La Justicia avala por primera vez la eutanasia a un preso en España

Marin E.S. podrá morir dignamente. El exempleado de seguridad que tiroteó a sus excompañeros en Tarragona e hirió a varios mossos d'esquadra en su huida ha obtenido el aval de la jueza que lo investiga para que se le practique la eutanasia. Se convertirá así en el primer preso en España en tener derecho a la muerte asistida desde la entrada en vigor de la ley hace un año.

El hombre permanece hospitalizado desde el pasado mes de diciembre por una lesión medular tras ser abatido por la policía. Antes había abierto fuego en la oficina de una empresa de seguridad del centro de Tarragona, hiriendo de forma grave a tres excompañeros. En su huida hirió a un mosso de paisano. El pistolero se atrincheró en una masía abandonada y ante su negativa a dialogar con la policía, el Grupo Especial de Intervención de los Mossos lo abatió y detuvo. Antes el pistolero también había tiroteado a los agentes.

Con Marin E.S. ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa a causa de una lesión medular, la causa judicial ha seguido avanzado. El exempleado de seguridad está investigado por cinco intentos de homicidio. Marin E.S. ya había recibido un primer aval médico a la eutanasia, pero los abogados de los heridos recurrieron a la jueza y pidieron suspender la muerte asistida para que el pistolero se sentara en el banquillo y fuera juzgado.

La magistrada que investiga el tiroteo ha rechazado la pretensión de los vigilantes y agentes heridos y ha autorizado a la muerte asistida, tal y como ha adelantado SER Catalunya. “Los derechos en liza vencen claramente en favor de los afectados por la ley de eutanasia”, resuelve la instructora.

Para la magistrada prevalecen los derechos a la integridad física y moral, la dignidad y la autonomía personal del acusado sobre el interés de las víctimas para que haya un juicio. Remarca la jueza que no se trata de un conflicto entre derechos “ponderables”, ya que “tiene prioridad” el deseo de Marin E.S. a morir dignamente “por su proximidad al núcleo del derecho a la vida”, sin que para su valoración puedan hacerse distinciones “basadas en su trayectoria vital”.

“Se comprende la desazón de las víctimas”, agrega la jueza Sònia Zapater, quien no obstante añade que podrían ver completado su “proceso resarcitorio” por otras vías, como por ejemplo la civil.

La ley de eutanasia, argumenta la magistrada, “no prevé la necesidad de obtener autorización judicial” ni tampoco que el proceso pueda interrumpirse o aplazarse “fuera de la petición expresa del paciente”.

La jueza abunda que la reciente normativa “no regula de manera específica la eutanasia aplicada a personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial de cualquier tipo”, y que solo se contempla su actuación en casos de menores o personas con discapacidad.

Antes de que acceda a la eutanasia, el próximo lunes Marin E.S comparecerá por videoconferencia, aunque su estado de salud le impedirá prestar una declaración larga.

Una vez obtenido el aval judicial a la eutanasia, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, formada por médicos y juristas, debe evaluar todavía el caso de Marin E.S. y tendrá la última palabra sobre su petición. El caso de Marin E.S. se convierte en un precedente sobre la muerte digna en España.