El agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo faltó este martes el respeto en el Congreso a la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, diputada de ese grupo por parte de los Comuns. El activista, que accede a la Cámara Baja con acreditación de redactor del medio Periodista Digital, espetó en voz alta “qué idiota” mientras Vidal abandonaba la sala de prensa después de haber realizado una comparecencia en la que, entre otros asuntos, insistió en la necesidad de “limpiar esta institución de pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal”. Tras ello, Ndongo se encaró con un periodista al afearle este su actitud preguntándole en tono agresivo “tú quién eres” y espetándole “me la trae floja lo que tú puedas pensar”.

Ndongo, al igual que Vito Quiles, está siendo investigado desde hace meses por el Congreso por la supuesta comisión de varias infracciones recogidas en el reglamento de la Cámara, que fue modificado el pasado julio para intentar poner coto a las actitudes de estos activistas con el voto en contra de PP y Vox. Y a esas investigaciones se refirió Vidal durante la rueda de prensa, cuando explicó que la resolución de esos expedientes está “pendiente” de un informe jurídico de los letrados de la institución, algo necesario para tomar una decisión “de manera correcta, intachable y con toda la seguridad jurídica”, explicó. Una vez se entregue ese informe, “los miembros de la Mesa tendrán que tomar una decisión, y esperamos que esa decisión sea la de limpiar por fin esta institución de pseudoperiodistas”, planteó.

La portavoz aseguró que este tipo de agitadores acreditados como redactores son “sicarios políticos con mucha ayuda”, ya que “algunos les ponen el dinero público” para que operen. “Hemos visto cómo el PP ha destinado más de 600.000 euros de fondos públicos a este ecosistema de pseudoperiodistas que operan aquí en la Cámara con total impunidad, pagando una maquinaria que solo sirve para difundir odio, lodo, mentiras y bulos”, denunció Vidal, que acusó a los populares de “poner una alfombra roja” a estos activistas y de, incluso, “invertir” los roles cuando estos “agreden” y hacerlos pasar por “víctimas” en lugar de por “verdugos”. La semana pasada, Vito Quiles fue denunciado por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante lo cual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”.

En su artículo 98.6, el reglamento del Congreso califica como infracción “muy grave” la “falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso”, y concreta que “se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Para este tipo de infracciones de la máxima gravedad, el reglamento establece como sanción la suspensión de la credencial por un plazo de mínimo de tres meses y un máximo de tres años, pero también permite, “en su caso”, “la revocación definitiva de la credencial”.

No es la primera vez que Ndongo provoca un altercado en la sala de prensa del Congreso. Hace unos meses, el agitador ocasionó una bronca a gritos que interrumpió la comparecencia ante los medios de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, al saltarse a gritos el turno de palabra y ser reprendido por las responsables de prensa de la formación, que son quienes ordenan las preguntas de los redactores. Las faltas de respeto del activista son una constante también en sus redes sociales, donde no escatima en utilizar insultos machistas contra mujeres de la esfera pública.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Ece Temelkuran es escritora, periodista y una voz crítica frente al autoritarismo. En Cómo perder un país analizó la relación entre la vergüenza y el ascenso del fascismo; en Juntos defendió la fe —entendida como acción colectiva— frente a una esperanza pasiva. En su obra más reciente, La Nación de los extraños, que presentó en el CCCB de Barcelona, explora el exilio, la pérdida del hogar y la vida en un país ajeno, combinando pensamiento político y su memoria íntima.

Temelkuran escribe desde ese lugar incómodo entre el hogar y el viaje, entre la pertenencia y la huida, con una mirada forjada muy pronto —como ella misma cuenta— por figuras como Dirty Sally, una mujer mayor que encarnaba la independencia, el humor y la supervivencia.

Su trabajo no busca consolar, sino despertar, y plantea una pregunta urgente: cómo vivir, actuar y resistir cuando el mundo entero parece haber entrado en modo de supervivencia.

Se podría decir que La Nación de los extraños es un esfuerzo para que sus lectores se pongan en los zapatos de aquellos que se han quedado sin hogar. Entendiendo esa “privación del hogar” (unhomed) como una situación que va más allá de quedarse durmiendo en la calle.

Bien. Esa era la idea. Quiero que la gente reconozca cómo se vive sin tener un hogar, porque no reconocerlo les hace sentir agotados. Fingir, actuar como si todo fuera normal y como si hubiera algo mal en nosotros es agotador. Así que quiero que todo el mundo entienda que esta es la situación. Es realmente horrible. Pero la buena noticia es que estamos juntos en esto. Todos estamos en la misma situación. Así que, ya sabes, somos la mayoría. Disfruta de eso. Ya sabes, siente la alegría y el poder que eso conlleva.

Y todo el mundo es bienvenido en La Nación de los Extraños.

Sí. Bueno, me refiero a cualquiera que crea en el amor humano, la dignidad, la igualdad, la calidad y la libertad.

¿Cómo se siente después de que el fin de semana pasado se celebrara en Barcelona la movilización progresista mundial, la Global Progressive Mobilisation? ¿Cree que esta concentración, en la que participaron algunos de los principales líderes políticos de la izquierda a nivel internacional, le ha devuelto la esperanza en la lucha contra el fascismo?

No creo en la palabra “esperanza”. Pero sí que me renueva la fe, por supuesto, fe en la humanidad y en la política. Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición en Turquía, también estuvo en este congreso. Y la verdad es que está haciendo cosas extraordinarias en condiciones increíblemente difíciles en Turquía. Así que verlo recibido por Pedro Sánchez en Barcelona fue espectacular.

Estamos en un momento en el que tenemos que apoyarnos mutuamente. Y en ese sentido Pedro Sánchez está haciendo las cosas más atrevidas: como la regularización de las personas migrantes, el hecho de plantarle la cara a Trump y alzar la voz por Gaza. Creo que se ha convertido en una figura global y, ya sabes, el encuentro de estas dos figuras fue bastante importante. Puede ser el comienzo de algo, o eso espero.

¿Seguir apelando a la esperanza puede ser incluso una forma de inacción?

La esperanza es demasiado efímera. La esperanza es para quienes esperan, mientras que la fe es para quienes actúan. Y cuando estás en modo de supervivencia, como digo en Nación de extraños, no esperas a la esperanza. Simplemente haces lo que tienes que hacer. Y ahora la humanidad está en modo de supervivencia debido a la crisis climática, a las guerras, al fascismo, así que no hay lugar para esperar a la esperanza o pedirla. La esperanza es para principiantes.

Cuando estás en la lucha, no te preguntas si hay esperanza, sino que simplemente sacrificas todo lo que puedes para sobrevivir. Lo que ocurre ahora es que el mundo político aún no ha aceptado esta situación, pero los que estamos en los márgenes de la política, los extraños a la política, bueno, ellos saben que están ahí, ya sabes, que estamos ahí como seres humanos por varias razones.

Durante el acto, Pedro Sánchez afirmó que había llegado el fin de una era y que ahora es el momento de devolverles la vergüenza a ellos, que “la vergüenza ha cambiado de bando”. Usted habla precisamente de la vergüenza que siente como extraña en un mundo europeo civilizado. ¿Podría explicar un poco más por qué la vergüenza es un elemento tan central en los procesos de avance del fascismo?

La vergüenza es un concepto que está muy relacionado con el fascismo y la posverdad. Ahora cualquiera puede creer en cualquier cosa. La gente es libre de elegir en este bufé abierto de verdades. Trump, por ejemplo, cree que es el hombre más grande de la Tierra o los proBrexit creen que el Brexit hará que Inglaterra vuelva a ser grande. Vivimos en la era de la posverdad y eso solo es posible gracias a la pérdida de la vergüenza pública.

Hace veinte años, había cosas que dábamos por sentadas y contradecirlas nos daba demasiada vergüenza como para decirlas en público. No sólo en el ámbito político, sino también en el social. Pero esta pérdida de pudor ha abierto el camino a la política de la derecha y a la extrema derecha. Nos estamos acostumbrando a que se repitan discursos prácticamente nazis y quienes lo repiten no se avergüenzan de sí mismos, y tampoco hay suficiente presión pública para avergonzarlos.

Lo que dijo Pedro Sánchez es importante: hay que devolver esta vergüenza a sus dueños. Tienen que avergonzarse de lo que dicen. No puede ser que Jared Kushner haga una presentación en PowerPoint sobre Gaza convirtiéndola en la Riviera. Eso es extremadamente vergonzoso, y tiene que ser avergonzado por ello.

¿Por qué es necesario escuchar y aprender de los extraños?

Porque lo único que tenemos es el aquí y ahora, eso es lo que el mundo tiene que aprender de los extranjeros. El pasado es pasado. No hay vuelta atrás al antiguo orden mundial ni a la antigua política mundial. Sólo podemos actuar para reinventar el aquí y ahora, igual que las personas refugiados y migrantes que están construyendo sus hogares desde cero aquí y ahora, sin siquiera pensar en el futuro. Y no piensan en la derrota ni en la victoria, es algo que simplemente hacen, y creo que esto es algo de lo que la política también debería aprender de ellos. La política simplemente se hace.

No le gusta que te clasifiquen como exiliado porque eso refuerza la idea de que “Occidente es el mundo civilizado” y que el resto es un mundo de bárbaros.

Es una forma muy cruda de expresarlo. Es cierto que al fin y al cabo terminas viniendo aquí. Si eres una mujer y escritora no te vas a ir a Arabia Saudí y, personalmente estoy agradecida de estar relativamente a salvo en Europa. Lo que yo me retracto es en hacer esta distinción entre exiliado y refugiado, creo que hacerla es un problema. Y si estás en el exilio, y si eres intelectual, por supuesto que te dan el espacio, el escenario, el protagonismo y todo. Y luego los europeos esperan que cuentes tu historia y cómo huiste de los bárbaros y te lanzaste a los brazos de la civilización. Pero esto le da demasiado crédito a Europa, porque esa misma Europa está devolviendo a los refugiados al mar.

Por eso me niego a ser considerada como exiliada –aparte de que eso te obliga a aceptar que no vas a volver a casa– porque quiero poner el foco en los refugiados, en los vendedores del Louis Vuitton falsos que hay en la rambla. Tenemos que pararnos y escucharnos y preguntar. Seguramente no te van a contar nada, pero sus historias son muchísimo más interesantes y tienen muchas más cosas a aportar que la mía.

La pérdida de pudor ha abierto el camino a la política de la derecha y a la extrema derecha. Nos estamos acostumbrando a que se repitan discursos prácticamente nazis y quienes lo repiten no se avergüenzan de sí mismos.

¿Por qué nos cuesta tanto ver a los demás como parte de nosotros mismos?

Este es un problema ancestral que ha existido desde los inicios de la humanidad. El desconocido, el extranjero, siempre es alguien de quien hay que sospechar. Pero hay una distinción fundamental en como tratamos a las personas. O las tratas con miedo o las tratas con amor. Y desde tiempos inmemoriales nos han dicho que si las tratas con miedo, te proteges a ti mismo y estás a salvo, porque los seres humanos son intrínsecamente malvados.

Esta era una de las principales corrientes de pensamiento. La otra corriente principal nos dice que no, que tenemos que abrirles los brazos. Tenemos que tratarlos con amor porque, si tratas a las personas con amor humano, puedes transformarlas y entonces sabes que, pase lo que pase al final, será humano, puesto que son intrínsecamente buenos.

Y de estas dos comprensiones fundamentales de lo que es el ser humano se derivan el fascismo y el socialismo. Si eres socialista, si eres de izquierdas, tienes que asumir de forma inherente, tienes que aceptar que los seres humanos son buenos y que pueden ser mejores. Pero hoy en día el miedo y la hostilidad parecen estar ganando terreno debido a la política de extrema derecha. Y siempre es fácil provocar miedo. Y para responder a eso políticamente, tienes que ser lo suficientemente valiente como para decir que no, que amamos a los seres humanos y que creemos en ellos, en que son buenas personas y que han venido aquí para hacer cosas buenas.

Si el miedo era una emoción que había que gestionar para no alimentar el fascismo, ¿qué ocurre cuando ese miedo se convierte en terror cotidiano?

Las crisis cristalizan lo malo y lo bueno. Lo que ocurrió en Minneapolis, por ejemplo, es importante. Quiero decir que están pasando muchas cosas similares en diferentes partes del mundo, como en Minneapolis, pero pongo el ejemplo de Estados Unidos porque todo el mundo lo conoce.

La vida se basa en seguir adelante, en continuar. No importa si te derrotan, no importa si ganas, simplemente sigues adelante. Así que sí, quizá en este momento el miedo, el mal o el mal político pueden parecer fuertes, pero eso no significa que vayamos a dejar de ser buenos o, ya sabes, de defender nuestros propios ideales. Así que vamos a seguir adelante. Fin de la historia. Por eso tampoco creo en la esperanza. Porque, ¿y si hay esperanza? ¿Y si no hay esperanza? ¿Te detendrás? ¿Por qué haces esa pregunta entonces? No creo que tengamos que preguntarnos por la esperanza, sino actuar.

¿No es contradictorio hablar de consenso global y dignidad humana cuando las principales instituciones internacionales parecen haber perdido legitimidad y capacidad de representación?

Todavía hay demasiada gente que cree que vamos a volver a la normalidad. Que esto es un periodo pasajero. Gaza ha hecho ver a Europa que las Naciones Unidas es un proyecto “ilusorio” que no siempre funciona. Pero si le haces esta pregunta a un libanés en 2006 o a un iraquí en el Bagdad de 2001, ellos te dirían que las Naciones Unidas son inexistentes.

Sin embargo, esto no quita el hecho de que la ONU es una institución importante que se creó con un esfuerzo inmenso. Así que en vez de centrarnos en que las Naciones Unidas no sirven para nada, podemos tratar de convertir este naufragio en un arrecife. Podemos pensar en formas de convertir a las Naciones Unidas en unas verdaderas Naciones Unidas preguntándonos ¿Cómo podemos utilizar ese esqueleto de institución y darle más vida?

Esto ya es lo que está ocurriendo a un nivel inferior, a nivel político local: los alcaldes, los ayuntamientos, se están convirtiendo en arrecifes. La nueva política está pasando por la política local. Por eso los alcaldes están cobrando tanta importancia, como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York o Ekrem Mamolu, alcalde de Estambul, entre muchos otros más. Así que lo que está ocurriendo a nivel local podría replicarse también a nivel global. Tenemos suficiente energía política para reconstruir o renovar las Naciones Unidas. Es casi imposible, pero no es imposible.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que va a presentar una denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por una agresión a la salida de un bar. Fuentes cercanas a la mujer del jefe del Ejecutivo han confirmado a elDiario.es que se llevará a Quiles ante los tribunales por agresión al considerar que ha entrado “en un local privado” del que no le dejaba salir y califican lo ocurrido de “acoso”.

El agitador ha publicado un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ven las imágenes posteriores a la supuesta agresión y cómo Quiles continúa tratando de acercarse a la esposa de Sánchez.

Quiles tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el Congreso tiene abierto un expediente contra el agitador de extrema derecha y tiene pendiente tomar una decisión sobre su posible sanción, que puede acabar en la retirada de su acreditación de prensa hasta tres meses. Por otro lado, una jueza de Sevilla le acaba de procesar por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

No es la primera vez que Gómez es el objetivo de los ataques de la extrema derecha. El mes pasado, la agitadora ultra Pilar Baselga declaraba en un juicio por afirmar en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico.

En el juicio que se celebró en marzo contra ella por injurias y calumnias Baselga aseguró que se limitó a “comentar noticias publicadas”, que todo lo que dijo fue fruto “de la improvisación” y que, ahora con el tiempo transcurrido, considera que “el tono” que utilizó fue “inadecuado” si bien nunca buscó “ni injuriar ni calumniar a nadie”.

Asimismo, el juez Juan Carlos Peinado cerró hace un par de semanas la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propuso llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También propuso juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

Es cierto que vivimos en un mundo permanentemente acelerado, donde los acontecimientos se suceden con tal rapidez que apenas encontramos tiempo para detenernos, analizar y extraer conclusiones propias. El sosiego no es un atributo de la posmodernidad.

Las noticias nos abruman, generan un sentimiento social de impotencia procesal, de agobio permanente y, lo que es peor, de duda sobre su veracidad. Lo que ocurrió ayer parece ya una noticia del Neolítico. Lo de la semana pasada, de la Edad del Hielo. Lo de hace unos meses, algo del más allá. La inmediatez nos supera, la rapidez nos colapsa y este mundo avanza a un ritmo que desborda.

Hasta hace apenas tres años, Extremadura no estaba en el foco nacional. Siempre hubo noticias aisladas que saltaban a los medios estatales, pero eran eso: episodios puntuales. Hoy, sin embargo, Extremadura es foco nacional, y no precisamente por motivos positivos, beneficiosos o de interés general, sino por la decisión de la presidenta de la comunidad autónoma de pulsar el botón electoral y quedar aún más supeditada a la extrema derecha que antes del 21 de diciembre de 2025.

Guardiola quiso “hacer un Ayuso o un Moreno Bonilla” y terminó consiguiendo “un Alfonso Fernández Mañueco” en toda regla. Lo que en nuestra tierra llamamos “hacer un pan como unas tortas”. También decimos que “para esta merienda no necesitaba yo alforjas”.

Decidió entregar Extremadura al laboratorio político instalado en Génova y, en un alarde de arrogancia sin precedentes, aprovechó la debilidad del PSOE de Extremadura y creyó que los extremeños habían virado de repente hacia posiciones de derecha y extrema derecha. Pulsó el botón electoral y, como también decimos aquí, “la cosa le salió rana”. Hoy ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura “porque a Vox le ha dado la gana” y previo pago del peaje más caro de nuestra historia reciente en términos de principios y valores.

Puso a Extremadura en el foco nacional cuando defendió, a lo Juana de Arco, que no pactaría con Vox. Aumentó ese foco cuando pactó con Vox y se desdijo de todos sus principios. Lo multiplicó exponencialmente cuando, según este planteamiento, entregó la región al laboratorio nacional del PP. Y lo ha vuelto a multiplicar con la firma de un acuerdo de gobierno que incomoda incluso a los sectores más radicales del propio PP.

Estar en el foco nacional a veces es bueno; otras, un desastre descomunal para una tierra con millones de problemas reales que no figuran en la agenda de la presidenta de la Junta ni, mucho menos, en la del partido Vox.

Y ahora, presidenta, ¿cómo salimos del foco nacional?

Lo peor del debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura ha sido comprobar cómo Vox ha impuesto su discurso: un discurso de odio y exclusión hacia los diferentes, hacia los de fuera. Un discurso burdo, remedo del de Trump y de sus congéneres de la internacional ultraderechista —America first / Prioridad nacional; Servicio de Control de Inmigración ICE / Unidad Administrativa de Verificación del fraude prestacional, del padrón y la residencia; Expulsión de inmigrantes / Devolución de los menas— que culmina en la miserable supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte desde hace años en dos colegios públicos de Talayuela.

El discurso xenófobo y de odio de Vox —asumido por el PP en Extremadura y Aragón, y pronto en España— ya está teniendo consecuencias. “Stop a la invasión”, decía la pintada aparecida en Almendralejo en las paredes de la sede de la Fundación Ruy López, un espacio de convivencia, ayuda y aprendizaje, conocido por muchos vecinos y vecinas como un lugar de dignidad. ¿Invasión de quiénes? ¿De los centenares de rumanos —ciudadanos de la Unión Europea— que desde hace décadas viven en Almendralejo y sostienen las campañas de uva y aceituna en Tierra de Barros? ¿De las familias marroquíes asentadas desde hace años en Talayuela y Jaraíz de la Vera, gracias a las cuales se mantienen los cultivos de tabaco y pimiento en Campo Arañuelo y La Vera? ¿De las mujeres sudamericanas que cuidan y acompañan a nuestros mayores en pueblos y ciudades?

Después de reír, llorar y divertirse en el Anfiteatro Romano de Mérida —como reivindicó al salir del hemiciclo con su investidura bajo el brazo—, María Guardiola tendrá que aterrizar. Tal vez entonces reflexione sobre el “lío” (Juanma dixit) en el que se ha metido. Si no lo hace, más pronto que tarde se dará de bruces con la realidad: una realidad dura, con menos vídeos preciosos y más peleas con su socio, ese que invoca al Altísimo para decidir el diámetro de los aros y que, cuando Abascal lo ordene, devolverá a Guardiola a la casilla de la que intentó salir en octubre del año pasado.

El PP —Núñez Feijóo, Guardiola, Azcón, pronto Fernández Mañueco y seguramente Moreno Bonilla— ha claudicado y da alas a quienes no pretenden cogobernar, sino imponer una política que solo puede traer dolor y desgracias.

Resulta enternecedor ver a analistas actuales en los medios de comunicación intentando comprender lo que supone el concepto de prioridad nacional sin haber atendido mínimamente a los procesos y conformación de la extrema derecha española histórica y tener que mirar a países extranjeros para ver si pueden exportar la comprensión del concepto. Para quienes conocemos los partidos de la extrema derecha, el neofascismo y a los neonazis españoles el concepto de prioridad nacional en Vox y el PP es la lógica consecuencia de radicalización del espacio adoptando uno de los preceptos fundamentales de la extrema derecha en España. El “españoles primero”. Porque no, no es una novedad, es un tópico histórico del movimiento ultra y neonazi de la extrema derecha española de los años 90 y ahora el PP ha creído que es bueno para sus intereses exportar esa idea tóxica que se promulgaba en panfletos de nombre tan moderado como Ziklon B. 

“Gente de otro lugar que ocupa puestos de trabajo destinados a personas que habitan nuestro país y que por su culpa son enviados al paro obrero. Gente de diferente cultura que intenta endosarnos sus propias culturas tribales. En definitiva, gente que es culpable del envenenamiento de nuestra juventud”. Este párrafo podría salir del programa de Vox o de los acuerdos con el PP en Extremadura, pero sale de Ziklon B, un fanzine skinhead de los años 90 en los que el núcleo fundamental de su premisa era “los españoles primero”, es decir, la prioridad nacional. Habría que empezar a leer propaganda nazi de los noventa en España haciéndola pasar por argumentarios peperos a ver si la tertulianada reaccionaria sabría diferenciarla. 

La página web de Democracia Nacional también incluye en su disclaimer el lema de “los españoles primero”. Ese partido neonazi es una escisión de otro que se llamó Alianza por la Unidad Nacional (AUN) liderado por Ynestrillas y que contó entre sus filas en un puesto prominente liderando sus jóvenes a Kiko Méndez-Monasterio, el que ahora es gurú de Santiago Abascal cobrando un suntuoso sueldo y al que acusan todos los expulsados de Vox de controlar el partido. Ese partido, Alianza por la Unidad Nacional, fue uno de los primeros en poner en el foco la inmigración y la prioridad nacional como base ideológica de su construcción política. El partido neonazi en el que militaba Kiko Méndez-Monasterio había bebido de las ideas de la Nueva Derecha y el GRECE de Alain de Benoist que había fracasado en el Frente Nacional de España que modernizó Fuerza Nueva para huir del neofranquismo e intentar adaptarse a la nueva realidad europea que Jean-Marie Le Pen comandaba. 

A España la inmigración llegó más tarde que a Francia porque en nuestro vecino la existencia de colonias como Argelia había propiciado que tuvieran que lidiar con ese fenómeno mucho antes. Aquí comenzamos a ver procesos migratorios positivos cuando dejamos de ser país exportador de población y empezamos a recibir a finales de los años 80 los primeros migrantes de Guinea Ecuatorial y Marruecos. En Francia, como narra Didier Eribon en Regreso a Reims, ese proceso comenzó a provocar crisis racistas entre las clases populares que la extrema derecha identificó como una oportunidad, estableciendo ese concepto de prioridad nacional que el resto de los ultras europeos acabaran adaptando a sus propias realidades. 

Alberto Núñez Feijóo, como Santiago Abascal, que ni siquiera sabe definir lo que es ser español mandando a los periodistas a preguntar a la universidad porque él no es capaz, no tienen más ideología que aquella que les permita seguir viviendo del erario público, por eso es incapaz de conocer cuál es el estrato ideológico del que nacen sus propuestas. Pero Kiko Méndez-Monasterio sí lo sabe. Lo que durante muchos años propuso en partidos marginales como Alianza por la Unidad Nacional y nunca tuvo oportunidad de trasladar al debate público y ni soñó hacerlo en políticas públicas, ahora tiene la capacidad para proponerlo en Vox y que se lo trague el PP. 

Un relato sesgado sobre el pasado de España se está abriendo paso en la industria editorial. Es lo que concluye un estudio recién publicado que analiza el auge en los últimos años de la publicación de libros que reproducen una visión de la historia acorde con la ultraderecha. El artículo apunta a un proceso de “desprofesionalización académica” y a un aumento de obras que no siguen las metodologías propias de la historiografía, pero que se presentan como rigurosas. “La extrema derecha ha vuelto a traer al debate público interpretaciones sobrepasadas por los historiadores”, señala.

No es algo que se circunscriba solo a los discursos de líderes políticos o sus canales afines, sino que el revisionismo cala cada vez más en la divulgación histórica. El estudio, publicado en el último número de la revista Historia Actual, destaca cómo estos relatos glorifican episodios como el Imperio o la Reconquista al tiempo que relativizan otros para hacerlos encajar en lo que algunos autores ya han calificado de “populismo historiográfico”. El artículo concluye que “buena parte” de los libros publicados “reproducen” interpretaciones que “no nacen de los resultados de la investigación científica”, sino de las “necesidades políticas del nacionalismo español”.

La investigación, firmada por Pablo Molejón y Julio Iglesias Doval, ha analizado la autoría de los 607 libros publicados entre 2010 y 2024 en la sección de historia de cuatro editoriales –Planeta, Espasa, La Esfera de los Libros y Taurus– para concluir que menos de la mitad, el 42,6%, han sido escritos por historiadores, una “señal”, según sostienen los autores, de “desprofesionalización” del campo. Son esas cuatro editoriales y no otras porque son las generalistas con mayores colecciones de historia, tras excluir otras más pequeñas y especializadas.

Según su análisis, el peso total de quienes se dedican a la historia en el conjunto de autorías de libros ha ido cayendo con el paso de los años, eso a pesar de que son la profesión que más escribe este tipo de obras: aún así, les siguen de cerca los periodistas y el resto de autores se reparten entre dedicaciones muy variadas, desde biólogos y químicos a economistas, arquitectos o militares. Dividiendo por años las autorías, si en 2010 los historiadores representaban el 70% del total de escritores en las cuatro editoriales, en 2023 suponían un 35,3%. Esto, pese a leves fluctuaciones, es una tendencia sostenida en el tiempo.

Por editoriales, la distribución varía y el estudio ha encontrado que La Esfera de los Libros, identificada como “más conservadora” por los autores, tiende a publicar menos libros escritos por historiadores –estos representan el 40% del total– mientras que en el caso de Taurus, un sello que el trabajo asocia a un “corte más de centroizquierda” opta más por ellos, alcanzando el 73% de los libros.

No son datos banales para los investigadores, para los que la autoría es un “primer caldo de cultivo” de la difusión de relatos sin respaldo científico como investigaciones rigurosas. Aceptan, eso sí, que la clasificación “puede ser problemática” porque reconocen que se han hecho “grandes contribuciones” a la historia desde otras disciplinas, pero también apelan a la “práctica académica y el método científico” de la profesión como algo importante, esgrime Molejón, autor principal e investigador en la Institución Milá y Fontanals del CSIC.

Más allá de la autoría de las publicaciones, el trabajo ha buceado en el contenido de algunos libros atribuidos a este “populismo historiográfico” del que habla el artículo. Y señalan otro elemento de esta tendencia: el “desprecio” a los historiadores, a quienes en muchos casos hay autores que acusan de ser “activistas”, “guardianes de lo políticamente correcto”, estar dominados por la “izquierda woke” u “obedecer a una agenda política” concreta, como afirma el arquitecto Javier Rubio Donzé en su libro España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos. Un fenómeno, el de dudar y desacreditar sistemáticamente a las voces de autoridad, que está en auge.

“Junto a estos argumentos, presentan sus relatos como los verdaderos y todas las pruebas que los investigadores profesionales puedan aportar quedan automáticamente invalidadas por proceder de esa academia que previamente han denostado”, escriben los investigadores, que ponen el foco en cómo “el desprecio” a la profesión es “un elemento común” de estos discursos y un “recurso habitual y necesario” para apuntalarlos: “Si todo el mundo puede ser historiador, todos los relatos sobre el pasado son igual de válidos, con independencia de la metodología y fuentes empleadas”.

Fuentes escasas y anticientíficas

En este sentido, el trabajo hace referencia al “nulo rigor metodológico” como rasgo de este revisionismo histórico: los autores suelen escribir libros sobre “temáticas muy amplias y complejas” pero usando bibliografía escasa y 'a la carta', formada, sobre todo, por ensayos y manuales y “baja presencia” de artículos científicos, “predominio de autores no profesionales” y obras no recientes, en muchos casos “desechadas por la historiografía seria”. Además, apenas hay notas a pie de página ni fuentes de archivo. “Esto permite construir un relato de los acontecimientos sencillo y vender un relato parcial presentándolo como general y desechando lo que no encaje con su discurso nacionalista”, escriben.

El estudio señala que los libros siguen siendo una forma preponderante de difusión del conocimiento histórico y, de hecho, las cuatro editoriales analizadas han aumentado la publicación de obras de historia en los últimos años. En todas, es la Historia Contemporánea la que tiene más presencia, pero no es así entre los autores que la investigación ha analizado como “difusores” de “mitos nacionalistas”: “Esta narrativa suele destacar los periodos históricos que más le convienen a la hora de diseñar su relato, mientras que pasa por alto épocas o momentos que no casan tan bien”.

Por eso, las áreas más empleadas no son la Guerra Civil o el franquismo, que los autores describen como “un pasado verdaderamente incómodo para la derecha” –al menos, en estas editoriales generalistas–, sino la Edad Media y la Edad Moderna, en las que se concentran distintos hechos que “definen qué es y qué debería ser España”. Son la Reconquista con base en la idea de que la nación es producto de “una lucha incansable contra el Islam” y, sin la cual, “no se entendería la nación española”; también la conquista de América “desde una perspectiva glorificadora” o el relato de “las grandes gestas del Imperio español”, han observado los investigadores en títulos como Hispanos, de Fernando Díaz Villanueva, La Reconquista y España, de Pío Moa o Fake News del Imperio Español, de Javier Santamarta del Pozo.

Pablo Molejón explica que los contenidos suelen partir de “una simplificación del pasado extrema” a pesar de que la historiografía “ha demostrado” la complejidad de estos procesos. “Presentan, por ejemplo, una imagen del Imperio español idílica y universal, basada en valores tradicionales y católicos, pero esto tiene carencias como la minimización de la esclavitud”, señala el historiador, que cree que estos discursos “proceden de corrientes políticas que necesitan construir un pasado glorioso al que volver y del que sentirse orgullosos para, en definitiva, poder proyectar lo que quieren para el presente”.

“Nosotros, los españoles”

Hay dos recursos que destacan por encima del resto: uno es “mito de la excepcionalidad española”, que consiste en presentar la historia del país como superior y única frente al resto del mundo. Esta fue ya una herramienta usada durante el franquismo para la “construcción de la identidad nacional”, pero “no es cierto, España no es tan excepcional y nunca lo fue, solo hace falta enfoque comparativo”, apunta Julio Iglesias Doval, estudiante de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Pese a ello no son pocos los autores que llenan las páginas de referencias como “caso único en la historia de la civilización”, “lo nunca visto”, “un hecho insólito” o algo “absolutamente único en la humanidad”, como hace José Javier Esparza, periodista y director de El gato al agua, en Te voy a contar tu historia (La Esfera de los Libros).

El autor es uno de los más prolíficos del campo y con la trilogía La Reconquista (La Esfera de los Libros) ha vendido decenas de miles de ejemplares. En el estudio, Esparza aparece también como otro de los ejemplos paradigmáticos de otro recurso identificado y que tiene que ver con explicar épocas pasadas usando ideas políticas actuales con el objetivo de “plantear la existencia de una continuidad histórica y política entre las personas del pasado y el presente” bajo el “anacronismo estrella” de “nosotros, los españoles”. La idea es hacer sentir partícipe al lector de una historia heroica de la que sentirse orgulloso como una forma de “intentar que España siga viva” en vista de que “puede dejar de existir” o “está en peligro de muerte”, como dice Marcelo Gullo en Nada por lo que pedir perdón.

Todo ello sirve a los firmantes del trabajo para concluir que este fenómeno, que reproduce relatos que “no siempre están en consonancia con el consenso académico y científico”, tiene por objetivo el uso de la historia “como arma política” y como efecto, “una ola de desinformación creciente y preocupante”.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

“Estarán de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las ayudas destinadas a las mujeres francesas, que solo tienen dos hijos, en lugar de animar a las mujeres extranjeras a tener, en nuestro territorio, tres, cuatro, cinco o seis hijos”, explicaba Jean-Marie Le Pen en octubre de 1985 en la emisión política francesa L'Heure de vérité. “Por eso, el Frente Nacional propone que los servicios sociales se separen entre franceses y extranjeros”. Eran los primeros días de uno de los pilares ideológicos y obsesión de la extrema derecha francesa, basada en la discriminación y en la nacionalidad en lugar de la ciudadanía, que hasta entonces había estado en el centro del Estado de bienestar.

En ese mismo 1985, la expresión “preferencia nacional” entró de lleno en el debate político francés. Era el título de un libro —con el subtítulo 'respuesta a la inmigración'— cuyo autor principal era Jean-Yves Le Gallou, político de un pequeño partido conservador, que poco después pasaría a las filas del Frente Nacional y que hoy forma parte del entorno de Éric Zemmour en la formación ultra Reconquista.

Más de diez años antes, el Frente Nacional había sido fundado por varios grupos de distintas tendencias de la extrema derecha francesa —entre los que se encontraban los neonazis de Ordre Nouveau—, con el objetivo de salir de la marginalidad política y electoral. Su primer ideólogo, François Duprat, aconsejó basar la retórica antiinmigración no en discursos de odio, sino en “argumentos de carácter racional, social y político”.

En esa misma línea, cuando a mediados de los años 80 apareció el concepto de preferencia nacional, la idea sedujo a Le Pen hasta tal punto que lo convirtió en estrategia electoral y en el cimiento ideológico del partido. “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas”, ilustraba Le Pen en otra intervención televisiva. Cuatro décadas después, el Partido Popular ha comprado ese mismo marco a Vox, llevándolo incluso a acuerdos de investidura con intención de aplicarlos en Aragón y Extremadura.

También en 1985 Le Pen publica su propio libro titulado Los franceses primero (Les français d'abord), en el que retomaba por primera vez la misma expresión que, desde entonces, estaría presente en todas las campañas electorales de la formación. Cuando su hija tomó las riendas del partido, en 2011, inició un proceso de normalización con el que trató de eliminar los discursos racistas más flagrantes (para ello tuvo que expulsar a su padre) y convencer a los votantes que la formación podría ser un verdadero partido de gobierno y no sólo un vehículo de voto protesta.

No obstante, el concepto de preferencia nacional fue uno de los elementos que Marine Le Pen decidió conservar, con un ligero cambio: pasó a ser prioridad nacional. El concepto se convirtió así en el marcador de estabilidad ideológica del lepenismo, pese a los cambios impuestos por su nueva presidenta. “Mi filosofía es la siguiente: los extranjeros que quieran venir a nuestro territorio tendrán que valerse por sí mismos”, declaraba Le Pen en 2013.

“Patriotismo social”

Los expertos en demoscopia señalan que el rechazo a la inmigración es el principal factor que agrupa a los votantes del partido de extrema derecha francesa. Si en la población francesa un importante porcentaje considera que “hay demasiados inmigrantes en Francia” (en torno a un 60%), el dato es abrumador entre los votantes de RN, llegando al 94% en algunas encuestas. “Marine Le Pen ha demostrado su capacidad para adaptarse, pero, en el fondo, la línea política del Frente Nacional sigue siendo identitaria, nacionalista, soberanista y antisistema”, resumía el politólogo especialista en la derecha Jean-Yves Camus, en declaraciones al diario L’Humanité. “Porque esa es la razón de ser de este partido; si renuncia a eso, no es nada”.

En el programa de Marine Le Pen para las últimas elecciones presidenciales, la prioridad nacional tenía un lugar destacado. Le Pen considera que debe aplicarse para el acceso a la vivienda social o al empleo. Invocando un “patriotismo social”, las prestaciones deben ser asignadas en función de la nacionalidad del receptor: las prestaciones “de solidaridad” estarían condicionadas a 5 años de trabajo en Francia para los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Cuando Jean-Yves Le Gallou creó el concepto de preferencia nacional hace 40 años, iba a contracorriente de la mayoría de los regímenes de protección social europeos que se habían construido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los llamados sistemas “universalistas” –que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon considera que son “indisociables del fortalecimiento del vínculo cívico provocado por las dos grandes guerras del siglo”– se habían basado en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado.

Una tendencia reforzada en las décadas posteriores por diferentes acuerdos internacionales y por distintas sentencias judiciales. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. A diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el sistema del bienestar se amplió a los extranjeros, que de hecho estaban excluidos de todas las prestaciones a pesar de haber contribuido a muchas de ellas a través de los impuestos. Pero para el RN la filosofía universalista es “injusta”, en palabras de su actual presidente, Jordan Bardella. La lucha contra la inmigración constituye hoy una “gran urgencia” para Francia, que “debe dejar de ser una ventanilla social para la inmigración de todo el mundo”.

Corriente internacional

Si bien el concepto de prioridad nacional ha tenido un largo recorrido en Francia, discursos similares hostiles respecto a la inmigración han proliferado en muchos otros países y han acabado dando lugar a sistemas de preferencia nacional más o menos marcados.

Muchos sociólogos y politólogos relacionan la idea con la corriente del “nativismo”, un concepto anglosajón muy popular en una parte del movimiento MAGA de Estados Unidos, que alía el nacionalismo y la xenofobia; o con la idea de un “welfare chauvinism” [chovinismo del bienestar], que surge en los años 1980-1990 en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en una parte de los socialdemócratas.

En Francia, la creciente obsesión política en torno a la inmigración ha provocado otro fenómeno: ante la imposibilidad legal de aplicar la prioridad nacional, contraria al derecho francés e internacional, la derecha y la extrema derecha han multiplicado las iniciativas para modificar la legislación que recoge los requisitos de duración de la estancia.

Así, poco a poco, nuevas barreras han ido limitando en Francia el acceso de los extranjeros a la protección social y, en ocasiones, a las condiciones de regularización. “La vieja promesa discriminatoria de la extrema derecha puede adoptar formas encubiertas, sobre todo a través de requisitos de antigüedad de residencia legal cada vez más desmesurados”, señalan los investigadores de la Universidad de Nanterre Lola Isidro y Antoine Math en una nota sobre la prioridad nacional. “Este tipo de exageración es claramente xenófoba, ya que el requisito de la antigüedad de la residencia legal, al igual que la nacionalidad, cumple una función de exclusión”.

La Justicia, en contra

Esta tendencia desembocó en enero de 2024 en la aprobación de una ley sobre inmigración particularmente represiva, escrita en gran medida por la derecha de Los Republicanos (cuyo presidente, Bruno Retailleau, ha adoptado los postulados de la extrema derecha) y aprobada con los votos de Agrupación Nacional. El texto exigía una ampliación a 5 años de residencia o una afiliación por actividad profesional de al menos 30 meses para poder acceder a ayudas familiares, escolares o vivienda.

Su aprobación —también con una parte de votos del partido del presidente Emmanuel Macron— provocó indignación en la izquierda, en las asociaciones ciudadanas y el mundo académico. El coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que se habían “traspasado líneas rojas fundamentales; las posiciones que la extrema derecha francesa lleva defendiendo desde hace 50 años son ahora las que defiende el Gobierno”. Marine Le Pen, por su parte, se felicitó por lo que consideraba una “victoria ideológica”.

El texto fue ampliamente censurado por el Consejo Constitucional debido a cuestiones de procedimiento. Pero, además, la institución señaló que supeditar el derecho a las prestaciones sociales a estancias tan prolongadas supone una “vulneración desproporcionada” de los requisitos constitucionales. En la misma línea, unos días después, el entonces presidente de la institución, Laurent Fabius, señalaba que “la prioridad nacional, aplicada de forma sistemática, es inconstitucional”.

Más tarde, el mismo Consejo Constitucional, consultado sobre una propuesta de referéndum de iniciativa compartida presentado también por Los Republicanos —que retomaba esa misma ley de inmigración para someterla a consulta— la declaró anticonstitucional (la inmigración no es uno de los temas fijados como posible sujeto de consulta).

Pero a pesar de las decisiones del Consejo Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marine Le Pen y Jordan Bardella continúan repitiendo su intención de instaurar un sistema de prioridad nacional si llegan al poder.  Y aseguran que, en caso de conflicto con el Consejo Constitucional, propondrán una revisión de la Constitución y un referéndum sobre la cuestión. Así, a un año de la próxima elección presidencial en Francia, el partido que lidera los sondeos (RN) plantea la posibilidad de un choque de legitimidades entre la Presidencia y las instituciones garantes de la legalidad. 

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha desmentido a Vox y ha asegurado que solo aquellas ONG condenadas judicialmente por “colaborar con mafias que trafican con personas” serán excluidas de las ayudas públicas, tal y como aseguraron este fin de semana los dos principales negociadores del partido de extrema derecha, quienes alentaron que incluso organizaciones como Cáritas perderán sus subvenciones. “El texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a organizaciones que colaboren en la inmigración ilegal”, ha replicado Tellado. “Ningún extranjero que viva aquí legalmente” será “discriminado frente a un español de nacimiento”, ha zanjado.

Tellado ha asegurado que la medida, acordado con Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura, es “idéntica” a otras que se incluyeron en 2023 en Aragón o Islas Baleares, o en 2025 en las negociaciones presupuestarias en Murcia o la Comunidad Valenciana. El 'número dos' del PP ha planteado que “en ningún caso se ha acabado con la labor humanitaria ni se ha dejado de colaborar” con esas organizaciones.

“Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo porque no les va a afectar”, ha concretado Tellado, que replica así expresamente a José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, dirigentes de Vox que este fin de semana dijeron en 'El País': “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”.

El secretario general del PP también ha matizado la idea de “prioridad nacional” firmada con Vox como parte de los criterios para que las personas accedan a los servicios públicos. Tellado ha asegurado que se regirán por “criterios como la vinculación con el país, el arraigo o la contribución al país durante años”.

“Ningún extranjero” discriminado

Tellado se ha felicitado por el acuerdo, en el que él mismo participó, porque dará “estabilidad durante los cuatro años que dure la legislatura” y “garantiza cuatro años de presupuestos”. “Qué divertido está siendo ver rabiar a toda la izquierda por el acuerdo y hablar de cesiones”, ha ironizado.

“Serán criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio”, ha añadido Tellado, quien ha zanjado: “Ningún extranjero que viva aquí legalmente será discriminado frente a un español de nacimiento”.

Tellado ha salido así al paso del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien esta mañana ha defendido la idea de “prioridad nacional” esgrimida por su partido y recogida en su acuerdo con el PP en Extremadura como un “principio irrenunciable”.

“Los españoles, primero”, ha repetido, como ya han hecho otros dirigentes de ultraderecha en los últimos días. Aunque Vox habla en sus declaraciones públicas de prioridad para los “españoles” eso, en este momento, no es posible porque es contrario a la legislación.

En el documento de PP-Vox, de hecho, aunque dice que se inspirará en el principio de “prioridad nacional”, lo que se recoge es priorizar a quienes tengan “un arraigo verificable y duradero en el territorio”. Lo enmarcan, en el caso de la vivienda, en “mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler”. Preguntado por ese escollo legal, Fúster solo ha replicado que las autonomías “tienen enorme capacidad para aplicar criterios propios” y “ciertos baremos” para las ayudas. “Lo van a ver ustedes en las próximas semanas”, se ha limitado a decir.

A la idea de “arraigo” se aferra el PP para insistir en que no hay nada “ilegal”: “Vamos a potenciar el arraigo en Extremadura porque queremos que la gente se quede en Extremadura”, ha dicho el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha subrayado que “no hay nada ilegal como están intentando vender”. “No excluye a nadie, no habla de nacionalidades”, sino que “prioriza y fomenta un arraigo duradero y verificable, como ya hacen otras administraciones”, asegura.

Precisamente el documento pactado menciona reformar la ley de extranjería porque es lo que impide la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Esa legislación blinda que los extranjeros residentes en España tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles, igual que con los servicios y las prestaciones sociales.

Preguntado por las discrepancias con lo que dice el PP, Fúster ha replicado que ellos han pactado con el partido en Extremadura. “El PP de Extremadura está completmanete de acuerdo. Esto es lo que hay. Si algún otro quiere dinamitar el acuerdo le rogaríamos que no destruyan la posibilidad de una alternativa”, ha afirmado.

Fúster también ha insistido en que Extremadura no acogerá a “ni un mena más”. El Gobierno ha advertido ya de que es “incumplir la ley”. “Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado”, replicó Rego la semana pasada.

Críticos y excargos de Vox se reunirán el próximo 20 de junio en Madrid para analizar la situación y diseñar la “construcción de una alternativa” a la formación, a la que acusan de cambiar su rumbo “alineándose con posiciones totalitarias” y “purgando su mejor capital humano”.

El encuentro estará encabezado por Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox en 2014. “Doce años después la situación en España es crítica bajo la presidencia de Sánchez y Vox ha cambiado su rumbo alineándose con posiciones totalitarias, purgando su mejor capital humano, situándose al servicio de intereses espurios y haciendo del PP su enemigo a batir”, señalan los críticos de Vox, que promovieron el año pasado la 'Declaración de Barajas'.

Ese documento se aprobó en un cónclave el pasado 22 de febrero de 2025 por un centenar de cargos y excargos de Vox críticos con la Ejecutiva nacional para reivindicar una refundación de la organización.

Este cambio de Vox, según este grupo, sitúa a España ante el “serio riesgo” de que Sánchez pueda seguir en la presidencia tras las próximas elecciones generales de 2027. “Somos muchos quienes seguimos apostando por los valores del Manifiesto Fundacional de Vox y no nos resignamos a contemplar su deriva perjudicial para los intereses de España”, afirman.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es seguidor de un pastor nacionalista cristiano que sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto. No es una afiliación superficial, Hegseth llegó a compartir en sus redes sociales el año pasado un vídeo en el que ese pastor defendía abiertamente esa idea. El secretario de Defensa, por supuesto, no es el único partidario de Trump en sugerir que lo de votar hay que dejarlo en manos de gente preparada, es decir, de los hombres. También lo hizo, por ejemplo, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 y exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca de Trump. O Paul Ingrassia, a quien Trump nominó para dirigir la Oficina del Asesor Especial, sugirió derogar el voto femenino en un podcast. 

Lo que esta panda defiende es el voto familiar. Es decir, un voto por hogar. Pero, por supuesto, ese voto correspondería al marido y no a la mujer porque los hombres, opinan, ostentan la máxima autoridad familiar. La razón detrás de toda esta corriente puede estar en el hecho de que los hombres son más propensos a votar por la derecha que las mujeres. También hay quien tiene esta convicción por razones religiosas, una especie de mandato bíblico. Pero también están los influencers y podcasters del ala ultraconservadora estadounidense que llevan meses normalizando la idea de derogar la Decimonovena Enmienda por pura misoginia. Sin medias tintas, son tipos que odian y desprecian a las mujeres, nos presentan como parásitas, y creen y esperan que volvamos a estar subordinadas a ellos. 

“¿Por qué excluir a las mujeres? Porque su delicadeza las hace inadecuadas para la práctica y la experiencia en los grandes asuntos de la vida, las arduas empresas de la guerra y las exigentes responsabilidades del Estado. Además, su atención está tan centrada en la crianza de sus hijos que la naturaleza las ha dotado de mayor aptitud para las tareas domésticas. Y los niños no tienen juicio ni voluntad propios…”. Esto le escribía John Adams a James Sullivan el 26 de mayo de 1776. Doscientos cincuenta años después, estamos volviendo a esto, a ese ideal de mujeres sumisas, delicadas, esposas tradicionales, amas de casa entregadas, sin voz ni voto. 

Ni siquiera hace falta que se ponga en práctica, el simple hecho de que esta idea vuelva a circular ya es aterrador. Aunque no se llegue a ese escenario (legislativamente sería bastante complejo), la convicción ya está flotando, el derecho de las mujeres a votar ya está siendo cuestionado. 

El sufragio universal no es negociable sin vaciar la propia idea de democracia. Pero esto es lo que esta gente —que se permite el lujo de ir por el mundo dando lecciones, por cierto— entiende por democracia, un sistema en el que el voto sea de ellos. Las ideas más repulsivas de los misóginos más extremos de Internet se están difundiendo ante nuestros propios ojos desde despachos de la Casa Blanca por otros misóginos. Estamos a un susto de dejar sin ficción a Margaret Atwood.  

La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros. 

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales. 

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio. 

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es un territorio con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población. 

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe. 

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia. 

El autoritarismo empieza a supurar en las sociedades democráticas cuando los ciudadanos perciben que el relato de convivencia y progreso no se compadece con su realidad vital, según la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado ante la quincena de mandatarios internacionales que acudieron a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. “Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio”, ha advertido Sánchez.

Sentado ante la quincena de dirigentes internacionales que acudieron —entre ellos los de Brasil, México, Colombia y Sudáfrica—, Sánchez empezó su discurso evocando la imagen del vecino que ve un incidente en la calle y decide bajar a la calle a intervenir, en lugar de quedarse mirando por la ventana. “La preocupación hace observar, la responsabilidad hace actuar”, ha apuntado.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha indicado Sánchez, que ha advertido de que el gran riesgo de las sociedades modernas es que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera”.

Para poner coto a la situación y responder al empuje de la internacional ultraderechista, los líderes reunidos quieren dar estabilidad al formato tras una reunión en la que se debatió en torno a tres ejes principales: el multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad, elementos necesarios para resistir al arreón ultra. “La respuesta no puede ser meramente defensiva”, ha defendido Sánchez. “Tenemos que demostrar que se fortalece día a día”, ha insistido.

Multilateralismo frente a la ley de la selva

“Sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI”, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en su propuesta de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer.

Otra de las ideas compartidas es acabar con la mentira descarnada en redes sociales, que España ya trata de regular con las últimas reformas legales en marcha. “No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades y la conversación pública en nuestros países. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y mensajes violentos, o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático”, ha señalado.

La grieta del extremismo

“Además de injusta, la desigualdad no es compatible con democracias sanas y fuertes. Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad”, ha reflexionado el presidente. “Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio. Nuestra agenda democrática es también por la justicia social, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la paticipación de jóvenes, la igualdad de género y por sociedades más inclusivas”, ha dicho.

Sánchez elogió, en ese sentido, iniciativas como la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que en la reunión del G20 en su país del año pasado planteó un Panel internacional sobre Desigualdad, así como el Observatorio Multilateral de Juventudes contra el Extremismo que salió de la segunda de las reuniones con el formato de la actual.

“Lo que nos une es más que un diagnóstico, es una visión. Nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder a demandas de nuestro tiempo [...] Debemos hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con más justicia”, terminó.

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith, tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, solo le quedará explotar la vía judicial.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una “infracción muy grave” tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, “es lo legítimo” y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión. Aunque en ese momento reconoció que no iba “a servir para nada” tal recurso, Ortega Smith ya anticipó en marzo que acudiría también a los tribunales. “Me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme”, adelantó el todavía concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que ve su expulsión como “una purga peor que las de Stalin”.

Además, el diputado ha anunciado que seguirá alargando el proceso judicial y volverá a llevar ante la Justicia su “arbitraria” expulsión de Vox. En su cuenta en la red social X, Ortega Smith ha apuntado que su expulsión definitiva es “ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente”.

La decisión de acudir a los tribunales podría dilatar su retirada de la Portavocía del grupo municipal en la capital y evitar 'de facto' que Arantxa Cabello, la sustituta elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

Igualmente, el exportavoz ya denunció el mes pasado a su antigua formación ante la Agencia Española de Protección de Datos tras su expediente de expulsión por “una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador”.

Por su parte, Vox Madrid defendió la expulsión de Ortega Smith como una forma de “preservar la coherencia”, arguyendo que se ejecutó “conforme a los estatutos, con total normalidad y garantías”. “Nadie está por encima del proyecto común ni de las decisiones adoptadas democráticamente por los órganos del partido”, señalaron entonces desde la formación.

Vendas protectoras de manos con los colores de la rojigualda, guantes de boxeo y sesiones de sparring con la bandera de España y la de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala de fondo, más sesiones de press banca y sentadillas. Este es el escenario donde Vox ha encontrado un recambio para Revuelta, la organización juvenil que ahora se encuentra bajo sospecha, entre acusaciones de haberse quedado con unos fondos captados que, supuestamente, iban dirigidos a ayudar a los afectados por la dana.

Su nuevo referente juvenil es Reconquista, una entidad que inició su andadura el 9 de octubre de 2023 en Catalunya con una sugerente publicación en Instagram: “Muy pronto tendréis novedades”, anunciaban crípticamente. Doce días antes, el 28 de septiembre, se presentaba en sociedad la ya mencionada Revuelta.

Misma imagen, la denominación del colectivo junto a un “próximamente” y mismo pie de foto: “Muy pronto tendréis novedades”, y el nombre de la entidad enmarcado en un hashtag con el icono de la llama al lado. Actualmente, Revuelta opera de forma independiente de Vox, tras una cruda polémica entre sus líderes, mientras que Reconquista parece haber ocupado su rol, al menos en el ámbito catalán.

Reconquista ya reconocía cuatro meses después de su creación que uno de los ejes de su colectivo sería la “autodefensa”. El 20 de abril de 2024 anunciaba su primer seminario de artes marciales, al que llamó Jornadas Atilio, en honor a Marco Atilio Régulo, un general romano que, dice la leyenda, murió torturado bajo cautiverio en la primera guerra púnica.

A partir de entonces, este tipo de eventos empezaron a ser regulares: un seminario de boxeo en junio de 2024, otro de boxeo tailandés el 5 de abril de 2025, de wrestling el 26 de abril del mismo año, de kick boxing el 1 de mayo, seminarios de fuerza y lucha en julio y noviembre y otro de boxeo avanzado en enero de 2026, junto a más entrenos de lucha y fuerza en febrero y marzo del año presente.

Relevo generacional

Los jóvenes de Reconquista no transitan solos este camino. En febrero de 2019 se presentó en un gimnasio de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) el grupo de entrenamiento marcial Prima Bellatrix, que agrupaba a una parte significativa de la escena neonazi catalana. Este colectivo llevaba a cabo prácticas muy parecidas a las de Reconquista: seminarios de artes marciales y de fuerza, pero también excursiones y salidas culturales.

La asociación precedente a la que hoy opera codo con codo con Vox surgió tras la estancia del catalán Christian T. R. en Rusia, país en el que, en septiembre de 2018, entró en contacto con los impulsores del Programa de Entreno Padre Invierno (PPDM, por sus siglas en ruso).

PPDM fue una organización, ya disuelta, que aunó a individuos procedentes del área neofascista rusa, algunos de ellos de organizaciones implicadas en la decapitación de migrantes centroasiáticos, con el objetivo de ampliar los conocimientos en artes marciales y manejo de armas entre militantes afines de toda Europa.

Cuando Christian se encontró con ellos, también estaba ahí Thomas Gerlach, líder de la organización neonazi Hammerskin en Alemania e investigado por sus supuestos vínculos con el grupo terrorista NSU, tal y como atestiguan fotografías del suceso tomadas en la Plaza Roja de Moscú.

En los vídeos colgados por la propia Reconquista, se puede comprobar cómo de estas sesiones de entrenamiento también participa Jordà G. F., un militante ultracatólico implicado en la afición radical del F.C. Barcelona, vocalista de la banda Los Guripas y propietario de la marca de ropa Agnus Dei Cultwear. Jordà fue detenido en 2008 tras protagonizar una agresión contra varios aficionados del Reus Deportiu en la final de la Copa de Europa de hockey, y tuvo un papel relevante en Prima Bellatrix.

Otros invitados han sido el luchador Alejandro Rodríguez, alias “Hispano”, o el levantador de pesas César Agüera, a su vez portavoz de Núcleo Nacional (NN) en Catalunya y anfitrión del evento en el que participó Rodríguez, para el que ofreció su gimnasio.

Conexión con Vox

Prácticamente desde sus inicios, Reconquista ha llevado a cabo eventos de todo tipo junto a grupos de la órbita de Vox. Además de la ya mentada Revuelta, esta organización juvenil ha compartido cartel con Estudiants pel Canvi (EPC) o el sindicato Solidaridad. EPC está presidida por Santiago Acosta Gallego, concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en Sentmenat (Barcelona).

Asimismo, Fernando Villalba Albaladejo, portavoz en sede parlamentaria de EPC en varias ocasiones, aparece en el vídeo del seminario del “Hispano”, en el gimnasio de Agüera, y en varias fotos que atestiguan su peregrinación a la Virgen de Covadonga, de la que también participó Jordà G.

Villalba fue ratificado como asistente de tipo 1 del grupo parlamentario de Vox en Catalunya con efectos desde el 27 de junio de 2024. Este joven militante de Vox se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona y cursó másteres en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de Liderazgo y Gobierno por el ISSEP de Madrid, un centro creado por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Su categoría le exige llevar a cabo tareas de asesoramiento legislativo, de análisis político y de coordinación entre el grupo que lo emplea y el resto de partidos.

Antes de la ruptura con Vox, Fernando Villalba también participó de algunos eventos de Revuelta, cuya imagen corporativa y colores escogidos no era casual, adujeron algunos militantes de la autodenominada “área patriótica” a la derecha de Vox.

El fondo del logotipo de Revuelta es de color burdeos, mientras que el de Hacer Nación (HN) era de un carmesí oscuro. Y las letras del primer colectivo mencionado son de color crema, frente al blanco y el amarillo del segundo. Esta similitud cromática desencadenó todo tipo de teorías de la conspiración entre detractores a la derecha de Vox, que acusaban al partido de Santiago Abascal de estar lanzando una opa hostil a potenciales militantes de HN para ocupar, así, lo poco que queda en su extremo derecho.

Esta última organización fue un grupo en el que convergieron proyectos neofascistas de ámbito local, como Iberia Cruor, Acción Social Cádiz, El Galeón, Málaga 1478 y algunos miembros escindidos de España 2000, que ya habían compartido militancia con Plataforma per Catalunya (PxC) bajo el paraguas de la coalición Respeto, fundada en 2016 y que se mantuvo hasta la disolución de la Plataforma en Vox en 2016.

En la actualidad, HN parece haber cesado toda actividad y algunos de sus miembros más destacados se han integrado en Vox: o en su sindicato, concretamente, al frente del cual está el exmiembro del ultraderechista Movimiento Social Republicano (MSR) y de PxC, Jordi de la Fuente.

Actos conjuntos

El pasado 18 de marzo, Reconquista convocó una manifestación en el barrio popular de Bonavista de Tarragona llamando a la “remigración”, una consigna utilizada por las extremas derechas europea y española para exigir expulsiones de migrantes. Destacados miembros de Vox llevaron la voz cantante del acto, entre los que destacan De la Fuente o la portavoz del grupo de ultraderecha en Terrassa (Barcelona), Alicia Tomás Martínez. La pancarta iba firmada con el logotipo del partido de Abascal, aunque los colores de las banderas eran los de Reconquista, en contraste con el verde más oscuro de las banderas de Solidaridad.

Días después, el 22 de marzo, Solidaridad y Reconquista convocaron juntos una concentración en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para pedir “vivienda asequible, inversión, limpieza y remigración”. La concentración apenas congregó a dos decenas de personas, pero es igualmente ilustrativa de cómo Vox se ha apropiado de las temáticas y los lemas de la derecha más extrema para evitar la competencia en el campo electoral por ese flanco más derechista y las consiguientes fugas de militantes.

Para el 20 de octubre de 2026, está prevista la organización del Foro Occidental (Western Forum, en inglés) por parte de Reconquista. No ha trascendido nada de los ponentes ni de la temática del congreso, pero la línea sostenida hasta ahora por esta asociación hace plausible que sea un espacio de intercambio con la extrema derecha que hace de la “remigración” su política principal. La participación de miembros de Vox en este foro es también una incógnita que pronto se va a descubrir.

Este 14 de abril de 2026, 13 en el caso de Eibar, se celebra el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Todo el periodo histórico que representó esta segunda andadura republicana sigue siendo objeto de una intensa batalla de relatos. 

A menudo, la historia se ve oscurecida por bulos que buscan presentar este periodo únicamente como un prólogo inevitable de la Guerra Civil. Sin embargo, los datos y el contexto europeo nos devuelven una imagen muy distinta: la de un esfuerzo democrático por la modernización en un continente que se desmoronaba.

En primer lugar, el mito del caos excepcional.

Existe la idea de que, desde su nacimiento, la República fue un incendio constante de iglesias y asesinatos. Si bien hubo episodios de violencia, la República disfrutó de periodos de notable estabilidad legislativa. Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se aprobaron leyes de vanguardia como el voto femenino, el divorcio y la educación laica, demostrando una voluntad de modernización institucional y no de caos.

Mientras España intentaba consolidar su democracia en Alemania y Austria, en los años 20 y 30, los choques entre milicias de partidos dejaron cientos de muertos en las calles de Berlín y Viena. Muy cerca, en Francia, hubo un intento de golpe de estado de extrema derecha en febrero de 1934 que derivó en un intento de asalto de la Asamblea Nacional y una polarización extrema en la vida política francesa. 

Es fundamental entender que la conflictividad social española no era un rasgo “genético” español, sino un fenómeno europeo con muchos factores y en los que influyeron en gran medida el miedo de la burguesía y grandes propietarios a la revolución (1917) además de la Crisis del 29 que agudizó los nacionalismos y los movimientos de extrema derecha. 

En segundo lugar, una supuesta “planificación” del exterminio religioso.

Uno de los bulos más dañinos afirma que el Gobierno diseñó un plan sistemático para eliminar a la Iglesia. La realidad jurídica es que la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos. La violencia anticlerical más extrema estalló después del golpe de Estado de julio de 1936, fruto del colapso del orden estatal y no de un decreto oficial.

Aunque hubo sectores de los partidos del Frente Popular que jalearon la violencia, figuras del gobierno como Manuel Azaña o incluso ministros socialistas intentaron (con poco éxito inicial) detener las sacas y salvar a religiosos. La persecución fue fruto del desgobierno y del odio acumulado, no de un decreto oficial.

El Estado republicano, como institución, nunca legisló contra la vida de los religiosos. De hecho, la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos, aunque limitaba el poder económico y educativo de las órdenes. El Gobierno de Juan Negrín, por ejemplo, trabajó activamente por restaurar el culto público. De hecho, en 1938 se creó el Comisariado de Cultos con el objetivo de normalizar la vida religiosa en la zona republicana y reabrir iglesias. 

El Partido Nacionalista Vasco, un partido profundamente católico, fue parte del poder republicano llegando a tener un ministro entre septiembre de 1936 y marzo de 1939. Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República, sino el colapso del orden estatal en otras zonas.

Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República

En tercer lugar, el inicio de la guerra fue en octubre del 34.

A menudo se señala la Revolución de octubre de 1934 como el evento que dio inicio al conflicto armado dos años después. En cierta medida, este bulo es utilizado principalmente para exculpar a los militares y no militares que organizaron el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. De hecho, es una de las columnas argumentales más importantes del bando golpista durante la Guerra Civil y los 39 años de dictadura. 

Sin embargo, antes de la Revolución de octubre de 1934, no solo hubo un intento, sino una sucesión de movimientos para derribar o cambiar el régimen por la fuerza. Algunos de los más significativos:

A) La conspiración de los “Tres Días” (abril 1931) 

Nada más proclamarse la República hubo militares y monárquicos conspirando. El general Kindelán y otros oficiales intentaron organizar una resistencia armada inmediata al ver que Alfonso XIII se marchaba. No llegó a ejecutarse porque no encontraron apoyo suficiente en los cuarteles, pero la intención estuvo ahí desde el “minuto uno”.

B) La “Sanjurjada” (10 de agosto de 1932)

Este fue el primer gran golpe de Estado contra la República que dieron ciertos militares. Su líder fue el general José Sanjurjo que se levantó en armas en Sevilla junto a un intento simultáneo en Madrid. El golpe fue un fracaso absoluto por la falta de coordinación y la rápida respuesta del gobierno, que ya estaba sobre aviso.

Este golpe de Estado es la prueba irrefutable de que el sector reaccionario del ejército intentó derribar la democracia mucho antes de cualquier supuesta “amenaza bolchevique”.

C) La Conspiración de la “Unión Militar Española” (UME)

Fundada a finales de 1933, la UME era una organización clandestina de militares derechistas cuyo único fin era conspirar para dar un golpe de Estado si la situación política no les favorecía. No fue un evento puntual, sino una trama continua que estuvo activa durante años y que fue la base del golpe definitivo de 1936.

D) El complot monárquico y el apoyo de Mussolini (marzo 1934)

Meses antes de octubre, representantes de los partidos monárquicos (Renovación Española y carlistas) viajaron a Roma para reunirse con Benito Mussolini. Buscaban asegurar el apoyo de la Italia fascista a través de dinero y armas para derrocar a la República. El viaje de los monárquicos a Roma demuestra que la desestabilización de la República era un proyecto internacional previo a la revolución de Asturias.

En cuarto lugar, la República era un satélite de la URSS.

Es común escuchar que España, en 1936, estaba a punto de convertirse en una dictadura soviética. Pío Moa es el máximo exponente. En libros como 'Los mitos de la Guerra Civil', sostiene que la República dejó de ser democrática en 1934 y que en 1936 ya era un estado fallido entregado a los intereses de Stalin. Dede Vox se utiliza este discurso de forma abierta. En sus intervenciones sobre la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, es común escuchar a sus líderes afirmar que la República era una “dictadura roja” o que el gobierno de 1936 no era legítimo por su supuesta deriva soviética.

Sin embargo, en ese año el PCE era una fuerza minoritaria en el Parlamento. En las elecciones de febrero, el PCE obtuvo apenas 17 diputados de 473. Era una fuerza testimonial comparada con el PSOE o la Izquierda Republicana.

La influencia de la URSS creció después del inicio de la Guerra Civil, principalmente porque fue el único país (junto a México) que vendió armas a la República. Es decir, la dependencia de la URSS fue una consecuencia de la guerra, no una causa. Al negarse Francia y Gran Bretaña a vender armas al gobierno legítimo (Pacto de No Intervención), el gobierno de la República no tuvo más opción que acudir al mercado soviético para defenderse.

En quinto lugar, los fraudes electorales.

El debate sobre la legitimidad de las elecciones durante la Segunda República no es nuevo, pero ha cobrado un vigor inusual en los últimos años debido a ciertos sectores políticos que buscan cuestionar la legalidad republicana. No es casualidad que esta acusación provenga siempre de sectores de la derecha y solo hablen de los comicios de febrero de 1936 o incluso de los celebrados el 28 de junio de 1931, en ambos ganó la izquierda. Sin embargo, no lo digan sobre las elecciones generales de noviembre de 1933.

Sobre el presunto fraude en las elecciones de 1931 la acusación suele centrarse en que fueron unas elecciones constituyentes organizadas por un Gobierno Provisional que ya había empezado a legislar.

La realidad es que se celebraron en un clima de enorme entusiasmo tras la caída de la monarquía y en el que la derecha estaba desorganizada, en estado de “shock” político, lo que explica la hegemonía de la conjunción republicano-socialista. Acusar de fraude a estos comicios suele ser un intento de deslegitimar el origen mismo de la República.

La tesis del fraude masivo en 1936 fue popularizada recientemente por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García a través de su libro '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'. Estos autores sostienen que hubo irregularidades en el recuento de actas en provincias específicas que pudieron alterar el número de escaños.

La realidad es que, aunque hubo desórdenes, presión callejera y la gestión de las actas en las comisiones de actas fue, en ocasiones, partidista, la mayoría de los historiadores coinciden en que el triunfo del Frente Popular fue legítimo en términos globales. Incluso sin las actas en disputa, la derecha no habría tenido los votos suficientes para formar un gobierno estable.

La construcción de estos relatos distorsionados no es un ejercicio casual de memoria, sino una estrategia política deliberada para presentar la democracia republicana como un experimento fallido o una amenaza totalitaria. Sin embargo, los datos demuestran que la conflictividad del periodo era un reflejo de la crisis europea y que el colapso del orden no fue una voluntad política, sino la consecuencia directa de un golpe de Estado gestado durante meses por sectores que nunca aceptaron la legalidad de las urnas. Recuperar el rigor histórico sobre la Segunda República es, por tanto, un paso indispensable para comprender que la guerra no fue un destino inevitable, sino el resultado del boicot violento a un esfuerzo de modernización que intentó situar a España a la vanguardia de las democracias occidentales.