Laa Asamblea Nacional francesa ha aprobado definitivamente la proposición de ley relativa al final de la vida, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido, una de las reformas más sensibles del mandato del presidente Emmanuel Macron, que ha tenido un largo recorrido.

El texto ha completado este miércoles su maratón legislativa con 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones en la Asamblea Nacional, en una votación definitiva en tercera lectura.

Desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbado sendas veces por el Senado, de mayoría conservadora. El Gobierno ha anunciado que prevé remitirla al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre varios de sus aspectos más controvertidos, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo de 2027.

Nada más aprobarse la ley, Macron indicó, en un mensaje en X, que “los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho” y agradeció “a todos los parlamentarios que han hecho posible el debate constructivo y respetuoso”.

La proposición de ley, impulsada por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle), introduce en Francia el derecho a la “ayuda a morir”, con condiciones para ejercerlo como ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida. El paciente debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que considere insoportable, tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no es suficiente para recibir “ayuda a morir”.

Además, el texto establece condiciones estrictas para los pacientes que, en el caso de no tener impedimentos físicos, pueden recurrir al suicidio asistido. Sólo aquellos cuyas condiciones físicas no les permitan tomar una medicación letal por sí solos podrán recibir asistencia de un doctor o una enfermera. En el segundo caso, debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.

Precisamente, una de las consultas que el Gobierno quiere hacer al Tribunal Constitucional se refiere a la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir.

En un comunicado, el Ejecutivo ha justificado la decisión de recurrir al Constitucional señalando que, aunque la Asamblea Nacional celebró un debate en profundidad sobre el texto, el examen en el Senado “no permitió un análisis igualmente exhaustivo” que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación. Espera así que la intervención del Constitucional aporte “las aclaraciones necesarias” para garantizar que su aplicación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal.

Por su parte, el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, también había anunciado previamente su intención de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la eutanasia. Más concretamente, sobre quién puede recurrir una muerte digna ya avalada por los médicos. La sentencia del Alto Tribunal de este martes desarrolla el fallo anunciado el pasado 19 de mayo, y muestra la división de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Una mayoría de 23 magistrados avalan, con condiciones, que un familiar pueda impugnar una eutanasia. Por el contrario, nueve magistrados querían restringir el acceso de los familiares a la Justicia para combatir la eutanasia de un pariente, y reprochan a sus compañeros de Sala que validen “una injerencia injustificada” en el derecho a morir de un solicitante.

El debate se ha resuelto, pero el propio Supremo aprecia la grieta en la ley actual que ha permitido al colectivo ultracatólico Abogados Cristianos encabezar la cruzada contra la eutanasia con el caso Noelia y alargar el sufrimiento de los solicitantes con sus acciones judiciales.

El Alto Tribunal reclama cambios en la norma para evitar repetir casos como el de la joven catalana o el de Francesc A., el hombre de Barcelona de 50 años que también tiene la eutanasia paralizada por el recurso de su padre (y que es el caso que ha originado el fallo del Supremo). Estas son las claves de la sentencia.

Un cambio legal

El Supremo aprecia que la normativa actual de la eutanasia “puede ocasionar un retraso notable en la definitiva resolución de la controversia”. El recurso a los tribunales de los familiares contra la muerte digna es un “factor añadido”, ahonda el Alto Tribunal, al “sufrimiento” de la persona que, cumpliendo con todos los requisitos legales, ha visto aprobada su eutanasia por el comité de juristas y médicos que prevé la norma.

Los magistrados reclaman al Congreso un cambio legal para diseñar “un procedimiento judicial especial y propio para la resolución de estos conflictos”. Cabe recordar que el contexto de final de legislatura y la oposición férrea de Vox a la eutanasia dificultan un entendimiento de los grupos parlamentarios para modificar la norma.

Los casos de Noelia y Francesc se tramitaron a través del procedimiento de protección de derechos fundamentales. En teoría, va por delante del resto de casos del juzgado, pero debido a los recursos y a la lentitud judicial se ha tardado alrededor de dos años en resolverse. Todo este tiempo los pacientes han estado con su eutanasia suspendida por orden judicial, pese al aval médico.

El nuevo procedimiento que resuelva los recursos de los familiares, explica el Supremo, tendría que comportar “la simplificación de los trámites y el acortamiento de los plazos, con cómputo en días naturales”. De esta forma,defiende el tribunal, se podría resolver la controversia “con la mayor inmediatez y celeridad posible, dada la especial singularidad de los derechos e intereses en conflicto”. Colectivos de familiares de pacientes llevan meses reclamando al Congreso un cambio de este tipo.

Primera condición para recurrir: el vínculo

Todas las instancias judiciales que han visto los casos de Noelia y Francesc no han dudado en su derecho a la eutanasia. La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

La mayoría de jueces del tribunal aboga porque un familiar pueda recurrir siempre que demuestre, desde el primer momento de interponer la demanda, una “vinculación estrecha” con el solicitante de eutanasia. Esto no había ocurrido en el caso de Noelia, pues su padre (que había perdido la tutela de la joven durante buena parte de su minoría de edad) había alegado únicamente esa condición para impugnar su eutanasia.

A partir de ahora, el Supremo determina que cualquier familiar que quiera impugnar una eutanasia tendrá que “acreditar o aportar elementos de hecho” que justifiquen un vínculo “especialmente cualificado” con el solicitante de la muerte digna.

El simple parentesco, en especial entre parejas o padres e hijos, es “un mero indicio de cercanía emocional”, remarca el tribunal no suficiente para impugnar, pues el familiar “debe acreditar la existencia de un vínculo afectivo, emocional y muy cercano”, así como “los elementos de hecho que permitan constatar una cierta persistencia en el tiempo y en el espacio” del mismo.

Por ejemplo, el familiar tendrá que demostrar que ha mostrado interés en el estado del solicitante antes del inicio del proceso eutanásico o si han convivido bajo el mismo techo.

Segunda condición: indicios de que la eutanasia no se concedió bien

A la carga de la prueba sobre el vínculo familiar, el Supremo añade otro requisito para todo aquel familiar que quiera impugnar una eutanasia: deberá aportar al juzgado “un indicio de prueba razonable” de que la resolución que concedió la eutanasia “pudo dictarse sin la observancia de las exigencias legales”.

“La denuncia —argumenta la sentencia del Supremo— ha de venir sustentada en elementos de hecho concretos y susceptibles de verificación, ya se refieran a la formación de la voluntad del solicitante, a la actuación del médico responsable o del consultor, o al funcionamiento de la Comisión de Garantía y Evaluación”.

El voto particular

El voto particular del magistrado José Manuel Bandrés, al que se han adherido otros ocho magistrados, se muestra crítico con el razonamiento y la decisión de la mayoría de la Sala. El único punto en común es que aboga por un cambio legislativo para acortar los plazos de resolución de los recursos.

Es más, el voto particular considera que la Fiscalía tendría que ser la única legitimada (y no un familiar) para impugnar resoluciones favorables a la eutanasia decididas por la Comisión de Garantía y Evaluación “para reducir la judicialización del derecho a una muerte digna”.

El resto de voto particular afea a sus compañeros de Sala que con su decisión “muten o devalúen el significado constitucional del derecho a la muerte digna” y lo conviertan en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que abren la puerta a que un familiar pueda recurrirla y alargue el sufrimiento del paciente.

Permitir a un familiar impugnar una eutanasia, razona el voto particular, es contradictorio, pues se trata de un tipo de recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”.

“La persona que, en un contexto eutanásico, decide ejercer el derecho a una muerte digna, no debe soportar la injerencia de terceros cuando la Comisión de Garantía y Evaluación ha acreditado la concurrencia de todos los presupuestos establecidos en la ley”, argumentan los magistrados de la minoría.

El derecho a la eutanasia, recuerda el voto particular, “descansa en la autonomía de la voluntad” del paciente, lo que impide que terceras personas “aún cualificadas por vínculos familiares u otros afectos puedan interferir en la decisión personal de otro, condicionando su voluntad para poner fin a su vida”.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

Como suele ser habitual cuando viaja un pontífice, llega en loor de multitudes y por la patilla. Porque, aunque Dios puede proveer (así lo dice el Génesis), cuando se trata de pasar por caja tiene la costumbre de mostrarse esquivo. Será la virtud de no dar ante el vicio de pedir, o que no hay ninguna intención de aplicar lo que dice el concordato en materia de autofinanciación. No entiendo que los católicos no se pongan de acuerdo para quedar un día a rezar y que a la Iglesia le lluevan los millones que hoy le pagamos entre todos. Ni que pensaran que rezar es como bailar alrededor del tótem y que no sirve para nada.

Al Papa León XIV hay que concederle algunos puntos. Alguien a quien Trump considera un enemigo merece, como mínimo, cierto respeto. Son galones. Si, además, logra que Aznar se levante de su asiento y se marche a mitad de su intervención en el Congreso, ya estamos en nivel ovación de gala. En los tiempos en los que vivimos, también se agradece que se haya puesto del lado, sin ambages ni matices, de los inmigrantes, aunque los de la ‘prioridad nacional’, tan píos ellos, no le vayan a hacer ni caso. Solo hay que ver las entrevistas que Elena Reinés (de Woke Up) hizo a Carlos Flores Juberías (Vox) —estuvo muy amable, no la maltrató—y Rafael Hernando (PP), para darse cuenta de que la derecha cristiana, mucho Santo Padre, pero ha entendido lo que ha querido entender

Sus palabras, aquellas en las que pedía el fin de la polarización, fueron tenidas en cuenta durante casi veinte minutos. Algo es algo. En el tema de la pederastia, en cambio, falló estrepitosamente a las víctimas. Ocasión perdida para haber salido por la puerta grande, pero cuando en España hay 7 cardenales y 60 obispos sospechosos de haber encubierto casos, igual no quieres ganarte enemigos. Sobre la discriminación de la mujer, me suena que tampoco no dijo nada. De alguien que recorre el mundo en falda cabía esperar algo más.

En cambio, no despertó el interés que merecía que el pontífice batiera el récord mundial de bautismo de bebés, no menos de 80 en dos días, durante su visita a Madrid. Desde un punto de vista científico, el hecho no es menor. Sería interesante, desde ya, dedicarse a monitorizar la vida de los afortunados y de otros 80 que no hayan gozado de ese privilegio —a modo de grupo de control— para ver qué beneficios aporta una bendición papal. Las conclusiones te las publica Nature sí o sí. Pero creo que no se hará. Para la Iglesia, la ciencia está más cerca de demostrar que al cojo de Calanda le creció la pierna que de negar que haga falta un ser supremo para explicar el origen del Universo. Con las bendiciones pasa que no sirven para nada, son un fin en sí mismo. Pura psicomagia. No hay que darle más vueltas, pues es bien sabido que no se disfruta lo mismo de un kebab si ves cómo han cazado al gato.

Pero hubo más. En el Congreso, el representante de un estado teocrático se permitió pontificar —ventajas de ser pontífice— contra el aborto y la eutanasia. Viniendo de alguien que se hace llamar padre sin tener hijos, creo que en lo relativo a la interrupción del embarazo debería ser más cauto, y más viviendo de una institución que ha sembrado el mundo de sobrinos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 12,6 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Mientras, entre el 20 y el 25% de los embarazos deseados acaba en aborto involuntario. Son los que Dios, todopoderoso él, decide que no deben seguir adelante y sin consultar a la afectada. Dejo ahí el dato por si quieren reflexionar.

Mentar la eutanasia también es ganas de tocar las narices. El que tiene un problema no es el que niega que la Biblia sea palabra de Dios, sino el que se la cree. Si alguien disfruta de una muerte lenta, intubado, sin posibilidad de curación y teniendo a toda la familia pendiente (más si hay herencia de por medio), que le aproveche, pero al resto que nos dejen en paz. Durante siglos, la Iglesia llenaba de pájaros las cabezas de los más pequeños con las aventuras, tan enternecedoras como falsas, de creyentes que habían sufrido el peor de los suplicios ante la más horrible de las muertes por no renunciar a su fe en su amigo invisible. Morir por fanatismo, bien; morir por voluntad propia, cuando el coste de la vida supera con creces a los beneficios, mal.

Podríamos estar así durante horas para describir un viaje pastoral que, como todos los anteriores, apenas tendrá más valor que el anecdótico por mucho que la televisión pública no haya parado de dar la turra (al menos, no ha habido latrocinio como cuando vino Benedicto XVI a la Comunitat Valenciana). En realidad, por mucho que se empeñaran algunos en inflar las presuntas muestras de fe, el legado va a ser más bien pírrico. Mucha fe y mucha pasión, pero los de Bad Bunny no les iban a la zaga, y encima habían pagado más de cien euros por ver a un tío que, eso sí es milagroso, algunos dicen que es cantante.

Y luego llegó la realidad, empezó el Mundial y en los medios, el Papa pasó de cabeza de cartel a telonero ante el empuje de un partido del calibre de un México-Sudáfrica. Al final, el santo artificio quedó al descubierto: la visita de un papa tiene menos que ver con su mensaje que con engordar las audiencias.

El Papa León XIV ha estado en el Congreso de los diputados. Vestido de blanco, rodeado de obispos y cardenales le vemos avanzar por el vestíbulo principal del Congreso. Es la primera vez en la historia que un Papa da un discurso desde la tribuna presidencial del Congreso, un lugar pensado para la política, no para la religión. 

La derecha aplaude mucho porque es la derecha: ¿cómo no va a aplaudir a un Papa? La izquierda quizás le aplaude porque llega crecida después de un fin de semana en el que el León 14, desde que aterrizó en España, había dejado mensajes políticos con los que se sienten a gusto. Palabras contra la xenofobia, los bulos y los discursos de odio. Pero en el discurso del lunes, en el Congreso, el Papa ha caminado en otro sentido: ha cargado contra el aborto y la eutanasia. 

¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha depositado la izquierda demasiadas esperanzas en un líder religioso como el Papa? Le hemos pedido una nota de voz al escritor Isaac Rosa, y abordamos esta situación con la periodista de elDiario.es que el año pasado cubrió el cónclave que dio lugar al papado de León XIV, Natalia Chientaroli.

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El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

La cifra de solicitudes de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi se ha incrementado en 2025 un 61,2%, hasta las 120, mientras que el tiempo medio desde la petición hasta la prestación se ha rebajado a 39,4 días, por debajo de los 41 que establece la ley, según la memoria anual publicada por el Gobierno vasco. Fueron 78 los casos completadas.

Según han destacado desde el Departamento de Salud, con el aumento del 61,2% en el número de solicitudes en el último año, se consolida la tendencia al alza observada desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia de 2021 y se refleja “una demanda creciente de esta prestación” en el conjunto de la sociedad vasca, informa Europa Press.

Un total de 107 de las 120 solicitudes fueron autorizadas al cumplir las condiciones establecidas por la ley para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir: enfermedad terminal (grave e incurable) o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. De este modo, cerca del 90% de las solicitudes para un proceso de eutanasia fueron aprobadas en Euskadi, la tasa más alta desde la implantación de la ley . No obstante, la memoria también refleja “la complejidad clínica de muchos de los casos”, ya que 31 personas fallecieron durante el proceso tras presentar la solicitud, 21 de ellas una vez que el expediente ya había llegado a la Comisión de Garantía y Evaluación.

Desde la entrada en vigor de la ley, se ha garantizado la ayuda médica a morir a 211 personas en Euskadi. Se han iniciado un total de 468 solicitudes, de las cuales 315 han sido recepcionadas y analizadas por la Comisión de garantía y Evaluación. Las demás solicitudes no han llegado a la comisión por desistimiento por parte del paciente o por fallecimiento durante el proceso. La comisión de garantía y evaluación de la eutanasia de Euskadi está integrada por un equipo multidisciplinar de 25 profesionales de la medicina, enfermería, derecho, psicología y trabajo social, y desempeña funciones como la evaluación de solicitudes o la resolución de reclamaciones.

El análisis cualitativo del informe introduce además “algunos cambios relevantes” en el perfil y la forma de acceso a la prestación, ha explicado Salud. Así, se observa un aumento del peso del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), utilizado en el 20,8% de las solicitudes. La edad media de las personas solicitantes se sitúa en 75 años, con un rango que va desde los 27 hasta los 98 años, y casi dos tercios de ellas (63,7%) habían recibido previamente atención paliativa durante el curso de su enfermedad. En cuanto a los motivos de las solicitudes, predominan los padecimientos crónicos e imposibilitantes (58,3%), frente a los casos de enfermedad grave e incurable (41,7%).

Asimismo, se mantiene la diversidad de entornos en los que se realiza la prestación (hospital, domicilio o ámbito sociosanitario), lo que refleja la adaptación del sistema a la voluntad de las personas. Por territorios, el pasado año hubo 22 solicitudes en Álava (15 prestaciones), 45 en Bizkaia (26 prestaciones) y 53 en Gipuzkoa (37 prestaciones).

El Tribunal Supremo ha avalado que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante de eutanasia pueda recurrir judicialmente una muerte digna ya avalada por los médicos. El Alto Tribunal consagra así la brecha que hallaron asociaciones ultras como Abogados Cristianos para impugnar eutanasias de familiares.

Los 34 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se han reunido pleno para fijar jurisprudencia sobre un asunto controvertido: si un familiar ajeno a las administraciones puede impugnar una eutanasia ya avalada por los informes médicos y juristas de la Comisión de Garantías. La decisión se ha tomado por 23 votos a 9, en una muestra de división en el seno del Alto Tribunal. La sentencia del caso se conocerá en los próximos días, según informa en una nota el Alto Tribunal.

Los jueces han examinado caso de un hombre de 55 años, Francesc A., que ha discurrido en paralelo al de Noelia, la joven parapléjica, cuyo padre frenó durante casi dos años en los tribunales su derecho a la muerte asistida.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia.

La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideraban que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepaba de la Generalitat y argumentaba que debía reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. habían dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con su decisión, el Alto Tribunal avala esta última sentencia del TSJC y abre la puerta a consagrar el derecho de los familiares a recurrir una eutanasia legal y avalada por los médicos, esto es, que la negativa de un padre a un derecho de su hijo baste para retrasarlo, por encima del criterio de los médicos y juristas expertos en muerte digna.

¿Basta con ser padre para poder recurrir la eutanasia de un hijo avalada por los médicos? El Tribunal Supremo empezará a responder esta semana a esa pregunta al estudiar el caso de Francesc A., un barcelonés de 56 años cuya muerte digna está en suspenso desde agosto de 2024 por un recurso de su progenitor.

La ley de de muerte digna española, una de las más avanzadas de Europa, se viene aplicando con normalidad en la gran mayoría de casos desde su aprobación en 2021. Pero colectivos ultracatólicos como Abogados Cristianos hallaron una grieta en la norma. Solo se han registrado dos recursos de familiares en casi un lustro. Pero la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia, ha generado preocupación.

El primer recurso de un padre contra la eutanasia ya concedida a su hija fue el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que pudo morir tras año y media de batalla judicial que ganó a su progenitor, defendido por Abogados Cristianos. El segundo, que el Supremo resolverá esta semana, afecta a Francesc A., un barcelonés de 56 años cuyo padre, a través de un abogado particular, recurrió la concesión de la muerte digna.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia. La discusión jurídica no es el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

“Es como si se quisiera abrir la puerta a que un padre recurra el derecho de su hija a abortar. El derecho es de la hija, aunque a su padre no le guste”, comparan fuentes jurídicas.

La ley de eutanasia ya plantea varios límites a la hora de acceder a este derecho. Para empezar, solo pueden ejercerlo los mayores de edad. Además, los sufrimientos graves e irreversibles de los solicitantes deben constatarse primero por un equipo médico, y después por una dupla de médico y jurista de la Comisión y Garantía de la Evaluación de la eutanasia que hay en cada una de las comunidades autónomas.

Además de este doble control, en cada procedimiento el paciente debe confirmar hasta tres veces que quiere ejercer su derecho a la eutanasia. Es en el segundo de estos consentimientos en los que el solicitante puede decidir o no comunicárselo a sus familiares (en el caso de Francesc A., decidió no hacerlo).

Lo que no aparece en ninguna disposición de la ley es que un familiar pueda impugnar un aval de la Comisión a la eutanasia. En cambio, la norma sí dispone expresamente que los solicitantes puedan recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna. Los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. han dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en este caso. 

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con estos mimbres el caso llega al Supremo. La Abogacía de la Generalitat pide en su recurso que el Alto Tribunal corrija la sentencia del TSJC, que a su juicio “reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar” y “prescinde” tanto de lo que recoge la ley de eutanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Generalitat solicita al Supremo restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideran que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepa de la Generalitat y pide mantener la sentencia del TSJC al avalar los planteamientos de los jueces catalanes. Según el fiscal, debe reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Sí reclama el fiscal que el Supremo declare que carecen de legitimación para recurrir las “asociaciones o grupos” favorables o contrarios a la eutanasia (algo que nunca ha ocurrido en el caso de las asociaciones partidarias de la muerte digna y solo ha pasado con Abogados Cristianos).

El caso de Noelia, la joven con paraplejia a la que se le privó de su derecho a una muerte digna durante casi 20 meses, ha hecho que la mayoría de los partidos catalanes impulsen una modificación legal para evitar que un episodio así pueda repetirse. La reforma cuenta con el aval de la mayoría del Govern, pero no de su conjunto, ya que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha optado por no participar en la votación de la proposición este miércoles en el Parlament, igual que el otro diputado de la formación democristiana Units per Avançar.

La Cámara catalana hacía uso de su iniciativa legislativa para llevar al Congreso una propuesta de modificación de la ley de Eutanasia. El objetivo es acortar al máximo el periodo que un recurso judicial puede paralizar el acceso a la muerte digna de una persona que lo solicite y que cuente con el aval de la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia.

La propuesta indica algunos plazos máximos, dejando en un mes el tiempo para que un tribunal resuelva un recurso contra la aplicación de una eutanasia. Y concentra en la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia cualquier apelación que se formule, evitando la incierta travesía por las instancias judiciales que debió recorrer el caso de Noelia.

Además, una vez la decisión judicial sea firme, el recurso de amparo llegaría directamente a las manos del Constitucional, que tendría la última palabra. El objetivo es que haya un itinerario judicial claro y acotado en el tiempo, entendiendo que los casos que se examinan no deben ser innecesariamente alargados.

La modificación no entra en los supuestos en los que puede presentarse un recurso ni en quién puede hacerlo, materias que están a la espera de jurisprudencia del Supremo. La actual ley de Eutanasia no dice nada sobre quien puede recurrir el caso de una concesión de la muerte digna, un vacío legal que el padre de Noelia aprovechó para alargar los plazos y mantener a la joven con una vida que no deseaba.

La proposición, que ha sido votada por la vía rápida en el Parlament, partió de los grupos de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Finalmente, también Aliança Catalana ha defendido el texto. Solo Vox y PP se han posicionado en contra, junto a los votos que no se han emitido de Ramón Espadaler y Guillem Mateo, los dos diputados de Units que forman grupo junto a los socialistas.

En su turno de intervención, la diputada del PSC Sara Jaurrieta ha destacado la importancia de que cinco formaciones se hayan puesto de acuerdo en la Cámara catalana para sacar adelante esta norma y ha cargado contra quienes se oponen. “Cada vez que se escuchan argumentos que dicen que las personas no tengan capacidad cognitiva de decidir, como han hecho hoy el PP y Vox, se está menospreciando la voluntad individual de las personas”, ha dicho la socialista, que ha defendido que, sobre la eutanasia, “la última palabra le pertenece a quién en libertad ha expresado su deseo”.

Espadaler, conseller de Justicia del Govern de Illa y miembro de la formación democristiana, justificó su voto contrario a la toma en consideración de esta norma remarcando su rechazo a la eutanasia. PSC y Units (herederos de Unió) son dos formaciones diferentes que mantienen una alianza electoral y forman parte del mismo grupo pese a que tienen un acuerdo que permite a los democristianos desmarcarse en votaciones como esta.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

Me pareció que su rostro estaba muy pálido. No era raro porque siempre había sido un hombre de tez clara que resaltaba sus cejas negras, una seña de identidad que le caracterizaba. El tono macilento y, sobre todo, el rictus de la boca entreabierta me dieron la respuesta. Ya había fallecido. Incorporado con ayuda de las almohadas y reinando sobre la cama del hospital, aquel periodista mantenía toda la dignidad de la persona valerosa y a la vez humilde que fue y yo había admirado desde siempre. Cuando llegué a la facultad de Periodismo, mi sueño era imitar a gente como él y ser una gran reportera para contar todo tipo de conflictos, guerras y padecimientos de los más pobres y abandonados. Nunca imaginé que este querido y admirado colega sería la primera persona muerta que vería en mi vida.

Mi compañero tuvo un buen final de su agitada vida, querido y homenajeado por la profesión en múltiples actos a los que acudía emocionado aunque fuera con la salud mermada. Le llegó la muerte plácidamente, rodeado de los cuidados del personal sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y la presencia permanente de su hermana, a los pies de su cama. Me los encontré de sopetón porque alguien se había dejado la puerta de la habitación entreabierta. No me esperaba contemplar esa imagen cuando subí a acompañarle, tras haber sido avisada de su gravedad mientras me encontraba en una consulta de rutina en el mismo hospital.

Hasta entonces, me negaba en rotundo a ver personas muertas. Supongo que la juventud y el tabú de la muerte en esta moderna cultura occidental me empujaban a ignorarla u orillarla cuando me la encontraba en el camino. Me las había arreglado para lograrlo, a pesar de haber acompañado a amigas con sus padres recién fallecidos e incluso, cuando debía cubrir informaciones de sucesos con víctimas, me fui haciendo una experta en mirar para otro lado. Cuando se murió mi abuelo inesperadamente, lo primero que le dije a mi madre era que ni me pondría luto ni quería verlo en su lecho de muerte. Creo que era una forma de ahorrarme recuerdos penosos y guardar para siempre la imagen de mis seres queridos cuando disfrutaban de vida.

Todo cambió cuando tuve que afrontar la muerte de mi padre. Tras sobrellevar un cáncer durante casi 20 años, llegó su final aquejado de metástasis y decidimos llevarlo a casa de mi hermana mayor, donde estuvo rodeado del diverso personal sanitario con el que, afortunadamente, contamos en mi familia. Haber pasado los últimos meses a su lado, en una inédita pero valiosísima compañía mutua, caminando de la mano hacia su final, fue un proceso que recomiendo a todo el mundo. Si morir es un hecho individual, personal e intransferible, el derecho a la llamada “buena muerte” o “muerte digna” debería ser obligatoriamente una actividad compartida de los más allegados para acompañar a su ser querido y librarle de sufrimientos evitables. Y no sólo porque es de justicia para el que se va sino por los efectos beneficiosos que nos aporta a los que nos quedamos. 

Por eso no entiendo muy bien por qué llaman “Cristo de la Buena Muerte” a la escultura de Pedro de Mena, cuando se ve a las claras que ese hombre joven, semidesnudo, clavado en un madero y coronado de espinas, tuvo un final espantoso. Supongo que se refiere al significado religioso del término que se refiere a estar en gracia de Dios. Pero el sentido en el que utilizo este concepto no es religioso sino etimológico. Prefiero el significado que le atribuye el diccionario etimológico al definir la eutanasia, palabra griega (euthanasía) formada por el prefijo eu (buena) y el término thanatos (muerte), o sea, un final tranquilo, dulce y sin sufrimiento.

Esa fue la muerte que tuvo mi padre en aquella convivencia familiar de sus últimos días. El trayecto no estuvo exento de inconvenientes pero, para mí, fue la mejor despedida que podía darle y resultó ser el más generoso regalo que nunca había imaginado que me haría aquel hombre pacífico, idealista y flemático que fue mi progenitor. Ya octogenario, muy consciente de que su final se acercaba, soportó todos los inconvenientes y limitaciones físicas sin una queja. En esa breve e intensa armonía del epílogo de su vida, sólo quiso que le acompañáramos la familia más íntima y disfrutaba enormemente con la prole de nietos y nietas. Sé que se sentía orgulloso de los turnos de cuidados que hacíamos entre hermanas y hermanos, cada cual según sus habilidades y posibilidades. Su constante preocupación por el bienestar de mi madre, que fue aumentando a medida que envejecían, creció en aquellos días y nos insistía para que la hiciéramos salir y distraerse con sus amigas.

El día de su 80 cumpleaños, vimos a mis padres besarse como enamorados, por vez primera delante de todos nosotros. Papá siempre había sido mucho más cariñoso de lo que solía ser un hombre de su época y acostumbraba a regalarnos “coliños” (abrazos en el regazo) sin importarle nuestra edad o envergadura física. En aquellos días nos repartía afectos a granel. Si le preguntaba tras la comida qué quería de postre me respondía, sonriendo: “Te quiero a ti”. Pero tenía la mirada del espanto que después he tenido que ver en otros seres queridos aquejados por un cáncer terminal. “¡Qué traballiño costa morrer!”, me dijo uno de sus últimos días.

Puede decirse que mi padre tuvo una muerte dulce, con sus tres hijas en la cama abrazándole, sus hijos y mi madre a la vera de su lecho, embargados todos por un llanto manso y pacífico con el que le dijimos “adiós, papá” acompañándole hasta su último suspiro. Desde entonces, me gusta recordarlo en cualquier momento de su vida y de la mía, incluida su buena muerte, algo que me reconforta. Quisiera para mí y para todos los que amo un fin parecido. Si “morir habemos, ya lo sabemos” —memento mori que repiten los monjes—, quiero hacerlo en paz y sin sufrimiento, ni físico ni mental. Afortunadamente, en este país, disfrutamos de unas leyes muy avanzadas que nos permiten elegir cómo queremos irnos de este mundo y, sobre todo, nos libran de dolores en ese tránsito. 

Creo firmemente que no hay nada más cruel que lo que le han hecho a Noelia Castillo, retrasando su eutanasia e infligiéndole una injustificada prolongación del dolor durante casi dos años hasta lograr la muerte digna que la legislación y el personal sanitario le dieron, tal como ella quería. Que haya sido su padre el principal causante de este sufrimiento explica muy bien la penosa vida que ha tenido la joven que tuvo que ser tutelada por la Generalitat de Catalunya. Tampoco me extrañaría que, como dice la ciencia y la psicología que ocurre en el duelo, ese padre se sintiera —sin saberlo— culpable del final de su hija. Una culpabilidad inconsciente porque su litigiosidad demostraba a las claras que le preocupaban más sus sentimientos paternos que el deseo liberador de morir que tenía su hija. “El dolor que resulta insoportable es el que has creado tú sintiéndote culpable”, dice uno de los personajes de la obra “El hechizo de Lily Dahl”, de la escritora norteamericana Siri Hustvedt.

Si se puede comprender humanamente la condescendencia de un padre así, considero una exigencia ética censurar el comportamiento de quienes se han aprovechado de una desgracia tan terrible como la muerte deseada de una persona en constante sufrimiento. Me refiero a los medios que han caído en el execrable periodismo espectáculo para hacer caja y a los demandantes de causas judiciales con las que querían impedir que se hiciera la voluntad de Noelia. 

Son deplorables, sobre todo, estos denunciantes que, llevando la causa a los tribunales y ventilando el proceso abierto por el señor Castillo, han convertido los últimos días de esta chica en un suplicio innecesario, únicamente por su fanatismo y la búsqueda de una notoriedad espuria que han logrado a costa de los padecimientos de ella. No debería haber perdón para los llamados “Abogados Cristianos”, convertidos en vengadores justicieros de un caso que no les afectaba en absoluto y que utilizaron de forma miserable para la promoción de su intolerante ideología de ultraderecha. Y lo hicieron fingiendo una defensa de la vida que tiene muy poco de cristiana porque esta doctrina predica el amor al prójimo y la compasión ante quien sufre. 

Está claro que a Paolo Sorrentino le interesa la política. O al menos aquellos que la ejercen. Aunque venda una pose nihilista, con su puro e intentando echar balones fuera en las preguntas incómodas, nadie al que no le interese el tema dedica una película a Giulio Andreotti (Il Divo) y otra a Berlusconi (Loro). A ellos se une ahora Mariano De Santis. Si no les suena su nombre es normal, porque este no existe, aunque en Italia tengan claro que no es más que un alter ego de Sergio Mattarella, político de la Democracia Cristiana y presidente de la República desde 2015.

Mattarella concedió un polémico indulto en 2019 a dos hombres que habían matado a sus mujeres, enfermas de Alzhéimer. Lo hicieron, supuestamente, para que no sufrieran más. El presidente argumentó su decisión diciendo que había sido por motivos de compasión. Este hecho sirve como palanca para que Sorrentino cuente en La Grazia —que llega a los cines este miércoles— los últimos días de un moderado presidente de la República que nunca se ha posicionado en nada pero que, antes de irse, debe decidir respecto a unos indultos y a una ley de eutanasia muy censurada por la derecha. 

A Sorrentino, habitualmente abonado a cierto cinismo, le ha salido una película que defiende que no todos los políticos son iguales, sino que hay gente con moral y principios, y que son esos los que ahora mismo son más necesarios. Todo ello sin renunciar a su peculiar estilo visual (aunque sin ese regodeo en la belleza femenina que a veces lastra sus filmes, como ocurrió en Parthenope). Aquí realiza una presentación del personaje protagonista —a quién da vida, cómo no, Toni Servillo— a la altura de la del Jep Gambardella de La gran belleza, con ese presidente que vemos después de escuchar música tecno y una bandera de Italia hecha con el humo de los aviones en un acto institucional. 

El cineasta mantiene, en un reducido encuentro con periodistas donde se encuentra elDiario.es, que a él no le “interesan especialmente los políticos ni nada de eso”. “Me interesan los seres humanos. Pero lo que sí me interesa es el poder y cómo se usa. Y por eso, a menudo en el pasado, eso ha provocado que mis personajes principales fueran políticos. El proceso de escritura de esta película fue un poco diferente al de mis otras películas que partían de personas reales, mientras que en este caso partí de hechos, de cosas que habían sucedido y las personas vinieron después. Por lo tanto, el enfoque narrativo fue algo diferente”, dice del comienzo de su proyecto y su atracción narrativa por los políticos.

Concede que esta película es, al menos, menos cínica. “Por supuesto”, sentencia, y añade que en su película “hay una forma de concebir la política que caracterizaba más a los políticos del pasado, y eso se está perdiendo en la actualidad”. “Al optar por mostrar un tipo de político responsable, serio, sabio y con sentido común… eso es algo que hoy en día puede parecer fuera de lugar o surrealista, lamentablemente”, apunta.

La Grazia habla de la ética de los políticos, de la necesidad de dar un paso adelante cuando es necesario. ¿Ha sentido Sorrentino esa necesidad, la de hacer una película política en estos momentos? Como siempre, el director no termina de decir que sí, y primero recurre para responder a la profunda impresión que causó en él ver El decálogo de Kieslowski, “que giraba completamente en torno a dilemas morales”. “Pensé en aquel entonces que era la trama más intrigante, mucho más que una historia de crímenes. Así que los dilemas morales son un recurso narrativo maravilloso”, afirma.

Quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo

Paolo Sorrentino — Cineasta

Pero no fue solo Kieslowski, sino que es consciente de que “también vivimos en una época en la que las cuestiones éticas se han vuelto demasiado irrelevantes”. “Considerando todo esto, quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo. Así que pensé que podría ser algo valioso hablar ahora de ello”, opina.

No le interesaba un político joven, sino alguien en sus últimos días y lo hace reivindicando el momento en el que hay que soltar amarras y aceptar que el tiempo se ha acabado: “A medida que envejecemos, si tenemos un mínimo de madurez, nos damos cuenta de que la mejor expresión de nuestro ser ya ha ocurrido y que todo lo que pueda venir después es solo una copia descolorida de lo que hemos sido. Por lo tanto, si uno es lúcido, debe empezar a darse cuenta de que ha llegado el momento de soltar y encontrar motivaciones diferentes para continuar su existencia en el mundo”.

Su Mariano De Santis es Toni Servillo, del que antes que su talento como actor valora lo bien que está a su lado. “Llevamos muchos años disfrutando pasando tiempo juntos. Nos divertimos. Nos llevamos bien. Nunca peleamos. Creo que es suficiente motivo para decidir hacer cosas juntos”, asevera.

Como seña de estilo vuelve a ofrecer una apertura llena de fuerza, donde la música presenta al personaje. Cuando se le menciona ese comienzo dice que cree que las escenas más bellas que ha filmado son las que abren sus películas. “Después, no creo que las escenas que he creado sean tan importantes o bellas. Eso es porque, como diría Sartre, al principio de una historia quería generar todo. En definitiva, creo el comienzo de mis películas con la intención de generarlo todo ahí. Es un placer muy infantil”, reconoce.

Sorprende la celeridad con la que ha dirigido y estrenado esta película. En mayo de 2024 estrenaba la anterior, Parthenope, en el Festival de Cannes, y poco más de un año después, en septiembre de 2025, llegaba a Cannes con La Grazia, algo que ocurrió por casualidad, al tener dos guiones acabados a la vez. De hecho, La Grazia tenía previsto rodarse antes que Parthenope y cambió sus planes en el último momento, pero esa prisa por rodar no le ha hecho cambiar sus tempos y deja claro que esto ha sido una excepción. “No pienso rodar películas tan rápido como en los últimos años”, zanja sin dar pistas de cuál será su siguiente proyecto o si aquellos cacareados y luego aparcados filmes con Jennifer Lawrence verán finalmente la luz. 

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

El Ministerio de Sanidad quiere ampliar el concepto de cuidados paliativos y adelantarlo en pacientes crónicos antes de que llegue la etapa final de la vida. El departamento que dirige Mónica García había incluido esta nueva estrategia, negociada a nivel técnico, para su aprobación en el Consejo Interterritorial del pasado viernes. El encuentro, que terminó siendo monotemático por el conflicto laboral abierto por la huelga de médicos, no llegó a abordar este punto, que se aprobará previsiblemente en la reunión del próximo día 9 de abril.

La nueva estrategia, para el periodo 2026-2030, surge de la necesidad de incorporar a los cuidados paliativos nuevos condicionantes sociales y de salud. Por ejemplo, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad. Se viven más años y, aunque se ha logrado alargar la vida, una parte de este tiempo se pasa con enfermedades crónicas que, en algunos casos, alargan los procesos de deterioro. De hecho, se calcula que el 75% de las muertes que se producen en todo el país ocurren por enfermedades crónicas, de las que el 25% son oncológicas y el 50% corresponden a otras dolencias.

El documento indica que la prevalencia de quienes requieren de cuidados paliativos se sitúa en niveles de entre el 1,4 y el 1,6% de la población general. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), entre 300.000 y 370.000 personas requieren cuidados paliativos cada año, de las que 135.000 precisan equipos específicos, por sus necesidades complejas.

El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente como criterio central de la atención, independientemente de que este se encuentre o no en fase agónica o en el final de su vida. Hasta ahora, esta atención se limita a aquellas personas con un pronóstico inferior a los seis meses.

Para avanzar esa atención precoz, la estrategia contempla la introducción de herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada y que este enfoque se tenga en cuenta de forma gradual y temprana. Una de esas herramientas es la app Necpal 4.0, desarrollada por Secpal y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y que “permite estimar el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades crónicas avanzadas para garantizar una respuesta precoz a sus necesidades paliativas”, señalaban cuando se lanzó la aplicación.

A la espera de ser aprobada definitivamente en el Consejo Interterritorial, la estrategia contempla garantizar la atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, reforzando los servicios de atención telefónica experta y la telemedicina, para evitar ingresos innecesarios en urgencias. Además, establece la figura de un profesional de enlace o enfermera gestora de casos, para coordinar los traslados entre el hospital y el domicilio. También se tendrán en cuenta los determinantes sociales de la salud y la necesidad de atajar los sesgos de género en la evaluación del dolor, que hace que las mujeres deban declarar niveles mayores para ser registradas.

Cuidados paliativos pediátricos

La nueva estrategia incide de forma especial en los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes, que tienen una prevalencia estimada de 65 por cada 10.000 o un 0,65%. En este sentido, el nuevo protocolo amplía la cobertura paliativa desde la etapa prenatal, se compromete a garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario para evitar la exclusión social del menor y garantiza una transición paulatina había los servicios sanitarios para adultos jóvenes.

El Informe de evaluación de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud 2015-2020, publicado en 2023, ya marcaba siete retos principales para el sistema de cuidados paliativos, que la nueva estrategia busca atajar: homogeneizar la atención en todo el territorio, mejorar la identificación de las necesidades paliativas, facilitar la atención centrada en la persona y que esta pueda decidir si prefiere estar en el domicilio o el hospital, tener en cuenta las características geográficas para organizar los equipos, incorporar la formación universitaria y específica y apoyar la investigación en esta área.

Manual de buenas prácticas en eutanasia

Sanidad pretendía aprobar también este viernes la segunda edición del manual de buenas prácticas en eutanasia, que también se ha visto relegado a la próxima cita. Este texto pasará a ser la referencia técnica común, cuatro años después de la publicación en el BOE de la ley que reconoce la aplicación de esta práctica compasiva.

El nuevo manual instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en algunas comunidades autónomas, como norma general, con el objetivo de garantizar un acceso homogéneo a la prestación. Además, refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia, dentro de los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Entre las novedades, el documento amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses, frente a al uno o dos actuales. Además, el manual incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. En cualquier caso, la persona podría iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea. Además, se establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes, ante la evidencia clínica de que en uno de cada tres casos los solicitantes se encuentran en riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento.

En el ámbito administrativo, el manual incorpora la actualización de la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar que la voluntad del paciente consta de forma clara e inmediata en su historial. También refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, al considerarse la eutanasia muerte natural a efectos documentales. E incluye una adaptación de los protocolos sobre donación de órganos, para que esa posibilidad se ofrezca sin interferencias en la solicitud de la prestación.