Advertencia de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez. El presidente de ERC ha defendido que la Generalitat “debe ayudar en todo lo que pueda” a resolver la crisis migratoria de Ceuta, en especial la situación de los menores, aunque ha matizado que Catalunya “no puede acoger infinitamente”.

La crisis de Ceuta ha virado el inicio del curso previsto para los partidos catalanes, centrado en la preparación de la Diada y en el nuevo modelo de financiación pactado entre PSC y ERC que sigue sin aprobarse. Los partidos se mueven con cautela en este escenario, toda vez que son las aguas que más conviene remover a la extrema derecha de Aliança Catalana.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha abogado por acoger a parte de los menores, aunque ha insistido en que esta ayuda no puede ser “ilimitada”, al tiempo que ha urgido al Gobierno a “asumir responsabilidades” y vigilar la frontera.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que están en centros de protección en la ciudad autónoma, y ha informado de que 500 niñas migrantes “están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento” para su traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

Con una respuesta humanitaria todavía sin concretar para los miles de migrantes que permanecen en Ceuta, el presidente de ERC ha instado al Gobierno a ser “rápido y eficaz” para resolver la situación en la ciudad autónoma. “De la misma manera que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar”, ha apostillado Junqueras.

Los Comuns, que están en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria. La coordinadora del partido y diputada en el Congreso, Candela López, ha criticado a Sánchez por “ir tarde” en la gestión de la situación en Ceuta.

En contra de lo defendido por el presidente, López ha sostenido que “es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos” en esta crisis, al tiempo que ha considerado que Sánchez “se equivoca” en la estrategia que está siguiendo.

“Es malo para la población migrante, cómo se está viendo, también es malo para la población ceutí, cómo se está viendo, porque lo que está haciendo es centrar la gestión en la seguridad y en la concentración de recursos en Ceuta”, ha aseverado López sobre la posición del presidente.

La líder del partido ha discrepado también frontalmente respecto de las causas de la entrada masiva de personas migrantes. “No fue debido a las mafias, tampoco fue únicamente esa alimentación en las redes sociales. Es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos para desestabilizar al Gobierno”, ha insistido.

Para los Comuns, la prioridad debe ser la seguridad y los derechos de la población en Ceuta y de las personas migrantes y recuperar la convivencia. A diferencia de lo que defiende Sánchez, los Comuns son partidarios de que haya traslados de migrantes a la península de forma inmediata y que los procesos de identificación y eventual retorno se hagan con todas las garantías para los menores y los que puedan ser considerados refugiados.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo regional al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España.

Afirma que esa propuesta está “consensuada con un solo partido político”, en referencia a ERC, y con una sola comunidad autónoma“, en referencia a Catalunya, por lo que ”no garantiza el principio de igualdad“.

De cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera programado para el próximo viernes 4 de septiembre, el consejero ha argumentado que los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, deben tener “el mismo acceso, el mismo nivel de calidad a los servicios públicos”.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego solicitará a la Administración del Estado que se abstenga para que el acuerdo que sostenga sea “el reflejo de lo que sentimos en las comunidades autónomas”.

El FC Barcelona no realizará el homenaje planeado a los jugadores de la selección española, campeones del mundo, en el partido de este jueves en el Spotify Camp Nou. El motivo es que “porque no se da en el contexto ni es el momento más apropiado”, tal como ha justificado el presidente del club, Joan Laporta. El giro se produce a raíz de la agresión que sufrió un joven a manos de la Policía Nacional en el Elche-Barça después de que un agente le retirara una bandera independentista catalana. En cambio, el club realizará un “acto de exaltación a la estelada”, en palabras de Laporta.

“No, hemos decidido que no se hará ese acto en reconocimiento de los jugadores del Barça que ganaron el Mundial y que nos había propuesto la Real Federación Española”, ha dicho el blaugrana. “Lo han entendido perfectamente”, ha añadido, en declaraciones a los medios oficiales del club.

“El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”. Así, el nuevo plan cuenta con la colaboración de la ANC, que repartirá 10.000 estelades a las puertas del estadio. “Contra su catalanofobia, demostramos más que nunca nuestra fuerza”, ha afirmado la entidad en un mensaje en X.

Desde el Barça, quieren contribuir a la defensa de los “valores” que representa esta bandera. “Expresa los anhelos de libertad de muchos culés y catalanes. Debe respetarse. Esa voluntad forma parte de la libertad de expresión y es una forma de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio”, ha apuntado Laporta.

En este sentido, el club ya rechazó y condenó “la actuación desproporcionada y violenta” de la policía el pasado domingo y se han puesto “a disposición” del joven agredido y su familia para “ayudarles con lo que sea necesario”. Así, con este acto de “exaltación”, Laporta espera que “sirva de una vez por todas para que los culés y catalanes puedan ir con la estelada sin que corra peligro la integridad física y para que la bandera deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad”.

Una ley para evitar que se requisen estelades

El revuelo de los hechos ocurridos en el campo del Elche ha llegado también al Congreso, donde ERC ha registrado una proposición no de ley para garantizar que no se requisen estelades en eventos deportivos. Los republicanos exigen que “ninguna instrucción política, policial o particular” impida la exhibición de estas banderas.

“La legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte sólo permite restringir esos símbolos que incitan a la violencia, el odio o la discriminación, supuestos que no se pueden aplicar a una bandera por el simple hecho de representar una opción política”, añade la formación.

Entre las diversas peticiones que recoge la proposición, ERC también incluye que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en un máximo de tres meses, un “informe detallado” sobre las actuaciones realizadas para “proteger la libertad de expresión en recintos deportivos” y exigen también que se solicite al Defensor del Pueblo una “investigación monográfica sobre ”posibles actuaciones discriminatorias“ de los cuerpos policiales.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

En el otoño de 1937, el Gobierno de Euzkadi, creado un año atrás, ya en plena Guerra Civil, se reorganizó en un palacio del 60 del paseo de Gracia de Barcelona, entonces conocido como calle de Pi i Margall. Aquel Ejecutivo era una coalición del PNV con las fuerzas del Frente Popular, los nacionalistas de ANV, los comunistas del PCE, los partidos republicanos IR y UR y, sobre todo, el PSOE. Sin embargo, el secretario general de aquella “Delegación del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” era de otro partido más, de ERC. Se llamaba Ricard Altaba i Planuch.

Altaba i Planuch, que había sido teniente de alcalde de la ciudad en la II República y que pudo salvar la vida en un exilio que le llevó a Francia y México tras ser condenado a muerte por el franquismo, falleció en 1994 pero, antes de hacerlo, donó al histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti abundante material de aquellos años. El material incluye fotografías y, sobre todo, un directorio con personal al servicio del Gobierno de Euzkadi allí instalado. El documento sale a la luz coincidiendo con el inminente nonagésimo aniversario del Ejecutivo autonómico. Se pueden leer aquí las biografías de todos sus integrantes.

¿Cómo llegó el Ejecutivo a Barcelona? El Gobierno de Euzkadi nació el 7 de octubre de 1936. En junio del año siguiente, los sublevados conquistaron Bilbao y, después, controlaron ya todo el territorio vasco. El lehendakari, José Antonio de Aguirre, y muchos de sus consejeros pasaron a Francia pero regresaron a España para continuar con su actividad en Catalunya, aún bajo control republicano.

El historiador Ludger Mees explica que la delegación, inicialmente, empleó un piso de la calle de Valencia que ya era usado por el denominado “secretariado vasco”, una verdadera delegación preexistente. Había sido cedido por la Generalitat, que mantenía muy buenas relaciones con la nueva autonomía vasca. Pero la nueva “delegación” era más que eso y necesitó más espacio. Es cuando se fue a una mansión al paseo de Pi i Margall, una de las principales arterias de Barcelona.

El gabinete ya no llegó al completo a Barcelona. Alfredo Espinosa, republicano y consejero de Sanidad, había sido fusilado. Partidos como el PCE, IR e incipientemente también el PSOE empezaban a cuestionar la hegemonía del PNV en aquella coalición. El directorio de Altaba i Planuch es de septiembre de 1937, es decir, justo de un mes antes de la llegada de Aguirre. Figura como delegado general Luis de Areitioaurtena, que tenía un salario de 2.500 pesetas. Su secretario se llamaba Guillermo Ruiz Alegría. Había también un representante comunista, José González Maroto, y otro socialista, Manuel Enjuto Rubio. Altaba i Planuch percibía 1.250 pesetas.

Una de sus ayudantes era una mujer, Maritxu Zagala. También había otras dos auxiliares en la delegación de Asistencia Social, Rosalía Gumma y Rosario Cuevas Ametller, dos en el Departamento de “Guerra”, Ramona Tellería y Juana Dañobeitia, y otra en Hacienda, Carmen Radua. Dañobeitia era la persona con el sueldo más bajo de toda la delegación, 300 pesetas. El resto cobraba 450 o 500, en la zona baja de las nóminas.

El Gobierno de Euzkadi se mantuvo en Catalunya hasta febrero de 1939, cuando Aguirre, en compañía del 'president' catalán Lluís Companys, con quien había tenido un trato continuo, cruzó la frontera francesa. Iban a hacerlo también los máximos dirigentes republicanos, Manuel Azaña y Juan Negrín, pero se adelantaron finalmente. El Ejecutivo vasco pasó entonces a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que había sido comprado por el PNV mediante testaferros.

La Filmoteca España conserva unas películas que recogen actos de Aguirre en Catalunya. Están en catalán y forman parte ahora del archivo de RTVE. En ellas aparece un festival de danzas catalanas y vascas en Montjuic, una visita a Montserrat y también un encuentro con las milicias vascas —con ikurriñas en sus boinas— que seguían combatiendo en la Guerra Civil contra los sublevados, aunque el grueso de los pelotones del PNV se habían rendido en Santoña ante la Italia fascista. Se pueden ver aquí los vídeos.

En Catalunya hubo también hospitales vascos, llamados Euzkadi, Gernika y Otxandiano. Aquel primer Gobierno de Euzkadi emitió pesetas propias, monedas de 1 y 2 y una tirada de billetes de banco. Tuvieron una mínima circulación en el territorio vasco, principalmente en Bizkaia, pero algunos de ellos fueron introducidos en Catalunya dada la escasez de efectivo en plena Guerra Civil. Esas pesetas vascas llevaban un sello que ponía “Delegación de Hacienda del Gobierno de Euzkadi en Cataluña” y adquieren actualmente un gran valor entre coleccionistas.

El candidato de ERC a la alcaldía de Girona, Marc Puigtió, ha renunciado a ser el cabeza de lista de los republicanos en la ciudad por “dignidad y responsabilidad” tras la filtración de unos audios en los que cargaba contra sus compañeros en la formación municipal.

En declaraciones a la agencia ACN, Puigtió admite que cometió un “grave error” y que asume las consecuencias, pero también señala que le preocupa la “normalización” de este tipo de prácticas en política, basadas en “grabar, editar y difundir conversaciones privadas”.

El hasta ahora candidato a la alcaldía subraya que da un paso al lado porque “el proyecto” de ERC en Girona es “más importante” que él, porque no asumió el reto de liderarlo “para aferrarse” a un cargo y porque considera que es “lo más honesto”. “Lo hago con tristeza, pero con la tranquilidad de no mirar hacia otro lado cuando las cosas se complican”, afirma.

En los audios, que se publicaron en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, Puigtió criticaba a sus compañeros de ERC en Girona y aseguraba que los quería “echar a todos” y así “quedarse con el partido”.

Tras la filtración, Puigtió reconoció la autoría de los mensajes y pidió perdón en una carta enviada a la militancia. ERC, por su parte, abrió el miércoles un expediente para “analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

ERC ha abierto este miércoles un expediente a su candidato en Girona, Marc Puigtió, a raíz de unos audios publicados en las redes sociales en las que el político carga contra sus compañeros en la formación municipal, de quienes asegura que desea “echarlos a todos” y “quedarse” con el partido. Puigtió ha reconocido la autoría de los mensajes, desvelados en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, y ha pedido perdón en una carta enviada a la militancia.

La polémica comenzó cuando la cuenta Girona Perduda publicó un vídeo que contenía varios audios que reflejaban una conversación entre Puigtió y Travis Gómez, la persona que gestiona el perfil de Instagram vinculado a Vox y muy crítico con la izquierda local. “Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos fuera a todos y quedarme Esquerra, y después poder utilizar sus recursos electorales”, se escucha decir al candidato republicano a la alcaldía de la ciudad.

En el audio Puigtió promete al influencer poderle información sobre el partido y, como muestra, revela que uno de sus compañeros de partido estaría dedicándose a gestionar una guardería “mientras está de baja en el Ayuntamiento”.

El candidato de ERC asegura además que su intención de formar Moviment Gironí, la plataforma electoral aliada de los republicanos, es “formar un proyecto nuevo”, desvinculado de su partido pero aprovechando sus derechos electorales. “Me tienen que pagar la fiesta”, asegura. Una pretensión que Puigtió admite que ha provocado el enfado entre las bases republicanas. “Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. Porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero ninguno de los que están ahora”, resume.

En la carta enviada, Puigtió pide disculpas por las “expresiones y planteamientos que no son adecuados” y lamentan que hayan causado “malestar, decepción o desconfianza”. El candidato, sin embargo, se disculpa asegurando que el audio filtrado no corresponde a una sola conversación completa, sino que está formado por fragmentos editados de diferentes días, lo que podría trasladar una impresión diferente de la intención original.

Después de que el diario El Món se hiciera eco del audio, ERC ha optado por abrir una investigación. En un comunicado, el partido asegura que, de acuerdo con la ejecutiva local de Girona, “el responsable de cumplimiento de la formación ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

Según indican, “el procedimiento se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas”. ERC rechaza hacer valoraciones o declaraciones sobre el caso.

La asamblea local de ERC designó el pasado mes de junio a Puigtió como candidato a la alcaldía de Girona, una sesión en la que también se avaló concurrir junto a Moviment Gironí, la plataforma encabezada por el propio candidato. Puigtió es considerado el hombre de Oriol Junqueras en la capital gerundense y había recibido críticas, sobre todo, de los sectores opuestos a la actual dirección de ERC.

El fenómeno Mamdani, como se conoce el meteórico ascenso del nuevo alcalde de Nueva York, ha dejado alumnos por todo el mundo. Desde que ganó los comicios, en España algo se removió en los partidos de izquierda, y en especial en sus estrategias de comunicación: la idea de que existe otra forma de trasladar los mensajes, con un perfil más cercano, directo, que permita combatir la elevada desafección.

En España este camino lo han abierto algunas dirigentes políticas femeninas que ven acercarse las elecciones municipales. Rita Maestre (Más Madrid), con sus charlas callejeras con vecinos al estilo Mamdani –también replicadas por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham–, es una de ellas. O Elisenda Alamany, de ERC en Barcelona, que acumula cientos de miles de visualizaciones con vídeos de running o de su día a día que le sirven para hablar de su ciudad.

Aunque no es un fenómeno solo femenino, los expertos en comunicación política consultados ponen como ejemplo otras figuras de izquierdas como Enma López en sus recientes primarias –que acabó perdiendo–, la ministra Mónica Garcia, o la teniente de alcaldía de Barcelona Laia Bonet. La ministra de Sanidad también recurre al running, o al tiempo que pasa con su mascota, para crear contenido personal. Y Bonet, por su parte, destaca por explicar con pedagogía los rincones y curiosidades de la ciudad.

¿Pero que significa la innovación en comunicación cuando todo parece ya visto? No se trata solo de probar nuevas maneras de hacer vídeos de Instagram o de acudir a podcasts que antes se obviaban, sino de llegar a ese punto de manera natural y coherente, no forzada.

“La comunicación no viene sola”, explica la politóloga Alba Ambrós. “Es la variable dependiente de un proyecto político que existe antes y por encima del formato”. Los contenidos publicados en TikTok e Instagram puede ser “caseros” o “naturales”, señala Ambrós, pero deben al mismo tiempo tocar los temas que preocupan a más gente.

Para Toni Aira, periodista y director del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la clave sigue estando en la autenticidad: “La gente ya no quiere políticos perfectos. Quieren políticos cercanos”. Ambrós añade además que esta cercanía despierta ilusión entre los votantes. “Si enfrente ves a una persona que te atiende sin ningún tipo de problemas, que va en zapatillas porque se ha recorrido toda la ciudad, que está hasta arriba de cansancio y aún saca ganas de ir a otro distrito a reunirse con más vecinos, te devuelve la esperanza”, desarrolla.

“Hoy en día la duda de si estamos votando políticos o aspirantes a influencers es bastante generalizada”, señala Aira, que asegura que muchos políticos hombres también juega a esa “liga del algoritmo”. Empezando, añade, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

180.000 visualizaciones con la maternidad

El caso de Elisenda Alamany se caracteriza por publicar vídeos de formato cotidiano con un trasfondo político. Correr, un deporte que practica, se ha convertido en excusa para generar contenido mientras recorre la ciudad que quiere gobernar. En su último vídeo destacado critica entre zancadas la gentrificación del Poblenou: “Es flipante. Cada vez que vengo hay un brunch nuevo”, se queja.

“Si no conoces a Elisenda, piensas que es creadora de contenido, y esto rompe la esfera política para llegar a otras audiencias”, narran desde la sala de máquinas de su equipo. A esto se suman factores vitales, como ser madre: en uno de sus vídeos más vistos, baja el carrito de su hija a la calle, corre hacia el trabajo y hace la compra, para acabar sentada en un banco proponiendo bonificar el comedor escolar y “aliviar el coste de la vida”.

Ese mismo impulso les ha llevado a salir del circuito político con podcasts ajenos a la actualidad, como Sexessive, donde Alamany habló de su experiencia en el amor. “Su perfil combina la voluntad de representar renovación y modernización con un componente generacional y de género ligado a la crisis de 2008”, explican fuentes de su equipo.

“Si quieres construir un movimiento que aspire a algo más que ser oposición, tienes que ofrecer un futuro”, explican. Por el momento, y a pesar de que ERC es hoy aún cuarta fuerza en el consistorio, Alamany ha logrado aparecer en el último barómetro municipal como la líder de partido mejor valorada, por encima incluso del alcalde Jaume Collboni.

Oposición desde la piscina municipal

Tampoco es habitual ver una mesa, una silla y a la candidata a la alcaldía de una gran ciudad sentada a pie de calle. Esta es la propuesta de “Habla con Rita”, un formato de entrevistas callejeras que popularizó Zohan Mamdani en Nueva York y que ha adaptado para sus fines la candidata de Más Madrid, Rita Maestre. Es, según su equipo, algo coherente con un proyecto “que se ha construido su propio músculo y su presencia en la calle y en los barrios”.

Por eso el equipo de comunicación trabaja pegado al de estrategia, entendiendo que esta “no es una cosa ajena que hace gente experta de manera autónoma”, sino algo integrado con la política. Insisten en que Instagram ya no es “un álbum de estampitas”, sino “un ecosistema en sí mismo en el que pasan cosas, en el que existe una disputa política”.

Esa lógica se observa sin ir más lejos en un vídeo reciente grabado en una piscina municipal. Sentada en una toalla, en el que parece un día en familia, Maestre aprovecha para explicar el mal estado de las instalaciones con naturalidad, haciendo oposición de una manera poco habitual. “Esa campaña puede parecer improvisada, pero tiene su punto, porque no lo está”, detalla Ambrós.

Esta politóloga también menciona a Enma López, a pesar de su derrota dentro del PSOE de Madrid, por trabajar un perfil en redes parecido al de Mamdani. “López ha logrado dar con la tecla de cercanía en temas tan complejos como pueden ser los temas económicos”, explica.

En momentos de alta desafección política, la cercanía que ofrecen las redes sociales, con cometidos a veces alejados de la política institucional o parlamentaria, son una ventana de oportunidad para perfiles que aspiran a asaltar alcaldías y presidencias. Pero el perfil construido, señalan las fuentes expertas, debe ser coherente con el de la persona. Y lo más importante, el proyecto político debe estar detrás.

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Junts sale del Gobierno municipal de Girona. A un año de las elecciones locales de 2027, la formación de Carles Puigdemont se va a la oposición y deja en minoría el Ejecutivo del que ha formado parte hasta ahora, liderado por Guanyem (la marca de la CUP en la ciudad), con el alcalde Lluc Salellas, y con la participación de ERC.

La hasta ahora vicealcaldesa Gemma Geis, líder de Junts en el consistorio, ya venía lanzando mensajes en los últimos días de que se agotaba su papel dentro del tripartito independentista que encabeza Salellas. Junts aspira a lograr unos mejores resultados electorales si compite desde la oposición, en un contexto de auge de la xenófoba Aliança Catalana.

Con la salida de los seis ediles de Junts, el Ayuntamiento quedará gobernado por tan solo once concejales de 27. Entre las carteras que ocupaban los de Geis estaban las de Promoción Económica, Innovación, Salud o Lengua Catalana.

El movimiento de Junts se ha precipitado en los últimos días. Geis dejó caer la bomba el domingo, en un artículo en El Punt Avui, titulado Se nos ha acabado la paciencia, en el que daba por superado su paso por el Gobierno. Sus socios de Guanyem y ERC ya vieron que se trataba del preludio de su salida del Ejecutivo, hecho que constataron este lunes, durante el pleno municipal, cuando la propia vicealcaldesa no despejó las dudas sobre la inminente ruptura.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, que se sientan el uno al lado de la otra, se saludaron cuando llegaron al pleno. El orden del día se terminó en poco más de una hora, y en el turno de ruegos y preguntas afloró la crisis de gobierno.

“Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su camino diciendo que Girona merece más y reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno”, afirmó Geis, dando a entender, una vez más, que se disponían a abandonar el Ejecutivo.

Por su parte, antes de dar el pleno por terminado, el alcalde Lluc Salellas intervino para defender que mantener el tripartito hubiera sido la “mejor opción” hasta las municipales de mayo de 2027. De entrada, Salellas subrayó que en el contexto actual, con “ataques y agresiones al catalán”, es bueno que Girona tenga un gobierno independentista y “claramente” republicano.

Pero no sólo, porque el alcalde también quiso poner de relieve que, más allá de la ideología, el acuerdo Guanyem-Junts-ERC permitió trabajar “por la cohesión, para que la extrema derecha no pueda crecer ni tener espacio en la ciudad y avanzar hacia una Girona que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

La apuesta de Gabriel Rufián por una candidatura conjunta de las izquierdas nació como proyecto personal del diputado de ERC y en contra del parecer mayoritario de su partido. Desde entonces, la vía Rufián se apoderó de muchos debates, interpeló a políticos e ilusionó a posibles votantes. Pero, seis meses después, quienes debían ser sus compañeros de viaje dan por imposible el proyecto, tras no haber encontrado interlocutores para explorarlo.

“Lo hemos intentado, pero hemos comprobado que en esa piscina no hay agua”, aseguran fuentes de los Comuns, que explican que durante los meses de mayo y junio trataron de acercarse al diputado republicano para conocer el detalle de sus planes. Pero no tuvieron éxito.

Tras eso, optaron por hacer una nueva tentativa, esta vez al máximo nivel. Las coordinadoras nacionales de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, pidieron una reunión formal con Rufián. Pero este las remitió a hablar directamente con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y que se ha manifestado siempre con claridad en contra de una candidatura que sume a su partido con el resto de izquierdas estatales.

Desde el grupo parlamentario de ERC quitan hierro a estos desencuentros. “En los pasillos del Congreso hablamos todos los días, nos encontramos con mucha gente todos los días, de partidos y grupos diversos”, explican, dando a entender que nunca han rehuido ningún contacto. Ahora bien, entienden que son las cúpulas de los partidos quienes deben negociar.

“Rufián buscaba concienciar, remover y debatir, y es lo que ha conseguido, y es evidente que son los partidos, y sus cúpulas, los que hacen coaliciones y acuerdos y, por tanto, quienes deben abordarlo”, resumen desde el equipo del republicano.

En cambio, para los Comuns, esto ha significado darse contra una pared. “Cada vez que lo hemos intentado, Rufián no sale del marco de que decida la dirección de ERC”, sentencian fuentes de la formación. “Lo respetamos mucho, pero en la práctica no deja vías abiertas para intentar un proyecto en el que no esté ni él ni su partido”, lamentan.

Desde los Comuns agregan que ya tienen un contacto fluído con la dirección de Junqueras, pero que esta nunca ha dado pie a un entendimiento electoral.

Sin avances en otros territorios

Los partidos agrupados en Sumar delegaron a los Comuns la tarea de explorar la 'via Rufián', al entender que era una cuestión que tenía uno de sus principales nudos gordianos en Catalunya. Sin embargo, a lo largo de su pequeña gira de encuentros con diferentes líderes de izquierdas, Rufián también había guiñado el ojo hacia Podemos o, más recientemente, a Compromís.

El acto que Mònica Oltra protagonizó el pasado 19 de junio con Rufián dio a entender que ambos líderes podían entenderse. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la cuestión sobre las generales es solo uno de los debates sobre las coaliciones, que también deben cerrarse para el resto de las elecciones. Se da la circunstancia de que ERC tiene una pequeña federación valenciana.

Por ello, Compromís tiene constituida una mesa de trabajo para estudiar posibles confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los tres partidos que forman Compromís están en esa negociación, pero aún no se ha llegado al detalle de participar de algún proyecto para las generales. Mucho menos si lleva el nombre de Rufián o no.

Tampoco hay noticias por la parte de Podemos, después de que el pasado 25 de junio anunciara que Irene Montero será su candidata a las generales. Sobre una posible incorporación de Podem a candidaturas lideradas por ERC, bien a las generales o bien de cara a las municipales, los republicanos siguen sin descartar esta opción pero aseguran que por el momento no hay ninguna negociación en esta línea.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

¿Puede haber un vínculo político entre dos partidos distintos? Así lo sugieren los Mossos d'Esquadra en uno de los informes en los que se sustenta la causa que investiga los contratos a dedo que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), durante la etapa de Félix Alonso (Comuns) como alcalde, dio al despacho de Joan Ignasi Elena antes de que el político regresara a la primera en 2021 como conseller de ERC.

El caso de Altafulla se queda lejos de las grandes causas de corrupción que han protagonizado la crónica judicial catalana, aunque la conocen tres juzgados: el Tribunal Supremo, donde está aforado e investigado Alonso; el juzgado de El Vendrell donde se originó el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde este lunes han declarado como investigados Elena (actual parlamentario de ERC) y el exlíder de ICV Joan Herrera, por unos contratos de hace casi una década.

Según fuentes jurídicas, Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla y ha negado favores políticos del exalcalde, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera entre 2017 y 2019 por su “vinculación política estrecha” con el partido del alcalde.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC por desacuerdos con el proceso soberanista.

El exconseller de Interior ha respondido a todas las preguntas del juez y el fiscal y ha negado que conociera a Alonso, además de desmentir cualquier relación entre ERC y los Comuns, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo y aseguró que las contrataciones por valor de 30.000 euros que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.

En la misma línea, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en materias urbanísticas a administrativas porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que los contratos siempre se ajustaron a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Por su lado, según fuentes jurídicas, Herrera ha recordado al juez que en 2018 abandonó el despacho que compartía con Elena, y que su ámbito de especialización era la energía y no el urbanismo, la materia principal de los informes. Alejado de la política desde hace años, Herrera ha considerado “injusta” su imputación.

“Joan Herrera no estaba cuando sucedieron los hechos que se investigan. Su imputación construida sobre esta base causa un daño que ninguna resolución judicial posterior podrá reparar del todo”, han esgrimido fuentes de su defensa en un comunicado.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

La dirección de ERC ha puesto en marcha este sábado la maquinaria electoral para hacer frente a las dos grandes citas con las urnas que ocurrirán, como tarde, en los próximos 18 meses: unas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo, y unas generales que, si bien no están fijadas, planean en el ambiente y no podrían arribar más tarde de agosto de 2027. Los republicanos se ponen en modo electoral sin haber resuelto aún el encaje de su cabeza de lista, Gabriel Rufián, y la nueva alianza que impulsa con diferentes izquierdas del conjunto del Estado, opción que no cuenta con el aval del partido.

La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha comparecido ante unos 250 militantes, muchos de ellos candidatos a las próximas municipales. La dirigente, que también es la candidata en Barcelona, ha llamado a “ganar la batalla de la identidad” desde los valores progresistas que representa Esquerra porque, según considera, esa será la batalla que se jugará en las próximas municipales ante el crecimiento de la extrema derecha. La secretaria general ha destacado además que la identidad “no es una bandera vacía”, sino “un síntoma de comunidad”.

“Cuando vamos a algunos lugares y decimos que ese lugar no tiene identidad, no tiene personalidad, es porque no hay una comunidad detrás. Es porque probablemente no hay una lengua, no hay una cultura, es un lugar de paso. Y no podemos permitirnos que Catalunya sea un lugar de paso”, ha remachado.

Alamany además ha cargado directamente contra las posiciones de la derecha independentista que “se repliega cuando no exige hablar catalán sino unos apellidos catalanes” para acceder a la catalanidad. Por eso ha reclamado un independentismo y un catalanismo “que no mire al pasado”.

La secretaria general ha cargado también contra un PSC que “dice que puedes ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta respetar la lengua, que no hace falta integrarte en la comunidad que tienes a tu alrededor”. En este sentido, la líder de ERC ha pedido evitar “el reaccionarismo y el cosmopolitismo naíf”.

La batalla por las listas

El Consejo Nacional de este sábado era una fecha marcada en el calendario por ser el día en el que se ha aprobado el reglamento para la confección de las listas del partido para las elecciones al Congreso y el Senado. Unas candidaturas que han sido objeto de polémica interna, después de que Gabriel Rufián marcara como condición para seguir como cabeza de lista poder confeccionar las listas, lo que suponía desplazar a algunos de sus actuales compañeros de grupo con los que no mantiene relaciones.

Sin embargo, desde el partido se ha remarcado reiteradamente que esta pretensión del jefe de filas en Madrid no cabe en la tradición asamblearia de ERC, donde son las propias federaciones territoriales las que eligen y validan los nombres que se presentan por cada circunscripción. La ejecutiva nacional sí tiene la posibilidad de introducir hasta un cuarto de los candidatos en las diferentes candidaturas. El reglamento aprobado este sábado no modifica estas condiciones, por lo que la petición de Rufián de elegir directamente a sus compañeros de grupo quedaría descartada.

ERC no tiene un candidato mejor que Gabriel Rufián para las generales. Lo sabe él y lo sabe la dirección. Como en su momento hizo Podemos, Rufián conecta con un determinado votante de izquierdas y eso incluye a nuevos electores o abstencionistas.

Cuando en Catalunya se ironiza, con cierto alivio, diciendo que el procés se ha trasladado a Madrid, no es solo por la crispación diaria en el Congreso o por la actuación de una parte de la judicatura que no se presenta a las elecciones, pero pretende ganarlas. También lo es por algunos discursos que simplifican una complejidad política instalada en un escenario más que confuso.

Daniel Innerarity, siempre atinado, fue uno de los primeros intelectuales en alertar de los riesgos de diferenciar entre el populismo bueno y el malo: el primero, entendido como el que practican algunos dirigentes de izquierdas; el segundo, identificado con líderes de derechas. El primero, democratizador; el segundo, reaccionario. Pero tampoco en política las cosas son tan sencillas.

Rufián, que desde una óptica de izquierdas encarna como pocos ese populismo “bueno” (como antes simbolizó el populismo independentista), ha abierto, con acierto, el debate sobre el futuro del llamado espacio a la izquierda del PSOE. Un enjambre de siglas que, para ponerse de acuerdo, debería empezar por coger la calculadora y comprobar qué fórmula evita que se pierda ni un solo voto. Números y egos, por este orden. Ha sido así desde el primer momento. El resto son discursos bien hilvanados. Populismo “bueno”, el de Chantal Mouffe, aunque populismo al fin y al cabo.

Ese es el principal problema que debe resolver ese espacio. Y es evidente que no depende solo de Rufián, quien, además, ha dado el paso de expresar su disposición a ponerse al frente de un proyecto que aún nadie ha dibujado. Si fructifica, probablemente no haya mejor candidato para encabezarlo. Pero, ¿y si no prospera?

Entonces aparecería la casilla de ERC, si es que la partida no ha estado siempre ahí. La primera diferencia entre Rufián y la dirección es que el partido no quiere autoubicarse, sobre todo en Catalunya, a la izquierda de los socialistas. Su propósito es ser percibido como una formación de centroizquierda, algo que el PSC de Salvador Illa puede permitirle porque este PSC mira más hacia el centro que hacia su izquierda.

Para la actual dirección de ERC, la prioridad es recuperar espacio en ese terreno, estabilizarse tras las tensiones del último congreso, presentarse como una formación capaz de gobernar y convertirse en lo que más le cuesta ser: un partido previsible.

Rufián ya ha explicado en público lo que desde hace meses se sabe en el partido: exige condiciones para repetir. La primera es confeccionar a su gusto las listas al Congreso en las próximas elecciones. Pero eso no es lo único conocido dentro de ERC. La Cadena SER desveló hace unos días algo que este diario también ha podido confirmar: Rufián ha roto relaciones con más de la mitad del grupo parlamentario. Con cuatro de sus diputados ni siquiera se habla.

Fuentes del grupo de ERC describen un clima irrespirable. “No se trata de un problema de discrepancia política, porque entre los diputados a los que Rufián no dirige la palabra los hay de todas las tendencias, incluso de la que a priori sería más cercana a él, como Àgora Republicana. El problema es de trato personal”, defienden fuentes del grupo.

“Es una persona muy difícil en el trato y aplica el esquema de que, si no estás con él, estás contra él”, afirma otra persona que ha trabajado codo con codo con él en Madrid. “Hace tiempo que cree que su partido se le ha quedado pequeño y que, además, la dirección de ERC marca desde Barcelona una línea política que no encaja con lo que él entiende que debería hacerse en el Congreso”, abunda.

Por eso, a nadie en ERC —ni en el grupo de Madrid ni en la dirección en Barcelona— le ha sorprendido su exigencia de decidir personalmente los nombres de las candidaturas, pese a que en este partido son las asambleas territoriales las que eligen los candidatos de cada circunscripción. “Si dependiera de mi opinión personal, es evidente que es un candidato excelente. Siempre lo he defendido y lo continúo defendiendo. Respecto a la lista, todos los militantes de ERC pueden transmitir su opinión.

El partido decidirá a través de sus órganos –la ejecutiva nacional y el consejo nacional–. Y decidirán cada uno de los territorios“, le recordó Junqueras a Rufián hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Su número dos en el partido, Elisenda Alamany, reiteró el mismo mensaje este lunes al insistir en que las federaciones territoriales ”son las que presentan y votan a sus respectivos candidatos“. 

Tensiones que han ido a más

Las fuentes consultadas por este diario explican que, si bien las tensiones han sido constantes desde el inicio de la legislatura, en los últimos meses la situación en el grupo de Madrid se ha agravado.

En concreto, Rufián ha tenido roces (y finalmente ha dejado prácticamente de hablarse) con Teresa Jordà, Pilar Vallugera, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro. Estos diputados, de hecho, no participan en las decisiones sobre la posición del partido ante la mayoría de propuestas que llegan al pleno y aseguran que, en ocasiones, se enteran de qué dirá su portavoz al mismo tiempo que el resto del Hemiciclo.

Otras fuentes también hablan de las tiranteces que el líder ha tenido con algunos miembros del personal del grupo. “Es una persona autoritaria y arbitraria, que ha llegado a frenar iniciativas políticas bien trabajadas y que contaban con el aval de la dirección del partido solo porque a él no le interesaban”, explican.

Uno de los diputados, Jordi Salvador, publicó un mensaje este lunes en X donde afirmó que ERC no puede ser la “plataforma personal” de su portavoz, ni aceptar sus “ultimátums”. “La paciencia –añadió– tiene un límite”.

En la dirección de ERC, que anda haciendo pedagogía entre cuadros y bases para que su apoyo a los presupuestos de Illa se entienda como un gesto de “responsabilidad”, son conscientes de los problemas internos que existen en el grupo, aunque hasta ahora han conseguido irlos sorteando.

Primero, porque saben del tirón que puede tener Rufián entre un electorado al que ERC no llegaría si no fuese por él. Para empezar, entre los votantes jóvenes. En estos tiempos (sí, los de TikTok), ningún partido renunciaría a tener un Rufián en sus filas.

Del mismo modo, saben que aquel joven de Santa Coloma de Gramenet al que Junqueras dio su primera oportunidad siempre ha apoyado al presidente del partido, también en el último congreso, cuyas heridas aún escuecen. De ahí que se intente restar trascendencia a los movimientos de Rufián en Madrid y se busque calmar los ánimos en el grupo parlamentario.

ERC es un partido fundado en 1931. Nació ya con discrepancias, entonces entre Francesc Macià y Lluís Companys, convertidos ahora en personajes entrañables del programa Polònia, donde aparecen ‘en el cielo’ comentando y discutiendo sobre la actualidad. Por lo tanto, sin sus broncas internas, esta formación no se entiende.

La cuestión es si, en este caso, el debate sobre el papel de ERC en las izquierdas estatales –y, más en concreto, sobre el que puede jugar Rufián– responde a una estrategia política o a una lógica personalista que poco tiene que ver con el proyecto del partido.