El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha nombrado por mayoría absoluta a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, tras la dimisión del anterior responsable y el bloqueo de la institución durante semanas. 

Navarro será la primera mujer que se pone al frente de la gerencia del CNIO, que se encuentra envuelta en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las presunta trama liderada por el exgerente Juan Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid que pasó a décadas manejando las cuentas de la institución. 

El patronato considera que Cristina Navarro reúne tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que “cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país”.

Funcionaria con 25 años de experiencia

Como funcionaria de carrera, posee más de 25 años de experiencia en los tres niveles territoriales de la administración (local, autonómica y general), y ha ocupado cargos de la más alta responsabilidad en la Administración General del Estado, siendo Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre los años 2023 y 2026. Actualmente era vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

La marcha del anterior gerente, José Manuel Bernabé, por un supuesto caso de acoso dejó al centro sin capacidad para firmar nuevos contratos y paralizó algunas decisiones. La primera consecuencia fue la marcha de las nueve secretarias de administración, que se ocupaban de buena parte del papeleo de los grupos de investigación. Al estar empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción), su contrato no se ha prorrogado y se esperaba una situación similar con el departamento de informática. 

Todo esto, en mitad de una investigación al centro de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que sumaron las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

El último episodio de la crisis se vivió antes de Semana Santa, cuando una unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, según adelantó elDiario.es. La dirección informó a los trabajadores del precinto policial y de la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Aprovechando los días de Semana Santa, José Luis Ábalos pasó por Sevilla y fue a los toros, que no quería perderse la faena de Morante de la Puebla. En la Maestranza recibió el ex ministro una cariñosa ovación de una parte del público asistente mientras sonaba el himno de España. A mediodía, Ábalos comió en uno de los clubes privados más exclusivos de la ciudad, acompañado de destacados empresarios y apellidos ilustres de la ciudad. Para rematar su día sevillano, José Luis cenó en casa de un conocido periodista, una cena privada a la que acudieron el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Disfrutaron de un excelente jamón, buñuelos de sobrasada, ajoblanco, bacalao y unas deliciosas torrijas de postre, todo ello regado con buenos vinos, mientras el ex ministro contaba anécdotas de su vida que eran celebradas por los asistentes. “Ábalos fue muy feliz en Sevilla”, dijo después el anfitrión.

¿Te imaginas que el primer párrafo fuese cierto, y que además algunos medios lo contasen con esa mezcla de naturalidad y peloteo? Pues ocurrió hace unos días, tal cual. Ah, pero el protagonista no era José Luis Ábalos, sino el rey emérito, Juan Carlos. Aplaudido en los toros, agasajado por la elite local, celebrado en una cena a la que no faltaron el presidente andaluz y el alcalde sevillano, y todo ello contado con gracia por la prensa del corazón, y por la que no es del corazón pero lo parece cuando se trata del ex rey.

Pero bueno, Isaac, no vas a comparar a Ábalos con el ex jefe de Estado, no seas demagogo. Es cierto: Ábalos está sentado en el banquillo, probablemente será condenado, lleva meses en prisión y sometido estos días a escarnio público por sus actos; mientras Juan Carlos es un hombre libre, que no ha tenido proceso judicial, que disfruta un “exilio” dorado, se pasea por España sin que nadie le pida cuentas, y todavía es tratado con guante de seda por parte de la prensa y la clase política. Ningún parecido. Ni siquiera en el dinero que uno y otro se embolsaron.

Me perdonaréis lo facilón de comparar la humillación pública de Ábalos con la rehabilitación acelerada de Juan Carlos, un día tonto lo tiene cualquiera. Me he contenido varios días, pero este jueves estaba viendo una conocida tertulia televisiva de las mañanas, cuando entró en ella el mismo periodista radiofónico que organizó en su casa la cena para el rey. Se puso a comentar la sinvergonzonería y cutrez de Ábalos con sus novias a las que ponía sueldo y piso; un lamentable espectáculo “que encima coincide con el inicio de la campaña de la renta”, dijo el indignado periodista. Al terminar su comentario, la presentadora del programa le preguntó cómo había encontrado al rey durante la cena en su casa. “Está espléndido, le vi espléndido”, dijo tan contento. Y ahí ya salté y me puse a chillarle a la tele como un energúmeno.

Le pregunté al periodista (bueno, a la tele) si entre las espléndidas anécdotas que el espléndido Juan Carlos contó en la cena a sus invitados (incluidos el presidente de la Junta y el alcalde, insisto) estaban sus espléndidas comisiones millonarias, sus espléndidas cuentas en el extranjero, su espléndida evasión fiscal o, atención, su espléndida relación con Corinna Larsen, a la que no alquiló un pisito en la Plaza de España sino que le arregló (reforma pagada por todos) una casa de Patrimonio Nacional en el Monte del Pardo (pagada por todos), con servicio y vigilancia (pagados por todos); y a la que no enchufó en una empresa pública, sino que se la llevaba en sus viajes oficiales (pagados por todos) para que ella aprovechase e hiciese sus negocios.

De verdad que me sigue pasmando la facilidad con que algunos, que siempre están indignadísimos con la corrupción, aceptan la corrupción (y la impunidad) del rey emérito, y lo consideran ya agua pasada que merece no solo perdón, sino también rehabilitación y homenaje. Ea, ya se me pasa, vuelvo a indignarme con Ábalos y Koldo, ya está, ya está.

En cuanto Akos Hadhazy, diputado independiente en el Parlamento de Hungría, se baja de su vehículo, un coche blanco se para detrás de él a escasos metros. “Son del servicio de seguridad privada. Siempre que me presento aquí, aparecen”, dice a elDiario.es con una ligera sonrisa.

Poco después, el vehículo se detiene en un camino de arena a apenas cinco metros. “Se ponen ahí porque es desde donde se puede ver la mejor perspectiva [del palacio] y ahora estamos en una vía pública, pero eso de ahí es privado”, dice mientras los señala sin disimulo. “Y pertenece al nieto de tres años de Lőrinc Mészáros”, añade impasible. Compañero de escuela de Orbán, amigo, empresario y político, Mészáros es la persona más rica del país.

Pese a los intentos de ocultar todo lo que se esconde detrás de la valla, se aprecian los enormes edificios del ahora conocido como “pequeño Versalles”, oficialmente propiedad del padre de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Hadhazy lleva meses obsesionado investigando el palacio de Hatvanpuszta, una antigua mansión de los Habsburgo que en su día perteneció al archiduque José Antonio de Austria.

Todo el patrimonio del antiguo palacio ha sido derribado y en 2018 la familia Orbán comenzó la nueva construcción, cuenta Hadhazy. “Es el gran símbolo de la corrupción del régimen y la dictadura. Representa el poder del emperador”. El primer ministro ha alegado que la propiedad, de 12 hectáreas y 6.000 metros cuadrados construidos, es solo una explotación agrícola de su padre.

Las investigaciones del diputado, sin embargo, dicen lo contrario. Hadhazy ha conseguido imágenes del interior gracias a alguno de los múltiples operarios que trabajan en su construcción. En una de ellas se ve una opulenta biblioteca de techos altos y abovedados decorados con frescos. En otra, encima de la gran chimenea, rematada con cabezas de macho cabrío, hay una gran estatua del arcángel san Miguel, líder de la milicia celestial, luchando contra el demonio.

Hadhazy incluso se coló y grabó el interior de la inmensa propiedad el verano pasado, mostrando sus cuidados jardines, sus piscinas y pudo comprobar la grandeza de sus interiores en construcción. En otra ocasión, un vehículo de alguien de seguridad lo persiguió y embistió, pero fue el otro coche el que acabó volcado.

“Estos dos edificios son nuevos”, dice el diputado, que sigue cada paso de las obras. Al otro lado de la verja principal, un agente de seguridad de la empresa de Mészáros amenaza con echar spray a todo el que trate buscar un hueco para ver el interior de la propiedad. Ataviado con un cigarro y unos prismáticos para vigilar la inmensa finca, exige que nadie tome fotografías.

El palacio se sitúa a las afueras del pueblo natal de Orbán, Felcsút. El medio húngao Atlatszo informó que el padre de Orbán compró la propiedad en 2011, un año después de la llegada de su hijo al poder, pero se la alquiló durante años a Mészáros quien, además, ese mismo año se convirtió en alcalde del municipio. Fue en su periodo como alcalde, que se extendió hasta 2018, cuando el amigo del primer ministro acumuló y multiplicó su riqueza.

“No se ha financiado directamente con dinero de la UE, pero sí lo han pagado los europeos de manera indirecta”, cuenta Hadhazy, que también se ha dedicado a seguir el rastro del dinero de fondos europeos. “Lo paga Orbán padre, que ha hecho su fortuna suministrando materiales de construcción, como piedra, a través de contratos públicos a un precio muy superior al de mercado con un margen disparado de entre el 40% y 50%, según los documentos, mientras que el margen de otras empresas clásicas del mismo sector obtienen entre el 4% o 5%”.

Muy cerca del “pequeño Versalles”, también a las afueras del municipio, está el lujoso club de Golf Botaniq, propiedad del padre de Orbán y operado por Mészáros y el yerno de Viktor Orban, István Tiborcz.

Mészáros, que ha dicho abiertamente que su rápido auge económico se debe a “Dios, la buena suerte y a Viktor Orbán”, tiene un terreno colindante con el palacio secreto de los Orbán en el que tiene animales exóticos como cebras y toros de la raza africana Ankole-Watusi, según reveló y fotografió el medio húngaro independiente gulyasagyu.

De camino al centro de Felcsút, Mészáros se está construyendo una enorme mansión con grandes columnas a la entrada y un inmenso terreno en el que trabajan decenas de operarios.

A la entrada del pueblo, un gran cartel publicitario reza “¡Pancho te espera! Hinchas para nuestro equipo en los partidos de fútbol”. Pancho es el apodo del equipo local, el Puskás Akadémia Football Club, fundado por el propio Orbán en 2007 como filial de otro club nacional y presidido por su amigo, el empresario Mészáros.

Esa academia, tras recibir millones de euros de financiación, se ha convertido en un equipo de primera división y Orbán encargó a uno de los arquitectos húngaros más famosos del país, Imre Makovecz, la creación de un gran complejo futbolístico con un estadio central con capacidad de meter a 4.000 personas, el doble de la población total del municipio.

Algunos analistas comparan el proyecto con los delirios de grandeza del dictador rumano Nicolae Ceausescu, que hizo algo similar con el equipo de su pueblo natal, el FC Olt Scornicești.

“Yo soy de Fradi, estos no tienen hinchada”, dice riendo un hombre que pasa frente al estadio. Fradi, de Budapest, es actualmente el mejor equipo de la liga. En los campos adyacentes del Pancho —el complejo tiene 11 campos de fútbol, un hotel, academia y sala de conferencias— una fila de padres ve a sus hijos entrenar. Todos dicen que están ahí por la academia, pero ninguno sigue al Puskas Academia FC en la liga, un equipo con mucho dinero que busca aficionados.

La ubicación del estadio tampoco es casual. Se levanta sobre un antiguo campo de fútbol en el que jugaba Orbán de pequeño y está literalmente pegado a la pequeña casita en la que se crio.

La semana pasada, el primer ministro dio una cómoda entrevista en su casa de Felcsút reforzando su imagen de hombre humilde de pueblo. Orbán nació en el seno de una familia de clase media. Su padre era ingeniero mecánico y su madre, logopeda. El padre era miembro del Partido de los Trabajadores Húngaros, la formación gobernante en la era comunista, y trabajó en el sistema de cooperativas agrícolas.

A lo largo del perímetro del complejo deportivo hay carteles de Testör. Los mismos que había a la entrada del “pequeño Versalles”. La compañía es una de las principales corporaciones de seguridad del país y fue adquirida por Mészáros en 2022.

En las últimas elecciones generales, Fidesz, el partido de Orbán, arrasó en Felcsút con un porcentaje superior al 70%. “Durante esta época , esta zona se ha desarrollado mucho más que el resto. La mayoría de gente que vive aquí recibe trabajo vinculado con Orbán y por eso la mayoría de la gente tiene miedo de hablar”, explica Akos Hadhazy.

“Europa se dio cuenta demasiado tarde que el dinero europeo va para los amigos de Orbán”, denuncia el diputado. El principal asesor del máximo tribunal de la UE declaró en febrero que la corte debería anular una decisión de la Comisión Europea de desbloquear miles de millones de euros en pagos a Hungría que habían sido suspendidos debido a serias preocupaciones en materia de corrupción y Estado de derecho.

Hadhazy asegura que ha sido objeto de distintas campañas de difamación. Primero le acusaron de matar a su vecino y después, de querer casarse con una prostituta. Hasta ahora, el único incidente violento fue el del coche, pero cree que si Orbán vuelve a ganar, el siguiente paso son las agresiones físicas para la gente como él.

El líder opositor Péter Magyar lidera las encuestas con una ventaja de aproximadamente 10 puntos, en lo que muchos consideran unas elecciones decisivas para el futuro del país en las que Orbán puede perder el poder tras 16 años de mandato, siendo el jefe de gobierno más longevo de la UE. Pese a su tamaño, Hungría tiene un gran peso en Bruselas por el papel de disruptor que ejerce el primer ministro, dado que buena parte de las decisiones deben tomarse por unanimidad.

“Con Koldo, voy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide con la mirada”. El juicio del caso mascarillas tiene esos momentos en que se mezclan las frases propias de un programa como el antiguo 'Salsa rosa' y las explicaciones más prolijas sobre los procedimientos de contratación en la Administración pública. El comentario, dirigido a los periodistas antes de su entrada en el Tribunal Supremo, era de Claudia Montes, otra enchufada de José Luis Ábalos que declaró como testigo. Ha participado en varios programas de tertulias televisivas y se ha quedado con el estilo del negocio. Nada mejor que insuflar unas dosis de drama antes de la actuación.

Antes de nada, la conspiración. La prensa preguntó al abogado de Ábalos a las puertas del Supremo a cuenta de qué venían las insinuaciones del día anterior sobre la supuesta relación de Jésica Rodríguez con la prostitución. No dejaban en teoría en muy buen lugar al exministro, que tuvo una larga relación sentimental con ella en la que hubo promesas incumplidas de divorcio de la (tercera) mujer y matrimonio posterior. “Intentamos describir lo que conocemos que existe. Hay datos objetivos que lo atestiguan”, dijo el letrado Marino Turiel. No dijo de qué datos estaba hablando.

La defensa de Ábalos sostiene que Jésica sí conocía al también acusado Víctor Aldama, algo que ella negó. Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo una deducción. La considera “beneficiaria a título lucrativo”, porque ha declarado ante el tribunal como testigo. “El hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que existe un pacto”, dijo Turiel. ¿Imputada porque Ábalos hizo que le pagaran un piso de lujo, pagado por un socio de Aldama, y le dieran un trabajo que no le obligaba a trabajar? Será que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Después de sus actuaciones televisivas de las que ha dado cumplida información en su página de Instagram, se podía esperar una actuación tormentosa de Claudia Montes. Ella y Koldo García se han cruzado querellas (ella por acoso y él por injurias) tras fracasar los actos de conciliación. No fue para tanto. Sí dio lugar a una intervención un tanto original antes de empezar a prestar declaración. Cuando el presidente del tribunal le hizo la pregunta de rigor que se hace a todos los testigos sobre si conocía a los acusados, Montes respondió que prefería no responder sobre alguien en concreto: “Con Koldo, tengo un tema personal del que no me gustaría hablar porque me trae malos recuerdos”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta lo dejó pasar, porque para qué complicarse más la vida.

Los testigos están obligados a responder en un juicio a todas las preguntas que les hagan acusaciones y defensas. En su ingenuidad, Montes debió de pensar que podía establecer excepciones. El fiscal y abogados intervinientes optaron por no profundizar en ese tema que mencionó la testigo. Tampoco se trataba de hacer sangre.

Muchos medios de comunicación han identificado a Montes como una antigua Miss Asturias, un dato no muy relevante en toda esta investigación judicial. Quizá para insinuar alguna relación sentimental con el exministro, algo que ella siempre ha negado y que no salió en ningún momento de su declaración. Por ser precisos, fue elegida Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años en 2017, dos años antes de conocer a Ábalos.

Montes confirmó que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y que tuvo con él una relación de amistad: “Me ayudó mucho a culturizarme en el tema de la política”. Tiempo después, le pidió ayuda para encontrar trabajo y recibió enlaces de Infojobs. En realidad, fue mucho más. Contó que Koldo se puso en contacto con ella y le solicitó el currículum. Al declarar, afirmó que Ábalos nunca le dijo que “la había enchufado”. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El fiscal Alejandro Luzón citó un mensaje suyo a Koldo con un agradecimiento: “No os voy a defraudar”.

Montes empezó a trabajar en diciembre de 2019 en Logirail, una filial de Renfe, donde tuvo problemas muy pronto. Afirma que la situaron en una oficina de una estación de tren, donde trabajaba sin ordenador “de cara a la pared”. Ante su escasa actividad, fue a una biblioteca para coger libros sobre trenes con los que ampliar conocimientos.

Lo peor vino después. El director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, le abrió un expediente por faltar más de ocho días al trabajo, ausencia que ella negó. Montes tuvo una suerte bárbara porque Méndez fue relevado al poco tiempo y su sustituto cerró el expediente sin sanción. ¿Casualidad o causalidad? El directivo prefirió no expresar ninguna sospecha.

A las extrañas relaciones laborales que rodean al universo de Ábalos hay que sumar lo que dijo Claudia Montes: “Desde el principio, (Koldo) me dijo que era mi jefe”. Koldo García no trabajó en ningún momento en Logirail, pero era miembro del Consejo de Administración de Renfe por decisión de Ábalos. Cuando nombras a tu asistente personal, con experiencia anterior de guardaespaldas y chófer, como consejero de Renfe, está claro que no vas a permitir que tus recomendadas tengan problemas en el trabajo.

Algo debió de pasar que no fue bien explicado y que quizá tuvo que ver con Koldo García, según las denuncias que ha hecho Montes en televisión, porque finalmente fue despedida: “El despido me llegó por burofax cuando estaba de baja por acoso”.

Hubo tiempo para otra pregunta inesperada. La abogada de Koldo García le preguntó si es “colaboradora de la UCO”. Montes respondió que no, pero luego dijo que había comunicado ciertos “problemas” por irregularidades a la sucesora de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, y hasta a Óscar Puente sin recibir respuesta. Por último, llamó a la UCO, así que algo debió de colaborar.

En el plano positivo para ella, nadie la acusó de ser una prostituta ni de ser una espía de Aldama. Luego apareció en dos programas de Cuatro, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar sendas entrevistas. Había que aprovechar el día en Madrid.

“És el projecte de major magnitud de la legislatura”. El 24 de novembre de 2004, un exultant Jaume Matas —avui amb múltiples condemnes per corrupció— anunciava per sorpresa la posada en marxa de la primera línia de metro de Palma. Fins aleshores, la capital balear no només no disposava d’aquesta infraestructura, sinó que tampoc no existia un debat tècnic sòlid que la justifiqués. “Les ciutats modernes d’Espanya, Europa i el món tenen metro”, proclamava aleshores el líder autonòmic del PP. Tanmateix, allò que es va presentar com un símbol de modernitat acabaria convertint-se en una de les obres més controvertides del seu mandat: la construcció del metro va acabar marcada pel calendari electoral, travessada pels sobrecostos i llastrada per una execució tècnica qüestionada sobre la qual mai no va deixar de planar la sospita de la corrupció.

Gairebé dues dècades després, el Govern balear ha anunciat que reforçarà la connectivitat ferroviària i ampliarà la infraestructura amb l’objectiu de dur-la fins a l’hospital de referència de Balears, el de Son Espases, als afores de Palma. Un anunci que ha tornat a situar al centre del debat una pregunta de fons: fins a quin punt aquella infraestructura va respondre a una necessitat real de mobilitat o va ser, en essència, una decisió política accelerada dissenyada per materialitzar-se en un termini electoral concret.

La línia M1, que al llarg de 7,5 quilòmetres cercava connectar Palma amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), va ser concebuda i executada en temps rècord. A l’octubre de 2004, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava la licitació del soterrament ferroviari i la construcció de l’estació intermodal de Palma, node central de la xarxa, i a l’abril de 2005, la de les obres d’execució de la línia. L’objectiu era clar: arribar a les eleccions autonòmiques de 2007 amb el projecte inaugurat. I així va ser: el 25 d’abril d’aquell any, 33 dies abans dels comicis, el metro es posava en marxa. Tanmateix, el símbol de modernitat duraria poc. Després de les primeres pluges intenses que varen caure sobre Palma després de la seva inauguració, el metro va col·lapsar: diverses estacions i trams quedaren completament inundats i el servei hagué de suspendre’s durant deu mesos.

El 25 d'abril de 2007, tot just un mes abans de les eleccions autonòmiques, el metro es posava en marxa. No obstant això, el símbol de modernitat duraria poc: la infraestructura es va veure inundada per les primeres pluges que van caure després de la seva inauguració i el servei va quedar suspès durant deu mesos

Les imatges —andanes negades, túnels convertits en canals— no només varen ocupar titulars, sinó que varen posar al descobert les deficiències estructurals del projecte, que obligaren a intervenir d’urgència i a replantejar parts essencials de la infraestructura. A aquestes deficiències s’hi va afegir el context en què s’havien desenvolupat els treballs: una etapa (la legislatura 2003-2007, amb Matas ja fora del Govern de José María Aznar) marcada per la construcció de projectes colossals en què grans constructores es varen fer amb contractes milionaris. En el cas del metro, la Fiscalia Anticorrupció va arribar a investigar un suposat frau de fins a 3,8 milions d’euros per pagaments de treballs no executats i factures sense contracte, però les diligències no varen tenir recorregut i acabaren diluint-se sense conseqüències penals.

Sobrecàrrecs i decisions accelerades

L’execució del metro de Palma es va articular a través d’una xarxa de concessionàries integrades en diverses unions temporals d’empreses (UTE), un model habitual en l’obra pública que permet a diverses empreses concórrer conjuntament però que també dificulta el seguiment del procés i l’atribució de responsabilitats. Anys després, quan el gabinet de Jaume Matas es va veure esquitxat pels casos de corrupció, alguns dels actors implicats en aquell procés varen assenyalar que els terminis varen condicionar decisions clau: des del disseny fins a l’execució, passant per la supervisió de les obres. La prioritat política d’arribar a temps a la inauguració es va acabar imposant a la prudència tècnica.

Anys després, quan el gabinet de Jaume Matas es va veure esquitxat pels casos de corrupció, alguns dels actors implicats en l'execució del metro van assenyalar que els terminis van condicionar decisions clau: des del disseny fins a l'execució, passant per la supervisió de les obres

Tant és així que, si el metro comptava amb un pressupost inicial de 235 milions d’euros —una xifra similar a la que es contempla amb l’ampliació anunciada—, el cost final de construcció es va elevar fins als 343 milions, als quals calgué afegir prop de 28 milions en obres de reparació després de les inundacions. A això s’hi va sumar l’impacte de la financiació, que va encarir encara més el cost real de la infraestructura, superant àmpliament les previsions inicials en un projecte marcat per decisions accelerades i una planificació tècnica que acabà revelant-se insuficient.

Els treballs d'execució es van articular en diverses fases. Una d'elles, corresponent al soterrament de les vies i a la construcció de l'estació intermodal, node central de la xarxa, va recaure, per 29 milions d'euros, en la UTE conformada per FCC, Sampol i Brues, aquesta última propietat del constructor Antonio Pinal. A més de desfilar com a imputat davant del jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz pel seu rol en els 'papers de Bárcenas', Pinal seria assenyalat per l'exregidor d'Urbanisme Javier Rodrigo de Santos i l'extresorer nacional del PP com la persona que havia ajudat a finançar la seu del PP balear a canvi d'adjudicacions públiques i terrenys per al desenvolupament dels seus macroprojectes urbanístics. No en va, un informe de l'Agència Tributària va certificar que, sota el mandat de Matas, el Govern balear havia atorgat contractes per un total de 27,2 milions d'euros a Construcciones Brues S.A.

Malgrat el convenciment del jutge instructor, José Castro, que la formació conservadora havia “comptat amb un sistema de finançament estructurat sobre una duplicitat de caixes i comptabilitats”, les recerques van caure en sac foradat quan la Fiscalia Anticorrupció va reclamar l'arxivament. Si les confessions de Rodrigo de Santos i Bárcenas no es van veure referendades per dades objectives alienes a aquestes, postil·lava el magistrat, es devia al fet que els autors del suposat delicte s'haurien “afanyat per fer els lliuraments de manera que no deixessin rastre”.

Quant a l'execució de la línia metropolitana, les obres, dividides en tres etapes, es van repartir entre diverses UTE. Una d'elles, adjudicada per 35,4 milions, estava liderada per Dragados, una de les principals filials del grup ACS. Al capdavant de la mateixa es trobava Juan Antonio Esteban, aleshores delegat territorial de la constructora i avui regidor de Vox a l'Ajuntament de Palma. El seu nom va aparèixer en un dels grans casos de corrupció impulsats contra Matas, el de Son Espases, arran de les irregularitats comeses en l'adjudicació del major hospital de Balears. En el marc d'aquesta macrocausa, Rodrigo de Santos va assegurar que el PP balear, sota el mandat de Matas i amb la connivència del partit a nivell estatal, exigia un 3% en comissions amb cada adjudicació pública.

La concessió de l'hospital i d'altres projectes -sempre segons el testimoni de l'exregidor- seria atorgada a qui es comprometés a abonar el suborn fixat en cada projecte. Després d'un llarg procés plagat de vicissituds, la construcció i explotació de l'hospital van ser atorgades, per 635 milions d'euros, a l'UTE formada per Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. i Llabrés Feliu S.A. Segons va assenyalar De Santos, Esteban li havia traslladat que Matas havia demanat diners al president d'ACS, Florentino Pérez. El representant de Dragados va negar en la seva declaració com a testimoni que la seva empresa hagués pagat cap comissió, ja que es tractava d'una conducta la pràctica de la qual hauria estat “impossible” en la constructora. Mai no va arribar a provar-se cap suborn.

En paral·lel, en una legislatura marcada per l'abusiva externalització de serveis -en la qual nombrosos tècnics i empresaris tenien accés a informació de les diferents adjudicacions i la traçabilitat de les quals resulta, encara avui, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas va contractar una consultora, Global PM, per a realitzar el seguiment de les obres del metre. En col·laboració amb grans signatures com Prointec, Global PM no va ser un actor menor en les grans adjudicacions públiques d'aquella legislatura, sinó una peça situada en el cor dels processos de decisió. Va ser també, de fet, l'encarregada d'elaborar l'informe que hauria d'influir en la valoració d'ofertes per a la construcció de Son Espases. Com declararien diversos testimoniatges, la mercantil, amb l'empresari Jesús Peinado al capdavant, va començar a operar en Balears de la mà de l'històric dirigent del PP balear Josep Maria Rodríguez, qui durant anys va moure els ressorts interns del partit fins a convertir-se, per a bé i per a dolent, en el principal home de confiança de Matas, amb qui va acabar compartint banqueta i condemna.

El 2008, la que havia estat consellera d'Obres Públiques sota el mandat de Matas, Mabel Cabrer -el nom de la qual, sense arribar a ser imputada ni condemnada, va aparèixer en diverses investigacions judicials relacionades amb la gestió de contractes públics durant aquella legislatura, com el cas Over, que va treure a la llum el finançament il·legal del PP, ratificat pel Tribunal Suprem-, va demanar disculpes pels “errors” i “equivocacions” detectats a les obres del metro, però va assegurar que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encarregada de la gestió de la infraestructura, sempre va actuar amb “total transparència i la màxima legalitat”.

Un any després, el 2009, el pacte de progrés encapçalat, per segona vegada, per l'expresident socialista Francesc Antich, denunciava davant la Fiscalia Anticorrupció els pagaments efectuats per l'Executiu de Matas per serveis d'assessoria sense cobertura contractual que afectaven Global PM. Segons la documentació remesa, es van detectar facturacions que podien implicar un cobrament duplicat en treballs relacionats amb la supervisió del metro per un import proper als 1,3 milions d'euros. Des de l'empresa, tanmateix, es va traslladar a l'Administració que la duplicitat responia a un error i es va oferir a regularitzar la situació mitjançant compensacions en factures pendents.

La inauguració i el col·lapse: les inundacions del 2007

Quan faltava poc més d'un mes per a la celebració dels comicis autonòmics de maig de 2007, finalment posava en marxa la primera línia de metro de Palma, el projecte que Matas havia anunciat com a símbol d'avenç en la mobilitat de l'illa, convertit en una de les principals cartes de presentació de la legislatura en el moment en què aquesta encarava la seva recta final. Juntament amb el metro va ser inaugurada una altra gran obra, el velòdrom Palma Arena: projectat amb l'objectiu d'albergar el Mundial de ciclisme en pista d'aquell any, l'expresident balear va oferir en aquestes instal·lacions el seu principal míting de campanya. A Eivissa, el PP presentava un altre dels seus projectes estrella, l'autopista, la construcció de la qual va encendre la guspira d'una de les majors protestes mediambientals dutes a terme a l'illa.

No obstant això, la magnanimitat dels projectes i la urgència per finalitzar-los no van tenir l'efecte esperat en les urnes. La patacada electoral de Matas, que el va abocar a l'abandó de la política per a traslladar-se als Estats Units, va donar pas al segon mandat d'esquerres de Balears, amb Antich -que ja havia liderat el primer pacti de progrés de la història democràtica balear- de nou en la presidència. En paral·lel arrencava un periple judicial replet d'escàndols que s'allargaria durant pràcticament una dècada: contractes a dit, suborns i desviament de fons públics van començar a aflorar després de les obres colossals que el exlíder popular va convertir en la seva senya d'identitat en la seva aposta per un model de creixement ràpid i electoralment rendible.

La magnanimitat dels projectes i la urgència per finalitzar-los no van tenir l'efecte esperat a les urnes. La patacada electoral de Matas, que el va abocar a l'abandonament de la política per traslladar-se als Estats Units, va donar pas al segon mandat d'esquerres de Balears, amb el socialista Francesc Antich de nou a la presidència

Les controvèrsies al voltant del metro no es van limitar a la seva execució. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va posar en evidència, el 2019, els conflictes contractuals sorgits durant l’obra. Entre altres qüestions, la sentència revelava el paper que va exercir la consultora Global PM després del col·lapse del sistema i les greus inundacions del 2007: SFM va haver d’encarregar auditories tècniques i refer la liquidació de les obres. Per fer-ho, va recórrer novament a la mateixa empresa que havia prestat assistència tècnica durant l’execució perquè realitzàs, en aquesta ocasió, una nova medició general de l’obra.

Aquest detall no és menor: implica que la mateixa estructura tècnica que hauria d’haver detectat els problemes durant la construcció va ser l’encarregada posteriorment de recalcular i validar les obres executades en un context marcat per greus deficiències. La resolució, consultada per aquest diari, descriu com, després de les inundacions, la liquidació inicial —de més de 7,4 milions d’euros— va ser descartada i substituïda per una nova proposta basada en aquests treballs de medició.

Les xifres judicials del projecte

La sentència també posa xifres al volum econòmic en disputa. La liquidació final aprovada per SFM per a la fase I del projecte va ascendir a 6,43 milions d’euros, després d’un procés complex en què fins i tot es va discutir judicialment el pagament d’interessos per retards en l’abonament de les certificacions. Les constructores Tecsa, Matías Arrom Bibiloni i Dragados van arribar a reclamar 502.861 euros en concepte d’interessos de demora pel pagament tardà de la certificació final d’obra que recollia l’import de la liquidació. No obstant això, els tribunals varen rebutjar una part substancial d’aquestes pretensions en considerar que no estaven degudament justificades ni comptaven amb la preceptiva cobertura contractual, i només varen reconèixer parcialment aquelles partides acreditades, fet que evidencia el grau d’improvisació i conflicte que va acompanyar l’obra.

Amb el pas dels anys, el metro de Palma s’ha anat consolidant dins la xarxa de transport ferroviari de Mallorca, ampliant-ne l’abast i convertint-se en una peça clau del transport públic de l’illa. La línia M1 s’ha mantingut com l’eix principal del servei, amb millores operatives i de freqüència destinades a reforçar-ne l’ús quotidià, especialment en hores punta i durant el curs universitari, i ha estat ampliada recentment fins al centre tecnològic del Parc Bit. L’any 2013 es va posar en marxa la línia M2, l’execució de la qual, a diferència de la M1, no va implicar la construcció de nous túnels, sinó que va aprofitar el traçat ferroviari preexistent per enllaçar la capital balear amb el municipi de Marratxí, ampliant la cobertura del metro de manera ràpida i amb un cost menor. La M2 es va integrar així en la xarxa com una solució híbrida entre metro i rodalies, reforçant la connexió metropolitana sense necessitat de grans obres addicionals.

El Govern preveu ara portar el metro fins a l’hospital de Son Espases, per a la qual cosa contempla una inversió inicial de 230 milions d’euros, l’inici de les obres el 2029 i una demanda estimada de tres milions de viatgers anuals. Aquella infraestructura nascuda entre presses forma avui part del dia a dia de milers d’usuaris. Però el seu origen continua projectant una ombra allargada: la d’una obra concebuda sota pressió política, els efectes de la qual —tècnics i econòmics— varen trigar anys a aflorar.

Amor significa no tener que decir nunca 'lo siento', se escuchaba en esa lacrimógena película que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea.

En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama.

Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol.

El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones.

Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama.

Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no.

Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?”. Hubo murmullos, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes.

No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa.

La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”.

En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda.

Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera.

Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”.

No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos.

Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

La Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la querella de un exconcejal de Democracia Ourensana en la que se denunciaba la supuesta adquisición con fondos municipales de material técnico derivado a la televisión privada Auria TV, propiedad del regidor. Según ha señalado el magistrado Leonardo Álvarez en un auto, “no se ha acreditado” que los hechos investigados “sean contrarios al ordenamiento jurídico penal”, al recalcar que comprar material técnico para grabar actuaciones relacionadas con el Ayuntamiento o contratar a un asesor con el fin de encargarse, entre otras funciones, de realizar tales grabaciones “en ningún caso es constitutivo de delito”.

En este sentido, el juez ha señalado que, el posible “trato preferencial que desde el Ayuntamiento de Ourense se le puede estar dando a la televisión del alcalde”, debe de debatirse en el pleno municipal, subrayando que si la decisión que se tome “no es del agrado de algún concejal”, habrá que impugnar dichos acuerdos ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, “mucho más adecuados para dar respuesta a dicha cuestión”.

En concreto, la querella cuestionaba la posible adquisición por parte de Pérez Jácome en junio de 2020 de diverso material técnico entre el que se encontraba dos cámaras por un total de 8.698,04 euros, con cargo al Ayuntamiento de Ourense, recalcando que dichas cámaras “fueron utilizadas con fines privados”, en concreto para realizar grabaciones para Auria TV, “televisión propiedad del señor alcalde”. Ante dicha cuestión, el magistrado ha considerado que la prueba aportada no es “en absoluto suficiente para afirmar que dichas grabaciones se hiciesen para ser emitidas exclusivamente por Auria TV”, subrayando que es “indudable” el interés que dichas grabaciones “tienen para la ciudadanía ourensana”.

“A juicio de este instructor se antoja totalmente razonable que el Ayuntamiento de Ourense adquiera material técnico adecuado para realizar grabaciones de actos que guardan relación con el Ayuntamiento y que son de interés para los ourensanos teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las redes sociales”, ha señalado en el auto.

Contratación de un asesor

En esta línea, el querellante cuestionaba además la contratación del asesor municipal, quien “en realidad desempeña funciones para Auria TV”, destacando el juez que “ninguna prueba se ha practicado al objeto de acreditar esta circunstancia”. “El testigo únicamente desempeña funciones para el Ayuntamiento de Ourense desde el año 2019 y desde esa fecha no ha realizado ningún tipo de actividad al servicio de Auria TV, si bien reconoce el testigo que es el encargado de realizar grabaciones para el Ayuntamiento de Ourense lo cual tampoco se considera contrario al ordenamiento jurídico penal”, ha añadido el juez. Sin embargo, en este sentido, el magistrado ha matizado que, en cuanto a la compatibilidad entre la condición de alcalde y su condición de propietario de la televisión Auria TV, “es una cuestión que forma parte del objeto de otras diligencias previas”.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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“Es el proyecto de mayor magnitud de la legislatura”. El 24 de noviembre de 2004, un exultante Jaume Matas, expresidente balear hoy multicondenado, anunciaba por sorpresa la puesta en marcha de la primera línea de metro de Palma. Hasta entonces, la capital balear carecía de una infraestructura que ya había sido planteada por el primer pacto de izquierdas que, entre 1999 y 2003, gobernó en Balears. “Las ciudades modernas de España, Europa y el mundo tienen metro”, proclamaba entonces el líder autonómico del PP, que tomó el testigo de una obra cuyo desarrollo activó en tiempo récord. Sin embargo, lo que se presentó como símbolo de modernidad acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos más controvertidos de su mandato: la construcción del metro acabó marcada por el calendario electoral, atravesada por los sobrecostes y lastrada por una ejecución técnica cuestionada sobre la que nunca dejó de planear la sospecha de la corrupción.

Casi dos décadas después, el Govern balear ha anunciado que reforzará la conectividad ferroviaria y ampliará la infraestructura, hoy utilizada por miles de usuarios, con el objetivo de llevarla hasta el hospital de referencia de Balears, el de Son Espases, a las afueras de Palma. Un anuncio que ha devuelto al centro del debate una pregunta que emergió en su momento: hasta qué punto el metro impulsado por el equipo de gobierno de Matas respondió a una necesidad real de movilidad o fue, en esencia, una decisión diseñada para materializarse con un horizonte político concreto.

La línea M1, que a lo largo de 7,5 kilómetros buscaba conectar Palma con la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue concebida y ejecutada en poco más de dos años, un plazo inusualmente breve para una infraestructura subterránea de estas características, cuyo desarrollo suele prolongarse durante varios ejercicios y requiere fases previas de estudio, proyecto y ejecución más dilatadas. En abril de 2005, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la licitación de las obras y el 25 de abril de 2007 -33 días antes de las elecciones autonómicas de ese año-, el metro se ponía en marcha. El objetivo de llegar a los comicios con el proyecto en funcionamiento se cumplió con creces. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco. Tras las primeras lluvias intensas que cayeron sobre Palma después de su inauguración, el metro colapsó: varias estaciones y tramos quedaron completamente inundados y el servicio tuvo que suspenderse durante diez meses.

El 25 de abril de 2007, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas, el metro se ponía en marcha. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco: la infraestructura se vio inundada por las primeras lluvias que cayeron tras su inauguración y el servicio quedó suspendido durante diez meses

Las imágenes -andenes anegados, túneles convertidos en canales- no solo ocuparon titulares, sino que sacaron a la luz las deficiencias estructurales del proyecto, que obligaron a intervenir de urgencia y a replantear partes esenciales de la infraestructura. A las deficiencias se sumó el contexto en el que se habían desarrollado los trabajos: una etapa (la legislatura 2003-2007, con Matas fuera ya del Gobierno de José María Aznar) marcada por la construcción de proyectos colosales en los que grandes constructoras se hicieron con contratos millonarios. En el caso del metro, la Fiscalía Anticorrupción llegó a investigar un supuesto fraude de hasta 3,8 millones de euros por pagos de trabajos no ejecutados y facturas sin contrato, pero las diligencias no tuvieron recorrido y acabaron diluyéndose sin consecuencias penales.

Sobrecostes y decisiones aceleradas

La ejecución del metro de Palma se articuló a través de una red de concesionarias integradas en varias Uniones Temporales de Empresas (UTE), un modelo habitual en la obra pública que permite a varias empresas concurrir de forma conjunta pero que también dificulta el seguimiento del proceso y la atribución de responsabilidades. Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en aquel proceso apuntaron a que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras. La prioridad política de llegar a tiempo a la inauguración terminó imponiéndose sobre la prudencia técnica, como en otras obras de la época.

Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en la ejecución del metro señalaron que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras

Tanto fue así que, si el metro contaba con un presupuesto inicial de 235 millones de euros -una cifra similar a la que se contempla con la ampliación recién anunciada-, el coste final de construcción acabó elevándose a los 343 millones, a los que hubo que añadir cerca de 28 millones en obras de reparación tras las inundaciones. Con el impacto de la financiación y los intereses, la factura total llegó a superar los 500 millones de euros -de acuerdo a los cálculos efectuados por el equipo de gobierno que sustituyó a Matas-, más del doble de lo previsto inicialmente en un proyecto marcado por las decisiones aceleradas y una planificación técnica que acabó revelándose insuficiente. La falta de tiempo también afectó a la evaluación de riesgos geotécnicos, especialmente en una ciudad con zonas inundables y una compleja relación con el nivel freático.

Los trabajos de ejecución se articularon en varias fases. Una de ellas, correspondiente al soterramiento de las vías y a la construcción de la estación intermodal, nodo central de la red, recayó, por 29 millones de euros, en la UTE conformada por FCC, Sampol y Brues, ésta última propiedad del constructor Antonio Pinal. Además de desfilar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su rol en los 'papeles de Bárcenas', Pinal sería señalado por el exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos y el extesorero nacional del PP como la persona que había ayudado a financiar la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas y terrenos para el desarrollo de sus macroproyectos urbanísticos. No en vano, un informe de la Agencia Tributaria certificó que, bajo el mandato de Matas, el Govern balear había otorgado contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues S.A.

Pese al convencimiento del juez instructor, José Castro, de que la formación conservadora había “venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades”, las investigaciones cayeron en saco roto cuando la Fiscalía Anticorrupción reclamó el archivo. Si las confesiones de Rodrigo de Santos y Bárcenas no se vieron refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas, apostillaba el magistrado, se debía a que los autores del supuesto delito se habrían “afanado por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

En cuanto a la ejecución de la línea metropolitana, las obras, divididas en tres etapas, se repartieron entre varias UTE. Una de ellas, adjudicada por 35,4 millones, estaba liderada por Dragados, una de las principales filiales del grupo ACS. Al frente de la misma se encontraba Juan Antonio Esteban, entonces delegado territorial de la constructora y hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma. Su nombre apareció en uno de los grandes casos de corrupción impulsados contra Matas, el de Son Espases, a raíz de las irregularidades cometidas en la adjudicación del mayor hospital de Balears. En el marco de esta macrocausa, Rodrigo de Santos aseguró que el PP balear, bajo el mandato de Matas y con la connivencia del partido a nivel estatal, exigía un 3% en comisiones con cada adjudicación pública.

La concesión del hospital y de otros proyectos -siempre según el testimonio del exconcejal- sería otorgada a quien se comprometiera a abonar el soborno fijado en cada proyecto. Tras un largo proceso plagado de vicisitudes, la construcción y explotación del hospital fueron otorgadas, por 635 millones de euros, a la UTE formada por Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. Según señaló De Santos, Esteban le había trasladado que Matas había pedido dinero al presidente de ACS, Florentino Pérez. El representante de Dragados negó en su declaración como testigo que su empresa hubiese pagado comisión alguna, puesto que se trataba de una conducta cuya práctica habría sido “imposible” en la constructora. Nunca llegó a ser probado soborno alguno.

En paralelo, en una legislatura marcada por la abusiva externalización de servicios -en la que numerosos técnicos y empresarios tenían acceso a información de las distintas adjudicaciones y cuya trazabilidad resulta, aún hoy, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas contrató a una consultora, Global PM, para realizar el seguimiento de las obras del metro. En colaboración con grandes firmas como Prointec, Global PM no fue un actor menor en las grandes adjudicaciones públicas de aquella legislatura, sino una pieza situada en el corazón de los procesos de decisión. Fue también, de hecho, la encargada de elaborar el informe que habría de influir en la valoración de ofertas para la construcción de Son Espases. Como declararían varios testimonios, la mercantil, con el empresario Jesús Peinado al frente, comenzó a operar en Balears de la mano del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez, quien durante años manejó los resortes internos del partido hasta convertirse, para lo bueno y para lo malo, en el principal hombre de confianza de Matas, con quien acabó compartiendo banquillo y condena.

En 2008, la que había sido consellera de Obras Públicas bajo el mandato de Matas, Mabel Cabrer -cuyo nombre, sin llegar a ser imputada ni condenada, apareció en varias investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de contratos públicos durante aquella legislatura, como el caso Over, que sacó a la luz la financiación ilegal del PP, ratificada por el Tribunal Supremo-, pidió disculpas por los “fallos” y “equivocaciones” detectados en las obras del metro, pero aseguró que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encargada de la gestión de la infraestructura, siempre actuó con “total transparencia y la máxima legalidad”.

Un año después, en 2009, el pacte de progrés encabezado, por segunda vez, por el expresidente socialista Francesc Antich, denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por el Ejecutivo de Matas por servicios de asesoría sin cobertura contractual que afectaban a Global PM. Según la documentación remitida, se detectaron facturaciones que podían implicar un cobro duplicado en trabajos relacionados con la supervisión del metro por un importe cercano a los 1,3 millones de euros. Desde la empresa, sin embargo, se trasladó a la Administración que la duplicidad respondía a un error y se ofreció a regularizar la situación mediante compensaciones en facturas pendientes.

La inauguración y el colapso: las inundaciones de 2007

Cuando faltaba poco más de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007, finalmente echaba a andar la primera línea de metro de Palma, el proyecto que Matas había anunciado como símbolo de avance en la movilidad de la isla, convertido en una de las principales cartas de presentación de la legislatura en el momento en el que ésta encaraba su recta final. Junto al metro fue inaugurada otra gran obra, el velódromo Palma Arena: proyectado con el objetivo de albergar el Mundial de ciclismo en pista de ese año, el expresidente balear ofreció en estas instalaciones su principal mitin de campaña. En Eivissa, el PP presentaba otro de sus proyectos estrella, la autopista, cuya construcción encendió la espita de una de las mayores protestas medioambientales llevadas a cabo en la isla.

Sin embargo, la magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con Antich -que ya había liderado el primer pacte de progrés de la historia democrática balear- de nuevo en la presidencia. En paralelo arrancaba un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: contratos a dedo, cohechos y desvío de fondos públicos comenzaron a aflorar tras las obras colosales que el exlíder popular convirtió en su seña de identidad en su apuesta por un modelo de crecimiento rápido y electoralmente rentable.

La magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con el socialista Francesc Antich de nuevo en la presidencia

Las controversias en torno al metro no se limitaron a su ejecución. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) puso en evidencia, en 2019, los conflictos contractuales surgidos durante la obra. Entre otros problemas, el fallo revelaba el papel que desempeñó la consultora Global PM tras el colapso del sistema y las graves inundaciones de 2007: SFM tuvo que encargar auditorías técnicas y rehacer la liquidación de las obras. Para ello, recurrió de nuevo a la misma empresa que había brindado asistencia técnica durante la ejecución para que realizase, en esta ocasión, una nueva medición general de la obra.

Este detalle no es menor: significa que la misma estructura técnica que debía haber detectado los problemas durante la construcción fue la encargada después de recalcular y validar las obras ejecutadas en un contexto marcado por deficiencias graves. La resolución, consultada por este periódico, describe cómo, tras las inundaciones, la liquidación inicial -de más de 7,4 millones de euros- fue descartada y sustituida por una nueva propuesta basada en esos trabajos de medición.

Las cifras judiciales del proyecto

El fallo también pone cifras al volumen económico en disputa. La liquidación final aprobada por SFM para la fase I del proyecto ascendió a 6,43 millones de euros tras un complejo proceso en el que incluso se discutió judicialmente el pago de intereses por retrasos en el abono de las certificaciones. Las constructoras Tecsa, Matías Arrom Bibiloni y Dragados llegaron a reclamar 502.861 euros en intereses de demora por el pago tardío de la certificación final de obra que recogía el importe de la liquidación. Sin embargo, los tribunales rechazaron una parte sustancial de esas pretensiones al considerar que no estaban debidamente justificadas ni contaban con la preceptiva cobertura contractual, y solo reconoció parcialmente aquellas partidas acreditadas, evidenciando el grado de improvisación y conflicto que acompañaron a la obra.

Con el paso de los años, el metro de Palma fue consolidándose dentro de la red de transporte ferroviario de Mallorca, ampliando su alcance y convirtiéndose en pieza clave del transporte público de Mallorca. La línea M1 se mantuvo como el eje principal del servicio, con mejoras operativas y de frecuencia destinadas a reforzar su uso cotidiano, especialmente en horas punta y durante el curso universitario, siendo ampliada el año pasado hasta el centro tecnológico Parc Bit. En 2013 fue puesta en marcha la línea M2, cuya ejecución, a diferencia de la M1, no implicó la construcción de nuevos túneles, sino que aprovechó el trazado ferroviario preexistente para enlazar la capital balear con el municipio de Marratxí, ampliando la cobertura del metro de forma rápida y con menor coste. La M2 se integró así en la red como una solución híbrida entre metro y cercanías, reforzando la conexión metropolitana sin necesidad de grandes obras adicionales.

El Govern prevé ahora llevar el metro hasta el hospital de Son Espases, para lo cual contempla una inversión inicial de 230 millones, el inicio de las obras en 2029 y una demanda de tres millones de viajeros anuales. Aquella infraestructura nacida entre prisas forma parte hoy del día a día de miles de usuarios. Pero su origen continúa proyectando una sombra alargada: la de una obra concebida bajo presión política cuyos efectos, técnicos y económicos tardaron años en aflorar.

El calendario judicial ha obligado a todos a ponerse las pilas justo después del fin de las vacaciones de Semana Santa. Dos grandes juicios coinciden en el tiempo y cada uno de ellos refleja lo peor de los dos principales partidos españoles. El abuso de poder en el caso de la operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés.

Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes.

El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables.

El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos.

“Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo.

Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación.

De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno.

El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos.

La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP.

Segundo argumento para salir del embrollo. La moción de censura que destituyó a Rajoy sirvió para saldar las responsabilidades políticas por todos esos delitos que están siendo juzgados ahora, comentó Bravo. Esto último es sencillamente maravilloso. En cuestión de semanas, el PP ha pasado de denunciar que esa moción de censura fue un escándalo –entre otras cosas, por el papel de Ábalos en su presentación en el Congreso– a utilizarla como argumento para explicar que tuvo un efecto muy relevante, casi hasta positivo, porque sirvió para dilucidar responsabilidades políticas.

Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos.

Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Con estas palabras ha respondido este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a la siguiente pregunta específica de una periodista: “Quería saber si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen y a quienes ha señalado el señor Bárcenas”. Bravo ha evitado respaldar a esos dos exdirigentes de su propio partido y se ha limitado a pedir “respeto” para la actuación de los tribunales. Coincidiendo con el inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”.

“El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

“Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. 

Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes”

Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho.

En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa.

Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir.

García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.

El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.

Acusados y separados

El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.

Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.

En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

José Francisco Garre, que renunció hace unos días a su vicepresidencia del Comité de Garantías de Vox y su baja del partido, está en el punto de mira de sus propios compañeros, que le acusan de corrupto y “traidor” al haber llegado a acuerdos con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia) Pedro Ángel Roca, del PP, a espaldas de Vox. Según asegura El País, desde Vox se habrían enterado “por la prensa” de estos acuerdos, y le exigen que devuelva su acta de concejal.

Según informa el mismo medio, Garre, que también fue portavoz de Vox en Torre Pacheco, ha confesado no haber consultado con los directivos del partido su aprobación para realizar estos acuerdos con el alcalde de la localidad, pero sí lo había pedido el permiso “desde hace teimpo”, ya que Vox también gobierna en otras localidades murcianas, como son Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Garre, en una conversación con El País, ha insistido en que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que en su partido pensaban “que no era el momento, que había que aguantar y esperar”. José Francisco Garre definía la situación como “desesperada, porque el ayuntamiento estaba bloqueado y hay contratos importantes, como la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines o el agua, que han vencido o están a punto de hacerlo”. El mismo que hasta hace unos días fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, ha confesado que habló com varias compañeras concejales del partido, y “salvo una, las otras dos estuvieron de acuerdo en dar ese paso. En la pasada legislatura teníamos cierta libertad, pero ahora el partido funciona manu militari”.

Sin embargo, Vox no solo acusa a Garre de “traidor”, sino también de corruputo. El propio partido, a tarvés de un comunicado, explicaba que hace unas semanas “se le requirió desde la dirección de Vox para que justificara el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

Según El País, Garre presentará una querella contra su propio partido por injurias, considerándolo “un intento por manchar su honorabilidad”. El que fue vicepresidente del Comité de Garantías de Vox desde 2020 mantiene que no sabe quién ordenó esas transferencias, pero sí que pero sí “responden a un pacto alcanzado en 2023 con el actual portavoz en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez”, quien, según explica Garre al mismo medio, le pagaría una iguala a cambio de asesoramiento jurídico a los concejales de Vox en Murcia, además de “elaborar informes y borradores de proyectos de ley y dirigir procedimientos judiciales a nivel autonómico y nacional”.

El comunicado de Vox hace referencia a dos pagos que corresponden a sus honorarios del primer y segundo semestre de 2025, justifica Garre a El País: “Hay factura en ambos casos, el importe está perfectamente justificado y declarado a Hacienda”. Garre ha explicado que le dio “todas las explicaciones” a la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tanto por teléfono como en la propia sede de Murcia, y que ella le pidió disculpas. “Me dijo que no conocía mi trabajo, que había preguntado al equipo jurídico y le habían dicho que estaban muy contentos conmigo. Me dio las gracias”, añade Garre.

Ante las acusaciones de sus propios compañeros del partido como corrupto y “traidor”, Garre no está sorprendido, después de las acusaciones de Vox contra el exlíder murciano de Vox, José Ángel Antelo, que define como “comportamientos cuasimafiosos”. Garre cree que “si las denuncias que hacen son ciertas, tienen que llevarlas al juzgado. Y si no, ¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política? El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”.

Echando la vista atrás, Garre recuerda que cuando comenzó su cargo en el Comité de Garantías de Vox “no había injerencias y trabajábamos con plena libertad”. Sin embargo, apunta a que en 2022 se produjo “un punto de inflexión” cuando dos candidaturas al Comité Ejecutivo Nacional no cumplían “los requisitos estatutarios para formar parte de la dirección”. “El CEN las exime de cumplir esos requisitos y las incorpora. Es cosa de ellos, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de ponerlo de manifiesto”, añade Garre.

Garre explica que desde ese momento apreció “un cierto intento de control del Comité de Garantías, que hasta entonces había sido bastante imparcial”, pero intentaban “actuar con objetividad”. En la misma conversación con El País, recuerda que, cuando llegó la denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros por supuesto tráfico de influencias, todos los miembros del comité, excepto una, estaban “de acuerdo en que ahí no había infracción alguna”, y que, al hacer una resolución se la echaron para atrás.

“Nos hacen volver a deliberar una y otra vez. Incluso nos meten en una reunión al responsable del Comité de Cumplimiento, Juan de Dios Dávila (dependiente de la Presidencia del partido), que nos presiona insistiendo en que sí hay infracción”. Garre añade que se les presentó un informe escrito por un abogado externo al que se ha contratado “para que diga que, en contra de la opinión del fiscal, que ha archivado dos veces la denuncia, la conducta de Espinosa puede considerarse delito. Como si eso pudiera impresionarnos a nosotros, que también somos abogados. Al final, pese a las presiones, nos mantenemos firmes y no se le sanciona”.

El antiguo vicepresidente del Comité de Garantías de Vox cree que, con ese expediente, quería que lo expulsaran del partido: “Al principio las denuncias eran entre afiliados, un coordinador contra un concejal o viceversa, pero de pronto nos empiezan a llegar denuncias firmadas por la secretaria general adjunta y eso ya impone. El mensaje era claro: si denuncio es porque quiero que lo echéis”, detalla en la misma conversación.

En el expediente contra Antelo, Garre recuerda que se abstuvo por su amistad con él, pero le supuso un distanciamiento con Vox. En relación al caso de Ortega Smith, cree que se utilizó una “técnica antigua”: “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión”. Garre opina que “no se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima”.

José Francisco Garre recibió la visita de la Policía Judicial en su domicilio el pasado viernes, y explicaba a El País que “es por un tema muy grave que he denunciado. Pero la investigación está en marcha y me han pedido discreción. Solo espero que mi expartido no tenga nada que ver”.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual. 

Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.

Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.

En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.

El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.

El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abandonó el pasado 9 de marzo el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) del que formaba parte como patrono desde octubre del 2024. La decisión se anunció durante la última reunión del máximo órgano de gobierno, según ha podido saber elDiario.es. La asociación justificó su salida por el “impacto” que su presencia en el órgano de gobernanza del centro “está teniendo en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias”.

Tal y como contó elDiario.es, la crisis de reputación del mayor centro de investigación contra el cáncer en España está haciendo que decenas de donantes retiren su apoyo, un malestar que han trasladado sus socios a la AECC como miembro del patronato del CNIO. “Tenemos el firme compromiso de colaborar, como hemos hecho desde la creación del centro, en el desarrollo del talento, la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer”, aseguran desde la AECC. “Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales”.

Lejos de apagarse, en los últimos días la crisis del CNIO está recobrando fuerza, tanto por la situación parálisis en los contratos por la marcha del gerente José Manuel Bernabé, como por las nuevas informaciones que vinculan a su fundador, Mariano Barbacid, con las actividades de su hombre de confianza, el exgerente Juan Arroyo, en la presunta trama que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Según informa el diario El Mundo, Barbacid tiene al menos una empresa en la misma sede que el principal sospechoso y blindó a Arroyo en su contrato, lo que le ha permitido salir con condiciones excepcionales. Según estas informaciones, Arroyo habría cobrado 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 36 meses, en lugar de los habituales 20 días de salario con 12 meses como tope.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos inflados o ficticios en el CNIO, tras la denuncia del exdirector de Operaciones del centro en junio de 2025. El gerente que llegó en septiembre, José Manuel Bernabé, identificó la misma trama y sobrecostes aún mayores, pero ambos fueron despedidos del centro. 

La Junta de Andalucía, con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario este próximo Viernes de Dolores tras el informe de la UCO que apunta a supuestos cobros de comisiones por parte del exsecretario general de Deportes de la Junta José María Arrabal, y el actual gerente del recinto, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol de 2020 (que se celebró en 2021 por la pandemia de coronavirus). Una jueza les investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Así lo ha adelantado El Correo de Andalucía y confirmado la Administración autonómica a Europa Press. Sobre este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha abogado por que “la Justicia actúe” y ha asegurado que “vamos a colaborar como siempre hemos colaborado” en alusión al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Diputación de Sevilla y el Gobierno centra, miembros también de la sociedad gestora, pidieron este consejo de administración que ahora se celebrará.

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio la Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al actual gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Relaciones con la RFEF y la constructora

Según el auto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa. Y para aclarar si hubo un “posible beneficio económico obtenido ilícitamente”, permite también “el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen”.

La instructora Delia Rodrigo señala la “participación directa” de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles, por parte tanto de Arrabal como de Oviedo, “tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio” para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

Corrupción y blanqueo de capitales

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo “ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción”.

La magistrada recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.