El calendario fiscal de los contribuyentes afronta una de las fechas más relevantes con la llegada del segundo plazo del pago de la Renta del ejercicio 2025. Todos aquellos ciudadanos que optaron por fraccionar el importe a ingresar al presentar su liquidación deben abonar el 40% restante antes del próximo cinco de noviembre. Este vencimiento representa una cita ineludible para miles de hogares que fraccionaron su deuda en dos partes, habiendo satisfecho el 60% inicial en primavera. Sin embargo, la inminencia de esta fecha límite no solo moviliza a los contribuyentes, sino que ha reactivado las alarmas de ciberseguridad ante el despliegue de campañas masivas de fraude.

Ante el incremento sostenido de mensajes engañosos detectados en los últimos días, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta para advertir sobre los riesgos de estas suplantaciones. La OCU señala que los estafadores utilizan el gancho del vencimiento del cinco de noviembre para enviar comunicaciones fraudulentas que simulan proceder de la Agencia Tributaria. Según detalla la propia organización de consumidores, estas trampas digitales buscan explotar la incertidumbre y el miedo a sanciones administrativas entre quienes tienen pendiente el pago del IRPF. El objetivo prioritario de las redes delictivas consiste en engañar al usuario para que acceda al enlace malicioso.

El modus operandi desplegado en esta campaña de fraude destaca por la variedad de pretextos utilizados para infundir urgencia y conseguir que el ciudadano actúe sin verificar la autenticidad del remitente. Entre los mensajes más habituales detectados por la OCU se encuentran aquellos que aseguran falsamente que el cargo bancario correspondiente a la segunda fracción ha sido rechazado por la entidad financiera. En otros casos, los ciberdelincuentes advierten sobre una supuesta incidencia grave en la domiciliación bancaria o amenazan directamente con la imposición inmediata de recargos y sanciones económicas. Independientemente de la variante empleada, todas las comunicaciones insisten en la urgencia de acceder al enlace web.

La Agencia Tributaria ha reaccionado ante el repunte de este tipo de ciberestafas mediante avisos oficiales destinados a proteger a los contribuyentes frente al conocido como smishing. La entidad pública recuerda tajantemente que jamás solicita información confidencial, datos bancarios, números de cuenta ni tarjetas de crédito a través de mensajes de texto SMS o correos electrónicos. Desde el organismo estatal se insiste en que las comunicaciones oficiales nunca contienen enlaces directos dirigidos al pago de deudas ni exigen la entrega de claves personales para resolver incidencias tributarias. Este tipo de fraude busca aprovechar la confianza de los ciudadanos para obtener sus datos bancarios.

Para tranquilidad de los contribuyentes que eligieron la opción de domiciliación bancaria para la segunda fracción al presentar su declaración, la Agencia Tributaria aclara que el procedimiento es totalmente automático. En estos casos, el importe correspondiente al 40% pendiente será cargado directamente en la cuenta corriente facilitada el mismo día cinco de noviembre. Por lo tanto, los ciudadanos que hayan domiciliado el pago no necesitan realizar ninguna gestión adicional, ni acceder a ningún portal web, ni confirmar nuevamente sus datos en plataforma alguna. Únicamente resulta necesario comprobar que la cuenta bancaria designada dispone de saldo suficiente para atender el cargo del recibo.

Qué hacer

Por su parte, aquellos contribuyentes que decidieron fraccionar el pago del IRPF pero no solicitaron la domiciliación bancaria de esta segunda cuota deben efectuar el ingreso de forma manual antes de que concluya el plazo legal del cinco de noviembre. La OCU recalca que esta gestión debe realizarse obligatoriamente mediante el Modelo 102 a través de los canales oficiales habilitados por la administración pública. Para ello, los interesados pueden formalizar el pago por vía electrónica ingresando directamente en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o acudiendo a entidades bancarias colaboradoras. Resulta fundamental que el usuario introduzca manualmente la dirección web oficial en su navegador habitual.

En el caso de recibir un SMS sospechoso relacionado con el pago de la Renta, las recomendaciones de la OCU y de las autoridades de ciberseguridad pasan por no responder, no hacer clic en los enlaces y eliminar la comunicación inmediatamente. Si existen dudas sobre el estado real de la liquidación del impuesto, se debe consultar el expediente personal entrando por medios propios en la Sede Electrónica oficial. Asimismo, si un ciudadano ha sido víctima del engaño y ha facilitado datos bancarios o contraseñas, es urgente que contacte de inmediato con su entidad financiera para bloquear las tarjetas o cuentas afectadas. También se deben guardar todas las evidencias del mensaje engañoso y denunciarlo.

El proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 del Ayuntamiento de Logroño, presentado con el objetivo de “aminorar la carga impositiva a la ciudadanía”, según han dicho, ha presentado nuevas bajadas en los cinco impuestos municipales -como el IBI, el Impuesto de Vehículos, el ICIO o la plusvalía- así como el refuerzo de los beneficios fiscales vinculados a las políticas municipales de vivienda.

Por su parte, se incrementa de forma general (tomando como referencia el IPC de julio que se situó en un 3,6 por ciento) las tasas y precios públicos “con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios”. A ello se suma también la simplificación de trámites administrativos “gracias a la mejora de los instrumentos destinados a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Así lo ha presentado este miércoles el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, quien ha destacado, entre otras cuestiones, que el IBI bajará de nuevo hasta el 0,565 por ciento lo que, sumado a las reducciones de los tres años anteriores, supondrá una reducción acumulada cercana al 5 por ciento para los logroñeses.

Además, se reducen también un 2 por ciento el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en un 5 por ciento el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que el tipo de gravamen baja desde el 3,07 por ciento hasta el 2,92 por ciento.

Tasas y precios públicos suben

Por su parte, y respecto a las tasas y los precios públicos, el proyecto plantea su revisión limitando el ajuste al incremento del IPC del mes de julio, un 3,6 por ciento (el más bajo de todos). Una medida que, según ha justificado Iglesias, responde “a un a mera cuestión de buena gestión entre ingresos y gastos públicos donde es necesaria la revisión de las tasas y los precios públicos para aproximar lo máximo posible el coste que suponen estos servicios al Ayuntamiento y lo que el Consistorio recauda por ellos”.

En este sentido, por ejemplo, la tasa de Basuras subirá un 3,6 por ciento. El Ayuntamiento presenta así un proyecto que, como ha defendido Iglesias, tiene “objetivos cumplibles y claros”; Reducir la carga de los cinco impuestos municipales, orientar los beneficios fiscales hacia las prioridades públicas, como puede ser la vivienda, simplificar la gestión y garantizar la sostenibilidad económica de los servicios que se prestan en el Ayuntamiento de Logroño.

Consolida también “el esfuerzo” del Consistorio realizado durante cuatro años de rebaja y mantiene la prioridad del equipo de Gobierno “de que la rebaja fiscal municipal de los ciudadanos sea la mayor posible” recordando que, a lo largo de esta legislatura, se han hecho 11 bajadas de impuestos -con bonificaciones o coeficientes directos-.

Bajadas en cinco impuestos

En el ámbito impositivo, el proyecto de ordenanzas fiscales reduce de nuevo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa de 0,570 a 0,565 puntos. Una reducción que, sumada a la realizada en los tres años anteriores, supondrá un descenso acumulado cercano al 5%, sin considerar la inflación, que se traduce en un ahorro directo al bolsillo de los logroñeses de 1,6 millones de euros en los que va de legislatura.

“Esta medida supondrá un ahorro estimado para los ciudadanos de 315.000 euros y permitirá moderar la carga tributaria asociada a la vivienda y a los inmuebles urbanos”, ha afirmado Iglesias.

La reducción también se apreciará en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente a los turismos, cuyas cuotas se reducen en un 2%, y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que disminuye un 5%, ya que el tipo de gravamen baja desde el 3,07% hasta el 2,92%, medida que pretende favorecer tanto la construcción de nuevas viviendas como las obras de reforma que mejoran las condiciones de habitabilidad de los inmuebles existentes.

Con ello se incentiva un aprovechamiento más eficiente del parque de vivienda ya construido, facilitando su conservación. El tributo conocido popularmente como Plusvalía descenderá de nuevo, “profundizando en los coeficientes que corresponde aplicar para el cálculo del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana en procedimientos tras la venta de una finca o propiedad inmueble”.

“Llegamos así al cuarto ejercicio consecutivo de reducción, con el objetivo de llegar al 10% de disminución acumulada respecto a los coeficientes máximos establecidos por el Estado al final de la presente Legislatura”, ha continuado Iglesias.

Bonificaciones fiscales y consolidación de las existentes

El Proyecto de Ordenanzas Fiscales mantiene todas las novedades introducidas en 2024, 2025 y 2026, centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la bonificación del IBI para las familias numerosas, de la que se benefician más de 1.000 contribuyentes, así como el beneficio aplicable a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, que supera los 4.500 beneficiarios.

El proyecto de Ordenanzas incorpora, además, una nueva bonificación del 25% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las promociones de viviendas de protección oficial, incentivo que pretende contribuir a mejorar la viabilidad de estos proyectos y favorecer el incremento de la oferta de vivienda protegida, un paso más en la política de vivienda en la que viene trabajando el equipo de Gobierno.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas se simplifica, además, la documentación que deben presentar las empresas para solicitar la bonificación vinculada al incremento de plantilla.

En la Plusvalía municipal se mantiene la bonificación del 95% por la transmisión mortis causa de la vivienda habitual y se amplía el número de posibles beneficiarios mediante la supresión del requisito de haber permanecido empadronado en la vivienda durante los diez años anteriores al fallecimiento.

La eliminación de esta exigencia“ permitirá acceder a la bonificación a personas para las que el inmueble constituía efectivamente su vivienda habitual, pero que quedaban excluidas por no alcanzar los diez años de empadronamiento”.

Herramientas tecnológicas en los pagos

Respecto a las tasas y los precios públicos, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea su revisión, limitando el ajuste al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de julio, un 3,6% (inferior al 4,3% de agosto). “Una medida que responde a una mera cuestión de buena gestión entre ingresos y gastos públicos, donde es necesaria la revisión de las tasas y los precios públicos para aproximar lo máximo posible el coste que suponen estos servicios al Ayuntamiento y lo que el Consistorio recauda por ellos”, ha defendido el concejal.

De esta manera, el objetivo es evitar que el incremento de los gastos de prestación de servicios se desplace progresivamente hacia los impuestos generales, buscando así mantener un equilibrio entre la moderación de las tarifas, la contribución de los usuarios y la sostenibilidad de unos servicios públicos de calidad.

El concejal también ha explicado que se ha modernizado con nuevas herramientas tecnológicas los trámites y procedimientos para facilitar el pago, que se han mejorado, además de simplificar la documentación exigida para favorecer una gestión más ágil y automatizada.

Otra de las novedades es que, hasta ahora, las deudas inferiores a 18.000 euros quedaban dispensadas de aportar garantía únicamente cuando el plazo solicitado no superaba los doce meses. La nueva regulación elimina esta limitación temporal y mantiene como único criterio el importe de la deuda.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes una dotación de 100 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de crédito para que las empresas puedan realizar inversiones estratégicas a través del programa Indartuz. Los créditos a las empresas podrán llegar hasta los dos millones de euros para las empresas y 250.000 euros para los autónomos. En función de la demanda la dotación podrá aumentarse de los 100 millones actuales hasta 350.000, según ha señalado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou.

La nueva línea de crédito está dirigido a pymes y empresas que podrán tener hasta 500 empleados y 100 millones de euros de facturación, además de trabajadores autónomos. Serán préstamos a un plazo máximo de diez años, con hasta dos años de carencia opcional. Además, no tendrán comisiones ni costes adicionales y permitirán la amortización anticipada sin penalización. El tipo de interés estará limitado al Euríbor a seis meses más un diferencial máximo del 0,75%. Los préstamos tendrán el aval de Elkargi y el Gobierno vasco subvencionará íntegramente la comisión anual de ese aval, del 0,75% anual, reduciendo el coste financiero para las empresas beneficiarias. Además, destinará a Elkargi 8,5 millones de euros para hacer frente a posibles morosidades.

En cuanto a las inversiones que se podrán financiar serán las actuaciones destinadas a incrementar la capacidad productiva, implantar nuevas líneas de negocio, favorecer la internacionalización o impulsar la relocalización industrial. También se incluyen inversiones dirigidas a la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la economía circular, la descarbonización de procesos productivos o la incorporación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, microelectrónica o computación cuántica. El consejero ha recordado en este sentido que en ningún caso estos créditos podrán destinarse a la reestructuración de la deuda.

Además de Elkargi y el Gobierno vasco el programa está abierto ahora a las entidades que quieran adherirse al programa, dentro del marco de la Alianza Financiera Vasca, en la que está incluido esta línea de créditos.

D'Anjou ha destacado que con la iniciativa se busca facilitar que las empresas dispongan de financiación en condiciones favorables para acometer inversiones estratégicas que contribuyan a fortalecer la competitividad, generar empleo y consolidar el posicionamiento de Euskadi como referente europeo en innovación e industria avanzada, y ha puesto en valor la colaboración público privada que suponen estos avales.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado pronunciarse por “falta de competencia para su conocimiento” sobre la petición para que los juzgados de Madrid asuman el 'caso Montoro' y ha dejado la decisión en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona, que tendrá que decidir si traspasa la causa o la mantiene en los juzgados de instrucción tarraconenses.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal han archivado la reclamación efectuada por Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, y la organización Manos Limpias, que habían pedido al alto tribunal que se pronunciara sobre la competencia de los juzgados de instrucción.

En esta causa, el juez de Tarragona Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

La Audiencia de Tarragona declinó pronunciarse al respecto “por falta de competencia funcional”, al considerar que su conocimiento correspondía al Tribunal Supremo, pero la Sala de lo Penal señala ahora que es el tribunal tarraconense el que deberá decidir si la causa se mantiene en Tarragona o se traspasa a Madrid.

“No habiéndose suscitado cuestión de competencia alguna entre dos órganos judiciales con sede en distintas comunidades autónomas, no concurre una contienda competencial cuyo conocimiento corresponda a esta Sala”, ha aducido el alto tribunal.

En su opinión, la reclamación formulada “corresponde a la Audiencia Provincial de Tarragona, en su condición de tribunal superior de órgano instructor”. “La pretensión de las partes de atribuir la instrucción a un órgano judicial de otro territorio no constituye, por sí sola, una cuestión de competencia entre órganos judiciales”, argumenta.

Así, el Supremo indica que “carece de competencia para resolver la reclamación planteada, por lo que procede acordar que no ha lugar a su tramitación ante esta Sala y el archivo de las presentes actuaciones”.

El Gobierno ha aplazado de nuevo la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta octubre de 2028, para acompasar su puesta en marcha con la nueva factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública que desarrollará el fisco.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes una nota informativa en la que indica que, “con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación”, de tal manera que no entrarán en vigor hasta dentro de dos años.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Esta normativa entraba en vigor el 1 de enero para pymes y el 1 de julio para autónomos.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Precisamente este lunes el BOE publica la orden ministeral que detalla los requisitos que tendrá que tener la solución pública para la factura electrónica diseñada por la Agencia Tributaria. Este trámite era el paso clave para arrancar el reloj de cara a su adopción por parte de las empresas. A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según la nota difundida por Hacienda, una vez aprobada la alineación de los calendarios, “se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de ViDA”. El resto de aspectos de Verifactu, más allá de su calendario de implantación, siguen en marcha.

En una nota de prensa, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado que se haya retrasado para “dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español” y dicen que esta coordinación “permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo”.

La Junta de Extremadura ha editado la guía “Conoce tus impuestos” con el objetivo de acercar su política fiscal a los contribuyentes extremeños, tras detectar que los beneficios tributarios aprobados por el Gobierno regional en los impuestos cedidos no se aplican en su totalidad debido al desconocimiento.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha presentado en rueda de prensa este manual, del cual se han impreso 150 ejemplares en papel, que se distribuirán a través de los servicios fiscales, y que ya se encuentra disponible en formato digital en el portal web de la Junta de Extremadura para facilitar el acceso a la ciudadanía.

Manzano ha destacado la rebaja fiscal impulsada por el Ejecutivo autonómico, señalando que desde 2023 se han devuelto 123 millones de euros a los contribuyentes al tiempo que se ha alcanzado una cifra récord de recaudación.

IRPF y deducciones por reto demográfico

La publicación detalla el impacto de las medidas en el tramo autonómico del IRPF, que cuenta actualmente con 21 deducciones en vigor. Entre ellas destaca la bonificación del 15% de la cuota íntegra autonómica dirigida a los residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes.

Según los datos facilitados por la consejera, en la última campaña de la renta correspondiente a 2025 un total de 45.113 personas se beneficiaron de esta medida, lo que supone 4.970 contribuyentes más que en el ejercicio anterior. Un incremento que, ha subrayado, responde fundamentalmente a una mayor difusión y conocimiento del beneficio fiscal.

Sucesiones, donaciones y especial vinculación

El área que genera un mayor volumen de consultas en los servicios fiscales de la administración regional es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La guía recuerda que las herencias no tributan en Extremadura si no superan los 500.000 euros, y que a partir de dicha cantidad la cuota cuenta con una bonificación del 99%.

En este apartado, Manzano ha recordado que el plazo obligatorio para liquidar la herencia es de seis meses desde el fallecimiento, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros seis meses antes de que transcurra el quinto mes.

Asimismo, la consejera ha señalado que unas 600 personas ya se han inscrito en el Registro de Personas de Especial Vinculación, una figura exclusiva de Extremadura. Esta medida permite a familiares sin parentesco directo o descendientes, siempre que acrediten una convivencia efectiva durante los últimos tres años, acogerse al régimen de deducciones asimilado al de los hijos en el impuesto de sucesiones, siendo requisito indispensable la inscripción previa. Esta iniciativa acumula un ahorro superior a los 10,4 millones de euros para los contribuyentes.

Resto de tributos y canales de consulta

El manual también recopila las deducciones aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y repasa el resto de tributos autonómicos, entre los que se encuentran el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el Impuesto sobre el Patrimonio, que está bonificado al 100% en la región, los tributos sobre aprovechamientos cinegéticos, el canon de saneamiento y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

La guía se completa con un apartado de preguntas frecuentes y una sección con enlaces y localizaciones de interés en materia fiscal para que los ciudadanos puedan resolver cualquier duda de forma directa.

El Gobierno da forma a los últimos flecos de un Real Decreto-Ley que le permita coger aire tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su hogar por la compañía Urbagestión y que se ha convertido en el símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. El Ejecutivo trata de atar a todos sus socios parlamentarios y, en concreto, prevé incluir en ese texto bonificaciones fiscales para propietarios y, también, inquilinos. Lo primero es una exigencia de Junts, cuyo concurso es necesario para que salga adelante la ley. Y lo segundo sería un notable cambio de rumbo tras más de una década sin ayudas fiscales estatales a este colectivo.

El paquete fiscal, que el Ministerio de Vivienda negocia contra reloj, prevé bonificaciones para “rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata” de los inquilinos. Y también ventajas fiscales “para quienes bajen el precio del alquiler”, con el objetivo de incentivar los recortes en los precios. En concreto, ampliando la deducción sobre esos ingresos hasta el 100%, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, en determinados supuestos.

Entre el decálogo de medidas, indican fuentes del Gobierno, se incluye a los pisos turísticos en el perímetro del IVA, la bajada de este impuesto para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente y ayudas a la compra de una primera vivienda para “las personas que quieren adquirir un piso, pero no tienen ahorros”.

A falta de conocer la letra pequeña definitiva, los “regalos fiscales” a los propietarios, como se ha definido a estas medidas desde la izquierda del PSOE, han levantado una importante polvareda. Porque, si alguien se ha beneficiado durante más de una década de estos beneficios tributarios, son precisamente los tenedores –grandes o pequeños– de vivienda.

“En la práctica, el inquilino no dispone hoy de ningún beneficio fiscal estatal”, explica Xavier Rubert, socio del despacho especialista en fiscal Lullius, ya que “la deducción por alquiler de vivienda habitual se suprimió en 2015 y solo sobrevive, en régimen transitorio, para contratos firmados antes de esa fecha”. Sí existen algunos beneficios a nivel autonómico, que cada gobierno regional regula por su cuenta.

Una deducción del 10% sobre el pago del alquiler

Según datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, procedentes de la última estadística del IRPF, solo 121.573 inquilinos se benefician en la actualidad del régimen transitorio de esa deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y una factura para el Estado de 25,7 millones. “Teniendo en cuenta que el INE estima que un 20,4% de los hogares viven de alquiler, parece que el Gobierno de España podría realizar un esfuerzo mayor para facilitar el acceso”, indica su secretario general, José María Mollinedo.

El borrador del Real Decreto-Ley que valora el Gobierno plantea una deducción para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.

Frente a la poca generosidad con las personas que viven de alquiler, la política española de los diez últimos años ha colmado de beneficios fiscales a propietarios. “Tienen incentivos importantes”, apunta Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Asesores Economistas Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. “Con carácter general, los nuevos contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 [un día después de publicarse y entrar en vigor la Ley de Vivienda] tienen reducciones del 50%, pero puede subir al 60, al 70 o incluso al 90% si cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si la vivienda está en una zona tensionada y el propietario firma un nuevo contrato que reduce la renta en más del 5%”, señala. Pero Rubert matiza que estos últimos tramos “son, sin embargo, de alcance muy reducido, porque dependen de que la comunidad autónoma declare zonas tensionadas y varias gobernadas por el PP han optado por no hacerlo”.

Mollinedo, de Gestha, compara esos poco más de 120.000 inquilinos que gozan de una deducción estatal con los 2,2 millones de propietarios que disfrutan del beneficio fiscal por alquilar, con un alivio medio de 3.006 euros y una reducción total de 6.725 millones de euros. “Esta gran diferencia da una clara idea de la apuesta de los gobiernos de España en la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler”, dice el técnico de Hacienda. “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”, concluye.

De cada 100 euros, los caseros tributan 24 por los alquileres

De los datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF correspondientes a 2024, los últimos publicados, los propietarios españoles declararon a la Agencia Tributaria ingresos procedentes del alquiler de vivienda habitual por valor de 21.000 millones. Una vez aplicadas las deducciones de gastos (9.300 millones, por amortizaciones, intereses de la hipoteca, seguros, o gastos de comunidad) y ese ‘regalo’ por alquilar una vivienda habitual (6.631 millones), el montante sobre el que pagan –se incluye en su base imponible–se queda en poco más de 5.050 millones de euros. De cada 100 euros que ingresan, apenas tributan por 24 euros.

Ese tratamiento más favorable de las rentas procedentes del alquiler para los caseros también se traduce en que el tipo efectivo que soporta un propietario es, potencialmente, mejor que el de un asalariado. Un trabajador con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF. Un casero que percibe 20.000 euros procedentes de su trabajo al año y percibe 10.000 euros de alquiler tributa prácticamente la mitad: 2.700 euros.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, que es interactivo, si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, eso supondría contribuir con 32.119 euros al fisco. Si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, apenas abonaría 5.434 euros.

Los datos muestran el caso de un contribuyente que presenta la declaración individual, sin hijos ni otras personas a cargo, menor de 65 años y sin discapacidad. Se usa la escala general del impuesto. Para los gastos deducibles de los caseros, se usa la media que declararon en 2024, el 44,5 % de lo que cobraron. La reducción aplicada es la general, del 50%, aunque puede ser mayor si se cumplen una serie de condiciones.

Esa brecha en el tipo efectivo se ve claramente en este otro gráfico: partiendo de un sueldo bruto de 25.000 euros, si un trabajador aumentara sus ingresos hasta los 100.000 euros brutos, su tipo efectivo sobre el IRPF –que, recordemos, es progresivo– se situaría en el 32,1%. Si los 75.000 euros restantes procedieran de rentas del alquiler, el tipo progresivo decaería hasta colocarse en el 10,3%. Es decir, pagaría proporcionalmente menos que el asalariado del punto de partida (14,3%).

Gimeno apunta que, en comparación, “sí existe cierta descompensación” entre caseros y aquellos que viven de alquiler. “Creo que tendría sentido reforzar algún incentivo para el arrendatario, especialmente para rentas medias y bajas, pero siempre cuidando que no termine trasladándose al precio del alquiler”, advierte el experto del REAF.

Precisamente este es uno de los aspectos que destaca el investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga, especializado en el sector inmobiliario. “Las ayudas directas o fiscales por alquilar pisos antes vacíos son positivas siempre que estén condicionadas a que la renta resulte asequible al hogar inquilino. De lo contrario no hacen sino avivar el fuego del ascenso de precios”, defiende. 

Tampoco lo comparte Pablo Feu, abogado especializado en vivienda y uno de los impulsores de la prohibición de compra especulativa de casas: “Para que salga a cuenta, la rebaja fiscal tiene que vencer el beneficio del mercado. Lo que tiene que vencer es que salga más a cuenta que el incremento exponencial de los precios de mercado mes a mes o año a año, y eso en España es imposible”. “Es un error de libro”, dice.

Bajar impuestos se ha convertido en uno de los principales argumentos económicos del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero la fotografía que ofrece la Cuenta General de 2025 incorpora otra realidad: mientras se reducen determinados impuestos y se mantienen bonificaciones fiscales, crece el dinero que entra en las arcas municipales a través de tasas y precios públicos, los que pagan todos los ciudadanos independientemente de su renta, por servicios como el agua, la recogida de residuos, las piscinas, los teatros o la Universidad Popular.

Los datos puestos sobre la mesa con motivo de la presentación de las cuentas municipales muestran que la recaudación por estos conceptos no solo ha aumentado respecto al ejercicio anterior, sino que en el caso de las tasas ha superado las propias previsiones del Ayuntamiento. PSOE, Vox y Zaragoza en Común han llegado a esta cuestión desde posiciones diferentes, pero las tres formaciones han llamado la atención sobre el crecimiento de los ingresos municipales.

Según los datos expuestos por la portavoz socialista de Hacienda, Marta Aparicio, la recaudación neta del capítulo 3 —que engloba tasas, precios públicos y otros ingresos— ha crecido un 10% respecto a 2024, hasta situarse cerca de los 128 millones de euros.

Dentro de ese capítulo, Aparicio destacó que la recaudación por las tasas vinculadas a la prestación de servicios públicos básicos ha aumentado más de un 12%. Todavía mayor ha sido, según los datos que aportó, el incremento de los ingresos por precios públicos: más de un 40% en conceptos que incluyen servicios como teatros, piscinas o Universidad Popular.

La evolución permite al PSOE cuestionar el alcance real de la política de rebajas fiscales que reivindica el Gobierno municipal. Su argumento es que el Ayuntamiento reduce impuestos, pero recupera ingresos por otras vías que afectan al conjunto de los usuarios de los servicios municipales. A su juicio, las bonificaciones fiscales aplicadas por el PP benefician “a los que menos necesitan que se les bonifique”, mientras crece el peso de tasas y precios públicos, que “todos pagamos por igual tengamos la renta que tengamos”.

La comparación con el presupuesto inicial aporta otra perspectiva. Los datos destacados por Vox muestran que el Ayuntamiento terminó 2025 recaudando por tasas por encima de lo que había calculado cuando elaboró sus cuentas.

Los impuestos directos alcanzaron un grado de ejecución del 100,61%, mientras las tasas llegaron al 105,09%. Es decir, estas últimas proporcionaron aproximadamente un 5% más de los ingresos presupuestados. La portavoz de Vox, Eva Torres, resumió el resultado de manera directa: “Lo recaudado por el Ayuntamiento a los zaragozanos ha superado lo previsto”.

Vox introduce así un matiz diferente al argumento socialista. No centra su crítica en quién se beneficia de las rebajas fiscales, pero sí constata que los ingresos corrientes han sido superiores a los inicialmente calculados. Y sitúa este comportamiento entre los “claroscuros” de unas cuentas que, al mismo tiempo, considera saneadas en aspectos como el pago a proveedores —poco más de 22 días— o la amortización de la deuda.

Más ingresos y menos gasto por habitante

Zaragoza en Común pone el foco en otra aparente paradoja de las cuentas: el Ayuntamiento dispone de más recursos, pero ese crecimiento no se estaría traduciendo, según la formación, en un mayor gasto efectivo por ciudadano.

“Las tasas han recaudado más de lo previsto, los precios públicos también”, señaló su portavoz, Elena Tomás, que añadió a esa evolución el incremento de las transferencias procedentes del Estado.

Su conclusión es que Zaragoza se encuentra en una situación financiera sustancialmente distinta a la de etapas anteriores. “No será porque les falten ingresos”, resumió Tomás, después de recordar que el Ayuntamiento dispone de más presupuesto y mayores transferencias y ya no está sometido a las restricciones financieras que condicionaron ejercicios como el de 2015.

Frente a esa mayor disponibilidad de recursos, ZeC contrapone un dato de la Cuenta General que considera especialmente significativo: el gasto por habitante habría pasado de 1.620 a 1.433 euros, lo que supone una caída cercana al 12%.

La formación cuestiona así otro de los argumentos recurrentes del Gobierno municipal: presentar cada año “el presupuesto más alto de la historia”. Para Tomás, disponer de más dinero no significa necesariamente que ese crecimiento llegue al ciudadano en forma de mayor gasto efectivo, mejores servicios o nuevas inversiones.

Además, dentro de los ingresos se computan las mayores transferencias procedentes del Estado, pese a las críticas que permanentemente vierte el equipo de Gobierno municipal hacia el gobierno de la nación.

El coste creciente de los servicios

El Gobierno municipal hace una lectura muy diferente de la situación económica. La consejera de Hacienda, Blanca Solans, defiende que el Ayuntamiento presenta unas cuentas “muy saneadas” y una situación económico-patrimonial “muy saludable”, después de haber recuperado además su “libertad financiera” y dejar de estar tutelado por otras Administraciones.

Solans sitúa buena parte del crecimiento del gasto municipal en el incremento general de los costes. Según explicó, algunos gastos operativos vinculados a concesiones y servicios estructurales se han encarecido entre un 40% y un 60%, en un escenario marcado por la inflación y por la subida de materias primas, energía y otros suministros.

Desde esta perspectiva, el aumento del gasto corriente no respondería a un descontrol de las cuentas, sino al mayor coste que supone prestar los mismos servicios. La responsable de Hacienda reivindica además la reducción de la deuda impulsada por el PP como una forma de ganar capacidad presupuestaria y reducir los costes financieros del Ayuntamiento.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia aprobada por unanimidad de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra un precepto por el que La Rioja establece una nueva deducción autonómica en el IRPF “para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural”. En síntesis, la deducción se aplica a quienes, siendo residentes en La Rioja, inicien una nueva actividad económica de tipo agrícola, aunque no se exige que esta se localice en dicho territorio.

La sentencia se apoya en la doctrina ya establecida respecto de normas análogas de otras CCAA. En particular, las SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, 197/2012, de 6 de noviembre, y 21/2022, de 9 de febrero, ya declararon que las deducciones autonómicas ligadas al ejercicio de actividades económicas quedan fuera de las competencias autonómicas, ya que la Ley 22/2009, reguladora de la cesión de tributos, solo permite a las CCAA crear deducciones en el IRPF por “circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta”, sin que, además, puedan “minorar el gravamen efectivo de una categoría de renta”.

El Tribunal Constitucional subraya que la norma impugnada es muy similar a las deducciones para el fomento del autoempleo declaradas inconstitucionales y nulas en las SSTC 161/2012 y 197/2012, pues lo determinante para acogerse a la deducción riojana es el inicio de una actividad económica, en concreto, agrícola. La deducción impugnada no puede considerarse por “circunstancias personales y familiares” pues para ello haría falta que fuera por circunstancias “puramente” personales y familiares, mientras que aquí lo determinante es el inicio de una actividad empresarial. Tampoco es una deducción por “aplicación de renta” es decir, por destinar su renta a un tipo de gasto. Por último, la deducción impugnada nada tiene que ver con una “inversión no empresarial”. Además, al minorar el gravamen efectivo de los rendimientos de las actividades económicas, se incumple el límite expresamente previsto en la Ley 22/2009.

La sentencia descarta expresamente los argumentos esgrimidos en defensa de la norma, referidos a su carácter extrafiscal, pues esto no exime de respetar el marco competencial; y a la existencia de otras deducciones parecidas en otras CCAA, que deberán ser analizadas de forma específica.

En suma, la deducción riojana se declara inconstitucional y nula por extralimitación competencial. Al igual que se hizo en los precedentes indicados, por razones de seguridad jurídica se limitan los efectos retroactivos de la nulidad, de manera que aquellas deducciones que ya hayan sido aplicadas no podrá reclamarse a los contribuyentes.

El Gobierno ha iniciado ya los contactos en el Congreso de los Diputados para recabar apoyos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027 con la intención de presentarlos antes de que acabe el año. Ya la semana pasada el Ejecutivo escenificó el inicio de las negociaciones en el seno de la propia coalición, con una reunión entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, representando a PSOE y Sumar, respectivamente.

Varios grupos parlamentarios han confirmado este martes el comienzo de las conversaciones para aprobar las cuentas públicas, que sería el primero que se presentará en esta legislatura y que de salir adelante sustituiría a las de 2023, actualmente vigentes tras tres prórrogas, informa EFE.

Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, su portavoz, Verónica Barbero, ha asegurado que las negociaciones avanzan con el “debido sigilo” y con la intención de contar con los presupuestos “más expansivos posibles”. Su formación pondrá el foco en medidas para mejorar el acceso a la vivienda y en la prestación universal por crianza de hijos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que “hay probabilidades” de que se presente el proyecto de ley y que así se lo han hecho saber desde el Gobierno, que también ha establecido primeros contactos con el PNV. La portavoz de esta última formación, Maribel Vaquero, quien en una rueda de prensa ha dicho que esperan que el Gobierno “sea hábil” en las negociaciones y tenga “un poco de humildad”, sabiendo “que no tiene una mayoría” para que salgan adelante.

El diputado del BNG, Néstor Rego, a quien también se ha dirigido ya el Gobierno, ha admitido que la expectativa de que las cuentas salgan adelante es “baja”. Pero si hay voluntad real y no se trata de un “paripé” por parte del Gobierno, puede haber “margen” para que los presupuestos puedan ser aprobados. “Por parte del BNG no va a quedar, siempre y cuando el Gobierno cumpla con sus compromisos” con Galicia, ha dicho.

Ante estas primeras conversaciones emprendidas por el Ejecutivo, la portavoz del PP el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado que todos los grupos saben que el Gobierno va a presentar los presupuestos únicamente como “reclamo electoral”. Ha recordado que se lleva hablando de la negociación de las cuentas públicas tres años y medio y estando ya en septiembre “ni siquiera” han sido registradas en la Cámara Baja.

“Ningún grupo de esta cámara piensa que los presupuestos se presentan para ser aprobados, ni siquiera los socios del Gobierno”, ha añadido.

Poner un límite a la concentración de riqueza en nuestro país podría movilizar hasta 357.500 millones de euros, un quinto del producto interior bruto (PIB) de la economía española, y prácticamente dos veces lo que la Seguridad Social abona por las pensiones en un año. Estas son las cifras de un estudio elaborado por The Wealth Cap Project, una asociación europea que defiende que hay ponerle un “techo” a lo que pueden acumular las fortunas.

El estudio, Un tope a la riqueza en España, presentado este lunes en el Congreso, hace una serie de simulaciones en las que se repiensa la tributación actual sobre la riqueza, con propuestas desde cambios en el impuesto de patrimonio hasta la puesta en marcha de ese “techo” a los millonarios.

Estos topes no equivalen a una recaudación potencial, como apuntan los autores del informe: Marina Alcázar (Paris School of Economics), la catedrática Olga Cantó y el investigador Francisco García Rodríguez (ambos de la Universidad de Alcalá). Esto es porque la captación por parte del fisco dependería, en gran parte, del comportamiento de las fortunas afectadas, de variaciones en los precios de los activos “y del margen existente para la elusión y la evasión fiscal”. Pero las cifras “ofrecen una medida transparente y comparable de la enorme magnitud de la riqueza concentrada actualmente en la parte más alta de la distribución española y de qué parte de esa riqueza permanece hoy fuera del alcance de la fiscalidad vigente”. 

Los investigadores justifican la propuesta por un problema, el de la desigualdad, que cada vez es más sangrante. Con datos de 2021, la mitad más pobre del mundo poseía tan solo el 2,2% de la riqueza global, en tanto que el 10% más acaudalado concentraba el 74%. En España, el 1% concentra en torno al 24% de la riqueza. 

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arropado el lanzamiento de la iniciativa y ha defendido tomar medidas que limiten la desigualdad como vía para frenar el deterioro de la democracia. “La concentración obscena y acelerada de riqueza en unas pocas manos es lo que está detrás del asedio a las democracias que estamos viviendo”, ha advertido. “No se puede plantear una defensa digna de ese nombre de los sistemas democráticos si no somos capaces de desmembrar los mecanismos que hacen posible esa fagotización de la riqueza social para su acumulación en cada vez menos manos”, ha subrayado el representante de Sumar.

Más impuestos o un techo a las fortunas

Un impuesto como el propuesto por el economista francés Gabriel Zucman (de un 2% para toda la riqueza superior a los 100 millones) permitiría, de acuerdo con las proyecciones de los autores en base a los microdatos de la Agencia Tributaria de 2023, un potencial de movilización de 2.700 millones de euros de 538 individuos en nuestro país. Si el tipo sobre estas grandes fortunas se elevara hasta el umbral máximo del Impuesto de Patrimonio (3,5%), la cifra potencial sería de 4.800 millones anuales.

Un tercer escenario parte de la ampliación de la base de obligados tributarios al bajar el umbral de tributación hasta las fortunas por encima de los 100 millones de euros. En ese supuesto, y con un tipo del 2%, la eventual recaudación alcanzaría los 7.200 millones de algo menos de 15.000 individuos. Si el tipo fuera el 3,5%, la recaudación casi se duplicaría: 12.500 millones de euros.

Si bien ya hay trabajos previos sobre el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, la novedad es esa propuesta de un “techo” o un “tope” a la riqueza. “Este enfoque parte de la idea de que debería existir un límite superior a la cantidad de riqueza que un individuo puede poseer legalmente”, explica el estudio, que basa su idea en el concepto del Limitarismo, acuñado por la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns.

Y, a partir de aquí, plantea tres escenarios, cada uno con un límite máximo diferente. El más modesto, a partir de los 1.000 millones de euros de riqueza, apenas afectaría a 23 grandes contribuyentes, con un potencial de 50.300 millones de movilización. Si el techo se rebajara a 100 millones, 538 individuos abonarían 136.000 millones.

El mayor potencial de recaudación se desplegaría con un tope a la riqueza de 10 millones de euros, lo que generaría 357.500 millones de algo menos de 15.000 contribuyentes. Esto, en términos relativos al PIB, supone un 20,5%, un quinto del total de la economía española, y pagaría el 183% del gasto en pensiones de un año. Es decir, prácticamente el doble, con los datos a cierre de 2025. Todas las cifras se pueden ver en la tabla a continuación.

La comparación con una variable como el gasto en pensiones, aducen los investigadores, permite “una ilustración concreta de lo que podrían financiar los recursos generados”, más pertinente en un momento en el que las presiones de gasto cada vez son mayores para la Seguridad Social.

Alcázar, una de las autoras del estudio, ha defendido que estas cifras, “incluso en el escenario más conservador”, están lejos de ser desdeñables. “En los escenarios más ambiciosos, la concentración de la riqueza es lo suficientemente elevada como para cambiar sustancialmente los términos del debate sobre cómo España funciona”, ha apuntado.

La catedrática Cantó ha subrayado que la concentración de la riqueza es “una dinámica” que no tiene freno. “El capitalismo tiene una capacidad enorme de generar capital y ese capital tiene una rentabilidad que supera claramente la tributación que eso supone”, ha abundado la experta durante la presentación del informe. En su opinión, “no es tanto pensar en 'vamos a intervenir sus cuentas y quedarnos una parte de su capital', sino que si no hacemos nada, la dinámica será muchísimo peor”.

Un impuesto para pagar una prestación por crianza

Un estudio previo de Cantó y García-Rodríguez ya avanzaba el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, que permitiría financiar políticas como una prestación universal por crianza de hasta 2.000 euros por hijo. En este sentido, otro estudio reciente, este del centro ISGlobal, apuntaba que una tasa del 3% a los cienmillonarios afloraría recursos suficientes para evitar 29,5 millones de muertes al año, dado que se podrían financiar políticas suficientes para economías en desarrollo.

Precisamente la semana pasada Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un gravamen a las grandes fortunas que destine su recaudación a un Fondo de Protección a la Crianza. El objetivo de este nuevo tributo sería tapar los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario y que permiten que escape buena parte de su posible captación. Esta es, justo, una de las peticiones al PSOE de cara a la negociación de los Presupuestos.

Bustinduy ha hecho referencia a esta iniciativa aunque ha apuntado que, con el actual crecimiento económico, no sería necesario un gravamen extraordinario. Pero en la cuarta potencia del euro, todavía un tercio de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, ha advertido. “Es evidente que una proporción enorme de esa riqueza [que crea el crecimiento económico] está siendo capturada: por la acumulación de beneficios y el reparto de dividendos, por la utilización de la vivienda como mecanismo extractivo, por el desmantelamiento del sistema de protección social que ejercían como colchones de salario indirecto para las clases trabajadoras y mecanismos de evasión y elusión fiscal que hacen que las grandes fortunas tributen a tipos efectivos que son inferiores a los que puede pagar un funcionario, un autónomo o una trabajadora media de este país”, ha zanjado el ministro.

Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939), cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I, se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

La Fiscalía Anticorrupción avanza en la investigación relativa a los supuestos amaños de plazas en entidades del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV) para recolocar de forma aparentemente coordinada y fraudulenta a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina hasta que quedó liquidada en 2024 tras un despido colectivo.

El fiscal abrió diligencias de investigación el pasado mes de abril tras analizar la denuncia de Compromís contra Mar Chao como presidenta de la APV, y contra la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Desde el inicio de la investigación, el instructor ha tomado declaración a diversas personas que participaron en todo este proceso, entre ellas, varios de los extrabajadores del Consorcio a los que en la mencionada reunión con Olano se animó a que se presentaran a las plazas que se iban a habilitar en entidades municipales.

Ahora el fiscal ha dado un paso más y ha solicitado el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado por esta redacción (completo al final de la información) en el que se apunta a irregularidades en los procesos selectivos de diversas plazas de alta dirección convocadas en el Puerto de Valencia, entre ellas, dos de las que son objeto de la investigación adjudicadas a dos extrabajadoras del Consorcio. Fuentes de la APV han confirmado a este periódico que el fiscal ha requerido el documento.

El informe de la IGAE concluye que “las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

A dos de estas plazas se presentaron  A. G. y M. G., exdirectivas del Consorcio Valencia 2007, que casi al mismo tiempo concurrieron a otras dos puestos que se habilitaron casi al mismo tiempo en la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Una vez se confirmó que resultaron adjudicatarias de las plazas creadas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En sus interrogatorios, el ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del Consorcio a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

La otra plaza que investiga Anticorrupción es la creada en la fundación municipal Visit Valencia adjudicada a otro exempleado del Consorcio. En este caso, se exigía que la persona seleccionada fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

En este sentido, Anticorrupción también ha solicitado el informe del secretario municipal que concluye que la entidad “no debió formalizar el contrato” porque el aspirante no informó de que había perdido su condición de empleado público.

La exjefa de recursos humanos apunta a Mar Chao

Las plazas adjudicadas en el Puerto de Valencia a  A. G. y M. G., exempleadas del Consorcio, tambièn han sido impugnadas por UGT mediante sendas demandas judiciales al considerar que las bases de los concursos estaban amañadas para que fueran ellas las adjudicatarias.

En este sentido, el pasado mes de mayo tuvo lugar el primer juicio referido al caso de A. G que está pendiente de sentencia. En la vista resultó clarificadora la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., al confesar que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, le facilitó las bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

En idénticos términos se pronunció en el juicio que tuvo lugar este martes 15 de septiembre relativo o otras de las plazas cuestionadas por el informe de la IGAE, también impugnada por UGT. E. O. afirmó que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. El próximo 1 de octubre tendrá lugar el juicio relativo a la plaza de M. G.

La Fiscalia Anticorrupció avança en la investigació relativa als suposats favoritismes d'obtenció de places en entitats de l’Ajuntament de València i de l’Autoritat Portuària de València (APV) per a recol·locar de manera aparentment coordinada i fraudulenta extreballadors del Consorcio Valencia 2007, entitat pública que gestionava la Marina fins que va quedar liquidada el 2024 després d’un acomiadament col·lectiu.

El fiscal va obrir diligències d’investigació el passat mes d’abril després d’analitzar la denúncia de Compromís contra Mar Chao com a presidenta de l’APV, i contra l’alcaldessa de València, María José Catalá, entre altres càrrecs públics, per suposats delictes de prevaricació i tràfic d’influències. Posteriorment, juntament amb el PSPV, van ampliar la denúncia al regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, després de l’escàndol dels àudios destapats per elDiario.es en els quals ofereix informació al personal del Consorci sobre les places objecte de la investigació en una reunió de la qual mai es va informar.

Des de l’inici de la investigació, l’instructor ha pres declaració a diverses persones que van participar en tot aquest procés, entre elles, diversos dels extreballadors del Consorci als quals en l’esmentada reunió amb Olano es va animar que es presentaren a les places que s’anaven a habilitar en entitats municipals.

Ara el fiscal ha fet un pas més i ha sol·licitat l’informe de la Intervenció General de l’Estat (IGAE) destapat per aquesta redacció —complet al final de la informació— en el qual s’apunta a irregularitats en els processos selectius de diverses places d’alta direcció convocades al Port de València, entre elles, dues de les que són objecte de la investigació adjudicades a dues extreballadores del Consorci. Fonts de l’APV han confirmat a aquest diari que el fiscal ha requerit el document.

L’informe de la IGAE conclou que “les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a l’ocupació pública”.

A dues d’aquestes places es van presentar A. G. i M. G., exdirectives del Consorcio Valencia 2007, que quasi al mateix temps van concórrer a altres dos llocs que es van habilitar quasi al mateix temps en la Fundació Esportiva Municipal (FDM). Una vegada es va confirmar que van resultar adjudicatàries de les places creades al Port, van renunciar al procés en la FDM que, al mateix temps, el va deixar sense efecte.

En els seus interrogatoris, el Ministeri Públic també va preguntar pels motius que van empényer diversos exempleats del Consorci a deixar per escrit davant de notari els noms d’A. G. i de M. G. com les que anaven a resultar adjudicatàries de les places de l’APV, com així va ser, setmanes abans que es coneguera el resultat del procés selectiu.

L’altra plaça que investiga Anticorrupció és la creada en la fundació municipal Visit València adjudicada a un altre exempleat del Consorci. En aquest cas, s’exigia que la persona seleccionada fora empleat públic en el moment d’aconseguir-la. No obstant això, el Consorci s’havia liquidat setmanes abans, concretament el 16 d’octubre de 2024.

En aquest sentit, Anticorrupció també ha sol·licitat l’informe del secretari municipal que conclou que l’entitat “no va haver de formalitzar el contracte” perquè l’aspirant no va informar que havia perdut la seua condició d’empleat públic.

L’excap de recursos humans apunta a Mar Chao

Les places adjudicades al Port de València a A. G. i M. G., exempleades del Consorci, també han sigut impugnades per UGT mitjançant sengles demandes judicials en considerar que les bases dels concursos estaven arreglades perquè elles foren les adjudicatàries.

En aquest sentit, el passat mes de maig va tindre lloc el primer judici referit al cas d’A. G., que està pendent de sentència. En la vista va resultar aclaridora la declaració de l’excap de Recursos Humans del Port de València, E. O., en confessar que va ser la mateixa presidenta del Port, Mar Chao, qui li va facilitar les bases redactades dels processos de selecció que també investiga la Fiscalia Anticorrupció, tal com va avançar aquesta redacció. E. O. va afirmar a més que, malgrat els reparaments que li va mostrar, Chao li va dir en un intercanvi de correus que les publicara igualment, ràpid, fent els ajustos necessaris.

En termes idèntics es va pronunciar en el judici que va tindre lloc aquest dimarts 15 de setembre relatiu a una altra de les places qüestionades per l’informe de la IGAE, també impugnada per UGT. E. O. va afirmar que “les bases les va redactar la presidenta Mar Chao en primera persona”. El pròxim 1 d’octubre tindrà lloc el judici relatiu a la plaça de M. G.

Extremadura registró un déficit presupuestario de 530 millones de euros entre enero y junio de este año, una cifra que equivale al 1,79% de su Producto Interior Bruto (PIB). Aunque los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda reflejan una ligera mejoría respecto a los 581 millones (2,07% del PIB) del primer semestre de 2025, la comunidad se mantiene en el furgón de cola de las cuentas autonómicas.

El resultado sitúa a la región entre las más deficitarias del país, solo superada por Canarias (1,93 % de su PIB) y seguida muy de cerca por Baleares (1,78%). En el extremo opuesto, el País Vasco se coronó como la única autonomía que logró cerrar la primera mitad del año en positivo, con un tímido superávit del 0,01%.

En el conjunto de las comunidades autónomas, los números rojos aumentaron un 10,9% hasta alcanzar los 17.287 millones de euros (0,97% del PIB). Las haciendas regionales acusaron el fuerte tirón de las partidas de gasto —especialmente los costes salariales de los empleados públicos—, que crecieron por encima del ritmo de los ingresos.

Aumento generalizado del gasto público

El desempeño extremeño se enmarca en un escenario estatal donde el desfase de las cuentas públicas se ha ensanchado. El déficit conjunto de todas las administraciones (excluyendo los ayuntamientos) ascendió a 33.668 millones en el primer semestre, un 6,4% más que en el mismo periodo del ejercicio previo, fijando la media nacional en el 1,89% del PIB.

El empuje del gasto público a nivel central —que subió en 28.131 millones frente a un aumento de ingresos de 26.107 millones— ha venido determinado por el encarecimiento de los intereses de la deuda (+13,9 %), los costes de la plantilla estatal (+4,4% tras la subida salarial del 1,5%) y un mayor volumen de transferencias corrientes hacia las autonomías.

Las proyecciones del Estado extendidas hasta el mes de julio avanzan un déficit de 44.539 millones (2,5 % del PIB), un 13,5% más alto. Este repunte se produce a pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria estatal, impulsada por el IRPF (+20,4 %), el Impuesto de Sociedades (+13,8%) y el IVA (+5,9%), y con el contrapunto positivo de la Seguridad Social, que anotó un superávit de 6.150 millones hasta junio.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, día 8, el Decreto por el que se regulan las funciones y el ámbito de actuación de la Defensoría del Contribuyente Riojano cuyos objetivos serán reforzar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria regional, y consolidar un modelo de gestión más accesible y centrado en las personas. La nueva figura no supondrá la creación de un nuevo organismo dentro de la estructura de la Administración Autonómica, y cualquier ciudadano podrá dirigirse a ella de forma gratuita, sin necesidad de abogado ni de gestor.

La creciente complejidad normativa y procedimental, el uso generalizado de medios electrónicos, las exigencias de transparencia y protección de datos, y las barreras de acceso que pueden afectar a personas en situación de vulnerabilidad hacen imprescindible avanzar hacia una Administración tributaria más cercana, que no solo gestione eficazmente los recursos públicos, sino que además proteja los derechos de los contribuyentes, escuche sus necesidades y mejore de forma permanente la calidad del servicio que presta.

En este contexto, el Ejecutivo regional ha considerado necesario disponer de una figura independiente que represente la voz de los ciudadanos dentro de la propia Administración tributaria y contribuya a fortalecer la confianza en las instituciones públicas. La nueva figura no supondrá la creación de un organismo dentro de la estructura de la Administración Autonómica: se tratará de un funcionario de carrera de la Dirección General de Tributos, lo que asegura que desarrollará su trabajo con plena objetividad, imparcialidad y autonomía.

La Defensoría del Contribuyente Riojano actuará como el cauce directo para que cualquier ciudadano, de forma gratuita y sin necesidad de abogado ni gestor, pueda trasladar sus reclamaciones y sugerencias cuando considere que un procedimiento puede mejorarse, o que sus derechos no han sido adecuadamente respetados. Asimismo, analizará las incidencias planteadas por los contribuyentes y formulará propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de los servicios tributarios y a simplificar la relación entre la Administración y la ciudadanía.

Asimismo, y junto a la atención individual a los ciudadanos, la Defensoría elaborará informes que contribuyan a detectar procedimientos innecesariamente complejos e identificar posibles disfunciones administrativas, y promoverá cambios que hagan la gestión tributaria más clara, eficiente y comprensible. En este sentido, preparará una memoria anual de quejas, así como informes periódicos sobre las incidencias detectadas, hará un seguimiento de las sugerencias presentadas por los ciudadanos y propondrá mejoras tanto de carácter procedimental como normativo cuando resulte necesario.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con una Administración tributaria moderna, transparente y orientada al servicio público, que sitúa al contribuyente en el centro de su actuación y fomenta una relación basada en la confianza, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles en 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas en el ámbito de la vivienda. El texto también permitirá que ocho comunidades movilicen 4.000 millones de euros procedentes de ahorros de años anteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que la medida es una muestra más del compromiso del Gobierno con las cuentas de las comunidades autónomas y, por tanto, del apoyo al Estado del Bienestar, ya que son las regiones quienes gestionan competencias como Educación o Sanidad. “El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas”, ha dicho en la rueda posterior a la reunión semanal del gabinete.

En concreto, la norma aprobada este martes, que entrará en vigor de manera inmediata pero que tendrá que ser convalidada en 30 días por el Congreso, permitirá que aquellas comunidades autónomas que cerraron 2025 con un superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones consideradas “financieramente sostenibles” durante 2026 y 2027. Entre otras, en áreas como la política de vivienda.

El texto también autoriza a que ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits presupuestarios de años anteriores a inversiones que no computarán a efecto del cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Financiera lo que fija en la actualidad es que destinen esos ahorros a amortizar su endeudamiento. Estas ocho comunidades son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

Según España, esta última medida permitirá 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio. “El Gobierno es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto y establece medidas también que son muy beneficiosas”, ha dicho.

Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por el volcán en 2021.

Defiende el modelo de financiación

El ministro ha querido apuntalar la norma aprobada este martes con el apoyo financiero que está dando el Ejecutivo a las comunidades autónomas, a pesar de no haber sido capaces de aprobar unos Presupuestos. Así, ha puesto el ejemplo de los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda. O el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica, así como la propuesta para reformar la financiación autonómica, que el viernes pasado aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, España ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: “¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?”. Y ha señalado directamente a las regiones presididas por los populares: “Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos”.

“Que miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia”, ha zanjado.

Sobre las negociaciones del modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser “desleales”. El ministro ha dicho que cuando los gobiernos regionales del PP “tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos”, escogen al líder popular “por intereses puramente partidistas”. “Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas”, ha incidido el titular de Hacienda.

Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.

Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.

El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.

Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.

¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?

El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.

¿De dónde sale el dinero?

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

¿Qué comunidades ganan más?

En términos absolutos, Andalucía es la gran beneficiada del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. En volumen absoluto, es Andalucía la que recibe más recursos, lo que desmonta parcialmente el relato de un modelo diseñado exclusivamente para satisfacer a Catalunya. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

Garantía de statu quo

Ninguna comunidad autónoma recibirá, al arrancar el nuevo sistema, menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Es la llamada garantía de statu quo, un mecanismo pensado para evitar que ninguna región salga perjudicada por el cambio de reglas, y que Hacienda define como “el último elemento del modelo de financiación”, el que actúa de cierre de todo el sistema.

Ese suelo se financia con aportaciones específicas de la Administración central, que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, destinará unos 400 millones de euros a este fin. Sus principales beneficiarias serán Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que, según los cálculos del Ministerio, más necesitaban de esta red de seguridad para no perder financiación respecto al esquema actual.

¿Cómo se garantiza la solidaridad entre comunidades?

El modelo actúa en dos planos distintos. El primero es lo que se conoce como nivelación horizontal, que amplía la solidaridad interterritorial para que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculada a partir de su propia capacidad tributaria. El segundo es la nivelación vertical ya explicada, financiada con aportaciones del Estado, que persigue reducir en dos tercios la brecha respecto a Madrid.

La población ajustada, la vara de medir

El reparto de recursos entre comunidades se basa en la llamada población ajustada, una fórmula que no es nueva: parte del sistema de cálculo que el equipo de la ex vicepresidenta María Jesús Montero ya propuso en 2021 y que entonces fue rechazado por las comunidades, pero que ahora se aplicará con algunas modificaciones. Su objetivo es medir las necesidades reales de gasto de cada territorio más allá del simple número de habitantes.

El padrón municipal pesa un 30% en ese cálculo. La población protegida equivalente —que tiene en cuenta el gasto sanitario según los distintos grupos de edad— supone otro 38%, el tramo más determinante de la fórmula. La distribución de la población en edad escolar pondera un 17%. El resto se reparte entre superficie, dispersión e insularidad, variables que buscan compensar a los territorios con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos. Con esta fórmula, el Gobierno calcula que las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades se reducirán casi a la mitad respecto al modelo actual.

El IVA de las pymes, a la carta

Uno de los elementos más novedosos del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades opten por recibir el 56,5% del IVA Pyme, que genera la actividad de las pequeñas y medianas empresas en función de su domicilio fiscal, en lugar de repartirlo, como hasta ahora, según el consumo registrado en cada territorio. La adhesión es voluntaria y tiene un plazo de cinco años, revisable.

El mecanismo distribuye 2.084 millones de euros y, según fuentes del Ministerio, busca “reconocer el esfuerzo” de las comunidades que apuestan por el tejido de pymes. El caso de Catalunya ilustra bien su alcance: con el sistema actual se queda con apenas el 19% del IVA generado por sus pequeñas empresas, una cifra que con el nuevo mecanismo podría escalar hasta el 25%.

¿Y el dumping fiscal?

Es uno de los puntos que Hacienda aborda con más cautela. El nuevo modelo no incorpora una prohibición explícita del dumping fiscal, las rebajas de impuestos que aplican comunidades con más margen económico, singularmente Madrid, pero también Andalucía, y que erosionan la recaudación potencial del resto. Pero sí introduce un cambio con consecuencias prácticas: mejora la metodología para calcular el “valor normativo” de los tributos cedidos, de manera que se mida con más precisión la capacidad fiscal real de cada comunidad, al margen de las deducciones que aplique.

A esto se suma el compromiso de “lealtad institucional”: el Estado se obliga a compensar a las comunidades por aquellas normas estatales que les supongan más gasto o menos ingresos, un mecanismo que se revisará cada cinco años dentro del propio CPFF.

Lo que viene ahora

Una vez el modelo cuente con el aval del CPFF, el recorrido no habrá hecho más que empezar. La norma ha de pasar por la maquinaria del Consejo de Ministros. Y, después, el Congreso deberá ratificar tanto la reforma general como cada una de las leyes de cesión de tributos a las distintas comunidades, y ahí es donde el Gobierno se juega la verdadera partida: necesita el apoyo, entre otros, de un Junts que ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, considera que el apoyo de Canarias es “la prueba” de que se trata de un buen sistema. Con todo, Hacienda insiste en que hay margen para incorporar cambios, tanto en el trámite parlamentario como en las reuniones técnicas del Comité Permanente de Evaluación. La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha pedido a PP y Junts que “faciliten la aprobación” y contribuyan a “mejorarlo” en el Congreso. Falta por ver si alguno de los dos está dispuesto a hacerlo.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder regional del PP, Manuel Domínguez, ha avalado este martes la posición del Ejecutivo autonómico sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, pese al rechazo de su partido en el resto de comunidades, y ha asegurado que apoyará al presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en las negociaciones con el Estado. Sin embargo, según ha declarado el propio Clavijo este mismo martes, el respaldo del PP va más allá del apoyo en la negociación: “Todos los compañeros” del ejecutivo regional “estamos de acuerdo” con el nuevo sistema de financiación.

Domínguez ha insistido en que el Gobierno canario mantiene “una sola voz” sobre esta cuestión y ha descartado que las diferencias entre CC y PP estén generando tensiones internas en el Ejecutivo.

“Cero crispación, cero tensión, cohesión interna en el Gobierno”, ha afirmado el vicepresidente, quien ha defendido que el PP respaldará a Clavijo para que lleve a cabo “las negociaciones que sean necesarias”, aunque la formación popular mantiene sus reservas sobre el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.

Domínguez ha confirmado además que la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), no acudirá a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha asegurado que, incluso si hubiese estado disponible en esa fecha, tampoco habría asistido.

“Mientras yo sea vicepresidente del Gobierno de Canarias, las negociaciones con el Gobierno de España no las vamos a llevar el Partido Popular o miembros del Partido Popular, porque no nos fiamos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez”, ha señalado Domínguez, que ha hecho referencia a momentos en los que, en su opinión, el Gobierno ha incumplido, como los acuerdos respecto a la reconstrucción de La Palma.

Aun así, ha reiterado su “máximo respaldo” a Clavijo para continuar las conversaciones con el Estado y ha rechazado que la posición del PP suponga una fractura dentro del pacto de gobierno.

“A Canarias la va a defender el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es uno, conformado por varios partidos políticos”, ha subrayado Domínguez, quien ha admitido que esas formaciones pueden mantener posiciones propias, pero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico actuará “con una sola voz” y que existe “cohesión interna en el Gobierno, para disgusto y desgracia de algunos”.

También se ha referido el vicepresidente canario al denominado decreto Canarias, cuya aprobación está prevista para el Consejo de Ministros del 8 de septiembre, y ha considerado que llega de manera parcial porque, según ha señalado, todavía quedan compromisos pendientes de ejecutar.

El vicepresidente ha dicho que espera que, una vez aprobado, el Ejecutivo central no vuelva a “cambiar de opinión” y cumpla los acuerdos alcanzados con Canarias.

Clavijo: “Todos los compañeros de Gobierno estamos de acuerdo sobre sistema de financiación”

Por su parte, Fernando Clavijo ha proclamado que tanto el vicepresidente y líder del PP canario, Manuel Domínguez, como “todos los compañeros” del ejecutivo regional “estamos de acuerdo” con el nuevo sistema de financiación.

Clavijo ha recalcado que Canarias votará a favor de ese nuevo modelo porque “hace justicia con Canarias” y porque “por primera vez en la historia es capaz de separar los recursos del REF de la financiación autonómica. Hay muchos más cosas positivas pero esa es determinante”.

Con lo cual, ha añadido, “el Gobierno de Canarias, el vicepresidente y todos los compañeros, estamos de acuerdo”.

Ha advertido de que una vez pase la criba del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que no acudirá la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), sino la titular de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), ese nuevo modelo de financiación autonómica llegará al Congreso “y ahí intervienen los partidos y los grupos políticos”.

“Pero desde luego, de manera objetiva, el trabajo que se ha hecho por parte del equipo de Hacienda ha sido un trabajo de negociación muy importante y positivo para Canarias. Por tanto, si es bueno para Canarias, el Gobierno en su conjunto ha demostrado que lo que es bueno para Canarias el Gobierno lo apoya”, ha insistido.