“El origen genético local de los agotes del Valle del Baztan pone fin a siglos de misterio”, afirma la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre “el primer estudio genómico completo de este grupo marginado durante ocho siglos”. Los hallazgos demuestran que, en contra de la “percepción histórica arraigada” que los identifica como “un grupo extranjero”, los agotes poseen “una ascendencia genética compartida con las poblaciones locales”. Aunque legislativamente los agotes estaban protegidos desde comienzos del siglo XVI, la sociedad continuó discriminándolos hasta el siglo XIX e incluso el siglo XX, primero por “los requisitos de limpieza de sangre” y después por los prejuicios y costumbres.

“El primer análisis genómico de este grupo humano marginado socialmente durante siglos, liderado por la Universidad Complutense de Madrid, demuestra que comparten afinidad ancestral con las poblaciones vasco-navarras y del suroeste de Francia”, expresan desde la UCM, cuyos autores manejan como hipótesis “el origen cátaro y su persecución en una cruzada religiosa en el siglo XIII como origen del grupo”.

El estudio ve como factible una de las “tesis habituales” de que los agotes son “grupúsculos de la herejía cátara que llegaron al Pirineo y se establecieron en la zona”, teoría que “se mantiene desde el siglo XVI”, analiza Jesús María Usunáriz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Navarra sobre el artículo en el que también han participado la Universitat de Barcelona, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), la Universidad de Uppsala (Suecia) y la empresa Pharma Mar, entre otros... y que ha sido firmado por Alicia Portela-Estévez, Alín P. Acuña-Alonzo, Cesar A. Fortes-Lima, Araxi O. Urrutia, Georgios Athanasiadis y Antonio González-Martín.

Otras teorías se les ha asociado a lo largo de la historia con ser descendientes de “los godos o de sarracenos”, además de “leprosos”. Esta última teoría no se baraja como imposible, aunque Usunáriz matiza que la vinculación de “leproso” es habitual con grupos marginales como “brujas o judíos”.

No hay un consenso sobre el origen de los agotes, tal y como se refleja en la introducción del estudio de la Complutense. Algunos historiadores sitúan las primeras referencias entre los años 950 y 1000. Otros fijan la primera mención en 1413. A lo largo de la historia, este grupo ha habitado ambos lados de los Pirineos desde su centro hasta el oeste, destacando zonas como Gipuzkoa, Navarra, Aragón y Catalunya occidental, aunque con el paso del tiempo su asentamiento se estableció en Bozate, un barrio de Arizcun, en el valle del Baztan (Navarra). En este emplazamiento, y algunas otras poblaciones cercanas, es donde residen hoy en día los 125 agotes (y mestizos) a los que se les han extraído las muestras genéticas.

Pero, ¿cuándo llegan los agotes a asentarse en Navarra? ¿Cuándo comienzan a ser discriminados? A principios del siglo XVI se tienen las primeras “noticias documentales”, aunque “esto viene de largo”, explica Usunáriz. Los cátaros “son siempre vistos con temor”, añade el profesor, son los que van “a dar origen a la leyenda de las brujas”. Esta herejía, al igual que la albigense o valdenses, “fueron perseguidas a sangre y fuego”. “Aquellos agotes serían probablemente descendientes de aquellos cátaros que con el paso del tiempo se fueron integrando en la sociedad en la que viven”.

“Los grupos de agotes estaban estabilizados en Navarra desde hace tiempo, son lo que en Francia llaman los 'cagots'”, continúa. “Lo que tenemos en 1517 es un documento muy interesante que presentan unos 200 agotes de la comunidad del Baztan pidiendo ante [el Papa en] Roma que no les discriminen en las funciones religiosas”. Sin embargo, aunque se “les da la razón” y desde la Santa Sede va a exigir que “se les trate como a un cristiano normal”, además de emitir “varias cédulas y provisiones” para que se cumpliera “esta disposición papal”, “no les van a hacer ni caso”, narra Usunáriz. “Como tradicionalmente habían dejado de lado a los agotes, van a continuar haciéndolo. Costumbre por encima de la ley”, sintetiza.

El profesor de Historia Moderna confiesa su sorpresa al leer que dicho documento de comienzos del siglo XVI establecía que los agotes eran “tan cristianos como los demás”, pero “la ley de 1817” establece medidas porque “sufrían la misma discriminación”. “¿Qué ha ocurrido aquí en medio?”, se pregunta.

Las “circunstancias históricas” del siglo XVI, centuria protagonizada por la Reforma Protestante, potenciaron la marginación de los agotes. “Protestantes y franceses”, resume el profesor, en un lugar “como son el valle Baztan o Roncal donde la limpieza de sangre es una exigencia [social] ineludible porque son de hidalguía universal”, un derecho histórico del Antiguo Régimen por el cual todos los habitantes nacidos en ese territorio eran nobles desde la cuna y, por tanto, con unos privilegios concretos. “No pueden admitir como personas normales a personas que ellos consideraban que no cumplían los requisitos de limpieza de sangre”, concluye.

La discriminación llegó a tal punto que “agote” era un desprecio racial de la sociedad de la Edad Moderna, junto con “mala casta” o “chistrón”. Llamar “agote” al vecino era una auténtica humillación que podía “impedir un buen matrimonio”, afirma Usunáriz. “Que a ti te llamasen agote públicamente podía impedir que se casasen porque automáticamente es una minusvaloración ante la comunidad”.

La marginación no solo se daba en “los ritos litúrgicos”, donde no se les permitía entrar en la iglesia, sino que se extendía a la ocupación de cargos municipales, el “aprovechamiento comunal” o ser “dueño de una casa y tener propiedades” por “no considerarse vecinos, categoría jurídica que en el siglo XVI te permite participar en la vida política del pueblo”. Además de no poder casarse con personas que no fueran agotes. Respecto a este último dato, se refleja en el estudio de la UCM que este grupo alberga unos “niveles de homocigosidad superiores” al resto de poblaciones de las que se conservan datos, presentando una “microestructura genética propia”, debido al aislamiento sociocultural.

Todo ello a pesar de que la legislación los amparase y se impusieran “bastantes multas” por “discriminar agotes”, insiste el catedrático. “Hay sentencias favorables a los agotes, pero da igual, la discriminación sigue estando ahí porque siempre va a primar la costumbre sobre la ley”. La sociedad, “a pesar de la legislación” emitida por el Papa además de “las propias disposiciones del emperador Carlos V”, se niegan a cumplirlas. Hacen “brillar derecho consuetudinario y la tradición de discriminación hacia un grupo social” porque para “varios valles y comunidades” la asumen “como algo vital para su propia supervivencia”.

“Es algo muy contemporáneo. Es lo bonito del tema. O lo feo, como quieras verlo. Los seres humanos somos muy mezquinos y se demuestra en la Historia”, reflexiona Usunáriz.

El pleno del Ayuntamiento de Lleida, con los votos del PSC, Junts y Vox, ha aprobado la propuesta del gobierno socialista de la ciudad para prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

La nueva ordenanza de civismo en la que se incluye la medida sustituye a la de 2007 y contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 400 y 750 euros. La prohibición no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

El PSC, el partido del alcalde, Fèlix Larrosa, ha defendido que la norma “no silo limita conductas, sino que protege a las libertades”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Vox y Junts han celebrado que el texto recoja la prohibición de llevar burka y niqab en el espacio público.

Por contra, el PP ha votado en contra al considerar que esta normativa no prohíbe el velo integral en la calle, “sino que lo permite y lo regula”. Tampoco han apoyado la medida ERC y El Comú de Lleida, que han criticado la visión “punitiva” del texto.

El marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, en 2010 y gobernada por el también socialista Àngel Ros, fue pionera en una medida que, en 2026, en España han propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

Les Balears van registrar 14 atacs a la llibertat religiosa durant el 2025, onze més que l'any anterior, segons l'informe anual de l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència (OLRC). El document inclou entre aquests episodis el cartell de la il·lustradora Lluïsa Febrer per a la festa reivindicativa 'Santa Punxada' -que mostrava Sant Sebastià, patró de Palma, amb una sobrassada com a penis-, les reivindicacions d'una entitat a favor de fomentar l'“escola laica”, així com diferents manifestacions de Vox contra l'islam, com l'afirmació que és una religió “misògina, homòfoba i excloent” i la petició de deixar d'impartir religió islàmica als centres educatius.

El recompte de l'Observatori mescla així episodis de naturalesa i gravetat molt diferents: des d'amenaces i insults contra creients fins a pintades, vinyetes, articles d'opinió, iniciatives laïcistes i declaracions de representants polítics. El mateix document adverteix que les seves atribucions no procedeixen d'una investigació exhaustiva i que la identificació de persones o entitats no constitueix una acusació formal.

L'informe inclou també una categoria anomenada “laïcisme bel·ligerant”, en la qual enquadra iniciatives que, segons el seu parer, exclouen activament la religió de l'espai públic. Aquesta concepció parteix d'una interpretació àmplia de la llibertat religiosa: l'Observatori sosté que el laïcisme pot convertir-se en una forma d'imposició ideològica. Des d'aquest plantejament, situa en el mateix recompte expressions satíriques sobre símbols catòlics, propostes per avançar cap a una escola laica i declaracions polítiques contra determinades confessions.

Sobre el cartell de la 'Santa Punxada', l'entitat el titlla d'“ofensiu per als catòlics” en assenyalar que en ell “es podia veure Sant Sebastià amb una sobrassada al penis i un diable tocant-li i xuclant-li, i una santa despullada amb una diablessa tocant-li els pits i la vagina. També es podia veure una imatge de Jesucrist com si fos un DJ. El partit polític va vendre samarretes amb aquest cartell. El partit [en referència a Podem] va vendre posteriorment samarretes amb el disseny”.

Una altra de les actuacions recollides és un cartell difós pel sindicat Unió Obrera Balear (UOB) el 22 de desembre. El document assenyala que el sindicat va ratllar la imatge d'un pessebre, va reclamar una “escola laica” i va qualificar els símbols cristians de “dogmes, supersticions i obscurantisme”.

Els atacs de Vox contra l'islam

Una de les actuacions que recull l'informe és una intervenció del diputat de Vox Sergio Rodríguez en una comissió del Parlament balear, el 19 de novembre del 2025. Segons el document, el parlamentari va afirmar: “L'islam és una religió misògina, homòfoba i excloent”. L'Observatori classifica l'episodi com a “insults d'un polític a l'islam”.

L'informe al·ludeix a una altra intervenció de Rodríguez en el ple de la Cambra autonòmica, el 14 d'octubre, durant un debat sobre els menús especials per motius religiosos als centres educatius. El diputat va qüestionar l'oferta de menús adaptats a diferents confessions.

“Nosaltres hem de portar menús especials a les aules, que demà ens vindrà un alumne jueu i demanarà un menú kosher, perquè hi ha el menú halal, però també hi ha el kosher, hi ha els menús hindús, hi ha parts de l'hinduisme que són vegetarianes..., doncs res, escolta, els donem un xec restaurant i que se'n vagin a menjar al restaurant!”, va assenyalar el parlamentari. El document classifica aquestes paraules com a “declaracions d'un polític contra els menús especials per religió”.

Entre les iniciatives parlamentàries que l'Observatori inclou en el seu balanç figura així mateix una pregunta sobre l'ús del vel islàmic, registrada el 9 d'abril del 2025. L'informe atribueix la iniciativa a Vox i la classifica com a “pregunta parlamentària contra l'ús del vel islàmic”.

El 10 d'octubre, la formació d'extrema dreta va formular una altra petició al Parlament perquè es deixessin d'impartir classes de religió islàmica als col·legis públics. La iniciativa apareix atribuïda a Manuela Cañadas Pinilla, portaveu del grup parlamentari.

L'Observatori incorpora, a més, una intervenció del diputat de Més per Mallorca Lluís Apesteguia en una comissió parlamentària. En resposta a un diputat de Vox, l'ecosobiranista va qüestionar que s'assenyalessin determinades pràctiques musulmanes sense criticar comportaments que va atribuir a sectors de la societat cristiana. Entre altres qüestions, va esmentar la imposició social de la depilació femenina i els casos d'homes que prohibeixen a les seves dones vestir minifaldilla. L'informe classifica les seves paraules com a “declaracions d'un diputat” i les vincula amb la confessió cristiana.

Amenaces de mort i pintades

Més enllà de l'àmbit polític, entre els casos registrats a les Illes figura l'incident ocorregut a Palma el 16 de juny del 2025, quan un home va insultar i va amenaçar diversos testimonis de Jehovà que es trobaven en un punt d'informació al passeig del Born. Segons l'informe, l'individu els va dir “us haurien de matar a tots” i “si tingués una metralladora acabaria amb vosaltres”. També els hauria amenaçat de matar-los si avisaven la Policia i va ruixar els seus expositors amb una beguda alcohòlica.

L'Observatori recull així mateix una pintada apareguda a l'agost a l'església de la Mare de Déu del Carme, a Palma, amb el missatge “creus en Déu, l'Església és corrupta”. El cas va ser classificat com una agressió contra un lloc de culte i un símbol religiós.

El document també inclou diversos episodis de caràcter antisemita registrats a les Balears. Entre aquests, una pintada apareguda a l'octubre a l'antic barri jueu de Palma, en la qual es combinaven una estrella de David, una esvàstica nazi i altres símbols. A més, recull vinyetes publicades en mitjans de comunicació de les Illes que, a parer de l'Observatori, equiparaven l'estrella de David amb la simbologia nazi. Un dels dibuixos és classificat com a “vinyeta antisemita”.

Un recompte elaborat amb criteris propis

La metodologia de l'OLRC es basa en notícies publicades durant l'any, diaris de sessions i butlletins parlamentaris, així com en fets comunicats per col·laboradors a través del correu electrònic i les xarxes socials. La mateixa entitat reconeix que l'atribució de responsabilitats no és fruit d'una investigació exhaustiva, sinó d'una conclusió elaborada a partir de les dades de què disposa. Per això, adverteix que les seves atribucions no constitueixen acusacions formals contra persones o entitats.

L'informe classifica els casos en cinc categories: violència física contra creients, agressions contra llocs de culte, insults i vexacions a persones per les seves creences, escarni de la religió i laïcisme bel·ligerant. Per elaborar l'estudi utilitza notícies publicades durant el 2025, diaris de sessions i butlletins parlamentaris, així com informacions de col·laboradors rebudes per correu electrònic i xarxes socials.

El resultat és un recompte propi de l'Observatori, l'interès periodístic del qual resideix tant en els casos que documenta com en el criteri amb què decideix què s'ha de considerar un atac a la llibertat religiosa.

L'informe comptabilitza 306 casos en el conjunt d'Espanya durant el 2025, en comparació amb els 243 registrats el 2024. D'aquests, 173 afectarien directament catòlics, mentre que uns altres 33 es dirigirien contra cristians en general. El document també recull 40 casos contra la comunitat jueva, 26 contra musulmans i 11 contra testimonis de Jehovà.

L'Observatori demana un pla de prevenció

La presidenta de l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència, María García, considera que l'increment de casos a les Balears constitueix un senyal d'alarma. “Amenaces de mort a la via pública, pintades a esglésies, antisemitisme als mitjans i laïcisme bel·ligerant des de les institucions: el mateix patró que veiem a tota Espanya, però amb una acceleració especialment preocupant a les illes”, afirma.

L'organització reclama al Govern balear, al Parlament, als consells insulars i als ajuntaments que elaborin un pla de prevenció, formin el seu personal i reforcin la protecció dels llocs de culte i del patrimoni religiós. L'Observatori també demana als representants polítics que evitin convertir les creences religioses en objecte de burla o en un instrument de confrontació partidista.

Encara que l'entitat es defineix com una organització dedicada a defensar la llibertat religiosa de totes les confessions, la seva activitat pública està especialment centrada en la protecció dels símbols i la presència social del cristianisme. Al seu consell assessor figuren professors d'universitats de tradició catòlica, representants de l'àmbit evangèlic i Polonia Castellanos, presidenta de la Federació Espanyola d'Advocats Cristians.

Recentment, l'Observatori va recollir un total de 5.110 signatures ciutadanes que reclamen la tornada de la missa del Dia de Covadonga a la radiotelevisió pública asturiana (RTPA), emissió que es va mantenir gairebé 20 anys i que va deixar de retransmetre's el 2025.

L'entitat assegura que els seus documents es presenten davant governs i parlaments i que són utilitzats com a font per institucions com la Secretaria d'Estat dels Estats Units i l'OSCE. També afirma ser una entitat assessora de la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi, dependent del Ministeri de l'Interior.

Balears registró 14 ataques a la libertad religiosa durante 2025, once más que el año anterior, según el informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC). El documento incluye entre estos episodios el cartel de la ilustradora Lluïsa Frebrer para la fiesta reivindicativa 'Santa Punxada' -que mostraba a Sant Sebastià, patrón de Palma, con una sobrassada como pene-, las reivindicaciones de una entidad de fomentar la “escuela laica” así como distintas manifestaciones de Vox contra el islam, como la afirmación de que es una religión “misógina, homófoba y excluyente” y la petición de dejar de impartir religión islámica en los centros educativos.

El recuento del Observatorio mezcla así episodios de naturaleza y gravedad muy distinta: desde amenazas e insultos contra creyentes hasta pintadas, viñetas, artículos de opinión, iniciativas laicistas y declaraciones de representantes políticos. El propio documento advierte de que sus atribuciones no proceden de una investigación exhaustiva y que la identificación de personas o entidades no constituye una acusación formal.

El informe incluye también una categoría denominada “laicismo beligerante”, en la que encuadra iniciativas que, a su juicio, excluyen activamente la religión del espacio público. Esta concepción parte de una interpretación amplia de la libertad religiosa: el Observatorio sostiene que el laicismo puede convertirse en una forma de imposición ideológica. Desde este planteamiento, sitúa en el mismo recuento expresiones satíricas sobre símbolos católicos, propuestas para avanzar hacia una escuela laica y declaraciones políticas contra determinadas confesiones.

Sobre el cartel de la 'Santa Punxada', la entidad lo tilda de “ofensivo para los católicos” al señalar que en él “se podía ver a San Sebastián con una sobrasada en el pene y un diablo tocándole y chupándole, y una santa desnuda con una diablesa tocándole los pechos y la vagina. También se podía ver a una imagen de Jesucristo como si fuera un DJ. El partido político vendió camisetas con este cartel. El partido [en referencia a Podemos] vendió posteriormente camisetas con el diseño”.

Otra de las actuaciones recogidas es un cartel difundido por el sindicato Unió Obrera Balear (UOB) el 22 de diciembre. El documento señala que el sindicato tachó la imagen de un belén, reclamó una “escuela laica” y calificó los símbolos cristianos de “dogmas, supersticiones y oscurantismo”.

Los ataques de Vox hacia el Islam

Una de las actuaciones que recoge el informe es una intervención del diputado de Vox Sergio Rodríguez en una comisión del Parlament balear, el 19 de noviembre de 2025. Según el documento, el parlamentario afirmó: “El islam es una religión misógina, homófoba y excluyente”. El Observatorio clasifica el episodio como “insultos de un político al islam”. El informe alude a otra intervención de Rodríguez en el pleno de la Cámara autonómica, el 14 de octubre, durante un debate sobre los menús especiales por motivos religiosos en los centros educativos. El diputado cuestionó la oferta de menús adaptados a distintas confesiones.

“Nosotros tenemos que llevar menús especiales a las aulas, que mañana nos vendrá un alumno judío y pedirá un menú kosher, porque está el menú halal, pero también está el kosher, están los menús hindúes, hay partes del hinduismo que son vegetarianas..., ¡pues nada, oye, les damos un cheque restaurante y que se vayan a comer al restaurante!”, señaló el parlamentario. El documento clasifica estas palabras como “declaraciones de un político contra los menús especiales por religión”.

Entre las iniciativas parlamentarias que el Observatorio incluye en su balance figura asimismo una pregunta sobre el uso del velo islámico, registrada el 9 de abril de 2025. El informe atribuye la iniciativa a Vox y la clasifica como “pregunta parlamentaria contra el uso del velo islámico”. El 10 de octubre, la formación de extrema derecha formuló otra petición en el Parlament para que se dejasen de impartir clases de religión islámica en los colegios públicos. La iniciativa aparece atribuida a Manuela Cañadas Pinilla, portavoz del grupo parlamentario.

El Observatorio incorpora además una intervención del diputado de Més per Mallorca Lluís Apesteguia en una comisión parlamentaria. En respuesta a un diputado de Vox, el ecosoberanista cuestionó que se señalaran determinadas prácticas musulmanas sin criticar comportamientos que atribuyó a sectores de la sociedad cristiana. Entre otras cuestiones, mencionó la imposición social de la depilación femenina y los casos de hombres que prohíben a sus mujeres vestir minifalda. El informe clasifica sus palabras como “declaraciones de un diputado” y las vincula con la confesión cristiana.

Amenazas de muerte y pintadas

Más allá del ámbito político, entre los casos registrados en las Islas figura el incidente ocurrido en Palma el 16 de junio de 2025, cuando un hombre insultó y amenazó a varios testigos de Jehová que se encontraban en un puesto de información en el paseo del Borne. Según el informe, el individuo les dijo “os tendrían que matar a todos” y “si tuviera una metralleta acabaría con vosotros”. También les habría amenazado con matarlos si avisaban a la Policía y roció sus expositores con una bebida alcohólica.

El Observatorio recoge asimismo una pintada aparecida en agosto en la iglesia de la Virgen del Carmen, en Palma, con el mensaje “crees en Dios, la Iglesia es corrupta”. El caso fue clasificado como una agresión contra un lugar de culto y un símbolo religioso.

El documento también incluye varios episodios de carácter antisemita registrados en Balears. Entre ellos, una pintada aparecida en octubre en el antiguo barrio judío de Palma, en la que se combinaban una estrella de David, una esvástica nazi y otros símbolos. Además, recoge viñetas publicadas en medios de comunicación de las Islas que, a juicio del Observatorio, equiparaban la estrella de David con la simbología nazi. Uno de los dibujos lo clasifica como “viñeta antisemita”.

Un recuento elaborado con criterios propios

La metodología del OLRC se basa en noticias publicadas durante el año, diarios de sesiones y boletines parlamentarios, así como en hechos comunicados por colaboradores a través del correo electrónico y las redes sociales. La propia entidad reconoce que la atribución de responsabilidades no es fruto de una investigación exhaustiva, sino de una conclusión elaborada a partir de los datos de los que dispone. Por ello, advierte de que sus señalamientos no constituyen acusaciones formales contra personas o entidades.

El informe clasifica los casos en cinco categorías: violencia física contra creyentes, agresiones contra lugares de culto, insultos y vejaciones a personas por sus creencias, escarnio de la religión y laicismo beligerante. Para elaborar el estudio utiliza noticias publicadas durante 2025, diarios de sesiones y boletines parlamentarios, así como informaciones de colaboradores recibidas por correo electrónico y redes sociales. El resultado es un recuento propio del Observatorio, cuyo interés periodístico reside tanto en los casos que documenta como en el criterio con el que decide qué debe considerarse un ataque a la libertad religiosa.

El informe contabiliza 306 casos en el conjunto de España durante 2025, frente a los 243 registrados en 2024. De ellos, 173 afectarían directamente a católicos, mientras que otros 33 se dirigirían contra cristianos en general. El documento también recoge 40 casos contra la comunidad judía, 26 contra musulmanes y 11 contra testigos de Jehová.

El Observatorio pide un plan de prevención

La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, considera que el incremento de casos en Balears constituye una señal de alarma. “Amenazas de muerte en la vía pública, pintadas en iglesias, antisemitismo en los medios y laicismo beligerante desde las instituciones: el mismo patrón que vemos en toda España, pero con una aceleración especialmente preocupante en las islas”, afirma.

La organización reclama al Govern balear, al Parlament, a los consells insulares y a los ayuntamientos que elaboren un plan de prevención, formen a sus empleados públicos y refuercen la protección de los lugares de culto y del patrimonio religioso. El Observatorio también pide a los representantes políticos que eviten convertir las creencias religiosas en objeto de burla o en un instrumento de confrontación partidista.

Aunque la entidad se define como una organización dedicada a defender la libertad religiosa de todas las confesiones, su actividad pública está especialmente centrada en la protección de los símbolos y la presencia social del cristianismo. En su consejo asesor figuran profesores de universidades de tradición católica, representantes del ámbito evangélico y Polonia Castellanos, presidenta de la asociación ultra Abogados Cristianos. Recientemente, el Observatorio recogió un total de 5.110 firmas ciudadanas que reclaman la vuelta de la misa del Día de Covadonga a la radiotelevisión pública asturiana (RTPA), emisión que se mantuvo casi 20 años y que dejó de retransmitirse en 2025.

La entidad asegura que sus documentos se presentan ante gobiernos y parlamentos y que son utilizados como fuente por instituciones como la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la OSCE. También afirma ser organización asesora de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha presentado su Informe Anual 2025, que documenta cinco ataques a la libertad religiosa en Castilla-La Mancha, frente a los ocho registrados en 2024. Pese al descenso, los casos registrados en la comunidad son “graves”, asegura la presidenta de la entidad, María García.

En Esquivias, la puerta de una mezquita apareció pintada con esvásticas nazis y mensajes antimusulmanes. En Toledo, un joven se abalanzó sobre la cruz de guía de la procesión del Cautivo cuando se acercaba a la Catedral. En Guadalajara, una mujer golpeó con puñetazos y patadas la puerta de un salón de los testigos de Jehová, gritó e insultó a los asistentes, interrumpiendo el culto.

El informe también recoge la denuncia de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España por la negativa de los tanatorios de Ciudad Real y Talavera de la Reina a permitir a familias evangélicas utilizar sus capillas o disponer de una sala alternativa equivalente.

Asimismo, incluye la sustitución de las denominaciones de vacaciones de Navidad y Semana Santa por “descanso del primer trimestre” y “descanso del segundo trimestre” en el calendario escolar de la comunidad autónoma.

“El descenso es una buena noticia, pero no permite bajar la guardia. La libertad religiosa es un derecho de todos y las administraciones deben protegerlo con la misma determinación que cualquier otro derecho fundamental”, recuerda la presidenta de la entidad.

Un 26% más de ataques en el conjunto de España

A nivel nacional, el informe registra 306 ataques (26% más respecto a 2024), un “máximo histórico”, según recoge el informe.

Los cristianos son víctimas de dos de cada tres casos, el antisemitismo se ha multiplicado por 13 desde 2022, y los partidos del Gobierno de España (PSOE y Sumar) encabezan la lista de responsables políticos.

El 42% de la población vasca se considera creyente. Del total de los creyentes en la actualidad, el 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa, según el Barómetro sobre Religión y Creencias del estado español correspondientes al 2025, hechos públicos durante la presentación del Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco que busca gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de Jehová. A pesar de estos datos y de los avances realizados en materia de diversidad religiosa, el anuncio de la creación de una nueva mezquita en Basauri, la más grande hasta ahora en Bizkaia ha reactivado discursos de odio hacia la comunidad musulmana por parte de partidos como el PP o Vox.

Se trata de una nueva mezquita que sustituirá la inaugurada en el año 2011 y situada en la calle Pozokoetxe, que según sostienen desde la comunidad musulmana se había quedado pequeña. Con la adquisición de un nuevo local en la calle Juan Ibargutxi, que anteriormente albergaba primero la discoteca People y, después un supermercado, la nueva mezquita contará con 800 metros cuadrados. Los gastos tanto de la adquisición como de las obras que se están realizando en el inmueble han sido sufragados por la propia comunidad musulmana, sin embargo, desde el PP consideran que el Ayuntamiento de Basauri liderada por el PNV en coalición con el PSE-EE, debería aclarar “el origen de los fondos destinados a esta enorme infraestructura” y “paralizar el proyecto”, mientras que desde Vox sostienen que “las políticas migratorias del bipartidismo de PP y PSOE, y de los partidos separatistas han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, haciendo referencia a la discoteca que clausuró en 1997.

En las últimas elecciones municipales, el PP en Basauri obtuvo un total de 1.338 votos, el 7,5% del total y un concejal en el Ayuntamiento Eduardo Rodríguez. Vox, por su parte, no se presentó a las elecciones al Ayuntamiento de la localidad vizcaína. Rodríguez ha mostrado su rechazo a la “inminente apertura de lo que se proyecta como la mayor mezquita de Bizkaia”, y ha exigido la paralización inmediata del proyecto tras registrar una batería de preguntas urgentes en el Ayuntamiento para “forzar al equipo de gobierno a rendir cuentas ante los ciudadanos” ante el “inaceptable silencio institucional y la política de hechos consumados con la que se está gestionando este macrocentro”. “No se trata de un simple trámite administrativo, sino de una transformación radical de un entorno residencial que choca frontalmente con las costumbres, la tranquilidad y el sentir mayoritario de los vecinos de Basauri. No podemos mirar hacia otro lado mientras se impone, de espaldas a los vecinos y de forma exprés antes del verano, un centro de estas características en los bajos de un edificio de viviendas. Los basauritarras tienen derecho a defender la identidad de sus barrios, su seguridad y su modelo de convivencia tradicional”, ha argumentado, para advertir que desde el PP no van a “tolerar que se ningunee a los residentes para dar vía libre a un proyecto de este calado”.

A juicio del PP, la apertura de la mezquita “rompe el equilibrio social de la zona y genera un foco de saturación inasumible en pleno centro urbano”. Con el objetivo de “destapar la gestión” de este proyecto, el concejal ha registrado diez preguntas “clave”, exigiendo al Ayuntamiento explicaciones sobre cuestiones relacionadas con las concesiones de licencias, el control de aforo y seguridad, el origen de los fondos y garantías de orden público. En este sentido, Rodríguez ha reafirmado el compromiso del PP “con la defensa del vecindario frente a decisiones que alteren la identidad y la paz social de Basauri” y ha asegurado que utilizarán “todas las herramientas legales a su alcance para frenar” un proyecto que consideran “desproporcionado y lesivo para los intereses del municipio”.

El líder de la Comunidad Islámica de Euskadi, Ahmed Zannouti reconoce a este periódico que este tipo de ataques se producen a medida que se aproxima el periodo electoral. “Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y como estos temas calan, los partidos políticos van a intentar obtener votos de esta manera. El eje de la campaña va a ser la inmigración, islamización y la delincuencia. En Euskadi no somos una isla y hay un discurso racista a nivel europeo que está ganando terreno”, lamenta.

Una de las funciones del Consejo Interrelijioso Vasco será elaborar “un plan para atajar los estereotipos y prejuicios” existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general. El Consejo nace, además, con una motivación proactiva para disponer de conocimiento de las distintas realidades religiosas y anticiparse a escenarios de conflicto, buscando evitar respuestas reactivas que puedan llevar a tensiones o la socialización de discursos de odio. De esta manera, este órgano, de carácter consultivo pretende dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en iniciativas y decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación den el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa. Es decir, herramientas para las comunidades cuando sufran algún ataque discriminatorio o racista durante la práctica libre de su religión.

Hace semanas que Rosa no para quieta. A sus más de 77 años, se pasa el día trabajando con la vista puesta en la tarde del miércoles, cuando el papa León XIV visitará la Parròquia de Sant Agustí durante su visita a Barcelona. “Estamos haciendo camisetas, ensayando danzas y preparando las ofrendas para su llegada”, cuenta emocionada.

Además, ha estado muy encima de las obras que hace meses que se realizan en esta iglesia del barrio del Raval para poder garantizar los requisitos de la Guardia Suiza, la unidad que se encarga de la seguridad del Vaticano. “Es mucho trabajo, pero vale tanto la pena”, sostiene. Este oratorio es especial para Rosa Tuluyán, una mujer nacida en Filipinas que encontró en él un espacio de encuentro con sus compatriotas.

Los filipinos, además de ser la nacionalidad extranjera más numerosa del Raval, son especialmente religiosos. Tanto, que hace 25 años consiguieron su propia parroquia personal (comunidades creadas y aprobadas por la Santa Sede para cubrir las necesidades específicas de ciertas familias del catolicismo).

Desde que el Papa anunció que visitaría esta parroquia, los ojos de medio mundo se posaron sobre el Raval. Pero lo cierto es que no todos sus vecinos están tan emocionados como Rosa. Los católicos son solo una de las confesiones que se profesan en este barrio, que es el que cuenta con la mayor diversidad religiosa de toda Barcelona. Una ciudad en la que hay más de 37 cultos.

De hecho, aunque las iglesias católicas suponen la mayoría —y casi la mitad— de los templos que hay en la capital catalana, ese mapa cambia cuando se trata del Raval. Es el barrio que tiene más oratorios de toda la ciudad y uno de los tres —empatado con Gràcia y Les Corts— con mayor número de religiones representadas.

Los espacios católicos siguen siendo los más numerosos —aunque no llegan a la mitad del total—, seguidos muy de cerca por los centros de culto musulmanes. “Si hay tantas iglesias es por la tradición católica de este país, pero hoy es mucho más diverso que antes”, asegura Fàtima Ahmed, musulmana y vicepresidenta de la asociación Diàlegs de Dona, un punto de acogida para mujeres migrantes. Se lamenta de que, mientras muchas parroquias “se están vaciando”, los musulmanes no tienen suficientes espacios de rezo para toda la comunidad.

“Estamos en bajos comerciales y garajes y aun así no cabemos. Y no estamos ahí porque queramos, sino porque la Administración no sabe gestionar bien la diversidad”, insiste Ahmed, que opina que hay una tendencia a “invisibilizar todo lo que no sea católico”. Recala en que, aunque España sea un Estado aconfesional, la diferencia en el trato que los gobiernos (“sean de izquierdas o derechas”) prestan al catolicismo y a otras religiones es “enorme”.

Pone sobre la mesa la amplia agenda que el Papa tendrá estos días, en la que se incluye un discurso en el Congreso. “Nos dicen que es porque es un jefe de Estado, pero es que también es un líder religioso. Imagínate qué pasaría si el discurso fuera de un imán”, añade.

El Raval, unido en la diversidad

Fàtima Ahmed y Rosa Tuluyán se conocen y no solo porque compartan barrio. También forman parte del Grupo Interreligioso del Raval (GIR) de la Fundació Tot Raval. Este espacio nació en 2001 a raíz del encierro y huelga de hambre de 350 migrantes en la Iglesia del Pi de Barcelona en protesta contra la ley de extranjería. Desde entonces, se ha convertido en un espacio de encuentro de los diferentes credos presentes en el barrio que, de alguna u otra manera, representan también a las comunidades migrantes que conforman el Raval.

En el GIR hay 17 entidades, entre ellas algunas que pertenecen a diversas ramas del cristianismo distintas al catolicismo. “No nos sentimos representados por esta visita del Papa”, explica Marta López, pastora protestante y secretaria general de la Iglesia Evangélica española. Aunque se confiesa contenta por sus “hermanos católicos”, su credo no reconoce la autoridad del Pontífice. “Es cierto que es una figura política de relevancia, pero para nosotros es un cristiano más”, añade.

Por eso, la pastora lamenta el papel de los gobiernos en la campaña organizada para recibir a León XIV: “España es un país aconfesional, pero no se nota. El catolicismo sigue teniendo un trato de favor que va en contra de las religiones más minoritarias y de la sociedad en general”, se lamenta López. Resalta algunos ejemplos como la donación en la declaración del IRPF, que solo se puede hacer a la Iglesia Católica.

Aunque asegura que no está en contra de la visita del Papa, apuesta por la separación total entre la religión y el Estado para “dejar espacio y construir unas relaciones más saludables” con la religión. López tiene claro que esa distancia y pérdida de privilegios haría que la Iglesia asumiera más responsabilidades y se modernizara.

“El papel de las mujeres, por ejemplo, sería otro”, sostiene esta protestante, a quien su credo permite ejercer como pastora y guiar a su propia congregación. “La Iglesia está acallando a muchas voces que, a su vez, son las que sostienen desde la base a las parroquias”, añade la religiosa, quien recuerda que la mayoría de personas creyentes y practicantes son mujeres. “Quizás me hice protestante en busca de ese trato justo hacia nosotras”, dice.

El catolicismo, mayoritario pero a la baja

Las mujeres son mayoría en las comunidades de todas las religiones. Eso no es solo una intuición de López, sino un dato contrastado por diversas encuestas. La última de ellas es el informe Laicidad en cifras, publicado por la Fundació Ferrer i Guàrdia a menos de una semana de la llegada del Papa a España. Otro de los datos que se desgranan de este estudio es que Catalunya es la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Euskadi, en la que hay menos fervor religioso.

El número de personas que se declaran no religiosas en Catalunya asciende hasta el 48%, solo un punto por encima de la estadística en Barcelona. Entre agnósticos y ateos suman casi la mitad de la población. En el otro lado de la balanza, aunque casi el 40% de barceloneses se confiesan católicos, desde la misma Fundació Ferrer i Guàrdia recuerdan que siguen siendo “menos de la mitad de la población de un país aconfesional”, según apunta su directora, Hungría Panadero.

Es por eso que reclama que la religión se relegue a la vida privada y no se financie “de ninguna manera” con fondos públicos. En esta línea, Panadero hace referencia al peso de la religión en las escuelas concertadas (que suponen el 60% de los centros en Barcelona, siendo el 99% de ellos religiosos), pero también a cuestiones puntuales como la visita del Papa. Los 25 millones que ha costado han sido financiados en buena parte por las arcas públicas.

“No estamos en contra de que venga de visita, pero sí de que se le haga este despliegue. No nos sirve la excusa de que es un jefe de Estado, porque su Estado no es democrático y vulnera los derechos de muchos colectivos”, añaden desde la Ferrer i Guàrdia. Esta fundación ha impulsado, junto a Ateus de Catalunya y Europa Laica, la campaña ‘Yo no te espero’, pensada para denunciar “los privilegios públicos” de la Iglesia en Catalunya.

Estos favores son los mismos que denuncian otros credos minoritarios, desde musulmanes hasta las distintas ramas del cristianismo. Pero, si bien desde colectivos ateos se oponen a la visita del pontífice, representantes de otras creencias la ven como una “posibilidad de visibilización”.

Fàtima Ahmed, musulmana, ha sido invitada a la misa que se realizará en Sant Agustí. Por su parte, Marta López, pastora protestante, estará en la de la Sagrada Família. “El Papa no obviará la diversidad religiosa en sus discursos y será una oportunidad para mantener el diálogo que tanto necesitamos”, sostienen.

Pero, si bien ambas tendrán la oportunidad de ver al Pontífice de cerca y en directo, Rosa Tuluyán no tendrá esa suerte. A pesar de haber estado trabajando duramente para recibirle en la parroquia que hace décadas que cuida como si fuera su casa, ella tendrá que seguir el discurso del Santo Padre desde su salón porque no ha sido invitada a la misa de Sant Agustí.

De las 600 personas que asistirán al evento en esta parroquia del Raval, solo 2 pertenecen a la comunidad filipina, que es la que gestiona el oratorio. Ni siquiera se ha guardado un asiento para el párroco. De hecho, se le sugirió participar en el sorteo para escoger a los afortunados que acompañarían al Santo Padre, pero decidió dejar pasar la oportunidad para no quitar la plaza a alguno de sus feligreses. “Estaremos bien viéndolo desde la tele, no pasa nada”, dice Tuluyán, resignada.

Aunque reconoce que le hubiera gustado ver al Papa en su iglesia, confía en que habrá más oportunidades. “Podremos saludarle en la calle o incluso en Roma. A lo mejor podemos ir un día al Vaticano y allí, con suerte, sí le veremos”, insiste, esperanzada.

Castilla-La Mancha es la quinta región de España donde más personas se consideran adscritas a alguna religión. En concreto un 66% frente a un 31% que no poseen fervor religioso, según el estudio Laïcitat en xifres 2025, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia en Catalunya.

A escasos días de la visita del Papa León XIV, que estará en España del 6 al 12 de junio, en el panorama nacional, el número de creyentes -de todas las religiones existentes- asciende hasta el 58,6% de la ciudadanía, con comunidades autónomas de gran fervor religioso como Ceuta (80%), Melilla (77%), Extremadura (71%) o Murcia (69%), frente a Euskadi o Catalunya, donde no llegan al 50%.

El estudio está basado en datos del CIS, INE y el Ministerio de Educación, y aunque la mayoría de la población se declara creyente, la diferencia entre ambos grupos se ha reducido notablemente en las últimas décadas.

Comparando los datos de los últimos 25 años a nivel nacional, en el año 2000 el 85,8% se consideraba adscrito a alguna opción de conciencia de religiosa, siendo en 2025 el 58,6%. Por otro lado, el número de personas religiosas no practicantes ha ido creciendo, del 40,3% en el año 2000 al 62,7% en la actualidad.

Diferencias entre religiones y grupos de edad a nivel nacional

Entre los creyentes españoles, el 55,9% se enmarcarían dentro de la religión católica, un 11,4% agnósticos, 12,5% indiferentes o no creyentes, un 3,1% creyentes de una religión diferente a la católica y un 15% de la población encuestada sería atea.

Por otro lado, la mayoría de las personas no creyentes se encontrarían entre la población joven: en el grupo de 18 a 24 años, el 57,7%; y de entre 25 y 34 años el 54,5%. Una situación que se invierte en los grupos de mayor edad, a partir de los 35 años.

La paradoja de la religión en Castilla-La Mancha

A pesar de que Castilla-La Mancha es de las regiones donde más personas se consideran dentro de una creencia religiosa, de los 364.011 escolares inscritos en centros de educación, solo 47.571 están matriculados en colegios católicos, representando un 13,1%. Este porcentaje es de los más bajos en las comunidades autónomas del país, donde destacan Castilla y León (29,8% del alumnado matriculado en colegios católicos), País Vasco (26,2%) y Aragón (23,8%).

Si hablamos de elegir entre la asignatura de religión u otras actividades alternativas en los diferentes niveles educativos, en Castilla-La Mancha el 27,4% elige las actividades alternativas, frente al 34,8% en la etapa secundaria, o el 74,6% en bachillerato.

Por otro lado, el estudio desarrollado por la Fundació Ferrer i Guàrdia también revela que en Castilla-La Mancha el 75,3% de los matrimonios que se celebran son civiles, frente al 24,7% confesionales.

Euskadi y Catalunya son las dos comunidades en las que se registra menos fervor religioso en España. En ambas, la adscripción a cualquier confesión religiosa no llega al 50% de la población, según el informe Laicidad en cifras, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia.

En el conjunto del Estado, el número de creyentes asciende hasta el 58,6% de la ciudadanía, con comunidades con una alta penetración, como es el caso de Extremadura (72%) o Andalucía (66%).

El estudio, basado en dados del CIS, INE y el Ministerio de Educación, señala “la consolidación de la no religiosidad como una realidad estructural, con un volumen creciente de la población declarada atea, agnóstica o indiferente”. Aunque la mayoría de la población se declara creyente -a excepción de los catalanes y los vascos-, la diferencia entre ambos bloques se ha reducido notablemente en las últimas décadas.

De toda la población española, el 55% se considera católica y el 3,5% de otra confesión. Los más jóvenes son los menos religiosos, puesto que más de la mitad de las personas de entre 18 y 34 años no se consideran creyentes. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un ligero repunte de la religiosidad entre los jóvenes. De hecho, en esta franja es donde existe una mayor diversidad religiosa, que supera el 4,5%. Las mujeres siguen siendo más religiosas que los hombres: 63% frente a 54%.

Entre las personas religiosas también ha disminuido el porcentaje de practicantes, que ha descendido del 59 al 33% en los últimos 25 años. Pero la práctica religiosa también ha repuntado entre los más jóvenes en los últimos años, puesto que el 34% de los creyentes de 18 a 24 años se declaran practicantes, por encima de los que tienen entre 25 y 64 años. Entre los jóvenes, son más practicantes los hombres que las mujeres, a la inversa que en el resto de franjas de edad.

Peso de la escuela religiosa

En el ámbito de la educación, en Catalunya el 17,4% de los alumnos de enseñanzas no universitarias, es decir, 244.877 niños y jóvenes, están matriculados en centros católicos, frente al 18% de media estatal. Los centros católicos en Catalunya son 379, el 8,4% del total, y de ellos, casi todos, 368, son concertados. La media estatal es de 8,9% de escuelas católicas.

El matrimonio civil se consolida como opción mayoritaria

La evolución de los matrimonios desde mediados de los noventa muestra un cambio estructural en la forma de celebración. Mientras que en 1994 los matrimonios confesionales representaban el 77,3% del total, en 2024 esta proporción se había reducido hasta el 16,4%. En paralelo, los matrimonios civiles han pasado del 22,7% al 83,6%, convirtiéndose en la forma claramente mayoritaria.

El análisis territorial muestra que el matrimonio civil es mayoritario en todas las comunidades autónomas, con porcentajes que superan el 75% en la mayoría de territorios. Destacan especialmente Euskadi (92,4%), Catalunya (91,2%) y las Islas Baleares (91,5%), donde el matrimonio civil es prácticamente hegemónico.

En cambio, territorios como Ceuta (74,2%), Extremadura (75,7%) o Castilla-La Mancha (76,5%) presentan una proporción ligeramente superior de matrimonios confesionales, aunque siguen siendo minoritarios. Estas diferencias territoriales apuntan, según el informe, “a la persistencia de factores culturales y sociales que modulan la velocidad del proceso de secularización”.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha presentado este martes una nueva propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que prevé prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

Más de diez años después, la historia se repite, aunque Larrosa ha defendido que la nueva propuesta tiene otro “enfoque” respecto a la planteada por el exalcalde Àngel Ros, ya que no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino como “un tema de derechos fundamentales y el derecho de las mujeres a poder decidir”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sin embargo, el marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, entonces gobernada por el también socialista Ros, fue pionera en una medida que, en los últimos meses, en España habían propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

En el nuevo intento para prohibir el velo, Lleida ha recogido actuaciones para evitar que las mujeres que lo visten sufran una “revictimización”. “Existe un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca fruto de esta ordenanza”, ha explicado Larrosa.

El gobierno en minoría del PSC prevé llevar a aprobación la nueva propuesta de ordenanza en el pleno del mes de junio. El texto, que sustituirá al actual del 2007, contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 300 y 750 euros.

La prohibición del uso del velo integral en el espacio público no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha asegurado que la ordenanza no quiere “aislar” a las mujeres que llevan el velo integral “ni generar brecha social”. Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas “con el objetivo de que todas las mujeres puedan gozar de autonomía real, vínculos sociales y acceso pleno a los recursos”.

Sobre el papel, durante el franquismo se pudieron celebrar cultos religiosos no católicos desde 1945 (con el Fuero de los Españoles), aunque se necesitaba el permiso del gobernador civil. Eso sí, el régimen solo autorizaba actos privados, en ocasiones fuertemente vigilados. La libertad religiosa fue abriéndose a partir del Concilio Vaticano II, cuando se empezaron a permitir actos públicos, también bajo autorización. Sin embargo, la situación en Medina del Campo (Valladolid) fue diferente. La pequeña comunidad evangélica que había tuvo que hacer frente a presiones policiales, eclesiásticas, a múltiples peticiones no respondidas y a fuertes sanciones económicas por reunirse para rezar. En algunos casos fue necesario el apoyo de iglesias de otras partes de España y vender el piso del pastor y su mujer de Valladolid capital para hacer frente a las multas y evitar así la cárcel.

“Las fuerzas del orden incluso entraron en la vivienda del pastor, Félix Pradales y su mujer, María Abrodos, para perseguir el culto con el pretexto de que no tenían una capilla para los actos religiosos, puesto que no durante muchos años no tuvieron recursos económicos para construir una capilla. Y por más que pedían permiso, y por más que intentaban habilitar locales, siempre internos, siempre estaban perseguidos, vigilados, y siempre entraba la policía de manera sorpresiva para llevarse detenidos al pastor protestante y a los demás”, explica el historiador Enrique Berzal, que ha publicado recientemente un artículo de investigación sobre este tema en la revista científica Pasado y Memoria.

David Prieto es el actual pastor de Medina del Campo y uno de los descendientes de la comunidad. El primer lugar de culto en Medina donde un grupo fue llevado a la cárcel era una vivienda que les alquiló su abuela. “Lo difícil fue al principio, en la década de los 40 y 50, porque los pastores que empezaron la obra eran atosigados por la Policía. Había un acoso constante”, explica Prieto. El autor del artículo Persecución franquista contra las minorías religiosas. El insólito caso de los protestantes de Medina del Campo (1948-1962) concreta que, especialmente al inicio del régimen, los protestantes eran vistos “como una amenaza al predominio social de la Iglesia Católica”, así que se los vigiló “estrechamente” e incluso “se contribuyó a perseguirlos”.

La “secta” de los protestantes

El pastor Félix Pradales enviaba “continuamente” solicitudes de permiso, pero nunca obtuvo respuesta por parte del gobernador civil. Berzal apunta que había “una obstinación total” por parte del Arzobispado católico a través de su vicario, Faustino Herranz, y del propio arzobispo, Antonio García García, que tenía “miedo al proselitismo” de los protestantes. En una carta de 1948 conservada en el Archivo de Curia de Valladolid se puede ver la pretensión del arzobispo: “Daño hacen, aunque no tengan gran extensión y urge no dejarles las manos libres, quiero decir la lengua y la pluma y los demás medios de propaganda. El Fuero de los Españoles hay que interpretarlo y aplicarlo con el criterio más restrictivo que sea posible”.

David Prieto recuerda cómo los feligreses tuvieron que esconderse en baños o en una fábrica cercana“. Tenían una contraseña para avisar de si había problemas... había un cántaro en un balcón y, según estuviera a la derecha o a la izquierda, había o no peligro”, cuenta el pastor. En 1948, una reunión dominical de 11 personas fue considerada por el régimen como “una reunión clandestina” y no religiosa, lo que supuso unas multas que iban de 50 a 5.000 pesetas hasta 12.950 pesetas para todos ellos. El matrimonio Pradales-Abrodos fue multado con 2.000 pesetas, pero su salario anual ferroviario podía ser de unas 7.200 pesetas. La comunidad medinense tuvo, por lo tanto, que recurrir a la solidaridad de otras parroquias evangélicas.

“La estrategia era asfixiarlos a base de deudas y multas para que no pudiesen continuar o incluso se fueran de Medina, porque hubo amenazas con echarles”, expone Berzal. Prieto recuerda el efecto que tuvieron las multas sobre la comunidad. “Los pastores tuvieron que vender su propia vivienda en Valladolid para poder pagar las multas porque la gente que estaba allí congregada porque no tenía recursos para pagarlo. Y la alternativa era estar detenidos, y si no iban a trabajar perdían los empleos...”, apostilla el pastor.

Enrique Berzal ha acudido para esta investigación a los archivos históricos provincial y eclesiásticos de Valladolid, pero también ha contado con otro espacio que hasta ahora no se había hecho público: el de la Iglesia Evangélica de Medina del Campo, que ha conservado numerosa documentación como las cartas de la represión y la solidaridad de otras capillas evangélicas que entregaron dinero para que la comunidad pudiera salir de la cárcel.

Agentes de la Policía de Acción Católica

La localización de la vivienda del pastor resultó importante en la represión, así como la propia situación en Medina del Campo, que vivió una fuerte dominación del régimen. Además, algunos miembros de la Policía de Medina eran de Acción Católica y el gobernador civil también estaba “muy unido” a la Iglesia Católica. “La comunidad evangélica estaba situada... mejor dicho, la vivienda de Félix Pradales y María Abrodos estaba muy cerca de la parroquia católica. Y la Iglesia Católica tenía miedo de que, sobre todo los más pequeños y los adolescentes se fueran a la iglesia protestante, llamados por los cánticos religiosos”, detalla este profesor titular de la Universidad de Valladolid.

También utilizaron la excusa de que en Medina del Campo, una parte importante de la población era muy humilde, inculta, que no tenía una formación superior, y que podían ser fácilmente convencidos por la Iglesia Protestante, pues hacen todo eso. “El franquismo pensaba que los protestantes eran sectas que podían traer la desviación y la herejía. También es cierto que los protestantes durante la Segunda República vivieron una etapa de tal libertad que ellos se identificaron en gran medida con el régimen republicano, que les dejaba tener sus puestos en las calles y vender las biblias, celebrar su propia Semana Santa o el día de los difuntos”, explica Berzal.

En Valladolid había dos iglesias protestantes desde finales del siglo XIX: la anglicana (Iglesia Española Reformada Episcopal) -que en Castilla y León tuvo como gran referente a Atilano Coco, fusilado en 1936- y la Evangélica, que tenía pequeñas comunidades protestantes en algunos puntos de la provincia (Cigales y Medina del Campo) y de la ciudad (calles Labradores y José María Lacort). En Valladolid capital, Cataluña, Málaga o Galicia se hacía este tipo de seguimiento a la comunidad protestante, pero no se produjo una persecución “tan terrible” como la de Medina del Campo. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni la Policía lograron expulsar al pastor evangélico y a su familia de Medina del Campo. “Hubo una solidaridad internacional -el caso apareció en periódicos protestantes de Estados Unidos- y la presión internacional, con muchas cartas enviadas a distintas escalas de la dictadura franquista, también a través de la Misión Cristiana Española. Creo que eso es lo que en cierto modo también le salvó a los de Medina del Campo”, señala Berzal.

El Fuero de los Españoles

El franquismo sufría entonces un aislamiento internacional que quería frenar, por lo que buscaba tener buenas relaciones con el exterior, que a veces se veían afectadas por el tratamiento a las comunidades protestantes. Por ese motivo aprobó los Fueros de los Españoles en 1945, con la mirada puesta en Estados Unidos. “Desde Misión Cristiana les decían que si no querían ver peligrar esa circunstancia internacional, lo mínimo era permitir el culto interno a los demás”, explica Berzal.

En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, aunque la represión en Medina del Campo no varió mucho. “La situación no se va a resolver hasta finales de los años 50, principios de los años 60, cuando ya se les va a dar una especie de permiso. Pero casi hasta el primer quinquenio de 1960 no se les dio a los protestantes de Medina del Campo una libertad plena para poder realizar sus cultos interiores”, sostiene el historiador. Evidentemente, para entonces ya solo quedaban una decena de feligreses.

Mayor libertad a partir de los años 60

La Ley de Libertad Religiosa de 1967 permitió las manifestaciones externas, pero, de nuevo, siempre que el gobernador civil lo autorizase. “Estaban siempre sometidos. Así como la Iglesia Católica no tenía que pedir nada de esto, ellos siempre tenían que pedir un permiso al gobernador civil y siempre estaban vigilados. Y a veces seguían siendo detenidos porque no había llegado el permiso o porque consideraban que se hacía proselitismo”, expone Berzal.

Todavía en los 70 había personas que se movilizaron a título individual para reducir el tamaño de la comunidad evangélica. Prieto recuerda cómo, cuando era un adolescente, ofrecían trabajos en talleres o fábricas a compañeros suyos para que dejaran la iglesia e incluso a una tía suya, a la que ofrecieron un trabajo de telefonista en Madrid “a condición de que no estuviera aquí y dejara la iglesia”. “Cuando yo tenía unos 14 años, íbamos a las reuniones de escuela dominical unos 30 chicos. Pero cuando cumplieron 14 años desaparecieron todos menos yo. Eso era tónica general de aquellos tiempos”, resume.

Prieto también recuerda que, a pesar de que algunos alcaldes han acudido a saludar a la comunidad en algún acto público, en otras ocasiones se les ha denegado la cesión de espacios municipales para actos de culto. “Lo único que me pudieron ofrecer era el uso de los bajos de la Plaza de Toros para las conferencias. Y no me sirvió. O el auditorio previo pago de 3.000 euros, que no teníamos... nos dijeron que el polideportivo era de uso exclusivo para actividades deportivas, pero ahora se han permitido otros actos religiosos allí”, afea.

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa conocida por sus estrictas normas y el ostracismo al que someten a los miembros expulsados. Una de las prohibiciones más conocidas y polémicas es la que considera pecado dar o recibir transfusiones de sangre, pero eso acaba de cambiar. El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante de la organización emitió un comunicado en el que se anunciaba un “cambio de postura”. Ahora, los hermanos y hermanas pueden recibir transfusiones, pero solo si son de su propia sangre.

“El regalo de la vida nos lo dio Jehová y Él quiere que mostremos respeto por ese regalo”, dice, mirando a cámara, un hombre anciano que actúa como portavoz del Cuerpo Gobernante y que presenta una especie de informativo que llega a todos los fieles del mundo, traducido mediante IA a más de un centenar de idiomas. El presentador sigue, diciendo que una manera de mostrar respeto por Jehová es “obedeciendo sus mandatos sobre el tema de la sangre” y añade que la única doctrina de Dios es que el cristiano “no debe comer la carne con su vida, es decir, con su sangre”.

Llegados a este punto, cualquiera podría pensar que se levanta totalmente esta prohibición que ha causado la muerte de diversos testigos de Jehová. Pero la realidad tiene matices. “Después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, el Cuerpo Gobernante ha decidido que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico o quirúrgico”.

Es decir, que lo que permiten a partir de ahora los Testigos de Jehová es que sus hermanos y hermanas reciban transfusiones autólogas: aquellas que provienen de la propia sangre. Este es un cambio significativo para la doctrina de la congregación pero, a efectos prácticos, supone pocas ventajas para sus miembros.

Para empezar, son muy escasas. En 2025, de las 250.000 donaciones que se realizaron en Catalunya, solo 19 —para unas nueve personas— fueron autólogas, según datos del Banco de Sangre y Tejidos. El motivo es que no es fácil reunir los requisitos para que estas transfusiones sean posibles, útiles y suficientes.

La sangre no se puede almacenar permanentemente: solo tiene una vida de 42 días fuera del cuerpo humano. Si bien es cierto que es un fluido que se puede congelar, ese servicio solo lo prestan algunas clínicas privadas en el mundo, ninguna de ellas en España. La sanidad pública tiene un pequeño banco de sangre congelada, pero de donantes muy raros.

Sus usos más frecuentes son en operaciones traumatológicas, que requieren menos sangre y suelen poderse programar con el tiempo suficiente para que el paciente vaya almacenando sus propios fluidos poco a poco y llegar en buenas condiciones a quirófano. “Pero no cualquiera puede evitar la anemia después de donar tanto”, explica a elDiario.es el doctor Joan Ramon Grífols, director asistencial del Banco de Sangre y Tejidos.

Además, para una transfusión autóloga también hace falta pasar pruebas y cumplir una serie de requisitos. “Aunque pueda parecer raro, nada te asegura que puedas ser donante para ti mismo porque, muchas veces, las patologías que hacen que necesites esa transfusión pueden ser las que te impidan realizarla”, resume Grífols.

El doctor alerta de que para conseguir las entre dos y cuatro bolsas que se suelen extraer, se requieren semanas y diversos desplazamientos al hospital. Y, en algunas ocasiones, esa cantidad puede no ser suficiente para ciertas intervenciones. “Es muy posible que, por ejemplo, un cirujano cardiovascular se niegue a operar con tan poca sangre”, sostiene. Por tanto, las transfusiones autólogas no sirven para todas las intervenciones quirúrgicas ni todos los pacientes. Y tampoco en caso de accidente o de intervención urgente.

Otra opción que tienen los Testigos de Jehová es recurrir a técnicas de ahorro sanguíneo. Esto, que también depende del estado de salud del paciente, se basa en medicación preoperatoria que potencia la producción de glóbulos rojos o, incluso, en el uso de cell savers, una técnica que aspira, lava y reinfunde la sangre durante la misma operación. Estas, a diferencia de las transfusiones autólogas, siempre han estado permitidas porque la sangre no llega a abandonar del todo el cuerpo y, por tanto, no rompe el vínculo con el alma ni con Dios.

Desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) celebran “cualquier medida aperturista” que suponga que los miembros de la organización “dispongan de un mayor margen de decisión personal”, aunque no dejan de recordar que es una medida “claramente insuficiente”.

El cambio de doctrina “es una novedad importante, pero es una mejora solo de cara a la galería”, tal y como expone Ángel Encinas, antiguo miembro de la organización que sufrió durante años y en carne propia las doctrinas de los Testigos. “Llevan años diciendo que las transfusiones de sangre propia violan los preceptos de Dios y ahora cambian de opinión. Así, sin más. Sin pedir perdón ni dar explicaciones. ¿Qué pasa con todas las personas que han muerto por el camino?”, se pregunta.

En este sentido, desde la AEVTJ también lamentan que la organización no haya hecho “ningún ejercicio de autocrítica” ni hayan pedido disculpas “a las miles de personas que, a lo largo de décadas, puedan haberse visto gravemente afectadas por una doctrina que ahora se presenta como cambiante”.

Más de medio siglo de pecado

La prohibición de dar y recibir transfusiones de sangre se remonta a 1959, año en que se encuentra la primera referencia escrita a esta doctrina. Los Testigos de Jehová empezaron considerándolas un pecado castigado con la expulsión de la congregación y el consecuente ostracismo. La gravedad del asunto era tal que en el año 2000 se convirtieron en una falta tan importante que quien recibiera una transfusión ya no pasaría por el proceso de expulsión, sino que quedaba automáticamente “desasociado”.

Los argumentos para prohibir estos usos de la sangre se encuentran en diversos versículos de la Biblia. Por ejemplo, el Levítico 17:13, en el que se dice lo siguiente: “El alma de la carne está en la sangre […]. Por eso he dicho a los hijos de Israel: ‘Ninguna alma de ustedes debe comer sangre. […] Y cuando algún hombre [...] que al cazar capture un animal que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra”. Otro pasaje muy usado se encuentra en los Hechos 15:20: “Absteneos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación”.

Entonces, ¿cómo se justifica el cambio? Tanto los Hechos como el Levítico conforman lo que se conoce como Ley Mosaica, que se encuentra entre el Génesis y el Deuteronomio, y que recoge las normas que Dios trasladó al pueblo judío desde el Monte Sinaí, entre ellas los 10 mandamientos. Pero son unos preceptos que los Testigos no reconocen porque, consideran, quedaron sin efecto tras la muerte de Jesús.

Aunque la doctrina de este grupo religioso siempre ha dejado claro que sus fieles no están bajo la Ley Mosaica, eso no les ha impedido usarla para justificar prohibiciones como la de las transfusiones. En diversas comunicaciones enviadas a los fieles se han usado estos argumentos para demostrar que las donaciones de sangre son “contrarias a la palabra de Dios porque la Biblia muestra que la sangre no debe ser extraída de cuerpo, almacenada y usada de nuevo”.

También se ha especificado en distintas ocasiones que las transfusiones autólogas, las que ahora se permiten, también son pecado porque “la sangre almacenada ha dejado de ser parte de la persona y, por tanto, hay que deshacerse de esa sangre de acuerdo con la Ley de Dios”.

Preguntados por elDiario.es, los Testigos de Jehová aseguran que su “creencia fundamental sobre la santidad de la sangre no ha cambiado” y remiten al hecho de que la Biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona. “Se ha aclarado que esto ahora incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, se almacene y se le vuelva a introducir”, añaden.

“Los Testigos de Jehová toman decisiones informadas y conscientes que consideran tanto los principios de las Escrituras como los desarrollos de los procedimientos médicos modernos”, insisten.

Afrontar la expulsión

Durante años, recibir una transfusión comportaba tener que dejar los Testigos de Jehová. “Recibir sangre podía salvarte la vida, pero Dios te condenaba eternamente”, asegura una ex testigo que prefiere mantenerse en el anonimato. Lleva años fuera de la congregación, pero asegura que le sigue teniendo “pánico” a los hospitales a raíz del “miedo que se inculca” a las transfusiones.

Esta prohibición ha derivado en diversas muertes de personas que no han podido sobrevivir sin una donación o porque no han podido someterse a intervenciones quirúrgicas vitales. El hermetismo de los Testigos de Jehová hace que no todos los casos salgan a la luz, pero cada pocos años los hay que trascienden. Uno de los más mediáticos fue el de Marcos Alegre, un niño de 13 años que murió en 1994 tras una hemorragia cerebral.

El menor acabó en el hospital después de que unos vecinos de la familia les denunciaran a la policía, asegurando que el pequeño “agonizaba” en su casa. Pero, una vez en el centro, tampoco recibió el tratamiento porque sus padres alegaron motivos religiosos para rechazar la transfusión. La Fiscalía acusó a los padres de homicidio por omisión, pero la Audiencia Provincial de Huelva les absolvió.

Años después, la sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo, que les condenó a dos años y medio de cárcel. En otra vuelta de tuerca, el Gobierno de José María Aznar les indultó en el 2000 y, dos años más tarde, el Constitucional anuló la condena considerando que los padres estaban amparados por la libertad religiosa.

“Puede costar mucho entender cómo puedes llegar a dejar morir a un hijo, pero de verdad que en tu cabeza tiene sentido”, asegura esta ex testigo anónima. Insiste en que el motivo tras la prohibición era “crear mártires. De puertas afuera, la imagen es totalmente negativa, pero de cara a su congregación, el mensaje es que ellos son los únicos cristianos verdaderos, dispuestos a morir por Dios”, sostiene.

Años después, los Testigos han recapacitado. “Después de orar mucho y analizar la Biblia”, dice el hombre en el vídeo distribuido a los fieles. Pero Encinas tiene claro que el cambio de la doctrina no está en las escrituras sino en los tribunales.

El asunto de las transfusiones ha sido llevado ante la justicia en más de una ocasión. En España, una jueza ha reconocido en una sentencia pionera que es lícito referirse a los Testigos de Jehová como una secta. Y en Noruega la organización enfrenta un proceso para dirimir si el ostracismo vulnera derechos fundamentales. “Permitir las transfusiones de sangre propia puede ser una manera de evitarse problemas legales en el futuro”, sopesa Encinas.

A pesar de que ahora esté permitido recibir una transfusión de sangre propia, la extestigo anónima que ha participado en este reportaje duda de si ella accedería a recibirla. “Mira que llevo años fuera, pero algo dentro de mí sigue sin tenerlo claro”, sostiene. Encinas, por su parte, tiene claro que los fieles no dudarán en seguir los preceptos nuevos de la organización. “Ya han cambiado tantas veces de opinión, que una más no cambiará nada”, sostiene.

El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

La posibilidad de prohibir el velo integral dormitaba en España desde que el Tribunal Supremo determinó en 2013 que para imponerla hacía falta una ley, pues afecta al derecho a la libertad religiosa. La escasa presencia del burka o el niqab en las calles —no constan cifras oficiales y las menciones que ocasionalmente han saltado a la prensa oscilan entre apenas una docena y 500, sin precisar fuentes–. El anuncio de Junts de que no avalará la propuesta de Vox a la que se ha sumado el PP enterrará previsiblemente la cuestión hasta el final de la legislatura. Pero la cuestión ha tenido mayor recorrido en los países europeos. A continuación, un repaso a la situación en la UE.

Francia: el argumento de la laicidad

Las cuestiones relacionadas con el velo y, de manera general, con cualquier prenda asociada al islam, forman parte del debate público en el país galo desde hace más de 30 años. En octubre de 1989, la expulsión de tres alumnas de secundaria en la localidad de Creil por negarse a quitarse el velo en clase suscitó la primera gran secuencia de debates intelectuales, mediáticos y políticos.

Pero la cuestión alcanzó una dimensión diferente a partir de 2002, año en el que la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen alcanzó por primera vez la segunda vuelta de las elecciones. En 2004 se aprobó una primera ley que prohibió en los colegios “el uso de símbolos o prendas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”.

En 2010, ya con Nicolas Sarkozy en el poder, la Asamblea Nacional aprobó otra ley –la primera en Europa– que proscribió el velo integral, avalada después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun reconociendo que podía tener efectos negativos para algunas mujeres.

Aunque Francia es el país europeo que más ha legislado sobre la cuestión, los políticos no dejan de encontrar formas de reintroducir el debate sobre la necesidad de nuevas normas. Casi siempre justificadas por sus impulsores en la defensa de la laicidad y de los derechos de las mujeres. Así, solo en los últimos años, ha habido propuestas para prohibir el velo entre las deportistas en los Juegos Olímpicos, los bañadores llamados burkini en las playas y piscinas o para impedir que el personal de acompañamiento escolar pueda llevar velo en horas de trabajo.

Hace un año, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso la prohibición del velo en el espacio público para todas las chicas menores de 15 años. “Cuando yo propuse la prohibición del velo, Gabriel Attal se ensañó conmigo a base de insultos. Hoy, retoma mi propuesta”, criticó entonces Marine Le Pen, quien aboga por la prohibición general del velo para todas las edades.

Durante su etapa como ministro de Educación, Attal —que aspira a suceder a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de centroderecha— ya había prohibido, por vía reglamentaria, la abaya (una prenda tradicional en países de Oriente Medio que cubre todo el cuerpo) en las escuelas francesas.

Hace solo unos meses, los líderes del partido conservador Los Republicanos, que en la última década no ha dejado de perder terreno frente a la extrema derecha lepenista, impulsaron en el Parlamento varias medidas para prohibir el velo y el ayuno del mes sagrado musulmán de Ramadán entre los menores de edad. Medidas que, según reconocieron sus propios impulsores, serían probablemente inviables “en el estado actual del derecho” en Francia.

En todo caso, esta ofensiva parlamentaria dirigida específicamente a la comunidad musulmana fue denunciada por responsables religiosos y diferentes asociaciones ciudadanas que expresaron en una carta abierta al presidente del Senado su “hartazgo” ante la “estigmatización” de los franceses de confesión musulmana. “Una secuencia que se ha vuelto tristemente familiar para ellos: la de una instrumentalización política sistemática de su práctica religiosa”, denunciaron.

La obsesión de una parte de la clase política francesa también ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Amnistía Internacional, que considera que “tanto la obligación como la prohibición de llevar símbolos religiosos o culturales violan los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de conciencia de las mujeres”.

En una nota publicada en 2024, cuando la entonces ministra de Deportes prohibió el velo entre las deportistas francesas, Amnistía Internacional denunciaba la “proliferación de leyes y medidas destinadas a prohibir a las mujeres determinadas prendas consideradas religiosas”; medidas que se inscriben “en un contexto de aumento del discurso de odio, que estigmatiza a las personas musulmanas y, en particular, a las mujeres y niñas que llevan velo”.

La organización señala además una de las consecuencias de estas medidas: “Desde hace varios años, las autoridades francesas no han dejado de multiplicar las leyes y normativas incriminatorias relativas a la vestimenta de las niñas y mujeres musulmanas. Estas medidas, alimentadas por estereotipos, refuerzan y exacerban la discriminación por motivos de género hacia las niñas y mujeres musulmanas”, que se ven expuestas a una triple forma de discriminación por razón de sexo, por su origen étnico y su religión.

Bélgica siguió el ejemplo francés en lo que respecta al uso del velo integral y así, en nombre de la “convivencia” y la seguridad pública, la ley belga prohíbe desde 2011 “el uso de prendas que impidan la identificación de una persona en el espacio público”, como el burka o el niqab. Y en el caso de la región flamenca, también está prohibido el uso de signos religiosos ostentosos en los centros escolares desde 2009, aunque las normas no son tan estrictas en la Bélgica francófona, donde cada centro puede decidir su propio reglamento.

En Países Bajos no hay a quien multar

Está prohibido llevar burka o niqab en escuelas, trasporte público, hospitales y edificios de la Administración neerlandesa. La ley veta las prendas que cubren el rostro y no permiten la identificación de la persona, por lo que se puede aplicar asimismo a pasamontañas o cascos de moto. El ultraderechista Geert Wilders impulsó la norma, que fue apadrinada por la coalición de socialdemócratas y liberales-conservadores liderada por Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. Una amplísima mayoría parlamentaria (132 votos a favor y 18 en contra) apoyó la ley en 2018.

Desde su entrada en vigor, sin embargo, no hay constancia de que ninguna mujer con velo integral haya recibido una multa, pues esta prenda es muy minoritaria. En un país con más de un millón de personas que dicen profesar el islam, se estima que tan solo entre 100 y 400 mujeres llevan niqab o burka.

En un estudio de 2024 encargado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de la ley, los autores advierten que la escasez de infracciones dificulta evaluar la aplicación de la norma. En el informe, sin embargo, abundan los testimonios de mujeres que aseguran sufrir discriminación y agresiones verbales y físicas desde su aprobación.

La queja más repetida es que la ley y el debate que la precedió han dado legitimación para confrontarlas, también en espacios donde la prohibición no se aplica, como en la calle o los comercios. Una mujer de 32 años que lleva niqab dice: “Mucha gente no sabe cómo funciona la ley, así que te abordan sin más, también en el supermercado. Temo el momento que alguien me tire al suelo y haga un arresto ciudadano”. Las mujeres afirman haber sido rechazadas en centros de salud y transporte público.

Como consecuencia de la prohibición y el aumento de la hostilidad, el informe apunta también a una mayor adaptación: algunas mujeres dicen haber cambiado su atuendo en algunos espacios o, incluso, haber renunciado al velo integral. El año pasado, el Parlamento holandés aprobó una proposición para ampliar la prohibición a todo el espacio público, algo que el nuevo Gobierno deberá tomar en consideración.

En palabras de Dilan Yeşilgöz, líder de los conservadores-liberales de VVD: “No es propio de nuestro país que las mujeres se tengan que esconder detrás de un burka. Cada mujer debe ser libre para sentir el sol sobre su piel”.

Dinamarca y el “control social”

El país nórdico prohibió por ley el uso del burka y el niqab en los espacios públicos en el 2018 y, desde entonces, el tema había quedado apartado del debate político hasta finales del año pasado, cuando el Gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y moderados anunció su intención de extender la prohibición a los centros educativos, como escuelas o universidades.

La propuesta se presentará en el Parlamento durante el mes de febrero, pero como ya pasó en el año 2018, ha levantado las críticas de los partidos del bloque de izquierdas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Dinamarca han afirmado que “la medida vulnera el derecho de las mujeres a vestirse como quieran y a llevar ropa que exprese su identidad y sus creencias”.

La primera ministra, Mette Frederiksen, también anunció que el Ejecutivo tiene la intención de eliminar las salas de oración de los centros educativos como universidades, ya que considera que ambas cosas “son herramientas de control social y de opresión que deberían quedar alejadas de los estudiantes”.

El texto actualmente en vigor no prohíbe específicamente cubrirse el rostro por razones religiosas o culturales, puesto que también se menciona la prohibición de taparse la cara con cascos de moto, barbas postizas, máscaras y otras formas de ocultar el rostro, pero, en la práctica, la medida impide el uso de estas prendas islámicas.

Su uso puede ser penalizado con multas de entre 134 euros y 1.343 euros, en casos de reincidencia, y la policía puede obligar a las personas que vistan las prendas a abandonar el espacio público. Los partidos políticos que apoyaron la medida han defendido que la ley ayudaría a garantizar una mejor integración de las personas solicitantes de asilo y de las mujeres migrantes en la sociedad danesa.

Por el contrario, los detractores de la medida denuncian que es desproporcionada respecto al número de mujeres que llevan esta prenda en el país e induce a una mayor marginación de esas mujeres. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca hay entre 150 y 200 mujeres musulmanas que utilizan diariamente prendas que cubren su cara por completo, mientras que el total de la población musulmana representa un 5% de los 5,9 millones de habitantes.

“Las mujeres musulmanas son una minoría dentro de la población y luego está una minoría de mujeres que utilizan la prenda; hablamos de una ley que va dirigida a una minoría dentro de una minoría”, razona la socióloga Margit Warburg para elDiario.es. La investigadora señala que en el año 2025 la policía investigó a 20 mujeres que llevaban burka o niqab y multó a 10 de ellas. Con estas cifras tan bajas, Warburg afirma que es difícil medir la efectividad de la prohibición, ya que “no está claro si las mujeres han dejado de usar el velo o, simplemente, dejaron de salir tanto en público”.

Exotismo portugués y miedo al “separatismo islámico” en Italia

Una norma similar a la planteada por Vox está ahora pendiente de tramitación parlamentaria en la Asamblea portuguesa a instancias de los ultras de Chega. Con un 0,5% de musulmanes entre la población, su efectividad está por ver. El imán de la Mezquita Central de Lisboa, David Munir, declaró a la Agencia EFE en octubre que “exagerando mucho” habrá en torno a 100 mujeres que lleven velo integral.

En un reportaje sobre los recelos de la población musulmana respecto a la norma, una mujer de origen mozambiqueño señalaba que el velo es tan poco habitual que a ella, que sí lo lleva, la toman por turista “muchas veces”.

A diferencia de otros países, Italia no se escuda en cuestiones de seguridad, laicidad o garantía de la neutralidad administrativa. Los ultras de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, han llevado al Parlamento una batería de medidas contra el “fundamentalismo y el separatismo islámico” que, además de la prohibición del velo integral en espacios públicos, busca controlar las fuentes de financiación de las mezquitas o castigar más duramente los matrimonios forzados.

Austria y los trucos para sortear el veto

Una coalición de socialdemócratas y conservadores prohibió el velo integral en el espacio público en 2017, una medida que se interpretó como una respuesta al auge creciente de la extrema derecha. La norma –que vetó las prendas que cubriesen toda la cabeza, sin referirse expresamente a su carácter religioso– dio pie a situaciones absurdas, como la multa que recibió un hombre anuncio disfrazado de tiburón.

La efectividad de la ley también quedaba en cuestión al año de aprobarse. Un reportaje de la emisora alemana Deutsche Welle señalaba entonces que la prohibición era fácil de sortear valiéndose, por ejemplo, de “una mascarilla sanitaria y un justificante médico”. Mientras tanto cundía la sensación, entre algunas musulmanas, de que llevar cualquier velo se había “vuelto más difícil”.

El veto de 2017 no puso fin al debate. Está previsto que el próximo curso escolar entre en vigor la prohibición de que las menores de 14 años lo lleven en los colegios, tras aprobarlo a finales de año la Cámara Baja parlamentaria por amplia mayoría.

Los otros dos países de la UE que restringen el velo integral son Alemania y Bulgaria. El país teutón no prohíbe absolutamente el velo integral, pero si lo restringe para los miembros de la judicatura, funcionarios y militares. Algunos de sus estados también lo vetan en los colegios.

En Bulgaria está prohibido desde 2016.

Mientras en muchos lugares del mundo la religión sigue siendo un motivo de fricción, hay países donde ocurre justo lo contrario: la fe es un espacio compartido. No porque se diluya, sino porque se superpone, dialoga y convive. Tres de esos ejemplos más claros están en Asia y, curiosamente, lejos del ruido geopolítico, han construido modelos cotidianos de tolerancia religiosa que funcionan.

No hablamos de teorías ni de discursos institucionales, sino de calles donde un templo, una mezquita y una iglesia comparten acera; de rituales que se respetan aunque no se practiquen; y de sociedades donde la identidad religiosa no es excluyente. No es casualidad que estos ejemplos cobren especial sentido durante la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, impulsada por la ONU para recordar que creer distinto no debería separar.

Singapur: la convivencia como política de Estado

Singapur es probablemente el laboratorio más avanzado de convivencia religiosa del mundo. En apenas 730 km² conviven budistas, cristianos, musulmanes, taoístas, hinduistas y personas sin afiliación religiosa, sin que ninguna fe monopolice el espacio público.

Aquí la diversidad no es anecdótica ni folclórica: está regulada, protegida y asumida. El Estado garantiza que todas las religiones tengan visibilidad y espacio, y al mismo tiempo marca límites claros para evitar la instrumentalización del credo con fines políticos o identitarios.

El resultado se ve en barrios como Chinatown, Little India o Kampong Glam, donde los templos no compiten, coexisten. La religión forma parte del paisaje urbano, no del conflicto. En Singapur, la armonía interconfesional no es un ideal: es una condición básica para la estabilidad social.

Taiwán: espiritualidad sin fronteras rígidas

Taiwán ofrece un modelo distinto, menos institucional y más orgánico. Aquí las religiones se mezclan, se solapan y, en muchos casos, se practican de forma simultánea. No es extraño que una misma persona rece en un templo budista, encienda incienso taoísta y participe en festividades populares de raíz confuciana.

La isla combina budismo, taoísmo, confucianismo, cristianismo, islam y religiones tradicionales sin jerarquías visibles. Los templos funcionan como centros sociales, no solo espirituales, y el respeto entre credos se da por hecho, no se debate.

Esa flexibilidad explica por qué Taiwán es uno de los países asiáticos con mayor libertad religiosa y menor conflictividad interconfesional. Creer aquí no implica definirse contra nadie.

Vietnam: sincretismo como forma de vida

Vietnam lleva siglos practicando algo que en otros lugares todavía se discute: el sincretismo religioso. Budismo, confucianismo y taoísmo forman una base común a la que se suman el cristianismo, el islam y religiones propias como el caodaísmo, que mezcla elementos de varias tradiciones espirituales.

Aquí la religión es práctica, cotidiana y profundamente cultural. No se vive como un sistema cerrado de creencias, sino como un conjunto de rituales que acompañan la vida: nacimientos, funerales, festividades, memoria familiar.

Ese enfoque ha permitido que diferentes credos compartan espacio sin fricción. En muchas ciudades, pagodas y iglesias conviven a pocos metros, y las celebraciones religiosas son asumidas como patrimonio común, no como símbolos identitarios excluyentes.

Un mensaje pertinente en la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional

Que estos tres países estén en Asia no es casualidad. En ellos, la religión no se ha entendido históricamente como frontera, sino como lenguaje. Y eso explica por qué, en pleno siglo XXI, siguen ofreciendo modelos reales —no utópicos— de convivencia espiritual.

En una semana dedicada a reivindicar el diálogo entre credos, Singapur, Taiwán y Vietnam recuerdan algo incómodo pero necesario: el problema no es la religión, sino el uso que se hace de ella. Allí donde la fe se vive sin miedo y sin imposición, la armonía no es un lema: es rutina.

En las últimas horas hemos conocido el fallo de la justicia con respecto a la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta de Logroño. La Justicia ha reconocido que esta prohibición “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

Una decisión que el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, “respeta y acata” este pronunciamiento judicial, como no puede ser de otro modo“. En este sentido, es preciso subrayar que, ante la ausencia de una normativa estatal común y un criterio único para todos los centros educativos, el Gobierno de La Rioja siempre cumple con la legalidad, tal y como ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo, una vez conocido este pronunciamiento. Así, cabe recordar que, conforme se cita en la propia sentencia, ”la respuesta que, hasta la fecha, habían venido dando los tribunales españoles a esta cuestión ha sido, en general, dar primacía a la potestad de autoorganización del Centro como una manifestación del derecho a la educación proclamado en el art. 27 de la Constitución Española“, motivo por el que hasta este pronunciamiento, sin una normativa estatal común, esta decisión ha recaído en los propios centros docentes a través de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).  En este sentido, la nota del Ejecutivo regional concluye informando de que ”en cuanto se tuvo conocimiento del contenido de esta sentencia, se trasladó a la dirección del IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño para su cumplimiento a partir de hoy, día 28 de enero“.

IU pide a Educación que actúe en otros centros

Desde Izquierda La Rioja también han valorado el fallo que califican de “victoria frente a la islamofobia institucional”. Y así, celebran la sentencia dictada por el Juzgado de Logroño y exige a la Consejería de Educación que “actúe de inmediato en los centros donde se estén aplicando normas discriminatorias”.

Este fallo judicial confirma lo que IU ha venido denunciando desde el inicio del curso: “no estamos ante un caso aislado, sino frente a una práctica de discriminación islamófoba en un centro público, amparada por una supuesta neutralidad que, en realidad, no se aplica de forma equitativa en el sistema educativo”.

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, considera que la resolución es clara y contundente. “Es una victoria frente a la islamofobia institucional. La justicia ya ha hablado. ¿Qué va a hacer ahora la Consejería de Educación, no solo con este caso, sino con el resto de centros donde se está vulnerando sistemáticamente este derecho fundamental?”. Y recuerdan que eseta no es una situación puntual. En septiembre se denunció públicamente “que varios institutos de La Rioja estaban aplicando normativas que impedían a las alumnas acudir a clase con hiyab. Una realidad que ha forzado a muchas a elegir entre su identidad y su derecho a estudiar. En lugar de intervenir, la Consejería respaldó estas decisiones, justificándolas con la autonomía de los centros y su democracia interna.”

“Es inadmisible que la Consejería siga mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales en centros públicos que están bajo su responsabilidad. Desde Izquierda Unida hemos llevado ya varias iniciativas al Parlamento para exigir una solución. Ya lo preguntamos en su momento y entonces se lavaron las manos. Hoy, con una sentencia firme encima de la mesa, no pueden seguir escondiéndose”, ha señalado Ollero.

Para Izquierda Unida, el problema no es un pañuelo, sino un modelo de gestión que permite, cuando no legitima, prácticas excluyentes, lejos de la visión laica e integradora real en el sistema educativo que defienden desde la formación. “Si de verdad queremos debatir sobre laicidad en la escuela pública, adelante. Nosotras estamos encantadas. Pero mientras se sigan impartiendo clases de religión católica en horario lectivo, pagadas con fondos públicos y dentro de espacios públicos, que nadie intente disfrazar de neutralidad lo que es racismo e islamofobia”, ha añadido el diputado.

La Justicia ha reconocido que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

“Tal y como considerábamos, era una vulneración clarísima del derecho de libertad religiosa y es una buena noticia que se haya estimado. Es evidente que llevar hijab forma parte de ese derecho y, aunque cualquier derecho puede ser limitado, no por un reglamento de centro, sino por Ley Orgánica”, ha aplaudido la abogada de la causa, Henar Moreno, que advierte de que el hecho de no permitir su entrada al aula con velo también podría suponer “vulnerar el derecho a la educación”.

La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de la Administración, aunque, en su caso, la abogada ya ha anunciado que solicitarán la ejecución provisional de la sentencia para que Eman y el resto de compañeras que usan velo en el Instituto público Sagasta pueden volver a llevarlo en el centro docente.

Eman Akram fue la cara visible contra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC), que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Muchos alumnos del centro se movilizaron rápidamente para apoyarla, se presentaron quejas y empezaron una recogida de firmas que llevó 11.000 apoyos a la Consejería de Educación. La protesta llegó después a la Justicia, que ha dado la razón a Eman y ha admitido que el instituto en el que estudia está vulnerando su derecho a la libertad religiosa.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha renovado en las últimas semanas los convenios tanto con la Iglesia católica como con la comunidad islámica para la “asistencia religiosa” de presos internos en las cárceles vascas, de gestión autonómica desde 2021. Tendrán uan duración de cuatro años. Se han suscrito sendos convenios valorados en 60.000 y 15.000 euros anuales, respectivamente, con lo que la dotación total del programa asciende a 300.000 euros para el período 2026-2029.

El Consejo de Gobierno validó el acuerdo con las diócesis vascas la pasada semana. Y este mismo martes se ha ratificado un convenio similar con la comunidad islámica. Ninguno de los dos fue incorporado a la información que se facilita a los medios de comunicación en la rueda de prensa pero sí figura en el orden del día.

Desde Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el gabinete de coalición de Imanol Pradales, indican que es un servicio que ya se prestaba con la anterior gestión estatal e igualmente en estos primeros cuatro años tras la transferencia. Indican que la Constitución garantiza la libertad religiosa y la normativa de desarrollo, de 1980, “obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa, entre otros, en los establecimientos penitenciarios”. También la propia ley orgánica penitenciaria de 1979 lo menciona expresamente.

De hecho, el reglamento penitenciario de España, de 1996, plantea que “todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas”. En las cárceles, que en Euskadi son tres, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, podrán habilitarse espacios para esa “asistencia”.

Todo empezó en Albacete, ciudad en la que nunca suele empezar nada.

El pasado martes 9, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, de repente, mientras sonaba el burrito sabanero de Bisbal a toda pastilla, apareció por la calle Ancha una muchedumbre vociferante que gritaba: “¡Arrepentíos, pecadores! ¡Ha llegado el fin del mundo! ¡La Virgen de los Llanos ha sido destronada!”.

En efecto, el mismísimo alcalde, Manuel Serrano, sostén y títere de la extrema derecha más esperpéntica, había sacado la imagen del ayuntamiento en brazos y la había depositado en la escalinata de la catedral, de donde, según sus propias palabras, “nunca debió salir”. Las muestras de histeria colectiva se multiplicaron. Unos se disciplinaban las espaldas con los cinturones, otros se golpeaban el pecho, no pocos se hincaban de rodillas y miraban al cielo esperando al dragón del apocalipsis… Todo se agravó cuando los concejales socialistas publicaron un documento por el que se comprometían a no asistir a ceremonias religiosas “por representar una conducta discriminatoria hacia el resto de confesiones y opuesta a la necesaria neutralidad que las instituciones deben mantener al respecto”. Mucha gente entró definitivamente en pánico. Entre tanto, muy astutamente, Nieves Navarro, concejala de Unidas Podemos, tapió la capilla municipal por si acaso los susodichos representantes públicos recibían una contraorden, o sufrían otro sinapismo y cambiaban de opinión.

Pero la conmoción no quedó circunscrita a Albacete. Ni más ni menos que García-Page, monaguillo honorario del Arzobispado de Toledo, declaró ese mismo día que había decidido no participar nunca más en la procesión del Corpus, “aunque el Niño Jesús llore y probablemente me castigue”.

Poco después, durante la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez afirmó en el Congreso que “la religión saldrá definitivamente del sistema educativo antes de que acabe la legislatura”, porque “el objetivo fundamental de la educación es fomentar el pensamiento crítico, no el pensamiento mágico”. “En cualquier caso”, añadió, “los padres que lo deseen pueden llevar a sus hijos e hijas a catequesis y manipular su conciencia a su antojo en el ámbito privado”. Sorprendentemente, Núñez Feijóo, líder de la oposición mientras Díaz Ayuso lo consienta, corroboró: “Por una vez estamos de acuerdo con usted, señor Sánchez, al césar lo que es del césar, y a Anotop At lo que es de Anotop At. Es más, el Estado debe dejar de ser el recaudador a domicilio de la Iglesia Católica. Las iglesias, incluyendo la del Espagueti Volador, se deben sostener por sus propios medios”.

Desde luego, nunca se había visto nada igual. Todos los cargos públicos que hasta entonces se habían distinguido por su papanatez o su manifiesta ambigüedad, ahora defendían la separación iglesia-estado como paladines. Pronto se empezó a especular en las calles, en las cafeterías, en las tertulias radiofónicas… ¿Qué había sucedido? ¿Qué demonios había provocado un giro tan copernicano? Algunos analistas apuntaban a una actualización espontánea en un sentido democrático del pensamiento político español, o sea, a una especie de mutación cognitiva. Pero eso no parece muy probable a la vista de las actuales tendencias mundiales.

Otros, basándose en el testimonio de varios testigos que afirman haber visto a miembros de círculos laicistas albaceteños rociar con esprays los alrededores de la casa consistorial, comenzaron a hablar de ataques bacteriológicos con algún tipo de virus de origen volteriano. “Se trataba de un aroma delicioso e irresistible que te volvía así como incrédulo”, explicaron algunos de ellos. En cualquier caso, los y las responsables de Europa Laica se muestran encantados: “No sabemos cómo se ha producido el 'milagro' pero, de cualquier modo, celebramos que por fin se extirpe el nacionalcatolicismo de nuestras instituciones. La Transición solo se cerrará cuando se exhumen los más de 100.000 cadáveres que siguen en fosas comunes, la ciudadanía pueda elegir entre monarquía o república y ninguna confesión parasite al Estado”.

Por desgracia, no queremos ser aguafiestas, pero parece ser que los efectos del virus volteriano son pasajeros. Fuentes bien informadas nos aseguran que, desde que las encuestas lo señalan como el líder más valorado entre los votantes de derecha, el presidente regional no ha dejado de levitar por los pasillos de Fuensalida como hacen los místicos y las místicas, o los flipados y las flipadas. Así es que…

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

El viraje ultraconservador en una escuela concertada de Terrassa, en la provincia de Barcelona, mantiene en vilo desde hace más de un año a decenas de familias. Son al menos unos 290 padres y madres de la concertada Mare de Déu del Carme las que han denunciado que la nueva dirección pedagógica y administrativa ha llevado a cabo “un golpe de estado ideológico”, que ha provocado que en las clases afloren discursos católicos extremistas e incluso el revisionismo histórico franquista. 

La queja la hicieron pública antes de final del pasado curso mediante un manifiesto de la plataforma Recuperem el Karmel, según adelantó El País, pero también ante la Inspección educativa, que mantiene abierto un expediente al centro. El Departament de Educación ha constituido además una comisión de conciliación con el colegio para abordar el conflicto.

Desde que están los nuevos responsables en la escuela, se trata de la segunda vez que les abren un procedimiento de este tipo –según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es–, un mecanismo poco habitual y pensado para cuando hay indicios de incumplimiento de la normativa de conciertos. 

Entre los distintos motivos de queja por parte de las familias destacan los comentarios que aseguran haber presenciado los alumnos, sobre todo por parte de profesores contratados por la nueva dirección. “En vuestro libro de texto no mencionarán que Franco hizo cosas buenas por España”, “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, “hay un infierno lleno de demonios, que tiene las puertas grandes y se abren cuando un niño se porta mal” –a alumnos de Infantil–, “Freddy Mercury se merecía morir de sida por ser gay”... Estas son algunas de las frases referidas por las familias.

Un directivo de los 'kikos' y más contenido religioso

El conflicto se desató después de que los dueños del colegio, los Carmelitas, pusieran el centro en manos de un representante de la titularidad, Nuno Pitta, que pertenece al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocido como los kikos. Además, ficharon como coordinador pedagógico a Lluís Seguí, con vínculos con Comunión y Liberación, y que cuenta con un pasado con quejas parecidas en otros centros, como el Liceu Politècnic de Rubí, donde docentes denunciaron en 2016 adoctrinamiento religioso. 

Estas familias, que describen la escuela Mare de Déu del Carme como tradicionalmente catalanista y con una visión abierta de la religiosidad, se pusieron también en alerta al conocer el ideario que Seguí propugna en entrevistas. “La dirección tiene que ser capaz de desarrollar hasta el último resorte el ideal cristiano de educación, que significa desde la importancia de las matemáticas en Primaria hasta cómo se plantea una excursión, o por qué una actividad extraescolar sí o no”, declaraba Seguí en enero en el canal de Youtube religioso A tiempo y a destiempo. 

Seguí critica que las escuelas cristianas en España han dejado la religión en segundo plano. “Han puesto a buenos gestores que les han garantizado la jubilación, que el colegio no cierre, pero en ese colegio no está Dios ni se le espera”, lamenta en esa entrevista. 

Esa penetración del discurso religioso conservador es el que aseguran estas familias que se ha producido en su colegio. “Esto se extrapola de forma sutil a las asignaturas, y donde antes una comprensión lectora en Lengua iba de cualquier tema, ahora el párrafo a analizar es de la Biblia”, señala una madre, que asegura que los cambios más evidentes se han dado en Secundaria. “Como los adolescentes están formando su personalidad, es cuando creen que pueden moldearlos mejor”, se queja. 

Denuncian incumplimiento de la carta de compromiso

Asimismo, aseguran que también el curso anterior aumentaron repentinamente las horas de misa en horario lectivo, con “genuflexiones” incluidas, algo impensable años anteriores. Y por ese motivo van más allá en su queja y aseguran que la escuela ha incumplido la carta de compromiso que firman los padres y madres cuando matriculan a sus hijos en el centro. En ese documento, las familias aceptan que la enseñanza de la religión católica se hace “desde un planteamiento fundamentado y crítico de la cuestión religiosa”, y sin imponer “asistencia a ningún acto religioso”. También dice la carta que se imparten las clases en catalán, algo que según estos padres y madres también se ha vulnerado con algunos de los docentes fichados. 

Sin embargo, desde la escuela niegan la mayor, y aseguran que estos padres y madres mienten y que están difamando el centro. Sin ir más lejos, han demandado a tres de las personas que han participado en esta campaña al considerar que han vulnerado el derecho al honor del centro mediante injurias. Ahora les piden 37.000 euros en concepto de indemnización. “Una escuela que demanda a las familias está rompiendo con el diálogo y pierde su sentido más profundo”, lamenta uno de los progenitores denunciados. 

Una portavoz del colegio asegura que los comentarios revisionistas históricos u homófobos atribuidos a sus docentes están, o bien sacados de contexto, o son directamente falsos. “Tenemos un departamento de compliance que investiga todo aquello que se sale de la gestión de la escuela y hemos constatado que esto no es cierto”, insiste sobre las frases recogidas por los alumnos. 

Esta representante del Mare de Déu del Carme niega que haya cambio ideológico alguno en el centro, aunque uno de sus responsables pertenezca a los kikos. “Hay más de 90 profesores, con distintos idearios, y esto no significa que el de la escuela vaya a cambiar”, insiste. “Somos cristianos, religiosos y carmelitas. Esto no ha cambiado en 80 años”. 

La escuela esgrime además un comunicado del personal docente y administrativo que niega imposiciones ideológicas y critica a las familias denunciantes. Pero estas últimas recelan de que ese documento cuente con el apoyo todo el profesorado, entre el que hay –dicen– miedo a represalias. Y ponen como ejemplo el despido en abril del que había sido durante años director de la escuela, que ha denunciado por despido improcedente. Ese cese, según la portavoz de la escuela, se debía, igual que la llegada de los nuevos responsables, a la necesidad de enderezar el rumbo de un centro que aseguran que estaba en declive académico. 

De Terrassa al Parlament

Con todo, el conflicto ha escalado a la Administración e incluso al Parlament de Catalunya. A raíz de conocerse este caso, la Cámara catalana aprobó una moción para introducir protocolos de detección e intervención “en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas”, así como la retirada inmediata del concierto en estos casos y si se difunden discursos “contrarios a los valores democráticos y constitucionales”. Propuesto por Comuns, el texto se aprobó con votos de PSC, Junts, ERC y la CUP. 

El Departamento de Educación, por su parte, tiene sobre la mesa al menos dos carpetas sobre este caso. Por un lado, el expediente abierto por Inspección, que sigue en marcha y por el que este inicio de curso se requirió más documentación al centro. Del otro, se ha constituido en octubre una comisión de conciliación formada por Educación, el titular del centro, y un representante del Consejo Escolar (en el que no están las familias críticas) para tratar de encauzar la situación. 

Fuentes conocedoras confirman que en 2024 la Administración abrió otra comisión de conciliación a la escuela, aunque por cuestiones relacionadas con unas escolarizaciones de alumnos. Estos procedimientos, nada habituales, se abren cuando hay indicios de hechos susceptibles de retirar un concierto y se quiere corregir la situación.