España ha alcanzado la gloria por segunda vez en su historia gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga. Un tanto que vale su peso en oro para la selección: reconocimiento mundial, trofeo, medalla, segunda estrella bordada, anillo conmemorativo al estilo NBA y un suculento premio económico que recibirá la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por parte de la FIFA.

El organismo presidido por Gianni Infantino bañará de millones a los equipos participantes en esta edición del Mundial, el primero con 48 equipos. Especialmente generoso será con los primeros clasificados y con el campeón. En este caso, la RFEF será la afortunada y la que mayor tajada se llevará de este pastel millonario.

A su vez, la federación liderada por Rafael Louzán acordó hace meses que, si España se proclamaba campeona, repartiría parte del dinero entre los jugadores de la plantilla, a modo de prima. Un premio económico adicional al reconocimiento deportivo que se han ganado en el terreno de juego.

La FIFA reparte el botín

La FIFA dibujaba un escenario inmejorable para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: más equipos participantes, más partidos, más ingresos por entradas, la publicidad por las pausas de hidratación y un largo etcétera. Un negocio redondo donde los beneficios crecían exponencialmente.

“El Consejo de la FIFA aprobó la distribución de una contribución económica histórica de 727 millones de dólares al cabo de la competición”, explicaba el organismo en un comunicado el pasado mes de diciembre. De esa cantidad, la mayor parte recaía en las 48 selecciones participantes (655 millones de dólares de premios en metálico), lo que suponía un aumento del 50 % con respecto a la edición anterior.

Y se reparte de la siguiente manera: 50 millones de dólares para el campeón, 33 para el subcampeón y 29 para el tercer clasificado. Del quinto al octavo, reciben 19 millones. Del noveno al dieciséis, las federaciones perciben 15 millones. Y así va bajando la asignación. Las que menos reciben ingresan hasta nueve millones de dólares.

Cuánto dinero gana cada jugador de España

Pero este dinero no es exclusivamente para las federaciones. Según adelantó el periodista de COPE Miguel Ángel Díaz, la RFEF llegó hace meses a un acuerdo por el que, en el caso de que España ganase el Mundial, los futbolistas percibirían el 45 % del premio económico que entregase la FIFA. Al cambio, si la federación española ingresa 44 millones de euros, 19,5 millones irán directamente al reparto entre los jugadores, a razón de unos 750.000 euros brutos por cabeza. A esa cantidad hay que restarle lo que le retendría Hacienda, que aplica el tramo máximo de IRPF. El premio real se situará alrededor de los 400.000 euros limpios por jugador.

De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que los 17 jugadores de clubes españoles podrían llegar tributar casi seis millones de euros: 4,4 millones irían a la Agencia Tributaria (AEAT), mientras que el resto se repartiría entre la Hacienda de Navarra, la Hacienda foral de Gipuzkoa y la de Bizkaia.

La tributación de estas cantidades, explican, resultaría del premio de 754.701,92 euros que recibiría cada jugador, lo que suma 12,8 millones para los 17 jugadores de la selección que residen en nuestro país, añadida al salario y los derechos de imagen que perciben de sus clubes.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para lanzar la nueva financiación autonómica después del verano y este martes se reunirá el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para mascar la letra pequeña que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas del régimen común (esto es, sin las forales País Vasco y Navarra). El objetivo: llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Una financiación a dos velocidades

Pero el modelo de Hacienda contempla una serie de flexibilidades con las que tratar de atraer a todas las comunidades, un propósito que, de momento, parece complicado. De primeras, no será obligatorio aceptar el modelo en vigor y aquellas regiones que lo deseen podrán seguir con el de 2009, el que está en vigor y caducó en 2014. “El cálculo de esta financiación se realizará como si la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se aplicara a todas las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía”, apunta el Ejecutivo en su propuesta. De igual manera, las que acepten el nuevo sistema, recibirán los fondos como si todas las regiones lo hubieran suscrito.

Si aceptan entrar al nuevo sistema, las Comunidades tendrán que indicar también si aceptan adherirse al llamado fondo IVA Pymes, con el que el Gobierno quiere premiar “el esfuerzo” de las regiones que impulsan a las empresas de menor tamaño con la transferencia del impuesto vinculado a su actividad.

Los Ejecutivos regionales también tendrán que especificar si prefieren seguir con el sistema de entregas a cuenta o si prefieren avanzar a una “caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”, una decisión –al igual que la del IVA de las pymes– que podrá ser revisada cada cinco años.

Relaciones bilaterales en un ámbito multilateral

Y, en el caso del mecanismo creado para financiar competencias no homogéneas de las comunidades, las regiones deberán especificar si prefieren recibir la compensación mediante transferencia, como hasta ahora, o prefiere incrementar la cesión del IVA “que se determinará en el año base [2023] en función del importe actual de estas competencias y, por tanto, será diferente en cada comunidad”, detalla el texto elaborado por Hacienda.

El nuevo sistema que propone el Gobierno “necesita”, dice el documento, de “un mayor espacio para la bilateralidad en la relación de cada comunidad autónoma con la Administración General del Estado”, una bilateralidad –demonizada por el PP– “compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos así lo exija”.

La propuesta del Gobierno no aborda específicamente el ‘dumping fiscal’ entre comunidades, las bajadas de impuestos que hacen algunas regiones –singularmente, Madrid– aprovechando su mayor capacidad económica y recaudatorias en detrimento de las que disponen de menor margen. Pero sí apunta a que la propuesta “prevé mejorar la metodología actual para la determinación del valor normativo” de los tributos cedidos “a una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma”. Es decir, cuánto podrían recaudar de Impuestos como el de Patrimonio con la ley en la mano y sin aplicar las deducciones que algunas comunidades todavía aplican. Esta mejora, dice el documento, “redundará en una mayor equidad y justicia de todos los cálculos del modelo”.

El documento incluye un apartado específico sobre “lealtad institucional”, en el que el Gobierno se compromete a compensar a las comunidades autónomas por aquellas “normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones en los ingresos tributarios”. Esta es una crítica frecuente por parte de las comunidades del PP, que, por un lado, exigían rebajas del IVA, pero, por otro, pedían al Gobierno que les compensara por la pérdida recaudatoria asociada. O por la subida de salarios de los funcionarios, una política decidida por el Ejecutivo pero que redunda en las cuentas de todas las administraciones.

Pero también apuntan que, cada cinco años, se revisará el impacto “de las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas” sobre la financiación en el seno del CPFF. Un efecto que se incorporará en la revisión del modelo para los siguientes cinco ejercicios.

El PP y Junts, en contra

Si bien desde Hacienda rebajan el carácter de la reunión de mañana a un encuentro técnico que, con anterioridad, nunca se ha publicitado, las comunidades autónomas acuden con las espadas en alza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este lunes el modelo de “profundamente injusto” e “impuesto” por Catalunya. La vicepresidenta andaluza, Carolina España, lo definió como “un traje a medida para el independentismo”. Incluso el Gobierno socialista de Asturias –menos beligerante que el de Castilla-La Mancha– pidió cambios “sustanciales” a la propuesta. Solo el Ejecutivo de Canarias se mostró “muy optimista, pero no excesivamente confiado”.

El Gobierno tiene asegurada la victoria en la votación del CPFF del próximo 29 de julio, ya que cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita del apoyo de una comunidad autónoma. Singularmente, Catalunya, que está a favor y ha participado en el diseño de la propuesta. El Ministerio de Hacienda ha tendido la mano al resto de Ejecutivos regionales, y al PP, para incorporar cambios al texto.

Pero la gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas relativas a Canarias que el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantes” para las Islas. Entre ellas está la modificación del límite de gasto para las comunidades autónomas, que se eleva del 3,2% fijado por Europa, hasta el 4%. En este punto Torres ha expuesto la incongruencia del PP de Canarias en las votaciones al respecto y ha señalado que el próximo día 14, cuando se vote esta regla en el Congreso de los Diputados, se verá “quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, en referencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asian (PP).

Ya este lunes, el Gobierno central trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”, según lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno también trasladó a las comunidades que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Torres ha detallado que el nuevo objetivo es “mejor que el anterior”, pues eleva la cifra del 3,2% al 4%. Esto, ha abundado, significa “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda... es decir, para el estado del bienestar”.

Torres ha recordado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian (PP), se abstuvo cuando se propuso en 3,2% de objetivo de déficit, y sin embargo votó en contra del 4% este lunes “por orden de su partido político”. El ministro ha añadido que este nuevo objetivo de déficit se votará en el Congreso el próximo 14 de julio, y que ese día se verá cuál es el voto de los distintos grupos políticos: “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, ha concluido.

Este martes, el Consejo de Ministros también dio luz verde a ampliar hasta los 23,1 millones las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias frente a la Guerra de Irán. En un primer acuerdo con el Gobierno regional, las ayudas superaban los 15 millones de euros por parte del Estado, mientras que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aportaba algo más de 14 millones.

Sin embargo, tras alargarse el conflicto, y tras un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno central se comprometió a incorporar otros 7,8 millones de euros adicionales, lo que, en suma, eleva a 23,1 las ayudas.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha manifestado el compromiso “total” de Extremadura para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, tras la propuesta del Gobierno central de 0,1 % de objetivo de déficit y un techo de gasto del 4 % en 2027 para las CCAA, aunque ve “dificultades” a la hora de llevarlos a efecto.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este lunes la senda de estabilidad para las comunidades autónomas con la mayoría de Hacienda y los votos de las regiones socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias), ya que el PP votó en contra del “irrelevante” objetivo: un déficit del 0,1 % del PIB anual entre 2027 y 2029 y una deuda del 18,9 % del PIB en 2027, 18,3 % del PIB en 2028 y 17,7 % del PIB en 2029.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, la también portavoz del Ejecutivo extremeño ha relatado que la oposición fue “unánime” en la reunión, con las tres CCAA gobernadas por el PSOE manifestando también dificultades aunque votaron posteriormente a favor.

A juicio de Manzano, los compromisos estatales de gastos superan “con creces” esos objetivos.

En este sentido, ha citado el impacto presupuestario de la subida salarial del 4,5 % a afrontar por las CCAA; la falta de financiación a la atención a la dependencia, financiada al 50 % en otras comunidades, según ha recordado, mientras que en Extremadura “nos siguen debiendo 200 millones”; la bajada de la ratio en las aulas y el plan de vivienda.

La consejera de Hacienda ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica al ministro del ramo, Arcadi España, a quien ha pedido que “se tome en serio su trabajo” y ha recordado que 14 CCAA votaron en contra del modelo propuesto por su antecesora, en el cual se otorgaban “cero euros de 21.000 millones para Extremadura”.

Asimismo, ha reiterado su rechazo a la negociación bilateral para establecer el modelo y ha defendido la multilateralidad.

En este sentido, España ha citado a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para el próximo 29 de julio en un CPFF que debatirá su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

Sobre la apertura a debate para fijar objetivos de déficit asimétricos, es decir no igualitario a todas las regiones, Manzano ha asegurado que la propuesta del ministro “nadie lo esperaba porque no lo comentamos en ningún momento” durante la reunión entre las CCAA.

Así, la consejera extremeña ha defendido la necesidad de tomar decisiones conjuntamente sobre la capacidad financiera de los territorios para prestar servicios y llevar a cabo un desarrollo equilibrado.

En su opinión, si se diera el déficit asimétrico, algunas comunidades tendrían mayor facilidad para endeudarse y para prestar mejores servicios que otras con una capacidad más limitada.

De esta forma ha rechazado “tratamientos dispares” entre CCAA y ha abogado por un objetivo único de déficit y por salvaguardar el principio de igualdad, aunque “España es un Estado unitario con distintas regiones y nacionalidades”.

El Gobierno ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de los próximos Presupuestos, el conocido como techo de gasto, que será de 226.032 millones de euros, una cifra récord para unas cuentas que “garantizarán los mayores recursos de la historia para Sanidad, Educación, Vivienda e Innovación”.

La cifra es un 6,6% superior al techo de gasto que se aprobó para los Presupuestos de 2026, que finalmente no salieron adelante, lo que supone 14.006 millones de euros más en gasto financiado nacionalmente (es decir, excluidos los fondos europeos, que ya no estarán en vigor el año próximo). El dato es un 88% superior al límite con el que se elaboraron las cuentas del año 2018, como ha valorado el titular de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

España ha subrayado que el techo de gasto aprobado “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia” y que las cuentas públicas “blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y servicios de calidad y vocación universal”.

Según ha destacado la ministra Portavoz, Elma Saiz, este techo de gasto es “acorde con el buen momento que vive la economía española”, que no se ha visto golpeada en exceso por los efectos de la guerra en Oriente Medio. De hecho, el Ejecutivo revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para este año hasta el 2,6%, cuatro décimas más de lo que estimaba a finales del año pasado.

Fuentes de Sumar han celebrado la cifra aprobada este martes en el Consejo de Ministros y han señalado que consiguieron un acuerdo en el seno de la coalición para ampliar este techo de gasto en 1.500 millones de euros más de lo que había propuesto Hacienda en un principio. Unas cuantías con las que el socio minoritario del Gobierno se muestra “satisfecho”, dado que un Presupuesto expansivo garantizará más recursos para políticas sociales, vivienda y el refuerzo de los servicios públicos.

Las comunidades tendrán un déficit del 0,1%

Junto al techo de gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de estabilidad, que tendrán que ser aprobados por el Congreso de los Diputados para avanzar en la redacción de los Presupuestos.

Así, el Gobierno se ha comprometido a seguir recortando el déficit público al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste.

Este lunes, el ministro España trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”. Al mismo tiempo, el Gobierno les comunicó que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de entorno a 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Hacienda puso encima de la mesa la posibilidad de que ese 0,1% pueda repartirse de manera “asimétrica” en función de la posición de cada una de las comunidades, siendo la Comunitat Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el PP, las potencialmente más beneficiadas por la propuesta. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya marcó la línea roja: “Buscan financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal a ojos de todos”.

“Me cuesta entender la obsesión del PP contra Catalunya”, ha respondido el titular de Hacienda, para quien “ese anticatalanismo visceral” no hace “bien” al país. “Deberían reflexionar si un partido que aspira a gobernar, aspira a gobernar enfrentando a unas comunidades con otras”, ha dicho.

El Gobierno ha escogido a Antonio Ansón, jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, como nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), que tomará las riendas del organismo tras la salida anunciada de su actual dirigente, Soledad Fernández.

El Consejo de Ministros de este martes ha designado a Ansón (Zaragoza, 1962), que es licenciado en Derecho e inspector de Hacienda del Estado desde 1999, dada su “amplia y reconocida trayectoria profesional en la Administración tributaria, donde ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad”.

Fuentes de Hacienda han destacado su “profundo conocimiento” de la Administración tributaria y del sistema fiscal español, que unido a “experiencia pública y a su sólida trayectoria internacional, avalan un perfil especialmente cualificado para asumir la dirección de la Agencia Tributaria en esta nueva etapa”.

La semana pasada el Ejecutivo anunció que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, había pedido su relevo al frente del organismo recaudador. Una salida solicitada hacía meses y que habían acordado que se produciría al final de la campaña de la renta, que terminó el 30 de junio.

Según destacaron entonces desde el Ejecutivo, no se trataba de una “dimisión” ni de una crisis en la cúpula (otros dos responsables han pedido salir), sino que “tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente de la AEAT” y encarrilar el citado plan estratégico, la propia Fernández había pedido su cese.

El nuevo director general de la Agencia Tributaria es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección Pública (2010) y ha completado el Programa de Liderazgo Digital para Administraciones Públicas (2023), ambos impartidos conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Ansón ha sido responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010. Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011.

Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD). En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Volvió a España a finales de 2022 y, primero, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025). Desde abril de 2025 desempeñaba el puesto de director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El propio Gascón, que por su cargo preside la AEAT, fue antes su director general.

El cambio en el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Arcadi España para suplir la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, no ha cambiado un ápice la estrategia del Gobierno a la hora de negociar con las comunidades autónomas que dirige el Partido Popular: echar sal en la herida de los agravios entre las distintas regiones del mismo color político por la financiación que reciben unas y otras.

Los intereses de la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia, los territorios peor tratados por el sistema de financiación autonómica, son diferentes de los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Las tres están en manos del PP pero, en cuanto a las cuentas públicas se refiere, sus necesidades son bien distintas.

Las reformas de financiación de las comunidades autónomas que ha ido poniendo encima de la mesa el Gobierno a lo largo de esta legislatura han servido para explotar la debilidad que supone para el PP liderar la mayoría de los ejecutivos regionales. Pasó con la condonación de más de 80.000 millones de deuda pública regional, que arrojaba el mayor alivio para la Andalucía de Juanma Moreno (PP). O con la propuesta para reformar el sistema de reparto que plantea 15.000 millones de euros más para las regiones que ahora dirigen los populares.

El paso más allá llegó con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, el que debía dar luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2027 a 2029, el paso previo para desbloquear la presentación de los Presupuestos. Allí, el ministro España planteó un déficit para el conjunto de las comunidades autónomas del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante los tres años. En conjunto, un mayor margen de gasto por valor de 5.849 millones para el trienio que se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

Y Hacienda mostró su disposición a un reparto “asimétrico” de esos números rojos “teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una”.

“Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado su ejercicio con superávit. Su estructura de gasto y otras condiciones como el modelo de financiación les garantizan ese superávit y, por tanto, no necesitan de un colchón financiero adicional que, en este caso, es el déficit”, justificó España en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país en el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión. Que se lo pregunten a la Comunitat Valenciana o a Murcia si quieren, de ese 0,1%, tener una parte mayor para ellos”, planteó el ministro tras su primer CPFF al frente de Hacienda.

Madrid lo rechaza y Murcia lo “estudiará”

España llevó la propuesta después de su experiencia como conseller de Hacienda en la Generalitat valenciana, que recibió el aval de la representante catalana, Alícia Romero. Comunidades como Madrid mostraron su rechazo con contundencia, mientras que los Gobiernos de la Comunitat Valenciana o Murcia se mostraron más abiertos a la idea del Ministerio.

“La posición de la Comunidad de Madrid es que todos tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y de deuda. En caso de que se planteara un déficit asimétrico, la lógica te dice que el que más cumple tendría que tener mayores posibilidades, no al que más incumple darle más posibilidad”, dijo la madrileña Rocío Albert.

El valenciano José Antonio Rovira, apretado a preguntas de la prensa, respondió que su opinión tampoco era tan importante. “No estoy en contra, pero tampoco es una cuestión relevante”, señaló. “Poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que privilegia a unas frente a otras no tiene sentido”, dijo a renglón seguido.

“Vamos a estudiarla”, respondió, por su parte, la consejera murciana Marisa López.

En puridad, la propuesta de ese déficit bosquejada por España no es nueva. Ya en 2013 con el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, se aprobaron unos números rojos del 1,3% del PIB. Algunas comunidades autónomas tuvieron un margen superior, como Baleares (-1,47%), Cataluña (-1,58%), Andalucía (-1,58%), Murcia (-1,59%) y Comunidad Valenciana (-1,60%). A otras, que partían de situaciones mejores, se les exigió una mayor consolidación: Extremadura (-1%), La Rioja (-1,06%), Asturias (-1,06%) y Comunidad de Madrid (-1,07%).

La realidad es que, con datos de 2025, las comunidades autónomas registraron cuentas con una salud muy dispar. En un extremo se encontraba Navarra, con un superávit del 2% del PIB, junto con otras siete regiones. Al otro lado, Murcia (-1,56%) y la Comunitat Valenciana (-1,54%) tuvieron los mayores números rojos, junto con otras siete. En total el déficit de las comunidades autónomas fue del 0,3%. El triple de lo estipulado en un principio para ese año.

“No todas las comunidades parten de la misma base”, justificó España en la rueda de prensa de este lunes. “Es un ejercicio de solidaridad entre las comunidades autónomas que lo necesitan y las que no lo necesitan”, insistió.

“¿Quieren ser solidarias [las del PP] con otra comunidad de su signo político o no quieren serlo? Yo soy partidario de la solidaridad, incluso si no es de su signo político”, dijo.

Si bien el ministro no detalló cómo articular ese mecanismo, España planteó que las comunidades autónomas llegaran a un acuerdo previo para ese reparto o a la intervención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para realizar un borrador de ese cálculo. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocieron que había “poca agua” para un pacto de estas características. Pero las cartas ya están encima de la mesa. Otra cosa es que la partida llegue a jugarse.

Cantabria ha demandado este lunes al Ministerio de Hacienda un mayor margen de gasto para “servicios públicos esenciales”, dado que considera la propuesta estatal del 4% como “insuficiente”. Esta ha sido la reacción del consejero de Economía del Gobierno autonómico, Luis Ángel Agüeros (PP), en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Agüeros ha dicho que el techo del 4% “condicionará” la elaboración de sus presupuestos regionales para el próximo año. Por eso, ha manifestado su desacuerdo con la regla de gasto fijada para el próximo año -este año era del 3,2%- planteada por el Ministerio de Hacienda y que fija el margen de gasto de las comunidades autónomas. Este punto ha centrado la práctica totalidad del debate abordado en el CPFF, un aspecto sobre el que Agüeros ha dudado de su cumplimiento, ya que este año no se ha cumplido en 16 de las 17 comunidades autónomas ni en la Administración del Estado.

Agüeros ha dicho que la propuesta del ministerio, en su opinión, se incumplirá “una vez más” porque constituye “un claro ejemplo del 'yo invito, y tú pagas', siguiendo la línea de las últimas decisiones impuestas sin negociación”, ha dicho.

El ministro, Arcadi España, ha presidido este lunes por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas de 2027.

En lo que respecta a las entregas a cuenta, el consejero ha resaltado que el Ministerio aún no ha comunicado el importe de las entregas a cuenta para el próximo ejercicio, si bien el Ministerio considera que la cifra global, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento con respecto al pasado año, resultado de los buenos datos de recaudación, algo que Agüeros ha valorado “muy positivamente” por los beneficios que pueda suponer a la hora de elaborar el presupuesto regional de 2027.

Asimismo, en el transcurso de la reunión se ha planteado a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029, el mismo objetivo de estabilidad que el pasado año y que ya rechazó el Congreso, a pesar de que comunidades como Cantabria hayan presupuestado en “equilibrio” en los tres presupuestos de la legislatura, con tres ejercicios sin generar déficit y una deuda pública en “claro signo descendente”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”. Al mismo tiempo, el Gobierno ha comunicado que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de entorno a 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Además, el Ejecutivo ha abierto la puerta a que se puedan debatir y fijar unos objetivos de déficit “asimétricos”, diferentes entre comunidades autónomas en función de la posición de partida de cada una de ellas, algo que no se había planteado hasta ahora.

“Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades autónomas del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión”, ha dicho España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). De hecho, el titular de Hacienda lo ha enmarcado en un ejercicio de “solidaridad” con regiones como la Comunitat Valenciana o Murcia, peor financiadas que el resto.

El ministro, en su reunión con los consejeros autonómicos del ramo en el CPFF, también ha puesto encima de la mesa que esta cifra podría ser superior si sale adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Ejecutivo prevé aprobar en otra reunión de este órgano antes de que acabe el mes de julio.

Las entregas a cuenta –los principales fondos con los que cuentan las comunidades, que proceden de la previsión de recaudación del año en curso– para 2026 alcanzaron los 157.731 millones de euros, una cifra que ya fue récord. Junto a la liquidación del sistema (es decir, la diferencia entre la previsión y lo que finalmente se captó por parte de las arcas del Estado) la cifra total de financiación alcanzó 170.300 millones.

El CPFF se ha reunido este lunes como paso previo a la aprobación en el Consejo de Ministros del techo de gasto y los objetivos de estabilidad, las cifras claves con las que el Gobierno va a elaborar las cuentas públicas para el año próximo. El Ministerio de Economía ya presentó sus previsiones de crecimiento, pero faltaba la parte fiscal, que es la que ha avanzado este lunes el ministro España.

En este trámite Hacienda tenía asegurada la aprobación, ya que cuenta con la mitad de los votos del organismo y solo necesita el aval de una de las comunidades (singularmente, algunas de las gobernadas por el PSOE, como Cataluña o Asturias) para que salga adelante.

5.489 millones de margen adicional

El Ejecutivo no ha desglosado las cifras de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas pero sí los objetivos que tendrán que cumplir las comunidades autónomas entre 2027 y 2029: un 0,1% de déficit en los tres ejercicios. “Un porcentaje que refleja que las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo fiscal durante el período, a diferencia de la Administración central”, detallan las mismas fuentes.

De acuerdo con los objetivos que figuran en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo –el documento clave de las reglas fiscales– que el Gobierno negoció con Bruselas, España debería cerrar 2027 con un déficit del 1,8%, que sería del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Según los cálculos del Gobierno, esta senda da un margen adicional a los Ejecutivos regionales de 5.849 millones durante el trienio. “Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones”, apuntan desde la cartera que lidera España.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el acuerdo con el techo de gasto y la senda de objetivos de estabilidad, que se remitirá al Congreso de los Diputados pra su votación, previsiblemente, el 14 de julio.

El 29 de julio, otra reunión sobre financiación

Además, el ministro ha citado a las comunidades autónomas a otra reunión del CPFF el próximo 29 de julio que versará exclusivamente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y la propuesta que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Hacienda.

Según ha detallado Arcadi España, esta misma semana remitirán a las comunidades autónomas un primer borrador del acuerdo y el 14 de julio se celebrará una reunión del comité técnico del CPFF para abordar los detalles del modelo.

“Les pido a las comunidades autónomas, incluso a las que se han negado a negociar con el Gobierno de España, que lo hagan ahora. Una vez que tengan el documento, tendrán tiempo para estudiarlo y creo que es posible, confío en que la voluntad de todos haga que en el CPFF podamos aprobar un modelo de financiación de las comunidades autónomas que aporta más solidaridad, transparencia y recursos para nuestro Estado de Bienestar”, ha insistido.

Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Agencia Tributaria (AEAT) ha cerrado la Campaña de la Renta 2025 con 25.613.000 declaraciones presentadas, un 4,6% más que en la del año pasado, de las que 16 millones han resultado a devolver.

El Ministerio de Hacienda ha informado este viernes de los principales resultados de la declaración anual del IRPF, el periodo de mayor actividad del año, tras el final de la campaña el pasado martes. Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta ayer ya se han devuelto 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes.

Esto supone que las devoluciones abonadas han aumentado un 3% en cuanto al número y un 2,9% en cuanto al importe, en comparación con la misma fecha del año pasado. De las 16.376.000 declaraciones a devolver, ya se han abonado el 79,1%. En total, Hacienda prevé ingresar 14 millones de euros que los españoles abonaron de más.

Al otro lado, 7.475.000 han salido a pagar, un 7,8% más que hace un año, que tendrán que ingresar más de 24,7 millones al fisco. Esto supone casi un 20% más que hace un año.

Los datos de cierre superan las previsiones presentadas al inicio de la campaña de la renta, cuando se estimaba que llegarían 25.251.054 declaraciones, gracias a la creación de empleo del último año, de las que 15,7 millones iban a ser a devolver (13.271 millones) y 7,7 millones a pagar (24.628 millones de euros).

Más de 53.700 complementarias

A lo largo de la campaña se han recibido 53.700 declaraciones complementarias, después de que se remitieran casi 160.000 cartas preventivas a contribuyentes para que revisaran los números presentados al fisco. Con estas rectificaciones, apunta Hacienda, se ha evitado “una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones”.

Además de la presentación del IRPF, la Agencia Tributaria también ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que deben ingresar todos aquellos contribuyentes con bienes y derechos por un valor superior a los dos millones de euros.

La campaña se ha saldado con más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.

La Agencia Tributaria publicó el pasado martes su célebre lista de morosos, en la que 5.843 personas acumulan una deuda de 15.432 millones de euros a cierre de 2025. Aunque las empresas isleñas han descendido ligeramente su deuda con Hacienda respecto al año 2025, 134 morosos canarios acumulan impagos de hasta 317,4 millones de euros. De ese total, la provincia de Las Palmas recoge casi 179 millones de euros que deben 79 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife agrupa a 54 deudores con 148,6 millones de euros.

Inversiones Las Teresitas (ITL) encabeza el listado de deudores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Canarias Ahora publicó este miércoles en exclusiva que, además de los 64,3 millones en deuda con Hacienda, la sociedad formada por los empresarios Ignacio González, ya fallecido, y Antonio Plasencia, que protagonizó uno de los mayores casos de corrupción en las islas, tiene un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros. En esta misma provincia, Playa de Las Teresitas repite como año consecutivo con 6,2 millones de euros, al igual que la ya cesada empresa Islas Airways S.A, que se mantiene en la lista debido a una deuda acumulada que asciende exactamente a 788.312,26 euros. Además, este año se incorpora Habitats El Duque, con 11 millones de euros.

Las empresas de Las Palmas que siguen en la lista

En la provincia de Las Palmas, Nueva Energía 3000 vuelve a encabezar la lista de morosos con una deuda de 19,7 millones de euros, 300.000 euros menos que el año anterior. Le sigue la empresa Sands Beach, con una deuda que asciende a los 12,6 millones de euros. Hermanos Santan Cazorla, avalan su presencia en el listado con un impago de 10,6 millones de euros. Se mantiene Seguridad Integral Canaria (SIC), el grupo en liquidación históricamente vinculado al empresario Miguel Ángel Ramírez (presidente de UD Las Palmas) acumula una deuda de 6,2 millones de euros. El presidente del club de fútbol fue exonerado por la Justicia el 9 de diciembre de 2025 al no apreciar pruebas de que fuera el administrador real de la empresa. Beleyma, Pescenescal y Gonsua Inversiones, continúan como mayores deudores al superar los cuatro millones de euros. Beleyma, clave en el desarrollo inmobiliario de la capital grancanaria, debe cinco millones actualmente, mientras que Pescenescal debe 4,9 millones y Gonsua Inversiones 4,2 millones de euros.

Julitex entra por primera vez en la lista de morosos

Julitex entra como nueva figura en deuda con el Fisco por un impago de 9,3 millones de euros. Esta sociedad logró anular una ley del Gobierno de Canarias que protegia el barrio Los Hoteles, en Tenerife, al demostrar que la Administración incumplió los plazos legales, consiguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que impide a la Administración exceder los plazos administrativos en perjuicio de los ciudadanos.

Para qué sirve publicar la lista de morosos de Hacienda

La lista de morosos de la Agencia Tributaria no srive únicamente para señalar nombres conocidos ni para alimentar un escaparate de famosos o empresarios con deudas fiscales. Tiene como objetivo hacer públicos grandes incumplimientos tributarios y ejercer una presión reputacional sobre quienes mantienen deudas elevadas con Hacienda. Amparada en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incluye a personas físicas y jurídicas con más de 600.000 euros pendientes, siempre que esas deudas o sanciones sean firmes y no estén aplazadas ni suspendidas. No supone una condena por fraude fiscal, sino un mecanismo de transparencia que excepciona el carácter reservado de los datos tributarios cuando concurren los requisitos legales.

Sin embargo, aparecer en la lista no significa que Hacienda vaya a recuperar de forma inmediata esas cantidades. Una parte importante de la deuda corresponde a empresas en concurso de acreedores o a contribuyentes en situación de insolvencia, lo que dificulta el cobro. Por ello, la publicación tiene un efecto limitado si no existen bienes o patrimonio sobre los que actuar, ya que la recuperación del dinero sigue dependiendo de los procedimientos habituales de recaudación, como embargos, derivaciones de responsabilidad o procesos concursales.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

Hola.

¿A punto para las vacaciones o las haces en agosto? Imagino que a estas horas ya tendrás destino.

El Ayuntamiento de Venecia, bajo la iniciativa de su nuevo alcalde conservador Simone Venturini, está estudiando una propuesta para endurecer drásticamente la tasa de acceso a la ciudad, elevándola hasta los 50 euros para los visitantes de un solo día en las jornadas de máxima afluencia. Esta medida busca reforzar el efecto disuasorio frente al turismo de masas de corta duración, el cual se proyecta que continuará creciendo en las próximas décadas. 

No sé si has visitado alguna vez Venecia. Yo estuve una Navidad hace ya más de diez años y sí, me pareció que éramos muchos. No es muy distinto a un paseo por los lugares más emblemáticos de Barcelona (Sagrada Família, Las Ramblas), el centro de Madrid, la Alhambra de Granada, Mallorca… la lista es larga.

En Barcelona se acordó duplicar progresivamente el importe actual para que en 2029 se sitúe entre los 10 y 15 euros por persona y noche. En Baleares, que aplica su denominada ecotasa desde 2016, la tarifa oscila entre 1 y 4 euros por persona y noche en temporada alta. Toledo recauda entre 1 y 1,5 euros por turista a través de los autobuses que llegan y en Euskadi entrará en vigor el 1 de enero de 2027 con una horquilla de entre 0,50 y 7 euros en función del tipo de alojamiento. Incluso el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado abiertamente por “monetizar” Las Fallas valencianas, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la semana.

Venecia cobra hoy entre 5 y 10 euros con numerosas exenciones. La propuesta de subir la tasa hasta 50 euros ha desatado un intenso debate político y social entre quienes defienden la tasa y quienes la consideran ineficaz. Un poco como aquí, y la verdad es que no entiendo a los detractores.

El modelo turístico actual, enfocado exclusivamente en hacer caja y crecer en volumen, está destruyendo la calidad de vida en destinos abarrotados como Baleares, Barcelona o Venecia, advierten varios expertos. No solo es un sector subvencionado —con un IVA reducido del 10% y uso de recursos públicos que no costea—, sino que además su crecimiento desorbitado se traduce en graves problemas de acceso a la vivienda (con residentes viviendo en caravanas), saturación en los servicios sanitarios, colapso en las infraestructuras de transporte y degradación del entorno. 

Guillem López-Casanovas lo resumía hace unos días, en un debate sobre el impacto del turismo de masas y el origen de la turismofobia, de esta manera tan gráfica: “El turismo de marcharse el fin de semana a comer una pizza a Florencia es un disparate”. Un reciente informe de Funcas examina cómo los impuestos turísticos pueden actuar como una herramienta estratégica para gestionar la saturación turística. El autor, Aleix Calveras, argumenta que, lejos de perjudicar la competitividad, una tasa bien diseñada mejora la calidad del destino al atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir los impactos negativos sobre los residentes. Mediante el análisis del caso de las Islas Baleares, sugiere que los gravámenes actuales son insuficientes y concluye que sería necesario un incremento sustancial en el importe del impuesto –de entre 15 y 20 euros– para lograr una reducción real de la presión turística. 

El único “pero” que veo a todo esto es si no estamos favoreciendo que sólo puedan darse determinados caprichos los más pudientes. Algunos economistas reconocen que, ante la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda, los jóvenes consumen estos viajes baratos como su único bien de lujo accesible.

El dato

12.000

Son los empleos directos que se prevé que se crearán cuando estén en marcha las cuatro grandes fábricas de baterías que se están construyendo de forma simultánea en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi. Además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares. Estos proyectos han situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad. Las inversiones que empujan esta transformación superan los 13.000 millones de euros.

El gráfico

El sector tecnológico global está experimentando un notable trasvase de capital y protagonismo en los mercados financieros, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial. Mientras que las grandes big tech, que ahora se agrupan bajo el acrónimo de MANGOS, empiezan a sufrir la impaciencia de los inversores —quienes exigen ver rentabilidad real tras las milmillonarias inversiones en infraestructuras de IA—, los fabricantes de hardware, semiconductores y chips han tomado el testigo como los grandes beneficiarios del ecosistema. Se han convertido en el motor indispensable de esta transición, absorbiendo gran parte del flujo de inversión ante la insaciable necesidad global de potencia de cálculo de la IA, como muestra este gráfico de The Wall Street Journal, sobre la evolución en lo que va de año de la cotización de las empresas del “club de los billones de dólares”.

Sin embargo, este cambio reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sector y el fantasma de una burbuja financiera. Aunque los fabricantes de chips registran ingresos récord gracias a la venta anticipada de sus componentes, analistas y expertos advierten de que esta bonanza depende directamente de que los gigantes tecnológicos mantengan sus ritmos de gasto. Otra gran amenaza para la bonanza de los fabricantes de memoria radica paradójicamente en la propia innovación tecnológica de sus clientes. Gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Qualcomm están empezando a desarrollar alternativas estratégicas y algoritmos de compresión para optimizar el uso del hardware y mitigar la dependencia de estos componentes de memoria tan costosos y limitados. 

Tipos (y tipas) de interés

Bajan Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios. Son el mejor ejemplo de cómo algunos vencedores del boom inmobiliario acabaron convertidos en el mayor símbolo de sus excesos. Construyeron uno de esos imperios empresariales tan característicos de la España del ladrillo: una red de sociedades que combinaba la promoción de viviendas con bodegas, fincas rústicas y cotos de caza. Naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), llegaron a controlar más de una decena de empresas, con Grupo Oligarry Construcción como buque insignia, levantando promociones residenciales y rehabilitando edificios históricos como el Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Belmonte. En plena expansión defendían una filosofía empresarial basada en la “construcción con compromiso” y sostenían que la calidad y el cumplimiento de la palabra eran la auténtica “receta del éxito”. Tres décadas después, ambos encabezan la lista de mayores morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta de 73,6 millones de euros (36,8 millones cada uno), según la lista publicada esta semana por Hacienda.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó ese modelo de negocio. Oligarry pasó de los beneficios a las pérdidas, buena parte de sus sociedades quedaron inactivas y un posterior intento de expansión en Panamá también terminó fracasando. La deuda tributaria derivada del colapso acabó trasladándose a su patrimonio personal, un mecanismo previsto por la legislación cuando Hacienda aprecia responsabilidad de los administradores en el impago. Dos décadas después del auge del ladrillo, los hermanos Olivares Garrigos siguen encabezando el listado de grandes deudores y representan uno de los legados más persistentes de aquella burbuja: fortunas construidas al calor de la expansión inmobiliaria que terminaron convertidas en millonarias deudas con el fisco.

Si quieres más información sobre quién (tanto particulares como empresas) debe al fisco, pincha en esta información y si quieres consultar todos los nombres, puedes usar nuestro buscador.

No todo nos parece mal

El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la ubicación de una “gigafactoría de IA” en España. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría y otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA. Se trata de una infraestructura de inteligencia artificial que funcionará con normas y valores europeos, para que Europa no dependa de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una. 

La candidatura española se basa en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según ha avanzado la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno. El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias. 

¡Un abrazo!

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

La Hacienda foral de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) se personarán como acusación particular en la causa judicial contra el expresidente del Club Deportivo Tudelano y del Ribera Fútbol Sala Ramón Lázaro, que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha señalado que el INDAF “ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento para personarse como acusación particular en la causa”. “Al ser un organismo autónomo, se ha solicitado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que remita y formule la correspondiente querella criminal al haberse apreciado la existencia de hechos y operaciones que puedan ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones y falsificación documental, presuntamente porque podrían haberse alterado facturas u otros documentos mercantiles para acceder a un mayor volumen de subvenciones y porque presuntamente también estas subvenciones podrían no haberse destinado al objeto de la subvención de la convocatoria”, ha indicado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha añadido que la Hacienda foral también se va a personar en la misma causa. Esnaola ha explicado que se revisarán los datos de la causa para tratar de determinar si los hechos afectan a la última temporada o a varias.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.