La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

Me pareció que su rostro estaba muy pálido. No era raro porque siempre había sido un hombre de tez clara que resaltaba sus cejas negras, una seña de identidad que le caracterizaba. El tono macilento y, sobre todo, el rictus de la boca entreabierta me dieron la respuesta. Ya había fallecido. Incorporado con ayuda de las almohadas y reinando sobre la cama del hospital, aquel periodista mantenía toda la dignidad de la persona valerosa y a la vez humilde que fue y yo había admirado desde siempre. Cuando llegué a la facultad de Periodismo, mi sueño era imitar a gente como él y ser una gran reportera para contar todo tipo de conflictos, guerras y padecimientos de los más pobres y abandonados. Nunca imaginé que este querido y admirado colega sería la primera persona muerta que vería en mi vida.

Mi compañero tuvo un buen final de su agitada vida, querido y homenajeado por la profesión en múltiples actos a los que acudía emocionado aunque fuera con la salud mermada. Le llegó la muerte plácidamente, rodeado de los cuidados del personal sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y la presencia permanente de su hermana, a los pies de su cama. Me los encontré de sopetón porque alguien se había dejado la puerta de la habitación entreabierta. No me esperaba contemplar esa imagen cuando subí a acompañarle, tras haber sido avisada de su gravedad mientras me encontraba en una consulta de rutina en el mismo hospital.

Hasta entonces, me negaba en rotundo a ver personas muertas. Supongo que la juventud y el tabú de la muerte en esta moderna cultura occidental me empujaban a ignorarla u orillarla cuando me la encontraba en el camino. Me las había arreglado para lograrlo, a pesar de haber acompañado a amigas con sus padres recién fallecidos e incluso, cuando debía cubrir informaciones de sucesos con víctimas, me fui haciendo una experta en mirar para otro lado. Cuando se murió mi abuelo inesperadamente, lo primero que le dije a mi madre era que ni me pondría luto ni quería verlo en su lecho de muerte. Creo que era una forma de ahorrarme recuerdos penosos y guardar para siempre la imagen de mis seres queridos cuando disfrutaban de vida.

Todo cambió cuando tuve que afrontar la muerte de mi padre. Tras sobrellevar un cáncer durante casi 20 años, llegó su final aquejado de metástasis y decidimos llevarlo a casa de mi hermana mayor, donde estuvo rodeado del diverso personal sanitario con el que, afortunadamente, contamos en mi familia. Haber pasado los últimos meses a su lado, en una inédita pero valiosísima compañía mutua, caminando de la mano hacia su final, fue un proceso que recomiendo a todo el mundo. Si morir es un hecho individual, personal e intransferible, el derecho a la llamada “buena muerte” o “muerte digna” debería ser obligatoriamente una actividad compartida de los más allegados para acompañar a su ser querido y librarle de sufrimientos evitables. Y no sólo porque es de justicia para el que se va sino por los efectos beneficiosos que nos aporta a los que nos quedamos. 

Por eso no entiendo muy bien por qué llaman “Cristo de la Buena Muerte” a la escultura de Pedro de Mena, cuando se ve a las claras que ese hombre joven, semidesnudo, clavado en un madero y coronado de espinas, tuvo un final espantoso. Supongo que se refiere al significado religioso del término que se refiere a estar en gracia de Dios. Pero el sentido en el que utilizo este concepto no es religioso sino etimológico. Prefiero el significado que le atribuye el diccionario etimológico al definir la eutanasia, palabra griega (euthanasía) formada por el prefijo eu (buena) y el término thanatos (muerte), o sea, un final tranquilo, dulce y sin sufrimiento.

Esa fue la muerte que tuvo mi padre en aquella convivencia familiar de sus últimos días. El trayecto no estuvo exento de inconvenientes pero, para mí, fue la mejor despedida que podía darle y resultó ser el más generoso regalo que nunca había imaginado que me haría aquel hombre pacífico, idealista y flemático que fue mi progenitor. Ya octogenario, muy consciente de que su final se acercaba, soportó todos los inconvenientes y limitaciones físicas sin una queja. En esa breve e intensa armonía del epílogo de su vida, sólo quiso que le acompañáramos la familia más íntima y disfrutaba enormemente con la prole de nietos y nietas. Sé que se sentía orgulloso de los turnos de cuidados que hacíamos entre hermanas y hermanos, cada cual según sus habilidades y posibilidades. Su constante preocupación por el bienestar de mi madre, que fue aumentando a medida que envejecían, creció en aquellos días y nos insistía para que la hiciéramos salir y distraerse con sus amigas.

El día de su 80 cumpleaños, vimos a mis padres besarse como enamorados, por vez primera delante de todos nosotros. Papá siempre había sido mucho más cariñoso de lo que solía ser un hombre de su época y acostumbraba a regalarnos “coliños” (abrazos en el regazo) sin importarle nuestra edad o envergadura física. En aquellos días nos repartía afectos a granel. Si le preguntaba tras la comida qué quería de postre me respondía, sonriendo: “Te quiero a ti”. Pero tenía la mirada del espanto que después he tenido que ver en otros seres queridos aquejados por un cáncer terminal. “¡Qué traballiño costa morrer!”, me dijo uno de sus últimos días.

Puede decirse que mi padre tuvo una muerte dulce, con sus tres hijas en la cama abrazándole, sus hijos y mi madre a la vera de su lecho, embargados todos por un llanto manso y pacífico con el que le dijimos “adiós, papá” acompañándole hasta su último suspiro. Desde entonces, me gusta recordarlo en cualquier momento de su vida y de la mía, incluida su buena muerte, algo que me reconforta. Quisiera para mí y para todos los que amo un fin parecido. Si “morir habemos, ya lo sabemos” —memento mori que repiten los monjes—, quiero hacerlo en paz y sin sufrimiento, ni físico ni mental. Afortunadamente, en este país, disfrutamos de unas leyes muy avanzadas que nos permiten elegir cómo queremos irnos de este mundo y, sobre todo, nos libran de dolores en ese tránsito. 

Creo firmemente que no hay nada más cruel que lo que le han hecho a Noelia Castillo, retrasando su eutanasia e infligiéndole una injustificada prolongación del dolor durante casi dos años hasta lograr la muerte digna que la legislación y el personal sanitario le dieron, tal como ella quería. Que haya sido su padre el principal causante de este sufrimiento explica muy bien la penosa vida que ha tenido la joven que tuvo que ser tutelada por la Generalitat de Catalunya. Tampoco me extrañaría que, como dice la ciencia y la psicología que ocurre en el duelo, ese padre se sintiera —sin saberlo— culpable del final de su hija. Una culpabilidad inconsciente porque su litigiosidad demostraba a las claras que le preocupaban más sus sentimientos paternos que el deseo liberador de morir que tenía su hija. “El dolor que resulta insoportable es el que has creado tú sintiéndote culpable”, dice uno de los personajes de la obra “El hechizo de Lily Dahl”, de la escritora norteamericana Siri Hustvedt.

Si se puede comprender humanamente la condescendencia de un padre así, considero una exigencia ética censurar el comportamiento de quienes se han aprovechado de una desgracia tan terrible como la muerte deseada de una persona en constante sufrimiento. Me refiero a los medios que han caído en el execrable periodismo espectáculo para hacer caja y a los demandantes de causas judiciales con las que querían impedir que se hiciera la voluntad de Noelia. 

Son deplorables, sobre todo, estos denunciantes que, llevando la causa a los tribunales y ventilando el proceso abierto por el señor Castillo, han convertido los últimos días de esta chica en un suplicio innecesario, únicamente por su fanatismo y la búsqueda de una notoriedad espuria que han logrado a costa de los padecimientos de ella. No debería haber perdón para los llamados “Abogados Cristianos”, convertidos en vengadores justicieros de un caso que no les afectaba en absoluto y que utilizaron de forma miserable para la promoción de su intolerante ideología de ultraderecha. Y lo hicieron fingiendo una defensa de la vida que tiene muy poco de cristiana porque esta doctrina predica el amor al prójimo y la compasión ante quien sufre. 

Está claro que a Paolo Sorrentino le interesa la política. O al menos aquellos que la ejercen. Aunque venda una pose nihilista, con su puro e intentando echar balones fuera en las preguntas incómodas, nadie al que no le interese el tema dedica una película a Giulio Andreotti (Il Divo) y otra a Berlusconi (Loro). A ellos se une ahora Mariano De Santis. Si no les suena su nombre es normal, porque este no existe, aunque en Italia tengan claro que no es más que un alter ego de Sergio Mattarella, político de la Democracia Cristiana y presidente de la República desde 2015.

Mattarella concedió un polémico indulto en 2019 a dos hombres que habían matado a sus mujeres, enfermas de Alzhéimer. Lo hicieron, supuestamente, para que no sufrieran más. El presidente argumentó su decisión diciendo que había sido por motivos de compasión. Este hecho sirve como palanca para que Sorrentino cuente en La Grazia —que llega a los cines este miércoles— los últimos días de un moderado presidente de la República que nunca se ha posicionado en nada pero que, antes de irse, debe decidir respecto a unos indultos y a una ley de eutanasia muy censurada por la derecha. 

A Sorrentino, habitualmente abonado a cierto cinismo, le ha salido una película que defiende que no todos los políticos son iguales, sino que hay gente con moral y principios, y que son esos los que ahora mismo son más necesarios. Todo ello sin renunciar a su peculiar estilo visual (aunque sin ese regodeo en la belleza femenina que a veces lastra sus filmes, como ocurrió en Parthenope). Aquí realiza una presentación del personaje protagonista —a quién da vida, cómo no, Toni Servillo— a la altura de la del Jep Gambardella de La gran belleza, con ese presidente que vemos después de escuchar música tecno y una bandera de Italia hecha con el humo de los aviones en un acto institucional. 

El cineasta mantiene, en un reducido encuentro con periodistas donde se encuentra elDiario.es, que a él no le “interesan especialmente los políticos ni nada de eso”. “Me interesan los seres humanos. Pero lo que sí me interesa es el poder y cómo se usa. Y por eso, a menudo en el pasado, eso ha provocado que mis personajes principales fueran políticos. El proceso de escritura de esta película fue un poco diferente al de mis otras películas que partían de personas reales, mientras que en este caso partí de hechos, de cosas que habían sucedido y las personas vinieron después. Por lo tanto, el enfoque narrativo fue algo diferente”, dice del comienzo de su proyecto y su atracción narrativa por los políticos.

Concede que esta película es, al menos, menos cínica. “Por supuesto”, sentencia, y añade que en su película “hay una forma de concebir la política que caracterizaba más a los políticos del pasado, y eso se está perdiendo en la actualidad”. “Al optar por mostrar un tipo de político responsable, serio, sabio y con sentido común… eso es algo que hoy en día puede parecer fuera de lugar o surrealista, lamentablemente”, apunta.

La Grazia habla de la ética de los políticos, de la necesidad de dar un paso adelante cuando es necesario. ¿Ha sentido Sorrentino esa necesidad, la de hacer una película política en estos momentos? Como siempre, el director no termina de decir que sí, y primero recurre para responder a la profunda impresión que causó en él ver El decálogo de Kieslowski, “que giraba completamente en torno a dilemas morales”. “Pensé en aquel entonces que era la trama más intrigante, mucho más que una historia de crímenes. Así que los dilemas morales son un recurso narrativo maravilloso”, afirma.

Quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo

Paolo Sorrentino — Cineasta

Pero no fue solo Kieslowski, sino que es consciente de que “también vivimos en una época en la que las cuestiones éticas se han vuelto demasiado irrelevantes”. “Considerando todo esto, quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo. Así que pensé que podría ser algo valioso hablar ahora de ello”, opina.

No le interesaba un político joven, sino alguien en sus últimos días y lo hace reivindicando el momento en el que hay que soltar amarras y aceptar que el tiempo se ha acabado: “A medida que envejecemos, si tenemos un mínimo de madurez, nos damos cuenta de que la mejor expresión de nuestro ser ya ha ocurrido y que todo lo que pueda venir después es solo una copia descolorida de lo que hemos sido. Por lo tanto, si uno es lúcido, debe empezar a darse cuenta de que ha llegado el momento de soltar y encontrar motivaciones diferentes para continuar su existencia en el mundo”.

Su Mariano De Santis es Toni Servillo, del que antes que su talento como actor valora lo bien que está a su lado. “Llevamos muchos años disfrutando pasando tiempo juntos. Nos divertimos. Nos llevamos bien. Nunca peleamos. Creo que es suficiente motivo para decidir hacer cosas juntos”, asevera.

Como seña de estilo vuelve a ofrecer una apertura llena de fuerza, donde la música presenta al personaje. Cuando se le menciona ese comienzo dice que cree que las escenas más bellas que ha filmado son las que abren sus películas. “Después, no creo que las escenas que he creado sean tan importantes o bellas. Eso es porque, como diría Sartre, al principio de una historia quería generar todo. En definitiva, creo el comienzo de mis películas con la intención de generarlo todo ahí. Es un placer muy infantil”, reconoce.

Sorprende la celeridad con la que ha dirigido y estrenado esta película. En mayo de 2024 estrenaba la anterior, Parthenope, en el Festival de Cannes, y poco más de un año después, en septiembre de 2025, llegaba a Cannes con La Grazia, algo que ocurrió por casualidad, al tener dos guiones acabados a la vez. De hecho, La Grazia tenía previsto rodarse antes que Parthenope y cambió sus planes en el último momento, pero esa prisa por rodar no le ha hecho cambiar sus tempos y deja claro que esto ha sido una excepción. “No pienso rodar películas tan rápido como en los últimos años”, zanja sin dar pistas de cuál será su siguiente proyecto o si aquellos cacareados y luego aparcados filmes con Jennifer Lawrence verán finalmente la luz. 

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

El Ministerio de Sanidad quiere ampliar el concepto de cuidados paliativos y adelantarlo en pacientes crónicos antes de que llegue la etapa final de la vida. El departamento que dirige Mónica García había incluido esta nueva estrategia, negociada a nivel técnico, para su aprobación en el Consejo Interterritorial del pasado viernes. El encuentro, que terminó siendo monotemático por el conflicto laboral abierto por la huelga de médicos, no llegó a abordar este punto, que se aprobará previsiblemente en la reunión del próximo día 9 de abril.

La nueva estrategia, para el periodo 2026-2030, surge de la necesidad de incorporar a los cuidados paliativos nuevos condicionantes sociales y de salud. Por ejemplo, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad. Se viven más años y, aunque se ha logrado alargar la vida, una parte de este tiempo se pasa con enfermedades crónicas que, en algunos casos, alargan los procesos de deterioro. De hecho, se calcula que el 75% de las muertes que se producen en todo el país ocurren por enfermedades crónicas, de las que el 25% son oncológicas y el 50% corresponden a otras dolencias.

El documento indica que la prevalencia de quienes requieren de cuidados paliativos se sitúa en niveles de entre el 1,4 y el 1,6% de la población general. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), entre 300.000 y 370.000 personas requieren cuidados paliativos cada año, de las que 135.000 precisan equipos específicos, por sus necesidades complejas.

El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente como criterio central de la atención, independientemente de que este se encuentre o no en fase agónica o en el final de su vida. Hasta ahora, esta atención se limita a aquellas personas con un pronóstico inferior a los seis meses.

Para avanzar esa atención precoz, la estrategia contempla la introducción de herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada y que este enfoque se tenga en cuenta de forma gradual y temprana. Una de esas herramientas es la app Necpal 4.0, desarrollada por Secpal y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y que “permite estimar el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades crónicas avanzadas para garantizar una respuesta precoz a sus necesidades paliativas”, señalaban cuando se lanzó la aplicación.

A la espera de ser aprobada definitivamente en el Consejo Interterritorial, la estrategia contempla garantizar la atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, reforzando los servicios de atención telefónica experta y la telemedicina, para evitar ingresos innecesarios en urgencias. Además, establece la figura de un profesional de enlace o enfermera gestora de casos, para coordinar los traslados entre el hospital y el domicilio. También se tendrán en cuenta los determinantes sociales de la salud y la necesidad de atajar los sesgos de género en la evaluación del dolor, que hace que las mujeres deban declarar niveles mayores para ser registradas.

Cuidados paliativos pediátricos

La nueva estrategia incide de forma especial en los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes, que tienen una prevalencia estimada de 65 por cada 10.000 o un 0,65%. En este sentido, el nuevo protocolo amplía la cobertura paliativa desde la etapa prenatal, se compromete a garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario para evitar la exclusión social del menor y garantiza una transición paulatina había los servicios sanitarios para adultos jóvenes.

El Informe de evaluación de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud 2015-2020, publicado en 2023, ya marcaba siete retos principales para el sistema de cuidados paliativos, que la nueva estrategia busca atajar: homogeneizar la atención en todo el territorio, mejorar la identificación de las necesidades paliativas, facilitar la atención centrada en la persona y que esta pueda decidir si prefiere estar en el domicilio o el hospital, tener en cuenta las características geográficas para organizar los equipos, incorporar la formación universitaria y específica y apoyar la investigación en esta área.

Manual de buenas prácticas en eutanasia

Sanidad pretendía aprobar también este viernes la segunda edición del manual de buenas prácticas en eutanasia, que también se ha visto relegado a la próxima cita. Este texto pasará a ser la referencia técnica común, cuatro años después de la publicación en el BOE de la ley que reconoce la aplicación de esta práctica compasiva.

El nuevo manual instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en algunas comunidades autónomas, como norma general, con el objetivo de garantizar un acceso homogéneo a la prestación. Además, refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia, dentro de los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Entre las novedades, el documento amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses, frente a al uno o dos actuales. Además, el manual incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. En cualquier caso, la persona podría iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea. Además, se establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes, ante la evidencia clínica de que en uno de cada tres casos los solicitantes se encuentran en riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento.

En el ámbito administrativo, el manual incorpora la actualización de la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar que la voluntad del paciente consta de forma clara e inmediata en su historial. También refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, al considerarse la eutanasia muerte natural a efectos documentales. E incluye una adaptación de los protocolos sobre donación de órganos, para que esa posibilidad se ofrezca sin interferencias en la solicitud de la prestación.

Nos enfrentamos siempre a dilemas morales cotidianos que no tienen solución. Queremos acercarnos al ideal que tenemos de nosotros mismos, ser siempre buenos, y en nuestro intento de bordear ese límite estamos condenados a fracasar, tras el fracaso quizás a lacerarnos. Si nos laceramos es porque una parte de nosotros mismos no renuncia a la persona que podría haber sido de escoger lo otro, al tiempo que sabe que la ha perdido, que ya no es quien pudo ser, quizá no lo será nunca. ¿Quién no se ha visto entre la espada y la pared, forzado a que la única manera de ser leal a un amigo consista en traicionar a otro? ¿Quién no ha tenido que medir sus movimientos con la conciencia de que, sin importar lo que hiciera, estaría en algún caso obrando mal para alguien, gestionando el dolor, pero no evitándolo? La ilusión de ser perfectos es un reflejo infantil, el de quien no quiere hacer algo mal porque teme el castigo o la reprimenda, la decepción de los padres; la adultez tiene mucho que ver, en cambio, con las ocasiones en que obrar bien es obrar mal, sin pureza de por medio. La pureza, como sueño, es expresión de insatisfacción; los sueños, como sueños, sueños son.

Algo tan general es aplicable universalmente, a la vida de cada cual: lo que queremos es resolver lo irresoluble, ponerle solución a lo que no tiene remedio, arreglarlo todo más allá de mis capacidades. Quizá soy desmedida en ese plural: al menos en mí misma sí que reconozco ese impulso complaciente. Lo he pensado esta semana en varias ocasiones, algunas que tenían que ver con mis propios dilemas morales cotidianos, los de todos los días, esos que se acumulan sin solución, o sin solución buena; lo he pensado también al leer, asistir, escuchar y atender a las opiniones, juicios o exabruptos que se han vertido a propósito del caso de Noelia y su recurso a la eutanasia.

Me duele que cualquier persona prefiera quitarse la vida a perseverar en ella, porque —llámeseme cursi o curilla— considero que la vida, hasta en sus dolores, es algo hermoso y valioso en sí mismo; respeto absolutamente el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, y no me habría atrevido yo a poner en cuestión la voluntad de Noelia, ni de tantos otros. Una eutanasia puede ser a la vez un fracaso social, una tragedia y la única manera de dar dignidad y autonomía en la muerte y enfermedad. Fracaso social porque la soledad es un problema social, porque las familias miserables y maltratadoras no son una isla que exista separada del mundo entero, porque las instituciones podrían hacer más y la ayuda que aportan es insuficiente, también porque somos más egoístas de lo que nos gustaría, más crueles, más miserables, más caprichosos en cómo repartimos nuestros afectos y a quién concedemos piedad y misericordia. Fracaso también, en fin, porque ante algo así nuestros sistemas morales, o la concepción que tenemos de tenerlos, fracasan.

Es normal que la derecha española sea incapaz de reconciliar su liberalismo, que convierte el mundo entero y también a las personas en mercancía y objetos, intercambiables, a la vez absolutamente autónomos y presuntamente libres, con la herencia moral judeocristiana. Es normal que otra izquierda tampoco sepa si hablar aquí de la estructura o si deslizarse a la herencia liberal que respeta ante todo la autonomía del individuo y su elección. Sostenemos ideologías y valores que son contradictorios, complejos, mutables, como cuando la vida nos fuerza a escoger entre opciones sin que ninguna de las dos sea una buena opción. A la ilusión de ser perfectos se suma la ilusión de ser coherentes, porque ser coherente también sería acercarse a un bien hipotético, al cálculo matemático de la mejor acción posible; la inexistencia de esa mejor acción, la cantidad infinita de efectos que todo paso puede provocar, se cuenta entre las mejores muestras de la irreductibilidad de lo humano, su imposible sustitución por lo maquínico, incluso cuando cada día se habla de inteligencias artificiales.

La muerte escogida de Noelia ha planteado socialmente el conflicto entre su derecho y una forma determinada de compasión social. Está bien que así sea. Frente a las voces que no querrían vivir con ello, que anteponen su dolor a la complejidad, creo que es cualidad de una sociedad madura, como lo es de una persona adulta, renunciar a resolver lo irresoluble. Asumir que no todo se puede solucionar, que no hay un deus ex machina ni final de cuento de hadas; aceptar que no hay opción buena y que en la vida se lidia con las cartas que te tocan. Escoger es fracasar: quizá el problema de fondo esté en que, al oír la palabra fracaso, vemos en todo fracaso una tragedia; quizá la resolución sea acostumbrarnos a que vivir es fracasar, sin fracaso no hay vida, y la vida puede ser la historia, valiosa y hermosa por sí misma, de todo aquello en lo que hemos fracasado.

Esta última semana he sentido verdadero pavor leyendo a cientos de personas hablando de su libro en un tema tan delicado y personal como la eutanasia. Gente que no sabe muy bien por qué está triste un domingo por la tarde, pero que manejó con precisión quirúrgica los motivos, las emociones, los sentimientos y hasta la dignidad de una persona que llevaba años peleando por decidir sobre su propia muerte.

¿Por qué este pudor indisimulado? Porque ahora mismo son nuestras opiniones las que funcionan como medida de quiénes somos, más que nuestras propias acciones. Si Descartes levantase la cabeza diría algo así como: opinamos, luego existimos. Las opiniones son ya una forma de identidad pública, algo que hay que exhibir para existir, aunque no tengamos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. 

Todos somos ignorantes en muchos temas —en casi todos, si nos ponemos rigurosos—, pero hemos decidido convertir esa ignorancia en un problema estético que hay que disimular con corrector. Y no soy precisamente Albert Einstein si digo que las redes sociales tienen bastante culpa de todo esto porque, gracias a ellas, consumimos la información como pipas en el banco de un parque. En los periódicos, la opinión es libre, pero se supone que los hechos son sagrados (al menos siguiendo los códigos deontológicos, sí). Mientras que en Internet, ocurre justo lo contrario: los hechos son libres, pero la opinión es sagrada. Pero no es solo culpa de las redes sociales, por supuesto también tiene la culpa el abrumador tertulianismo mediático en el que estamos inmersos. 

Hace unas semanas, el escritor Luis Landero me decía en una entrevista publicada en Vanity Fair que hoy “la gente no necesita pensar porque ya se lo dan pensado. Hacemos, como en un supermercado, la compra diaria de opiniones”. Añadía que “hoy en día se consumen ideas, se consumen opiniones, se consume criterios, se consume todo esto, pero no lo elabora uno. No se elabora porque para eso, para elaborar tus propios pensamientos, para vivir la vida de primera mano y ver las cosas con tus ojos y pensar las cosas con tu inteligencia, para eso hace falta tiempo, hace falta lentitud, hace falta concentración. Ahora es todo muy inmediato, es de usar y tirar”. Me pareció una imagen superprecisa, esa idea de que consumimos opiniones ya elaboradas que incorporamos poniéndolas en el microondas un par de minutitos dando vueltas.

La entrevista con Landero me dejó pensando en hasta qué punto nuestras opiniones son realmente nuestras y en qué momento dejamos de distinguir entre lo que pensamos y lo que nos han dicho o sugerido que deberíamos pensar. Es difícil calibrarlo, la verdad. La opinión de una tertulia, por ejemplo, se suele instalar en nuestro cerebro con una seguridad (prestada) desproporcionada respecto al tiempo que le hemos dedicado (ninguno). 

Ahora mismo nos cuesta muchísimo permanecer como simples espectadores de un tema y sostener la incomodidad de no saber qué pensar. Pero está bien no saberlo todo y está bien no tener una opinión siempre; está bien que nuestras opiniones no siempre importen y, sobre todo, que no siempre aporten. Con toda la hipocresía que supone decir esto desde una columna de opinión. 

En ninguna parte está escrito que el derecho a la vida venga acompañado de la obligación de soportar un sufrimiento más allá de humanamente comprensible. No hay ley o religión que así lo dicte. Vivir no es una guerra que haya que ganar, ni una batalla que haya que dar, ni una lucha que no se pueda abandonar. 

Querer dejar de vivir no es una derrota, ni una deserción, ni una traición que deba llevarnos a tratar a quién prefiera morir como a alguien a quien haya que rescatar, salvar o pagar para vivir; como si fuera alguien que ha salido defectuoso y debe ser reparado, alguien que tiene un fallo y debe ser arreglado. 

Noelia Castillo Ramos era una persona libre a quién deberíamos respetar en su elección precisamente aunque no entendamos que no quiera seguir viviendo como nosotros queremos. No tenemos derecho alguno a juzgarla, mucho menos a obligarla. Si quieren ejercer algún derecho, ejerzan el derecho —la obligación si es usted cristiano— de amarla como nos amamos a nosotros mismos.

En el Artículo 15 de la Constitución Española se establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que “en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes”. El Estado ha debido garantizar que Noelia Castillo Ramos haya podido ejercer su autonomía personal hasta sus últimas consecuencias con las plenas garantías que otorga la ley; y así lo ha hecho. 

Le ha tocado también al Estado defender aquello que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todos tenemos derechos en todas partes a que se reconozca nuestra personalidad jurídica. Noelia Castillo Ramos no es una propiedad de la cual su padre pueda poseer y disponer a su libre voluntad y antojo. Noelia Castillo Ramos tampoco encarna un ejemplo o un sujeto para las obligaciones que cualquier organización se crea con derecho a imponer en nombre de un credo, una fe, una doctrina o una filosofía.

No está tan claro que todos cuantos se han empeñado, con mejor o peor intención, en convencer u obligar a Noelia Castillo Ramos a ejercer su autonomía personal de manera diferente hayan sido tan respetuosos con su integridad física o personal o con su derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. No queda duda alguna en el caso de quienes la han empleado, sin decencia alguna, para demostrar que su odio hacia el gobierno, el comunismo, el ateísmo o el sanchismo es lo único que da ya sentido a sus vidas y a su mundo; o quienes la han utilizado cínicamente como excusa moral para justificar sus preferencias ideológicas, religiosas o fiscales.

Quien quiera empatizar con un padre que sólo se ocupó de ella para arrastrarla por los juzgados durante los dos últimos años de su vida que lo haga; pero que no trate de convertirle en el ejemplo de aquello que los demás padres haríamos porque no lo es. 

Quien quiera presentar a Noelia Castillo Ramos como otra víctima del gobierno que lo haga; pero que no la agreda de nuevo haciendo correr el bulo de la violación múltiple cuando estaba bajo custodia del Estado. 

Quien quiera hablarnos de la ley y sus vicios que lo haga; pero que no pretenda convencernos de que, luego de haber sido examinada por más de treinta especialistas durante años, aún quedaba por esclarecer su capacidad mental y la causa era jurídica, no ideológica.

Ni Noelia Castillo Ramos ni todos cuantos defendemos su derecho a morir en sus propios términos y condiciones les debemos explicación alguna. A nosotros no nos preocupa tanto cómo ni por qué viven su vida.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida han protestado este jueves contra la jornada antiaborto celebrada con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en un salón municipal del Ayuntamiento, con una asociación antiderechos, rodeadas de un grupo de escolares de un colegio católico.

El contenido de los carteles que ha portado la oposición ha tenido un foco común para cuestionar la decisión del equipo de gobierno del PP de promover la celebración del día elegido por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir.

'Lo que es ley, no se cuestiona. El PP usa lo público para cuestionar derechos', 'Contra la autonomía de las mujeres, contra la dignidad al morir: Así gobierna el PP', 'Ni aborto ni eutanasia: el PP contra nuestra autonomía y nuestros derechos', 'El PP utiliza el Ayuntamiento para cuestionar el aborto y la eutanasia. Para atacar derechos', se podía leer en este carteles.

Previamente a la protesta, que ha tenido lugar durante el receso del pleno del Ayuntamiento —coincidiendo con el minuto de silencio que el Ayuntamiento de Santander organiza mensualmente contra la violencia machista—, un grupo de mujeres de diversas asociaciones feministas y colectivos sociales han acudido al salón de plenos también con carteles que portaban mensajes similares.

Al regreso al pleno, la alcaldesa Gema Igual ha iniciado el segundo bloque del orden del día cuestionando la concentración, que se ha hecho en paralelo al minuto de silencio.

“Pido disculpas a las víctimas de violencia de género y no apruebo que se aproveche una convocatoria que es para otra cosa, no bajo el amparo de la convocatoria. Total respeto a manifestaciones que se puedan hacer, total desaprobación a que se pongan con cualquier otro cartel. Libertad, pero también yo la tengo, y respeto”, ha dicho Igual.

En estas mismas concentraciones mensuales, en convocatorias anteriores, grupos feministas y asociaciones vecinales han protestado también contra la propia alcaldesa de Santander, que mantiene como asesor del equipo de gobierno del PP a un agente de la Policía Local condenado por dos delitos de violencia machista.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.