“España decidirá, la Historia nos juzgará”. Las memorias de Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón terminan con una frase lapidaria que culmina más de 500 páginas de recorrido por una vida con mucha más historia que juicios. Un libro que pasa de puntillas con disculpas y despejes sobre la gestión millonaria de una fortuna a espaldas de Hacienda y de la opinión pública mientras España se hundía en una crisis económica sin precedentes y que nadie investigó hasta que fue demasiado tarde para que tuviera consecuencias. La prescripción, la inviolabilidad de la corona y la benevolencia fiscal permitieron que el rey emérito esquivara en 2022 un banquillo de los acusados en el que, en el fondo, nadie esperaba verle sentado.
La imagen pública de Juan Carlos I se forjó durante décadas entre dos tipos de páginas: las de los libros de historia y las de las revistas del corazón. Las primeras relataron su papel en la vuelta de la democracia a España tras casi 40 años de dictadura franquista. Las segundas alimentaron a la sociedad con píldoras y rumores sobre su vida sentimental mientras episodios como el de la cacería de Botswana precipitaban su abdicación para evitar una erosión mayor a la corona. Pero fue en marzo de 2022, casi ocho años después de dejar el trono, cuando la Fiscalía Anticorrupción publicó en dos entregas la novela de la 'cara B' de la vida del rey emérito que hasta los servicios secretos y muchos medios de comunicación se habían afanado en ocultar.
Ese día quedó clara una cosa a nivel judicial: Juan Carlos de Borbón nunca pisaría un tribunal, al menos no como acusado. Pero el Ministerio Público detalló en un doble decreto de archivo la historia jamás contada y al detalle de las finanzas del rey emérito. Cuentas en Suiza, fundaciones en Panamá, millones escondidos por el mundo a nombre de terceros y unos regalos de la aristocracia que no estuvieron bajo la lupa de la Fiscalía y la Agencia Tributaria hasta que ya fue demasiado tarde. La investigación que expuso sus vergüenzas ante todo el mundo fue, al mismo tiempo, su mejor blindaje legal.
El grueso de las pesquisas contra él tienen como punto de partida el año 2008. Ese año se puso en marcha la fundación panameña Lucum, que llegó a tener hasta cuatro cuentas bancarias en Suiza al servicio del rey y con la intervención de Arturo Fasana –referencia mundial en contabilidad offshore– y Dante Canónica. Ese mismo año, mientras el paro en España picaba hasta los 3,2 millones de personas, Juan Carlos de Borbón recibió 64,8 millones de euros procedentes de Arabia Saudí. “Importe enviado por el rey Abdallah como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”, era el asunto de la transferencia. Dos años después, en otra cuenta a nombre de esta fundación, entraron otros 1,4 transferidos por el sultán de Bahréin.
El dinero descansó plácidamente en el banco suizo Mirabaud, alejado de la opinión pública y de los mensajes navideños donde el monarca pedía solidaridad y ejemplaridad a ciudadanos e instituciones, hasta mediados de 2012. Hasta que, cariacontecido y con la corbata mal colocada, entonó su ya ilustre “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” tras romperse la cadera en una cacería en Botswana. Menos de dos meses después todo su dinero suizo salía despedido dirección Bahamas como una “donación irrevocable” a su amante Corinna Larsen. Una de las pocas veces en que la opinión pública, en plena crisis económica, presenciaba una detonación no controlada del muro que le había protegido durante décadas.
El episodio de Botswana desencadenó el vaciado de sus cuentas ocultas y su abdicación pero no su vínculo al dinero ajeno y su uso constante de fondos no declarados a Hacienda. Las investigaciones de la Fiscalía y la Agencia Tributaria reflejan que entre 2016 y 2019 su amigo y empresario Allen Sanginés Krause, a través de su antiguo ayudante de campo Nicolás Murga, le hizo llegar más de 516.000 euros, un dinero que el rey y sus “familiares o allegados” invirtieron en gastos personales, además de pagar tratamientos médicos del monarca. En esos años, además, su primo Álvaro de Orleans le pagó a través de la Fundación Zagatka varios millones de euros en vuelos y viajes que tampoco fueron nunca analizados por el fisco.
La Fiscalía española anunció oficialmente la apertura de una investigación a Juan Carlos de Borbón en junio de 2020 y el rey emérito, en plena pandemia, puso rumbo a Abu Dabi (Emiratos) para interponer 7.500 kilómetros entre él y el país que, por primera vez, veía su 'cara B' sin que los poderes fácticos pudieran levantar a tiempos los diques que siempre habían protegido su imagen. Pero su caída se veía venir desde antes. La Fiscalía de Suiza, para entonces, llevaba dos años investigando si los 64,8 millones llegados desde Arabia Saudí no eran un regalo sino una comisión. La Fiscalía Anticorrupción española mantenía otras dos investigaciones abiertas e, incluso, se había desplazado a Londres para interrogar a su antigua amante, la aristócrata alemana Corinna Larsen.
Todo esto era sobradamente conocido incluso a través de los medios de comunicación. Hasta tal punto que, ya en los primeros meses de 2020, el rey emérito había fichado un abogado y su hijo, Felipe VI, había anunciado que renunciaba a su herencia. En esos meses, la Fiscalía del Tribunal Supremo centralizó la triple investigación contra Juan Carlos I, abarcando no solo los millones saudíes y los pagos de Sanginés y Zagatka sino también su supuesta vinculación con un 'trust' de dinero oculto en el entonces paraíso fiscal de Jersey. Un asedio por tres frentes que chocó contra un muro legal que protegerá de por vida a Juan Carlos I de lo que sus propias memorias definen como “errores”.
Prescripción, pagos a Hacienda y blindaje monárquico
Una parte relevante de la investigación de la Fiscalía nació muerta. Tanto si la fortuna oculta del monarca emérito era considerada un cúmulo de cohechos, sobornos y corrupciones como si solo se entendía que debía dinero a Hacienda, todo lo que hubiera hecho Juan Carlos de Borbón hasta 2014 estaba protegido por la inviolabilidad constitucional de la Corona española y, por si acaso, también por la prescripción. El Ministerio Público que dirigía entonces Dolores Delgado lo tuvo claro cuando organizó sus diligencias en 2020 y lo repitió cuando las archivó todas en 2022: “No existe ningún tribunal en nuestro ordenamiento jurídico al que se le atribuya la potestad de poder enjuiciar al rey por los actos cometidos durante su mandato, ya sean actos civiles o penales”.
La Fiscalía le desvinculó del 'trust' millonario de Jersey y decidió que no había pruebas de que los casi 65 millones de euros de origen saudí fueran una comisión por participar en la adjudicación a empresas españolas del proyecto del AVE a La Meca, que fue posterior. Y centró entonces sus esfuerzos en los posibles delitos fiscales del rey emérito. Por no declarar ni un solo euro de los muchos millones que ocultó durante años en Suiza hasta 2012 ni tampoco de los cientos de miles de euros que Allen Sanginés y su primo Álvaro de Orleans le pagaron en viajes y otras lisonjas.
La conclusión de la Fiscalía fue que allí donde no había llegado la inviolabilidad sí lo había hecho la prescripción: para cuando arrancaron las diligencias, cualquier posible acusación penal contra Juan Carlos de Borbón había caducado. Pero no todo estaba protegido: los pagos de sus empresarios y aristócratas cercanos todavía estaban en plazo y, lo más importante, fuera de la protección constitucional que le proporcionó el trono hasta 2014. Pero era marzo de 2022 y la Fiscalía constató que la jugada de la defensa del rey emérito había salido a la perfección: había pagado casi cinco millones a Hacienda un año antes y eso bloqueaba cualquier acusación de fraude fiscal.
La maniobra de la defensa del rey emérito había tenido lugar a plena luz del día. En diciembre de 2020 pagó 678.394 euros a Hacienda con un concepto: “A las donaciones de Allen Sanginés Krause”. Es decir, todo el impuesto de sucesiones y donaciones que no había pagado por el dinero que el empresario mexicano le había hecho llegar a través de un militar de su confianza que él y su familia lo gastaran sin control. Poco después, entre el 1 y el 2 de febrero de 2021, presentó nuevas autoliquidaciones y pagó 4.416.757,46 euros más por el IRPF que tampoco pagó durante años por los viajes que le pagó su primo a través de la Fundación Zagatka.
Los préstamos que salvaron al rey
El segundo pago, el más voluminoso, salió de préstamos que le hicieron a toda velocidad 12 personas de su entorno. Préstamos y no donaciones para no tener que pagar impuestos y para evitar problemas legales siempre y cuando el monarca devuelva el dinero. Uno de ellos, revelado por elDiario.es, de la empresaria Alicia Koplowitz: 200.000 euros a devolver en cinco años con un interés del 3%, plazo que termina a finales del próximo mes de enero.
La conclusión de la Fiscalía Anticorrupción fue que esos pagos a Hacienda permitían al rey librarse de cualquier acusación por fraude fiscal porque los hizo, según Luzón, antes de saber que estaba siendo investigado por sus cuentas pendientes con el fisco. Una afirmación con algunos baches: para cuando hizo los dos pagos y selló la paz con la Agencia Tributaria, la Fiscalía había comunicado a su abogado la apertura de todas las diligencias contra él. Pero, según la propia Fiscalía, no con tanto detalle como para entender que ya sabía por qué se le investigaba.
La afirmación choca con algunas sentencias del Supremo dictadas en los últimos años y también con la realidad más allá de los muros de la Fiscalía. elDiario.es reveló en los primeros días de noviembre de 2020 que Anticorrupción investigaba el monarca emérito había usado a un militar como testaferro para canalizar el dinero del mexicano Sanginés Krause. Un mes antes de la regularización. La Fiscalía, tal y como publicaron varios medios a lo largo ya de 2020 en su cruce de comisiones rogatorias con Suiza, ya habían señalado a Álvaro de Orleans. Mucho antes también del segundo pago de Juan Carlos I a Hacienda.
El argumento de la Fiscalía para dar validez a estos pagos y blindar de por vida al monarca emérito fue que la propia Fiscalía no había avisado con suficiente detalle de su investigación y que eso, en la práctica, le había permitido taponar todas las vías de agua a tiempo. “Ni en los decretos de incoación de ambas diligencias de investigación ni en las respectivas notificaciones se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias, por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren”.
Los argumentos del fiscal Luzón fueron bendecidos por el Tribunal Supremo cuando la Sala de lo Penal rechazó una querella de juristas y antiguos magistrados y fiscales que exponía lo contrario: que el rey sabía perfectamente por qué se le investigaba y pagó a Hacienda para evitar el banquillo después del pitido del árbitro. “Nada ha cambiado tres años después”, zanjó el Supremo en un auto que, de facto, hace imposible que el rey emérito tenga que responder penalmente por la gestión de su fortuna. Los tribunales londinenses también certificaron su blindaje contra las acusaciones de acoso de Corinna Larsen, que describió un hostigamiento coordinado a instancias del monarca cuando no quiso volver con él y devolverle sus casi 65 millones.
Una vez protegido de su propio pasado, Juan Carlos I ha decidido pasar al ataque. Llevó al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla ante los tribunales por años de críticas televisadas y también demandó en Londres a su antigua amante, sin que por el momento se sepa en qué han quedado ambos pleitos meses después de su interposición. Mientras tanto, el rey emérito ofrece en su libro 'Reconciliación' su versión de una vida cuya cara oscura no fue conocida al detalle hasta que no hubo más remedio.