Tras la histórica victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt del pasado 7 de septiembre se han disparado las alarmas en todo el país germano ante el avance ultra. Un clima que ha coincidido este jueves con otro evento muy esperado: la primera convocatoria de Jürgen Klopp, nuevo seleccionador del equipo nacional de fútbol alemán, para el parón de selecciones de las próximas semanas.

El histórico entrenador, que ya ha dejado su sello en clubes como Borussia Dortmund o Liverpool y que llega como una suerte de salvador tras los últimos fracasos de la Mannschaft, no ha querido solo limitarse a dar una lista de nombres, también se ha pronunciado sobre todo lo que ha sucedido durante las últimas semanas.

“Quiero que mi selección recupere el orgullo nacional de las manos equivocadas”, ha dicho Klopp, a la vez que reivindicaba el hecho de expresar el orgullo por su país sin ser asociado al extremismo. “Puedo estar orgulloso de ser alemán y ser además abierto, diverso, amable y amigable”, ha reiterado el entrenador.

Aunque el técnico no ha hecho referencia explícitamente al auge de AfD, sí que ha señalado que “tuvimos unas elecciones en las que algunos pensaron que todo estaba bien, mientras que otros decían: 'Dios mío, ¿qué está pasando aquí?”, refiriéndose a los comicios de Sajonia-Anhalt.

Por ese motivo, el técnico quiere “reclamar la bandera” y la “sensación de que puede estar feliz por haber nacido en este maravilloso país, pero también por haberse mudado para vivir aquí”. “Desde mi perspectiva como deportista, puedo decir que me gustaría mucho recuperar la bandera para mí, para todos nosotros”, ha recalcado.

Además, Klopp ha reivindicado la capacidad del fútbol para “crear comunidad” y, por ello, quiere que su selección haga a “la gente sentir realmente el poder del deporte”. Por todo ello, el seleccionador alemán ha señalado que prefiere el término “patriotismo positivo” a “orgullo nacional”, ya que este último podría malinterpretarse.

La lista de Klopp ha sido una imagen de sus palabras. Entre los 44 convocados para disputar los próximos partidos de la Nations League hay hasta 18 jugadores que, o bien han nacido fuera de Alemania o tienen sus raíces en países extranjeros.

La selección alemana tiene una larga lista de reivindicaciones en los últimos años. Una de las más conocidas y relevantes fue durante el Mundial de Qatar de 2022, cuando se enfrentaron a la FIFA tapándose la boca durante la foto oficial previa al partido después de que la organización les prohibiera lucir un brazalete con la bandera LGTBIQ+. “Los derechos humanos no son negociables”, dijeron entonces desde el equipo nacional.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de las personas que viven en el extranjero y han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, aprobada en 2022 en el marco de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox llevan meses agitando el miedo ante un posible fraude electoral, ante un presunto amaño del censo por la inclusión de estas personas. Esta decisión, valorada ahora por la justicia como una opción posible, deja en el limbo a 400.000 personas, hijos y nietos de republicanos exiliados españoles… Que son españoles… pero que no tienen derecho a voto. 

Lo analizamos con la periodista de elDiario.es, Elena Herrera y con el catedrático de derecho constitucional, Joaquín Urías.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Lo sucedido hace diez días en Palencia (Castilla y León) fue sobre todo un síntoma. De que “el mundo se está poniendo bastante oscuro”, en palabras de Aída Tarrío, una de las integrantes de Tanxugueiras, el celebrado trío gallego de neotrad que sufrió un intento de boicot por parte de ultras en la ciudad castellana. A base de insultos contra el presidente del Gobierno e improperios contra las artistas por cantar en gallego, ataviados con banderas de España, obligaron a retrasar el concierto unos 40 minutos. Tanxugueiras y la mayoría del público se sobrepusieron, pero en un vídeo publicado poco después pedían “dar importancia” a lo que pasó. “La violencia verbal y la física son muy peligrosas”, decían. Colegas, críticos y productores comparten preocupación: no se trata del único caso.

Los recurrentes ataques de políticos reaccionarios al asturiano Rodrigo Cuevas o la hostilidad hacia la propuesta de Mondra, músico que investiga en los ritmos urbanos a partir del folclore gallego, son algunos ejemplos recabados por este diario. “Estos ataques están a la orden del día”, relata Mondra a elDiario.es, “pero nunca con tal magnitud”. Él mismo fue objetivo, finalmente no consumado, durante su actuación en las fiestas de la Ascensión en Santiago de Compostela en mayo. Entonces, recuerda, un grupo de gente que enarbolaba una rojigualda quiso acceder a la Praza de A Quintana con intención de sabotear el concierto. “Por suerte los desalojaron”, señala.

Mondra, cuya gira A ronda -un cuidado espectáculo con coreografías y audiovisuales- encara su recta final en salas de Catalunya, Valéncia, Madrid y Extremadura, va más allá de la anécdota. “Soy vecino del barrio de San Pedro [de Santiago de Compostela]”, en pleno Camino Francés, el más transitado, “y veo cada día cómo entran peregrinos con simbología gigantesca y actitudes que no son únicamente identificarse con ella, sino ir contra lo que consideran que se opone a sus estándares”. En su caso particular, no se trata únicamente de cantar en gallego e incorporar fragmentos de la tradición musical gallega a la electrónica de baile: su espectáculo celebra la diversidad afectivo sexual y cuestiona lo que define como “heteronorma”. “Las agresiones recientes demuestran que cada vez es más necesario subir al escenario y retar estas ideas reaccionarias”, aduce.

Los hechos de Palencia impactaron a Mondra. “Las imágenes, preo también la valentía de Tanxugueiras para continuar y sacar adelante el concierto”, puntualiza. A Faia Díaz, miembro de DeVacas, banda de folk pop con retranca y, en solitario, autora de dos discos en que aproxima el folclore a experimentos vanguardistas, también. “Todo mi apoyo a las Tanxugueiras”, dice, de entrada, en conversación con este periódico, “pero no hay que tener miedo. Estas cosas deben servir para estar todas unidas y defender la cultura y la diversidad”. Con DeVacas ha cantado en gallego hasta en el último rincón del Estado. Ha percibido gestos torcidos o abandono de butacas, pero nunca un boicot. “Supongo que el usar el filtro del humor lo suaviza todo”, dice, “somos conscientes de que el fascismo está ahí y ahora lo hemos visualizado con Tanxugueiras”.

“El tonto del pueblo es casi el alcalde”

Lo que sí han padecido DeVacas, conformado por tres mujeres y un hombre, es el machismo. Y de manera salvaje a través de las redes sociales. “Lo que antes estaba en las redes parece que ahora salta a la realidad, ese es el problema”, afirma Díaz. Algo parecido sostiene Nando Cruz, crítico y periodista catalán, colaborador de elDiario.es. Lo hace con un ejemplo más gráfico. “Lo que pasa es que antes el tonto del pueblo, o de la ciudad, montaba un pollo y nadie se enteraba”, ironiza, “ahora empieza a través de las redes y organiza una cacería con el 'España es una y no 51. Ahora el tonto del pueblo es un visionario, un ideólogo y el nuevo punk. El tonto del pueblo es casi el alcalde”. En cualquier caso, Cruz expone un razonamiento de raíz histórica para entender por qué propuestas de renovación de los folclores peninsulares suscitan odio en la ultraderecha.

“El franquismo cooptó las músicas tradicionales y los convirtió en instrumentos del régimen”, desarrolla su teoría, “esta oleada de recuperación y modernización a partir de los años 2000 va en contra de esa imagen. A lo mejor determinada gente piensa que les han quitado algo y se enfada, muestra su protesta”. Protesta alimentada, además, por el ascenso del extremismo reaccionario, a nivel estatal y mundial. Es, quizás, este último factor el que diferencia el contexto actual en el que surge esta tendencia a reactivar las músicas tradicionales de otros momentos en que hubo tentativas análogas. Eso y el éxito más allá del propio territorio de nombres como Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, Baiuca, Rodrigo Cuevas, Maria Arnal i Marcel Bagés, Verde Prato, Califato ¾, Tarta Relena. “Quizás suceda que, hasta ahora, este tipo de propuestas habían funcionado en espacios afines, pero al dar el salto son recibidos con hostilidad en según qué ambientes”, añade.

Nando Cruz señala también la responsabilidad de la comunicación social a la hora de expresar, o dejar de hacerlo, la pluralidad cultural del Estado español. “Ha habido poco trabajo de los medios de comunicación para naturalizar que en este país hay otros idiomas distintos del castellano, por ejemplo”, asegura, “pon una radio pública, o privada. La segunda maqueta de grupo de rock en castellano tiene más facilidad para salir en antena que una banda que canta en gallego, en catalán o en euskera. Estas tiene que demostrar mucho más”. La lista de los mejores discos españoles de los últimos 50 años seleccionada en 2025 por el suplemento Babelia de El País como ejemplo: dos discos en catalán -Qualsevol nit pot sortir el sol (1975), de Sisa, y 10 milles per veure una bona armadura (2011), de Manel-, ninguno en gallego, ninguno en euskera, ninguno en asturiano, uno en inglés -Devil came to me (1997), de Dover.

Artistas “un poco inseguros”

En el catálogo de la cooperativa cultural gallega Urdime figuran algunas bandas que forman parte de esa nueva eclosión de raíz folk y apertura global: Alana, Catuxa Salom, Lideira o Abril. “De un tiempo a esta parte, nuestras artistas sí que notan un aumento del rechazo y se sienten un poco inseguras, despreciadas”, responde Ángela Vila, encargada del apartado musical de Urdime, “y no solo fuera de Galicia, también aquí”. No siempre es explícito, denuncia, pero algunas críticas formuladas como “solo programáis gaitas” proceden, a su juicio, del mismo lugar, aquel en el que la ultraderecha nutre el odio “a toda identidad distinta a la suya”.

Para Vila el panorama es preocupante. Sobre todo porque, tras lo acontecido en Palencia antes de la actuación de Tanxugueiras, no vio condenas contundentes. “Sí del público y del sector, pero no de los políticos. Al fin y al cabo, los que gritaban venían de sus manifestaciones”, dice, en referencia a que los alborotadores ultras llegaban de las concentraciones en solidaridad con Ceuta convocadas por el PP y apoyadas por Vox. El presidente de la Xunta de Galicia, el conservador Alfonso Rueda, no ha hecho ninguna referencia ni ha mostrado solidaridad con las artistas. “La cultura, el respeto y la educación deben prevalecer por encima de todo si queremos ser una civilización civilizada”, apuntaba la tanxugueira Aida Tarrío en el vídeo posterior al incidente.

El martes por la noche, decenas de hombres, muchos con la cara tapada por pasamontañas, capuchas y cubrebocas, se concentraron delante de un hotel Marriott en Portsmouth, en el sur de Inglaterra. Algunos se colaron en el hotel y llamaron a las puertas de las habitaciones. Creían que había solicitantes de asilo alojados allí. Los huéspedes eran, en realidad, integrantes del equipo de la selección sub-19 de críquet de Pakistán y estaban allí para participar en un campeonato. 

Un concejal de Reform, el principal partido de la ultraderecha británica, acudió al hotel para mediar. George Madgwick habló con el encargado, que le mostró “una prueba” de que los jóvenes paquistaníes alojados eran jugadores del equipo de críquet y no refugiados. El concejal de Reform se lo contó a un grupo de hombres que protestaban.

“De inmediato, lo aceptaron respetuosamente, llamaron a la calma y pidieron a los demás que se fueran”, dijo el concejal después, en un mensaje en redes sociales. “En cinco minutos se habían marchado. El encargado del hotel estaba muy agradecido”. Madgwick aseguró que también habló con el entrenador del equipo y que fue muy “comprensivo” ante lo que insistió en llamar un “incidente desafortunado”. 

El “incidente desafortunado” pasó después de que más de 200 personas, la mayoría hombres y algunos con pasamontañas, bloquearan el domingo una carretera en Portsmouth para evitar el transporte en autobús de 120 personas rescatadas del mar. Las autoridades querían llevarlas a un centro para procesar sus datos.

El sábado, un grupo más pequeño de hombres también vestidos de negro y con la cara tapada habían bloqueado el acceso al puerto de Dover y varias calles al grito de “stop the boats” (parad los barcos), en referencia a las pateras.

Protestaban en el puerto por las últimas llegadas a Inglaterra a través del canal de la Mancha: según el Ministerio del Interior, 625 migrantes en ocho botes o embarcaciones pequeñas. Entre enero y septiembre de este año, las autoridades británicas han registrado la llegada irregular de 16.513 personas en pateras, lo que supone un 43% menos respecto al mismo periodo de 2025. 

El Gobierno británico condenó el “comportamiento intimidatorio y matón” que se vio el fin de semana en las calles de Dover y de Portsmouth, pero hasta ahora no ha habido detenciones. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió este jueves a la policía que haga “pleno uso” de sus poderes e intervenga de manera más contundente.

Hombres de negro

Los grupos movilizados por mensajes en redes y que protestan contra inmigrantes o minorías no son una novedad en el Reino Unido. Pero las escenas de los hombres de negro enmascarados bloqueando un puerto han chocado hasta a quienes comparten sus mensajes. Nigel Farage, el líder de Reform, describió a estos manifestantes como “horribles”.

En su partido hay división y algunos de sus políticos se resisten a criticar las protestas que han incluido el acoso a socorristas en la costa y el lanzamiento de piedras contra la policía. El portavoz de Reform de Interior, Zia Yusuf, atacó a Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, por llamar “matones” a los que protestaban.

La Institución Nacional de Salvamento Marítimo (RNLI, por sus siglas en inglés) ha reforzado la seguridad y ha aconsejado a sus miembros, la mayoría voluntarios, que consideren no llevar ropa con los logos de su grupo. La asociación caritativa lleva más de dos siglos rescatando a cualquier persona o embarcación en apuros cerca de las costas de Reino Unido, Irlanda y las islas del canal de la Mancha. El acoso “online y físico” se ha intensificado en los últimos días, según la organización, que también señala que las donaciones para apoyar su labor han aumentado esta semana.

Quién es Daniel Thomas

La novedad es quién está detrás de estas protestas, organizadas por un grupo que coordina a manifestantes locales y se hace llamar Patriot Platform (plataforma patriótica).

Su líder, que aparece en protestas a cara descubierta, es Daniel Thomas, de 37 años, antiguo guardaespaldas y colaborador del ultra Tommy Robinson y que fue condenado a dos años de cárcel en 2016 por intento de secuestro, según lo identificó el tabloide británico Daily Mail. Después de la publicación de un artículo sobre Thomas, el grupo organizó otra protesta de hombres de negro delante de la sede del periódico en Londres. 

En un país obsesionado con las clases, el periódico destaca que Daniel Thomas se presenta como voz de la clase obrera, pero, en realidad, es “un hombre que se ha criado claramente en la clase media”, en una familia pudiente. En la última década, el activista ha protestado a favor del Brexit y de Donald Trump.

Thomas asegura que su movimiento es pacífico y que sus miembros no participan en la quema de coches o los asaltos como hacen otros grupos. También dice preferir a pocos activistas que muestren “disciplina” en las protestas y no hagan fotos incriminatorias “en lugar de a los borrachos”.

Los episodios violentos de las protestas en Portsmouth fueron, según Thomas, responsabilidad de personas ajenas a su grupo. La Policía está investigando los hechos para arrestar a los autores de las agresiones que sufrieron siete agentes, según la asociación policial de Hampshire, el condado de Portsmouth.

“Valores cristianos”

El negro es un símbolo del fascismo en Italia y también en Reino Unido, donde Oswald Mosley, el líder del grupo fascista británico de los años 30, adoptó este color como uniforme.

El grupo de Thomas se presenta como un defensor de la identidad anglicana y de los “valores cristianos”, mientras los practicantes de esta fe o de cualquier otra están en descenso. 

En Inglaterra y Gales, el 46% de la población se declara cristiana, según los datos del censo de 2021, es decir 13 puntos menos que una década antes. Lo que más ha subido es el número de personas que no se identifican con ninguna religión, que ya son el 38% de la población. El 6% se declara musulmán y menos del 2%, hindú. 

“Cristo es el rey” es uno de los eslóganes que repiten los hombres de Thomas, con mensajes parecidos a los de algunos movimientos extremistas en Estados Unidos y en Europa, que mezclan lemas sobre la tradición religiosa, la inmigración y la masculinidad. Pero en Inglaterra las instituciones religiosas ya han denunciado la explotación de sus símbolos.

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, la líder de la Iglesia de Inglaterra, pidió a las congregaciones locales que no callen ante el uso de símbolos cristianos para “intimidar” a los demás. 

Arun Arora, un obispo de Leeds, en el norte de Inglaterra, denunció esta semana en un discurso el avance del fascismo en Reino Unido y se quejó de la “teología manipulada” que utiliza la extrema derecha. 

Nuevas tácticas

Otro punto destacado es la manera en la que este nuevo grupo se está organizando, según explica a elDiario.es William Allchorn, investigador académico de la Universidad Anglia Ruskin, en Cambridge, y especialista en la extrema derecha europea y estadounidense.

Patriot Platform se creó este verano y moviliza a grupos hiperlocales de una manera pequeña, efectista y coordinada que se le escapa a la policía: “Parece que están tomando prestado el repertorio que asociamos a las protestas disruptivas que empezó Britain First y el fenómeno de 'caza al inmigrante' que vimos hace unos años en Reino Unido”, explica Allchorn. “Esto supone el uso de acciones más espontáneas, la ocupación de localidades importantes estratégicamente, la movilización rápida y la creación de una disrupción desproporcionada para el número de personas involucradas, algo que en Reino Unido han usado sobre todo los grupos de activistas medioambientales”.

El propio Thomas ha hablado sobre “la acción directa”, lo que ha hecho que se le compare con las tácticas del grupo Extinction Rebellion. “La ideología es muy diferente, pero las tácticas de protestas se contagian rápidamente entre movimientos”, dice el experto.

Patriot Platform asegura que 45.000 personas se han apuntado a su red, pero se sabe más sobre su liderazgo que sobre sus miembros o la fiabilidad de esta cifra. Lo que intenta, explica Allchorn, es coordinar a grupos locales a través de “comunicaciones cerradas y un liderazgo pequeño” y “esto hace que los miembros sean deliberadamente difíciles de identificar”. De momento, no hay rastro de que su alcance vaya más allá de las protestas de esta semana.

Allchorn ve similitudes con otros movimientos en Europa y Estados Unidos, pero cree que lo relevante es cómo protestan: parece muy diferente de las protestas más violentas y concurridas de la extrema derecha en Inglaterra, como las del verano de 2024 en Southport, las de Irlanda del Norte o la de Tommy Robinson en Londres, apadrinada por Elon Musk hace un año. Patriot Platform, en cambio, “parece representar algo diferente: grupos más pequeños, más disciplinados que experimentan con el secretismo y la acción directa disruptiva en lugar de esas grandes manifestaciones”.

En alerta

Las movilizaciones repentinas ya tienen en alerta incluso a organizaciones que nunca habían pensado que les iba a tocar afrontar la violencia contra sus miembros, como los socorristas o los jugadores de críquet. 

La junta de críquet de Inglaterra y Gales contactó después de la protesta en el Marriott con el equipo de Pakistán y le dio las gracias por su profesionalidad y calma ante el acoso. También prometió revisar las medidas de seguridad. 

Al día siguiente de la protesta de Portsmouth, la selección sub-19 de Pakistán ganó al equipo de Inglaterra. Este sábado se juega la final. 

Pocos la han mencionado por su nombre, pero Aliança Catalana ha sido una de las protagonistas la Diada. No por su capacidad de movilización en la calle, sino porque el catalanismo y el independentismo han encendido definitivamente las alarmas ante el avance de la extrema derecha. La jornada ha mostrado que existe consenso en advertir contra el auge de los de Sílvia Orriols, pero el contexto preelectoral impide ir más allá. Catalunya no es distinta a tantos países de Europa y tampoco encuentra la tecla para frenar la ola ultra.

Desde el expresident Jordi Pujol al actual jefe del Govern, Salvador Illa, pasando por Junts, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural y los Comuns: las llamadas a la cohesión del catalanismo y a no ceder ante los “discursos de odio” se han repetido a lo largo de la jornada. Este año, además, se cumplían 50 años de la Diada en la que todo el catalanismo salió a la calle en Sant Boi de Llobregat por primera vez tras el franquismo. La Generalitat y varios partidos han pedido recuperar el espíritu de unidad de esa jornada histórica.

La propuesta más clara de este viernes ha venido del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Sin dejar de reivindicar la autodeterminación y la independencia, Antich ha reorganizado las prioridades del soberanismo y ha pedido “un gran acuerdo del catalanismo democrático” para “avanzar de forma constructiva en la defensa de los derechos, las libertades y soberanía nacional”.

“Si Catalunya deja de ser tierra de acogida, pierde su razón de ser”, ha apostillado Antich, que ha pedido “dejar de normalizar” a los que “alimentan la fractura social, pretenden recortar derechos y libertades y movilizan el miedo para transformar el malestar en odio”, en referencia a Orriols.

Por su lado, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse ante la “decadencia lingüística y nacional” mediante “la construcción de una república catalana”. “O independencia o decadencia”, ha zanjado, además de pedir una “gran movilización” en otoño de 2027, coincidiendo con los 10 años del 1-O.

La Diada ha dejado de ser la exhibición de fuerza en la calle que en la pasada década empujó al independentismo hasta el otoño soberanista de 2017. Nueve años después, para poner fin al procés solo queda la amnistía a sus líderes este otoño. El Govern de Illa cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta en 2024 tras años de reproches cruzados.

Por si fuera poco, apareció Aliança Catalana, la extrema derecha independentista a la que todas las encuestas pronostican un gran crecimiento tanto en las municipales de 2027 como en las elecciones al Parlament de 2028.

Al igual que el año pasado, la manifestación independentista se ha descentralizado en tres ciudades (Barcelona, Girona y Amposta), sin la lectura de manifiesto conjunto y cada entidad ha realizado una intervención. En conjunto, las marchas han reunido a unas 60.000 personas.

Las cifras de este viernes confirman una vez más la desmovilización independentista: en Barcelona los asistentes han sido 45.000 personas, según la Guàrdia Urbana (el año pasado, marcado por la lluvia, fueron 28.000). Además, en los discursos políticos de la jornada que antes monopolizaban los planes soberanistas ahora se habla de extrema derecha, servicios públicos y la obra del Govern de Illa.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión se repitió en la víspera de la Diada con los choques en el Fossar con grupos antifascistas. Este viernes no ha ido a más en la manifestación de la tarde, en la que la aparición de banderas de Aliança no ha comportado más que algunos silbidos.

La jornada se cerró con algunos contenedores quemados por grupos antifascistas que protestaron contra la marcha de los neonazis Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 antifascistas, diez de ellos menores, por desórdenes públicos.

“Un solo pueblo”

El apelativo a “un solo pueblo” que, igual que en la Diada de Sant Boi, han repetido todos los partidos este año es más un ideal retórico que una realidad (si es que alguna vez lo fue). Catalunya ha cambiado mucho desde aquel 1976, pero hoy las altas tasas de desigualdad, la crisis de vivienda y el debilitamiento de servicios públicos esenciales son obstáculos a la cohesión social y, a la vez, el caldo de cultivo ideal para Aliança y Vox, como ocurre en toda Europa con las formaciones ultras.

El partido que más sufre por el auge de Aliança es Junts. La formación de Puigdemont, que en los últimos años ha comprado en ocasiones el discurso ultra en seguridad, ha marcado distancias con Orriols esta Diada (aunque en el partido hay debate sobre qué hacer en los pactos tras las municipales). “No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio”, ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha acusado al Govern de buscar la “polarización” con Aliança.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido Catalunya como una “casa amplia”. “No somos un búnker pequeño y aislado”, ha mantenido, al tiempo que ha reivindicado la lengua catalana y “una economía con salarios dignos, vivienda digna y transporte digno para todos.”. “Un país no se construye dividiendo ni restando sino sumando”, ha agregado en su vuelta a una marcha de la Diada, a la que no acudía desde 2021.

Por parte de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Catalunya “no será nunca levantar muros entre catalanes” y ha rechazado que los “extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen” de las personas.

En un tono más duro se ha expresado la CUP, que ha querido “señalar”, en palabras de la portavoz de su secretariado, Su Moreno, “la ofensiva españolista y la extrema derecha que intenta apropiarse de la cuestión nacional para dividir a la sociedad”.

Por la mañana, en línea con el mensaje de este jueves del president, la consellera Sílvia Paneque ha pedido “fraternidad, orgullo y esperanza por una Catalunya sin exclusiones” y ha advertido a la extrema derecha de que “el odio no tiene cabida”: “Catalunya somos todos y todas”, ha remachado.

Hasta el expresident Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la “fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes”, y, a sus 96 años, ha apelado a la “esperanza”. No ha sido la Diada más optimista, pero todo es susceptible de empeorar: el de 2027 puede ser el primer 11 de septiembre con un Gobierno de PP y Vox.

EH Bildu ha denunciado este viernes la aparición “aparentemente coordinada” durante la pasada noche de “pintadas y amenazas de carácter fascista” en diferentes localidades de Navarra, concretamente en Lekunberri, Irurtzun y Leitza, y en el barrio pamplonés de Mendillorri.

En una nota, la formación de izquierda abertzale describe que “las pintadas son prácticamente idénticas y en todas ellas se repiten los mismos símbolos y amenazas de carácter nazi”.

A su juicio, “estos episodios se enmarcan en un contexto más amplio de auge de los discursos de odio y de la extrema derecha”, aunque esta se encontrará a “un pueblo profundamente antifascista” que estará “en primera línea de la lucha por la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia”, exponían desde EH Bildu.

Hay resultados electorales que se explican mirando la campaña y otros que obligan a mirar mucho más atrás. El obtenido por Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones de Sajonia-Anhalt pertenece a los segundos. Naturalmente, habrá que hablar de inmigración, del rechazo al Gobierno federal, de las peculiaridades de Alemania oriental o de la guerra de Ucrania. Pero quizá convenga mirar también hacia otro lugar: al deterioro de aquellas instituciones que durante décadas hicieron de las sociedades europeas lugares relativamente seguros para vivir.

Unos meses antes de estas elecciones, el Gobierno alemán, formado por la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), había anunciado un importante recorte del Estado del bienestar. Entre otras medidas, una reducción acumulada del gasto sanitario de hasta 38.000 millones de euros hasta 2030 y un endurecimiento de las condiciones de acceso a determinadas prestaciones sociales, especialmente las vinculadas al desempleo de larga duración.

Existen problemas reales que no pueden ignorarse —envejecimiento demográfico, incremento de los costes sanitarios, debilidad económica o necesidades de inversión—, pero las decisiones presupuestarias son profundamente políticas, ya que indican qué riesgos decidimos afrontar colectivamente y cuáles trasladamos a las personas y las familias. Y hay un elemento que convierte el caso alemán en particularmente significativo, ya que el ajuste anunciado coincide con un considerable incremento del gasto en defensa. Aunque no pueda establecerse una correspondencia contable simple entre ambas partidas, resulta inevitable preguntarse: ¿qué ocurre cuando un Estado afirma que debe incrementar nuestra seguridad frente a supuestas amenazas exteriores mientras reduce las instituciones destinadas a proporcionarnos seguridad frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez?

Tony Judt formuló hace tiempo una advertencia que hoy resulta inquietantemente actual. En 'Sobre el olvidado siglo XX' escribió que “gracias a medio siglo de prosperidad y estabilidad, en Occidente hemos olvidado el trauma social y político que representa la inseguridad económica de las masas, y en consecuencia no recordamos las razones que llevaron en primer término a la creación de los Estados del bienestar de los que hoy disfrutamos”. La palabra fundamental es inseguridad. Porque el Estado del bienestar nunca fue solo una gigantesca maquinaria redistributiva, era también, y sobre todo, una formidable institución productora de seguridad colectiva. Permitía saber que enfermar no significaría arruinarse, que perder el empleo no supondría caer inmediatamente en la pobreza, que envejecer no equivaldría a depender de la caridad familiar y que el origen social de una criatura no determinaría completamente sus oportunidades educativas. Aquellas políticas no eliminaron la desigualdad (seguían operando en un sistema capitalista), pero hicieron algo políticamente decisivo: redujeron el miedo. Y hemos olvidado hasta qué punto las democracias necesitan de personas que no tengan miedo.

Asimetría entre izquierda y derecha

Aquí aparece una paradoja que la izquierda europea debería tomarse muy en serio. Tendemos a suponer que el deterioro de los servicios públicos, el debilitamiento de la protección social o el aumento de la inseguridad económica terminarán pasando factura electoral a las fuerzas políticas que los promueven. Parecería lógico: si alguien recorta las prestaciones que utilizas o deteriora el hospital al que acudes, acabarás votando a quien prometa recuperarlas. Pero la política no funciona necesariamente así y, sobre todo, no funciona igual para la izquierda que para la derecha.

Existe una profunda asimetría política en las consecuencias del deterioro del Estado social. La izquierda necesita que las instituciones públicas funcionen porque una parte fundamental de su proyecto descansa sobre la promesa de que, mediante la acción colectiva, la fiscalidad y las instituciones comunes podemos protegernos mejor frente a determinados riesgos que abandonando a cada persona a sus propios recursos. La escuela pública, la sanidad, las pensiones o las prestaciones por desempleo son, en este sentido, mucho más que políticas concretas, son demostraciones cotidianas de que lo común funciona, y cuando lo hacen bien producen, además de servicios, confianza política. Por eso su deterioro provoca un daño particularmente grave a la izquierda. Una lista de espera interminable no constituye solamente un problema sanitario, puede convertirse en un argumento contra la capacidad de lo público. Una prestación insuficiente no genera únicamente pobreza, también alimenta la sospecha de que la redistribución no funciona. La extrema derecha se encuentra en una posición muy diferente: no necesita demostrar que las instituciones comunes pueden funcionar mejor, al contrario, prospera “demostrando” que han dejado de funcionar. 

Cuando faltan recursos sanitarios, viviendas asequibles, plazas escolares o prestaciones suficientes, el conflicto político puede formularse de dos maneras: podemos preguntarnos por qué una sociedad rica no garantiza determinados bienes colectivos, cómo se distribuye la riqueza, quién paga impuestos o qué prioridades presupuestarias hemos establecido; pero también podemos formular una pregunta completamente distinta: si los recursos son escasos, ¿quién tiene derecho a disfrutarlos? La primera pregunta conduce hacia la redistribución, la segunda hacia la exclusión. Y la extrema derecha es extraordinariamente hábil desplazando el debate de una hacia otra. Su operación política fundamental consiste en transformar conflictos verticales en conflictos horizontales, de manera que la cuestión deje de ser cuánto aportan quienes más tienen y pase a ser quién recibe qué entre quienes tienen menos. De este modo, el problema de la vivienda se convierte en competencia entre población autóctona e inmigrante, y la saturación sanitaria deja de explicarse por inversiones insuficientes y pasa a atribuirse a quienes supuestamente utilizan unos servicios que “nosotros” hemos pagado. El Estado social no desaparece del discurso de la extrema derecha, pero cambia radicalmente de naturaleza: protección social, sí, pero para los nuestros.

Aquí reside una de las paradojas más preocupantes de la política contemporánea. La derecha radical puede beneficiarse electoralmente del deterioro de unas instituciones sociales cuya expansión nunca formó parte de su proyecto político. Puede incluso defender políticas económicas regresivas y, simultáneamente, capitalizar la inseguridad producida por el debilitamiento de la protección colectiva. Todo lo contrario de lo que ocurre con la izquierda. Cuando gobierna, se espera de ella que los hospitales funcionen, que las escuelas reduzcan desigualdades, que las pensiones sean suficientes y que perder el empleo no conduzca a la pobreza. Pero cuando participa en el deterioro de esas mismas instituciones no solamente incumple una política concreta, debilita el fundamento material de su propia credibilidad.

Por eso la participación del SPD en el ajuste alemán plantea una cuestión especialmente delicada. Una fuerza socialdemócrata puede considerar que aceptar determinadas restricciones presupuestarias demuestra responsabilidad gubernamental, pero corre el riesgo de hacer indistinguibles las alternativas precisamente allí donde históricamente construyó su identidad. Si izquierda y derecha coinciden en transmitir que el Estado social ya no puede garantizar las seguridades que garantizaba, la extrema derecha puede ofrecer una respuesta distinta: no promete reconstruir la universalidad perdida, sino reducir el número de personas con derecho a beneficiarse de ella. Cuando no parece posible aumentar el tamaño de la tarta, siempre queda discutir quién merece sentarse a la mesa.

La seguridad social también es seguridad democrática

Aquí adquiere todo su sentido la advertencia de Judt sobre “el trauma social y político” de la inseguridad. El Estado del bienestar europeo no nació únicamente de un impulso humanitario ni fue simplemente resultado de la fuerza del movimiento obrero, sobre todo surgió de una experiencia histórica traumática, la de unas sociedades que habían aprendido durante la primera mitad del siglo XX que masas de población sometidas al desempleo, la pobreza, la incertidumbre y el miedo podían dejar de confiar en las instituciones democráticas y optar por el fascismo. La seguridad social fue, en este sentido, también seguridad democrática.

Esta es la dimensión que hemos ido olvidando al convertir el Estado del bienestar en una cuestión fundamentalmente contable. Discutimos cuánto cuesta la sanidad, cuánto cuestan las pensiones o cuánto cuesta el desempleo, pero no nos preguntamos cuánto cuesta políticamente que millones de personas vivan convencidas de que mañana pueden estar peor que hoy. Porque la inseguridad no genera necesariamente solidaridad ni las crisis económicas, la precarización o el deterioro de las condiciones de vida desplazan espontáneamente a las sociedades hacia la izquierda. Pueden producir solidaridad y movilización colectiva, pero también repliegue identitario, autoritarismo y búsqueda de chivos expiatorios.

La precariedad no tiene ideología predeterminada, depende de quién consiga interpretarla. Para que una interpretación progresista de la inseguridad resulte convincente es necesario construir solidaridades, explicar que quien compite conmigo por una vivienda no es la causa de que falten viviendas, que quien espera conmigo en las urgencias no es responsable de la insuficiencia de personal sanitario, que el que haya más o menos personas solicitantes de una prestación social no elimina la pregunta fundamental de por qué determinados grupos contribuyen fiscalmente mucho menos de lo que deberían. La extrema derecha dispone de una explicación mucho más sencilla para todo esto: basta con señalar a alguien.

R. H. Tawney comprendió extraordinariamente bien el peligro ya en 1931 y en 'Igualdad' recordaba que “la combinación de democracia y desigualdad económica extrema forman un compuesto inestable”, añadiendo que, aunque se trate de una vieja evidencia de la ciencia política, es una verdad que “se olvida periódicamente” y que “periódicamente, por tanto, es necesario volver a descubrir”. Ese redescubrimiento comenzó hace aproximadamente lustros, al calor de la crisis financiera y de las políticas de austeridad, tanto en las calles -con los movimientos de indignación que denunciaron sus costes sociales y la creciente concentración de la riqueza- como en el debate académico, donde trabajos como los de Thomas Piketty devolvieron la desigualdad al centro de la discusión económica y política. Pero quizá hoy haya que añadir algo a Tawney: el problema contemporáneo no es únicamente la desigualdad, sino la combinación de desigualdad e inseguridad. Una sociedad puede tolerar durante bastante tiempo diferencias económicas mientras una mayoría mantenga la expectativa de que su vida mejorará y confíe en instituciones capaces de protegerla frente a los grandes riesgos. Pero cuando la desigualdad coincide con la percepción de que esas protecciones se retiran, irrumpe una pregunta políticamente explosiva: si hay recursos para unas cosas, ¿por qué no los hay para “nosotros”?

En Alemania esa pregunta adquiere una especial gravedad cuando el ajuste de las políticas sociales coincide con el incremento del gasto militar. Pueden darse razones geopolíticas para considerar necesario ese esfuerzo, pero cada decisión presupuestaria expresa una prioridad y transmite un mensaje acerca de qué inseguridades considera el Estado que merecen protección. Un Estado puede decir a su ciudadanía que necesita protegerla frente a amenazas exteriores mientras reduce las instituciones que la protegen frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez, pero no debería sorprenderse si esa ciudadanía acaba preguntándose qué significa exactamente la palabra seguridad.

No se trata de sostener que los recortes sociales produzcan automáticamente votos para la extrema derecha, tampoco de reducir el racismo o la xenofobia a la inseguridad económica, sería falso y políticamente complaciente. Pero el deterioro del Estado social modifica el terreno sobre el que se desarrolla la competición política, y no lo hace de manera neutral. Además, los beneficios del Estado social y los costes de su deterioro tampoco se perciben simétricamente. Cuando las políticas públicas funcionan, sus beneficios tienden a naturalizarse, por eso nadie se levanta cada mañana agradeciendo que exista una escuela pública, que llegue una ambulancia cuando llama al 112 o que sus progenitores cobren una pensión; lo que funciona acaba convirtiéndose en mero paisaje. Cuando deja de funcionar, en cambio, el malestar busca responsables. Y aquí puede resumirse toda la asimetría de la que venimos hablando: si la izquierda necesita que lo público funcione, a la extrema derecha le basta con que alguien tenga la culpa de que no funcione.

Por eso la relación entre Estado social y democracia es mucho más profunda de lo que solemos reconocer. La sanidad pública, las pensiones, la educación, la vivienda o la protección frente al desempleo no constituyen únicamente capítulos presupuestarios, son instituciones que permiten que personas con posiciones económicas, orígenes y trayectorias diferentes experimenten que pertenecen a un mismo mundo social. Cuando esas instituciones se debilitan, no desaparece la necesidad de protección, pero sí cambia la política de la protección, la pregunta deja de ser “¿cómo podemos protegernos colectivamente?” y empieza a convertirse en otra muy distinta: “¿de quién debemos protegernos?”

Judt nos recordó por qué construimos el Estado del bienestar; Tawney nos advirtió de que la desigualdad extrema termina siendo incompatible con una democracia estable. Convendría releerlos después de Sajonia-Anhalt. Porque el Estado social no fue únicamente una respuesta a la pobreza, sobre todo fue una respuesta política al miedo producido por la inseguridad de masas. Y quienes consideran que podemos debilitarlo indefinidamente sin consecuencias deberían recordar una lección elemental de la historia europea: cuando desaparece la seguridad social, el espacio que deja libre no lo ocupa necesariamente la izquierda. También puede ocuparlo el miedo, y la extrema derecha sabe muy bien qué hacer con él.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) no consiguió, por escaso margen, hacerse con la mayoría absoluta en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt. Pero nadie debería consolarse con esto. Su victoria fue arrolladora, en todo caso. Tras décadas mejorando sostenidamente sus resultados electorales, hoy ya están normalizados, hasta el punto de que solo se reflejen en los medios sus victorias más contundentes. Pero que un partido clasificado oficialmente como de “extremista de derechas” consiga el 44% de los votos no es normal. Es un mal día para la democracia europea, por mucho que esto haya pasado en un pequeño estado del este de Alemania.

Aunque Sajonia-Anhalt (y el conjunto de Alemania) hayan evitado el peor resultado posible, pues AfD no ha conseguido automáticamente el objetivo ansiado de formar el primer gobierno de ultraderecha en el país desde la era nazi, no hay razón para suponer que tendrá la misma suerte en siguiente votación que se celebre.

Tampoco en otros estados alemanes —como el de Mecklemburgo-Pomerania occidental, que tiene elecciones en dos semanas— o en países como Francia, que elige presidente en 2027. Ningún país es inmune a la extrema derecha y, quizás aún más preocupante, ningún partido o político ultra es demasiado radical para tener éxito político (como ha demostrado Estados Unidos). Así que tenemos que poner al día nuestros análisis y estrategias.

La mayoría de partidos democráticos tienen que gobernar juntos para excluir a la extrema derecha en muchos países, provincias y ciudades. Esto da lugar a coaliciones ineficientes e inestables, lo que a su vez genera mayor insatisfacción política y apoyo a la extrema derecha

Aunque el caso de Sajonia-Anhalt sea extremo —como el de Alemania oriental, en términos generales—, sí refleja una tendencia común en el resto de Europa. Los partidos de ultraderecha crecen y crecen mientras las viejas formaciones preponderantes se hunden y los sistemas de partidos se fragmentan. En consecuencia, formar coaliciones es cada vez más complicado, sobre todo si se trata de evitar que la ultraderecha llegue al poder. La mayoría de partidos democráticos tienen que gobernar juntos para excluir a la extrema derecha en muchos países, provincias y ciudades. Esto da lugar a coaliciones ineficientes e inestables, lo que a su vez genera mayor insatisfacción política y apoyo a la ultraderecha.

El debate sobre el cordón sanitario

Los resultados del domingo alimentan el debate sobre el llamado brandmauer, el cordón sanitario que los partidos tradicionales han establecido para impedir la cooperación con AfD. Alemania es uno de los pocos países de la UE que todavía lo conservan. Por toda Europa, de Italia a Suecia, los partidos ultras se han normalizado e integrado en la política tradicional. En la mayoría de casos, los partidos de derecha colaboran con los de ultraderecha con el argumento de que estos últimos se han moderado y ahora son “conservadores”. Esta afirmación es falsa, pero cada vez más común entre el electorado y los miembros de aquellos partidos, además de buena parte de los medios de comunicación.

Esas justificaciones son casi imposibles de esgrimir en Alemania. AfD es uno de los partidos más extremistas de Europa, y sus delegaciones más exitosas, entre las que está la de Sajonia-Anhalt, son las más radicales entre las radicales. Esto no impedirá que algunos políticos de derecha afirmen que AfD es menos problemática que la izquierda, e incluso se teme que algunos partidarios de la conservadora CDU en el estado se pasen a AfD para otorgarle la mayoría. Del otro lado del panorama político crecen las llamadas a ilegalizar la formación, pero aunque la idea pueda ser legal, podría causar un rechazo popular masivo que iría más allá de Sajonia-Anhalt.

Los partidos de derecha tradiciones colaboran con los de ultraderecha con el argumento de que estos últimos se han moderado y ahora son 'conservadores'. Esta afirmación es falsa, pero cada vez más común

Ambas tácticas revelan una falta de comprensión del problema. La idea de mantener el cordón sanitario es que el único problema (o el principal) está fuera del sistema. Pero el sistema se está viniendo abajo por sí solo. Sí, AfD (y la ultraderecha, en general) amenaza los cimientos de la democracia liberal, pero también lo hace que una parte considerable y creciente de la población no se sienta representada por sus políticos. Aunque muchos siguen votando por la democracia, cada vez más votan a la contra de un partido, más que a favor de otro.

Programas inspiradores y refuerzo de la democracia

Y lo que es peor, la mayoría de los políticos tradicionales han asumido que son impopulares y tratan de aferrarse al poder con el argumento de que son el mal menor, movilizando a los votantes para que rechacen a la ultraderecha. Esto, a la larga, es insostenible. Si los partidos democráticos no elaboran programas inspiradores que expliquen lo que quieren lograr en el gobierno, los demócratas liberales se quedarán en casa y la ultraderecha obtendrá la mayoría electoral, aunque represente a una minoría de la población.

Cuando la ultraderecha está cerca de gobernar en solitario, o dirigir una coalición, la meta principal tiene que ser el refuerzo de la democracia liberal, en lo que se refiere a las instituciones y los valores

Para redactar esos programas será preciso que los políticos sean realistas, pero también que lo sean los votantes y los medios de comunicación. No es posible aplicar la mayoría de las propuestas políticas cuando el sistema de partidos está fragmentado y con presencia de formaciones de ultraderecha. No hay mayorías para implantar políticas socialdemócratas, democristianas o ecologistas. Pero esta no debería ser la principal preocupación en este momento. Cuando la ultraderecha está cerca de gobernar en solitario, o dirigir una coalición, la meta principal tiene que ser el refuerzo de la democracia liberal, en lo que se refiere a las instituciones y los valores. Todos los partidos demócratas liberales deberían estar de acuerdo en este extremo.

Lo anterior no implica solamente reforzar las instituciones democráticas —el poder judicial y la regulación de las redes sociales, por ejemplo— y promover la inclusión y la tolerancia. También requiere prestar atención a los muchos problemas y preferencias de esa mayoría de votantes que no apoyan a la ultraderecha. En otras palabras, los políticos tradicionales necesitan ir más allá de la inmigración y la delincuencia y centrarse en cuestiones como la vivienda y el gasto público, limitar la desigualdad económica y de ingresos, combatir la crisis climática y fortalecer la integración europea. Eso conlleva aceptar que no se pueda lograr todo lo que se desea, ni ahora ni en el futuro próximo.

Es verdad que muchos países no están tan próximos a una mayoría de ultraderecha como Sajonia-Anhalt. Pero no deberíamos olvidar que en las elecciones al estado de 2021, AfD “solo” obtuvo el 20%, y que la media de la ultraderecha en toda Europa ronda actualmente el 25%. Dicho de otro modo, es posible que no quede mucho tiempo. Y ya sabemos, porque lo hemos visto en países como Hungría y EEUU, que la defensa de la democracia es mucho más dura y menos justa una vez la ultraderecha se establece en el poder.

Los políticos demócratas deben, por consiguiente, darse cuenta de que la pelea de hoy es por la democracia, más que por el partido o el poder. Esto requiere combatir a la ultraderecha y reforzar la democracia. Ni prohibir la ultraderecha ni normalizarla sirve a ese objetivo. La democracia no puede reforzarse de forma aislada ni con la política del miedo. Necesita el esfuerzo colectivo de los políticos, ciudadanos y periodistas demócratas, que deben ofrecer realismo, resiliencia y contención. Y el momento de dar la batalla es ahora.

La extrema derecha alemana podrá gobernar en el Estado de Sajonia-Anhalt si consigue el apoyo de BSW, un partido ‘rojipardo’ fundado en 2023 como escisión de Die Linke —el equivalente a Izquierda Unida/Podemos en España—. El motivo de aquella ruptura es el mismo por el que sus líderes justifican ahora el posible apoyo a la ultraderecha: las políticas contra la inmigración. Durante los últimos años su carismática líder, Sahra Wagenknecht (las siglas de su nombre están en el nombre del partido), ha hecho bandera de las políticas antiinmigración con un discurso prácticamente indistinguible del de la extrema derecha. Yo la conocí en Berlín en 2014, durante un homenaje a la revolucionaria e internacionalista Rosa Luxemburgo que ahora se me antoja irónico; aunque por aquel entonces ella todavía era una dirigente alineada con la posición oficial de su entonces partido, que defendía políticas pro-inmigración.

Probablemente, el elemento central del discurso anti-inmigración de Wagenknecht y su partido es que sitúan la entrada de trabajadores extranjeros como un problema para los trabajadores nacionales. Según ellos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja y ello conduce al incremento de los beneficios de las empresas; en consecuencia, la solución es limitar la entrada de inmigrantes para no empeorar las condiciones de la clase trabajadora alemana. Se trata de un discurso reconocible dentro de la familia de partidos de extrema derecha, especialmente aquellos que tienen como objetivo seducir a la clase trabajadora nacional que, se presupone, forma el granero de votos de la izquierda. Desde Jean-Marie Le Pen en los noventa hasta Vox en el presente, pasando por el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, todos ellos han defendido o defienden posiciones anti-inmigración sostenidas sobre el argumento de que los inmigrantes son responsables de, al menos, parte del estancamiento o incluso retroceso salarial de los trabajadores nacionales. Aunque tanto para las extremas derechas como para el rojipardismo el fenómeno de la inmigración es más amplio que la migración laboral, en este análisis vamos a analizar qué dicen los modelos económicos sobre esta relación y cuáles son las conclusiones y contradicciones que emergen.

La inmigración en la economía

Toda proposición política, como aquella que asegura que “los inmigrantes bajan los salarios”, depende de la forma en la que entiende el mundo quien la formula, y esto a su vez suele ser el legado, casi siempre no reconocido, de una teoría desarrollada por algún economista ya fallecido. Esta es la famosa tesis de J. M. Keynes sobre el papel de los economistas, y es totalmente válida aquí. Dicho de otra forma, los economistas trabajan continuamente con modelos que “simplifican” el mundo, y a partir de los cuales se extraen ciertas proposiciones políticas que después se divulgan y difunden hasta llegar al común de los mortales; la mayoría de las veces dotadas de la legitimidad que concede la apariencia de ciencia e incluso con el aura de un nuevo “sentido común”. Ser consciente de esto es importante siempre, pero veremos que lo es especialmente con el tema de la inmigración.

Para entender este punto es relevante comenzar con el trabajo del economista Paul Samuelson, quien en 1948 formalizó lo que se conoce como “teorema de igualación de precios de los factores”. Aquí nos interesa centrarnos en que, según este teorema, el libre comercio entre países tenderá a igualar el precio de los factores capital y trabajo, es decir, de la tasa de ganancia y del salario. Así, el teorema predice que si dos países con distintos niveles salariales deciden comenzar a comerciar entre ellos, los salarios del país más pobre subirán y los salarios del país más rico bajarán. Casi todo el debate posterior entre economistas gira en torno a por qué ese no es el resultado que observamos en la realidad; pero la mayoría de los economistas asume que ese es el mecanismo esencial del funcionamiento de la economía capitalista.

La intuición que difunden los partidos ‘rojipardos’ y de extrema derecha se inspira precisamente en esa forma de pensar el mundo. En ese mundo “idealizado” por los economistas sólo existen dos factores de producción, capital y trabajo, y según si se “permite” que se muevan libremente se producirá un resultado u otro. Por ejemplo, en los años noventa el economista George Borjas elaboró un modelo que suponía que el factor trabajo era libre (las personas podían ir de un país a otro sin problemas) pero el factor capital era fijo. Las conclusiones fueron que la entrada de inmigrantes producía una bajada de salarios de los trabajadores nativos y, además, elevaba los beneficios de las empresas. Como ocurre con todos los modelos, modificar un supuesto por otro cambia (mucho) las conclusiones: en los modelos donde además del trabajo el capital también se puede mover, la predicción es que el salario no bajará con la entrada de inmigración.

En un modelo completamente diferente, como el del marxista Arghiri Emmanuel, el mundo que se piensa es uno en el que el capital es el único factor que se puede mover entre países mientras que el trabajo está restringido por los controles anti-inmigración. En su modelo, el diferencial salarial entre los países ricos (el Norte) y los países pobres (el Sur) nunca puede cerrarse, y esa es la causa por la que el Norte explota al Sur mediante intercambios desiguales. La conclusión política de Emmanuel fue muy controvertida porque señalaba a los sindicatos de los países ricos como responsables y beneficiarios del mantenimiento de esa situación injusta (piénsese que Emmanuel creía también que, en condiciones de libre movilidad de factores, los salarios convergerían).

El marxismo y la inmigración

Emmanuel no es el único marxista cuyo trabajo asume que, en ausencia de obstáculos como las políticas de restricción de inmigrantes, existe una tendencia del sistema hacia la igualación del precio de los factores. El propio Marx reconoció ese mecanismo en varios de sus trabajos, aunque en él opera de una forma distinta a la de los economistas ortodoxos. Para el autor de El Capital, el salario depende fundamentalmente del poder de negociación de la clase trabajadora frente al capital, y la dinámica capitalista desgasta esa capacidad a través del “ejército industrial de reserva”, es decir, de una gran masa de desempleados creados por el capitalismo. Esa enorme mano de obra disponible para el empresario disciplina también a los trabajadores, dificultando su capacidad de organizarse y de negociar mejores salarios. Los inmigrantes serían, en este modelo, un volumen adicional al ejército industrial de reserva pero, en general, con muchos menos derechos y protecciones.

Lo curioso de Marx es que, aunque aceptaba el diagnóstico de que la inmigración presionaba a la baja los salarios de los trabajadores nacionales, nunca concluyó que la solución era restringir los movimientos de los trabajadores. Cuando analizó la inmigración irlandesa en Inglaterra, comprendió que existía “una clase obrera dividida en dos campos enemigos, proletarios ingleses y proletarios irlandeses” y reconoció que “el trabajador inglés común odia al trabajador irlandés como competidor que reduce el nivel de vida”. Para Marx era claro que el problema era la división de clase que impedía que irlandeses e ingleses, juntos, exigieran mejores condiciones de trabajo. Y el remedio no era profundizar esa división, excluyendo a los irlandeses, sino acabar con la opresión de Irlanda y del capitalismo que había empujado a la emigración a tantos trabajadores.

El texto al que me estoy refiriendo está escrito en 1870, pero podría ser actual. Marx veía con claridad que la oposición entre trabajadores inmigrantes y nacionales era sólo del interés de los capitalistas explotadores. Y, literalmente, reconocía que “este antagonismo se mantiene artificialmente despierto y se ve acentuado por la prensa, el púlpito, las revistas económicas, o sea, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Esta línea de pensamiento, por cierto, fue seguida por dirigentes como Lenin o Rosa Luxemburgo, para quienes la solución nunca pasó por el nacionalismo sino por la conciencia de clase. A diferencia de lo que sucede con toda la desviación rojiparda.

¡Son las instituciones!

Si Marx y los economistas liberales comparten que existe un mecanismo que iguala los salarios vía libre comercio, competencia o poder de negociación, ¿significa eso que es inevitable que la inmigración produzca bajadas salariales entre los trabajadores nacionales? La respuesta es que no. Porque igual que hemos visto que, dependiendo del supuesto del modelo se obtienen unos resultados u otros, el capitalismo no opera en el vacío, sino mediante instituciones, es decir, leyes, normas, tradiciones, costumbres… Lo que determina los resultados reales no son solo los precios, sino la combinación de instituciones y precios. Y son esas instituciones las que moldean la forma en la que se absorben impactos como el de la inmigración.

Por ejemplo, para Marx lo relevante no era la nacionalidad del trabajador, sino su estatus: procedía de un país donde los salarios eran más bajos porque la acumulación capitalista era más débil, contaba con menos derechos y estaba acostumbrado a un nivel de vida más modesto. De hecho, los inmigrantes presionan a la baja los salarios y condiciones más que los nacionales solo cuando sus condiciones laborales son inferiores. El perfil del inmigrante es, efectivamente, carne de cañón para ser superexplotados y para ser la parte más rocosa del ejército industrial de reserva.

Debido en gran parte al fracaso de los modelos económicos a la hora de predecir qué ocurre con los flujos migratorios, y la constatación de que en casi ninguna parte han convergido los salarios, el análisis de las últimas décadas sobre la inmigración y sus efectos se ha desplazado desde el enfoque puramente económico (sólo precios) a otro más institucional. Por ejemplo, hoy se acepta que los mercados están segmentados y que los inmigrantes apenas entran en competición directa con los trabajadores nacionales (los primeros suelen recalar en trabajos de poca cualificación que los nacionales ya no quieren hacer), que las condiciones jurídicas de los inmigrantes son altamente relevantes y que si cuentan con los mismos derechos el impacto negativo desaparece, y que el poder político de negociación es especialmente importante (particularmente en sectores con monopolio). La inmensa mayoría de los estudios que han evaluado todas estas cuestiones de forma más amplia han concluido que en promedio el salario de los nacionales no se ve afectado por la entrada de inmigrantes y que, cuando hay efectos negativos, están asimétricamente distribuidos (por ejemplo, sobre los sectores de baja cualificación y sectores más desprotegidos en general).

Conclusiones

Lo curioso es que los modelos sobre la inmigración son también modelos sobre el comercio. En 1957, el economista Robert Mundell subrayó que la entrada de inmigrantes de poca cualificación era equivalente a importar bienes producidos en países de bajos salarios a partir de trabajo poco cualificado. Eso significa asumir que la importación en masa de productos chinos es equivalente a la entrada de inmigración masiva china, y sus efectos sobre los empleos y salarios sería igual. Esto permite entender mejor por qué la pregunta “¿los inmigrantes bajan los salarios?” está mal planteada si se formula como una cuestión puramente económica. La respuesta depende de qué trabajadores compiten con cuáles, de cuánto capital se acumula, de cómo reaccionan las empresas, de qué sectores crecen, de qué instituciones regulan el mercado laboral y, sobre todo, de cuál sea el poder de negociación de los trabajadores. No existe una ley económica que diga que la llegada de inmigrantes tiene necesariamente que traducirse en una reducción generalizada de los salarios nacionales. Eso es naturalizar un estado de las cosas (el del capitalismo realmente existente) que es históricamente específico.

Si contratar a un trabajador recién llegado y descargar un contenedor procedente de Asia son, desde el punto de vista del salario nacional, la misma operación, entonces cerrar la frontera a las personas no elimina la competencia y únicamente la desplaza. El empresario que no puede traer al trabajador se traslada él, o le encarga la pieza a un proveedor que ya está allí. Es, literalmente, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas. Esto es lo que nombra la expresión actualizada de “ejército mundial de reserva”, que acostumbra a usar el marxista John Bellamy Foster. Y lo cierto es que la masa de trabajadores disponible para disciplinar salarios dejó de ser nacional hace mucho tiempo. La clave es que el capital no necesita que esa masa cruce la frontera, porque puede cruzarla él.

Todo esto va mucho más allá que una cuestión meramente teórica. Como dije al principio, las teorías de los economistas muertos resuenan siempre en las proposiciones actuales. Y la actualidad está llena de esas proposiciones, por ejemplo de aquellas que plantean qué movilidades se proponen restringir y cuáles no. Porque ningún programa de extrema derecha —tampoco el rojipardo, más allá de la retórica— propone cerrar la movilidad del capital. En todas estas propuestas se criminaliza al trabajador, pero no al capital, lo que es sintomático del discurso de clase.

Volvamos entonces a la pregunta del título. ¿Bajan los inmigrantes los salarios? La respuesta que dan a la vez la mayoría de modelos modernos y la evidencia es que no lo hacen por ser inmigrantes, sino allí donde son trabajadores con menos derechos. Así que lo que presiona a la baja los salarios no es el pasaporte, sino el estatus. Y lo que propone la extrema derecha y los ‘rojipardos’ —recortar derechos y expulsar a una parte de la clase trabajadora— es exactamente la que abarata a los competidores de la otra parte. Es una política patronal formulada en el idioma de los obreros.

Ahora bien, la alternativa al discurso antiinmigración no consiste en negar que puedan existir efectos distributivos asociados a la inmigración. Tampoco consiste en repetir que “la inmigración siempre es buena” y cerrar el debate. Consiste en preguntar quién gana y quién pierde, en qué circunstancias, mediante qué mecanismos y bajo qué instituciones. Y hacer política con ello. Como he mostrado antes, Marx lo entendió en 1870 y lo resumió muy bien al decir que el antagonismo entre trabajadores ingleses e irlandeses era “el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Se puede levantar una alambrada o un muro alrededor de un país, pero no alrededor del mercado mundial. Frente a un ejército de reserva de dimensiones planetarias solo caben dos respuestas. La primera es competir todos a la baja en un terreno donde nadie tiene derechos, que es el proyecto de la extrema derecha en un contexto de crisis ecosocial. La segunda es extender los derechos hasta que la competencia deje de librarse por abajo. Esta última era la apuesta de aquella Rosa Luxemburgo a la que fuimos a homenajear a Berlín en 2014. La primera, doce años después, es lo que se está negociando en Sajonia-Anhalt.

Elon Musk fue el protagonista ausente de la jornada del Festival de Venecia. De él se hablaba en los corrillos del Lido, y se hablaba con una sensación de miedo tras ver las cuatro horas de documental que Alex Gibney ha estado preparando durante años y que muestra el auge y el peligro del empresario tecnológico. Gibney realiza un concienzudo trabajo en el que consigue que hablen antiguos trabajadores, amigos y dos de sus exparejas. Musk funciona como una película de terror. El problema es que esto es real.

De aquel carismático señor que decía que había que apostar por el coche eléctrico y llegar a Marte se ha pasado a un multimillonario que parece sacado de una película de James Bond, con una agenda de extrema derecha en la que la manipulación mediática, el espionaje y la recolección de datos y la implantación de gobiernos de extrema derecha en todo el mundo para instalar una visión de sus conservadores ideales, pero también líderes que legislen en pos de sus intereses. Una mezcla de ego y dinero que le convierten, como se define en un momento del filme, en una “bomba nuclear” a punto de estallar. El miedo a sus consecuencias explotó en Venecia.

Ese miedo se notó también en las preguntas que le hicieron a Alex Gibney durante la rueda de prensa, donde acudió con algunas de las personas que han accedido a participar en el filme, como Ashley St. Clair, expareja de Elon Musk y periodista de derechas que cuenta cómo él quiso que firmara un acuerdo de confidencialidad para no decir que él era el padre de su hijo y no hablara de él. Le ofreció 40 millones de dólares (35 millones de euros). Se negó, y sus palabras son algunas de las más reveladoras. La parte dedicada a cómo Musk ha ido dejando hijos (legítimos e ilegítimos) por todo el mundo para crear una “legión” con los genes adecuados es terrorífica.

La propia St. Clair acudió a la rueda de prensa, habló claro y dejó algunas de las declaraciones más escalofriantes (como ya hace en el documental). “Elon Musk me envió un mensaje de texto diciendo que necesitamos tener una legión de niños antes de la guerra civil. Así que creo que, sea lo que sea lo que está haciendo con esta plataforma, y sus actos, no se puede ignorar, porque está avivando llamas que no existen en el mundo real y está creando algo que está teniendo consecuencias reales con todas estas acciones. Y creo que está provocando una división deliberada que puede ser catastrófica si no se regula o se controla, o si no hacemos nuestra parte para frenarla”.

El documental une todos los puntos y deja claro que, detrás de lo que podrían parecer boutades de un tipo con mucho dinero, hay un plan. No es una casualidad que comprara Twitter. Desde allí puedo crear una red social que alimentaba a gobiernos de extrema derecha, los mismos que le meten en el Gobierno. Su presencia en la Administración Trump es uno de los puntos álgidos del filme, ya que muestra cómo sus políticas, ejecutadas por veinteañeros de Silicon Valley sin ningún tipo de moral, están costando miles de vidas en todo el mundo por los recortes en agencias como la USAid. Igual que los accidentes del autopiloto de sus Teslas provocaron varias decenas de fallecidos que nunca salen en los medios.

Musk está impulsando una agenda global de derecha, tanto por razones ideológicas como por razones muy prácticas y económicas

Alex Gibney — Cineasta

En un filme que tiene a la IA como una de las grandes cuestiones y amenazas del mundo actual, resulta paradójico que hayan decidido usar, como recurso narrativo, un avatar de Musk creado con, precisamente, IA. Alex Gibney dijo que fue una decisión “intencionadamente irónica”, aunque su opinión sobre la IA es “más compleja”. “Es una tecnología poderosa. Los problemas con la IA tienen más que ver con los seres humanos que manipulan la tecnología, y la manipulan de maneras que parecen beneficiarlos, usándola de forma bastante imprudente, con la intención de volvernos irrelevantes al resto. Así que creo que ese es el verdadero peligro de la IA: caer en manos de unos pocos poderosos, imprudentes y sin rendir cuentas”, opinó.

Con este trabajo, el experto en documentales ha querido “reinterpretar la historia de Elon Musk”, que normalmente “se había contado solo de una manera, para percibirla de una forma muy diferente”. Una de las preguntas en esta reformulación de la historia es cómo se le ha permitido tener tanto poder. Para Gibney es una responsabilidad de todos y cree que, en ese sentido, su documental “pretende ser una advertencia para encontrar la fuerza necesaria para salir del dilema en el que nos encontramos”. Porque el cineasta lo tiene claro: “Musk es muy peligroso, extremadamente”.

Por ello se ha encontrado tanto miedo a hablar sobre él, “un miedo casi existencial, tanto entre sus críticos como entre sus colegas y amigos”. “Hablé con muchísimas personas, pero salvo algunas de las personas valientes que me acompañan aquí, casi todos se negaron a hablar”, alega. De hecho, ellos mismos han tenido que medir cada paso con un equipo legal para ver a qué podían enfrentarse una vez el filme se lance al público, sobre todo por el uso del avatar de Musk y las declaraciones usadas, todas sacadas de entrevistas y declaraciones públicas: “Consultamos con nuestros abogados y nos dieron el visto bueno para seguir adelante”.

Con la victoria de la extrema derecha en Alemania, la parte dedicada al apoyo del magnate a los partidos ultras de todo el mundo se hizo aún más relevante. AfD agradeció a Musk su apoyo, y este, a su vez, felicitó al partido. “Espero haber mostrado en el documental que está involucrado con partidos políticos de derecha en todo el mundo: en Alemania, en el Reino Unido, en Brasil, en Turquía, y creo que hay varias razones para ello”, dijo Gibney, que opina que esta “parece ser su ideología en este momento”, pero que cree que también se debe a que “muchos de estos gobiernos de derecha tienden a ser más maleables, y es más fácil comprar los resultados que uno quiere para administraciones totalmente corruptas, sin ningún tipo de control ni contrapesos internos”.

En definitiva, asevera que Musk “está impulsando una agenda global de derecha, tanto por razones ideológicas como por razones muy prácticas y económicas”, en lo que Alex Gibney describió como un “capitalismo de amiguetes con aspiraciones políticas”. “Con Trump, de repente, y con muchos otros líderes de derecha alrededor del mundo, ve la posibilidad de comprar influencia sin precedentes, porque son mucho más receptivos a esta idea del capitalismo de amiguetes. Musk es siempre pragmático y se mueve donde está el dinero”, zanjó.

Musk rebusca en sus orígenes, habla con el padre del millonario y llega hasta el presente, con esa incursión en el Gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y con la presencia en el Ministerio de Guerra de Pete Hegseth, que usa la inteligencia artificial creada por Elon Musk en sus operaciones internacionales. Gracias a ambos movimientos, ahora mismo tienen acceso a los datos de todos los ciudadanos de EEUU. “Mover esos datos habría sido tan simple como mover un archivo a una carpeta. ¿Y podría esa carpeta estar en SpaceX? ¿Podría estar usándolo para una IA para influir en las elecciones? Sí, creo que es una buena conjetura, y eso sería como Cambridge Analytica con esteroides. Lo puse en la película no porque sepa que va a suceder, sino porque creo que podría suceder, y fue una especie de advertencia”, dijo Gibney, volviendo a poner el foco en el terror de que esa bomba nuclear para la democracia pueda estallar dentro de poco.

Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

Los dirigentes de Aliança Catalana, empezando por Silvia Orriols, niegan que su partido pueda calificarse de extrema derecha. No es que les moleste, lo cierto es que tienen tanto viento a favor que les molestan pocas cosas, pero su etiqueta, con la que ellos se sienten identificados, es con la islamofobia.

Se puede ser islamófobo y no ser de extrema derecha (solo hace falta mirar a Dinamarca o a una parte del laborismo británico), pero también es cierto que si hay una característica común a todos, absolutamente a todos, los partidos de extrema derecha es el rechazo al Islam y los musulmanes.

Aliança y Vox han enseñado sus cartas claramente cuando han salido a felicitar públicamente a la AfD por su resultado en Sajonia-Anhalt. Ambos asociaron la victoria de la ultraderecha alemana a la “esperanza”. No es la primera vez que muestran sus simpatías respecto a una formación que relativiza el nazismo y cuyo programa electoral debería poner en alerta a cualquiera que se considere demócrata. Debería hacerlo, pero no pasa, y solo hace falta ver cómo están subiendo en las encuestas.

Los sondeos detectan un incremento sostenido de Aliança en Catalunya. Suben y suben, encuesta tras encuesta. Ese ascenso demoscópico se confirma en conversaciones de sobremesa en las que sus futuros votantes ya no se esconden. Al igual que sus dirigentes rehúyen la etiqueta de extrema derecha y se escudan en el orden y en la necesidad de recuperar una Catalunya que solo existe en su imaginario.

Ulrich Siegmund, el líder de AfD, vende políticas ultras con una sonrisa, del mismo modo que Orriols lo hace con un catalán de dicción perfecta y atribuyendo las desigualdades a la presencia de migrantes. En el caso de Aliança hay una espita, los atentados del 17-A, que explica el éxito de Orriols en Ripoll. Es la semilla de un proyecto que puede convertirse en la tercera fuerza del Parlament.

En las elecciones del domingo se confirmó que no existe un único perfil de votante de la extrema derecha. AfD se impone en todas las franjas de edad y en especial entre aquellos que tienen entre 35 y 59 años, entre los que logra más de la mitad de los votos. Es especialmente destacable el apoyo que recibe por parte de sectores obreros, con un 59%. También son el partido preferido para aquellos votantes con bajo nivel de estudios (57%).

AfD ha conseguido que ciudadanos que se abstenían vuelvan a las urnas. Eso es algo que también puede pasar con Aliança, en su caso, independentistas desencantados con el resto de formaciones. Prometen la independencia aunque tampoco explican cómo la conseguirán. Tanto AfD como Aliança son euroescépticos y a quien más votantes le quitan es a la derecha y el centroderecha (si es que ese espacio aún existe). Llámale CDU, llámale Junts.

No será por libros y artículos que intentan explicar las causas del avance de la extrema derecha. Hay quien defiende que la historia es lineal (normalmente es argumento de la izquierda) y quien considera que es cíclica. En ambos casos, si hubiese que buscar un origen a por qué no ha parado de avanzar, probablemente la explicación, o una de las más evidentes, habría que buscarla en la crisis financiera del 2008, cuya onda expansiva ha durado décadas. En tres palabras: vivienda, salarios y servicios públicos.

Se ha roto el tabú. Los votantes de extrema derecha ya no se esconden, incluso presumen de ello. Los hay que incluso justifican que se niegue comida y un lecho a una persona que lleva semanas viviendo al raso en Ceuta o en una de nuestras calles. “Cómo se han tenido que quebrar los vínculos con algo que antes llamábamos ética o moral universal para que puedas creerte bueno mientras estás participando en un linchamiento”, alertaba el filósofo Santiago Alba Rico en una entrevista en este diario.

Hemos llegado a ese punto. Personas que se consideran buenas y cuyo enfado con el sistema les lleva a negar la atención sanitaria, la educación o un hogar a otras por su raza u origen. Asusta, pero está pasando.

El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha convertido el ejercicio de nombrar y destituir a funcionarios de forma instantánea en parte de su guion en las primeras semanas de gobierno en Colombia. Al menos cuatro cargos técnicos, incluida la dirección del organismo encargado de trazar los planes de desarrollo del país (similar a la española Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia), fueron nombrados y destituidos en cuestión de horas o días, sin mediar explicación oficial.

El patrón retrata a un Ejecutivo que toma algunas decisiones sin un análisis previo. Luego las corrige en público, sobre la marcha, y deja a profesionales acreditados bajo el foco mediático.

El caso que desnudó la fisura del nuevo Gobierno de extrema derecha ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que funciona como un think tank estatal en temas económicos. Carlos Eduardo Sepúlveda, exdecano de la reputada Universidad del Rosario y activo en el diseño de los planes de desarrollo de los expresidentes Santos, Duque y Petro, fue nombrado director el 12 de agosto. Estuvo en el cargo apenas 48 horas. Sin explicación oficial, De la Espriella revirtió el nombramiento y eligió a Julián Buitrago, un activista digital sin ninguna experiencia en el Estado.

La improvisación delata desacuerdos internos no resueltos antes del anuncio de cada nombramiento

Yann Basset — politólogo de la Universidad del Rosario

Todo indica que detrás de la remoción operó un veto silencioso. Según reconstruyó el portal independiente La Silla Vacía, dos factores jugaron en contra de Sepúlveda: su paso por el DNP de la Administración del progresista Gustavo Petro y su orientación sexual. La presencia de un tecnócrata casado con otro hombre activó las alarmas de sectores ultras y religiosos, que presionaron hasta tumbarlo.

Aun así, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, negó cualquier discriminación. Pero el golpe fue tan certero que sacudió las propias filas del oficialismo: el senador Andrés Forero, del derechista Centro Democrático, calificó el veto como “un gran desacierto”.

Despidos fulminantes

El episodio no fue aislado. El 11 de agosto, el Ministerio de Trabajo designó como secretaria general encargada a Soraya Pino, que tenía experiencia como directora de Pensiones en el Gobierno de Petro. Nueve días después, el exministro progresista Antonio Sanguino celebró el nombramiento en la red social X, destacando su labor en el anterior Ejecutivo de izquierdas. Horas más tarde, el Palacio de Nariño (sede del Gobierno en Bogotá) revocó el encargo mediante decreto y nombró, de forma definitiva, a Eduardo José Pineda, abogado y coterráneo del presidente De la Espriella. Pino no llegó a cumplir 24 horas en el puesto desde la publicación del mensaje en X.

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, lo anómalo no es que un gobierno entrante prefiera perfiles afines. Eso, añade, “no es particularmente sorprendente” en ninguna administración. Lo insólito es la sucesión de decisiones tomadas y deshechas en público, una improvisación que delata desacuerdos internos no resueltos antes de cada anuncio. El caso del Ministerio de Trabajo ilustra esa dinámica: no fue una revisión previa de antecedentes lo que forzó la salida de la funcionaria, sino un mensaje de un político de izquierdas en redes sociales.

El politólogo Camilo Cruz explica que la supervivencia de esos funcionarios dependió, al final, del termómetro digital. Lejos de una doctrina ideológica planificada desde la presidencia, el Gobierno sometió cada nombramiento a una evaluación de afinidad política, medida en tiempo real por la reacción de sus bases en plataformas como X. De acuerdo con esa lógica, el Ejecutivo ultra obvió en primera instancia el pasado de los servidores públicos y, posteriormente, delegó el filtro en un influenciador radical o un funcionario del anterior Gobierno para forzar las destituciones.

Hay un caso, sin embargo, que rompe con ese patrón. Hanna Escobar no provenía del Gobierno de Petro. Era, en realidad, su némesis pública. La química farmacéutica construyó su prestigio en las redes oponiéndose con dureza al Ejecutivo de izquierdas y a su gestión de la salud. Quizás por todo eso, el 24 de agosto asumió la Dirección de Medicamentos del actual Gobierno, que prometió revertir el caos en la prestación de servicios del sector sanitario.

El anuncio, sin embargo, también duró pocas horas. Facciones cercanas a De la Espriella inundaron las redes sociales con un expediente que resultó ser, en su mayoría, falso. Una fotografía manipulada mostraba a Escobar con el pañuelo verde del movimiento a favor del derecho al aborto. Ella aseguró que nunca usó ese símbolo. La imagen, además, iba acompañada de un fragmento de un viejo pódcast que estaba fuera de contexto. En él, de hecho, defendía la candidatura del actual presidente.

Una estructura vulnerable

La explicación de este fenómeno va más allá de los nombres propios y responde a una realidad institucional. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala al sistema colombiano: a diferencia de países como España, el país jamás construyó un cuerpo de funcionarios estable ni un régimen de oposiciones blindadas. Sin ese escudo legal, cada cambio de presidente puede amenazar la continuidad de buena parte de quienes sostienen el aparato público.

Para hacerse una idea de la situación, en 2020, el 69,4% de las vinculaciones estatales correspondía a contratos de prestación de servicios: personal temporal, ajeno a la carrera administrativa y dependiente de renovaciones periódicas.

Bonilla sitúa la agudización de esta lógica de tierra arrasada durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), el primero en este siglo en aplicar la estrategia explícita de purgar a los técnicos por su pasado político. De la Espriella no inventó el mecanismo, pero heredó una estructura vulnerable donde el empleo estatal funciona como un espacio de libre remoción y la estabilidad laboral depende del gobernante de turno.

La misma Bonilla añade una segunda capa de análisis: puertas adentro, el gabinete de De la Espriella opera como una colcha de retazos. Un ala técnica y, quizás, minoritaria convive con reservas con el sector más conservador, vinculado a grupos evangélicos, que ha ganado de momento cada disputa interna. Al no compartir objetivos comunes, el mandatario ultra de 48 años, sin experiencia en la gestión de equipos de esta magnitud, ha cedido ante el sector que ejerce mayor presión.

Por su parte, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía con Petro, ve el resultado del pulso desde la óptica de ese sector: cita el caso de una vicepresidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 12 años de trayectoria técnica, destituida “de un día para otro”. La ironía, añade el sindicalista, es que la misma cartera apenas ha logrado reunir en 21 días un comité de seguimiento de la crisis energética por el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, sí encontró tiempo en su agenda, según Palma, para recibir visitas en sus instalaciones de sacerdotes que hicieron ritos de bendición y exorcismo.

El único freno a todo este proceso de recambio llegó de forma imprevista. Fuentes en varios ministerios coinciden en que, de no haber sido por el terremoto del pasado 10 de agosto —el peor en una década en Colombia, con más de 300 muertos—, la purga habría corrido a un ritmo más vertiginoso. El sismo en el suroeste del país obligó al Gobierno de la 'Patria Milagro' a ralentizar la marcha en el remezón por pura necesidad operativa: en plena emergencia nacional, congelar los despidos de los equipos de técnicos de gestión de la crisis, en carteras como Vivienda o Hacienda, fue el peaje obligado para no comprometer la respuesta a una tragedia.

Es difícil encontrar imágenes de Ulrich Siegmund en las que no aparezca con una sonrisa. El candidato de Alternativa para Alemania (AfD) a jefe del Ejecutivo en Sajonia-Anhalt, miembro del ala más radical del partido ultra, tiene cara y porte de yerno perfecto: simpático, bien parecido, siempre dispuesto a un selfie o un apretón de manos y hábil en las entrevistas con periodistas no afines a su partido.

Siegmund, de 35 años, puede convertirse en el primer presidente regional de AfD después de la victoria incontestable en las elecciones que se celebraron este domingo en el estado germano oriental de Sajonia-Anhalt con un 43,8% de los votos.

Aunque la formación ultra carece de mayoría absoluta para gobernar, se trata de un resultado histórico que coloca al país a un paso del fin del cordón sanitario a la ultraderecha que ha regido hasta ahora. Sus opciones para llegar al poder dependen de la postura de la izquierda antimigración Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que estará representada en el parlamento estatal con el 5,3% de los apoyos.

¿Quién es Ulrich Siegmund?

Nacido en 1990 en la pequeña localidad de Havelberg, Sajonia-Anhalt, Siegmund es diputado regional de AfD desde 2016. Preside la facción parlamentaria regional de su partido desde 2022. Con 19 años, se afilió a la Unión Cristiano Demócrata, la CDU, partido del actual canciller, Friedrich Merz. Abandonó el partido conservador cinco años después. Hoy se arrepiente públicamente de su pasado democristiano. “Todos cometemos errores”, dijo en una entrevista con Politico Alemania. No es de extrañar: el objetivo estratégico de AfD ha sido pulverizar la base electoral de la CDU para acercarse a una mayoría parlamentaria nacional en un país esencialmente conservador como Alemania.

Casado y padre de un hijo, Siegmund es católico, pero decidió abandonar oficialmente esa confesión por sus diferencias con el liderazgo de la Iglesia Católica alemana, muy crítica con el ideario nacional étnico de AfD. Dentro de esa ideología, hoy predominante dentro del partido ultra alemán, la federación de Sajonia-Anhalt está encuadrada en el ala más radical. La Oficina para la Defensa de la Constitución –los servicios secretos internos del país– calificaron en 2023 a la federación regional dirigida por Siegmund como un caso “confirmado de extrema derecha”.

Siegmund es católico, pero decidió abandonar oficialmente esa confesión por sus diferencias con el liderazgo de la Iglesia Católica alemana, muy crítica con el ideario nacional étnico de AfD

Ulrich Siegmund salió elegido candidato a presidente regional en un congreso de su partido celebrado en Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt, el pasado mayo. El 97% de los delegados votaron por él. El liderazgo de este joven político es incontestable y ya asoma como una de las figuras que hay que tener en cuenta para el futuro de una fuerza que lidera hoy sólidamente las encuestas a nivel nacional.

Antes de comenzar su carrera como político, completó una formación profesional en comercio y estudios superiores en psicología económica y administración de empresas. También trabajó como comercial y en marketing, sector en el que fundó y gestionó una pequeña empresa. La cara amable de AfD sabe vender con éxito el etnonacionalismo con la sonrisa de un comercial. En sus canales de Instagram y TikTok suma más de un millón de seguidores.

“Deportar, deportar, deportar”

Ulrich Siegmund forma parte, sin duda, de la facción más radical de AfD, cuyo más destacado exponente es Björn Höcke, el líder del partido en el estado de Turingia y figura fundamental para entender la radicalización del partido. A diferencia de Höcke, cuyo discurso suele bordear el catastrofismo, Siegmund ofrece un mensaje alegre y optimista respecto al futuro. “Alles ist möglich” (“Todo es posible”) es el eslogan que ha encabezado su campaña electoral en Sajonia-Anhalt para las elecciones regionales del próximo septiembre.

“Todo es posible”. Por ejemplo, “deportar, deportar, deportar inmigrantes ilegales” desde el minuto uno de un eventual Gobierno regional liderado por Siegmund. O fulminar el contrato con el que el Gobierno de Sajonia-Anhalt cofinancia a la televisión regional pública MDR. La ultraderecha alemana lleva años impulsando una campaña de difamación y derribo contra los medios públicos alemanes, a pesar de que incluso los líderes de AfD aparecen en ellos al estar legitimados por su representación parlamentaria.

La ultraderecha alemana lleva años impulsando una campaña de difamación y derribo contra los medios públicos alemanes, a pesar de que incluso los líderes de AfD aparecen en ellos al estar legitimados por su representación parlamentaria

Otras medidas de su programa inmediato para los primeros 100 días de Gobierno son: la retirada de la bandera del arcoíris de los edificios oficiales para impulsar la “familia normal formada por padre, madre e hijos”; la puesta en marcha de una campaña titulada #deutschedenken (“pensar alemán”), que sustituya a la actual campaña #moderndenken (“pensar moderno”), con la que AfD apunta directamente contra la escuela arquitectónica Bauhaus por considerar que corporiza el “desarraigo nacional” –algo que ya dijeron los nazis, por ejemplo–; la introducción del trabajo obligatorio y no remunerado para aquellos peticionarios de asilo que reciban algún tipo de ayuda pública en Sajonia-Anhalt. En Alemania, buena parte de los solicitantes de asilo no tienen derecho a acceder al mercado de trabajo de forma legal hasta que las autoridades deciden si reciben el estatus de refugiados.

Consecuencias incalculables

El alcance de las consecuencias políticas de un posible Gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt para el resto de la República Federal es hoy difícil de calcular. Pero no es exagerado predecir que el primer Gobierno regional de una ultraderecha rayana con el neonazismo pudiese llegar a costarle el cargo al canciller Friedrich Merz.

En las federaciones germano-orientales de la Unión Cristiano Demócrata se acumula desde años el descontento por el veto a una ultraderecha que consideran un socio de gobierno natural. El Gobierno de Merz y sus reformas se enfrentan a una verdadera prueba de fuego que marcará los tres años de legislatura que quedan en Alemania.

Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones federales con un 36% de los votos. La ultraderecha es, con mucha diferencia, el partido más votado del país. La formación, fundada en 2013 al calor de la crisis de deuda en la Eurozona, no tiene suficientes escaños para gobernar en solitario, pero se ha convertido en imprescindible para formar un ejecutivo en la mayor economía europea.

Los conservadores de la CDU-CSU están en segundo lugar, pero muy lejos de AfD. Los democristianos, en estado de shock, hacen frente a un dilema: probar un inverosímil gobierno cuatripartito con socialdemócratas, verdes y poscomunistas (la prensa bautiza la fórmula como Coalición Zimbabue-Ghana por la cantidad de colores de los cuatro partidos involucrados) o abrirse a negociar con la ultraderecha una coalición gobernante con una cómoda mayoría parlamentaria. La democracia cristiana alemana está entre la espada y la pared.

La segunda opción tiene además un serio inconveniente: como partido más votado, AfD tiene derecho a exigir que su candidata, Alice Weidel, se convierta en la futura canciller federal. Weidel lo pone además más difícil, exigiendo a los conservadores “una disculpa pública al pueblo alemán” por haber dejado entrar solicitantes de asilo e inmigrantes al país. La ultraderecha se siente más cerca que nunca de su objetivo real: destruir la democracia cristiana, alcanzar la hegemonía política, tener la mayoría absoluta para gobernar en solitario y transformar a su gusto el Estado alemán.

Tras días de debates internos en la cúpula de la CDU-CSU, el presidente del partido y candidato a canciller democristiano, Jens Spahn, toma finalmente la decisión de tumbar lo que queda del cordón sanitario y acepta unas negociaciones con una ultraderecha considerada por los servicios de Inteligencia del país como parcialmente de extrema derecha —por consiguiente, una amenaza para el orden constitucional—.

El título es una alusión a 1933, a la toma del poder por parte de los nacionalsocialistas. Y lo he elegido por una sencilla razón: llevo 13 años informando sobre AfD y conozco muy bien el partido. Y cada vez que leo informes de los años 30, me doy cuenta de que el tono era muy similar.

Justus Bender — periodista y autor del libro

Las negociaciones van más rápido de lo esperado. En pocas semanas, los partidos se ponen de acuerdo y Weidel es elegida canciller por el Bundestag con los votos de su partido y de los conservadores.

La ultraderecha alemana no pierde tiempo. Desde el minuto uno, comienza a aplicar algunas de sus grandes promesas electorales: deportaciones masivas de solicitantes de asilo, sin esperar a que los tribunales fallen si son legales; prisión para las personas sin permiso de permanencia; retirada de la ciudadanía alemana a personas con raíces extranjeras; reforma del código penal, que incluye el delito de “difusión de noticias falsas”; encarcelamiento de periodistas y registros de medios críticos y recortes draconianos en la radio y la televisión públicas; una reforma constitucional que establece que la cultura alemana debe prevalecer sobre el resto y que Alemania es un país cristiano.

“Un escenario”

Los párrafos anteriores resumen la Alemania que Justus Bender se imagina en 2033. El periodista político del diario liberal-conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung ensaya ese hipotético futuro en su recién publicado Deutschland 2033. Ein Szenario. ('Alemania 2033. Un escenario'). “El libro es un análisis, porque la trama ficticia solo sirve para ilustrar una idea”, explica el autor a elDiario.es.

Deutschland 2033 no es una novela, sino un ensayo sobre cómo lo que hoy está ocurriendo en Alemania puede influir en el futuro próximo del país. Que un periodista de uno de los diarios más leídos del país haya elegido 2033 —es decir, un siglo después de la toma del poder por parte de Adolf Hitler— indica el clima político en un país que durante décadas se creyó inmune al ascenso electoral de cualquier formación situada a la derecha de la democracia cristiana.

La historia no se repite y la República Federal de Alemania no es la República de Weimar. Sin embargo, el acompasamiento de determinadas dinámicas de los años 20 y 30 del siglo XX con lo que hoy ocurre en Alemania ha llevado a Bender a escribir un libro cuyo título es una provocación y una advertencia.

“El título es, por supuesto, provocador”, dice Bender. “Se trata claramente de una alusión a 1933, a la toma del poder por parte de los nacionalsocialistas. Y lo he elegido por una sencilla razón: llevo 13 años informando sobre AfD y conozco muy bien el partido. Y cada vez que leo informaciones de los años 30 –artículos de periódicos, por ejemplo, o diarios personales–, me doy cuenta de que el tono era muy similar. Es decir, la forma en que los nazis se reían de sus críticos, diciendo: '¿Cómo pueden insinuar que queremos hacer algo ilegal? No crean las mentiras de la prensa liberal mentirosa”.

Precisamente así reaccionan hoy así los líderes de Alternativa para Alemania cuando se les acusa de querer establecer una ciudadanía con criterios étnicos o aplicar su plan de “remigración” para deportar a millones de personas que han llegado al país en la pasada década.

La Hungría de Orbán como modelo

Alemania no está tan lejos del escenario que dibuja Justus Bender en su Deutschland 2033. Basta con echar un vistazo a las proyecciones electorales. Todas las encuestas sitúan a la ultraderecha entre el 27 y el 29% de intención de voto, más de seis puntos por delante de los conservadores de la CDU-CSU y muy lejos del resto de partidos.

No estamos ante la fotografía de un momento concreto, sino de una tendencia que se viene consolidando desde hace meses. AfD ha roto un dique y apunta a ser la fuerza más votada no sólo en el este del país, considerado hasta ahora su gran bastión, sino en el resto de Alemania. La ultraderecha acaricia el umbral del 30%.

Es la coyuntura en la que Bender ha escrito un libro en el que imagina cómo sería una Alemania con un gobierno liderado por la ultraderecha. “Es, sobre todo, un país en el que se ha roto algo muy fundamental”, explica el autor. “En la esfera pública, en la cultura del discurso público, ya no existe la responsabilidad. Es decir, ya no funciona como antes: que un político se contradiga a sí mismo o cometa un error y, a raíz de ello, surja una presión que le obligue a rectificar. Simplemente, en este país todo es posible y, en este clima, un gobierno de AfD puede, por supuesto, imponer muchísimas cosas”.

He escrito este libro como respuesta, porque quería demostrar que no es tan sencillo y que un gobierno tiene un poder enorme y puede hacer muchas cosas sin que nadie lo detenga

Justus Bender — periodista y autor del libro

En Alemania, incluso en parte de la izquierda, se está imponiendo una opción ante el avance de la ultraderecha: dejar que gobierne con la esperanza de que fracase y decepcione al electorado. Una posición que parece más alimentada por la impotencia que por argumentos racionales.

“He oído muchas veces a gente decir: '¿Qué puede pasar de malo? O bien gobiernan correctamente o, si hacen algo ilegal, los tribunales los detendrán'”, reflexiona en voz alta Bender, quien advierte acto seguido: “He escrito este libro como respuesta, porque quería demostrar que no es tan sencillo y que un gobierno tiene un poder enorme y puede hacer muchas cosas sin que nadie lo detenga”.

¿Y qué podría cambiar AfD sin grandes obstáculos? “Lo que podríamos esperar de una Alemania gobernada por AfD no sería el Cuarto Reich –es decir, la continuación del nacionalsocialismo–, sino más bien algo parecido a la Hungría de Víktor Orbán, a su democracia iliberal. Creo que Alemania no dejaría de ser democrática porque habría elecciones, pero las instituciones liberales, la prensa libre, la formación de la opinión pública y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su origen étnico se verían amenazadas”.

La primera piedra de esa hipotética futura Alemania pueden ser las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt del próximo domingo. AfD roza la mayoría absoluta en las encuestas de esa región del este de Alemania. Su candidato, Ulrich Siegmund, podría convertirse en el primer ministro regional de la ultraderecha y Sajonia-Anhalt, una especie de laboratorio de pruebas para la Alemania que sueña AfD.

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 48 años, publicó en su cuenta de X un largo vídeo en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el vídeo.

La publicación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza a elDiario.es la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte de que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra ha mostrado en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Espriella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, ha chocado esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella ha querido acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste ha inquietado a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición ha trascendido las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierdas. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella ha puesto en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de vídeos, símbolos e influenciadores que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella ha replicado ese modelo en Colombia. En en el vídeo, el mandatario se refiere a “Tigre o Pintado”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios. De la Espriella afirma en el vídeo que “ese narcoterrorista fue dado de baja”.

La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores han recordado en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

Unas semanas después de su dimisión en medio de un escándalo sobre la financiación de su partido, Nigel Farage afronta otro. Reform, el grupo de ultraderecha que ha liderado las encuestas de opinión en el último año, suspendió este viernes a dos dirigentes del partido después de las revelaciones de una investigación periodística encubierta.

Farage afronta esta crisis justo cuando arranca el congreso anual de su partido y cuando está tocado por otros casos relacionados con la financiación de su partido y está cayendo en las encuestas de opinión pública después de meses de líder. Es uno de los políticos más impopulares del país, pero su partido sigue por delante del Partido Conservador y empatado con el Partido Laborista en intención de voto en la última encuesta de YouGov. Reform ha perdido seis puntos desde su pico de apoyo hace un año.

En otoño de 2025, dos reporteros fingieron ser un donante estadounidense y su hijo residente británico que querían dar dinero a Reform, aunque no sea legal en el Reino Unido que un extranjero financie a políticos locales. Dos dirigentes del partido, James Orr y Dan Jukes, se reunieron con los supuestos donantes y describieron un proyecto “clandestino” para aceptar el dinero, según el vídeo emitido este jueves por Channel 4. Jukes sugirió pasar el dinero de padre a hijo e insinuó que el partido ya lo había hecho otras veces.

Reform ha suspendido a Orr y Jukes mientras la comisión electoral y otras autoridades relevantes investigan. Orr, además de jefe de políticas públicas de Reform, es profesor de la Universidad de Cambridge, donde da clases de ética en la facultad de Teología.

En una comida con Farage, el falso donante explicó que le trasferiría el dinero a su hijo y así podría donar a Reform hasta medio millón de libras. “Gracias, gracias a ambos”, se escucha a Farage en el vídeo emitido por Channel 4. El líder de Reform también celebró después la publicación de las encuestas de JL Partners publicadas sin que los periódicos que las difundieron fueran conscientes de quién las había pagado. “Ha funcionado, boom”, se escucha decir a Farage.

Las encuestas

Según Channel 4, la pareja pagó 32.500 libras (más de 37.000 euros) a la encuestadora que publicó después sondeos favorables a Reform en los periódicos The Times y The Telegraph sin identificar cuál era la fuente de financiación, cosa que también va contra las normas electorales en el Reino Unido.

La investigación de un grupo llamado Verbatim, financiado por un centro de investigación periodística dedicada al cambio climático, empezó en otoño de 2025 para indagar sobre las denuncias de financiación secreta de Estados Unidos que habían escuchado.

Farage aseguró este viernes que su partido no ha incumplido “ninguna ley” y no ha aceptado “dinero turbio”. “El partido no ha hecho nada malo. Pero las conversaciones grabadas a modo de trampa no dan buena impresión y por eso hemos tomado medidas”, dijo en una entrevista con la radio británica LBC. El líder de la ultraderecha aseguró que él pensaba que se trataba de una pareja de donantes que tenía una empresa global con sede en el Reino Unido y que no está “contento” con el resultado.

En una rueda de prensa después, Farage añadió que las referencias de sus excolaboradores a otras donaciones que se saltaban las reglas de financiación fueron “charleta de pub” y “no sucedieron”. “Estos hombres no estaban autorizados a hablar así”, dijo.

La polémica coincide con el congreso de Reform en Birmingham, donde habló este viernes como invitado especial Jordan Bardella, el presidente de Reagrupamiento Nacional, el partido de ultraderecha que lidera las encuestas en Francia. Tan han asistido al congreso como observadores diplomáticos y otros representantes oficiales europeos, también de España, según el medio Politico.

Los otros escándalos

En investigaciones periodísticas separadas y sin relación con el caso de Channel 4, The Guardian y el Sunday Times publicaron este año que Farage había recibido dinero y apoyo de donantes millonarios de fuera del Reino Unido y no lo había declarado. Estas donaciones están ahora siendo investigadas por un comité de estándares parlamentarios y por la policía. Farage niega haber cometido ninguna irregularidad.

El líder de la ultraderecha británica dimitió en julio para volverse a presentar a su escaño con la intención de revalidar su apoyo popular. El 13 de agosto, ganó las elecciones en Clacton, su conservadora circunscripción en el este de Inglaterra, en unos comicios que los demás partidos en el Parlamento decidieron boicotear. Su principal rival fue Conde Caracubo, un cómico que se presentaba para ponerle en evidencia disfrazado con un cubo de basura en la cabeza.

El Partido Laborista y el Partido Liberaldemócrata ya han denunciado el caso expuesto por Channel 4 a la policía. Reform niega haber recibido ningún dinero de manera ilegal y denuncia la investigación periodística como “un fraude” y “una trampa”. Channel 4 aclara que no pagó ni a Verbatim ni a la encuestadora. Los periódicos The Telegraph y The Times han eliminado los artículos con las encuestas y revisarán su relación con la empresa que las hizo.

En 2020, Santiago Abascal presentó en redes la Carta de Madrid, un manifiesto que introducía el concepto de “Iberosfera” y denunciaba que la región estaba “secuestrada” por “regímenes totalitarios de inspiración comunista”, bajo el paraguas del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Los primeros firmantes de aquella declaración de guerra cultural eran Javier Milei, José Antonio Kast y Eduardo Bolsonaro, hijo del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado.

Seis años más tarde, el V Encuentro Foro de Madrid fue inaugurado este jueves en Santiago de Chile por Milei y será clausurado por Kast, ambos convertidos en presidentes, cuando se cumplen seis meses del triunfo de la ultraderecha en las elecciones chilenas y a apenas un mes de los comicios en Brasil, en los que Flávio Bolsonaro (el hijo menor del expresidente encarcelado) se sitúa en una especie de empate técnico con Lula da Silva. De ahí que el evento se convirtiera en una exhibición de fuerza de la ultraderecha, que anuncia “una nueva era” en esa Iberoamérica que los ultras han ido conquistando elección tras elección.

Un Foro sin Abascal

Pero el gran impulsor del Foro, Santiago Abascal, no estuvo presente para sacar pecho de su iniciativa. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, disculpó su ausencia señalando directamente al presidente español, Pedro Sánchez, al que acusó de cambiar la fecha de la comparecencia en el Congreso de Sánchez en un “intento de torpedear” el Foro “e impedir que su voz se escuche”.

Garriga no dudó en llevar la crisis de Ceuta al escenario de Santiago. “No es una llegada irregular más, es una invasión”, aseguró entre aplausos en el discurso de bienvenida. Más tarde, Javier Milei volvería sobre el tema para hablar de cómo Sánchez está, según el mandatario argentino, “facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”. “Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos”, aseguró Milei, reivindicando la teoría conspirativa del Gran Reemplazo.

Las palabras más gruesas contra Sánchez llegarían poco después, también en boca de Milei: cuando decía que los políticos de izquierdas “solo quieren esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”. “Y si no vean lo que hace Pedrito en España”, ejemplificó. Y fue más allá: “Está más sucio que una papa. Y bien que se ofendió, él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Bueno, parece que los hechos lo confirman”, soltó Milei.

En mayo de 2024, Pedro Sánchez le pidió a Milei que rectificara tras llamar “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox. Su negativa acabó en incidente diplomático, con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires durante poco más de cinco meses.

La ‘nueva era’ Latinoamericana

“Es una narrativa de éxito, y por supuesto estas redes buscan sacar partido de estos seis años y de cómo se han ido sucediendo las victorias en la región”, analiza Soledad Vallejo, autora del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina.

Para la periodista, es evidente que Milei intenta colocarse como un referente internacional, sobre todo porque sus índices de popularidad están bajando en Argentina. El libertario ha desplegado un discurso “versátil” que desborda su propia agenda para sintonizar con los pilares ideológicos de la extrema derecha internacional, sobre todo la europea. “Occidente está en peligro, pero poco a poco nos estamos despertando”, aseguró Milei, que presumió de deportaciones de migrantes irregulares, algo que no está en la conversación ni en las preocupaciones de la sociedad argentina, según el análisis de Vallejo.

La vicepresidenta hondureña, Diana Herrera, y representantes de la poderosa Fundación Heritage formaron parte de la programación del encuentro, en el que las principales voces de Vox fueron, además de Garriga, el diputado José María Figaredo –que recientemente ha hecho llamamientos a “cazar” inmigrantes en Ceuta, y el eurodiputado Hermann Tertsch.

El elefante Cerimedo

De lo que no se habló en el encuentro –al menos no ante los micrófonos– es del escándalo de la detención por intento de feminicidio de un viejo conocido de la ultraderecha latinoamericana: Fernando Cerimedo.

Diputados de la oposición en Chile, como Gonzalo Winter, han calificado públicamente al Foro Madrid como una “cumbre de clientes de Cerimedo”, debido a que el consultor ha diseñado las estrategias digitales, granjas de bots y campañas de desinformación de las principales figuras del foro, incluyendo a Milei, Kast y Jair Bolsonaro.

En todo caso, Chile se presenta como símbolo de la creciente fuerza de la ultraderecha en Latinoamérica, que se ha expandido desde el triunfo de Milei en 2021 a las recientes victorias de Kast y de Abelardo de la Espriella en Colombia. La agenda electoral de la región tiene otra fecha clave este año: el 4 de octubre se celebra la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, el gran país gobernado aún por la izquierda, además de México. Las encuestas más recientes dibujan un escenario complicado para Lula Da Silva, que partía como favorito para la reelección. La distancia con Flavio Bolsonaro se ha ido reduciendo hasta llegar a un empate que pone en jaque la hegemonía del oficialismo.