La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la declaración ambiental al macreólico Satrebares, proyectado en media docena de municipios de las provincias de A Coruña y Lugo con casi una treintena de aerogeneradores y 125 megavatios de potencia. Así figura en los datos del proyecto que publica Transición Ecológica en su sede electrónica, en donde se indica que el 31 de marzo de 2026 se emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Ahora, falta por publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta resolución completa para conocer la argumentación del Ministerio sobre la negativa.

Este parque eólico y su infraestructura de evacuación, promovido por Maracaibo Solar, abarcaba los municipios de Guitiriz (Lugo), así como los coruñeses de Monfero, Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras. Tenía previsto instalar 29 aerogeneradores.

Al respecto, el BNG de Guitiriz ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del Ministerio, lo que supondrá la “paralización definitiva” del proyecto. Agrega que “ponía en grave riesgo el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el modo de vida del rural”. “Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza y cuenta con herramientas políticas firmes, los gigantes eléctricos no son invencibles”, ha afirmado el portavoz local del Bloque de Guitiriz, Alfonso Losada, en relación con las más de 1.500 alegaciones presentadas por la movilización vecinal.

Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.

En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.

La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.

Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).

En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.

En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia

Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.

Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.

Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza”, la intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.

Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.

En 2025, la energía eólica fue cosa de Aragón y Castilla y León. Al menos, en cuanto a nuevos megavatios instalados. Entre ambas comunidades coparon más del 80% de la potencia desplegada el año pasado por todo el territorio nacional: 1.178 de 1.421 MW. A su vez, aglutinaron 33 de los 44 parques eólicos inaugurados en ese periodo.

Estos son los datos que constan en la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Sitúa a Aragón como la comunidad con más nueva potencia instalada, con 611,4 MW, seguida por Castilla y León con 566,38 MW. Muy lejos figuran el resto de autonomías: Galicia (70,6 MW), Navarra (66 MW), La Rioja (63,8 MW), Andalucía (37,2 MW) y Canarias (5,5 MW).

En conjunto, durante 2025 se pusieron en marcha en España un total 44 parques eólicos, que suman 1.411,40 MW de nueva potencia. Además, la repotenciación de siete parques eólicos incrementó en 9,48 MW la potencia instalada, lo que arroja un aumento neto de 1.420,88 MW. En total, España cuenta actualmente con 1.454 parques eólicos en operación.

De esas 44 instalaciones, 19 tuvieron como ubicación Aragón, todos ellos con menos de 50 megavatios. La mayoría de ellos se instalaron en la provincia de Zaragoza (12, la mayor parte en entre el Valdejalón/Campo de Cariñena y la zona baja del Ebro), por delante de los seis de Huesca (principalmente, en los Monegros). Solo hay uno nuevo en Teruel: Santos de la Piedra, en Albarracín.

Mientras, en Castilla y León se desplegaron 14 parques eólicos el año pasado, con especial concentración en la comarca del Cerrato palentino. Esta comunidad autónoma sigue liderando el ranking autonómico a nivel nacional, con 7.640 megavatios instalados, por delante de Aragón (6.106) MW) y Castilla-La Mancha (4.928 MW).

En un comunicado, la patronal eólica valoró que, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, esta tecnología “refuerza su papel como activo estratégico para la autonomía energética y la seguridad de suministro, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados y contribuyendo a un sistema eléctrico más resiliente”.

Repotenciación

Por su parte, la repotenciación continúa consolidándose como una palanca clave y, en los siete parques repotenciados recientemente, se sustituyeron 109,12 MW y, además hay otros 116,25 MW que se desmantelaron y están pendientes de repotenciar en 2026 -correspondientes a otros tres parques que entrarán en operación tras su renovación-.

La patronal señaló que el avance de la repotenciación y la incorporación de nueva potencia eólica “evidencian un sector orientado a mejorar la eficiencia, optimizar el uso del recurso eólico y reforzar su papel como infraestructura crítica del sistema energético, clave para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica y consolidar un verdadero 'escudo energético' frente a la incertidumbre internacional”.

Los avisos estaban ahí. Pero la empresa negó riesgos relevantes, la Junta de Castilla-La Mancha concedió el sello ambiental y los jueces dieron por buenas las medidas del promotor para “evitar o paliar” daños. Así entraron en funcionamiento tres parques eólicos en una zona de expansión del águila imperial en Albacete. El resultado: han multiplicado la mortalidad media de fauna asociada a estas infraestructuras en la provincia.

La historia de esos tres parques eólicos —llamados Derramador, Fuenteálamo y Frontones— ilustra el choque entre la necesidad de expandir las energías renovables —para mitigar el cambio climático— y la protección de hábitats. O, más bien, la carrera de las empresas por aprovechar esa necesidad y la vigilancia necesaria para que esa carrera no salte por encima de casi todo.

También ejemplifica cómo, demasiadas veces, la protección de la naturaleza llega tarde. Cuando ya hay un daño infligido y es irreparable. En este caso, más de 135 cadáveres de especies protegidas en apenas dos años: de 2022 a 2024, según la evaluación del Gobierno autonómico. Tres de ellos de águila imperial, en peligro de extinción. Unos datos que se han conocido porque la empresa quería ampliar su megaproyecto eléctrico.

Ambientalmente inviable

Esa solicitud ha derivado en que ahora, a la vista de los daños causados por los 40 aerogeneradores autorizados por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transición Ecológica haya dicho que “no resulta ambientalmente viable” instalar seis nuevos aerogeneradores. Su Declaración de Impacto Ambiental señala que los responsables de Medio Ambiente de la Junta admiten que “puede observarse el efecto negativo que tienen este tipo de proyectos sobre las poblaciones de fauna amenazadas del entorno”. El nuevo proyecto ha sido revisado por el Gobierno porque se quería conectar con la red de transporte eléctrico estatal.

Ese documento, firmado en julio de 2025, añade que, en realidad, la zona implicada es de “apreciable valor ambiental, con una notable concentración de especies protegidas y amenazadas”, lo que “implicaría un riesgo constante de muerte por colisión”. Esta vez, la autoridad ambiental juzga que “las medidas de mitigación propuestas por el promotor no son suficientes, ya que no evitan la afección sobre zonas de alta sensibilidad”.

Casi todo lo que ha perecido por esas palas de los parques son especies protegidas. Algunas en grave peligro, como el águila imperial. También han muerto cernícalos, vencejos y decenas de murciélagos. La organización SEO/BirdLife, que en su momento solicitó medidas cautelares a la justicia para evitar esto, ha pedido que, a la luz de lo que se ha conocido, se revisen las autorizaciones ambientales de los parques en funcionamiento.

El caso de estos parques es una historia relevante porque ejemplifica un fenómeno general en España: “La rápida expansión de las energías renovables en la península ibérica representa un nuevo desafío en la conservación de especies en peligro”, como apunta un reciente estudio de la fundación CBD-Hábitat y el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec). “Solo el 21% de las áreas de dispersión del águila imperial y el 38% de sus zonas de cría están protegidas”.

Es el reverso más incómodo de la transición hacia energías limpias, que necesita contrapesos, como ha admitido el propio Ministerio de Transición Ecológica al proyectar un real decreto específico de protección de la avifauna.

Los resultados del trabajo de la fundación CBD-Hábitat y el Irec subrayan la “urgente necesidad —dicen los investigadores— de integrar datos ecológicos en el planeamiento de energías renovables”. Tenerlo en cuenta a la hora de instalar parques.

Porque los documentos oficiales de los aerogeneradores en Albacete —evaluaciones, informes, recursos y autos— permiten rastrear un camino que comienza con una solicitud privada y termina en una escabechina de aves y murciélagos de la que se había advertido con antelación, pero sin éxito.

El periplo oficial

La tramitación de los parques comenzó en 2017, cuando se registró la solicitud de estos proyectos colindantes que se instalarían en un corredor entre áreas protegidas de la Red Natura 2000. Los primeros análisis del servicio de Espacios Naturales del gobierno autonómico sí advirtieron de que, al haber en “los aledaños” águilas imperiales, “puede determinarse la inconveniencia de la instalación”, según recoge el escrito de solicitud de cambio de autorización de SEO/BirdLife.

El promotor, en su evaluación previa, decía, sin embargo, que “no se espera que la afección por riesgo de colisión de la avifauna con los aerogeneradores sea importante”. A los encargados de dar el visto bueno ambiental les pareció que, si la empresa instalaba unos “sistemas de detección, alerta y parada” en “como mínimo cinco aerogeneradores” para “disminuir el riesgo de colisión”, los proyectos podían seguir adelante, según indicaba la declaración de impacto ambiental favorable de octubre de 2019

Una vez que las obras de la infraestructura estaban en marcha, SEO/BirdLife acudió a los tribunales y solicitó como medida cautelar que se detuvieran los trabajos en los parques. Los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazaron esa medida.

En su decisión de 5 de abril de 2022, el TSJ decía que el proyecto “incorpora medidas de seguimiento y vigilancia dirigidas, sin duda, a evitar o, cuando menos, paliar esos posibles efectos perjudiciales sobre el hábitat y fauna de los espacios protegidos cercanos”. Y ponía de ejemplo, precisamente, los “sistemas y dispositivos automáticos en tiempo real con módulos de detección de aves, aviso y parada en cinco generadores”.

Los parques se pusieron finalmente a funcionar. Y las aves —incluidas águilas imperiales— empezaron a caer en sus palas. “Ha sido un impacto crítico”, explican ahora en SEO/BirdLife. “La autorización original se sustentó en la premisa de que las medidas serían suficientes”, insisten. Una premisa “ahora refutada”. La ONG remata que “los datos oficiales demuestran el fracaso absoluto de las medidas preventivas. La mortalidad supera cualquier umbral de permisibilidad”.

El Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, que no tiene todavía la aprobación definitiva, ha servido a la autoridad medioambiental como uno de los argumentos esgrimidos para tumbar un nuevo parque eólico entre Álava y Bizkaia, al que ve además multitud de taras medioambientales, además de un impacto inadmisible sobre el alimoche y otras aves sobre las que hay una especial protección. “Atendiendo al Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi (en adelante, PTS de EERR), aprobado provisionalmente, los aerogeneradores se ubicarán en zonas con una baja aptitud eólica”, señala la resolución del Gobierno vasco en la que rechaza el proyecto de la empresa Plauri Energy, para los molinos que estaban proyectados en Legutio (Álava) y Ubide y Otxandio (Bizkaia).

Lo cierto es que el PTS de renovables lleva más de un año esperando su aprobación definitiva sin que se dé una fecha para que esto ocurra. Se aprobó de manera provisional en diciembre de 2024, y se dio por sentado que el visto bueno sería en 2025, algo que, finalmente no ha ocurrido. Es un retraso en una normativa que lleva más de cinco años de tramitaciones mientras se están autorizando o rechazando proyectos de renovables en la comunidad autónoma, sobre todo en Álava.

El PTS recibió un total de 4.217 alegaciones, que se rechazaron prácticamente en su totalidad en noviembre de 2024, aunque un informe sobre dichas alegaciones prácticamente calcado al definitivo se publicó por error en 2023, pero se retiró casi de inmediato para guardarlo en un cajón durante un año. Un acuerdo en el Parlamento Vasco por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, con EH Bildu, socio de la ley contra el cambio climático, llevó a la aprobación de forma provisional antes de que finalizase 2024, con compromiso de aprobación definitiva en 2025, pero sigue en el limbo. “Se publicará próximamente”, señaló el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Ahora, en cambio, la resolución contraria al proyecto de Plauri Energy hace referencia al Plan Territorial Sectorial, aunque se puntualiza que está aprobado provisionalmente, es decir que no tiene vigencia como para desechar un proyecto.

No obstante, el principal argumentario para rechazar la instalación coincide con los aportados en otros proyectos a los que recientemente se les ha negado el visto bueno ambiental, como es su afección sobre las aves, especialmente en especies de alta protección como es el alimoche. En concreto, se trata del parque eólico Kastillo, ubicado en las localidades de Ubide y Otxandio en Bizkaia, y Legutio, en Álava, de 20 MW de potencia, compuesto por cuatro aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria y una torre meteorológica. Los aerogeneradores tienen un rotor de diámetro 158 metros y van montados sobre torres tubulares troncocónicas de 120,9 metros de altura.

Además de estar ubicado en una zona con una baja aptitud eólica, según el PTS provisional, se proyecta en zonas de especial sensibilidad medioambiental por ser de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000: ZEC Gorbeia, ZEC Urkiola y ZEC Embalses del sistema de Zadorra. Además, destaca efectos negativos sobre especies de aves grandes planeadoras, como el buitre leonado, alimoche común y milano real.

Sobre todo en lo referido al alimoche, señala que las instalaciones se proyectan a menos de 10 kilómetros de, al menos, tres áreas críticas para la especie de alimoche común, por lo que “supone una afección directa y probable sobre una especie vulnerable con incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, y sobre su hábitat, debiendo ser considerada dicha afección como un impacto crítico para la especie, no corregible por medio de medidas protectoras y correctoras que puedan ejecutarse durante la obra o durante el periodo de funcionamiento. Por lo que emite una declaración de impacto desfavorable.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva –recogida por Europa Press– quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes “rigurosos e independientes”.

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es “absolutamente clave”, al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

Compatibilidad, planificación y diálogo

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: “compatibilidad, planificación y diálogo”. Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. “Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante”, ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar “sobre una base racional” y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha adelantado este lunes en el pleno del Parlamento que Cantabria ha dado luz verde esta legislatura a siete nuevos parques eólicos y ha señalado que señala que la potencia prevista de esos proyectos supondrá “multiplicar por once” la energía eólica actualmente instalada en la comunidad autónoma.

Arasti ha detallado que actualmente hay un parque eólico en construcción, el de El Escudo, y seis con autorización administrativa, que son Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto, La Costana y Cotío.

También ha señalado que el Gobierno trabaja en otros proyectos energéticos como el almacenamiento de baterías en Solórzano, que permanece en fase de información pública hasta el 19 de marzo, y ha destacado que durante esta legislatura se ha “desatascado la paralización eólica” existente y se ha agilizado la tramitación administrativa. Arasti ha defendido que el criterio del Ejecutivo es “cumplir la ley” y adoptar decisiones tras el análisis de alegaciones e informes técnicos.

También ha subrayado que la potencia prevista de esos siete parques eólicos, aunque alejada de los 700 megavatios inicialmente planteados, supondrá multiplicar por once la energía eólica actualmente disponible.

En este sentido, el responsable de Industria se ha mostrado convencido de que Cantabria va a conseguir la repotenciación que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Arasti lo ha señalado así durante la interpelación que le ha hecho el portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, en el pleno del Parlamento de Cantabria sobre los criterios respecto al desarrollo energético en el marco de la estrategia energética regional.

En su intervención, el consejero ha defendido la actuación del Gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo es partidario de la instalación de energía eólica “solo en lugares que cumplan los requisitos legales”.

El liderazgo tecnológico no se proclama, se demuestra con dispositivos que cambian la forma de producir energía. China se ha situado en la vanguardia de las tecnologías al impulsar sistemas que aprovechan recursos naturales de manera distinta a lo habitual.

En esa evolución de la energía eólica, el giro no pasa solo por aerogeneradores más grandes, sino por llevar la captación del viento a capas de la atmósfera donde sopla con mayor regularidad. Ese planteamiento abre la puerta a modelos urbanos que no dependen de extensos parques en tierra. La cuestión es si esa idea puede sostener una red eléctrica real y no quedarse en un prototipo aislado.

Los ensayos en Sichuan colocaron a China un paso má s cerca de producir luz desde el cielo

El S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System, conocido como SAWES, completó un vuelo de prueba en Yibin, en la provincia de Sichuan, y durante esa operación generó 385 kilovatios hora de electricidad tras ascender unos 30 minutos hasta 2.000 metros, de acuerdo con Global Times.

El dispositivo logró además conectarse a la red eléctrica local, un paso que la propia publicación describe como el primero en el mundo para un sistema eólico de gran altitud de esta categoría. El modelo está pensado para entornos urbanos y puede alcanzar una potencia aproximada de 3 megavatios por unidad, lo que sitúa el proyecto en una escala industrial y no experimental.

Un vídeo difundido por el periodista chino Li Zexin mostró la estructura suspendida sobre el cielo de Sichuan y la describió como “nuevas turbinas eólicas aéreas irreales que flotan para aprovechar los vientos de gran altitud”. En ese mismo mensaje añadió que “aunque ya es el número uno del mundo, el ritmo ambicioso de energía verde de China nunca ha disminuido”.

Dun Tianrui defendió que cada unidad puede alimentar decenas de coches eléctricos en solo una hora

Global Times identificó el equipo como el SAWES S2000 y recogió las declaraciones de Dun Tianrui, consejero delegado y diseñador jefe del sistema en la empresa emergente Sawes Energy Technology con sede en Pekín, que explicó al medio que “a su nivel actual de producción, una hora de funcionamiento puede generar suficiente electricidad para cargar completamente aproximadamente 30 vehículos eléctricos de gama alta desde cero”.

Dun detalló también a Global Times que la estructura puede transportarse en contenedores estándar y que en Yibin bastaron ocho horas desde la preparación del emplazamiento hasta el inflado completo. Añadió que, si se coordina con las cadenas locales de suministro de gas para obtener helio, el despliegue podría reducirse a entre cuatro y cinco horas.

En comparación con el modelo S1500 probado entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 en Hami, en la región autónoma uigur de Xinjiang, el S2000 incorpora mayor capacidad de carga y un diseño reforzado frente a condiciones meteorológicas adversas.

El S1500, que tiene una capacidad de 1,2 megavatios, fue el primero de su tipo en generar un megavatio completo durante su vuelo inaugural, y el South China Morning Post lo describió como “del tamaño de una cancha de baloncesto y tan alto como un edificio de 13 plantas”.

El sistema integra una plataforma similar a un dirigible con turbinas que se elevan hasta corrientes de aire más intensas y estables, donde doce generadores ligeros aprovechan el flujo dominante y envían la electricidad al suelo mediante un cable anclado.

Weng Hanke, cofundador y director tecnológico de Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, explicó que “los aerogeneradores tradicionales giran sus palas cuando el viento las golpea y así producen electricidad”, y precisó que “este generador funciona de manera similar, excepto que la producción no ocurre a nivel del suelo, sino en el aire”.

Weng añadió que “hemos logrado avances en el diseño aerodinámico y estructural de estos grandes vehículos aéreos no convencionales” y señaló que el sistema ha superado retos en transmisión de corriente continua de media tensión con alta densidad de potencia, lo que permite mantener una construcción ligera con mayor eficiencia en el envío de energía.

Las cifras oficiales muestran que el país amplió su potencia instalada durante 2025

Según la Administración Nacional de Energía, a finales de noviembre de 2025 la capacidad total instalada de generación eléctrica en China alcanzó 3,79 mil millones de kilovatios, un 17,1% más que el año anterior, mientras que la potencia eólica instalada llegó a 600 millones de kilovatios, con un aumento interanual del 22,4%.

Wang Yanan, editor jefe de la revista Aerospace Knowledge, indicó a Global Times que el uso de plataformas aéreas facilita el despliegue y la recuperación en zonas con baja densidad de población donde es difícil levantar infraestructuras extensas. También advirtió que la viabilidad comercial dependerá de si los costes de fabricación, instalación, recuperación y transmisión pueden cubrirse con la energía generada, un cálculo que determinará si estos aerogeneradores flotantes pasan de la fase de prueba a una implantación amplia en el sistema eléctrico.

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.

Enerfin Renovables IX, la empresa promotora del parque eólico Piruquito, que afectaba a los municipios cántabros de Guriezo, Ampuero, Rasines, Voto, Ruesga y Solórzano, ha desistido del proyecto, que ha sido archivado, tras haber recibido Declaración de Impacto ambiental desfavorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución del Ministerio por la que se acepta el desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa para este proyecto, de 58,9 megavatios y con nueve molinos, y sus infraestructuras de evacuación.

Tras presentar el promotor la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto se trasladó el expediente al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria, como órgano competente para la tramitación del mismo.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió el pasado noviembre declaración de Impacto Ambiental desfavorable a la realización del proyecto, “al haberse identificado la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación”.

En la fase de informes, el Gobierno de Cantabria (PP) también emitió el suyo desfavorable a la solicitud de autorización administrativa previa y a la declaración de impacto ambiental del proyecto.

El promotor, a la vista del sentido y alcance de la DIA desfavorable del Ministerio, que impide continuar con la tramitación “por causa no imputable” a la empresa, presentó desistimiento del proyecto y solicitó el archivo del expediente procediéndose a la devolución de la garantía depositada por importe de 2.186.000 euros.

Hay unos 500 hogares en un radio de 2 kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo, entre los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada. Son los que van a poder obtener una rebaja en su factura eléctrica del 80%, según anunció la Xunta, que acaba de confirmar que la empresa público-privada Recursos de Galicia (RDG) ha comprado -con un desembolso de 70 millones de euros- la explotación. La medida llega tras numerosas protestas por la proliferación de proyectos para instalar más aerogeneradores y en medio de un parón del sector en la comunidad, en donde la Justicia está frenando planes por su posible impacto ambiental irreversible.

Este va a ser el primer proyecto de la comercializadora público-privada de energía en cuya presentación la Xunta concentró esfuerzos comunicativos en el otoño de 2024. Esta comercializadora fue aprobada por Recursos de Galicia, que es una empresa en la que la Xunta tiene el 30%, frente a un 70% que está en manos de varias sociedades gallegas entre las que se encuentran Abanca, Gadisa, Conservas Rianxeira y Ence.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciaron este lunes esta rebaja del 80% en la factura para estos 500 hogares. Para poder acogerse al descuento, los vecinos deben solicitarlo. La operadora a través de la cual tienen la luz en la actualidad debe adherirse al programa. Si no lo hace, la opción para estos vecinos es pasarse a la comercializadora de la Xunta. Lorenzana aseguró que el derecho al descuento se genera en el momento en el que se certifica que se cumplen los requisitos -vivir en ese radio y aportar las últimas facturas de la luz-, aunque el trámite de un posible cambio de comercializadora pueda tardar más. El descuento se aplicará a todos los residentes que lo pidan, sin tener en cuenta la renta.

Rueda defendió que este, el de lograr beneficios sociales para quienes viven en áreas en las que se instalan eólicos, era uno de los objetivos principales de la ley de recursos naturales. La conselleira insistió en este argumento y recalcó que el parque de Mondigo es, tras la compra, una instalación que está totalmente en manos gallegas, dado que los socios de la Xunta en Recursos de Galicia son empresas de la comunidad. Sobre el procedimiento para conseguir la rebaja expuso en los próximos días se habilitará una web específica y que ella misma se desplazará el viernes a la zona para explicar el funcionamiento de la medida.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de la empresa Forestalia y ha ratificado la prohibición de la instalación masiva de aerogeneradores en Ejea de los Caballeros, anulando así los intentos de la compañía de levantar más de 200 molinos en el término municipal como parte de un macroproyecto de hasta 650 torres en la comarca de las Cinco Villas. La sentencia da la razón al Ayuntamiento y obliga a Forestalia a pagar las costas judiciales.

La polémica comenzó en febrero de 2022, cuando el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para proyectos fotovoltaicos y eólicos con el objetivo de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ordenara el territorio, protegiera el uso agrícola y preservara el paisaje y la biodiversidad, en línea con la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.

“Ante la ausencia de regulación territorial por parte del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento tomó la iniciativa para garantizar la seguridad jurídica y defender los intereses del municipio”, explican desde el Consistorio. La medida bloqueó inicialmente toda la tramitación de proyectos de Forestalia, que pretendía instalar aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y otras infraestructuras asociadas.

Durante los últimos cuatro años, la modificación del PGOU siguió un proceso complejo: la aprobación inicial se produjo en febrero de 2023, con participación de todos los grupos políticos; entre marzo y septiembre de 2023 se obtuvieron informes sectoriales favorables; y en octubre de 2023 se adaptó el documento a la Ley 6/2023 para reforzar la protección de los regadíos. Finalmente, en marzo de 2024, el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó la modificación de manera definitiva.

Para Izquierda Unida, que ha liderado políticamente la defensa de esta regulación tanto en Ejea como en las Cortes de Aragón, la sentencia representa “una victoria de David frente a Goliat”. Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes, ha destacado que “la acción coordinada de IU en el Ayuntamiento y en las Cortes abre una brecha de esperanza para los pequeños municipios amenazados por macroproyectos energéticos”. Por su parte, Yolanda Roldán, concejala de IU en Ejea, ha asegurado que la modificación del PGOU “no es un capricho, sino una obligación democrática para proteger el municipio y garantizar que el desarrollo energético no pase por encima del campo y de las personas”.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, la socialista Teresa Ladrero, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una “victoria legal y moral” que refuerza la autonomía local, en declaraciones al 'Heraldo de Aragón', que ha adelantado la noticia. Ha recordado “las numerosas presiones” de la oposición, que pedía negociar con Forestalia “para ponerles alfombra roja”, y ha destacado que el equipo municipal priorizó el interés general frente a la colisión de los megaproyectos de renovables con la modernización agraria, optando por ajustar el “aterrizaje” de las instalaciones de energía en secano para compatibilizar todos los usos y proteger la economía y los recursos estratégicos del municipio.

La resolución judicial refuerza un modelo de ordenación que favorece únicamente instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo en zonas compatibles con la actividad agrícola y en núcleos urbanos, excluyendo la implantación masiva de macroparques. La modificación protege especialmente áreas de regadío como Bardenas I y II, zonas de secano de interés paisajístico, humedales y espacios naturales de La Marcuera-Farasdués.

Forestalia recurrió tanto la aprobación del PGOU como la denegación de licencias, y su estrategia ha sido criticada por Izquierda Unida y plataformas sociales por entenderla como una vía de presión contra la autonomía municipal. La sentencia también destaca la coordinación con otros municipios, como Sabiñánigo, que ya había blindado su PGOU frente a proyectos similares.

El Gobierno de Cantabria abre un segundo periodo de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental para los proyectos de los parques eólicos de Moncubo, Las Mazas, Fuente Pico y Sierra de Sel.

Así se indica en los anuncios de la Dirección General de Industria publicados este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y consultados por Europa Press.

Según se explica en ellos, estos segundos periodos de información pública se abren tras introducirse en los proyectos “modificaciones que suponen efectos ambientales significativos distitnos de los previstos originalmente”. El plazo de información pública para los cuatro proyectos es de 30 días, a contar desde el miércoles 4 de febrero.

Detalles de los proyectos

El proyecto del parque eólico de Moncubo prevé una potencia de 15,6 MW (inicialmente iban a ser 17 MW), con tres aerogeneradores y afecta a los municipios de Hazas de Cesto y Meruelo. Está promovido por Green Devco Energy 1 SL. El presupuesto general del parque eólico asciende a 15,6 millones de euros y la infraestructura eléctrica de evacuación a casi 1,12.

El de Las Mazas, de 18 MW de potencia, está promovido por Green Devco Energy 2 SL y se plantea instalar en Bárcena de Cicero. Según el proyecto, constará de cuatro aerogeneradores. El presupuesto del parque eólico es de casi 17,06 millones y el de la infraestructura eléctrica de evacuación, compartida con otros parques eólicos, de 1,4 millones.

El parque eólico de Fuente Pico, con 13,5 MW, afecta a los municipios de Voto y Bárcena de Cicero. Se prevén instalar en él tres aerogeneradores, todos ellos en Voto, y su presupuesto asciende a 14,8 millones el parque y a 1,4 la infraestructura eléctrica de evacuación, también compartida con otros parques eólicos. Está promovido por Green Devco Energy 3 SL.

Y el de Sierra de Sel, de 45 MW, plantea instalar diez aerogeneradores: una alineación de siete en Ruesga y otra de tres en Voto. Promovido por Green Devco Energy 4 SL, el parque tiene un presupuesto de 46,9 millones; la subestación de 1,3 y la línea subterránea de evacuación de 5,1.

Al Gobierno de Alfonso Rueda, y antes a los sucesivos gabinetes de Núñez Feijóo, se le atragantan las energías renovables. El Tribunal Constitucional tumbó este jueves la nueva normativa eólica incluida por el gabinete del PP en la Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2025 y ha sumido el sector, en palabras de Ana Pontón, líder del BNG, en el “caos legislativo”. El secretario general de los socialistas gallegos coincide en el diagnóstico y acusa a Rueda de “legislar a las bravas” y “sin diálogo”.

La resolución del Constitucional se hizo pública después de que admitiese a trámite un recurso del Gobierno central contra la mencionada ley. Pontón, que aseguró que su formación defiende el autogobierno gallego, responsabilizó sin embargo a la Xunta del conflicto competencial. “El recurso se apoya en el mismo marco legal que defiende el PP”, dijo, pero, a su juicio, el problema es la mala gestión normativa del Ejecutivo de Rueda “que crea un auténtico caos legislativo que genera inseguridad jurídica en Galicia”. “En vez de poner la energía eólica al servicio de los gallegos y de las gallegas, lo que está haciendo es trabajar para el lobby eólico”, añadió.

También Besteiro, del PSdeG, criticó con dureza a la Xunta de Galicia que, aseguró, “hace las reglas a la fuerza” y pretende desarrollar “la energía eólica en Galicia a las bravas, sin diálogo y con ausencia de seguridad jurídica”. “Cuando no hay seguridad jurídica sobre lo que se hace, ahí tenemos las paralizaciones de tantas instalaciones eólicas”, añadió. Nada más retomar el poder en 2009 y de la mano de Feijóo, el Partido Popular suspendió el plan eólico que había diseñado el bipartito, lo que le valió numerosos reveses judiciales y una parálisis en el sector cuyas consecuencias todavía se arrastran.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra varios puntos de una ley gallega que afectan a la regulación de la repotenciación eólica y a la atención a la dependencia. Los apartados, que son ocho en dos artículos diferentes de la norma, quedaron sin vigencia desde el momento en el que se interpuso el recurso, el 30 de septiembre de 2025. El pleno del tribunal ha decidido continuar con el proceso, en el que el Gobierno sostiene que hay una posible vulneración de las competencias exclusivas del Estado

La norma recurrida es la ley de medidas fiscales y financieras, conocida como ley de acompañamiento, que se aprobó junto con los presupuestos gallegos de 2025. En esta ley la Xunta acostumbra a incluir modificaciones de decenas de normas, en una práctica que la oposición afea por considerar que impide un debate sobre cada uno de los cambios y hace que el proceso sea opaco, con la acumulación de un gran número de novedades en un solo texto.

En el caso de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, los dos gobiernos abrieron una negociación para tratar de evitar el recurso de inconstitucionalidad. Solo hubo acuerdo sobre cinco puntos, de modo que el Gobierno central siguió adelante con la impugnación del resto, que son siete apartados del artículo 30, sobre eólico, y un capítulo del artículo 45, sobre dependencia.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó presentar el recurso, el Gobierno expuso que consideraba que las disposiciones sobre el sector eólico eran incompatibles con las regulaciones estatales que afectan a esta materia. En concreto, citaba la obligación de repotenciar los parques una vez cumpliesen 25 años, aunque sin aumentar la potencia. El argumento era que suponía hacer una regulación de la repotenciación “al margen de la normativa básica estatal” que suponía que hay que sustituir los aerogeneradores por otros con mayor potencia para reducir el número de aparatos, “con la consecuente modificación de los términos de la autorización otorgada y la inversión realizada con base en la normativa aplicable”.

Otros apartados referidos a los parques eólicos implicaban, según el Gobierno central, establecer la aplicación directa de una directiva europea que habilita, entre otras cuestiones, a los estados a eliminar la evaluación de impacto ambiental en determinados supuestos. Y eso se haría en Galicia sin que el Estado haya fijado la normativa básica.

En cuanto a la dependencia, el Gobierno interpretaba que el artículo 45 de la ley de acompañamiento de 2025 entraba a regular el régimen económico de dependencia y discapacidad, algo que es competencia del Estado. Se refería a una modificación que implicaba que, al tener reconocido un determinado grado de dependencia, se reconocía también un grado de discapacidad. En concreto, la norma gallega impugnada fijaba que un grado 1 de dependencia equivale a un 33% de discapacidad; mientras que el grado 2 equivale a un 66% y el 3, a un 100%. La Xunta había indicado que esto tendría efectos en la recaudación fiscal porque el reconocimiento de una discapacidad lleva aparejadas deducciones fiscales.

Las energías eólica y solar generaron por primera vez en el año 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE, según el informe anual de referencia ‘European Electricity Review’, del think tank británico Ember, que ofrece un panorama completo del sistema eléctrico en Europa en 2025. 

Según el informe, eólica y solar en conjunto alcanzaron un récord del 30,1% de la generación de electricidad en la UE. Lo hicieron gracias al incremento de la producción solar, que repuntó un 20% (fue la fuente que más creció) respecto al año anterior, hasta 369 teravatios hora (TWh), el 13% del total del mix eléctrico europeo.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución en los últimos 35 años, que muestra cómo el peso de los combustibles fósiles se ha desplomado en diez puntos porcentuales en la última década, mientras se disparan la fotovoltaica y la energía procedente del viento.

El estudio de Ember, que va por su décima edición, analiza los datos de generación y demanda de electricidad del curso pasado en todos los países de la UE y muestra los avances en la transición de los combustibles fósiles a la electricidad limpia. Según este think tank con sede en Londres (Reino Unido), eólica y solar generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles en 14 de los 27 países de la UE en 2025. Esto apunta a un cambio estructural que se refleja también en la evolución de los últimos años. 

Solo en los últimos cinco años, estas fuentes de energía limpia han experimentado un crecimiento masivo en la UE, al pasar de aportar el 20% en 2020 al citado 30% en 2025. Por su parte, los combustibles fósiles han caído del 37% al 29% en el mismo período.

La cuota de eólica y solar fue en 2025 un punto superior a la de los combustibles fósiles, que representaron el 29% de la electricidad generada en la UE, con el carbón marcando un nuevo mínimo histórico del 9,2%. Más del 74% de la generación con esta fuente (la más contaminante) se concentra en dos países, Alemania y Polonia, que redujeron su producción eléctrica con ella un 3,2% y un 6,6%, respectivamente.

En conjunto, las renovables (solar, eólica, hidroeléctrica…) aportaron en la UE en 2025 un 47,7% de la electricidad, con una caída de dos décimas respecto a 2024, fundamentalmente por la menor aportación del agua (-12%). La nuclear fue la primera fuente individual. Aportó un 23,4% del total e incrementó su producción un 3%.

La generación con gas aumentó un 8%, hasta 466 TWh, y su peso en la tarta de generación subió hasta el 15,7%, principalmente debido a esa menor producción hidroeléctrica. Sin embargo, Ember destaca que esta fuente sigue en un declive a largo plazo en la UE. En 2025 su producción fue un 18% inferior al máximo de 569 TWh de 2019. 

El mayor uso del gas, impulsado por países como España (en este caso, como consecuencia de la denominada operación reforzada que aplica el operador del sistema, Red Eléctrica, tras el histórico apagón del pasado 28 de abril), elevó la factura de importación de este combustible del sector eléctrico en la UE hasta los 32.000 millones de euros en 2025, un 16% más.

Se trata del primer incremento anual desde la crisis energética de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Las horas con mayor uso de gas provocaron picos en los precios de la electricidad, con un aumento medio del 11% en esos períodos respecto a 2024.

Récord solar en España

En España, eólica y solar alcanzaron juntas el 42% de la generación de electricidad en 2025, con una cuota récord del 22% para la solar. España fue uno de los cinco países de la UE en los que esta fuente aportó más del 20% de la electricidad junto con Hungría, Chipre, Grecia y Países Bajos.

El informe destaca que si bien la capacidad de baterías actual en España es baja en relación con la potencia instalada de energía eólica y solar, la cartera de proyectos alcanzó niveles récord en 2025. A escala europea, casi la mitad de las baterías de la UE siguen concentradas en Italia (con 1,9 GW, cerca del 20% del total de la región) y, en menos medida, en Alemania, aunque se iniciaron obras o se anunciaron proyectos en la mayoría de los países comunitarios.

En el año del apagón ibérico, la generación de electricidad con gas aumentó en España un 19%, aunque se mantuvo un 28% por debajo del récord de 2022. El informe prevé que este aumento tras el apagón sea temporal, tras los cambios normativos aprobados recientemente, después de años de inacción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar un servicio de control de tensión que permita participar a las renovables, como ocurre en Portugal desde hace años. “Muchos de los servicios de red proporcionados por el gas en el sistema eléctrico español pueden ser igualmente proporcionados por alternativas limpias”, destaca el informe de Ember.

El think tank considera que “en 2025, la UE dio un enorme paso hacia un sistema energético limpio gracias a la eólica y la solar”. Pero advierte de que esos avances no impidieron “los riesgos de chantaje energético por parte de los exportadores de combustibles fósiles”.

“Invertir en renovables autóctonas es una estrategia clave para reducir ese riesgo, mientras la geopolítica sigue desestabilizándose”, dice el informe. El mensaje está en línea con una reciente carta de ex militares y expertos europeos que pedían que las renovables computen como gasto en defensa, una petición que ha respaldado públicamente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La UE alcanzó en diciembre de 2025 un acuerdo político para prohibir las importaciones de gas ruso en diciembre de 2027. Ember advierte de que Europa ahora tiene una mayor dependencia del gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, cuyo presidente, de Donald Trump, cargó este miércoles en la cumbre de Davos (Suiza) contra una Europa que en opinión del actual inquilino de la Casa Blanca “no va en la buena dirección”.

Trump, que lanzó un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN en su empeño de anexionarse Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, cargó contra las políticas migratorias europeas, pero también energéticas, centradas en lo que calificó del “timo del cambio climático”. “Nosotros hemos quitado molinos de viento y hemos abierto plantas de energía”, dijo el estadounidense, en relación con la reapertura de minas de carbón así como de su política extractiva masiva.

El informe de Ember subraya que “la fuerte dependencia de un único suministrador amenaza la seguridad de la UE y debilita su poder de negociación en las negociaciones geopolíticas y las disputas comerciales”.

Según este think tank, “la expansión de las baterías, la mejora de la red y el aumento de la flexibilidad de la demanda pueden desbloquear mayores cuotas de energía solar y eólica en la combinación energética. Esto no solo mejorará la seguridad, sino que también es crucial para garantizar precios predecibles y estables” en la UE.

El Gobierno vasco ha concedido la autorización ambiental a un parque eólico proyectado por la empresa Ferosca Wind entre Llodio y Ayala, pero reduce a la mitad el número de molinos previstos, de seis a tres, por la afectación en varios tipos de aves, como el milano, o el águila y en otras especies como los murciélagos. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miercoles la autorización ambiental por parte del departamento de Industria, Transición Energética y sostenibilidad que permite a la empresa seguir adelante con las obras, siempre que se reduzca a la mitad la instalación, por lo que ahora queda en manos de la empresa valorar si sigue adelante con el proyecto o considera que no tiene suficiente rentabilidad con el nuevo planteamiento.

La idea de la empresa para el parque Ferosca I era la instalación de seis aerogeneradores con una potencia cada uno de 4,5 MW y una torre meteorológica, incluyendo los accesos a las posiciones de estos elementos y la línea eléctrica subterránea de interconexión entre aerogeneradores y el centro de seccionamiento, ubicado en los términos municipales de Llodio y de Ayala, en Álava. En concreto tres aerogeneradores y la torre meteorológica en Llodio, y otros tres aerogeneradores junto con el centro de seccionamiento se sitúan en el municipio de Ayala. Son estos tres molinos los que el departamento de Industria solicita ahora que se retiren por su afección en las aves.

De esta forma, el Gobierno vasco asume las alegaciones que había realizado la diputación de Álava que consideró en su informe que su impacto sobre determinadas aves era “no asumible”.

En su resolución el Gobierno vasco señala que el emplazamiento donde se proyecta el parque eólico Ferosca I se encuentra a unos 8 km de la ZEC (Zona de Especial Conservación) Gorbeia Parque Natural, y a unos 9 km de la ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) Sierra Salvada.“ Estos espacios son Áreas de Interés Especial de especies faunísticas”, señala. En este sentido, indica que la ubicación del parque, “entre los dos espacios naturales protegidos, se traduce en una elevada presencia de las especies de aves y quirópteros que habitan dichos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000”,por ser un espacio utilizado en las rutas de vuelo de aves y quirópteros, “utilizándose esta zona como área de campeo y alimentación, e incluso, como área de paso de migración, lo cual podría suponer un riesgo importante para estas especies”. En el radio de influencia del proyecto señala que existe “una considerable densidad de territorios de alimoche, buitre leonado y milano real, así como de dormideros de las poblaciones invernantes de esta última especie”, que sería la más afectada por los molinos.

“La ubicación elegida para el parque eólico presenta una elevada biodiversidad y un gran número y densidad de especies amenazadas, lo que no ha sido adecuadamente considerado en la selección del emplazamiento”, señala el Gobierno, que considera que “el impacto resultante sobre estos grupos de fauna alcanza un umbral inasumible, tal como se constata en los informes emitidos por el órgano competente en la gestión de la fauna y flora silvestre de la Diputación Foral de Álava”, por lo que descarta tres de los seis aerogeneradores para que pueda seguirse adelante con el proyecto.