La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias de investigación preprocesual tras recibir varias denuncias sobre los cambios sobre qué sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ocupa de los litigios que tienen que ver con parques eólicos. El Ministerio Público indica que es necesario indagar sobre los hechos por si se cometió un delito de prevaricación judicial. Está pendiente de determinar, sin embargo, qué órgano es el competente para ello, dado que los denunciados son aforados.

Hay varias denuncias presentadas contra la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio -elegida para el cargo el pasado mes de marzo-, de modificar las normas de reparto de forma que las cuestiones relativas a la eólica dejarían de corresponderle a la sección tercera y pasarían a la segunda.

La plataforma Eólica Así Non, que presentó denuncia contra esta decisión de cambiar el reparto, considera que estas alteraciones son arbitrarias y las relaciona con una voluntad de “satisfacer el interés expresado por la Xunta de Galicia y empresas del sector eólico”. Recuerda que las modificaciones se hicieron en paralelo al traslado de dos magistrados de la sección tercera, Luís Villares y María Dolores López, a la cuarta.

Los cambios y los traslados forzosos de los jueces se produjeron tras meses de críticas de la Xunta a las decisiones de la sección tercera, que paralizó decenas de parques eólicos por posibles daños ambientales. Los traslados fueron criticados por la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), a la que pertenece Villares, quien fue candidato de En Marea a la Xunta. XXpD manifestó que la medida es “inusual” y señaló que el mensaje que se manda es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes. Tanto la asociación como el propio Luís Villares recurrieron la decisión y pidieron paralizarla, pero el Consejo General del Poder Judicial rechazó frenar el cambio, a la espera de que llegue la resolución sobre estos dos recursos de alzada.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco (A Coruña), al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta. Y para ello el Supremo se vale los fundamentos ya aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al “ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo”.

El alto tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que “el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente”, que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental. Por ello, ahora con Bustelo el Supremo falla que “procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia”. Así, el Supremo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, impugnada en casación, se aparta de la doctrina jurisprudencial referida y no se ajusta a derecho, por lo que se revoca. Por tanto, confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo, de 45 megavatios y con una inversión prevista de 45 millones de euros.

Tanto a raíz del fallo del TS de 2025 como el fallo del TJUE, también de 2025, en el que se dio la razón a la Xunta en la tramitación de eólicos --consideró que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales--, el sector eólico mostró su satisfacción y aseguró que se abría la puerta al desbloqueo de proyectos suspendidos cautelarmente por el TSXG. Sin embargo, decenas de eólicos continúan paralizados actualmente de forma provisional por motivos medioambientales.

El juez Luís Villares, apartado

En este contexto, recientemente la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, tomó la polémica decisión de apartar al juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Unos traslados forzosos que afectan a cuatro magistrados entre las secciones tercera y cuarta, los cuales han sido recurridos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De tal forma, el Supremo revoca el fallo del TSXG que estimó un recurso de la asociación ecologista Adega y que apuntaba a una fragmentación indebida de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo-, pues opinaba que no eran autónomos, cuestión que ahora se revoca.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sacar el concurso de la eólica marina para su impulso, ya que han defendido que son los territorios donde se empezaría con la misma.

En este sentido, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, expuso que son las “dos únicas” comunidades autónomas que están en la “parrilla de salida”, “dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión”, por lo que solo queda que el ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca.

“Si en Canarias queremos diversificar la economía y si en Galicia se quiere potenciar la industria, pues tenemos que hablar de mejorar la energía y ahí aparece la offshore, esa eólica marina con bastante fuerza”, apuntilló Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional Canarias, Tierra Jacobea con Rueda.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, apuntó que tanto Canarias como Galicia “están señalados” por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde empezaría la eólica offshore, la eólica marina, por lo que defendió “ir de la mano”.

Así, en el caso de Galicia aseguró estar “dispuestos” a garantizar que se “van a cumplir todas las exigentes” normativas para que esta fuente de energía pueda tener un “enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros”, ya que admitió que la “oportunidad” que supone para estos territorios “debe ser aprovechada”.

“Creo que ya hemos perdido demasiado tiempo, por lo tanto, creo que hay que decirle al Gobierno central, al ministerio correspondiente, que este tema hay que ponerlo en marcha cuanto antes”, apuntilló.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado la nulidad de la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su línea de evacuación en municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea.

En una sentencia dada a conocer este jueves y contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por la ONG Territorio Cántabro contra las resoluciones del Gobierno de Cantabria que dieron luz verde a esta instalación.

Entre los motivos que han llevado al tribunal a adoptar esta decisión se encuentra la “omisión de los efectos de las sinergias y acumulativos del parque”, y es que junto a esta instalación se encuentran en tramitación en la misma zona los parques eólicos de Henestrosas, Ornedo, Olea, Morosos, Quintanilla y Cotío.

Según explica El TSJC, se elaboró un documento denominado Estudio de Conectividad, Efectos Acumulativos y Sinérgicos que toma en consideración una envolvente de diez kilómetros a partir de las posiciones de los aerogeneradores. Sin embargo, este informe “resulta incompleto, con enunciados excesivamente generalistas y justificando, en múltiples ocasiones, la falta de datos para poder establecer un adecuado análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos, más allá de estimaciones sin aparente sustento o rigor”.

Y es que, tal y como recuerda el tribunal, la directiva de hábitats requiere que “cuando existan otros proyectos, planes o programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica, como el proyecto que es objeto de evaluación, en la evaluación y en la posterior decisión sobre el proyecto sean considerados sus efectos acumulados o sinérgicos”.

Además, “esta sala entiende que no solo desde el punto de vista ambiental y urbanístico se deben evaluar los parques de esta zona en su conjunto, sin fragmentación, sino, también, desde otros puntos de vista como el paisajístico (no es lo mismo un monte o pico con aerogeneradores que todos los montes en 10 kilómetros llenos de aerogeneradores), o desde la perspectiva de accesibilidad a estos lugares, sin contar con el necesario estudio conjunto del instrumento correspondiente de evaluación ambiental”.

Por tanto, dado que “son seis parques situados en una zona de diez kilómetros y son colindantes”, existen “efectos conjuntos, al menos, a efectos urbanísticos”.

Ausencia de información pública sobre el proyecto modificado

Finalmente, el tribunal también estima otro de los motivos alegados por Territorio Cántabro, como es la ausencia de información pública después de que el proyecto inicial fuera sometido a modificaciones.

Explica la sentencia que el Gobierno de Cantabria reconoció que se habían introducido cambios, si bien argumentó que estos “no empeoran los efectos que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies, sino que, al contrario, lo mejoran”. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que “sí estamos ante un caso de modificación sustancial del proyecto anterior que debía haber sido sometido a información pública”, toda vez que se han cambiado las ubicaciones de los aerogeneradores y se proyecta un soterramiento de las líneas, sin que se haya evaluado ni la nueva ubicación ni los efectos ambientales sobre el patrimonio cultural y el subsuelo.

“La modificación es sustancial, no solo por el número de modificaciones efectuadas, sino por la naturaleza de las mismas, que han dado lugar a tanta necesidad de información sectorial, a tantas medidas correctoras y a la modificación del proyecto, con afectación a la declaración de impacto ambiental”, concluye el tribunal.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Anjana, de 86,8 MW de potencia, y sus infraestructuras de evacuación en cuatro municipios de Cantabria, además de en otros de Burgos y Palencia.

Promovido por la empresa Mowe Eólica 4, S.L., la instalación cuenta con una inversión de 91 millones de euros, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Afecta a los municipios cántabros de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campoo de Enmedio; más Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán en Palencia.

El proyecto contempla 17 aerogeneradores divididos en dos agrupaciones: 'Anjana Este' (10) y 'Anjana Oeste' (7), y sus líneas subterráneas a 30 kV hasta cada una de las dos subestaciones de ambas agrupaciones.

Los aerogeneradores, con una potencia unitaria de 5.200-5.000 KW, tendrán un diámetro del rotor de 163 metros; mientras que la altura de la torre será de 98,5 metros y la altura del aerogenerador a punta de pala se prevé de 180 metros.

El periodo de alegaciones tiene un plazo de 30 días a partir del siguiente a su publicación y se puede consultar el anteproyecto de la instalación así como su Estudio de Impacto Ambiental en el enlace https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria o en la sede de la Delegación del Gobierno solicitando la correspondiente cita.

El Gobierno de Cantabria ha denegado la autorización administrativa previa para la construcción del parque eólico denominado 'Olea', de 27,72 megavatios, entre Campoo de Enmedio, Valdeolea y Campoo de Suso, que promueve la firma Green Capital Power S.L..

El Boletín Oficial de Cantabria publica ha publicado este jueves la resolución que se adopta tras emitir en febrero la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto.

Según la evaluación ambiental practicada, los impactos negativos sobre la fauna y sus hábitats con este parque iban a ser “críticos” y no podían ser “prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas” por la empresa promotora del parque eólico.

Además, el informe sostiene que la zona del Monte Endino, donde se proyecta el paruqe eólico, presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan: las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido o la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región.

También señala que hay una “severa acumulación de efectos sinérgicos” con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una “afección paisajística irreversible”.

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, “vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa”. De otro lado, los presupuestos parciales presentados se estiman “insuficientes” para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.

Por ello, la Dirección General de Industria del Ejecutivo cántabro resuelve denegar la autorización administrativa previa para construir ese proyecto, contra la que cabe recurso ante la Consejería de la que depende este departamento. 

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

Los pactos para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón con el apoyo de la ultraderecha contienen cláusulas prácticamente idénticas con “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”. Las “primeras medidas” deben aprobarse este año.

“El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, considerando todos estos factores como criterios condicionantes o, en su caso, excluyentes”, dicen esos acuerdos, cuyo cumplimiento “íntegro” exigió este miércoles Vox en la investidura de Azcón. En Extremadura prometen “blindar” la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Como ironiza un ejecutivo del sector, “en energía no hay prioridad nacional, sino prioridad nuclear del uranio ruso”. Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, señala que “no sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica” que “en todo caso, es claramente anti-renovables”. “Tiene toda la pinta de que es una exigencia desde Madrid; si no, no serían dos textos tan parecidos”.

“Estamos esperando a ver la concreción” y que se forme gobierno “para solicitar una entrevista e intentar comprender cómo se va a articular”, dice al teléfono el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que reconoce su preocupación y comparte que esos acuerdos priorizan “al uranio ruso o al petróleo de Irán”.

España importa todo el uranio enriquecido que consumen sus nucleares. Un 40% viene de Rusia, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, cuando compareció por el histórico apagón eléctrico del que acaba de cumplirse un año.

“Ninguna racionalidad”

Estos pactos “pueden traducirse, en su aplicación práctica, en trabas reales al desarrollo de las energías renovables”, advierte José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que cree “importante” proteger “los suelos de alto valor natural, los espacios con usos tradicionales y aquellas zonas donde la actividad agraria tenga un papel económico, social o ambiental relevante”, pero “con criterios técnicos, proporcionados y compatibles con otros objetivos estratégicos del país, como la electrificación, la independencia energética, la competitividad industrial y la lucha contra el cambio climático”, añade.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, recuerda que los compromisos de España con la UE “establecen una senda clara de incremento de la capacidad renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética”. “Los programas electorales y las hojas de ruta de los distintos partidos, así como los acuerdos entre formaciones políticas, deberían situar, como uno de los pilares de su estrategia energética, el despliegue eólico —al margen de posicionamientos ideológicos— como palanca de seguridad y competitividad nacional, para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo”.

“Es absurdo, es como si fuera una emergencia nacional” cuando “no hay ninguna racionalidad detrás”, dice el director de UNEF.

“No deberíamos enfrentar al sector primario con el sector renovable. Existen suelos agrarios que no están siendo explotados, terrenos con baja productividad o espacios donde los proyectos renovables pueden convivir con la actividad agrícola, ganadera o industrial. Una regulación excesivamente restrictiva, aplicada de forma generalizada, puede acabar bloqueando oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural precisamente en territorios que necesitan nuevas fuentes de actividad económica”, avisa el director de APPA.

La andanada de PP y Vox llega cuando la energía limpia se ha mostrado clave para proteger a España de la onda expansiva de la actual crisis energética mundial, “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”, según el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Pese al cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta, España está más protegida que otros países gracias a las renovables, como han reflejado recientemente medios de referencia como New York Times. Financial Times, el diario económico más influyente del mundo, glosó en marzo el “modelo” español para protegerse de shocks petroleros como este.

Este miércoles, en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales de Iberdrola, su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, recalcó “la autonomía energética” que proporcionan las fuentes autóctonas “en la seguridad nacional”. Está, dijo, en la agenda de todos los países europeos, aunque el ejecutivo incluyó a las nucleares, como Almaraz, cuyo primer accionista es la primera eléctrica española.

El director general de UNEF cree que con esas promesas, derecha y ultraderecha “están agitando un problema que no existe” y se pregunta “cuál es el interés” que hay detrás. “A nivel global, todo el desarrollo fotovoltaico se puede hacer con 0,03% del territorio”. “No hay una contraposición entre territorio agrícola y fotovoltaica”, insiste Donoso, que cree que “el problema” del campo “es el abandono por falta de rentabilidad de los cultivos”, no la instalación de renovables.

“Se puede seguir usando el 99,7%” del terreno. “Estamos dejando rentas a los propietarios que sin tener en cuenta el efecto inducido que tiene todo ese gasto suponen 100 millones de euros cada año para Extremadura”, solo en impuestos a ayuntamientos y pagos de alquileres del terreno, al margen de los puestos de trabajo que se generan.

Para el director general de AEE, “planteamientos que abogan por impedir la implantación de proyectos renovables en suelos productivos o de uso tradicional no se ajustan a la realidad del desarrollo eólico ni al propio marco regulatorio vigente. La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo, permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”.

Desarrollar un parque eólico en España implica plazos de tramitación que pueden superar siete años, más que otros países europeos, recuerda Márquez. Los proyectos deben cumplir un marco regulatorio “exigente”, tanto si dependen de la administración autonómica (hasta 50 MW) como estatal (más de 50 MW), “incorporando distintos hitos con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Este marco extremadamente garantista asegura la compatibilidad de las instalaciones con los usos tradicionales del territorio, como la agricultura, la ganadería o el turismo, y asegura que no se autoricen proyectos que puedan afectar al patrimonio cultural o natural”.

“Planificación rigurosa”

Para Márquez, “introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo”. “Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural. La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa, basada en evidencia técnica, que permita compatibilizar el despliegue renovable con la protección del territorio y el mantenimiento de sus usos tradicionales. Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”.

El director de APPA advierte: “Desde un punto de vista nacional, las comunidades autónomas son libres de impulsar las políticas que consideren oportunas dentro de sus competencias. Pero también lo son las empresas a la hora de decidir dónde invierten. Y, en un contexto de fuerte competencia territorial, la inversión tenderá a dirigirse hacia aquellas regiones que ofrezcan mayor seguridad jurídica, menos trabas administrativas y una visión más equilibrada entre protección del territorio y desarrollo”.

Su homólogo de AEE reclama “avanzar hacia una mayor agilidad administrativa, con unidad de criterios técnicos entre Administraciones, reduciendo cargas burocráticas sin menoscabar las garantías ambientales”, y “estrategias que pongan en valor el impacto económico local de los proyectos, impulsen la electrificación de la economía y aseguren un desarrollo equilibrado, compatible con la biodiversidad y el arraigo territorial”.

El director de UNEF recuerda que “el año pasado el 25% de todas las peticiones de demanda” para conectar nuevas industrias o centros de datos, con 5.611 MW de puntos de conexión, “fueron a Extremadura, cuando solo tiene el 2% de la población”. Esta región es la tercera de España con más potencia fotovoltaica de España, 8.757 MW (16% del total), solo superada por Andalucía (24%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Aragón, con 4.072 MW fotovoltaicos, es la segunda con más potencia eólica (6.155 MW), tras Castilla y León.

Este sector, subraya Donoso, “es un motor de desarrollo que se quiere evitar”. “Están haciendo una puñeta al país, porque necesitamos esa energía, pero también al mundo rural”.

Grandes proyectos

Se desconoce qué impacto tendrán estas promesas en grandes proyectos industriales vinculados a las renovables anunciados en los últimos años en Extremadura y Aragón, como la famosa planta de diamantes en Trujillo de la estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, que tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobadas por la Comisión Europea por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”.

Esa planta es complementaria a la inversión de 1.000 millones de Diamond Foundry que Azcón anunció en febrero para fabricar chips y componentes tecnológicos en Zaragoza.

La china Envision proyecta desde hace años una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiada parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico, y Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para una factoría de cátodos eléctricos para baterías, con subvenciones de 23 millones vinculados a ese PERTE.

El martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que “ya estamos viendo” un retroceso en las políticas ambientales con los acuerdos autonómicos del PP y Vox, que en Extremadura va a asumir la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Aagesen ve “una temeridad” una agenda “negacionista que desprotege a la ciudadanía”. “La agenda verde viene cargada de oportunidades” y “lo que están haciendo es profundamente irresponsable”.

El proyecto híbrido 'Escuderos', situado en la provincia de Cuenca entre los términos municipales de Altarejos, Poveda de Obispalía, Pineda de Gigüela y Torrejoncillo del Rey, es una iniciativa de Grenergy que combina energía solar fotovoltaica y eólica. Cuenta con varias plantas fotovoltaicas que se hibridan con nuevos módulos eólicos para optimizar la producción, sumando una potencia significativa en la región.

Ahora, la empresa ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para su sistema de almacenamiento de energía. Esta fórmula se basa en un contrato entre una compañía 'energy manager', que suministra el combustible y el constructor de una planta ('tollee') y tiene el objetivo de repartir los riesgos relativos a la actividad de producción de la energía.

En concreto, Grenergy ha firmado este acuerdo con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's. El contrato tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028 y la propia empresa asumirá la operación y la gestión del 'trading' (compra y venta activa de activos financieros) de las baterías.

'Escuderos' es el proyecto de hibridación “insignia” de Grenergy en España, ya que el complejo contará con 200 megavatios solares y 680 megatavios por hora de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.

Este nuevo acuerdo para el sistema de almacenamiento de 'Escuderos' se suma al convenio de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) diurno suscrito con Galp en 2020, también por un periodo de 12 años, para la parte solar de esta planta híbrida.

El proyecto de Cuenca se suma al 'stand alone' de Oviedo

Se trata del segundo 'tolling' financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo.

Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.

Además, Grenergy ha asegurado que continúa avanzando en 'Greenbox', su plataforma de baterías 'stand alone' en Europa, que constituye otra pieza “clave” de su plan estratégico.

Su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, ha subrayado que 'Escuderos' marca el inicio de “una nueva etapa” para Grenergy en España. “Es nuestro primer gran proyecto híbrido en el país, al que se sumarán nuevos proyectos”, ha afirmado, añadiendo que en el mercado español ven “un potencial enorme para seguir desarrollando una cartera híbrida, apoyándose en la experiencia y el recorrido que ya han construido en Chile con las plataformas Oasis”.

La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.

En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.

La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.

Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).

En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.

En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia

Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.

Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.

Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza”, la intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.

Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.

En 2025, la energía eólica fue cosa de Aragón y Castilla y León. Al menos, en cuanto a nuevos megavatios instalados. Entre ambas comunidades coparon más del 80% de la potencia desplegada el año pasado por todo el territorio nacional: 1.178 de 1.421 MW. A su vez, aglutinaron 33 de los 44 parques eólicos inaugurados en ese periodo.

Estos son los datos que constan en la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Sitúa a Aragón como la comunidad con más nueva potencia instalada, con 611,4 MW, seguida por Castilla y León con 566,38 MW. Muy lejos figuran el resto de autonomías: Galicia (70,6 MW), Navarra (66 MW), La Rioja (63,8 MW), Andalucía (37,2 MW) y Canarias (5,5 MW).

En conjunto, durante 2025 se pusieron en marcha en España un total 44 parques eólicos, que suman 1.411,40 MW de nueva potencia. Además, la repotenciación de siete parques eólicos incrementó en 9,48 MW la potencia instalada, lo que arroja un aumento neto de 1.420,88 MW. En total, España cuenta actualmente con 1.454 parques eólicos en operación.

De esas 44 instalaciones, 19 tuvieron como ubicación Aragón, todos ellos con menos de 50 megavatios. La mayoría de ellos se instalaron en la provincia de Zaragoza (12, la mayor parte en entre el Valdejalón/Campo de Cariñena y la zona baja del Ebro), por delante de los seis de Huesca (principalmente, en los Monegros). Solo hay uno nuevo en Teruel: Santos de la Piedra, en Albarracín.

Mientras, en Castilla y León se desplegaron 14 parques eólicos el año pasado, con especial concentración en la comarca del Cerrato palentino. Esta comunidad autónoma sigue liderando el ranking autonómico a nivel nacional, con 7.640 megavatios instalados, por delante de Aragón (6.106) MW) y Castilla-La Mancha (4.928 MW).

En un comunicado, la patronal eólica valoró que, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, esta tecnología “refuerza su papel como activo estratégico para la autonomía energética y la seguridad de suministro, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados y contribuyendo a un sistema eléctrico más resiliente”.

Repotenciación

Por su parte, la repotenciación continúa consolidándose como una palanca clave y, en los siete parques repotenciados recientemente, se sustituyeron 109,12 MW y, además hay otros 116,25 MW que se desmantelaron y están pendientes de repotenciar en 2026 -correspondientes a otros tres parques que entrarán en operación tras su renovación-.

La patronal señaló que el avance de la repotenciación y la incorporación de nueva potencia eólica “evidencian un sector orientado a mejorar la eficiencia, optimizar el uso del recurso eólico y reforzar su papel como infraestructura crítica del sistema energético, clave para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica y consolidar un verdadero 'escudo energético' frente a la incertidumbre internacional”.

Los avisos estaban ahí. Pero la empresa negó riesgos relevantes, la Junta de Castilla-La Mancha concedió el sello ambiental y los jueces dieron por buenas las medidas del promotor para “evitar o paliar” daños. Así entraron en funcionamiento tres parques eólicos en una zona de expansión del águila imperial en Albacete. El resultado: han multiplicado la mortalidad media de fauna asociada a estas infraestructuras en la provincia.

La historia de esos tres parques eólicos —llamados Derramador, Fuenteálamo y Frontones— ilustra el choque entre la necesidad de expandir las energías renovables —para mitigar el cambio climático— y la protección de hábitats. O, más bien, la carrera de las empresas por aprovechar esa necesidad y la vigilancia necesaria para que esa carrera no salte por encima de casi todo.

También ejemplifica cómo, demasiadas veces, la protección de la naturaleza llega tarde. Cuando ya hay un daño infligido y es irreparable. En este caso, más de 135 cadáveres de especies protegidas en apenas dos años: de 2022 a 2024, según la evaluación del Gobierno autonómico. Tres de ellos de águila imperial, en peligro de extinción. Unos datos que se han conocido porque la empresa quería ampliar su megaproyecto eléctrico.

Ambientalmente inviable

Esa solicitud ha derivado en que ahora, a la vista de los daños causados por los 40 aerogeneradores autorizados por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transición Ecológica haya dicho que “no resulta ambientalmente viable” instalar seis nuevos aerogeneradores. Su Declaración de Impacto Ambiental señala que los responsables de Medio Ambiente de la Junta admiten que “puede observarse el efecto negativo que tienen este tipo de proyectos sobre las poblaciones de fauna amenazadas del entorno”. El nuevo proyecto ha sido revisado por el Gobierno porque se quería conectar con la red de transporte eléctrico estatal.

Ese documento, firmado en julio de 2025, añade que, en realidad, la zona implicada es de “apreciable valor ambiental, con una notable concentración de especies protegidas y amenazadas”, lo que “implicaría un riesgo constante de muerte por colisión”. Esta vez, la autoridad ambiental juzga que “las medidas de mitigación propuestas por el promotor no son suficientes, ya que no evitan la afección sobre zonas de alta sensibilidad”.

Casi todo lo que ha perecido por esas palas de los parques son especies protegidas. Algunas en grave peligro, como el águila imperial. También han muerto cernícalos, vencejos y decenas de murciélagos. La organización SEO/BirdLife, que en su momento solicitó medidas cautelares a la justicia para evitar esto, ha pedido que, a la luz de lo que se ha conocido, se revisen las autorizaciones ambientales de los parques en funcionamiento.

El caso de estos parques es una historia relevante porque ejemplifica un fenómeno general en España: “La rápida expansión de las energías renovables en la península ibérica representa un nuevo desafío en la conservación de especies en peligro”, como apunta un reciente estudio de la fundación CBD-Hábitat y el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec). “Solo el 21% de las áreas de dispersión del águila imperial y el 38% de sus zonas de cría están protegidas”.

Es el reverso más incómodo de la transición hacia energías limpias, que necesita contrapesos, como ha admitido el propio Ministerio de Transición Ecológica al proyectar un real decreto específico de protección de la avifauna.

Los resultados del trabajo de la fundación CBD-Hábitat y el Irec subrayan la “urgente necesidad —dicen los investigadores— de integrar datos ecológicos en el planeamiento de energías renovables”. Tenerlo en cuenta a la hora de instalar parques.

Porque los documentos oficiales de los aerogeneradores en Albacete —evaluaciones, informes, recursos y autos— permiten rastrear un camino que comienza con una solicitud privada y termina en una escabechina de aves y murciélagos de la que se había advertido con antelación, pero sin éxito.

El periplo oficial

La tramitación de los parques comenzó en 2017, cuando se registró la solicitud de estos proyectos colindantes que se instalarían en un corredor entre áreas protegidas de la Red Natura 2000. Los primeros análisis del servicio de Espacios Naturales del gobierno autonómico sí advirtieron de que, al haber en “los aledaños” águilas imperiales, “puede determinarse la inconveniencia de la instalación”, según recoge el escrito de solicitud de cambio de autorización de SEO/BirdLife.

El promotor, en su evaluación previa, decía, sin embargo, que “no se espera que la afección por riesgo de colisión de la avifauna con los aerogeneradores sea importante”. A los encargados de dar el visto bueno ambiental les pareció que, si la empresa instalaba unos “sistemas de detección, alerta y parada” en “como mínimo cinco aerogeneradores” para “disminuir el riesgo de colisión”, los proyectos podían seguir adelante, según indicaba la declaración de impacto ambiental favorable de octubre de 2019

Una vez que las obras de la infraestructura estaban en marcha, SEO/BirdLife acudió a los tribunales y solicitó como medida cautelar que se detuvieran los trabajos en los parques. Los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazaron esa medida.

En su decisión de 5 de abril de 2022, el TSJ decía que el proyecto “incorpora medidas de seguimiento y vigilancia dirigidas, sin duda, a evitar o, cuando menos, paliar esos posibles efectos perjudiciales sobre el hábitat y fauna de los espacios protegidos cercanos”. Y ponía de ejemplo, precisamente, los “sistemas y dispositivos automáticos en tiempo real con módulos de detección de aves, aviso y parada en cinco generadores”.

Los parques se pusieron finalmente a funcionar. Y las aves —incluidas águilas imperiales— empezaron a caer en sus palas. “Ha sido un impacto crítico”, explican ahora en SEO/BirdLife. “La autorización original se sustentó en la premisa de que las medidas serían suficientes”, insisten. Una premisa “ahora refutada”. La ONG remata que “los datos oficiales demuestran el fracaso absoluto de las medidas preventivas. La mortalidad supera cualquier umbral de permisibilidad”.

El Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, que no tiene todavía la aprobación definitiva, ha servido a la autoridad medioambiental como uno de los argumentos esgrimidos para tumbar un nuevo parque eólico entre Álava y Bizkaia, al que ve además multitud de taras medioambientales, además de un impacto inadmisible sobre el alimoche y otras aves sobre las que hay una especial protección. “Atendiendo al Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi (en adelante, PTS de EERR), aprobado provisionalmente, los aerogeneradores se ubicarán en zonas con una baja aptitud eólica”, señala la resolución del Gobierno vasco en la que rechaza el proyecto de la empresa Plauri Energy, para los molinos que estaban proyectados en Legutio (Álava) y Ubide y Otxandio (Bizkaia).

Lo cierto es que el PTS de renovables lleva más de un año esperando su aprobación definitiva sin que se dé una fecha para que esto ocurra. Se aprobó de manera provisional en diciembre de 2024, y se dio por sentado que el visto bueno sería en 2025, algo que, finalmente no ha ocurrido. Es un retraso en una normativa que lleva más de cinco años de tramitaciones mientras se están autorizando o rechazando proyectos de renovables en la comunidad autónoma, sobre todo en Álava.

El PTS recibió un total de 4.217 alegaciones, que se rechazaron prácticamente en su totalidad en noviembre de 2024, aunque un informe sobre dichas alegaciones prácticamente calcado al definitivo se publicó por error en 2023, pero se retiró casi de inmediato para guardarlo en un cajón durante un año. Un acuerdo en el Parlamento Vasco por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, con EH Bildu, socio de la ley contra el cambio climático, llevó a la aprobación de forma provisional antes de que finalizase 2024, con compromiso de aprobación definitiva en 2025, pero sigue en el limbo. “Se publicará próximamente”, señaló el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Ahora, en cambio, la resolución contraria al proyecto de Plauri Energy hace referencia al Plan Territorial Sectorial, aunque se puntualiza que está aprobado provisionalmente, es decir que no tiene vigencia como para desechar un proyecto.

No obstante, el principal argumentario para rechazar la instalación coincide con los aportados en otros proyectos a los que recientemente se les ha negado el visto bueno ambiental, como es su afección sobre las aves, especialmente en especies de alta protección como es el alimoche. En concreto, se trata del parque eólico Kastillo, ubicado en las localidades de Ubide y Otxandio en Bizkaia, y Legutio, en Álava, de 20 MW de potencia, compuesto por cuatro aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria y una torre meteorológica. Los aerogeneradores tienen un rotor de diámetro 158 metros y van montados sobre torres tubulares troncocónicas de 120,9 metros de altura.

Además de estar ubicado en una zona con una baja aptitud eólica, según el PTS provisional, se proyecta en zonas de especial sensibilidad medioambiental por ser de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000: ZEC Gorbeia, ZEC Urkiola y ZEC Embalses del sistema de Zadorra. Además, destaca efectos negativos sobre especies de aves grandes planeadoras, como el buitre leonado, alimoche común y milano real.

Sobre todo en lo referido al alimoche, señala que las instalaciones se proyectan a menos de 10 kilómetros de, al menos, tres áreas críticas para la especie de alimoche común, por lo que “supone una afección directa y probable sobre una especie vulnerable con incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, y sobre su hábitat, debiendo ser considerada dicha afección como un impacto crítico para la especie, no corregible por medio de medidas protectoras y correctoras que puedan ejecutarse durante la obra o durante el periodo de funcionamiento. Por lo que emite una declaración de impacto desfavorable.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva –recogida por Europa Press– quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes “rigurosos e independientes”.

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es “absolutamente clave”, al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

Compatibilidad, planificación y diálogo

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: “compatibilidad, planificación y diálogo”. Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. “Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante”, ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar “sobre una base racional” y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha adelantado este lunes en el pleno del Parlamento que Cantabria ha dado luz verde esta legislatura a siete nuevos parques eólicos y ha señalado que señala que la potencia prevista de esos proyectos supondrá “multiplicar por once” la energía eólica actualmente instalada en la comunidad autónoma.

Arasti ha detallado que actualmente hay un parque eólico en construcción, el de El Escudo, y seis con autorización administrativa, que son Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto, La Costana y Cotío.

También ha señalado que el Gobierno trabaja en otros proyectos energéticos como el almacenamiento de baterías en Solórzano, que permanece en fase de información pública hasta el 19 de marzo, y ha destacado que durante esta legislatura se ha “desatascado la paralización eólica” existente y se ha agilizado la tramitación administrativa. Arasti ha defendido que el criterio del Ejecutivo es “cumplir la ley” y adoptar decisiones tras el análisis de alegaciones e informes técnicos.

También ha subrayado que la potencia prevista de esos siete parques eólicos, aunque alejada de los 700 megavatios inicialmente planteados, supondrá multiplicar por once la energía eólica actualmente disponible.

En este sentido, el responsable de Industria se ha mostrado convencido de que Cantabria va a conseguir la repotenciación que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Arasti lo ha señalado así durante la interpelación que le ha hecho el portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, en el pleno del Parlamento de Cantabria sobre los criterios respecto al desarrollo energético en el marco de la estrategia energética regional.

En su intervención, el consejero ha defendido la actuación del Gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo es partidario de la instalación de energía eólica “solo en lugares que cumplan los requisitos legales”.

El liderazgo tecnológico no se proclama, se demuestra con dispositivos que cambian la forma de producir energía. China se ha situado en la vanguardia de las tecnologías al impulsar sistemas que aprovechan recursos naturales de manera distinta a lo habitual.

En esa evolución de la energía eólica, el giro no pasa solo por aerogeneradores más grandes, sino por llevar la captación del viento a capas de la atmósfera donde sopla con mayor regularidad. Ese planteamiento abre la puerta a modelos urbanos que no dependen de extensos parques en tierra. La cuestión es si esa idea puede sostener una red eléctrica real y no quedarse en un prototipo aislado.

Los ensayos en Sichuan colocaron a China un paso má s cerca de producir luz desde el cielo

El S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System, conocido como SAWES, completó un vuelo de prueba en Yibin, en la provincia de Sichuan, y durante esa operación generó 385 kilovatios hora de electricidad tras ascender unos 30 minutos hasta 2.000 metros, de acuerdo con Global Times.

El dispositivo logró además conectarse a la red eléctrica local, un paso que la propia publicación describe como el primero en el mundo para un sistema eólico de gran altitud de esta categoría. El modelo está pensado para entornos urbanos y puede alcanzar una potencia aproximada de 3 megavatios por unidad, lo que sitúa el proyecto en una escala industrial y no experimental.

Un vídeo difundido por el periodista chino Li Zexin mostró la estructura suspendida sobre el cielo de Sichuan y la describió como “nuevas turbinas eólicas aéreas irreales que flotan para aprovechar los vientos de gran altitud”. En ese mismo mensaje añadió que “aunque ya es el número uno del mundo, el ritmo ambicioso de energía verde de China nunca ha disminuido”.

Dun Tianrui defendió que cada unidad puede alimentar decenas de coches eléctricos en solo una hora

Global Times identificó el equipo como el SAWES S2000 y recogió las declaraciones de Dun Tianrui, consejero delegado y diseñador jefe del sistema en la empresa emergente Sawes Energy Technology con sede en Pekín, que explicó al medio que “a su nivel actual de producción, una hora de funcionamiento puede generar suficiente electricidad para cargar completamente aproximadamente 30 vehículos eléctricos de gama alta desde cero”.

Dun detalló también a Global Times que la estructura puede transportarse en contenedores estándar y que en Yibin bastaron ocho horas desde la preparación del emplazamiento hasta el inflado completo. Añadió que, si se coordina con las cadenas locales de suministro de gas para obtener helio, el despliegue podría reducirse a entre cuatro y cinco horas.

En comparación con el modelo S1500 probado entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 en Hami, en la región autónoma uigur de Xinjiang, el S2000 incorpora mayor capacidad de carga y un diseño reforzado frente a condiciones meteorológicas adversas.

El S1500, que tiene una capacidad de 1,2 megavatios, fue el primero de su tipo en generar un megavatio completo durante su vuelo inaugural, y el South China Morning Post lo describió como “del tamaño de una cancha de baloncesto y tan alto como un edificio de 13 plantas”.

El sistema integra una plataforma similar a un dirigible con turbinas que se elevan hasta corrientes de aire más intensas y estables, donde doce generadores ligeros aprovechan el flujo dominante y envían la electricidad al suelo mediante un cable anclado.

Weng Hanke, cofundador y director tecnológico de Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, explicó que “los aerogeneradores tradicionales giran sus palas cuando el viento las golpea y así producen electricidad”, y precisó que “este generador funciona de manera similar, excepto que la producción no ocurre a nivel del suelo, sino en el aire”.

Weng añadió que “hemos logrado avances en el diseño aerodinámico y estructural de estos grandes vehículos aéreos no convencionales” y señaló que el sistema ha superado retos en transmisión de corriente continua de media tensión con alta densidad de potencia, lo que permite mantener una construcción ligera con mayor eficiencia en el envío de energía.

Las cifras oficiales muestran que el país amplió su potencia instalada durante 2025

Según la Administración Nacional de Energía, a finales de noviembre de 2025 la capacidad total instalada de generación eléctrica en China alcanzó 3,79 mil millones de kilovatios, un 17,1% más que el año anterior, mientras que la potencia eólica instalada llegó a 600 millones de kilovatios, con un aumento interanual del 22,4%.

Wang Yanan, editor jefe de la revista Aerospace Knowledge, indicó a Global Times que el uso de plataformas aéreas facilita el despliegue y la recuperación en zonas con baja densidad de población donde es difícil levantar infraestructuras extensas. También advirtió que la viabilidad comercial dependerá de si los costes de fabricación, instalación, recuperación y transmisión pueden cubrirse con la energía generada, un cálculo que determinará si estos aerogeneradores flotantes pasan de la fase de prueba a una implantación amplia en el sistema eléctrico.

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.