadanía “no entiende la prostitución como una actividad económica sino como una expresión de la desigualdad”. El ministerio, que tiene entre sus prioridades impulsar medidas abolicionistas de la prostitución, ha recalcado que las conclusiones del estudio “indica una orientación social afín a los planteamientos abolicionistas” que defiende la cartera.

La encuesta se ha dado a conocer en medio de la polémica por la intención del ministerio de vetar a las entidades no abolicionistas de la prostitución de las ayudas públicas para prevención de la violencia machista y lucha contra la trata. La idea de Igualdad es modificar los requisitos de acceso a las subvenciones para establecer que solo pueden presentarse las entidades que en sus estatutos o mediante experiencia acrediten que consideran la prostitución una forma de violencia machista. Más de medio centenar de asociaciones se oponen a la medida.

Qué hacer con la prostitución

La encuesta incluye una parte destinada a conocer la opinión de la población sobre qué hacer con la prostitución. En ese sentido, solo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena sería una medida eficaz y especifican que no se debe imponer castigo alguno a las mujeres. En cuanto al tipo de castigo, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponerlo entienden que dicha conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas. 

Además, también la mitad de la población estima que la medida más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Sin embargo, el 32% apuesta por legalizar la prostitución como una actividad laboral más y la mayoría de la población, el 85,6%, estima que castigar a quienes se eriquezcan de la prostitución ajena “contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Respecto a la pornografía, el 70% de los encuestados considera pagar por visualizar actos sexuales en plataformas en línea como una forma de prostitución y casi la totalidad (el 94%) opina que las plataformas digitales deberían tener la obligación de eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas. En esa misma línea, el 71,6% asegura que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres, el 77 % que distorsiona la percepción de las relaciones sexuales y no debe considerarse una forma de entretenimiento, y el 85,2% no la ve como una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

El Ayuntamiento de Badajoz ha formalizado este 25 de febrero su adhesión a la campaña ‘La buena vecindad’, una iniciativa de la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX) que busca implicar a comunidades de vecinos, administradores de fincas y propietarios de viviendas en la detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual en la ciudad.

La firma de la declaración institucional ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Extremadura, en un acto en el que han intervenido la presidenta de ADHEX, Flor Fondón Salomón; el presidente del Colegio, Juan Antonio Martín Rodríguez; y el concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación Ciudadana, Juan Pérez Márquez, encargado de dar lectura al documento de apoyo municipal.

La campaña, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y desarrollada en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, pone el foco en un fenómeno que, según han explicado sus impulsores, se ha desplazado en los últimos años desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales, muchas veces en régimen de alquiler o comercializadas como alojamientos turísticos.

En su intervención la presidenta de ADHEX ha situado la iniciativa en el marco de la defensa de los derechos humanos y del feminismo. Fondón ha comenzado subrayando que la trata con fines de explotación sexual “atraviesa nuestras calles, nuestros barrios y, a veces, nuestros propios portales”, aunque permanezca invisibilizada.

“Nos convoca una convicción clara: la explotación sexual no es un fenómeno marginal ni inevitable. Es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y niñas”, ha afirmado. En su intervención, ha insistido en que no puede hablarse de libertad ni de igualdad real mientras existan mujeres explotadas bajo coacción, engaño, amenaza o abuso de vulnerabilidad.

Fondón ha advertido de que, especialmente tras la pandemia, se ha producido un desplazamiento de la explotación sexual desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales. “Este cambio no es casual: responde a la búsqueda de mayor invisibilidad, a la dificultad de control institucional y al abaratamiento de costes para quienes se lucran con los cuerpos de las mujeres”, ha señalado. Según ha explicado, estos entornos privados dificultan la detección y favorecen que la actividad pase desapercibida en comunidades donde los indicios pueden confundirse con simples molestias vecinales.

“Detrás de las puertas cerradas no hay conflictos de convivencia; hay, en muchos casos, mujeres retenidas contra su voluntad, sometidas a extorsión, a amenazas, a violencia. Mujeres que no se benefician de esa actividad, sino que son víctimas de redes y proxenetas”, ha declarado. No obstante, ha pedido actuar desde la prudencia y el respeto para evitar estigmatizaciones, especialmente hacia mujeres extranjeras o hacia quienes comparten vivienda. “No toda situación responde a la trata, y no toda mujer en contexto de prostitución está en la misma realidad. Pero cuando existan indicios, el silencio nunca puede ser la respuesta”, ha añadido.

Prevención

La presidenta de ADHEX ha explicado que la campaña tiene un enfoque preventivo e informativo y que no busca generar alarma, sino conciencia. Se facilitarán materiales dirigidos a administradores y administradoras de fincas, comunidades de vecinos y vecinas, propietarios de viviendas y gestores de alojamientos turísticos para que puedan reconocer posibles señales de alerta y sepan cómo canalizar la información de manera segura hacia entidades especializadas o fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para Fondón, la implicación institucional es “irrenunciable”. Ha recordado que las administraciones locales tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, y ha valorado que el Ayuntamiento de Badajoz exprese su apoyo público a la campaña y se comprometa a difundirla a través de sus canales oficiales.

En la parte final de su intervención, ha situado la trata en un contexto estructural más amplio. Ha señalado la desigualdad, la feminización de la pobreza y el racismo como factores que incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres, y ha apuntado directamente a la existencia de una demanda de prostitución que sostiene económicamente el sistema de explotación. “Si hablamos con honestidad, debemos reconocer que sin demanda no hay negocio”, ha afirmado.

“Hoy damos un paso importante para que Badajoz sea una ciudad que no mire hacia otro lado”, ha concluido. “La buena vecindad no es solo saludarse en el portal; es comprometerse con la dignidad y la libertad de las mujeres que pueden estar siendo explotadas a escasos metros de nuestras casas”.

Tras las intervenciones, los representantes de las tres entidades han firmado de manera protocolaria el documento, en un gesto con el que, según han destacado, Badajoz pretende reforzar su compromiso institucional contra la trata y la explotación sexual y promover una “buena vecindad” entendida como implicación activa en la defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

El pleno de la Diputació de València ha sacado adelante una moción con motivo del 8M que insta al Gobierno de España a retomar de forma inmediata la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución y a la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Violencia Vicaria. El texto final ha logrado ver la luz gracias a los votos a favor del bloque formado por el PP, el PSPV-PSOE y Ens Uneix, en una sesión marcada por los equilibrios políticos y la necesidad de los socialistas de aceptar las condiciones impuestas por sus socios para no perder la iniciativa institucional.

El desarrollo del debate ha dejado patente la fragilidad de los acuerdos entre las fuerzas de izquierda y el partido de la Vall d'Albaida. Durante la sesión, Compromís trató de buscar un consenso ofreciendo retirar sus propias enmiendas y apoyar la moción si Ens Uneix hacía lo mismo, buscando una postura común sin añadidos de última hora. Sin embargo, la formación encabezada por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, rechazó esta oferta, lo que derivó en el rechazo de las propuestas de Compromís, pero con la incorporación íntegra de las enmiendas de Ens Uneix al texto socialista. Esta situación provocó que, finalmente, Compromís optara por la abstención, mientras que Vox se mantuvo en el voto negativo.

Con estas enmiendas Ens Uneix consegúia integrar las líneas maestras de una moción previa de Ens Uneix que, aunque fue rechazada inicialmente por el PSPV, Compromís y Vox, ha terminado por marcar el contenido definitivo de la propuesta socialista aprobada. A través de estas enmiendas, Ens Uneix ha logrado incluir un tono de exigencia directa hacia el Ejecutivo central, llegando a afirmar tras el pleno que han conseguido “poner deberes al Gobierno de España” en materia de igualdad. El texto aprobado pone el foco en la urgencia de proteger a las 115.000 mujeres que se encuentran en situación de prostitución en el país y en la necesidad de un marco jurídico que impida el uso de los hijos como herramienta de maltrato.

Por su parte, las filas del PSPV han mantenido una postura pragmática a pesar de las fricciones evidentes. Los socialistas han criticado abiertamente que las enmiendas introducidas por Ens Uneix contuvieran alusiones a las “peleas internas” y diferencias entre ministerios del Gobierno central, considerando que eran matices innecesarios para el espíritu de la moción. No obstante, el grupo socialista ha priorizado la importancia política de contar con una declaración aprobada por el 8M, aceptando los términos de Ens Uneix para garantizar que la Diputació mantenga una voz propia en la exigencia de políticas abolicionistas y de refuerzo en la atención jurídica y psicológica a las mujeres vulnerables.

Más de 50 organizaciones se han unido para denunciar el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere aprobar para vetar a las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución de dos de las subvenciones públicas que concede periódicamente. Los colectivos han presentado alegaciones a la consulta pública que el departamento dirigido por Ana Redondo abrió para explicar las modificaciones de las bases y advierten de que, si el ministerio no da marcha atrás, tomará “las acciones legales oportunas” contra la decisión. Las objeciones han sido suscritas por 54 entidades.

Las ayudas afectadas son las que Igualdad otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo de víctimas de trata. A través de dos órdenes ministeriales, el ministerio pretende modificar sus bases reguladoras para reclamar a las asociaciones que, si quieren concurrir, deben reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres” o bien en sus estatutos o acreditando experiencia previa. Un cambio que los colectivos que han impulsado las alegaciones califican de “inconstitucional” y consideran “contrario” al principio de igualdad, de neutralidad ideológica y pluralismo democrático.

“Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos y vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”, ha apuntado Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), en una rueda de prensa convocada junto a otros colectivos para oponerse al cambio. Entre ellos hay organizaciones de trabajadoras sexuales como el sindicato OTRAS o AFEMTRAS, pero también entidades no abolicionistas como la Asamblea Feminista de Madrid, Acción en Red, Alianzas Rebeldes, La Laboratoria o Voces Feministas por los Derechos.

Las convocantes, apoyadas también por Amnistía Internacional, exigen al Ministerio de Igualdad que “elimine” las exigencias que pretende introducir en las ayudas públicas y garantice que “que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios”. Los colectivos se reconocen “comprometidos de forma firme e inequívoca” con la lucha contra “todas las formas de violencia”, incluida la trata y la explotación sexual, y “precisamente por eso” consideran “imprescindible” lo que definen como un “intento de instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica”.

El ministerio justifica los cambios propuestos en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” que “orientan” las políticas públicas que lleva a cabo, apunta en la memoria de impacto de la modificación legislativa. La nueva redacción incorpora a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores la exigencia de acreditar que las entidades tienen entre sus fines y objetivos su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

Una obligación que los colectivos creen que “tendrá consecuencias” porque, entre otras cosas, “reducirá el número de entidades” que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de cuál sea su posición sobre la prostitución. “Excluir a aquellas que no tienen una posición abolicionista debilita los recursos y los medios para intervenir en contextos de gran complejidad. En muchos colectivos lo que existe es una diversidad de posiciones, obligarles a que tengan uno concreto es un ataque al derecho a la libertad de asociación”, ha esgrimido Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.

“Independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones de las que no hemos sumado preferimos centrarnos en lo que sí nos une”, ha añadido Mamen Briz, portavoz de Alianzas Rebeldes, que ha calificado la posición del ministerio de “antidemocrática” porque “ahonda en el estigma y la exclusión”.

Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, han lamentado, además, que la decisión se haya tomado “sin consultar” a las organizaciones formadas por prostitutas. “Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas?”.

Igualdad defiende el cambio

Fuentes de Igualdad aseguran que las bases de la convocatoria que quiere aprobar son “jurídicamente sólidas, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente”. El departamento dirigido por Ana Redondo responde así a las exigencias de las asociaciones, apuntando a que considerar la prostitución una forma de violencia machistas “no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y de protección de los derechos humanos en línea con las orientaciones estratégicas” del ministerio.

Las mismas fuentes señalan que la orden es “necesaria, proporcionada y adecuada” y aclaran que “se ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prostitución” que asegura que “va en línea” con recomendaciones y resoluciones de ámbito europeo que “señalan que el enfoque abolicionista es el que mejor resultados ofrece para reducir la demanda de prostitución, disminuir la trata con fines de explotación sexual, proteger a las mujeres y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres”.

Las organizaciones que se han unido para alegar contra la medida y que destacan que la prostitución “no está tipificada como delito” apuntan, por su parte, a que los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul “no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización”.

Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución de una veintena de universidades públicas que se ha unido a las alegaciones, sostienen que “no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista per se” y consideran el paso dado por el ministerio como “una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica”.

La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su esposa, informó este martes la televisión pública SVT y AFP.

El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave.

“Se le acusa de haber facilitado o de haberse beneficiado económicamente de la venta de los servicios sexuales de la denunciante”, ha afirmado la fiscal Ida Annerstedt a AFP.

Annerstedt ha afirmado que el hombre había sido puesto en prisión preventiva como sospechoso del delito de “proxenetismo”, en un país donde la prostitución está prohibida. Afirmó que la policía estaba investigando otros presuntos delitos, pero se negó a dar más detalles, alegando la confidencialidad de la investigación en curso.

Los investigadores creen que los presuntos delitos se cometieron entre enero de 2022 y la detención del hombre el año pasado. La fiscalía ha señalado que se ha identificado a 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales, pero que era poco probable que todas ellas pudieran ser investigadas en la causa principal.

La cadena pública SVT informó de que el hombre, que ha negado el presunto delito, había sido condenado anteriormente por varios delitos, entre ellos agresión y amenazas.

El dueño del prostíbulo Tres Marqueses se ha sentado hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial para ser juzgado por dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El acusado, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una petición de penas inferior a las que solicitaba en sus calificaciones provisionales la Fiscalía.

El acusado ha aceptado un año de prisión y 6 meses de multa a 8 euros/día por un delito contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones ilegales de trabajo. Y otros 12 meses de multa a 8 euros/día por otro delito contra los derechos de los trabajadores por contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de residencia y trabajo. El dueño no tiene antecedentes por lo que la pena inferior a los dos años de cárcel le permitirá eludir la cárcel.

También deberá hacer frente al pago de las cotizaciones que no ingresó la Seguridad Social por las “trabajadoras sin contrato”, según han señalado desde e Palacio de Justicia Estos importes serán calculados por la Tesorería del organismo público y se incluirá en la ejecución de sentencia. 

Los hechos que se han juzgado tienen su origen en la inspección realizada en mayo de 2023 en el prostíbulo, cuyo único dueño es el acusado. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club. Durante la inspección se constató que 16 trabajadoras “prestaban servicios por cuenta ajena” sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. De ese total, nueve carecían además de autorización de residencia y trabajo en España.

La actuación inspectora, llevada a cabo por funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con apoyo de fuerzas de seguridad del Estado, concluyó que la actividad desarrollada cumplía todos los requisitos propios de una relación laboral, incluyendo horario fijo, uso de medios de la empresa y retribución vinculada a la “actividad económica” del establecimiento. Las mujeres obtenían la mitad del importe de las consumiciones de los clientes y su horario era de las 18:00 horas hasta las 4:00 horas.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El Fiscal pide tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrados de la sociedad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, al explotar a 16 mujeres en el club de alterne 'Los Tres Marqueses' de Recajo (La Rioja). Además le impone una multa de 2.700 euros.

El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, el administrador no contaba con antecedentes penales en la fecha de los hechos -en mayo de 2023-, si bien posteriormente fue condenado como autor de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a la pena de 6 meses de prisión.

Los hechos por los que será juzgado el martes, se produjeron durante una visita de inspección realizada a 'Los Tres Marqueses, sobre las 19,30 horas del día 11 de mayo de 2023 por parte de los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club.

Allí, se puso de manifiesto que “había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.' -cuyo único socio y administrador es A. M. R- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social”. De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.

La actividad realizada por las 16 personas “cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena según lo preceptuado en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”.

Así, dichas mujeres “acudían al club estando sometidas a un horario establecido desde las 18,00 horas hasta las 04,00 horas aproximadamente, dependiendo del día; ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa -en la práctica, durante el horario de apertura del bar del establecimiento de hospedería- y obteniendo una retribución basada en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes por los servicios de alterne que les ofrecen, esto es, acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar de dicho establecimiento”.

De este modo, el bar “obtenía la mitad del precio de la copa, y la mujer recibía del camarero, en mano, la otra mitad en el momento del abono de la copa”. La empresa, a la fecha del inicio de la actuación inspectora, “contaba exclusivamente con nueve trabajadores por cuenta ajena de alta en la Seguridad Social”.

Por tanto, más del 50 por ciento de su plantilla total -de 25 personas- estaba trabajando “sin estar dada de alta en la Seguridad Social”.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por el que le pide por uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y 2.700 euros de multa, y por el otro nueve meses de prisión más.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprovechado una revisión técnica del Plan General Municipal para acometer una limpieza normativa cargada de simbolismo y calado social. A través de una modificación puntual del planeamiento, el consistorio no solo busca ordenar el auge de los alojamientos de corta estancia, sino que ha procedido a suprimir de forma expresa la referencia a los ‘locales de alterne’, una categoría que el propio documento municipal vincula con la prostitución y que carecía de encaje legal y administrativo real en la ciudad.

Esta reforma urbanística nace con el objetivo primordial de armonizar los usos hoteleros y de alojamiento temporal con la legislación de la Junta de Extremadura. Se trata de un paso administrativo previo y necesario para que la capital cacereña pueda desarrollar en el futuro una ordenanza específica que regule hoteles, apartamentos turísticos, albergues y casas rurales. Sin embargo, en el proceso de revisión del artículo 4.5.2 del Plan General, donde se clasifican los usos recreativos, el equipo de gobierno ha decidido actuar sobre el Grupo V, donde hasta ahora convivían cafeterías y discotecas con los denominados ‘locales de alterne’.

La memoria justificativa que acompaña a esta modificación argumenta que la pervivencia de este término en el planeamiento suponía un reconocimiento implícito de una actividad que no cuenta con regulación legislativa en España. El texto sostiene que la vinculación acreditada entre estos locales y el ejercicio de la prostitución vulnera principios fundamentales como la dignidad de las personas y la igualdad, especialmente en el caso de las mujeres. Al eliminar esta categoría, el Ayuntamiento alinea su urbanismo con marcos jurídicos recientes como la Ley integral para la igualdad de trato y la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

Desde una perspectiva estrictamente administrativa, el cambio apenas tendrá impacto en el padrón de actividades comerciales, ya que Cáceres no cuenta actualmente con ninguna licencia concedida bajo el epígrafe de local de alterne. Los establecimientos que operan en este sector en el entorno de la ciudad lo hacen formalmente mediante licencias de hostelería, como restaurantes o cafeterías. Con esta modificación, el consistorio evita que el Plan General siga amparando indirectamente una actividad que colisiona con los valores constitucionales y la normativa estatal vigente.

La propuesta ya ha sido trasladada a los grupos políticos y será debatida esta semana en la Comisión de Urbanismo. Dado que la reforma se presenta de forma conjunta con la regulación de los apartamentos turísticos —una demanda social y política largamente esperada en la ciudad—, se prevé que la medida cuente con un respaldo mayoritario. Tras su previsible dictamen favorable, el texto deberá ser ratificado por el pleno municipal para iniciar su periodo de exposición pública y, finalmente, su aprobación en Pleno.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Mallorca una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. L'entramat captava les víctimes mitjançant falses ofertes de feina a Espanya i, un cop al país, les sotmetia a prostitució forçada sota un règim d'amenaces, coaccions i control permanent.

En el marc de l'operació, els agents de l'Institut Armat han alliberat dotze dones que feia anys que eren explotades sexualment i han detingut cinc persones –quatre homes i una dona–, tots residents a Mallorca, per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

La investigació apunta que l'organització podria haver explotat al voltant de mig centenar de dones. Les víctimes eren obligades no només a exercir la prostitució, sinó també a transportar i consumir substàncies estupefaents per poder treballar, en molts casos per exigència directa dels clients.

Les dones vivien en un clima de por constant, sotmeses a amenaces, intimidacions i vigilància contínua per part dels membres de la xarxa. La seva situació administrativa irregular les impedia acudir als serveis sanitaris, policials o assistencials, cosa que reforçava el seu aïllament i vulnerabilitat.

El control sobre les víctimes era absolut: havien de romandre disponibles en tot moment per a la prestació de serveis sexuals. L'organització obtenia beneficis tant del cobrament directe d'aquests serveis com de la venda de potenciadors sexuals i drogues, consumides habitualment pels clients.

Un cop identificats els responsables i esclarit el funcionament de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va dur a terme tres entrades i registres en diferents domicilis de Mallorca, cosa que va permetre la desarticulació definitiva de l'organització, que operava en diversos municipis de l'illa.

Durant els registres, els agents van intervenir diners en efectiu, dosis de substàncies estupefaents preparades per a la venda i diverses armes de foc, entre elles escopetes i rifles.

Falses ofertes de feina com a mètode de captació

La investigació ha revelat que les dones eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals, en les quals se'ls prometia feina al sector de l'hostaleria a Espanya. No obstant això, a la seva arribada eren obligades a exercir la prostitució.

Després de les detencions, es va activar el protocol de protecció a les víctimes. Les dones van ser traslladades a dependències segures, on se'ls va informar dels seus drets i es va iniciar un procés d'assistència integral.

La Guàrdia Civil no descarta que noves declaracions permetin esclarir altres mètodes de captació i trasllat, així com la possible implicació de més persones en l'organització. L'operació ha estat desenvolupada per l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears, amb la participació del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ), amb seu a Madrid.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. El entramado captaba a las víctimas mediante falsas ofertas de trabajo en España y, una vez en el país, las sometía a prostitución forzada bajo un régimen de amenazas, coacciones y control permanente.

En el marco de la operación, los agentes del Instituto Armado han liberado a doce mujeres que llevaban años explotadas sexualmente y han detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, todos ellos residentes en Mallorca, por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres. Las víctimas eran obligadas no solo a ejercer la prostitución, sino también a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder trabajar, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Las mujeres vivían en un clima de miedo constante, sometidas a amenazas, intimidaciones y vigilancia continua por parte de los miembros de la red. Su situación administrativa irregular las impedía acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que reforzaba su aislamiento y vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era absoluto: debían permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y drogas, consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Falsas ofertas de trabajo como método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, en las que se les prometía empleo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, a su llegada eran obligadas a ejercer la prostitución.

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral.

La Guardia Civil no descarta que nuevas declaraciones permitan esclarecer otros métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más personas en la organización. La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Balears, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

“Hemos hecho 16 presentaciones en 13 ciudades y en ninguna nos había pasado esto”. Habla una de las portavoces del Sindicato OTRAS, que se autodefine como el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Se refieren al comunicado firmado por casi una veintena de organizaciones y sindicatos oponiéndose a la presentación del libro 'En nombre propio. Ejercer el trabajo sexual con derechos' que tendrá lugar este miércoles por la tarde en Logroño.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran prácticamente todos los colectivos feministas de La Rioja y varios de otros lugares de España, sindicatos como CCOO o la CNT y el Partido Comunista, aclaran que, si bien respetan “escrupulosamente la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia”, no pueden permanecer en silencio “ante la promoción de un discurso que legitima y normaliza una actividad basada en la explotación sexual de mujeres de clase trabajadora, niñas y personas en situación de especial vulnerabilidad”. 

Desde OTRAS, sin embargo, consideran que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad y “contribuyen a la desinformación, el estigma y la vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras”. Rechazan cualquier vinculación con redes de trata, proxenetismo o explotación sexual y señalan que “asociar el sindicalismo de trabajadoras y trabajadores sexuales con la explotación, constituye una acusación grave, carente de respaldo judicial o administrativo y que no se sostiene en hechos probados”.

Las organizaciones firmantes califican a OTRAS como “pseudodindicato” y añaden que “bajo la apariencia de defender los derechos laborales, se está facilitando la entrada de nuevas mujeres al sistema prostitucional”. Recuerdan además que Conxa Borrell, una de las fundadoras y antigua secretaria general de OTRAS, fuera también presidenta de APROSEX, asociación que ofrecía cursos de “profesionalización para nuevas prostitutas” y que recibió más de 25.000 euros en subvenciones públicas entre 2016 y 2018.

Según datos actualizados del Gobierno de La Rioja, en esta comunidad se han identificado al menos nueve clubes y 42 pisos donde se ejerce prostitución. Organizaciones como Médicos del Mundo han detectado a 59 mujeres con indicios de trata. Estos datos llevan a las organizaciones firmantes del manifiesto a asegurar que la realidad de la prostitución en La Rioja no es la de un supuesto “trabajo sexual con derechos”, sino la de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, mayoritariamente migrantes latinoamericanas, víctimas de redes de explotación. Apenas hace un mes, en diciembre de 2025, la Policía Nacional liberó en Logroño a siete mujeres brasileñas explotadas sexualmente en un piso-prostíbulo donde no podían negarse a ninguna práctica sexual, por dolorosa o humillante que fuera, siendo además obligadas a consumir drogas. 

El comunicado sostiene que “sin prostitución no hay trata”, una afirmación que, en opinión de OTRAS, “carece de consenso académico y contradice la evidencia empírica internacional, ya que la trata de seres humanos existe en múltiples sectores (agricultura, trabajo doméstico, construcción, hostelería) sin que ello haya llevado a cuestionar la legitimidad de la organización sindical en dichos ámbitos”. 

El libro de la polémica, que este miércoles se presenta en la librería Semilla Negra de Logroño, se ha presentado anteriormente en ciudades como Madrid, Pamplona, Bilbao, Málaga o Palma; también en Portugal y Francia. “Siempre en todos esos lugares ha habido apertura al diálogo y la escucha porque entendemos que son cuestiones complejas”, explica una de las portavoces de OTRAS, “pero esta vulneración de la libertad de expresión no nos había ocurrido en ninguna otra presentación”.

Los colectivos firmantes del comunicado aseguran que en ningún momento atentan contra la libertad de expresión y, de hecho, no tienen intención alguna de llevar a cabo acciones de protesta, “pero sí considerábamos que teníamos que decir algo, manifestar nuestro malestar y aprovechar para exigir cuestiones pendientes” como la elaboración de una ordenanza abolicionista comprometida por el Ayuntamiento de Logroño en el año 2023 y sin tramitar hasta la fecha.

Recuerdan además que la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja, en su artículo 2h, contempla como violencia de género “la explotación sexual de mujeres y niñas, incluido el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales”. Alto que desde OTRAS consideran un error. “Confunden prostitución con violencia de género. No decimos que no haya desigualdad en la prostitución, como también la hay en otros ámbitos laborales y por eso se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, pero nada de eso tiene que ver con la violencia de género”, defienden.

Argumentan además que hay estudios que demuestran que las ordenanzas abolicionistas “que criminalizan al cliente”, afectan a la “vulneración de las trabajadoras” y añaden que la propia Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, “las criminaliza y precariza todavía más su situación”. Acusan además a las organizaciones firmantes del manifiesto de intento de censura a lo que estas responden: “No vamos a molestar a nadie, que vaya quien quiera a la presentación de ese libro; no es ninguna sorpresa que hablen de censura, es el discurso de siempre”.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Esciarpa', ha desarrollado una investigación para esclarecer la supuesta explotación de mujeres en una vivienda de Murcia, que ha culminado con la detención de un hombre 58 años, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de coacciones, amenazas y explotación sexual y que cuenta con antecedentes similares.

En el momento de la actuación policial, la Guardia Civil localizó en la vivienda a dos mujeres, si bien, los indicios obtenidos han permitido conocer la existencia de, al menos, seis víctimas.

El inicio de esta investigación tuvo su origen en la llamada telefónica de una mujer al Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil de Murcia (062). La llamante se mostraba muy nerviosa mientras comunicaba que estaba siendo coaccionada para ejercer la prostitución en una casa, ubicada en una zona de huerta de Murcia. Pese a que tenía intención de marcharse, su ‘jefe’ no se lo permitía.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación que pusieron en conocimiento de la autoridad judicial. De esta forma, una vez obtenidos los indicios necesarios, se llevó a cabo el registro de una casa de campo ubicada en la pedanía murciana de Alquerías.

En la vivienda, los agentes localizaron a dos mujeres y un hombre. Este individuo, con antecedentes por delitos de la misma naturaleza, resultó ser el supuesto proxeneta bajo cuyas directrices las mujeres eran prostituidas. Para ello, el sospechoso tenía una libreta con anotaciones de los ingresos.

Prostíbulo clandestino en pésimas condiciones de salubridad

Las condiciones de insalubridad y la falta de higiene en la vivienda ponían de manifiesto un total desprecio por la salud de las mujeres que vivían y ‘trabajaban’ en ese mismo lugar.

Según se desprende de la investigación, todo se iniciaba con la captación de mujeres en lugares donde es fácil localizar a personas vulnerables, como centros de acogida o zonas por donde habitualmente deambulan personas ‘sin techo’.

El ahora detenido aprovechaba la falta de recursos económicos de sus víctimas para captarlas. Después, ya en la vivienda, las obligaba a mantener relaciones sexuales con supuestos clientes, lo que se producía a cualquier hora del día o de la noche.

El proxeneta se quedaba con, al menos, el 50% de lo que las mujeres cobraban y las coaccionaba y amenazaba para que no se marchasen.

Los tribunales militares han confirmado la sanción de 20 días impuesta a un guardia civil que fue 'cazado' por una redada policial en un prostíbulo de Cádiz y que intentó hacer creer a los agentes que estaba en una misión secreta interrogando a una testigo protegido para desmantelar un grupo de narcos. La sentencia califica su comportamiento de “estrambótico” y “nada edificante” y critica que intentara confundir a los policías nacionales mientras hacían un operativo de extranjería. Entre otras cosas, afirmó formar parte de la unidad de élite “OCON-Sur” que había sido desmantelada dos meses antes.

La resolución del Tribunal Militar Central, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la redada policial tuvo lugar en octubre de 2022. Agentes de la UCRIF, el cuerpo de Policía Nacional especializado en inmigración ilegal, entraron en un club de alterne del municipio gaditano de San Roque en un operativo de extranjería. En ese momento, un hombre que estaba hablando con una mujer en el local se dirigió a los policías y se identificó como guardia civil: sacó la placa y aseguró que estaba interrogando a una confidente en el marco de una investigación secreta para desmantelar un grupo de narcotraficantes.

Las alarmas saltaron cuando el mismo hombre aseguró que no solo era un guardia civil en misión confidencial, sino que formaba parte de OCON-Sur, la unidad de élite creada en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar con más de 150 agentes. Los policías nacionales empezaron a sospechar porque la unidad OCON-Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico) había sido desmantelada dos meses antes.

El relato del guardia civil cazado en el prostíbulo empezó entonces a quebrarse. Cuando los policías le explicaron que la unidad a la que decía pertenecer ya no existía, cambió su versión y dijo que estaba en el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). También que el coche que tenía aparcado en la puerta del prostíbulo, donde los policías encontraron una luz rotativa de emergencia y un sello del colegio de médicos a nombre de otra persona era el oficial cuando no era verdad. Una llamada al sargento de Ronda confirmó que ese agente no estaba interrogando a una testigo protegido en el prostíbulo. De hecho, en esas fechas no tenía destino y ni siquiera estaba en situación administrativa de trabajar.

El Tribunal Militar Central ha rechazado su recurso y ha confirmado la sanción de 20 días de pérdida de haberes que le impuso el jefe de la Guardia Civil en Andalucía por una falta muy grave consistente en incurrir en “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”. En este caso, por su “actitud chulesca” y un comportamiento “desbaratado” para intentar sembrar una “confusión total” entre los policías y evitar su filiación dentro del prostíbulo.

“Es algo que ningún policía espera”

El agente, que entonces no trabajaba y actualmente está destinado en la sierra de Madrid, alegó que no había pruebas suficientes para sancionarle y que, en cualquier caso, esa conducta no constituía una infracción de sus deberes y obligaciones como miembro de la Guardia Civil. El Tribunal Militar, en una resolución que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, explica que “hay prueba de cargo razonablemente valorada”. Sobre todo, añaden los togados, la testifical de los dos policías nacionales de la UCRIF que fueron al prostíbulo gaditano en una inspección de extranjería y tuvieron que dedicarse a lidiar con él.

Los militares destacan que la mujer que estaba con él no era un testigo protegido de una causa de narcotráfico, sino “simplemente una señora del club”, y muestran su sorpresa porque se anunciara como miembro de OCON-Sur. “Ya no es que no perteneciera a esa unidad, es que esa unidad hacía dos meses que había sido desmantelada”, recuerdan en su resolución. Su comportamiento “estrambótico y falaz”, añaden, obstaculizó el operativo de la UCRIF: “Es un comportamiento nada edificante para un guardia civil y algo que no se espera ningún servidor público empeñado en el mantenimiento de la seguridad. Algo que ningún policía espera”.

La sentencia especula con cuál pudo ser la finalidad de este agente. “Ya fuera para desviar la atención de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ya para aparentar ante su interlocutora, o para lo que fuera”, dice. Lo “esencial” es que, una vez identificado como agente, “no está a la altura de sus obligaciones”, ya que “miente a los agentes, mantiene una actitud chulesca con ellos” y provoca que los policías tuvieran, incluso, que registrar su coche.

El agente sancionado también se quejaba de que su castigo de 20 días de pérdida de haberes era desproporcionado. El Tribunal Militar recuerda que esta opción es “la más liviana de todas” ante la posibilidad de haber sido suspendido varias veces o incluso perder su destino.