El Gobierno vasco inicia la tramitación para regular las funciones y miembros del nuevo Consejo Interreligioso

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), ha firmado la orden para iniciar la redacción de un decreto que regule la “composición” y el “funcionamiento” del Consejo Interreligioso Vasco. Este órgano consultivo fue creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco y ahora, dos años después, se busca dotarle de contenido como “punto de encuentro de instituciones, confesiones religiosas, entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil”.

La tramitación de este reglamento se inició el pasado 22 de julio. La consejera Melgosa recuerda que en esta legislatura es su cartera la que asume las competencias relacionadas con la religión. La ley, eso sí, salió adelante en el pasado mandato, en junio de 2023. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición, EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha. Hace dos legislaturas, con el Gobierno sin mayoría absoluta, ya decayó una iniciativa similar y en la que también se mencionaba este Consejo Interreligioso Vasco.

A falta de los detalles del decreto, la ley ya acota que este organismo es un “órgano de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas” que tiene como “misión” la de “preservar y promover una convivencia interreligiosa e intercultural basada en el respeto al pluralismo religioso y a los derechos y deberes de todas sus expresiones”. “El Consejo Interreligioso Vasco tendrá carácter consultivo, para el asesoramiento e informe en aquellas iniciativas o decisiones de las instituciones vascas y de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas de la comunidad autónoma del País Vasco que puedan afectar de forma específica al ejercicio de la libertad religiosa y de culto. Estará integrado por representantes del Gobierno vasco, de las diputaciones forales, de los ayuntamientos, de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y por personas de reconocida competencia y asociaciones ciudadanas con interés cualificado en la aplicación de la presente ley”, se apuntó en 2023.

Agrega ahora Melgosa que la “libertad religiosa” es un derecho fundamental y que las instituciones han de operar desde el prisma de la “laicidad positiva”, lo que obliga a la “cooperación” con las diferentes confesiones más allá de la mayoritaria, la católica. La consejera recuerda que en el Estado hay ya un órgano similar, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. La ley de 2023 indica que serán funciones de este organismo “asesorar a las instituciones vascas” para “evitar cualquier forma de discriminación” y para la “promoción de una convivencia interreligiosa e intercultural, integrada e integradora, y opuesta a cualquier forma de terrorismo, violencia, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de imposición, coacción o discriminación religiosa”, incluida la apertura de nuevos centros de culto, “elaborar informes y dictámenes a solicitud de las propias instituciones o de las comunidades religiosas” y “realizar el seguimiento de planeamiento urbanístico municipal, a efectos de elaborar diagnósticos y mapas de la presencia de iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus necesidades en los municipios de Euskadi”.

La ley y el documento previo firmado por Melgosa inciden en la necesidad de preservar la igualdad de mujeres y hombres también en este ámbito. De hecho, se alude expresamente a “promover una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada” en la composición del Consejo Interreligioso Vasco. Eso sí, no se adelanta cómo encajará ese mandato con la realidad de que las principales estructuras religiosas, empezando por la Iglesia católica, no tienen mujeres en sus puestos de mando. Se apunta también a la “dificultad” de disponer de “datos desagregados” por sexos en esta materia.

La regulación del nuevo Consejo Interreligioso Vasco está aún en una fase muy incipiente. El Gobierno deberá incorporar una memoria económica que detalle el impacto presupuestario de este organismo. También se solicitarán otros informes internos. No se aclara tampoco cómo encajará este órgano con la comisión ADOS, ideada expresamente en 2018 para disponer de un órgano consultivo con la comunidad musulmana y que cuelga de la parte del PSE-EE del bipartito, en concreto de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de María Jesús San José.

Según se informó hace siete años, ese foro cuya constitución estuvo presidida por el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, sienta a “16 agentes que colaboran para trabajar en favor de la convivencia y hacer frente al racismo, la xenofobia, la islamofobia o al terrorismo internacional de pretexto religioso”. Hasta el inicio de esta legislatura, este organismo emitía comunicados -en castellano y en euskera, pero también en árabe- que están disponibles en la web del Gobierno vasco. Desde el cambio de Gobierno, según una fuente integrante de ADOS, solamente se ha celebrado una reunión.