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Las trabas a los funerales no católicos: “Si mi hermano es musulmán, ¿por qué tengo que enterrarlo como a un cristiano?”

Parcela islámica del cementerio de Barcelona

Sandra Vicente

31 de octubre de 2022 22:37 h

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Amaina va casi cada viernes al cementerio de El Masnou, municipio en el que vive desde que llegó a Catalunya en 2005. Allí descansa su hermano Mohamed, con quien vino desde Marruecos juntamente con su marido e hijos. Se lleva un pequeño taburete y se sienta a su lado durante un par de horas. “Con pena, pero también con vergüenza”, reconoce. Mohamed está en un nicho, algo que va contra las creencias musulmanas, que dictan que el difunto debe yacer en tierra y mirando a la Meca.

La idea de la familia era repatriar el cadáver a Marruecos, tal como hacen la mayoría de migrantes musulmanes. Pero Mohamed murió en 2020, en plena pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas. Así que tuvieron que celebrar el entierro en El Masnou, municipio que no cuenta con una parcela para ritos musulmanes. “Lo tuvimos que lavar con cubos y esponjas. Eso fue muy duro, pero no tanto como tener que visitarlo en un nicho, donde sé que no puede descansar”, dice Amaina.

Una vez pasada la pandemia, la familia se ha planteado exhumar el cadáver (aunque su religión dicta que, una vez enterrado el cuerpo, no se puede tocar) y llevarlo a Barcelona, donde sí cuentan con espacios para otras confesiones. “Pero cuesta mucho dinero. Más de lo que puedo recordar”, dice Amaina. La cifra de la repatriación del cadáver también era superior a lo que se podía permitir, pero para ello hubiera contado con el apoyo de su familia marroquí.

“Nadie sabe que Mohamed está en un nicho. Habría sido demasiado doloroso para nuestros padres. Así que les mentí y, por eso, no les puedo pedir dinero ahora”, se lamenta, avergonzada, Amaina. De hecho, tiene tanto miedo de que su familia pueda descubrir el engaño que ni Amaina ni Mohamed son sus nombres reales.

La situación que afronta Amaina es la misma que la de muchas personas musulmanas en todo el país. De hecho, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) solo 35 de los más de 8.000 municipios españoles contaban con cementerios islámicos en 2020. Conseguir más parcelas es una reclamación histórica de las comunidades, que buscaban un trato igualitario al del catolicismo. Aun así, “tradicionalmente, siempre se ha tendido por trasladar a los difuntos al país de origen, así que aunque reclamáramos tener cementerios propios, nunca habíamos tenido problemas de espacio”, explica Mohamed Halhoul, portavoz del Consejo Islámico de Catalunya (CIC).

Pero todo cambió durante la pandemia. Al no poderse realizar las repatriaciones, miles de familias musulmanas empezaron a reclamar funerales en sus ciudades de origen. “Muchos municipios nos enviaban a sus muertos. Hasta la pandemia no habíamos tenido problema en acogerlos, pero en ese momento nosotros también teníamos más de los que podíamos gestionar”, reconoce Khalil Ghali Comisionado de Pluralismo Religioso del Ayuntamiento de Barcelona.

“La pandemia nos cogió por sorpresa”, reconoce Halhoul, quien explica cómo desde el CIC tuvieron que gestionar centenares de casos de familiares que no sabían qué hacer ni dónde llevar a sus seres queridos. “La mayoría rechazan los nichos, pero a otros no les quedó más remedio”, se lamenta. Fue debido a la Covid que muchos municipios empezaron a planificar cementerios musulmanes. De hecho, 5 de los 16 que hay en Catalunya se inauguraron después de 2020.



Un derecho que no se acaba de cumplir

En 1992 se firmaron los Acuerdos de Cooperación del Estado con las comunidades judías y musulmanas de España, que se convirtieron en las leyes 25/1992 y 26/1992. En ellas, se reconoce el derecho de ambas confesionalidades “a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos [y judíos] en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos [y judíos] propios ”.

Estos textos, pues, deberían proteger a familias como la de Amaina para que no tuvieran familiares enterrados en nichos. Pero dejan lugar a interpretaciones. Diversas familias que se encuentran en el mismo caso han interpuesto quejas al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Catalunya. Pero se han cerrado decretando que no hay ninguna vulneración, ya que “en realidad no existe un derecho subjetivo a ser enterrado de acuerdo con el ritual musulmán”, tal como ha explicado la Sindicatura a elDiario.es.

Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGA) de la Generalitat corroboran la interpretación del Defensor del Pueblo, ya que la ley reconoce el derecho a tener un lugar donde ser enterrado según sus creencias y eso, desde el momento en que existen cementerios islámicos y judíos, ya se está cumpliendo. Según la administración, pues, la ley no obliga a todos los cementerios municipales a contar con parcelas especiales ni a garantizar estos entierros a sus conciudadanos.

Pero Mohamed Halhoul y Khalid Ghali no se muestran de acuerdo. Para el comisionado del consistorio barcelonés, “todas las administraciones deben garantizar activamente los derechos de sus ciudadanos. No sirve decir que, como se le puede trasladar a otro municipio, ya se cumple la ley”. Khalid añade que, como la religión musulmana dicta enterrar el cuerpo lo más cerca posible del lugar del deceso, “si alguien se ve obligado a ser trasladado, ya no está siendo enterrado según sus creencias”.

Además, desde el Consejo Islámico de Catalunya consideran que hay muchas familias a las cuales no se le está respetando este derecho simplemente porque las familias desconocen que lo tienen. “Si se tiene que pedir activamente, los municipios no están cumpliendo”, opina Halhoul, quien recuerda también que trasladar un cuerpo a una ciudad con parcelas islámicas tiene un coste elevado que las familias “no tendrían por qué abonar”, según añade Ghali.

¿Qué pasará dentro de 50 años?

En Catalunya hay decenas de confesionalidades religiosas, con sus respectivas particularidades en los ritos funerarios. Algunos, como los budistas, tienen preferencia por dejar arder el cuerpo durante tres días. Otros, como los ortodoxos, prefieren estar enterrados en el suelo, pero no se les impide estar en nichos. Pero ninguna de estas religiones tiene incompatibilidades con las dinámicas de cualquier cementerio municipal. Los únicos que se encuentran en esta casuística son musulmanes y judíos, pero con marcadas diferencias entre ellos.

La comunidad judía es la primera que tuvo su propia zona de entierros, que se estrenó en Barcelona en el año 1900. Desde entonces, se ha ampliado en diversas ocasiones y nunca han tenido los mismos problemas de espacio que los musulmanes. Ni siquiera en pandemia. “La mayoría de nuestra comunidad está en Barcelona y nunca hemos enterrado un cuerpo de otra ciudad, aunque sí que hemos ayudado a enviarlos al extranjero”, asegura Jorge Burdman, portavoz de la Comunidad Israelita de Barcelona.

Comparativamente, los judíos cuentan con muchas más parcelas que los musulmanes, teniendo en cuenta que los primeros solo suponen el 0,3% de la población catalana, mientras que los segundos ascienden al 4,3%. Esa diferencia también hace plantear diferente el futuro de los entierros de estas dos comunidades. Y es que, además de no poder ser enterrados en nichos, sus cadáveres tampoco se pueden tocar. Lo que supone un problema en Catalunya, ya que la ley decreta licitaciones de tumbas de un máximo de 50 años. Según la Generalitat, ningún judío ha sido movido, debido a que sobran parcelas. Pero los musulmanes sí que tendrán problemas.



“Aunque ahora la dinámica sea la repatriación, irá desapareciendo porque cada vez habrá más musulmanes nacidos aquí y que querrán ser enterrados aquí”, asegura Halhoul. Así que, dentro de unos años, volverá a haber problemas de aforo. Por eso, desde algunos municipios como Barcelona ya están estudiando cómo establecer excepciones, tal y como se hace en Granada, donde los musulmanes tienen el derecho de permanecer sine die en sus tumbas.

“Hay quien considera que garantizar estos aspectos a judíos y musulmanes es un privilegio o discriminación positiva. Pero no lo es. Estamos en un estado aconfesional y todas las creencias deberían ver garantizadas sus necesidades”, relata Khalid Ghali. En este sentido, hay muchas ciudades en las que son las asociaciones musulmanas y judías las que todavía realizan los ritos funerarios y tienen que encargarse de buscar a imames o rabinos para que oficien las ceremonias y preparen los cuerpos. Son pocos los municipios que, como Madrid, han conseguido que sean los servicios municipales los que se encarguen de los preparativos.

“Una familia católica no tiene que preocuparse de buscar un cura. ¿Por que yo tuve que ir a una asociación que me buscara un imam? Siempre te dicen que este es un país aconfesional, pero si mi hermano es musulmán ¿por qué debo enterrar a mi hermano como a un católico?”, se pregunta Amaina a quien, por mucho que le digan que Mohamed tiene el derecho a estar en una tumba bajo tierra, ella no ve cómo garantizar que, por fin, pueda descansar en paz. 

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