Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

La dirección de ERC ha puesto en marcha este sábado la maquinaria electoral para hacer frente a las dos grandes citas con las urnas que ocurrirán, como tarde, en los próximos 18 meses: unas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo, y unas generales que, si bien no están fijadas, planean en el ambiente y no podrían arribar más tarde de agosto de 2027. Los republicanos se ponen en modo electoral sin haber resuelto aún el encaje de su cabeza de lista, Gabriel Rufián, y la nueva alianza que impulsa con diferentes izquierdas del conjunto del Estado, opción que no cuenta con el aval del partido.

La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha comparecido ante unos 250 militantes, muchos de ellos candidatos a las próximas municipales. La dirigente, que también es la candidata en Barcelona, ha llamado a “ganar la batalla de la identidad” desde los valores progresistas que representa Esquerra porque, según considera, esa será la batalla que se jugará en las próximas municipales ante el crecimiento de la extrema derecha. La secretaria general ha destacado además que la identidad “no es una bandera vacía”, sino “un síntoma de comunidad”.

“Cuando vamos a algunos lugares y decimos que ese lugar no tiene identidad, no tiene personalidad, es porque no hay una comunidad detrás. Es porque probablemente no hay una lengua, no hay una cultura, es un lugar de paso. Y no podemos permitirnos que Catalunya sea un lugar de paso”, ha remachado.

Alamany además ha cargado directamente contra las posiciones de la derecha independentista que “se repliega cuando no exige hablar catalán sino unos apellidos catalanes” para acceder a la catalanidad. Por eso ha reclamado un independentismo y un catalanismo “que no mire al pasado”.

La secretaria general ha cargado también contra un PSC que “dice que puedes ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta respetar la lengua, que no hace falta integrarte en la comunidad que tienes a tu alrededor”. En este sentido, la líder de ERC ha pedido evitar “el reaccionarismo y el cosmopolitismo naíf”.

La batalla por las listas

El Consejo Nacional de este sábado era una fecha marcada en el calendario por ser el día en el que se ha aprobado el reglamento para la confección de las listas del partido para las elecciones al Congreso y el Senado. Unas candidaturas que han sido objeto de polémica interna, después de que Gabriel Rufián marcara como condición para seguir como cabeza de lista poder confeccionar las listas, lo que suponía desplazar a algunos de sus actuales compañeros de grupo con los que no mantiene relaciones.

Sin embargo, desde el partido se ha remarcado reiteradamente que esta pretensión del jefe de filas en Madrid no cabe en la tradición asamblearia de ERC, donde son las propias federaciones territoriales las que eligen y validan los nombres que se presentan por cada circunscripción. La ejecutiva nacional sí tiene la posibilidad de introducir hasta un cuarto de los candidatos en las diferentes candidaturas. El reglamento aprobado este sábado no modifica estas condiciones, por lo que la petición de Rufián de elegir directamente a sus compañeros de grupo quedaría descartada.

ERC no tiene un candidato mejor que Gabriel Rufián para las generales. Lo sabe él y lo sabe la dirección. Como en su momento hizo Podemos, Rufián conecta con un determinado votante de izquierdas y eso incluye a nuevos electores o abstencionistas.

Cuando en Catalunya se ironiza, con cierto alivio, diciendo que el procés se ha trasladado a Madrid, no es solo por la crispación diaria en el Congreso o por la actuación de una parte de la judicatura que no se presenta a las elecciones, pero pretende ganarlas. También lo es por algunos discursos que simplifican una complejidad política instalada en un escenario más que confuso.

Daniel Innerarity, siempre atinado, fue uno de los primeros intelectuales en alertar de los riesgos de diferenciar entre el populismo bueno y el malo: el primero, entendido como el que practican algunos dirigentes de izquierdas; el segundo, identificado con líderes de derechas. El primero, democratizador; el segundo, reaccionario. Pero tampoco en política las cosas son tan sencillas.

Rufián, que desde una óptica de izquierdas encarna como pocos ese populismo “bueno” (como antes simbolizó el populismo independentista), ha abierto, con acierto, el debate sobre el futuro del llamado espacio a la izquierda del PSOE. Un enjambre de siglas que, para ponerse de acuerdo, debería empezar por coger la calculadora y comprobar qué fórmula evita que se pierda ni un solo voto. Números y egos, por este orden. Ha sido así desde el primer momento. El resto son discursos bien hilvanados. Populismo “bueno”, el de Chantal Mouffe, aunque populismo al fin y al cabo.

Ese es el principal problema que debe resolver ese espacio. Y es evidente que no depende solo de Rufián, quien, además, ha dado el paso de expresar su disposición a ponerse al frente de un proyecto que aún nadie ha dibujado. Si fructifica, probablemente no haya mejor candidato para encabezarlo. Pero, ¿y si no prospera?

Entonces aparecería la casilla de ERC, si es que la partida no ha estado siempre ahí. La primera diferencia entre Rufián y la dirección es que el partido no quiere autoubicarse, sobre todo en Catalunya, a la izquierda de los socialistas. Su propósito es ser percibido como una formación de centroizquierda, algo que el PSC de Salvador Illa puede permitirle porque este PSC mira más hacia el centro que hacia su izquierda.

Para la actual dirección de ERC, la prioridad es recuperar espacio en ese terreno, estabilizarse tras las tensiones del último congreso, presentarse como una formación capaz de gobernar y convertirse en lo que más le cuesta ser: un partido previsible.

Rufián ya ha explicado en público lo que desde hace meses se sabe en el partido: exige condiciones para repetir. La primera es confeccionar a su gusto las listas al Congreso en las próximas elecciones. Pero eso no es lo único conocido dentro de ERC. La Cadena SER desveló hace unos días algo que este diario también ha podido confirmar: Rufián ha roto relaciones con más de la mitad del grupo parlamentario. Con cuatro de sus diputados ni siquiera se habla.

Fuentes del grupo de ERC describen un clima irrespirable. “No se trata de un problema de discrepancia política, porque entre los diputados a los que Rufián no dirige la palabra los hay de todas las tendencias, incluso de la que a priori sería más cercana a él, como Àgora Republicana. El problema es de trato personal”, defienden fuentes del grupo.

“Es una persona muy difícil en el trato y aplica el esquema de que, si no estás con él, estás contra él”, afirma otra persona que ha trabajado codo con codo con él en Madrid. “Hace tiempo que cree que su partido se le ha quedado pequeño y que, además, la dirección de ERC marca desde Barcelona una línea política que no encaja con lo que él entiende que debería hacerse en el Congreso”, abunda.

Por eso, a nadie en ERC —ni en el grupo de Madrid ni en la dirección en Barcelona— le ha sorprendido su exigencia de decidir personalmente los nombres de las candidaturas, pese a que en este partido son las asambleas territoriales las que eligen los candidatos de cada circunscripción. “Si dependiera de mi opinión personal, es evidente que es un candidato excelente. Siempre lo he defendido y lo continúo defendiendo. Respecto a la lista, todos los militantes de ERC pueden transmitir su opinión.

El partido decidirá a través de sus órganos –la ejecutiva nacional y el consejo nacional–. Y decidirán cada uno de los territorios“, le recordó Junqueras a Rufián hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Su número dos en el partido, Elisenda Alamany, reiteró el mismo mensaje este lunes al insistir en que las federaciones territoriales ”son las que presentan y votan a sus respectivos candidatos“. 

Tensiones que han ido a más

Las fuentes consultadas por este diario explican que, si bien las tensiones han sido constantes desde el inicio de la legislatura, en los últimos meses la situación en el grupo de Madrid se ha agravado.

En concreto, Rufián ha tenido roces (y finalmente ha dejado prácticamente de hablarse) con Teresa Jordà, Pilar Vallugera, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro. Estos diputados, de hecho, no participan en las decisiones sobre la posición del partido ante la mayoría de propuestas que llegan al pleno y aseguran que, en ocasiones, se enteran de qué dirá su portavoz al mismo tiempo que el resto del Hemiciclo.

Otras fuentes también hablan de las tiranteces que el líder ha tenido con algunos miembros del personal del grupo. “Es una persona autoritaria y arbitraria, que ha llegado a frenar iniciativas políticas bien trabajadas y que contaban con el aval de la dirección del partido solo porque a él no le interesaban”, explican.

Uno de los diputados, Jordi Salvador, publicó un mensaje este lunes en X donde afirmó que ERC no puede ser la “plataforma personal” de su portavoz, ni aceptar sus “ultimátums”. “La paciencia –añadió– tiene un límite”.

En la dirección de ERC, que anda haciendo pedagogía entre cuadros y bases para que su apoyo a los presupuestos de Illa se entienda como un gesto de “responsabilidad”, son conscientes de los problemas internos que existen en el grupo, aunque hasta ahora han conseguido irlos sorteando.

Primero, porque saben del tirón que puede tener Rufián entre un electorado al que ERC no llegaría si no fuese por él. Para empezar, entre los votantes jóvenes. En estos tiempos (sí, los de TikTok), ningún partido renunciaría a tener un Rufián en sus filas.

Del mismo modo, saben que aquel joven de Santa Coloma de Gramenet al que Junqueras dio su primera oportunidad siempre ha apoyado al presidente del partido, también en el último congreso, cuyas heridas aún escuecen. De ahí que se intente restar trascendencia a los movimientos de Rufián en Madrid y se busque calmar los ánimos en el grupo parlamentario.

ERC es un partido fundado en 1931. Nació ya con discrepancias, entonces entre Francesc Macià y Lluís Companys, convertidos ahora en personajes entrañables del programa Polònia, donde aparecen ‘en el cielo’ comentando y discutiendo sobre la actualidad. Por lo tanto, sin sus broncas internas, esta formación no se entiende.

La cuestión es si, en este caso, el debate sobre el papel de ERC en las izquierdas estatales –y, más en concreto, sobre el que puede jugar Rufián– responde a una estrategia política o a una lógica personalista que poco tiene que ver con el proyecto del partido.

La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.

La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.

Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.

En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.

Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.

Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.

PP y Vox amenazan con cerrar el grifo

Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.

Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.

Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.

Nunca antes la idea de que lo personal es político había estado tan presente en Compromís. El regreso de Mónica Oltra ha sacudido una coalición que afronta un debate fundamental para las próximas elecciones autonómicas y que está retrasando el aterrizaje de la dirigente en la candidatura de València: la política de alianzas.

La coalición valencianista tiene ante sí una oportunidad de oro en las próximas elecciones municipales y autonómicas: el País Valenciano puede ser la aldea gala que consiga gobiernos de izquierdas, con un PP desgastado por la negligente gestión de la dana y la huelga educativa. Las encuestas los sitúan por encima del 20% yendo solo con su propia marca y en la ciudad se entiende que su suelo de voto es de nueve concejales (de un total de 33). Los escenarios demoscópicos son optimistas, en estudios previos al regreso de la exdirigente, que ha sido aplaudido desde los movimientos vecinales hasta la izquierda estatal. Oltra lo cambia todo. Y Oltra agita lo que ya estaba revuelto.

En un contexto en el que el acuerdo con Esquerra Unida llevaba años tejiéndose, la exdirigente y su entorno presionan para integrar en la candidatura a Podemos, Sumar y Esquerra Republicana, formaciones que en el País Valencià quedan fuera de las Corts y apenas tienen presencia municipal, pero que a nivel estatal movilizan y tienen capital político. Los quieren a nivel autonómico y en las grandes ciudades como València, donde Oltra encabezará la candidatura, aunque el proceso orgánico está congelado.

Y lo está porque hay muchas condiciones por negociar y una relación muy distante entre la exvicepresidenta y el grupo municipal, que dos meses después del anuncio de su regreso apenas han compartido espacios. Oltra ha estado prácticamente en los mismos actos con Podemos que con Compromís, algo con lo que los morados se muestran encantados, puesto que les sirve como herramienta de presión hacia Més. La candidata virtual es cauta y respetuosa con la vida orgánica, espera que la coalición haga su proceso y subraya que es candidata porque su partido —Iniciativa— se lo ha pedido, pero no lanza mensaje que no tenga una intención.

El atasco en València está comenzando a provocar desgaste entre los dirigentes y la militancia de Compromís, agotados de interpelarse a través de los medios de comunicación. En Iniciativa consideran que hay una asimetría entre la elección de los candidatos y la de Oltra y lamentan que no se haya desbloqueado la puesta en escena para la candidatura de València, que debería ser la 'palanca' para los acuerdos de País. Creen que en Més no han asumido su vuelta y la coalición debe resarcirla de un daño causado, no pasar por un proceso asambleario como otros candidatos. Públicamente todo han sido mensajes de apoyo, pero casi dos meses después el proceso interno apenas ha avanzado.

La exdirigente no quiere pasar un proceso orgánico al uso —tampoco lo han hecho Joan Baldoví para la Generalitat o Verònica Ruiz en Castellón y ya se les asume como candidatos— ni que le impongan nombres en las listas, aunque tampoco plantea vetos. Con las expectativas electorales que tienen, caben todos. Su entorno y su partido consideran que la coalición debe verbalizar claramente que la quieren como candidata. La dirigente abandonó la vicepresidencia y la primera línea para mantener fuerte el proyecto político, como enunció en la rueda de prensa. Y ha decidido volver con todo lo que implica, pendiente de un proceso judicial que se eterniza.

Més y Verds entienden que Oltra ha de tener cierta autonomía para elaborar su propuesta, pero no puede ser completamente independiente de Compromís. Ya se hizo con Joan Ribó, que tuvo un reglamento excepcional para la capital, aunque desde las otras formaciones recuerdan que no hizo las listas a su antojo.

“Iniciativa va a vincular cualquier negociación a la política de alianzas”, señala un peso del partido próximo a Oltra, que manifiesta su intención de que el acuerdo de País y el de las municipales se den en los mismos términos. No quieren que València vaya por libre sino un acuerdo conjunto, una política de alianzas coherente. En el partido de Oltra creen que es fundamental incorporar cada voto de la izquierda, que nadie se quede en casa, no contentarse con dar un sorpasso al PSPV. Que los votantes de las citadas formaciones de la izquierda transformadora se sientan representados en la papeleta. Y esto pasa por dar puestos altos a estos partidos, lugares visibles. Que “la fuerza mayoritaria tiene que dejar huecos”. Algo que ni en Més ni en Verds-Compromís ven del todo, pues creen que se debe premiar a quien lleva años trabajando por y en el partido y a los liderazgos consolidados. “Tejer alianzas con actores consolidados suma, pero debe responder a una realidad”, destaca un dirigente de Verds, que apunta que hay que tener en cuenta a los partidos de la federación y se muestra convencido de que Oltra “mejorará” el resultado de 2023. En las autonómicas, las negociaciones han de hacerse con números reales, opinan.

Captar votos del PSOE

En Més creen que la estrategia prioritaria ha de ser “que el votante decepcionado con el PSOE por los casos de corrupción o por no arreglar el problema de la vivienda no se quede en casa, sino que vaya a las urnas y vote Compromís”, señalan fuentes valencianistas, que apuntan que “es fundamental tener una opción potente que apele a una amplia mayoría de valencianos y valencianas”. La rama mayoritaria subraya que la coalición está “abierta” a todo aquel que quiera sumar contra los gobiernos de PP y Vox, pero rechaza una candidatura que sea una “sopa de siglas” a nivel autonómico, mientras que a nivel local es partidaria de la autonomía municipal.

La tesis del sector mayoritario se basa en la encuesta que los valencianistas realizaron en diciembre de 2025. Fue poco después de la dimisión de Carlos Mazón, la formación del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca y meses antes de que Mónica Oltra confirmara su paso al frente —todo un revulsivo en la política valenciana y en la estatal— para encabezar la candidatura de Compromís por València. Mucho antes también de la investigación al expresidente Zapatero o el inicio del juicio a Ábalos, dos golpes para el PSOE. Ya entonces, según sus datos, 1 de cada 4 votantes del PSOE se iría a Compromís en las próximas elecciones.

La encuesta de los valencianistas deja el bloque de izquierda y derecha en empate. Da a Podemos y Esquerra Unida un 1,4% del voto, presentándose por separado, un porcentaje que es menos de la mitad de lo que obtuvieron con la marca Unides Podem en 2023. En este testeo demográfico, Mónica Oltra es la candidata más conocida y la segunda mejor valorada por los ciudadanos. Eso también son números a considerar. No son tesis contradictorias, pues todo voto suma. La cuestión es dónde se centran los esfuerzos.

EUPV y Podem, con buena disposición

El último Consell Polític Nacional de EUPV, el pasado 9 de mayo, el partido de Rosa Pérez Garijo aprobó “una perspectiva de coordinación orgánica y de País”. Por ello, sin perjuicio de la autonomía de los municipios, “es importante que las posibles alianzas y confluencias se conformen evitando la fragmentación y la ineficacia electoral que supondría una heterogeneidad de acuerdos bajo múltiples marcas para alcanzar este objetivo y coordinar el encaje de las distintas confluencias municipales bajo un paraguas común”, señala un dirigente de Esquerra Unida. La formación mantuvo un encuentro esta semana con Compromís y la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canayamelar, y destacan que llevan años manteniendo “contacto y colaboración”. “Entendemos que la confluencia se construye así: poco a poco, tejiendo confianzas personales y orgánicas con análisis concretos de los problemas de la ciudad, y compartiéndolo con los movimientos sociales”

En Podem están dispuestos a hablar en todos los ámbitos, no solo en València con la candidatura de Oltra. Las formaciones de izquierdas entienden que el liderazgo lo tienen los valencianistas y abogan por pactos a todos los niveles: autonómicos y municipales. No crean que tenga sentido hacer en cada espacio una cosa distinta y defienden que su porcentaje de votos es clave para cualquier escenario.

El paso adelante que dio públicamente este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido recibido con tanta expectación como incertidumbre. Ninguno de los partidos estatales cuya candidatura a las generales Rufián aseguró estar dispuesto a “encabezar” —con una fórmula aún por desarrollar— ha cerrado la puerta a analizar la propuesta, pero antes de cualquier conversación varios de ellos han exigido al dirigente “concretar” qué es lo que quiere hacer. Y mientras ERC, que no se cansa de rechazar por activa y por pasiva la idea de una coalición con formaciones de ámbito nacional para las próximas elecciones, evita confrontar públicamente con su portavoz y trata de quitar hierro al órdago público que le ha lanzado para exigir el control del grupo parlamentario de ERC en el Congreso.

En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián afirmó por primera vez expresamente que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, siendo “el cabeza de lista, pues p’alante”. El dirigente volvió a asegurar, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, que no piensa romper su carné de militante de ERC y que se mantendrá en el partido siempre y cuando no le “echen”. Pero también lanzó, por primera vez en público, un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”.

Esos requisitos tienen que ver con las diferencias cada vez más profundas que existen en el grupo parlamentario republicano, que son de carácter político y estratégico, pero también personales, según sostienen fuentes de los diferentes sectores. En público, Rufián ha rechazado concretar cuáles son sus condiciones para no marcharse a su “casa”, pero fuentes de ERC confirman que lo que quiere son, básicamente, dos cosas: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y mando en plaza para marcar la línea política del partido en Madrid.

No obstante, pese al paso adelante de su portavoz en el Congreso, la dirección de ERC se ha conjurado para no confrontar con él. A pesar del enfado creciente que existe en la cúpula republicana con los movimientos de Rufián y, ahora, con su presión pública para conseguir una lista más afín, la consigna es la de emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada en febrero, cuando la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que el partido se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas.

La formación sigue queriendo que Rufián sea su candidato en los próximos comicios generales, puesto que le consideran un activo político de primer orden. Pero la dirección que encabeza Oriol Junqueras insiste en que es imposible unirse a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, aunque sí se muestra abierta a negociar con Rufián la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura del portavoz, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es minoritaria en todas las asambleas.

Recelos en IU, perfil bajo en Podemos

Pero no solo es ERC la que no ve clara la propuesta de Rufián. Aunque dista mucho del rechazo frontal que ha expresado la dirección republicana, los diferentes partidos que se encuadran en Sumar tampoco terminan de ver clara la idea que plantea el dirigente, aunque en su caso no porque no compartan la posibilidad de que él sea candidato de una alianza amplia, sino por su falta de concreción. Quien más reparos pone es IU, que aunque ha afirmado que “por supuestísimo” que estaría dispuesta a hablar con Rufián si aclara cuál es su idea y ha prometido que la va a “estudiar”, no ha ocultado las enormes dudas que le genera.

IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende el dirigente de ERC, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico. Y el líder del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó el jueves que “los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados” son el verdadero “problema” de la izquierda, y no los partidos de ámbito nacional. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, pidió el jueves una reunión “urgente” con Rufián para que les aclare cuál es su propuesta. La formación, no obstante, no quiere embarcarse en una negociación con el portavoz sin que aclare antes su situación con ERC, y de ahí que Albiach expresara públicamente la duda de si Rufián “se ha emancipado” de su partido, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta. En una línea parecida se expresó este viernes el ministro de Cultura y también dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, que insistió en “tender la mano” para un acuerdo pero también pidió a Rufián que “concrete” sus intenciones. Mencionó en varias ocasiones la necesidad de negociar con “los compañeros de ERC” y no solo con el dirigente.

De los partidos encuadrados en la alianza Sumar, es Movimiento Sumar —la formación de Yolanda Díaz— el que ha saludado con mayor entusiasmo el paso adelante de Rufián. En un mensaje en sus redes sociales unas horas después del anuncio del portavoz de ERC, la formación evitó poner el foco en las inconcreciones de la propuesta y planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”. Se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

Podemos, por el contrario, ha preferido mantener un perfil bajo tras un paso adelante de Rufián que, por ahora, no ha suscitado movimientos en su partido. El jueves, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián”, e insistió en que “lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”. Podemos lleva semanas defendiendo un “tándem” entre el dirigente e Irene Montero, lo que les proyectaría de nuevo como el principal partido estatal a la izquierda del PSOE y les daría un lugar preeminente en las negociaciones con el resto de las formaciones de ese espacio. Pero, hasta ahora, Rufián ha rechazado ligar su futuro a los morados.

“Yo no voy a volver a presentarme por ERC a las elecciones generales si no se cumplen unas condiciones”. Esas fueron las palabras que pronunció el miércoles el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado en Madrid en el que también anunció su disposición a encabezar una “confluencia, una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados entre las formaciones soberanistas y las estatales”. Rufián rechazó concretar esos requisitos para mantenerse como candidato de ERC y no irse a su “casa”, pero lo cierto es que son básicamente dos: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y la capacidad de marcar la línea política del partido en Madrid.

Con el órdago que lanzó el miércoles, el dirigente señaló públicamente por primera vez una serie de líneas rojas para mantenerse como líder de ERC en el Congreso. Pero, aunque no se hubieran escenificado públicamente antes con tanta claridad, las exigencias de Rufián son producto de unas desavenencias internas larvadas durante largo tiempo tanto en el seno de ERC como en el grupo parlamentario de Madrid. Las discrepancias ideológicas y estratégicas que se evidenciaron en el congreso del partido que terminó con la reelección de Oriol Junqueras como presidente de ERC en diciembre de 2024 también son patentes en la delegación del partido en la Cámara Baja, y las diferencias entre los diputados del sector más nacionalista y los del ala más obrerista —la que representa Rufián junto a dirigentes históricos como Joan Tardà— son profundas.

En ese congreso de hace año y medio, los republicanos demostraron que existe una división profunda en torno a la línea política a seguir, tanto que Junqueras revalidó el liderazgo del partido con el 52% de los votos de la militancia, por el 42% que obtuvo la lista Nova Esquerra Nacional, que agrupó a los críticos. Y Rufián quiere evitar, según confirman fuentes conocedoras de la situación, que esas diferencias —que se han trasladado a Madrid— sigan condicionando el trabajo del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, como está ocurriendo esta legislatura. La reivindicación no es nueva, pero Rufián quiere aprovechar el tirón electoral que ha conseguido en los últimos meses para lograr un equipo más afín.

Otras fuentes del grupo de ERC en Madrid rechazan categoricamente que las desavencias surgidas entre varios diputados y Rufián se deban a cuestiones ideológicas o estratégicas. Según indican, el problema tiene que ver con la forma en que el líder gestiona la discrepancia interna y la manera de relacionarse con los miembros del grupo que en algún momento no han compartido alguno de sus posicionamientos. Y, abundan esas mismas fuentes, Rufián tiene malas relaciones tanto con diputados que se alinearon con la candidatura rival de Junqueras en el Congreso, como serían Teresa Jordà o Pilar Vallugera, como con algunos de los que estuvieron en el otro bando, como podría ser Jordi Salvador, quien además está alineado con Àgora Republicana, la corriente de Joan Tardà en principio más afín a Rufián.

La cuestión no gira solo en torno a las afinidades o desavenencias personales, sino que se debe a que la elección de unos u otros candidatos, explican las fuentes consultadas, será determinante en la línea ideológica y estratégica que seguirá ERC en la próxima legislatura. Por ello, Rufián también aspira a tener mando en plaza para decidir sobre los posicionamientos de los republicanos en el Congreso, una cuestión mucho más delicada porque supondría que la dirección nacional del partido en Barcelona tendría que consensuar posturas con la delegación de Madrid.

Esas diferencias en torno a las listas se suman a las ya conocidas en relación al deseo de Rufián de que ERC se presente a las generales en Catalunya en coalición con los Comuns y la CUP, una posibilidad que la dirección republicana rechaza con contundencia, pero en la que el portavoz insiste. De terminar cerrándose una alianza —algo que parece muy poco probable a día de hoy—, el control de las listas sería incluso más importante, puesto que las negociaciones internas en el grupo parlamentario cobrarían aún más protagonismo en el día a día.

La respuesta de ERC: “No somos un partido a la izquierda del PSOE”

En cualquier caso, la dirección republicana insiste en que no va a ceder a la presión de Rufián para firmar una alianza con los Comuns. “ERC es y quiere ser la izquierda nacional catalana, desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, no un partido a la izquierda del PSOE que nos convierte en minoritarios cuando no lo somos”, enmendaba este jueves un miembro de la cúpula de ERC la línea que Rufián viene marcando desde hace varios meses. 

Los de Oriol Junqueras asisten cada vez más atónitos al movimiento que protagoniza su jefe de filas y se preguntan cuál es su destino final, si está creando un escenario para salir del partido o si quiere negociar unas condiciones que, en todo caso, deberá proponer en los órganos internos del partido y no en los micrófonos del Club Siglo XXI de Madrid.

En la dirección de ERC la consigna sobre los movimientos de Rufián es clara: emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada por su secretaria general en febrero, cuando aseguró que ERC se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas. Este era el manual con el que respondían este jueves a las afirmaciones de su jefe de lista en Madrid, después de que hubiera abierto la puerta a presentarse con una candidatura diferente a la de ERC –algo que negaba hace tres meses– y de que hiciera público que había marcado unas condiciones para quedarse en su partido.

Pero, más allá de la comunicación, el malestar en ERC con Rufián ha ido en aumento. No solo en la dirección, sino también entre cargos institucionales y representantes territoriales, que ya no disimulan la estupefacción ante lo que consideran un pulso de su líder en el Congreso. Un choque al que Junqueras no entrará por estrategia. De hecho, en el partido mantienen la mano tendida a que Rufián siga siendo el cabeza de lista. Pero voces más beligerantes entienden que Rufián transgrede también la propia línea política del partido que, recuerdan, se decide en los congresos y de forma democrática por parte de la militancia.

Respecto a las condiciones que Rufián reclama, a ojos de su partido las hay absolutamente imposibles, como que ERC se sume a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, y las hay negociables, como la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura de Rufián, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es absolutamente minoritaria en todas las asambleas. 

Algo similar ocurre con la línea política, que se marca en los congresos del partido y queda recogida en las ponencias oficiales que, por cierto, en ERC suelen ser muy minuciosas. Estos documentos marcan la postura del partido en la mayoría de cuestiones, así como el Consejo Nacional es el órgano supremo entre congresos, donde se dilucida todo lo relativo a la interpretación de esos documentos base. Por esta razón, que Rufián pueda decidir desde Madrid la posición de ERC en todos los debates que lleguen al Congreso es una aspiración que en la dirección republicana ven poco realista.

El paso adelante dado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el miércoles se ofreció expresamente por primera vez para ser el candidato de una alianza de las izquierdas territoriales y estatales en las próximas elecciones generales, ha sido recibido con interés por las formaciones progresistas de ámbito nacional. Tanto Movimiento Sumar como IU y los Comuns, todos ellos encuadrados en la alianza Sumar, han saludado el pronunciamiento, aunque los dos últimos han pedido conocer con más detalles una propuesta que, por ahora, es enormemente incierta, entre otras cosas por la negativa de ERC a secundarla. Podemos, por su parte, ha llamado a respetar los “tiempos” tanto del dirigente como de su partido, aunque ha vuelto a dejar claro su deseo de “hacer equipo” con Rufián.

IU, el principal de los partidos estatales que forma parte de Sumar, aseguró por boca del secretario general del PCE, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” que estaría dispuesto a negociar y a participar en un proyecto liderado por Rufián. No obstante, IU no oculta que la propuesta le genera enormes dudas. “Nosotros somos más de proyectos colectivos, nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, y creemos que los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda” aseguró Santiago en declaraciones a La Hora de La 1 de TVE. “Yo creo que eso es un problema, y no la izquierda estatal, que tiene más que acreditada una preocupación por mejorar la vida de la clase obrera de cualquier territorio”, deslizó igualmente el dirigente en respuesta a las críticas de Rufián a los partidos progresistas de ámbito nacional.

Y es que IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende Rufián, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico, un debate que ha vuelto a tomar fuerza tras los buenos resultados de Adelante Andalucía en las elecciones del pasado domingo. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago, que sin embargo afirmó que “la propuesta de Rufián, como una propuesta más de la izquierda, con mucho cariño la vamos a estudiar”. Eso sí: “Estamos deseando que alguien nos la explique, porque la hemos pedido en varias ocasiones y no hemos tenido la suerte” de que eso ocurra, deslizó.

Eso es exactamente lo mismo que han pedido los Comuns catalanes: detalles. La presidenta del grupo parlamentario de la formación en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, solicitó este jueves una reunión “urgente” con Rufián para que el dirigente aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales, y aseguró desconocer si el dirigente “se ha emancipado de ERC”, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta de su portavoz en el Congreso. Rufián “ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, sostuvo Albiach, que celebró la posibilidad de armar un frente amplio por que, a juicio de los Comuns, la mejor solución de cara a las generales es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura. No obstante, la dirigente también llamó a “respetar los procedimientos” de los partidos, en este caso de ERC.

Por el contrario, Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz, el más pequeño de los cuatro que están renegociando la alianza Sumar— evitó poner el foco en los problemas que tendría una eventual candidatura de Rufián y se limitó a asegurar que “todos los pasos adelante son bienvenidos”. En un mensaje en sus redes sociales, la formación planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”, y se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

La reacción de Podemos, por el contrario, ha sido más escueta. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián, yo solo puedo hablar por Podemos, y nosotros ya lo hemos dicho, lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, da un paso más en su ambición de liderar una alianza de las izquierdas estatales y territoriales para las próximas elecciones generales. Este miércoles, en un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián se ofreció públicamente por primera vez como candidato de esa eventual coalición. Y, aunque volvió a asegurar que no piensa romper su carné de militante republicano, también lanzó un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”, unos requisitos que la formación “ya sabe” y que tienen que ver con el “grupo parlamentario”. “Si no se cumplen, yo no estaré y me iré a mi casa”, prometió.

Rufián fue el protagonista este miércoles de una charla conducida por los periodistas Lucía Méndez, Marta Monforte y Juan Fernández-Miranda que, aunque analizó asuntos como la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, rápidamente comenzó a girar en torno a los planes del dirigente de cara a las próximas generales. Y el dirigente de ERC, lejos de lanzar balones fuera, aseguró que, si él está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”.

Se trata de la primera vez que Rufián se ofrece expresamente para liderar su propuesta de unión de las formaciones progresistas de ámbito estatal y territorial, aunque este miércoles volvió a ser igual de ambiguo que siempre con una propuesta que no acaba de aterrizar. “¿Cómo se hace? No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a responder al ser preguntado por la concreción de su idea.

No obstante, pese a haber declarado su intención de poner el “capital político” que ha “atesorado” a liderar a las izquierdas de ámbito estatal, Rufián volvió a asegurar que son “el problema”, como ya hizo el pasado domingo al valorar el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía. “Esto no es opinión, es información”, aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, que también afirmó que “es el momento de que las izquierdas soberanistas inspiren a las españolas”, como ya afirmó hace un mes en el acto que celebró en Barcelona con la número dos de Podemos, Irene Montero.

Y es que Rufián insistió en varias ocasiones en que su proyecto cuenta con ERC como punta de lanza, pese a que la dirección liderada por Oriol Junqueras ya ha dicho por activa y por pasiva que no tiene intención de explorar alianzas con formaciones de ámbito estatal y que se presentará con sus siglas. Pese a ello, el portavoz aseguró que no se piensa marchar del partido hasta que lo “echen”. Pero también desveló que eso no implica que vaya a concurrir necesariamente a las elecciones generales como candidato republicano. “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no hay unas condiciones, aunque sería poco ético por mi parte decirlas”, anunció.

No obstante, Rufián sí deslizó cuáles son algunos de esos requisitos. “Hablo de grupo parlamentario y de saber a lo que nos enfrentamos”, planteó, pese a lo cual quiso asegurar que sigue manteniendo una buena relación Junqueras, aunque admitió que no coinciden “en todo” y que alguna vez se quieren “matar”. Pero “nunca”, aseguró Rufián, dirá “una mala palabra sobre él” porque sería “una canallada”.

Los socios del Gobierno ya no cierran filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos no con la misma contundencia que el martes, cuando se conoció su imputación por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción. Si antes de que se hiciera público el auto judicial tanto Sumar como los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo coincidieron en deslizar sus sospechas de que Zapatero podría estar siendo víctima de lawfare, este miércoles, ya con la resolución judicial en la mano, rebajaron el tono, evitaron hablar de una persecución judicial injusta y se mostraron prudentes ante la evolución del caso.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, expresó el martes las “sospechas” que le generaba la investigación a Zapatero, y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”. “Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, planteó Martínez horas antes de conocer el contenido del auto. Pero este miércoles, 24 horas después y ya con la resolución judicial en la mano, la portavoz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si seguía considerando un posible caso de lawfare la imputación a Zapatero.

Quien sí lo hizo fue el portavoz adjunto del grupo de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que lejos de abonar la teoría de la persecución judicial injusta se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien las actividades de los expresidentes” para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse, aseguró igualmente Santiago.

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz dentro de la coalición Sumar— llamaban este miércoles a la “prudencia” y evitaban en todo momento hablar de lawfare. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia, que se examine todo lo que se tenga que examinar y que se explique todo lo que se tenga que explicar”, plantean estas fuentes, que sí dejan caer, eso sí, que “el uso de la justicia con claros fines politicos que en los ultimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia”.

Rufián: “Si es verdad, es una mierda”

Otro dirigente que ha reculado rápidamente con respecto a su posición del martes es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente, antes de conocer el auto del juez José Luis Calama, quiso enviar “un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”. Pero este miércoles, tras conocer el detalle de las acusaciones contra Zapatero, Rufián abrió la puerta a que sea “verdad” que el expresidente ha cometido los delitos de los que se le hace responsable, aunque no descartó del todo la posibilidad del lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, planteó el dirigente.

Rufián se dijo “jodido” porque, afirmó, tiene “un enorme respeto y un enorme afecto” a Zapatero. “Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí; que existe una cacería judicial, sí, y tanto; que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, sí, también. Pero la izquierda somos otra cosa, y yo le pregunto dónde acaba el lobbysmo y empieza el tráfico de influencias”, cuestionó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en su pregunta al presidente Pedro Sánchez.

“No pinta bien el auto”, se limitó por su parte a afirmar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles por la mañana en relación a la resolución judicial. Las declaraciones también suponen un paso atrás, puesto que el martes, antes de conocer el detalle de las acusaciones, Belarra había puesto el foco en que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y había planteado que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”.

En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó pidió “prudencia” y se limitó a plantear la necesidad de que Zapatero “se pueda defender en el proceso judicial y, si hay corrupción, que caiga todo el peso de la ley” sobre él. Eso sí: Micó también reconoció que “parece que no está tan claro que haya lawfare”, una posibilidad que sí había valorado el martes, cuando sostuvo que habría que ver si la imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o con “la guerra judicial” emprendida por el PP, y cuando también dijo que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.