La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

Noa siempre fue mujer, aunque parte de sus parientes insistieran en verla de otra manera. Nació en el seno de una familia gitana de Can Tunis, el antiguo barrio situado bajo el cementerio de Montjuïc, marcado durante décadas por la pobreza, la marginalidad y la droga. Su historia —atravesada por la violencia, la calle, la prostitución, la cárcel y la supervivencia— es uno de los ejes vertebradores de Corren las liebres, el documental de la fotoperiodista y cineasta Lorena Ros que se estrenó el viernes en el DocsBarcelona.

La película, construida durante cinco años, retrata también las vidas de Marikarmen, Luana y Nani, mujeres trans que crecieron y resistieron en los márgenes de Barcelona. Pero es Noa quien sostiene gran parte del relato con su testimonio.

“Yo puedo hacer esta película porque hay mucha gente que ya no está”, asegura.

Noa huyó de su casa siendo menor de edad. Ya no soportaba la violencia familiar ni la presión constante por su identidad. “Yo me escapé de casa y me vine a trabajar de puta en el barrio chino, que ahora llaman Raval. Me busqué la vida porque yo me tenía que ir de la familia. Mi padre era un homófobo a reventar, un machista y un maltratador. Mataba a palos a mi madre y a todos, nos crio a palos”, recuerda.

Ella y sus compañeras hablan de una violencia tan normalizada en sus vidas que nunca necesitaron ponerle nombre ni advertencias previas. La crudeza aparece en sus relatos con la naturalidad de quien ha tenido que aprender a sobrevivir demasiado pronto.

Noa fue desterrada de su familia por ser homosexual, aunque el vínculo con su madre nunca desapareció. “Ella es la heroína de nuestra familia, no tengo nada que hablar con ella y la quiero con locura. Ella me sacó de ahí”. 

Un día, viendo cómo la trataba su padre, su madre le dio dos mil pesetas y un bocadillo de mortadela. “Me dijo: ‘Vete que tu padre te va a matar’”, recuerda.

Durante un tiempo, Noa regresaba a escondidas para verla. “Me escondía entre los sacos de patatas del patio”, recuerda. Pero aquellas visitas siempre terminaban igual: con el miedo de que su padre apareciera y descargara de nuevo la violencia sobre ella o sobre su madre. “Era muy joven y necesitaba de mi familia, necesitaba de mi gente”, sostiene.

Con el paso de los años y viviendo en la calle, la distancia se agrandó. “Tardaba como un mes en ir a casa, pero luego iba cada tres. Y como veía que no era querida ni bien recibida, pues al final pasé de ir año en año a ir cada dos años o no ver a mi madre en tres años. Pero claro, hay una edad en la que tienes que ver a tus padres”.

Durante ese tiempo comenzó a hormonarse para su transición. Cuando intentaba volver a casa, trataba de esconder su identidad para evitar problemas. “Me ponía ropa de tío”, cuenta entre risas, aunque reconoce que el disfraz nunca funcionaba. “Tenía pinta de niña con barba, lo que sería un chico trans aún sin hormonarse, y aunque yo pensara que parecía un chico, nada, era como un bollerón turco”, espeta riéndose.  

La vida en la calle

La conversación transcurre en el Ágora, uno de los pocos jardines del Raval que siguen funcionando como refugio improvisado para las comunidades “despojadas y marginadas” del barrio. Allí, Noa recuerda cómo empezó a vivir en la calle siendo apenas una adolescente.

“No te faltará ningún sitio, porque siempre habrá algún mayor que quiera acogerte, pero claro, a cambio de algo”, rememora.

Durmió muchas veces al raso. Además de la violencia, su contexto familiar estaba también marcado por la droga: Can Tunis fue durante años uno de los grandes símbolos de la marginalidad barcelonesa y del tráfico de heroína.

“Se consumía mucho y había muchas peleas entre mis hermanos y mi padre”, explica.

La droga, la delincuencia y la prostitución terminaron formando parte de su vida cotidiana. Noa trabajó en Robadors, el antiguo “callejón del travesti”, en el Camp del Barça, la Bolera o los alrededores del Arc de Triomf. “En el descampado las mayores trans no me dejaban”, recuerda.

“Yo no sabía nada del respeto porque a mí nadie nunca me respetó. No sabía nada de los derechos de la infancia. Empecé siendo una chica de calle muy joven con todo lo que eso conlleva y la verdad es que trabajaba mucho. Era un momento en que la prostitución estaba en auge y yo empecé a montar mi personaje, mi vida de delincuente, de prostituta, de todo un poco para no tener que depender de nadie y poder ser lo más autosuficiente”, explica durante la entrevista con elDiario.es.

Lorena Ros, la directora del documental, asegura que uno de los grandes desafíos de la cinta fue evitar la mirada morbosa que suele acompañar relatos como este.

“Corren las liebres es una película hecha con mucho amor y admiración. No se trata de un documental observacional, sino de un documental subjetivo”, explica la directora, reconocida internacionalmente con tres premios World Press Photo y una larga trayectoria vinculada a los derechos humanos y la representación del trauma.

Ros asegura que durante el proceso sintió presión para enfatizar los aspectos más sórdidos de las protagonistas. “Me negué a utilizar palabras como exprostituta, exconvicta o exdrogadicta. La historia de Noa es la de una lucha de corazón y que tiene un mensaje muy potente y muy humano que es el de una madre que quiere recuperar la custodia de sus hijos”, señala.

Porque más allá de la marginalidad, el documental intenta mostrar algo menos habitual: la posibilidad del cambio. “Desde pequeña sufrí fatiga, violaciones, maltrato y acoso. Y cuesta mucho que la gente vea que a lo mejor has tenido un pasado y ahora tienes otro”, señala Noa. “La gente se cree que una no puede cambiar, pero claro que sí, y yo soy un ejemplo de ello, como el resto. Ya no soy la persona que era antes”.

La cárcel, punto de inflexión

Noa habla de su paso por prisión como un punto de inflexión inesperado. “Yo puedo decir que la cárcel me salvó la vida”, afirma.

En aquel momento dormía en la calle, robaba, consumía y se prostituía mientras enlazaba días enteros sin dormir. “Caballo, coca, crack, de todo”, enumera. Cuando ingresó en la prisión Modelo para cumplir condena, un análisis médico detectó una sífilis avanzada. “Me dijeron que estaba a punto de morir, porque si te llega al cerebro, te mata”, asegura.

Recuerda todavía el momento en que los enfermeros la retuvieron en la enfermería para administrarle penicilina. Cree que, de no haber entrado en prisión, probablemente habría muerto pocos días después en alguna calle del antiguo barrio chino. Ahora está limpia y puede contar su historia.

El título del documental nace de un poema de Eduardo Galeano dedicado a “Las Nadie”, aquellas personas invisibles para la sociedad.

“Son estas personas que son tratadas o vistas por la sociedad como Las Nadie. Esas personas que exactamente como dice Galeano en su momento también valen menos que la bala que las mata”, explica Marikarmen, prima de Noa, también gitana e intersex.

Marikarmen comparte buena parte de esa historia de supervivencia. Creció en el chabolismo y pasó la infancia entre pequeños robos para poder comer y la precariedad extrema. A los ocho años, su madre se la llevó a Mallorca para trabajar en el turismo.

“Ahí claro, tuve que aprender que todo lo que hacía en mi vida anterior estaba mal”, sostiene.Nunca terminó de adaptarse. A los 15 años escapó de casa y comenzó otra vida atravesada por la calle, la música y el activismo.

“Yo trampeo. Me refiero a que hago de DJ, doy charlas, trabajo con personas con discapacidad y casi siempre en una situación en la que muy pocas veces consigo cotizar”, resume.

Para Lorena Ros, todas las mujeres que aparecen en el documental funcionan como espejos de Noa. Distintas vidas atravesadas por una misma experiencia de exclusión.

“Al final la película sirve para que la gente vea una realidad que no está relacionada con el llanto y la desgracia, sino con la vida, el día a día real y humano de personas como nosotras”, concluye Marikarmen.

Noa insiste en que la película busca precisamente ampliar el relato habitual sobre las personas trans. “El número de mujeres como nosotras es muy grande. Con las que salimos damos visibilidad a personas de la calle que viven en los márgenes de la sociedad”, afirma. 

“Hoy en día hay mucha visibilidad de algunas personas del colectivo LGTBI: chicas trans que han recibido apoyo familiar, que han sido hormonadas desde pequeñas, que han podido ir a Trànsit [la oficina de atención a las personas trans de Catalunya] pronto y que hoy pueden ser arquitectas o ingenieras”, concluye Noa. “Pero hay otras que no han tenido nada de eso, a ellas les damos visibilidad”.

Un teniente coronel de la Guardia Civil figura como investigado en una causa de la Audiencia Nacional contra la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales que vuelve a tener el prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, entre los principales objetivos de las pesquisas. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron la pasada semana a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel, y el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.

El teniente coronel, que responde a las iniciales de J.L.G.M., no fue arrestado y ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que mantiene secretas las actuaciones. Tras la declaración, el juez ha impuesto al oficial la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La causa se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próxima al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja, una mujer de nacionalidad búlgara y socia del dueño de Vive Madrid. El juez De Jorge dictó el pasado viernes prisión incondicional para los cuatro detenidos, entre ellos la pareja del teniente coronel y el dueño de Vive Madrid.

Los registros y las detenciones de la semana pasada se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

El teniente coronel investigado tiene su destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Su imputación provocará la apertura de una información reservada, previa al expediente. La normativa interna indica que la instrucción de ese pendiente se detendrá a la espera de una resolución judicial firme.

Los agentes de Asuntos Internos han detectado consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También han quedado en libertad con cargos y sin pasaporte.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne, sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

Reconocidas por las Naciones Unidas, galardonadas con el Premio Agenda Barcelona 2030 y, a finales de 2024, con el premio del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, Metzineres es hoy uno de los proyectos de referencia en la atención a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Barcelona. Desde 2020, además, está considerado un Servicio de Intervención Especializada (SIE) por la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos las protege del riesgo que ahora afrontan: a partir del 30 de junio, Metzineres del Raval se quedará sin local para desarrollar su actividad porque la propiedad ha decidido no renovar el contrato de alquiler del espacio.

Ubicado en pleno corazón del Raval, Metzineres funciona como un espacio comunitario de refugio, atención y cuidados para “mujeres que son expulsadas del resto de redes de atención sociosanitaria por el hecho de usar drogas”, explica Aura Roig, antropóloga y directora de esta cooperativa fundada en 2017. “Son mujeres que vienen de situaciones traumáticas, de violencia, y que duermen en la calle”, añade.

Se trata de uno de los pocos servicios que existen en Barcelona dirigidos a mujeres que sobreviven en la calle y que, a diferencia de la mayoría, no centra su intervención en el problema que las ha llevado hasta allí, sino que las sitúa a ellas en el centro.

“Cuando vives en la calle y tienes que estar despierta, difícilmente lo haces sin consumir ningún tipo de sustancia”, explica Roig. “Empezar pidiendo la abstinencia o que se adapten a determinados modelos de atención es algo muy complejo. Al final, lo que vemos es que se utilizan las sustancias como una cortina de humo para no ir a las causas estructurales de su exclusión”.

Antes de fundar Metzineres, Roig estuvo al frente de la XADUD, una red de atención a mujeres que usan drogas creada en Barcelona en 2016. Se trataba de un espacio entre iguales para la recuperación de derechos, el soporte mutuo y el intercambio de conocimientos que, a día de hoy, sigue existiendo. Fue en esos encuentros semanales en el Ateneu del Raval donde empezaron a identificar las necesidades que compartían muchas de esas mujeres: las barreras del sistema cuando solicitaban acceso a los servicios de atención social.

“Nos reuníamos todas las semanas y creamos este espacio porque nos dimos cuenta de que no tenían un lugar donde poder juntarse sin ser juzgadas”, recuerda Roig. “Vimos lo terapéutico que resultó para ellas”. Cuando el proyecto de investigación finalizó, las mujeres continuaron reuniéndose. “Fue entonces cuando pensamos que sería importante crear un espacio donde se pudieran cubrir todas esas necesidades. Así nació Metzineres”, añade la directora del lugar.

Actualmente, Metzineres atiende a 647 mujeres. Cada día pasan por el espacio unas 60, y la cifra no deja de crecer. “Ofrecemos camas para que puedan descansar durante el día, duchas, talleres y un patio interior donde se puede hacer comunidad”, explica Roig. Pese al apoyo de la administración y del vecindario —y tal y como avanzó hace unas semanas El Periódico—, el futuro del proyecto es incierto. En junio finaliza la prórroga del contrato de alquiler y la propiedad ya ha comunicado que no habrá una nueva renovación. “Nos dijeron que no lo iban a vender, que se lo quedarían, pero ahora nos lo hemos encontrado en Idealista”, lamenta.

El local —que Metzineres tuvo que reformar y cuyo coste todavía está pagando— pertenece a Barcino Property, una sociedad dedicada a la inversión en inmuebles residenciales en localizaciones céntricas de Barcelona para su explotación en régimen de arrendamiento. El contrato finalizó en enero, pero la propiedad concedió una prórroga extraordinaria que termina el 30 de junio. Este medio ha cotactado con Barcino Property, que ha declinado hacer comentarios.

La salida del Raval de Metzineres no es una cuestión baladí. Según las usuarias y la directora del espacio, el hecho de estar en el centro de la ciudad es uno de los principales activos del equipamiento. “Es el barrio en el que trabajan y por el que se mueven. Sabemos que, si nos vamos de aquí, muchas no van a llegar”, apunta Roig.

Ser mujer y dormir en la calle

Sentada en el patio interior del local, alrededor de una mesa rectangular con seis sillas de plástico que desde 2017 ha sido testigo de tantas historias, Manu se emociona cada vez que recuerda su vida en la calle. “Se me revuelve el estómago solo de pensarlo”, explica. La voz se le quiebra cuando habla de la importancia de la apariencia. “La gente se cambia de acera, te tira el vaso de café o te mira mal solo porque no tienes buen aspecto”.

Tras sobrevivir en la calle durante cinco años, Manu hoy tiene un hogar. “Metzineres es bello, muy bello. Soy una romántica, pero estoy enamorada de Metzineres. Aquí somos chicas metzis”, dice entre carcajadas, mezclando el español con el italiano, su lengua materna.

Ser mujer y vivir en la calle, explica, es despertarse cada mañana a las siete. “Sé que eso es igual para mucha gente, pero en la calle hay veces que te despiertas porque la Guardia Urbana te está dando una patada”, abunda. “Tienes que pensar dónde lavarte la cara, cambiarte, porque llevas la misma ropa de ayer. Incluso te puedes despertar con las bragas bajadas y con la mochila a cuestas. Esa mochila que nunca desaparece”.

Para Manu, como para muchas de sus compañeras, Metzineres le devuelve la dignidad. “La destrucción y el maltrato son tantos… institucional, sanitario, político… A las personas sin hogar se las trata como una mierda”, apunta. Denuncia también la desconfianza sistemática que ha marcado su relación con las instituciones. “Como he sido yonqui, no me creen. Tengo que ir acompañada por una profesional para que me tengan en cuenta”, añade.

Aunque en Barcelona existen múltiples entidades de reducción de daños y de atención a personas sin hogar, muchas se centran en un único ámbito: consumo, trabajo sexual, violencia de género. “Puede ocurrir que una mujer sin hogar, embarazada y que consume drogas acuda a una entidad que atiende a mujeres embarazadas que duermen en la calle, pero le exijan dejar de consumir”, explica Andre Gaetano, referente de activismo y responsable de la imagen de Metzineres. “Como consume [drogas], no la aceptan y se queda en la calle. Ahí es donde entramos nosotras”.

En Metzineres no se pide cita previa ni datos personales. “Aquí todas son bienvenidas: mujeres trans, migrantes, mujeres con consumo acompañado, mujeres de género ampliado”, explica Gaetano. “El historial se construye cuando ellas quieren contarlo, de una forma más humana. Si han sufrido violencia, lo explican cuando se sienten seguras”.

A la izquierda de Gaetano, apoyado en la pared, un letrero de azulejos recuerda a las víctimas de la guerra contra las drogas. “Pero aquí apenas hay consumo”, señala Manu, hoy técnica comunitaria del proyecto. “Yo he consumido mucho, pero ahora que tengo un espacio, una casa, amigas, tengo mucha menos necesidad de consumir”, afirma.

Aunque el local cuenta con lo que llaman el “tocador de consumo”, una sala de consumo seguro y acompañado, lo que define a Metzineres es su comunidad. “Ninguna chica viene porque quiera consumir”, insiste Manu, frente a algunas críticas que recibe el proyecto. “Vienen porque es un espacio donde no hace falta pedir un abrazo para recibirlo. Aquí estás presente como persona”.

De constitución delgada, sonrisa amplia y un moño rojo que contrasta con el lateral rapado de su cabeza, Manu se ríe mientras describe la vida cotidiana en Metzineres. “Es como volver a tener seis años y estar con tus amigas”. En las literas, a veces duermen de dos en dos, abrazadas, para recuperarse de una mala noche o de la dureza de la calle. Las “tardes de tinta” son tardes de peluquería: “Nos teñimos el pelo, nos maquillamos, elegimos ropa del ropero… Lo más divertido es cuando vienen las vecinas y les hacemos el pelo”, dice entre risas. “La casa son las amigas”, resume Andre.

En Metzineres pasan muchas cosas. Además de reivindicar su ternura radical, organizan talleres, charlas y espacios de intercambio de saberes. Nada más entrar, una pared cubierta de mensajes ofrece consejos que se actualizan constantemente: qué hacer si ejerces el trabajo sexual, si duermes en la calle o si consumes metanfetamina.

Cada viernes celebran una paella comunitaria junto a otras entidades del barrio y, recientemente, han impulsado L’Arravalera, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio para crear comunidad, ubicado en la misma calle, que reivindica la memoria y la contracultura del Raval, dando voz a las comunidades que habitan los márgenes. Un lugar de encuentro donde autores, artistas, académicas y vecinas comparten saberes para sobrevivir a ciudades cada vez más gentrificadas.

Los datos de la organización son claros: de las mujeres atendidas durante el último año, el 70% se encontraba directamente viviendo en la calle y un 19% tenía techo gracias a algún tipo de recurso asistencial. El ahogo económico ha obligado a la entidad a cerrar los festivos y fines de semana, “justamente los días en que no reciben atención de otras instituciones y que para nosotras eran fundamentales”, señala Roig.

El año pasado también se quedaron sin financiación para el proyecto Espai de Drets, un recurso clave de acompañamiento jurídico. Sin un domicilio fijo, muchas no pueden recibir notificaciones judiciales ni acceder a una defensa adecuada. El proyecto les ofrecía un lugar estable para recibir comunicaciones y apoyo legal, facilitando el acceso a una abogada de oficio o a la defensa directa del servicio.

Además, permitía acogerse a medidas alternativas a la prisión, algo que antes era imposible al no disponer de un lugar donde cumplirlas ni de horarios compatibles con los servicios. También se elaboraban informes de vulnerabilidad que podían reducir condenas. La mayoría de los delitos no eran graves y estaban vinculados a la supervivencia, como pequeños hurtos de comida o el impago de multas.

“Estamos en una situación de mucho estrés y muchas de ellas están muy angustiadas”, concluye Roig. “Hemos pasado de tener un espacio que se nos queda pequeño a no saber si dentro de dos meses tendremos siquiera un lugar”, concluye finalmente Andre.

A día de hoy, la continuidad del proyecto pende de un hilo pese a su búsqueda de soporte y recolecta de firmas para evitar la pérdida de su local. La entidad no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro centro dentro del Raval, un elemento clave para mantener su labor y el vínculo con la comunidad a la que atiende.

Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración pública, imprescindible para garantizar su futuro como servicio de intervención especializada reconocido por la Generalitat.

Pese a los intentos de mediación y diálogo, la situación permanece estancada, lo que pone en riesgo un trabajo que durante años ha dado respuesta a necesidades sociales urgentes. Sin una solución inmediata, el cierre no sería solo el fin de un espacio, sino la pérdida de un recurso fundamental para el barrio.

“Las instituciones públicas someten a la mujer trans migrante a un proceso de tortura. Es un sistema heteronormativo y, como no encajamos en él, nos empujan a una tortura física y emocional”. Vlada Krassova, originaria de Nicaragua, huyó de su país en 2018. Pasó siete años como refugiada en Costa Rica hasta que, en 2025, llegó a España a través de un programa de reasentamiento.

La mujer trans migrante sufre una triple discriminación: por ser trans, por ser migrante y por ser mujer. No se trata solo del complejo proceso —físico, psicológico, social y económico— que atraviesa una mujer trans. Cuando a esa realidad se suma la migración, la dificultad se multiplica.

“Una mujer trans nacida en España ya cuenta con la nacionalidad; si además tiene una familia que le ofrezca apoyo, mucho mejor. Pero para quienes llegan en situación administrativa irregular y sin red familiar, todo es mucho más complicado”, explica Juan Nicolás, consultor en política social y experto en género. “La realidad es que estas mujeres están en la cola de la exclusión social”.

Las trabas administrativas

Uno de los grandes hitos de la Ley Trans, aprobada en febrero de 2023, fue la autodeterminación de género: la posibilidad de modificar legalmente el nombre y el sexo sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos, contribuyendo a su despatologización.

Sin embargo, las personas trans migrantes en situación irregular no pueden iniciar este proceso. Hasta que regularizan su situación, permanecen en un limbo en el que la identidad que figura en su documentación no coincide con la que viven.

La Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular

“Vienen huyendo de sus países por ser trans y, cuando llegan aquí, se encuentran con trabas administrativas. La Ley Trans es importante, pero no llega a todo el mundo. Hay derechos recogidos en el papel que no se trasladan a la vida real”, añade Nicolás.

Alexandra Andino, mujer trans hondureña, llegó a España en 2012: “Migré porque lo que estaba en juego era mi vida”. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron: “Pensaba que España era un país avanzado y que todo sería más fácil, pero la Ley Trans no nos favorece a todas. Es para personas con nacionalidad española, no para migrantes y mucho menos para quienes están en situación irregular”.

La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad

En el caso de Vlada, el reconocimiento de su identidad también fue una barrera. “En Costa Rica llevaba cinco años con mi nombre y género reconocidos, pero al llegar a España tuve que empezar de nuevo”. A pesar de su condición de refugiada, esperó más de un mes para regularizar su identidad: “Esa espera me generó mucha ansiedad. Veía a personas cis en mi situación hacer trámites con normalidad, mientras yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar”.

Actualmente, la nicaragüense trabaja en un estudio académico sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género y reconoce que su caso es excepcional: “La mayoría de mis compañeras no pueden acceder al reconocimiento de su identidad hasta obtener la nacionalidad, y eso implica muchísimo más tiempo”.

Durante este bloqueo administrativo, uno de los temores más habituales es ser nombradas en público con un nombre legal que ya no las representa, conocido como deadname.

Laura Johana, ecuatoriana de 41 años, vivió varios años en Chile antes de llegar a España en 2024. “Antes pedía que me llamaran por mi apellido. No solía haber problema, aunque siempre puede tocar alguien que se niegue”, relata. En su caso, el proceso fue más sencillo gracias a su madre, residente en Cartagena desde hace más de dos décadas, lo que le permitió obtener el permiso de residencia y realizar el cambio de nombre en el consulado ecuatoriano en Murcia.

“Sin papeles no puedes acudir a un endocrino”

La falta de regularización legal obliga a estas mujeres, en muchas ocasiones, a interrumpir su proceso hormonal. “Sin papeles no puedes acudir a un endocrino. Muchas hemos tenido que interrumpir la hormonación, y eso provoca un desajuste físico y emocional muy fuerte, incluso depresión”, explica Alexandra.

Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario

En el caso de Vlada, como refugiada, contaba con tres meses de tratamiento asegurados por parte del gobierno de Costa Rica. Pasado este periodo empezó el calvario: “La interrupción del proceso hormonal conlleva disforia, ansiedad y depresión”, explica. Las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad del personal sanitario acentuaron este estado: “Para las personas trans es un método de tortura que la continuación del proceso hormonal no se considere una emergencia en el sistema sanitario”, denuncia la nicaraguense.

Se acentúa el problema de vivienda

Si para la mayoría social esta cuestión es uno de los grandes conflictos sociales y económicos del país, para las mujeres migrantes trans la dificultad se multiplica. “Las propias inmobiliarias me dicen que los propietarios les piden que no alquilen a personas como yo”, explica Alexandra Andino. A pesar de tener contrato y nóminas que la avalan, muchos caseros se niegan a alquilarles un hogar “por ser migrantes y transexuales”.

La transfobia y el racismo se suman al ya de por sí complicado mercado de la vivienda: “Cuando preguntamos por qué, nos dicen que vamos a usar el piso para prostituirnos, una migrante trans siempre carga con el estigma de la prostitución incluso aunque pueda demostrar que no la ejerce”, cuenta la hondureña.

El experto en políticas de género, Juan Nicolás, asegura “que les nieguen el acceso a la vivienda provoca que muchas acaben viviendo prácticamente hacinadas”.

“Una sociedad que las rechaza influye en cómo se muestran”

“El estigma está muy presente. Algunas incluso tienen miedo de coger el autobús porque sienten las miradas”, explica Nicolás. “Muchas están en proceso de hormonación y no han completado la transición. La sociedad rechaza lo diferente, y eso genera intimidación”.

Cuando a la identidad trans se suman la migración y una situación socioeconómica vulnerable, el estigma se intensifica. Una brecha de clase de la que no todas son conscientes: “Conozco chicas trans españolas con recursos a las que nunca veo en manifestaciones por nuestros derechos. Creo que piensan que a ellas la transfobia no les afecta, pero nos afecta a todas. Si alguien quiere agredirte, no va a preguntarte cuánto dinero tienes”, señala Alexandra.

Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia

Ese rechazo constante no solo condiciona la vida cotidiana, también moldea la forma en que muchas mujeres trans se relacionan con el mundo. Si pensamos en referentes en España, como La Veneno o Jedet, suele repetirse un patrón de personalidades fuertes y extrovertidas. Sin embargo, esa imagen responde, en parte, a un mecanismo de defensa.

“Frente a una sociedad que las rechaza, tienen que desarrollar herramientas para protegerse, y eso influye en cómo se muestran”, explica Nicolás.

Para Vlada Krassova, es la experiencia de la violencia y exclusión la que determina ese carácter: “Si has vivido situaciones de acoso o agresión, o conoces a alguien que las ha sufrido, te da rabia que el sistema de justicia no sea efectivo. Ese carácter es una rabia que trata de canalizarse”, señala.

“Nuestra euforia no es una condición psicológica, viene de la sanción social de todo un sistema que trata de disciplinarte. Pero nosotras seguimos en la lucha”. Aunque se define como una persona introvertida, reconoce el impacto del sistema: “Me ha dañado tanto que ahora soy más cerrada. Vivimos en un entorno que nos sanciona no solo a nivel legal, también socialmente, y no siempre tenemos acceso a educación, salud o procesos de sanación. Todo eso se convierte en rabia”.

Cuando la exclusión social empuja al trabajo sexual

Las dificultades para regularizar la situación administrativa y acceder al empleo empujan a muchas mujeres trans migrantes a ejercer la prostitución. Más que una elección, se trata de un contexto condicionado por la falta de alternativas.

Así, a la transfobia, el racismo y la misoginia se suma la 'putofobia': el estigma hacia quienes ejercen la prostitución. Alexandra vivió esta realidad durante dos años: “Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero”.

Pasé casi dos años de mi vida perdidos en un polígono, arriesgándome a palizas e insultos. Pero era la única forma de ganar dinero

Actualmente, trabaja como coordinadora en Acción Triángulo, una ONG en defensa de las personas LGBIQA+, pero no olvida a las compañeras que siguen ejerciendo la prostitución: “Es un trabajo de mucho riesgo, muy discriminatorio y rodeado de mucha hipocresía, porque quienes más nos señalan luego son quienes más nos buscan”.

El trabajo sexual también condiciona la transición. “Quería seguir con la hormonación, pero perdería clientes. Muchos buscan chicas sin operar, y necesitas ese dinero”, explica Laura Johana. La ecuatoriana reconoce que no siente que la sociedad empatice con ellas: “La gente piensa que es un trabajo fácil, pero no lo es. No es fácil acostarse con hombres que no te gustan y no siempre son agradables”.

En otras muchas ocasiones, ni siquiera es la falta de alternativas lo que las empuja a la prostitución. Explica Juan Nicolás que “muchas llegan engañadas, pensando que trabajarán en cuidados o tareas domésticas, y acaban en redes de trata”.

Soluciones estructurales frente a la “estigmatización social y las trabajas administrativas”

“Es fundamental sensibilizar a propietarios, sanitarios y personal de la administración. Darles herramientas para saber cómo tratar, a nivel personal y profesional, a estas mujeres”, como experto en políticas de género y transgénero, para Juan Nicolás la respuesta pasa por el desarrollo de programas integrales que aborden todas estas dimensiones.

“La raíz del problema es que no pueden acceder a los recursos básicos por la estigmatización social y las trabas administrativas. Esos son los dos grandes motivos de exclusión, por eso la solución pasa por programas integrales de inclusión social”, concluye el experto.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha elevado un escrito a la mesa de las Corts Valencianes por el que solicita que se retire del Diario de Sesiones la desafortunada frase que pronunció durante una intervención en el pleno de la semana pasada, cuando afirmó en relación al caso del fichaje de la pareja del presidente Pérez Llorca por la Diputación de Valencia, dijo que “el Gobierno esté lleno de prostitutas”, aunque inmediatamente después matizó al aclarar que “consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

En su escrito, Camarero expone que en la sesión plenaria del pasado 26 de marzo se recogió en el Diario de Sesiones la frase “ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas,  que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

A continuación, alega que es evidente que la parte “que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas” está “mal formulada”, por ello se corrige inmediatamente después: “Dichas manifestaciones fueron objeto de aclaración en ese mismo día mediante comunicado público en el que se precisó de manera expresa el alcance y significado de las palabras empleadas, evitando cualquier posible malentendido”, motivo el cual solicita su retirada “para evitar ”interpretaciones erróneas o descontextualizadas“.

Diversas fuentes consultadas por elDiario.es afirman que la petición se tendrá en cuenta puesto que ya hay precedentes de otras expresiones retiradas. En estos casos se suele añadir en la parte inferior del diario una salvedad como que se ha pedido que se elimine.

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido la dimisión de Camarero como responsable de Igualdad: “El escrito se Susana Camarero solicitando que se eliminen esas palabras, las más machistas escuchadas nunca en las Corts dichas por la consellera de Igualdad evidencian que no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad porque ni siquiera pide perdón, dice que están descontextualizadas. Es una afirmación que ella hizo que y que ahora pide que se eliminen. La realidad es que lo dijo, no pide perdón y no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad”.

El Hotel Jake volverá a abrir próximamente en Gamonal (Toledo). Este “prostíbulo disfrazado de hotel” tal y como lo calificaron vecinos y vecinas, y que fue señalado por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, como un negocio “de explotación de mujeres”, retomará su actividad próximamente con la licencia de hotel-restaurante, tal y como anunciaba en su perfil en redes sociales: “La cuenta atrás ha comenzado, ya casi estamos de vuelta”, publicaban este pasado martes.

Lo hará renombrado como Sala New Jake y manteniendo su ubicación, cercana a una escuela infantil. Gamonal, que tiene poco más de 900 habitantes, es una entidad menor dependiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Mientras el PSOE estuvo en el gobierno talaverano, se ordenó el cierre del inmueble por la presión vecinal después de numerosas concentraciones y manifestaciones. No obstante, la polémica se desataba el pasado mes de septiembre de 2025 cuando se anunciaba que el lugar volvía a abrirse.

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, explica que la actividad del local “es evidente” donde a lo largo de su trayectoria en la localidad han observado “peleas, de vez en cuando un charco de sangre en la puerta, voces, mucho ruido” o incluso “las chicas saliendo de ahí porque las quieren pegar”.

Reivindica el completo cierre del establecimiento “por el malestar que los gamoninos y gamoninas llevamos tanto tiempo sufriendo”, recalcando que “encima tan cerca de un centro social, una guardería y un colegio” y que el perjuicio para los vecinos y vecinas “es y sigue siendo grandísimo”.

El alcalde de Talavera dice no tener “comunicación oficial de apertura”

El alcalde, José Julián Gregorio, ha señalado que no tiene “ninguna comunicación oficial” de que el establecimiento New Jake de Gamonal vaya a reabrir sus puertas; sin embargo, ha pedido a la prensa que pregunten a la anterior alcaldesa, Agustina García, sobre este asunto “porque no cerró el expediente cuando debió cerrarlo”.

Así respondió este pasado miércoles a las preguntas de la prensa donde recordó que lo que solicitó la anterior alcaldesa de Talavera al citado establecimiento durante su legislatura “fue un cierre temporal para que se hicieran una serie de subsanaciones”, por lo tanto, “Agustina García es la culpable de no haberlo cerrado en aquel momento”.

Jerónimo incide en que “ya llevamos prácticamente tres años de legislatura. Gregorio se encontró el local cerrado y ahora él ha dado autorización para que pueda abrirse. Es claro y evidente”. Además, achaca a Gregorio “no tener predisposición” pues “ha tenido tiempo más que suficiente para dar solución a la problemática”.

A mediados del mes de marzo, Álvaro Jerónimo se reunió con el alcalde de Talavera de la Reina y Gregorio dijo que en el caso de que New Jake abriese iban a tomar “medidas oportunas”, desde “instalar cámaras de vigilancia a incrementar los controles de policía”. Sin embargo, para Gamonal eso “no es suficiente”, ya que lo que ellos piden es el cese total de la actividad. “Son solo promesas, nada más. En febrero de 2025 se prometió que nos iban a instalar cámaras e íbamos a tener más presencial policial y no se ha hecho nada. El Ayuntamiento de Talavera solo se mueve cuando sale algo en prensa que les perjudica”, comenta Álvaro Jerónimo con afección.

Además, hace hincapié en que este tipo de establecimientos “seguro que no están en el centro de Talavera, allí no se abrirían nunca”.

Jerónimo critica que José Julián Gregorio rechace las evidencias y así se lo hacía ver en la reunión que mantuvieron en marzo: “Él me preguntaba que de dónde había sacado yo que quería abrir. Pues es tan sencillo como ver que están cambiando las máquinas de aire acondicionado o las luminarias, la gente no hace una inversión por gastarse el dinero si no van a abrir”.

“Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones”

Le preguntamos si cree que al ser de distinto color político -PSOE- frente al equipo de gobierno de Talavera -PP y Vox- les perjudica a la hora de atajar problemáticas en la pedanía y Jerónimo responde: “Yo quiero pensar que no. Los gamoninos y gamoninas también formamos parte de Talavera, ellos deben trabajar por todos, si no es así mejor que no se dediquen a la política”.

No obstante, el alcalde de Gamonal apunta que existe cierto estigma cuando se trata de solucionar los problemas de la pedanía por parte del ayuntamiento de cabecera: “Solo se acuerdan de Gamonal cuando llegan las elecciones y para recaudar impuestos, pero no para solucionar las problemáticas y nuestras demandas”.

Por otro lado, Álvaro Jerónimo señala que si no se hacen caso a sus demandas volverán a concentrarse y a manifestarse: “No nos vamos a estar quietos”.

CCOO Toledo considera “cómplice” de la violencia a las mujeres a PP y Vox

Desde CCOO Toledo denuncian “la complicidad de PP y Vox” con la reapertura del “prostíbulo Jake” y han mostrado su “más firme rechazo a la decisión” del Gobierno municipal de Talavera de la Reina de autorizar la reapertura.

Para el sindicato supone “un paso atrás en la lucha por la igualdad y un desprecio a la dignidad de las mujeres”. Así lo ha puesto de manifiesto Mayte García, secretaria de Organización, mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo: “Las instituciones públicas no pueden ser facilitadoras de espacios donde se mercantiliza con el cuerpo de las mujeres”, a la vez que ha criticado que el equipo de gobierno de José Julián Gregorio “se escude en trámites burocráticos y licencias de hostelería para ignorar una realidad evidente: Todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake, permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

El sindicato exige al alcalde, José Julián Gregorio, y a sus socios de Vox que “den marcha atrás y pongan por delante el bienestar social y el respeto de a los seres humanos”, sobre todo cuando “todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el Jake” y donde “se mercantiliza el cuerpo de las mujeres”. Recalcan que “permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

CCOO anuncia que apoyará las movilizaciones ciudadanas contra esta reapertura y seguirá denunciando cualquier política municipal que suponga una “degradación” de los derechos laborales y humanos de las mujeres. “Talavera y sus pedanías necesitan inversiones en empleo digno y servicios públicos, no hoteles de alterne que solo traen precariedad y explotación”, ha concluido Mayte García.

“Yo veo mi trayectoria y me aplaudo a mí misma. Todo lo que he pasado… Miro hacia atrás y pienso que esto podría ser una película”. Quien habla es Laura Vilar, una mujer de 67 años, una “pionera” de la lucha trans en España, vecina del barrio de Gràcia de Barcelona y trabajadora sexual.

Vilar empezó a alternar en un cabaret que se creó para que las mujeres trans y las travestis no tuvieran que andar solas y desprotegidas por la calle y dejó el oficio para cuidar de su madre cuando todavía era joven. Después de su muerte, se encontró con una casa vacía, sin ingresos y sin “motivaciones”.

Así que se propuso volver a trabajar, a pesar de la duda de si una mujer con sus años seguiría resultando atractiva. “No pongas mi edad. Pon que soy madura y ya está. Porque si digo cuánto tengo, no vendrá nadie”, vaticinaba Vilar mientras creaba su perfil en una web de contactos. Pero se equivocaba.

El teléfono no le para de sonar y está contenta. Por haber vuelto a trabajar, pero también por sentirse deseada, verse atractiva. “Sin esta coquetería, se me hace difícil vivir”, confiesa mientras se arregla ante el espejo. “Esta vieja no está muerta”, dice, pícara, levantándose el vestido y enseñando pierna.

En lo que sí tenía razón Vilar es en que su vida tanto parece una película que se ha convertido en un documental. Siemprevivas es un film que toma el retorno al ruedo de esta mujer como hilo conductor que va zurciendo la historia de otras cinco trabajadoras sexuales de Barcelona. Algunas son migradas, otras nacidas en la ciudad. Las hay que siguen trabajando y las hay que se han retirado. Lesbianas o heteros, cis o trans, lo que comparten todas es que tienen más de 60 años.

Siemprevivas, que se estrena el sábado 21 en el Festival D'A, es un documental protagonizado por trabajadoras sexuales, pero que no va de la prostitución. Va de la amistad entre ellas, de la libertad y de la sexualidad a todas las edades. Porque rompe tópicos y no muestra imágenes a contraluz de un neón rojo ni escenas en callejuelas nocturnas.

El film acompaña a seis señoras a la playa, a esparcir las cenizas de una madre fallecida o a tomar un vermut. Seis señoras que, mientras aprueban la pinta de las croquetas, hablan sin tapujos sobre el fist-fucking (aunque sin saber que se le llama así) que les pidieron o del striptease que le hicieron a un cliente de 95 años hace pocos días.

Una vida para la emancipación

“Cuenta la historia que han querido contar ellas. Y de la manera en que han querido”, explica a elDiario.es Mar López Zapata, directora del documental. Siemprevivas es capaz de adentrarse tanto en la vida de estas mujeres porque, de hecho, la relación entre la cineasta y sus protagonistas empezó hace años, cuando ella era, a penas, una niña. “Eran como mis tías. He hecho hasta de canguro de alguna de sus hijas”, explica López Zapata.

Todo viene de su madre, Diana, quien emigró desde Colombia y, una vez en Barcelona, empezó a ejercer de psicóloga con trabajadoras sexuales de la mano de un grupo de investigación que quería indagar sobre su vida y motivación. “Era algo que iba más allá de la academia. Queríamos entenderlas”, resume la terapeuta.

El film está lleno de declaraciones que pueden resultar incómodas y complicadas de comprender para alguien ajeno al trabajo sexual. “A mí me llamó el puterío porque yo lo que quería era estar con señores”, confiesa Vilar. Como mujer trans nacida en pleno franquismo, la prostitución fue la única manera que encontró de descubrir su sexualidad.

En un caso parecido se encuentra Vicenta. Nació en Venezuela hace 66 años y llegó a Barcelona para escapar de una familia que la repudió cuando salió del armario como mujer trans. “Mi padre me decía que me iba a lanzar al mar con una soga al cuello atada a una piedra muy, muy pesada para que en el fondo del mar se me comieran los tiburones”, dice.

Recuerda su juventud como un lugar oscuro, durante el cual, a pesar de ser maltratada por su familia, se dejaba la piel para cuidar de su madre. Pero un día se hartó y migró. La única salida que encontró fue recorrer las calles en busca de clientes. Las mismas calles que recorre junto a elDiario.es para esta entrevista. “Me hace venir recuerdos. Yo trabajaba aquí. Fueron buenos años”.

Vicenta no romantiza el trabajo sexual, que le valió diversas multas y alguna agresión física, pero sí reconoce que fue algo que le permitió “romper las cadenas de la sumisión. Las que me ataban a mi familia y a la sociedad y que me hacían estar escondida”. Hoy, muchos años después de aquello, asegura que es feliz. “De verdad que sí. Aquí tengo amigas y una familia”.

De la calle a Los Goya

Vicenta dejó la calle hace algunos años. Se hartó de recibir violencia, no sólo por parte de los clientes, sino también de las instituciones. “Cuando cambiaron la ordenanza de civismo y empezaron a prohibir los mueblés, me joden entera. No podía trabajar en bares, pero tampoco en la calle”, resume esta mujer. Los cambios normativos coincidieron con el momento en que conoció a su pareja, lo que le dio estabilidad suficiente como para “reinventarse” en otro trabajo.

Para Marga también ha sido difícil convivir con las normativas. Cuenta que acumula 3.000 euros en multas por “uso indebido e intensivo” del espacio público, el mismo concepto que sanciona los coches mal aparcados. “Es un gran ejemplo: dicen que las normas abolicionistas son para proteger a las mujeres, pero en realidad nos acaban tratando como objetos”.

Esta mujer, nacida y criada en Barcelona, se dedica al trabajo sexual desde que tiene 19 años y lo compagina con otros empleos. Ha sido camarera de piso, ahora limpia casas de “gente de mucha pasta” y, asegura, la manera en cómo se gana la vida no la define. “Yo soy Margarita Carrera Roy y trabajo de, dónde, cuándo y cómo me da la gana”.

Ella es una trabajadora sexual orgullosa, pero matiza y apunta que no se prostituye cuando hace la calle. “Los prostituidos son los que están explotados por sus jefes, los que no alzan la voz y no reivindican mejores condiciones”. E insiste: “El trabajo no me dignifica, yo dignifico al trabajo”.

Marga es, por encima de muchas cosas, una activista. Lleva años participando de entidades en las que se trabaja por la regularización del trabajo sexual, pero a la vez, ayuda a las prostitutas que han sido víctimas de trata. Porque, igual que sus compañeras, no romantiza su oficio y sabe que, al contrario de su caso, hay mucha gente que no lo ejerce en libertad.

“Yo he salvado a mucha gente, a muchas mujeres”, asegura. Ha alertado a la policía de pisos donde había mujeres retenidas y ejerciendo contra su voluntad. Y todo, exponiéndose y poniéndose a ella misma en peligro. “Después de eso, yo tengo que volver a la calle. Ese es el compromiso con el feminismo, el ayudar a las compañeras y mancharse las manos. Nunca se ha salvado a nadie desde un despacho en el que se niega nuestra realidad”, remacha.

Esta mujer no se esconde y no miente sobre la fuente de sus ingresos. Se significó ante España entera desde el escenario de los Goya. Fue en la gala de 2006, año en que Manu Chao ganó el premio a mejor canción original por ‘Me llaman calle’, de la película ‘Princesas’. Marga fue a recoger el premio en su nombre y la intrahistoria de esos minutos de gloria todavía la llenan de orgullo.

Marga no tenía nada en su armario digno para la ocasión, pero acudió con un vestido de gala. “Tenía una vecina trans, la Reina, que se llevaba bien con otra vecina, la Consuelo, que acababa de ir a una boda y se había comprado un vestidaco”, recuerda. Su amiga se ofreció a pedir la prenda prestada. “¿Qué le vas a decir?‘¿Oye, es que mi amiga puta necesita un vestido para ir a los Goya?”. Pues fue exactamente eso lo que le dijo.

A las pocas horas, Marga lucía ese vestido y mandaba un abrazo y un mensaje de dignidad para todas sus compañeras desde la televisión. Todo el barrio lo vio. Todas sus vecinas, que no sabían a lo que se dedicaba. Hasta las monjas del colegio de su hija. Pero ella no tuvo vergüenza. “Soy quien soy, y a mucha honra”, se limitó a decir.

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta el 8M con la vista puesta en las prioridades legislativas del Ministerio de Igualdad este año. La lista de pendientes pasa por la Ley de Violencia Vicaria, que el Gobierno esperaba aprobar esta semana, a las puertas del Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, los disensos entre ministerios han alargado un proceso que parece que está a punto de culminar con una nueva forma de incluir el delito en el Código Penal, que según asegura Redondo, será un agravante de género, solo aplicable a mujeres víctimas. “Nuestra intención es sacarla cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz”, apunta.

La prostitución se erige como otra de las grandes banderas del departamento que dirige, que entre otras cosas busca vetar a las asociaciones no abolicionistas de las ayudas de lucha contra la trata y contra la violencia machista. “No vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia que denigra”, justifica frente a las críticas de entidades que han amenazado con llevar a los tribunales la medida. Con el mensaje del “no a la guerra” de Pedro Sánchez frente al conflicto de Irán de fondo, Redondo participará este domingo en la manifestación de Valladolid, en un 8M que, asegura, “tiene este año un valor simbólico” porque “el feminismo es pacifismo”.

Diez mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos cinco años. ¿Qué sigue fallando? 

Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso. Por un lado, hay una falta de denuncia. Ante el mantra de la extrema derecha de las denuncias falsas, hay que decir que, al contrario, el problema es la infradenuncia. Pero, además, cuando sí se denuncia, a veces falla la coordinación del sistema. También nos encontramos en ocasiones con fórmulas de protección que no son lo suficientemente eficaces y tenemos que ser más escrupulosos en la valoración del riesgo.

Sé que los juzgados van a hacer un esfuerzo extra en calibrar la situación de esa mujer. Esto lo digo porque muchas veces el agresor es un buen vecino, un buen trabajador o un buen amigo, pero es un maltratador y un maltratador no es buen nada aunque a veces busque cómplices con esa apariencia de buen hombre. Con todo, 2025 fue el año con menos casos de la serie histórica. El sistema es mejorable, pero funciona.

A raíz de los fallos detectados en las pulseras de control a hombres acusados de maltrato, este Ministerio anunció una auditoría para evaluar posibles responsabilidades. ¿Cuál ha sido el resultado?

Aún no ha concluido. Es muy compleja porque hablamos de 30 millones de geolocalizaciones y un número elevadísimo de documentos que hay que analizar, pero sí se ha detectado algún fallo en el periodo transitorio entre empresas. Es un primer avance que nos permite mejorar el próximo contrato. El hecho de que no fuera una plataforma oficial del Ministerio fue un hándicap porque la que manejaba la anterior adjudicataria [Telefónica], que lo había sido desde que arrancó el sistema, no era compatible al 100% con los mecanismos de volcado de datos de la nueva [La UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad]. Ahí hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo. Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta.

Se va a imponer una sanción económica a la empresa adjudicataria [Vodafone] por el fallo tecnológico de las pulseras del pasado noviembre

¿De quién es la responsabilidad de esos errores que se han identificado?

La responsabilidad no sé si se puede focalizar en una empresa. Fue un problema de acoplamiento tecnológico entre la saliente y entrante. Eso no se va a poder producir en el futuro porque la plataforma ya es del ministerio, que es un gran avance. Indiscutiblemente, lo que sí hemos valorado es el fallo tecnológico que se produjo en noviembre y en este sentido se va a imponer una sanción a la empresa adjudicataria actual.

Se refiere a la incidencia en el servicio que lo mantuvo inactivo y obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. ¿Puede dar más detalles? ¿Qué tipo de sanción va a ser?

Este Ministerio ha hecho una investigación y, de hecho, el mismo 11 de noviembre nos trasladamos in situ porque saltaron todas las alarmas. El resultado de esa investigación va a ser la imposición de una sanción económica que tiene que ver con una rebaja en los pagos trimestrales o semestrales que se hacen a la adjudicataria. Aún se está valorando. Aun así, no podemos poner en tela de juicio el sistema, que funciona y salva vidas a diario. En noviembre se activaron los mecanismos, se llamó a las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron alerta. No voy a negar el fallo, pero no tuvo más consecuencias que poner en emergencia todo el sistema y reforzar la protección.

Estaba previsto que la Ley de Violencia Vicaria ya estuviera en torno a estas fechas aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, pero por diferencias en el seno del Gobierno no ha ocurrido. ¿En qué punto está?

Hay una negociación permanente especialmente con Justicia e Infancia y Juventud. Hemos avanzado en perfeccionar el texto y nos hemos vuelto a reunir con asociaciones y expertas. Ahora mismo, fruto de algunas incorporaciones se va a volver a preguntar al CGPJ para que se pronuncie sobre la seguridad jurídica y la correcta técnica legislativa de determinadas disposiciones que no estaban en el texto inicial. Nuestra intención es sacar la ley cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz.

Vamos a incorporar la perspectiva de género al delito de violencia vicaria en el Código Penal para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos.

Dos de los puntos polémicos eran la incorporación de un delito de violencia vicaria al Código Penal que las expertas alertaban de que podía ser usado contra las propias mujeres víctimas y la prohibición de los regímenes de visitas. ¿Los cambios tienen que ver con estos elementos?

Efectivamente, se producen cambios en el Código Penal. Lo que hacemos es incorporar la perspectiva de género al delito para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos. Va a ser un agravante de violencia vicaria con componente de género. La violencia vicaria afecta a las mujeres y es producto de la dominación machista. De esta forma, intentamos cerrar esta cuestión.

¿Eso quiere decir que solo en el caso de que las víctimas sean mujeres va a ser aplicado ese agravante?

Se tiene que interpretar en conexión con la definición del delito, que se corresponde con lo que acabo de decir. Esto es: un delito en el ámbito de la violencia machista, que afecta a las mujeres. El objetivo es hacerles daño a ellas a través de una persona interpuesta, generalmente los hijos e hijas. En este sentido, interpretado conjuntamente el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, el resultado es ese.

El Ministerio va a exigir a las entidades que quieran acceder a las subvenciones de lucha contra la trata y prevención de la violencia machista que se declaren abolicionistas. Varias asociaciones han presentado alegaciones señalando que podría vulnerar varios principios. ¿Se han recabado informes jurídicos previos para tomar esta decisión?

Una reciente macroencuesta del CIS nos decía que la mayoría de la población, en torno al 70%, entiende que la prostitución es violencia hacia las mujeres y que afecta a sus derechos. No podemos subvencionar aquello que es claramente contrario a la dignidad de las mujeres desde un Ministerio como este. Es un cambio en línea con lo que venimos defendiendo, no vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia antigua y que denigra. Lo teníamos muy claro y ahora está confirmado sociológicamente por la encuesta.

Es este un debate todavía abierto en la sociedad, la política y el movimiento feminista. Puede darse el caso de entidades con amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género que no se definan explícitamente como abolicionistas, quizá porque incluso no han tenido ese debate en su seno, y que sean excluidas.

No lo creo.

¿Cómo se va a asegurar que esto no ocurra? Hay asociaciones que no tienen experiencia en prostitución ni la mencionan en sus estatutos, pero sí hacen, por ejemplo, programas sobre violencia vicaria. ¿No teme que esta medida reduzca en última instancia los recursos disponibles para las propias víctimas?

Estoy segura de que tanto el Instituto de las Mujeres como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género van a valorar cada uno de los proyectos. Se hará, lógicamente, en atención a las bases, pero se evaluarán en un sentido amplio, sabiendo cuál es su contenido y finalidad. Y tampoco son las únicas líneas de subvención. Aun así, todas las alegaciones presentadas se están estudiando.

Una de sus prioridades este curso político es una ley con la que, según ha afirmado, se pretende abolir la prostitución. En otras ocasiones que el Congreso ha visto un texto similar, no ha habido apoyos suficientes y el PSOE se ha quedado solo.

Hay una falta de mayoría amplia, pero espero que pueda ser debatida y finalmente aprobada. Estamos trabajando en paralelo con la Ley de Trata, que es una ley muy compleja que necesita además pasar por los filtros del Ministerio del Interior y Justicia, y la de abolición de la prostitución, que es un compromiso socialista. Más aún después del refuerzo de la encuesta del CIS. Lamentablemente, no hay consenso en torno a este tema en el Congreso, pero sí lo hay en la sociedad. El escollo es que el pacto de Estado contra la Violencia de Género avala la Ley de Trata, pero no así con la de prostitución.

Creo que es un porcentaje muy muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución y lo hacen generalmente por motivos económicos y de necesidad.

¿Prevé incluir en la ley multas a los clientes?

Sí. No se penaliza a las mujeres, pero sí se sancionaría a los proxenetas, las personas que se benefician de la prostitución ajena y también a los puteros.

Se refería antes al consenso social derivado de la encuesta del CIS, pero en este punto, el de las multas a los clientes, se concluye que solo una minoría de la población estaría de acuerdo con ello.

Es verdad. Muchas veces detrás del avance político viene el avance social y lo hemos visto a lo largo de los gobiernos progresistas. Recuerdo perfectamente que el mundo se iba a acabar con la prohibición del consumo de tabaco en bares y finalmente lo aplaudimos. Hay que avanzar en lo que es moral, ética y jurídicamente digno.

Hay voces, entre ellas de prostitutas o asociaciones que trabajan con ellas, que apuntan a que estas multas pueden tener efectos negativos para las propias mujeres y conllevar más clandestinidad y desprotección. ¿Han evaluado estos riesgos?

Hemos testado lo que ha ocurrido en Francia y Alemania, que tienen legislaciones diferentes. Hemos visto que en aquellos países en los que se regula crecen la prostitución y el proxenetismo. España, que ha demostrado que la igualdad es la columna vertebral de nuestra democracia, no puede ser ajeno al sufrimiento de las mujeres. La mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres tratadas, prácticamente privadas de todos sus derechos y cuya dignidad está apaleada desde el primer momento del día, que se las explota y se las reduce a trozos de carne. En este camino vamos a seguir trabajando porque es una cuestión de derechos humanos.

La afirmación de que la inmensa mayoría de prostitutas son víctimas de trata es cuestionada por algunos estudios e investigaciones. Hacer este tipo de asunciones ¿podría restar eficacia a las políticas de lucha contra la explotación sexual que sí es forzada?

Me he reunido con el sindicato de mujeres prostitutas y las he escuchado. Creo que es un porcentaje muy, muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución. No digo que no lo haya, pero es una minoría y lo hace generalmente por motivos económicos y de necesidad. Este gobierno gobierna para la mayoría y la mayoría de la población condena la prostitución como violencia de género y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son vejadas. Es algo que no podemos permitir como sociedad democrática avanzada.

Respecto a la encuesta del CIS, hay algunas investigadoras de diferentes universidades que han cuestionado estos días la “validez metodológica” de la investigación. ¿Ha podido ver estas críticas?

Yo sinceramente creo en la profesionalidad del CIS. No tengo nada que decir. El CIS es profesional y utiliza los criterios que considera. Hay que tener en cuenta que son más de 10.000 encuestas.

Después de que el Congreso rechazara la iniciativa de Vox para prohibir el burka, tanto Junts como el PP han presentado sus propuestas. Es un tema que, previsiblemente, volverá a debatirse en la cámara. ¿Cuál va a ser la posición del PSOE?

Huir de la simplificación y de la manipulación de la igualdad. Este no es un problema real en España. No deberíamos entrar en el marco conceptual de la extrema derecha, que utiliza a las mujeres para promover discursos xenófobos y racistas en contra de la democracia y en contra de la convivencia. La ultraderecha es negacionista de la igualdad, el feminismo y la violencia de género. Ahí no nos van a encontrar.

El debate debe darse de forma dialogada y sensata. El burka es una cárcel para las mujeres, pero lo que jamás haré será culparlas, señalarlas u hostigarlas. La cuestión fundamental es la libertad de las mujeres, habrá quienes decidan incorporar a su indumentaria determinados símbolos religiosos (la cruz lo es y muchas mujeres lo llevan con orgullo). Lo que tenemos que identificar es dónde termina la libertad y empieza la imposición de una cultura patriarcal machista. En todo caso, hay que ser muy respetuosos. Igual que el burka impide mirarnos a los ojos o identificarnos, otro tipo de símbolos o indumentarias pueden ser perfectamente reflejo de una libertad personal. Hace falta mucho diálogo, mucho respeto y mucha profundidad.

Para PP y Vox la educación afectivo sexual es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto que, cuando no existe, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

El Gobierno ha centrado este 8M en la denuncia de discursos que promueven una vuelta a los estereotipos de género en redes sociales. ¿Qué hacer ante estas narrativas que a la izquierda le está costando tanto contrarrestar?

Nos encontramos con una realidad digital que es un continuo de la analógica, donde se campa sin controles y reglas. Tenemos que establecer la democracia también en este espacio, que es público y global, por lo que controlarlo con mecanismos propios de la soberanía nacional es más complicado. España ya está poniendo encima de la mesa este debate y medidas interesantes. Se ha aprobado recientemente la Carta de Derechos Digitales y estamos trabajando en una ley de protección de los menores frente a la pornografía en Internet, que es fundamental porque lamentablemente el porno está sustituyendo a la educación afectivo sexual.

Debemos incorporar también controles a la Inteligencia Artificial. No puede ser que nos encontremos a nuestras hijas e hijos desnudos en Internet porque una aplicación lo puede hacer. Por otro lado, la prohibición de que los menores de 16 año accedan a redes sociales es absolutamente necesaria. Estamos dando pasos importantes.

Se refería a la educación afectivo sexual, una asignatura pendiente que no acaba de ponerse en marcha. ¿Se ha abandonado este objetivo?

Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en una guía de formación que permita al profesorado tener herramientas, pero hablamos de una competencia autonómica y para PP y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, esta educación es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto. Me preocupa enormemente porque cuando no hay educación afectivo sexual, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

En ciudades como Madrid hay dos manifestaciones este 8M, como ha sido habitual en los últimos años. ¿A cuál irá?

Estaré en Valladolid, que es mi ciudad y donde siempre he acudido a la manifestación y que este año especialmente tiene un valor simbólico muy importante porque el feminismo es pacifismo. Nos estamos jugando la paz, la democracia y los valores esenciales sobre los que hemos construido las sociedades más desarrolladas de los últimos siglos. Con independencia de los acentos y las especifidades de cada protesta, más allá de que se compartan o no, hay algo muy superior, que es la defensa de las mujeres en la paz y la democracia.

El pasado 19 de febrero se anunció la creación de la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, una red de “organizaciones de mujeres feministas comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo”. Se trata de una nueva organización impulsada por el sector abolicionista del movimiento feminista y que defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La red, compuesta por asociaciones como Araba Abolicionista, Asociación Feminista Gafas Moradas, BerdinHezi, DoFemCo, Emargi, Garenak Emakume Feministak, La Mirada de Lilith, Partido Feministas al Congreso y Somos Ellas Euskadi, tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. En este sentido, convocan movilizaciones en Bilbao y en Pamplona para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema “En defensa de las mujeres”.

El anuncio de esta nueva coordinadora no ha gustado nada dentro del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que ha mostrado su “descontento e indignación” con un comunicado que lleva el título de “No en el nombre del Movimiento Feminista de Euskal Herria”, en el que han denunciado que se trata de una iniciativa “contra el camino que llevan tejiendo y cosiendo durante décadas”. “El Movimiento Feminista de Euskal Herria lleva más de medio siglo en marcha. En este largo camino han sido varios los espacios de coordinación, las formas que ha adoptado la estructura, los debates y temas tratados, las estrategias utilizadas, pero siempre hemos tenido clara una idea básica de que los espacios y sus denominaciones no se pueden utilizar a la carta y que debemos actuar dentro de una ética militante feminista”, recoge el escrito firmado por más de 100 colectivos de todo el territorio.

“El Movimiento de Euskal Herria no es putófobo, defendemos que el trabajo sexual es trabajo y reivindicamos en voz alta que las trabajadoras del sexo necesitan derechos al tiempo que apoyamos sus luchas. Además, no permitimos que nadie excluya a las putas de nuestros movimientos y asambleas”, sostienen en el comunicado. Y añaden un apartado en apoyo a las personas trans: “El Movimiento de Euskal Herria no es trans-excluyente, es más, lo formamos sujetos muy diversos. No entendemos las categorías de forma esencial y nadie niega las propias violencias y opresiones a las que están sometidas cada categoría y cada subalternidad. Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, reconocen.

Los movimientos abolicionistas de la prostitución y en contra de las personas transexuales hasta el momento han tratado de defender sus luchas dentro de la unidad del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Sin embargo, en esta ocasión, con su propia coordinadora han apostado por realizar convocatorias en lugares y horarios distintos para el próximo 8 de marzo. En Bilbao se concentrarán frente al Teatro Arriaga a las 12.30, mientras que en Pamplona lo harán a la misma hora en la Plaza San Francisco. “No es cómodo marchar aparte, pero tampoco es cómodo callar. No es cómodo señalar lo que incomoda. No es cómodo sostener una posición cuando prefieren que te diluyas. No es cómodo defender que el 8M es de las mujeres trabajadoras. Pero más incómodo es ir con miedo, autocensurarse y fingir que no pasa nada. Queremos un 8M sin miedo para las mujeres, claro, firme y sin silencios impuestos”, defienden desde la nueva coordinadora.

Por su parte, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, marcharán desde el Sagrado Corazón en Bilbao, desde el tunel del Antiguo en Donostia y desde el Parque de Antoniutti en Pamplona a las 12.00 horas, mientras que en Vitoria desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas bajo el lema “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. “Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

El 69% de los españoles se muestra bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75% cuando son las mujeres las que responden, según una encuesta impulsada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y que ha llevado a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio, elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 años para conocer las percepciones sociales sobre prostitución y pornografía, apunta a que el 79% consdiera que la prostitución “pone en riesgo la dignidad de las personas” que se prostituyen y más del 75% asevera que la mayor parte de las mujeres son víctimas de explotación sexual.

Por otro lado, más de tres cuartas partes de la ciudadanía creen que la prostitución no es un trabajo “como otro cualquiera” y el 79,8% se opone la idea de que es “una forma de ejercer la libertad sexual”. Además, a un 63% le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1%. Del mismo modo, existe una clara oposición de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición a ello.

Los resultados de la encuesta han sido presentados por el Ministerio de Igualdad este jueves por la ministra Ana Redondo, que ha asegurado que la ciudadanía “no entiende la prostitución como una actividad económica sino como una expresión de la desigualdad”. El ministerio, que tiene entre sus prioridades impulsar medidas abolicionistas de la prostitución, ha recalcado que las conclusiones del estudio “indica una orientación social afín a los planteamientos abolicionistas” que defiende la cartera.

La encuesta se ha dado a conocer en medio de la polémica por la intención del ministerio de vetar a las entidades no abolicionistas de la prostitución de las ayudas públicas para prevención de la violencia machista y lucha contra la trata. La idea de Igualdad es modificar los requisitos de acceso a las subvenciones para establecer que solo pueden presentarse las entidades que en sus estatutos o mediante experiencia acrediten que consideran la prostitución una forma de violencia machista. Más de medio centenar de asociaciones se oponen a la medida.

Qué hacer con la prostitución

La encuesta incluye una parte destinada a conocer la opinión de la población sobre qué hacer con la prostitución. En ese sentido, solo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena sería una medida eficaz y especifican que no se debe imponer castigo alguno a las mujeres. En cuanto al tipo de castigo, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponerlo entienden que dicha conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas. 

Además, también la mitad de la población estima que la medida más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Sin embargo, el 32% apuesta por legalizar la prostitución como una actividad laboral más y la mayoría de la población, el 85,6%, estima que castigar a quienes se eriquezcan de la prostitución ajena “contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Respecto a la pornografía, el 70% de los encuestados considera pagar por visualizar actos sexuales en plataformas en línea como una forma de prostitución y casi la totalidad (el 94%) opina que las plataformas digitales deberían tener la obligación de eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas. En esa misma línea, el 71,6% asegura que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres, el 77 % que distorsiona la percepción de las relaciones sexuales y no debe considerarse una forma de entretenimiento, y el 85,2% no la ve como una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

El Ayuntamiento de Badajoz ha formalizado este 25 de febrero su adhesión a la campaña ‘La buena vecindad’, una iniciativa de la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX) que busca implicar a comunidades de vecinos, administradores de fincas y propietarios de viviendas en la detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual en la ciudad.

La firma de la declaración institucional ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Extremadura, en un acto en el que han intervenido la presidenta de ADHEX, Flor Fondón Salomón; el presidente del Colegio, Juan Antonio Martín Rodríguez; y el concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación Ciudadana, Juan Pérez Márquez, encargado de dar lectura al documento de apoyo municipal.

La campaña, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y desarrollada en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, pone el foco en un fenómeno que, según han explicado sus impulsores, se ha desplazado en los últimos años desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales, muchas veces en régimen de alquiler o comercializadas como alojamientos turísticos.

En su intervención la presidenta de ADHEX ha situado la iniciativa en el marco de la defensa de los derechos humanos y del feminismo. Fondón ha comenzado subrayando que la trata con fines de explotación sexual “atraviesa nuestras calles, nuestros barrios y, a veces, nuestros propios portales”, aunque permanezca invisibilizada.

“Nos convoca una convicción clara: la explotación sexual no es un fenómeno marginal ni inevitable. Es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y niñas”, ha afirmado. En su intervención, ha insistido en que no puede hablarse de libertad ni de igualdad real mientras existan mujeres explotadas bajo coacción, engaño, amenaza o abuso de vulnerabilidad.

Fondón ha advertido de que, especialmente tras la pandemia, se ha producido un desplazamiento de la explotación sexual desde los clubes hacia pisos y viviendas residenciales. “Este cambio no es casual: responde a la búsqueda de mayor invisibilidad, a la dificultad de control institucional y al abaratamiento de costes para quienes se lucran con los cuerpos de las mujeres”, ha señalado. Según ha explicado, estos entornos privados dificultan la detección y favorecen que la actividad pase desapercibida en comunidades donde los indicios pueden confundirse con simples molestias vecinales.

“Detrás de las puertas cerradas no hay conflictos de convivencia; hay, en muchos casos, mujeres retenidas contra su voluntad, sometidas a extorsión, a amenazas, a violencia. Mujeres que no se benefician de esa actividad, sino que son víctimas de redes y proxenetas”, ha declarado. No obstante, ha pedido actuar desde la prudencia y el respeto para evitar estigmatizaciones, especialmente hacia mujeres extranjeras o hacia quienes comparten vivienda. “No toda situación responde a la trata, y no toda mujer en contexto de prostitución está en la misma realidad. Pero cuando existan indicios, el silencio nunca puede ser la respuesta”, ha añadido.

Prevención

La presidenta de ADHEX ha explicado que la campaña tiene un enfoque preventivo e informativo y que no busca generar alarma, sino conciencia. Se facilitarán materiales dirigidos a administradores y administradoras de fincas, comunidades de vecinos y vecinas, propietarios de viviendas y gestores de alojamientos turísticos para que puedan reconocer posibles señales de alerta y sepan cómo canalizar la información de manera segura hacia entidades especializadas o fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para Fondón, la implicación institucional es “irrenunciable”. Ha recordado que las administraciones locales tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, y ha valorado que el Ayuntamiento de Badajoz exprese su apoyo público a la campaña y se comprometa a difundirla a través de sus canales oficiales.

En la parte final de su intervención, ha situado la trata en un contexto estructural más amplio. Ha señalado la desigualdad, la feminización de la pobreza y el racismo como factores que incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres, y ha apuntado directamente a la existencia de una demanda de prostitución que sostiene económicamente el sistema de explotación. “Si hablamos con honestidad, debemos reconocer que sin demanda no hay negocio”, ha afirmado.

“Hoy damos un paso importante para que Badajoz sea una ciudad que no mire hacia otro lado”, ha concluido. “La buena vecindad no es solo saludarse en el portal; es comprometerse con la dignidad y la libertad de las mujeres que pueden estar siendo explotadas a escasos metros de nuestras casas”.

Tras las intervenciones, los representantes de las tres entidades han firmado de manera protocolaria el documento, en un gesto con el que, según han destacado, Badajoz pretende reforzar su compromiso institucional contra la trata y la explotación sexual y promover una “buena vecindad” entendida como implicación activa en la defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

El pleno de la Diputació de València ha sacado adelante una moción con motivo del 8M que insta al Gobierno de España a retomar de forma inmediata la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución y a la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Violencia Vicaria. El texto final ha logrado ver la luz gracias a los votos a favor del bloque formado por el PP, el PSPV-PSOE y Ens Uneix, en una sesión marcada por los equilibrios políticos y la necesidad de los socialistas de aceptar las condiciones impuestas por sus socios para no perder la iniciativa institucional.

El desarrollo del debate ha dejado patente la fragilidad de los acuerdos entre las fuerzas de izquierda y el partido de la Vall d'Albaida. Durante la sesión, Compromís trató de buscar un consenso ofreciendo retirar sus propias enmiendas y apoyar la moción si Ens Uneix hacía lo mismo, buscando una postura común sin añadidos de última hora. Sin embargo, la formación encabezada por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, rechazó esta oferta, lo que derivó en el rechazo de las propuestas de Compromís, pero con la incorporación íntegra de las enmiendas de Ens Uneix al texto socialista. Esta situación provocó que, finalmente, Compromís optara por la abstención, mientras que Vox se mantuvo en el voto negativo.

Con estas enmiendas Ens Uneix consegúia integrar las líneas maestras de una moción previa de Ens Uneix que, aunque fue rechazada inicialmente por el PSPV, Compromís y Vox, ha terminado por marcar el contenido definitivo de la propuesta socialista aprobada. A través de estas enmiendas, Ens Uneix ha logrado incluir un tono de exigencia directa hacia el Ejecutivo central, llegando a afirmar tras el pleno que han conseguido “poner deberes al Gobierno de España” en materia de igualdad. El texto aprobado pone el foco en la urgencia de proteger a las 115.000 mujeres que se encuentran en situación de prostitución en el país y en la necesidad de un marco jurídico que impida el uso de los hijos como herramienta de maltrato.

Por su parte, las filas del PSPV han mantenido una postura pragmática a pesar de las fricciones evidentes. Los socialistas han criticado abiertamente que las enmiendas introducidas por Ens Uneix contuvieran alusiones a las “peleas internas” y diferencias entre ministerios del Gobierno central, considerando que eran matices innecesarios para el espíritu de la moción. No obstante, el grupo socialista ha priorizado la importancia política de contar con una declaración aprobada por el 8M, aceptando los términos de Ens Uneix para garantizar que la Diputació mantenga una voz propia en la exigencia de políticas abolicionistas y de refuerzo en la atención jurídica y psicológica a las mujeres vulnerables.

Más de 50 organizaciones se han unido para denunciar el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere aprobar para vetar a las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución de dos de las subvenciones públicas que concede periódicamente. Los colectivos han presentado alegaciones a la consulta pública que el departamento dirigido por Ana Redondo abrió para explicar las modificaciones de las bases y advierten de que, si el ministerio no da marcha atrás, tomará “las acciones legales oportunas” contra la decisión. Las objeciones han sido suscritas por 54 entidades.

Las ayudas afectadas son las que Igualdad otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo de víctimas de trata. A través de dos órdenes ministeriales, el ministerio pretende modificar sus bases reguladoras para reclamar a las asociaciones que, si quieren concurrir, deben reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres” o bien en sus estatutos o acreditando experiencia previa. Un cambio que los colectivos que han impulsado las alegaciones califican de “inconstitucional” y consideran “contrario” al principio de igualdad, de neutralidad ideológica y pluralismo democrático.

“Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos y vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”, ha apuntado Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), en una rueda de prensa convocada junto a otros colectivos para oponerse al cambio. Entre ellos hay organizaciones de trabajadoras sexuales como el sindicato OTRAS o AFEMTRAS, pero también entidades no abolicionistas como la Asamblea Feminista de Madrid, Acción en Red, Alianzas Rebeldes, La Laboratoria o Voces Feministas por los Derechos.

Las convocantes, apoyadas también por Amnistía Internacional, exigen al Ministerio de Igualdad que “elimine” las exigencias que pretende introducir en las ayudas públicas y garantice que “que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios”. Los colectivos se reconocen “comprometidos de forma firme e inequívoca” con la lucha contra “todas las formas de violencia”, incluida la trata y la explotación sexual, y “precisamente por eso” consideran “imprescindible” lo que definen como un “intento de instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica”.

El ministerio justifica los cambios propuestos en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” que “orientan” las políticas públicas que lleva a cabo, apunta en la memoria de impacto de la modificación legislativa. La nueva redacción incorpora a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores la exigencia de acreditar que las entidades tienen entre sus fines y objetivos su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

Una obligación que los colectivos creen que “tendrá consecuencias” porque, entre otras cosas, “reducirá el número de entidades” que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de cuál sea su posición sobre la prostitución. “Excluir a aquellas que no tienen una posición abolicionista debilita los recursos y los medios para intervenir en contextos de gran complejidad. En muchos colectivos lo que existe es una diversidad de posiciones, obligarles a que tengan uno concreto es un ataque al derecho a la libertad de asociación”, ha esgrimido Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.

“Independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones de las que no hemos sumado preferimos centrarnos en lo que sí nos une”, ha añadido Mamen Briz, portavoz de Alianzas Rebeldes, que ha calificado la posición del ministerio de “antidemocrática” porque “ahonda en el estigma y la exclusión”.

Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, han lamentado, además, que la decisión se haya tomado “sin consultar” a las organizaciones formadas por prostitutas. “Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas?”.

Igualdad defiende el cambio

Fuentes de Igualdad aseguran que las bases de la convocatoria que quiere aprobar son “jurídicamente sólidas, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente”. El departamento dirigido por Ana Redondo responde así a las exigencias de las asociaciones, apuntando a que considerar la prostitución una forma de violencia machistas “no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y de protección de los derechos humanos en línea con las orientaciones estratégicas” del ministerio.

Las mismas fuentes señalan que la orden es “necesaria, proporcionada y adecuada” y aclaran que “se ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prostitución” que asegura que “va en línea” con recomendaciones y resoluciones de ámbito europeo que “señalan que el enfoque abolicionista es el que mejor resultados ofrece para reducir la demanda de prostitución, disminuir la trata con fines de explotación sexual, proteger a las mujeres y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres”.

Las organizaciones que se han unido para alegar contra la medida y que destacan que la prostitución “no está tipificada como delito” apuntan, por su parte, a que los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul “no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización”.

Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución de una veintena de universidades públicas que se ha unido a las alegaciones, sostienen que “no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista per se” y consideran el paso dado por el ministerio como “una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica”.

La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su esposa, informó este martes la televisión pública SVT y AFP.

El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave.

“Se le acusa de haber facilitado o de haberse beneficiado económicamente de la venta de los servicios sexuales de la denunciante”, ha afirmado la fiscal Ida Annerstedt a AFP.

Annerstedt ha afirmado que el hombre había sido puesto en prisión preventiva como sospechoso del delito de “proxenetismo”, en un país donde la prostitución está prohibida. Afirmó que la policía estaba investigando otros presuntos delitos, pero se negó a dar más detalles, alegando la confidencialidad de la investigación en curso.

Los investigadores creen que los presuntos delitos se cometieron entre enero de 2022 y la detención del hombre el año pasado. La fiscalía ha señalado que se ha identificado a 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales, pero que era poco probable que todas ellas pudieran ser investigadas en la causa principal.

La cadena pública SVT informó de que el hombre, que ha negado el presunto delito, había sido condenado anteriormente por varios delitos, entre ellos agresión y amenazas.

El dueño del prostíbulo Tres Marqueses se ha sentado hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial para ser juzgado por dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El acusado, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una petición de penas inferior a las que solicitaba en sus calificaciones provisionales la Fiscalía.

El acusado ha aceptado un año de prisión y 6 meses de multa a 8 euros/día por un delito contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones ilegales de trabajo. Y otros 12 meses de multa a 8 euros/día por otro delito contra los derechos de los trabajadores por contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de residencia y trabajo. El dueño no tiene antecedentes por lo que la pena inferior a los dos años de cárcel le permitirá eludir la cárcel.

También deberá hacer frente al pago de las cotizaciones que no ingresó la Seguridad Social por las “trabajadoras sin contrato”, según han señalado desde e Palacio de Justicia Estos importes serán calculados por la Tesorería del organismo público y se incluirá en la ejecución de sentencia. 

Los hechos que se han juzgado tienen su origen en la inspección realizada en mayo de 2023 en el prostíbulo, cuyo único dueño es el acusado. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club. Durante la inspección se constató que 16 trabajadoras “prestaban servicios por cuenta ajena” sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. De ese total, nueve carecían además de autorización de residencia y trabajo en España.

La actuación inspectora, llevada a cabo por funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con apoyo de fuerzas de seguridad del Estado, concluyó que la actividad desarrollada cumplía todos los requisitos propios de una relación laboral, incluyendo horario fijo, uso de medios de la empresa y retribución vinculada a la “actividad económica” del establecimiento. Las mujeres obtenían la mitad del importe de las consumiciones de los clientes y su horario era de las 18:00 horas hasta las 4:00 horas.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El Fiscal pide tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrados de la sociedad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, al explotar a 16 mujeres en el club de alterne 'Los Tres Marqueses' de Recajo (La Rioja). Además le impone una multa de 2.700 euros.

El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, el administrador no contaba con antecedentes penales en la fecha de los hechos -en mayo de 2023-, si bien posteriormente fue condenado como autor de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a la pena de 6 meses de prisión.

Los hechos por los que será juzgado el martes, se produjeron durante una visita de inspección realizada a 'Los Tres Marqueses, sobre las 19,30 horas del día 11 de mayo de 2023 por parte de los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club.

Allí, se puso de manifiesto que “había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.' -cuyo único socio y administrador es A. M. R- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social”. De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.

La actividad realizada por las 16 personas “cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena según lo preceptuado en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”.

Así, dichas mujeres “acudían al club estando sometidas a un horario establecido desde las 18,00 horas hasta las 04,00 horas aproximadamente, dependiendo del día; ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa -en la práctica, durante el horario de apertura del bar del establecimiento de hospedería- y obteniendo una retribución basada en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes por los servicios de alterne que les ofrecen, esto es, acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar de dicho establecimiento”.

De este modo, el bar “obtenía la mitad del precio de la copa, y la mujer recibía del camarero, en mano, la otra mitad en el momento del abono de la copa”. La empresa, a la fecha del inicio de la actuación inspectora, “contaba exclusivamente con nueve trabajadores por cuenta ajena de alta en la Seguridad Social”.

Por tanto, más del 50 por ciento de su plantilla total -de 25 personas- estaba trabajando “sin estar dada de alta en la Seguridad Social”.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por el que le pide por uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y 2.700 euros de multa, y por el otro nueve meses de prisión más.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprovechado una revisión técnica del Plan General Municipal para acometer una limpieza normativa cargada de simbolismo y calado social. A través de una modificación puntual del planeamiento, el consistorio no solo busca ordenar el auge de los alojamientos de corta estancia, sino que ha procedido a suprimir de forma expresa la referencia a los ‘locales de alterne’, una categoría que el propio documento municipal vincula con la prostitución y que carecía de encaje legal y administrativo real en la ciudad.

Esta reforma urbanística nace con el objetivo primordial de armonizar los usos hoteleros y de alojamiento temporal con la legislación de la Junta de Extremadura. Se trata de un paso administrativo previo y necesario para que la capital cacereña pueda desarrollar en el futuro una ordenanza específica que regule hoteles, apartamentos turísticos, albergues y casas rurales. Sin embargo, en el proceso de revisión del artículo 4.5.2 del Plan General, donde se clasifican los usos recreativos, el equipo de gobierno ha decidido actuar sobre el Grupo V, donde hasta ahora convivían cafeterías y discotecas con los denominados ‘locales de alterne’.

La memoria justificativa que acompaña a esta modificación argumenta que la pervivencia de este término en el planeamiento suponía un reconocimiento implícito de una actividad que no cuenta con regulación legislativa en España. El texto sostiene que la vinculación acreditada entre estos locales y el ejercicio de la prostitución vulnera principios fundamentales como la dignidad de las personas y la igualdad, especialmente en el caso de las mujeres. Al eliminar esta categoría, el Ayuntamiento alinea su urbanismo con marcos jurídicos recientes como la Ley integral para la igualdad de trato y la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

Desde una perspectiva estrictamente administrativa, el cambio apenas tendrá impacto en el padrón de actividades comerciales, ya que Cáceres no cuenta actualmente con ninguna licencia concedida bajo el epígrafe de local de alterne. Los establecimientos que operan en este sector en el entorno de la ciudad lo hacen formalmente mediante licencias de hostelería, como restaurantes o cafeterías. Con esta modificación, el consistorio evita que el Plan General siga amparando indirectamente una actividad que colisiona con los valores constitucionales y la normativa estatal vigente.

La propuesta ya ha sido trasladada a los grupos políticos y será debatida esta semana en la Comisión de Urbanismo. Dado que la reforma se presenta de forma conjunta con la regulación de los apartamentos turísticos —una demanda social y política largamente esperada en la ciudad—, se prevé que la medida cuente con un respaldo mayoritario. Tras su previsible dictamen favorable, el texto deberá ser ratificado por el pleno municipal para iniciar su periodo de exposición pública y, finalmente, su aprobación en Pleno.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.