La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

La presente campaña de la Declaración de la Renta, iniciada oficialmente el pasado 8 de abril, representa un periodo crítico tanto para contribuyentes… como para los profesionales de la ciberdelincuencia que buscan lucrarse ilícitamente. Durante estas semanas de trámites fiscales, los ataques de phishing y smishing se multiplican aprovechando el volumen de comunicaciones oficiales y la urgencia de los ciudadanos por cumplir con sus obligaciones. Solo en la campaña anterior, instituciones como el INCIBE gestionaron decenas de miles de incidentes relacionados con fraudes online, confirmando que estas fechas son un señuelo recurrente. Los expertos advierten que la presión psicológica es el arma principal para que el usuario actúe rápido y sin cuestionar la veracidad del mensaje recibido. 

Desde organismos como INCIBE insisten en que es fundamental entender que el engaño puede comenzar con un simple correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad busca robar credenciales de acceso fiscales. Se trata de uno de los cebos más efectivos en la actualidad, un mail que simula una “nueva notificación electrónica”, utilizando un lenguaje administrativo muy convincente. Estos mensajes suelen incluir asuntos alarmistas sobre referencias de expedientes que invitan a una reacción inmediata para evitar supuestos problemas legales. Los ciberdelincuentes redirigen a las víctimas a páginas web clonadas que imitan con precisión milimétrica la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En estos entornos fraudulentos, los usuarios introducen datos sensibles como su DNI o claves de acceso, que pasan directamente a manos de los atacantes. 

La rapidez con la que se ejecutan estas campañas dificulta muchas veces la detección por parte de los filtros de seguridad convencionales de los usuarios. Por ello, se recomienda desconfiar de cualquier comunicación que no haya sido esperada o que no siga los cauces habituales de la administración pública. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha elevado la sofisticación de estos ataques a niveles nunca vistos en campañas de años anteriores. Actualmente, los mensajes de fraude ya no contienen los errores gramaticales o de diseño que antes servían como señales de alerta evidentes. La IA permite crear interfaces idénticas a las oficiales y redactar textos con un tono profesional impecable, incluyendo incluso datos personalizados del contribuyente. Esto genera una falsa sensación de seguridad que facilita que incluso los usuarios más prevenidos puedan bajar la guardia ante una supuesta notificación.

Además, los ciberdelincuentes utilizan ahora ataques multicanal, coordinando correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas para construir una historia creíble y coherente. El objetivo final es siempre el mismo: obtener información confidencial o forzar un pago indebido bajo la apariencia de una gestión oficial necesaria. Pero afortunadamente existen señales de advertencia críticas que todo contribuyente debe aprender a identificar para proteger su información personal y bancaria durante este ejercicio fiscal. Entre ellas destaca el uso de un lenguaje alarmista que menciona bloqueos de expedientes, sanciones inminentes o embargos para provocar miedo en el receptor. También son frecuentes las promesas de reembolsos inmediatos de importes exactos, enviadas a través de enlaces acortados en mensajes de texto SMS. 

Desde Hacienda se recuerda de forma insistente que la Agencia Tributaria nunca solicita pagos urgentes ni datos bancarios a través de medios no seguros como el correo electrónico. Es vital revisar siempre el dominio del remitente, buscando variaciones sutiles que intentan imitar la dirección oficial agenciatributaria.gob.es de forma fraudulenta. Cualquier mensaje que incite a descargar archivos adjuntos, como supuestas facturas o PDFs de notificaciones, debe ser tratado con extrema precaución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha alzado la voz para alertar a los ciudadanos sobre la proliferación de estos engaños estacionales. Según la OCU, los argumentos de los estafadores cambian periódicamente, pasando de requerimientos de pago a peticiones de documentación imprescindible para recibir una devolución. La organización insiste en que la primera pista de fraude es el propio mensaje, especialmente si promete una devolución de dinero totalmente inesperada. Recomiendan encarecidamente no hacer clic en los enlaces recibidos y, en su lugar, pasar el cursor por encima para verificar la dirección de destino real. Si la dirección web no coincide con los dominios oficiales del Estado, se debe eliminar el mensaje de inmediato sin interactuar con él. La OCU recalca que mantenerse alerta es la mejor defensa ya que, una vez introducidos los datos, el proceso de reclamación puede ser complejo.

Para operar con total seguridad, es imprescindible conocer cuáles son los únicos dominios y canales oficiales que utiliza la Agencia Tributaria en sus comunicaciones. Las direcciones web legítimas incluyen siempre dominios como sede.agenciatributaria.gob.es o variantes que finalizan estrictamente en aeat.es o agenciatributaria.es. Además, la administración utiliza sistemas de identificación robustos y oficiales como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve Móvil. Hacienda ha dejado claro que nunca utiliza servicios de mensajería instantánea ni solicita información económica personal a través de plataformas como Bizum. Por otro lado, las llamadas telefónicas de supuestos agentes solo se producen si el contribuyente ha solicitado previamente una cita para ser atendido. Cualquier llamada inesperada que solicite datos bancarios o presione para realizar un trámite en el momento debe considerarse un intento de fraude telefónico o vishing.

Rapidez y pruebas

Otros métodos de engaño incluyen la oferta de servicios de pago para gestionar citas previas que, en realidad, son trámites totalmente gratuitos. Páginas web fraudulentas se presentan como intermediarios para aprovechar la saturación del sistema y la urgencia de los usuarios por resolver su situación. Igualmente, la presencia de formularios excesivamente simples que solicitan la contraseña del correo electrónico es una señal inequívoca de que se trata de una estafa. Ningún organismo oficial pedirá jamás las claves de acceso a servicios personales de mensajería o redes sociales bajo ningún concepto. Los delincuentes también utilizan documentos adjuntos maliciosos que, al ser abiertos, instalan malware en el dispositivo de la víctima para monitorizar su actividad bancaria. 

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un documento, lo más seguro es acudir directamente a la sede electrónica para cotejarlo mediante el código seguro de verificación. En el caso de que un ciudadano sospeche que ha podido caer en la trampa o haya introducido datos en un enlace sospechoso, debe actuar con rapidez. Lo primero es recopilar todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, enlaces y mensajes recibidos, para facilitar una posterior denuncia. Es fundamental cambiar de inmediato las contraseñas comprometidas y contactar con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas. El incidente debe reportarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la propia Agencia Tributaria a través de sus canales de denuncias. Además, el INCIBE pone a disposición de los usuarios la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017) para recibir orientación experta sobre cómo proceder tras el ataque. La celeridad en estas acciones, insisten, es determinante para minimizar el impacto financiero y evitar que los delincuentes hagan un uso extensivo de la información robada. 

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

Acaba de arrancar la campaña correspondiente al año 2025. Desde el 8 de abril los declarantes pueden consultar y confirmar su borrador a través de internet, un plazo que se extiende hasta el próximo 30 de junio. Aunque para algunos contribuyentes presentar la declaración de la renta es una opción, aquellos que reciban 22.000 euros brutos anuales de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores deben formalizarla. Lo mismo ocurre con los trabajadores por cuenta propia, estén bajo el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. También deberán presentar la declaración los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Diseñado por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, el IMV es una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de una renta exenta, el grueso de sus beneficiarios no tendrán que incluirla en su declaración. Pero sí que están obligados a presentar la declaración correspondiente al IRPF, con independencia a la cuantía total que perciban estos usuarios. En caso de no formalizar la renta, el SEPE podría suspender de forma temporal el ingreso de esta prestación.

Para la mayoría de los contribuyentes que reciben el IMV, será una declaración fácil de presentar y sin ingresos que declarar. En el grueso de los casos, la cuota será a cero, el ciudadano no tendrá que pagar ni Hacienda le tendrá que devolver ningún importe.

Sí que deberán declararse las cuantías que superen los 12.600 euros, en otras palabras, el importe equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de que se supere este umbral por recibir ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos de naturaleza similar, solo se debe tributar por el exceso de esta cuantía.

Qué beneficiarios del IMV tienen que presentar la declaración

Tal y como establece la Agencia Tributaria, con el fin de mantener esta prestación deben presentar la declaración de la renta “las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia”.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se entienden por unidad de convivencia la constituida por “todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. Todas ellos, con independencia de si reúnen requisitos que a priori podrían eximirles de presentar la declaración, deberán presentar la declaración de la renta si se encuentran en una unidad de convivencia que se beneficia del IMV.

Qué ocurre si los beneficiarios del IMV son menores

En el supuesto de la existencia de menores en la unidad de convivencia, estos también tendrán que presentar la declaración, de forma individual o conjunta con sus progenitores, aunque Hacienda recomienda esto último. Si los padres están casados, podrá presentarse la declaración del menor junto a la de la pareja. Si este no es el caso, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual. En cualquiera de estos escenarios, se deberá consignar el NIF del menor a la hora de cumplimentar la declaración.

Existen casos en los que es preciso que el menor presente la declaración por separado, por ejemplo si recibe una renta. De ser asi puede autenticarse al menor en el servicio de RENTA WEB mediante dos métodos:

Requisitos para recibir el IMV

De no ser beneficiario del IMV, es contribuyente puede solicitarlo si cumple una serie de requisitos. Se trata de unas condiciones sencillas de comprobar a través del portal web para solicitar esta ayuda, puesto que cuenta con un simulador que comprueba si el candidato es apto. En general, las condiciones para poder optar al IMV son las siguientes:

El Gobierno ha respondido que “ningún dato avala” el “discurso irresponsable y más propio de la extrema derecha” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha asegurado que España es “un infierno fiscal” durante un acto que ha protagonizado y en el que se ha comprometido a una rebaja impositiva si llega a La Moncloa: “En lo que de mi dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año: esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que ahora lidera Arcadi España, han criticado la “demagogia” del líder de la oposición y han defendido que “ningún dato avala” ese “infierno fiscal” dibujado por los populares.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una rebaja sin precedentes del IVA, del IRPF y ha reducido como nunca antes los gravámenes sobre la energía. Basta comparar qué hizo el Gobierno del PP de Rajoy y qué ha hecho el Gobierno progresista de Pedro Sánchez”, dicen desde el Ejecutivo. De hecho, defienden que todas las medidas adoptadas en los últimos años ha supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros “para la clase media y trabajadora”.

El Ejecutivo pone como ejemplo las subidas del mínimo exento del IRPF para acompasarlo con el salario mínimo interprofesional (SMI), al menos hasta el año pasado, cuando optaron por una deducción para reducir su coste fiscal. Así, desde Hacienda defienden que un trabajador que hoy cobre este menor sueldo posible (17.094 euros) no paga IRPF, mientras que en el mandato de Mariano Rajoy habría abonado más de 2.000 euros.

“Incluso corrigiendo el efecto de la inflación, la carga fiscal que soportaba el equivalente a un sueldo de 17.094 euros de 2026 alcanza los 780 euros de media. Dicho de otra forma, el Gobierno ha aprobado la mayor rebaja del IRPF de la historia para rentas bajas”, aseguran estas mismas fuentes.

El Ejecutivo también niega que se hayan subido 100 veces los impuestos, como argumentan los populares, y destacan que la presión fiscal -la ratio de ingresos tributarios y cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto- sigue lejos de la media de la eurozona.

De acuerdo con las métricas de Eurostat, la presión fiscal media en la Unión Europea es del 40,4% y en la zona euro, del 40,9%. En España, es del 37,3% del PIB. Cerrar la brecha con nuestros socios supondría recaudar cerca de 50.000 millones más cada año.

En Hacienda contraponen la política fiscal del PP con la del Ejecutivo de Sánchez con algunos ejemplos concretos. Así, destacan que Mariano Rajoy creó el impuesto al sol que ralentizó el despliegue de las energías renovables y aprobó una amnistía fiscal de la que se beneficiaron, entre otros, personas como Rodrigo Rato. Al otro lado, la coalición, señalan en Hacienda, prohibió por ley esta clase de medidas de gracia para quienes no pagan impuestos.

Feijóo promete una “deflactación”

El presidente del PP ha prometido una “deflactación” de las tarifas del IRPF para adaptarlas a la inflación de los últimos años, aunque las comunidades autónomas en las que Gobierna su partido llevan varios ejercicios sin adaptar el tramo que les corresponde.

En el Ejecutivo defienden que el récord de recaudación (superó los 325.000 millones en 2025) y el buen momento fiscal de las cuentas públicas (el déficit cerró en el 2,2%) se deben al dinamismo de la economía y a la creación de empleo, que alimentan el consumo y también los ingresos del Estado.

Sin embargo, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas defienden que un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026.

La AIReF también apuntó, en un estudio reciente, que Hacienda capta unos 10.000 millones más al año en concepto de IRPF por no adaptar los tramos a la subida de los precios.

Desde el Gobierno señalan que, del aumento de la recaudación del año pasado, que fue del 10,4%, apenas 1,3 puntos porcentuales se pueden achacar a la evolución de los precios.

La campanya de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2025 ha començat aquest dimecres, 8 d’abril, i es perllongarà fins al 30 de juny. En el cas de les Balears, els contribuents podran aplicar fins a 24 deduccions autonòmiques, un paquet fiscal que incorpora noves mesures i ajustos amb especial focus en l’habitatge —com la deducció per despeses associades a habitatges ocupats—, el reforç dels incentius al treball autònom i l’ampliació dels límits de renda en determinats supòsits, com famílies nombroses o monoparentals, amb l’objectiu d’estendre l’accés a aquests beneficis.

En concret, els límits de renda per accedir a les deduccions autonòmiques es mantenen, amb caràcter general, en els 33.000 euros en tributació individual i en els 52.800 en tributació conjunta, mentre que en el cas de les famílies nombroses i monoparentals els llindars s’eleven fins als 39.600 i els 63.360 euros, respectivament.

En aquests moments ja és possible sol·licitar i confirmar l’esborrany a través d’internet, mentre que el 6 de maig s’obrirà l’opció de tramitar la declaració per telèfon i, a partir de l’1 de juny, de manera presencial, per a les quals caldrà sol·licitar cita prèvia. Aquestes són les deduccions que els contribuents poden aplicar-se a les Balears:

Habitatge

En matèria d’habitatge, els contribuents poden deduir-se el 15% del lloguer de l’habitatge habitual, amb un límit màxim de 530 euros anuals, percentatge que s’eleva al 20% amb un màxim de 650 euros en determinats col·lectius, com joves, persones amb discapacitat o famílies amb càrregues. Per als propietaris que lloguen, es permet deduir fins al 75% de determinades despeses associades a l’arrendament, amb un límit de 1.500 euros, mentre que les inversions en millora de la sostenibilitat de l’habitatge poden beneficiar-se de deduccions que arriben fins al 50% de la despesa realitzada, dins dels límits establerts.

La principal novetat d’aquesta campanya és la creació d’una deducció específica per a propietaris afectats per l’ocupació d’habitatges o per la suspensió judicial de desnonaments per vulnerabilitat. Aquesta mesura permet deduir fins al 40% de les despeses associades a l’immoble, amb un màxim de 500 euros, incloent-hi costos com tributs, subministraments, despeses comunitàries o procediments judicials sempre que estiguin degudament acreditats.

Educació i família

El bloc d’educació inclou deduccions per llibres de text —que poden arribar al 100% de la despesa amb límits per fill—, per classes extraescolars d’idiomes —amb percentatges al voltant del 15% i topalls específics— i per estudis superiors fora de l’illa de residència, amb deduccions que poden arribar fins als 1.800 euros anuals en determinats supòsits.

En l’àmbit de la família i la conciliació, les deduccions per naixement o adopció arriben als 800 euros per fill, xifra que pot incrementar-se en casos de discapacitat. Les despeses de guarderia o cura de menors permeten deduir el 40% del cost, amb un màxim de 660 euros anuals. Les famílies nombroses poden aplicar deduccions d’entre 400 i 800 euros, segons la categoria, mentre que les monoparentals compten amb beneficis similars. A més, els contribuents amb discapacitat poden accedir a deduccions de fins a 150 euros, que augmenten en funció del grau reconegut.

Ocupació i activitat econòmica

El tercer gran bloc és el d’ocupació i activitat econòmica, on les Balears han reforçat els incentius a l’autoocupació. Es manté la deducció de fins a 1.000 euros per inici d’activitat per a nous autònoms, així com una deducció del 30% de la inversió en empreses de nova creació, amb un límit de 6.000 euros. També hi ha beneficis per a qui ocupa llocs de difícil cobertura, amb deduccions que poden arribar als 2.000 euros en funció de les circumstàncies.

Juntament amb aquests eixos principals, el sistema autonòmic inclou altres deduccions més específiques, com les vinculades al mecenatge, que permeten deduir entre el 15% i el 25% de les donacions, o les relacionades amb situacions d’emergència, que contemplen deduccions variables segons el tipus d’ajuda percebuda.

En conjunt, el disseny de les deduccions a les Balears reflecteix una doble lògica: per una banda, alleujar la càrrega fiscal en àmbits sensibles com l’habitatge o la criança; per altra banda, utilitzar l’IRPF com a eina per incentivar determinades polítiques públiques, des de l’accés al lloguer fins a l’impuls del treball autònom o la fixació de població al territori.

Com presentar la declaració a través d’internet

Amb el termini obert per a la campanya d’aquest 2025, ja és possible presentar-la a través d’internet. A través del portal Renda WEB de l’Agència Tributària o des de l’aplicació mòbil, els contribuents poden consultar i revisar el seu esborrany i aquelles dades fiscals que Hisenda ha recopilat del passat exercici. Finalment, podran confirmar o modificar la informació abans d’enviar la declaració. Per fer-ho, hauran de seguir aquests passos:

Com saber si és necessari presentar la declaració

Per regla general, tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda els autònoms, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i aquells que rebin anualitats per aliments. Fora d’aquests grups, no tots els contribuents han de presentar la declaració de la renda. Existeixen una sèrie de requisits que el declarant ha de complir, com el límit d’ingressos del treball:

Com a novetat a nivell estatal, en l’exercici fiscal de 2025 s’ha suprimit l’obligatorietat de presentar la renda per a aquells declarants que rebin prestacions no contributives o subsidis del SEPE. Això només s’aplica, això sí, si el contribuent no té cap altra font d’ingressos com lloguers o beneficis en borsa.

Pagament per Bizum o fraccionat

Si la declaració és a pagar, es podrà domiciliar l’abonament, fer-ho amb targeta o a través de Bizum. Es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer del 60% de l’import en presentar la declaració i el segon del 40%, que, si també es domicilia, es pagarà el 5 de novembre.

En el cas que surti a retornar, l’Agència Tributària té de marge fins al 31 de desembre per efectuar els reintegraments sense interessos.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 ha comenzado este miércoles, 8 de abril, y se prolongará hasta el 30 de junio. En el caso de Balears, los contribuyentes podrán aplicar hasta 24 deducciones autonómicas, un paquete fiscal que incorpora nuevas medidas y ajustes con especial foco en la vivienda -como la deducción por gastos asociados a viviendas okupadas-, el refuerzo de los incentivos al trabajo autónomo y la ampliación de los límites de renta en determinados supuestos, como familias numerosas o monoparentales, con el objetivo de extender el acceso a estos beneficios.

En concreto, los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas se mantienen, con carácter general, en los 33.000 euros en tributación individual y en los 52.800 de forma conjunta, mientras que en el caso de las familias numerosas y monoparentales los umbrales se elevan hasta los 39.600 y los 63.360 euros, respectivamente.

En estos momentos ya es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, mientras que el 6 de mayo se abrirá la opción de tramitar la declaración por teléfono y, desde el 1 de junio, de forma presencial, para las cuales deberá solicitarse cita previa. Estas son las deducciones que los contribuyentes pueden aplicarse en Balears:

Vivienda

En materia de vivienda, los contribuyentes pueden deducirse el 15% del alquiler de la vivienda habitual, con un límite máximo de 530 euros anuales, porcentaje que se eleva al 20% con un máximo de 650 euros en determinados colectivos, como jóvenes, personas con discapacidad o familias con cargas. Para los propietarios que alquilan, se permite deducir hasta el 75% de determinados gastos asociados al arrendamiento, con un límite de 1.500 euros, mientras que las inversiones en mejora de la sostenibilidad de la vivienda pueden beneficiarse de deducciones que alcanzan hasta el 50% del gasto realizado, dentro de los límites establecidos.

La principal novedad de esta campaña es la creación de una deducción específica para propietarios afectados por la ocupación de viviendas o por la suspensión judicial de desahucios por vulnerabilidad. Esta medida permite deducir hasta el 40% de los gastos asociados al inmueble, con un máximo de 500 euros, incluyendo costes como tributos, suministros, gastos comunitarios o procedimientos judiciales siempre que estén debidamente acreditados.

Educación y familia

El bloque de educación incluye deducciones por libros de texto -que pueden alcanzar el 100% del gasto con límites por hijo-, por clases extraescolares de idiomas -con porcentajes en torno al 15% y topes específicos- y por estudios superiores fuera de la isla de residencia, con deducciones que pueden llegar hasta los 1.800 euros anuales en determinados supuestos.

En el ámbito de la familia y la conciliación, las deducciones por nacimiento o adopción alcanzan los 800 euros por hijo, cifra que puede incrementarse en casos de discapacidad. Los gastos de guardería o cuidado de menores permiten deducir el 40% del coste, con un máximo de 660 euros anuales. Las familias numerosas pueden aplicar deducciones de entre 400 y 800 euros, según categoría, mientras que las monoparentales cuentan con beneficios similares. Además, los contribuyentes con discapacidad pueden acceder a deducciones de hasta 150 euros, que aumentan en función del grado reconocido.

Empleo y actividad económica

El tercer gran bloque es el de empleo y actividad económica, donde Balears ha reforzado los incentivos al autoempleo. Se mantiene la deducción de hasta 1.000 euros por inicio de actividad para nuevos autónomos, así como una deducción del 30% de la inversión en empresas de nueva creación, con un límite de 6.000 euros. También existen beneficios para quienes ocupan puestos de difícil cobertura, con deducciones que pueden alcanzar los 2.000 euros en función de las circunstancias.

Junto a estos ejes principales, el sistema autonómico incluye otras deducciones más específicas, como las vinculadas al mecenazgo, que permiten deducir entre el 15% y el 25% de las donaciones, o las relacionadas con situaciones de emergencia, que contemplan deducciones variables según el tipo de ayuda percibida.

En conjunto, el diseño de las deducciones en Balears refleja una doble lógica: por un lado, aliviar la carga fiscal en ámbitos sensibles como la vivienda o la crianza; por otro, utilizar el IRPF como herramienta para incentivar determinadas políticas públicas, desde el acceso al alquiler hasta el impulso del trabajo autónomo o la fijación de población en el territorio.

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos que reciban anualidades por alimentos. Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad a nivel estatal, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Pago por Bizum o fraccionado

Si la declaración es a pagar, se podrá domiciliar el abono, hacerlo por tarjeta o a través de Bizum. Se podrá fraccionar en dos pagos: el primero del 60% del importe al presentar la declaración y el segundo del 40% que si también se domicilia se pagará el 5 de noviembre.

En el caso de que salga a devolver, la Agencia Tributaria tiene de margen hasta el 31 de diciembre para efectuar los reintegros sin intereses.

Este jueves, 9 de abril, arranca la Campaña de la Renta de 2025 en Navarra, que finalizará el próximo 25 de junio. Durante algo más de tres meses los contribuyentes podrán hacer su declaración el IRPF correspondiente al año pasado mediante tres modalidades: online, telefónica o presencial. Entre las principales novedades de la declaración del 2025 destacan las deducciones por alquiler de vivienda permanente o las deducciones para pensionistas, entre otras. El lema de la campaña de este año es “Si yo pude, tú también” con el que se pretende “romper la barrera del miedo” de realizar la declaración, así como animar a la ciudadanía a decantarse por las modalidades online y telefónica para realizar la declaración.

Según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, la Hacienda Foral de Navarra ha elaborado este año 221.446 propuestas de declaración que los contribuyentes podrán revisar desde este día 8 en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De ellas, 134.661 propuestas son a devolver, un 60,8%. Según los cálculos, serán 115,6 millones de euros los que la Hacienda Foral comenzará a devolver a partir del 15 de abril. Las 86.785 propuestas restantes son a pagar, una cantidad estimada de 62,1 millones de euros.

Será a partir del 9 de abril cuando se abrirá el plazo para realizar la declaración a través de internet. Según ha apuntado el consejero, desde el año 2020 está modalidad “ha crecido mucho” y el año asado ya representó el 35% del total de las declaraciones. Además, 221.444 contribuyentes tendrán ya una propuesta de declaración elaborada por Hacienda. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado desde el Gobierno, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. “Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales”, ha expuesto José Luis Arasti.

Según las estimaciones de la Hacienda Foral, este año se agendarán unas 24.000 citas presenciales para realizar la declaración de la renta y unas 10.000 por vía telefónica.

Novedades tributarias: vivienda, pensiones y donaciones

Entre las novedades tributarias de la declaración de la renta del 2025 en Navarra destaca las deducciones por el alquiler de vivienda permanente, especialmente de aquellas que se encuentran en zonas declaradas zonas de mercado tensionado. La reducción en estos casos será del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa y una reducción del 90%, si la vivienda está en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa y además se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. Todavía no hay estimaciones de cuantas personas se acogerán a estas deducciones tras la declaración de zonas tensionadas en mayo del 2025.

Otra novedad es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

También habrá deducciones por la compra de vehículos eléctricos con un aumento del límite base de deducción a 35.000 euros; un aumento del umbral para tributar en EDE para contribuyentes del sector primario de 300.000 a 350.000 euros; y una deducción del 80% hasta 250 euros y del 40% a partir de esa cantidad en las donaciones por mecenazgo.

“La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común”, ha destacado el consejero de Economía y Hacienda. “Muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%”, ha añadido.

El consejero Arasti también ha avanzado que si la inflación cierra el 2026 por encima del 2% , el Gobierno de Navarra llevará a la mesa de fiscalidad una propuesta para la deflactación del IRPF para “corregir los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán”. La mesa de fiscalidad se convocará en la segunda quincena de abril, según ha apuntado el consejero.

La campaña de la Declaración de la Renta 2026 ha comenzado este 8 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de junio, período en el que los contribuyentes podrán presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal. La Agencia Tributaria mantiene su plataforma digital Renta WEB como principal herramienta de acceso, ofreciendo un método seguro y centralizado para gestionar el borrador y la declaración sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Durante esta campaña, y a partir del próximo 6 de mayo al 30 de junio, quienes prefieran atención directa también podrán realizar la declaración por teléfono con personal de la Agencia Tributaria. Este servicio permite resolver dudas concretas sobre el borrador y facilita la tramitación para quienes necesiten orientación sin desplazarse, combinando eficiencia y asistencia profesional.

Además, del 1 al 30 de junio quedará habilitado el plazo para confeccionar la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Esta opción asegura que todos los contribuyentes tengan acceso a asistencia personalizada, garantizando la correcta presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos y adaptándose a distintos perfiles y necesidades.

Cómo solicitar el borrador de la Declaración de la Renta

Los contribuyentes que deseen acceder al borrador de la declaración pueden hacerlo a través de varias opciones de identificación electrónica que garantiza la Agencia Tributaria. Una de las formas más utilizadas es mediante certificado electrónico o DNI electrónico, ambos válidos y emitidos por entidades oficiales. Tras disponer de uno de estos medios, el usuario debe ingresar al servicio de Renta WEB en el apartado de “Gestiones destacadas” y seleccionar la opción correspondiente para identificarse con su firma electrónica, lo que permite acceder de forma segura a los datos fiscales y al borrador de la declaración.

Otra alternativa es el sistema Cl@ve Móvil, antes conocido como Cl@ve PIN, que combina una clave personal elegida por el usuario con un PIN temporal enviado por SMS. Para utilizar esta opción, es necesario registrarse previamente, ya sea de forma presencial en una oficina de la Agencia Tributaria o mediante procedimientos en línea. Una vez registrado, el contribuyente puede acceder al borrador desde Renta WEB pulsando en el apartado destinado a Cl@ve Móvil, identificándose con la combinación de clave y PIN, disponible durante un tiempo limitado.

Finalmente, también se puede recurrir al número de referencia de Renta, un código que se obtiene introduciendo el NIF, la fecha de caducidad del DNI o el número de soporte del NIE, y ciertos datos de la declaración del año anterior, o en su defecto, un IBAN si no se presentó declaración previamente. Con esta referencia válida, el acceso al borrador se realiza de manera similar a las otras opciones: desde Renta WEB, seleccionando la opción correspondiente y completando la autenticación. Cada uno de estos métodos asegura la confidencialidad de la información y facilita la consulta, modificación y confirmación del borrador de la declaración de manera íntegra y segura.

Cómo acceder a tus datos fiscales

Los datos fiscales del contribuyente incluyen toda la información fiscal del ejercicio 2025 que le consta a la Agencia Tributaria y que son la base fundamental del borrador de la Declaración de la Renta. Entre la información que puede recopilar la Agencia Tributaria se encuentra, por ejemplo, el domicilio fiscal y los datos personales, los rendimientos del trabajo o de actividades económicas, rendimientos de cuentas bancarias, amortización de bienes inmuebles e ingresos por alquileres.

Se trata de una compilación de datos que interesa revisar, puesto que es responsabilidad del contribuyente subsanar cualquier error que puedan presentar, o actualizar datos antiguos. Esta responsabilidad también se traslada al borrador de la Renta. De estar incompleto, recae sobre el contribuyente el deber de introducir las modificaciones que sean pertinentes y aportar la información necesaria. Confirmar a ciegas el borrador de la Declaración de la Renta, sin consultarlo, puede acabar acarreando una sanción posterior si los datos son incorrectos.

Para consultar estos datos fiscales del contribuyente, es necesario acceder a través de la sede electrónica o mediante la aplicación de la Agencia Tributaria. Si lleva a cabo esta consulta desde el ordenador, deberá acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria al apartado de 'Datos fiscales' e identificarse con uno de los sistemas que ofrece la plataforma, Cl@ve Móvil, certificado electrónico o DNI electrónico. En el caso de carecer de ellos, se puede solicitar a la Agencia Tributaria un número de referencia para iniciar la declaración.

Cuáles son las grandes novedades de este año

La campaña de 2025 ha arrancado con importantes novedades para los contribuyentes, especialmente aquellos trabajadores que hayan percibidio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales tendrán derecho a una deducción nueva en la declaración de la renta. Además, las personas que hayan estado en el paro no tendrán la obligación de declarar.

Otras novedades afectan a aquellos perceptores de ayudas por los efectos de la dana y los incendios. La Generalitat Valenciana ha aprobado unas deducciones de hasta el 100% de los gastos de reparación de la vivienda, mientras que los afectados por la oleada de incendios del pasado verano contarán con deducciones para compensar las pérdidas sufrudas en ¡ explotaciones agrarias.

En cuanto al abono del resultado de la declaración, en el caso de que salga a pagar, los contribuyentes podrán realizarlo mediante tarjeta o a través de Bizum, con la posiblidad de fraccionarlo en dos pagos.

Este miércoles ha arrancado la campaña de la Renta correspondiente al pasado 2025. Desde este 8 de abril de 2026 hasta el día 30 de junio será posible presentar la declaración a través de internet. Más tarde se abrirán por teléfono o de manera presencial los plazos para esta campaña de la renta y patrimonio. Aunque se trata de un trámite sencillo, un evento fiscal programado año tras año, es habitual que surjan dudas sobre la cumplimentación de la declaración.

Plazos de la campaña de la Renta 2025

En estos momentos es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, y pronto estará disponible la opción de tramitar la declaración por teléfono o de forma presencial:

Aunque la declaración a través de internet ya puede formalizarse, pero si buscas presentarla a través del teléfono o de forma presencial, deberás pedir cita previa:

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y aquellos que reciban anualidades por alimentos.

Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Más allá del trabajo, existen otros tipos de rentas o rendimientos que pueden obligar al contribuyente de presentar la declaración. Se trata de los rendimientos íntegros de capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuentas, que no podrán exceder los 1.600 euros. Por otro lado, también deberán declarar aquellos con rentas inmobiliarias imputadas, ayudas públicas y subvenciones para la adquisición de vivienda que superen los 1.000 euros.

La Agencia Tributaria abrirá próximamente el plazo de su campaña de la renta y patrimonio correspondiente al ejercicio pasado, con la recaudación del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) que cada año deben afrontar los contribuyentes, por lo que están a punto de comenzar los plazos para pedir cita en las diferentes modalidades disponibles para los ciudadanos: a través de internet, por teléfono o presencialmente.

Plazos de presentación online

Así, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web, el plazo para confeccionar la Declaración de la Renta del ejercicio pasado comienza este próximo 8 de abril de 2026 y estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, último día hábil para la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

A través del servicio Renta WEB, los contribuyentes podrán consultar su borrador, revisar los datos fiscales que Hacienda tiene registrados y confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. El acceso se realiza mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia, y puede hacerse tanto desde la sede electrónica como desde la aplicación móvil oficial.

Más allá de descargar y comprobar el borrador que elabora automáticamente la Agencia Tributaria con los datos disponibles de cada contribuyente (que recomienda revisar para evitar errores o incluir aspectos que no se hayan tenido en cuenta sobre aspectos como deducciones a las que se pueda acoger cada persona), también hay disponible un asistente virtual de la renta al que se pueden formular preguntas, que se responderán de forma personalizada, así como las dudas más habituales de la campaña de la renta.

Además, la Agencia Tributaria recuerda que, a través de este asistente, si se necesita información adicional se puede acceder al Informador de Renta que permite ir seleccionando entre distintas opciones hasta llegar a la respuesta que se busca, o bien al chat atendido por especialistas de la Administración Digital Integral. Eso sí, desde Hacienda aclaran que la contestación tiene carácter meramente informativo, dado que se apoya en sistemas de Inteligencia Artificial (IA) “para un mejor entendimiento y clasificación de las preguntas”.

Otras fechas relevantes de la Renta 2025

En el caso de que un contribuyente quiera ser atendido telefónicamente, deberá antes concertar su cita con la Agencia Tributaria desde el 29 de abril y hasta el 29 de junio de 2026, ambos días incluidos, aunque el periodo en el que se concederán estas citas por teléfono para la presentación de la Declaración de la Renta del pasado ejercicio estarán disponibles únicamente entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Además, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la Declaración de la Renta de cualquier contribuyente que lo solicite de forma presencial en sus oficinas (siempre en función de la ubicación de la persona que lo reclame) entre el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026. Para las personas que opten por esta alternativa, la solicitud de cita debe realizarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio.

Es importante tener en cuenta que, para ser atendido por la Agencia Tributaria, tanto por teléfono como presencialmente en sus oficinas, se puede concertar la cita de forma telemática, a través de la web oficial, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 553 00 71 y 901 22 33 44.

Novedades de la campaña de la Renta

Entre las principales novedades de la campaña de la renta que está a punto de comenzar destaca las que introdujo un reciente Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados por el que se adoptaban medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria, y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

En este texto se ha introducido la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, algo que hasta ahora era una obligación anual. Esto significa que, si cumplen con los requisitos que eximen de presentar la declaración (límites, fuentes de ingresos, rendimientos, rentas, etcétera), no tendrán por qué hacerlo simplemente por cobrar el paro.

Sin embargo, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sí estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Aunque se trata de una renta exenta y en la mayoría de los casos el resultado será igual a cero, sus beneficiarios deberán presentar la declaración por el mero hecho de percibir este subsidio.

También se han dispuesto diferentes exenciones para las ayudas por daños personales en zonas afectadas gravemente como consecuencia de los incendios forestales o las ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana dirigidas a las personas trabajadoras autónomas y para facilitar la contratación en zonas afectadas por la DANA.

Este miércoles, 8 de abril, arranca oficialmente la Campaña de la Renta 2025, con tres meses por delante para presentar la declaración del IRPF correspondiente al año pasado y que incorpora importantes novedades: por ejemplo, los trabajadores que percibieron el salario mínimo interprofesional (SMI) tendrán que presentarla obligatoriamente si quieren que la Agencia Tributaria les devuelva lo retenido de más.

Los contribuyentes tendrán desde esta semana hasta el 30 de junio de plazo para presentar su información fiscal. De acuerdo con el calendario de la Agencia Tributaria, ya este miércoles se podrán presentar las primeras declaraciones a través de internet. El 29 de abril comienza el plazo de solicitud de una cita de atención telefónica y el 29 de mayo, para las atenciones presenciales en oficina.

Según los datos de cierre de la Campaña de 2024, el año pasado se presentaron 24,7 millones de declaraciones (un 2,4% más), de las que casi 16 millones resultaron a devolver (13.708 millones de euros). En total, 6,9 millones de contribuyentes tuvieron que pagar a Hacienda por haber declarado menos de lo que les correspondía, generando una suma de 20.797 millones de euros. 

Estas son las principales novedades a tener en cuenta en la Campaña de la Renta de 2025, elaboradas con la información del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Deducción por la subida del SMI

Los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales tendrán derecho a una deducción nueva en la declaración de la renta.

Si los rendimientos del trabajo son iguales a los del SMI del año pasado, la deducción será de 340 euros, compensando la parte que dejaron de recibir de la subida de este sueldo base. Para aquellas rentas entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros, será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Esta deducción se ha actualizado con la cuantía del SMI para 2026, por lo que los perceptores podrán beneficiarse en la declaración que presenten el año que viene.

Ayudas de la dana y los incendios

La Generalitat Valenciana aprobó una serie de deducciones para los afectados por las inundaciones de octubre de 2024. Se podrán deducir hasta el 100% de los gastos de reparación en su vivienda habitual por los importes que no estén cubiertos por el seguro, por un valor total de 2.000 euros. 

Las aportaciones a los fondos propios de empresas en el territorio afectado también podrán acogerse a una deducción del 45% en el IRPF, hasta 9.900 euros, siempre que mantengan la actividad en los tres años siguientes a su constitución y cuenten con persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa.

Por otro lado, las ayudas por daños personales y para compensar las pérdidas de explotaciones agrarias por la oleada de incendios del año pasado estarán exentas de declaración.

Medidas por la guerra en Oriente Medio

El Real Decreto-Ley de medidas urgentes en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio incluyó una serie de deducciones en materia energética que decayeron del escudo social aprobado a finales del año pasado.

Los contribuyentes podrán beneficiarse de varias deducciones por las obras de mejora en la eficiencia energética de viviendas. Hasta un 20% (con una base máxima de 5.000 euros) por las obras para mejorar el aislamiento térmico de sus hogares; hasta el 40% (base máxima de 7.500 euros) para la reducción del consumo de energía; y del 60% (base máxima de 5.000 euros) para rehabilitación energética en edificios residenciales.

Además, los contribuyentes que hayan adquirido un nuevo vehículo eléctrico o instalado una infraestructura de recarga entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 podrán deducirse hasta el 15% del valor de adquisición del coche o de la instalación.

Rendimientos de actividades artísticas

Los rendimientos del trabajo que no tengan derecho a aplicar la reducción del 30% derivados de elaboración de obras literarias, artísticas o científicas; para artes escénicas, audiovisuales y musicales; o profesiones técnicas del sector. Si estos rendimientos exceden en un 130% la media de los imputados en los tres años anteriores, el exceso se reduce un 30%, siendo el límite máximo sobre el que se aplica la reducción de 150.000 euros anuales.

Subida para el ahorro de más de 300.000 euros

La reforma fiscal de 2024 aprobó una subida de dos puntos, hasta el 30%, el tipo del gravamen para el ahorro a partir de 300.000 euros. El resto de tramos se mantienen estables.

Rescate de planes de pensiones

Las personas que decidan rescatar sus planes de pensiones anteriores a 2015 deberán incorporar las cuantías como rendimientos del trabajo y se podrán aplicar una reducción del 40% por las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2007, siempre que se rescaten en forma de capital.

Las personas que estuvieron en paro no tendrán que declarar

El Ejecutivo eliminó la obligación de que las personas que hayan cobrado la prestación por desempleo o el subsidio tengan que presentar obligatoriamente la declaración de la renta, comenzando por este ejercicio.

Con carácter general, deberán hacerlo aquellas personas que perciban rendimientos del trabajo por importe superior a 22.000 euros o 15.876 euros, en el caso de tener más de un pagador (salvo que estas rentas de segundos pagadores no superen los 1.500 euros anuales), cuando se perciban pensiones complementarias o anualidades por alimentos, etc.

Sí estarán obligados aquellas personas que hayan estado dadas de alta como trabajadores autónomos o que hayan sido beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (tanto los titulares como los integrantes de la unidad de convivencia).

Pago por Bizum o fraccionado

Si la declaración es a pagar, se podrá domiciliar el abono, hacerlo por tarjeta o a través de Bizum. Se podrá fraccionar en dos pagos: el primero del 60% del importe al presentar la declaración y el segundo del 40% que si también se domicilia se pagará el 5 de noviembre.

En el caso de que salga a devolver, la Agencia Tributaria tiene de margen hasta el 31 de diciembre para efectuar los reintegros sin intereses.

El Ministerio de Hacienda ha prorrogado los umbrales del sistema de módulos por el que tributan miles de autónomos sobre la bocina, a través de una nota informativa de la Agencia Tributaria publicada este miércoles y que confirma que siguen en vigor los parámetros aprobados a finales del año pasado en el Real Decreto-Ley ómnibus que decayó en el Congreso.

En una nota informativa sobre los efectos de los dos reales decretos-ley ómnibus derogados por el Congreso a principios de año, la Dirección General de Tributos considera que los límites del sistema de estimación objetiva, como se conoce oficialmente, se mantienen con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros, igual que en la última década.

La nota llega solo un día después del cierre del primer trimestre del año, cuando miles de autónomos tienen que presentar la declaración del IVA trimestral. Como informó elDiario.es, Hacienda estaba buscando la manera de solucionar el problema, pero se había comprometido a hacerlo “en tiempo y forma”.

“Una interpretación kafkiana”

La Agencia Tributaria repite para este año la “interpretación kafkiana” que hizo el ejercicio pasado, a juicio de Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

“No es nada ortodoxo regularlo así, por una interpretación de la Agencia Tributaria en una página web y no por una norma técnica. Pero como al final se arregló y es bueno para todo el mundo, también para la gente que cotiza por módulos, pues nadie se queja de la técnica legislativa. Mucho me temo que va a ser lo mismo”, considera.

La tributación por módulos, oficialmente conocida por Hacienda como de estimación objetiva, no funciona únicamente en base a la facturación de las actividades adheridas a este sistema, sino que lo hacen en relación con una serie de características del negocio. Y siempre con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso. Sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explica Gimeno, que destaca la simplicididad del sistema como una de sus ventajas.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay unos 350.000 autónomos que tributan por módulos, a los que hay que sumar 700.000 trabajadores agrícolas que disfrutan de un sistema similar, que también ha sido extendido.

Otras medidas también en vigor

La prórroga del sistema de módulos no es la única que sigue en vigor, a pesar de que se derogara el Real Decreto-Ley ómnibus. Según la Dirección General de Tributos, como estaba en vigor “en la fecha de devengo del IRPF para 2025”, resultan de aplicación otras medidas fiscales que contenía la norma.

Así, sigue en vigor el mantenimiento del porcentaje de las rentas inmobiliarias en el impuesto sobre la renta, la prórroga de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas, el plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva; así como las exenciones para las ayudas recibidas por los daños personales en la oleada de incendios forestales del pasado verano y de aquellas aprobadas por la Comunitat Valenciana en respuesta a la DANA.

La campaña de la Renta 2025 está a punto de comenzar para millones de ciudadanos que deben ajustar sus cuentas con la Agencia Tributaria. A partir del próximo 8 de abril se abre el plazo oficial para presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio anterior mediante la plataforma digital Renta WEB. En este contexto, surge una oportunidad de ahorro fiscal que resulta desconocida para gran parte de la población residente en territorios específicos. Se trata de las deducciones autonómicas por gastos odontológicos, una ventaja que permite recuperar una parte de la inversión realizada en salud bucodental. Dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, los contribuyentes podrían llegar a deducirse cuantías que oscilan significativamente entre los 150 y los 840 euros.

Es fundamental entender que, según la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estos gastos no son deducibles a nivel estatal. La ley general y el criterio actual de la Agencia Tributaria excluyen las facturas del dentista, psicólogos o fisioterapeutas de las desgravaciones comunes para todo el país. Sin embargo, el sistema fiscal español permite que las comunidades autónomas establezcan sus propios incentivos para aliviar la carga económica de sus ciudadanos en áreas sensibles. Por ello, solo aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valenciana podrán beneficiarse de este alivio fiscal específico. Esta distinción territorial subraya la importancia de revisar detalladamente el tramo autonómico antes de confirmar el borrador para no perder dinero.

Para poder acceder a estos beneficios, existen requisitos comunes y estrictos que Hacienda exige cumplir rigurosamente en todas las regiones mencionadas anteriormente. En primer lugar, los tratamientos realizados no deben estar cubiertos por la Seguridad Social ni por aseguradoras privadas o mutuas de salud. Además, es obligatorio que el pago se haya realizado mediante métodos bancarios trazables, como tarjetas de débito, crédito o transferencias. Hacienda prohíbe explícitamente el uso de dinero en efectivo para estas deducciones, buscando así combatir el fraude y asegurar la transparencia total. Asimismo, el contribuyente debe conservar la factura original detallada del servicio prestado para justificar el gasto en caso de requerimiento.

Las Islas Canarias presentan una de las normativas más generosas en cuanto a la cuantía que los ciudadanos pueden recuperar por sus visitas al dentista. En el archipiélago, se permite desgravar el 12% de las cantidades satisfechas por la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentales. La normativa establece un límite máximo de deducción fijado en 600 euros anuales para quienes opten por realizar una declaración de carácter individual. Sin embargo, este tope se incrementa hasta los 840 euros en el caso de las declaraciones conjuntas, representando un alivio financiero de gran calado. Esta medida busca compensar el elevado coste que suponen ciertos tratamientos complejos que quedan fuera del sistema público de salud.

El acceso a esta deducción canaria está vinculado a determinados umbrales de renta que el contribuyente no debe sobrepasar bajo ninguna circunstancia legal. Específicamente, la suma de la base imponible general y la del ahorro no puede superar los 42.900 euros en tributación individual. Para las unidades familiares que presenten la declaración de forma conjunta, el límite de ingresos se sitúa en los 57.200 euros anuales. Por otro lado, existe una protección adicional para personas con discapacidad igual o superior al 65%, quienes ven incrementados sus límites en 100 euros. Es vital que los residentes en las islas verifiquen que cumplen estos baremos económicos antes de incluir los gastos en su borrador definitivo.

Cantabria es otra de las regiones que ha decidido apostar por el apoyo fiscal a la salud dental de sus contribuyentes durante este ejercicio fiscal. En esta comunidad, la deducción permitida alcanza el 10% de los honorarios abonados a profesionales sanitarios por servicios de salud bucodental. Los límites máximos de devolución se sitúan en 500 euros para las declaraciones individuales y en 700 euros para aquellas que se presenten conjuntamente. Al igual que en otras zonas, se requiere que los servicios no hayan sido reembolsados previamente por ninguna entidad de seguro médico privado. Esta política fiscal cántabra pretende facilitar el acceso a tratamientos preventivos y correctivos esenciales para el bienestar general de la población.

Los requisitos de renta en Cantabria son algo más restrictivos que en el caso canario, enfocándose en perfiles de ingresos medios y bajos. Para beneficiarse del ahorro, la base liquidable total no debe exceder los 22.946 euros en el caso de tributación individual o los 31.485 euros conjunta. También se contempla una mejora del incentivo para los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. En estos casos particulares, los límites de la deducción se incrementan automáticamente en 100 euros adicionales, llegando a los 600 u 800 euros según la modalidad. Resulta imprescindible contar con todos los justificantes bancarios que demuestren que el dinero salió de una cuenta o tarjeta del titular.

Revisar bien el borrador

Por último, la Comunitat Valenciana ofrece un porcentaje de deducción mucho más elevado, aunque con un límite máximo por contribuyente más reducido. Los valencianos pueden desgravarse hasta el 30% de los gastos derivados de servicios bucodentales, siempre que no tengan una finalidad estética. El tope máximo de esta deducción se establece en 150 euros anuales por cada contribuyente, una cifra que se comparte con otros gastos de salud. Los límites de renta para acceder al beneficio son de 32.000 euros en individual y 48.000 en conjunta, con una aplicación íntegra si no se superan los 29.000 o 45.000 euros respectivamente. Es una ayuda enfocada a cubrir limpiezas, empastes o tratamientos de ortodoncia necesarios.

El proceso para reclamar estas cantidades se realizará a través de la plataforma Renta WEB, donde los usuarios deben buscar el apartado de deducciones autonómicas. Es aconsejable revisar el borrador con calma, ya que a menudo Hacienda no incluye automáticamente estos gastos privados si no detecta la factura previamente. El plazo para realizar este trámite finalizará el 30 de junio de 2026, por lo que los contribuyentes tienen tiempo suficiente para recopilar su documentación. 

El arranque de la campaña de la renta 2026, correspondiente a los ingresos de 2025, es inminente: comenzará el 8 de abril con la apertura del plazo para la presentación telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026.

Afrontar este trámite exige conocer bien las obligaciones fiscales, así como los documentos y plazos necesarios para presentar el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). También conviene revisar posibles cambios normativos y las deducciones disponibles, con el fin de evitar errores que puedan derivar en sanciones. Esta atención es aún más relevante en el caso de padres separados, cuya declaración presenta un mayor grado de complejidad.

¿Quién puede hacer la declaración conjunta?

Una de las principales dudas entre padres separados es quién puede presentar la declaración conjunta con los hijos. La norma es clara: solo uno de los progenitores puede hacerlo, incluso en casos de custodia compartida.

Por lo general, podrá optar por la tributación conjunta el progenitor con el que convivan los hijos. En situaciones de custodia exclusiva, no suele haber margen de duda. Sin embargo, cuando la custodia es compartida, la elección depende de un acuerdo entre ambos.

En estos casos, lo más habitual es que los progenitores se alternen cada año o que decidan quién se beneficia en función de cuál obtiene un mayor ahorro fiscal. La clave está en coordinarse, ya que si ambos presentan declaración conjunta con los mismos hijos, la Agencia Tributaria detectará la duplicidad y puede iniciar una revisión.

La importancia de revisar el borrador

Más allá de la modalidad de declaración, uno de los errores más frecuentes es aceptar el borrador sin revisarlo. Aunque la Agencia Tributaria facilita los datos fiscales, estos no siempre están actualizados, especialmente cuando ha habido cambios recientes en la situación familiar.

Separaciones, cambios en la custodia o modificaciones en las pensiones son aspectos que pueden no reflejarse correctamente. Por eso, revisar cada dato con detenimiento es fundamental para evitar fallos que puedan tener consecuencias económicas.

Incluir a los hijos correctamente

Otro punto clave es comprobar si se cumplen los requisitos para incluir a los hijos en la declaración. No basta con tener hijos: para aplicar determinadas ventajas fiscales, deben cumplirse condiciones concretas.

Entre ellas, que el menor conviva con el progenitor durante más de la mitad del año y que no supere ciertos niveles de ingresos. En caso contrario, aplicar deducciones asociadas puede ser incorrecto y derivar en reclamaciones posteriores por parte de Hacienda.

Custodia compartida: cómo repartir las deducciones

La custodia compartida introduce una de las mayores dificultades en la declaración de la renta. Ambos progenitores tienen derecho a beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, pero no pueden hacerlo de forma íntegra e independiente.

En la práctica, esto implica que deben repartirse las deducciones o alternarlas. Lo mismo ocurre con el mínimo por descendiente, que debe prorratearse entre ambos. La falta de acuerdo o de conocimiento en este punto es una de las principales causas de error.

Coordinarse no es solo recomendable, sino necesario para evitar discrepancias con la Agencia Tributaria.

Individual o conjunta: elegir bien importa

Elegir entre declaración individual o conjunta puede marcar una diferencia importante en el resultado final. En el caso de padres separados, esta decisión cobra aún más relevancia, ya que solo uno puede beneficiarse de la tributación conjunta con los hijos.

No siempre la opción conjunta es la más ventajosa, por lo que conviene hacer cálculos previos antes de decidir. En algunos casos, la declaración individual puede resultar más favorable, especialmente si ambos progenitores tienen ingresos similares.

No confundir pensiones: alimentos y compensatoria

Otro de los errores habituales es no diferenciar correctamente entre las pensiones alimenticias y las compensatorias. Aunque ambas son comunes tras una separación, su tratamiento fiscal es distinto.

Las pensiones de alimentos destinadas a los hijos, siempre que estén fijadas judicialmente, tienen un tratamiento específico en el IRPF. Por su parte, la pensión compensatoria —la que se abona al excónyuge— sigue otra regulación.

Confundirlas o declararlas de forma incorrecta puede alterar el resultado de la renta y generar problemas con Hacienda.

Mantener los datos actualizados

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la obligación de mantener actualizada la información personal en la Agencia Tributaria. Cambios en el estado civil, el domicilio o el régimen de custodia deben comunicarse cuanto antes.

Si estos datos no están actualizados, es posible que el borrador contenga errores o que no se apliquen correctamente determinadas deducciones.

No perder deducciones por desconocimiento

Más allá de los errores, también es habitual dejar pasar oportunidades de ahorro fiscal. Deducciones como la de maternidad o los gastos de guardería pueden suponer un beneficio importante, pero no siempre se aplican correctamente.

El desconocimiento o la falta de información hace que muchos contribuyentes no las incluyan en su declaración, perdiendo así ventajas a las que tienen derecho.

Un trámite que exige coordinación

La declaración de la renta en casos de padres separados no solo depende de conocer la normativa, sino también de la coordinación entre ambos progenitores. Especialmente en situaciones de custodia compartida, tomar decisiones conjuntas puede marcar la diferencia entre una declaración correcta y un problema con Hacienda.

En un contexto en el que este modelo familiar es cada vez más frecuente, entender bien las reglas del juego se vuelve imprescindible. Revisar el borrador, informarse sobre las deducciones y, en caso de duda, recurrir a un asesor son pasos clave para evitar errores.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Arcadi España es probablemente el hombre que más en serio se tomó las cuentas en el Gobierno valenciano cuando pasó por la Generalitat. El nuevo ministro de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sustitución de María Jesús Montero considera que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” y que los presupuestos deben dar respuesta a los problemas ciudadanos. Como responsable de Hacienda de Ximo Puig en su último Consell, reconocía en privado que cada día se levantaba preocupado por que cuadraran los presupuestos, o por la reforma de la financiación autonómica. En una región crónicamente infrafinanciada, cada euro público cuenta.

España, alumno aventajado de Puig y de Vicent Soler, fue el elegido para abordar los últimos presupuestos del Ejecutivo progresista del llamado Pacto del Botánico, los primeros presupuestos antes de las elecciones autonómicas y los que encajaron una gran reforma fiscal en un contexto de incertidumbre, entre la pandemia y la guerra de Ucrania.

Es un experto en negociar a tres bandas, como demostró en este departamento al cuadrar las cuentas con los socios de gobierno, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida. Ahora, en un contexo geopolítico complejo, se hará cargo del Ministerio de Hacienda y pondrá en práctica esa capacidad negociadora, en un Congreso en el que cada voto es clave.

Nacido en Carcaixent (1974) e hijo de un histórico del PSPV en la comarca, fue alumno en la facultad de Económicas de Vicent Soler, a quien sucedió en la Conselleria de Hacienda. Proyectó una reforma fiscal progresiva y progresista en plena crisis económica derivada de la guerra, además de abanderar, junto a su maestro, la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, fue jefe de gabinete de Ximo Puig en la Generalitat a su llegada al Palau; después conseller de Política Territorial, para finalmente dirigir la Conselleria de Hacienda.

Socialdemócrata y pragmático, en el Gobierno central –donde estuvo antes de pasar al gabinete del líder socialista– ha tenido una trayectoria paralela a la autonómica: primero, número 2 de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres; ahora, jefe de las cuentas públicas.

Las tareas pendientes: Presupuestos y respuesta a la guerra

Montero le deja encima de la mesa una tarea titánica: no solo tendrá que presentar y tratar de atar los primeros Presupuestos de la legislatura, que ya están preparados; sino que tendrá que adaptar las cifras de las cuentas públicas para responder a los efectos económicos de la guerra en Irán, sin perder de vista el corsé fiscal de Bruselas.

La vicepresidenta dejó preparada la condonación de la deuda autonómica, el compromiso que cerró el PSOE con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que todavía espera su turno en el Congreso. Otro melón importante es la reforma del sistema de la financiación autonómica, que el equipo de Montero ya tenía diseñado, pero que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros. El objetivo era tenerlo aprobado a finales de este año, pero los cambios en la cartera anticipan un retraso en su tramitación.

Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente del Gobierno, esquivó este martes las preguntas que lo situaban al frente de la cartera de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere decir que, en el ámbito de la política económica, se está haciendo un buen trabajo”, respondió el titular de Economía.

Todas las apuestas apuntaban a un ‘superministro’ Cuerpo (Badajoz, 1980), desde que se supo que María Jesús Montero abandonaría el Ejecutivo para concurrir a las elecciones andaluzas. Calmado, didáctico y alejado de la polémica partidista, el extremeño ha conseguido convertirse en sus poco más de dos años al frente de Economía en una pieza fundamental del Ejecutivo. Los buenos datos de crecimiento económico, la respuesta a los aranceles de Donald Trump y, ahora, a la guerra en Oriente Medio han hecho despegar al miembro mejor valorado del Ejecutivo hasta convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez.

Cuerpo, licenciado en la pública Universidad de Extremadura y técnico economista y comercial del Estado (lo que en la jerga se conoce como ‘teco’), llegó a lo más alto del Ministerio de Economía tras desempeñarse como secretario general del Tesoro Público. El ‘número tres’ de la cartera fue el nombre que la entonces vicepresidenta Nadia Calviño recomendó a Sánchez para sustituirla tras ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2023. 

El jefe del Ejecutivo siguió su consejo pero situó a Montero al frente de la vicepresidencia primera, un puesto clave para dirigir los Consejos de Ministros en su ausencia y, además, sirve de contrapeso político a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En una decisión casi salomónica, puso a Cuerpo –que, al igual que Calviño, no milita en el PSOE– al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el ‘consejillo’ donde se mascan las grandes decisiones de política económica, lo que lo convirtió, in pectore, en el cargo que ahora desempeñará oficialmente.

Choques frecuentes con Trabajo

Quienes lo acompañan en el día a día destacan su capacidad de trabajo, de estudio y el buen trato en el cuerpo a cuerpo. Algo que se confirma en su relación con la prensa, a pesar de su estudiada lengua de madera para evitar responder con titulares a las preguntas más incisivas y polémicas sobre su cartera.

Sobre todo, aquellas sobre su relación con la vicepresidenta Díaz. En el Ministerio de Trabajo pasaron de verlo como uno de los suyos (formó parte del primer comité de expertos para subir el salario mínimo) a la personificación del neoliberalismo. A raíz de las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz acusó a Cuerpo de frenar su tramitación interna. Llegó a decir que era “casi de mala persona” negarse a reducir media hora el tiempo de trabajo. Los dos socios llegaron a un acuerdo y finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros tal y como Díaz acordó con los sindicatos. Pero en el Congreso no llegó a superar el trámite de totalidad por el rechazo de Junts.

El segundo capítulo de esta polémica ha llegado esta semana, cuando desde la vicepresidencia segunda acusaron a Economía de boicotear la puesta en marcha del registro horario con dos informes negativos. “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra”, dijo Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. E insistió en que lo sacaría adelante “aunque sea lo último que haga”.

De Madrid a Bruselas, pasando por Washington 

El ministro se ha convertido en una figura clave no solo a la interna, sino también en la esfera internacional. Habla perfecto inglés y hasta se atreve con el japonés. Los grandes foros ya cuentan con él como uno de los invitados estrella: sucedió a principios de año en Davos, cuando intervino en un panel sobre la economía española mano a mano con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Es un buen ejemplo de transgredir con su iniciativa”, loó la francesa, hablando de la propuesta española de poner en marcha una “coalición de voluntarios” entre los gobiernos de la Eurozona para avanzar en la integración económica sin que los Estados miembros más reticentes puedan ponerle freno.

Cuerpo se curtió en Bruselas en su etapa al frente del Tesoro Público durante las eternas negociaciones europeas para reformar las reglas fiscales. También aspiró a presidir el Eurogrupo, una apuesta que no salió adelante. Y ha sido un apaciguador clave en las relaciones con Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Fue el encargado de viajar a Washington para reunirse con su homólogo, el secretario de Comercio, Scott Bessent, en pleno tira y afloja por los aranceles y por el enfado en la Casa Blanca —que sigue— por la inversión española en Defensa.

En el escenario de policrisis constante que vivimos desde 2020, Cuerpo ha sido también el rostro clave a la hora de diseñar –y comunicar– el embargo al comercio de armas con Israel, la intervención en la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell y, ahora, las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que este mismo jueves defendió en el Congreso.

Hasta ahora, el vicepresidente se ha beneficiado de los buenos datos económicos, que han colocado a España como líder de las economías avanzadas durante dos años consecutivos. El PP opta por no preguntarle en las sesiones de control, centrados en las vicepresidentas y sabedores de que no sacan rentabilidad a la economía. Pero con los nubarrones de la guerra en Oriente Medio y su nuevo cargo, el ‘teco’ tranquilo tendrá que sacar el colmillo. Cuerpo sabe que se han hecho los deberes y un “buen trabajo” en lo económico, como dijo este martes en rueda de prensa. Esa noche, El Gran Wyoming bromeaba en El Intermedio, de laSexta: “Alguien está a punto de pedir que le llamen ministro Cuerpazo”. Vicepresidente, nada menos.

La campaña de la Renta 2025, que se desarrolla en 2026, marca el periodo en el que los contribuyentes deben preparar y presentar su declaración del IRPF. Es importante conocer los plazos, los métodos de presentación y la documentación necesaria para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales.

Además, estar al tanto de las deducciones, beneficios y cambios en la normativa permite optimizar la declaración y evitar posibles errores o sanciones. Contar con la información adecuada facilita planificar la presentación y aprovechar todas las ventajas fiscales disponibles.

Fechas clave para presentar la Declaración de la Renta

El calendario establecido por la Agencia Tributaria recoge las siguientes fechas clave:

Quiénes están obligados a presentar la Declaración de la Renta

No todos los contribuyentes deben presentar el IRPF. Están obligados quienes superen estos límites o cumplan determinadas condiciones:

Novedades en la campaña de la Renta 2025-2026

Este año, la Agencia Tributaria ha añadido diferentes novedades:

Cómo solicitar el borrador de la Renta

Los contribuyentes pueden acceder al borrador a través de Renta WEB y revisarlo antes de presentarlo.

El borrador incluye los datos fiscales disponibles y puede modificarse antes de su presentación.

¿Presentar la declaración de forma individual o conjunta?

Elegir entre tributación conjunta o individual depende principalmente del nivel de ingresos y de la composición familiar. La declaración conjunta suele ser más beneficiosa cuando solo uno de los miembros obtiene rentas o estas son bajas, ya que permite aplicar la reducción por unidad familiar y aprovechar mejor situaciones como hijos con ingresos reducidos, que apenas incrementan la base imponible.

Por el contrario, la declaración individual suele compensar cuando ambos contribuyentes tienen ingresos elevados. Declarar por separado evita que la suma total eleve el tipo impositivo al pasar a tramos superiores y, además, permite mantener determinadas deducciones personales que podrían reducirse o perderse en una declaración conjunta.

Deducciones por hijos a cargo que puedes aplicar

Contar con hijos permite aplicar distintas deducciones que reducen la carga fiscal en la declaración de la Renta. La deducción por maternidad está dirigida a madres trabajadoras con hijos menores de tres años dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad, y puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales, ya sea en la propia declaración o de forma anticipada (100 euros al mes).

Por su parte, la deducción por familia numerosa asciende a 1.200 euros en familias de categoría general y a 2.400 euros en las especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra, y puede cobrarse también de forma anticipada. A estas se suma la deducción por ascendiente con dos hijos, pensada para progenitores separados o sin vínculo matrimonial con dos hijos a cargo, siempre que no perciban pensión alimenticia y cumplan ciertos requisitos de actividad o situación laboral.

Cómo descargar el certificado de IRPF para hacer la Declaración de la Renta

El certificado de IRPF es un documento oficial de la Agencia Tributaria que refleja los ingresos obtenidos y las retenciones aplicadas durante el año fiscal. Disponer de este certificado permite revisar y verificar los datos antes de presentar la declaración de la Renta, ayudando a evitar errores que podrían generar requerimientos adicionales o sanciones.

Usar el simulador para conocer el resultado de la declaración

El simulador de la Agencia Tributaria permite estimar de manera anticipada si la declaración de la Renta resultará a pagar o a devolver. Aunque no tiene validez legal, es útil para prever el resultado y detectar posibles deducciones antes de presentar la declaración oficial. Esta herramienta facilita planificar con antelación sin necesidad de realizar el trámite definitivo.

Multas por presentar la declaración fuera del plazo

Si presentas la declaración después de la fecha límite sin que Hacienda te lo haya requerido, se trata de una declaración extemporánea, y se aplican recargos si la declaración resulta a pagar. El recargo es del 1% inicial más 1% adicional por cada mes completo de retraso respecto al plazo de presentación, sin incluir sanciones ni intereses devengados hasta ese momento. Si la presentación se realiza tras 12 meses desde el fin del plazo, el recargo fijo será del 15 %, y se devengarán intereses de demora por el periodo que transcurra desde el día siguiente al término de esos 12 meses hasta la presentación efectiva.

En los casos en que la declaración resulte a devolver y se presente fuera de plazo con requerimiento previo, se aplica una sanción de 200 euros. Si se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo, la sanción se reduce a la mitad, es decir, 100 euros.