El pasado día 11, se debatía en el Congreso la toma en consideración de la futura Ley de Eutanasia. En ese debate, quien fuera consejero de Sanidad con Dolores de Cospedal, dijo que “la eutanasia es una filosofía de la izquierda para evitar los costes sociales del envejecimiento”, volviendo con ello a ofender a la gente, al reducir un problema humano, complejo y difícil, algo tan serio como afrontar el final de la vida, a parámetros economicistas, tan propios del neoliberalismo. Doctrina, por cierto, que la derecha jamás acompasa con los más elementales principios del liberalismo político, que siempre relegan al mas absoluto olvido.

Eran esos mismos parámetros los que en su día le hizo reducir la Sanidad en Castilla-La Mancha a meros números y a la simple conversión de estos en euros. Nunca se preocupó por los pacientes, que veían como la Sanidad pública se deterioraba a pasos agigantados, ni tampoco de los sanitarios, que sufrieron sus recortes, invectivas, ocurrencias y despropósitos. Como tampoco lo hizo por los desasistidos dependientes, ni con el copago farmacéutico de los jubilados. El Estado social siempre estuvo fuera de sus cálculos.

Ignacio Echániz, diputado por la provincia de Guadalajara, defendió en el Congreso de los Diputados la posición del PP con relación a la Ley de Eutanasia. Y en esta región conocemos sobradamente al Sr. Echániz porque nos acostumbró a este tipo de exabruptos, que miraba a las personas solo desde el punto de vista económico. Y ahora, al defender las posiciones de su partido contra esta norma - “¡Es la economía, estúpido!” - ni siquiera apela a principios religiosos, morales o ideológicos. Lo humano y el humanismo siempre quedaron fuera de sus planteamientos y es por eso que cree que el pensamiento de los demás se rige por esas mismas coordenadas.

La carcundia avanza y siempre está presente, pero la realidad social siempre se acaba imponiendo

El Partido Popular vuelve a caer en el error de negar las nuevas realidades sociales y el permanente mundo cambiante. No apoyó la Ley de Divorcio porque era cosa de izquierdistas y liberales. Tampoco ninguna de las dos Leyes del Aborto, porque eran propias de la izquierdas. No respaldó la Ley de Matrimonio Homosexual, porque debían ser también cosa de la izquierda, ¡o del diablo!, que para el caso les acaba pareciendo lo mismo.

La derecha siempre se atrincheró en el concepto más arcaico y reaccionario de la familia, sin advertir que esta cambiaba al ritmo de los nuevos tiempos, mientras ellos permanecían anclados en un pasado estático. Actitud que ha trascendido a otros comportamientos y hábitos sociales, que les cuesta adecuar a la realidad.

Pero ellos, paradójicamente, también han hecho uso del derecho al divorcio, -incluido el proceloso líder la extrema derecha -, del derecho al aborto, y del derecho al matrimonio homosexual - como el ínclito Javier Maroto, a cuya boda acudió el mismísimo Rajoy-.

La incongruencia, la incoherencia, la hipocresía, su moral permanentemente errática y la inconsistencia de sus principios dan mucho que pensar. ¿Acaso se volvieron de izquierda la gente del PP por aceptar el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual?.

Lo que creo es que la realidad social se impone. Una realidad a la que la derecha española jamás se ha acompasado. Siempre la sociedad española ha ido muy por delante de esta derecha, más reaccionaria que conservadora.

Son muy respetable, profundamente respetable, quienes tienen valores firmes, religiosos o ideológicos, quienes defienden con lógica o legitimidad moral sus valores ante la muerte, oponiéndose a la eutanasia. Lo son tanto como quienes quieren terminar con dignidad el final de sus días, sin padecimientos insufribles, o encarnizamientos terapéuticos. La dignidad a la hora de la muerte también es un valor moral que debe ser respetado.

Pero lo que no cabe son las imposiciones, ni las inmorales simplificaciones respecto de un tema tan trascendente, que reduciéndolo a un burdo, vulgar e insultante exabrupto al uso del regate político, no solo ofende a quienes defienden la dignificación de la muerte, sino a quienes – en condiciones personales muy complicadas - tienen que tomar una decisión difícil y trascendente sobre el final de su vida.

Al final de la legislatura en la que María Dolores de Cospedal fue presidenta de Castilla-La Mancha, se publicó un Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que la sanidad castellanomanchega era de las peor valoradas del país. Cuatro años de recortes en presupuestos, prestaciones sociales y personal sanitario, que justificaba el PP por la deuda que había heredado del PSOE, provocaron que el sistema sanitario y de servicios sociales se convirtiera en “escombros”, como denunciaron posteriormente el Gobierno de Emiliano García-Page y muchos colectivos profesionales afectados.

Al frente de ese barco estaba José Ignacio Echániz como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, es decir, capitaneando el bloque socio-sanitario que más críticas y denuncias aglutinó en esa legislatura. También gestionó previamente la cartera sanitaria en la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y fue miembro del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Ahora, su nombre ha vuelto a saltar a la palestra por haber acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer legislar la eutanasia para “ahorrar” costes, algo que han negado los expertos en esta cuestión.

Médico de profesión y natural de Valladolid, Echániz fue durante esos años la personificación de los recortes en las dos carteras autonómicas que gestionaba en Castilla-La Mancha. Una de las medidas más polémicas y que más alarmas desató fueron los recortes en políticas públicas de Dependencia, fundamentales en una región con un alto porcentaje de población envejecida. De hecho, supuso el “desmantelamiento casi total” del sistema público de estas valoraciones y ayudas, según afirmaron sindicatos médicos, profesionales y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

Un recorte de 10.000 ayudas en Dependencia

Este último colectivo decidió dar la batalla judicial y recurrir el polémico decreto que que establecía nuevas normas en Dependencia, abriendo un proceso que culminaría en la anulación del mismo. Pero en el camino quedó un recorte presupuestario de más de 1.000 millones de euros en esta área que todavía hoy no ha conseguido volver a los niveles anteriores al Gobierno de Cospedal. En total, recortó hasta 10.000 ayudas.

Cuando terminó la legislatura y el PP perdió el Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente de esta plataforma despidió al Ejecutivo con un artículo titulado 'Adiós a tanto sufrimiento': “Adiós Sr. Echániz, consejero que ha utilizado el poder que se le había encomendado para insultar a los ciudadanos (...) Han sido los ciudadanos los que le han dado una patada en el culo, porque defendían su dignidad, su decencia a la hora de vivir el día a día”.

También el colectivo de trabajadores sociales centró sus críticas en el entonces consejero de Asuntos Sociales. Los conciertos con ayuntamientos y las ayudas de emergencia social se redujeron hasta dejar a 10.000 “familias desesperadas”, según cifró entonces el Colegio Oficial de Trabajo Social. La gestión de Echániz, añadieron en un informe, supuso un millón de euros diarios menos en servicios sociales y el despido de más de 34.000 profesionales que atendían a niños, adolescentes, enfermos, dependientes y sus familias.

Los recortes no fueros menos traumáticos en la sanidad pública. Al inicio de los procesos de privatización de algunas áreas sanitarias como las de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares, se unieron las múltiples críticas sobre el incumplimiento de la Ley en materia de contratación de personal temporal en el Servicio de Salud (SESCAM) y la falta de contratación de interinos para cubrir las vacantes. El Sindicato de Enfermería SATSE denunció una y otra vez la “progresiva precarización” del empleo en la sanidad desde 2011, con un déficit de más de 13.000 enfermeras, matronas y fisioterapeutas.

Uno de los casos más polémicos en el ámbito sanitario fue la derivación de pacientes a la sanidad privada. Se trata de una práctica habitual pero que tuvo una consecuencia nefasta cuando trascendió que varios niños, pacientes de la sanidad pública castellanomanchega, pero derivados a una clínica privada de Madrid para ser operados de fimosis y cirugías umbilicales, tuvieron que volver a ser intervenidos en hospitales públicos de la región por las “negligencias” cometidas. Era el final de la legislatura y Echániz apenas se refirió al tema salvo para minimizarlo y afirmar que todos habían sido atendidos correctamente.

Su rechazo a la sanidad universal

Tampoco quería el exconsejero, que ostentaba además el cargo de portavoz del PP en materia de Sanidad, la sanidad universal. Cuando en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ‘relajar’ la exclusión sanitaria a inmigrantes sin papeles en los centros de atención primaria, Echániz no compartía esa tesis. De hecho, en 2012 apuntó: “No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada”.

Finalmente, otro dato curioso es que el Gobierno socialista, tras arrancar su legislatura en 2015 reclamó a algunos exmiembros del Ejecutivo anterior que devolvieran las tabletas y teléfonos móviles que aún permanecían en su poder y que pertenecían a la Administración regional. Mientras que unos dijeron no tenerlos en su poder y otros no haberlos pedido, Echániz, al que reclamaban hasta tres móviles Iphone y dos tabletas, dijo querer comprar esos dispositivos en vez de devolverlos. Argumentó además que los técnicos le informaron de que había dificultad para borrar todos los datos y los contactos de esos terminales. Esto último fue anecdótico pero llamó la atención del nuevo gobierno por su “falta de moderación y humildad”.

Cuando ninguna de estas polémicas había salido a la luz, el nombre de José Ignacio Echániz llegó a sonar con fuerza como posible ministro de Sanidad, pero después su figura fue desgastándose por las numerosas críticas a los recortes. Cuando llegó el relevo de Mariano Rajoy, se distanció de Cospedal para apoyar a Pablo Casado, lo que le permitió estar en las listas por las que ahora es diputado en el Congreso y ha podido protagonizar el crispado debate sobre la eutanasia.

El que fuera consejero de Sanidad durante la etapa del Gobierno de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, dijo ayer en el Congreso que el PSOE busca “ahorrar” costes sanitarios con la Ley de Eutanasia y que “cada vez que una persona fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia el Estado está ahorrando muchísimo”.

Hoy, el presidente castellanomanchego de los 'populares', Paco Núñez, ha evitado valorar las palabras del diputado nacional por Guadalajara. Y lo ha hecho remitiéndose a la defensa de la ley de cuidados paliativos que se reivindica desde Génova, según recoge Europa Press.

“Más allá” de esta opinión, ha dicho Núñez, el PP trabaja por la defensa de la ley de cuidados paliativos que es “pionera en Europa”, sin llevar la contraria a uno de los consejeros más polémicos de Cospedal, conocido por su política de recortes en el ámbito sanitario.

Desde Ciudadanos, el presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales, Alejandro Ruiz, le ha pedido a Núñez que diga si comparte la posición del diputado 'popular' por la provincia de Guadalajara.

Ruiz, que se ha mostrado a favor de regular la eutanasia, alegando que “la vida pertenece a los ciudadanos y su final ha de humanizarse”, ha ironizado con el diputado del PP por Guadalajara. “He admirado a la gente que practica paracaidismo, es un ejercicio muy valiente y Echániz, desde ese punto de vista, me merece respeto por lo arriesgado” de sus maniobras.

Se ha referido a su etapa como consejero de Sanidad de Dolores de Cospedal para decir que “lo hizo tan bien que le recompensaron mandándole de paracaidista a Guadalajara. Para el PP debe ser que hizo una grandísima gestión”, ha añadido el también parlamentario guadalajareño, quien ha tildado de “lamentable” la gestión tanto de Echániz como de Cospedal, de la que ha dicho que “pasó por Castilla-La Mancha como Atila”.

Respecto a la eutanasia, y tras recordar que Ciudadanos lo llevaba en su programa electoral y que su grupo va a presentar una propuesta en las Cortes regionales para regular este tema, Alejandro Ruiz ha dicho que “no debemos esconder la cabeza ante una situación que es real y está ahí”.

“Echániz ha venido a decir que estamos a favor de la eutanasia para liberarnos de los viejos. Sus declaraciones están en el hilo de un político de su talla, le hacen gala”, ha criticado Ruiz, que se ha mostrado confiado en que “no le toque a él ni a uno de sus seres queridos nunca jamás”.

A renglón seguido, Alejandro Ruiz se ha dirigido al PP de Castilla-La Mancha para preguntarle si “esperarían otra cosa” del que fuera consejero de Cospedal. “Hay que preguntar a Núñez si está de acuerdo con esas declaraciones y si cree que la eutanasia se presenta no para solucionar un problema social que existe, pues hay personas que están en una situación en la que se plantean la vida”.

Tras precisar que nadie está exento de enfrentar una situación en la que tener que elegir “si se quiere vivir así o no seguir viviendo”, ha dicho que “la visión de que la vida pertenece a un Dios es teocrática y está fuera de una sociedad moderna que debe dejar la teología al margen de los parámetros sociales”. “Y esto es lo que ha venido a decir el PP y los políticos amigos del señor Echániz, pero la vida pertenece a los ciudadanos”.

Y es que el presidente de los parlamentarios de Ciudadanos ha insistido en que no se puede “ser frívolos con algo tan grave y doloroso como la eutanasia”, un tema que ha relacionado con el “suicidio” y que, a su modo de ver, está “completamente tapado”. “Hay un silencio informativo brutal”, ha criticado.

El Gobierno regional insta a Echániz a pedir perdón

También ha habido reacción del Ejecutivo castellanomanchego a las palabras de Echániz. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha instado al diputado del PP a pedir perdón por su última “indecencia política”, unas declaraciones con las que “insulta a las familias” de personas que están en una situación irreversible de sufrimiento extremo.

“Después de haber aplicado los recortes más graves que ha vivido la política social y sanitaria de Castilla-La Mancha, que este señor se permita el lujo de insultar al Gobierno y lo que es más grave, de insultar a las familias, nos parece una auténtica indecencia política por la que debe pedir perdón. Y ya que no pidió nunca perdón por tanto sufrimiento como provocaron sus recortes, de manera injusta e injustificada, que pida perdón por esa agresión a las familias de las personas que peor lo están pasando”, ha afirmado la consejera.

Blanca Fernández ha recordado, que en su etapa como consejero de Sanidad, Echániz aplicó los recortes más duros que han vivido la Sanidad y los Servicios Sociales en la región: “despidió a 3.000 profesionales sanitarios, cerró urgencias nocturnas, por recortar recortó hasta la prueba del talón de los bebés, dejó en los huesos la Ley de Dependencia, quitó 10.000 ayudas a personas dependientes de Castilla-La Mancha; recortó en más de 130 millones de euros la dependencia y en más de 100 millones las residencias de ancianos y quiso dejar en la calle a las personas jóvenes tuteladas por la Junta, porque han sufrido situaciones muy graves en sus familias”.

Por todo ello, ha dicho la portavoz del Gobierno regional “que el señor Echániz dijera ayer barbaridades del tipo de, lo que se quiere es ahorrar dinero matando a estas personas, no insulta solo al Gobierno, sino que lo verdaderamente grave es que insulta a los familiares porque ¿alguien puede pensar que los familiares se quieren librar de una pesada carga? Esto es una falta de respeto brutal por parte de una persona que ha demostrado no tener ningún tipo de conciencia” ha concluido.

El diputado nacional por Guadalajara se ha defendido en las redes sociales con una imagen

En un paso más en su estrategia de acoso y derribo contra cualquier propuesta del nuevo Gobierno progresista, la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular, ha llegado a acusar este martes al PSOE de plantear la Ley de Eutanasia, cuya tramitación se inicia este martes en el Congreso con su previsible admisión a trámite, para ahorrarse dinero en sanidad.

El portavoz de los populares en temas de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha asegurado que “el PSOE tiene un grave problema de sostenimiento de los servicios públicos” y que “esto”, en alusión a la proposición de ley sobre la eutanasia, “es una manera de evitar costes”. La iniciativa corresponde por tanto, según él, a la “filosofía de la izquierda para evitar costes”. Para el PSOE, ha añadido la eutanasia “es una política de recortes”.

La frase exacta, pronunciada en los pasillos del Congreso, ha sido la siguiente: “El PSOE tiene graves problemas de financiación del Estado del bienestar. Cada vez que desaparece una persona de estas características desaparece un problema económico y financiero para el Estado. una persona sana cuesta menos de 300 euros al año”.

Echániz ha añadido: “Una persona que sea crónica, polimedicada, pluripatológica, que sea mayor y que necesite con intensidad tratamientos y diagnósticos clínicos no gasta menos de entre 15.000 y 20.000 euros al año. Si a esto le suma usted su pensión y sus prestaciones por dependencia, estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia el Estado está ahorrando muchísimo”.

“Nos tememos, aunque no lo va a reconocer el PSOE, que detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social que tiene el envejecimiento en nuestro país por la vía del recorte de prestaciones, de derechos sociales y de ayudas y gastos en materia de sanidad, dependencia a personas que más lo necesitan al final de su vida”, ha concluido.

Echániz ha insistido en que la propuesta “es un capricho de este Gobierno en el que el PSOE ha recorrido un giro de 180 grados de su posición previa de hace menos de dos años”. El debate de este martes demuestra, en su opinión, “cómo el PSOE se ha ido radicalizando y ha ido adoptando la agenda política de Podemos, se está podemizando”.

Para el PP “en la sociedad española no hay una demanda” acerca de la eutanasia y ni “los tribunales ni ningún organismo internacional ni multilateral apuesta por la eutanasia”. “En la Unión Europea únicamente tres países que forman parte del Benelux han adoptado una ley de esta naturaleza y están muy arrepentidos. Están arrepentidos sus médicos”, ha remachado.

Refiriéndose a esos casos, Echániz ha dicho que “en este momento reportan que aproximadamente que el 50% de los informes no se envían a los mecanismos de control y el 40% de las personas sometidas a euranasia no lo hacen ni con todos los controles ni lo hacen de forma voluntaria. Son los equipos los que deciden hacerlo en contra de la voluntad de los pacientes y de las familias”.

También ha recordado el portavoz popular que “países cercanos como Francia, Italia o Portugal están en contra” de la eutanasia. “Que en el siglo XXI cuando gozamos de los mejores tratamientos resulta curioso que se invite a perder la vida en lugar de defenderla hasta el último momento”, concluía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Echániz en Twitter. “Lo único que ahorrará la ley de eutanasia es el sufrimiento de miles de personas. Una demanda de la sociedad española que no puede esperar”.

Cuando María Dolores de Cospedal dejó de ser presidenta de Castilla-La Mancha, cesaron con ella los consejeros de su Ejecutivo regional, quienes tiempo después encontraron acomodo en la Administración central. Después se convirtió en ministra de Defensa y el ‘reclutamiento’ aumentó con nuevos fichajes para este departamento y sus organismos. Ahora, tras el cambio de Gobierno, y mientras Cospedal lucha por hacerse con el poder del PP en sustitución de Mariano Rajoy, se ha ido produciendo el cese progresivo de algunos de esos ex altos cargos, que han visto repetida la experiencia, mientras que otros esperan su destitución en breve y alguno más puede mantenerse en el puesto durante algún tiempo.

Agustín Conde, aunque no fue consejero del Ejecutivo castellano-manchego, es de las personas más cercanas a Cospedal y también de los primeros en perder su puesto tras la llegada de Pedro Sánchez. La ex ministra de Defensa lo acogió como secretario de Estado de Defensa después de que Conde se quedara fuera del Congreso por desplazarse su puesto en las pasadas elecciones generales. Precisamente, el motivo fue que la ex secretaria general del PP pudiera obtener su escaño en la Cámara Baja. Después fue recompensado en el Ministerio de Defensa pero ahora, no solo ha sido cesado, sino a que ha vuelto a la palestra pública por la decisión del Consejo de Europa de prohibirle de por vida el acceso a cualquier sede de la organización. El veto se extiende a otros trece antiguos parlamentarios por “vulnerar el código de conducta” del Consejo.

La comisión de Reglamento de esta institución europea señala que Conde violó “seriamente” tres códigos de conducta, en relación a los ponentes y a las comisiones de seguimiento. En dicho documento, se le acusaba de actuar en favor de Azerbaiyán dentro del caso llamado “caviar diplomacy”, mientras acudía como observador a las elecciones parlamentarias y como ponente de la Comisión de Seguimiento. Pese a todo, ahora ha sido nombrado representante de la candidatura de la ex secretaria general del PP en las primarias del partido.

En el Ministerio que dirigía Cospedal ha cesado también en su puesto Arturo Romaní, subsecretario de Defensa y otrora consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es, Romaní ha cesado en los últimos días. Antes de este último puesto fue el artífice de las cuentas públicas del Ejecutivo del PP en Castilla-La Mancha, en una época en que los recortes sociales fueron la principal tónica de Gobierno.

Quien todavía se mantiene en el puesto es el que fuera portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Leandro Esteban. Es adjunto civil al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), es decir, un puesto de libre designación que no tiene rango de alto cargo, pero que también es posible que pierda en las diferentes líneas de sustituciones que está realizando el nuevo Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Leandro Esteban fue el portavoz del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha y también consejero de Administraciones Públicas. En este último cargo mantuvo un encendido enfrentamiento con los empleados públicos de la Junta que acabó en varios procedimientos judiciales.

Permanece igualmente en su puesto del mismo ministerio Eliseo García Velasco, subsecretario del Régimen de Interior y ex secretario general de Hacienda en Castilla-La Mancha. Aunque sí tiene un alto cargo, su situación es similar a la de Leandro Esteban en cuanto a las probabilidades de su cese. Fue el último en ser ‘reclutado’ por Cospedal para el departamento y después protagonizó una polémica judicial al reclamar el cobro de la parte correspondiente a la paga extra de 2012 que fue retirada ese año por el Gobierno del PP en la región. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha aseguró que no existían “fundamentos jurídicos” que justificaran esa petición y no solo se desestimó su recurso, sino que además le impuso a Gómez Velasco costas por valor de 1.500 euros.

Ceses materializados o inminentes

Fuera de la segunda línea del Gobierno central ha quedado asimismo Marcial Marín, ya cesado como secretario de Estado de Educación, una de las primeras ‘recolocaciones’ de Cospedal cuando perdió el Gobierno regional. Marín fue su consejero de Educación, uno de los cargos que más ampollas levantó en la región debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha. También como responsable regional de Cultura, realizó una decidida apuesta por la tauromaquia.

Otro cese inminente, según las fuentes consultadas, será el de Carmen Casero. Todavía es directora general del Trabajo Autónomo y de la Economía Social en el Ministerio que ahora dirige Magdalena Valerio. Será cesada en breve porque además cambia toda la estructura del ministerio y se crean nuevos departamentos. Y de hecho, la nueva ministra socialista tuvo el mismo puesto que el de Casero con Cospedal, en su caso con el Gobierno castellano-manchego de José María Barreda.

Al margen de los altos cargos, hay dos puestos de los antiguos consejeros castellano-manchegos cuyo cambio no parece al menos inminente. María Luisa Soriano fue consejera de Agricultura en esta comunidad autónoma y ahora es responsable de Educación y Cultura de la Embajada de España en Roma, dependiente del Ministerio de Educación. Estos puestos los designa directamente el embajador, y en principio no se contemplan cambios en el cuerpo diplomático.

Tampoco Mar España será cesada en breve como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La que fuera viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (número dos de Leandro Esteban) fue elegida en 2015 por el Consejo de Ministros por un periodo de cuatro años. Este cargo en la AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y es previsible que pueda cambiar en 2019.

El último de los miembros del Gobierno del PP en esta comunidad autónoma es José Ignacio Echániz y es el caso más diferente. Después de cesar en su puesto como consejero castellano-manchego de Sanidad y Bienestar Social, regresó como diputado nacional al Congreso y ha marcado distancias con Cospedal hasta el punto de que, tras abrirse el proceso de primarias por el relevo de Rajoy, ha mostrado su apoyo público Pablo Casado, uno de los rivales de la ex ministra de Defensa.

El diputado del Grupo socialista, José Luis Escudero, ha criticado que “Cospedal siga a lo suyo” y esté enfocada en ver “si puede mantener un sillón en Génova”, lo que para el socialista muestra que la dirigenta 'popular' “siempre ha demostrado, y ahora lo vuelve a demostrar, que le importan más sus intereses personales que los de Castilla-La Mancha”. Escudero igualmente ha ironizado sobre el número de candidatos a la presidencia del PP: “Más parece un lío”. En este sentido, el parlamentario aseguró que habrá “un recrudecimiento de la guerra de dosieres y del fuego amigo” durante la próxima campaña electoral del PP.

Y de este modo, calificó como “curioso” que José Ignacio Echaniz, ex consejero de Sanidad y “mano ejecutora de las políticas de Cospedal y al que desde el PP le llamaban el amigo Nacho”, le haya retirado su apoyo. “No confía en ella y sí en Pablo Casado”, afirmó Escudero después de que Echániz acudiese a presentar los avales con el joven candidato. “Si el que fuera mano de Cospedal no la apoya, ¿cómo la van a apoyar los militantes o los ciudadanos?”, se preguntó el diputado.

Por su parte, desde el PP han animado a sus afiliados a inscribirse y acudir a las urnas para elegir al futuro presidente del partido. “Estamos haciendo un llamamiento a que la gente se inscriba y haya la mayor participación posible”, ha asegurado este jueves el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez.

El parlamentario defendió que el proceso de primarias en el PP está siendo “ejemplar”, al tiempo que ha añadido que “si alguien quiere pertenecer a un partido en el que haya transparencia, libertad y un debate sobre las ideas, su lugar es el Partido Popular”. Así, recalcó que el PP está dando un “ejemplo de democracia interna” y también está demostrando que es el “partido que mejor sabe hacer las cosas”.

Finalmente, recalcó que del proceso saldrá un partido “más fuerte, renovado y regenerado” y, según ha incidido, en Castilla-La Mancha “hay un apoyo unánime” de los afiliados y simpatizantes en torno a la figura de María Dolores de Cospedal, “no solamente porque sea presidenta del partido en la región sino porque ha demostrado que sabe gestionar, ha sabido dar la cara y su discurso es el que necesita el PP”.

El exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal ha acompañado a Pablo Casado a presentar sus más de 5.000 avales para su candidatura a presidente del PP. Entre otros, el candidato ha estado acompañado también por el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, y ha proclamado que su cadidatura es la única que “garantiza que el PP no se rompa”.

El candidato ha asegurado que le han llegado avales de toda España, que se siente respaldado, y que no ha ido a buscar a personalidades de renombre, aunque se irán conociendo, ha adelantado. “No he ido forzando a que compañeros se tengan que retratar para poner su nombre y no voy a ir pidiendo a compañeros que se hagan una foto. Los importantes son afiliados y militantes, que son nuestros jefes”, ha apuntado.

José Ignacio Echániz fue consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha a lo largo de la legislatura de María Dolores de Cospedal, y también dirigió la cartera de Sanidad en Madrid mientras gobernaba Alberto Ruiz-Gallardón. A pesar de su extensa trayectoria política, no fue parte del último Gobierno de Mariano Rajoy, a diferencia de otros consejeros de Cospedal, como sí lo hizo su compañero Marcial Marín, exsecretario de Estado de Educación.

María Dolores Cospedal anunció su candidatura este martes en una rueda de prensa en Toledo, momentos antes de la junta directiva regional del PP castellano-manchego. La presidenta del partido en Castilla-La Mancha afirmaba estar “preparada” y no presentarse “en contra de nadie”. “Ofrezco un partido ganador y de gobierno, ilusión, experiencia, trabajo unidad y victoria. Ofrezco victoria, victoria y victoria”, aseguró.

Nuevas y duras críticas de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha contra la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras los datos aportados sobre prestaciones a dependientes. Este colectivo considera que es “absolutamente incierto” que haya resultados oficiales por parte del IMSERSO del mes abril y que la consejera lleva varios meses repitiendo una actuación “propia de trileros o de quienes tienen algo que ocultar o justificar”. “Ni siquiera su antecesor en el cargo, José Ignacio Echániz, se atrevió a hacer nada parecido”, recalca, apuntando irónicamente que el exconsejero “sigue en la Consejería”.

Por ello, desde esta plataforma afirman que los datos aportados desde la Junta no tienen “sustento oficial alguno”, además de “retorcer unos números que no la dejan en buen lugar”. Considera que “mezcla datos y conceptos con un desconocimiento impropio del conocimiento que se le supone por su cargo”, mezclando lo que ella llama “limbo de la dependencia” que son las personas que han sido reconocidas con algún grado de dependencia y por tanto tienen derecho a ser atendidos y no lo son, con los expedientes en los cajones, que son las personas que “aun ni han sido valoradas”.

Recuerdan desde este colectivo que fue promesa de Emiliano García-Page resolver estos expedientes en un año, pero que el Gobierno “no ha sido capaz de rebajarlo ni siquiera en un caso”. “Los expedientes que hay en los amplios y desocupados pasillos de la Consejería de Bienestar Social son exactamente los mismos que había a fecha 31 de mayo de 2015: 4.858 dependientes que esperan ser valorados”, recalca.

Desde la Plataforma de Dependencia exigen a la consejera y al presidente regional transparencia con los dependientes y “veracidad en las informaciones que se den”, frente a “artimañas para atornillarse al sillón”.

Destacan por último que “hay límites que la moral y la ética deberían impedir cruzar” y concluye subrayando que tras dos años de Gobierno, los dependientes castellano-manchegos “siguen siendo valorados con el decreto de Cospedal” y que más de 500 han fallecido esperando a recibir la prestación que por ley tenían derecho.

José Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha a lo largo de la legislatura de María Dolores de Cospedal y de la Comunidad de Madrid bajo el mando de Alberto Ruiz-Gallardón, no ha sido finalmente elegido para formar parte del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal sí entra en el gabinete como ministra de Defensa. El nombre de Echániz sonaba en las apuestas, debido a su larga trayectoria en puestos importantes en Sanidad, así como por su posición como secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, cargo que ocupa desde el 2012.

No es la primera vez que Echániz se acerca a un cargo del Gobierno de España. Él mismo ha reconocido que sonaba “fuerte” en las quinielas tras la crisis del ébola que le costó el cargo a la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. Pero el vallisoletano de nacimiento ha sido fuertemente criticado por la sociedad castellano-manchega, debido a los fuertes recortes que se llevaron a cabo en Sanidad a lo largo de la legislatura de María Dolores de Cospedal.

“Dejo la sanidad castellano-manchega salvada” fue uno de los balances que hizo el 'popular' en los últimos días de la legislatura. Al hacerse con la cartera, el equipo de Echániz aseguró que había la friolera de 600.000 facturas sin pagar, lo que implicaba 5.000 millones de euros de deuda. Y en esta deuda, en la “herencia recibida” fue en lo que se apoyó el PP para los recortes, que llegaron a los miles de millones de euros y superaron los 2.000 despidos de profesionales en una legislatura. Así lo aseguraba Comisiones Obreras en septiembre de 2015, cuando también criticaba que los despidos en cargos directivos apenas superaban el medio centenar.

Echániz fue duramente criticado por todos los representantes de la sociedad civil entre sindicatos, plataformas y colectivos de denuncia. La Plataforma en Defensa de la Dependencia en Castilla-La Mancha pidió en numerosas ocasiones la dimisión del 'popular', por “mentir” en su balance del colectivo y acusaba al consejero de haber retirado prestaciones a niños con un alto grado de dependencia.A lo largo de la legislatura, los colectivos denunciaron pasillos de urgencias rebosantes de pacientes, como en el caso de Toledo, o el mal estado de las infraestructuras sanitarias. Las caídas de techos en hospitales como Puertollano o Guadalajara acentuaron las criticas hacia la cartera de Echániz.

La misma Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública pidió su dimisión después de que el entonces consejero asegurase que el nuevo sistema de copago de medicamentos había provocado un efecto “feliz” para la sanidad pública.El médico también fue protagonista de una polémica, al asegurar que había sido la sanidad gratuita la que había fomentado el “efecto llamada” de inmigrantes a España. “Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada”, afirmaba.

Las derivaciones a la sanidad privada también fueron fruto de polémica a lo largo de la gestión de Echániz. Uno de los mayores escándalos fue la denuncia de decenas de padres, que aseguraban que sus hijos fueron víctimas de negligencia médica en la clínica madrileña privada 'La Milagrosa'. Mientras el PSOE pedía que se parasen dichas derivaciones, el entonces consejero de Sanidad se limitó a enzalzar el centro donde se había “operado el rey” y anunciar una investigación, sin resultados conocidos, al respecto.

María Dolores de Cospedal perdió la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y con ello el Ejecutivo regional tras una única legislatura. Después de tomar posesión el nuevo Gobierno, la mayoría de todos aquellos que formaron parte del Ejecutivo, y que también protagonizaron diversas polémicas, han encontrado acomodo en el sector público y privado y en puestos de diferente índole, mientras que la también secretaria general del PP sustituía el Parlamento castellano-manchego por un escaño en el Congreso de los Diputados, aunque se mantiene como presidenta del PP en la región.

Una de las primeras ‘recolocaciones’ en hacerse públicas fue la del, hasta entonces, consejero de Educación, Marcial Marín, que no estuvo ni un día sin ser cargo público. Se convirtió en secretario de Estado de Educación en la pequeña remodelación de Gobierno que Mariano Rajoy realizó en verano. Fue uno de los consejeros de Cospedal que más ampollas levantó en la región debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento, fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha que incluso permanece hasta la actualidad, tal y como han denunciado desde la comunidad educativa y desde  los sindicatos de enseñanza.

A los méritos de Marín se une asimismo el haber decidido realizar, también como responsable regional de Cultura, una decidida apuesta por la tauromaquia. Obra suya y de Cospedal fue una de las primeras medidas que adoptó el ahora gobierno saliente: declarar la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural en la región. Después, organizaron el I Congreso Internacional de Tauromaquia, celebrado en Albacete.

En esta pasión por los espectáculos taurinos también destacó la exconsejera de Agricultura, María Luisa Soriano, tal y como anunció en una de sus últimas decisiones: mejorar las plazas de toros dentro de las cuestiones prioritarias del Plan de Desarrollo Rural (PDR). Ahora, Soriano es presidenta en el Liceo ‘Cervantes’ de Roma, dependiente de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Otra figura controvertida del Ejecutivo de Cospedal fue la de Leandro Esteban. Fue consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional y mantuvo un encendido enfrentamiento con los empleados públicos de la Junta que acabó en varios procedimientos judiciales. Actualmente forma parte de la Fundación de las Cámaras de Comercio. Curiosamente, uno de sus últimos anuncios como portavoz de la Junta un anteproyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para fortalecer el sector empresarial. Esteban también está ahora pendiente de una demanda del Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros, antiguos encargados del proyecto del nuevo Hospital de Toledo, debido a unas declaraciones públicas en las que el exconsejero los calificó como “personas de mala entraña que pretenden paralizar la construcción de un hospital”.

Al gabinete de Esteban pertenecía Mar España. Fue viceconsejera de Presidencia y Administraciones públicas y ahora es directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de cuyo Consejo Consultivo ya era vocal con anterioridad.

Otro peso fuerte en el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha fue la anterior consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero. Ahora es directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al igual que en el caso del consejero saliente de Educación, Casero dejó un legado cuestionable en Castilla-La Mancha, con una crecida de 15 puntos en el desempleo entre menores de 25 años desde el primer trimestre de 2011 hasta el mismo periodo de 2015. Cuando dejó su puesto, la región se encontraba en su récord absoluto de deuda: 12.865 millones al final del primer trimestre de este año.

En esta labor también cumplió un papel primordial el que fuera consejero de Hacienda, Arturo Romaní. Protagonizó un traspaso de funciones muy polémico con el consejero actual, Juan Alfonso Ruiz Molina, y llegó a presentar ante notario las cuentas del Ejecutivo saliente con una desviación de un 76% que atribuyó a la falta de fondos del sistema de financiación autonómica. Romaní ha regresado a la Agencia Tributaria donde trabaja como enlace con Francia.

Por otra parte, junto a Cospedal ha encontrado también su hueco en el Congreso el exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz. En un perfil muy parecido al de Marcial Marín, Echániz llevó a cabo recortes progresivos en materia sanitaria, tanto en hospitales públicos como en personal, así como en materia social, tal y como denunciaron las plafatormas en defensa de la sanidad pública y los trabajadores sociales. Recientemente, con motivo de su escaño en la Cámara Baja, ha sido nombrado presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad Social.

Las recolocaciones también beneficiaron a la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que obtuvo destino en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, donde también es vocal su marido, Gerardo Martínez Tristán. De hecho, hasta 2011 era vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que presidía Esperanza Aguirre.

El último dato en conocerse del antiguo núcleo duro de Cospedal ha sido el de Agustín Conde. No formó parte de su Ejecutivo pero sí fue una de sus personas de confianza. Ha fichado por Red Eléctrica Española (REE), donde ocupará un puesto de carácter independiente. El exdiputado del PP en el Congreso de los Diputados ya ha encontrado acomodo en el sector empresarial, después de que se quedara sin escaño en las pasadas elecciones generales tras desplazarse su puesto hasta el número 3 de la lista por Toledo para que la encabezara María Dolores de Cospedal. El PP solo sacó dos escaños por esta circunscripción, la mitad de los comicios anteriores, por lo que Conde se quedó fuera.

La Consejería de Sanidad niega que se vaya a desistir en retirar el convenio sanitario firmado con la Comunidad de Madrid, e insiste en que se debe revisar ya que es “altamente” perjudicial para los intereses de los castellano-manchegos, según está formulado en la actualidad. En este sentido, la cartera liderada por Jesús Fernández informa de que sólo el coste inicial del acuerdo supone no sólo 64 millones de euros para las arcas regionales, sino también inversión en los hospitales de Parla y Aranjuez, también con cargo a Castilla-La Mancha.

De este modo, la consejería afirma que el convenio implica una “descapitalización” de la sanidad regional, que se traduce en la derivación de presupuesto y pacientes hacia la Comunidad de Madrid. Por otro lado, afirman que la farmacia hospitalaria ha quedado fuera del convenio, por lo que la dispensación de medicamentos sigue a cargo de los hospitales castellano-manchegos.

Por otro lado, el Gobierno regional ha puntualizado que el convenio funciona como si se tratase de un seguro médico privado, ya que se abona la posibilidad de elección que tienen los ciudadanos, y no la prestación sanitaria recibida. La Junta explica que el importe final que la Comunidad Autónoma debe pagar se calcula multiplicando el valor de la cápita por el número de personas que se ha decantado por recibir atención en los hospitales madrileños.

La consejería de Sanidad ha recordado que se ha ampliado también el plazo máximo de resolución de las solicitudes necesarias para adherirse al convenio sanitario. Dicho trámite sólo está abierto para los habitantes de la zona norte de Toledo, ya que para los alcarreños no es necesario dicho trámite. Hasta ahora se han presentado más de 17.000 solicitudes, las cuales no se pudieron resolver “en tiempo y forma”, y representan el 14% de las más de 120.000 personas que residen en los municipios de la zona afectada por el convenio.

Sanidad señala que el convenio no hace referencia a la implantación de recursos humanos necesarios en la Gerencia de Atención Primaria para hacer frente al trabajo administrativo que supone el convenio sanitario. Básicamente, la consejería señala que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no tiene el personal suficiente para terminar la tarea, “lo que está dificultando mucho la labor”.

Por su parte, la Plataforma en defensa del convenio sanitario con Madrid ha criticado la “desidia” y “falta de resultados” del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y ha pedido su dimisión al Gobierno regional. Según recoge Europa Press, esto se debe a que no se han tramitado todas las solicitudes del norte de Toledo para acogerse al convenio. “El consejero ha estado ausente y ahora a finales de enero se han dado cuenta de que hace un mes tenía que haber entrado en vigor el convenio sanitario”, señala el colectivo.

Ex altos cargos y personal de confianza del anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal todavía disponen de los móviles y tablets (en su mayoría modelos Ipad o Iphone) que les fueron entregados para el desempeño de sus funciones públicas. El Gobierno de Castilla-La Mancha les pidió por carta a finales de septiembre que devolvieran estos dispositivos al ser cesados de sus cargos, recordándoles que si no los remitían de vuelta en un plazo de 15 días, supondría una apropiación ilegítima de bienes públicos.

Según detalla la Cadena Ser, la mayoría de ellos contestó a la carta devolviendo el material, como es el caso del exconsejero de Hacienda, Arturo Romaní, mientras que otros como Marcial Marín, ex onsejero de Educación y actual secretario de Estado; o Leandro Esteban, el que fuera portavoz de Cospedal, aún no han realizado el envío.

La ex presidenta también ha respondido a esta tanda de misivas, pero para afirmar que nunca estuvo en su poder y que no ocasionó gasto en su facturación durante los cuatro años que duró su mandato. Según apunta en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es/clm, Cospedal dice que no consta en los archivos documento de recepción del mismo, y que tal extremo lo pusieron de manifiesto verbalmente desde su Secretaría al entonces secretario general de Presidencia, Carlos Corroto, cuando se solicitó al Departamento de Informática la relación del material que estuviera a nombre de la expresidenta. No obstante, aunque devuelve un Iphone 4, insiste en que “nunca” utilizó ningún terminal ni ocasionó gasto teléfono de móviles con cargo a la Junta de Castilla-La Mancha.

Uno de los casos más significativos es el del exconsejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, al que la Junta reclama hasta tres móviles Iphone y dos tablets. En su respuesta, Echániz explica que quiere comprar esos dispositivos en vez de devolverlos y le pide al Gobierno regional que calcule su valor de segunda mano. Argumenta además que los técnicos le informaron de que había dificultad para borrar todos los datos, la información y los contactos de esos terminales.

Otros ex altos cargos alegan en sus respuestas que se les han roto o que no los encuentran como excusa para no devolverlos. Es el caso del exdelegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, que alega que tanto su móvil como su tablet estaban tan deteriorados que los dio de baja.

Se da la circunstancia de que en agosto de 2011, poco después de ganar el PP las elecciones en la región, el Gobierno de Cospedal pidió también por carta a los altos cargos y personal de confianza del expresidente José María Baarreda que devolvieran hasta 113 smartphones entregados para sus funciones públicas.

Poco tienen que ver los últimos datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en cuanto a la valoración de la sanidad castellano-manchega con los que el consejero saliente de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha ido haciendo públicos. Según el Barómetro Sanitario 2014 por comunidades autónomas, encargado por el Gobierno central, los habitantes de Castilla-La Mancha puntúan con un 6,07 a la sanidad regional, situándose así entre las cuatro comunidades autónomas peor valoradas, solo por delante de Cataluña, Canarias y Extremadura.

Los datos están lejos de coincidir con las encuestas encargadas por el SESCAM. De hecho, el Gobierno de Cospedal ha llegado a publicar encuestas que daban un “notable” en términos generales a la sanidad regional. Estos niveles fueron altamente cuestionados por la oposición y los sindicatos, quienes afirmaron que ningún profesional de la sanidad tenía noticia de que se estaba realizando la valoración.

La valoración que ahora aporta el CIS para Castilla-La Mancha se encuentra también por debajo de la puntuación media nacional. El informe, realizado tras preguntar a 7.800 adultos residentes en España en marzo, mayo y octubre del año pasado, muestra cómo la sanidad pública logra una puntuación media de 6,31 sobre 10 en 2014, aunque es en el análisis por comunidades muestra cuando se muestran diferencias significativas.

Atendiendo a preguntas concretas planteadas en la encuesta del CIS, otros datos relevantes de la región son los referidos a las preferencias entre sanidad pública y privada. En Castilla-La Mancha, hasta un 63,4% de los encuestados considera que la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace la Administración Pública, frente al 10,5% que apuesta por empresas privadas.

Preferencia por la gestión pública también en tecnología, atención primaria y urgencias

Es una opinión que se refleja con mayor o menor grado en cuestiones más específicas. Por ejemplo, preguntados por qué tipo de servicio elegirían para las dotaciones de tecnología y medios, hasta un 73% apuesta por la gestión pública frente al 21,8% que prefiere la privada. Lo mismo sucede en cuanto a la capacitación de los médicos: un 69,6% de los castellano-manchegos defiende un servicio público frente al 16% que avala servicio privado.

Preguntados por la posibilidad de elegir entre un centro público o privado cuando se trate de atención primaria, hasta un 75% de los encuestados se decanta por el primero y un 21,5% por el segundo. Porcentajes similares aparecen en el caso de los ingresos en el hospital: también en este caso los castellano-manchegos prefieren la gestión pública (70,4%) frente a la privada (26,2%). Y en cuanto a las urgencias, la tendencia es la misma. Un 73,8% defiende el servicio público de esta atención sanitaria, frente al 22,8% que apuesta por la privada.

La Comisión Mixta de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha mantenido una nueva reunión en la que han acordado, entre otras medidas, la convocatoria de cinco nuevas plazas de profesores asociados y doce de profesores clínicos. En total, son 17 plazas de profesorado para la universidad madrileña con las que el consejero saliente de Sanidad, José Ignacio Echániz, apura su mandato, ante el previsible cambio de Gobierno en la Junta de Comunidades.

Los actos del polémico titular de la sanidad castellano-manchego han sido muy contados desde incluso antes de las elecciones autonómicas del 25 de mayo. Este último se produce en la misma semana en que han aumentado las protestas del sector de enfermería de la región debido al déficit de casi 13.000 profesionales con el que cifran la situación de esta profesión en la región.

El sindicato SATSE exigió hace unos días al Gobierno regional que cubriera vacantes en todas las categorías después de que hubiera adjudicado de manera “provocadora y arbitraria” contratos de larga duración únicamente a facultativos especialistas de área. La petición la ha realizado por escrito al todavía director gerente del Servicio de Salud, Luis Carretero. Los profesionales dicen no entender por qué este tipo de contrataciones de larga duración no se hacen extensivas al resto de profesionales puesto que no existe ningún fundamento legal que lo impida, “salvo la incompetencia de una Administración que hemos sufrido durante cuatro años”. Alega que es una demostración más de la “actuación sectaria y desintegradora que se ha llevado a cabo desde el SESCAM y la Consejería de Sanidad”.

Ajeno a estas demandas, Echániz, con motivo de la creación de estas plazas de profesorado, ha destacado “la excelente y fructífera relación de colaboración mantenida con la Universidad alcalaína en los últimos cuatro años y la voluntad de  mejora continua de los responsables docentes”, según informa el SESCAM. Ha subrayado que el convenio con la Universidad de Alcalá de Henares favorece especialmente al Hospital Universitario de  Guadalajara, centro que colabora en materia de prácticas, investigación y  formación.

De las plazas convocadas, tres son de perfil de Medicina de Familia y Comunitaria, que estarán adscritas a Centros de Salud de  Atención Primaria del Área de Guadalajara, una de Cirugía Maxilofacial en el Hospital de Guadalajara y otra en el Hospital Nacional de  Parapléjicos. En el caso de las doce nuevas plazas de profesores clínicos estarán adscritos a los servicios de Cirugía General y Digestivo (4), servicio de Cirugía Vascular (1), servicio de Radiodiagnóstico (2), servicio de Obstetricia y Ginecología (1) y Hospital Nacional de Parapléjicos (4).

Es la gran obra sanitaria de Castilla-La Mancha. El proyecto para la construcción del nuevo Hospital de Toledo, firmado entre el consejero –ahora saliente- de Sanidad, José Ignacio Echániz, y los empresarios adjudicatarios en el mes de marzo, cuando se apuraban los últimos meses de legislatura, está ahora rodeado de incertidumbres. Desde que la obra pasara a manos del Gobierno de María Dolores de Cospedal en esta legislatura ya casi agotada, el tira y afloja entre PP y PSOE ha sido constante. Primero fue la paralización de las obras que la Junta decretó en 2012, que se mantuvo en firme hasta el pasado mes de febrero, tras desestimar los tribunales  el último recurso  del Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros, anterior dirección facultativa de la obra, contra la nueva contratación. Entonces, el Gobierno regional vio vía libre para retomar las obras, mediante la escenificación de un acuerdo que, entre otras cuestiones, permite la privatización de los servicios del complejo hospitalario de Toledo en los próximos 30 años.

Echániz fue el encargado de anunciar por todo lo alto el pasado mes de julio el reinicio de las obras y de anunciar el inicio del proceso de su licitación. Los pliegos para la construcción fueron publicados un mes después y una única oferta, la de OHL, Acciona y ACS, fue la que finalmente salió adelante.  El consejero también detalló en su momento que el proyecto total suponía un coste de 1.750 millones de euros, 100 millones menos que lo presupuestado, si bien el anuncio de formalización del contrato publicado en el Diario Oficial fijó finalmente esta cuantía en 1.947 millones de euros, de la cual tan solo 300 millones, un 15,4% de la inversión se  destina  a las obras.

El resto es el grueso de la adjudicación que se destinará a la privatización de los servicios de ocho centros sanitarios: todos los hospitales de la capital toledana, incluido el nuevo que se construya, junto con los Centros de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento de Toledo, Illescas, Ocaña y Torrijos, pertenecientes a esta área sanitaria.

“El auténtico negocio para la empresa” fue la crítica socialista al hacerse público el pliego de condiciones para el Hospital de Toledo, una denuncia a la que se sumaron otros partidos tras conocer la variación que significó respecto al  Anteproyecto que se había sometido a información pública en un  principio. “Hospital sí, pero así no”, fue el llamado de Izquierda Unida al conocerse el contenido del mismo.

La puesta de largo que Echániz quiso plasmar ante las cámaras el pasado mes de marzo se ha visto enturbiada en los tres últimos meses por diversas irregularidades y confusiones en torno a los trámites formales que deben seguirse en este tipo de procesos. Lo que desde la Junta se ha intentando vender como un supuesto intento del Ayuntamiento de Toledo (gobernado por el PSOE) de ralentizar el proceso, esconde sin embargo otras cuestiones que han salido a la luz conforme se han conocido los trámites a seguir.

La ceremonia de la confusión y la precipitación en torno a la gestión y la puesta en marcha de las obras comenzó con la  propia solicitud de licencia registrada en el Consistorio municipal, realizada a nombre de la UTE ‘Nuevo Hospital de Toledo’, pero con una firma individual abajo cuyo correo era de la empresa OHL, tan solo una de las compañías que componen esa unión temporal que ratificó con la Junta el contrato de inicio de las obras. No aparecían en el documento ni Acciona ni Desarrollo de Construcciones Viarias Dos, del grupo ACS, las otras integrantes. Este permiso se solicitó además sin seguir los pasos obligatorios al tiempo que Echániz “suplicaba” al entonces alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, su ayuda para esta licencia como si fueran las obras definitivas,  y no una obra menor como era el caso.

Olvidaba así que según el pliego de prescripciones administrativas, la concesionaria dispone de dos meses para redactar el proyecto de ejecución de la obra y de otro mes como máximo para la firma del acta de replanteo que dé inicio a la misma, que requiere de licencia municipal. A partir de ese momento, se abre un plazo de 18 meses para concluir las obras, es decir, no terminarían hasta finales de 2016, principios de 2017.El propio consejero se encargó también de recordar en varias ocasiones que si un futuro Gobierno modificaba las condiciones del contrato, tendría que indemnizar a los empresarios.

Ya se han cumplido los plazos para la presentación de proyectos de ejecución y propuestas de coordinación

El caso es que esos primeros plazos ya se han cumplido. Según el pliego de condiciones, ya tendrían que estar presentados al Servicio regional de Salud (SESCAM) el proyecto de Actuaciones Previas para el nuevo hospital, el de Ejecución de Urbanización y Edificación, y del Helipuerto; así como las propuestas de coordinación con el equipamiento médico, de mobiliario general y clínico, de dotación de elementos activos. Se trata de obras completas susceptibles de redacción por fases y cuyo plazo puede ampliarse si el SESCAM realizara correcciones.

Hay que tener en cuenta que Podemos ha incluido en las 13 condiciones para apoyar la investidura de García-Page recuperar la externalización de los servicios sanitarios, y esa es una de las medidas contempladas en el pliego de condiciones del nuevo hospital: la privatización  de determinados servicios una vez finalizadas las obras y durante treinta años

Hasta el momento, desde el Gobierno regional en funciones no hay noticia alguna, pese a las consultas realizadas por este medio, sobre si estos plazos se han cumplido o no, o sobre si se ha realizado algún tipo de modificación en el caso de que los proyectos hubieran sido presentados, lo que aumenta las dudas que sigue suscitando el futuro del hospital.

La noche del pasado fue la noche del adiós, no la noche de las celebraciones. Eso vendrá más adelante. Esa noche los castellano-manchegos dijeron adiós a una Presidenta que nunca lo fue, a una Presidenta que tenía sus pensamientos en Génova, a una Presidenta que había tomado a nuestra comunidad y a sus ciudadanos como meros peones para su salto a la “política nacional”, su verdadera intención desde el primer momento. Era el trámite necesario para su salto, en diferido, a la Champions League de la política. Todo se acabó, Sra. Cospedal, y aunque, la verdad, eso me importa poco, su prepotencia y absoluto desprecio hacia los castellano-manchegos hace que el adiós que aquí entono no lleve “con el corazón que con el alma no puedo”.

Usted y todos los que se han prestado para hacer una política absolutamente miserable con las personas dependientes, incluidos muchos medios de comunicación a los que usted ha comprado con subvenciones, hoy son recuerdo, recuerdo que se convirtió en pesadilla, y de la que despertamos.

Vaya usted con Dios, Sra. Cospedal. Bueno, con Dios o con quien quiera o pueda, pero no se le ocurra volver la vista atrás mientras hace ese camino. Con usted se irán, (bueno, no se van, les hemos ECHADO), los Echániz, García Ferrer, los responsables de los servicios periféricos de esa Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales... los vasallos que han antepuesto sus intereses personales a la dignidad y la decencia.

Adiós Sra. Cospedal, “sentimos” mucho que ni siquiera haya sido capaz de enseñarnos cómo tratar a las personas dependientes, tal y como, en un acto supremo de prepotencia, altanería y desfachatez manifestó en su campaña electoral. Adiós Sra. Cospedal, los familiares de los más de 5.000 dependientes fallecidos durante su mandato se habrán acordado de usted. De usted y del más inepto, miserable y mentiroso de todos sus consejeros como fue, qué bien suena eso de fue, el Sr. Echániz.

He de reconocer que al conocer los resultados de las elecciones me he emocionado, se me ha puesto la piel de gallina recordando a Jomián, recordando a su madre rota de dolor mientras me decía por teléfono, “José Luis, Jomiancito se nos ha marchado”. Usted ha dejado un rastro de dolor tan grande entre todas las personas en situación de dependencia y sus familiares que será difícil de olvidar. A usted, seguramente, le dará igual, quien no tiene corazón mientras gobierna difícilmente lo tendrá cuando ya haya perdido el poder, fin último de su infausto desembarco en nuestra comunidad.

Adiós Sra. Cospedal, adiós con el corazón, con el corazón partido con el que nos ha dejado, partido de dolor y sufrimiento.

Adiós Sr. Echániz, consejero que ha utilizado el poder que se le había encomendado para insultar a los ciudadanos. Nunca hasta ahora un servidor público había insultado públicamente a la ciudadanía. “Francotiradores” nos llamó; francotiradores, Sr. Echániz, han sido los ciudadanos que les han dado una patada en el culo, francotiradores que defendían su dignidad, su decencia a la hora de vivir el día a día.

Es hora de los adioses, nunca un adiós había tenido un sabor tan agridulce. Contentos, muy contentos por fuera pero emocionados y con el corazón encogido pensando en todo el sufrimiento que ustedes han infringido a las personas dependientes. Si usted, Sra. Cospedal, hubiera utilizado todos los días de su campaña para visitar los cementerios en los que descansan las personas dependientes fallecidas, hubiera tenido que multiplicar por diez este periodo y aún así le hubiera faltado tiempo.

Sra. Cospedal, desde hoy usted es ya recuerdo, un mal recuerdo, para todos los castellano-manchegos. Siempre le quedará el cementerio de los elefantes como es el Senado aunque con la soberbia y la prepotencia con la que se ha manejado en estos cuatro años difícil veo que pueda sentirse “cómoda” allí.

Sería mejor, sobre todo para el erario público, que se buscara trabajo y se estrenara en ello, aunque por su experiencia laboral deberá empezar como aprendiz.

Adiós, Sra. Cospedal, que le vaya bonito, pero lejos de aquí

La Junta Electoral de Zona de Toledo-Illescas ha acordado suspender un acto informativo convocado para la tarde de este miércoles a las 17.30 horas donde la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, iba a exponer el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 en la Casa de la Cultura de Menasalbas (Toledo). Se trata de la misma institución judicial que hoy también ha prohibido la foto del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, junto a las obras del nuevo hospital de Toledo.

En el caso de Cospedal, según el acuerdo, “los poderes públicos solo pueden realizar campañas informativas en periodo electoral cuando a la luz de las circunstancias dicha campaña sea imprescindible para la realización de los objetivos que tenga encomendada una Administración y que no sea posible postergar hasta después del periodo electoral”.

“En este caso, según consta en la denuncia -presentada por el PSOE- se va a proceder en el municipio toledano de Menasalbas a exponer el Plan de Desarrollo Rural, y esta exposición tiene un contenido electoralista, porque no es imprescindible para la realización de los objetivos que tiene encomendada dicha administración y es posible postergar la información hasta después del periodo electoral sin causar lesión al interés general”, añade el acuerdo.

El acto estaba previsto como convocatoria oficial de la Junta para hoy miércoles 6 de mayo a las 17.30 horas. Una hora antes de su celebración, el Gobierno regional envió la notificación de anulación sin explicar los motivos. A esta suspensión se une también la que ha afectado a Echániz, convirtiéndose en los dos primeros casos de este tipo a nivel regional.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, continúa con su estrategia de cargar las tintas contra el Ayuntamiento de Toledo a cuenta del nuevo Hospital de la ciudad. Hoy ha hablado de la “preocupación” que hay entre las empresas que se ocupan de la obra puesto que, según ha dicho, ya tenían que haber contratado alrededor de 1.000 personas y eso supone una “pérdida de oportunidades laborales”. Un dato curioso hablar de tal número de contrataciones si se tiene en cuenta que aún está pendiente el contrato con la empresa que debe hacer el seguimiento técnico, y que está recurrido en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC). El propio gerente del SESCAM, Luis Carretero, reconoció en su momento que eran varias las empresas que habían presentado recurso de contratación, por lo que había que esperar a la resolución.

Además, tampoco hay proyecto de ejecución de la obra porque la actual Unión Temporal de Empresas (UTE) lo está redactando. Mientras no exista ese proyecto, el grueso de la obra no puede empezar, sino tan solo los derribos y el acondicionamiento de la caseta de obra. Con todo ello, según fuentes cercanas a la obra pública, los 1.000 empleos a los que hace referencia no están confirmados y no serían ni en este momento ni en el total de plazo de la obra.

Echániz resta importancia a estas consideraciones y sigue insistiendo en la licencia municipal de inicio de obras como la principal traba para este proyecto y lo personaliza en el alcalde, Emiliano García-Page. Es más, ha afirmado que si no concede esa licencia, la Consejería se planteará “cuestiones de carácter judicial”, y añade que “no hay derecho a que se utilice electoralmente la paralización de una obra que se tenía que haber puesto en marcha hace dos meses”.

Como viene siendo habitual, lo que Echániz no ha mencionado es que fue el Gobierno de María Dolores de Cospedal el que decidió en enero de 2012 rescindir el contrato de la antigua Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Acciona, Ferrovial y Contratas la Mancha, que llevaba trabajando desde 2006 en la construcción del centro. Y aunque el nuevo contrato se escenificó el pasado 10 de marzo, harían falta unos 18 meses para finalizar las obras, desde el momento en que la licencia municipal se concrete.  

Sin embargo, junto con varios alcaldes de la provincia, en un acto cuya foto ha tenido que ser desplazada de sitio por orden de la Junta Electoral de Zona, Echániz ha reiterado tal petición y sigue argumentando que “no hay justificación para que la licencia no esté”, al tiempo que quita credibilidad a que el Ayuntamiento de Toledo achaque su rechazo a “anomalías” cuando detrás hay “una clara intencionalidad política”.

El caso es que tales irregularidades existen, y que los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando en la tramitación de la licencia solicitada, un proceso en el que se han detectado “varias anomalías” y que se lleva a cabo en el marco jurídico que ofrece el Plan de Ordenación Municipal (POM). El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, y el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás,  han explicado que la mera solicitud de la licencia y la tramitación de la misma confirma que el Plan de Ordenación Municipal (POM) está vigente y sigue siendo, mientras se resuelva el recurso planteado en el Tribunal Constitucional, el marco jurídico y urbanístico que rige todo el proceso administrativo.

Marco del POM y anomalías en la petición de licencia

Según Perezagua, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, “debe reconocer que el camino que pretendía el PP (la anulación del POM) es un error” ya que no se podría tramitar la licencia en las condiciones actuales y, además, tendrían que recoger en el proyecto la construcción de un túnel de acceso a las urgencias, infraestructura que no está en la documentación presentada.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha señalado las anomalías detectadas por los técnicos en el expediente presentado por los responsables del proyecto, precisando como aspecto genérico la utilización de manera indistinta como marco legal del POM o el Plan Especial del Hospital (en vigor en el año 2007, previo a la aprobación del POM) en función del desarrollo del proyecto, en lugar de emplear un solo criterio.

Tampoco se ha remitido un estudio de movilidad ni se ofrecen propuestas sobre la ordenación tráfico, a pesar de que en reuniones previas, antes de la paralización de las obras, se trató este asunto y de la necesidad de ofrecer una solución para evitar problemas en la circulación. Otras anomalías detectadas son la falta de solución a espacios aparentemente sin uso pero donde desembocan salidas de emergencia, la ausencia de señalización sobre la circulación en el interior de un recinto que tendrá 7.000 plazas de aparcamiento y las dudas sobre la validez del helipuerto que se consigna.

El Ayuntamiento ha agrupado en un solo expediente las tres licencias solicitadas (para una caseta de obra, de derribo y la del proyecto básico) para facilitar la tramitación, y ha informado de que, en cualquier caso, la concesión de la licencia no supondrá el inicio de las obras ya que los trabajos comenzarán cuando esté aprobado el proyecto de ejecución, que todavía no se ha presentado.

La Consejería de Sanidad ha convocado a los medios de comunicación para un acto en el que José Ignacio Echániz se iba a fotografiar junto a una veintena de alcaldes de la provincia en las obras del Hospital de Toledo. Concretamente el asunto oficial era “informar del estado de las obras del centro hospitalario a los alcaldes del área sanitaria”, una excusa bajo la que se escondía la foto electoral de Echániz junto a la caseta de obra instalada en el complejo.

Sin embargo esa foto, convocada a escasas horas del comienzo oficial de la campaña electoral, ha quedado anulada por la Junta Electoral de Zona de Toledo-Illescas. En un auto del que se ha informado casi minutos antes de la celebración del acto, la Junta Electoral declara que no tiene sentido que cargos políticos estén en unas obras a las que solo deben tener acceso personal técnico que controle el estado de las obras, nunca un político para realizar un acto que define como electoralista.

“No se observa que la visita tenga carácter técnico, por lo que se acuerda la suspensión del acto previsto consistente en la reunión o visita de los alcaldes y la rueda de prensa con los medios de comunicación”. José Ignacio Echániz iba a atender a los alcaldes y medios de comunicación (especialmente gráficos, buscando la imagen de actividad en las obras paradas toda la legislatura) en esa caseta de obra con el fondo del sobra.

Esta foto es la que desde la nueva licitación de las obras lleva buscando la Consejería de Sanidad. Sin embargo la Junta Electoral prohíbe todo acto que pueda tener un carácter político o propagandístico desde el 31 de marzo aunque la campaña como tal empiece el 8 de mayo.

Es la suspensión de un acto político más importante en lo que llevamos de precampaña electoral, ya que hasta entonces las infracciones han sido a nivel local. Estas infracciones no conllevan ninguna sanción salvo que se continúe manteniendo los actos y la propaganda, algo que no ha ocurrido en la actual campaña.

La Junta Electoral está formada por jueces que evalúan los recursos que se presenten a posibles infracciones. En este caso el recurso había sido presentado por el PSOE y el acto no llegó a celebrarse en el emplazamiento pensado.

Incumplimiento de la Ley en materia de contratación de personal temporal y falta de contratación de interinos para cubrir las vacantes, son las dos principales quejas que el Sindicato de Enfermería SATSE Castilla-La Mancha ha hecho llegar al Servicio regional de Salud (SESCAM). Asegura que con ello se está produciendo la precarización del empleo en la sanidad desde 2011, “cuando hay un déficit de más de 13.000 enfermeras, matronas y fisioterapeutas”.

Desde SATSE se exige que se recurra al personal eventual “solo y exclusivamente en aquellos casos en los que está establecido en la normativa”, tal y como señala el secretario general del sindicato, Alejandro Laguna, en los escritos dirigidos al gerente del SESCAM, Luis Carretero, y también a la presidenta del Gobierno regional y al consejero de Sanidad, María Dolores de Cospedal y José Ignacio Echániz, respectivamente.

Para el Sindicato de Enfermería la precarización del empleo que se está produciendo en la sanidad de Castilla-La Mancha es “particularmente grave” teniendo en cuenta que en los centros sanitarios de la región hay un déficit de más de 13.000 enfermeras, matronas y fisioterapeutas. Añade que en los últimos cuatro años se ha llevado a cabo “la más importante destrucción de empleo de profesionales sanitarios habida nunca, habiéndose congelado la oferta de empleo, habiéndose amortizado cientos de plazas  y cuando  se dejan de cubrir los permisos y las bajas de los trabajadores”.

Por ello, SATSE considera “injustificable” que por parte de las gerencias de los centros hospitalarios se estén cubriendo las vacantes generadas por jubilación, invalidez o excedencia de personal fijo con nombramientos de personal eventual con argumentos como por “necesidades del servicio” o “acumulamiento de tareas”.

Señala así que la política seguida desde el SESCAM no solo no está abordando la “brecha abierta”, sino que está ahondando en la precarización del empleo en Sanidad y calcula que son más de 1.000 las vacantes en los centros sanitarios que se están cubriendo por este sistema.

Laguna afirma que esta política “sería injustificable en cualquier sector” pero es “mucho más deplorable en la Sanidad, donde está en juego la vida, la integridad y la salud de los pacientes”, estando “científicamente demostrada la directa relación que existe entre la plantilla de personal de enfermería y la morbimortalidad de la población”.