Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización administrativa del parque eólico Moeche, en la provincia de A Coruña, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su estudio de impacto ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Petón do Lobo contra la resolución de agosto de 2024 por la que se otorgaba a Enel Green Power España autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para el parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Entre otros argumentos, la sala indica que de la lectura del estudio de impacto ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas.

Es decir, que no se realiza una identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto, tal y como exige la ley y, en particular, en relación y/o conjunción con los parques e infraestructuras cercanas.

Insiste al respecto en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”.

Resalta la sentencia que la ley de evaluación ambiental es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones. Esto es, cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones.

El Ayuntamiento de Pareja, en Guadalajara, ha aprobado por unanimidad, con el respaldo de los dos grupos políticos de la Corporación (PP y PSOE), su rechazo al parque eólico 'Titán', proyectado sobre uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

El pleno acuerda impulsar todas las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para solicitar la paralización del proyecto y defender un entorno que constituye “uno de los principales patrimonios naturales y económicos de la localidad”.

La iniciativa responde a la tramitación de los parques eólicos 'Titán', 'Mimas' y 'Dione', promovidos para su hibridación con instalaciones fotovoltaicas ya existentes. En el caso de Pareja, el proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores en un enclave forestal situado sobre el casco urbano.

Un acuerdo unánime para proteger el territorio

El alcalde de Pareja, Javier del Río, destaca que este proyecto ha levantado “una frontal oposición” en todos los vecinos, colectivos y asociaciones. “Por ello, nuestro ayuntamiento, de forma decidida y unánime, va a estar siempre al lado de los vecinos, de la defensa de un espacio natural de gran valor que pertenece a todos, y de un monte que forma parte de la identidad cultural y de la forma de vida tradicional de Pareja y de la Alcarria”.

El área afectada constituye “un espacio forestal público de extraordinaria riqueza ambiental”, situado sobre el propio pueblo, que alberga numerosas especies de flora y fauna protegidas y por el que discurre el río Ompólveda, recientemente declarado Reserva Natural Fluvial, que vierte sus aguas en el azud de Pareja y del que se abastece el municipio“, añade Javier del Río.

El regidor afirma que “no hablamos únicamente de un paisaje de gran belleza, que también, sino de un patrimonio cultural y natural de enorme valor ecológico que debemos conservar para las generaciones futuras”.

Además de las afecciones ambientales recogidas en la documentación del expediente, el Ayuntamiento y las asociaciones locales consideran que la implantación del parque tendría importantes consecuencias para el desarrollo económico del municipio.

El modelo de crecimiento de Pareja está estrechamente vinculado al turismo de naturaleza, al turismo deportivo y al aprovechamiento sostenible de su entorno natural, actividades que constituyen “los principales motores de la economía local”.

“Nuestro futuro pasa precisamente por conservar aquello que nos hace diferentes. La belleza de nuestro paisaje, nuestros montes, nuestros senderos, nuestra miel y nuestros recursos naturales son la base de muchas iniciativas empresariales y del modo de vida de nuestros vecinos. Un proyecto de estas características supondría un impacto imposible de revertir”, recalca del Río.

Solicitud de paralización

El acuerdo plenario contempla la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y ambientales necesarios para formular las alegaciones correspondientes durante la tramitación del expediente.

Asimismo, el acuerdo unánime del Ayuntamiento solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la paralización del proyecto dentro del ámbito de sus respectivas competencias, al tiempo que faculta al alcalde para realizar cuantas gestiones resulten necesarias en defensa de los intereses municipales.

Además, el Ayuntamiento, de forma conjunta con la asociación 'Alcarria viva', están realizando numerosas iniciativas para manifestar la oposición vecinal al proyecto, como recogida de firmas, y presentación de alegaciones conjuntas.

Del Río concluye afirmando que la planificación energética debe realizarse “con criterios ambientales, sociales y territoriales”. “Hay lugares donde, simplemente, no debería plantearse una actuación de estas características”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles el papel de Asturias como uno de los territorios mejor posicionados para liderar el desarrollo de la eólica marina en España. “Asturias ya es una referencia nacional en la industria vinculada a la eólica offshore”, ha asegurado durante su intervención en la jornada 'España ante la eólica offshore. Inversión, cadena de valor y el rol estratégico del norte peninsular,' celebrada en Madrid y organizada por la Oficina Económica y Comercial de Asturias.

Barbón ha defendido que la comunidad dispone de una “ventaja competitiva” difícil de igualar gracias a la combinación de infraestructuras portuarias, capacidad logística y un tejido empresarial especializado que ya participa en la cadena de valor del sector. En este sentido, ha destacado el papel de los puertos de Avilés y de El Musel como activos estratégicos para aprovechar el crecimiento de una industria que ha definido como “una ventana de oportunidad” que debe aprovecharse “cuanto antes”, ya que, en un contexto de competencia internacional, “no suele haber convocatoria de repesca”.

El presidente también ha apelado a superar la imagen tradicional de la industria asturiana y ha defendido la transformación experimentada durante los últimos años. “La industria asturiana no es la de hace 50, 30 o 10 años. Si no somos capaces de entender y asimilar ese cambio, tampoco estaremos en condiciones de apoyar sus posibilidades de desarrollo”, ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado un modelo basado en la innovación, la diversificación y la incorporación de nuevos sectores tecnológicos.

Durante su intervención, Barbón ha recordado que la industria representa el 20,6% del valor añadido bruto de la economía asturiana, un peso superior a la media nacional, y ha destacado su capacidad para generar empleo cualificado. En este contexto, ha situado la Estrategia Industrial de Asturias como la hoja de ruta para consolidar ese crecimiento y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con sectores como las energías renovables, la defensa, la siderurgia inteligente y la biomedicina.

Como uno de los retos para consolidar ese desarrollo, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de garantizar el suministro energético mediante la ejecución de las inversiones previstas en el anillo eléctrico. A su juicio, reforzar esa infraestructura será determinante para asegurar nuevas inversiones industriales y mantener la competitividad de Asturias en sectores estratégicos vinculados a la transición energética.

La doctora en Ingeniería Industrial y profesora de Ingeniería Eléctrica Raquel Martínez ha analizado la situación energética de Cantabria en el marco de un curso de verano monográfico de la Universidad de Cantabria sobre la capacidad de la comunidad para valerse de sus propios recursos mineros y energéticos. Martínez ha participado en 28 proyectos de investigaciones y actualmente forma parte del Grupo de Tecnologías Electro‑Energéticas Avanzadas (GTEA) de la UC, contando con una amplia trayectoria en la investigación de la integración de energías renovables y eficiencia energética. Además, es coordinadora del máster en Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética.

El título de su curso menciona el “abastecimiento sostenible de Cantabria”. ¿Es realista pensar que la región puede ser autosuficiente?

Es fundamental empezar aclarando que hablar de un autoabastecimiento total es, en la práctica, una utopía. Especialmente en el ámbito energético, no tiene sentido plantearse la autonomía absoluta de una sola región. Formamos parte de un mercado eléctrico integrado a nivel nacional e incluso europeo, lo que significa que la electricidad fluye según la eficiencia del sistema global. El objetivo real que debemos perseguir es una estrategia para reducir las dependencias externas y participar de forma activa en ese paradigma de generación. En este mercado único, técnicamente nos es indiferente si la energía se genera en Madrid, Andalucía o aquí, pero lo que sí es vital para Cantabria es “poner su granito de arena” aprovechando los recursos en los que somos competitivos para fortalecer el sistema conjunto.

Siendo así, ¿podría estimarse un porcentaje aproximado del potencial real de autonomía de la región sin caer en expectativas falsas?

Como ingenieros, podemos calcular cifras exactas sobre el potencial técnico basándonos en los recursos naturales disponibles, como el viento o el agua. Sabemos que Cantabria es rica en estos recursos, pero los proyectos no surgen de forma automática solo por existir el recurso. La viabilidad de una instalación depende de un equilibrio extremadamente complejo: financiación asegurada, cumplimiento estricto de normativas medioambientales y soluciones técnicas que se adapten a terrenos a veces muy difíciles. Por tanto, más que dar un porcentaje de autonomía, lo que analizamos es la capacidad de desarrollar proyectos que sean económica, técnica y ambientalmente viables.

El autoabastecimiento total de Cantabria es una utopía, la clave es la diversificación

En la formulación del curso se ha mencionado que uno de los principales obstáculos en Cantabria para las renovables es social. ¿Por qué ese rechazo es tan fuerte en nuestra comunidad?

Cantabria tiene una identidad muy vinculada a su entorno natural y actualmente su economía está muy enfocada hacia el turismo. Esto genera una sensibilidad especial ante cualquier instalación que pueda alterar el paisaje. El rechazo social suele estar motivado principalmente por el impacto visual o ambiental en nuestras montañas, incluso cuando hablamos de instalaciones cuya naturaleza es, irónicamente, sostenible, como los parques eólicos. Las barreras técnicas o administrativas son superables mediante ingeniería y localización adecuada, pero la barrera social es la más difícil de gestionar. A menudo, no basta con ofrecer compensaciones económicas; el ciudadano siente que pierde algo que el dinero no puede pagar, que es su entorno.

¿Qué se puede hacer para superar esa barrera social o alcanzar un equilibrio?

El cambio de mentalidad es notable. Actualmente, cualquier gran proyecto —ya sea energético o minero— incluye planes de restauración medioambiental extraordinariamente minuciosos. Durante el curso hemos visitado instalaciones como el parque eólico del Escudo y Dolomitas del Norte, y hemos comprobado que una parte muy sustancial del presupuesto total se destina ahora a la recuperación del entorno. Estas medidas, que hace unos años eran mínimas o inexistentes, hoy son centrales en los proyectos. Existe un esfuerzo técnico real por alcanzar una “paz social” con las comunidades locales y cumplir con una legislación de evaluación ambiental que en Cantabria se mira con lupa.

Si tuviera que marcar una hoja de ruta estratégica en clave energética para Cantabria en la próxima década, ¿por dónde empezaría?

La clave es la diversidad de fuentes. No podemos jugarlo todo a una sola carta tecnológica. Cantabria tiene un recurso eólico muy potente y cierto potencial hidráulico que debemos aprovechar. Sin embargo, debemos ser inteligentes: no tiene sentido promover aquí macroparques fotovoltaicos si sabemos que en otras regiones de España el sol rinde mucho más. Cada territorio debe aportar aquello en lo que es más eficiente para el mercado común. Además, hay un factor invisible pero crítico: la red eléctrica. No sirve de nada generar energía limpia si no desarrollamos y modernizamos la red para que esa electricidad se pueda integrar y transportar de forma efectiva.

La guerra de Ucrania dejó al descubierto nuestra vulnerabilidad energética. ¿Hemos aprendido alguna lección?

La crisis de Ucrania fue un duro recordatorio de que la geopolítica es básica en el tema energético. Nos enseñó que debemos reducir la dependencia del exterior, pero hay un matiz importante: la independencia que nos dan las renovables es relativa. Es cierto que el viento y el sol son “nuestros”, pero la tecnología necesaria para transformarlos en electricidad no siempre lo es. Gran parte de los componentes de los paneles solares o de la electrónica de control provienen de países como China. Si surge un conflicto internacional o tensiones arancelarias, pasamos de depender del combustible a depender de la tecnología y los componentes, como ya hemos visto en los sectores del automóvil o la telefonía. La independencia absoluta al 100% no existe; lo que buscamos es reducir la incertidumbre ante la volatilidad global.

Como experta, ¿cree que la actual regulación del mercado eléctrico, protege al consumidor de estos vaivenes?

La liberalización del mercado en España viene de una ley de 1997, así que no es algo nuevo, aunque ha costado hacerla efectiva. Un mercado libre permite que los precios bajen cuando hay mucha oferta, como ocurre ahora en las horas de sol gracias a la fotovoltaica, lo cual es muy beneficioso para el consumidor. Pero la otra cara de la moneda es que, ante una crisis geopolítica, los precios se disparan. Existe la tentación de intervenir el mercado para bajarlos artificialmente, pero debemos ser conscientes de que eso genera un “déficit de tarifa”. Al final, la energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos.

La energía no es gratis y lo que no se paga en la factura eléctrica se acaba pagando vía impuestos

El cambio climático ya es una realidad en el norte de España. ¿Cómo puede afectar esto al consumo energético en Cantabria?

Es una realidad absoluta que estamos notando todos. Hasta hace poco, el aire acondicionado era algo casi anecdótico en Cantabria, pero ahora ya se implementa en casi todos los edificios nuevos y oficinas de la administración. Esto, sumado a la necesaria electrificación de la economía —sustituir calderas de gas por aerotermia y bombas de calor—, va a disparar la demanda eléctrica en la región. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya contempla este aumento. Para absorberlo sin colapsar el sistema ni los precios, el autoconsumo será la pieza maestra.

Por tanto, ¿es el autoconsumo la solución definitiva para el ciudadano particular?

Es una parte fundamental de la solución porque fomenta la generación distribuida, restando peso a las grandes centrales. En 2019 hubo un “boom” gracias a una normativa mucho más favorecedora que eliminó las trabas que existían antes. Ahora, en la obra nueva, la integración de renovables es obligatoria por normativa. Aunque los precios del mercado bajen y las instalaciones parezcan menos rentables a corto plazo, el autoconsumo proporciona una estabilidad y una conciencia de participación en la transición energética que el ciudadano valora cada vez más. Al final, se trata de que cada uno aporte su parte para que el sistema sea más robusto frente a las crisis que puedan venir.

Un total de 88 ciudadanos cofinanciarán con 3 millones de euros el parque eólico de Labraza, en Álava, que será el primero en ponerse en marcha en Euskadi en veinte años. Esta aportación, que era el tope ofertado por el promotor, se ha quedado corta, ya que se han recibido solicitudes por un total de 6,6 millones de euros, es decir, más del doble. “Se demuestra el gran interés suscitado por el sistema de cofinanciación ciudadana tanto en Rioja Alavesa como en el conjunto del territorio histórico de Álava”, han señalado fuentes del promotor Aixeindar, sociedad constituida por Iberdrola y el Ente Vasco de Energía (EVE).

Más de un tercio de la aportación total, 1,1 millones de euros, se ha cubierto por vecinos de Labraza, Barriobusto y Oyón. Sumando la Rioja Alavesa, el número de solicitudes supera el 60%. Los ciudadanos de estas localidades tenían garantizada su participación efectiva por ser vecinos de la zona prioritaria de inversión al estar más cercanas al parque eólico. Las solicitudes del resto de Álava han alcanzado 1,17 millones de euros. Respecto a las cuantías de las aportaciones, el 16% son de hasta 5.000 euros, el 42% de hasta 25.000 euros y el 42% restante superan los 25.000 euros.

Labraza se convertirá así en el primer parque eólico en tener participación ciudadana a través del sistema de 'crowlending', una fórmula que supone que varios ciudadanos prestan dinero a la empresa a cambio de un retorno a través de intereses. En concreto, en el caso de la operación para financiar este parque, que se lanzó el pasado 18 de mayo, se trata de una cofinanciación colectiva a tres años y un tipo de interés fijo al 7% anual garantizado, con un objetivo de financiación máxima de 3 millones de euros. El rango de inversión se estableció entre 1.000 euros y 100.000 euros por persona. Se dirigió prioritariamente a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oyón y Rioja Alavesa, los más afectados por el parque, con el objeto de implicar a estas localidades en el proyecto y reducir la contestación social al mismo, pero después se ha abierto a todo el territorio histórico de Álava. “El objetivo siempre ha sido priorizar a los vecinos de las zonas más cercanas al parque eólico”, han insistido desde Aixeindar que recuerdan que los vecinos “podrán beneficiarse de una tarifa eléctrica reducida durante la vida útil del parque”.

El parque de Labraza, ubicado en Álava, dentro del término municipal de Oyón, tendrá una potencia global de 40 MW, lo que supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26%, y pasar de los 155 MW actuales en sus cuatro parques eólicos de Euskadi, Oiz, Elgea, Urkilla y Badaia, y la pequeña instalación de Punta Lucero, a 193 MW. Según ha señalado Aixeindar, una vez en funcionamiento, producirá anualmente 99.679 MWh que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 toneladas de CO2.e

Será el primer proyecto eólico en Euskadi en veinte años, y se encuentra ya en construcción. Supondrá una inversión público-privada de 59 millones de euros a través de Iberdrola y el EVE, que dependen del Gobierno vasco y se espera que entre en funcionamiento a finales de 2027 si todo va bien. Esto supondrá ya un retraso de dos años según el calendario que estaba previsto cuando se anunció por parte del Gobierno vasco este parque y el de Azaceta, que pertenece a la misma empresa, que estará también en Álava, aunque en este caso no han empezado las obras ni hay fecha para ello.

El Gobierno ha dado luz verde a parque experimental de energía eólica marina en la Costa Brava. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó este lunes la declaración de impacto ambiental del proyecto –según ha adelantado Nació y ha confirmado este diario– que avala la instalación de esta suerte de plan piloto que contempla instalar de entrada tres aerogeneradores de 15MW en la bahía de Roses. 

El proyecto, pendiente de aval del Gobierno desde el 2024, es la Plataforma de I+D+i en Energías Marinas de Catalunya (PLEMCAT), promovido por la Generalitat en el Golfo de Roses como banco de pruebas para un futuro parque eólico marino de mayor envergadura. El Plemcat ocupará un espacio de 7,4 km2, a entre 15 y 30 km de la costa, y contará con tres molinos de 15 MW y una altura máxima de 260 metros. 

El PLEMCAT lo lidera el Instituto de Investigación de Energía de Catalunya (IREC) y cuenta con el apoyo de la mayoría de universidades públicas catalanas. Su objetivo es testear el modelo de eólica marina y sus consecuencias ambientales y económicas. 

Más allá del plan experimental, existe desde 2021 la voluntad de varias empresas de llevar a cabo un parque eólico marino en la zona. La primera propuesta dibujó 65 molinos, y a lo largo de los años se han ido sumando media docena de proyectos empresariales.

El Gobierno aprobó en febrero de 2023 los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) de las cinco demarcaciones marinas españolas. En Catalunya, únicamente incluyó la denominada Leba 1, en el golfo de Roses, un espacio marítimo de 250 km² y situado a una distancia mínima de 12 kilómetros de la costa donde pueden instalarse parques eólicos comerciales. El siguiente paso debería ser una subasta pública —que todavía no tiene fecha— en la que las empresas interesadas (ocho hasta el momento) puedan optar a instalarse en la zona.

La propuesta, sin embargo, ha sido polémica desde el inicio y, con el objetivo de probar la tecnología, la Generalitat anunció en 2023 esta plataforma de ensayo promovida a través del IREC. Además de los tres aerogeneradores, la plataforma de ensayo también contará con una boya de conexión flotante y una línea de evacuación de alta tensión soterrada de 66 kV. Los aerogeneradores tendrán una altura máxima de 261 metros.

La línea de evacuación tendrá una longitud de 25,8 kilómetros bajo el agua y otros 16,2 kilómetros por tierra, además de una subestación eléctrica elevadora situada en el término municipal de Vilaür. La infraestructura, sin embargo, también afecta a los municipios de Sant Pere Pescador, L’Escala, L’Armentera, Ventalló y Sant Mori. Algunos de estos ayuntamientos ya se han manifestado abiertamente en contra.

En cuanto a los prototipos, la propuesta que obtuvo la mejor puntuación fue la de Hive Wind Energy. Se trata de una filial de Sener, que también promueve el parque eólico comercial Tramuntana en la misma zona y es uno de los proyectos con la tramitación más avanzada. La segunda empresa mejor valorada fue la catalana X1Wind y la tercera que instalará un prototipo será Esteyco. Los promotores de los proyectos, sin embargo, todavía no han detallado sus características a la espera de la publicación de la DIA.

Plemcat cuenta con una inversión de 80 millones de euros: 30 millones procedentes del Estado y los 50 millones restantes aportados por la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que analizarán la declaración de impacto ambiental “por si hay alguna cuestión a tener en cuenta” y que, posteriormente, ya se podrá “iniciar la licitación y la compra de material para esta plataforma”. En este sentido, ha concretado que, si todo avanza según lo previsto y ningún obstáculo lo retrasa, “a finales de 2027 o principios de 2028 podría estar en funcionamiento la plataforma experimental”. Paneque ha añadido que es el IREC quien realiza el seguimiento del proyecto y quien gestionará la licitación y la compra de material.

La explosión de la Inteligencia Artificial (IA) está multiplicando la necesidad de procesamiento y almacenamiento de información, lo que acarrea un crecimiento exponencial de centros de procesos de datos (CPD). Estos centros consumen enormes cantidades de electricidad, tanto que el tamaño de los CPD se mide por los megavatios (MW) que necesita para operar y refrigerar los equipos, que operan 24/7 todos los días del año.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que la IA generativa hará que los CPD dupliquen el gasto de energía entre 2024 y 2030, pasando de un consumo eléctrico mundial de 415 a 945 teravatios-hora (1 TWh equivale a 1 millón de MW/h), o del 1,5% al 3% del gasto global de luz. Cuando se expresa en porcentajes, no parece un problema, pero la cuestión es que ese consumo está concentrado en los países más avanzados tecnológicamente (Estados Unidos, China y Europa) y, dentro de estos, en algunas regiones; como Aragón, en el caso de España.

Irlanda es el país europeo paradigmático para analizar el crecimiento de los CPD y su impacto en el consumo de electricidad. Ya acaparan el 21% de la luz consumida en el país y se espera que en 2030 sumen un tercio de la electricidad. Por tanto, es un caso del que España puede extraer muchas lecciones, ya que aquí estamos ante un crecimiento exponencial de estas infraestructuras. No hay ningún sector que pueda presentar semejantes expectativas de crecimiento y cómo se gestione será vital para muchos otros sectores.

Según datos de Spain DC, el lobby español de las empresas de CPD, la potencia instalada de estas infraestructuras sumaba 439 MW a finales del año pasado en España, con un crecimiento del 24%. Parece escaso si se tiene en cuenta que los diferentes planes de inversión van a multiplicar esta red por seis en cinco años, hasta alcanzar 2.537 MW, según los datos elaborados por la consultora Pb7 Research, especializada en este sector. Este crecimiento implicará una inversión total de 66.900 millones de euros, de los que 25.000 millones es construcción y el resto es el equipamiento tecnológico y otros servicios que van asociados a dicho despliegue.

Esta inversión y la creación de empleo es la parte positiva de la expansión de los CPD, pero hay que gestionar su voracidad eléctrica para que no se produzcan problemas en un país que sabe qué es un apagón en el siglo XXI. Las estimaciones son que un CPD de 100 MW consume entre 880 y 1.050 GWh al año, de manera que una red de 2.537 MW en 2030 consumiría entre 22.200 y 26.600 GWh, que es alrededor del 10% del consumo anual de electricidad en España. Por tanto, está claro que es necesario invertir en materia de generación y, sobre todo, de transporte y distribución de esa electricidad.

España no tiene hoy un problema de producción de electricidad, en gran medida gracias a la renovable fotovoltaica y eólica, pero sí tiene deficiencias claras en los nudos de conexión y en el transporte, que es trascendente, dado que no hay correlación entre los lugares de producción y consumo. La Comunidad de Madrid es paradigmática: sólo produce el 3% de la energía que consume. De hecho, Red Eléctrica Española (REE) acaba de plantear al Gobierno la necesidad de revisar su plan de inversiones, con una inyección adicional de más de seiscientos millones, ante los problemas que está detectando en el sistema y que se hicieron presentes en el apagón del 28 de abril de 2025.

Un estudio de la Asociación Española de Empresas Eléctricas (AELEC), asegura que la red eléctrica española tenía un nivel de saturación del 83,4%, en septiembre del año pasado, lo que implica que casi nueve de cada diez subestaciones ya no pueden admitir más conexiones. Endesa, la mayor distribuidora de España junto con Iberdrola, asegura que el 96% de sus 1.840 nudos de red no pueden aceptar nuevas conexiones. Por tanto, el reto de enganchar a la red los nuevos CPD es enorme. Solamente en Aragón se ha planteado la construcción de 31 nuevos CPD, que han solicitado acceso a la red para 6GW, que es el equivalente a casi la mitad de la potencia eléctrica instalada en dicha región.

Irlanda lleva más de una década conviviendo con este problema, hasta el punto de que el operador de la red eléctrica irlandesa, EirGrid, no admitió nuevas conexiones de CPD en el área de Dublín entre 2021 y 2025 por falta de capacidad. El levantamiento de la prohibición lleva condiciones estrictas. Así, los promotores de CPD tienen que aportar generación eléctrica propia o capacidad de almacenamiento equivalente a su demanda, que al menos el 80% de su consumo anual proceda de nueva generación renovable que se haya desarrollado en Irlanda y, dependiendo de los casos, incluso devolver electricidad a la red general cuando haya momentos de máxima demanda.

Irlanda ha transitado un camino que implica pasar de la libertad total a la prohibición en determinadas zonas, para finalmente aportar un modelo que llaman “Bring you own power”, que supone que cada CPD debe casi autoabastecerse. Este cambio se ha producido en gran medida por la presión del mundo rural irlandés, que se vio amenazado y fue capaz de trasladar a los políticos su preocupación de que la demanda de recursos de esta industria restara atención al campo. Los CPD instalados en la región de Dublín por las grandes tecnológicas americanas (Google, Microsoft, Amazon Web Services y Meta Platforms) consumen más electricidad que todos los pueblos irlandeses. No es extraño que temieran que, en caso de problemas, les cortaran a ellos la luz para que el universo urbano siga viendo Netflix.

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias de investigación preprocesual tras recibir varias denuncias sobre los cambios sobre qué sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ocupa de los litigios que tienen que ver con parques eólicos. El Ministerio Público indica que es necesario indagar sobre los hechos por si se cometió un delito de prevaricación judicial. Está pendiente de determinar, sin embargo, qué órgano es el competente para ello, dado que los denunciados son aforados.

Hay varias denuncias presentadas contra la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio -elegida para el cargo el pasado mes de marzo-, de modificar las normas de reparto de forma que las cuestiones relativas a la eólica dejarían de corresponderle a la sección tercera y pasarían a la segunda.

La plataforma Eólica Así Non, que presentó denuncia contra esta decisión de cambiar el reparto, considera que estas alteraciones son arbitrarias y las relaciona con una voluntad de “satisfacer el interés expresado por la Xunta de Galicia y empresas del sector eólico”. Recuerda que las modificaciones se hicieron en paralelo al traslado de dos magistrados de la sección tercera, Luís Villares y María Dolores López, a la cuarta.

Los cambios y los traslados forzosos de los jueces se produjeron tras meses de críticas de la Xunta a las decisiones de la sección tercera, que paralizó decenas de parques eólicos por posibles daños ambientales. Los traslados fueron criticados por la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), a la que pertenece Villares, quien fue candidato de En Marea a la Xunta. XXpD manifestó que la medida es “inusual” y señaló que el mensaje que se manda es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes. Tanto la asociación como el propio Luís Villares recurrieron la decisión y pidieron paralizarla, pero el Consejo General del Poder Judicial rechazó frenar el cambio, a la espera de que llegue la resolución sobre estos dos recursos de alzada.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco (A Coruña), al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta. Y para ello el Supremo se vale los fundamentos ya aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al “ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo”.

El alto tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que “el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente”, que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental. Por ello, ahora con Bustelo el Supremo falla que “procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia”. Así, el Supremo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, impugnada en casación, se aparta de la doctrina jurisprudencial referida y no se ajusta a derecho, por lo que se revoca. Por tanto, confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo, de 45 megavatios y con una inversión prevista de 45 millones de euros.

Tanto a raíz del fallo del TS de 2025 como el fallo del TJUE, también de 2025, en el que se dio la razón a la Xunta en la tramitación de eólicos --consideró que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales--, el sector eólico mostró su satisfacción y aseguró que se abría la puerta al desbloqueo de proyectos suspendidos cautelarmente por el TSXG. Sin embargo, decenas de eólicos continúan paralizados actualmente de forma provisional por motivos medioambientales.

El juez Luís Villares, apartado

En este contexto, recientemente la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, tomó la polémica decisión de apartar al juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Unos traslados forzosos que afectan a cuatro magistrados entre las secciones tercera y cuarta, los cuales han sido recurridos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De tal forma, el Supremo revoca el fallo del TSXG que estimó un recurso de la asociación ecologista Adega y que apuntaba a una fragmentación indebida de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo-, pues opinaba que no eran autónomos, cuestión que ahora se revoca.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sacar el concurso de la eólica marina para su impulso, ya que han defendido que son los territorios donde se empezaría con la misma.

En este sentido, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, expuso que son las “dos únicas” comunidades autónomas que están en la “parrilla de salida”, “dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión”, por lo que solo queda que el ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca.

“Si en Canarias queremos diversificar la economía y si en Galicia se quiere potenciar la industria, pues tenemos que hablar de mejorar la energía y ahí aparece la offshore, esa eólica marina con bastante fuerza”, apuntilló Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional Canarias, Tierra Jacobea con Rueda.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, apuntó que tanto Canarias como Galicia “están señalados” por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde empezaría la eólica offshore, la eólica marina, por lo que defendió “ir de la mano”.

Así, en el caso de Galicia aseguró estar “dispuestos” a garantizar que se “van a cumplir todas las exigentes” normativas para que esta fuente de energía pueda tener un “enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros”, ya que admitió que la “oportunidad” que supone para estos territorios “debe ser aprovechada”.

“Creo que ya hemos perdido demasiado tiempo, por lo tanto, creo que hay que decirle al Gobierno central, al ministerio correspondiente, que este tema hay que ponerlo en marcha cuanto antes”, apuntilló.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la nulidad de la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su línea de evacuación en municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

En una sentencia dada a conocer este jueves y contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la ONG Territorio Cántabro contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación.

Entre los motivos que han llevado al tribunal a adoptar esta decisión se encuentra la “omisión de los efectos de las sinergias y acumulativos del parque”, y es que junto a esta instalación se encuentran en tramitación en la misma zona los parques eólicos de Henestrosas, Ornedo, Olea, Morosos, Quintanilla y Cotío.

Según explica El TSJC, se elaboró un documento denominado Estudio de Conectividad, Efectos Acumulativos y Sinérgicos que toma en consideración una envolvente de diez kilómetros a partir de las posiciones de los aerogeneradores. Sin embargo, este informe “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas y justificando, en múltiples ocasiones, la falta de datos para poder establecer un adecuado análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos, más allá de estimaciones sin aparente sustento o rigor”.

Y es que, tal y como recuerda el tribunal, la directiva de hábitats requiere que “cuando existan otros proyectos, planes o programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica, como el proyecto que es objeto de evaluación, en la evaluación y en la posterior decisión sobre el proyecto sean considerados sus efectos acumulados o sinérgicos”.

Además, “esta sala entiende que no solo desde el punto de vista ambiental y urbanístico se deben evaluar los parques de esta zona en su conjunto, sin fragmentación, sino, también, desde otros puntos de vista como el paisajístico (no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en 10 kilómetros llenos de aerogeneradores), o desde la perspectiva de accesibilidad a estos lugares, sin contar con el necesario estudio conjunto del instrumento correspondiente de evaluación ambiental”.

Por tanto, dado que “son seis parques situados en una zona de diez kilómetros y son colindantes”, existen “efectos conjuntos, al menos, a efectos urbanísticos”.

Ausencia de información pública sobre el proyecto modificado

Finalmente, el tribunal también estima otro de los motivos alegados por Territorio Cántabro, como es la ausencia de información pública después de que el proyecto inicial fuera sometido a modificaciones.

Explica la sentencia que el Gobierno de Cantabria reconoció que se habían introducido cambios, si bien argumentó que estos “no empeoran los efectos que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies, sino que, al contrario, lo mejoran”. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que “sí estamos ante un caso de modificación sustancial del proyecto anterior que debía haber sido sometido a información pública”, toda vez que se han cambiado las ubicaciones de los aerogeneradores y se proyecta un soterramiento de las líneas, sin que se haya evaluado ni la nueva ubicación ni los efectos ambientales sobre el patrimonio cultural y el subsuelo.

“La modificación es sustancial, no solo por el número de modificaciones efectuadas, sino por la naturaleza de las mismas, que han dado lugar a tanta necesidad de información sectorial, a tantas medidas correctoras y a la modificación del proyecto, con afectación a la declaración de impacto ambiental”, concluye el tribunal.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Anjana, de 86,8 MW de potencia, y sus infraestructuras de evacuación en cuatro municipios de Cantabria, además de en otros de Burgos y Palencia.

Promovido por la empresa Mowe Eólica 4, S.L., la instalación cuenta con una inversión de 91 millones de euros, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Afecta a los municipios cántabros de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campoo de Enmedio; más Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán en Palencia.

El proyecto contempla 17 aerogeneradores divididos en dos agrupaciones: 'Anjana Este' (10) y 'Anjana Oeste' (7), y sus líneas subterráneas a 30 kV hasta cada una de las dos subestaciones de ambas agrupaciones.

Los aerogeneradores, con una potencia unitaria de 5.200-5.000 KW, tendrán un diámetro del rotor de 163 metros; mientras que la altura de la torre será de 98,5 metros y la altura del aerogenerador a punta de pala se prevé de 180 metros.

El periodo de alegaciones tiene un plazo de 30 días a partir del siguiente a su publicación y se puede consultar el anteproyecto de la instalación así como su Estudio de Impacto Ambiental en el enlace https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria o en la sede de la Delegación del Gobierno solicitando la correspondiente cita.

El Gobierno de Cantabria ha denegado la autorización administrativa previa para la construcción del parque eólico denominado 'Olea', de 27,72 megavatios, entre Campoo de Enmedio, Valdeolea y Campoo de Suso, que promueve la firma Green Capital Power S.L..

El Boletín Oficial de Cantabria publica ha publicado este jueves la resolución que se adopta tras emitir en febrero la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto.

Según la evaluación ambiental practicada, los impactos negativos sobre la fauna y sus hábitats con este parque iban a ser “críticos” y no podían ser “prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas” por la empresa promotora del parque eólico.

Además, el informe sostiene que la zona del Monte Endino, donde se proyecta el paruqe eólico, presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan: las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido o la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región.

También señala que hay una “severa acumulación de efectos sinérgicos” con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una “afección paisajística irreversible”.

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, “vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa”. De otro lado, los presupuestos parciales presentados se estiman “insuficientes” para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.

Por ello, la Dirección General de Industria del Ejecutivo cántabro resuelve denegar la autorización administrativa previa para construir ese proyecto, contra la que cabe recurso ante la Consejería de la que depende este departamento. 

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

Los pactos para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón con el apoyo de la ultraderecha contienen cláusulas prácticamente idénticas con “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”. Las “primeras medidas” deben aprobarse este año.

“El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, considerando todos estos factores como criterios condicionantes o, en su caso, excluyentes”, dicen esos acuerdos, cuyo cumplimiento “íntegro” exigió este miércoles Vox en la investidura de Azcón. En Extremadura prometen “blindar” la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Como ironiza un ejecutivo del sector, “en energía no hay prioridad nacional, sino prioridad nuclear del uranio ruso”. Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, señala que “no sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica” que “en todo caso, es claramente anti-renovables”. “Tiene toda la pinta de que es una exigencia desde Madrid; si no, no serían dos textos tan parecidos”.

“Estamos esperando a ver la concreción” y que se forme gobierno “para solicitar una entrevista e intentar comprender cómo se va a articular”, dice al teléfono el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que reconoce su preocupación y comparte que esos acuerdos priorizan “al uranio ruso o al petróleo de Irán”.

España importa todo el uranio enriquecido que consumen sus nucleares. Un 40% viene de Rusia, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, cuando compareció por el histórico apagón eléctrico del que acaba de cumplirse un año.

“Ninguna racionalidad”

Estos pactos “pueden traducirse, en su aplicación práctica, en trabas reales al desarrollo de las energías renovables”, advierte José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que cree “importante” proteger “los suelos de alto valor natural, los espacios con usos tradicionales y aquellas zonas donde la actividad agraria tenga un papel económico, social o ambiental relevante”, pero “con criterios técnicos, proporcionados y compatibles con otros objetivos estratégicos del país, como la electrificación, la independencia energética, la competitividad industrial y la lucha contra el cambio climático”, añade.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, recuerda que los compromisos de España con la UE “establecen una senda clara de incremento de la capacidad renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética”. “Los programas electorales y las hojas de ruta de los distintos partidos, así como los acuerdos entre formaciones políticas, deberían situar, como uno de los pilares de su estrategia energética, el despliegue eólico —al margen de posicionamientos ideológicos— como palanca de seguridad y competitividad nacional, para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo”.

“Es absurdo, es como si fuera una emergencia nacional” cuando “no hay ninguna racionalidad detrás”, dice el director de UNEF.

“No deberíamos enfrentar al sector primario con el sector renovable. Existen suelos agrarios que no están siendo explotados, terrenos con baja productividad o espacios donde los proyectos renovables pueden convivir con la actividad agrícola, ganadera o industrial. Una regulación excesivamente restrictiva, aplicada de forma generalizada, puede acabar bloqueando oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural precisamente en territorios que necesitan nuevas fuentes de actividad económica”, avisa el director de APPA.

La andanada de PP y Vox llega cuando la energía limpia se ha mostrado clave para proteger a España de la onda expansiva de la actual crisis energética mundial, “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”, según el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Pese al cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta, España está más protegida que otros países gracias a las renovables, como han reflejado recientemente medios de referencia como New York Times. Financial Times, el diario económico más influyente del mundo, glosó en marzo el “modelo” español para protegerse de shocks petroleros como este.

Este miércoles, en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales de Iberdrola, su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, recalcó “la autonomía energética” que proporcionan las fuentes autóctonas “en la seguridad nacional”. Está, dijo, en la agenda de todos los países europeos, aunque el ejecutivo incluyó a las nucleares, como Almaraz, cuyo primer accionista es la primera eléctrica española.

El director general de UNEF cree que con esas promesas, derecha y ultraderecha “están agitando un problema que no existe” y se pregunta “cuál es el interés” que hay detrás. “A nivel global, todo el desarrollo fotovoltaico se puede hacer con 0,03% del territorio”. “No hay una contraposición entre territorio agrícola y fotovoltaica”, insiste Donoso, que cree que “el problema” del campo “es el abandono por falta de rentabilidad de los cultivos”, no la instalación de renovables.

“Se puede seguir usando el 99,7%” del terreno. “Estamos dejando rentas a los propietarios que sin tener en cuenta el efecto inducido que tiene todo ese gasto suponen 100 millones de euros cada año para Extremadura”, solo en impuestos a ayuntamientos y pagos de alquileres del terreno, al margen de los puestos de trabajo que se generan.

Para el director general de AEE, “planteamientos que abogan por impedir la implantación de proyectos renovables en suelos productivos o de uso tradicional no se ajustan a la realidad del desarrollo eólico ni al propio marco regulatorio vigente. La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo, permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”.

Desarrollar un parque eólico en España implica plazos de tramitación que pueden superar siete años, más que otros países europeos, recuerda Márquez. Los proyectos deben cumplir un marco regulatorio “exigente”, tanto si dependen de la administración autonómica (hasta 50 MW) como estatal (más de 50 MW), “incorporando distintos hitos con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Este marco extremadamente garantista asegura la compatibilidad de las instalaciones con los usos tradicionales del territorio, como la agricultura, la ganadería o el turismo, y asegura que no se autoricen proyectos que puedan afectar al patrimonio cultural o natural”.

“Planificación rigurosa”

Para Márquez, “introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo”. “Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural. La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa, basada en evidencia técnica, que permita compatibilizar el despliegue renovable con la protección del territorio y el mantenimiento de sus usos tradicionales. Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”.

El director de APPA advierte: “Desde un punto de vista nacional, las comunidades autónomas son libres de impulsar las políticas que consideren oportunas dentro de sus competencias. Pero también lo son las empresas a la hora de decidir dónde invierten. Y, en un contexto de fuerte competencia territorial, la inversión tenderá a dirigirse hacia aquellas regiones que ofrezcan mayor seguridad jurídica, menos trabas administrativas y una visión más equilibrada entre protección del territorio y desarrollo”.

Su homólogo de AEE reclama “avanzar hacia una mayor agilidad administrativa, con unidad de criterios técnicos entre Administraciones, reduciendo cargas burocráticas sin menoscabar las garantías ambientales”, y “estrategias que pongan en valor el impacto económico local de los proyectos, impulsen la electrificación de la economía y aseguren un desarrollo equilibrado, compatible con la biodiversidad y el arraigo territorial”.

El director de UNEF recuerda que “el año pasado el 25% de todas las peticiones de demanda” para conectar nuevas industrias o centros de datos, con 5.611 MW de puntos de conexión, “fueron a Extremadura, cuando solo tiene el 2% de la población”. Esta región es la tercera de España con más potencia fotovoltaica de España, 8.757 MW (16% del total), solo superada por Andalucía (24%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Aragón, con 4.072 MW fotovoltaicos, es la segunda con más potencia eólica (6.155 MW), tras Castilla y León.

Este sector, subraya Donoso, “es un motor de desarrollo que se quiere evitar”. “Están haciendo una puñeta al país, porque necesitamos esa energía, pero también al mundo rural”.

Grandes proyectos

Se desconoce qué impacto tendrán estas promesas en grandes proyectos industriales vinculados a las renovables anunciados en los últimos años en Extremadura y Aragón, como la famosa planta de diamantes en Trujillo de la estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, que tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobadas por la Comisión Europea por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”.

Esa planta es complementaria a la inversión de 1.000 millones de Diamond Foundry que Azcón anunció en febrero para fabricar chips y componentes tecnológicos en Zaragoza.

La china Envision proyecta desde hace años una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiada parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico, y Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para una factoría de cátodos eléctricos para baterías, con subvenciones de 23 millones vinculados a ese PERTE.

El martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que “ya estamos viendo” un retroceso en las políticas ambientales con los acuerdos autonómicos del PP y Vox, que en Extremadura va a asumir la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Aagesen ve “una temeridad” una agenda “negacionista que desprotege a la ciudadanía”. “La agenda verde viene cargada de oportunidades” y “lo que están haciendo es profundamente irresponsable”.

El proyecto híbrido 'Escuderos', situado en la provincia de Cuenca entre los términos municipales de Altarejos, Poveda de Obispalía, Pineda de Gigüela y Torrejoncillo del Rey, es una iniciativa de Grenergy que combina energía solar fotovoltaica y eólica. Cuenta con varias plantas fotovoltaicas que se hibridan con nuevos módulos eólicos para optimizar la producción, sumando una potencia significativa en la región.

Ahora, la empresa ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para su sistema de almacenamiento de energía. Esta fórmula se basa en un contrato entre una compañía 'energy manager', que suministra el combustible y el constructor de una planta ('tollee') y tiene el objetivo de repartir los riesgos relativos a la actividad de producción de la energía.

En concreto, Grenergy ha firmado este acuerdo con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's. El contrato tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028 y la propia empresa asumirá la operación y la gestión del 'trading' (compra y venta activa de activos financieros) de las baterías.

'Escuderos' es el proyecto de hibridación “insignia” de Grenergy en España, ya que el complejo contará con 200 megavatios solares y 680 megatavios por hora de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.

Este nuevo acuerdo para el sistema de almacenamiento de 'Escuderos' se suma al convenio de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) diurno suscrito con Galp en 2020, también por un periodo de 12 años, para la parte solar de esta planta híbrida.

El proyecto de Cuenca se suma al 'stand alone' de Oviedo

Se trata del segundo 'tolling' financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo.

Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.

Además, Grenergy ha asegurado que continúa avanzando en 'Greenbox', su plataforma de baterías 'stand alone' en Europa, que constituye otra pieza “clave” de su plan estratégico.

Su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, ha subrayado que 'Escuderos' marca el inicio de “una nueva etapa” para Grenergy en España. “Es nuestro primer gran proyecto híbrido en el país, al que se sumarán nuevos proyectos”, ha afirmado, añadiendo que en el mercado español ven “un potencial enorme para seguir desarrollando una cartera híbrida, apoyándose en la experiencia y el recorrido que ya han construido en Chile con las plataformas Oasis”.

La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.