Sentencias opuestas sobre prohibir el teletrabajo a los altos funcionarios del Govern: un juez lo avala y otro lo anula
¿Pueden teletrabajar los altos funcionarios del Govern? La pregunta ha recibido dos respuestas opuestas de los tribunales: un juez de Barcelona ha anulado la prohibición de teletrabajar a los subdirectores generales, resolución que contradice el aval al veto al teletrabajo que sentenció otra magistrada.
La discrepancia entre jueces aboca el caso a una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La jueza que avaló el fin del trabajo en remoto para altos funcionarios, ordenado en 2025, se basó en que el teletrabajo no era un derecho de los empleados, sino una modalidad de prestación de los servicios. En cambio, el magistrado que lo ha tumbado se acoge a un fallo del Govern en la tramitación de la medida.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de lo contencioso 7 de Barcelona estima el recurso de siete cargos del departamento de Empresa y Trabajo, representados por el abogado Benet Salellas, y anula la instrucción que les prohibía el teletrabajo, al entender que vulnera una disposición de rango superior.
Para tomar su decisión, el juez concluye que la instrucción que obliga a la presencialidad a los subdirectores de la Generalitat contradice el decreto de 2020 que establecía que el teletrabajo es aplicable al personal al servicio de la administración catalana y de sus organismos autónomos.
Es decir, que la Generalitat, mediante una disposición de carácter inferior como es una instrucción, modificó “claramente”, concluye el juez, un decreto de rango superior, lo que es ilegal.
Para el juez, la instrucción no solo cambió la regulación del teletrabajo para el personal de la Generalitat sino que “innovó el ordenamiento jurídico”, dado que lo elimina “de manera absoluta” para los subdirectores generales y puestos asimilados orgánicamente a esa categoría.
Dado el “carácter normativo” de la instrucción, eso sí, el juez considera que no tiene competencias para declarar la nulidad de la disposición, por lo que abre la puerta a plantear una cuestión de ilegalidad, que deberá resolver el TSJC.
El alto tribunal catalán será el que en última instancia decida sobre el veto al teletrabajo de los subdirectores generales y establezca un criterio único, dada la disparidad de resoluciones en función del juzgado en el que recaiga el caso.
En esa sentencia, la jueza desestimó el recurso interpuesto por un colectivo de 21 cargos contra el departamento de Economía y Finanzas, al considerar que el Govern puede “exigir la presencia física continuada” a estos funcionarios, el último peldaño de la administración antes de los de designación política, aunque igualmente de libre designación, en el marco de su potestad de “autoorganización”.
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