ERC no tiene un candidato mejor que Gabriel Rufián para las generales. Lo sabe él y lo sabe la dirección. Como en su momento hizo Podemos, Rufián conecta con un determinado votante de izquierdas y eso incluye a nuevos electores o abstencionistas.

Cuando en Catalunya se ironiza, con cierto alivio, diciendo que el procés se ha trasladado a Madrid, no es solo por la crispación diaria en el Congreso o por la actuación de una parte de la judicatura que no se presenta a las elecciones, pero pretende ganarlas. También lo es por algunos discursos que simplifican una complejidad política instalada en un escenario más que confuso.

Daniel Innerarity, siempre atinado, fue uno de los primeros intelectuales en alertar de los riesgos de diferenciar entre el populismo bueno y el malo: el primero, entendido como el que practican algunos dirigentes de izquierdas; el segundo, identificado con líderes de derechas. El primero, democratizador; el segundo, reaccionario. Pero tampoco en política las cosas son tan sencillas.

Rufián, que desde una óptica de izquierdas encarna como pocos ese populismo “bueno” (como antes simbolizó el populismo independentista), ha abierto, con acierto, el debate sobre el futuro del llamado espacio a la izquierda del PSOE. Un enjambre de siglas que, para ponerse de acuerdo, debería empezar por coger la calculadora y comprobar qué fórmula evita que se pierda ni un solo voto. Números y egos, por este orden. Ha sido así desde el primer momento. El resto son discursos bien hilvanados. Populismo “bueno”, el de Chantal Mouffe, aunque populismo al fin y al cabo.

Ese es el principal problema que debe resolver ese espacio. Y es evidente que no depende solo de Rufián, quien, además, ha dado el paso de expresar su disposición a ponerse al frente de un proyecto que aún nadie ha dibujado. Si fructifica, probablemente no haya mejor candidato para encabezarlo. Pero, ¿y si no prospera?

Entonces aparecería la casilla de ERC, si es que la partida no ha estado siempre ahí. La primera diferencia entre Rufián y la dirección es que el partido no quiere autoubicarse, sobre todo en Catalunya, a la izquierda de los socialistas. Su propósito es ser percibido como una formación de centroizquierda, algo que el PSC de Salvador Illa puede permitirle porque este PSC mira más hacia el centro que hacia su izquierda.

Para la actual dirección de ERC, la prioridad es recuperar espacio en ese terreno, estabilizarse tras las tensiones del último congreso, presentarse como una formación capaz de gobernar y convertirse en lo que más le cuesta ser: un partido previsible.

Rufián ya ha explicado en público lo que desde hace meses se sabe en el partido: exige condiciones para repetir. La primera es confeccionar a su gusto las listas al Congreso en las próximas elecciones. Pero eso no es lo único conocido dentro de ERC. La Cadena SER desveló hace unos días algo que este diario también ha podido confirmar: Rufián ha roto relaciones con más de la mitad del grupo parlamentario. Con cuatro de sus diputados ni siquiera se habla.

Fuentes del grupo de ERC describen un clima irrespirable. “No se trata de un problema de discrepancia política, porque entre los diputados a los que Rufián no dirige la palabra los hay de todas las tendencias, incluso de la que a priori sería más cercana a él, como Àgora Republicana. El problema es de trato personal”, defienden fuentes del grupo.

“Es una persona muy difícil en el trato y aplica el esquema de que, si no estás con él, estás contra él”, afirma otra persona que ha trabajado codo con codo con él en Madrid. “Hace tiempo que cree que su partido se le ha quedado pequeño y que, además, la dirección de ERC marca desde Barcelona una línea política que no encaja con lo que él entiende que debería hacerse en el Congreso”, abunda.

Por eso, a nadie en ERC —ni en el grupo de Madrid ni en la dirección en Barcelona— le ha sorprendido su exigencia de decidir personalmente los nombres de las candidaturas, pese a que en este partido son las asambleas territoriales las que eligen los candidatos de cada circunscripción. “Si dependiera de mi opinión personal, es evidente que es un candidato excelente. Siempre lo he defendido y lo continúo defendiendo. Respecto a la lista, todos los militantes de ERC pueden transmitir su opinión.

El partido decidirá a través de sus órganos –la ejecutiva nacional y el consejo nacional–. Y decidirán cada uno de los territorios“, le recordó Junqueras a Rufián hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Su número dos en el partido, Elisenda Alamany, reiteró el mismo mensaje este lunes al insistir en que las federaciones territoriales ”son las que presentan y votan a sus respectivos candidatos“. 

Tensiones que han ido a más

Las fuentes consultadas por este diario explican que, si bien las tensiones han sido constantes desde el inicio de la legislatura, en los últimos meses la situación en el grupo de Madrid se ha agravado.

En concreto, Rufián ha tenido roces (y finalmente ha dejado prácticamente de hablarse) con Teresa Jordà, Pilar Vallugera, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro. Estos diputados, de hecho, no participan en las decisiones sobre la posición del partido ante la mayoría de propuestas que llegan al pleno y aseguran que, en ocasiones, se enteran de qué dirá su portavoz al mismo tiempo que el resto del Hemiciclo.

Otras fuentes también hablan de las tiranteces que el líder ha tenido con algunos miembros del personal del grupo. “Es una persona autoritaria y arbitraria, que ha llegado a frenar iniciativas políticas bien trabajadas y que contaban con el aval de la dirección del partido solo porque a él no le interesaban”, explican.

Uno de los diputados, Jordi Salvador, publicó un mensaje este lunes en X donde afirmó que ERC no puede ser la “plataforma personal” de su portavoz, ni aceptar sus “ultimátums”. “La paciencia –añadió– tiene un límite”.

En la dirección de ERC, que anda haciendo pedagogía entre cuadros y bases para que su apoyo a los presupuestos de Illa se entienda como un gesto de “responsabilidad”, son conscientes de los problemas internos que existen en el grupo, aunque hasta ahora han conseguido irlos sorteando.

Primero, porque saben del tirón que puede tener Rufián entre un electorado al que ERC no llegaría si no fuese por él. Para empezar, entre los votantes jóvenes. En estos tiempos (sí, los de TikTok), ningún partido renunciaría a tener un Rufián en sus filas.

Del mismo modo, saben que aquel joven de Santa Coloma de Gramenet al que Junqueras dio su primera oportunidad siempre ha apoyado al presidente del partido, también en el último congreso, cuyas heridas aún escuecen. De ahí que se intente restar trascendencia a los movimientos de Rufián en Madrid y se busque calmar los ánimos en el grupo parlamentario.

ERC es un partido fundado en 1931. Nació ya con discrepancias, entonces entre Francesc Macià y Lluís Companys, convertidos ahora en personajes entrañables del programa Polònia, donde aparecen ‘en el cielo’ comentando y discutiendo sobre la actualidad. Por lo tanto, sin sus broncas internas, esta formación no se entiende.

La cuestión es si, en este caso, el debate sobre el papel de ERC en las izquierdas estatales –y, más en concreto, sobre el que puede jugar Rufián– responde a una estrategia política o a una lógica personalista que poco tiene que ver con el proyecto del partido.

La mayoría del Congreso que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios intenta blindar la posibilidad de que formaciones como ERC, Junts o incluso Podemos —si se acaba presentando en solitario a las próximas elecciones generales— puedan tener grupo parlamentario en la próxima legislatura. Este martes, el PSOE y sus aliados (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) dieron luz verde a la toma en consideración de una propuesta de reforma del reglamento para rebajar los requisitos que permiten conformar un grupo en la Cámara Baja. Y lo han hecho con el rechazo frontal de PP y Vox, que si se hacen con el control del legislativo la próxima legislatura podrían bloquear las triquiñuelas reglamentarias que, históricamente, han utilizado los partidos pequeños (también los conservadores) para disfrutar de las ventajas que proporciona no acabar relegado en el grupo mixto.

La reforma del reglamento ha sido promovida, precisamente, por los dos partidos independentistas catalanes junto a Podemos, el BNG y Compromís. Y no es casual, porque podrían ser los grandes perjudicados si la Mesa del Congreso estuviera controlada la próxima legislatura por el bloque de la derecha y la ultraderecha, que este martes se encargó de dejar claro que piensa aplicar el reglamento a rajatabla y no permitirá ninguna de las habituales argucias —avaladas, eso sí, por el Tribunal Constitucional— para proporcionar grupo parlamentario a partidos que no han alcanzado los umbrales mínimos para ello. “Vox impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que puedan beneficiar a partidos minoritarios de corte nacionalista, prometió el diputado ultraderechista Ignacio Gil Lázaro.

Actualmente, el reglamento da derecho a constituirse en grupo parlamentario a las candidaturas que logren en las elecciones 15 diputados. Pero, más allá de esa vía ordinaria, ofrece una segunda de más sencillo cumplimiento: también pueden tener grupo los partidos que hayan obtenido al menos cinco escaños y el 5% del voto a nivel estatal o el 15% de los sufragios en cada circunscripción en la que se presenten. Lo que pretende la reforma que empezó a tramitarse este martes es rebajar esos umbrales y permitir que puedan formar grupo parlamentario las listas que obtengan al menos un 3% del voto estatal o el 10% de las papeletas en cada territorio en el que concurran.

En la práctica, la reforma pretende acabar con la discrecionalidad que ha existido en las últimas décadas en relación a la concesión o no de grupo parlamentario a los partidos minoritarios. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta misma legislatura con ERC y Junts, que no lograron en las elecciones los resultados requeridos por el reglamento: los republicanos se quedaron en el 13,1% de los votos y los de Carles Puigdemont, en el 11,1%. En agosto de 2023, nada más constituirse las Cortes Generales, PSOE y Sumar pactaron con los independentistas prestarles temporalmente varios diputados para superar el umbral mínimo y no tener que integrarse en el grupo mixto, lo que les hubiera privado tanto de recursos económicos como de visibilidad y tiempo de intervención en los debates.

Esta argucia parlamentaria —de la que, en otras legislaturas, se beneficiaron Coalición Canaria o el BNG gracias al apoyo de direcciones legislativas de diferente color político— se pudo llevar a cabo únicamente porque PSOE y Sumar la avalaron con su mayoría en la Mesa del Congreso. Pero buena muestra del enorme margen de maniobra con el que cuenta este órgano para permitir o no la creación de grupos parlamentarios a los partidos que no alcanzan por sí mismos los requisitos es que, en mayo de 2019, una Mesa en la que el PSOE también tenía la última palabra bloqueó la concesión de grupo parlamentario a Junts, que barajaba apoyarse en formaciones como ERC o EH Bildu para lograrlo.

Sin embargo, la izquierda no es la única que ha permitido ese tipo de ardides para beneficiar políticamente a grupos con los que quería entablar una buena relación durante la legislatura o para todo lo contrario. En 2011, por ejemplo, el PP permitió con su mayoría absoluta —y su control pleno de la Mesa— que UPyD se apoyara en Foro Asturias para tener grupo parlamentario. Esa misma manga ancha, por el contrario, se tornó en aplicación estricta del reglamento para impedir que Amaiur —la marca antecesora de EH Bildu— formase grupo, puesto que los abertzale se quedaron a décima y media de alcanzar el 15% de los votos en Navarra, la única de las cuatro circunscripciones en las que concurrieron (junto a las tres vascas) en las que no llegaron al umbral mínimo requerido.

PP y Vox amenazan con cerrar el grifo

Durante el debate parlamentario de este martes, tanto el PP como Vox dejaron muy claro que, si controlan la Mesa del Congreso la próxima legislatura, no piensan hacer ningún favor a los partidos minoritarios para permitirles acceder a las ventajas de tener un grupo parlamentario. “El vigente reglamento del Congreso ya es generoso con ustedes, yo diría excesivamente generoso, y les ha dado mucha más voz y mucho más protagonismo a lo largo de nuestra democracia del que los españoles les han dado en las urnas”, espetó dirigiéndose a ERC, Junts y el resto de los grupos nacionalistas y minoritarios el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que tachó de “fraude electoral de libro” y de “pucherazo” la maniobra llevada a cabo al inicio de la legislatura para que los independentistas catalanes no se fueran al grupo mixto.

Por su parte, su homólogo de Vox Ignacio Gil Lázaro sostuvo que el único motivo por el que los partidos proponentes han presentado esta reforma es porque dan por hecho que “en las próximas elecciones generales” van a “cosechar un rotundo descalabro en pérdida de escaños” en beneficio de “una amplia mayoría democrática surgida de la voluntad de las urnas integrada por Vox y el PP”. Si eso ocurre, la ultraderecha “impedirá que se sigan produciendo todas las mangarrufias” que se han realizado en las últimas décadas “incumpliendo los requisitos establecidos” en el actual reglamento, prometió Gil Lázaro, que sostuvo que la práctica hasta ahora ha contravenido “la voluntad nacional expresada en las urnas”.

Por el contrario, el PSOE defendió por boca de su diputado Joaquín Martínez que la reforma busca reflejar en el Congreso la “realidad política territorial de la España del siglo XXI” y aseguró que “la fragmentación política no la provoca el reglamento, sino que la decide la ciudadanía cuando vota en libertad”. “Las instituciones democráticas no pueden permanecer congeladas mientras cambia la realidad social del país”, argumentó Martínez en la misma línea que el parlamentario de Sumar Alberto Ibáñez, que aseguró que el objetivo de la reforma es “adaptar el reglamento a la realidad plural de la calle” y cargó contra una “falsa alternancia que debilita la democracia, empobrece los matices e, históricamente, invisibiliza la representatividad” de algunos territorios.

Nunca antes la idea de que lo personal es político había estado tan presente en Compromís. El regreso de Mónica Oltra ha sacudido una coalición que afronta un debate fundamental para las próximas elecciones autonómicas y que está retrasando el aterrizaje de la dirigente en la candidatura de València: la política de alianzas.

La coalición valencianista tiene ante sí una oportunidad de oro en las próximas elecciones municipales y autonómicas: el País Valenciano puede ser la aldea gala que consiga gobiernos de izquierdas, con un PP desgastado por la negligente gestión de la dana y la huelga educativa. Las encuestas los sitúan por encima del 20% yendo solo con su propia marca y en la ciudad se entiende que su suelo de voto es de nueve concejales (de un total de 33). Los escenarios demoscópicos son optimistas, en estudios previos al regreso de la exdirigente, que ha sido aplaudido desde los movimientos vecinales hasta la izquierda estatal. Oltra lo cambia todo. Y Oltra agita lo que ya estaba revuelto.

En un contexto en el que el acuerdo con Esquerra Unida llevaba años tejiéndose, la exdirigente y su entorno presionan para integrar en la candidatura a Podemos, Sumar y Esquerra Republicana, formaciones que en el País Valencià quedan fuera de las Corts y apenas tienen presencia municipal, pero que a nivel estatal movilizan y tienen capital político. Los quieren a nivel autonómico y en las grandes ciudades como València, donde Oltra encabezará la candidatura, aunque el proceso orgánico está congelado.

Y lo está porque hay muchas condiciones por negociar y una relación muy distante entre la exvicepresidenta y el grupo municipal, que dos meses después del anuncio de su regreso apenas han compartido espacios. Oltra ha estado prácticamente en los mismos actos con Podemos que con Compromís, algo con lo que los morados se muestran encantados, puesto que les sirve como herramienta de presión hacia Més. La candidata virtual es cauta y respetuosa con la vida orgánica, espera que la coalición haga su proceso y subraya que es candidata porque su partido —Iniciativa— se lo ha pedido, pero no lanza mensaje que no tenga una intención.

El atasco en València está comenzando a provocar desgaste entre los dirigentes y la militancia de Compromís, agotados de interpelarse a través de los medios de comunicación. En Iniciativa consideran que hay una asimetría entre la elección de los candidatos y la de Oltra y lamentan que no se haya desbloqueado la puesta en escena para la candidatura de València, que debería ser la 'palanca' para los acuerdos de País. Creen que en Més no han asumido su vuelta y la coalición debe resarcirla de un daño causado, no pasar por un proceso asambleario como otros candidatos. Públicamente todo han sido mensajes de apoyo, pero casi dos meses después el proceso interno apenas ha avanzado.

La exdirigente no quiere pasar un proceso orgánico al uso —tampoco lo han hecho Joan Baldoví para la Generalitat o Verònica Ruiz en Castellón y ya se les asume como candidatos— ni que le impongan nombres en las listas, aunque tampoco plantea vetos. Con las expectativas electorales que tienen, caben todos. Su entorno y su partido consideran que la coalición debe verbalizar claramente que la quieren como candidata. La dirigente abandonó la vicepresidencia y la primera línea para mantener fuerte el proyecto político, como enunció en la rueda de prensa. Y ha decidido volver con todo lo que implica, pendiente de un proceso judicial que se eterniza.

Més y Verds entienden que Oltra ha de tener cierta autonomía para elaborar su propuesta, pero no puede ser completamente independiente de Compromís. Ya se hizo con Joan Ribó, que tuvo un reglamento excepcional para la capital, aunque desde las otras formaciones recuerdan que no hizo las listas a su antojo.

“Iniciativa va a vincular cualquier negociación a la política de alianzas”, señala un peso del partido próximo a Oltra, que manifiesta su intención de que el acuerdo de País y el de las municipales se den en los mismos términos. No quieren que València vaya por libre sino un acuerdo conjunto, una política de alianzas coherente. En el partido de Oltra creen que es fundamental incorporar cada voto de la izquierda, que nadie se quede en casa, no contentarse con dar un sorpasso al PSPV. Que los votantes de las citadas formaciones de la izquierda transformadora se sientan representados en la papeleta. Y esto pasa por dar puestos altos a estos partidos, lugares visibles. Que “la fuerza mayoritaria tiene que dejar huecos”. Algo que ni en Més ni en Verds-Compromís ven del todo, pues creen que se debe premiar a quien lleva años trabajando por y en el partido y a los liderazgos consolidados. “Tejer alianzas con actores consolidados suma, pero debe responder a una realidad”, destaca un dirigente de Verds, que apunta que hay que tener en cuenta a los partidos de la federación y se muestra convencido de que Oltra “mejorará” el resultado de 2023. En las autonómicas, las negociaciones han de hacerse con números reales, opinan.

Captar votos del PSOE

En Més creen que la estrategia prioritaria ha de ser “que el votante decepcionado con el PSOE por los casos de corrupción o por no arreglar el problema de la vivienda no se quede en casa, sino que vaya a las urnas y vote Compromís”, señalan fuentes valencianistas, que apuntan que “es fundamental tener una opción potente que apele a una amplia mayoría de valencianos y valencianas”. La rama mayoritaria subraya que la coalición está “abierta” a todo aquel que quiera sumar contra los gobiernos de PP y Vox, pero rechaza una candidatura que sea una “sopa de siglas” a nivel autonómico, mientras que a nivel local es partidaria de la autonomía municipal.

La tesis del sector mayoritario se basa en la encuesta que los valencianistas realizaron en diciembre de 2025. Fue poco después de la dimisión de Carlos Mazón, la formación del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca y meses antes de que Mónica Oltra confirmara su paso al frente —todo un revulsivo en la política valenciana y en la estatal— para encabezar la candidatura de Compromís por València. Mucho antes también de la investigación al expresidente Zapatero o el inicio del juicio a Ábalos, dos golpes para el PSOE. Ya entonces, según sus datos, 1 de cada 4 votantes del PSOE se iría a Compromís en las próximas elecciones.

La encuesta de los valencianistas deja el bloque de izquierda y derecha en empate. Da a Podemos y Esquerra Unida un 1,4% del voto, presentándose por separado, un porcentaje que es menos de la mitad de lo que obtuvieron con la marca Unides Podem en 2023. En este testeo demográfico, Mónica Oltra es la candidata más conocida y la segunda mejor valorada por los ciudadanos. Eso también son números a considerar. No son tesis contradictorias, pues todo voto suma. La cuestión es dónde se centran los esfuerzos.

EUPV y Podem, con buena disposición

El último Consell Polític Nacional de EUPV, el pasado 9 de mayo, el partido de Rosa Pérez Garijo aprobó “una perspectiva de coordinación orgánica y de País”. Por ello, sin perjuicio de la autonomía de los municipios, “es importante que las posibles alianzas y confluencias se conformen evitando la fragmentación y la ineficacia electoral que supondría una heterogeneidad de acuerdos bajo múltiples marcas para alcanzar este objetivo y coordinar el encaje de las distintas confluencias municipales bajo un paraguas común”, señala un dirigente de Esquerra Unida. La formación mantuvo un encuentro esta semana con Compromís y la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canayamelar, y destacan que llevan años manteniendo “contacto y colaboración”. “Entendemos que la confluencia se construye así: poco a poco, tejiendo confianzas personales y orgánicas con análisis concretos de los problemas de la ciudad, y compartiéndolo con los movimientos sociales”

En Podem están dispuestos a hablar en todos los ámbitos, no solo en València con la candidatura de Oltra. Las formaciones de izquierdas entienden que el liderazgo lo tienen los valencianistas y abogan por pactos a todos los niveles: autonómicos y municipales. No crean que tenga sentido hacer en cada espacio una cosa distinta y defienden que su porcentaje de votos es clave para cualquier escenario.

El paso adelante que dio públicamente este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido recibido con tanta expectación como incertidumbre. Ninguno de los partidos estatales cuya candidatura a las generales Rufián aseguró estar dispuesto a “encabezar” —con una fórmula aún por desarrollar— ha cerrado la puerta a analizar la propuesta, pero antes de cualquier conversación varios de ellos han exigido al dirigente “concretar” qué es lo que quiere hacer. Y mientras ERC, que no se cansa de rechazar por activa y por pasiva la idea de una coalición con formaciones de ámbito nacional para las próximas elecciones, evita confrontar públicamente con su portavoz y trata de quitar hierro al órdago público que le ha lanzado para exigir el control del grupo parlamentario de ERC en el Congreso.

En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián afirmó por primera vez expresamente que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, siendo “el cabeza de lista, pues p’alante”. El dirigente volvió a asegurar, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, que no piensa romper su carné de militante de ERC y que se mantendrá en el partido siempre y cuando no le “echen”. Pero también lanzó, por primera vez en público, un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”.

Esos requisitos tienen que ver con las diferencias cada vez más profundas que existen en el grupo parlamentario republicano, que son de carácter político y estratégico, pero también personales, según sostienen fuentes de los diferentes sectores. En público, Rufián ha rechazado concretar cuáles son sus condiciones para no marcharse a su “casa”, pero fuentes de ERC confirman que lo que quiere son, básicamente, dos cosas: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y mando en plaza para marcar la línea política del partido en Madrid.

No obstante, pese al paso adelante de su portavoz en el Congreso, la dirección de ERC se ha conjurado para no confrontar con él. A pesar del enfado creciente que existe en la cúpula republicana con los movimientos de Rufián y, ahora, con su presión pública para conseguir una lista más afín, la consigna es la de emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada en febrero, cuando la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que el partido se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas.

La formación sigue queriendo que Rufián sea su candidato en los próximos comicios generales, puesto que le consideran un activo político de primer orden. Pero la dirección que encabeza Oriol Junqueras insiste en que es imposible unirse a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, aunque sí se muestra abierta a negociar con Rufián la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura del portavoz, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es minoritaria en todas las asambleas.

Recelos en IU, perfil bajo en Podemos

Pero no solo es ERC la que no ve clara la propuesta de Rufián. Aunque dista mucho del rechazo frontal que ha expresado la dirección republicana, los diferentes partidos que se encuadran en Sumar tampoco terminan de ver clara la idea que plantea el dirigente, aunque en su caso no porque no compartan la posibilidad de que él sea candidato de una alianza amplia, sino por su falta de concreción. Quien más reparos pone es IU, que aunque ha afirmado que “por supuestísimo” que estaría dispuesta a hablar con Rufián si aclara cuál es su idea y ha prometido que la va a “estudiar”, no ha ocultado las enormes dudas que le genera.

IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende el dirigente de ERC, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico. Y el líder del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó el jueves que “los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados” son el verdadero “problema” de la izquierda, y no los partidos de ámbito nacional. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, pidió el jueves una reunión “urgente” con Rufián para que les aclare cuál es su propuesta. La formación, no obstante, no quiere embarcarse en una negociación con el portavoz sin que aclare antes su situación con ERC, y de ahí que Albiach expresara públicamente la duda de si Rufián “se ha emancipado” de su partido, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta. En una línea parecida se expresó este viernes el ministro de Cultura y también dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, que insistió en “tender la mano” para un acuerdo pero también pidió a Rufián que “concrete” sus intenciones. Mencionó en varias ocasiones la necesidad de negociar con “los compañeros de ERC” y no solo con el dirigente.

De los partidos encuadrados en la alianza Sumar, es Movimiento Sumar —la formación de Yolanda Díaz— el que ha saludado con mayor entusiasmo el paso adelante de Rufián. En un mensaje en sus redes sociales unas horas después del anuncio del portavoz de ERC, la formación evitó poner el foco en las inconcreciones de la propuesta y planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”. Se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

Podemos, por el contrario, ha preferido mantener un perfil bajo tras un paso adelante de Rufián que, por ahora, no ha suscitado movimientos en su partido. El jueves, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián”, e insistió en que “lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”. Podemos lleva semanas defendiendo un “tándem” entre el dirigente e Irene Montero, lo que les proyectaría de nuevo como el principal partido estatal a la izquierda del PSOE y les daría un lugar preeminente en las negociaciones con el resto de las formaciones de ese espacio. Pero, hasta ahora, Rufián ha rechazado ligar su futuro a los morados.

“Yo no voy a volver a presentarme por ERC a las elecciones generales si no se cumplen unas condiciones”. Esas fueron las palabras que pronunció el miércoles el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado en Madrid en el que también anunció su disposición a encabezar una “confluencia, una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados entre las formaciones soberanistas y las estatales”. Rufián rechazó concretar esos requisitos para mantenerse como candidato de ERC y no irse a su “casa”, pero lo cierto es que son básicamente dos: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y la capacidad de marcar la línea política del partido en Madrid.

Con el órdago que lanzó el miércoles, el dirigente señaló públicamente por primera vez una serie de líneas rojas para mantenerse como líder de ERC en el Congreso. Pero, aunque no se hubieran escenificado públicamente antes con tanta claridad, las exigencias de Rufián son producto de unas desavenencias internas larvadas durante largo tiempo tanto en el seno de ERC como en el grupo parlamentario de Madrid. Las discrepancias ideológicas y estratégicas que se evidenciaron en el congreso del partido que terminó con la reelección de Oriol Junqueras como presidente de ERC en diciembre de 2024 también son patentes en la delegación del partido en la Cámara Baja, y las diferencias entre los diputados del sector más nacionalista y los del ala más obrerista —la que representa Rufián junto a dirigentes históricos como Joan Tardà— son profundas.

En ese congreso de hace año y medio, los republicanos demostraron que existe una división profunda en torno a la línea política a seguir, tanto que Junqueras revalidó el liderazgo del partido con el 52% de los votos de la militancia, por el 42% que obtuvo la lista Nova Esquerra Nacional, que agrupó a los críticos. Y Rufián quiere evitar, según confirman fuentes conocedoras de la situación, que esas diferencias —que se han trasladado a Madrid— sigan condicionando el trabajo del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, como está ocurriendo esta legislatura. La reivindicación no es nueva, pero Rufián quiere aprovechar el tirón electoral que ha conseguido en los últimos meses para lograr un equipo más afín.

Otras fuentes del grupo de ERC en Madrid rechazan categoricamente que las desavencias surgidas entre varios diputados y Rufián se deban a cuestiones ideológicas o estratégicas. Según indican, el problema tiene que ver con la forma en que el líder gestiona la discrepancia interna y la manera de relacionarse con los miembros del grupo que en algún momento no han compartido alguno de sus posicionamientos. Y, abundan esas mismas fuentes, Rufián tiene malas relaciones tanto con diputados que se alinearon con la candidatura rival de Junqueras en el Congreso, como serían Teresa Jordà o Pilar Vallugera, como con algunos de los que estuvieron en el otro bando, como podría ser Jordi Salvador, quien además está alineado con Àgora Republicana, la corriente de Joan Tardà en principio más afín a Rufián.

La cuestión no gira solo en torno a las afinidades o desavenencias personales, sino que se debe a que la elección de unos u otros candidatos, explican las fuentes consultadas, será determinante en la línea ideológica y estratégica que seguirá ERC en la próxima legislatura. Por ello, Rufián también aspira a tener mando en plaza para decidir sobre los posicionamientos de los republicanos en el Congreso, una cuestión mucho más delicada porque supondría que la dirección nacional del partido en Barcelona tendría que consensuar posturas con la delegación de Madrid.

Esas diferencias en torno a las listas se suman a las ya conocidas en relación al deseo de Rufián de que ERC se presente a las generales en Catalunya en coalición con los Comuns y la CUP, una posibilidad que la dirección republicana rechaza con contundencia, pero en la que el portavoz insiste. De terminar cerrándose una alianza —algo que parece muy poco probable a día de hoy—, el control de las listas sería incluso más importante, puesto que las negociaciones internas en el grupo parlamentario cobrarían aún más protagonismo en el día a día.

La respuesta de ERC: “No somos un partido a la izquierda del PSOE”

En cualquier caso, la dirección republicana insiste en que no va a ceder a la presión de Rufián para firmar una alianza con los Comuns. “ERC es y quiere ser la izquierda nacional catalana, desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, no un partido a la izquierda del PSOE que nos convierte en minoritarios cuando no lo somos”, enmendaba este jueves un miembro de la cúpula de ERC la línea que Rufián viene marcando desde hace varios meses. 

Los de Oriol Junqueras asisten cada vez más atónitos al movimiento que protagoniza su jefe de filas y se preguntan cuál es su destino final, si está creando un escenario para salir del partido o si quiere negociar unas condiciones que, en todo caso, deberá proponer en los órganos internos del partido y no en los micrófonos del Club Siglo XXI de Madrid.

En la dirección de ERC la consigna sobre los movimientos de Rufián es clara: emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada por su secretaria general en febrero, cuando aseguró que ERC se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas. Este era el manual con el que respondían este jueves a las afirmaciones de su jefe de lista en Madrid, después de que hubiera abierto la puerta a presentarse con una candidatura diferente a la de ERC –algo que negaba hace tres meses– y de que hiciera público que había marcado unas condiciones para quedarse en su partido.

Pero, más allá de la comunicación, el malestar en ERC con Rufián ha ido en aumento. No solo en la dirección, sino también entre cargos institucionales y representantes territoriales, que ya no disimulan la estupefacción ante lo que consideran un pulso de su líder en el Congreso. Un choque al que Junqueras no entrará por estrategia. De hecho, en el partido mantienen la mano tendida a que Rufián siga siendo el cabeza de lista. Pero voces más beligerantes entienden que Rufián transgrede también la propia línea política del partido que, recuerdan, se decide en los congresos y de forma democrática por parte de la militancia.

Respecto a las condiciones que Rufián reclama, a ojos de su partido las hay absolutamente imposibles, como que ERC se sume a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, y las hay negociables, como la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura de Rufián, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es absolutamente minoritaria en todas las asambleas. 

Algo similar ocurre con la línea política, que se marca en los congresos del partido y queda recogida en las ponencias oficiales que, por cierto, en ERC suelen ser muy minuciosas. Estos documentos marcan la postura del partido en la mayoría de cuestiones, así como el Consejo Nacional es el órgano supremo entre congresos, donde se dilucida todo lo relativo a la interpretación de esos documentos base. Por esta razón, que Rufián pueda decidir desde Madrid la posición de ERC en todos los debates que lleguen al Congreso es una aspiración que en la dirección republicana ven poco realista.

El paso adelante dado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el miércoles se ofreció expresamente por primera vez para ser el candidato de una alianza de las izquierdas territoriales y estatales en las próximas elecciones generales, ha sido recibido con interés por las formaciones progresistas de ámbito nacional. Tanto Movimiento Sumar como IU y los Comuns, todos ellos encuadrados en la alianza Sumar, han saludado el pronunciamiento, aunque los dos últimos han pedido conocer con más detalles una propuesta que, por ahora, es enormemente incierta, entre otras cosas por la negativa de ERC a secundarla. Podemos, por su parte, ha llamado a respetar los “tiempos” tanto del dirigente como de su partido, aunque ha vuelto a dejar claro su deseo de “hacer equipo” con Rufián.

IU, el principal de los partidos estatales que forma parte de Sumar, aseguró por boca del secretario general del PCE, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” que estaría dispuesto a negociar y a participar en un proyecto liderado por Rufián. No obstante, IU no oculta que la propuesta le genera enormes dudas. “Nosotros somos más de proyectos colectivos, nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, y creemos que los hiperliderazgos personales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda” aseguró Santiago en declaraciones a La Hora de La 1 de TVE. “Yo creo que eso es un problema, y no la izquierda estatal, que tiene más que acreditada una preocupación por mejorar la vida de la clase obrera de cualquier territorio”, deslizó igualmente el dirigente en respuesta a las críticas de Rufián a los partidos progresistas de ámbito nacional.

Y es que IU ha insistido en los últimos días en que no está de acuerdo con un proyecto como el que defiende Rufián, en el que las izquierdas estatales queden subordinadas a los partidos a la izquierda del PSOE de ámbito autonómico, un debate que ha vuelto a tomar fuerza tras los buenos resultados de Adelante Andalucía en las elecciones del pasado domingo. “Nosotros defendemos un proyecto federal con un proyecto de país integral, que satisfaga a todas las personas que viven en cualquier parte del Estado, y que no anteponga la prioridad regional”, dejó claro Santiago, que sin embargo afirmó que “la propuesta de Rufián, como una propuesta más de la izquierda, con mucho cariño la vamos a estudiar”. Eso sí: “Estamos deseando que alguien nos la explique, porque la hemos pedido en varias ocasiones y no hemos tenido la suerte” de que eso ocurra, deslizó.

Eso es exactamente lo mismo que han pedido los Comuns catalanes: detalles. La presidenta del grupo parlamentario de la formación en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, solicitó este jueves una reunión “urgente” con Rufián para que el dirigente aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales, y aseguró desconocer si el dirigente “se ha emancipado de ERC”, dado que los republicanos siguen dando un portazo a la propuesta de su portavoz en el Congreso. Rufián “ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, sostuvo Albiach, que celebró la posibilidad de armar un frente amplio por que, a juicio de los Comuns, la mejor solución de cara a las generales es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura. No obstante, la dirigente también llamó a “respetar los procedimientos” de los partidos, en este caso de ERC.

Por el contrario, Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz, el más pequeño de los cuatro que están renegociando la alianza Sumar— evitó poner el foco en los problemas que tendría una eventual candidatura de Rufián y se limitó a asegurar que “todos los pasos adelante son bienvenidos”. En un mensaje en sus redes sociales, la formación planteó que “en el desafío que tenemos delante no sobra nadie” y que “tenemos la obligación de construir frentes amplios”, y se mostró convencida de que las izquierdas encontrarán “las formas” de llegar a un acuerdo: “Lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance”.

La reacción de Podemos, por el contrario, ha sido más escueta. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser “muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián, yo solo puedo hablar por Podemos, y nosotros ya lo hemos dicho, lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias”.

La presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha solicitado una reunión “urgente” con Gabriel Rufián, para que el portavoz de ERC en el Congreso aclare cuál es su propuesta para las próximas elecciones generales.

Los partidos de izquierdas, incluida ERC, han reaccionado este jueves a las palabras de Rufián de este miércoles. El jefe de filas de ERC en las Cortes redobló su apuesta por la unidad electoral de las fuerzas progresistas, que ha incomodado a su partido, y aseguró que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso “ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha insistido este jueves en recordar que su partido ya es un “frente amplio”, y ha asegurado que mantienen la apuesta por Rufián como candidato en las próximas elecciones generales. Este miércoles Rufián desveló que ha puesto “condiciones” a Esquerra para repetir como candidato.

En una entrevista en La 2Cat, López ha relativizado las palabras de su líder en el Congreso y ha asegurado que no dejará el partido: “ERC liderará en Catalunya, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio”.

López ha afirmado que la dirección del partido y Rufián están “muy cerca” sobre la fórmula para presentarse a las elecciones, sin aportar más detalles.

Por su lado, los Comuns han reclamado aclaraciones a la propuesta del portavoz de ERC. En declaraciones a TV3, Albiach ha dicho desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso.

Se ha preguntado si Rufián está negociando con la dirección de ERC la configuración de la candidatura del partido a las próximas generales o si quiere construir una “alternativa estatal” en la que concurran diversas formaciones. “Ayer dio un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado”, ha afirmado Albiach.

Para Albiach, la mejor solución es “estar todos, cuantos más mejor” en una misma candidatura, aunque también ha dicho que se deben “respetar los procedimientos” de todas las formaciones.

A favor de la unidad de la izquierda se ha mostrado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que “por supuestísimo” se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la propuesta de Rufián.

En una entrevista en TVE, Santiago ha señalado que su formación está “deseando” que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido “en varias ocasiones” y todavía no han tenido “la suerte” de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los “hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años” y que son partidarios de un “proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral” y “que no anteponga la prioridad regional”.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, da un paso más en su ambición de liderar una alianza de las izquierdas estatales y territoriales para las próximas elecciones generales. Este miércoles, en un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián se ofreció públicamente por primera vez como candidato de esa eventual coalición. Y, aunque volvió a asegurar que no piensa romper su carné de militante republicano, también lanzó un pulso al líder de su partido, Oriol Junqueras: “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no se cumplen unas condiciones”, unos requisitos que la formación “ya sabe” y que tienen que ver con el “grupo parlamentario”. “Si no se cumplen, yo no estaré y me iré a mi casa”, prometió.

Rufián fue el protagonista este miércoles de una charla conducida por los periodistas Lucía Méndez, Marta Monforte y Juan Fernández-Miranda que, aunque analizó asuntos como la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, rápidamente comenzó a girar en torno a los planes del dirigente de cara a las próximas generales. Y el dirigente de ERC, lejos de lanzar balones fuera, aseguró que, si él está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados”, en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”.

Se trata de la primera vez que Rufián se ofrece expresamente para liderar su propuesta de unión de las formaciones progresistas de ámbito estatal y territorial, aunque este miércoles volvió a ser igual de ambiguo que siempre con una propuesta que no acaba de aterrizar. “¿Cómo se hace? No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a responder al ser preguntado por la concreción de su idea.

No obstante, pese a haber declarado su intención de poner el “capital político” que ha “atesorado” a liderar a las izquierdas de ámbito estatal, Rufián volvió a asegurar que son “el problema”, como ya hizo el pasado domingo al valorar el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía. “Esto no es opinión, es información”, aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, que también afirmó que “es el momento de que las izquierdas soberanistas inspiren a las españolas”, como ya afirmó hace un mes en el acto que celebró en Barcelona con la número dos de Podemos, Irene Montero.

Y es que Rufián insistió en varias ocasiones en que su proyecto cuenta con ERC como punta de lanza, pese a que la dirección liderada por Oriol Junqueras ya ha dicho por activa y por pasiva que no tiene intención de explorar alianzas con formaciones de ámbito estatal y que se presentará con sus siglas. Pese a ello, el portavoz aseguró que no se piensa marchar del partido hasta que lo “echen”. Pero también desveló que eso no implica que vaya a concurrir necesariamente a las elecciones generales como candidato republicano. “Yo no voy a volver a presentarme por ERC si no hay unas condiciones, aunque sería poco ético por mi parte decirlas”, anunció.

No obstante, Rufián sí deslizó cuáles son algunos de esos requisitos. “Hablo de grupo parlamentario y de saber a lo que nos enfrentamos”, planteó, pese a lo cual quiso asegurar que sigue manteniendo una buena relación Junqueras, aunque admitió que no coinciden “en todo” y que alguna vez se quieren “matar”. Pero “nunca”, aseguró Rufián, dirá “una mala palabra sobre él” porque sería “una canallada”.

Los socios del Gobierno ya no cierran filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al menos no con la misma contundencia que el martes, cuando se conoció su imputación por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción. Si antes de que se hiciera público el auto judicial tanto Sumar como los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo coincidieron en deslizar sus sospechas de que Zapatero podría estar siendo víctima de lawfare, este miércoles, ya con la resolución judicial en la mano, rebajaron el tono, evitaron hablar de una persecución judicial injusta y se mostraron prudentes ante la evolución del caso.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, expresó el martes las “sospechas” que le generaba la investigación a Zapatero, y aseguró que “a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda le puede sorprender que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”. “Ya se aclarará y entonces corregiré o mantendré las sospechas que tengo ahora”, planteó Martínez horas antes de conocer el contenido del auto. Pero este miércoles, 24 horas después y ya con la resolución judicial en la mano, la portavoz evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre si seguía considerando un posible caso de lawfare la imputación a Zapatero.

Quien sí lo hizo fue el portavoz adjunto del grupo de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que lejos de abonar la teoría de la persecución judicial injusta se limitó a afirmar que, “si se han cobrado cantidades por gestiones políticas”, como asegura indiciariamente el auto de la Audiencia Nacional que hizo Zapatero, “eso es un delito”. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien las actividades de los expresidentes” para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse, aseguró igualmente Santiago.

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar —el partido de Yolanda Díaz dentro de la coalición Sumar— llamaban este miércoles a la “prudencia” y evitaban en todo momento hablar de lawfare. “Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia, que se examine todo lo que se tenga que examinar y que se explique todo lo que se tenga que explicar”, plantean estas fuentes, que sí dejan caer, eso sí, que “el uso de la justicia con claros fines politicos que en los ultimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia”.

Rufián: “Si es verdad, es una mierda”

Otro dirigente que ha reculado rápidamente con respecto a su posición del martes es el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente, antes de conocer el auto del juez José Luis Calama, quiso enviar “un mensaje para según qué jueces: el PP ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política”. Pero este miércoles, tras conocer el detalle de las acusaciones contra Zapatero, Rufián abrió la puerta a que sea “verdad” que el expresidente ha cometido los delitos de los que se le hace responsable, aunque no descartó del todo la posibilidad del lawfare. “Si esto es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces”, planteó el dirigente.

Rufián se dijo “jodido” porque, afirmó, tiene “un enorme respeto y un enorme afecto” a Zapatero. “Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí; que existe una cacería judicial, sí, y tanto; que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, sí, también. Pero la izquierda somos otra cosa, y yo le pregunto dónde acaba el lobbysmo y empieza el tráfico de influencias”, cuestionó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en su pregunta al presidente Pedro Sánchez.

“No pinta bien el auto”, se limitó por su parte a afirmar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles por la mañana en relación a la resolución judicial. Las declaraciones también suponen un paso atrás, puesto que el martes, antes de conocer el detalle de las acusaciones, Belarra había puesto el foco en que “la derecha tiene muchas ganas” a Zapatero y había planteado que “no deja de ser sorprendente que, teniendo a expresidentes como Mariano Rajoy, que montó la policía política; a José María Aznar, que es un criminal de guerra; a Felipe González, que montó los GAL; o a Adolfo Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer presidente imputado sea el expresidente Zapatero”.

En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó pidió “prudencia” y se limitó a plantear la necesidad de que Zapatero “se pueda defender en el proceso judicial y, si hay corrupción, que caiga todo el peso de la ley” sobre él. Eso sí: Micó también reconoció que “parece que no está tan claro que haya lawfare”, una posibilidad que sí había valorado el martes, cuando sostuvo que habría que ver si la imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o con “la guerra judicial” emprendida por el PP, y cuando también dijo que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han simbolizado este lunes el acuerdo para desplegar el tren orbital, un proyecto que nació hace más de dos décadas para conectar ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova y la Geltrú, sin pasar por Barcelona. El pacto supone un paso decisivo para encarrilar los primeros presupuestos del Govern.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha asegurado Illa, recién aterrizado de California, y que ha descrito el nuevo proyecto de línea como “una apuesta por la movilidad sostenible”.

La línea orbital ferroviaria comprende en total 120 kilómetros, de los que 68 serán de nueva construcción, con un total de 40 estaciones, 23 nuevas. La inversión prevista es de 5.200 millones de euros y el calendario más optimista fija su culminación en 2041. Sin embargo, el despliegue sería por fases, que podrían funcionar de forma independiente. La primera, entre Granollers y Terrassa, es la única que hoy tiene la financiación garantizada a través del Plan de Rodalies 2026-2030.

Desde el Govern aseguran que las previsiones son optimistas a la vez que “realistas”. La Generalitat cuenta con las reservas urbanísticas de suelo que hay hechas desde 2010, lo que “hace vislumbrar” que desde el punto urbanístico la línea podría desarrollarse con cierta “rapidez”.

Lo menos definido es la financiación de buena parte de los 5.200 millones de euros de inversión que serán necesarios para hacerlo posible. Por ahora, sólo están garantizados los 665 millones para conectar Santa Perpètua de Mogoda y Sabadell, en el tramo Granollers-Terrassa.

Es dinero previsto en el Plan de Rodalies 2026-2030 y para el Govern esto es “garantía que saldrá adelante”. Para el resto de los recursos que serán necesarios ya se han iniciado conversaciones con el Estado para encontrar otras vías de financiación y que podrían empezar a concretarse “en los próximos días”.

Tanto ERC como el Govern prevén también llevar a cabo un “trabajo contundente” para encontrar fórmulas que garanticen la inversión del Estado en Catalunya a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, sin que eventuales cambios de gobierno en uno u otro parlamento pueda hacerlo descarrilar.

Por otra parte, el hecho de que el tren orbital no se conceptualice como un proyecto de línea “de punta a punta” permitiría construir tramos, ponerlos en marcha y empezar a buscar la financiación y proyectar los siguientes de forma paralela, de forma que cada uno de los cuatro tramos pueda funcionar de forma independiente.

Despliegue por tramos

En la primera fase, entre Granollers y Terrassa, consta de unos 32 kilómetros y un total de quince estaciones, de las que cinco serán nuevas. El tramo de nueva construcción es el mencionado entre Santa Perpètua-Barberà y Sabadell Nord. La previsión es terminarla en el 2034.

Ésta es la fase de la conexión estructural y directa entre los dos Vallesos e incluye también el desdoblamiento del R3 entre Granollers, Canovelles y Santa Perpètua y la cuadruplicación del R8 a Santa Perpètua para separar el tráfico de Cercanías con el del Corredor Mediterráneo.

En este sentido, antes de la ejecución de las fases estrictamente destinadas al tren orbital, el acuerdo entre el Govern y ERC prevé una “fase cero” de “refuerzo operativo inmediato de la R8, entre Granollers y Martorell, con el objetivo de empezar a construir una ”lógica orbital“. En este tramo se prevén nuevos intercambiadores en Rubí.

La segunda fase que se prevé a efectos de calendario es la de Mataró-Granollers, que conectaría el Maresme con el Vallès Oriental en el 2037. Se proyecta la construcción de 23 kilómetros de vías y seis nuevas estaciones, de las cuales tres están en Mataró. La inversión prevista para ese tramo es de 1.450 millones.

La tercera fase del proyecto es la que conectaría Terrassa a Vilafranca del Penedès en 2040, con la construcción de un nuevo tramo de vías entre Terrassa y Martorell y seis nuevas estaciones, coordinado con el Eix Transversal Ferroviari. La inversión prevista es de 1.150 millones. A partir de ahí, se aprovecha el trazado del R4 sur.

La última fase se culminaría al año siguiente, en 2041, con 29 nueve kilómetros de vías y seis nuevas estaciones que conectarían Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, con una inversión de 1.400 millones de euros. Esta última actuación es la que cerraría la anilla ferroviaria metropolitana.

Una movilidad más completa

Con todo, el objetivo de la nueva infraestructura es mejorar la conexión con transporte público en torno a Barcelona que rompa el modelo radial y permita transitar hacia un sistema en red que mejore la conectividad ferroviaria en forma de “malla”, según ha explicado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.

Paneque defiende que este modelo permite una “movilidad más completa” y dota al ámbito metropolitano de un “potencial completamente nuevo”, también “Catalunya adentro”. La consellera saca pecho del momento que vive Catalunya en cuanto a las inversiones y defiende que el proyecto orbital complementa otras inversiones en la red de Cercanías actual.

El Gobierno defiende, en este sentido, la superación de un largo período de “déficit” de inversiones ferroviarias y que añaden “competitividad” al país, especialmente en las comarcas directamente beneficiarias.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Todo apunta a que el lunes se conocerán los detalles de la nueva línea de tren orbital pactada entre la Generalita y ERC. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

La previsión es que un Consejo Ejecutivo extraordinario apruebe el viernes las nuevas cuentas y las envíe al Parlament. Se trata del segundo intento después de que el ejecutivo de Salvador Illa retirara el pasado marzo los presupuestos del Parlament porque no tenía los votos necesarios de ERC. Una negociación que embarrancó por el traspaso del IRPF.

ERC ya ha convocado el Consejo Nacional para que el lunes por la tarde avale que se dan las condiciones para cerrar un acuerdo de presupuestos. Si el aval se confirma, previsiblemente al día siguiente, martes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, serán los protagonistas de la firma formal del pacto.

El próximo miércoles la política catalana tendrá dos escenarios: en Barcelona habrá pleno del Parlament con la sesión de control al presidente de la Generalitat y en Madrid se celebrará, tal como avanzó la ACN, la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe servir para dar garantías de cumplimiento de los acuerdos con los republicanos que dependen del Gobierno español.

Los Comuns se reúnen el lunes con el Ejecutivo catalán e intensificarán su protagonismo en la segunda parte de la semana con el objetivo y la previsión de que el Govern pueda aprobar el viernes los nuevos presupuestos en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Ese mismo día se enviarían al Parlament para que comiencen a tramitarse y puedan aprobarse definitivamente antes de que acabe julio.

ERC desvincula el IRPF de las cuentas y prioriza las infraestructuras

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Se trata del instrumento alternativo que se ha encontrado después de que el Congreso tumbara, con los votos de Junts, la propuesta para crear el consorcio de inversiones. En el caso de la sociedad mercantil solo hace falta la aprobación en un Consejo de Ministros y no es necesario pasar por el Congreso.

Los republicanos también reclaman acuerdos en el ámbito de la educación, la sanidad y para potenciar el catalán. Y lo que debe desvelarse en los próximos días es la concreción de la “ganancia de soberanía” que el partido de Oriol Junqueras reclama para firmar los presupuestos. En las últimas semanas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó que se está trabajando en un acuerdo sobre la gobernanza aeroportuaria de Catalunya. Pero no se ha concretado.

Vivienda y movilidad, las prioridades de los Comuns

Los Comuns ya cerraron un acuerdo con el Govern hace meses, pero han reclamado una “actualización”. Y han añadido como condición que el ejecutivo frene el R-Aeroport, el tren lanzadera que pretende unir el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat. Los Comuns consideran que el trazado actual beneficiará principalmente a los turistas.

En vivienda, los Comuns advierten de que “faltan concreciones” sobre la unidad de disciplina con rango de dirección general, que debe servir para centralizar y endurecer las sanciones e inspecciones en este ámbito. Asimismo, plantean una ley para convertir oficinas y locales en pisos protegidos con el objetivo de incrementar el parque de vivienda pública. El grupo de Jéssica Albiach también fija la lucha contra la desigualdad como prioridad para cerrar un acuerdo de presupuestos.

Las negociaciones llegan a la recta final en un contexto de huelgas de los sindicatos del sector educativo y en medio de la polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de docentes en huelga y el plan piloto del Gobierno para introducir mossos de paisano en los institutos. Tanto el sindicato USTEC como Junts y la CUP han reprochado a ERC y Comuns que no condicionen las negociaciones de los presupuestos a estas cuestiones.

Por su parte, el ejecutivo catalán se ha mostrado optimista en los últimos días. Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat ha dicho que tiene la confianza de que las cosas irán bien, en referencia a un acuerdo de presupuestos.

Más de tres años sin nuevos presupuestos

El 10 de marzo de 2023 el Parlament aprobó los últimos presupuestos. En aquel momento, Pere Aragonès encabezaba un Govern en minoría que consiguió el apoyo del PSC y de los Comuns. La situación actual es el periodo más largo sin nuevos presupuestos desde la I legislatura. Superando el intervalo de 3 años y un mes entre las cuentas aprobadas en marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, y las de la pandemia de abril de 2020, tras la aplicación del 155.

En su primer año como presidente de la Generalitat, Salvador Illa no consiguió suficientes apoyos para aprobar los presupuestos de 2025. No los llevó al Parlament y optó por pactar con los socios de investidura, ERC y Comuns, tres suplementos de crédito para inyectar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas de 2023.

Las partes negociadoras son conscientes de que los presupuestos que se están ultimando no serán solo para 2026 sino, seguramente, para lo que queda de legislatura teniendo en cuenta que se acerca un nuevo ciclo electoral.

El Govern y ERC se encuentran inmersos en una negociación a diversas bandas para tratar de cerrar un acuerdo de presupuestos lo antes posible, pero para el que ya han encarrilado varios entendimientos parciales. La voluntad de ambas partes es tener un pacto global la próxima semana, una vez se hayan celebrado las elecciones andaluzas, de forma que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor antes de las vacaciones de verano.

En la rueda de prensa semanal tras la reunión de la Ejecutiva, el portavoz de ERC, Issac Albert, ha dejado claro que para su formación las cuentas son una “necesidad de país” y que su objetivo es que se aprueben. En este sentido, Albert ha descartado que el cese de Josep Lluís Trapero sea una condición para apoyar presupuestos, pese a que fue la propia ERC quien pidió la cabeza del director general de los Mossos, tras conocerse el caso de infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores.

“Nosotros lo que no vamos a hacer es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de las universidades y los hospitales”, ha dicho el portavoz republicano. Después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, reafirmase su confianza en su director general, Albert ha asegurado que si el Govern acaba manteniendo a Trapero en su cargo será “peor para ellos”, ya que su dimisión no sería una concesión a ERC, sino una consecuencia de crisis abierta con los profesores.

Los republicanos y el Ejecutivo salvan un escollo inesperado para las negociaciones. La infiltración policial a una asamblea de profesores de preparación del nuevo ciclo de huelgas en la enseñanza catalana, que arranca este martes, ha encendido los ánimos de los sindicatos de profesores: USTEC y la CGT ya preparan querellas en los juzgados. ERC y los Comuns exigieron el viernes la dimisión de Trapero, pero no lo sitúan como línea roja.

El Govern ha reafirmado la total confianza en Trapero y en los Mossos, pero ha introducido un matiz en la justificación sin ambages del espionaje que realizó el viernes. La conselleria de Interior ha afirmado este lunes que valorará la “oportunidad y proporcionalidad” de la medida y que se tomarán las “decisiones oportunas”, pero siempre dentro del ámbito operativo del cuerpo, es decir, el uniformado, no el político.

Trapero, ha insistido Parlon, “no tomó la decisión” de enviar a agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos a espiar una asamblea de profesores, una medida que se tomó “en el ámbito operativo”.

Sí ha apoyado al 100% la infiltración policial el PP catalán. Su secretario general, Santi Rodríguez, ha defendido que los Mossos “hacían su trabajo” cuando se infiltraron el pasado miércoles en una asamblea docente de preparación de las huelgas. Las agentes fueron identificadas por los propios docentes, al no responder con claridad de qué centro educativo procedían.

La línea orbital, clave en la negociación

Entre los puntos fuertes de las negociaciones ERC destaca la línea orbital ferroviaria, un viejo proyecto del Govern de Maragall que la administración de Illa rescató en noviembre pasado. La infraestructura supone en la práctica un cuarto cinturón ferroviario, que conectaría Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès con Martorell y de allí pasaría por Terrassa y Sabadell, después por Mollet y Granollers, para acabar en Mataró.

A juicio de los republicanos, y tal como en su momento defendía el PSC, este proyecto sería clave para “cohesionar territorialmente Catalunya” y conectar sin pasa por Barcelona las zonas metropolitanas que han experimentado un mayor crecimiento poblacional.

Además sería un impulso a la falta de inversión en infraestructuras que sufre Catalunya, según ha considerado Albert, que ha indicado que buena parte de la inversión debería llegar desde el Estado. En su momento se calculó que esta línea podría costar por encima de los 4.000 millones de euros.

En el apartado de las infraestructuras ERC también coloca el consorcio de inversiones, un ente pactado con el ministerio de Transportes que debía agilizar los proyectos en Catalunya con inversión estatal. Sin embargo, después de que el Congreso rechazara con los votos de Junts el marco normativo de este consorcio, el proyecto ha quedado en el limbo. Los republicanos sin embargo lo consideran “plenamente vigente” y consideran que debe “desencallarse la constitución como sociedad mercantil”.

Por último, ERC y el Govern negocian un nuevo instrumento de política aeroportuaria. Un punto que, a diferencia de los anteriores, aún no está cerrado. El mecanismo en el que se trabaja es similar al pactado en marzo pasado con Euskadi, que supone un órgano bilateral más centrado en el diálogo sobre las inversiones o en la movilidad que en la gestión de los aeropuertos. De hecho, que AENA seguirá siendo la gestora de las infraestructuras aéreas no un debate sobre la mesa.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la mayoría de grupos del Parlament cerraron filas este jueves con la diputada de ERC Najat Driouech después de que un diputado de Vox insinuara su deportación en pleno hemiciclo.

Illa respondió con contundencia y quiso enviar un mensaje claro desde el Govern: “Ninguna persona será expulsada del país”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia ACN. El president describió la intervención del diputado de Vox como una “amenaza” que, a su juicio, traspasa los límites del debate político y cuestiona derechos básicos.

La polémica estalló durante una intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas, que se dirigió a Driouech con una frase que encendió el pleno: “No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento”, afirmó. La referencia a la expulsión de una diputada por su origen o religión provocó protestas inmediatas y obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Más allá del choque político, la mayoría de grupos coincidieron en señalar que se había cruzado una línea roja. La defensa de Driouech no se limitó a su grupo, sino que se convirtió en una reivindicación más amplia de la mayoría de diputados.

La reacción se extendió rápidamente por el resto de la Cámara y partidos catalanes. El líder de ERC, Oriol Junqueras, elevó el tono contra la extrema derecha y replicó al diputado ultra: “A la gente como tu la juzgamos en Nuremberg”, espetó.

La Mesa del Parlament, por su parte, acordó trasladar el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado para estudiar posibles medidas, en un intento de responder institucionalmente a lo ocurrido durante el pleno.

Horas después, Tarradas reculó de manera parcial. El diputado de Vox pidió disculpas y admitió que “personalizar había sido un error”, solicitando además que sus palabras fueran retiradas del diario de sesiones.

Francesc Marc-Álvaro (Vilanova i La Geltrú, 1967) se ha estrenado esta legislatura como diputado en el Congreso. Era un rostro y una voz conocidos para muchos catalanes por ser un analista habitual en distintos medios. Su fichaje por ERC sorprendió. La columna de despedida en La Vanguardia, donde llevaba dos décadas colaborando, la tituló De espectador a actor y en ella se reivindicaba como periodista pese a ser consciente del salto que estaba dando.

Reconoce que a menudo cuando está en su escaño piensa en crónicas que no escribirá. A lo que no ha renunciado es a seguir publicando libros. El último se titula El franquismo en tiempos de Trump (Galaxia Gutenberg y Pòrtic, en catalán), un ensayo en el que describe cómo funciona el neofranquismo, cuyo principal heredero es Vox. 

Empiezo con una pregunta que usted, como tanta otra gente, también se hace. ¿Por qué crecen los partidos de ultraderecha? 

Por muchos factores, pero el principal es la existencia previa de lo que llamamos antipolítica. Es decir, desafección hacia las instituciones, los partidos y los políticos. Esa desafección tiene una base tangible, real. Se basa, por un lado, en los fallos y averías del sistema. Y también en los huecos que han dejado los partidos tradicionales, tanto izquierda como derecha, en temas que a la ciudadanía le preocupan. En el caso concreto del espacio de la izquierda, creo que ese cráter se debe al olvido en el abordaje de cuestiones muy urgentes para el ciudadano. 

Léase la vivienda, en algunos territorios también temas relacionados con la salud o la educación, y léase también la seguridad en los barrios. Estas y otras cuestiones que tal vez no formaban parte de la agenda tradicional de la socialdemocracia, o parecía que no se podían tratar. Todo eso junto, más un malestar difuso, genera el hueco por donde la ultraderecha entra. Ahí estamos.

El riesgo es que para frenar a la ultraderecha se acaben comprando algunos de sus argumentos.

Cierto, ahí hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Esa alquimia, que es compleja, debe hacerse.

Por ejemplo, hay que hablar de seguridad, pero no con los apriorismos de la derecha, sino desde una visión integradora y cohesionante que es la de la izquierda. Pero hay que hablar de seguridad. 

En el libro se pregunta también cómo puede ser que hayamos olvidado todo lo que hicieron los partidos fascistas e imitadores del siglo XX. Igual, una parte de su éxito es que muchos de los votantes no habían ni nacido. 

Claro, pero existe eso que llamamos la transmisión de la experiencia y la memoria en la sociedad, la memoria colectiva. Mira, yo te hablo desde mi experiencia personal.

Mi tío, uno de mis tíos, fue asesinado en Mauthausen, como tantos republicanos. Ese tema fue un silencio muy espeso en mi familia, pero yo pude romperlo y me llegó esa transmisión. Por tanto, aunque hago hincapié en el papel público de las instituciones en la pedagogía de la memoria, también quiero poner el foco en la labor de las familias y en las relaciones intergeneracionales.

Ahora bien, cuando falla todo, cuando fallan las instituciones, la escuela y las familias, se crea un vacío de memoria por el que es fácil colocar esa semilla de discurso destructivo, que claro, como no puede comparar con el pasado, parece incluso nuevo y puede estar de moda. Es lo que ocurre hoy en día en muchos jóvenes que en España y en Europa se sienten fascinados por la otra derecha. 

Lo resume con una frase que es llamativa. Dice que son jóvenes seducidos por el abismo.

Sí, porque realmente el mundo ultra es un mundo atractivo cuando no hay nada más, pero eso no es nuevo. Realmente ya los fascistas en la Italia de los años 20 y los nazis en la Alemania de los años 30 fueron una contracultura, también fueron algo relevante desde el punto de vista de la juventud. ¿Qué hacen ahora los Orbán, Abascal, Meloni y Trump? Vuelven a encapsular con discursos atractivos viejos mensajes y con un añadido nuevo, eso sí, las redes.

La gran diferencia entre la propaganda fascista del siglo XX y la del siglo XXI es que la actual llega como una aguja hipodérmica en el cerebro de los individuos a través de los smartphones. Si Goebbels los hubiese tenido, no sé si hubiéramos ganado, la verdad.

Hablaba de Orbán, ¿cree que su derrota es síntoma de algo más? 

Sí, creo que es interesante porque nos dice dos cosas. Una, que no es inevitable el precipicio ni tampoco caer en manos del lado oscuro, que hay una posibilidad de salir de eso. Y también que el propio sistema democrático, a pesar del fatalismo, puede generar la respuesta.

Es decir, una derecha menos ultra ha ganado a Orbán. En los Países Bajos, un partido liberal de izquierdas frenó a la ultraderecha hace unos meses. Nada está escrito. A raíz de lo que ocurre con la guerra en Irán creo que la respuesta contra Trump va a salir finalmente del propio sistema.

Es decir, hagámonos la pregunta. ¿Pueden las estructuras profundas de Estados Unidos, del poder estadounidense, soportar esta disrupción constante? Bueno, tal vez aquellos que le dieron cuerda a Trump en su momento, pronto o más pronto que tarde se la van a quitar. Veremos.

Hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Y esa alquimia, que es compleja, debe hacerse

Hay un momento en que cita al historiador Luciano Canfora porque él afirmó que el fascismo no murió después de Mussolini. ¿Con el franquismo y Franco se puede decir lo mismo? 

Se puede decir algo análogo. El franquismo desapareció en su forma institucional, pero en su forma social se instaló en la realidad. Es eso que llamamos franquismo sociológico. Se normalizó y en la democracia quedó como unas brasas que ahora Vox ha vuelto a convertir en llama, en fuego.

¿Y por qué quedó un franquismo sociológico en la realidad española? Muy sencillo. Porque la dictadura terminó con el dictador muerto en la cama, muerto en el hospital o en ese hospital que le montaron. Por tanto, ser franquista, y ahí hay un matiz, no se ha percibido históricamente tan extremo como ser nazi o ser fascista.

Esto lo he vivido yo en el Congreso: cuando le llamas a un diputado de Vox neofranquista, no se ofende. Si le llamaras neonazi, tal vez. No suena igual. Aunque nuestra dictadura y nuestra tiranía fue el franquismo, no fue el nazismo. Hay una cuestión de aparente grado que opera a favor del franquismo sociológico.

Vox no hace nada más que unir el franquismo sociológico con el material que le aporta el trumpismo. Y de ahí nace un nuevo producto, que es lo que está vendiendo actualmente Santiago Abascal. 

Comentaba que los ve en el Congreso, comparten hemiciclo, se los encuentra en comisiones, en la cafetería, ¿Cómo describiría a los diputados de Vox? 

Es una amalgama de gente que tiene procedencias diversas. Todos han acabado bajo el estandarte ultra, pero no todos provienen del mismo sitio. Están desde los espabilados del PP, que vieron una oportunidad, hasta los dogmáticos y fanáticos que estuvieron en Falange o en otros proyectos claramente fascistas. Y luego una gama intermedia de gente vinculada al movimiento antiabortista, el de víctimas del terrorismo, etc.

Todos bajo el mismo ideario, que consiste en pensar que sólo hay una forma de operar desde la derecha, que es cambiar las reglas de juego. Porque eso es lo sustancial de Vox. Quieren cambiar las reglas de juego. En teoría el PP no las quiere cambiar. Esa es la distinción y eso es lo que hace problemática la relación entre Feijóo y Abascal.

Esta misma semana hemos presenciado un incidente tras una intervención suya y es la de un diputado de Vox encarándose físicamente con el vicepresidente del Congreso que en ese momento presidía la sesión. ¿Cómo lo vivió?

No me sorprendió pues este diputado acostumbra a romper las más elementales reglas de convivencia en la Cámara. Hay personajes cuya actitud expresa a diario una pulsión autoritaria y agresiva que descubre la ideología destructiva que mueve a ciertos sectores.

En todo caso en el libro apunta que pueden ser muchas cosas, pero que no son estúpidos, nunca traspasan la línea roja.

Sí, ellos miden bien ese asedio a la democracia. Porque no proponen, por ejemplo, volver a la dictadura de Franco. Eso es absurdo. Ellos encaminan todo su programa político a vaciar la democracia. Su proyecto, que en eso son equivalentes a lo que busca Trump en Estados Unidos y otros, es que la democracia pase a ser una democracia mucho más frágil sin las garantías, los contrapesos y el equilibrio de libertades, derechos y deberes que tenemos hoy. Por tanto, el proyecto de Vox es muy sencillo. Pretenden que la democracia, que tiene ahora un perímetro de 100, pase a tener uno de 20. 

Un ejemplo. Ellos proponen la supresión del Estado autonómico, la expulsión de personas migrantes, acabar con políticas de apoyo a la mujer o de apoyo a los trabajadores o a la juventud. Estas políticas, en caso de aplicarse, lo que van a hacer es realmente una ‘democracia fake’. Se trata de lo que se ha venido a llamar el autoritarismo posdemocrático. 

¿Considera que el procés fue decisivo en el ascenso de Vox? 

Sí y no, porque nadie recuerda que cuando se convocaron las primeras elecciones en Catalunya, bajo el 155, ellos no concurrieron. Y ese beneficio se lo llevó Ciudadanos. Pero es verdad que luego en la campaña andaluza sí utilizaron al fantasma catalán para obtener un buen resultado. En ese sentido, sí. Pero tan incierto es decir que el procés no influyó en el crecimiento de Vox como darle un valor de 100. Influyó, y actualmente mucho más, la islamofobia.

En el libro también habla del ‘no viaje’ de Feijóo al centro. ¿Le ha sorprendido? 

Bueno, ojalá pudiera decir que sí, pero no. No me ha sorprendido, aunque creo que es suicida. Porque hay una batalla muy importante en las derechas democráticas europeas que es abrazar o no la ultraderecha. Pongo el ejemplo de Merkel como una democristiana que marcó una raya entre los ultras y democristianos, conservadores, todos ellos. Feijóo ha hecho lo contrario de Merkel. Se ha puesto a rueda de Abascal y le compra todos los marcos y le compra los debates, con el problema de que cada vez que Feijóo entra en esa lógica, Abascal sube la apuesta. Y por tanto es inalcanzable.

Siempre le va a romper la cabeza, siempre le va a romper el cuello. ¿Por qué? Porque domina el discurso duro. Y porque al final la ciudadanía que vota eso prefiere el original y no la copia.

Pero hay quien defiende que es la única manera que tiene el PP de poder acceder a gobiernos.

Bueno, ahí hay el debate es por qué Feijóo se ha quedado solo con un socio. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ya lo sabemos. ¿Por qué Feijóo no puede tener una interlocución productiva con el PNV o con Junts? ¿O por qué no puede establecer pactos en algunos lugares con los socialistas? Eso se ha construido a conciencia. El ejemplo es lo que ha ocurrido en Valencia. El precio que ha pagado Feijóo por cambiar a Mazón por un nuevo presidente es muy alto. Y ese ejemplo valenciano es el que da la brújula a Abascal. Es un laboratorio que a Vox le ha salido bien. 

El ‘no viaje’ de Feijóo al centro es suicida

En un capítulo aparece un acto, el de ‘España en libertad’, y aprovecha el discurso que allí hizo Pedro Sánchez para destacar que es un político “táctico y tacticista”. Si es un elogio no lo parece.

Bueno, puede ser un elogio, es una descripción. Táctico, tacticista y añadamos que con mucha suerte. Porque la tiene. Además, es un superviviente. Porque él logró ser líder del PSOE teniendo en contra medios muy importantes de este país, el IBEX 35, la vieja guardia del PSOE y en aquel momento a los que manejaban la dirección. Contra todo eso consiguió imponerse. 

Merece un cierto respeto la habilidad de Sánchez para superar lo que serían susto y muerte. Lo superó y por eso yo digo que es táctico y tacticista. Se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá. O sea, él vive al día porque es lo que le ha funcionado.

Sánchez se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá

No sé si es una provocación, pero en todo caso argumenta que el término antifascista es una palabra desgastada. ¿De quién es culpa? 

Pues de muchos que la hemos usado, y me pongo yo en primera persona. Cuando hemos usado el término fascista para describir lo que no nos gustaba de una forma un poco frívola también hemos desgastado nuestro antifascismo. Un ejemplo. Yo me ubico dentro del campo socialdemócrata. Por tanto, si veo a alguien que propone bajar impuestos, esa persona es mi adversario político pero de entrada no es un fascista. Será ultraliberal o lo que sea, pero no será necesariamente un fascista.

Ahora que han venido los fascistas, los de verdad, los que quieren expulsar inmigrantes, cerrar fundaciones culturales, quitar derechos a la mujer, en fin, clausurar autonomías, prohibir partidos, cuando han venido los que realmente practican el fascismo esa palabra nos ha quedado inservible. Pero hay que reconstruirla. La única forma de rearmar el antifascismo es redefinir muy bien el campo de los demócratas y los antidemócratas. Ahí, en ese campo de los demócratas, debe estar la izquierda y también la derecha democrática si quiere meterse. En el caso español, el PP no está ahí. Por desgracia, porque debería estar. 

Afirma que luchamos contra la desesperanza en el libro. No sé si eso es muy esperanzador.

Bueno, es que, aunque tenemos la noticia positiva de la caída de Orbán, es difícil mantener la esperanza en un mundo donde la ley del más fuerte, la arbitrariedad, la mentira y la destrucción de la verdad han construido una agenda nueva. Porque eso, más bien, tiende al fatalismo. Pero hay datos para rearmar esa esperanza.

En todo caso, estoy con LA idea de Havel de que la esperanza, más que creer que las cosas van a salir muy bien, es pensar que estás enfocado en el camino correcto. 

Como diputado de ERC en el Congreso me gustaría saber su opinión sobre los movimientos de Gabriel Rufián. ¿En qué se acabará concretando esta apelación a la unidad de las izquierdas?

 A ver, de entrada, el debate de ideas a mí me parece bueno. Estoy en política porque me interesa el debate de las ideas y los proyectos. Que se debata dentro y fuera del partido sobre qué hacer, me parece perfecto. Otra cosa es aterrizar ese debate en el hecho estratégico y táctico. Es más complejo. En lo que vaya a terminar, no lo sé, deberán definirlo los que han lanzado esa idea. Pero el debate en sí es bueno.

Otra forma es cómo lo deberíamos hacer, si a puerta cerrada o más abierta. Ahí hay mucha disparidad de criterios. 

Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca

Y para los que son diputados en el Congreso, ¿es complicado o incómodo que el portavoz del partido proponga una cosa que la dirección del partido no quiere?

Bueno, constatamos que hay criterios distintos. Eso sí, nosotros estamos ahí intentando hacer nuestro trabajo. Pero es verdad que la dirección tiene una visión distinta a la del portavoz. No tanto en los fines, sino en los métodos del debate. 

¿Y usted con quién está de acuerdo? 

Yo comparto bastante la visión de la dirección del partido. Pienso que hay muchas formas de crear una dinámica antiultra o antifascista y no necesariamente pasa por sumar todo bajo un paraguas. Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca. 

En el caso concreto de ERC, lo que nos da nuestra razón de ser son dos ejes. Por un lado el eje social, políticas de izquierdas, pero también el eje nacional. Somos un partido con centro de gravedad en Catalunya, nos votan en Catalunya y nos debemos a esos intereses que están conectados con la población española y europea. Pero no podemos perder el foco nunca.

Hace cuatro días ejercía de periodista. ¿Cuántas veces estando en el escaño has pensado que te gustaría escribir un artículo sobre eso que ha visto en ese momento en el hemiciclo? 

Muchas, muchas. La verdad es que, como llevo poco tiempo en política, todavía no pienso como un político, lo hago como un periodista. Veo un debate y veo un tema, un titular y digo ¡Ostras! Sí, me ocurre. 

¿Y qué es lo mejor y lo peor de estar en el Congreso? 

Mira, lo mejor, lo tengo claro, es la sensación de que estás dentro del flujo de la historia. No lo digo solemnemente sino de una forma operativa. Estás en un lugar donde, para bien y para mal, se deciden cosas que afectan a la vida de las personas. Eso te da un punto de responsabilidad muy alto, pero también es atractivo. Es el vértigo de estar donde sucede lo que debe suceder. 

La parte negativa es que participas, quieras o no, de eso que muchos llaman el descrédito de la política. Es imposible que yo me desenganche de las sesiones en las que los compañeros del PP y PSOE se insultan. Estoy dentro de eso, formo parte de ese retablo.

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

Gabriel Rufián sigue juntando fichas para el puzle imposible de la izquierda. Empezó en febrero en un acto con Emilio Delgado, de Más Madrid, y continuó este pasado jueves en Barcelona, con la actual líder electoral de Podemos, Irene Montero. Mientras tanto, hemos asistido al intento fallido de Izquierda Unida o Más Madrid por convencer a Pablo Bustinduy para que sea el relevo electoral de Yolanda Diaz en la coalición de Sumar, y al acuerdo a última hora para que Podemos integre la confluencia que forman IU y Sumar en Andalucía. Eso sí, a las pocas horas Pablo Iglesias criticó los términos del acuerdo. 

Hablamos con Arturo Puente, de elDiario.es en Catalunya, que asistió al acto protagonizado la semana pasada en Barcelona por Gabriel Rufián e Irene Montero, y con Daniel Ríos, periodista que cubre la actualidad de los partidos a la izquierda del PSOE para analizar este bucle que parece inevitable.

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