Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.

Antonina Pujol camina por los pasillos del IES Baltasar Porcel (Andratx, Mallorca) mientras saluda a alumnos, atiende interrupciones constantes y señala espacios que ha visto transformarse durante casi una década al frente del centro. Acostumbrada a aparecer en titulares pero no a conceder entrevistas, la directora de Andratx rompe ahora un silencio que había mantenido incluso en los momentos de mayor exposición pública y habla por primera vez. 

Pujol se ha enfrentado a campañas de Vox, ha sido señalada por la extrema derecha por limitar las banderas en su instituto, ha sufrido lanzamientos de huevos contra su domicilio y ha tenido que gestionar una denuncia por homofobia contra uno de los profesores del centro educativo. Admite sentir, “sobre todo, cansancio”, aunque también reivindica una gestión marcada por la convicción de que la escuela debe mantener un rumbo propio en medio de un sistema educativo que considera cada vez más tensionado y politizado.

En una entrevista con elDiario.es, Pujol sostiene que “la educación pública ha tocado fondo”, denuncia que “la escuela se ha convertido en el vertedero de todo aquello para lo que la sociedad no encuentra otro lugar” y advierte de la existencia de una generación “convencida de que puede hacer lo que quiera sin consecuencias”. También alerta del impacto de las redes sociales en los adolescentes, del auge de los discursos de extrema derecha entre los jóvenes y de una crisis de autoridad que, a su juicio, está dejando a docentes y centros educativos cada vez más solos frente a problemas que trascienden las aulas.

Lleva años al frente del IES Baltasar Porcel de Andratx y se ha convertido en una de las figuras más visibles de la educación pública balear. Al mirar atrás, ¿qué balance hace de su trayectoria? 

¿Una figura visible de la educación pública balear? Supongo que lo dice por la cantidad de veces que he aparecido en los medios. Que conste que nunca lo he buscado. Cuando miro atrás, lo que siento es, sobre todo, cansancio. En 2016 opté a la dirección del centro porque, desde dentro, percibía que el modelo estaba agotado: faltaban criterios claros de funcionamiento y, sobre todo, un proyecto educativo que aportara coherencia y sentido al centro. Durante los primeros años tuve que gestionar la resistencia de un sector del claustro que intuía los cambios que se avecinaban y se oponía a ellos. Muchos optaron por cambiar de centro, una decisión absolutamente legítima y que, a la larga, resultó positiva para todos.

Después llegó la pandemia; sin duda, el momento más duro que he vivido como directora. La presión que recibíamos era insoportable. Fue un desastre, pero lo que más me preocupa son las consecuencias que ha tenido para los alumnos: estamos ante una generación muy afectada académicamente y, por si eso no bastara, las secuelas psicológicas probablemente serán más graves de lo que todavía podemos medir.

La dirección de un instituto hoy va mucho más allá de lo académico: convivencia, diversidad, burocracia, familias, redes sociales y conflictos que trascienden las aulas. ¿Cómo ha cambiado este papel en las últimas décadas y qué parte sigue siendo desconocida para la opinión pública?

El desconocimiento sobre las funciones de un director no es patrimonio exclusivo de la ciudadanía; a menudo también lo encontramos entre los propios profesionales de la educación. Resulta paradójico, porque la realidad cotidiana de quien dirige un centro público implica perder de vista que, en otro momento de su vida, eligió esta profesión para estar delante de una clase. A mí esa sensación me acompaña de forma permanente. Cuando accedí al cargo, me movía estar presente en el proceso de crecimiento personal del alumnado. Lo que me he encontrado ha sido algo muy distinto: una gestión administrativa interminable, una sucesión de situaciones críticas que ni cuentan con la asignación horaria suficiente ni con la dotación adecuada de recursos humanos. Las exigencias del cargo terminan erosionando aquello que debería ser el centro de la tarea educativa: la relación con las personas.

Para ilustrar lo que sucede en el día a día de un instituto, suelo recurrir a la imagen del iceberg. Las cuestiones que menciona —convivencia, diversidad, trámites administrativos, relación con las familias, redes sociales, situaciones de conflicto...— existen y ocupan una parte considerable de nuestra jornada. Es la parte visible. Lo que los políticos, que tienen la capacidad y la responsabilidad de actuar, no se atreven a examinar es lo que permanece sumergido. Ahí se encuentran los verdaderos orígenes de problemas a los que la escuela no puede llegar, por muchos protocolos que active. La situación actual nos condena a intervenir cuando el daño ya está hecho. El centro educativo es el vertedero de todo aquello para lo que la sociedad no encuentra otro lugar: control del absentismo escolar, programas de sensibilización sobre drogas, prevención del acoso en entornos digitales, salud sexual, gestión de la exposición a las pantallas... Las actividades que desarrollamos para abordar todas estas cuestiones cumplen, en la mayoría de los casos, una función tranquilizadora de conciencias y poco más.

Lo que los políticos, que tienen la capacidad y la responsabilidad de actuar, no se atreven a examinar es lo que permanece sumergido. Ahí se encuentran los verdaderos orígenes de problemas a los que la escuela no puede llegar, por muchos protocolos que active

Pónganos un ejemplo real.

Pues mire: ¿cómo se articula un programa de prevención sobre los riesgos de las redes sociales dirigido a alumnos de doce años cuando muchos de ellos llevan tres o cuatro años expuestos a estas plataformas sin ningún tipo de supervisión? La prevención, así, es una ficción. Muchos llegan al centro con una situación de dependencia ya consolidada. Y, mientras tanto, seguimos apagando incendios que podrían haberse evitado si el sistema hubiera tenido la determinación de intervenir en el origen. Nuestras acciones sirven únicamente para justificar que se ha cumplido con lo previsto. Hace diez años, cuando accedí al cargo, no era así: todavía realizábamos intervenciones efectivas; ahora nos limitamos a contener para que nadie pueda acusarnos de no haber activado el protocolo correspondiente. Y aquí es donde creo que hemos perdido el rumbo. Estamos todos desorientados. Cada día nos llegan propuestas de las administraciones o de asociaciones sobre gestión de las emociones, tolerancia a la frustración, educación sexual, cohesión de grupo, habilidades sociales... Todas estas cuestiones son curriculares y legítimas, pero, para mí, pierden sentido en el momento en que se abordan al margen de las materias.

Las emociones se pueden trabajar desde la literatura.

Una buena programación de literatura podría ser mucho más efectiva que un taller ocasional y descontextualizado sobre educación emocional. Si los alumnos aprendieran historia, entenderían perfectamente qué es el feminismo y podríamos ahorrarnos el manifiesto del 8 de marzo, que, en cualquier caso, nadie escucha. ¿Y esa supuesta intolerancia a la frustración de la que tanto se habla? Para mí es un gran eufemismo: lo que estos niños no toleran es que se les responda con un no. Pero resulta más fácil contratar a un experto externo y organizar un taller que replantearse a fondo cómo y qué enseñamos.

Una buena programación de literatura podría ser mucho más efectiva que un taller ocasional y descontextualizado sobre educación emocional. Si los alumnos aprendieran historia, entenderían perfectamente qué es el feminismo y podríamos ahorrarnos el manifiesto del 8 de marzo, que, en cualquier caso, nadie escucha

La escuela ha acabado convirtiéndose en depositaria de responsabilidades de todo tipo. Y nos hemos olvidado de cuál es su función. A todo ello hay que añadir que la realidad que nos llega cada día incluye situaciones familiares y económicas complejas, dificultades de integración y una presencia creciente de problemas relacionados con la salud mental. Se nos pide que acompañemos a los alumnos en todo ese sufrimiento sin que existan mecanismos de supervisión ni espacios de atención emocional para los propios docentes. El efecto que esto está provocando es devastador: cada día hay más bajas de docentes por incapacidad para soportar toda esa presión y menos personas dispuestas a dedicarse a la enseñanza. 

El sistema exprime hasta la última gota la vocación del profesor mientras, simultáneamente, ha ido liberando al alumnado de las responsabilidades que le eran propias. Se trata de una disfunción estructural que nos desgasta y consume nuestras energías. En medio de todo ello, la figura del director, convertido en receptor de las tensiones de todos: familias desbordadas que no encuentran respuestas y terminan dirigiendo su frustración contra quien representa la autoridad del centro, y una Administración que, con el fin de presentar estadísticas aceptables sobre fracaso escolar, no deja de generar protocolos y disposiciones normativas orientadas a hacer que los números cuadren sobre el papel.

Andratx refleja las transformaciones sociales, económicas y demográficas de Mallorca en los últimos años. ¿Qué le dice lo que observa cada día en su instituto sobre la sociedad mallorquina actual y la que se está construyendo para el futuro?

Andratx ya no tiene esencia de pueblo. Lo veo al observar cada día al alumnado. El tejido social se ha fragmentado: conviven colectivos muy diversos —residentes estacionales, población de alto poder adquisitivo e inmigrantes de procedencias muy distintas—, pero apenas existen puntos de conexión entre ellos. No hay comunidad; hay coexistencia y poco más. Uno de los indicadores más elocuentes es la lengua. Menos de un 5 % del alumnado tiene el catalán como lengua familiar. Y esto no es un problema lingüístico; es un problema de cohesión social. Las instituciones, lejos de impulsar políticas que ayuden a construir un sentimiento de pertenencia compartido, miran hacia otro lado.

Se está construyendo un municipio donde la convivencia es superficial, donde no existe arraigo y donde los niños crecen sin referentes comunes. Sin ello, resulta muy difícil construir nada. El instituto debería ser el espacio de cohesión que el municipio no ofrece, pero no podemos asumir esa tarea en solitario, sin recursos, sin apoyo institucional y sin que nadie se atreva a llamar al problema por su nombre.

Andratx ya no tiene esencia de pueblo. Lo veo al observar cada día al alumnado. El tejido social se ha fragmentado: conviven colectivos muy diversos -residentes estacionales, población de alto poder adquisitivo e inmigrantes de procedencias muy distintas-, pero apenas existen puntos de conexión entre ellos

Con motivo del centenario de La Balanguera —poema del escritor mallorquín Joan Alcover e himno de Mallorca—, escribió en un correo del centro que éste no se iba a adherir a ese acto de conmemoración. Esa determinación generó críticas a nivel interno. ¿Cree que Mallorca vive un cambio sociolingüístico profundo? ¿Qué papel deben tener la escuela, las instituciones y la sociedad civil ante esta realidad?

Mallorca vive un cambio sociolingüístico profundo. Cuando la Obra Cultural Balear (OCB) me pidió que nuestro centro se adhiriera al acto del centenario de La Balanguera, tuve que explicar por qué no lo haríamos. La respuesta: el éxito de un acto de recuperación lingüística depende fundamentalmente de cómo se ha preparado el terreno previamente. En un centro donde el catalán está ausente de la vida cotidiana de la inmensa mayoría del alumnado —y diría que también del profesorado—, un acto simbólico sin preparación no genera adhesión. Genera indiferencia o, peor aún, rechazo. Hacer cantar La Balanguera delante de alumnos sin haber trabajado bien el contexto podría tener el efecto contrario al deseado: ridiculizar la lengua, crear un momento de tensión o de burla. Eso me dolería. Y estoy convencida de que podría haber pasado (como he visto a niños reírse y burlarse cuando hemos homenajeado a víctimas de violencia machista, por ejemplo).

La normalización lingüística funciona mediante presencia sostenida, vínculo emocional y construcción de contexto. Un acto sin raíces no tiene sentido. La escuela no puede hacer este trabajo sola, y tampoco debería ser la única que lo haga. Las instituciones deben tener el valor de reconocer que existe un problema real y activar políticas de cohesión lingüística que vayan más allá de los actos conmemorativos. Y la sociedad civil, como la OCB, debe seguir, mientras tanto, insistiendo de forma incansable en su labor.

La normalización lingüística funciona mediante presencia sostenida, vínculo emocional y construcción de contexto. Un acto sin raíces no tiene sentido. La escuela no puede hacer este trabajo sola, y tampoco debería ser la única que lo haga

En aquel mismo correo afirmaba que algunos alumnos “vitorean consignas de extrema derecha a todas horas”. ¿Cómo ve la relación de muchos jóvenes con la política, la identidad y los discursos de confrontación?

Estaba describiendo un síntoma, no una ideología. Cuando un adolescente que no sabe nada de la Guerra Civil, que no sabe quién era Franco ni qué representó, vitorea consignas de extrema derecha, lo primero que tenemos que preguntarnos no es qué piensa, sino por qué lo hace. Y la respuesta, casi siempre, es múltiple. A esa edad, muchos jóvenes no defienden una ideología; simplemente buscan provocar. Saben que esas palabras incomodan a los profesores, y eso ya les basta. No es convicción, es rebeldía. 

Por otro lado, TikTok y YouTube les sirven contenido de extrema derecha de forma masiva, sin contexto y sin contrapunto. No han elegido informarse de una determinada manera; simplemente han consumido lo que la pantalla les ponía delante. El algoritmo ha hecho un trabajo que no ha hecho nadie más. Y cuidado con la música que escuchan... Un día me detuve a analizar la letra de algunas de las canciones que escuchan: frases como “eres mía y solo mía” o “sabes bien que eres mi otra mitad” tratan a la mujer como una propiedad, más que como alguien con derecho a decidir sobre su propia vida. Machismo puro y duro. La sorpresa fue que ninguno de los alumnos de bachillerato, pese a haberles advertido del contenido de la canción, vio nada que le chirriara; les encantó. Y yo me pregunto: ¿cuántos 25N han vivido estos niños? ¿Cuántos talleres de prevención de la violencia de género se han tragado? ¿Y para qué han servido? En otros casos no es ignorancia, sino transmisión. Escuchan esas consignas en casa y las reproducen sin filtrarlas.

Por último, señalaría la falta de relato alternativo. Si no hay nada que ocupe un espacio concreto (ni en casa, ni en el municipio, ni en las redes, ni en la escuela), el vacío lo llena quien llega primero. Y la extrema derecha llega muy bien, porque ofrece lo que los adolescentes más necesitan: enemigos claros, respuestas simples y sensación de pertenencia. Y, por supuesto, no tener que pensar demasiado. La ignorancia no es ni inocente ni gratuita. Es el resultado de un sistema que ha fallado antes de que estos jóvenes llegaran al instituto.

Cuando un adolescente que no sabe nada de la Guerra Civil, que no sabe quién era Franco ni qué representó, vitorea consignas de extrema derecha, lo primero que tenemos que preguntarnos no es qué piensa, sino por qué lo hace. Y la respuesta, casi siempre, es múltiple. A esa edad, muchos jóvenes no defienden una ideología; simplemente buscan provocar

A lo largo de los años ha tenido desacuerdos con responsables políticos y ha participado en debates que han ido más allá de lo educativo. Prohibió hacer uso de banderas en el centro. ¿Qué ocurrió? ¿Cree que la escuela se ha convertido en un campo de batalla ideológico en Balears?

Sí, pero no por voluntad propia. Es el resultado de una estrategia deliberada de determinados actores políticos que han encontrado en la educación un terreno fértil para alimentar la confrontación.

El caso de la bandera es un ejemplo perfecto. Hace cuatro años, cuando empezó el Mundial de fútbol de Catar, un grupo de alumnos había desplegado una bandera española enorme que tapaba literalmente las taquillas y los objetos personales de alumnos que no eran seguidores de la selección española (algunos lo eran de la selección de Marruecos) y que no se atrevían a decirlo. Se había creado un ambiente de imposición que no podía dejar pasar. Entonces escribí un mensaje al claustro. Les expliqué que no se podían colgar banderas en espacios comunes, pero que se podían llevar individualmente, si alguien venía al centro con una camiseta de la selección que fuera. 

Pero entendí que el tema de las banderas podía acabar generando conflictos, sobre todo por la incapacidad cada vez más acusada de entender la diversidad, por un alto grado de intolerancia y por falta de apertura de miras, e insté a los profesores a que, si se encontraban con situaciones así, las gestionaran como marca el Plan de Convivencia: con diálogo. ¿Por qué creía y sigo creyendo que no se deben colgar banderas en espacios comunes del centro? Porque las banderas están para estar en los mástiles, y en el centro necesitaríamos más de veinte para que todo el mundo pudiera colgar la que siente como suya. No tenemos mástiles, ni veinte ni uno.

Entendí que el tema de las banderas podía acabar generando conflictos, sobre todo por la incapacidad cada vez más acusada de entender la diversidad, por un alto grado de intolerancia y por falta de apertura de miras, e insté a los profesores a que, si se encontraban con situaciones así, las gestionaran como marca el Plan de Convivencia: con diálogo

Jorge Campos, de Vox, la señaló...

Afirmó públicamente en la Cámara que yo había amenazado con expulsar a los alumnos que mostraran banderas españolas. El mensaje que escribí era clarísimo; no podía haber interpretaciones erróneas salvo si se es analfabeto. Como no creo que sea el caso, lo que hubo fue una mentira flagrante. Y como ellos mismos publicaron íntegramente en un medio afín el mensaje que yo había escrito, quedaron en evidencia.

Eso es lo que pasa cuando la escuela se convierte en campo de batalla: las decisiones pedagógicas o educativas más razonables se distorsionan, se sacan de contexto y se convierten en munición política. Y el director, mientras tanto, es la diana. En Mallorca la cuestión identitaria no está resuelta, lo que se manifiesta en la instrumentalización política de estos conflictos por parte de partidos como Vox, que ofrecen una identidad española excluyente como respuesta a esta desorientación colectiva.

En Mallorca la cuestión identitaria no está resuelta, lo que se manifiesta en la instrumentalización política de estos conflictos por parte de partidos como Vox, que ofrecen una identidad española excluyente como respuesta a esta desorientación colectiva

El uso de los ordenadores también se limitó.

Pedí a los profesores que minimizaran el uso de los chromebooks porque, desde dirección, podíamos ver con el programa de control que los alumnos estaban siguiendo el Mundial masivamente en horario de clase. Un mensaje absolutamente razonable y pedagógico. Han pasado cuatro años y ya no usamos ordenadores en clase. Si no, ahora que vuelve a haber fútbol, volvería a enviar exactamente el mismo mensaje.

Otro caso de gran repercusión fue la reciente denuncia en marzo por una presunta situación de homofobia en el centro. ¿Cómo actuó la dirección y qué criterios se siguieron? 

Desde tres cuentas de correo electrónico, accedieron al Classroom de la asignatura que impartía el profesor atacado y publicaron los mensajes más repugnantes e indignos que yo he visto nunca. Lo viví con impotencia. El jefe de estudios y yo vivimos literalmente una semana en el instituto. Además de denunciar los hechos a las autoridades, intentamos averiguar quién había sido el autor material de los hechos. Y, a pesar de saber con certeza quién había estado implicado, fue imposible demostrarlo: mintieron, se encubrieron. El caso no tuvo más recorrido en el ámbito escolar, aunque espero que la Fiscalía o la Guardia Civil estén haciendo su trabajo. Entonces, decidimos enviar un comunicado firmado por todo el claustro a un periodista conocido de un profesor, denunciando los hechos. La repercusión mediática fue totalmente inesperada: incluso llegó a ser portada de informativos nacionales. Durante dos semanas, los medios locales me insistían para que hiciera declaraciones. No accedí en ningún momento. Nadie del centro decía nada a los periodistas, que prácticamente acamparon frente al instituto, pero no dejaban de publicar informaciones que estoy convencida de que se inventaban.

Además de denunciar [el presunto caso de homofobia] a las autoridades, intentamos averiguar quién había sido el autor material de los hechos. Y, a pesar de saber con certeza quién había estado implicado, fue imposible demostrarlo: mintieron, se encubrieron

¿Cómo lo vivió?

Además de la impotencia de ver cómo los alumnos implicados se reían de nosotros y cómo los padres defendían a capa y espada a sus hijos, acabé agotada. Aquella semana no hice otra cosa que hablar con alumnos y familias. Para nada. Lo que me quedó grabado no es el episodio en sí, sino lo que revela: niños hiperprotegidos, sin límites parentales, que van por el mundo haciendo lo que quieren con total impunidad. Los profesores estamos expuestos y los menores extremadamente protegidos. No quiero ni pensar la cantidad de psicópatas sociales que va a generar la forma en que estamos educando a los adolescentes.

¿Los medios explicaron bien lo ocurrido?

Lo que quedó eclipsado por el ruido mediático fue la realidad de lo ocurrido: un profesor atacado de manera vil y un centro que respondió con contundencia y unidad. Eso es lo que debería haber sido la noticia.

Cuando unos jóvenes lanzaron huevos contra su domicilio, muchas personas lo vieron como un ataque personal. ¿Cómo vivió aquel episodio y qué le reveló sobre el clima en torno a los debates educativos e identitarios?

Aquello fue un ataque personal. No tiene otro nombre. Era mayo de 2023. Un alumno al que había recriminado una actuación contraria a las normas de convivencia un día activó la “operación directora” a través de un grupo de WhatsApp. La operación consistía en llenar la fachada de mi casa de huevos. Preguntó quién se apuntaba y todos, sin excepción, incluso niños que no eran alumnos del instituto, se adhirieron con entusiasmo a la propuesta. Ninguno de ellos pensó ni sugirió que quizá lo que estaban tramando estaba mal. Aquella noche se presentó una veintena de niños en mi casa y ejecutaron el acto vandálico: doce impactos de huevo en la fachada y en las persianas. La conciencia de que pueden hacer lo que quieren está tan arraigada que no se ocultaron en absoluto. Los escuché, tuve tiempo de asomarme a la ventana, los vi e identifiqué a algunos.

Un alumno al que había recriminado una actuación contraria a las normas de convivencia un día activó la “operación directora” a través de un grupo de WhatsApp: consistía en llenar la fachada de mi casa de huevos. Preguntó quién se apuntaba y todos, sin excepción, incluso niños que no eran alumnos del instituto, se adhirieron con entusiasmo a la propuesta

Cuando trascendió que yo había denunciado los hechos, se me hizo un juicio público. Denunciar a los niños era poco educativo, según algunas personas. Incluso una de las madres me dijo que debía plantearme por qué los niños quieren vengarse de los profesores. Lo que me reveló aquel episodio va mucho más allá del hecho en sí. Es la conciencia de que se puede hacer lo que se quiera, cuando se quiera y donde se quiera, sin consecuencias. Y esa conciencia no es inofensiva. La impunidad que hoy se practica en actos que parecen menores es la misma que mañana puede estar detrás de hechos mucho más graves.

La decisión de impedir que un alumno participara en su graduación generó debate sobre disciplina, proporcionalidad e inclusión. ¿Cómo se tomó y dónde sitúa el equilibrio entre normas y función educativa de una sanción?

Volvemos al mismo hilo. Un niño que ha hecho toda la vida lo que ha querido y que sabe que cuenta con el amparo incondicional de sus padres. La madre de este alumno había venido cada vez que lo había considerado oportuno a darnos lecciones sobre cómo debemos hacer nuestro trabajo. Y el niño había aprendido bien la lección: quien lo hace mal no soy yo; son los profesores.

Cuando terminó segundo de bachillerato, debía ser el presentador de la fiesta de graduación. El día antes nos comunicó que aprovecharía la ocasión para cargar públicamente contra mí y contra las prácticas del centro. Hablaba de abusos de poder, de malos tratos físicos, de violencia verbal, de incompetencia e incluso, aunque de forma velada, de abusos sexuales. He de confesar que me vi en una situación complicada. No había tiempo de reacción. Pero tuve claro que debía proteger la dignidad de los profesores: él, bajo la excusa de ampararse en la libertad de expresión, quería atacar en público el derecho al honor del profesorado.

Conseguí que sus propios compañeros de clase le pidieran que no asistiera al acto. No lo hicieron por convencimiento, sino porque vieron peligrar la celebración de la fiesta misma). Pero aun así, cinco minutos antes de empezar, publicó en redes el discurso que tenía preparado. Ya sabíamos que lo haría. Nos lo había advertido su madre.

Me pregunta dónde sitúo el equilibrio entre disciplina y función educativa. Yo no los separo. Una sanción que no educa no sirve de nada. Y en este caso, impedir que aquel alumno se apropiara de una ceremonia e implicara a todos los presentes en su espectáculo particular —es lo que tienen la egolatría y el egocentrismo— era precisamente la medida más educativa que podíamos tomar: le decíamos, quizá por primera vez en su vida, que hasta ahí había llegado. Que anunciar públicamente que vas a hacer daño a otras personas no es un ejercicio de libertad de expresión, es un acto que tiene un coste. Aprenderlo antes de abandonar definitivamente el instituto era, probablemente, lo más valioso que podíamos ofrecerle. Pero creo que no lo conseguimos… En cualquier caso, no creo que aprendiera nada, ni sus compañeros ni él.

Me pregunta dónde sitúo el equilibrio entre disciplina y función educativa. Yo no los separo. Una sanción que no educa no sirve de nada

Algunos la acusan de convertir causas como la defensa de la escuela pública o la lengua catalana en militancia, mientras otros hablan de campañas políticas contra usted por defenderlas. ¿Cómo responde a estas dos visiones?

¿Qué problema hay en que una directora de un centro público defienda la escuela pública? ¿Y en que una ciudadana de Mallorca defienda la lengua catalana? Yo he sido y soy directora de una escuela pública, de un pueblo determinado, con un alumnado muy heterogéneo y con una idiosincrasia muy concreta. Y con esos ingredientes he intentado cocinar un proyecto educativo. ¿Que la enseñanza debe ser en catalán, y más en Andratx? Estoy convencida. Porque la escuela es el único ámbito del municipio donde la lengua todavía late, cada vez con menos fuerza. En el instituto hay menos de diez alumnos catalanohablantes y prácticamente la única lengua que se habla es el castellano. Alguien tiene que mantener ese espacio. Como directora, no he usado nunca la lengua como arma de nada. Nunca. Quien diga lo contrario miente.

De hecho, aunque estoy convencida de que el proceso de sustitución lingüística en Andratx es imparable, precisamente porque no me creo con suficiente poder para frenarlo o revertirlo, no lo he intentado. Habla de dos visiones opuestas de mi figura. Si usted lo dice… La verdad es que nunca me he preocupado por lo que piense la gente de mí. Si lo hubiera hecho, con todo lo que me ha pasado, ya estaría muerta. Sé que se han publicado muchísimos comentarios sobre mí. He leído algunos, de gente que no sé quién es ni me interesa, y que tampoco sabe quién soy ni me conoce de nada. Con los años he aprendido que lo que diga o piense la gente que no significa nada para mí no me afecta en absoluto. La gente que me conoce sabe cómo soy. Y ya está: me quiere como soy, o no.

Balears afronta retos como el abandono escolar, la falta de profesorado, la crisis de la vivienda, la integración del alumnado y el retroceso del catalán. ¿Cuál es el principal desafío de la educación pública en los próximos años?

Que alguien sea lo bastante valiente, detenga la maquinaria, tome aire y vuelva a empezar. La educación pública en Balears —y supongo que en todas partes— ha tocado fondo. Acumula disfunciones sistémicas que ninguna reforma legislativa ha resuelto, entre otras cosas porque las reformas legislativas no hacen más que complicar la situación. El problema no es de leyes, es de modelo y de principios.

La educación pública en Balears -y supongo que en todas partes- ha tocado fondo. Acumula disfunciones sistémicas que ninguna reforma legislativa ha resuelto, entre otras cosas porque las reformas legislativas no hacen más que complicar la situación

¿Qué huella cree que ha dejado en el centro y en la comunidad educativa?

Nunca ha estado entre mis planes que se me recuerde por nada concreto. Somos personas de paso, como todo el mundo. Opté por asumir un cargo de gestión y eso es lo que he hecho. He impulsado la modernización y conservación de las instalaciones y del mobiliario, he llenado el centro de color y vegetación, he sistematizado los procesos administrativos y he adaptado la práctica educativa a la normativa vigente —esto último siempre ha sido una prioridad—. Cuando yo me vaya, vendrá otra persona que aportará ideas nuevas, que liderará su propio proyecto, y todo seguirá adelante.

Tras tantos años al frente del centro y en el debate público, ¿cuál ha sido el momento más difícil? ¿Cuándo se ha sentido más incomprendida y qué le gustaría que se entendiera de su trayectoria y legado?

No sabría señalar un solo momento difícil. Ha habido muchos. Ahora bien, lo peor no han sido los ataques públicos, ni los titulares falsos, ni los huevos en la fachada de casa. Lo peor ha sido cuando, en distintos momentos y por motivos también distintos, personas en quienes había depositado mi confianza me han traicionado. Me he sentido incomprendida cada vez que alguien ha interpretado mis decisiones sin querer entender el contexto en el que las tomaba. De todos modos, por un simple instinto de supervivencia, he llegado a un punto en el que no me importa lo que piensen, ni defensores ni detractores, de las decisiones tomadas. De lo contrario, habría acabado desquiciada. Cuando deje el cargo, me iré con la tranquilidad de haber hecho el trabajo que me correspondía, con aciertos y con errores. Y ya está.

El entonces presidente de la principal organización patronal francesa, Ernest-Antoine Seillière, salió en 2002 de la reserva a la que le obligaba su cargo e hizo un llamamiento público a votar contra Jean-Marie Le Pen, que había clasificado a la extrema derecha francesa para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Diez años más tarde, su sucesora, Laurence Parisot, primera mujer al frente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), publicó un libro en el que llamaba a los círculos económicos del país a desconfiar del proceso de normalización que Marine Le Pen, que había tomado el relevo de su padre como líder de la extrema derecha francesa, había iniciado.

La situación es muy diferente hoy, cuando los encuentros entre el partido lepenista y los grandes empresarios franceses han dejado de ser tabú. En abril, la dirección del Medef anunció con antelación una reunión en París con Jordan Bardella. El pasado verano, Bardella ya había sido invitado a las reuniones que cada año el Medef organiza con los representantes de los principales partidos políticos.

El actual presidente de la patronal francesa, Patrick Martin, considera que la evolución viene impuesta por la necesidad de “pragmatismo”, ya que los empresarios “deben prepararse para el futuro”. Respecto a las acciones de sus predecesores en el cargo, Martin justificaba recientemente a France Info que “Laurence Parisot se pronunció en una época en la que era menos arriesgado, porque la posibilidad de que Agrupación Nacional (RN) llegara al poder era mínima. Hoy en día el contexto es diferente”.

En realidad, los grandes empresarios franceses y sus representantes siguen considerando los programas electorales de RN como poco serios y la patronal francesa, que ha reclamado mejores vías de regularización para los migrantes en los sectores que necesitan más mano de obra, ve con inquietud la retórica antiinmigración del partido. Pero, a un año de la próxima elección presidencial, las encuestas de cara a la primera vuelta son muy favorables a la extrema derecha lepenista y, para la segunda, por primera vez, algunos sondeos dicen que Jordan Bardella podría ser capaz de derrotar a un candidato de centroderecha o a uno de izquierdas.

Los encuentros se normalizan

Así que los empresarios se preparan, escuchan y permiten al partido cofundado por Jean-Marie Le Pen presentar un nuevo éxito en su estrategia de normalización. Durante mucho tiempo las puertas de las grandes empresas francesas estuvieron cerradas al Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional) y a la familia Le Pen.

Por un lado, las declaraciones racistas y antisemitas de Jean-Marie Le Pen le hacían indigno de frecuentar a la mayoría de los grandes nombres del capitalismo francés; por otro, sus propuestas económicas, consideradas irreales, y las posiciones políticas antiélites y soberanistas de su hija inquietaban en los círculos empresariales. Incluso a día de hoy, el partido sigue teniendo problemas para encontrar bancos franceses dispuestos a concederles un crédito para no verse relacionados con ellos.

Pero los tiempos están cambiando y hoy los grandes nombres del capitalismo francés aceptan dialogar de manera más o menos pública con la extrema derecha lepenista. Le Nouvel Obs informó hace unos meses de que Marine Le Pen había cenado en el célebre restaurante Drouant (en el que cada año se anuncian los grandes premios literarios) con una quincena de dirigentes de las principales empresas francesas (Accor, Engie o Renault, entre otros). Una velada en la que también estaba el patrón del conglomerado del lujo LVMH y hombre más rico de Francia, Benard Arnault.

El discurso estatista y antiélites se ha ido moderando hasta desaparecer en muchos aspectos. Hoy en RN ya nadie habla de la salida de Francia de la Unión Europea, ni de la vuelta al franco, medidas que inquietaban profundamente a los círculos empresariales

Unos meses antes, en octubre de 2025, Le Pen se había reunido con Patrick Pouyanné, el director general de TotalEnergies. Y lo que es más llamativo aún, La Tribune Dimanche reveló en la misma época que Le Pen había sido invitada a la mansión del multimillonario Vincent Bolloré en su exclusiva residencia en la Villa Montmorency.

A pesar de coincidir en algunos aspectos, como en la retórica contra la inmigración o los ataques constantes a la radiotelevisión pública, la prensa francesa siempre ha hablado de una mutua desconfianza entre el magnate francés y la diputada. De hecho, en 2022 Bolloré lanzó a través de sus medios de comunicación a su propio candidato, Éric Zemmour, y sus medios parecen mostrar hoy una mayor proximidad ideológica con el actual presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau.

Jordan Bardella y Vincent Bolloré

Pero si las reticencias de Bolloré y el resto del mundo empresarial francés respecto al partido lepenista han ido reduciéndose, es previsible que la proximidad aumente si el 7 de julio la Justicia confirma la inhabilitación de Marine Le Pen. En ese caso, Jordan Bardella será el candidato. El joven protegido de Marine Le Pen ya ha dado algunas indicaciones sobre el giro liberal y proempresarial que puede tomar su campaña presidencial.

Bardella publica sus libros en Fayard, editorial controlada por Bolloré, en la que también aparecen las obras de Éric Zemmour o las crónicas carcelarias de otro de sus modelos en política, Nicolas Sarkozy. “Es verdad que Bolloré y Marine Le Pen defienden líneas políticas diferentes; ella es más intervencionista y se reivindica como 'ni de derecha ni de izquierda', mientras que Bolloré es un liberal (en lo económico) claramente de derechas”, explica Jean-Yves Camus, politólogo francés especialista en la extrema derecha.

Director del Observatorio de Radicalismos Políticos de la Fundación Jean-Jaurès, Camus también apunta que la candidatura de Bardella aportaría una ventaja adicional al empresario. “Es más joven y con menos experiencia que Marine Le Pen, es más influenciable. Y no hay que olvidar que, como hombre influyente y empresario, Bolloré sin duda piensa que esto será favorable para sus negocios, ya que habrá contribuido a su victoria”. 

Simpatía creciente por la empresa

Marine Le Pen afirmaba en 2011: “Que las empresas del CAC 40 [el índice bursátil francés] estén en desacuerdo con mi proyecto es casi una garantía de que va por buen camino. Ellos son el 1% que se ha enriquecido durante años mientras el pueblo pagaba la factura. Es totalmente normal que estén en mi contra”. Pero el hecho es que ese discurso estatista y antiélites se ha ido moderando hasta desaparecer en muchos aspectos. Hoy en RN ya nadie habla de la salida de Francia de la Unión Europea, ni de la vuelta al franco, medidas que inquietaban profundamente a los círculos empresariales.

Bardella es más joven y con menos experiencia que Marine Le Pen, es más influenciable. Y no hay que olvidar que, como hombre influyente y empresario, Bolloré sin duda piensa que esto será favorable para sus negocios, ya que habrá contribuido a su victoria

Jean-Yves Camus — Director del Observatorio de Radicalismos Políticos de la Fundación Jean-Jaurès

La propia Le Pen se alarma ahora “del muro de la deuda” y “del desequilibrio de las finanzas públicas” que lastran la economía del país. Los diputados (RN es, de largo, el partido más representado en la Asamblea Nacional) han votado junto a la derecha tradicional en la mayoría de cuestiones fiscales y a menudo han rechazado los impuestos sobre las empresas y las grandes rentas, como la tasa propuesta por el economista Gabriel Zucman.

Y ciertas propuestas en las que Jordan Bardella comienza a distanciarse de su mentora van más allá: Bardella ha propuesto grandes “rebajas de impuestos” para las empresas y eliminar “los obstáculos normativos” que, a su juicio, frenan el desarrollo económico. Defiende un acercamiento con Alemania —habla de “convergencias ideológicas” con Friedrich Merz— y mira con envidia los puentes que Giorgia Meloni ha tendido con Berlín (Le Pen, por su parte, siempre ha preferido a Mateo Salvini y criticado la industria alemana).

Divergencias con la jubilación

El joven presidente del partido lepenista ha ido un paso más allá en las últimas semanas y, por primera vez, ha defendido una reforma de las pensiones totalmente diferente de la que propone su mentora. Una situación que, según la prensa francesa, genera tensiones internas en un partido acostumbrado a una única línea política.

Bardella sugiere eliminar toda referencia a una edad legal de jubilación e incorporar al sistema de reparto un componente de capitalización. En declaraciones recientes ha hecho suyos varios de los argumentos esgrimidos por el Gobierno macronista que impulsó la última reforma, que Marine Le Pen defiende suprimir.

“Jordan Bardella no se apellida Le Pen: eso es hoy una baza dentro del RN. En ese sentido, puede encarnar un momento de ruptura y renovación para el partido, que aspira a convertirse en una formación de derecha radical y no ya de extrema derecha, pero también en más liberal en el plano económico”, analizaba en enero el politólogo Luc Rouban, director emérito de investigación del CNRS en una entrevista en The Conversation. “Ese nuevo RN encajaría bastante bien con una cultura trumpista que se está abriendo camino en Francia. Permitiría, en particular, atraer a votantes de Los Republicanos y Reconquista [el partido de Zemmour]”.

Encontrar un equilibrio entre la conquista de nuevos votantes y la satisfacción de la base será, en cualquier caso, el desafío del candidato de la extrema derecha lepenista. Si el tribunal confirma la sentencia sobre Le Pen, y el joven presidente del partido se convierte en el candidato, las tensiones entre el populismo reivindicado de su mentora y el liberalismo Bardella serán una de las claves de la campaña.

La propia Le Pen parece ser consciente de esta dualidad y de la posible emancipación de Bardella, si la decisión judicial le es adversa. En mayo se lo explicaba así al diario Le Parisien: “Las decisiones [programáticas] no se tomarán antes del 7 de julio, ya que ninguno de los dos quiere verse atrapado en un proyecto que no es el suyo”.

Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.

Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:

Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.

Eran las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979 cuando Vicente Vadillo, un artista travesti de 32 años, era asesinado en la discoteca Apolo de Rentería (Gipuzkoa) por el policía nacional Antonio Caba. El agente, en estado de embriaguez, entró al local cuando ya estaba cerrado profiriendo gritos contra Euskadi y amenazando con “cargarse a algún vasco”. Vicente, conocido como Francis, le respondió: “Aquí me tienes a mí”. Fue entonces cuando Caba sacó la pistola y lo mató de un disparo en la cara. El caso, que fue el detonante de las primeras manifestaciones LGTBI en Gipuzkoa, llegó a juicio, pero el policía fue condenado a nueve meses de prisión y no entró en la cárcel.

Emilio Martínez y José Luis Montañés fueron asesinados en diciembre de 1979 en Madrid, durante la represión de una masiva manifestación estudiantil. Ambos recibieron los disparos efectuados por agentes de la Policía Nacional desde un jeep que había quedado aislado durante unos disturbios. Para justificarlo, la Policía manipuló las pruebas y llenó el coche de piedras en la Casa de Campo para fingir que habían sido víctimas de un apedreamiento. Un juez intentó procesar a tres agentes por homicidio, pero el caso acabó pasando a la Audiencia Provincial, presidida por un magistrado que solía exhibir un águila franquista en su solapa y que archivó la causa.

El pueblo de Feria (Badajoz) celebraba las fiestas de San Bartolomé (1980) cuando Joaquín Mendoza, de 17 años, fue asesinado. El joven se había apartado del bullicio junto a un primo y un amigo con la intención de hacer sus necesidades, un momento en el que el guardia civil Juan Martínez Píriz le disparó. El Instituto Armado emitió hasta tres comunicados con versiones falsas: que habían repelido un ataque terrorista efectuado con piedras, que el arma se disparó por un forcejeo o que Joaquín simplemente “cayó a unos metros” de la zona tras defecar. Según consta en el informe, el caso se cerró en 1991 con el pago de una indemnización a la familia. El guardia civil no fue apartado del cuerpo.

María Asensio Morales fue otra de las tantas víctimas consecuencia de la represión policial de protestas y huelgas. En este caso, en un pueblo de Almería, donde los vecinos protestaban por el desvío de agua de unos pozos locales. Mujeres y niños bloquearon el paso a los camiones al tiempo que los agentes recibieron la orden de disparar. María recibió el impacto de una bala de goma que le destrozó la cabeza, pero la versión oficial mintió y calificó el hecho de “accidente fortuito” asegurando que la mujer se habría golpeado al resbalarse o sufrir un empujón. Falleció tras diez días en la UVI, en marzo de 1981.

Nadie fue condenado por ello y el jefe de la comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero, protagonizaría dos meses después el 'Caso Almería', en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados hasta la muerte al ser confundidos con miembros de ETA, aunque estaban en Almería por haber asistido a la comunión del hermano de uno de ellos. Se llamaban Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel.

El último caso de los perpetrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporado al informe ocurrió el 19 de febrero de 1983, el único de ese año. Se trató del niño de dos años Juan Félix Domínguez, que murió en Toledo cuando la Guardia Civil disparó al coche en el que viajaba la familia tras pasar un control policial sin señalización. El padre escuchó repetidamente golpes en la chapa del vehículo, pero pensó que era una gamberrada y aceleró. Un agente abrió fuego, hirió a la madre y mató a Juan Félix, que iba en sus brazos. Enrique Gómez fue condenado a dos meses y un día de arresto y el pago de una indemnización a la familia.

Las víctimas de la ultraderecha

La extrema derecha, por su parte, mató fundamentalmente en Euskadi y Madrid, con claros objetivos ideológicos o con la excusa de “vengarse” por los asesinatos de ETA. Solían actuar en grupo en la vía pública o mediante secuestro. Solo una parte de las víctimas ahora reconocidas han sido consideradas oficialmente víctimas del terrorismo.

Entre los asesinatos identificados en el estudio están los de Manuel Álvarez y Victoria Arranz, de 69 y 64 años, víctimas de un incendio provocado en Valladolid por el Comando Antimarxista, que prendió fuego al edificio en el que vivían porque en la planta baja estaba la sede del Movimiento Comunista de Castilla y León. El comando ultraderechista reivindicó la acción con una llamada a la radio que finalizó con vivas a Franco y gritos de “¡Arriba España!”. La Jefatura Superior de Policía llegó a abrir diligencias, pero fueron archivadas.

La joven Ana Teresa Barrueta tenía 19 años cuando fue agredida sexualmente, torturada y asesinada el 9 de enero de 1980 a escasos 200 metros de su domicilio de Lujua (Bizkaia). La víctima fue atacada por miembros de Grupos Armados Españoles (GAE) cuando regresaba de clases de euskera, como hacía cada martes. Posteriormente, en el domicilio de la abogada feminista que estaba investigando el caso aparecieron las pintadas “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”, con las siglas de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha liderado por Blas Piñar. Militantes de la formación asesinaron ese mismo año a Yolanda González en Madrid, otro de los casos incluidos.

Fuerza Joven, la rama juvenil del partido, también estuvo implicada en hechos violentos. Varios miembros adolescentes asesinaron el 28 de marzo de 1980 a Jorge Caballero, militante de la CNT, cuando salía del cine de ver La naranja mecánica. Los fascistas se fijaron en él porque llevaba una 'A' en la solapa, bordada por su madre. Le rodearon y apalearon hasta que Juan José Llobregat, apodado el Loco, hundió un machete en su pecho al grito de “¡anarquista de mierda!”. El asesino vive actualmente en República Dominicana, donde consiguió huir tras el crimen. La orden de busca y captura que pesaba sobre él fue anulada en 1999, cuando prescribió.

Felipe Sagarna Ormazábal (41), de profesión zapatero y simpatizante de Herri Batasuna, fue ejecutado de dos tiros en la cabeza en 1980 en Hernani. Fue abordado de madrugada por Ladislao Zabala e Ignacio María Iturbide, dos miembros del grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español. Los dos hombres matarían poco después a Francisco Javier Ansa (36), hermano de un concejal del PNV. Este mismo comando llegó a perpetrar siete asesinatos y el Batallón Vasco Español en su conjunto es autor de once de los casos del informe, la cifra más alta atribuida a una misma organización.

Era taxista y no tenía ninguna actividad política conocida, pero Pablo Garayalde Jaureguizábal fue víctima en Berástegui (Gipuzkoa) de la organización terrorista de extrema derecha la Triple A, conocida como la Alianza Apostólica Anticomunista. El 2 de enero de 1982 fue secuestrado y asesinado tras salir a medianoche de casa para atender un servicio solicitado por teléfono.

Nueve horas más tarde su cadáver apareció con la cara destrozada de dos disparos con una escopeta de caza. El asesinato fue reivindicado por la Triple A, que alegó haberle confundido con otra persona. Desde el inicio, la Policía investigó diversas hipótesis, incluso tras asumir la autoría la extrema derecha, fuentes policiales llegaron a afirmar que no se descartaba que hubieran sido los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una organización armada activa en Euskadi en esos años.

Aquí puedes ver el listado completo de las víctimas identificadas en el documento:

Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.

El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, 28 lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y el resto de la ultraderecha.

El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.

El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.

La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.

Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional” por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.

Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.

En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.

Sin las víctimas de los GAL

El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que “trabajaron” por la consolidación democrática.

El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.

Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente, accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico, jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.

22 mil millones de euros

El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un sistema de reparación económica.

El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.

Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.

En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.

El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.

La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.

Las calles del Marqués de la Ensenada

El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional” contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada”.

El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.

Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

Vox ha vuelto a hacer uso del portal oficial del Gobierno de Aragón para poner en la diana a un menor migrante. Pese a las críticas por la utilización ideológica de una web ideada para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico, la formación de extrema derecha ha publicado una nota sobre la supuesta fuga de un centro de acogida de un “peligroso” adolescente tras una “brutal agresión”.

Pese a la naturaleza del portal Aragón Hoy, destinado a dar a conocer la acción del Gobierno, la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia –en manos de Vox– da detalles muy concretos sobre el menor, incluida su nacionalidad y su localidad natal. Desgrana unos hechos según los cuales participó en una revuelta interna en el centro, del que también da a conocer su ubicación, y le dedica calificativos como que fue el “cabecilla” de la pelea, que se “ensañó” con la víctima o que “se desconocen sus posibles antecedentes policiales o delictivos”.

En la nota, el vicepresidente Alejandro Nolasco acusa al “Gobierno de (Pedro) Sánchez” de “amparar” estas “conductas y situaciones intolerables” y exige al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “deje de ser cómplice”. Asimismo, reclama a Beltrán “que se implique directamente para que la Policía encuentre, detenga y ponga ante la Justicia a este presunto menor de edad, que no puede campar a sus anchas de forma descontrolada y que jamás debería haber sido acogido por el Gobierno de España ni mucho menos entregado forzosamente a Aragón”.

No es la primera vez que Vox lleva a cabo una práctica que no se había dado hasta ahora, y que supone una vuelta de tuerca en la agenda ultra de la formación, que desde que ha vuelto a entrar en el Gobierno de Azcón ha puesto a los menores migrantes que llegan sin padres ni madres a la comunidad en el centro del debate.

Hace tres semanas, el portal Aragón Hoy ya informó, también desde la Vicepresidencia de Desregulación, del supuesto caso de un menor que agredió a una trabajadora social en un centro de acogida del Gobierno de Aragón. La formación ultra incluso dio detalles del joven, del que reveló su edad y su nacionalidad.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Aragón, que agrupa también al Colegio Profesional, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre “diversos comunicados institucionales” difundidos desde la Vicepresidencia de Nolasco a partir de “quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión”.

Entre otras cuestiones, trasladó a la Comisión el uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’ impulsada por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón desaconseja expresamente su uso para referirse a personas, y advertía del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, suele llevar un pin de una abeja en la solapa. Es el símbolo de la ciudad por su pasado industrial y la laboriosidad en equipo de sus vecinos. Bee (abeja, en inglés) también es el nombre de la red de transporte de la que más presume el alcalde.

A diferencia de lo que pasa en casi toda Inglaterra, Manchester y sus afueras tienen una red de autobuses y tranvías que está en manos públicas y gestionada por una sola empresa. La ciudad dio marcha atrás al plan de privatización de Margaret Thatcher por el que ahora la mayoría de los lugares tienen varias empresas de autobuses, que no admiten un solo billete y ofrecen un servicio escaso, caro y poco coordinado. La otra ciudad que tiene una empresa unificada es Londres, a menudo la villana en las conversaciones fuera de la capital como el polo rico que concentra los recursos del país.

“Londres es un planeta diferente”, explica a elDiario.es Pete Abel, experto en movilidad ciclista en Manchester y voluntario de Friends of Earth, una organización medioambiental no partidista. “¿Por qué en los 80 cuando Margaret Thatcher hizo saltar por los aires el transporte público en todos los sitios del país no hizo lo mismo con Londres? Westminster está en Londres y Londres es importante. ¿Por qué no lo son Manchester, Newcastle o Birmingham?”

Burnham, que es nativo de Liverpool y ha dado voz a las quejas del norte de Inglaterra sobre todo en la última década, concluyó el plan del transporte que llevó casi cuatro décadas y que fue obra sobre todo de su predecesor, pero ahora presume de su eficacia como receta para todo el país.

Esa es una de sus bazas para intentar convertirse en primer ministro después de desafiar a Keir Starmer en unas primarias del partido que espera forzar este verano. Primero el alcalde tiene que ganar este jueves el escaño en el Parlamento nacional en Makerfield, un distrito rural entre Manchester y Liverpool. La comunidad es parte del llamado Greater Manchester y, como a Burnham le gusta repetir, la red de autobuses también llega hasta allí. Pero, igual que muchos lugares de la periferia, esta zona se siente desconectada de la gran ciudad, desde la que no es fácil llegar. La mayoría de sus vecinos utilizan el coche para moverse. 

La batalla contra Reform

El principal rival de Burnham es Robert Kenyon, candidato de Reform, el partido de la extrema derecha de Nigel Farage. Burnham es ahora el líder laborista más popular, pero su partido sufrió una derrota aplastante en las elecciones locales en mayo. En Wigan, la localidad más grande de la zona, los laboristas perdieron a favor de Reform 24 de los 25 concejales en disputa.

Burnham tiene ahora cerca de 10 puntos de ventaja en las últimas encuestas respecto a Kenyon, fontanero local y concejal que perdió por poco en las elecciones generales de 2024 para el escaño ahora en disputa. La brecha de género es especialmente notable después de la publicación de comentarios machistas de Kenyon sobre una presentadora de televisión y sobre el derecho al aborto. El ahora candidato del partido de Farage también criticó el Brexit en una zona donde casi el 70% votó a favor de la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016. 

El Brexit y la inmigración

En Makerfield, como en la mayoría de Inglaterra, la opinión sobre la salida del Reino Unido es ahora muy negativa, pero subyacen algunos de los fantasmas que arrastraron al país a esa decisión.

“El Brexit ya no importa tanto. El control sobre la política y la inmigración es un asunto que importa mucho”, explica Luke Tryl, de la encuestadora More in Common. El distrito apenas tiene migrantes, más del 90% de su población ha nacido en el país y el 97% se describe como “blanca británica”. Pero las llegadas a través del canal de la Mancha y los extranjeros en otras zonas del país tienen un impacto en la opinión pública también allí. 

La violencia contra los inmigrantes y las personas británicas de minorías étnicas o religiosas tiene efectos aunque haya sucedido a cientos de kilómetros. Por ejemplo, los últimos disturbios en la zona protestante de Belfast, en Irlanda del Norte, después de un apuñalamiento en la calle por el que ha sido detenido un refugiado de Sudán.

Burnham ya ha prometido más mano dura contra la inmigración de cualquier tipo. El que supuestamente representaba el ala izquierda del partido también ha reculado ahora sobre sus deseos de que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, entre otras cosas por la libre circulación de personas que eso supondría.

La miseria retratada por Orwell

Makerfield, como otras áreas del norte, era una zona minera y tiene nostalgia de un pasado donde había más interés de las empresas y los gobiernos en la región, pero que sufría pobreza y malas condiciones de vida, también en sus supuestos gloriosos tiempos. George Orwell inmortalizó el orgullo de esta región y también su miseria en su ensayo El camino a Wigan Pier, en 1937. 

El cierre de minas desde los años 50 del siglo XX dejó sin grandes empleadores a la zona más allá de los servicios públicos, aunque no es una de las regiones más pobres. La frustración en este siglo por la falta de empleos para los jóvenes, supermercados de calidad y viviendas bien aisladas se une a la salud pública deteriorada y la subida de los gastos más básicos como la comida y la luz. Muchos son males que comparte todo el país, especialmente fuera de Londres.

“Hay capas y capas de problemas que lugares así han experimentado en los últimos 10 o 15 años”, explica a elDiario.es Sarah Longlands, la directora ejecutiva de CLES, un think-tank especializado en ciudades en el norte de Inglaterra. “Tus hijos no tienen donde ir porque los clubs de juventud han cerrado por falta de dinero del ayuntamiento… Son cosas que han pasado lentamente. Y ahora los partidos de extrema derecha están haciendo campaña a costa del sufrimiento de la gente”. 

Ese descontento empezó en gran parte con los recortes del gasto público después de la crisis financiera y aplicados de manera especialmente radical por los gobiernos conservadores de David Cameron para los ayuntamientos en un país todavía muy centralizado. “Esto significó recortes del 40% y 50% que han supuesto un daño real”, explica Longlands.

Historia de dos ciudades

La experta cree que el Manchester de Burnham es una “historia de éxito” en el sentido de que la riqueza de la ciudad ha crecido en las últimas dos décadas más que el resto del país, pero también sigue viendo lagunas grandes en la lucha contra la pobreza extrema.

Después de su elección como alcalde en 2017, Burnham logró bajar el número de personas que dormían en la calle con su compromiso de dar más alojamientos públicos, pero en los últimos cuatro años el número de personas sin hogar ha vuelto a subir. El número de personas que duermen en la calle se ha doblado desde 2021 y ya es casi igual que cuando Burnham llegó al poder.

Joshi Herrmann, director de The Mill, un pequeño medio independiente de Manchester, explica que el éxito que vende Burnham tiene muchos límites, entre otros que no es solo obra suya y que no se ha extendido más allá del centro de la ciudad.

“Le gusta hacer cosas grandes, pero no le gusta hacer el tipo de preguntas incómodas que convierten las grandes ideas en políticas duraderas”, escribe Herrmann.

También cuestiona lo que Burnham ha bautizado como “el manchesterismo” y que el alcalde describe como un proyecto para que los servicios esenciales estén en manos públicas. Parte del crecimiento de Manchester se debe, en realidad, al modelo de proyectos público-privados impulsados desde Tony Blair y abrazados durante años por el Partido Conservador.

Por otro lado, el periodista alaba al alcalde por su don de gentes: “La mayor baza de Burnham no es su programa político, sino su empatía sin filtros”, dice.

Don de gentes

El fuerte de Burnham, según coinciden las personas de la zona entrevistadas por elDiario.es, es que es una persona “a la que le gusta la gente”. En cuanto se pregunta por el alcalde, hay anécdotas de cómo se acercó a alguien de manera espontánea o se interesó por una causa que no le reportaba especial beneficio en ese momento. El alcalde es retratado a menudo como alguien dispuesto a escuchar.

Pete Abel, el especialista en movilidad en Manchester, cuenta que no está de acuerdo con la marcha atrás del alcalde en la zona de bajas emisiones por las protestas de los conductores a las afueras de Manchester. Pero reconoce que Burnham ha mantenido un diálogo con el grupo desde antes de ser elegido y que siempre está dispuesto a escuchar.

“Si gana, será por la lealtad personal hacia él”, explica a elDiario.es Deborah Mattison, estratega veterana del Partido Laborista, autora de un libro sobre los votantes laboristas que perdió el partido a favor de los conservadores de Boris Johnson y ahora de Reform y durante un tiempo asesora de Starmer. “Pero no está claro qué pasará después de eso. No está claro que luego se vaya a convertir seguro en primer ministro. Tiene muchos obstáculos que superar. Para empezar, Keir Starmer tiene que decidir si quiere quedarse o marcharse”.

El primer ministro ha repetido hasta ahora que luchará contra cualquier desafío dentro de su partido. 

El consejo de Mattison, en todo caso, para líderes y diputados laboristas es que viajen más por el país y escuchen a los ciudadanos: “Tienen que salir de Westminster... Tienen que escuchar a otras personas que tienen vidas muy diferentes. Se sorprenderían de cuánto trabaja la gente para conseguir muy poco”.

La Policía británica detuvo anoche durante varias horas al ultraderechista Tommy Robinson en el aeropuerto londinense de Heathrow, según informa The Guardian y ha confirmado él mismo en redes sociales.

Al parecer el activista de extrema derecha, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, fue retenido y se le incautaron sus teléfonos bajo la Ley antiterrorista británica de 2019. Por el momento no se conocen los motivos de esta retención y la policía metropolitana de Londres no ha respondido a los comentarios solicitados por The Guardian.

Robinson utilizó después sus redes sociales para alegar que fue detenido durante casi tres horas y que se le requisaron dos teléfonos de las marcas Apple y Samsung, y aprovechó para pedir dinero a sus seguidores para pagar a sus abogados. Esta norma aprobada en 2019 da la posibilidad a los agentes de la policía el poder para retener, cuestionar, cachear y detener a personas sospechosas de viajar para planear, preparar o llevar a cabo actos hostiles.

Un portavoz de Robinson publicó en la red social X un mensaje en el que defendía que “probablemente” la policía quiere ver “con quién está hablando, y tal vez descubrir quiénes son sus fuentes, fuentes que expondrán a políticos por su papel en la violación de una generación de chicas británicas”.

Robinson, cuyas fuentes de financiación son desconocidas, ha pasado a sus 43 años hasta cinco veces por prisión y alega que sus causas judiciales son “un ataque a la libertad de expresión y al periodismo de investigación”. El ultraderechista se dedica desde hace años al activismo en redes sociales y ha promovido distintas manifestaciones contra el islam y la inmigración.

Esta semana ha vuelto a arengar a sus seguidores a participar en las concentraciones ultraderechistas de Belfast y se ha conocido que ha viajado hasta Moscú, donde se reunió con el sudafricano Errol Musk, padre del multimillonario Elon Musk, en un hotel de la capital de Rusia.

Ni los jóvenes son de extrema derecha, ni Vox es el partido que más les convence. Al menos es lo que retrata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que ya en sus últimos barómetros colocó al partido de Abascal en tercer lugar para el votante de entre 18 y 24 años, un tramo de vida asociado en la educación reglada a la etapa universitaria. Los datos recogidos en el mes de abril le dieron un 14,8% en intención de voto joven, unos dos puntos menos que el PP (17,1%) y seis respecto al PSOE (21,4%), la opción más popular entre los encuestados. Pero el porcentaje que sobresale es el que está aún en disputa: el 23% de votantes con menos de 25 años está indeciso, prefiere no votar o echará una papeleta nula o en blanco. Para llegar a ellos, la extrema derecha se ha fijado en las universidades: un espacio plagado de jóvenes en pleno proceso de politización y con edad para votar.

En el camino han logrado visibilidad, pero aún están lejos de alcanzar la hegemonía. Durante el 15-M, la comunidad universitaria se volcó en las protestas y reclamó mejoras sociales en un momento de hastío político. Algunos campus de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM) o la Carlos III se convirtieron en un símbolo del movimiento: sus estudiantes, docentes y las asambleas universitarias tuvieron una participación activa en las acampadas de la Puerta de Sol. Juventud Sin Futuro, uno de los colectivos que prendieron la mecha del 15-M era, de hecho, eminentemente universitario.

Cuando pasó 2011 y el suflé bajó, ese activismo desde las aulas quedó centrado en causas más concretas, y no tanto en un descontento general: feminismo, movimientos por la educación pública o reivindicaciones culturales. En ese tiempo, tanto los grupos más conservadores como los de extrema derecha permanecieron ajenos a la hegemonía cultural, y su presencia pública en las facultades fue más bien de nicho, muy focalizada en organizaciones concretas como el sindicato Respuesta Estudiantil, extinto desde 2015. Pero en la última década y, especialmente, desde hace unos años, todo parece distinto.

“¿A ti también te han dicho que la II República fue un paraíso?”

El pasado 20 de abril, un anuncio volvió a mover las aguas. El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) envió un correo electrónico a la comunidad universitaria para anunciar un evento. “¿A ti también te han trasmitido que la Segunda República fue un paraíso democrático?”, comenzaba el mensaje. En cierto modo, acabó volviéndose en su contra. Este órgano interno de gobierno es de carácter público y gestiona todo lo relativo al alumnado, e invitó a las facultades a una ponencia con los autores de un libro de 2017. En él, dos historiadores de otra universidad madrileña, la Rey Juan Carlos (URJC), plantearon la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios de la Segunda República, que aceleraron su fin.

Estos dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que obtuvo la mitad de los votos y prendió la mecha de la Guerra Civil. En la agenda de la UAM, el acto de Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío —que ya avanzan en la sinopsis que su libro “causará polémica y debates encendidos”—, no contaba como actividad oficial. Esto, según la universidad, no necesariamente es inusual: ocurre con los eventos no institucionales o que no convocan ellos directamente, sino una entidad externa o alguna asociación estudiantil. En este caso, era lo segundo.

Pero todo lo demás fue fruto de un error: al día siguiente, el propio Vicerrectorado de Estudiantes remitió un segundo e-mail en el que pedía hacer “una aclaración”, dado que “la redacción del [anterior] mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta”. “Estimados estudiantes, [...] La difusión de este tipo de actividades a través de los canales institucionales responde a la solicitud recibida, pidiendo la difusión de una actividad organizada por estudiantes. En ningún caso dicha difusión implica una toma de posición institucional, ni la asunción de los contenidos, enfoques o planteamientos de los actos anunciados”, escribió su vicerrectora, Nuria Fernández Monsalve.

El órgano de representantes insistió en su “compromiso con el rigor académico, el pensamiento crítico y los valores democráticos que inspiran a la institución, así como con una convivencia basada en el respeto y el diálogo”. “Tomo nota de ello: reforzaremos los criterios de comunicación para que el carácter estrictamente informativo de estos envíos resulte inequívoco”, se disculparon. Aunque, a preguntas de Somos Madrid, desde la Universidad Autónoma aseguraron que el segundo correo electrónico “no se envió expresamente por haber recibido críticas”, sí admiten una “confusión”: ese acto no era de la institución, así que no tenía que haberse promocionado por las vías oficiales.

Sin embargo, rectificaron la primera comunicación al “darse cuenta de que no era un evento de la universidad”. La diferencia entre unas actividades u otras, además de quién las coordina, es si por lo general reciben subvenciones públicas para desarrollar su agenda. De momento, nada apunta a que así fuera en el coloquio sobre 1936: la actividad sí que parte de una organización elegida entre las que representan al alumnado en la Facultad.

Los nombres detrás de estos movimientos juveniles

Alternativa estudiantil es una asociación próxima a la extrema derecha en la universidad española. Conocedores de que el fetichismo de las pequeñas diferencias ha funcionado tradicionalmente en el campo nacional —incluso más que para la izquierda—, su discurso delimita líneas maestras que refuerzan algunos conceptos como patria, familia y religión. Un vistazo a sus redes sociales devuelve multitud de mensajes que caben en estos moldes, y congregan los temas habituales de una derecha sincretista o algunos homólogos en Europa, como el espacio florentino Casaggi Firenze. Que, de hecho, ha servido de cantera juvenil para Fratelli d'Italia, el partido de Georgia Meloni.

Entre sus memes abundan los mensajes islamófobos, recuerdos franquistas, alusiones a la Reconquista, imaginería católica elaborada con IA, las teorías de la conspiración de sus hermanos mayores (como la del 11-M) o defensas indisimuladas del plan Kalergi (un supuesto complot internacional para importar trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las “razas europeas”). Pero el origen del grupo hay que buscarlo en las políticas europeas de movilidad universitaria.

Diego Fernández de Eribe venía militando en grupos juveniles de extrema derecha desde el Bachillerato. Algunos nombres: Revuelta Identitaria, Juventud Identitaria, Estudiantes por España o Plataforma 722. En 2022, la beca Erasmus le llevó hasta la ciudad de Turín, donde militó en el Frente Universitario de Acción Nacional, una veterana formación italiana de extrema derecha cuyas prácticas quiso trasladar a España a su vuelta. Un año después, se juntó con antiguos camaradas y miembros del entorno del medio de comunicación Herqles para fundar Alternativa Estudiantil. La mayoría de estos datos los contó el fundador de la asociación para un trabajo académico, hace ya un año.

Fernández de Eribe también ha trabajado en CitizenGo (marca europea de la que depende Hazte Oír) y fue candidato por Vox en Ávila. Dimitió en septiembre de 2025 como presidente de la asociación que él mismo había fundado, pero sigue activo en los saraos del campo juvenil patriota. Intervino como activista, pero sin filiación militante, en la conferencia celebrada en Madrid el pasado 11 de abril sobre Remigración llamada Frontera, en la que participaron el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto con miembros de otros grupos españoles y portugueses de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Alternativa Estudiantil.

Los vínculos con Vox: militantes invitados y actos comunes

En un comunicado emitido luego por la organización, esta salió al paso de las suspicacias ocasionadas por los movimientos internos de Vox, o la creación de posibles escisiones en la formación para declarar su independencia. Aunque nacieron en Madrid y esa sigue siendo su principal base de maniobras —actualmente tienen presencia en la UAM, la Universidad Carlos III, la Complutense y la Rey Juan Carlos—, se han extendido a Asturias, Valencia, Alicante y Málaga, según sus publicaciones en redes sociales.

Los referentes internacionales en los que se apoyan son otros grupos y sindicatos juveniles de la derecha, como el ya mencionado de Turín o el NSV flamenco. También los franceses Cocarded étudiante, con quienes mantuvieron un encuentro en el Centro Social Hermanos García Noblejas de Pueblo Nuevo, punto de encuentro ideológico en el barrio que opera bajo el nombre Asociación Cultural Alfonso I. Dentro de España, se incardinan en una tradición de grupos de extrema derecha como Respuesta Estudiantil, ya desaparecida; además, tienen relaciones con otros grupos universitarios similares, como X El Futuro (Alicante), S'ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, ambos de Cataluña. Juntos acudieron recientemente a un acto en Castellón al que también asistió Jorge Buxadé, de Vox.

La coincidencia en espacios comunes con Vox no es anecdótica. El pasado 12 de abril participaron en un acto de Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox. Solo unos días después, una delegación del grupo se fotografiaba con los diputados Carlos Hernández Quero e Isabel Pérez Moñino, certificando la cercanía a los sectores soberanistas y más alejados del liberalismo de la formación de extrema derecha. Sin ir más lejos, sus redes exhiben otras reuniones públicas con Hernández Quero.

Alternativa Estudiantil nació en septiembre de 2023 en el seno de la Facultad de Derecho de la UAM. Aunque critican constantemente a los “institucionalistas”, han hecho de la participación en los órganos de representación estudiantil de las facultades una punta de lanza para su crecimiento, junto con la organización de actos polémicos y las habituales pegadas de carteles. Su primera actuación reseñable fue presentarse a las elecciones de Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la misma universidad.

Entonces obtuvieron dos representantes y pasaron a la acción, insistiendo en discursos críticos con las universidades, la izquierda o esos colectivos denominados institucionalistas y trasladando el mensaje de que sus preocupaciones habituales son ajenas al día a día del alumnado. La baja participación en los distintos comicios universitarios permiten que, con muy pocos votos, un grupo organizado consiga cierta representación en los órganos de representación universitarios. En un ejemplo elocuente: en las elecciones de la UAM en marzo de 2026, lograron un representante con 10 votos en el Consejo de Gobierno.

El avance desde 2018 y la visibilización de actos polémicos

La excepción española en Europa respecto al peso de partidos de extrema derecha en sus Cortes vio su fin en diciembre de 2018. Vox, que había ganado fuerza con el conflicto catalán, entró de lleno al Parlamento andaluz y anticipó la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. Con este impulso, algunos de esos espacios condenados a la marginalidad volvieron a tomar parte en el debate político. En las universidades madrileñas, uno de los episodios más polémicos tuvo lugar hace cuatro años.

Era abril de 2022 cuando un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) increparon a Javier Ortega Smith hasta expulsarle de un acto no autorizado en la Facultad de Ciencias Políticas. El Campus de Somosaguas vio nacer a Podemos y está íntimamente ligado a la historia reciente de la izquierda. El entonces miembro de Vox, hoy en disputa abierta con su dirección, había acudido a un evento organizado por una plataforma ajena a la universidad, y que el Decanato ya había cancelado un día antes. Sin embargo, sus promotores avisaron de que eso no les pararía. La facultad terminó cerrando preventivamente sus instalaciones y hubo un gran despliegue policial, similar al que se repitió en febrero del año pasado con un antiguo compañero de siglas de Ortega Smith.

En febrero de 2025, cientos de estudiantes se plantaron en la Complutense para boicotear un acto de Iván Espinosa de los Monteros. Como el invitado no podía acceder a la sala de conferencias, acabaron suspendiéndolo. Pero estas disputas muy sonadas fueron marcando una voluntad ideológica, en busca de asentar a determinados grupos en un entorno universitario que hasta entonces se les escapaba. La cita con Espinosa de los Monteros la había convocado, precisamente, una de las asociaciones estudiantiles con representación entre facultades.

Libertad Sin Ira nació en 2021. Capitaneada por Ignacio Dancausa, hoy al frente de las Nuevas Generaciones del PP, su objetivo fundacional era disputar el “monopolio” de la izquierda en las universidades públicas. Hoy constan en el listado oficial de asociaciones con representación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Entre los valores que ellos mismos exponen en su página oficial suenan muchos conceptos comunes (consenso, democracia representativa, libertad de expresión...) y otros que resuenan en círculos conservadores, como la unidad o la lealtad a España.

Los recursos universitarios para asociaciones estudiantiles

Dos años después de echar a andar, en marzo de 2023, Libertad Sin Ira protagonizó un primer momento tenso con la universidad, algo distinto al que luego vivió con el acto frustrado de Iván Espinosa de los Monteros. La asociación estudiantil había invitado a otra cara visible de Vox, Rocío Monasterio, para ofrecer una charla por el 8-M. Como el resto de políticos mencionados, Monasterio hoy ya no forma parte del núcleo de Santiago Abascal, pero entonces era uno de sus rostros más conocidos. La Facultad de Derecho de la UCM, donde se quería organizar la cita, advirtió que esta “no había sido autorizada” y que, por lo tanto, tampoco podría celebrarse.

Eso no frenó su expansión: para cuando volvieron a intentarlo, en 2025, esta organización ya había consolidad su presencia en varias universidades madrileñas. Según su propia página web, aún mantienen delegados estudiantiles en cuatro de seis instituciones: la UCM, la URJC, la UAM y la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Sobre qué implica formar parte de la Junta de Gobierno o de Facultad en uno de estos centros académicos habla una de las plataformas con presencia transversal en varios de ellos, UAM x la Pública. Nacieron en la Universidad Autónoma como una agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores de derecha de la universidad pública.

Uno de sus portavoces explica a Somos Madrid que, de entre las asociaciones estudiantiles, no todas tienen una razón política o de lucha social. De hecho, son las menos frecuentes. La mayoría de entidades registradas por el alumnado son culturales o de ocio. La plataforma universitaria de la UAM detalla que algunas giran en torno a los juegos de mesa, o a la robótica en el caso de algunas escuelas de ingenieros. Cuando obtienen representación formal en unas elecciones de la facultad, también pueden acceder a un presupuesto que cada academia dispone para actividades impulsadas por estudiantes. “En la [Universidad] Autónoma, por ejemplo, te dan alguna ayuda según el tipo de actividad que propongas”, aseguran desde la organización universitaria, que calcula unos 100 euros obtenidos para un taller de reprografía y 150 en otro de carpintería.

El dinero iba a parar a la adquisición del material con el que desarrollar y promocionar el evento. Aunque las cantidades siempre varían, en función de lo que cada centro decida en sus cuentas. “A veces se pide que el alumnado adelante el presupuesto. Se pacta una cuantía, luego se aportan facturas de todo y, al final, la universidad lo repone”, afirman las mismas fuentes, tajantes a la hora de citar alguna referencia directa a las asociaciones estudiantiles que hoy orbitan en sus facultades y mantienen vínculos con la extrema derecha. “Al final, su verdadera ventaja no es la de tener una gran representación e influencia interna, sino el hacer ruido. Si les damos otro altavoz, dudo que eso juegue a nuestro favor”, concluyen.

Este viernes 12 de junio ha entrado en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo como ejemplo de la asunción de postulados ultras por parte de los partidos conservadores del PP Europeo. Casualmente, esta es la misma semana en la que se cumplen dos años de las últimas elecciones europeas. Entonces, los resultados volvieron a llevar a Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, pero ante el auge de la extrema derecha, la política conservadora alemana comenzó la legislatura flirteando con los ultras en la Eurocámara. Aunque finalmente, la coalición entre conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes construyó la mayoría que sustenta la Comisión, Von der Leyen ha mantenido una estrategia de normalización de planteamientos ultras para dividir a las fuerzas de ultraderecha que ha devenido en un fracaso.

Javier Carbonell, Tabea Schaumann y Levente Kocsis, investigadores del European Policy Centre, han realizado un informe en el que revelan que “uno de los principales enfoques estratégicos del segundo mandato de Von der Leyen ha sido acercarse a ciertas partes de la extrema derecha, mientras continúa excluyendo a otras. Esto ha ocurrido especialmente en el caso de los miembros del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al tiempo que continúa rechazando a Patriotas por Europa (PfE) [al que pertenece Vox y AfD] y a Europa de las Naciones Soberanas (ESN)”.

La elección de ECR no es baladí. En este grupo parlamentario está la formación política de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, Fratelli d'Italia, que aunque fue señalada por sus planteamientos parafascistas en sus inicios, cuando llegó al poder hizo un viaje hacia la moderación ante las necesidades de las responsabilidades de Gobierno, cuando Italia se encuentra en una situación económica bastante complicada que le obliga a ceder terreno en el terreno ideológico para conseguir apoyo de la Comisión.

Csaba Stefán, investigador de del Centre for European Policy Studies, explica que Meloni “tras llegar al poder se convirtió, en cierta medida, en una de las dirigentes favoritas de la presidenta de la Comisión Europea. Su política interna demuestra que sus convicciones de derecha radical no han desaparecido, pero también que las exigencias de gobernar la han obligado a adoptar un enfoque más pragmático, incluido en el ámbito de la Unión Europea”.

“Mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas”

Los investigadores del European Policy Centre explican que la motivación detrás de la estrategia de Von der Leyen “fue el reconocimiento de que los partidos del ECR ocupaban el poder en varios gobiernos importantes, como el de Italia, y que la cooperación con ellos daría al PPE una mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas y Demócratas”. La primera votación conjunta de conservadores y ultras fue simbólica, pero quedó como una clara advertencia: sacaron adelante una declaración que reconocía a Edmundo González como “presidente electo de Venezuela”, lo que provocó que las diferentes fuerzas de izquierdas denominaran desde entonces como 'coalición Venezuela' a la unión de conservadores y extrema derecha en la Eurocámara.

Desde entonces, los populares europeos se han apoyado en las formaciones de ultraderecha para rebajar las exigencias medioambientales a las empresas y contra la deforestación, que se aprobaron la legislatura pasada como parte de la transición verde, o la inmigración. Tanto el PPE como los ultras admitían que se abría una nueva etapa con la derechización de las políticas de la Unión Europea. El grupo ECR mandó un comunicado en el que resaltaba que “esta votación demuestra que es posible una nueva mayoría en Europa, una que prioriza la competitividad, la claridad legal y el espacio para la innovación”.

La cuestión es que los vínculos entre el PP Europeo con la ultraderecha no se han limitado al grupo parlamentario de la formación de Meloni. El pasado mes de marzo, justo cuando el Partido Popular Europeo trataba de celebrar su 50 aniversario, la agencia alemana DPA informaba de reuniones presenciales y un grupo de WhatsApp entre los populares y miembros de la formación de ultraderecha alemana, AfD, incluida en el grupo parlamentario PfE, para coordinar una propuesta legislativa que endureciera la política migratoria, como así ha sido finalmente con el Pacto de Emigración y Asilo.

Estas alianzas empezaron a provocar resquemores más fuertes entre los conservadores cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo pública su estrategia de seguridad, donde celebraba “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, eufemismo para denominar a la extrema derecha. 

Como explican Jeremy Shapiro y Zsuzsanna Végh, analistas del European Council on Foreign Relations, “la convergencia entre el movimiento MAGA liderado por Trump y la extrema derecha europea significa que los europeos liberales se enfrentan ahora a una guerra en dos frentes. En el frente interno, la extrema derecha europea, envalentonada por la elección de Trump, se siente cada vez más fortalecida para impulsar la transformación del núcleo institucional de la Unión Europea. En el frente externo, Estados Unidos utiliza sus vínculos con partidos políticos europeos como una herramienta de presión en su guerra comercial y regulatoria contra la Unión Europea”. De hecho, Trump tiene entre sus objetivos acabar con las políticas europeas construidas a través de la agenda verde y con la regulación digital de la UE, que afecta especialmente a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. 

Sin embargo, los investigadores del European Council on Foreign Relations, también apuntan que “la nueva alianza transatlántica de extrema derecha no está exenta de desafíos. Trump es impopular en Europa, incluso en países donde la extrema derecha cuenta con una sólida base electoral. La guerra comercial impulsada por Trump, por ejemplo, afecta directamente a muchos de los sectores sociales y económicos que constituyen la base de apoyo de la extrema derecha en Europa”. Los líderes de la formación de extrema derecha francesa Rassemblement national, Marine Le Pen y Jordan Bardella, han marcado distancias con Trump por varias de sus actuaciones políticas.

Adaptación de la ultraderecha para remodelar la UE

Dejando de lado a Trump, la ultraderecha europea ha optado por cambiar de estrategia y optar por una posición práctica, menos radical, que le permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Pero además, el problema para el PPE, especialmente para su presidente, el también alemán, Manfred Weber, al que acusan de gestar las negociaciones con los ultraderechistas en el Parlamento Europeo, es que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha mandado varios avisos sobre las consecuencias en Alemania de darles alas a las formaciones de ultraderecha. Merz ha avisado públicamente al presidente del PPE: “Weber sabe que nos oponemos a esta colaboración”. Mientras, se hacían públicos unos sondeos de las próximas elecciones en dos Estados de la Alemania del Este (Sachsen-Anhalt y Mecklenburg-Vorpommern) en las que los ultraderechistas del AfD estaban por delante del partido de Merz, Weber y Von der Leyen.

Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia electoral de la estrategia seguida por el PPE y por Von der Leyen? Los investigadores del European Policy Centre explican que “los resultados muestran que el PPE ha perdido parte de su apoyo, por lo que no ha logrado recuperar a los votantes que se habían desplazado hacia la extrema derecha. Además, los dos grupos excluidos de esta estrategia de normalización, PfE y ESN, son los que han registrado los mayores aumentos en su cuota de voto. Tampoco parece que la estrategia haya beneficiado de manera significativa al ECR, cuyo número proyectado de eurodiputados se ha mantenido relativamente estable. Más bien, parece que formar parte del establishment ha perjudicado al ECR más de lo que ha beneficiado al PPE, reforzando así la estrategia antisistema defendida por PfE y ESN”.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de X, tuitea a menudo sobre el Reino Unido. No hay rastro público de que el sudafricano y residente en Estados Unidos haya visitado recientemente el país que parece obsesionarle desde hace años, pero interviene a menudo en sus debates políticos.

En los últimos meses, ha llamado a derribar el Gobierno laborista, ha sugerido que el Reino Unido está al borde de la guerra civil y ha compartido mensajes incendiarios de los grupos más radicales de extrema derecha. Sus mensajes han sido constantes desde la victoria del laborista Keir Starmer en las elecciones de julio de 2024.

La obsesión de Musk por el Reino Unido ha ido en aumento desde que compró Twitter, en octubre de 2022, y en particular desde la llegada de los laboristas al poder, según un análisis recién publicado por el Financial Times. En lo que va de junio, casi el 20% de sus mensajes han sido sobre el Reino Unido.

Su cuenta en X es la que tiene el mayor alcance de la plataforma, con más de 240 millones de seguidores. Desde que compró la empresa, los cambios en el algoritmo premian a las voces más extremas y castigan a las fuentes de información de medios y otras instituciones, especialmente si van acompañadas de enlaces.

Disturbios en Irlanda del Norte

En plenos disturbios en barrios protestantes de Irlanda del Norte contra minorías, con quema de coches, autobuses y viviendas, Musk ha utilizado su plataforma para llamar de nuevo a la “lucha”.

El propietario de X comparte en particular las llamadas de las figuras más ultras del Reino Unido a echar a millones de personas del país por el color de su piel, su religión o su origen. Lo hizo después del asesinato de un joven de 18 años en Southampton, en el sur de Inglaterra, a manos de otro británico de religión sij. Y lo ha vuelto a hacer después de que un refugiado sudanés atacara con un cuchillo a un hombre en la calle en Belfast (la víctima está hospitalizada y sigue grave). 

Las familias de ambas víctimas han pedido calma a la población y, de manera explícita, que su tragedia no se utilice para alimentar la violencia o la división. Eso no ha detenido los disturbios ni la retórica online. Según Musk, la culpa es de los “migrantes asesinos” y “no de las redes sociales”.

La lista

“O luchas o mueres”, dijo Elon Musk en un mitin ultra en Londres en el que participó en remoto el año pasado con un mensaje que ahora ha vuelto a repetir. Sus llamadas a la acción de esta semana incluyen una lista generada de manera automática con lugares para protestar “de manera ruidosa” en todo el país.

Algunos de los puntos de encuentro en ese elenco difundido por Musk y grupos ultra son inexistentes o inaccesibles por las obras y otras limitaciones para la movilidad. En Oxford, por ejemplo, el lugar para reunirse era una plaza con un nombre inventado. 

La mayoría de las protestas más allá de Irlanda del Norte han reunido a pocas decenas de personas, pero hombres de negro enmascarados –el uniforme al que se animaba para protestar– han provocado incidentes en algunas localidades, por ejemplo, en Glasgow, en Escocia.

Los ultras de Musk

Nigel Farage, el líder de Reform, el partido de extrema derecha que es favorito en las encuestas de intención de voto, dice ahora que no apoya las protestas violentas. Pero los mensajes de Farage y otros políticos han animado a la movilización ciudadana. La semana pasada, Farage animó a la “ira” para agitar los ánimos tras el asesinato de Southampton, aunque luego se echó atrás después de las quejas de la familia de la víctima.

Musk apoya ahora en particular a Stephen Yaxley-Lennon, un ultra que utiliza el pseudónimo de Tommy Robinson, y a Rupert Lowe, fundador del partido de extrema derecha Restore Britain, que se presenta como alternativa más radical que Reform, pero comparte mensajes parecidos contra los extranjeros y las minorías. El dueño de X dice que ya no apoya a Farage porque lo considera demasiado blando.

Entretanto, los diputados del Partido Conservador y de Reform cada vez comparten más mensajes en X, según el Financial Times. Su volumen y recurrencia de mensajes ha aumentado desde la compra de Musk. En cambio, los representantes del Partido Laborista y del Partido Liberaldemócrata se han marchado a otras plataformas y los que quedan tuitean a un nivel comparable al de 2012, cuando la entonces llamada Twitter era una herramienta de alcance reducido.

Qué hacer

Este miércoles, el primer ministro Starmer aseguró que no dudará en castigar a las plataformas que inciten al odio. La responsabilidad, en todo caso, es ahora del regulador.

Este miércoles, la Oficina de Comunicaciones (Ofcom, en inglés) publicó una carta para recordarle a X y a otras plataformas sus responsabilidades según la ley en vigor de 2023 para eliminar el contenido que incite a la violencia y facilitar las quejas de los usuarios. 

El regulador subraya que “una parte” de los disturbios en Belfast “parecen haber sido instigados online”. “Esto ha incluido incidentes racistas de violencia, incendios de casas y vehículos y ataques contra policía”, dice el texto, que recuerda que las plataformas tienen el deber de “analizar y mitigar la actividad ilegal en sus webs y sus aplicaciones”. El regulador confirmó que ya ha lanzado investigaciones sobre el comportamiento de varias plataformas. 

Pero el papel de Musk, en particular, va más allá de lo que hace su plataforma u otros usuarios.

El Gobierno británico insiste, además, en que la interferencia del multimillonario viene de alguien que no conoce el Reino Unido ni sus comunidades. “Él no vive ahí... Él no está en riesgo”, decía esta semana Anna Turley, miembro del Gobierno y una de las líderes del Partido Laborista. “Se trata de agentes con mala fe que a menudo están sentados a muchas millas de distancia. Para ellos es fácil caldear el ambiente”. 

En Irlanda del Norte, la ministra de Justicia, Naomi Long, del partido centrista Alliance, se quejaba de que los “agentes de mala fe” online no sabrían ni poner a su comunidad en el mapa. “Ahí están los que antes de ayer no habrían sido capaces de encontrar Belfast en un mapa, que están online, que están explotando el miedo que tiene la gente por lo que pasó e intentando convertir esto en una protesta racista o un asunto contra la inmigración”, dijo Long en la BBC. 

Los políticos de partidos nacionalistas y unionistas de Irlanda del Norte han mostrado una poco habitual sintonía en su llamamiento a la calma, incluso el partido de extrema derecha local. Pero Musk ha apoyado a otros activistas ultra también en esa región.

La legislación

Se espera que a mediados de julio entre en vigor una enmienda ya prevista de la legislación actual para obligar a las plataformas a actuar más rápido contra el contenido ilegal, especialmente en momentos de crisis, según anunció esta semana la ministra de Tecnología, Liz Kendall. Se trata de la legislación secundaria que puede aplicar el Gobierno de manera rápida, pero que requiere 40 días para su entrada en vigor. 

Además, el Gobierno de Keir Starmer ya ha prometido presentar pronto un nuevo paquete de medidas para combatir la explotación sexual y limitar el uso de las redes sociales y combatir sus aspectos más adictivos en particular para los menores de 16 años. 

El primer ministro, sin embargo, se puede encontrar pronto con unas primarias para sustituirlo en su partido y una crisis en Gobierno.

El próximo jueves, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, se presenta a unas elecciones especiales por un escaño nacional vacante. Si gana, entrará en el Parlamento y así podrá presentarse contra Starmer.

Algunos de los aliados del primer ministro hablan ya de que tiene que acelerar su agenda si quiere que quede algo de su “legado”. El intento de freno a las redes sociales puede ser una pieza.

Durante cuatro horas, dos cuidadoras ugandesas, Sumayah Nakazibwe y Stella Ariokot, permanecieron atrincheradas en su casa, cerca de Crumlin Road, al norte de Belfast, mientras el humo se colaba en el interior y las llamas lamían las paredes de las propiedades vecinas.

“Todo empezó como si la gente simplemente estuviera manifestándose, chicos jóvenes de entre nueve y veinte años”, cuenta Nakazibwe. “Todos iban vestidos de negro y llevaban máscaras”.

Desde su ventana vieron cómo la turba prendía fuego a los neumáticos de un autobús. “Y luego recogieron los contenedores de basura que había fuera y empezaron a quemarlos también”, cuenta. “Entonces pensamos: ”Quizá la cosa no vaya a más“.

Pero entonces la multitud giró hacia su calle, donde también viven familias rumanas y nigerianas junto a familias británicas e irlandesas.

“Empezaron a prender fuego a los coches y a lanzarles cócteles molotov”, dice. “Así que, cuando empezó a salir el humo, se dirigía directamente hacia nuestras casas. Por eso llamamos a la policía y a los bomberos”.

"Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos

Jack McKee — pastor de la New Life City Church

Había tantos incendios por toda la ciudad que los bomberos tardaron unos 30 minutos en llegar.

“Fue aterrador”, dice Nakazibwe, mientras las mujeres veían cómo las llamas se apoderaban de las casas vecinas. Los servicios de emergencia les dijeron que era demasiado peligroso intentar salir y les sugirieron que se pusieran sus uniformes de cuidadoras, por si eso servía para calmar a los alborotadores que entraran en la casa.

“Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela”, dice Nakazibwe. “Por mi parte, dejé a mi madre en casa”.

En un momento dado, Nakazibwe se desmayó del susto. “Cuando empezaron a lanzar piedras contra nuestras ventanas, se desmayó”, explica Ariokot. “Tuve que quedarme al teléfono hablando con los de la ambulancia, que me iban indicando qué hacer, pero, gracias a Dios, se despertó”.

Solo cuando el párroco de su iglesia llegó al lugar y habló con los hombres, se consideró que era lo suficientemente seguro como para que fueran evacuadas de su casa.

El pastor Jack McKee, de la iglesia New Life City Church, no quería salir a la calle cuando comenzaron los disturbios, pero al enterarse de que uno de los feligreses estaba en apuros, se puso en marcha en su coche para acudir en su ayuda.

Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela

Sumayah Nakazibwe

“Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos, en la calle, porque ni siquiera podían llegar hasta la casa”, dice.

“Una casa quedó completamente calcinada; tuvimos que pasar por debajo de las mangueras para poder entrar en la casa y sacar a esas mujeres”, añade.

“Había como veinte tipos, todos enmascarados, con ladrillos en las manos, y parecía que estaban allí para armar jaleo, así que tuve que acercarme a hablar con ellos”, recuerda. “Les supliqué que me dieran diez minutos para sacar a esas mujeres de allí y subirlas a mi coche”.

“Me dieron esos diez minutos”, cuenta. “Algunos incluso dejaron caer los ladrillos al suelo, me dieron esos diez minutos y me dejaron subirlos al coche”.

Las mujeres, que pasaron la noche con McKee y su familia estaban “completamente traumatizadas”, dice. “Nunca pensé que tendría que ir a rescatar a cristianos que estaban siendo atacados en una comunidad protestante”.

“Entiendo que hay gente buena ahí fuera; las personas que realmente están provocando disturbios no representan a toda la comunidad… del mismo modo que el inmigrante que realmente cometió ese [ataque] no nos representa a todos”, dice Nakazibwe. Sin embargo, añade: “Yo no saldría. No es seguro”.

“Para mí era un lugar muy tranquilo hasta ayer”, explica. “Me ha hecho cambiar de opinión por completo. Es demasiado; sentí que quizá estaba tirando la toalla, que quizá ya era hora de volver a casa”.

En la calle que sale de Shankill Road, donde una familia rumana se vio obligada a abandonar su hogar, abundan los indicios de los disturbios de la noche anterior. En la calle se ve el chasis de un coche calcinado, que según los vecinos pertenecía a la familia, mientras que algunas ventanas están destrozadas y otras tapiadas.

Según los vecinos, la casa ya había sido objeto de ataques en dos ocasiones anteriores, la más reciente hace un par de meses. “Y no se marchaban, así que anoche fue la gota que colmó el vaso”, comenta uno de ellos.

El martes por la noche lanzaron ladrillos contra la casa y metieron fuegos artificiales encendidos por el buzón. Otro vecino ayudó a la familia a escapar después de que unos hombres encapuchados derribaran la puerta.

“Les dijeron que se marcharan, los echaron dos veces y no se fueron”, dice la vecina. Afirma que no sabía adónde habían trasladado a la familia y añade: “Ahora ya no es nuestro problema, ya no están aquí”.

La casa de al lado, donde vive una familia negra, también tiene las ventanas rotas y tapiadas, y los vecinos afirman que el fuego se extendió hasta allí. Esa familia también huyó y un vecino puso su coche a salvo.

Al otro lado de la ciudad, en el este de Belfast, junto a Newtownards Road, varias casas han sido tapiadas, mientras que los escombros calcinados cubren las calles.

Según los vecinos, entre las personas que tuvieron que abandonar sus hogares había familias rumanas y sudanesas. “Había una turba en la calle y a la policía… la echaron de la calle. ¿Cómo es posible que, teniendo armas y todo eso, alguien te eche de una calle?”.

Un trabajador de una organización benéfica afirma que la policía ha puesto a salvo a las familias y que estas permanecieron con los agentes hasta que se les encontró un alojamiento temporal.

Un vecino afirma que se había atacado específicamente a viviendas en las que vivían familias pertenecientes a minorías étnicas y que algunos católicos habían acudido a esa zona, mayoritariamente unionista, para sumarse a los actos de violencia. “Es la primera vez que pasa”, dice el vecino mientras destaca que ambos grupos llevan 30 años luchando entre ellos.

L'expresident del Parlament balear Balti Picornell ha comparegut aquest dijous als jutjats de Palma arran de la querella interposada pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos per haver-se referit presumptament a ell com a “puto nazi”. L'encausat no ha arribat a declarar, ja que no li havia estat notificada formalment la querella, i ha estat citat novament per al pròxim dimarts a les 13.00 hores.

Segons ha explicat la seva defensa a les portes del jutjat, Picornell havia estat convocat únicament mitjançant una telefonada i un missatge SMS. Davant aquesta situació, el jutge ha acordat lliurar-li ara la documentació i assenyalar una nova data perquè declari en qualitat d'investigat. El seu advocat, Josep Rosell, del col·lectiu Acció Cassandra, ha anunciat a més que recorrerà l'admissió a tràmit de la querella en considerar que els fets denunciats estan emparats pel dret fonamental a la llibertat d'expressió.

“No podem tolerar que, encara que finalment s'arxivàs, s'investigui una persona per uns fets que, encara que fossin certs, no serien constitutius de delicte”, ha expressat el lletrat.

El mateix Picornell ha emmarcat el procediment en un intent de l'extrema dreta de restringir la crítica política: “El que no podem permetre és que personatges com aquest intentin retallar la nostra llibertat d'expressió, intentin tenir-nos callats i que no puguem expressar el que una persona reaccionària diu a les xarxes socials”. “Hem de tenir garantit un dret fonamental com és la llibertat d'expressió i els hem de fer front”, ha incidit.

En aquesta línia, el seu advocat ha assenyalat que els estàndards de protecció de la llibertat d'expressió són especialment amplis quan afecten responsables polítics. En aquest sentit, ha defensat que expressions com la que ha motivat la querella s'han d'analitzar en el context de la trajectòria pública del denunciant. “Parlam d'un polític que s'ha significat per homenatges al Valle de los Caídos, per posicionar-se contra represaliats del franquisme o per afirmar que el 18 de juliol és el dia més important d'Espanya”, ha argumentat.

La defensa preveu presentar directament un recurs davant l'Audiència Provincial de les Balears després que el jutjat admetés la querella per un presumpte delicte d'injúries greus a l'autoritat. Previsiblement, el recurs no arribarà a resoldre's abans de la nova compareixença prevista per a la setmana vinent. “Veurem què entén el tribunal i fins on arriben els estàndards de la llibertat d'expressió espanyola”.

A les portes dels jutjats de Via Alemanya, una quinzena de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport a l'expresident de la cambra autonòmica. Després d'abandonar l'edifici judicial, Picornell ha estat rebut amb aplaudiments per part dels assistents.

La causa té el seu origen en una querella presentada per Campos després que Picornell difongués reiteradament a les seves xarxes socials una fotografia en què apareix posant al costat d'un grafit amb el missatge “J. Campos puto nazi”. La setmana passada, el diputat de Vox va ratificar la denúncia davant el jutjat instructor i va avançar que no descarta ampliar-la a altres persones que també hagin compartit o utilitzat la citada imatge.

Picornell va presidir el Parlament entre 2017 i 2019, durant el segon mandat de la socialista Francina Armengol. Durant la seva etapa al capdavant de la cambra autonòmica va intentar projectar una imatge austera i institucional, marcada per la proximitat als moviments socials i per gestos simbòlics contra els privilegis associats al càrrec. Entre aquests, va renunciar a utilitzar el cotxe oficial i va defensar una presidència més pròxima a la ciutadania i menys vinculada a la solemnitat tradicional de les institucions.

El discurs ultra de Jorge Campos

Es dona la circumstància que, el maig de 2024, el mateix diputat de Vox va comparar la gran manifestació celebrada dies abans en favor del català, utilitzant per fer-ho la imatge d'una desfilada de torxes celebrada pocs mesos després que Adolf Hitler arribàs al poder.

Campos també va assenyalar en una altra publicació catalanistes i independentistes en el context de la Diada de Mallorca. “Aquest dia sabem que, a Palma de Mallorca, els separatistes pancatalanistes estan tots al mateix lloc. Aquestes oportunitats s'haurien d'aprofitar”, va escriure al seu compte de X. “Contra la seva malaltia, la nostra immensa il·lusió de fer un país millor que el que ells representen”, va afegir.

Cal assenyalar que la trajectòria de Jorge Campos està marcada per un discurs bel·ligerant contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica. El setembre de 2022, la llavors presidenta del Govern, Francina Armengol, li va retreure que en una intervenció al Parlament balear vinculàs la “taxa de criminalitat de les Balears” amb l'“augment constant d'immigrants il·legals”. “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENAS al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de manera despectiva als menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Anomenar-los delinqüents és una calúmnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut d'abandonar casa seva”, va afirmar el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en un camp de batalla ideològic, acusant l'anterior Executiu d'esquerres d'“adoctrinar” els alumnes i prometent “treure de les escoles” aquells que, segons ell, “ataquen la nació”. Segons el seu parer, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge a X, Campos, lluny de condemnar la bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i que “s'haurien pogut ocasionar danys materials o personals”. “Què hi pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, a la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

El expresidente del Parlament balear Balti Picornell ha comparecido este jueves en los juzgados de Palma a raíz de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos por supuestamente referirse a él como “puto nazi”. El encausado no ha llegado a declarar dado que no le había sido notificada formalmente la querella y ha sido citado nuevamente para el próximo martes a las 13.00 horas.

Según ha explicado su defensa a las puertas del juzgado, Picornell había sido convocado únicamente mediante una llamada telefónica y un mensaje SMS. Ante esta situación, el juez ha acordado entregarle ahora la documentación y señalar una nueva fecha para su declaración en calidad de investigado. Su abogado, Josep Rosell, del colectivo Acció Cassandra, ha anunciado además que recurrirá la admisión a trámite de la querella al considerar que los hechos denunciados están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

“No podemos tolerar que, aunque finalmente se archivara, se investigue a una persona por unos hechos que aunque fueran ciertos no serían constitutivos de delito”, ha expresado el letrado.

El propio Picornell ha enmarcado el procedimiento en un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política: “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten tenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

En esta línea, su abogado ha señalado que los estándares de protección de la libertad de expresión son especialmente amplios cuando afectan a responsables políticos. En este sentido, ha defendido que expresiones como la que ha motivado la querella deben analizarse en el contexto de la trayectoria pública del denunciante. “Estamos hablando de un político que se ha significado por homenajes al Valle de los Caídos, por posicionarse contra represaliados del franquismo o por afirmar que el 18 de julio es el día más importante de España”, ha argumentado.

La defensa prevé presentar directamente un recurso ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella por un presunto delito de injurias graves a la autoridad. Previsiblemente, el recurso no llegará a resolverse antes de la nueva comparecencia prevista para la próxima semana. “Veremos qué entiende del tribunal y hasta dónde llegan los estándares de la libertad de expresión española”.

A las puertas de los Juzgados de Vía Alemanya, una quincena de personas se ha concentrado para mostrar su apoyo al expresidente de la Cámara autonómica. Tras abandonar el edificio judicial, Picornell ha sido recibido con aplausos por parte de los asistentes.

La causa tiene su origen en una querella presentada por Campos después de que Picornell difundiera reiteradamente en sus redes sociales una fotografía en la que posa junto a un grafiti con el mensaje “J. Campos puto nazi”. La semana pasada, el diputado de Vox ratificó la denuncia ante el juzgado instructor y avanzó que no descarta ampliarla a otras personas que también hayan compartido o utilizado la citada imagen.

Picornell presidió el Parlament entre 2017 y 2019, durante el segundo mandato de la socialista Francina Armengol. Durante su etapa al frente de la Cámara autonómica trató de proyectar una imagen austera e institucional, marcada por la cercanía a los movimientos sociales y por gestos simbólicos contra los privilegios asociados al cargo. Entre ellos, renunció a utilizar el coche oficial y defendió una presidencia más próxima a la ciudadanía y menos ligada a la solemnidad tradicional de las instituciones.

El discurso ultra de Jorge Campos

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2024, el propio diputado de Vox comparó la gran manifestación celebrada días antes en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder.

Campos también señaló en otra publicación a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió. 

Cabe señalar que la trayectoria de Jorge Campos está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática. En septiembre de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, le reprochó que en una intervención en el Parlament balear vinculase la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”. “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Esta semana Elon Musk, el propietario de X, volvió a utilizar su red para llamar a la violencia en el Reino Unido. Su particular obsesión con el país suele dar frutos limitados, pero es una voz más que contribuye a los disturbios en las zonas más predispuestas. La zona protestante de Belfast, en Irlanda del Norte, como tantas otras veces, vivió horas de violencia que incluyó incendios de autobuses, coches y ataques contra viviendas en una persecución contra minorías. 

La excusa para la violencia esta vez fue el apuñalamiento en la calle de una persona por parte de otro hombre que había recibido asilo como refugiado de Sudán en el Reino Unido. La violencia con armas blancas es una de las preocupaciones en las ciudades por todo el país, con más de 53.000 incidentes el año pasado en Inglaterra y Gales (entre ellos, 262 homicidios). Pero el foco de Musk y de los encapuchados de Belfast que sembraron el terror durante horas no eran los cuchillos ni las botellas rotas, sino una vez más los extranjeros, los inmigrantes o las personas negras. En la mayoría del país, las llamadas de Musk y otros líderes locales de grupos neonazis reunieron a unas pocas docenas de personas. La lista que circulaba el martes de lugares para protestar generada de manera automática tenía absurdidades como una plaza inexistente en Oxford o zonas de obras inaccesibles. 

El efecto de las redes sociales en el mundo real siempre es difícil de probar, pero las llamadas de Musk y el uso manipulado de su red son tan explícitas que no hay duda de su daño. 

La regulación de empresas transnacionales siempre es compleja, pero lo que es difícil de entender en este contexto es que gobiernos, instituciones y medios (elDiario.es incluido, como la mayoría de los españoles) sigan participando en esta red que con su presencia ayudan a mantener y financiar. Las decisiones de los usuarios individuales ya han tenido impacto en la visión y la influencia de X, pero la responsabilidad más grande la cargan las organizaciones. 

El argumento de que la red sirve para informar frente a los bulos es cada vez más débil dado que el algoritmo premia los mensajes de contenido extremo, castiga los enlaces con información y está en manos de los caprichos de su dueño. Hay algunas alternativas más profesionales o más pequeñas en redes sociales, Y, por supuesto, la vida pública es y debe ser más que su sombra virtual.

Pocas dudas quedan de que plataformas como X hacen nuestra sociedad peor. Conformarse y quedarse en ella es una decisión evitable.

A pocos días de que se cumplan 46 años de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, alias 'Naparra', el Observatorio Vasco de Derechos Humanos ha solicitado de manera formal la desclasificación “inmediata” de los documentos relacionados que obren en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), heredero del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). 'Naparra', que había pertenecido a ETA político-militar primero y a ETA militar después, se integró más tarde en los Comandos Autónomos Anticapitalistas, en los que llegó a destacarse como líder. Huido a Francia en 1978, desapareció el 11 de junio de 1980.

La petición se ha hecho a través de un escrito, fechado el 4 de junio, dirigido a seis diputados (Mertxe Aizpurua, de EH Bildu; Maribel Vaquero, del PNV; Rafaela Romero y Adriana Maldonado, socialistas; Ione Belarra, de Podemos, y Lander Martínez, de Sumar) y cinco senadores (Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV; Uxue Barkos, de Geroa Bai; Gorka Elejaberrieta, de EH Bildu, y Nuria Medina y Alfonso Gil, socialistas). Se les solicita que “promuevan [...] la desclasificación inmediata de la documentación obrante en el CESID (actual CNI) relativa al secuestro, desaparición y ocultación de los restos mortales” del desaparecido.

En el escrito, en una sección dedicada a recoger los hechos, se apunta a que Ramón Francisco Arnau de la Nuez, que habría prestado “servicios para el CESID en la época de los hechos”, ha declarado “públicamente, bajo su nombre y responsabilidad, que durante su pertenencia a los servicios de inteligencia españoles tuvo conocimiento directo y fehaciente de la localización exacta de los restos mortales”. Con unas coordenadas, de hecho, apuntó a la localidad de Brocas, en el departamento de las Landas.

Esta declaración, se sostiene en el escrito firmado por Agus Hernán, coordinador del observatorio, “constituye una prueba indiciaria sólida de que los servicios de inteligencia españoles elaboraron en su día informes operativos, notas de seguimiento o al menos documentación de inteligencia territorial donde se consignaron los datos geográficos del enterramiento clandestino”. “Dicha documentación, de existir y todo apunta a que existe, sigue en poder del Estado y permanece ilegítimamente clasificada”, abunda. Se apoya en el derecho internacional, concretamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2009 y ratificada por España, para sostener que existe un “derecho inalienable a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el paradero de sus restos”.

Alude, además, a un “principio de proporcionalidad” para alegar que no hay motivos para mantener el secreto. “No hay fuentes activas que proteger. No hay planes militares en curso”, dice, por ejemplo. “El perjuicio de desclasificar es nulo para la seguridad nacional. El perjuicio de no desclasificar es inmenso para la familia: 46 años de duelo interminable, de incertidumbre, de sufrimiento, de búsqueda permanente”, añade. “Lo que sentimos es un dolor continuado que seguimos padeciendo desde hace 41 años, no podemos cerrar la herida hasta que no demos con él. No solo es que te arrebaten y maten a tu ser querido, sino que te impiden que puedas hacer el duelo”, contó en 2021 Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido, a este periódico, con motivo del estreno de un documenta.

Batallón Vasco Español

Recoge el Comité de Víctimas del Terrorismo (Covite) que la autoría de este caso es “confusa”. 'Naparra' habría acudido a una cita en San Juan de Luz y ya no se le volvió a ver. Tan solo apareció su vehículo. Días después de su desaparición, una llamada anónima al periódico 'Deia' reivindicó el secuestro en nombre del Batallón Vasco Español (BVE), grupo terrorista parapolicial y de extrema derecha. “Reivindicamos el secuestro de 'Naparra' en Ciboure, en Francia. Está en España. Después de los últimos asesinatos de ETA su suerte está echada. El Batallón Vasco Español es la única solución. Viva la Unidad de España — Batallón Vasco Español, Comando Esteban Beldarrain”, proclamaba en el comunicado.

Un mes después, y a través de una llamada anónima, este mismo grupo terrorista volvió a ponerse en contacto con el periódico y comunicó que lo había asesinado y que lo había enterrado cerca de San Juan de Luz: “José Miguel Etxeberria 'Naparra' ha sido ejecutado el día 30 y está enterrado cerca de Biarritz, por la zona de Txantako. Nuestros comandos seguirán actuando en Francia contra los terroristas marxistas de ETA y contra instalaciones turísticas del Sur de Francia y Costa Azul”. El grupo terrorista de extrema derecha llegó a revindicar el secuestro y asesinato hasta en cinco ocasiones, apuntando a cinco localizacones distintas.

Sin embargo, se rumoreó también que los autores podrían haber sido sus propios compañeros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que pusieron en duda la reivindicación que achacaba la desaparición al BVE. También se habló de ETA. El pasado abril, la familia de 'Naparra' pidió retirar al desaparecido del Memorial de Víctimas del Terrorismo al entender que este apuntaba a ETA y no al Batallón Vasco Español como responsable de su desaparición. La institución se escudó en que la información se ajustaba a lo que se conocía, sin descartar “ninguna de las hipótesis posibles”.

Se han rastreado varias zonas de Francia a lo largo de los años, pero todas las búsquedas han resultado infructuosas. En 1999, por ejemplo, la Audiencia Nacional admitió una querella interpuesta porla familia, pero el caso se volvió a zanjar como “supuesta desaparición”. En 2016, se reabrió nuevamente y un año después, en 2017, se buscó en otra zona de la localidad de Labrit, nuevamente sin éxito.

Las protestas contra la inmigración han degenerado en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un vídeo muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se han producido focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no ha sido identificada, se encuentra hospitalizada y ha perdido un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se han atacado viviendas y negocios, se han quemado coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiada. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El vídeo mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me han informado de que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. He estado en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

Vestidito con el uniforme blanco de Capitán General de la Armada, símbolo del blanqueamiento de la dictadura franquista a lo largo de estas casi cinco décadas de democracia y de la retórica que el régimen utilizó para presentarlo como timonel de España. Así aparece el dictador en la nueva e hiperrealista instalación Always Franco, de Eugenio Merino, casi idéntica a la presentada en 2012 en la feria ARCO, donde el militar aparecía en el interior de una nevera que simulaba ser de una marca de refrescos. En aquel momento, su creación le granjeó una denuncia por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), a la cual ganó en los tribunales.

Un año después de celebrarse los 50 años de la muerte del dictador y el mismo año en que se conmemoran los 90 años del inicio de la Guerra Civil, Merino explica que esta obra habla de la persistencia del franquismo en la cultura y la política españolas. “Desde que presenté la pieza original, la extrema derecha solo ha crecido. La situación ha empeorado mucho. Y no solo en España. La ultraderecha coge fuerza a nivel internacional”, comenta.

La instalación, que se podrá ver en la galería ADN a partir del 13 de junio, pone sobre la mesa cómo los neofascismos en España han transformado el franquismo en una historia “basada en el negacionismo de lo que fueron las consecuencias de la dictadura”, completa el artista plástico. Además, el viernes 26 de junio Merino participará en el festival de elDiario.es FIC junto a Darío Adanti en el espectáculo Chistes contra Franco, un acto de memoria disidente.

Merino aporta un nuevo giro a la obra con su subtítulo: ‘Spanish Brand’, una traducción literal de Marca España. “La Marca España surgió apenas unos meses después de presentar la obra en 2012 para blanquear el presente político de España en aquel momento”, sostiene. Se refiere al caso Gürtel, trama de corrupción en la que se han visto implicados numerosos mandos del PP, y la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, “quien comenzó el proceso de justicia y reparación a las víctimas del franquismo en España”, recuerda el mismo Merino.

Capitán del barco que era España

A diferencia del Always Franco de ARCO, en esta ocasión el dictador aparece con el uniforme blanco impoluto de Capitán General de la Armada. “Es un juego visual. Transformamos la imagen más militar de Franco en una visión más blanqueada, que es en lo que incide la pieza”, comenta.

Presentarlo de esta forma también aporta la posibilidad de trazar una metáfora ligada a la retórica del régimen, que siempre se valía del lenguaje náutico para su propaganda. “Era una manera de dirigir el pensamiento de la sociedad y de legitimar su figura como director y capitán del barco llamado España”, añade Merino en declaraciones a elDiario.es.

Si en 2012 su Always Franco sulfuró a la FNFF hasta tal punto de que llevaron la obra a los tribunales, el artista admite casi década y media después que no teme una posible denuncia por parte de esta organización en vías de extinción por la Ley de Memoria Democrática. “Yo no solo gané aquel juicio, sino la libertad de utilizar esa figura tal y como ya se había usado”, rememora. Y agrega: “Me parece sorprendente que haya que defender la libertad de expresar el rechazo a la dictadura y la figura del dictador”.

Merino señala que, en la actualidad, quizá serían otras asociaciones las que intentaran castigarle por su creatividad, y menciona a los ultraconservadores de Hazte Oír y Abogados Cristianos. “Ellos también forman parte del resurgimiento de la extrema derecha en el siglo XXI. Son la base que permite que la extrema derecha opere de una forma mucho más sólida que en 2012”, apunta.

Hacia la cultura del consumo

La cabeza hiperrealista de Franco se modeló en un primer momento un año antes de ser expuesta la obra al completo en ARCO. De ahí, Merino ha ido sacando diversos moldes a lo largo de estos años, como el utilizado en julio de 2025 en el festival Ex Abrupto de Molà (Barcelona), donde se jugó un partido de fútbol con la cabeza como pelota cerca de una antigua línea de trincheras republicanas de la Guerra Civil. Las manos también provienen de un molde de manos reales. El material utilizado es silicona de platino, a la que se le añade pelo humano. Una sastra se encarga de realizar todos los elementos militares, como el uniforme y la gorra.

La nevera es de producción industrial y una empresa de rotulación se encarga de colocar los vinilos que reproducen los colores y las formas de la conocida marca de refrescos. Con ello, el artista añade un nuevo nivel de significación a la obra.

“Con ese vinilo nos acercamos a la cultura del consumo, cuando durante la dictadura se introdujo esa ‘American way of life’ dentro de una España completamente precaria. De ahí viene este modelo de turismo y consumo que todavía hoy mantenemos”, desarrolla el creador, quien retoma la idea de la Marca España. Tal y como abunda, “cuando Rajoy inventa este lema, lo hace en referencia al Spain is different de Fraga en los años 60, lo que no deja de ser un nuevo blanqueamiento de la dictadura durante la democracia”.

Franco como mercancía

Halim Badawi, investigador, crítico y comisario de arte, ha participado en el proyecto que ahora recupera Merino. Según ha escrito este experto colombiano, en Always Franco se “desplaza el cadáver político del dictador desde el mausoleo monumental hacia la lógica de la mercancía, revelando cómo las figuras autoritarias no siempre desaparecen con su muerte biológica”.

El régimen confirió a su tumba y mausoleo unos aires de grandeza que casi tardaron medio siglo en desaparecer, al menos en parte. El valle de Cuelgamuros luce ahora sin su cuerpo bajo la gran cruz, guía del nacionalcatolicismo imperante durante el régimen. En la instalación de Merino, el cuerpo de Franco sigue expuesto “bajo el brillo industrial de la refrigeración comercial de Coca-Cola, una marca trasnacional asociada con la expansión simbólica del capitalismo global y con su capacidad para infiltrar los imaginarios cotidianos más íntimos”, según Badawi.

El franquismo aparece así “como un horizonte de sentido que continúa infiltrándose en los imaginarios, las arquitecturas, las nostalgias familiares, ciertas formas de autoridad o en los silencios institucionales de la democracia española”, tal y como valora el crítico de arte. El mismo Badawi finaliza: “Franco deja de pertenecer exclusivamente al campo de la historia para ingresar en el flujo de las mercancías, las marcas, el entretenimiento y la banalización propia de una sociedad de redes sociales, clickbait, conspiraciones y contenidos basura”.

Memes a favor del odio

La catedrática de Historia y fundadora de la Cátedra de Memoria Histórica Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Eiroa San Francisco ha reflexionado sobre la instalación que presenta Merino. Esta experta defiende que Franco se convirtió en un producto viral en 2019 cuando se produjo su exhumación, coyuntura en que los memes y el humor adquirieron gran protagonismo.

La también integrante del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica opina que, “en la actualidad, la presencia de las figuras de Franco y Hitler como ”ídolos“ en las redes sociales está relacionada con la propagación del discurso del odio y la desinformación promovida desde la extrema derecha”. Según ha escrito en un texto realizado por la presentación de Always Franco, esta presencia de los dictadores en las redes se utiliza “para la difusión de ideas neofascistas y la captación de jóvenes”.

Cuando Robert Prevost fue elegido Papa hace un año, los observadores más ecuménicos quisieron ver en la elección de su nombre, León, una señal de lo que se venía. León de Asís fue el fiel secretario y confesor de San Francisco de Asís que supo no solo dar continuidad sino expandir su obra consolidando la fenomenal organización de los Franciscanos. Hoy parece claro que no andaban muy desencaminados. Ha nacido una estrella; se llama León XIV.

Donde el papa Francisco ponía carisma y talento, sabíamos que el papa León XIV estaba poniendo orden y solvencia. Ahora sabemos que también parece capaz de mover multitudes, desarmar a la IA, bendecir bebés sobre la marcha en el papamóvil, reclamar el valor del silencio, hacer el Six/Seven, advertir de los peligros de las redes de mentiras, proclamar que no se puede uno arrodillar ante Dios y despreciar a su hermano, felicitar a unos recién casados por su nombre, ponerse del lado de aquellos a quienes que tantos se empeñan en señalar y culpar de todas sus desgracias o poner cara de niño bueno algo torpón luego de empezar a hablar cuando aún no le tocaba. 

Su dominio de la palabra ya estaba más que acreditado. Ahora ha venido a España a demostrarle al mundo que también domina el medio y le va a sobrar medio viaje para lograrlo. No es una estrella del rock como Juan Pablo II, ni un agitador de multitudes como Francisco, pero tampoco le hace falta. Como ellos, posee lo más preciado en estos y aquellos tiempos: algo importante que decir. No solo eso. Como ellos, León XIV es un Papa que sabe cómo serlo y cómo administrar la enorme influencia y poder que esa sabiduría proporciona. 

En un mundo donde el poder de la ley del más fuerte se aplaude y se adula y la legitimidad proviene de la capacidad para bombardear a alguien, detener a alguien, encarcelar a alguien o deportar a alguien, plantarse exige coraje y convicción; hacerlo además con solvencia intelectual y moral es más de lo que sus críticos pueden soportar. Ninguno de los reproches dirigidos a Francisco respecto a su radicalidad o su frivolidad o su inconstancia sirven ahora para León XIV. Les quedaba que era algo bajito, un muermo y que no tiraba de la gente; también se les acaba de caer y con estrépito. 

Contemplar a tantas damas y caballeros ardientes paladines de la prioridad nacional verse ahora en la prioridad de tener que aguantarse y morderse los labios para que no se les note la bilis y la mala cara al oír al Papa hablar de pobres, personas migrantes, derechos, diversidad, convivencia, tolerancia o justicia produce un placer culpable que puede incluso llevarte a ser más flexible con la exigencia de que se trate al visitante como lo que es: un jefe de Estado en un país aconfesional; algo más de contención en el uso y abuso de espacios y recursos públicos se agradecería y no desmerecería en nada el brillo de la visita papal.

Para que no se vaya con una imagen equivocada de nuestro país, que alguien le avise a León XIV que, cuando dice que quien está en Madrid es de Madrid y por tanto es un madrileño más, así es, pero a pesar de muchas de las autoridades que le aplaudían con cara de circunstancias. No vaya a llevarse una sorpresa si alguna vez vuelve sin tanto rebumbio. 

En el gobierno de Pedro Sánchez estaban deseando que viniera el Papa para hablar con él y hablar de él. Enfrente están rogando a Dios que se vaya para poder dejar de hablar de las cosas que dice y poder volver a hablar de Pedro Sánchez. Es bien cierto que Dios escribe recto con renglones torcidos.