A sucesos tan espectaculares y trágicos como los de Ceuta les sigue siempre un alud de campañas mediáticas y políticas, de comentarios, análisis, interpretaciones y especulaciones de todo tipo. Aunque en un artículo de opinión pueda parecer paradójico, tal vez lo mejor, en estas circunstancias, es limitarse al ejercicio de resumir y sopesar los hechos verificados.

Algunos de estos hechos conocidos son los siguientes. El pasado viernes 31 de julio, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron de forma masiva e ilegal desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hicieron en su inmensa mayoría a nado, a través del espigón del Tarajal. Los servicios de emergencia han rescatado del mar, hasta la fecha, cerca de un centenar de cadáveres de migrantes fallecidos en el intento, en su mayoría jóvenes y niños. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó a Ceuta y calificó la situación de “violación de la integridad territorial”. El Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas y dispuso cierres temporales de los pasos fronterizos. Los dos gobiernos acordaron una repatriación ordenada y en 48 horas los migrantes irregulares regresaron o fueron devueltos, casi en su totalidad, a territorio marroquí.

También es un hecho evidente que las imágenes de lo sucedido -espectaculares, impresionantes- se difundieron rápidamente por televisiones y redes y causaron un profundo impacto. Es asimismo un hecho comprobado que tanto la derecha como la extrema derecha de España y del mundo entero se lanzaron inmediatamente en tromba sobre lo sucedido. La tragedia humana de Ceuta se transformó al instante en combustible para una ofensiva mediática y política masiva y global. Vídeos y fotografías falsos o procedentes de escenarios violentos de otros países y circunstancias que mostraban refriegas, saqueos y homicidios se hicieron virales. Iban acompañados de mensajes que conviene mencionar, porque tendemos a prescindir de su seguimiento. Véase este ejemplo: “Un inmigrante marroquí apuñaló en el cuello y asesinó a un hombre a plena luz del día en Ceuta, dejándolo desangrarse en el medio de la calle”. O este otro: “Están fuera de control en Ceuta y Melilla. La población en grandísimo peligro. El Ejército deberá intervenir antes de que sea muy tarde, pues se está reportando otra oleada de migrantes”.

Es un hecho también perfectamente comprobado que en Washington las declaraciones incendiarias no se hicieron esperar. El presidente Trump, que lleva meses calificando a España de “terrible partner”(“socio espantoso”), difundió imágenes de Ceuta acusando al Gobierno español de hacer esfuerzos deliberados para favorecer la inmigración clandestina. Aprovechó para hacer campaña, de cara a las elecciones estadounidenses de mitad de mandato: “Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”. Si los demócratas ganan las elecciones del 3 de noviembre, apostilló, “nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante”. El vicepresidente Vance le fue a la zaga: “Gracias a Dios, @POTUS (Trump) fue elegido y la frontera de nuestro país ya no tiene este aspecto. Estas imágenes procedentes de España son un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical que han hecho posible la invasión de Occidente”.

Es también un hecho verificable que Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí, se permitió un mensaje supuestamente sarcástico: “Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana’. Le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar”.

También es un hecho evidente que en Europa ha habido quien ha querido sacar tajada de la tragedia. Un ejercicio de fact-checking del periódico italiano La Repubblica ha desmontado, punto por punto, las afirmaciones sobre las que se construyó la reacción de Giorgia Meloni y sus ministros (uno de ellos, Tajani, se precipitó a declarar que “las imágenes que llegan de Ceuta demuestran que la decisión del Gobierno de Madrid de dar la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500 mil inmigrantes irregulares ha sido profundamente equivocada”).

Subrayó el periódico italiano el hecho indiscutible de que no es posible desplazarse desde Ceuta y Melilla a la Península sin pasar por un control policial de identificación y que por consiguiente la integridad del espacio Schengen estaba plenamente garantizada. Señaló asimismo que la acusación a España de que había concedido la ciudadanía europea a más de 500.000 inmigrantes irregulares era falsa: el decreto español otorgó permisos de residencia y trabajo, no pasaportes. Pero el punto más contundente, que invertía las acusaciones de Meloni y sus ministros, es que los datos de Frontex para el periodo 2021-2026 dicen que 478.600 migrantes irregulares llegaron a Europa a través de Italia, frente a 234.760 a través de España. También aquí los hechos se imponían.

Detrás de los hechos y de las mentiras están, naturalmente, los hechos aún no conocidos, con sus correspondientes interrogantes. Una pregunta, en particular, destaca sobre todas las demás. Se la hizo ayer, desgarradamente, según ha narrado Ignacio Cembrero, una madre antes de enterrar el cadáver de su hija Faten, ahogada frente a Ceuta: “La juventud está perdida, todos van a matarse. ¿Por qué? ¿Quién abrió la puerta la primera vez? ¿Por qué la abrieron para que maten a nuestros hijos?”

No sé si serviría de mucho saber hasta qué punto los trágicos sucesos de Ceuta se han originado con el impulso, la complicidad, el beneplácito, el conocimiento o la impasibilidad de unos u otros. Bastan, para saber a qué atenernos, los hechos conocidos.

Basta saber de que hay quienes no vacilan en jugar con la vida y la muerte de miles de jóvenes en situación desesperada, fascinados por el “sueño de Europa”. Basta tomar conciencia de la la increíble capacidad de manipulación de las redes sociales (“Engañar a más de sesenta mil personas prometiéndoles el paraíso parecería imposible si no lo hubiéramos visto en Ceuta”, ha escrito Carmen del Riego).

Bastan los hechos ya conocidos para saber que existe una estrategia en marcha para para infundir en nuestras opiniones públicas el miedo creciente a una “invasión migratoria”; para desestabilizar al Gobierno de España y, a ser posible, hacerlo caer sin elecciones; para dividir, debilitar y someter a la Unión Europea. Lo menos que se puede decir es que se trata de una estrategia con muy terribles precedentes.

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

La política ha dejado de ser, en demasiados casos, el arte de convencer para convertirse en el arte de incendiar. Hubo un tiempo en el que un dirigente se ganaba el respeto por la solidez de sus argumentos, por su capacidad para debatir y por su disposición a aceptar que el adversario también tenía legitimidad democrática. Hoy parece que eso importa cada vez menos.

Lo que gana espacio es el grito, la descalificación y la construcción de un enemigo permanente. Y en esa deriva, la derecha y, sobre todo, la extrema derecha han encontrado una fórmula extraordinariamente eficaz: sustituir el razonamiento por la agitación emocional. No se trata de explicar políticas públicas, sino de alimentar la indignación, señalar culpables y convertir cualquier discrepancia en una batalla existencial.

El resultado es un clima donde la política deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en un acto de fe. Los hechos pasan a un segundo plano. Las contradicciones se justifican. Los errores se niegan. Lo único importante es mantener intacta la identidad del grupo y la obediencia al líder. Eso no fortalece la democracia; la empobrece.

La palabra, que debería servir para persuadir, se utiliza ahora para dividir. Se desacredita a científicos, profesores, … o a cualquier institución que cuestione el relato. Se difunde la sospecha permanente y se presenta al adversario político no como alguien con quien se discrepa, sino como alguien que debe ser derrotado a cualquier precio.

Lo preocupante es que esta estrategia no busca ciudadanos mejor informados. Busca seguidores. Busca seguidores. Personas que reaccionen antes de pensar, que compartan consignas antes de comprobar los hechos y que se dejen seducir por quienes se autoproclaman patriotas de pacotilla, convencidos de que solo ellos representan a la nación y de que quien discrepa merece ser señalado o despreciado. Ese es el terreno donde florece el fanatismo.

Lo preocupante es que esta estrategia no busca ciudadanos mejor informados. Busca seguidores. Busca seguidores. Personas que reaccionen antes de pensar, que compartan consignas antes de comprobar los hechos y que se dejen seducir por quienes se autoproclaman patriotas de pacotilla, convencidos de que solo ellos representan a la nación

La democracia, sin embargo, exige exactamente lo contrario. Exige ciudadanos críticos, capaces de escuchar razones y de cambiar de opinión cuando los argumentos lo justifican. Exige dirigentes que respeten las instituciones y acepten que la pluralidad no es una amenaza, sino la esencia misma de una sociedad libre.

Cuando una parte de la política renuncia a convencer porque le resulta más rentable enfurecer, todos salimos perdiendo. Porque el fanatismo puede dar réditos electorales a corto plazo, pero siempre termina erosionando la convivencia, debilitando las instituciones y degradando el debate público.

Quizá algunos piensen que esta deriva no tendrá consecuencias, que forma parte del juego político y que la democracia siempre encontrará la manera de corregirse. Pero la historia enseña otra cosa. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; se deterioran lentamente, cada vez que el insulto sustituye al argumento, cada vez que el adversario se convierte en enemigo y cada vez que la mentira pesa más que la verdad.

Y cuando queramos reaccionar, puede que sea demasiado tarde. Entonces nos preguntaremos cómo permitimos que el debate fuera reemplazado por el fanatismo, que la razón cediera ante la propaganda y que el respeto dejara de ser una virtud para convertirse en una debilidad. Ese día lamentaremos no haber defendido antes el valor de la palabra, porque comprenderemos que una democracia no se pierde de golpe: se va deshaciendo, poco a poco, cada vez que dejamos de convencer para empezar a odiar.

Aparte de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant es ingeniera de teleco, lo que suele ser una hazaña mayor que superar el Alpe d´Huez sin sudar el maillot. Sin embargo, tengo para mí, que habría cateado en historia. Sus declaraciones de la pasada semana, en las que comparó a los pactos entre PP y Vox con “gobiernos criminales como el de Hitler”, no dejan a mi humilde criterio demasiado bien parada a su perspectiva histórica. La egregia figura de Alberto Núñez Feijóo, que como el gran visir Iznogud sigue queriendo ser califa en lugar de califa, no me remite al frustrado pintamonas austriaco sino que se me antoja más bien un émulo de Neville Chamberlain, aquel primer ministro británico que se tragó que el III Reich se iba a contentar con los sudetes checos y, a partir de ahí, aquí paz y después gloria. Vox, que tampoco es el Partido Nazi quizá porque le falten intelectuales de la talla de Alfred Rosenberg o, sobre todo, Martin Heidegger, no se quedará tampoco en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, pasada por la prioridad nacional: si se sustituye la palabra musulmán en sus discursos por la palabra judío, de antaño, la brocha gorda puede asimilar a los abascalistas con Reinhard Heydrich, pero tampoco es eso, tampoco es eso.

Así que no puede extrañarnos que, con la oratoria pedestre que suele exhibir Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Su Señoría haya puesto el grito en el cielo porque, a su juicio, se trata de una “estrategia muy calculada y muy medida” por parte del actual Gobierno español para “deshumanizar” a su formación política. Como si llamarle Perro Sánchez al presidente fuera un piropo, enunciado con el artero propósito de que el bloque de la última investidura vuelva a convertirse en el mejor amigo de los votantes.

“Cuando uno llama a nazi a otra persona, lo que quiere es deshumanizarle”, acertó a decir la diputada del PP. Claro que añadió un estrambote pintoresco: “Si a un nazi un día le pegan una paliza en la calle, 'es que era nazi'”. Nunca se me habría ocurrido que los nazis constituyeran un grupo de riesgo de la violencia ideológica. Todos los días, una legión de sin techos, de moros, de gays, de feminazis o de zurdos sale a la calle con bates de beisbol para emprenderla a garrotazos con las pacíficas mesnadas de Devenir Europeo o Alianza Nacional.

Por supuesto que hay cafres con carnet de cafres, para los que Bildu debe ser un partido cipayo. Como los que la emprendieron a mamporros contra un grupo de militares que veía en un bar de Berriozar el partido de la final del Mundial entre España y Argentina. Golpeados con barras de hierro y porras extensibles, no debiera importar demasiado si la paliza se produjo por ser de la milicia o porque uno de ellos llevaba una camiseta neonazi de Núcleo Nacional, que también tendría que hacérselo ver un servidor público, aunque estuviese fuera de servicio. Por ser líricos, aquello fue una cabronada, como cuando los SHARP o cualquier pandilla de antifas de Orce se echan una pachanga de puñetazos con las bandas rivales.

Ya veo las campañas gubernamentales cuando PP y Vox lleguen a la Moncloa: “Adopta a un nazi” o “Pon un nazi en tu vida”, o “Himler también tenía su corazoncito”

Por ello, quizá tenga razón la parlamentaria Muñoz: hay que proteger a los nazis porque podrían encontrarse en peligro de extinción, como el chorlitejo patinegro. De ahí que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les protejan, acordonando sus actos para que no les agredan sus víctimas habituales, los supuestos seres inferiores por ideología, color de piel, origen, nivel económico, orientación sexual, identidad de género o creencia religiosa.

¿Por qué los agentes protegen a quienes históricamente han perseguido y atacado a los sectores más vulnerables de la población?, se preguntaba recientemente Sergio Gracía en estas mismas páginas virtuales. Quizá porque piensen lo mismo que Ester Muñoz. Ya veo las campañas gubernamentales cuando PP y Vox lleguen a la Moncloa: “Adopta a un nazi” o “Pon un nazi en tu vida”, o “Himler también tenía su corazoncito”. Para humanizarles, pondremos por Reyes a nuestros hijos maquetitas de Mauthausen, que echen humo negro con una tecla; o videojuegos en los que las Olimpiadas de Berlín de 1936 vuelvan a ganarlas los arios, a pesar de Jesse Owens. Urge remasterizar los discursos de Goebbels o de Queipo de Llano y lo mismo ganan el Grammy Latino.

Hay que ser comprensivos con ellos: de ahí, quizá, que la justicia haya condenado a 21 meses a los menores que quemaron a un sintecho y un puesto ambulante en Miranda del Ebro. No vaya a ser que se traumaticen los chiquillos.

Se le atribuye a Edgar Neville la frase de que la España de Franco se estaba volviendo demasiado fascista, incluso para los fascistas. Quizá a eso se refiriese Ester Muñoz, a que los nazis corren el peligro de que, de tanto deshumanizarles, hasta los propios nazis les den la del pulpo.

A la espera de los comicios de 2027, la ultraderecha italiana tiene un nuevo símbolo que encarna su discurso de línea dura en materia de seguridad. Es Mario Roggero, joyero de 72 años de la región de Piamonte, condenado a casi 15 años de prisión por disparar y matar a dos ladrones que huían tras atracar su negocio en 2021. El caso adquirió mucho peso mediático y desató críticas por parte del Gobierno de Giorgia Meloni contra el poder judicial, con el cual está enfrentada. La mandataria tachó la sentencia de “desproporcionada”, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena y el joyero entrara en prisión este mes de julio. La coalición que lidera Meloni pide ahora el indulto, abriendo un debate sobre los límites de la legítima defensa, en el que incluso ha intervenido Elon Musk.

“¡Esto es una locura! El juez y fiscal en este caso son los que merecen esta sentencia”, dijo el 19 de julio a través de X el magnate norteamericano, en otra injerencia en asuntos internos de Italia que muestra el gran impacto del caso, más allá del país transalpino. Dentro del país, los sectores ultraderechistas han abanderado la causa del joyero, en una creciente competición con tintes electorales, de cara a las generales del próximo año.

Dos de las fuerzas más activas en esta batalla ideológica son Fratelli d'Italia (el partido de Meloni) y la Lega (de su viceprimer ministro, Matteo Salvini). Pero a ambas formaciones de extrema derecha les ha salido un competidor aún más ultra, el militar Roberto Vannacci, que con su nuevo partido Futuro Nazionale podría tener más votos que la Lega, según los sondeos.

De hecho, su irrupción con ideas supremacistas recrudece el discurso del conjunto de la ultraderecha, que usa la historia del joyero como propaganda, tal y como apuntan analistas y denuncia la oposición de centroizquierda, que ha acusado al Gobierno de transformar un asunto legal “en una contienda propagandística sobre la seguridad”.

Condenado a casi 15 años de prisión

El pasado 15 de julio, el Tribunal de Casación (equivalente al Supremo) confirmó la condena a 14 años y nueve meses de prisión para Roggero, ahora encarcelado en Bollate, cerca de Milán. Tras un largo periplo, el tribunal rechazó el recurso de la defensa del joyero, que alegaba que este actuó en legítima defensa el 28 de abril de 2021, cuando sufrió un atraco en su joyería de la localidad piamontesa de Grinzane Cavour, en el norte de Italia.

El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella

Roberto Cornelli — Profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán

Los atracadores entraron en su tienda con pistolas y cuchillos que después resultaron ser falsos. Amenazaron a Roggero, su esposa y su hija y vaciaron la caja fuerte antes de huir. Ya en la calle, cuando se subieron al coche, el comerciante les persiguió y disparó, matando a dos de ellos e hiriendo a otro, lo que llevó a la Justicia a rechazar su alegación de que actuó en defensa propia; también consideró que su reacción no respondió a un peligro inminente y, por consiguiente, le condenó por doble homicidio e intento de homicidio.

“Me han querido condenar a cadena perpetua”, decía el joyero en un vídeo en su cuenta de Instagram el 17 de julio, poco antes de entrar en prisión, en un post con 785.000 'me gusta'. Según Roggero, su sentencia es una condena de por vida, porque acabará de cumplir su pena con 86 años. “He hecho una vida entera de sacrificios, dedicándome a mi familia y empleo. Me remangué desde joven y puse en marcha este negocio”, contaba en otro post desde su joyería, apelando a su honradez y a la cultura del esfuerzo, con un discurso que conecta con las posturas de la derecha. Además, Roggero nunca mostró arrepentimiento por sus acciones y eso le convierte en una figura que puede reivindicar tanto la ultraderecha gubernamental como la que no está en el poder.

Campaña en torno a la seguridad

“El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella”, dice a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán. En su opinión, tras el fracaso de los principales proyectos políticos que el Gobierno se marcó en la actual legislatura (2022-2027), como la reforma judicial, Fratelli d’Italia y Lega aprovechan ahora el caso “para desviar la atención”. Los pasados años transmitieron la idea de que la inseguridad se propagó en Italia, con un discurso de línea dura en orden público o la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia y agravan penas.

Cornelli alerta de los ataques crecientes contra el poder judicial, cuando las decisiones tomadas por los jueces se perciben como contrarias a los intereses derechistas. Sucedió en el caso del joyero y en otros anteriores, por ejemplo, cuando la Justicia italiana invalidó el plan del Ejecutivo de Meloni de enviar a migrantes a centros de detención en Albania. “Cada vez que hay una resolución judicial en dirección opuesta a lo que quiere la derecha, se convierte inmediatamente en un motivo para atacar al poder judicial y crear polémica mediática”, afirma el docente, quien advierte sobre las continuas ofensivas del Gobierno para erosionar y “seguir socavando” el sistema judicial.

El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo

Mariano Croce — Experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma

El caso de Roggero ha copado titulares este mes, lo que se ve reflejado en el amplio alcance de su perfil en redes sociales, donde acumula 379.000 seguidores en Instagram y TikTok, más que muchos políticos de primera línea como Antonio Tajani, ministro de Exteriores y líder de Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi), que también pide indultar al joyero. En Italia, solo el presidente de la República puede indultar a un condenado. La semana pasada, el presidente Sergio Mattarella convocó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para recordarle que la concesión de la gracia está sólo en su poder, después de que trascendiera que el Ejecutivo inició procedimientos para valorar vías de indulto a Roggero, algo que pidió la misma Meloni.

“No se puede condenar a ocho años a pedófilos o a menos de diez años para casos de violación en grupo para después castigar a morir en la cárcel a este joyero. Hay un problema de proporcionalidad en las penas”, declaró la primera ministra, que mostró comprensión por la reacción del joyero tras sufrir un primer atraco en 2015. “¿Quién puede juzgar el dolor, el trauma, el estrés y el miedo de este hombre?”, preguntó Meloni. “Si se sufre una agresión, nuestro cerebro y nuestro físico entran en 'modalidad de combate”, agregó la primera ministra. Tras la condena al joyero, Meloni recordó que ha impulsado una propuesta de ley que evitaría el pago de indemnizaciones a familiares de ladrones muertos en casos como el de Roggero –quien tuvo que desembolsar hasta 780.000 euros para los parientes de las víctimas, a modo de indemnización provisional–.

Reforma

Ante esta situación, Matteo Salvini, conocido por sus posturas racistas, tomó un papel aún más activo en el asunto. Visitó dos veces al joyero en prisión y aseguró que le gustaría que sea candidato de su partido en las elecciones del próximo año para que adquiera de esa forma inmunidad parlamentaria. También ha planteado un proyecto de ley para ampliar lo que se puede hacer en nombre de la legítima defensa, anulando el castigo penal para quien actúe frente a un asalto armado a una vivienda o negocio y socavando bases jurídicas clave para valorar esa acción, como la proporcionalidad.

“Se propone una reforma con base en la idea de que cualquier tipo de defensa es legítima. La meta es quitar al juez el poder de valorar la necesidad o proporcionalidad de la acción de defensa y de considerar si esa acción es lícita”, explica Cornelli. “Esto implica dar licencia para matar a quien cometa un delito contra la propiedad, dando la opción de que se haga justicia por medios propios persiguiendo o matando a un ladrón, como pasó con Roggero”, agrega. Según el analista, hay otro elemento presente históricamente en la ultraderecha italiana, que “quiere eliminar las restricciones sobre la posesión de armas”, inspirada en Estados Unidos, donde “la cultura que da licencia para matar a quien entre en propiedad privada está muy establecida”.

Para muchos, esta idea se extendió en los pasados años, con la difusión del trumpismo entre la ultraderecha europea. “El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo”, dice a elDiario.es Mariano Croce, experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma.

“En su afán de obtener réditos electorales, la derecha italiana busca legitimar una creciente violencia privada que agrava los problemas de seguridad en vez de resolverlos, sobrepasando límites impuestos por la Constitución”, critica el académico. De esta forma, la derecha “capitaliza emociones generalizadas, como el miedo al crimen y la sensación de abandono estatal”, y pretende retratar el sistema judicial “como distante, hostil y arbitrario”.

Para Cornelli, esta perspectiva derechista se basa en una manipulación de la realidad, “partiendo de la premisa de que el Estado no es capaz de defender a sus ciudadanos”. Destaca que “es erróneo”, ya que “en Italia se redujeron los homicidios y la violencia en las últimas décadas, justo porque se afirmó el principio de que uno no hace justicia para sí mismo, sino que el Estado interviene y castiga a quien comete un delito”.

Todo indica que el caso del joyero seguirá presente en el debate político hasta las elecciones generales, previstas para octubre de 2027, pero que podrían adelantarse unos meses. La familia de Roggero clama por el indulto o porque se le conceda el arresto domiciliario, a la espera de que el jefe de Estado se pronuncie, en una historia que fue mucho más allá de un atraco con homicidio y forma ya parte de una cruzada ideológica que marcará la campaña electoral.

Con una cuidada escenificación, Iván Rico se quita el pasamontañas que cubre su rostro. El líder del grupo neonazi Núcleo Nacional anuncia en redes su salto a la política. “Vamos a pelear para que no se sustituya racialmente a nuestro pueblo en su propia tierra”, asegura. La teoría del Gran Reemplazo y el supremacismo blanco como programa.

Para demostrar que va en serio en su apuesta, convoca a una rueda de prensa flanqueado por su hermano David y Enrique Lemus, un histórico de la ultraderecha, y quien inscribió Noviembre Nacional (NN) –el nombre elegido para la andadura democrática– en el registro de partidos.

NN no va a ser el primer partido vinculado al mundo neonazi: la ultraderecha a la derecha de Vox lleva tiempo participando en las elecciones. De la histórica Falange de las Jons (1976) a Democracia Nacional (1995) –de donde viene el propio Lemus– o España 2000 (registrado en 2002), los grupos radicales que orbitan en ese espacio han dado el paso de las calles a las papeletas sin provocar grandes cambios en el panorama electoral español.

Sin embargo, la escenificada maniobra de Rico y los suyos ha tenido una enorme repercusión en los medios. “La pregunta no es tanto qué pasará a partir de ahora, sino qué ha pasado para que estemos en este punto”, introduce Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa. Para esta doctora en Ciencia Política, lo que diferencia este hecho de otros anteriores es el momento en el que nos encontramos.

Overton y más allá

“En los últimos años las extremas derechas han alcanzado mucho más poder. Y esos movimientos que estaban en los márgenes, que veíamos en la calle puntualmente, ya empiezan a formar parte de las reuniones de partidos institucionales que toman decisiones importantes. Esto es una novedad respecto al siglo pasado”, explica.

Vox, como gran fuerza política de ultraderecha en España, ya integró en sus filas a personas provenientes de estos grupos. “Cuando a Vox le descubrieron varios nazis en las listas, los depuraron. Pero ahora ya no, ahora los rehabilitan. Algunos incluso están al mando de organizaciones dentro del partido o tienen cargos de responsabilidad”, apunta Miquel Ramos, periodista y escritor especializado en extrema derecha.

El hecho de tener un partido con peso en las instituciones que defiende políticas xenófobas ha normalizado debates y afirmaciones que hasta hace no mucho eran inasumibles. Y rescata de la marginalidad un discurso público de odio que se exhibe con orgullo. “¿Qué le parece que le llamen racista?”, le preguntaron a Rico en la presentación de su partido. “Me parece bien”, respondió, sonriendo.

“Núcleo Nacional dice que viene a ‘reventar’ la ventana de Overton, pero eso ya lo ha hecho Vox, y ellos simplemente se están aprovechando de eso”, opina Ramos. “Vox ha conseguido que lo que decían los nazis en los años 90 hoy sea parte del discurso político de la derecha de este país. Basta leer lo que escribió Rajoy sobre los jugadores de Francia”, señala.

Cuando lo radical se convierte en normal o mainstream, hay quien busca ir más allá. Y ahí, en esa lógica exponencial, es donde Noviembre Nacional quiere abrirse paso. “El PP copia a Vox y Vox se radicaliza: pasa de hablar de control migratorio a las deportaciones masivas. Y acto seguido la galaxia supremacista habla de sustitución demográfica. El verdadero problema es que Vox ya gobierna, y que el Parlamento Europeo va a financiar centros de deportación en terceros países. Esta es la verdadera derrota”, sostiene López Ortega.

Más difíciles de ilegalizar

Además del momentum, en la decisión de Núcleo Nacional pesa una cuestión estratégica: un partido es más difícil de ilegalizar y fiscalizar que una asociación. “Ellos siguen siendo igual de neonazis, pero ahora será más complicado analizarlos y rastrear su financiación”, explica López Ortega.

Para Ramos, “se sirven de las herramientas del Estado y de la ley aunque no crean en las instituciones”. De esta legalidad española, porque en otros países los neonazis lo tienen más difícil para hacer política.

“Alemania establece que la democracia no es neutral ante sus enemigos, y debe defenderse activamente. Allí estas asociaciones se prohibirían, se investigarían, tendrían una reacción judicial. Nuestro modelo, en cambio, considera un pluralismo político casi absoluto. El límite de una ilegalización lo pone la Ley de Partidos de 2002, que se pensó para el tema de ETA. Por eso es muy complicado ilegalizar partidos neonazis, porque nuestra democracia acepta las diferencias. Tendrían que ir explícitamente en contra del orden constitucional, por ejemplo, o utilizar métodos violentos. Va a ser muy complicado”, advierte López Ortega.

“No van a poner en los estatutos ‘queremos gasear a millones de personas’. Van a hablar de defender nuestra patria, nuestro futuro, nuestras fronteras. No son tontos. Y no se puede ilegalizar una formación así como así”, señala Ramos, que, sin embargo, cree que esta dificultad “no exime a las instituciones ni a la izquierda de actuar”.

“En la historia democrática española, este tipo de organizaciones neonazis no han caído por sus ideologías, sino porque formaban parte de una organización criminal, como en el caso Panzer) o por una violencia directamente perpetrada. No por la violencia del discurso”, detalla López Ortega, que también destaca la importancia de la “reacción política”.

Multiplicación y escalada violenta

“Más que a nivel institucional o electoral, la incidencia que pueden tener es a nivel de calle. ¿Y esto para quién es un riesgo? Para los colectivos diana, de los grupos nazis –migrantes, personas LGTBI…– y para la gente de izquierdas que pone el cuerpo, colectivos militantes”, enumera Ramos.

Para López Ortega, el efecto puede ser de multiplicación. “Van a aparecer nuevas ramificaciones, por una mayor conexión internacional o porque aparecen nuevos temas o nuevas crisis puntuales, que son las que contribuyen al surgimiento de nuevos grupos supremacistas. Lo hemos visto en Torrepacheco”, ejemplifica.

“No hay nada nuevo con núcleo nacional, nada nuevo. Es decir, es más de lo mismo que venimos viendo hace 30 años. La única novedad es que están teniendo un foco mediático que no han tenido en la vida”, se queja Ramos. .

Estas formaciones nazifascistas, explica, suelen ser fugaces, efímeras. Pero esta nueva marca está aprovechando muy bien la cobertura informativa que está teniendo. “Si las cámaras no estuvieran ahí, nadie se enteraría de que existen. Hay una responsabilidad del periodismo y de las instituciones sobre dónde poner el foco. Porque las cámaras están ahí siempre, aunque a una concentración de Núcleo Nacional vayan una decena de personas. Me gustaría ver una cámara en cada acto de la izquierda que multiplica por mil el número de asistentes”, señala el autor de De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española.

López Ortega apela al frente judicial, a los partidos conservadores y también a la izquierda. “Los que son antifascistas tienen que reaccionar. Hay que dar la batalla en todos los ámbitos, no solo en el Parlamento, sino en las redes sociales. ¿Cuántos tiktokers están dando la batalla por una democracia que tenga en el centro la dignidad del ser humano? ¿Y cuántos tiktokers, youtubers e instagramers están dando la batalla por el supremacismo racial blanco? Ahí está la clave, y no en si hay un grupo neonazi más o menos. Ya no tenemos excusa, sabemos lo que pasó en el siglo pasado”, concluye.

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes haber sufrido “una brutal agresión” en la vía pública en Cádiz al grito de “rojo, subcampeón”. Esas dos palabras son las últimas que recuerda antes de quedar “inconsciente”, como ha explicado él mismo en sus redes sociales.

Este periódico ha contactado con Fonsi Loaiza para recabar más detalles sobre lo ocurrido. El periodista indicó que, a causa de las lesiones en la mandíbula, solo podía responder por escrito. No obstante, al cierre de esta información aún no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es.

Según ha explicado Loaiza a otros medios, no recuerda nada de la agresión debido a la conmoción sufrida. Mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido y trata de identificar a los agresores revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ataque, el periodista relaciona lo ocurrido con “la violencia ultraderechista” y sostiene que fue víctima de quienes utilizan “el terror y el odio fascista”.

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y conocido por su intensa actividad en la red social X (antiguo Twitter), ya había recibido amenazas contra su integridad física, especialmente a través de internet, por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

Desde el hospital, Loaiza ha publicado un mensaje de agradecimiento al personal sanitario que lo atendió en los hospitales públicos de San Carlos y Puerta del Mar, en Cádiz, reivindicando así “lo público” frente a “la violencia ultraderechista”. “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”, escribió en sus redes sociales, donde también aseguró que no dará “ni un paso atrás”.

El Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo a su diplomacia de trinchera. El oxímoron vale para describir la pugna interna de las facciones ultraderechistas en la embajada argentina en Madrid. La Casa Rosada, sede del Gobierno, ha destituido por decreto a Alejandro Nimo, cónsul general argentino en España que ventiló en redes sociales una pelea de despachos con el embajador Wenceslao Bunge Saravia.

“Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en el área de promoción de inversiones y comercio internacional de la embajada de la República Argentina ante el Reino de España”, indica el decreto 588/2026.

Las firmas de Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del de Exteriores, Pablo Quirno, oficializaron la salida de Nimo con el habitual paraguas de la “eficiencia” administrativa. Sin embargo, el trasfondo expone las costuras de una gestión diplomática atravesada por la sobreactuación ideológica.

El agravio del despacho

El conflicto se destapó en abril, cuando Nimo denunció públicamente en X que el embajador Bunge Saravia le había quitado su despacho, bajo la explicación formal de una reorganización de espacios. Un desplazamiento que el ahora excónsul leyó casi como un sacrilegio político y tildó de “agresión”: en el centro de ese despacho desalojado colgaba un retrato del presidente al que él idolatra públicamente, y al que ha llegado a representar como un superhéroe de antifaz, mallas y capa.

“Es evidente que no soy la víctima aquí, ya que en mi despacho tenía en un lugar central un cuadro con la imagen de nuestro presidente Javier Milei, así como imágenes y símbolos que hacen a mi recorrido en la batalla cultural por Europa”, dijo.

Nimo acusó a Bunge Saravia de no estar lo suficientemente alineado con el dogma del ajuste fiscal y la reducción del Estado. “Lo que me preocupa del embajador Bunge no se trata de una decisión por una oficina (yo puedo hacer el mismo trabajo excelente que vengo haciendo desde cualquier club privado o bar de Madrid); realmente me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal…”.

Afín al gurú económico español de Milei

Nimo, quien se define a sí mismo como “mileísta, menemista [en referencia al expresidente Carlos Menem] y guerrero de la batalla cultural”, había llegado a la sede diplomática en 2024 en un área clave para la captación de capital europeo para Argentina. Al momento de su nombramiento, Nimo recibió el rango de Consejero de la Embajada y Cónsul General a efectos únicamente protocolarios, mientras durara su función. El funcionario hacía uso de su cercanía con el gurú anarcocapitalista de Milei, el español Jesús Huerta de Soto. Por esa vía maniobró, según informaciones de la prensa argentina, para el desplazamiento del embajador Roberto Bosch en noviembre de 2024, ya que entre las causas de su salida figura no haber tejido una relación fluida con el economista español. En mayo de 2025, desembarcó al frente de la embajada argentina Bunge Saravia, antiguo consejero delegado de Credit Suisse, sin experiencia en diplomacia.

El ahora excónsul desarrolló en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, una actividad paralela a la agenda institucional de la embajada. Esto generó fricciones con el nuevo embajador, según algunas informaciones. Nimo fue impulsor de que la Presidencia argentina y el Ministerio de Capital Humano nombraran a la española Eva Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino, institución con sede en Madrid. La designación fue controvertida: el Gobierno se saltó la obligatoriedad de que el cargo tuviese nacionalidad argentina.

Nada parece casual en el cruce de relaciones públicas y privadas. Carrasco Bañuelos es esposa de Philipp Bagus, autor del libro La era Milei, amigo del presidente argentino y profesor de Nimo en el máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Huerta de Soto.

No contribuyó a resolver el conflicto en la embajada la entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales donde defendió la política de recortes del Gobierno de Milei y formuló críticas a Pedro Sánchez, en momentos en que se pretende dar por superados meses de conflictividad entre Moncloa y Casa Rosada. Hasta el momento, la embajada argentina en España no ha anunciado quién va a reemplazarlo.

Nimo termina su ciclo depurado por la misma dinámica de purga y delación en redes que el propio oficialismo suele alimentar. Él mismo dijo al diario La Nación que ya no se “sentía cómodo en la dinámica de la embajada” por “visiones distintas con el embajador respecto del gasto y su utilidad”. Una muestra más de una Cancillería donde las batallas de ego cotizan más alto que las formas de la diplomacia tradicional.

La han bautizado con distintos apelativos: fanatismo verde, fanatismo climático, ecolocura, estafa climática, dogmatismo climático, econazismo… Son conceptos que la extrema derecha utiliza para ignorar la emergencia climática. Hay que seguirlos de cerca para observar cómo han ido adaptando su discurso y han pasado, en muchos casos, del evidente negacionismo climático al econacionalismo. Han cambiado algunas expresiones, pero sus argumentos siguen siendo igual de peligrosos.

En Extrema dreta, què ens hi juguem (editado únicamente en catalán por Eumo), los profesores Jordi Corominas y Joan Albert Vicens dedican un interesante capítulo a analizar cómo los partidos de extrema derecha ajustan sus argumentos a ese ambientalismo nacionalista.

Vayamos a ejemplos concretos. Algunas de estas formaciones ahora aceptan que el cambio climático existe. Pero —y ahí está la trampa— defienden que es inevitable y que no queda otra opción que adaptarse. Eso les lleva a rechazar los acuerdos internacionales, empezando por la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo.

De hecho, impugnan las medidas que obliguen a los Estados, porque su apuesta es que cada país aplique las que considere oportunas. Pretender que la solución sean más fronteras cuando la emergencia es planetaria es una barbaridad. Pero lo dicen porque hay gente dispuesta a votarlos por argumentos como ese. “La mejor preservación del medio ambiente es la defensa de las fronteras”, ha proclamado Marine Le Pen. Es una idea que a la extrema derecha francesa le ha funcionado muy bien. De ahí que su delfín, Jordan Bardella, insista en ella: “Las fronteras son el mejor aliado del medio ambiente; es a través de ellas como salvaremos el planeta”.

Ese econacionalismo les permite reclamar que las políticas energéticas no estén sometidas a ningún tipo de coordinación supraestatal. Sin tapujos, defienden que se mantengan los combustibles fósiles, recelan de las energías renovables y rechazan las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Vox, abonado como está a las hipérboles, ha llegado a acusar al Gobierno de provocar un “suicidio energético e hidráulico”.

El discurso retardista, que ya había abrazado una parte de la derecha y con el que también coquetea el rojipardismo, repite como uno de sus principales mantras que el coste de la transición ecológica es muy elevado, especialmente en zonas como Europa, mientras que en otros puntos del planeta no se hace nada para combatir la emergencia actual.

James Painter, investigador asociado al Instituto Reuters y profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Oxford, explicó hace unas semanas, durante una jornada celebrada en Barcelona titulada Desinformación climática: de la negación a la demora, que las tres argumentaciones utilizadas en el pasado eran: “No está pasando”, “no es culpa nuestra” y “no es malo”. Ahora, en cambio, sostienen que “las soluciones no funcionan o no son de fiar”. Es decir, según este experto, trasladan la idea de que “la ciencia no es de fiar”.

Ya sea con los argumentos del negacionismo clásico o mediante el retardismo, lo que nunca falla en la extrema derecha, con independencia del país, es la vinculación del discurso econacionalista con el elemento clave de todos sus programas: el rechazo a la migración. “Cuando eres ecologista, te aseguras de que no haya inmigración”, ha resumido Hervé Juvin, uno de los economistas de Reagrupamiento Nacional.

Pensar que Vox —cuyo líder, Santiago Abascal, calificó al presidente Sánchez de “terrorista climático” y negó que las políticas contra el cambio climático estén basadas en la ciencia— ya decide las medidas medioambientales en tantas comunidades autónomas, y que está por ver si pronto también lo hará en el Gobierno central, es algo que debería alarmar a cualquiera. De nada sirve que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se lamente de las consecuencias del cambio climático si él es uno de los que ha dado entrada en las instituciones a la extrema derecha negacionista. Y Alberto Núñez Feijóo ya ha dejado claro que tampoco tendrá problema alguno en gobernar con ella. Así que sus votantes no podrán lamentarse de que no estuviesen avisados.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”. Amb aquestes paraules ha respost la universitat pública de les illes als missatges difosos a les xarxes socials pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos, qui va assenyalar a X una estudiant elegida com a representant de la seva promoció per pronunciar el discurs de graduació per portar hijab.

La alumna sobre la qual el parlamentari ha posat el focus és Khaoula Ikkene, de 22 anys, graduada en Enginyeria i resident a Manacor (Mallorca). Va ser l'estudiant elegida per adreçar-se en nom dels 1.375 titulats durant l'acte de graduació de la UIB, celebrat divendres passat a l'estadi de Son Moix. A més d'un destacat expedient acadèmic, ha complementat la seva formació amb certificacions oficials en ciberseguretat i aprenentatge profund, entre elles una expedida per l'NVIDIA Deep Learning Institute, i domina sis idiomes.

Després de la cerimònia, Campos, la trajectòria del qual està marcada per un bel·ligerant discurs contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica, va publicar una fotografia de l'alumna a X acompanyada del següent missatge: “S'han graduat 1.375 alumnes de la UIB i la catalanista universitat pública de Balears ha elegit aquesta representant dels alumnes perquè els adreci unes paraules...”.

La publicació va provocar una onada de crítiques. Entre elles, la del professor de Dret Constitucional Joaquín Urías, qui va destacar que Ikkene “domina sis idiomes, és enginyera informàtica, amb 22 anys ja ha treballat en diverses empreses de Balears... És una alumna brillantíssima”. Fent-se ressò del missatge de Campos, va afegir: “Aquest senyor és diputat de Vox (abans era del PP) i creu que la religió d'algú és més important que els seus mèrits. Escòria”.

També va reaccionar Toni Bennàssar, doctor en Dret Públic i DEA en Dret Constitucional, qui va recordar el cas de Teresa Comellas, la estudiant que aquest any ha obtingut la millor nota de la Selectivitat a Balears. Segons va assenyalar, ambdues joves “han estat objecte aquests últims dies de durs atacs a les xarxes socials per part de múltiples perfils afins a l'extrema dreta colonialista”. “Què tenen en comú aquestes dues noies? Són dones, joves, intel·ligents, catalanoparlants, brillants acadèmicament i professionalment, i han arribat on són gràcies al seu esforç i a un sistema educatiu públic que els ha donat oportunitats, no gràcies als talonaris dels seus pares”, va escriure.

La resposta de la UIB

El consell de direcció de la UIB va respondre aquest dilluns mitjançant un comunicat institucional en el qual va expressar el seu rebuig a “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”. En el seu comunicat, el consell de direcció va recordar que la graduació constitueix un acte acadèmic destinat a reconèixer “l'esforç, la dedicació i la constància” de l'alumnat i va aprofitar per lamentar les incidències organitzatives derivades de la celebració excepcional d'una única cerimònia conjunta, motivada per les obres a les instal·lacions on habitualment es desenvolupa aquest acte.

Més enllà d'aquestes qüestions organitzatives, la universitat fa èmfasi en el fet que desenvolupa la seva activitat conforme a principis com el pensament crític, la igualtat d'oportunitats, la cooperació, la solidaritat i el respecte a la pluralitat, i defensa que “la diversitat de persones, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” constitueix un element que enriqueix la institució i enforteix la convivència.

Així mateix, recorda en la nota que els estudiants que intervenen en les graduacions ho fan “en representació de tota una promoció” com a símbol d'una generació que ha compartit un mateix itinerari acadèmic. Per això, rebutja “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”, asseverant que aquestes són “incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”.

La institució conclou reafirmant el seu compromís de continuar sent “un espai de llibertat acadèmica, de diàleg, de convivència i de servei públic”, així com amb la construcció “d'una societat oberta, plural i respectuosa amb la dignitat de totes les persones”.

Hores després, Campos, en un altre missatge publicat a X, va elevar el to de les seves crítiques: “La UIB s'ha molestat per no semblar-me correcte que una musulmana amb vel islàmic representi els alumnes de Balears”. El dirigent de Vox sosté que la seva publicació inicial constituïa una “crítica” i no un “assenyalament” contra l'estudiant, i considera que la reacció de la universitat demostra que la seva posició era “encertada”. El diputat va endurir a més les seves desqualificacions contra la institució acadèmica, a la qual arriba a definir com “una universitat convertida en el fangal on jeu la intolerància separatista, on es permeten actes en defensa de grups terroristes com ETA o Hamàs, o on es persegueix la llibertat lingüística”.

El diputat es va oferir així mateix a mantenir un debat públic amb la UIB sobre “dignitat, igualtat de les persones, diversitat, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” i va advertir que, si la universitat no respon a la seva proposta, això constituirà “una demostració més que el catalanisme separatista de la UIB també és porta d'entrada a la islamització”.

El discurs ultra de Jorge Campos

Entre els episodis de caràcter xenòfob protagonitzats per Campos es troben aquells en què no ha dubtat a vincular la “tassa de criminalitat de Balears” amb “l'augment constant d'immigrants il·legals”, manifestacions que, al setembre del 2022, li van valer el retret de l'aleshores presidenta del Govern, Francina Armengol: “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENES al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de forma despectiva els menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Demanar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va proferir el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en camp de batalla ideològica, en acusar l'anterior Executiu d'esquerres “d'adoctrinar” als alumnes i prometre “treure de les escoles” als qui, segons ell, “ataquen a la nació”. Al seu judici, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge en X, Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i “podrien haver-se ocasionat danys materials o personals”. “Què pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, en la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

Abans de fer el salt a la primera línia política, Campos es va donar a conèixer a Balears com a president i principal rostre visible de l'associació Círculo Balear, una entitat de caràcter ultraconservador fundada el 1999 i centrada a combatre el que denominava “pancatalanisme”. Des d'aquesta plataforma va impulsar durant anys campanyes contra les polítiques de normalització lingüística, l'ensenyament en català i l'ús institucional de la llengua pròpia de les illes. En contra del consens acadèmic i de les evidències filològiques, Círculo Balear defensava que a les illes no es parla català, sinó una llengua diferenciada, l'anomenat “balear”, considerant els dialectes insulars com a idiomes independents i no com a varietats del català.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en entredicho la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”. Con estas palabras ha respondido la universidad pública de las islas a los mensajes difundidos en redes sociales por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, quien señaló, por llevar hiyab, a una estudiante elegida como representante de su promoción para pronunciar el discurso de graduación.

La alumna sobre la que el parlamentario ha puesto el foco es Khaoula Ikkene, de 22 años, graduada en Ingeniería Informática, nacida en Marruecos y residente en Manacor (Mallorca). Fue la estudiante elegida para dirigirse en nombre de los 1.375 titulados durante el acto de graduación de la UIB, celebrado el pasado viernes en el estadio de Son Moix. Además de contar con un gran expediente académico, ha complementado su formación con certificaciones oficiales en ciberseguridad y en inteligencia artificial, entre ellas la Fundamentals of Deep Learning, expedida por el NVIDIA Deep Learning Institute, con la que ha acreditado conocimientos en aprendizaje profundo (deep learning), una de las tecnologías fundamentales sobre las que se desarrollan los actuales sistemas de inteligencia artificial.

Ikkene ha compaginado además la carrera con unas prácticas en la energética Sampol, donde ha trabajado como soporte de ingeniería de control en un puesto centrado en sistemas de automatización industrial. Domina seis idiomas. Durante su discurso, la estudiante agradeció la labor de los profesores y la dedicación de las familias y manifestó que el conocimiento que han adquirido debe servir para contribuir a una sociedad mejor.

Tras la ceremonia, Campos, cuya trayectoria está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática, publicó una fotografía de la alumna en X acompañada del siguiente mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...”.

Al hilo de esta crítica, Vox Vecindario utilizó la foto de Ikkene para escribir en su página de Facebook: “El 9 de julio de 2026, se graduaron más de 1.400 alumnos de la Universidad de las Islas Baleares. Y la UIB no ha encontrado a nadie más representativo del alumnado balear para el discurso”.

Los mensajes difundidos han provocado una oleada de críticas dentro y fuera de Balears. Entre ellas, la del profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien destaca que Ikkene “domina seis idiomas, es ingeniera informática, con 22 años ya ha trabajado en diversas empresas de Balears... Es una alumna brillantísima”. Haciéndose eco del mensaje de Campos, añade: “Este señor es diputado de Vox (antes era del PP) y cree que la religión de alguien es más importante que sus méritos. Escoria”.

También reaccionó Toni Bennàssar, doctor en Derecho Público y DEA en Derecho Constitucional, quien recordó el caso de Teresa Comellas, la estudiante que este año ha obtenido la mejor nota de la Selectividad en Balears. Según señaló, ambas jóvenes “han sido objeto estos últimos días de duros ataques en las redes sociales por parte de múltiples perfiles afines a la extrema derecha colonialista”. “¿Qué tienen en común estas dos chicas? Son mujeres, jóvenes, inteligentes, catalanohablantes, brillantes académica y profesionalmente, y han llegado donde están gracias a su esfuerzo y a un sistema educativo público que les ha dado oportunidades, no gracias a los talonarios de sus padres”, escribió.

“Es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”

La Asociación Arena Marroquí también ha salido en defensa de la estudiante. “Khaoula Ikkene, 22 años, graduada en Ingeniería, habla cinco idiomas, pero a Vox no le parece suficiente: es magrebí”, señala la entidad en redes sociales. Tras enumerar su trayectoria académica y profesional, la entidad reprocha que, “para Vox, no son suficientes méritos como para representar a sus compañeros de promoción en el cierre del curso universitario”. “Eso es exactamente lo que define a Vox. No es cierto que solo rechacen a los inmigrantes irregulares o con antecedentes. Khaoula no es ni una cosa ni la otra; es algo peor para ellos: es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”, asevera.

Del mismo modo, desde el colectivo Voces Palestinas Málaga destacan que la elección de Ikkene para pronunciar el discurso “no fue fruto de la casualidad, sino un reconocimiento a su excelente trayectoria académica y a sus destacados méritos. Un honor reservado para quienes demuestran esfuerzo, compromiso y excelencia”. “Sin embargo, en lugar de celebrar su logro y el camino que recorrió para alcanzarlo, algunas personas prefirieron centrar el debate en el hecho de que lleva hiyab, ignorando que el verdadero valor de una persona reside en sus conocimientos, su esfuerzo y sus logros, no en su apariencia o en su forma de vestir”, concluyen en un mensaje publicado en Instagram.

“Así son ellos: les toman fotos a las mujeres marroquíes en los parques infantiles y dicen que no aportan nada más que beneficiarse de las ayudas sociales. Y cuando ven a estudiantes brillantes y destacadas, las critican sutilmente diciendo: '¿Acaso la universidad no encontró a nadie más para representar a 1.400 estudiantes?'”, comenta un usuario a través de la página de Facebook de Comunidad Árabe de España. Hablan de integración... Pero cuando te integras y aportas un valor añadido a este país, te rechazan bajo el pretexto de dar prioridad a 'los nativos'“, prosigue la misma publicación, que celebra que, finalmente, ”la excelencia se impuso“. ”Ellos son solo una minoría; en cambio, los españoles reales y justos aplaudieron a la estudiante y reconocieron su mérito“.

La respuesta de la UIB

El consejo de dirección de la UIB respondió este lunes mediante un comunicado institucional en el que expresó su rechazo a “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. En su comunicado, el consejo de dirección recordó que la graduación constituye un acto académico destinado a reconocer “el esfuerzo, la dedicación y la constancia” del alumnado y aprovechó para lamentar las incidencias organizativas derivadas de la celebración excepcional de una única ceremonia conjunta, motivada por las obras en las instalaciones donde habitualmente se desarrolla este acto.

Más allá de estas cuestiones organizativas, la universidad hace hincapié en que desarrolla su actividad conforme a principios como el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad, y defiende que “la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” constituye un elemento que enriquece la institución y fortalece la convivencia.

Asimismo, recuerda en la nota que los estudiantes que intervienen en las graduaciones lo hacen “en representación de toda una promoción” como símbolo de una generación que ha compartido un mismo itinerario académico. Por ello, rechaza “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”, aseverando que éstas son “incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La institución concluye reafirmando su compromiso de seguir siendo “un espacio de libertad académica, de diálogo, de convivencia y de servicio público”, así como con la construcción de “una sociedad abierta, plural y respetuosa con la dignidad de todas las personas”.

Horas después, Campos, en otro mensaje publicado en X, elevó el tono de sus críticas: “La UIB se ha molestado por no parecerme correcto que una musulmana con velo islámico represente a los alumnos de Baleares”. El dirigente de Vox sostiene que su publicación inicial constituía una “crítica” y no un “señalamiento” contra la estudiante, y considera que la reacción de la universidad demuestra que su posición era “acertada”. El diputado endureció además sus descalificaciones contra la institución académica, a la que llega a definir como “una universidad convertida en el lodazal donde retoza la intolerancia separatista, donde se permiten actos en defensa de grupos terroristas como ETA o Hamas, o donde se persigue la libertad lingüística”.

El diputado se ofreció asimismo a mantener un debate público con la UIB sobre “dignidad, igualdad de las personas, diversidad, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” y advirtió de que, si la universidad no responde a su propuesta, ello constituirá “una demostración más de que el catalanismo separatista de la UIB también es puerta de entrada a la islamización”.

El discurso ultra de Jorge Campos

Entre los episodios de carácter xenófobo protagonizados por Campos se encuentran aquellos en los que no ha dudado en vincular la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”, manifestaciones que, en septiembre de 2022, le valieron el reproche de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol: “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

Nuevo hito en el proceso para la retirada definitiva de la acreditación de prensa en el Congreso de los agitadores de extrema derecha Bertrand Ndongo y Vito Quiles. La Mesa de la Cámara Baja aprobó este martes una nueva sanción contra ambos activistas, en este caso de un mes, por la interrupción de sendas ruedas de prensa. En el caso de Quiles, es la segunda penalización en firme que recibe por parte de la Mesa, tras la sanción del pasado mayo, cuando se le retiró por un periodo de tres meses la credencial. Por el contrario, es la primera vez que se sanciona a Ndongo en firme.

A principios de mayo, el Congreso impuso la retirada cautelar de la acreditación a ambos agitadores por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, argumentó la Mesa entonces para imponer una decisión con los votos de PSOE y Sumar y en contra de la cual votó el PP.

Dos semanas después de esa suspensión cautelar, la Mesa resolvió el primer expediente de los más de una decena que acumula Quiles y le impuso la mencionada sanción en firme por tres meses, al considerar probado que cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. A Ndongo, por el contrario, se le ofreció un último plazo para presentar alegaciones al primero de sus varios procedimientos abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario.

Este último expediente es el que decidió cerrar este martes la Mesa con la retirada de la acreditación al agitador ultraderechista por el plazo de un mes, la primera sanción en firme que recibe Ndongo. El activista se exponía a una sanción de hasta tres meses, si bien la Mesa ha optado por una penalización más suave en atención al informe del letrado que ha instruido el caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Tanto Ndongo como Quiles tienen varias denuncias aún por resolverse en diferentes puntos de su tramitación, varias de ellas por la supuesta comisión de infracciones graves o muy graves, como los insultos proferidos por Ndongo contra la diputada Aina Vidal (Sumar). Esos expedientes pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso incluso si a los dos agitadores no se les encontrara culpables de faltas muy graves —que por sí mismas pueden castigarse con la retirada definitiva de la credencial de prensa—, puesto que la acumulación de sanciones graves se considera motivo suficiente para aplicar el castigo más duro.

El reglamento tipifica como un ilícito de la mayor gravedad “las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”. Y fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que este artículo puede aplicarse tanto a Quiles como a Ndongo por algunos de los episodios que han protagonizado y por los que han sido denunciados.

España juega la semifinal del Mundial contra Francia… y a Mariano Rajoy se le ha ocurrido escribir esto: “Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. ¿Qué significa eso de una Francia sin franceses? ¿Lo dice porque muchos jugadores son negros? ¿Lo dice porque cree que no han nacido en Francia? Lo increíble es este dato: solo hay tres jugadores de los 26 que han ido al Mundial no han nacido en Francia. Otro dato llamativo: En este Mundial, uno de cada cuatro futbolistas juega en la selección de un país en el que no ha nacido… Pero esos jugadores no juegan, precisamente, con Francia. Más bien, con selecciones como Marruecos: 20 de sus 26 futbolistas nacieron fuera de Marruecos.

Lo analizamos con el director de Cordópolis, Alfonso Alba, que además ha escrito sobre estos temas durante el Mundial en la cobertura de elDiario.es. Además, con la colaboradora de elDiario.es y directora del medio África Mundi Soraya Aybar Laafou analizamos lo que está pasando en selecciones como la marroquí y de qué manera hay nuevos lazos y conexiones entre el fútbol africano y el europeo.

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El fútbol es un deporte, pero un Mundial es siempre un acto político. Seguro que Mariano Rajoy lo sabe, porque la afirmación forma parte del acervo cultural planetario y porque, aunque no esté ya en primera línea, es un político profesional. Sobran ejemplos mundialistas funestos, de aquel campeonato orquestado en 1978 por la dictadura genocida de Rafael Videla al de 2026 en el que Donald Trump intenta hacer valer sus privilegios de dueño de la pelota.

La idea de que las rivalidades del balompié son capaces de alterar hasta al más tranquilo y predecible de los registradores de la propiedad con columna en un periódico resulta difícil de sostener. Quizá sea más probable que el fervor de las camisetas deje salir esos pensamientos 'polémicos' y “sin mala intención”, según el PP, que normalmente se reservan para una sobremesa larga o se enmascaran en un chascarrillo.

Rajoy dice que la selección francesa dispone de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses” porque –se entiende– considera que los jugadores de piel negra no lo son. Otra política profesional, la senadora de Paraguay Celeste Amarilla, ha sido incluso menos sutil: tras la eliminación de su selección llamó a Mbappé “camerunés colonizado” que “finge ser francés”, a partir de lo cual soltó una retahíla de frases racistas que Francia estudia denunciar.

Mientras tanto, otra de las selecciones en semifinales está siendo acusada en redes sociales de racismo, y no por los cánticos de un grupo de aficionados que en el Mundial de Qatar ya adelantaban la tesis de Rajoy, sino por no tener jugadores negros en su plantilla. La polémica también empezó en 2022, cuando la historiadora estadounidense Erika Denise Edwards, publicó una columna en el Washington Post titulada: ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?. En ella argumentaba que la falta de representación afrodescendiente tenía que ver con una historia de “borrado” y blanqueamiento institucional de la población negra en el país.

A medida que el equipo de Scaloni ha ido avanzando en este torneo, la tesis de Edwards se ha replicado en infinidad de reels y vídeos de Instagram, sobre todo de usuarios de Estados Unidos. Y ha dado lugar a más y más contenido albiceleste para desmentirlos.

Los argentinos hablan de las características étnicas de la población –en el último censo, de 2022, unas 300.000 personas de 45,9 millones se identificaron como afrodescendientes–, el mestizaje y las oleadas migratorias del siglo XX, las figuras negras históricas en la lucha por la independencia, o las decisiones políticas históricas sobre las personas esclavizadas. Por ejemplo, se reivindican la libertad de vientres de 1813 (que determinó que los hijos de mujeres esclavas nacían libres) y la abolición de la esclavitud en la Constitución de 1853 (12 años antes que en Estados Unidos y más de 70 antes que en la España de ultramar).

Pero más allá de los argumentos y la siempre necesaria revisión antirracista, el hecho de que el debate en las dos orillas de este Mundial vaya del color de piel de los jugadores pone en evidencia un triunfo de la ultraderecha: el regreso a un debate biologicista de la identidad.

“Las palabras de Rajoy son el ejemplo perfecto de cómo se ha abierto la ventana de Overton”, reflexiona la politóloga Anna López Ortega, autora del libro La extrema derecha en Europa. “Que un perfil del PP moderado, cuya principal característica era ser elusivo para no meterse en líos, haya escrito una frase que ha podido poner a España en una crisis institucional es el mayor ejemplo de cómo el discurso racista de las extremas derechas ha calado en las derechas conservadoras”, analiza en conversación con elDiario.es.

Aunque Rajoy parezca estar muy lejos de los neonazis de Núcleo Nacional, que sugiera que Mbappé o Dembélé no son franceses lleva implícito el discurso supremacista que desplegó el pasado fin de semana su líder, Iván Rico Olivares, en la rueda de prensa en la que explicaba su salto a la política, en el que defendía que la nacionalidad “no es un papel o un trozo de plástico”. Esto es, que no tiene que ver con las leyes que nos hemos dado sino con un origen étnico, con un pantone epidérmico.

La normalización de conceptos como la remigración (eufemismo para hablar de deportaciones masivas), la teoría del reemplazo de la población local por la migrante (sobre todo africana o del Magreb) o la prioridad nacional (que han firmado en sus pactos de gobierno Vox y PP) nos han devuelto a todos a un debate impensado hace una década: no ya el de los nacionalismos que agitan el color de sus camisetas en el estadio, sino el de quienes agitan el odio por el color de quienes las llevan en el campo.

La madrugada del 19 de junio, Andy Burnham, el aspirante a primer ministro del Reino Unido, celebró su victoria electoral flanqueado por los demás candidatos en un distrito del norte de Inglaterra, que, como es tradición, escuchaban juntos los resultados. Uno iba disfrazado de zorro. Otro llevaba un cubo de basura metálico sobre la cabeza.

Es una escena habitual en las noches electorales del Reino Unido, donde cualquier británico mayor de edad puede ser candidato si paga 500 libras (unos 580 euros) de depósito y tiene 10 firmas de apoyo en el distrito donde se presenta. Ser candidato garantiza un puesto en el escenario mientras se leen los resultados. Las campañas simbólicas y humorísticas se repiten desde los años 70, pero suelen obtener unos pocos centenares de votos. Eso puede cambiar el 13 de agosto.

El humorista que posaba con un cubo en la cabeza junto a Burnham, Count Binface (algo así como “Conde Caracubo”), es ahora el principal rival de Nigel Farage, el líder de la extrema derecha, en las elecciones especiales que se celebrarán ese día para su escaño.

Caracubo, cuyo verdadero nombre es Jon Harvey, se ha presentado a elecciones locales y nacionales desde 2017, habitualmente en distritos con especial atención, como los que representaban los primeros ministros conservadores Theresa May, Boris Johnson y Rishi Sunak. Este junio se presentó en Makerfield, el distrito rural entre Liverpool y Manchester que le dio a Burnham la posibilidad de competir en las primarias laboristas con las que espera proclamarse líder del partido y del país esta semana.

Ahora Caracubo es el rival más famoso en las elecciones de Clacton, el distrito del sureste de Inglaterra que representa Farage desde 2024 y donde los principales partidos han decidido no presentarse como protesta a las elecciones que ha forzado el líder de Reform.

Las donaciones de Farage

La semana pasada, Farage dimitió de su escaño para parar una investigación parlamentaria sobre donaciones no declaradas y someter el caso a la votación del electorado de su distrito.

De un lado, se investiga la donación de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) del multimillonario británico-tailandés Christopher Harborne, que ha construido su fortuna con criptomonedas, una de las causas políticas de Farage ahora. De otro, el periódico Sunday Times ha revelado que Farage también está siendo investigado por la policía por una donación de la madre de George Cottrell, condenado por fraude en Estados Unidos.

En el caso del Parlamento, la investigación se suspende y se retomará si el líder de Reform vuelve a ser diputado. Farage, que lleva más de 25 años en política, denuncia una persecución del “establishment” y busca el apoyo del “pueblo” para reforzar su posición.

Las elecciones especiales se celebran en un distrito muy conservador y donde Farage tiene fácil ganar otra vez, pero la bajada de la participación o un buen resultado del Conde Caracubo pueden dificultar su lavado de imagen. Pese a que su partido, Reform, encabeza las encuestas, Farage es uno de los líderes más impopulares del Reino Unido.

“Si es el pueblo contra el establishment, creo que Nigel Farage parece el establishment y el Conde Caracubo, el pueblo”, dijo Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador, que ha optado como otros por no presentar candidato en Clacton.

El ridículo como arma

Caracubo ya sugiere en su canción de campaña y en algunas entrevistas que quiere poner en ridículo a Farage y lo que considera un timo a los votantes, que podrían tener que sufragar otras elecciones si el líder de Reform suspende la investigación parlamentaria que tendrá que afrontar como diputado.

En una entrevista en el matinal de radio de la BBC, el popular Today Programme, Caracubo no dejó su personaje y entre chiste y chiste comentó que el hecho de que lo estuvieran entrevistando a él decía mucho de los otros partidos: “¿Tienen miedo del cubito o creen que Nigel está tramando una jugada muy astuta?”

El boicot de las elecciones que ha forzado Farage tiene un impacto difícil de medir, pero la sátira puede atraer a votantes descontentos con la política británica, cada vez más numerosos en todos los partidos. Caracubo puede incluso tocar una de las armas más apreciadas en el país: el humor.

“A veces, la mayor amenaza para los populistas autoritarios viene de algo mucho más demoledor que contrapesos institucionales o protestas masivas: acabar convertidos en un chiste”, escribe Brian Klaas, catedrático de Política en la Universidad de Londres (UCL, en sus siglas en inglés), en su boletín titulado Conde Caracubo y la política del ridículo. “En el Reino Unido, esta hipótesis está a punto de someterse a la prueba más divertida imaginable”.

Un graduado en clásicas por Oxford

Jon Harvey, Caracubo, no concede ahora entrevistas sin su disfraz o sin interpretar su personaje, pero es un guionista habitual de comedia en la televisión británica. Ha colaborado en Have I Got News From You, de la BBC, entre otros programas que mezclan noticias y sátira, y ha trabajado con Armando Ianucci, el autor de comedias políticas clásicas como The Thick of It y Veep.

Según su curriculum en LinkedIn, Harvey se licenció en lengua y literatura clásicas por la Universidad de Oxford. En la universidad, además del griego y el latín, encontró inspiración en Lord Buckethead (Lord Cabezacubo), un personaje de Hyperspace, una película estadounidense de 1984 que satirizaba la ciencia ficción de Star Wars y que utilizó otro cómico para presentarse contra Margaret Thatcher.

Guerra de cubos

En 2017, Jon Harvey resucitó el personaje y se presentó contra Theresa May con ese nombre (sacó 249 votos). Pero entonces hubo “guerra de cubos” y el director de la película que lo había inspirado disputó su uso. Harvey se cambió de nombre y hubo dos candidatos con cara de cubo en las elecciones de 2019 contra Boris Johnson. Después de esas elecciones, se hicieron amigos y Lord Buckethead apoyó formalmente al conde como su heredero.

En un artículo en The Times en 2024, Harvey reveló que la comedia fue una manera de sobrevivir para él y para su hermano en una familia marcada por un padre alcohólico. También contaba el trauma de la muerte prematura de su hermano por diabetes y aludía a sus estrecheces económicas. Tanto él como su esposa se dedican a la comedia y no tienen un puesto fijo. Tienen dos hijos.

En su cuenta de LinkedIn, Harvey se presenta como cómico, escritor, productor y guionista de televisión y radio con experiencia en sátira política e interpretación.

Más de 100.000 votos

Su principal personaje, como él destaca, es el Conde Caracubo, que describe como “un político intergaláctico que se ha presentado en múltiples elecciones contra Boris Johnson, Rishi Sunak y otros” y ha conseguido 117.000 votos sumando todas las elecciones en las que ha sido candidato desde 2017.

En las elecciones de Makerfield, muy disputadas entre Burnham y el candidato de la extrema derecha, Caracubo sacó 95 votos, y en la mayoría de las elecciones apenas ha logrado un par de centenares de votos. Sus mejores marcas han sido en las elecciones a la alcaldía de Londres en 2021 y 2024: en las dos citas logró más de 24.000 votos entre quienes lo pusieron de primera opción y decenas de miles más entre quienes lo eligieron de segunda. En 2024, obtuvo más votos que el partido de extrema derecha Britain First.

“Conde Caracubo es una de las figuras políticas satíricas más reconocibles del mundo: una mezcla de sátira, ciencia ficción y surrealismo”, escribe Harvey en su presentación.

Sus campañas, más allá de los chistes sobre el cosmos y la democracia británica, suelen apuntar a los problemas diarios del momento. Sus promesas electorales incluyen ahora construir viviendas asequibles (“al menos tres”) y hacer que los ejecutivos de las empresas privadas de gestión de agua se bañen en los ríos que contaminan con aguas residuales en una de las crisis de los servicios en el país. También sugiere “nacionalizar” a Adele, la cantante, encarcelar a quienes escuchen vídeos en el metro sin auriculares y eliminar el VAR de los partidos de fútbol.

Algo “turbio”

Farage sigue siendo el favorito para ganar su propio escaño, si bien hasta una parte de sus propios votantes creen ahora que hay algo “turbio” en su comportamiento y las donaciones recibidas.

El 40% de los votantes de Reform cree que Farage es “turbio” (y el 73% del electorado general), según una encuesta recién publicada de YouGov. La mitad de sus votantes creen que actuó de manera correcta respecto a las donaciones, pero la otra mitad o no saben qué contestar o creen que actuó mal.

Si se pregunta al electorado general en el país, hay más votantes que quieren que gane Caracubo que Farage, uno de cada tres adultos en el Reino Unido, según Ipsos. Solo el 21% prefiere a Farage.

Si Caracubo llega a ser diputado, hay una pluralidad de votantes que quieren que se tome en serio su trabajo y se quite el disfraz. Un cuarto preferiría verle actuar en la Cámara de los Comunes, si bien una norma medieval prohíbe que lleve un cubo de basura en la cabeza porque se asemeja a las vetadas armaduras.

“En el improbable caso de que los humanos de Clacton me prefieran al viejo Nige, los representaré lo mejor que pueda”, dijo Caracubo a The Guardian.

Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common en el Reino Unido, dice que el daño para Farage puede ser por la desmovilización de sus votantes. No cree que Caracubo tenga posibilidades de ganar, pero el líder de Reform puede imponerse en elecciones con baja participación o no por menos de lo esperado sin rivales de los principales partidos. “El riesgo para Farage no es perder, sino que su victoria acabe sabiendo a poco”, explica Tryl.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

Mientras Mbappé marcaba el enésimo golazo y Dembélé sentenciaba a Marruecos en Boston durante la noche del jueves, a 6.000 kilómetros miles de policías se amarraban los chalecos antibalas y los cascos en el centro de París. Ganaba su selección, pero la orden de controlar las calles no difería en función del resultado, porque se preveían incidentes pasara lo que pasara. En el Mundial de 2022, tras imponerse Francia también por 2-0 a Marruecos, se registró la muerte de un adolescente y hubo casi 300 detenidos. La noche del jueves, aun con incidentes, no fue tan grave porque la policía bloqueó la movilidad desde los barrios al centro, cerrando el metro y restringiendo el tráfico. Además, impuso un toque de queda para menores de 16 años: medidas de guerra. Con ello consiguió confinar el foco de tensión en la banlieue, los barrios periféricos de la capital. Allí donde realmente todo empezó.

El Stade de France, en Saint-Denis, una joya arquitectónica de finales del siglo pasado, fue construido para el Mundial de 1998. Con la obra se alentaba además otra motivación, la de revitalizar un lugar donde ya se percibían las enormes desigualdades derivadas de las migraciones desde las excolonias. El nombre ya le daba un sello patriótico: Estadio de Francia. Los apenas diez kilómetros que separan el campo del Arco del Triunfo se multiplican en cuanto a nivel de vida e índice de desarrollo. El fútbol podía acortar simbólicamente esos kilómetros y lo hizo con un logro representativo: Francia ganó su primera Copa del Mundo imponiéndose a Brasil por 3- 0. Y además lo hizo con una selección multicultural, liderada por Zinedine Zidane y que pasó a la historia con el lema Black-Blanc-Beur (negro-blanco-árabe). La victoria, resonante desde el canto atronador de La Marsellesa antes de la final, ahuyentaba en términos políticos al fantasma de la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, que había pasado de ser residual a conseguir tres años antes un 15% en las presidenciales francesas. Ganando el campeonato se contendría la tormenta, se pensaba.

Más de un millón de personas se congregaron en los Campos Elíseos aquella noche del 12 de julio. Se desparramaron los adjetivos sobre la integración. El triunfo de la diversidad y la convivencia pacífica, tituló la prensa. Hubo comparaciones incluso con la multitud congregada tras la liberación de París en agosto de 1944. Algo parecido ocurrió en la Marsella de Zizou, en el norte postindustrial, en el sur turístico. Hasta en la isla de Guadalupe, la Guayana y en el mismo Saint-Denis. Aquella postal idílica mostraba a policías cantando abrazados a jóvenes con la bandera pintada en la cara y alentando el retorno de la grandeur.

El presidente Jacques Chirac recibió a los campeones en el Eliseo, la estampa perfecta. El discurso de la nueva Francia mundialista era de fácil compra instantánea, pero el laurel futbolístico mutó en espejismo al no poder tapar el fracaso social ni el vendaval político que venía: en 2002 el patriarca de los Le Pen superó al Partido Socialista y consiguió meterse en segunda vuelta, mientras la calle explotaba. En 2005, el departamento de Seine-Saint-Denis volvió a las portadas y no por la selección. Durante casi tres semanas de otoño, una oleada de furia incendió literalmente el lugar tras la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía y, como una mecha empapada en gasolina, se extendió a las banlieues de otras ciudades.

Aquello lo vivió, sin tener que verlo por televisión, un chaval de casi siete años, nacido en los meses siguientes al Mundial de 1998. Se llamaba Kylian Mbappé y vivía en Bondy, un barrio satélite del mismo departamento hiperpoblado de Saint-Denis, cuna de futbolistas de elite con raíces inmigrantes (Saliba o Kolo Muani son de allí) y con una de las medias de edad más jóvenes del país. También es un lugar donde no son ajenos sustantivos como estigma o pobreza, como tampoco las pintadas en las paredes que hablan de gueto y apartheid. Aquella semana en llamas del otoño de 2005 jóvenes de Bondy se enfrentaron a la policía frente a edificios como los que años más tarde lucirían murales de Mbappé, o junto a los campos donde empezó a jugar Kylian, hijo de un entrenador camerunés y una exjugadora de balonmano de ascendencia argelina.

2002 no fue el campeonato esperado y 2006 resultó diferente (subcampeones en la final de la expulsión de Zidane por el cabezazo a Materazzi). En el Mundial 2010 en Sudáfrica, con el ciclo anterior terminado, estalló una guerra interna en la selección rematada con un motín de los jugadores. El reciente documental El autobús: la huelga de la selección francesa (Netflix) lo retrata a la perfección. El técnico, Raymond Domenech gestionaba a duras penas un vestuario roto, especialmente después de perder contra México 2-0 en el segundo partido. En el descanso se enfrentó con Nicolas Anelka, una de las estrellas de aquel equipo, y este lo insultó. El efecto dominó fue inmediato: filtración a L'Equipe, palabras hirientes de la ministra de deportes (dijo que los futbolistas eran “niños mimados”) y estallido final: expulsión de Anelka en pleno torneo —con el presidente Nicolas Sarkozy, según los jugadores, en las sombras—, consiguiente huelga de la plantilla en pleno entrenamiento, sin bajar del autobús, con el capitán Patrice Evra a la cabeza, comunicado oficial y eliminación en fase de grupos al perder contra Sudáfrica. La campeona encumbrada solo doce años antes se iba a casa con el escándalo bajo el brazo.

El documental sirve para recordar la travesía del desierto de los primeros años 2010. Aquellos en los que Mbappé, un prodigio que combinaba técnica, físico y compromiso, crecía cosechando halagos de entrenadores y compañeros, pero al que aún le faltaban años para llegar al primer equipo. Prensa y opinión pública se entretenían entonces con otra polémica centrada en otro hijo de la inmigración argelina, igual que Zidane: Karim Benzema. Era su heredero, o eso decían, pero en la selección parecía estar como pez fuera del agua. Seguía vinculado a su entorno original de su barrio en Lyon, no participaba de las ceremonias patrióticas francesas y, cuando sonaba La Marsellesa antes de los partidos, no la cantaba. Jugó en Brasil 2014 (tres goles, Francia a casa en cuartos de final) pero al año siguiente todo se torció con el caso Valbuena, un escándalo por el que fue apartado de la selección y después fue condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por estar implicado en un chantaje a su compañero de selección por un vídeo sexual. No fue a Rusia 2018, reapareció para la Eurocopa siguiente pero, aunque convocado, no llegó a ir al de 2022 y se despidió entre sombras y resentimientos. Todo se terminó de emponzoñar cuando el ministro del Interior lo acusó de islamista radical, cuando ya jugaba en la liga de Arabia Saudí tras una carrera sobresaliente en el Real Madrid (cinco Champions y un Balón de Oro), pero en cambio una pieza sin encaje en Les Bleus. Benzema, reverso de la sonrisa abierta de Zidane, dijo en una entrevista del pasado: “Si marco goles soy francés. Si no, soy árabe”. Y así trazó un retrato fiel de una brecha que no paraba de abrirse.

En 2018 Mbappé, ya con 19 años, ganó su primer mundial, al tiempo que se acentuaba una tendencia perceptible de forma notoria en este mismo torneo: una inmensa cantidad de jugadores, aun habiendo nacido en Francia, eligen jugar con las selecciones de las que son originarias sus familias. La decisión habla de la superpoblación de talento en los barrios franceses pero también del desarraigo hacia el lugar de destino migratorio familiar, en medio de un panorama político hostil. Le Pen —ahora su hija Marine— recogía pingües beneficios: en las presidenciales de 2017 daba el gran salto, al llegar a segunda vuelta y lograr un 33% de los votos, más de diez millones de franceses.

La pandemia no trajo conciliación social; al revés, volvió a registrarse otra oleada de disturbios, y en las siguientes presidenciales, las de 2022, la extrema derecha arañó aún más poder, con los partidos tradicionales (los herederos del gaullismo y el Partido Socialista) pulverizados. Macron ganó las presidenciales en segunda vuelta contra Marine Le Pen, que consiguió un 41% de los votos. Ese mismo año Francia volvió a llegar a la final. Solo Messi a hombros de su Argentina la privó de un doblete al alcance por ahora solo de Pelé y Garrincha en otro siglo, en otro mundo.

En un vídeo viralizado estas semanas se ve a Mbappé con 12 años, con ese rostro característico que apenas ha cambiado en tres lustros, hablando a cámara en un campo de tierra polvorienta, diciendo: “Los mejores jugadores franceses son todos negros o árabes, excepto Platini y Cantona”. El vendaval de odio arrasa en los comentarios, señal de los tiempos, pero el mensaje queda. No tanto el qué, sino el cómo y el por qué un preadolescente tiene que matizar esas diferencias en una entrevista de prensa.

Como en una guerra sin nombre e incongruente, los choques se hacen presentes en cada festejo futbolístico. El PSG ha ganado dos Champions League los dos últimos años y la liturgia de incidentes y destrozos se han repetido. En la de este año, en mayo, los disturbios dejaron un muerto, más de 200 heridos y casi 900 detenidos en 70 ciudades de un país en llamas. Ahora queda esperar si llega a la final el equipo de Mbappé, líder de un grupo de chicos con todos los orígenes posibles de las excolonias, mientras la máquina electoral de cara al año que viene echa humo y la pregunta flota en el aire: ¿qué pasará si llega a gobernar la ultraderecha?

La decisión pilló a todo el mundo por sorpresa. La vista llevaba apenas 20 minutos en marcha en el histórico Palacio de Justicia de París cuando la presidenta del tribunal de apelación anunció las penas impuestas a Marine Le Pen. Condenada de nuevo por malversación de fondos públicos, la líder de la extrema derecha francesa se benefició de una mayor clemencia por parte de los jueces de segunda instancia, con una inhabilitación reducida al mínimo imprescindible —que ya ha cumplido— en nombre de “la libertad de candidaturas” de cara a las próximas citas electorales.

Habilitada para las elecciones presidenciales del año que viene pese a estar condenada, la triple candidata a la presidencia —finalista en 2017 y 2022— salió del tribunal sin hacer declaraciones, rumbo a las lujosas oficinas de la nueva sede del partido en el 16º distrito de la capital francesa.

Fue una tarde de reuniones con la plana mayor del partido, Agrupación Nacional, con su joven presidente, Jordan Bardella, y con sus asesores jurídicos y de comunicación para evaluar las opciones, el relato mediático y tomar una decisión sobre las próximas etapas.

Salvado el problema de la inhabilitación, Le Pen necesitaba decidir si recurría la sentencia y si seguía adelante con su candidatura, ya que también pesa sobre ella una pena de un año de prisión firme, que cumpliría bajo vigilancia electrónica. La líder de extrema derecha había afirmado que consideraba imposible hacer campaña en esas condiciones. “Cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”, declaró hace algunos meses.

Pero la noche del martes, en el informativo de mayor audiencia de la televisión francesa, anunció su voluntad de ser candidata a las elecciones presidenciales de 2027 —“pase lo que pase”— y su decisión de recurrir de nuevo la sentencia y agotar la vía judicial, acudiendo al tribunal de casación. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme como candidata en 2027”, afirmó en la entrevista.

Un día después, acompañada de Bardella, Le Pen realizaba su primer acto de precampaña visitando un mercado en La Flèche, feudo electoral de los lepenistas, entre aplausos de sus defensores y abucheos de unos 60 manifestantes que se desplazaron para protestar contra ella.

Campaña bajo tensión

Aunque Le Pen quiere pasar página, en realidad su horizonte judicial está lleno de incertidumbres. Pese a que se niega a aceptar la hipótesis de una condena definitiva, la posibilidad de que el tribunal confirme la sentencia y tenga que realizar una parte de la campaña con un brazalete electrónico es real, lo que la obligaría a retirarse a última hora o a contradecir sus propias declaraciones.

“Sí, existe el riesgo de terminar la campaña con una pulsera electrónica, pero el riesgo es inherente a la justicia”, confirmó el miércoles Rodolphe Bosselut, abogado de Marine Le Pen, invitado a los micrófonos de France Inter. En la misma entrevista, Bosselut esbozó la que puede ser la nueva línea de defensa: confiar en que el Tribunal de Casación no se pronuncie antes de las presidenciales de abril de 2027, alegando que levantada la inhabilitación, ya no existe una urgencia democrática.

En ese escenario, Le Pen podría beneficiarse de la inmunidad presidencial en caso de victoria. Pero, a día de hoy, no parece lo más probable. Dada la relevancia del caso y su posible impacto en las próximas elecciones, el tribunal de casación había anunciado su voluntad de ofrecer una decisión a principios del año que viene. Una voluntad reiterada esta semana con la precisión de los magistrados de que harán todo lo posible para que la decisión llegue “antes de abril de 2027”.

Presión mediática

En cualquier caso, la estrategia de Marine Le Pen pone bajo presión a la vez a la Justicia y a la campaña electoral para las presidenciales. Porque si el tribunal de casación desestimara el recurso solo unas semanas antes de los comicios, cabría esperar una ofensiva de ataques políticos y mediáticos como la que ya vivió el tribunal de primera instancia en marzo de 2025, que acabó con sus miembros bajo protección policial a causa de las amenazas recibidas.

Si el tribunal de casación desestimara el recurso sólo unas semanas antes de las presidenciales, cabría esperar una ofensiva de ataques políticos y mediáticos como la que ya vivió el tribunal de primera instancia

En ese escenario Le Pen volvería a adoptar el papel de víctima de un supuesto “sistema” que lleva toda su carrera atacando. Mientras, aprovecha la segunda oportunidad que le ha dado la justicia al reducir su inhabilitación y alimenta un nuevo relato de “renacimiento” y de candidata capaz de remontar todas las adversidades (en este caso, una doble condena por malversación de fondos destinados a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados que acabaron financiando otras actividades del partido en Francia).

Esta respuesta apela a su base de electores, pero va en contra de la estrategia de normalización y profesionalización del partido lepenista. “La base electoral de Marine Le Pen y Jordan Bardella se va a sentir aliviada por recuperar a su candidata electoral”, señalaba hace unos días Brice Teinturier, director la empresa de sondeos de Ipsos BVA en Francia. “Pero para ganar la segunda vuelta de la elección hay que ir más allá de la base, y ahí la idea de una candidata condenada tiene un impacto. Es una especie de mancha, algo que puede influir y que sus rivales van a señalar”, vaticinó.

Bardella, relegado

La arriesgada apuesta de Le Pen, que se lo juega todo a una carta en el plano judicial y político, relega a Jordan Bardella —favorito en las encuestas de cara a las presidenciales, con mejores cifras que su mentora— a un papel secundario. Y muestra que, a ojos de Le Pen y su círculo, una candidata condenada por malversación de fondos públicos es preferible a ceder el testigo a su delfín, ya sea por desconfianza sobre su capacidad de llevar la campaña o bien por dudas sobre sus tendencias más liberales en lo económico.

No obstante, Le Pen es consciente de que necesita a Bardella como pieza para atraer a un electorado más joven y como posible vínculo de unión con otros partidos de la derecha, elemento importante de cara a las elecciones legislativas.

“Hay una complementariedad que funciona entre ellos, ya habían encontrado una buena fórmula: Marine Le Pen candidata a la presidencia y Jordan Bardella como su posible primer ministro, haciendo pequeñas aperturas liberales que en realidad no comprometen a nada si Le Pen no las aprueba. Es perfecto como sistema”, analizaba el politólogo Jerôme Jaffré en una intervención en la televisión pública.

En todo caso, el paso de Bardella a un segundo plano está haciendo que muchos en Francia recuerden una frase de Jean-Marie Le Pen tras la caída en desgracia de su número dos: “El destino de los delfines es acabar varados”.

Marine Le Pen, antaño defensora de las penas de inhabilitación de por vida para los cargos electos condenados por malversación de fondos públicos, será la primera candidata a las elecciones presidenciales condenada en dos ocasiones —a la espera del resultado de su recurso de casación—, una realidad que sus rivales no le van a dejar olvidar durante toda la campaña.

De momento, la sentencia y la anulación del plan Bardella, ha provocado diferentes reacciones en el resto de fuerzas políticas, que en muchos casos ya estaban centrando sus críticas en el joven presidente del partido lepenista, dando por hecho que el rival la próxima primavera sería él.

Uno de los más moderados en sus reacciones ha sido Édouard Philippe, favorito para liderar el bloque de centroderecha. “En una democracia no se elige al candidato con el que te enfrentas, lo haces contra quien presenta el partido político. En este caso concreto, ha sido la justicia la que ha decidido por ellos”, señaló el antiguo primer ministro de Emmanuel Macron. “Prefiero derrotar a la señora Le Pen en las urnas que verla desaparecer por una decisión judicial”.

Los socialistas y los ecologistas han sido los más vehementes en señalar las contradicciones entre el discurso populista contra la corrupción de los otros partidos que siempre ha mantenido Le Pen y la doble condena contra ella

Su principal rival en el centro, Gabriel Attal, fue mucho más crítico con la situación que crea la candidatura de Marine Le Pen. “Lo que vuelvo a constatar es que tenemos a una responsable política condenada en dos ocasiones por malversación de fondos públicos, que está llevando a cabo una especie de guerrilla judicial y jurídica para poder presentarse y que, además, está tomando como rehén toda la campaña presidencial”, afirmó el también ex primer ministro en France Inter. “De aquí al mes de marzo, todo puede cambiar aún en esta campaña presidencial”, advirtió.

Entre los partidos de izquierda, los socialistas y los ecologistas han sido los más vehementes en señalar las contradicciones entre el discurso populista contra la corrupción de los otros partidos que siempre ha mantenido Le Pen y la doble condena contra ella y contra la formación lepenista (condenada también como persona jurídica).

El secretario general de los socialistas, Olivier Faure denunció la “trumpización” del partido lepenista. La secretaria nacional de Los Ecologistas, Marine Tondelier, señaló que “en un mundo normal, en el que Agrupación Nacional tuviera la más mínima pizca de moralidad, Marine Le Pen renunciaría por iniciativa propia a presentarse como candidata”.

“[Bardella y Le Pen] están cortados por el mismo patrón. ¡Echémoslos a todos!”, se limitó a escribir en X Jean-Luc Mélenchon, al que el inesperado regreso de Marine Le Pen a la carrera por el Elíseo le brinda la oportunidad de reavivar un duelo que lleva augurando desde 2012.