Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.

La Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) vuelve a incumplir, por segundo año consecutivo tras la reactivación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el 1 de enero de 2024 (su aplicación se suspendió durante la covid), la regla de gasto presupuestario: al año confirmado de 2024 ahora se une, también como ejercicio confirmado, el de 2025. El aumento del gasto computable en 2025 ha sido del 9,1%, cuando el nivel autorizado estaba en el 3,2%. El desfase ha sido nada menos que de casi seis puntos porcentuales.

Esa afirmación sobre el año 2025 la avala el primer Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio de Hacienda este 2 de junio. En él se recoge que Canarias es la segunda autonomía con mayor aumento del gasto computable en el año de referencia y además está muy por encima de la media de las comunidades autónomas del país, en el 5,6% (Canarias alcanzó el 9,1% en 2025).

El Gobierno de Canarias, de CC y PP, con la popular Matilde Asián como consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE), ahora debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un Plan de Ajuste a aplicar en los presupuestos de 2026, el vigente, y en el futuro de 2027. Esto supondrá eliminar 566 millones de euros en gastos para compensar el exceso computable en 2025.

El nuevo Plan de Ajuste se suma al ya presentado, el de 2024, aunque aún no aprobado por el CPFF, este con importe de 445 millones de euros. Este último se debe activar en 2026 y corresponde al incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Tras conocerse esta noticia, el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) ha subrayado que “la mala gestión presupuestaria del Gobierno de Clavijo obliga a hacer una reducción del gasto [en los presupuestos canarios de 2026 y los aún no aprobados de 2027] de 1.011 millones de euros” en dos años. Ello afectará “a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos”, sostiene la misma formación política.

NC considera que se trata del “evidente fracaso en la gestión de los recursos públicos del Gobierno de CC y PP, que, tras de dejar de gastar 1.289 millones en 2024 y 1.051 millones en 2025 del dinero presupuestado, además incumple la regla gasto esos dos años, lo que obliga a reducir el gasto en 1.011 millones entre 2026 y 2027”, exponen.

El informe ya reseñado del Ministerio de Hacienda empeora la previsión que hacía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca del aumento del gasto computable en su último informe (daba el 8%), el número 29/2026 y sobre previsiones de medio plazo de la CAC. Se publicó el pasado 14 de mayo. En ese informe, la AIReF ya avisa de que la CAC también incumplirá la regla de gasto este ejercicio, el de 2026, así como los de 2027 y 2028.

Tras el análisis de los sucesivos informes de la AIReF, los publicados desde 2024, se puede concluir que “el cumplimiento de la regla de gasto no forma parte clara de la política presupuestaria del Gobierno de Canarias, aun cuando no hay duda de que está en vigor la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, remarca NC.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha subrayado este miércoles en el Parlamento canario que el Gobierno regional comparte el “objetivo” de dar cumplimiento a la regla de gasto, ya que lograrlo aporta estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, que en el archipiélago están “saneadas”.

Así lo ha señalado en respuesta a pregunta formulada por la diputada de NC-BC, Esther González, durante la comisión de Presupuestos y Hacienda, en relación al último Informe de la AIReF, que alertaría de que el Gobierno de Canarias va “a incumplir la regla de gasto sistemáticamente, y como mínimo, hasta el año 2028”.

“Le pregunto si su Ejecutivo se ha declarado insumiso ante la ley de Estabilidad o lo que estamos simplemente pues es ante una manifiesta de incapacidad del Gobierno para gestionar el presupuesto de Canarias”, ha puntualizado González, que ha acusado al Ejecutivo de pulverizar “el límite de gasto”, en 2024, que era del “2,6% y que se fue al 7,6%”, creando “un agujero de 445 millones de euros”.

“En 2025, volvió a recibir, pero a más, llegando al 9,1% cuando el tope era del 3,2% (de límite de gasto), por lo que hay que sumarle 566,2 millones de desvío. Dos años, y 1.000 millones de euros que ahora tiene que ajustar en el año 26 y en el año 27”, ha añadido,

La consejera ha negado la intención del Gobierno de declarse “insumiso”, ya que el Ejecutivo comparte el objetivo perseguido por las reglas fiscales, ya que defiende que su cumplimiento “es la forma más adecuada de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas”.

En respuesta a González, ha recordado que Canarias registró superávit en 2023, 2024 y 2025, y que espera “continuarlo”. “Omite una parte muy importante del razonamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y es que Canarias estará en situación de superávit hasta 2030 en cumplimiento de la regla de gasto”.

Ha recordado, además, el carácter conveniente de que el Gobierno de España adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco normativo europeo. “La UE ya no dice que las reglas fiscales deba fijarlas cada Estado y distribuirlas como crea más oportuno, pero el Gobierno sigue repartiéndole a las comunidades autónomas cifras incumplibles para ellos reservarse la mayor parte del déficit”.

“Concretamente, se reserva el 2,5, y a las comunidades autónomas nos obliga solo a un déficit del 0,1, aunque Canarias está entre un ligero superávit o equilibrio, por lo que las cuentas públicas de Canarias están saneadas”, ha advertido la consejera regional.

La Dirección General de Tributos volverá a atender a los contribuyentes desde mañana, día 4 de junio, en su sede de la Calle Portales, 46, una vez concluidas las obras de reforma de las instalaciones. Los trabajos han durado tres semanas, como estaba previsto, y han consistido en reparaciones de emergencia para garantizar el adecuado estado del edificio y el restablecimiento del servicio público que en él se presta.

Una fuga registrada el 29 de marzo y, posteriormente, una tromba de agua caída el 29 de abril provocaron daños significativos en el edificio del Casco Antiguo. Para garantizar la seguridad de trabajadores y contribuyentes, el Gobierno de La Rioja activó las obras de emergencia y trasladó la atención presencial a la Capilla de La Bene, en la calle Marqués de Murrieta, 76, un espacio que ha permitido mantener la actividad con normalidad.

Para la reparación del edificio, se han acometido actuaciones en las instalaciones de fontanería, eléctricas y de iluminación, sustitución de techos y suelos técnicos, reparaciones del sistema de climatización y de incendios, pinturas y otras reparaciones imprescindibles para el adecuado estado del edificio y el restablecimiento del servicio público que en él se presta. El importe de las actuaciones supera los 145.000 euros.

“Humedad y polvo”

CSIF La Rioja fue muy crítico con el Ejecutivo regional por las condiciones laborales a las que estaban sometidos los trabajadores en estas dependencas. De hecho aseguraron qeu once trabajadores tuvieron que acudir a su puesto de trabajo con mascarillas debido al moho y polvo.

A mediados de abril, la formación sindical denunciaba que las obras habían comenzado pero seguían afectando al Servicoi de Transmisiones Patrimoniales y el puesto de trabajo del vigilante de seguridad, trabajadores que “desarrollaban su jornada laboral con mascarillas debido al ambiente de moho, olor a humedad y polvo”.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este martes que Canarias recibirá este año 7.098 millones de euros, un 7,6% más que en 2025, la mayor entrega a cuenta que ha recibido en su historia hasta la fecha la comunidad autónoma.

Según ha informado el Gobierno central en un comunicado, si a esa cantidad se le suman los 1.069 millones correspondientes a la liquidación de 2024, que se abona este año, los recursos del Estado que va a recibir Canarias para financiar sus servicios públicos alcanzarán los 8.167 millones, lo que supone un 8,6% más.

En total, el Estado abonará a las comunidades autónomas 170.300 millones en concepto de entrega a cuenta y liquidación de 2024, lo que supone un año más la cifra más alta de la historia, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 7,7%.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del correspondiente real decreto ley aprobado por el Gobierno, que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”, subraya en la nota.

En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir “para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia”, señala.

Asimismo, España ha resaltado que las comunicades tendrán con estas entregas a cuenta “los mayores recursos de la historia” y ha pedido a los gobiernos autonómicos que ese aumento de la financiación y esos recursos “históricos” se vean reflejados “en la calidad de sus servicios públicos”, algo que considera que no siempre ocurre. “La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?”, se ha preguntado.  

Entidades locales

Respecto a las entidades locales, ha señalado que los ayuntamientos obtendrán también este año una cifra “histórica”, con 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en 2025 y un 67,5% más que en 2018 que, sumado a la liquidación, el volumen de fondos será de 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos.  

En el caso de Canarias, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.437 millones, un 9,2% más que el pasado ejercicio.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las entidades locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles.

En este sentido, se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar 3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.  

Como novedad, el Gobierno informa que se habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

El Gobierno del Partido Popular de Cantabria ha recibido la carta enviada por el Ministerio de Hacienda para retomar las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica. La comunicación, un modelo estandar para todas las comunidades autonómicas, propone inicia una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. No obstante, según fuentes del Ejecutivo cántabro, en la carta no se propone ninguna fecha para el encuentro.

La carta ha llegado a Cantabria al mismo tiempo que se conocía la noticia en los medios de comunicación por una nota de prensa del propio Ministerio, que anuncia que las negociaciones con las autonomías las llevará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Las reuniones son un primer paso antes de que el modelo de financiación se oficialice llevándolo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -donde están el Ministerio que dirige Arcadi España y las comunidades- y de ahí al Consejo de Ministros para iniciar la tramitación parlamentaria.

La negociación de la polémica financiación autonómica se paralizó hace unos meses coincidendo con el salidad del Ministerio de María Jesús Montero y las citas electorales en diferentes autonomías.

La propuesta del Gobierno mantiene el mismo sistema que se debatió hace meses. Un sistema de reparto que supone 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, porque se cede un porcentaje mayor de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

El Gobierno de Cantabria de María José Sáenz de Buruaga acogió con notorio recelo esta propuesta económica. Tanto ella como el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, advirtieron de que con este nuevo modelo de financiación autonómica no se podrán sostener los servicios públicos. Aunque, en realidad Cantabria en principio seguiría ingresando los mismos fondos del Estado.

Hasta ahora el mayor temor para Cantabria era salir perjudicada del nuevo sistema de financiación, un debate pospuesto durante varias legislaturas. El resultado del modelo propuesto por el Ministerio ni quita ni pone un euro a la comunidad, frente a otras comunidades que salen favorecidas. Es decir, se queda como está, pero no recibe nada extra de los 21.000 millones de euros que se van a repartir el resto. Excepto 46 millones de euros para garantizar que no pierde nada de lo que ya percibe en la actualidad.

La autonomía ha disfrutado hasta ahora de una posición que le favorece negociada en la reforma del año 2008, cuando se estableció el criterio de la población ajustada para distribuir los recursos entre comunidades. Esto quiere decir que el dinero que se recibe no lo determina solo el número de habitantes, sino otras variables como lo que cuesta prestar esos servicios a una población muy dispersa, por ejemplo, en el medio rural. Es decir, se valoran cuestiones como la superficie, densidad de población, envejecimiento o la población en edad escolar.

No obstante, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, criticó en su día esta cláusula de 'statu quo' que -en su opinión- provoca que Cantabria no perciba “ningún millón” de los previstos, “en un ejercicio de insolidaridad al dar por bueno que estamos sobrefinanciados”. Lo cierto es que el nuevo modelo ha sido fuertemente criticado por todas las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular y en ese sentido Cantabria no ha sido una excepción.

Tras la comunicación oficial el Ministerio dará cita a cada comunidad y será el momento de que los consejeros de Hacienda negocien directamente con el Gobierno las mejores condiciones para su autonomía en estos encuentros bilaterales que todavía no tienen fecha fijada.

El Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025 y dispone 17 trabajadores para garantizar la prestación de un servicio cercano y homogéneo en todo el territorio en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Así, desde hoy, día 1, los contribuyentes riojanos pueden presentar presencialmente las declaraciones del IRPF tanto en ‘La Bene’ como en los SAC, oficinas de atención al ciudadano, dentro del dispositivo activado por el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en La Rioja, Miguel Fernández García, ha visitado este lunes el espacio habilitado en el Salón de Columnas de ‘La Bene’, y ha recordado que esta campaña están vigentes 27 deducciones autonómicas que en global ahorrarán unos 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos. 

De ellas, tres son novedosas: la deducción de 250 euros para personas celíacas (la estimación es que se beneficien unas 1.300 personas); la bonificación de 1.000 euros el primer año por inicio de actividad económica en el medio rural (unos 450 beneficiarios), y la deducción de 100 euros por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias (alrededor de 5.170 beneficiarios). “La política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, a favorecer la actividad económica y a reforzar la cohesión territorial, y estas 3 nuevas deducciones son una prueba fehaciente de la materialización de ese compromiso”, ha enfatizado el consejero. A estas nuevas deducciones se suman, por tercer ejercicio consecutivo, las bonificaciones de los intereses de hipotecas de vivienda suscritas a partir de enero de 2013 y de los gastos de las familias por práctica deportiva.

En cuanto al dispositivo de colaboración, Alfonso Domínguez ha explicado el Ejecutivo regional aporta en esta campaña 17 trabajadores, dos más que en la del año pasado: 5 en la plataforma mixta ubicada en el edificio de la antigua Beneficencia, a los que se suman dos empleadas públicas de la Dirección General de Tributos encargadas de las declaraciones de la Fundación de Ayuda a la Discapacidad del Gobierno de La Rioja, y 10 en las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) de Calahorra, Haro-Nájera, Alfaro, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada-Torrecilla y Cervera del Río Alhama. 

Alfonso Domínguez ha detallado que, durante la campaña de la Renta del año pasado, los equipos del Gobierno de La Rioja tramitaron un total de 8.672 declaraciones, distribuidas del siguiente modo: 4.293 confeccionadas en la Bene; 4.017 en las Oficinas de Atención al Ciudadano, y 362 en la Dirección General de Tributos, “datos que reflejan la importancia del dispositivo público de apoyo de la Comunidad a los ciudadanos para facilitarles la mayor comodidad posible a la hora de realizar sus gestiones”.

Balance provisional

Desde el 8 de abril, día en el que comenzó la campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 44 millones de euros a 65.395 contribuyentes de La Rioja, según los datos facilitados por el delegado de la AEAT en la comunidad, Miguel Fernández García. En total se han presentado 114.000 declaraciones, de las que unas 87.000 son a devolver. 

En cuanto a las fechas clave, el 25 de junio será el último día para cumplimentar las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria; el 29 de junio finalizará el plazo para solicitar cita previa y el 30 de junio acabará la campaña.

Los contribuyentes que deseen ser atendidos personalmente tanto en ‘La Bene’ como en los SAC deben solicitar cita previa, bien llamando al número de teléfono 901223344 (Agencia Tributaria), bien de forma telemática a través de la web https://sede.agenciatributaria.gob.es/. Además, es importante que acudan el día y la hora señalados con toda la documentación necesaria: DNI, número de cuenta bancaria, certificados de retenciones y justificantes de deducciones autonómicas. 

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya se encuentra en pleno funcionamiento tras su inicio el pasado 8 de abril, registrando millones de declaraciones en sus primeras jornadas de actividad. Para muchos contribuyentes, el borrador arroja un resultado positivo, lo que implica la obligación de ingresar dinero a las arcas de la Agencia Tributaria. Este escenario suele derivar de la omisión de ingresos como prestaciones por ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o rescates de planes de pensiones no declarados. También influye el olvido de aplicar deducciones estatales o autonómicas que podrían haber reducido significativamente la cuota final a pagar por el declarante. 

En cualquier caso, siempre es más que recomendable revisar cada dato antes de confirmar para evitar sorpresas desagradables o posibles recargos por errores que son muy habituales en este proceso. Ante esta situación, Hacienda dispone de diversos mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera organizada y segura. El sistema informático guía al usuario a través de los pasos necesarios una vez que se confirma que la declaración resulta a ingresar.

Una de las modalidades más utilizadas a la hora de pagar es el fraccionamiento del pago en dos plazos diferenciados sin intereses ni recargos adicionales. Esta opción permite al contribuyente abonar el 60% del importe total en el momento de presentar la declaración, fijando como límite general el 30 de junio. El 40% restante se pospone hasta el próximo 5 de noviembre, facilitando así la gestión de la liquidez personal de los ciudadanos afectados. Para acogerse a esta ventaja, es requisito indispensable que la declaración se presente dentro del periodo voluntario y no sea una autoliquidación complementaria. Hacienda advierte que el impago de la primera fracción en el plazo estipulado desencadenará el inicio del periodo ejecutivo por la deuda completa.

Es importante recordar que esta división del pago no conlleva costes extra siempre que se cumplan estrictamente las fechas de vencimiento establecidas. Si no se desea domiciliar el segundo plazo, el contribuyente deberá realizar el ingreso manualmente antes de la fecha límite utilizando el modelo oficial 102.

La domiciliación bancaria destaca como el método preferido por su comodidad, ya que los cargos se realizan de forma automática en la cuenta corriente indicada. Si se opta por domiciliar el primer pago o el importe único, el plazo límite improrrogable para presentar la declaración finaliza el 25 de junio. Como novedad relevante, ahora es posible domiciliar el pago en cuentas de entidades no colaboradoras que pertenezcan a la Zona SEPA. En el caso de que el contribuyente solo desee domiciliar el segundo plazo del 40%, el límite de presentación se amplía hasta el día 30 de junio. 

En todo caso, el sistema Renta Web facilita este trámite permitiendo introducir el código IBAN tras marcar la casilla correspondiente de domiciliación del importe. Es esencial que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en el procesamiento del cargo por parte de la Agencia Tributaria. Quienes domicilien el primer plazo tienen además la opción de domiciliar también el segundo cargo hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

El avance tecnológico ha permitido integrar nuevos métodos de pago electrónico que agilizan notablemente el proceso para quienes no desean usar la domiciliación tradicional. Desde la campaña de 2024, se permite el uso de transferencias instantáneas mediante Bizum y el pago directo con tarjetas de crédito o débito seguras. Estas operaciones requieren el acceso a través de sistemas de identificación segura como Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital en la plataforma. Para los pagos electrónicos que no sean Bizum o tarjeta, el contribuyente debe obtener previamente el Número de Referencia Completo o NRC. Si se elige cualquiera de estas vías electrónicas para el pago único o el primer plazo, la fecha límite de realización es el 30 de junio. 

Para aquellos que prefieren la gestión presencial, existe la posibilidad de generar un documento de ingreso para pagar directamente en una entidad financiera colaboradora. Al seleccionar esta opción en Renta Web, la declaración queda presentada pero pendiente de ingreso hasta que se efectúe el pago físico en el banco. El contribuyente debe descargar e imprimir el documento de pago que contiene el ejemplar específico para la entidad de crédito elegida. Este trámite debe completarse obligatoriamente también antes del 30 de junio para el pago único o la primera fracción del importe adeudado. Es una vía segura para quienes no se sienten cómodos con las transacciones digitales o no disponen de medios de firma electrónica. 

Otras opciones

Hacienda también contempla escenarios donde el contribuyente no puede afrontar el pago de inmediato, ofreciendo alternativas como el reconocimiento de deuda. Esta modalidad permite presentar la declaración a tiempo sin realizar el ingreso monetario en ese preciso instante, generando una obligación posterior. Existen variantes como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago o la solicitud de aplazamiento, que requieren la validación de la Administración. Si el declarante no posee cuenta en un banco colaborador, puede optar por reconocer la deuda y realizar posteriormente una transferencia bancaria. Otra opción disponible es el ingreso parcial, donde se abona una parte de la cuota y se solicita el aplazamiento por el resto. 

Quienes requieran una flexibilidad mayor al fraccionamiento estándar de dos plazos pueden solicitar el pago en más cuotas bajo condiciones específicas. Esta modalidad exige la aprobación previa de la Agencia Tributaria y conlleva el pago de un interés fijo establecido en el 3,75%. Es fundamental tener en cuenta que solicitar un fraccionamiento de este tipo es totalmente incompatible con pedir un aplazamiento de la deuda. El proceso se gestiona dentro de las otras modalidades de pago disponibles al finalizar el borrador en la herramienta de Renta Web. Cada petición es valorada individualmente por el organismo, considerando las circunstancias alegadas por el ciudadano para justificar la necesidad de la demora. La transparencia en estas solicitudes es clave para evitar sanciones o el inicio del periodo ejecutivo de recaudación forzosa.

En conclusión, enfrentarse a una declaración de la renta con resultado positivo requiere estudiar bien los plazos y las múltiples herramientas que Hacienda facilita. La fecha del 30 de junio de 2026 marca el final del periodo voluntario para la mayoría de las formas de pago inicial o único. El cumplimiento riguroso de estos calendarios evita la aplicación de recargos e intereses de demora que encarecerían la factura fiscal del contribuyente. Tanto si se opta por el fraccionamiento gratuito como por el pago único inmediato, la seguridad jurídica está garantizada por los sistemas digitales. 

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) defiende la “labor esencial” que ejercen para el Estado del Bienestar, tras las “descalificaciones reiteradas” a su trabajo al hilo del 'caso Shakira' o por la campaña del bufete estadounidense Amsterdam & Partners en el que se tachaba de “carterista” a la Agencia Tributaria.

En un comunicado enviado este lunes, la organización profesional asevera que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable” y que presentar a los inspectores como “adversarios del contribuyente” solo favorece “a quienes eluden sus obligaciones fiscales”.

IHE responde así a las críticas a raíz de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó el procedimiento de la Agencia Tributaria contra la cantante Shakira al considerar que en 2011 no era residente fiscal en el país. Sí lo fue entre 2012 y 2014, ejercicios en los que la artista reconoció haber defraudado al fisco.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declaró la cantante tras conocerse el fallo a su favor.

No son “carteristas”

El comunicado responde también a los ataques por parte del bufete Amsterdam & Partners, que pagó un anuncio en el 'Financial Times' acusando a la Hacienda española de de ser “carterista” por las inspecciones a los beneficiados por la Ley Beckham. A raíz del caso Shakira, el despacho estadounidense ha insistido en que el fisco español funciona como una “mafia”.

“La crítica legítima debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad. No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”, aseveran los funcionarios en la nota. Una “labor esencial para el Estado del bienestar”, dicen, “investigando estructuras cada vez más sofisticadas que causan un grave perjuicio al erario público”.

El comunicado también critica el contexto de “incertidumbre” vinculada a las investigaciones por corrupción, así como los cambios legislativos que pueden afectarles, como aquellos vinculados a la financiación autónomica.

“Por todo ello, pedimos respeto hacia un colectivo cuya profesionalidad no puede ponerse en duda y hacemos un llamamiento a la opinión pública, y a todos nuestros ciudadanos para que contribuyan a un debate respetuoso y serio sobre la fiscalidad en España y sobre su administración”, zanjan.

El malestar crece entre los pequeños comerciantes adheridos al programa Volveremos, la iniciativa estrella del PP para incentivar el consumo en el comercio local, después de que muchos hayan descubierto que Hacienda les obliga a tributar por cantidades que aseguran no haber recibido como ayudas reales. Algunos negocios ya advierten de que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

La polémica ha evidenciado además el desacuerdo sobre la responsabilidad de cada administración en la gestión del programa: mientras numerosos comerciantes sitúan el origen del problema en la entrada del Gobierno de Aragón, Zaragoza en Común señala directamente a la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de las subvenciones.

Todo ello ocurre, además, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, cuya nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas entre comercios y consumidores.

El funcionamiento del programa se articula a través de una aplicación móvil. Los clientes generan un saldo o reembolso al realizar compras en establecimientos adheridos y posteriormente pueden utilizarlo en futuras adquisiciones dentro de la red comercial participante.

Según los comerciantes, el conflicto surge, especialmente entre los que tributan por módulos, tras la incorporación del Gobierno de Aragón al programa en 2025. Según explican, el dinero que adelantaron a los clientes aparece ahora computado automáticamente como subvención en una casilla de la declaración de la renta. “Los autónomos por módulos no nos podemos escapar”, resumen tres comerciantes del barrio de San José. Esto implica que muchos autónomos tienen que tributar por un dinero que, aseguran, nunca ha supuesto un ingreso real para ellos. Las cuantías oscilan entre los 100 y los 500 euros, según los afectados consultados.

“Yo no he recibido ninguna subvención”

L.V., propietario de una charcutería en el barrio de San José, asegura que nunca ha percibido una ayuda directa, sino únicamente el reembolso del dinero adelantado a los clientes mediante la aplicación del programa. Explica que los consumidores generan un saldo que utilizan en distintos comercios y que, hasta ahora, “el Ayuntamiento nos devolvía el dinero adelantado, tramitado a través de la Cámara de Comercio”.

El comerciante critica además la falta de información. Afirma que conoció esta situación a través de la asociación de comerciantes del barrio y denuncia que Hacienda ya refleja el importe como subvención.

“Durante años hemos funcionado muy bien con el Ayuntamiento y no ha pasado nada de esto. El problema ha sido al entrar el Gobierno de Aragón. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque yo no he recibido ninguna subvención. He facilitado una gestión y no he recibido más cantidad que la venta de mis productos”, sostiene.

Aunque reconoce que en las bases de la DGA aparece expresamente el término “subvenciones”, considera que “es un sinsentido y está mal hecho”. Además, teme que puedan producirse revisiones fiscales con carácter retroactivo.

“Me siento engañado y estafado”

También C.M, propietario de una tienda de moda y complementos en la avenida San José, expresa su malestar: “Me siento engañado, estafado y, si esto sigue así, no volveré a participar en el programa”, afirma.

Este comerciante coincide en que la situación cambió con la incorporación del Gobierno de Aragón a las últimas campañas. Insiste en que el verdadero beneficiario del programa es el cliente, ya que los descuentos recaen sobre sus compras, mientras que los comerciantes únicamente adelantan el dinero.

“El saldo generado lo paga tarde y mal la Cámara de Comercio y encima ahora nos computa como subvención”, denuncia.

Además, critica las diferencias entre quienes tributan por estimación directa y quienes lo hacen por módulos. Según explica, a los primeros se les han ofrecido indicaciones sobre cómo proceder fiscalmente, mientras que quienes tributan por módulos no tienen margen de actuación porque “la casilla ya aparece”.

“Estoy esperando que alguien me explique qué subvención he recibido. Yo lo que he hecho es el favor de adelantar una gestión, pero no me he beneficiado de ninguna cantidad. El dinero era mío y la venta es de mi producto”, añade.

C.M. también subraya que negocios como el suyo, dedicados a productos no esenciales, reciben un impacto distinto al de otros sectores como alimentación o electrodomésticos. Explica que muchos clientes terminan gastando los restos del saldo acumulado en comercios más pequeños o especializados y por tanto, tienen menos margen de beneficio. A esto se suma, dice, la atención que deben prestar a los clientes cuando la aplicación falla, pese a no tener ninguna responsabilidad técnica sobre ella.

“Es una labor social. Es bonito ver que los clientes se pueden beneficiar de descuentos y es verdad que el comercio se dinamiza, pero nosotros no ganamos nada”, concluye.

“El beneficiario es el cliente”

S.S., propietaria de una tienda de ropas de hogar también rechaza que las cantidades adelantadas puedan considerarse subvenciones. “Eso sería recibir una cantidad sin contraprestación de servicio o producto y yo estoy ofreciendo un producto. El beneficiario es el cliente”, afirma.

La vendedora insiste en que los negocios han dejado de cobrar temporalmente una parte de sus ingresos, pero sin obtener ningún beneficio adicional.

Sánchez considera igualmente que el problema surge tras la entrada del Ejecutivo aragonés en el programa: “Es un programa maravilloso nacido en la post-pandemia para incentivar el pequeño comercio, que ha tomado unas dimensiones y se les ha ido de las manos”.

Como solución, propone aplicar en la declaración del próximo año una desgravación autonómica equivalente al importe tributado este año en la declaración de la renta. “Este año no nos libramos: nos toca pagar y aguantarnos, pero el siguiente tiene que venir con la solución o no nos sumaremos al programa”, advierte.

S.S. habla de una “total injusticia” y asegura que “los gestores están que trinan”. En su caso, ha tenido que pagar 120 euros adicionales, aunque asegura conocer compañeros que han llegado a abonar más de 500 euros. “Es una pena porque se ha hecho con buena voluntad, pero se ha liado”, lamenta.

Ante la creciente preocupación, la Asociación de Comerciantes convocó una reunión este miércoles en las oficinas de FECOM, en Plaza Roma, con un responsable técnico de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón para resolver dudas sobre la tributación del programa, si bien los afectados no salieron satisfechos por la falta de empatía: “reconocen que algunos tenemos un problema pero te dicen que si no te interesa, que no te apuntes. Sin embargo, la clientela ya está acostumbrada y si ahora les dices que no estás en la aplicación, podríamos perder clientes”, se queja C.M. Igualmente, lamenta que las asociaciones de comerciantes no se hayan implicado a defender a una parte del comercio.

Zaragoza en Común responsabiliza al Ayuntamiento

Frente a la opinión de los comerciantes sobre las responsabilidades administrativas, el grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) considera que el problema deriva de la “opacidad y mala gestión” del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de los datos a la Base Estatal de Subvenciones.

El concejal Suso Domínguez sostiene que el Consistorio solo habría subido información de 752 de los 2.352 comercios adheridos al programa, lo que habría provocado que algunos establecimientos hayan recibido avisos fiscales mientras otros no han obtenido ninguna información clara ni instrucciones por parte del Ayuntamiento o de la Cámara de Comercio. “Mientras el Gobierno de Aragón subía los datos a transparencia, el Ayuntamiento ha seguido sin hacerlo”, compara.

Según Domínguez, ya en la segunda convocatoria del programa en 2021 existían informes de la intervención municipal que calificaban estas ayudas como subvenciones sujetas a la Ley General de Subvenciones. Sin embargo, denuncia que el Gobierno municipal de Natalia Chueca no ha actualizado correctamente los datos en la plataforma estatal y que solo recientemente, tras las quejas de ZEC, se han incorporado algunos registros de 2024.

El edil alerta de que esta situación está generando “incertidumbre y malestar” entre comerciantes que participaron “de buena fe” y que ahora se sienten desamparados ante posibles consecuencias fiscales. Además, teme que Hacienda pueda revisar ejercicios anteriores.

ZEC asegura que en el programa Volveremos de 2024 aparecen computados 4,9 millones de euros gestionados por la Cámara de Comercio, aunque solo constan registrados 2,3 millones en la base nacional de subvenciones. Es decir, “hay 2,5 millones que siguen sin aparecer pese a ser obligatorio y no sabemos a qué han sido destinados”, denuncia el grupo municipal.

Según Zaragoza en Común, muchos comerciantes descubrieron en esta campaña de la renta cantidades que desconocían y que nunca se les había advertido que debían declarar. Solo consta, aseguran, una circular enviada por la Cámara de Comercio en abril de 2026 informando de que algunas cuantías podrían aparecer reflejadas en Hacienda.

Para ZEC, todo ello evidencia “el caos y la falta de control” en el Área de Economía del Ayuntamiento y exige máxima transparencia sobre los 20 millones de euros destinados al impulso del comercio local. A juicio de Suso Domínguez, “son los datos mejor guardados del mundo”, aludiendo a la “opacidad” de las cuentas, por lo que ha vuelto a exigir una auditoría externa e independiente.

Por su parte, el consejero municipal Carlos Gimeno (PP) respondió a las críticas acusando a Zaragoza en Común de mostrar “una clara aversión a todo lo que sea bueno para el pequeño comercio”.

Respecto a la petición de una auditoría externa, Gimeno defendió los mecanismos de control del Ayuntamiento y recordó que las subvenciones están sujetas tanto a la intervención municipal como al control financiero posterior.

El edil explicó además que la publicación de ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) tiene un periodo de visibilidad limitado por ley. Según detalló, el Real Decreto 130/2019 redujo el tiempo de permanencia pública de las ayudas concedidas a personas físicas para evitar la elaboración de perfiles personales.

De este modo, las subvenciones concedidas a personas físicas permanecen visibles durante el año de concesión y el siguiente, mientras que las destinadas a personas jurídicas se mantienen publicadas durante cuatro años.

Gimeno recordó que el programa Volveremos 2024 en la capital contó con un importe final de 4,86 millones de euros y 2.045 beneficiarios únicos, y aseguró que la información sigue conservándose internamente, aunque ya no sea visible públicamente pasado el plazo legal. Asimismo, defendió que los datos correspondientes a 2025 sí pueden consultarse íntegramente en la plataforma estatal.

Volveremos en cifras

El programa Volveremos nació en 2020 impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en 2024 se incorporó el Gobierno de Aragón. Su objetivo es fomentar las compras en pequeños comercios y dinamizar la actividad comercial en zonas urbanas y rurales de Aragón.

Según el informe de la Cámara de Comercio publicado este año, para los establecimientos adheridos “la aceptación de este saldo Volveremos como medio de pago se traduce en la percepción de una subvención a fondo perdido que cubre el 100% del importe del saldo admitido”.

El documento añade que la ayuda se clasifica como subvención a la explotación destinada a compensar parte del precio de venta de las operaciones comerciales, conforme a la Orden EEI/691/2024.

En 2025, el programa generó compras por valor de 98 millones de euros en el comercio de proximidad aragonés. El Gobierno de Aragón aportó 5 millones de euros, cantidad similar a la invertida por 62 ayuntamientos. A través de Volveremos se realizaron más de 1,15 millones de transacciones en 3.412 comercios y actualmente la plataforma cuenta con 136.400 usuarios.

El programa ha pasado de contar con 22 municipios participantes en 2024 a 72 en 2026 y, según los datos oficiales, por cada euro invertido se generaron más de diez euros en actividad comercial.

Además, las compras realizadas permiten pagar hasta el 50% del importe del ticket utilizando el saldo acumulado, tanto autonómico como municipal.

Mientras se desarrolla este momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, la nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas, especialmente entre los consumidores.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha querido dejar claro este jueves en el Parlamento que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar “ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social” como pueden ser pensiones.

El organismo fiscalizador dio a conocer el pasado 5 de mayo un informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de 2024 donde detectó que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que viene provocando la prórroga anual de los Presupuestos desde 2023.

Chicano ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de diferentes informes de fiscalización al Congreso y al Senado, pero no de ese informe de la Cuenta General del Estado, pese a que el PP llegó a registrar una petición para cambiar el orden del día y que se incluyera dicho texto.

“Categóricamente les digo que no”

Finalmente, en el orden del día no estaba la Cuenta General del Estado de 2024, pero los grupos de la oposición han aprovechado sus turnos de intervenciones para sacar el tema y la presidenta Chicano ha querido adelantar un pronunciamento: “Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social”.

Tras subrayar la Comisión Europea que desde Bruselas “no cuestionan el uso legal” de las ayudas comunitarias, Enriqueta Chicano ha apostillado que en el citado informe, ni en los votos concurrentes ni en el particular (contrario) se apunta a que se haya producido un desvío de fondos europeos.

“El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran”, ha zanjado la máxima representante del organismo fiscalizador.

En concreto, el informe apuntaba que ante la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, el Gobierno autorizó en noviembre de 2024 dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expuso que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, pues el organismo entendía que existe una “incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

En plena campaña de la Declaración de la Renta, muchos jóvenes están descubriendo que el Bono Alquiler Joven conlleva consecuencias fiscales. Aunque se trata de una ayuda pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Agencia Tributaria recuerda que esta subvención no está exenta de tributación. Esta circunstancia puede obligar a muchos beneficiarios a presentar su declaración anual aunque su salario sea reducido. Muchos perceptores ignoran que estas ayudas directas deben notificarse formalmente durante el periodo correspondiente, por lo que es fundamental conocer las implicaciones de recibir estos fondos públicos para evitar errores. La Agencia Tributaria ha dejado claro que ignorar esta obligación no exime de posibles sanciones posteriores. Resulta vital que los jóvenes entiendan que esta ayuda tiene un reflejo directo en sus compromisos tributarios.

Por todo ello, el primer paso es revisar los datos fiscales antes de confirmar el borrador. El Bono Alquiler Joven concede hasta 250 euros mensuales, lo que supone un máximo de 3.000 euros anuales para el beneficiario. Esta ayuda puede percibirse durante un periodo de hasta dos años siempre que se cumplan requisitos específicos. Entre estas condiciones destaca tener menos de 35 años y no superar determinados límites de ingresos. Además, la cuantía debe destinarse exclusivamente al pago de la vivienda habitual o al alquiler de una habitación. Es imperativo que el solicitante no tenga una relación familiar directa de primer o segundo grado con el arrendador. El límite de ingresos suele fijarse en tres veces el IPREM para la unidad de convivencia estándar. También existen topes en el precio del alquiler, generalmente 600 euros para viviendas y 300 para habitaciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que percibir más de 1.000 euros anuales en ayudas públicas obliga automáticamente a declarar. Esto ocurre sin importar que el salario del joven sea inferior al límite general de 15.876 euros anuales. Según explica la OCU, el bono se considera legalmente como una ganancia patrimonial dentro del sistema impositivo. Si has cobrado el bono durante un año completo, habrás recibido 3.000 euros. Incluso si solo lo has percibido durante seis meses, la ayuda asciende a 1.500 euros y genera la obligación. Recibir cantidades que pueden parecer pequeñas obliga a declarar si el total de subvenciones supera el umbral. 

Esta normativa afecta a quienes perciben rendimientos del trabajo no sujetos a retención o letras del Tesoro. Por tanto, la mayoría de los beneficiarios del bono joven entrarán de lleno en el radar de Hacienda. Es un error común pensar que por tener ingresos bajos se está exento de este trámite fiscal. Técnicamente, el bono de alquiler joven se clasifica como una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión. Esto significa que este ingreso extra afecta directamente a la base imponible general del IRPF del contribuyente. Al no proceder de la venta de ningún bien, se suma a otros ingresos como el salario percibido. Esta distinción es relevante porque determina cómo y dónde debe tributar el dinero recibido de la administración. La naturaleza de esta ayuda pública implica que Hacienda la trata de forma similar a un premio. No es una deducción que reste impuestos, sino un ingreso que podría llegar a aumentar la cuota final. Entender este concepto es clave para no llevarse sorpresas al ver el resultado final de la autoliquidación. 

No obstante, estar obligado a declarar no siempre equivale a tener que realizar un ingreso a Hacienda. En ocasiones, el resultado del ejercicio puede ser neutro o incluso salir a devolver al contribuyente. Para formalizar el trámite, los jóvenes deben incluir el importe en la casilla 0303 del formulario del IRPF. Este apartado corresponde a las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos. En la gran mayoría de los casos, la ayuda ya aparecerá incorporada automáticamente en los datos de Renta Web. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del contribuyente verificar que el importe reflejado en el borrador sea el correcto. El sistema Renta Web suele trasladar la información fiscal directamente al lugar que debe ocupar en el formulario. A pesar de esta automatización, conviene revisar manualmente las cuantías para evitar errores de transcripción o datos incompletos. 

Es vital recordar que esta ayuda se debe declarar en el ejercicio fiscal en el que se cobra efectivamente, es decir, no importa el año al que corresponda la mensualidad, sino el del ingreso. Por ejemplo, si la mensualidad de diciembre de 2024 se ingresó en enero de 2025, se declara en la renta de 2025. Así lo establece de forma taxativa el artículo 14.2 c) de la Ley del IRPF vigente en la actualidad. Este desfase temporal puede generar confusión entre quienes esperan tributar por periodos naturales de alquiler devengado. Por ello, se recomienda revisar los extractos bancarios para confirmar las fechas exactas de recepción del dinero. Esta norma evita que se declaren cantidades que aún no han sido puestas a disposición del beneficiario joven. 

Posibles sanciones

La obligación de declarar también puede surgir si se combina el bono alquiler con otras ayudas públicas diferentes. Un caso habitual es la suma del Bono Alquiler Joven con el Bono Cultural Joven de 400 euros. Si se perciben 750 euros de alquiler y se gasta el bono cultural, se superan los 1.000 euros totales. En tal situación, el joven queda obligado a presentar la renta únicamente por la suma de estas subvenciones. Es importante no confundir el bono joven con otras ayudas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. Estas últimas ayudas suelen estar exentas de IRPF y no requieren ser incluidas en la declaración anual. Sin embargo, el Bono Alquiler Joven estándar carece de esa exención y siempre debe ser computado debidamente. 

No incluir el bono en la declaración puede acarrear serios problemas y sanciones económicas de diversa cuantía. Hacienda tiene la potestad de revisar los datos y exigir la presentación de una declaración complementaria. En estos casos, se aplicarían recargos que oscilan entre el 5% y el 20% sobre la cantidad omitida. Además, si la administración detecta ocultación intencionada, podría imponer multas pecuniarias adicionales al contribuyente. Existe también el riesgo de perder el acceso a otras ayudas o deducciones futuras por incumplimiento fiscal. El bono alquiler joven es una herramienta clave de apoyo, pero conlleva compromisos que no pueden eludirse. Asegurarse de realizar el trámite correctamente evita sustos, recargos innecesarios y posibles inspecciones de la Agencia Tributaria.