El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha presentado este martes una nueva propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que prevé prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

Más de diez años después, la historia se repite, aunque Larrosa ha defendido que la nueva propuesta tiene otro “enfoque” respecto a la planteada por el exalcalde Àngel Ros, ya que no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino como “un tema de derechos fundamentales y el derecho de las mujeres a poder decidir”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sin embargo, el marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, entonces gobernada por el también socialista Ros, fue pionera en una medida que, en los últimos meses, en España habían propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

En el nuevo intento para prohibir el velo, Lleida ha recogido actuaciones para evitar que las mujeres que lo visten sufran una “revictimización”. “Existe un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca fruto de esta ordenanza”, ha explicado Larrosa.

El gobierno en minoría del PSC prevé llevar a aprobación la nueva propuesta de ordenanza en el pleno del mes de junio. El texto, que sustituirá al actual del 2007, contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 300 y 750 euros.

La prohibición del uso del velo integral en el espacio público no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha asegurado que la ordenanza no quiere “aislar” a las mujeres que llevan el velo integral “ni generar brecha social”. Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas “con el objetivo de que todas las mujeres puedan gozar de autonomía real, vínculos sociales y acceso pleno a los recursos”.

Sobre el papel, durante el franquismo se pudieron celebrar cultos religiosos no católicos desde 1945 (con el Fuero de los Españoles), aunque se necesitaba el permiso del gobernador civil. Eso sí, el régimen solo autorizaba actos privados, en ocasiones fuertemente vigilados. La libertad religiosa fue abriéndose a partir del Concilio Vaticano II, cuando se empezaron a permitir actos públicos, también bajo autorización. Sin embargo, la situación en Medina del Campo (Valladolid) fue diferente. La pequeña comunidad evangélica que había tuvo que hacer frente a presiones policiales, eclesiásticas, a múltiples peticiones no respondidas y a fuertes sanciones económicas por reunirse para rezar. En algunos casos fue necesario el apoyo de iglesias de otras partes de España y vender el piso del pastor y su mujer de Valladolid capital para hacer frente a las multas y evitar así la cárcel.

“Las fuerzas del orden incluso entraron en la vivienda del pastor, Félix Pradales y su mujer, María Abrodos, para perseguir el culto con el pretexto de que no tenían una capilla para los actos religiosos, puesto que no durante muchos años no tuvieron recursos económicos para construir una capilla. Y por más que pedían permiso, y por más que intentaban habilitar locales, siempre internos, siempre estaban perseguidos, vigilados, y siempre entraba la policía de manera sorpresiva para llevarse detenidos al pastor protestante y a los demás”, explica el historiador Enrique Berzal, que ha publicado recientemente un artículo de investigación sobre este tema en la revista científica Pasado y Memoria.

David Prieto es el actual pastor de Medina del Campo y uno de los descendientes de la comunidad. El primer lugar de culto en Medina donde un grupo fue llevado a la cárcel era una vivienda que les alquiló su abuela. “Lo difícil fue al principio, en la década de los 40 y 50, porque los pastores que empezaron la obra eran atosigados por la Policía. Había un acoso constante”, explica Prieto. El autor del artículo Persecución franquista contra las minorías religiosas. El insólito caso de los protestantes de Medina del Campo (1948-1962) concreta que, especialmente al inicio del régimen, los protestantes eran vistos “como una amenaza al predominio social de la Iglesia Católica”, así que se los vigiló “estrechamente” e incluso “se contribuyó a perseguirlos”.

La “secta” de los protestantes

El pastor Félix Pradales enviaba “continuamente” solicitudes de permiso, pero nunca obtuvo respuesta por parte del gobernador civil. Berzal apunta que había “una obstinación total” por parte del Arzobispado católico a través de su vicario, Faustino Herranz, y del propio arzobispo, Antonio García García, que tenía “miedo al proselitismo” de los protestantes. En una carta de 1948 conservada en el Archivo de Curia de Valladolid se puede ver la pretensión del arzobispo: “Daño hacen, aunque no tengan gran extensión y urge no dejarles las manos libres, quiero decir la lengua y la pluma y los demás medios de propaganda. El Fuero de los Españoles hay que interpretarlo y aplicarlo con el criterio más restrictivo que sea posible”.

David Prieto recuerda cómo los feligreses tuvieron que esconderse en baños o en una fábrica cercana“. Tenían una contraseña para avisar de si había problemas... había un cántaro en un balcón y, según estuviera a la derecha o a la izquierda, había o no peligro”, cuenta el pastor. En 1948, una reunión dominical de 11 personas fue considerada por el régimen como “una reunión clandestina” y no religiosa, lo que supuso unas multas que iban de 50 a 5.000 pesetas hasta 12.950 pesetas para todos ellos. El matrimonio Pradales-Abrodos fue multado con 2.000 pesetas, pero su salario anual ferroviario podía ser de unas 7.200 pesetas. La comunidad medinense tuvo, por lo tanto, que recurrir a la solidaridad de otras parroquias evangélicas.

“La estrategia era asfixiarlos a base de deudas y multas para que no pudiesen continuar o incluso se fueran de Medina, porque hubo amenazas con echarles”, expone Berzal. Prieto recuerda el efecto que tuvieron las multas sobre la comunidad. “Los pastores tuvieron que vender su propia vivienda en Valladolid para poder pagar las multas porque la gente que estaba allí congregada porque no tenía recursos para pagarlo. Y la alternativa era estar detenidos, y si no iban a trabajar perdían los empleos...”, apostilla el pastor.

Enrique Berzal ha acudido para esta investigación a los archivos históricos provincial y eclesiásticos de Valladolid, pero también ha contado con otro espacio que hasta ahora no se había hecho público: el de la Iglesia Evangélica de Medina del Campo, que ha conservado numerosa documentación como las cartas de la represión y la solidaridad de otras capillas evangélicas que entregaron dinero para que la comunidad pudiera salir de la cárcel.

Agentes de la Policía de Acción Católica

La localización de la vivienda del pastor resultó importante en la represión, así como la propia situación en Medina del Campo, que vivió una fuerte dominación del régimen. Además, algunos miembros de la Policía de Medina eran de Acción Católica y el gobernador civil también estaba “muy unido” a la Iglesia Católica. “La comunidad evangélica estaba situada... mejor dicho, la vivienda de Félix Pradales y María Abrodos estaba muy cerca de la parroquia católica. Y la Iglesia Católica tenía miedo de que, sobre todo los más pequeños y los adolescentes se fueran a la iglesia protestante, llamados por los cánticos religiosos”, detalla este profesor titular de la Universidad de Valladolid.

También utilizaron la excusa de que en Medina del Campo, una parte importante de la población era muy humilde, inculta, que no tenía una formación superior, y que podían ser fácilmente convencidos por la Iglesia Protestante, pues hacen todo eso. “El franquismo pensaba que los protestantes eran sectas que podían traer la desviación y la herejía. También es cierto que los protestantes durante la Segunda República vivieron una etapa de tal libertad que ellos se identificaron en gran medida con el régimen republicano, que les dejaba tener sus puestos en las calles y vender las biblias, celebrar su propia Semana Santa o el día de los difuntos”, explica Berzal.

En Valladolid había dos iglesias protestantes desde finales del siglo XIX: la anglicana (Iglesia Española Reformada Episcopal) -que en Castilla y León tuvo como gran referente a Atilano Coco, fusilado en 1936- y la Evangélica, que tenía pequeñas comunidades protestantes en algunos puntos de la provincia (Cigales y Medina del Campo) y de la ciudad (calles Labradores y José María Lacort). En Valladolid capital, Cataluña, Málaga o Galicia se hacía este tipo de seguimiento a la comunidad protestante, pero no se produjo una persecución “tan terrible” como la de Medina del Campo. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni la Policía lograron expulsar al pastor evangélico y a su familia de Medina del Campo. “Hubo una solidaridad internacional -el caso apareció en periódicos protestantes de Estados Unidos- y la presión internacional, con muchas cartas enviadas a distintas escalas de la dictadura franquista, también a través de la Misión Cristiana Española. Creo que eso es lo que en cierto modo también le salvó a los de Medina del Campo”, señala Berzal.

El Fuero de los Españoles

El franquismo sufría entonces un aislamiento internacional que quería frenar, por lo que buscaba tener buenas relaciones con el exterior, que a veces se veían afectadas por el tratamiento a las comunidades protestantes. Por ese motivo aprobó los Fueros de los Españoles en 1945, con la mirada puesta en Estados Unidos. “Desde Misión Cristiana les decían que si no querían ver peligrar esa circunstancia internacional, lo mínimo era permitir el culto interno a los demás”, explica Berzal.

En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, aunque la represión en Medina del Campo no varió mucho. “La situación no se va a resolver hasta finales de los años 50, principios de los años 60, cuando ya se les va a dar una especie de permiso. Pero casi hasta el primer quinquenio de 1960 no se les dio a los protestantes de Medina del Campo una libertad plena para poder realizar sus cultos interiores”, sostiene el historiador. Evidentemente, para entonces ya solo quedaban una decena de feligreses.

Mayor libertad a partir de los años 60

La Ley de Libertad Religiosa de 1967 permitió las manifestaciones externas, pero, de nuevo, siempre que el gobernador civil lo autorizase. “Estaban siempre sometidos. Así como la Iglesia Católica no tenía que pedir nada de esto, ellos siempre tenían que pedir un permiso al gobernador civil y siempre estaban vigilados. Y a veces seguían siendo detenidos porque no había llegado el permiso o porque consideraban que se hacía proselitismo”, expone Berzal.

Todavía en los 70 había personas que se movilizaron a título individual para reducir el tamaño de la comunidad evangélica. Prieto recuerda cómo, cuando era un adolescente, ofrecían trabajos en talleres o fábricas a compañeros suyos para que dejaran la iglesia e incluso a una tía suya, a la que ofrecieron un trabajo de telefonista en Madrid “a condición de que no estuviera aquí y dejara la iglesia”. “Cuando yo tenía unos 14 años, íbamos a las reuniones de escuela dominical unos 30 chicos. Pero cuando cumplieron 14 años desaparecieron todos menos yo. Eso era tónica general de aquellos tiempos”, resume.

Prieto también recuerda que, a pesar de que algunos alcaldes han acudido a saludar a la comunidad en algún acto público, en otras ocasiones se les ha denegado la cesión de espacios municipales para actos de culto. “Lo único que me pudieron ofrecer era el uso de los bajos de la Plaza de Toros para las conferencias. Y no me sirvió. O el auditorio previo pago de 3.000 euros, que no teníamos... nos dijeron que el polideportivo era de uso exclusivo para actividades deportivas, pero ahora se han permitido otros actos religiosos allí”, afea.

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa conocida por sus estrictas normas y el ostracismo al que someten a los miembros expulsados. Una de las prohibiciones más conocidas y polémicas es la que considera pecado dar o recibir transfusiones de sangre, pero eso acaba de cambiar. El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante de la organización emitió un comunicado en el que se anunciaba un “cambio de postura”. Ahora, los hermanos y hermanas pueden recibir transfusiones, pero solo si son de su propia sangre.

“El regalo de la vida nos lo dio Jehová y Él quiere que mostremos respeto por ese regalo”, dice, mirando a cámara, un hombre anciano que actúa como portavoz del Cuerpo Gobernante y que presenta una especie de informativo que llega a todos los fieles del mundo, traducido mediante IA a más de un centenar de idiomas. El presentador sigue, diciendo que una manera de mostrar respeto por Jehová es “obedeciendo sus mandatos sobre el tema de la sangre” y añade que la única doctrina de Dios es que el cristiano “no debe comer la carne con su vida, es decir, con su sangre”.

Llegados a este punto, cualquiera podría pensar que se levanta totalmente esta prohibición que ha causado la muerte de diversos testigos de Jehová. Pero la realidad tiene matices. “Después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, el Cuerpo Gobernante ha decidido que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico o quirúrgico”.

Es decir, que lo que permiten a partir de ahora los Testigos de Jehová es que sus hermanos y hermanas reciban transfusiones autólogas: aquellas que provienen de la propia sangre. Este es un cambio significativo para la doctrina de la congregación pero, a efectos prácticos, supone pocas ventajas para sus miembros.

Para empezar, son muy escasas. En 2025, de las 250.000 donaciones que se realizaron en Catalunya, solo 19 —para unas nueve personas— fueron autólogas, según datos del Banco de Sangre y Tejidos. El motivo es que no es fácil reunir los requisitos para que estas transfusiones sean posibles, útiles y suficientes.

La sangre no se puede almacenar permanentemente: solo tiene una vida de 42 días fuera del cuerpo humano. Si bien es cierto que es un fluido que se puede congelar, ese servicio solo lo prestan algunas clínicas privadas en el mundo, ninguna de ellas en España. La sanidad pública tiene un pequeño banco de sangre congelada, pero de donantes muy raros.

Sus usos más frecuentes son en operaciones traumatológicas, que requieren menos sangre y suelen poderse programar con el tiempo suficiente para que el paciente vaya almacenando sus propios fluidos poco a poco y llegar en buenas condiciones a quirófano. “Pero no cualquiera puede evitar la anemia después de donar tanto”, explica a elDiario.es el doctor Joan Ramon Grífols, director asistencial del Banco de Sangre y Tejidos.

Además, para una transfusión autóloga también hace falta pasar pruebas y cumplir una serie de requisitos. “Aunque pueda parecer raro, nada te asegura que puedas ser donante para ti mismo porque, muchas veces, las patologías que hacen que necesites esa transfusión pueden ser las que te impidan realizarla”, resume Grífols.

El doctor alerta de que para conseguir las entre dos y cuatro bolsas que se suelen extraer, se requieren semanas y diversos desplazamientos al hospital. Y, en algunas ocasiones, esa cantidad puede no ser suficiente para ciertas intervenciones. “Es muy posible que, por ejemplo, un cirujano cardiovascular se niegue a operar con tan poca sangre”, sostiene. Por tanto, las transfusiones autólogas no sirven para todas las intervenciones quirúrgicas ni todos los pacientes. Y tampoco en caso de accidente o de intervención urgente.

Otra opción que tienen los Testigos de Jehová es recurrir a técnicas de ahorro sanguíneo. Esto, que también depende del estado de salud del paciente, se basa en medicación preoperatoria que potencia la producción de glóbulos rojos o, incluso, en el uso de cell savers, una técnica que aspira, lava y reinfunde la sangre durante la misma operación. Estas, a diferencia de las transfusiones autólogas, siempre han estado permitidas porque la sangre no llega a abandonar del todo el cuerpo y, por tanto, no rompe el vínculo con el alma ni con Dios.

Desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) celebran “cualquier medida aperturista” que suponga que los miembros de la organización “dispongan de un mayor margen de decisión personal”, aunque no dejan de recordar que es una medida “claramente insuficiente”.

El cambio de doctrina “es una novedad importante, pero es una mejora solo de cara a la galería”, tal y como expone Ángel Encinas, antiguo miembro de la organización que sufrió durante años y en carne propia las doctrinas de los Testigos. “Llevan años diciendo que las transfusiones de sangre propia violan los preceptos de Dios y ahora cambian de opinión. Así, sin más. Sin pedir perdón ni dar explicaciones. ¿Qué pasa con todas las personas que han muerto por el camino?”, se pregunta.

En este sentido, desde la AEVTJ también lamentan que la organización no haya hecho “ningún ejercicio de autocrítica” ni hayan pedido disculpas “a las miles de personas que, a lo largo de décadas, puedan haberse visto gravemente afectadas por una doctrina que ahora se presenta como cambiante”.

Más de medio siglo de pecado

La prohibición de dar y recibir transfusiones de sangre se remonta a 1959, año en que se encuentra la primera referencia escrita a esta doctrina. Los Testigos de Jehová empezaron considerándolas un pecado castigado con la expulsión de la congregación y el consecuente ostracismo. La gravedad del asunto era tal que en el año 2000 se convirtieron en una falta tan importante que quien recibiera una transfusión ya no pasaría por el proceso de expulsión, sino que quedaba automáticamente “desasociado”.

Los argumentos para prohibir estos usos de la sangre se encuentran en diversos versículos de la Biblia. Por ejemplo, el Levítico 17:13, en el que se dice lo siguiente: “El alma de la carne está en la sangre […]. Por eso he dicho a los hijos de Israel: ‘Ninguna alma de ustedes debe comer sangre. […] Y cuando algún hombre [...] que al cazar capture un animal que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra”. Otro pasaje muy usado se encuentra en los Hechos 15:20: “Absteneos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación”.

Entonces, ¿cómo se justifica el cambio? Tanto los Hechos como el Levítico conforman lo que se conoce como Ley Mosaica, que se encuentra entre el Génesis y el Deuteronomio, y que recoge las normas que Dios trasladó al pueblo judío desde el Monte Sinaí, entre ellas los 10 mandamientos. Pero son unos preceptos que los Testigos no reconocen porque, consideran, quedaron sin efecto tras la muerte de Jesús.

Aunque la doctrina de este grupo religioso siempre ha dejado claro que sus fieles no están bajo la Ley Mosaica, eso no les ha impedido usarla para justificar prohibiciones como la de las transfusiones. En diversas comunicaciones enviadas a los fieles se han usado estos argumentos para demostrar que las donaciones de sangre son “contrarias a la palabra de Dios porque la Biblia muestra que la sangre no debe ser extraída de cuerpo, almacenada y usada de nuevo”.

También se ha especificado en distintas ocasiones que las transfusiones autólogas, las que ahora se permiten, también son pecado porque “la sangre almacenada ha dejado de ser parte de la persona y, por tanto, hay que deshacerse de esa sangre de acuerdo con la Ley de Dios”.

Preguntados por elDiario.es, los Testigos de Jehová aseguran que su “creencia fundamental sobre la santidad de la sangre no ha cambiado” y remiten al hecho de que la Biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona. “Se ha aclarado que esto ahora incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, se almacene y se le vuelva a introducir”, añaden.

“Los Testigos de Jehová toman decisiones informadas y conscientes que consideran tanto los principios de las Escrituras como los desarrollos de los procedimientos médicos modernos”, insisten.

Afrontar la expulsión

Durante años, recibir una transfusión comportaba tener que dejar los Testigos de Jehová. “Recibir sangre podía salvarte la vida, pero Dios te condenaba eternamente”, asegura una ex testigo que prefiere mantenerse en el anonimato. Lleva años fuera de la congregación, pero asegura que le sigue teniendo “pánico” a los hospitales a raíz del “miedo que se inculca” a las transfusiones.

Esta prohibición ha derivado en diversas muertes de personas que no han podido sobrevivir sin una donación o porque no han podido someterse a intervenciones quirúrgicas vitales. El hermetismo de los Testigos de Jehová hace que no todos los casos salgan a la luz, pero cada pocos años los hay que trascienden. Uno de los más mediáticos fue el de Marcos Alegre, un niño de 13 años que murió en 1994 tras una hemorragia cerebral.

El menor acabó en el hospital después de que unos vecinos de la familia les denunciaran a la policía, asegurando que el pequeño “agonizaba” en su casa. Pero, una vez en el centro, tampoco recibió el tratamiento porque sus padres alegaron motivos religiosos para rechazar la transfusión. La Fiscalía acusó a los padres de homicidio por omisión, pero la Audiencia Provincial de Huelva les absolvió.

Años después, la sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo, que les condenó a dos años y medio de cárcel. En otra vuelta de tuerca, el Gobierno de José María Aznar les indultó en el 2000 y, dos años más tarde, el Constitucional anuló la condena considerando que los padres estaban amparados por la libertad religiosa.

“Puede costar mucho entender cómo puedes llegar a dejar morir a un hijo, pero de verdad que en tu cabeza tiene sentido”, asegura esta ex testigo anónima. Insiste en que el motivo tras la prohibición era “crear mártires. De puertas afuera, la imagen es totalmente negativa, pero de cara a su congregación, el mensaje es que ellos son los únicos cristianos verdaderos, dispuestos a morir por Dios”, sostiene.

Años después, los Testigos han recapacitado. “Después de orar mucho y analizar la Biblia”, dice el hombre en el vídeo distribuido a los fieles. Pero Encinas tiene claro que el cambio de la doctrina no está en las escrituras sino en los tribunales.

El asunto de las transfusiones ha sido llevado ante la justicia en más de una ocasión. En España, una jueza ha reconocido en una sentencia pionera que es lícito referirse a los Testigos de Jehová como una secta. Y en Noruega la organización enfrenta un proceso para dirimir si el ostracismo vulnera derechos fundamentales. “Permitir las transfusiones de sangre propia puede ser una manera de evitarse problemas legales en el futuro”, sopesa Encinas.

A pesar de que ahora esté permitido recibir una transfusión de sangre propia, la extestigo anónima que ha participado en este reportaje duda de si ella accedería a recibirla. “Mira que llevo años fuera, pero algo dentro de mí sigue sin tenerlo claro”, sostiene. Encinas, por su parte, tiene claro que los fieles no dudarán en seguir los preceptos nuevos de la organización. “Ya han cambiado tantas veces de opinión, que una más no cambiará nada”, sostiene.

El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

La posibilidad de prohibir el velo integral dormitaba en España desde que el Tribunal Supremo determinó en 2013 que para imponerla hacía falta una ley, pues afecta al derecho a la libertad religiosa. La escasa presencia del burka o el niqab en las calles —no constan cifras oficiales y las menciones que ocasionalmente han saltado a la prensa oscilan entre apenas una docena y 500, sin precisar fuentes–. El anuncio de Junts de que no avalará la propuesta de Vox a la que se ha sumado el PP enterrará previsiblemente la cuestión hasta el final de la legislatura. Pero la cuestión ha tenido mayor recorrido en los países europeos. A continuación, un repaso a la situación en la UE.

Francia: el argumento de la laicidad

Las cuestiones relacionadas con el velo y, de manera general, con cualquier prenda asociada al islam, forman parte del debate público en el país galo desde hace más de 30 años. En octubre de 1989, la expulsión de tres alumnas de secundaria en la localidad de Creil por negarse a quitarse el velo en clase suscitó la primera gran secuencia de debates intelectuales, mediáticos y políticos.

Pero la cuestión alcanzó una dimensión diferente a partir de 2002, año en el que la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen alcanzó por primera vez la segunda vuelta de las elecciones. En 2004 se aprobó una primera ley que prohibió en los colegios “el uso de símbolos o prendas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”.

En 2010, ya con Nicolas Sarkozy en el poder, la Asamblea Nacional aprobó otra ley –la primera en Europa– que proscribió el velo integral, avalada después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun reconociendo que podía tener efectos negativos para algunas mujeres.

Aunque Francia es el país europeo que más ha legislado sobre la cuestión, los políticos no dejan de encontrar formas de reintroducir el debate sobre la necesidad de nuevas normas. Casi siempre justificadas por sus impulsores en la defensa de la laicidad y de los derechos de las mujeres. Así, solo en los últimos años, ha habido propuestas para prohibir el velo entre las deportistas en los Juegos Olímpicos, los bañadores llamados burkini en las playas y piscinas o para impedir que el personal de acompañamiento escolar pueda llevar velo en horas de trabajo.

Hace un año, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso la prohibición del velo en el espacio público para todas las chicas menores de 15 años. “Cuando yo propuse la prohibición del velo, Gabriel Attal se ensañó conmigo a base de insultos. Hoy, retoma mi propuesta”, criticó entonces Marine Le Pen, quien aboga por la prohibición general del velo para todas las edades.

Durante su etapa como ministro de Educación, Attal —que aspira a suceder a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de centroderecha— ya había prohibido, por vía reglamentaria, la abaya (una prenda tradicional en países de Oriente Medio que cubre todo el cuerpo) en las escuelas francesas.

Hace solo unos meses, los líderes del partido conservador Los Republicanos, que en la última década no ha dejado de perder terreno frente a la extrema derecha lepenista, impulsaron en el Parlamento varias medidas para prohibir el velo y el ayuno del mes sagrado musulmán de Ramadán entre los menores de edad. Medidas que, según reconocieron sus propios impulsores, serían probablemente inviables “en el estado actual del derecho” en Francia.

En todo caso, esta ofensiva parlamentaria dirigida específicamente a la comunidad musulmana fue denunciada por responsables religiosos y diferentes asociaciones ciudadanas que expresaron en una carta abierta al presidente del Senado su “hartazgo” ante la “estigmatización” de los franceses de confesión musulmana. “Una secuencia que se ha vuelto tristemente familiar para ellos: la de una instrumentalización política sistemática de su práctica religiosa”, denunciaron.

La obsesión de una parte de la clase política francesa también ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Amnistía Internacional, que considera que “tanto la obligación como la prohibición de llevar símbolos religiosos o culturales violan los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de conciencia de las mujeres”.

En una nota publicada en 2024, cuando la entonces ministra de Deportes prohibió el velo entre las deportistas francesas, Amnistía Internacional denunciaba la “proliferación de leyes y medidas destinadas a prohibir a las mujeres determinadas prendas consideradas religiosas”; medidas que se inscriben “en un contexto de aumento del discurso de odio, que estigmatiza a las personas musulmanas y, en particular, a las mujeres y niñas que llevan velo”.

La organización señala además una de las consecuencias de estas medidas: “Desde hace varios años, las autoridades francesas no han dejado de multiplicar las leyes y normativas incriminatorias relativas a la vestimenta de las niñas y mujeres musulmanas. Estas medidas, alimentadas por estereotipos, refuerzan y exacerban la discriminación por motivos de género hacia las niñas y mujeres musulmanas”, que se ven expuestas a una triple forma de discriminación por razón de sexo, por su origen étnico y su religión.

Bélgica siguió el ejemplo francés en lo que respecta al uso del velo integral y así, en nombre de la “convivencia” y la seguridad pública, la ley belga prohíbe desde 2011 “el uso de prendas que impidan la identificación de una persona en el espacio público”, como el burka o el niqab. Y en el caso de la región flamenca, también está prohibido el uso de signos religiosos ostentosos en los centros escolares desde 2009, aunque las normas no son tan estrictas en la Bélgica francófona, donde cada centro puede decidir su propio reglamento.

En Países Bajos no hay a quien multar

Está prohibido llevar burka o niqab en escuelas, trasporte público, hospitales y edificios de la Administración neerlandesa. La ley veta las prendas que cubren el rostro y no permiten la identificación de la persona, por lo que se puede aplicar asimismo a pasamontañas o cascos de moto. El ultraderechista Geert Wilders impulsó la norma, que fue apadrinada por la coalición de socialdemócratas y liberales-conservadores liderada por Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. Una amplísima mayoría parlamentaria (132 votos a favor y 18 en contra) apoyó la ley en 2018.

Desde su entrada en vigor, sin embargo, no hay constancia de que ninguna mujer con velo integral haya recibido una multa, pues esta prenda es muy minoritaria. En un país con más de un millón de personas que dicen profesar el islam, se estima que tan solo entre 100 y 400 mujeres llevan niqab o burka.

En un estudio de 2024 encargado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de la ley, los autores advierten que la escasez de infracciones dificulta evaluar la aplicación de la norma. En el informe, sin embargo, abundan los testimonios de mujeres que aseguran sufrir discriminación y agresiones verbales y físicas desde su aprobación.

La queja más repetida es que la ley y el debate que la precedió han dado legitimación para confrontarlas, también en espacios donde la prohibición no se aplica, como en la calle o los comercios. Una mujer de 32 años que lleva niqab dice: “Mucha gente no sabe cómo funciona la ley, así que te abordan sin más, también en el supermercado. Temo el momento que alguien me tire al suelo y haga un arresto ciudadano”. Las mujeres afirman haber sido rechazadas en centros de salud y transporte público.

Como consecuencia de la prohibición y el aumento de la hostilidad, el informe apunta también a una mayor adaptación: algunas mujeres dicen haber cambiado su atuendo en algunos espacios o, incluso, haber renunciado al velo integral. El año pasado, el Parlamento holandés aprobó una proposición para ampliar la prohibición a todo el espacio público, algo que el nuevo Gobierno deberá tomar en consideración.

En palabras de Dilan Yeşilgöz, líder de los conservadores-liberales de VVD: “No es propio de nuestro país que las mujeres se tengan que esconder detrás de un burka. Cada mujer debe ser libre para sentir el sol sobre su piel”.

Dinamarca y el “control social”

El país nórdico prohibió por ley el uso del burka y el niqab en los espacios públicos en el 2018 y, desde entonces, el tema había quedado apartado del debate político hasta finales del año pasado, cuando el Gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y moderados anunció su intención de extender la prohibición a los centros educativos, como escuelas o universidades.

La propuesta se presentará en el Parlamento durante el mes de febrero, pero como ya pasó en el año 2018, ha levantado las críticas de los partidos del bloque de izquierdas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Dinamarca han afirmado que “la medida vulnera el derecho de las mujeres a vestirse como quieran y a llevar ropa que exprese su identidad y sus creencias”.

La primera ministra, Mette Frederiksen, también anunció que el Ejecutivo tiene la intención de eliminar las salas de oración de los centros educativos como universidades, ya que considera que ambas cosas “son herramientas de control social y de opresión que deberían quedar alejadas de los estudiantes”.

El texto actualmente en vigor no prohíbe específicamente cubrirse el rostro por razones religiosas o culturales, puesto que también se menciona la prohibición de taparse la cara con cascos de moto, barbas postizas, máscaras y otras formas de ocultar el rostro, pero, en la práctica, la medida impide el uso de estas prendas islámicas.

Su uso puede ser penalizado con multas de entre 134 euros y 1.343 euros, en casos de reincidencia, y la policía puede obligar a las personas que vistan las prendas a abandonar el espacio público. Los partidos políticos que apoyaron la medida han defendido que la ley ayudaría a garantizar una mejor integración de las personas solicitantes de asilo y de las mujeres migrantes en la sociedad danesa.

Por el contrario, los detractores de la medida denuncian que es desproporcionada respecto al número de mujeres que llevan esta prenda en el país e induce a una mayor marginación de esas mujeres. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca hay entre 150 y 200 mujeres musulmanas que utilizan diariamente prendas que cubren su cara por completo, mientras que el total de la población musulmana representa un 5% de los 5,9 millones de habitantes.

“Las mujeres musulmanas son una minoría dentro de la población y luego está una minoría de mujeres que utilizan la prenda; hablamos de una ley que va dirigida a una minoría dentro de una minoría”, razona la socióloga Margit Warburg para elDiario.es. La investigadora señala que en el año 2025 la policía investigó a 20 mujeres que llevaban burka o niqab y multó a 10 de ellas. Con estas cifras tan bajas, Warburg afirma que es difícil medir la efectividad de la prohibición, ya que “no está claro si las mujeres han dejado de usar el velo o, simplemente, dejaron de salir tanto en público”.

Exotismo portugués y miedo al “separatismo islámico” en Italia

Una norma similar a la planteada por Vox está ahora pendiente de tramitación parlamentaria en la Asamblea portuguesa a instancias de los ultras de Chega. Con un 0,5% de musulmanes entre la población, su efectividad está por ver. El imán de la Mezquita Central de Lisboa, David Munir, declaró a la Agencia EFE en octubre que “exagerando mucho” habrá en torno a 100 mujeres que lleven velo integral.

En un reportaje sobre los recelos de la población musulmana respecto a la norma, una mujer de origen mozambiqueño señalaba que el velo es tan poco habitual que a ella, que sí lo lleva, la toman por turista “muchas veces”.

A diferencia de otros países, Italia no se escuda en cuestiones de seguridad, laicidad o garantía de la neutralidad administrativa. Los ultras de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, han llevado al Parlamento una batería de medidas contra el “fundamentalismo y el separatismo islámico” que, además de la prohibición del velo integral en espacios públicos, busca controlar las fuentes de financiación de las mezquitas o castigar más duramente los matrimonios forzados.

Austria y los trucos para sortear el veto

Una coalición de socialdemócratas y conservadores prohibió el velo integral en el espacio público en 2017, una medida que se interpretó como una respuesta al auge creciente de la extrema derecha. La norma –que vetó las prendas que cubriesen toda la cabeza, sin referirse expresamente a su carácter religioso– dio pie a situaciones absurdas, como la multa que recibió un hombre anuncio disfrazado de tiburón.

La efectividad de la ley también quedaba en cuestión al año de aprobarse. Un reportaje de la emisora alemana Deutsche Welle señalaba entonces que la prohibición era fácil de sortear valiéndose, por ejemplo, de “una mascarilla sanitaria y un justificante médico”. Mientras tanto cundía la sensación, entre algunas musulmanas, de que llevar cualquier velo se había “vuelto más difícil”.

El veto de 2017 no puso fin al debate. Está previsto que el próximo curso escolar entre en vigor la prohibición de que las menores de 14 años lo lleven en los colegios, tras aprobarlo a finales de año la Cámara Baja parlamentaria por amplia mayoría.

Los otros dos países de la UE que restringen el velo integral son Alemania y Bulgaria. El país teutón no prohíbe absolutamente el velo integral, pero si lo restringe para los miembros de la judicatura, funcionarios y militares. Algunos de sus estados también lo vetan en los colegios.

En Bulgaria está prohibido desde 2016.

Mientras en muchos lugares del mundo la religión sigue siendo un motivo de fricción, hay países donde ocurre justo lo contrario: la fe es un espacio compartido. No porque se diluya, sino porque se superpone, dialoga y convive. Tres de esos ejemplos más claros están en Asia y, curiosamente, lejos del ruido geopolítico, han construido modelos cotidianos de tolerancia religiosa que funcionan.

No hablamos de teorías ni de discursos institucionales, sino de calles donde un templo, una mezquita y una iglesia comparten acera; de rituales que se respetan aunque no se practiquen; y de sociedades donde la identidad religiosa no es excluyente. No es casualidad que estos ejemplos cobren especial sentido durante la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, impulsada por la ONU para recordar que creer distinto no debería separar.

Singapur: la convivencia como política de Estado

Singapur es probablemente el laboratorio más avanzado de convivencia religiosa del mundo. En apenas 730 km² conviven budistas, cristianos, musulmanes, taoístas, hinduistas y personas sin afiliación religiosa, sin que ninguna fe monopolice el espacio público.

Aquí la diversidad no es anecdótica ni folclórica: está regulada, protegida y asumida. El Estado garantiza que todas las religiones tengan visibilidad y espacio, y al mismo tiempo marca límites claros para evitar la instrumentalización del credo con fines políticos o identitarios.

El resultado se ve en barrios como Chinatown, Little India o Kampong Glam, donde los templos no compiten, coexisten. La religión forma parte del paisaje urbano, no del conflicto. En Singapur, la armonía interconfesional no es un ideal: es una condición básica para la estabilidad social.

Taiwán: espiritualidad sin fronteras rígidas

Taiwán ofrece un modelo distinto, menos institucional y más orgánico. Aquí las religiones se mezclan, se solapan y, en muchos casos, se practican de forma simultánea. No es extraño que una misma persona rece en un templo budista, encienda incienso taoísta y participe en festividades populares de raíz confuciana.

La isla combina budismo, taoísmo, confucianismo, cristianismo, islam y religiones tradicionales sin jerarquías visibles. Los templos funcionan como centros sociales, no solo espirituales, y el respeto entre credos se da por hecho, no se debate.

Esa flexibilidad explica por qué Taiwán es uno de los países asiáticos con mayor libertad religiosa y menor conflictividad interconfesional. Creer aquí no implica definirse contra nadie.

Vietnam: sincretismo como forma de vida

Vietnam lleva siglos practicando algo que en otros lugares todavía se discute: el sincretismo religioso. Budismo, confucianismo y taoísmo forman una base común a la que se suman el cristianismo, el islam y religiones propias como el caodaísmo, que mezcla elementos de varias tradiciones espirituales.

Aquí la religión es práctica, cotidiana y profundamente cultural. No se vive como un sistema cerrado de creencias, sino como un conjunto de rituales que acompañan la vida: nacimientos, funerales, festividades, memoria familiar.

Ese enfoque ha permitido que diferentes credos compartan espacio sin fricción. En muchas ciudades, pagodas y iglesias conviven a pocos metros, y las celebraciones religiosas son asumidas como patrimonio común, no como símbolos identitarios excluyentes.

Un mensaje pertinente en la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional

Que estos tres países estén en Asia no es casualidad. En ellos, la religión no se ha entendido históricamente como frontera, sino como lenguaje. Y eso explica por qué, en pleno siglo XXI, siguen ofreciendo modelos reales —no utópicos— de convivencia espiritual.

En una semana dedicada a reivindicar el diálogo entre credos, Singapur, Taiwán y Vietnam recuerdan algo incómodo pero necesario: el problema no es la religión, sino el uso que se hace de ella. Allí donde la fe se vive sin miedo y sin imposición, la armonía no es un lema: es rutina.

En las últimas horas hemos conocido el fallo de la justicia con respecto a la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta de Logroño. La Justicia ha reconocido que esta prohibición “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

Una decisión que el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, “respeta y acata” este pronunciamiento judicial, como no puede ser de otro modo“. En este sentido, es preciso subrayar que, ante la ausencia de una normativa estatal común y un criterio único para todos los centros educativos, el Gobierno de La Rioja siempre cumple con la legalidad, tal y como ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo, una vez conocido este pronunciamiento. Así, cabe recordar que, conforme se cita en la propia sentencia, ”la respuesta que, hasta la fecha, habían venido dando los tribunales españoles a esta cuestión ha sido, en general, dar primacía a la potestad de autoorganización del Centro como una manifestación del derecho a la educación proclamado en el art. 27 de la Constitución Española“, motivo por el que hasta este pronunciamiento, sin una normativa estatal común, esta decisión ha recaído en los propios centros docentes a través de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).  En este sentido, la nota del Ejecutivo regional concluye informando de que ”en cuanto se tuvo conocimiento del contenido de esta sentencia, se trasladó a la dirección del IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño para su cumplimiento a partir de hoy, día 28 de enero“.

IU pide a Educación que actúe en otros centros

Desde Izquierda La Rioja también han valorado el fallo que califican de “victoria frente a la islamofobia institucional”. Y así, celebran la sentencia dictada por el Juzgado de Logroño y exige a la Consejería de Educación que “actúe de inmediato en los centros donde se estén aplicando normas discriminatorias”.

Este fallo judicial confirma lo que IU ha venido denunciando desde el inicio del curso: “no estamos ante un caso aislado, sino frente a una práctica de discriminación islamófoba en un centro público, amparada por una supuesta neutralidad que, en realidad, no se aplica de forma equitativa en el sistema educativo”.

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, considera que la resolución es clara y contundente. “Es una victoria frente a la islamofobia institucional. La justicia ya ha hablado. ¿Qué va a hacer ahora la Consejería de Educación, no solo con este caso, sino con el resto de centros donde se está vulnerando sistemáticamente este derecho fundamental?”. Y recuerdan que eseta no es una situación puntual. En septiembre se denunció públicamente “que varios institutos de La Rioja estaban aplicando normativas que impedían a las alumnas acudir a clase con hiyab. Una realidad que ha forzado a muchas a elegir entre su identidad y su derecho a estudiar. En lugar de intervenir, la Consejería respaldó estas decisiones, justificándolas con la autonomía de los centros y su democracia interna.”

“Es inadmisible que la Consejería siga mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales en centros públicos que están bajo su responsabilidad. Desde Izquierda Unida hemos llevado ya varias iniciativas al Parlamento para exigir una solución. Ya lo preguntamos en su momento y entonces se lavaron las manos. Hoy, con una sentencia firme encima de la mesa, no pueden seguir escondiéndose”, ha señalado Ollero.

Para Izquierda Unida, el problema no es un pañuelo, sino un modelo de gestión que permite, cuando no legitima, prácticas excluyentes, lejos de la visión laica e integradora real en el sistema educativo que defienden desde la formación. “Si de verdad queremos debatir sobre laicidad en la escuela pública, adelante. Nosotras estamos encantadas. Pero mientras se sigan impartiendo clases de religión católica en horario lectivo, pagadas con fondos públicos y dentro de espacios públicos, que nadie intente disfrazar de neutralidad lo que es racismo e islamofobia”, ha añadido el diputado.

La Justicia ha reconocido que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

“Tal y como considerábamos, era una vulneración clarísima del derecho de libertad religiosa y es una buena noticia que se haya estimado. Es evidente que llevar hijab forma parte de ese derecho y, aunque cualquier derecho puede ser limitado, no por un reglamento de centro, sino por Ley Orgánica”, ha aplaudido la abogada de la causa, Henar Moreno, que advierte de que el hecho de no permitir su entrada al aula con velo también podría suponer “vulnerar el derecho a la educación”.

La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de la Administración, aunque, en su caso, la abogada ya ha anunciado que solicitarán la ejecución provisional de la sentencia para que Eman y el resto de compañeras que usan velo en el Instituto público Sagasta pueden volver a llevarlo en el centro docente.

Eman Akram fue la cara visible contra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC), que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Muchos alumnos del centro se movilizaron rápidamente para apoyarla, se presentaron quejas y empezaron una recogida de firmas que llevó 11.000 apoyos a la Consejería de Educación. La protesta llegó después a la Justicia, que ha dado la razón a Eman y ha admitido que el instituto en el que estudia está vulnerando su derecho a la libertad religiosa.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha renovado en las últimas semanas los convenios tanto con la Iglesia católica como con la comunidad islámica para la “asistencia religiosa” de presos internos en las cárceles vascas, de gestión autonómica desde 2021. Tendrán uan duración de cuatro años. Se han suscrito sendos convenios valorados en 60.000 y 15.000 euros anuales, respectivamente, con lo que la dotación total del programa asciende a 300.000 euros para el período 2026-2029.

El Consejo de Gobierno validó el acuerdo con las diócesis vascas la pasada semana. Y este mismo martes se ha ratificado un convenio similar con la comunidad islámica. Ninguno de los dos fue incorporado a la información que se facilita a los medios de comunicación en la rueda de prensa pero sí figura en el orden del día.

Desde Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el gabinete de coalición de Imanol Pradales, indican que es un servicio que ya se prestaba con la anterior gestión estatal e igualmente en estos primeros cuatro años tras la transferencia. Indican que la Constitución garantiza la libertad religiosa y la normativa de desarrollo, de 1980, “obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa, entre otros, en los establecimientos penitenciarios”. También la propia ley orgánica penitenciaria de 1979 lo menciona expresamente.

De hecho, el reglamento penitenciario de España, de 1996, plantea que “todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas”. En las cárceles, que en Euskadi son tres, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, podrán habilitarse espacios para esa “asistencia”.

Todo empezó en Albacete, ciudad en la que nunca suele empezar nada.

El pasado martes 9, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, de repente, mientras sonaba el burrito sabanero de Bisbal a toda pastilla, apareció por la calle Ancha una muchedumbre vociferante que gritaba: “¡Arrepentíos, pecadores! ¡Ha llegado el fin del mundo! ¡La Virgen de los Llanos ha sido destronada!”.

En efecto, el mismísimo alcalde, Manuel Serrano, sostén y títere de la extrema derecha más esperpéntica, había sacado la imagen del ayuntamiento en brazos y la había depositado en la escalinata de la catedral, de donde, según sus propias palabras, “nunca debió salir”. Las muestras de histeria colectiva se multiplicaron. Unos se disciplinaban las espaldas con los cinturones, otros se golpeaban el pecho, no pocos se hincaban de rodillas y miraban al cielo esperando al dragón del apocalipsis… Todo se agravó cuando los concejales socialistas publicaron un documento por el que se comprometían a no asistir a ceremonias religiosas “por representar una conducta discriminatoria hacia el resto de confesiones y opuesta a la necesaria neutralidad que las instituciones deben mantener al respecto”. Mucha gente entró definitivamente en pánico. Entre tanto, muy astutamente, Nieves Navarro, concejala de Unidas Podemos, tapió la capilla municipal por si acaso los susodichos representantes públicos recibían una contraorden, o sufrían otro sinapismo y cambiaban de opinión.

Pero la conmoción no quedó circunscrita a Albacete. Ni más ni menos que García-Page, monaguillo honorario del Arzobispado de Toledo, declaró ese mismo día que había decidido no participar nunca más en la procesión del Corpus, “aunque el Niño Jesús llore y probablemente me castigue”.

Poco después, durante la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez afirmó en el Congreso que “la religión saldrá definitivamente del sistema educativo antes de que acabe la legislatura”, porque “el objetivo fundamental de la educación es fomentar el pensamiento crítico, no el pensamiento mágico”. “En cualquier caso”, añadió, “los padres que lo deseen pueden llevar a sus hijos e hijas a catequesis y manipular su conciencia a su antojo en el ámbito privado”. Sorprendentemente, Núñez Feijóo, líder de la oposición mientras Díaz Ayuso lo consienta, corroboró: “Por una vez estamos de acuerdo con usted, señor Sánchez, al césar lo que es del césar, y a Anotop At lo que es de Anotop At. Es más, el Estado debe dejar de ser el recaudador a domicilio de la Iglesia Católica. Las iglesias, incluyendo la del Espagueti Volador, se deben sostener por sus propios medios”.

Desde luego, nunca se había visto nada igual. Todos los cargos públicos que hasta entonces se habían distinguido por su papanatez o su manifiesta ambigüedad, ahora defendían la separación iglesia-estado como paladines. Pronto se empezó a especular en las calles, en las cafeterías, en las tertulias radiofónicas… ¿Qué había sucedido? ¿Qué demonios había provocado un giro tan copernicano? Algunos analistas apuntaban a una actualización espontánea en un sentido democrático del pensamiento político español, o sea, a una especie de mutación cognitiva. Pero eso no parece muy probable a la vista de las actuales tendencias mundiales.

Otros, basándose en el testimonio de varios testigos que afirman haber visto a miembros de círculos laicistas albaceteños rociar con esprays los alrededores de la casa consistorial, comenzaron a hablar de ataques bacteriológicos con algún tipo de virus de origen volteriano. “Se trataba de un aroma delicioso e irresistible que te volvía así como incrédulo”, explicaron algunos de ellos. En cualquier caso, los y las responsables de Europa Laica se muestran encantados: “No sabemos cómo se ha producido el 'milagro' pero, de cualquier modo, celebramos que por fin se extirpe el nacionalcatolicismo de nuestras instituciones. La Transición solo se cerrará cuando se exhumen los más de 100.000 cadáveres que siguen en fosas comunes, la ciudadanía pueda elegir entre monarquía o república y ninguna confesión parasite al Estado”.

Por desgracia, no queremos ser aguafiestas, pero parece ser que los efectos del virus volteriano son pasajeros. Fuentes bien informadas nos aseguran que, desde que las encuestas lo señalan como el líder más valorado entre los votantes de derecha, el presidente regional no ha dejado de levitar por los pasillos de Fuensalida como hacen los místicos y las místicas, o los flipados y las flipadas. Así es que…

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

El viraje ultraconservador en una escuela concertada de Terrassa, en la provincia de Barcelona, mantiene en vilo desde hace más de un año a decenas de familias. Son al menos unos 290 padres y madres de la concertada Mare de Déu del Carme las que han denunciado que la nueva dirección pedagógica y administrativa ha llevado a cabo “un golpe de estado ideológico”, que ha provocado que en las clases afloren discursos católicos extremistas e incluso el revisionismo histórico franquista. 

La queja la hicieron pública antes de final del pasado curso mediante un manifiesto de la plataforma Recuperem el Karmel, según adelantó El País, pero también ante la Inspección educativa, que mantiene abierto un expediente al centro. El Departament de Educación ha constituido además una comisión de conciliación con el colegio para abordar el conflicto.

Desde que están los nuevos responsables en la escuela, se trata de la segunda vez que les abren un procedimiento de este tipo –según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es–, un mecanismo poco habitual y pensado para cuando hay indicios de incumplimiento de la normativa de conciertos. 

Entre los distintos motivos de queja por parte de las familias destacan los comentarios que aseguran haber presenciado los alumnos, sobre todo por parte de profesores contratados por la nueva dirección. “En vuestro libro de texto no mencionarán que Franco hizo cosas buenas por España”, “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, “hay un infierno lleno de demonios, que tiene las puertas grandes y se abren cuando un niño se porta mal” –a alumnos de Infantil–, “Freddy Mercury se merecía morir de sida por ser gay”... Estas son algunas de las frases referidas por las familias.

Un directivo de los 'kikos' y más contenido religioso

El conflicto se desató después de que los dueños del colegio, los Carmelitas, pusieran el centro en manos de un representante de la titularidad, Nuno Pitta, que pertenece al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocido como los kikos. Además, ficharon como coordinador pedagógico a Lluís Seguí, con vínculos con Comunión y Liberación, y que cuenta con un pasado con quejas parecidas en otros centros, como el Liceu Politècnic de Rubí, donde docentes denunciaron en 2016 adoctrinamiento religioso. 

Estas familias, que describen la escuela Mare de Déu del Carme como tradicionalmente catalanista y con una visión abierta de la religiosidad, se pusieron también en alerta al conocer el ideario que Seguí propugna en entrevistas. “La dirección tiene que ser capaz de desarrollar hasta el último resorte el ideal cristiano de educación, que significa desde la importancia de las matemáticas en Primaria hasta cómo se plantea una excursión, o por qué una actividad extraescolar sí o no”, declaraba Seguí en enero en el canal de Youtube religioso A tiempo y a destiempo. 

Seguí critica que las escuelas cristianas en España han dejado la religión en segundo plano. “Han puesto a buenos gestores que les han garantizado la jubilación, que el colegio no cierre, pero en ese colegio no está Dios ni se le espera”, lamenta en esa entrevista. 

Esa penetración del discurso religioso conservador es el que aseguran estas familias que se ha producido en su colegio. “Esto se extrapola de forma sutil a las asignaturas, y donde antes una comprensión lectora en Lengua iba de cualquier tema, ahora el párrafo a analizar es de la Biblia”, señala una madre, que asegura que los cambios más evidentes se han dado en Secundaria. “Como los adolescentes están formando su personalidad, es cuando creen que pueden moldearlos mejor”, se queja. 

Denuncian incumplimiento de la carta de compromiso

Asimismo, aseguran que también el curso anterior aumentaron repentinamente las horas de misa en horario lectivo, con “genuflexiones” incluidas, algo impensable años anteriores. Y por ese motivo van más allá en su queja y aseguran que la escuela ha incumplido la carta de compromiso que firman los padres y madres cuando matriculan a sus hijos en el centro. En ese documento, las familias aceptan que la enseñanza de la religión católica se hace “desde un planteamiento fundamentado y crítico de la cuestión religiosa”, y sin imponer “asistencia a ningún acto religioso”. También dice la carta que se imparten las clases en catalán, algo que según estos padres y madres también se ha vulnerado con algunos de los docentes fichados. 

Sin embargo, desde la escuela niegan la mayor, y aseguran que estos padres y madres mienten y que están difamando el centro. Sin ir más lejos, han demandado a tres de las personas que han participado en esta campaña al considerar que han vulnerado el derecho al honor del centro mediante injurias. Ahora les piden 37.000 euros en concepto de indemnización. “Una escuela que demanda a las familias está rompiendo con el diálogo y pierde su sentido más profundo”, lamenta uno de los progenitores denunciados. 

Una portavoz del colegio asegura que los comentarios revisionistas históricos u homófobos atribuidos a sus docentes están, o bien sacados de contexto, o son directamente falsos. “Tenemos un departamento de compliance que investiga todo aquello que se sale de la gestión de la escuela y hemos constatado que esto no es cierto”, insiste sobre las frases recogidas por los alumnos. 

Esta representante del Mare de Déu del Carme niega que haya cambio ideológico alguno en el centro, aunque uno de sus responsables pertenezca a los kikos. “Hay más de 90 profesores, con distintos idearios, y esto no significa que el de la escuela vaya a cambiar”, insiste. “Somos cristianos, religiosos y carmelitas. Esto no ha cambiado en 80 años”. 

La escuela esgrime además un comunicado del personal docente y administrativo que niega imposiciones ideológicas y critica a las familias denunciantes. Pero estas últimas recelan de que ese documento cuente con el apoyo todo el profesorado, entre el que hay –dicen– miedo a represalias. Y ponen como ejemplo el despido en abril del que había sido durante años director de la escuela, que ha denunciado por despido improcedente. Ese cese, según la portavoz de la escuela, se debía, igual que la llegada de los nuevos responsables, a la necesidad de enderezar el rumbo de un centro que aseguran que estaba en declive académico. 

De Terrassa al Parlament

Con todo, el conflicto ha escalado a la Administración e incluso al Parlament de Catalunya. A raíz de conocerse este caso, la Cámara catalana aprobó una moción para introducir protocolos de detección e intervención “en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas”, así como la retirada inmediata del concierto en estos casos y si se difunden discursos “contrarios a los valores democráticos y constitucionales”. Propuesto por Comuns, el texto se aprobó con votos de PSC, Junts, ERC y la CUP. 

El Departamento de Educación, por su parte, tiene sobre la mesa al menos dos carpetas sobre este caso. Por un lado, el expediente abierto por Inspección, que sigue en marcha y por el que este inicio de curso se requirió más documentación al centro. Del otro, se ha constituido en octubre una comisión de conciliación formada por Educación, el titular del centro, y un representante del Consejo Escolar (en el que no están las familias críticas) para tratar de encauzar la situación. 

Fuentes conocedoras confirman que en 2024 la Administración abrió otra comisión de conciliación a la escuela, aunque por cuestiones relacionadas con unas escolarizaciones de alumnos. Estos procedimientos, nada habituales, se abren cuando hay indicios de hechos susceptibles de retirar un concierto y se quiere corregir la situación.

Las protestas del alumnado contra la prohibición del velo en el IES Práxedes Mateo Sagasta han continuado este jueves y se han trasladado hoy a la puerta principal, donde han estado apoyados por muchas personas adultas, muchas de ellas mujeres vistiendo el velo. Tres agentes de Policía Nacional han intervenido y en un primer momento han blindado las puertas de entrada, a pesar de que en la primera concentración no se produjo ningún altercado. También hoy, Eman, la alumna que fue expulsada el lunes por negarse a retirarse la prenda, ha decidido ponerse en primera fila y alzar la voz.

La joven ha optado por continuar con su movilización así, con protestas pacíficas: “Somos estudiantes menores de edad, esto es lo único que podemos hacer. Necesitamos hacer todo de forma pacífica y legal porque si me retiro el velo, me tengo que enfrentar al centro y mi educación está en peligro, me podrían echar del Bachillerato Internacional”. Así, esta joven ha tenido que quitarse el velo para asistir a clase, pero quiere seguir reivindicando poder llevarlo.

Mientras, sus compañeros han iniciado una recogida de firmas (también de forma online) para denunciar que la prohibición implantada por el instituto es, según consideran, “desproporcionada y nada tienen que ver con la intención de la norma al hablar de la vestimenta adecuada”. El documento que presentarán a la dirección del centro para que reconsidere su decisión considera que esta “medida atenta contra los derechos fundamentales a la educación y a la libertad religiosa” y pide que se permita la entrada al centro “con elementos que cubran la cabeza por motivos médicos, religiosos o culturales”. “Esta legislación crea un problema de convivencia donde nunca lo hubo y trunca la diversidad cultural del alumnado”, ha dicho Daniela Romero, como portavoz de los alumnos y alumnas.

Debate en el Parlamento de La Rioja

La situación en el IES Sagasta también se ha abordado también en el pleno del Parlamento, donde la diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, ha lamentado que el Gobierno de La Rioja, y en concreto Educación, “aplasta algo tan importante como la libertad religiosa a golpe de interpretación” tras la prohibición de un centro educativo riojano de denegar el acceso a las aulas a una alumna con velo islámico y pide “que no se escude en la falsa autonomía de los centros para mirar hacia otro lado”.

Por su parte, el propio consejero de Educación, Alberto Galiana, ha defendido la postura del Ejecutivo en este asunto porque, como ha dicho, “esto no va de si estamos a favor del velo islámico o no, sino de saber si un centro actúa dentro de la Ley o no. Nosotros estamos a favor del cumplimiento de la Ley y la autonomía del centro”. Tras mostrar su “profundo respeto” a todas las religiones, Galiana ha querido dejar claro que este es “un debate que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y respeto. Esa será la posición de la Consejería”.

En su defensa de la Interpelación registrada por su grupo en el Parlamento de La Rioja sobre Educación, Henar Moreno (IU) ha pedido al consejero que “proteja a las alumnas frente a decisiones arbitrarias” y ha reclamado “libertad” para que cada persona pueda “defender sus propias creencias” frente “a la imposición y el castigo”. Además, ha pedido a Educación que “avance en su objetivo” que no debería ser otro que “la formación en el espíritu crítico y hacer ciudadanos que tengan la potestad de definir su propio destino y elegir sus propios ritos e imágenes”.

Para Henar Moreno, lo que está pasando en el instituto Sagasta de Logroño es una “prohibición” que deriva de una “interpretación de una norma. Hemos aplastado algo tan importante como es la libertad religiosa a golpe de interpretación” y se pregunta: “¿Desde cuándo se votan las interpretaciones?”. Al respecto de la autonomía de los centros, la diputada de IU ha querido destacar que “con esta posición, la Consejería deja abandonados y tirados a los alumnos del centro público” a la vez que le ha querido lanzar una pregunta al consejero: “¿Qué diría si el Consejo Escolar del instituto decidiera que no se imparta Religión en sus aulas?. Seguramente que ahí usted no sería tan flexible con la autonomía de los centros”. Lo que ocurre en el Sagasta -ha creído- “es exclusión, islamofobia y racismo”.

Ante esta situación, ha pedido a Educación “que no mire hacia otro lado” y si se ampara en que es “decisión del propio centro”, Moreno le ha indicado que, como se vio ayer en una concentración en las puertas del centro educativo, “el alumnado no está a favor de prohibir el velo en el centro educativo, ni muchos padres o madres y ni tan siquiera todo el profesorado”.

En su turno de réplica en el pleno, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha destacado que éste es un asunto “que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y, sobre todo, con respeto” porque “es un tema controvertido pero que no es nuevo en los centros educativos de La Rioja”. Ante esta situación le ha recriminado a Henar Moreno que “parece que antes -en otras legislaturas en las que su grupo ha actuado como socio de Gobierno- no les importaba la libertad religiosa de estas niñas”.

El consejero ha explicado además que ésta es “una cuestión jurídica” y, es más, “hace aproximadamente un año en la Inspección Educativa se pidió un informe jurídico para valorar esta situación”. “Y en ese sentido, ante esa realidad debemos recalcar que el asunto no versa sobre lo que quiere o no la Consejería sino lo que debe respetar o no esta Consejería. Nadie puede decir que no se ha hecho un análisis con rigor”.

Además, ha asegurado que en los centros educativos de La Rioja “se garantiza la libertad religiosa y los derechos fundamentales de todos los alumnos pero el cómo se lleva a cabo permite diferentes enfoques, tal y como ocurre en otros países de Europa”. Por tanto, “quiero recalcar que o respetamos la autonomía de los centros o no la respetamos. Respetamos la democracia interna de los centros o no... pero esto no es un asunto de la Consejería. En el Sagasta se votó por mayoría contundente que esta interpretación se estableciera”.

“Este es un debate jurídico” por tanto -insiste- “no me pueden pedir que traspase ciertos límites porque no puedo ignorar esa realidad. Yo defiendo la libertad religiosa, por supuesto, pero tampoco deja de ser llamativo que, por ejemplo, IU la defienda y cuando puede promueve la limitación de las horas lectivas de Religión”: “Este Gobierno poco tiene de islamófobo pero creo en la Ley y es lo que tengo que defender. No busco la confrontación, busco la Ley”, ha sentenciado.

Desde el comienzo del este curso, el instituto público Práxedes Mateo Sagasta de Logroño ha prohibido el uso de velo islámico en este centro, justificando el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Desde entonces, las alumnas se retiran el velo para entrar en clase, excepto una de ellas que se niega a hacerlo y ya ha sido expulsada por este motivo.

Eman ha llegado este curso al Sagasta para cursar 1º de Bachillerato. Cuenta que se enteró de la medida con la inscripción hecha, cuando no había posibilidad de marcha atrás y siendo además este centro educativo el único de La Rioja que ofrece el Bachillerato Internacional que ella había elegido y al que se accede con muy buen expediente académico y nivel de inglés. “El primer día tenía la esperanza de que no lo hicieran, pero nada más llegar me dijeron duramente que me quitara el velo”, recuerda. Aquello le dejó “asustada, presionada y en estado de shock”, por lo que accedió a retirarse el pañuelo durante la primera semana.

Sin embargo, tras valorarlo durante el fin de semana decidió “plantar cara” y entrar al instituto con el hijab, lo que terminó provocando este lunes la expulsión de un día de Eman. “Les respondí que era mi derecho fundamental de libertad religiosa y me negué a irme a casa, pero no sirvió”. Además, la dirección le avisó que con dos o tres expulsiones se abriría un expediente por el que podría perder el Bachillerato Internacional. Al igual que otras compañeras, ha presentado quejas en el centro y en la Consejería de Educación y ha reclamado su informe de expulsión que aún no le han entregado, pero ahora mismo no sabe qué más hacer: “No puedo enfrentarme a ellos (a la dirección del centro) porque mi futuro está en riesgo”. “Estoy preocupada, no se dónde ir ni lo que me va a pasar, me han paralizado y cada día siento que me están faltando el respeto”.

Este miércoles sus compañeros y compañeras han iniciado las movilizaciones contra la prohibición del velo con una recogida de firmas y una concentración, que ella ha preferido apoyar desde el otro lado ante la presión mediática de los últimos días. A las puerta del centro educativo, se han concentrado con un largo aplauso de apoyo a las jóvenes afectadas y proclamas como “No a la imposición, sí a la educación”, “Incluir sí, excluir no”, “Todos iguales, todos diferentes”.

El portavoz del alumnado y miembro también del Consejo Escolar, Aníbal San Martín, ha denunciado que esta situación “es muy complicada para las alumnas” y que “afecta negativamente a la diversidad cultural del centro”. Además, han considerado que “no se ha visibilizado por parte de los profesores” y solo unos pocos han tratado el tema en las clases. Las movilizaciones continuarán esta semana y se valorará cómo seguir actuando tras el periodo festivo por San Mateo.

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, fueron las primeras en alzar la voz para denunciar esta situación el primer día de curso, cuando las jóvenes se enteraron de esta normativa, después de años en los que podían llevar el hiyab sin problemas.

Además de denunciar que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”, las asociaciones criticaron que no se avisara a las familias a final del curso, impidiendo que las alumnas se matricularan en otros centros.

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja respondió que la prohibición “se ajusta a derecho” y en todas las declaraciones públicas sobre estas cuestiones ,se han limitado a apelar a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. En este centro en concreto, por lo tanto, “es el instituto en el que, de acuerdo con su Consejo Escolar, de acuerdo con toda su comunidad educativa, la que ha establecido una norma de vestimenta en cada uno de los mismos”, subrayó el portavoz del ejecutivo, Alfonso Domínguez. “A partir de ahí, por tanto, el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Educación lo único que puede hacer es respetar la decisión que autónomamente ha tomado este centro”. Este medio ha intentado también hablar con la dirección del centro educativo tras la concentración del alumnado, pero no ha obtenido respuesta.

Desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. El organismo ha concluido que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

La Clínica Jurídica entiende que “el uso del velo islámico constituye una manifestación de la libertad religiosa, con profundo significado espiritual, cultural y personal para muchas mujeres musulmanas” y que “la aconfesionalidad del Estado español implica neutralidad, no hostilidad hacia las religiones”, por lo que concluye que “prohibir símbolos religiosos personales en centros públicos contradice este principio”. El texto también alude a autores que puntualizan que “el problema principal se plantea con los velos impuestos a las niñas”, aunque añaden que “no se resuelve con una imposición que fuerza”. Sobre las consecuencias sociales y psicológicas, el informe recoge que “la prohibición puede provocar estigmatización, exclusión, ansiedad y abandono escolar, afectando negativamente la autoestima y el bienestar de las estudiantes”. “Las normas de convivencia deben promover la inclusión y el respeto a la diversidad. La prohibición del velo contradice estos principios y fomenta la discriminación”, concluye.

La prohibición del velo islámica este curso en el instituto público con más historia de La Rioja se ha encontrado con valoraciones encontradas. El equipo directivo parece mantenerse firme en su decisión y cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja y mientras, parte del alumnado ha comenzado a protestar contra la medida ante la mirada Eman, alejada de la concentración apoyada en algunas compañeras. Mientras terminaba la protesta, desde el centro han cerrado la puerta de acceso.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), ha firmado la orden para iniciar la redacción de un decreto que regule la “composición” y el “funcionamiento” del Consejo Interreligioso Vasco. Este órgano consultivo fue creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco y ahora, dos años después, se busca dotarle de contenido como “punto de encuentro de instituciones, confesiones religiosas, entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil”.

La tramitación de este reglamento se inició el pasado 22 de julio. La consejera Melgosa recuerda que en esta legislatura es su cartera la que asume las competencias relacionadas con la religión. La ley, eso sí, salió adelante en el pasado mandato, en junio de 2023. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición, EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha. Hace dos legislaturas, con el Gobierno sin mayoría absoluta, ya decayó una iniciativa similar y en la que también se mencionaba este Consejo Interreligioso Vasco.

A falta de los detalles del decreto, la ley ya acota que este organismo es un “órgano de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas” que tiene como “misión” la de “preservar y promover una convivencia interreligiosa e intercultural basada en el respeto al pluralismo religioso y a los derechos y deberes de todas sus expresiones”. “El Consejo Interreligioso Vasco tendrá carácter consultivo, para el asesoramiento e informe en aquellas iniciativas o decisiones de las instituciones vascas y de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas de la comunidad autónoma del País Vasco que puedan afectar de forma específica al ejercicio de la libertad religiosa y de culto. Estará integrado por representantes del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, de los ayuntamientos, de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y por personas de reconocida competencia y asociaciones ciudadanas con interés cualificado en la aplicación de la presente ley”, se apuntó en 2023.

Agrega ahora Melgosa que la “libertad religiosa” es un derecho fundamental y que las instituciones han de operar desde el prisma de la “laicidad positiva”, lo que obliga a la “cooperación” con las diferentes confesiones más allá de la mayoritaria, la católica. La consejera recuerda que en el Estado hay ya un órgano similar, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. La ley de 2023 indica que serán funciones de este organismo “asesorar a las instituciones vascas” para “evitar cualquier forma de discriminación” y para la “promoción de una convivencia interreligiosa e intercultural, integrada e integradora, y opuesta a cualquier forma de terrorismo, violencia, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de imposición, coacción o discriminación religiosa”, incluida la apertura de nuevos centros de culto, “elaborar informes y dictámenes a solicitud de las propias instituciones o de las comunidades religiosas” y “realizar el seguimiento de planeamiento urbanístico municipal, a efectos de elaborar diagnósticos y mapas de la presencia de iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus necesidades en los municipios de Euskadi”.

La ley y el documento previo firmado por Melgosa inciden en la necesidad de preservar la igualdad de mujeres y hombres también en este ámbito. De hecho, se alude expresamente a “promover una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada” en la composición del Consejo Interreligioso Vasco. Eso sí, no se adelanta cómo encajará ese mandato con la realidad de que las principales estructuras religiosas, empezando por la Iglesia católica, no tienen mujeres en sus puestos de mando. Se apunta también a la “dificultad” de disponer de “datos desagregados” por sexos en esta materia.

La regulación del nuevo Consejo Interreligioso Vasco está aún en una fase muy incipiente. El Gobierno deberá incorporar una memoria económica que detalle el impacto presupuestario de este organismo. También se solicitarán otros informes internos. No se aclara tampoco cómo encajará este órgano con la comisión ADOS, ideada expresamente en 2018 para disponer de un órgano consultivo con la comunidad musulmana y que cuelga de la parte del PSE-EE del bipartito, en concreto de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de María Jesús San José.

Según se informó hace siete años, ese foro cuya constitución estuvo presidida por el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, sienta a “16 agentes que colaboran para trabajar en favor de la convivencia y hacer frente al racismo, la xenofobia, la islamofobia o al terrorismo internacional de pretexto religioso”. Hasta el inicio de esta legislatura, este organismo emitía comunicados -en castellano y en euskera, pero también en árabe- que están disponibles en la web del Gobierno vasco. Desde el cambio de Gobierno, según una fuente integrante de ADOS, solamente se ha celebrado una reunión.

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo aprobado por el PP de la localidad la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. Según ha adelantado la agencia EFE y han explicado fuentes del Ejecutivo también a elDiario.es, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. “Ya impedimos la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León, o la censura en las aulas en Murcia.

“Y ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, han explicado las fuentes del Ejecutivo mencionadas.

En rueda de prensa, Mariola Guevara ha explicado que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso”, ha dicho Guevara, será “lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.

Hay muchas imágenes y sonidos en lo que llevamos de verano que conducen a una mezcla de melancolía e indignación, sazonada con un poco de asquito. Desde Jumilla nos ha llegado la xenofobia tuneada del Partido Popular, puesto en fila de a uno y en posición de saludo por un concejal de Vox y su moción sustentada en una idea de España tan pequeña que solo cabe él.

Hace una semana, en el pabellón municipal de deportes de Jumilla, se podía hacer de todo siempre que fuera legal; ahora solo se podrá hacer lo que diga el concejal de Vox y firme la alcaldesa del PP; por supuesto, siempre en nombre de la libertad y la auténtica españolidad constitucional.

Desde un campo de golf en Escocia nos llegó a turbadora imagen de la presidenta de la Comisión Europea yendo con flores a adorar a Donald Trump. Hemos visto al emperador naranja y a su cómplice Benjamín Netanyahu compartir ex aequo la candidatura al Premio Nobel de la Paz más siniestra de la historia. Hemos visto cómo, durante la ola de calor, se aprovechaba para poner en orden los currículums antes que los roperos.

Pero, al menos para quien esto escribe, nada tan disruptivo como la imagen repetida de concejales de las derechas -por ejemplo, en Huesca- pidiéndole al pregonero de las fiestas que guardase silencio porque algunos entre la audiencia empezaba a gritar aquello de “Pedro Sánchez, hijo de puta”. No queda más remedio que preguntarse qué hay que tener en la cabeza para ir a las fiestas de tu pueblo a llamarle hijo de puta a quien sea; o qué concepto de la democracia o la autoridad manejan un consejero o una consejera mandando callar para que los insultos se escuchen con mayor claridad y después irse a comer con la familia. No existe milhoja en el mundo capaz de redimir tanta miseria.

La lista de cosas inquietantes de este verano del 2025 se hace larga, pero no más larga que otros años. No pierdan la perspectiva. No se dejen arrastrar por los profetas del amanecer zombi. Aún no vamos a morir todos. La España cabreada no descansa y les pone hacer ruido. Lo de siempre. Los demás hoy tenemos sesión vermut, luego reunión familiar, por la tarde a la playa y por la noche verbena que, en septiembre, tenemos trabajo. Bo verán.

El Gobierno ha anunciado este jueves que vigilará y “seguirá de cerca” los discursos de odio que se generen tras la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos de la localidad murciana de Jumilla. El único concejal de Vox en el cabildo, Juan Agustín Navarro, sacó adelante esta propuesta de prohibir la celebración del Ramadán y la Fiesta del Cordero en espacios públicos tras una enmienda del Partido Popular, que gobierna este municipio de 27.000 habitantes. Ahora el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, rastreará las manifestaciones de odio que “puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas”.

Lo han confirmado fuentes del departamento de Elma Saiz, que aseguran que iniciativas como la apobada este miércoles en Jumilla “atentan contra la libertad y dignidad de las personas”, así como la libertad religiosa y de culto blindada en la Constitución. “Trabajamos por una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia”, recalcan.

Por su parte, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha sumado a la condena de esta iniciativa islamófoba de Vox, calificándola como “un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”. Fuentes de esta cartera han recordado la prohibición de obras de teatro, películas y revistas que han caracterizado las políticas culturales de los ayuntamientos regidos por PP y Vox desde su proliferación en junio de 2023. “Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias”, denuncian.

Vox presentó en el pleno del último lunes de julio su moción en defensa de las tradiciones del pueblo español, con un listado de puntos entre los que se incluía la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos. “El PP lo que hizo fue presentar una enmienda blanqueando la moción”, explica la exalcaldesa y portavoz socialista en Jumilla, Juana Guardiola.

La maniobra consistió en permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas “para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento”. En otro punto “se apoya la promoción y fomento de las tradiciones religiosas españolas”, relata Guardiola. Concretamente, promueve “las actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”. La enmienda salió adelante con los votos del PP y la abstención de Vox.

El centro escénico ‘San Isidro’ acogerá, por segundo año consecutivo, el próximo 30 de mayo la VIII edición del Festival Intercultural de Tarancón. Está organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la asociación Asiem, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y cuenta con la colaboración de diferentes colectivos y asociaciones, como el Centro de Mayores, la asociación Hispano Rumana de la provincia de Cuenca, la asociación Mujeres Musulmanas, Auparte, la asociación de mujeres Arco de la Malena, la Iglesia Evangélica 'Nueva Vida', la asociación Anakerando, el grupo flamenco Sakamargo, así como diferentes colectivos latinos, y la colaboración de recursos como la ludoteca municipal enmarcada en el Plan Corresponsables. 

“Con esta actividad, consolidada en la programación comunitaria dentro de Servicios Sociales, se consigue aunar a todos los colectivos interculturales del municipio, que tendrán la oportunidad de exponer su cultura y gastronomía, y compartirla con toda la población”, ha explicado hoy en la presentación del VIII Festival Intercultural la concejala de Educación, Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Raquel Benavente. En este sentido, ha detallado que “cada año crece en actividades y cada edición también se incorporan colectivos nuevos”. 

Convivencia de 50 nacionalidades

El 30 de mayo, de 18 a 21 horas, se quiere visibilizar gracias a esta iniciativa la diversidad cultural que existe en Tarancón, donde conviven personas de más de 50 nacionalidades diferentes, así como la labor de integración que se lleva a cabo desde Servicios Sociales y cada uno de los colectivos colaboradores. Junto a la degustación de comidas típicas en las distintas culturas participantes, habrá juegos y talleres infantiles, y exhibiciones musicales, de baile, cante o artesanía. 

Como preludio, durante los días 26, 27 y 28 de mayo se llevarán a cabo en la Biblioteca Municipal Luis Rius y el parque del Centro Joven diferentes actividades y talleres, como lecturas del mundo, olimpiadas o un trivial intercultural, dirigidos a escolares (de 3º y 5º de Educación Primaria y 1º de ESO) de los diferentes centros educativos de la ciudad. 

El Ayuntamiento agradece la colaboración de todos los profesionales, colectivos y particulares que hacen posible que año tras año esta actividad se desarrolle. 

Por la inclusión social

En los próximos días se divulgará la esencia de esta cita intercultural a través del vídeo promocional realizado por el taranconero Sergio Martínez. 

El Consejo Intercultural, un nuevo órgano de Participación Ciudadana, nació en noviembre del año pasado a raíz del citado festival. Asimismo, Tarancón forma parte del Programa de Municipios por la Tolerancia, una iniciativa de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). 

La silla que hay frente a la mesa de los trabajadores de los servicios sociales se le llama la silla de confidente y no es por casualidad. En la de Floren Alfaro, trabajador social de Villamalea, Albacete, hace unos meses se sentó una joven de origen árabe y en esa confidencia que presta el asiento, le expresó su deseo de entrar en una iglesia.

Al otro lado de la mesa Floren, lejos de sorprenderse, habló con el párroco del municipio, al que le pareció muy lógico que distintas religiones que conviven en un pueblo pequeño se conozcan. Comenzó así un proceso de diálogo entre diversos credos que ha llevado a cinco religiones distintas del municipio a compartir espacios de intercambio común.

La imagen en la que una joven comenta sus inquietudes con un trabajador social es habitual, pero cómo dos comunidades religiosas tan distintas como la cristiana y la islámica tomaron el testigo para hacer, de la necesidad de conocer, una herramienta de cohesión, no es tan habitual.

Cerca del 27 por ciento de la población en Villamalea es extranjera, más de mil personas de un municipio de cuatro mil habitantes. Segundas y terceras generaciones nacidas en este municipio combinan su identidad local con su origen, sobre todo ecuatorianos y marroquíes, que fueron las primeras comunidades en instalarse. Hasta un total de 32 nacionalidades distintas comparten calles y viviendas en este pueblo de tradición agrícola que derriba prejuicios y desmiente titulares “porque lejos de los mensajes de odio que se están poniendo de moda desde hace unos años, Villamalea es un lugar tranquilo, con muy buena convivencia”, apunta Alfaro. Aunque los jóvenes comparten espacios, educación y ocio, hay cierta tendencia a que cada uno termine por relacionarse con su comunidad de origen. 

Este trabajador social implicado en crear comunidad recuerda cómo esa joven de origen musulmán, nacida en el hospital de Albacete hace 22 años, le decía: “Me gustaría pasar a la iglesia, pero me da miedo que me digan algo”. Había concentrado, quizá sin pretenderlo, una gran verdad: el desconocimiento te aleja de tus vecinos. “Así que se lo comenté a Javi Cano, cura de la parroquia, y me dijo que estaría encantado de hacer un encuentro”. Después habló con el imán de Villamalea, Abderramán Louizi, y le dijo lo mismo. 

Así fue como se organizaron dos encuentros abiertos a todo el mundo para conocer, por un lado, la iglesia y, por el otro, la mezquita. “Con una idea muy cultural y explicativa, para que los interesados supieran cómo es cada templo y qué hay dentro”, Alfaro explica que eso fue en noviembre. “La sorpresa fue que participó mucha gente” y comenta que tras conocer los templos, “musulmanes y cristianos se sorprendían buscando cosas en común entre las dos religiones”.

Al finalizar la visita, el imán invitó a quienes quisieran ver cómo rezaban, y en un área para no interrumpir. Varios vecinos se quedaron. “Fue muy bonito porque al terminar les aplaudieron”, rememora el trabajador social. 

Todo el mundo salió tan contento que los participantes decidieron que tenían que buscar una actividad más religiosa, “al fin y al cabo son organizaciones religiosas” y hay muchos valores comunes.

Por ejemplo, todas las comunidades comparten su deseo de paz. Y fruto de estas conversaciones, ellos mismos decidieron invitar a otras religiones del municipio, y así fue como se unieron evangelistas, ortodoxos y greco-católicos y se fijó un día para hacer una jornada interreligiosa donde “cinco mujeres, harían cada una un rezo, una explicación o una lectura de su religión que hablara de la paz”, dice Alfaro.

Hablar de paz desde distintas religiones

Tras buscar un momento idóneo para todos, acordaron que fuese después del Ramadán y durante la Cuaresma, un periodo de preparación de la comunidad cristiana para la Semana Santa. La primera idea fue hacer el encuentro en la mezquita,. Pero, claro, en las mezquitas no está permitido cantar y, de cara a permitir que cada religión se expresase libremente, se decidió hacerlo en otro espacio. Debido a que la comunidad de evangelistas, ortodoxos y greco-católicos no tienen templo, finalmente se apostó por la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación.

Tras una presentación, cinco mujeres representando a las cinco confesiones hablaron sobre la paz. Cada una desde un enfoque distinto, e incluso con una expresión propia. Algunas oraron y otras leyeron explicaciones o textos. Todas, eso sí, compartieron el mensaje de paz, rindiendo homenaje de concordia y diálogo a sus propios textos. Mientras el islam, en el Corán indica: “Dios invita a la morada de la paz y guía a quien Él quiere por un sendero recto” (Sura 10:25); el evangelio reproduce las palabras de Jesús: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).  

Zakiya Louzi es el nombre de la chica en la que empezó este proceso de diálogo, hablando desde una silla de confidente, y reconoce que ha sido una experiencia que le ha gustado mucho “y creo que es muy útil porque incluimos más religiones y es que a todos nos une lo mismo: queremos paz”. Pero como joven comprometida con el bienestar en su municipio apunta: “Creo que es muy bueno para el pueblo y más con el auge de odio y discursos que generan enemistades entre religiones”, y por ello concluye que “esto es una gran idea que ayuda a desmentir noticias falsas y contrarresta ese odio”. 

Creo que es muy bueno para el pueblo y más con el auge de odio y discursos que generan enemistades entre religiones

Zakiya Louzi — Vecina de Villamalea

Maríya Bila Kryvetska, representante de la religión greco-católica, lleva 26 años en Villamalea, pero siempre se ha sentido integrada. Reconoce “que este encuentro ha sido un acto más”, pero en general ve su religión reconocida y respetada, aunque “vivimos en tiempos muy convulsos”, y si la religión “es el refugio de la gente y una fuente de esperanza, es muy emotivo oír a todo el mundo hablar de respeto, amor y paz”. Aunque Maríya Bila reconoce que este respeto, expresado ahora en este encuentro, en realidad estaba ya en el ambiente, ya que la parroquia ha permitido a la iglesia ucraniana celebrar sus ritos durante más de quince años allí, aunque ahora no celebran misas por “falta de cura greco-católico”. 

Javier Cano es el párroco de Villamalea y explica que todo ha ido creciendo por el éxito que tuvieron las jornadas entre mezquita e iglesia: “aprendimos mucho y nos conocimos mucho más”. Tras ese acto, “se nos ocurrió una oración por la paz”, explica Cano que con esa idea prepararon el encuentro porque todas las religiones comparten esa necesidad de paz “pero las no religiones también desean un entorno pacífico”.  Destaca que fue un acto muy sencillo y apuesta por repetir la experiencia “por lo menos una o dos veces al año”.

“Este encuentro debemos verlo como una oportunidad para crecer”, defiende Maríya Bila, porque “cuando las culturas se encuentran en diálogo, siempre hay nuevas ideas y oportunidades”. Motivo que respalda Zakiya Louzi que apuesta por que haya más encuentros, ya que el clima ha sido muy favorable y los efectos muy positivos para el municipio.

Maríya cree que un tiempo de diálogo tras este tipo de encuentros sería muy constructivo “porque mucha gente se juntaba y hablaba, y quizás podríamos hacer esto en público la próxima vez”, y no descarta que las propuestas de futuro incluyan también aspectos culturales como música, la poesía o el arte. 

Javier Cano, párroco católico, destaca la participación: “Se les propuso a todos los grupos y todos aceptaron y quisieron participar”. También coincide con Maríya en que “podría hacerse algunas conferencias, porque hay cosas de otras religiones que aún no conocemos, o hacer jornadas interculturales” y explica que es un camino por el que habría que seguir.

Floren Alfaro, el trabajador social que ha acompañado e impulsado este proceso, indica que lo que se ha hecho es trabajo social comunitario, y aspira a que lo que se ha conseguido gracias a la implicación de los vecinos, y los distintos grupos religiosos no desaparezca.

Las tradiciones nos unen y, aunque hay muchas diferencias, nos enriquecen cuando se dan a conocer

Maríya Bila — Vecina de Villamalea

 Maríya Bila, greco-católica, afirma que “las tradiciones nos unen y, aunque hay muchas diferencias, nos enriquecen cuando se dan a conocer”, mientras que el trabajador social recuerda que en estos pocos encuentros se cayeron ya algunos mitos: “algunos vecinos reconocieron que se sorprendieron de que hubiera hombres y mujeres en la mezquita”, y por su parte, otros vecinos musulmanes dijeron que en algún momento les hubiese gustado ir a la iglesia por amistad y respeto con algún vecino fallecido. Un problema que Villamalea no volverá a tener.

Pero no solo se derrumbaron mitos, también se abrieron puertas, porque tanto imam como el párroco coincidieron en ofrecer mezquita e iglesia a quienes quisieran saber más, porque conocer es el camino más corto hacia el respeto.

Ahora, Cáritas y los servicios sociales del municipio están trabajando en una propuesta para repetir y ampliar este diálogo religioso y cultural. Porque muchos pueblos de Castilla-La Mancha tienen jóvenes y sillas de confidente; solo hay que escuchar sus palabras y creer en ellos.

Por si aún no te has enterado, el papa Francisco ha muerto, reavivando la conversación respecto a la religión, la política y la relación de ambas. Es curioso cómo hemos asimilado que la religión, la fe y la espiritualidad son una misma cosa, indivisible, donde pretendemos jugar a una maniquea dicotomía: todo o nada, creer en Dios o no creer.

Y la pregunta realmente es, ¿en qué dios? ¿En el de la fe o el del capital? Porque, aunque parezca mentira, no son lo mismo.

Esta pregunta lleva tiempo acompañándome pero pude habitarla mejor tanto con la obra “Religión vs Revolución”, de Helios Garcés, como durante la 4º sesión del Foro Permanente de los y las Afrodescendientes de la ONU. Allí hubo un debate específico sobre la espiritualidad, lejos de un esencialismo sobre practicas ancestrales sino cómo desde instituciones religiosas colaboraron en la deshumanización del continente africano pero especialmente en el papel que deberían tener en los procesos de justicia, paz y reparación tanto del continente como de la diáspora africana. Y esto fue uno de los consensos entre personas de diferentes prácticas como puedan ser el islam, cristianismos o rasta.

Tenemos demasiado presente la realidad de cómo la fe se ha construido como un instrumento opresor y antiderechos, desde su forma más tradicional en instituciones religiosas como la Iglesia hasta en nuevos formatos (todas las corrientes alternativas y new age) que nos proponen, por ejemplo, abrazar nuestra energía femenina como mujeres, que es quedarnos en casa dependiendo económicamente de nuestros maridos y ser madres mediante partos dolorosos.

Aquí en Andalucía coexistimos con la semana grande, la Semana Santa, una expresión cultural, performativa y casi teatral de los ritos religiosos católicos, pero tan desembarazados de la espiritualidad que tu amiga sindicalista abiertamente atea vaya de nazarena o que uno de los costaleros sea musulmán en la procesión no es extraño para quienes transitamos estas tierras

O bueno, aquí en Andalucía coexistimos con la semana grande, la Semana Santa, una expresión cultural, performativa y casi teatral de los ritos religiosos católicos, pero tan desembarazados de la espiritualidad que tu amiga sindicalista abiertamente atea vaya de nazarena o que uno de los costaleros sea musulmán en la procesión no es extraño para quienes transitamos estas tierras.

Sin embargo, no podemos ignorar la pugna ideológica que estos espacios han tenido facilitando procesos de liberación, proderechos y por la justicia social. Aquí, además de figuras como Malcom X, tendríamos Católicas Por el Derecho a Decidir, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) fundado por el sacerdote de la liberación Diamantino García, y tantas experiencias que existen dentro de las teologías de la liberación, que entienden las prácticas espirituales como herramientas de los procesos emancipadores.

O más recientemente nos encontramos con que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya, que solicita la regularización de más de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular, es apoyada por un organismo como la Conferencia Episcopal.

Es por ello que creer que lo más liberador, progresista, evolucionado, desarrollado y civilizado es construir un mundo donde no exista ningún tipo de fe, ¿no es acaso lo que nos lleva (inconscientemente) a adorar al dios del capital, el dinero como centro de todo, el consumismo como anestesia ante el mundo que vivimos?

Ser incapaces de dialogar con el mundo espiritual, no entendiéndolo únicamente como religioso, nos ha estado llevando a que sean las instituciones religiosas, en su sentido más reaccionario y fundamentalista, las que se apropien de la fe, de la espiritualidad y de cualquiera de sus símbolos para mantener el status quo

Pues en nombre de una supuesta liberación religiosa podemos negarle, de forma sistemática y acrítica, el derecho a la educación a unas menores por llevar hiyab. Para muchas, esto supone un conflicto muy contradictorio en el que posicionarse, porque tomamos sólo la perspectiva religiosa restrictiva y nos lleva marginalizar más aún a comunidades ya de por sí señaladas.

Plantear que todo católico es del Opus Dei, que todo musulmán es wahabista, que todo judío es sionista o que toda creencia (o expresión de esta) es un signo de atraso es un pensamiento maniqueo y elitista que tan sólo les da más espacio a las corrientes más conservadoras, fundamentalistas y capitalistas.

Ser incapaces de dialogar con el mundo espiritual, no entendiéndolo únicamente como religioso, nos ha estado llevando a que sean las instituciones religiosas, en su sentido más reaccionario y fundamentalista, las que se apropien de la fe, de la espiritualidad y de cualquiera de sus símbolos para mantener el status quo, justificando toda discriminación y opresión bajo mandato divino.