Autora de obras referentes del pensamiento feminista contemporáneo como Ética para Celia (2021) o Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección' 2015), Ana De Miguel (Santander, 1961) cuestiona abiertamente la soberanía digital de los estados frente a las multinacionales tecnológicas. También interpela, sin equidistancias, a quienes defienden la regulación del ‘trabajo sexual’ frente a la abolición del sistema prostitucional. Desde el año 2005, De Miguel ejerce como profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque actualmente se encuentra en comisión de servicios en la UNED, y dirige el curso ‘Historia de la Teoría Feminista’, que ya va por su 35 edición en la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de participar en Santander en las IV Jornadas sobre Trata y Explotación Sexual para hablar de la prostitución como escuela de desigualdad.

¿Por qué es la prostitución una escuela de desigualdad?

La pregunta filosófica que nos hacemos en este 2026 es cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que apoya la igualdad entre mujeres y hombres y que ha sido pionera, con la primera ley de violencia de género o la ley de igualdad, hiciera lo que hizo. ¿Cómo es posible que a finales de los 90 y principios de los 2000, al mismo tiempo que nos volcábamos en la igualdad y en las cuotas de paridad, abriéramos las puertas a los y las proxenetas que llenaron el país tras la caída del Muro de Berlín? España se convirtió en el burdel de Europa. Y hay que preguntarse por esta traición sin paliativos de nuestros compañeros de humanidad. ¿Qué es la prostitución? Es un harén mantenido por todos los españoles. Lo que la democracia ha democratizado es que –si antes un harén lo podían tener solo los megamillonarios– ahora cualquier joven, trabaje en la construcción, sea reponedor de supermercado, profesor, cirujano o físico nuclear, dispone de ese harén. Todos tienen acceso a miles de mujeres de todas las etnias por un precio cada vez más barato.

¿Y qué explicación nos dan? Dicen: “No podemos evitar que se prostituyan si ellas quieren”. Pero una mujer no se puede prostituir sola. Es solo el dinero del hombre el que la prostituye. Por eso no hay harenes de hombres para mujeres heterosexuales, porque nosotras no sacamos la billetera para comprar cuerpos de hombres que no nos desean. El motor de la prostitución es el hombre con su dinero. Un hombre con su dinero es el que crea a la mujer prostituida; si el hombre no saca el dinero, es imposible que haya prostitución. La causa no es una mujer queriendo prostituirse, es un hombre queriendo pagar.

¿Por qué cree que es necesaria la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional?

Toda sociedad tiene que tener una idea de cómo quiere organizarse. Como decía Hannah Arendt, la política va de cómo vamos a vivir juntas y juntos y qué sociedad queremos. La LOASP es el ideal al que queremos tender. Una sociedad democrática no quiere ponerles a sus niños un burdel en la esquina del colegio para mandarles el mensaje desde los ocho añitos de que a las mujeres se las puede comprar con dinero, mientras que la compañera de pupitre es una igual. No queremos esa doble verdad como principio educativo. Además, el desencuentro enorme que hay hoy entre chicas y chicos se debe en muy buena medida a la pornografía, que está destruyendo la sexualidad de los jóvenes. Les están educando en la violencia.

En plataformas como Pornhub se ven vídeos de violaciones o de chicas inconscientes, e incluso existen investigaciones que apuntan a que instituciones como el Vaticano, o fondos de inversión como JP Morgan o la propia Universidad de Cornell –donde se acaba de reabrir un caso de violación múltiple– invierten en pornografía. Las multinacionales tecnológicas entran como Pedro por su casa y los estados dicen que no pueden proteger a su ciudadanía. ¿Qué democracia es esta que mantiene un harén de decenas de miles de mujeres para sus ciudadanos varones? Por eso es imprescindible una ley orgánica abolicionista.

La pornografía está destruyendo la sexualidad de los jóvenes: les está educando en la violencia

¿Qué responde a quienes se sitúan al otro lado, argumentando que la regulación permitiría mejorar la situación de las mujeres que ejercen la prostitución?

Para quienes dicen que a las mujeres de este mundo que están en mala situación hay que permitirles ser putas para que no se mueran de hambre, solo les digo que ojalá tengan que responder de esto algún día ante los niños y las niñas. ¿Qué me estás diciendo, que en España, uno de los países más ricos del mundo, lo que les decimos a las niñas que nacen en Nigeria es que vengan aquí de putas y les damos dinero? No me lo puedo creer. La prostitución es una escuela de desigualdad humana donde los hombres en el burdel aprenden a ver solo su deseo y dejan de ver a las mujeres como seres humanos.

A los que salen con los típicos tópicos de que “no se le pueden poner puertas al campo”, les digo: ¡Vete a la mierda! Aceptemos todo entonces y no pongamos límites a nada. Gente que es súper revolucionaria para la vivienda o la economía, de repente con la prostitución te dice que no se puede cambiar al ser humano. El sexo no es una actividad cualquiera, y por eso las mujeres no vamos de putos.

¿Cómo se puede garantizar que una política abolicionista de la prostitución no se limite a penalizar, sino que garantice derechos y alternativas económicas y sociales para las mujeres?

La ley sueca es un modelo. La autora Emma Holten lo explica muy bien. La ley sueca no es perfecta, pero hoy haces una encuesta entre los chicos jóvenes en Suecia y la mayoría está en contra de la prostitución. Lo ven como veríamos hoy en España el fumar en los aviones o en las aulas, como un despropósito.

¿Cuál es la clave del modelo sueco?

Mucha pedagogía desde la base sobre por qué no queremos convivir con un harén y, de otro lado, penalizar al cliente/putero. En nuestra sociedad se penaliza todo. A mí me penalizan si no llevo el cinturón de seguridad, que es mi vida. ¿Y cómo no se va a penalizar a un proxeneta o a un cliente que con su dinero está induciendo a la prostitución a una persona, sea en OnlyFans, en una esquina o en un polígono? Si quieres darle dinero a una mujer, dáselo, pero no te atrevas a meterle las manos si no te desea.

Nosotras no sacamos la billetera para comprar cuerpos de hombres que no nos desean

¿Qué papel juega la prostitución y la pornografía en la construcción social de la sexualidad masculina?

Las chicas jóvenes están teniendo un desencuentro sexual con los chicos porque ellos han aprendido a asociar sexualidad con violencia y humillación. No soy socióloga, pero es lo que me cuentan muchas alumnas. La mitad de los vídeos porno son violentos. Es más, Pornhub acaba de incorporar en la cabecera de su web una opción que se llama ‘IA Puta’. La Inteligencia Artificial te despliega un menú a la carta: eliges si la quieres rubia o morena, luego la personalidad –que por defecto sale sumisa–, la profesión (camarera, sirvienta), y luego las prácticas que prefieres: esposas, tragar semen, todo a la carta... ¿Qué te parece? ¡IA Puta! ¿Y que un estado no pueda proteger a sus ciudadanos más jóvenes de una plataforma que les dice “¿eres mayor de 18 años?”, das al botón y te ofrece eso? Dime para qué sirve el estado. La primera función de un estado es la protección física. Si las plataformas tecnológicas se han tragado a los estados, es el fin de la democracia.

¿Qué haría falta para desbloquear la ley abolicionista? ¿Cuál es la excusa para que esté encallada?

Creo, sinceramente, que el problema es una parte de la izquierda y del autodenominado feminismo. ¿Por qué? Porque critican la mercantilización de todo –de la vivienda, de los servicios públicos– y abrazan la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de las niñas. Esa contradicción es una herida por la que sangran los votos. ¿Qué hace falta? Que la izquierda siga su tradición de coherencia: el cuerpo de las personas no se mercantiliza. Hay que poner límites al poder del dinero y luchar de verdad por la igualdad entre chicas y chicos, y ser menos frívolos, menos bohemios.

¿El consentimiento de la ley ‘del solo sí es sí’ no ha logrado poner límites?

El consentimiento a nivel penal está muy bien, pero hoy se está utilizando para legitimar lo ilegitimable. En el ámbito educativo y social tiene la consecuencia perversa de que, a través de la pornografía, se coacciona a una chica para que consienta cualquier práctica, hasta la agresión física. El estado social existe precisamente para no dejar todo al consentimiento individual. Los sindicatos surgieron para que no quedara en el obrero individual el consentir o no jornadas abusivas. En una sociedad de desigualdad económica brutal, el consentimiento se extrae facilísimo. Es como la ley de acoso sexual: un profesor no puede solicitar relaciones a una alumna, o un jefe a su empleada aunque ella sea mayor de edad y “consienta”, porque hay una relación de poder.

Volviendo a la ley abolicionista ¿cree que hay falta de voluntad en estos últimos años?

Desde el Gobierno de coalición se excusan diciendo que existen “diferentes sensibilidades” entre los socios. En el Gobierno hay distintas posturas; Sumar, Podemos o Bildu están a favor de regular el ‘trabajo sexual’. Pero para el PSOE también es muy cómodo decir que la tienen vetada. Hoy por hoy, donde hay más mujeres y hombres luchando por abolir la prostitución es dentro del Partido Socialista. Aunque luego, como conviven con puteros hiperconocidos como Ábalos, pues la cosa está regular.

¿Corre riesgo el feminismo de fragmentarse en exceso?

Sí, el feminismo está fragmentado, pero es que está fragmentado todo. La política de las identidades que se puso de moda a finales de los 90 invita a las generaciones jóvenes a mirarse continuamente al espejo: “Mírate al espejo, mira a ver quién eres, si eres un hombre o una mujer desde los seis años”. Como filósofa te diré que sólo vas a saber quién eres a través de la acción. Pero mientras los jóvenes se miran al espejo, el gran capitalismo y el neoliberalismo les ha desplumado de todos sus derechos económicos: del derecho a la vivienda y de un salario digno para tener un proyecto de vida. Y el feminismo también se ha dejado llevar por la política de la identidad. Al capitalismo le ha encantado la política de la identidad porque lo económico ha pasado a segundo o tercer plano. Ser mujer, lesbiana, gay o negro no es sinónimo automático de querer una sociedad más justa si no se cuestiona la estructura económica. Hay que unirse en lo económico.

La idea de que "tu cuerpo es tu mejor recurso y serías tonta si no le sacas partido" proviene de EE.UU.

¿Qué responsabilidad tienen las universidades en la transformación de las relaciones de género?

Las universidades han sido colonizadas por pensadoras y pensadores estadounidenses que invitan a pensar únicamente desde las identidades, y en Estados Unidos no hay nada más importante que el dinero. La idea de que “tu cuerpo es tu mejor recurso y serías tonta si no le sacas partido” proviene de ahí. Autoras como Judith Butler están a favor de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada y del trabajo sexual porque consideran que el dinero todo lo legitima. Luego se presentan como lo más transgresor y antifamilia tradicional, pero resulta que son lesbianas y tienen una pareja y un hijo. Dime donde está lo no tradicional. Si en nuestro país las supuestas madres intelectuales del feminismo académico son pensadoras norteamericanas que defienden que el dinero todo lo compra, la contradicción es total.

Tras tantos años dedicada al análisis del pensamiento feminista, ¿qué pregunta cree que seguimos sin hacernos como sociedad?

La pregunta se la haría directamente a los hombres. Cuando les contamos que siete chicos han violado a una chica durante varias horas en el campus de la Universidad de Cornell tras drogarla, o cuando ven la violencia que se ejerce a diario, les preguntaría: ¿Por qué vuestra única respuesta sigue siendo “yo no he sido”? Les diría: dejad de responder “yo no he sido”. Decidnos más bien: “Cuéntamelo, explícame cómo es esto posible y vamos juntos a acabar con ello”. Tienen que pasar de la pasividad a cambiar un mundo asqueroso en el que las grandes corporaciones se han apoderado de todo.

La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se per una organització criminal assentada a Eivissa i ha detingut quatre persones en una operació contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Els arrestats són presumptes autors de delictes de prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals, segons ha informat aquest dissabte l'institut armat.

L'operació, batejada com a Gecaroni, va culminar el passat 5 d'octubre després de mesos d'investigació i va ser desenvolupada per agents de Policia Judicial de l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Guàrdia Civil a les Illes Balears.

L'organització captava dones, principalment veneçolanes i d'entre 18 i 25 anys, procedents d'entorns especialment vulnerables. Per aconseguir que viatgessin a Espanya, els oferia falses oportunitats laborals relacionades amb l'hostaleria o la manicura.

Una vegada en territori nacional, membres de la xarxa les recollien a l'aeroport i els retiraven part de les seves pertinences i els diners en efectiu que havien rebut als seus països d'origen. Després, les traslladaven a immobles vinculats a l'organització, on els comunicaven que havien contret un deute d'aproximadament 5.000 euros que havien de saldar mitjançant la prestació de serveis sexuals.

Coaccions, vigilància i por

Segons els investigadors, les dones estaven sotmeses a un ferri control i havien de romandre disponibles per prestar aquests serveis. L'organització recorria a les coaccions i s'aprofitava de la seva situació administrativa irregular per infondre'ls temor i dificultar que acudissin als serveis sanitaris, policials o als recursos assistencials.

Els agents van constatar l'existència de mecanismes de vigilància directa i sistemes de videovigilància destinats a controlar els moviments de les víctimes.

Els contactes amb els clients es realitzaven a través d'aplicacions de missatgeria. A més, les dones eren exposades en determinats punts de la zona d'oci de Platja d'en Bossa, des d'on també eren traslladades a domicilis de clients.

La investigació va permetre comprovar que l'organització desenvolupava la seva activitat principalment durant els mesos d'estiu a Eivissa. En finalitzar la temporada estival, traslladava part de les seves operacions a altres zones de la península.

Intervinguts prop de 120.000 euros

Paral·lelament a l'explotació sexual, l'organització obtenia ingressos de la venda de potenciadors sexuals i substàncies estupefaents als clients. Els beneficis presumptament obtinguts permetien als seus integrants mantenir un elevat nivell de vida, inclòs el lloguer d'habitatges de luxe i vehicles.

Els investigadors també van descobrir l'estructura econòmica de la xarxa i la possible utilització de societats vinculades al seu responsable per blanquejar els beneficis procedents de les activitats il·lícites.

Després de mesos de recerques, la Guàrdia Civil va desplegar un dispositiu que va incloure quatre entrades i registres en domicilis vinculats a l'organització en diferents punts d'Eivissa.

A més de les quatre detencions i l'alliberament de les 25 dones, els agents van intervenir prop de 120.000 euros en efectiu, presumptament procedents de l'explotació sexual, diferents substàncies estupefaents, nombrosos dispositius electrònics i material relacionat amb la vigilància i l'organització de l'activitat criminal.

La investigació ha estat tutelada pel jutjat número 2 de la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d'Instància d'Eivissa.

En l'operatiu hi van participar l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de les Illes Balears, l'Equip Territorial de Policia Judicial d'Eivissa, l'Equip Zulu-Bravo d'Eivissa, especialitzat en la investigació d'agressions sexuals, la Unitat Central Operativa (UCO), els Grups de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) i el Servei Cinològic de la Guàrdia Civil.

La Guardia Civil ha liberado a 25 mujeres que eran obligadas a prostituirse por una organización criminal asentada en Eivissa y ha detenido a cuatro personas en una operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Los arrestados son presuntos autores de delitos de prostitución coactiva, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según ha informado este sábado el instituto armado.

La operación, bautizada como Gecaroni, culminó el pasado 5 de octubre tras meses de investigación y fue desarrollada por agentes de Policía Judicial del Área de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil en Illes Balears.

La organización captaba a mujeres, principalmente venezolanas y de entre 18 y 25 años, procedentes de entornos especialmente vulnerables. Para conseguir que viajaran a España, les ofrecía falsas oportunidades laborales relacionadas con la hostelería o la manicura.

Una vez en territorio nacional, miembros de la red las recogían en el aeropuerto y les retiraban parte de sus pertenencias y el dinero en efectivo que habían recibido en sus países de origen. Después, las trasladaban a inmuebles vinculados a la organización, donde les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 5.000 euros que debían saldar mediante la prestación de servicios sexuales.

Coacciones, vigilancia y miedo

Según los investigadores, las mujeres estaban sometidas a un férreo control y debían permanecer disponibles para prestar esos servicios. La organización recurría a las coacciones y se aprovechaba de su situación administrativa irregular para infundirles temor y dificultar que acudieran a los servicios sanitarios, policiales o a los recursos asistenciales.

Los agentes constataron la existencia de mecanismos de vigilancia directa y sistemas de videovigilancia destinados a controlar los movimientos de las víctimas.

Los contactos con los clientes se realizaban a través de aplicaciones de mensajería. Además, las mujeres eran expuestas en determinados puntos de la zona de ocio de Platja d’en Bossa, desde donde también eran trasladadas a domicilios de clientes.

La investigación permitió comprobar que la organización desarrollaba su actividad principalmente durante los meses de verano en Eivissa. Al finalizar la temporada estival, trasladaba parte de sus operaciones a otras zonas de la península.

Intervenidos cerca de 120.000 euros

Paralelamente a la explotación sexual, la organización obtenía ingresos de la venta de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes. Los beneficios presuntamente obtenidos permitían a sus integrantes mantener un elevado nivel de vida, incluido el alquiler de viviendas de lujo y vehículos.

Los investigadores también descubrieron la estructura económica de la red y la posible utilización de sociedades vinculadas a su responsable para blanquear los beneficios procedentes de las actividades ilícitas.

Tras meses de pesquisas, la Guardia Civil desplegó un dispositivo que incluyó cuatro entradas y registros en domicilios vinculados a la organización en distintos puntos de Eivissa.

Además de las cuatro detenciones y la liberación de las 25 mujeres, los agentes intervinieron cerca de 120.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la explotación sexual, diferentes sustancias estupefacientes, numerosos dispositivos electrónicos y material relacionado con la vigilancia y la organización de la actividad criminal.

La investigación ha sido tutelada por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa.

En el operativo participaron el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Illes Balears, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Eivissa, el Equipo Zulu-Bravo de Eivissa, especializado en la investigación de agresiones sexuales, la Unidad Central Operativa (UCO), los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena acogerán entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre las IV jornadas sobre la trata y la explotación sexual a través de las que se pretende crear un marco de reflexión sobre este “flagrante atentado” contra los derechos humanos básicos de estas mujeres.

Así lo ha anunciado la concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, quien ha presentado las jornadas y ha recordado que esta actividad se enmarca dentro de las políticas municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo del IV Plan Estratégico de Igualdad, que realiza numerosas acciones e iniciativas encaminadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Las jornadas se dirigen a profesionales y estudiantes, y pretenden crear un marco de reflexión sobre la trata y la explotación sexual, que ha llegado a denominarse como la esclavitud del siglo XXI.

Durante la presentación, la edil ha destacado la importancia de la actividad y la calidad de los ponentes y ha invitado a los interesados a inscribirse a través de la web www.igualdadsantander.com o del teléfono 942 200 833.

Entre los ponentes figuran la filósofa y feminista, Ana de Miguel Álvarez, y los doctores Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, fundador y director del Proyecto de Salud Mental Piénsatelo Psicología, y Lluis Ballester, sociólogo, además de entidades como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Nueva Vida y Médicos del Mundo.

Tal y como ha detallado, en la actualidad, el tráfico y la trata de mujeres y niñas es uno de los negocios ilegales más potentes a nivel mundial, representa la tercera fuente de ganancias para el crimen organizado después de las drogas y las armas, y genera miles de millones de dólares cada año, además supone un importante flujo de mujeres y niñas de los denominados países pobres a los denominados países ricos. El tráfico de personas con fines de explotación sexual se ha convertido en un gran negocio.

La demanda de servicios sexuales se identifica como una de sus principales causas y rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación, ha subrayado la edil.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha publicado el Balance estadístico 2021-2025 sobre trata y explotación de seres humanos en España, según el cual la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores (un 4% más que en 2024).

Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

La trata y la explotación sexual vulneran gravemente los derechos de estas mujeres, y niñas y conlleva enormes secuelas, físicas, psicológicas y sociales.

La aceptación social de la prostitución fomenta la violencia contra todas las mujeres, porque legitima implícitamente un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados, donde los niños, como hombres, van a poder pagar por usar el cuerpo, la atención y el tiempo de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas, como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres, ha indicado la concejala.

La 'Ruta Norte' es un camino amargo. Un circuito organizado por quienes dirigen redes de prostitución que trasladan a las mujeres de una ciudad a otra por todo el norte de España. Cantabria es una de las estaciones en las que las víctimas de explotación sexual están 15 o 20 días como máximo, antes de seguir la gira por Euskadi, Galicia y Asturias. En ocasiones llegan al sur de Francia o hasta Valladolid.

Médicos del Mundo ha identificado y bautizado esta ruta que mueve a las mujeres constantemente por dos razones: alimentar la continua demanda de “novedad” por parte de los consumidores de prostitución e impedir que la víctima desarrolle arraigo local, que establezca lazos o mantenga un acceso continuado a los recursos sanitarios, sociales y de protección legal de la comunidad.

La prostitución en Cantabria se ha trasladado desde los clubs -solo quedan una decena- hacia domicilios privados y plataformas digitales, lo que hace cada vez más difícil su intervención. Aumenta el negocio, pero cada vez es más difícil abrir procedimientos penales para perseguir el proxenetismo y la trata de seres humanos.

En la comunidad funcionan 45 pisos fijos que ofrecen servicios sexuales de forma continuada. Eso dicen las cifras oficiales de la Fiscalía de Cantabria. Sin embargo, el equipo técnico de la Asociación Nueva Vida ha logrado ubicar “más de 150 lugares y pisos” en los que se ejerce la prostitución.

La magnitud de este dato se encuadra en los resultados del ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que situó a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa relativa de mujeres prostituidas. Únicamente le superan Baleares, Cataluña y Valencia.

Los lugares son los mismos, las mujeres van rotando. Los pisos están, sin llamar la atención, en edificios residenciales de zonas urbanas de Cantabria. Son el eje central de la oferta presencial.

Sin embargo, ahora se ha detectado una modalidad emergente que dificulta aún más el rastreo: el uso de pisos turísticos de alquiler de corta estancia.

En estos espacios, las redes de explotación operan durante periodos festivos o temporadas vacacionales concretas, desmantelando la infraestructura con rapidez una vez concluidas las fechas de mayor afluencia, como puede ser la Semana Grande de Santander. Fechas en las que también se incrementa el número de clientes.

Solo un nuevo caso de trata

A pesar de la red de locales y domicilios contabilizada, la Fiscalía de Cantabria llama la atención sobre la “escasa incidencia” formal de causas judiciales relacionadas con los delitos de prostitución y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las estadísticas del propio órgano judicial revelan que únicamente se incoó un procedimiento judicial por el delito de trata de seres humanos en toda la comunidad y en materia de delitos de prostitución, solo se registró una nueva causa por posibles ilícitos de prostitución lucrativa, trata y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El ejercicio cerró con cero sentencias condenatorias dictadas por delito de trata de seres humanos en la comunidad.

Esta profunda brecha entre la realidad del mercado prostitucional en las calles y su escaso traslado a las salas de justicia responde a tres factores, según argumenta el propio ministerio público.

En primer lugar, destaca la reticencia de las víctimas a acudir a las autoridades o poner denuncias, debido al estigma social, el estrecho control al que son sometidas y el temor a sufrir represalias directas de los explotadores y las redes criminales.

A esta barrera se suma que es un mercado que opera en el entorno digital, donde se hacen los contactos y se ponen los anuncios. Un escenario donde la intermediación de terceras personas queda oculta tras plataformas web y redes sociales, lo que complica que se puedan obtener pruebas directas.

Por último, al ser una actividad ejercida “a puerta cerrada” en pisos privados impide la entrada de las fuerzas de seguridad, salvo que exista un consentimiento explícito de las moradoras o lo autorice un juez.

La pornografía, puerta de entrada a la prostitución

La memoria de la Fiscalía de Cantabria pone el foco en el complejo escenario de invisibilización de este tipo de delitos. Los continuos desplazamientos de mujeres incrementan su aislamiento y añaden opacidad al oscuro negocio. También complica que intervengan las entidades sociales que luchan contra la prostitución.

En Cantabria, son principalmente tres. APLEC Inclusión Mas Igualdad es una de ellas. Frente a las complejas definiciones legales que separan la trata, la explotación sexual y la prostitución, Silvia Cifrián, abogada de APLEC en Cantabria explica que “estas realidades no son compartimentos estancos, sino manifestaciones de una misma forma de violencia machista en la que no existe espacio para el consentimiento”.

Ellos acuden acude periódicamente a los clubes y pisos donde se ejerce la prostitución. Tienen un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y más de veinte voluntarias que ofrecen “un espacio seguro de escucha sin juzgar ni coaccionar a las mujeres” porque “ya bastante coacción están sufriendo”, como apuntan las trabajadoras sociales Nadia y Elsa. Sucede especialmente con “mujeres procedentes de contextos muy vulnerables” donde la explotación sexual campa a sus anchas, apuntan.

Su tarea es construir una relación de confianza con las mujeres para proporcionarlas asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral y apoyo social y administrativo. Intentan hacerles ver que existen alternativas viables para cuando decidan o puedan cambiar de vida.

Para ayudar en ese proceso, APLEC tiene dos pisos de acogida, cada uno con cuatro plazas para alojar a mujeres e incluso a menores de hasta 14 años a su cargo. Estas viviendas proporcionan a las mujeres tiempo y seguridad para “reflexionar y reorientar su proyecto vital lejos de la coacción de las redes”.  Además, como la organización funciona también en otras comunidades autónomas se pueden hacer traslados cuando la integridad o seguridad de una mujer se ve amenazada aquí en Cantabria.

En el plano legislativo y social, APLEC reivindica la aprobación urgente de una ley integral para la abolición de la prostitución -la LOASP todavía a la espera de tramitación parlamentaria- que garantice “respuestas coordinadas en materia sanitaria, social y de seguridad, al tiempo que penalice el consumo de sexo de pago y persiga cualquier forma de lucro a costa del cuerpo de las mujeres”.

El equipo que trabaja en Cantabria considera que es urgente “desnormalizar el consumo prostitucional y educar a la juventud en un concepto sano de sexualidad y consentimiento”.

Las profesionales alertan de que la pornografía actúa como la principal puerta de entrada al mercado del sexo de pago entre los adolescentes y recuerdan que “comprar sexo no forma parte de una buena educación sexual”, por lo que instan a la ciudadanía a involucrarse activamente en la erradicación de esta forma de explotación.

“Si tuviéramos tradición de ir a buscar a los autores muchas cosas irían mucho mejor”. Lo decía Eduard Sola, uno de los guionistas con más visibilización del cine español con motivo de la publicación de su primera novela, El nido. Pensaba que, si nos fijáramos quién escribe las películas, los cuentos y hasta las noticias, nos prevendríamos de la desinformación. Si le hiciéramos caso, si miráramos quién ha escrito algunas de las mejores películas y series de los últimos años del audiovisual español encontraríamos un nombre, el de Isabel Peña.

Ella es la firma que acompaña a Sorogoyen en títulos como As bestas, Antidisturbios, El reino o El ser querido. Casi nada. Quienes no la conozcan solo tenían que haber estado un poco atentos. Hay en el cineasta una voluntad de reivindicarla siempre como una cocreadora. La escritura a cuatro manos de la dupla funciona siempre, pero Isabel Peña es mucho más que la coguionista de Sorogoyen, es una escritora con un ojo único, con una capacidad de tensionar sin manipular, de buscar los sitios moralmente ambiguos para que el espectador bucee en esa zona incómoda.

Lo demuestra ahora en su primera serie como showrunner, El castillo, creada junto a Eduardo Villanueva y Elena Martín Gimeno, la directora de Creatura que se encarga de la puesta en escena de algunos episodios (los otros los dirige Sandra Romero) y cuya aportación ha sido tan importante que se ha unido al tridente de creación de esta adaptación del libro El proxeneta, de Mabel Lozano.

Peña ha creado una miniserie de seis episodios —que el 8 de octubre se podrá ver en Movistar Plus— seca, sin concesiones ni recursos melodramáticos. Una mirada a la trata desde dos puntos de vista, el del chulo al que da vida un transformado, terrorífico y espectacular Raúl Arévalo; y el de una de las mujeres explotadas, el gran descubrimiento llamado Valentina Vidal con el que el espectador transitará este castillo de esclavitud moderna. El resultado es una de las mejores series españolas del año, lo que unido a El ser querido, vuelve a confirmar a la guionista como esa figura tranquila que convierte en éxito todo lo que escribe. 

La conjunción de estos dos proyectos ha sido “una casualidad”. De hecho, si ella hubiera podido elegir, hubiera preferido que no coincidieran en el tiempo. “Siempre quieres controlar los calendarios, pero cada proyecto tiene su propia vida y lo que es mejor para ese proyecto. Ha dado la coincidencia de que lo mejor para ambos proyectos es esto que está sucediendo ahora. Influye que nos ha costado mucho escribir este guion. Empezamos a escribirlo en 2018. Soy muy lenta”, dice riendo.

Fue Villanueva quien leyó el libro hace mucho y supo que ahí había una serie. Abordaba un tema, la trata, sobre el que siempre había querido trabajar. “Cuando llegó a mis manos, desde el primer momento se lo propuse a Isa, porque me parecía la persona ideal para hacerlo. Ya estábamos con Antidisturbios en marcha, y fue una cosa que fue muy poco a poco, compaginándola con todas las cosas que han estado en nuestra carrera. En concreto en la de Isa como guionista durante todo este tiempo, pero siempre sacando los huecos para ir haciendo distintas aproximaciones hasta encontrar la forma que ha acabado teniendo El castillo”, añade el productor de Caballo Films que aquí salta a la silla de creador.

Siento que en toda esta trayectoria y relación con Sorogoyen y la productora yo no he sido solo una guionista. Somos un equipo en cuanto a que muchas decisiones las tomamos juntos

Isabel Peña — Guionista

En una industria donde solo se mira al director, y donde a la mujer se le suele dar menos espacio, podría parecer que este proyecto supone la ‘emancipación’ de Isa Peña de Sorogoyen. O al menos un paso en la visibilidad de su trabajo. Pero para ella, siempre tranquila, siempre sincera, este paso “no es algo ni consciente ni inconsciente, sino que ha surgido así”. “Es que es demasiado orgánico y demasiado natural como para que haya un plan para conmigo misma o para con el mundo”, dice y continúa. 

Al rato retoma la respuesta. “Creo que no te he respondido bien”, apunta, y vuelve. Como buena guionista, reescribe de alguna forma lo dicho. “Siento que en toda esta trayectoria y relación con Rui (Sorogoyen) y con Caballo (la productora) yo no he sido solo una guionista. Yo creo que somos un equipo en cuanto a que muchas decisiones las tomamos juntos. Sí que hay, digamos, más responsabilidad sobre mis hombros en este proyecto que en otros anteriores que haya podido hacer con Rui, pero aunque todo sea más bestia y más grande, no me siento extraña con respecto a lo que yo había podido hacer antes”, explica.

Señala también a otra de las claves de Caballo Films, la productora que se ha convertido en familia creativa detrás de todos los proyectos, el trabajar en grupo y con la misma gente: “Lo he podido hacer más acompañada, y eso me ha ido dando conocimiento. Si me hubieran soltado en El castillo creo que me hubiera dado algo. Pero todo lo que hemos aprendido juntos como equipo, con Rui, con Nacho Lavilla… eso nos ha permitido enfrentarnos a los dos a un casting con más experiencia, porque yo nunca había ido a casting con tanta responsabilidad como ahora. Pero gracias a haber estado presente en algunos procesos, he pensado que podía hacerlo un poco mejor que antes”, aclara de un reto que define como “exigente” y de “mucho vértigo”, pero también “muy estimulante”. Eso sí, no sabe si repetiría: “Muy bueno tiene que ser el proyecto para que repitamos y tendrá que pasar dentro de un tiempo”.

En El castillo, gracias a esos puntos de vista, y a un guion complejo lleno de aristas políticas y económicas, consiguen trasladar que sobre la prostitución no hay solo una mirada unívoca. Peña define el universo retratado como “tan complejo” que cuanto más leían, más difícil se volvía. “Nuestra máxima era que cada vez que hubiera una grieta por donde pudiéramos abrir complejidad, había que hacerlo. Poner matices en todo momento, en todo lo que nos lo permitía la historia, sin faltar a la verosimilitud, sin pecar de pedagógicas”, subraya. 

En esa complejidad decidieron que su protagonista supiera desde el primer momento que iba a ejercer la prostitución y lo aceptara. “Es peligroso el pensar que todas vienen engañadas, porque entonces ya estamos empezando a generalizar. Y una de las muchas cosas que nos han obsesionado durante este proceso es el decir que cada mujer es un individuo, aunque todas padezcan el mismo abuso”, analiza la guionista.

También se nota en cómo la serie va desgranando las connivencias empresariales que siempre hubo y hay con la prostitución. Desde la sanidad privada, que se encargaba de los análisis médicos de las mujeres, a los bancos, que colocaron cajeros dentro de los prostíbulos para que los hombres sacaran dinero en efectivo. Una trama económica que El castillo analiza de forma brillante y que siempre tuvieron claro que quería que “atravesara toda la serie” para mostrar que hay muchos intereses en que esa esclavitud siga existiendo.

“¿Aceptarías estas condiciones?”. Es la pregunta que Médicos del Mundo Castilla-La Mancha ha lanzado a algunos de los hombres que pasaban en la tarde de este martes por la toledana plaza de Zocodover.

Se trata de una acción que la ONG ha llevado a cabo con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este miércoles 23 de septiembre.

Así, diversas trabajadoras y voluntarias de la entidad han repartido sobres en cuyo exterior se recogían varias condiciones que los hombres aceptan de forma tácita cuando recurren a la prostitución. Entre ellas, ignorar las desigualdades que hacen posible la trata con fines de explotación sexual, normalizar que el ocio de unos se construya sobre la vulnerabilidad de otras o mirar hacia otro lado ante la violencia que sostiene el sistema prostitucional. “¿Aceptarías estas condiciones?”, es la reveladora pregunta que Médicos del Mundo planteaba.

“Con estos objetos queremos invitar a la reflexión y que las personas con las que vamos a entablar esa interacción tengan un poquito más de conocimiento de que es lo que pasa en esas situaciones en las que están esas mujeres”, explica Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo.

La explotación sexual se alimenta “del silencio y la indiferencia”

Una realidad que tiene rostro de “mujer, de niña, de persona en situación de vulnerabilidad y de desigualdad”. Y una realidad “que se alimenta del silencio, de la indiferencia y de quienes siguen considerando que los cuerpos pueden comprarse”, según proclamaba el manifiesto leído durante la concentración, a la que han asistido una treintena de personas, especialmente mujeres.

La explotación sexual de mujeres es una realidad que Nieto asegura que “no nos es ajena, que conocemos”, porque los prostíbulos o las mujeres prostituidas en la calle están a la vista, pero asegura que “no llegamos a conocer la profundidad de la vulneración de derechos a las que se someten estas mujeres”.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36 % de los casos identificados. Además, el 61 % de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92 % de las víctimas de explotación sexual. En España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

Médicos del Mundo ha atendido en Castilla-La Mancha a más de 600 víctimas de trata en lo que va de año

Médicos del Mundo CLM no dispone de datos de mujeres que sufren la trata en la región, pero Nieto asegura que sus delegaciones en Toledo. Albacete y Ciudad Real han atendido a más de 600 mujeres en lo que va de año.

El perfil de una mujer prostituida, aseguran desde la ONG, es claro: es una mujer que está en una situación de “extrema vulnerabilidad”, ya que proceden de situaciones de abusos y muchas de ellas son migrantes. “Son mujeres que están viviendo en la pobreza, que vienen de mucha precariedad, de mucha desigualdad económica y social”, explica la portavoz de la ONG, quien además incide en que “todo lo que sustenta la prostitución” es la desigualdad de género. “Es la base de que esto se dé y de que sea una realidad tan invisible y con tan pocos recursos”, asevera.

La reinserción de las víctimas, darles una oportunidad que les permita salir del escenario en el que están viviendo “es muy difícil”. “Como están en una situación de mucha vulnerabilidad, es muy difícil que se sientan con fuerzas o con la determinación para querer salir de ahí”.

Añade, además, que antes que la reinserción hay que dar unos pasos previos, como tener “una ley integral que haga detección, protección y que también haga recuperación y reparación”, asegura Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo. Dicha norma permitiría que, una vez que las víctimas tomen la decisión de salir, puedan contar con los recursos necesarios y alternativas “reales” para dar el paso.

“Al final los recursos son muy limitados y si no hay un marco legislativo que lo ampare, pues claro, es todavía más difícil”.

Un protocolo para abordar “esta violencia”

En la concentración también ha estado presente Nuria Cogolludo, delegada provincial de la Consejería de Igualdad en Toledo, que ha destacado los dos principales objetivos que se han marcado desde la Mesa regional Contra la Trata, puesta en marcha el año pasado. “Los profesionales y la administración regional que estamos presentes queremos realizar una estrategia para abordar esta forma de violencia y, sobre todo, también queremos desarrollar un protocolo, que ya está esa mesa en marcha y es fundamentalmente lo que va a trabajar durante todo este tiempo”.

Médicos del Mundo continuará desarrollando actividades de formación y sensibilización a lo largo del año, incluyendo talleres con jóvenes en Albacete y Toledo, y jornadas especializadas como las próximas XIII Jornadas sobre Prostitución y Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, que se celebrarán en formato online los días 6, 13 y 20 de octubre en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y contarán con expertas nacionales e internacionales en la materia.

Por su parte, El Consejo de Ministras y Ministros ha emitido una declaración institucional en la que habla de “la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad”. “De ahí que se incida en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual”.

La declaración recoge, asimismo, que la situación de Ceuta exige una atención prioritaria, ya que “las mujeres y niñas que llegan hasta la ciudad están en condiciones de extrema precariedad y desprotección”, unas circunstancias que “pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual”. Por ello, el Gobierno de España subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos.

El próximo 23 de septiembre, vuelve la tercera edición del 'Los especímenes más antiguos del mundo', una concentración y performance que tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza de Santo Domingo de Guadalajara. Una actividad en marco del Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, un día que según Elisa San Miguel, presidenta de la Asociación Mujeres Siemprevivas de Guadalajara, “debería estar marcado también en la agenda feminista como el 8 de marzo o el 25 de noviembre”.

Esta concentración con enfoque performativo donde de nuevo van a sacar a la calle el que coloquialmente llaman el 'Museo de los Puteros', una exhibición con diez figuras pintadas de color metalizado, representativas de arquetipo putero: “El putero profesor, el papá de familia, el cocinero... representan que el perfil de putero puede ser cualquier persona”, apunta Elisa San Miguel a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Además, para seguir con esta estética tipo museo también van a exponer paneles informativos con datos sobre la prostitución en España, también sobre cómo los puteros se relacionan entre ellos donde existen “capturas de pantalla que hemos hecho en foros de puteros, donde intercambian reseñas y las ubicaciones de distintos puntos de prostitución. Mostramos cuál es su lenguaje”, señala.

Matiza, que el nombre de 'Los especímenes más antiguos del mundo' -los puteros- hace referencia a “que la gente se refiere a la prostitución como el oficio más antiguo del mundo, pero nunca ha sido un oficio, es una de las formas más antiguas de violencia contra las mujeres y las niñas. Debemos preguntarnos cómo es posible que los que hayan sobrevivido sean los hombres que se sienten legitimados para explotar a las mujeres después de generaciones”.

Esta concentración está organizada por la Asociación Mujeres Siemprevivas Guadalajara, Comisiones Obreras, Izquierda Unida Guadalajara, AIKE Guadalajara, Partido Comunista Español y PSOE Guadalajara.

“Redirigir el foco a los puteros”

Asegura que España es “el tercer país mundial en consumo de prostitución, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, el primero de la Unión Europea” y que “el foco tiene que estar en los verdaderos responsables de que se mantengan estas redes de trata, que son los puteros a los que mal llaman clientes”.

San Miguel explica que cada 23 de septiembre “se llenan las televisiones de especiales en los que se habla de cuántas bandas de proxenetas se han desarticulado, pero sigue quedando invisibilizado el debate público de los consumidores”, donde la sociedad “no tiene que preguntarse si las mujeres están en esos contextos de prostitución porque quieren o no, si tienen libertad de decisión”, sino “¿cómo es posible que un hombre se sienta sexualmente excitado en acostarse con una mujer que no le desea?”, apunta.

La presidenta de la Asociación Siemprevivas critica que “hayamos normalizado saber dónde están los puntos de prostitución en cada ciudad, en cada carretera, que cualquier hombre del mundo pueda saberlo aunque no conozca la zona y en media hora poder acceder al cuerpo de una mujer o una niña a cambio de dinero, sabiendo que ellas no le desean y no desean estar con él”.

La educación como barrera contra la prostitución

Elisa San Miguel señala que desde la perspectiva abolicionista de la prostitución proponen que “se trabajen proyectos educativos profundos, que se ha demostrado en otros países cómo se puede ir desnormalizando la idea de que eso está bien”. Ejemplifica, a través de la autora Beatriz Jimeno, cómo en el pasado en España la sociedad “rechazó la idea de tener personas con discapacidad en los circos, porque se dieron cuenta de que ridiculizarlas estaba mal. Hubo gente que pensó que vaya tontería, pero gracias a la educación se ha logrado integrar a esas personas y son ciudadanos de pleno derecho”.

Explica que “hay que educar a las nuevas generaciones para que les repudie el hecho de que alguien de su entorno consuma prostitución, que a los que la consumen les dé vergüenza reconocerlo”. Matiza que en el pasado “ocurría igual con el tabaco, donde se fumaba hasta en los hospitales, pero el marco legislativo que se hizo para acabar con el consumo en los espacios públicos se hizo desde la educación, sensibilizado a la gente. Hubo personas que se opusieron y decían que se iba a hundir el país, pero ya se ha visto que no ha sido así. Creemos que a través de un marco legislativo fuerte y de planes educativos también potentes sí que se puede reeducar a la sociedad, no es imposible”.

Para San Miguel la pornografía sigue siendo un problema que llevan “un montón de tiempo alertando” sobre cómo “los jóvenes se están educando y socializando sexualmente”: “Los hombres más jóvenes acuden a la prostitución para poder cumplir en el sexo las fantasías que aprenden de la pornografía porque las mujeres prostituidas son las únicas que no pueden decirles que no. Hay que educarles, dar educación sexoafectiva de calidad para que aprendan que lo bonito de las relaciones sexuales es sentir deseo recíproco”.

Enmiendas a la ordenanza municipal

Durante la presentación de la concentración se han anunciado enmiendas por parte de la asociación a la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Guadalajara, actualmente en tramitación.

Desde la Mujeres Siemprevivas consideran insuficiente el texto y reclaman, entre otras cuestiones, mayores herramientas jurídicas para actuar ante posibles actividades de prostitución en pisos y establecimientos que, según denuncian, estarían funcionando al margen de las licencias concedidas.

San Miguel ha cuestionado además que la prostitución se aborde dentro de una ordenanza de convivencia. “Se sigue también un poco como tratando de mandar a la ciudadanía el mensaje de que la prostitución hay que sacarla de la calle porque molesta”, ha señalado, frente a la consideración de la prostitución como una vulneración de derechos humanos de las mujeres y las niñas que defiende la asociación.

En este sentido, ha reclamado que “esta ordenanza blinde jurídicamente” a las personas que se encargan de ver qué es lo que está pasando en esta ciudad para que puedan tener más herramientas para poder perseguir lo que está pasando en los pisos y lo que está pasando en los locales.

Otro de los motivos de crítica al Ayuntamiento es la convocatoria de la Mesa de la Trata, prevista para este jueves, 24 de septiembre. San Miguel ha asegurado que la última reunión se celebró en febrero de 2025 y que las organizaciones llevaban alrededor de un año y medio reclamando una nueva convocatoria.

La presidenta de Siempre Vivas ha cuestionado que la convocatoria se produzca ahora y ha negado que la nueva ordenanza haya sido elaborada en colaboración con la Mesa de la Trata, pese a que el Ayuntamiento ha defendido públicamente que la reforma ha contado con el trabajo de este órgano.

“Todo para las feministas, pero sin las feministas”, ha resumido San Miguel, quien ha lamentado que las organizaciones no hayan participado, a su juicio, en la elaboración de una norma que ahora les obliga a presentar enmiendas.

El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

En los años de la ley seca, en la década de los 30, surgieron en Estados Unidos una serie de figuras mafiosas que . Junto a Al Capone o Frank Costello, uno de los mafioses más populares de aquellos años fue “Lucky” Luciano. Nacido como Salvatore Lucania en Sicilia, su trayectoria delictiva lo convirtió en uno de los criminales más famosos de la historia. Fue jefe de la familia Genoveses y se le considera el arquitecto del crimen organizado en Estados Unidos.

Como muchos jefes mafiosos, Luciano también acabó cayendo en las garras de la justicia y puesto en prisión durante una década. Lo que no es tan sabido es que en la caída de Luciano tuvo un papel relevante una auténtica pionera: Eunice Carter, la primera mujer afroamericana que trabajó como fiscal en Nueva York.

Nacida el 16 de julio de 1899 en Atlanta, Georgia, Eunice Roberta Hunton Carter era hija y nieta de esclavos. Tras los disturbios raciales de Atlanta de 1906, una violenta masacre en la que docenas de personas negras fueron asesinadas por los blancos, se trasladó con su familia a Brooklyn. Eunice se crio en una familia plenamente concienciada en la lucha por los derechos humanos. Sin ir más lejos, su padre fundó la división negra de la organización social YMCA y su madre era una activa participante en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). Animada por sus padres, Eunice ingresó en el Smith College y se graduó en Trabajo Social. A los 25 años se casó con el dentista Lisle Carleton Carter, y poco después dio a luz a su hijo.

Una mujer negra pionera en el derecho

A pesar de trabajar en el Comité de Ayuda de Emergencia al Desempleo en Harlem, en 1927 decidió matricularse el programa nocturno de la Facultad de Derecho de Fordham en 1927. A pesar de trabajar y cuidar de su familia y su hijo, consiguió sacarse el título en cinco años. Se convertía así en la segunda mujer negra de su facultad en titularse y hacía realidad el sueño de ser abogada.

Destinada a ser una pionera, Eunice fue también la primera mujer negra en ser fiscal adjunta del distrito del estado de Nueva York. Entre sus tareas, estaba la de procesar casos de prostitución. Así fue como se dio cuenta de que todas las mujeres que eran detenidas solían ser procesadas y liberadas, y que todas ellas contaban con los mismos abogados. Eunice vio clara la existencia de un sindicato clandestino que controlaba el comercio sexual y así lo notificó a al fiscal federal de la ciudad de Nueva York.

19 hombres y una sola mujer

El fiscal decidió incorporar a Eunice a un reducido equipo de fiscales de élite que trabajaba para combatir el crimen organizado. Conocidos como los “Veinte contra el hampa”, el grupo estaba integrado por 19 hombres y una sola mujer, Eunice Carter. En este grupo, ella se dedicó a buscar las conexiones entre la mafia y los burdeles de Nueva York. Fue Carter la que organizó una gran redada y consiguió que las prostitutas y madamas testificaran contra sus jefes.

Con toda esta información, Eunice Carter logró reunir las pruebas necesarias para acusar a Lucky Luciano de 62 cargos de prostitución compulsiva. Era la primera vez que una gran figura del crimen organizado era arrestada por algo que no fuera evasión de impuestos, como pasó con Al Capone. El juicio contra Luciano, celebrado en mayo de 1936, tuvo una gran repercusión mediática. El mafioso fue condenado a una pena de entre 30 y 50 años de prisión, de los que solo cumpliría 10 antes de ser indultado por sus servicios durante la IIGM.

A pesar de la importante labor que llevó a cabo Eunice Carter en este caso, su contribución fue olvidada y, a mediados de la década de 1940, había sido apartada de las promociones profesionales y cobraba mucho menos que sus colegas masculinos. Eunice dimitió de la Fiscalía del Distrito en 1945 y dio el salto al trabajo internacional. Dedicó el resto de su vida a luchar por los derechos civiles y de las mujeres.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado una multa de 50.000 euros impuesta a una plataforma por publicidad ilícita al promover la prostitución en diversas ciudades españolas, entre las que se encontraban varias de Canarias.

En concreto, la investigación sobre estas actividades ilícitas se llevó a cabo sobre los anuncios publicados en lugares como Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, entre otros a nivel nacional.

Esos puntos del Archipiélago fueron elegidos para demostrar las actividades ilegales que promovía el portal web que consistían en publicitar anuncios de servicios de escorts, tanto hombres como mujeres, que según se determinó iban en contra de la protección a consumidores y usuarios.

Para ello se reprodujeron en 2023 diversas capturas del contenido principal y luego otros elegidos de forma aleatoria, haciendo constar la hora y fecha, llegándose a la conclusión de que los anuncios se correspondían con personas reales.

Quienes accedían a la página principal podían elegir diversas categorías, luego en una nueva interfaz aparecían los anuncios clasificados por comunidades autónomas y al final se publicaba un texto con expresiones que se consideraban ofensivas.

No obstante, acto seguido indicaban que no les gustaban ciertos términos para referirse a las actividades que publicaban y pedían diferenciar entre prostitutas y escorts.

Una vez se seleccionaba en la parte superior de la pantalla la opción Escorts se pasaba a una pantalla en la que se mostraba un listado en diferentes ciudades españolas agrupadas por comunidades autónomas, entre las que se investigó las mencionadas de Canarias.

Finalmente, se concluyó con que la página web promovía y publicitaba servicios de prostitución y se consideró responsable de una infracción administrativa grave a una entidad domiciliada en Irlanda.

Los responsables de la empresa negaron los hechos y aseguraron que siempre habían actuado dentro de la legalidad, siendo conscientes de que la prostitución es una actividad ilegal y apelando a la libertad de expresión, lo que rechazó el Abogado del Estado al recordar que según la actual legislación se considera ilícita la publicidad que “utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra mujeres o menores”.

Una vez analizado el contenido de las expresiones, fotos y comentarios quedó demostrado que se estaban promocionando actividades de carácter sexual y por lo tanto no cabía encuadrarlas en el derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid indica que este tipo de sitios web no pueden caracterizarse como medios de información sino que son un mero instrumento para realizar otra actividad que en este caso queda fuera de los derechos protegidos por la Constitución y por lo tanto es posible llevar a cabo el secuestro administrativo.

En la actualidad en la página se advierte que la promoción de la prostitución va en contra de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada en el mes de septiembre de 2022 conocida como la ley de Sólo Sí es Sí.

La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.

Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.

Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.

El recurso, presentado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), la fundación Ámbit Prevenció y la asociación Genera, considera que los nuevos requisitos “constituyen un condicionamiento ideológico directo” sobre las organizaciones solicitantes de las ayudas que “vulnera” los artículos 14 y 16 de la Constitución. Además de estas, la asociación Stop Abolición también ha presentado paralelamene un recurso con el mismo objetivo: el de tumbar la obligación de declarar que la prostitución es una forma de violencia machista a través de sus estatutos o mediante experiencia previa. Además, las ONG deben firmar una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

El Ministerio ha justificado el cambio para “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas basándose en la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, según el preámbulo de la convocatoria. Una afirmación que para las organizaciones recurrentes supone un reconocimiento “sin ambages” de que “el criterio rector de los nuevos requisitos de acceso no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes, sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. El recurso recalca que la “equiparación” de la prostitución con la violencia sexual “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico”.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso sobre la orden que regula las ayudas relativas a la trata con fines de explotación sexual, pero las entidades esperan que haga lo mismo con la de los programas de violencia machista. En ambos casos, han replicado el recurso y piden que se frenen cautelarmente las nuevas condiciones debido a que, de no hacerlo, la exclusión o “penalización” de las ONG que no cumplan la condición “consumará de forma irreversible en cada convocatoria que se celebre” durante el tiempo en que se resuelve el recurso. La Audiencia ha decidido abrir una pieza separada para tramitar esta solicitud.

Preguntado sobre el proceso, el Ministerio de Igualdad apunta a que el cambio de requisitos es “jurídicamente sólido, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuoso con los principios del régimen de concurrencia competitiva” en las subvenciones. Fuentes de la cartera dirigida por Ana Redondo consideran que es algo “necesario, proporcionado y adecuado” y que la elección de este modelo “va en línea de recomendaciones, resoluciones y evaluaciones del ámbito europeo que señalan, de forma reiterada, que el enfoque abolicionista es el que mejores resultados ofrece”.

La declaración “no se ajusta” al modelo

La Secretaría de Estado de Igualdad ha publicado ya la resolución de concesiones y denegaciones de las ayudas correspondientes a la convocatoria de este año, ya con los nuevos requisitos en vigor. En el caso de las subvenciones para proyectos en violencia machista, doce asociaciones han sido rechazadas debido a que la declaración responsable que aportaron “no se ajusta al modelo” del departamento dirigido por Ana Redondo. Entre ellas está CATS, cuya solicitud también ha sido declinada en el caso de las subvenciones de trata.

Esta organización, que reclama que la prostitución sea reconocida como un trabajo y quienes la ejercen tengan derechos laborales, había recibido en ejercicios anteriores dinero para organizar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “darles voz”, pero este año se ha quedado fuera. Y es que ante el nuevo requisito, este año cambió ligeramente el modelo de declaración y presentó uno en el que afirmaba que sus proyectos están alineados contra la violencia sexual, “incluida la ligada a la prostitución”, en vez de “incluida la prostitución”, como exige Igualdad.

La incertidumbre y las advertencias de “exclusión” de entidades han sobrevolado desde que el BOE publicara la nueva orden mientras que varias asociaciones temían que sus proyectos quedaran en el aire porque, o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente al estar dedicadas a temas que no tienen que ver con la prostitución.

Una de las que mostró su preocupación fue la fundación Àmbit Prevenció, una de las tres recurrentes, que recibió en la convocatoria pasada algo más de 4.800 euros para financiar un proyecto con el que monitorizar qué ocurre con las víctimas después de que denuncien violencia sexual. La fundación lamentaba hace varios meses que el programa tuviera el riesgo de quedarse fuera si Igualdad no modificaba la orden, algo que ha ocurrido finalmente porque no se ha presentado al entender que la declaración responsable era incompatible con sus principios.

Mientras el proceso judicial avanza, las voces críticas con el cambio siguen inmersas en la campaña No al veto ideológico, impulsada por Voces Feministas por los Derechos, que aglutina a investigadoras de veinte universidades públicas. “La campaña defiende que el acceso a fondos públicos debe basarse en la calidad de los proyectos y en la experiencia de las entidades, y no en la obligación de asumir un determinado posicionamiento ideológico como condición para optar a financiación pública”, argumentan.

En los últimos años, el mapa de la explotación sexual en Cantabria ha experimentado una notable transformación. Lo que antes era identificable en los grandes clubes de carretera o en zonas específicas de calle se ha desplazado hacia la opacidad de los pisos privados y el entorno digital.

En este complejo escenario, Tania García Sánchez, responsable de los programas de Prostitución y Trata de Médicos del Mundo en Cantabria, analiza un factor que ha cambiado las reglas del juego para cientos de mujeres: el reciente proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Este proceso representa, en su opinión, un “hito histórico” que facilita alternativas reales fuera del sistema prostitucional para mujeres que, debido a su situación administrativa, simplemente “no existían” ante la administración.

La historia de Violeta (nombre ficticio), una mujer colombiana de 51 años, pone rostro a estas cifras. Violeta llegó a España hace tres años huyendo de la violencia y los conflictos armados en su país. Su perfil encaja con el de la mayoría de las usuarias acompañadas, o ‘titulares de derechos’, como prefieren designarles en la entidad social, donde el 46% de las mujeres atendidas proceden de Colombia. “Llegué sabiendo a qué venía, guiada por un viejo amigo, pero no sabía absolutamente nada del tema porque en mi país no ejercía”, relata Violeta sobre sus inicios en un pequeño pueblo cerca de Madrid.

Al llegar a Santander, se encontró con las barreras de un sistema que la mantenía en la sombra: “Las personas que me alquilaron la habitación me metían miedo, decían que no fuera a sitios como Cáritas o Médicos del Mundo porque trabajaban con la policía”. Siguió su propio criterio y, tras un primer acercamiento a Cáritas, le pusieron en contacto con Médicos del Mundo.

Para Violeta, la regularización extraordinaria ha sido su salvación. No solo le ha permitido obtener su tarjeta sanitaria, sino que ha sido la “llave” para traer a su hija y a su nieto, quienes corrían peligro en Colombia. “Lo que más anhelo es tener un trabajo normal, cumplir un horario y poder salir tranquila a la calle”, afirma con esperanza.

De otro lado, el camino hacia la regularización también ha sacado a la luz la existencia de un “negocio paralelo” que se lucra con la desesperación de estas mujeres. García denuncia haber detectado abogados en el ámbito privado que han cobrado entre 200 y 600 euros por asesoramiento en trámites que entidades como Médicos del Mundo y muchas otras -incluidos sindicatos como Comisiones Obreras-, han realizado de forma gratuita. “Muchas acceden a pagar pensando que así garantizan el éxito del trámite, cuando en realidad están siendo doblemente victimizadas por su falta de conocimiento”, ha advertido la responsable de la entidad social en Cantabria.

Del “no existir” al contrato de trabajo

En Cantabria, el proceso de regularización extraordinaria se cerró el pasado 30 de junio con un balance de 8.767 solicitudes registradas. Como recuerda García, la admisión a trámite de la solicitud ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país, lo que permite a muchas mujeres acceder al mercado laboral regulado de forma inmediata mientras esperan la resolución definitiva de sus expedientes.

Hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres

Médicos del Mundo ha jugado un papel determinante en este engranaje al ser una de las entidades autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad, documentos esenciales para que muchas mujeres en contextos de prostitución pudieran acogerse a la medida. “Hemos emitido aproximadamente 150 certificados de vulnerabilidad y hemos acompañado de inicio a fin en el proceso de regularización a unas 30 mujeres”, detalla la responsable técnica.

El impacto ha sido tal que la organización ha notado un incremento significativo en las atenciones, ya que el boca a boca sobre la posibilidad de obtener “papeles” ha servido de puente para que muchas víctimas de explotación sexual se acerquen a los recursos de apoyo social y psicológico, según explica García.

16 inserciones laborales en 2026

La respuesta de Médicos del Mundo es integral a través del I Plan Nacional de Inserción Sociolaboral (Plan Camino), impulsado por el Ministerio de Igualdad. En el periodo comprendido entre 2023-2024, la organización ha atendido en Cantabria a un total de 820 personas, la inmensa mayoría mujeres en situación de migración. De ellas, 32 mujeres han logrado acceder al empleo regulado, principalmente en el sector servicios, hostelería y limpieza, 13 de ellas con contratos indefinidos.

“Para una mujer que lleva muchos años en el contexto de la prostitución, la salida no es tan sencilla como se ve desde fuera; requiere una recuperación psicosocial profunda”, puntualiza García. Además de la inserción laboral, en 2025 se consiguió que 45 mujeres superaran las barreras del sistema y obtuvieran su tarjeta sanitaria, garantizando su derecho efectivo a la salud. Y en lo que llevamos de 2026 “ya son 16 las inserciones laborales logradas”, según detalla con satisfacción la responsable de la entidad.

Existen otras asociaciones en Cantabria como Aplec y Nueva Vida que también atienden a este colectivo. Aunque puede haber duplicidad (mujeres atendidas por varias entidades), Tania García indica que “hay cabida para las tres entidades y aún así a veces no llegamos”.

Abolición frente a violencia “extrema” contra la mujer

Frente al debate en torno a la prostitución, Médicos del Mundo defiende una visión abolicionista, entendiendo la prostitución como una forma extrema de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Así, la organización colabora estrechamente con instituciones y otras entidades locales, como la Plataforma Abolicionista de Cantabria (PACANT).

Para la entidad, el reto actual reside en seguir denunciando la explotación sexual como una problemática que la sociedad tiende a normalizar porque ya no se ve en las carreteras ni en las calles. “Parece que la prostitución no existe, pero atender a unas 400 mujeres al año solo en nuestra asociación es un dato importante en Cantabria”, concluye Tania García.

La regularización extraordinaria ha sido el primer paso necesario para dar a muchas personas una identidad legal, pero el objetivo final sigue siendo garantizar que todas estas mujeres, como Violeta, puedan acceder a una vida donde sus derechos no estén en manos de otros.

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto un periodo de consulta pública de cara a dotarse de una ordenanza municipal contra la prostitución y la explotación sexual con perspectiva abolicionista.

Según el aviso publicado por el Consistorio conquense en el tablón de anuncios, firmado por la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva, esta ordenanza pretende, por un lado, “erradicar” la prostitución y otras formas de trata y explotación sexual en el municipio de Cuenca y, por otro, proteger los derechos de las mujeres víctimas de esta situación.

Noy hay regulación municipal sobre esta materia y el ayuntamiento plantea que, “teniendo en cuenta el contexto de explotación y violencia en el que viven las mujeres en situación de prostitución”, se considera “procedente” establecer medidas encaminadas a su defensa y protección.

Consulta pública a la ciudadanía

Esta consulta está dirigida a toda la ciudadanía conquense y a las organizaciones que puedan verse afectadas por la norma, que tendría como objetivo reforzar la prevención, la atención a las mujeres en situación de explotación, la coordinación entre servicios municipales y cuerpos de seguridad, y la actuación frente a prácticas vinculadas al proxenetismo.

Las aportaciones deberán presentarse por escrito, en el plazo máximo de 20 días hábiles, en sede electrónica o en los registros municipales del Ayuntamiento, el Centro de Recepción de Turistas y la Oficina de Recaudación.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen venezolano en Madrid y Tenerife tras detener a 17 personas en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo e identificar a 14 víctimas. La red operaba desde pisos “prostíbulo” de las provincias de Toledo, Guadalajara, Madrid y Tenerife.

Los agentes comenzaron las pesquisas en el mes de agosto de 2025 gracias a la declaración de dos testigos en dependencias policiales tras tener conocimiento de la existencia de varias mujeres venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en Tenerife. A medida que avanzaron, localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de la capital, por lo que esclarecieron tanto la estructura como el funcionamiento de la organización.

En el comienzo de la operación, en el mes de marzo de 2026, los agentes liberaron a tres víctimas y detuvieron a tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables, y, fruto de esta primera fase, en el mes de mayo fueron arrestados otros dos miembros de la organización.

En fases posteriores de la investigación pudieron identificar a más víctimas y confirmar la existencia de un entramado criminal, compuesto por al menos once miembros y apoyado por colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual.

Captación mediante promesas falsas

Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife; con lo que trataban de mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.

El cuerpo detectó que la organización captaba a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica con promesas falsas y facilitando su llegada a España bajo aparentes motivos turísticos para, una vez en territorio nacional, trasladarlas a los diferentes pisos para que ejercieran la prostitución con en pretexto de que debían saldar deudas, de entre los 7.000 y los 9.000 euros, que habrían obtenido para llegar a España.

Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios y administraban los beneficios de las mujeres “sometidas a estrictas condiciones de control” y que debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Las víctimas también eran forzadas a mantener relaciones sexuales con la menstruación, sin preservativo y sin derecho a negarse a clientes o a cualquier práctica sexual. Además, estaban obligadas a residir en los pisos prostíbulos de los que no podrían salir solas y en los que estaban vigiladas mediante cámaras instaladas en el establecimiento.

Multas arbitrarias y condiciones abusivas

Con el objetivo de prolongar esta situación lo máximo posible, la organización imponía multas arbitrarias y préstamos en “condiciones abusivas”, con lo que generaba nuevas deudas de manera continua. Asimismo, evitaban que abandonasen la red retirándoles la documentación personal y amenazando, tanto a las víctimas como a sus familiares, diciendo que pertenecían al grupo armado Tren de Aragua.

Así pues, la operación se saldó con la detención de 17 personas (doce en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y una en Toledo) y la identificación de 14 victimas, y otras 12 potenciales afectadas, de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Además, el operativo policial ha intervenido 800 euros, cuatro teléfonos móviles un ordenador portátil, “abundante” documentación relacionada con los hechos y han sido bloqueados 14 activos financieros utilizados por la organización para canalizar los beneficios de la red.

Ahora, tres de los detenidos están en prisión provisional y continúan las gestiones para identificar a colaboradores de la organización que, desde Venezuela, trabajan en las labores de captación.

Un juzgado sueco ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un sexagenario que prostituyó durante tres años a su esposa, a la que ofreció a decenas de hombres.

El hombre, que pemanecía en prisión desde octubre, ha sido condenado por proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas, y deberá indemnizar a la víctima con unos 18.370 euros.

“El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio”, señaló el juzgado de Ångermanland, ubicado en el norte de Suecia, en un comunicado.

Veintiocho personas han sido condenadas además por la compra de servicios sexuales, prohibida en Suecia, incluidos dos de ellos a penas de cárcel. La causa inicial incluía a cerca de 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, ya que el delito prescribe pasados dos años.

“Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, explicó en el comunicado el juez, Johan Ahlberg.

El tribunal considera no obstante que no ha quedado establecido que su participación fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

El sexagenario ha sido absuelto de ocho cargos por violación: en siete de ellos no se ha establecido que la participación de la víctima fuera involuntaria y, en el otro, no se ha determinado qué tipo de acto sexual tuvo lugar. Durante el juicio, el hombre había negado las acusaciones.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', tiene antecendentes por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.

El juzgado de guardia de Girona ha enviado a prisión dos hombres de 35 y 44 años por pagar dinero a tres adolescentes menores de 16 años a cambio de mantener relaciones sexuales. Según ha avanzado el Diario de Girona y ha confirmado la agencia ACN, los hechos pasaron entre septiembre y diciembre del año pasado.

A raíz de tener conocimiento del caso, los Mossos iniciaron una investigación que concluyó con la detención de uno de los sospechosos el 28 de mayo pasado y del otro el miércoles 10 de junio. Los arrestados contactaban con las tres chicas —las tres menores de 16 años— a quienes conocían y les pagaban dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ellas.

Una vez cerrada la investigación, los agentes detuvieron a los dos hombres por un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 y por otro de prostitución y explotación sexual. Después de declarar, el juzgado de guardia decretó prisión para los dos.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de once integrantes de la organización criminal y la liberación de dos víctimas, según informa la Policía en un comunicado.

La red captaba a mujeres en España, de origen latinoamericano, mediante falsas promesas y eran trasladadas entre distintos clubes para ser explotadas sexualmente. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado. En los registros practicados en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se intervinieron documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.  

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes hechos susceptibles de constituir delito. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes.

Las pesquisas permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres en nuestro país en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente.

Los clubes utilizados para la explotación sexual estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Violencia, hostigamiento y control en jornadas de más de 13 horas

Una vez llegaban a los clubes, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según se ha acreditado durante la investigación, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos del 50%. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes.

Los agentes constataron un clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas. Según se desprende de las actuaciones, algunas de ellas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Los investigadores comprobaron igualmente la absoluta coordinación existente entre los miembros de la organización, encargados tanto del traslado de las mujeres entre provincias como de la gestión y control de los establecimientos. Todos ellos desempeñaban funciones concretas y rotaban constantemente entre los tres clubes para dificultar la detección de la actividad delictiva.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo en el mes de mayo de 2026, cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1). Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Condiciones insalubres y control total en los clubes

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las deficientes condiciones de habitabilidad en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la difusión eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

Noa siempre fue mujer, aunque parte de sus parientes insistieran en verla de otra manera. Nació en el seno de una familia gitana de Can Tunis, el antiguo barrio situado bajo el cementerio de Montjuïc, marcado durante décadas por la pobreza, la marginalidad y la droga. Su historia —atravesada por la violencia, la calle, la prostitución, la cárcel y la supervivencia— es uno de los ejes vertebradores de Corren las liebres, el documental de la fotoperiodista y cineasta Lorena Ros que se estrenó el viernes en el DocsBarcelona.

La película, construida durante cinco años, retrata también las vidas de Marikarmen, Luana y Nani, mujeres trans que crecieron y resistieron en los márgenes de Barcelona. Pero es Noa quien sostiene gran parte del relato con su testimonio.

“Yo puedo hacer esta película porque hay mucha gente que ya no está”, asegura.

Noa huyó de su casa siendo menor de edad. Ya no soportaba la violencia familiar ni la presión constante por su identidad. “Yo me escapé de casa y me vine a trabajar de puta en el barrio chino, que ahora llaman Raval. Me busqué la vida porque yo me tenía que ir de la familia. Mi padre era un homófobo a reventar, un machista y un maltratador. Mataba a palos a mi madre y a todos, nos crio a palos”, recuerda.

Ella y sus compañeras hablan de una violencia tan normalizada en sus vidas que nunca necesitaron ponerle nombre ni advertencias previas. La crudeza aparece en sus relatos con la naturalidad de quien ha tenido que aprender a sobrevivir demasiado pronto.

Noa fue desterrada de su familia por ser homosexual, aunque el vínculo con su madre nunca desapareció. “Ella es la heroína de nuestra familia, no tengo nada que hablar con ella y la quiero con locura. Ella me sacó de ahí”. 

Un día, viendo cómo la trataba su padre, su madre le dio dos mil pesetas y un bocadillo de mortadela. “Me dijo: ‘Vete que tu padre te va a matar’”, recuerda.

Durante un tiempo, Noa regresaba a escondidas para verla. “Me escondía entre los sacos de patatas del patio”, recuerda. Pero aquellas visitas siempre terminaban igual: con el miedo de que su padre apareciera y descargara de nuevo la violencia sobre ella o sobre su madre. “Era muy joven y necesitaba de mi familia, necesitaba de mi gente”, sostiene.

Con el paso de los años y viviendo en la calle, la distancia se agrandó. “Tardaba como un mes en ir a casa, pero luego iba cada tres. Y como veía que no era querida ni bien recibida, pues al final pasé de ir año en año a ir cada dos años o no ver a mi madre en tres años. Pero claro, hay una edad en la que tienes que ver a tus padres”.

Durante ese tiempo comenzó a hormonarse para su transición. Cuando intentaba volver a casa, trataba de esconder su identidad para evitar problemas. “Me ponía ropa de tío”, cuenta entre risas, aunque reconoce que el disfraz nunca funcionaba. “Tenía pinta de niña con barba, lo que sería un chico trans aún sin hormonarse, y aunque yo pensara que parecía un chico, nada, era como un bollerón turco”, espeta riéndose.  

La vida en la calle

La conversación transcurre en el Ágora, uno de los pocos jardines del Raval que siguen funcionando como refugio improvisado para las comunidades “despojadas y marginadas” del barrio. Allí, Noa recuerda cómo empezó a vivir en la calle siendo apenas una adolescente.

“No te faltará ningún sitio, porque siempre habrá algún mayor que quiera acogerte, pero claro, a cambio de algo”, rememora.

Durmió muchas veces al raso. Además de la violencia, su contexto familiar estaba también marcado por la droga: Can Tunis fue durante años uno de los grandes símbolos de la marginalidad barcelonesa y del tráfico de heroína.

“Se consumía mucho y había muchas peleas entre mis hermanos y mi padre”, explica.

La droga, la delincuencia y la prostitución terminaron formando parte de su vida cotidiana. Noa trabajó en Robadors, el antiguo “callejón del travesti”, en el Camp del Barça, la Bolera o los alrededores del Arc de Triomf. “En el descampado las mayores trans no me dejaban”, recuerda.

“Yo no sabía nada del respeto porque a mí nadie nunca me respetó. No sabía nada de los derechos de la infancia. Empecé siendo una chica de calle muy joven con todo lo que eso conlleva y la verdad es que trabajaba mucho. Era un momento en que la prostitución estaba en auge y yo empecé a montar mi personaje, mi vida de delincuente, de prostituta, de todo un poco para no tener que depender de nadie y poder ser lo más autosuficiente”, explica durante la entrevista con elDiario.es.

Lorena Ros, la directora del documental, asegura que uno de los grandes desafíos de la cinta fue evitar la mirada morbosa que suele acompañar relatos como este.

“Corren las liebres es una película hecha con mucho amor y admiración. No se trata de un documental observacional, sino de un documental subjetivo”, explica la directora, reconocida internacionalmente con tres premios World Press Photo y una larga trayectoria vinculada a los derechos humanos y la representación del trauma.

Ros asegura que durante el proceso sintió presión para enfatizar los aspectos más sórdidos de las protagonistas. “Me negué a utilizar palabras como exprostituta, exconvicta o exdrogadicta. La historia de Noa es la de una lucha de corazón y que tiene un mensaje muy potente y muy humano que es el de una madre que quiere recuperar la custodia de sus hijos”, señala.

Porque más allá de la marginalidad, el documental intenta mostrar algo menos habitual: la posibilidad del cambio. “Desde pequeña sufrí fatiga, violaciones, maltrato y acoso. Y cuesta mucho que la gente vea que a lo mejor has tenido un pasado y ahora tienes otro”, señala Noa. “La gente se cree que una no puede cambiar, pero claro que sí, y yo soy un ejemplo de ello, como el resto. Ya no soy la persona que era antes”.

La cárcel, punto de inflexión

Noa habla de su paso por prisión como un punto de inflexión inesperado. “Yo puedo decir que la cárcel me salvó la vida”, afirma.

En aquel momento dormía en la calle, robaba, consumía y se prostituía mientras enlazaba días enteros sin dormir. “Caballo, coca, crack, de todo”, enumera. Cuando ingresó en la prisión Modelo para cumplir condena, un análisis médico detectó una sífilis avanzada. “Me dijeron que estaba a punto de morir, porque si te llega al cerebro, te mata”, asegura.

Recuerda todavía el momento en que los enfermeros la retuvieron en la enfermería para administrarle penicilina. Cree que, de no haber entrado en prisión, probablemente habría muerto pocos días después en alguna calle del antiguo barrio chino. Ahora está limpia y puede contar su historia.

El título del documental nace de un poema de Eduardo Galeano dedicado a “Las Nadie”, aquellas personas invisibles para la sociedad.

“Son estas personas que son tratadas o vistas por la sociedad como Las Nadie. Esas personas que exactamente como dice Galeano en su momento también valen menos que la bala que las mata”, explica Marikarmen, prima de Noa, también gitana e intersex.

Marikarmen comparte buena parte de esa historia de supervivencia. Creció en el chabolismo y pasó la infancia entre pequeños robos para poder comer y la precariedad extrema. A los ocho años, su madre se la llevó a Mallorca para trabajar en el turismo.

“Ahí claro, tuve que aprender que todo lo que hacía en mi vida anterior estaba mal”, sostiene.Nunca terminó de adaptarse. A los 15 años escapó de casa y comenzó otra vida atravesada por la calle, la música y el activismo.

“Yo trampeo. Me refiero a que hago de DJ, doy charlas, trabajo con personas con discapacidad y casi siempre en una situación en la que muy pocas veces consigo cotizar”, resume.

Para Lorena Ros, todas las mujeres que aparecen en el documental funcionan como espejos de Noa. Distintas vidas atravesadas por una misma experiencia de exclusión.

“Al final la película sirve para que la gente vea una realidad que no está relacionada con el llanto y la desgracia, sino con la vida, el día a día real y humano de personas como nosotras”, concluye Marikarmen.

Noa insiste en que la película busca precisamente ampliar el relato habitual sobre las personas trans. “El número de mujeres como nosotras es muy grande. Con las que salimos damos visibilidad a personas de la calle que viven en los márgenes de la sociedad”, afirma. 

“Hoy en día hay mucha visibilidad de algunas personas del colectivo LGTBI: chicas trans que han recibido apoyo familiar, que han sido hormonadas desde pequeñas, que han podido ir a Trànsit [la oficina de atención a las personas trans de Catalunya] pronto y que hoy pueden ser arquitectas o ingenieras”, concluye Noa. “Pero hay otras que no han tenido nada de eso, a ellas les damos visibilidad”.