La gestión de la acogida de los niños y adolescentes extranjeros que continúan hacinados en la ciudad de Ceuta tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del mes pasado amenaza con ensanchar la brecha que este asunto ha provocado entre los socios del Ejecutivo. Este lunes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió en que, a su juicio, “es imprescindible” trasladar sin demora “a los niños y a las niñas no acompañados” a la Península para, una vez allí, continuar tramitando sus expedientes sin mantener presionado hasta el extremo el sistema de acogida de Ceuta. Y lo hizo apenas unos minutos después de que el presidente Pedro Sánchez rechazara esta posibilidad y asegurase que “la prioridad del Gobierno es que todos esos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma”.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez explicó que, para acabar con la saturación de los servicios de acogida de Ceuta, el Gobierno está aumentando el número de plazas disponibles para alojar a los migrantes que quedan en la ciudad, que cifró en alrededor de 5.000. De ellos, afirmó el presidente, las autoridades calculan que unos 1.200 son menores de edad, que con el refuerzo del sistema —Sánchez aseguró que se pondrán en marcha 6.000 nuevas plazas para el alojamiento de estas personas— podrán ser acogidas en Ceuta mientras se siguen tramitando sus expedientes. Estos procedimientos deben servir para decidir si los menores son enviados a sus países de origen (en el caso de que se pueda localizar a sus familias) o si pasan a ser tutelados por el Estado de manera permanente.

No obstante, en su intervención en la comisión de Juventud e Infancia del Congreso, Rego se mostró convencida este lunes de que “es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en la Península por dos motivos”, y que hay que hacerlo ya y no esperar a que se terminen de tramitar estos expedientes para distribuir por las comunidades tan solo a los menores que no vayan a ser expulsados de España. La ministra aseguró que este movimiento permitiría “destensar la situación de Ceuta”, y también sostuvo que “es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas”. “Con los expedientes se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en Ceuta y en el resto del territorio”, argumentó.

Rego explicó, asimismo, que el Ministerio de Juventud se encuentra a la espera de que el Gobierno de Ceuta dé luz verde al traslado a otras comunidades de alrededor de 500 niñas con un perfil “especialmente vulnerable”. La acogida de estas menores, planteó la ministra, se vehicularía a través de ONG “en varios puntos del país”, y Rego afirmó que se puede poner en marcha “de una manera más o menos inmediata una vez resuelta la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta”. La ministra también pidió a los gobiernos autonómicos, la mayor parte de ellos en manos del PP, que alcancen “acuerdos bilaterales” con el Ejecutivo ceutí para asumir ya el cuidado de una parte de los menores que ahora mismo colapsan los centros de acogida de la ciudad, sin esperar a que terminen de tramitarse sus expedientes.

Pocos minutos antes de la intervención de Rego, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, también se mostraba partidaria del traslado a la Península de una parte de los migrantes que se encuentran viviendo en las calles de Ceuta, aunque Martínez no circunscribió esta posibilidad a los menores de edad, sino a las 5.000 personas que se encuentran de manera irregular en la ciudad autónoma. “Hay que organizar el traslado de Ceuta a la Península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la Península donde continúen los procedimientos legales” para su devolución, en su caso, planteó la portavoz, un extremo que Sánchez también descarta.

Urtasun denuncia las “presiones” de la UE

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se mostró este lunes crítico con la decisión del Gobierno del que forma parte de no trasladar a la Península a los en torno a 5.000 migrantes que aún continúan en Ceuta mientras se tramitan sus expedientes. Urtasun insistió en que el Ejecutivo debe trasladar a estas personas a otras comunidades para descongestionar las instalaciones de la ciudad autónoma, y atribuyó a las “presiones enormes” que está ejerciendo la Comisión Europea la decisión del presidente Sánchez de no llevar a cabo este reparto.

“Apoyar a Ceuta también significa que Ceuta pueda volver a la normalidad lo antes posible”, y eso pasa por “que puedan muchas de estas personas sean trasladadas a la Península para que sus expedientes puedan ser tramitados allí”, apuntó Urtasun, que sostuvo que “Ceuta no puede ser el patio trasero de Europa”. En el resto del territorio nacional, afirmó el ministro, existen “plazas” libres para alojar a estos inmigrantes mientras se decide si son expulsados o si se les concede asilo en España, y “es mucho más lógico que esos expedientes se resuelvan en lugares donde hay plazas y capacidad que en Ceuta, donde hay gente viviendo en la calle”.

“Este tipo de traslados se han realizado en numerosas ocasiones, cuando hay una zona congestionada: se ha hecho en Lampedusa, cuando en 2023 llegaron a sus costas 115.000 personas, y más de 64.000 fueron reubicadas en la península italiana”, ejemplificó el titular de Cultura, que recordó que “esto lo hizo el Gobierno de Giorgia Meloni, que se ha pasado todo el verano dándonos lecciones”. Urtasun se mostró igualmente muy crítico con los mensajes que ha trasladado en las últimas semanas la Comisión Europea exigiendo “que no salga nadie de Ceuta” para que estos inmigrantes no puedan moverse a otros países de la UE a través del espacio Schengen, un espacio al que no pertenece la ciudad autónoma.

“Muchas de esas personas van a ser devueltas, pero sus expedientes pueden tardar hasta dos meses”, un tiempo en el que seguirán colapsando los servicios de atención de Ceuta si no se las reparte por otras comunidades, razonó el ministro, que insistió en que, asimismo, el Gobierno ya sabe “que hay personas que no vamos a poder devolver” entre las 5.000 que quedan en la ciudad. “Hay centenares de sudaneses y a esas personas se les va a acabar concediendo la protección internacional, así que no tiene sentido que estén en Ceuta teniendo plazas en la Península”, zanjó.

Castilla-La Mancha no acogerá a algunos de los menores migrantes llegados a territorio español tras la crisis migratoria de Ceuta.

Así lo ha trasladado este miércoles el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que ha calificado de “invasión” la entrada en territorio ceutí desde Marruecos de miles de personas migrantes, ocurrida a finales del mes de julio.

“Yo creo que el Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado y devolver a todos los que han entrado ilegalmente”, ha asegurado Page a preguntas de los medios de comunicación, añadiendo que no cumplir ese “compromiso”, sería “tanto como provocar nuevas invasiones”.

“Si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del Gobierno de España y el presidente han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la península, creo que tienen que cumplir con ese compromiso”, ha añadido el presidente castellanomanchego.

Durante su intervención, Page ha rechazado referirse a esta situación como a un problema de migración y en su lugar ha repetido términos como “invasión”, “violación de la integridad territorial” o “problema de seguridad nacional”. Un problema al que “hay que responder con toda la fuerza del Estado”, ha considerado.

Respuesta “insuficiente”

Page ha criticado la actuación del Gobierno de España, asegurando que “la respuesta ha sido evidentemente insuficiente de todo punto de vista, creo que lo piensa todo el mundo en España”. “El que piense de otra manera simplemente es que no ha visto lo que ha pasado”, ha añadido.

El líder socialista también ha valorado la polémica surgida entre los ministerios de Defensa y de Interior a cuenta del papel que jugó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en esta crisis migratoria, tras el cruce de declaraciones entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así, ha asegurado no “tener la más mínima idea” sobre si el CNI advirtió a las fuerzas de seguridad del estado sobre esta entrada con antelación, pero ha lamentado que, “si a la impotencia en control fronteras” se suman estas “discrepancias y contradicciones” entre ministerios, “solo podemos mucha zozobra, mucho desasosiego y mucha incertidumbre”.

Page también ha pedido que se aclare “qué hay detrás de esto, por qué ha pasado, que lleguemos a esa conclusión y sobre todo cómo poder prevenirlo”.

Pacto de Estado sobre migración

El presidente autonómico ha reclamado, por otra parte, “que se abran negociaciones entre el gobierno y la oposición para alcanzar un auténtico pacto de Estado en relación con la migración”. “Un buen pacto de Estado en materia de migración no le tendría que terminar de gustar a ninguno de los radicales en unos extremos y en otros”, ha declarado García-Page.

Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, “en el actual ambiente político de crispación, de frentismo, hay tantos muros que es imposible alcanzar un acuerdo”.

Sin embargo, ha asegurado que “se necesita que se saque del frentismo barato y del populismo barato el cómo tratar humana y legalmente a las personas que quieren venir desde fuera por necesidad, pero sabiendo que todo tiene que tener un límite y que todo tiene que tener un perímetro”.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo a Capellán, se ha vuelto a desmarar de las directrices nacionales del Partido Popular. Si a principios de este mes, el PP anticipó su rechazo a acoger menores en sus comunidades instando al Gobierno central a que “vuelvan por donde han venido”, este miércoles, Gonzalo Capellán, ha preferido no pronunciarse sobre la acogida de los menores no acompañados que que se encuentran en Ceuta hasta que “no haya nada oficial”. Así ha respondido el jefe del Ejecutivo regional a preguntas de los periodistas en una comparecencia en la que se ha informado sobre el la firma de un acuerdo con ASPACe para la construcción de una residencia.

“Hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, y siempre que tengamos decisiones, propuestas consensuadas con órganos oficiales o institucionales, el Gobierno de La Rioja, como ha hecho hasta ahora, tomará las decisiones que correspondan”, ha dicho textualmente.

El rechazo del PP nacional

Una postura que difiere con la del secretario general del PP, Miguel Tellado. A principios de este mes, dejó caer el rechazo de su partido a la acogida en las comunidades donde gobiernan (en La Rioja el PP lo hace con mayoría absoluta) de menores de edad que entraron en Ceuta desde Marruecos y que se encuentran solos en la ciudad.

Así y preguntado por los periodistas de forma explícita por la atención de los niños y adolescentes, Tellado evitó responder y ha afirmó que la situación en Ceuta “no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional”. “Lo que debe hacer [el Gobierno] es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad”.

En su argumentacion, Tellado aseguró que lo ocurrido en Ceuta “no tiene nada que ver con situaciones anteriores”. “El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también el de Defensa, tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta”. Aunque se le cuestionó por el caso concreto del traslado solidario de los menores, el dirigente popular respondió por la totalidad de las personas llegadas a la ciudad autónoma: “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma, y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”.

Esta semana el verano nos dio una tregua climática. En varios puntos de la península bajaron las temperaturas y ya se puede respirar. Tiempo de calma, o no.

La semana pasada fui a ver en Toledo el último gran estreno de Chistopher Nolan. “Marta, la sala llena para ver La Odisea. Hay esperanza en la Humanidad”, me dijo la amiga con la que iba.

Creo que las estrellas que en ella participan, director incluido, ayudaba a esta realidad, pero oye no deja de ser un éxito tanta gente interesada en el mito épico occidental por excelencia. La adaptación me pareció maravillosa. Mucho cambio respecto al texto original, pero en mi opinión muy coherente con la esencia de la historia.

Lo que Nolan, sin duda, ha enfatizado en la obra, que Homero quizás dejó entrever, es el antibelicismo. Siendo una peli de guerra, Troya está en su origen, su esencia es puramente antibélica, como las de todas las grandes pelis de guerra por otro lado. Olé por Nolan; objetivo conseguido.

Una sale de la sala pensando: vaya gran mierda que son los conflictos armados. Como si no tuviéramos bastante con lidiar con los conflictos personales, se mete un arma por medio y ya está destruido el plan de vida de toda una sociedad.

A Elon Musk parece que no le ha gustado la película, supongo que hubiera preferido otro leit motiv, algo así como un 'sálvese quien pueda' o 'el hombre es un lobo para el hombre' que tantas matanzas y egoísmos justifica. Un espíritu deshumanizado demasiado presente en nuestros días, y que tanto se fomenta desde variadas instancias de poder. Malditos cabrones. Lo siento, no se me ocurren palabras más certeras.

Igual que no se me ocurre un epíteto más certero para aquellos que hayan podido promover el movimiento migratorio masivo que hemos vivido estos días entre Marruecos y Ceuta. Que setenta y dos mil personas fueran impulsadas, aún no se sabe exactamente por quién -pero se intuye la mano- a jugarse la vida atravesando a nado la frontera con Ceuta.

Que ante el hecho, la reacción de la derecha haya sido llevarse las manos a la cabeza por la falta de seguridad, hablar de invasión, llamar al miedo, que veintidós gobiernos de derechas de la Unión Europea se lanzaran a firmar un manifiesto acusatorio por la mala gestión de la política migratoria, más seguridad y menos regularización, venían a decir, me parece inaudito y nos deja claro el marco en el que nos desenvolvemos.

Han muerto cien personas por el camino, hay unos quinientos menores que han llegado y no tienen dónde dormir ni qué comer, la enorme mayoría de las personas que llegaron lo hicieron engañados, de hecho ya son setenta mil los que han regresado. La política migratoria falla, sí, pero de base. Falla la política migratoria europea, que delega en los países dictatoriales y violentos el cuidado de sus fronteras.

Falla el reparto estratégico del presupuesto; invertir más en el origen del problema, la miseria y guerras de los países de origen, o en la gestión de la acogida de migrantes en los países de destino, en lugar de invertir miles de millones de euros en una seguridad violenta y punitiva que trata como criminales a quienes no lo son.

Falla el espíritu de acogida, que ve con recelo al que llega, es diferente, habla raro y encima es pobre; en España de esto sabemos mucho, hace no tanto éramos un país emigrante y en Francia y Alemania recibimos el mismo trato que ahora damos nosotros. Ironías de la vida, no sucedió así en América Latina, donde se nos recibió con los brazos abiertos, cosa de la que no podemos presumir nosotros en la actualidad.

Han muerto cien personas y se ha manipulado a otras miles, como si su vida no contara, son marionetas en un juego donde las reglas las ponen otros, sin el menor disimulo. Tanto el hecho como la reacción creo que debería dar lugar a un amplio y profundo debate de los tan cacareados “valores europeos” . Cuáles son y si están presentes en los discursos y políticas migratorias.

Porque por favor no lo olvidemos, aunque a día de hoy suene exageradamente cándido, la base de nuestra convivencia es que cada vida es un tesoro y hay que cuidarla como tal, con la dignidad que merece. Cada vida de cada persona, con independencia de su origen, raza, sexo, patrimonio o religión. Así se lo traslado a mis hijos, así se lo traslado a mis alumnos, y así me encantaría que se aplicara en las políticas públicas y discursos de una Europa cada vez más desdibujada en todos los sentidos, salvo el fronterizo.

Tranquilos, ya hemos sido invadidos, pero no por los pobres, sino por los muy ricos y muy psicópatas, que nos van quitando escala de valores, prioridades, viviendas, calidad de vida, nuestra humanidad sin que nos demos cuenta. No la entreguemos tan fácilmente

Uno de los aspectos que más llamó la atención a Hannah Arendt en los juicios de Nuremberg y que describió en La banalización del mal fue la deshumanización de la víctima, su cosificación, su conversión en un dato burocrático. Atención, el discurso de la derecha y nuestra política migratoria nada de lleno en estos conceptos. ¿Queremos seguir en estas aguas? ¿Es este nuestro referente? Entre tanto el Mediterráneo sigue siendo un profundo agujero negro que traga vidas, mientras nosotros seguimos mirando hacia otro lado, con las armas listas no sea que nos invadan.

Tranquilos, ya hemos sido invadidos, pero no por los pobres, sino por los muy ricos y muy psicópatas, que nos van quitando escala de valores, prioridades, viviendas, calidad de vida, nuestra humanidad sin que nos demos cuenta. No la entreguemos tan fácilmente. Conmoverse por lo que ha pasado, por esas cien personas muertas, por las setenta y dos mil personas manipuladas, invisibles para un sistema global que las engulle. Por nosotros, que formamos parte del juego.

El llanto de Odiseo fue por tantos de sus hombres caídos en la locura de una guerra y el regreso a Ítaca. Y ahora, en pleno siglo XXI, ¿por quién derramamos nuestras lágrimas?, ¿dónde está nuestra Ítaca? El Mediterráneo nos lo pregunta con urgencia. Quizás las vacaciones, el tranquilo oleaje mientras miramos el horizonte infinito del mar en el espacio seguro de la playa, puedan servir de inspiración para encontrar respuesta. Suerte. La necesitamos.

El Gobierno de Aragón rechazó este martes un futuro reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados llegados de Ceuta entre las comunidades autónomas y anunció que utilizará “todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos” a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos. Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero (PP), ha reafirmado esa posición y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico “va a cumplir con la ley, pero va a defenderse de cualquier forma de reparto”.

El Ejecutivo autonómico sostiene que el Gobierno central “vuelve a pretender resolver una crisis provocada por su fracaso en política migratoria mediante un reparto obligatorio de menores” y afirma que el presidente, Pedro Sánchez, “no puede perder el control de la frontera y repartir después su incompetencia entre las comunidades autónomas”. En esa línea, Vaquero ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de haber generado “un problema de seguridad nacional” por el “abandono de la defensa de las fronteras” y de intentar “repartir responsabilidades a todas las comunidades cuando nuestros servicios ya están muy tensionados, como ha ocurrido en otras ocasiones”.

Según el Gobierno de Aragón, la situación vivida en Ceuta, con la entrada de miles de migrantes desde Marruecos el pasado domingo 30 de julio, “no es un problema que pueda resolverse repartiendo sus consecuencias entre las comunidades autónomas”, sino que constituye “una crisis migratoria y de seguridad nacional provocada por la falta de previsión y control del Gobierno de España”.

Fuentes del Ejecutivo aragonés aseguraron que la Comunidad “ya ha realizado un enorme esfuerzo” en la atención a menores migrantes y afirmaron que su sistema de protección de menores “ha estado por encima del 200 por ciento de su capacidad estructural”. Por ello, advirtieron de que no aceptará “nuevos repartos obligatorios ni decisiones unilaterales” que saturen sus servicios. “Aragón no puede ser quien pague el fracaso, la inoperancia y la confrontación del Gobierno de Sánchez”, ha insistido Vaquero.

Asimismo, recordaron que el acuerdo de gobierno suscrito por el Partido Popular y Vox recoge el compromiso de oponerse a este tipo de medidas y defiende que corresponde al Ejecutivo central asumir la gestión de la política migratoria. En este sentido, sostuvieron que el Gobierno debe “controlar las fronteras, identificar correctamente a quienes han entrado, localizar a sus familias y promover la reunificación y el retorno seguro a sus países de origen”. La vicepresidenta ha defendido que ese pacto contempla “el respeto a la ley, pero también el ejercicio de nuestras competencias”, por lo que ha asegurado que el Gobierno de Aragón seguirá recurriendo a la vía judicial. “Vamos a seguir confiando en la Justicia para que cualquier acción no esté apoyada en la mera confrontación y no se trate a las personas migrantes como mera mercancía”, ha afirmado. “Quien ha generado el problema debe asumir su responsabilidad y resolverlo”, concluyeron desde la DGA.

“Estas cantidades no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio. Su función es eminentemente educativa”. Con este argumento, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) ha cuestionado la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados. En un comunicado, la entidad defiende que el dinero de bolsillo forma parte de la intervención socioeducativa que se desarrolla en los centros de protección y permite trabajar aspectos como la gestión responsable del dinero, la planificación, la toma de decisiones o la adquisición de hábitos de consumo: “Es una herramienta pedagógica”.

Suprimirlo, añaden, “dificulta la consecución de objetivos educativos y limita las herramientas con las que cuentan los profesionales para desarrollar su labor”. Además, advierten que reducir las asignaciones a una cuestión económica supone “desconocer el trabajo técnico y educativo que se realiza a diario en los recursos residenciales” y que dificulta los procesos de inclusión y autonomía de los menores.

El CEES Aragón también cuestiona que una decisión de este alcance se haya adoptado “sin escuchar a los profesionales especializados” en infancia y adolescencia y reclama que las políticas públicas dirigidas a estos menores se apoyen en criterios educativos y de protección de derechos. Por ello, pide al Gobierno de Aragón que reconsidere la medida, abra un espacio de diálogo con el sector y garantice que las actuaciones dirigidas a la infancia vulnerable respondan a criterios técnicos y no comprometan sus procesos de integración y emancipación.

UGT Servicios Públicos Aragón coincide en rechazar la medida y considera que retirar la asignación únicamente a los menores extranjeros introduce “una discriminación por origen y nacionalidad” entre jóvenes que se encuentran bajo la misma tutela pública. El sindicato insiste en que el dinero de bolsillo “no es una propina”, sino una herramienta que permite a los adolescentes cubrir pequeños gastos cotidianos, ganar autonomía y avanzar en su inclusión social y educativa. A su juicio, eliminar esta asignación “genera menores de primera y de segunda categoría” y estigmatiza a un colectivo especialmente vulnerable.

Además, UGT rechaza el principal argumento utilizado por la Consejería para justificar la decisión. Si el Gobierno sostiene que eliminar el dinero de bolsillo contribuirá a reducir la violencia en los centros, el sindicato responde que el problema no está en los 17 euros semanales, sino en la falta crónica de personal y en unas ratios de educadores que considera insuficientes. Por ello, reclama reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y aumentar los recursos destinados al sistema de protección de menores, al entender que solo así podrán garantizarse tanto la seguridad de los trabajadores como una atención educativa adecuada.

La explicación del Gobierno

La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha precisado que la retirada de la asignación no se aplicará a todos los menores extranjeros no acompañados, sino únicamente a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y los Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera.

El departamento asegura que recibe de forma constante partes de incidencias de estos centros y afirma disponer de informes que reflejan un elevado número de “asaltos, reyertas, robos y delincuencia”. Según sostiene, la circulación de dinero en efectivo incrementa las agresiones y los robos entre los propios menores y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Por ese motivo, defiende que la nueva instrucción elimina las pagas en estos recursos y niega que el criterio sea la nacionalidad. “El motivo no es que sean extranjeros, sino que esos son los centros donde la violencia está más extendida”, sostiene la Consejería, que añade que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y forma parte del endurecimiento del régimen interno previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox.

La decisión ha abierto varios frentes para el Gobierno de Aragón y también para el Partido Popular, al que la oposición reclama que se pronuncie sobre la iniciativa impulsada por su socio de gobierno. En los últimos días, el Ministerio de Juventud llevó el caso ante la Fiscalía, el Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, Amnistía Internacional ha pedido a Jorge Azcón que revoque la medida por considerarla “discriminatoria” y el PSOE ha solicitado las comparecencias de Nolasco, la gerente del IASS y el director general de Desregulación en las Cortes.

Además, la Orden y los conciertos vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que las entidades recibieron instrucciones para dejar de abonarlo con efecto inmediato antes de que se modificaran esos conciertos.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Aragón del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y del director general de Desregulación para que informen sobre las actuaciones y directrices dictadas en relación con los menores acogidos en centros del sistema público de protección.

En concreto, los socialistas han registrado una petición para que Nolasco comparezca ante el Pleno de las Cortes con el fin de explicar la política de su departamento respecto a los menores tutelados por la Administración. Paralelamente, reclaman que la directora gerente del IASS y el director general de Desregulación acudan a la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia para informar sobre las actuaciones y las directrices realizadas y recibidas en relación con estos menores.

Las solicitudes llegan en plena polémica por la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad, una medida anunciada esta semana por Nolasco y que el Ejecutivo justifica por motivos de legalidad y por el ahorro de 180.000 euros anuales que, según sostiene, permitirá financiar hasta siete plazas en residencias de mayores.

La decisión ha abierto varios frentes en los últimos días. El Ministerio de Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Sala de Menores la medida, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para recabar información sobre su fundamento y ámbito de aplicación y Amnistía Internacional ha remitido una carta al presidente, Jorge Azcón, en la que pide que se revoque la decisión por considerar que supone una medida discriminatoria contra la infancia migrante.

Además, la Orden y los conciertos actualmente vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que el Gobierno trasladó a las entidades gestoras la instrucción de dejar de abonarlo con efecto inmediato, pese a que la modificación de los nuevos conciertos todavía no tiene fecha.

Descartado. El Ministerio de Juventud e Infancia considera que Ribavellosa no es un lugar adecuado para acoger menores migrantes. La petición la formuló el Gobierno de La Rioja, a través de la titular de Salud, María Martín en febrero de este año cuando el ejecutivo riojano supo que llegarían más menores a La Rioja y ante el “colapso” de los recursos.

Y ante esta petición, el Ministerio de Juventud e Infancia ha emitido un informe en el que desaconseja formalmente el uso de la Colonia de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, como recurso residencial para los niños y niñas migrantes no acompañados. El documento, explican desde IU La Rioja, firmado por el Secretario de Estado Rubén Pérez Correa el pasado 10 de junio, responde a la solicitud cursada por el Gobierno de La Rioja y supone un “respaldo a la posición que hemos defendido desde que la Consejería de Salud y Políticas Sociales anunció su intención de utilizar estas instalaciones”.

El informe ministerial recoge una serie de objeciones que IU califica “de peso”. En primer lugar, señala que la colonia es un enclave aislado, alejado de núcleos de población, que impide a los niños, niñas y adolescentes acceder a recursos sociales, sanitarios y educativos, vulnerando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y en la normativa internacional de derechos de la infancia de la que España es parte. Aislamiento que se agrava, además, durante los meses de invierno, cuando el acceso a las instalaciones queda cortado habitualmente por nevadas y caídas de árboles.

El Ministerio advierte también de que el ordenamiento jurídico español no contempla un sistema segregado de acogimiento para menores en función de su origen, sino que exige que los recursos residenciales favorezcan la integración de la infancia extranjera. A ello se suma que las instalaciones carecen de acceso a redes de agua potable y saneamiento, y no disponen de servicio de recogida de basuras ni de reparto de correos. Por último, el informe concluye que el estado general de la colonia es malo y que las obras de adecuación necesarias para un uso residencial requerirían una reforma integral que podría demorarse varios años.

Una resolución ministerial que desde IU La Rioja confirma lo que vienen meses denunciando en el Parlamento de La Rioja. “El Gobierno riojano quería esconder a estos menores en un monte sin agua, sin servicios y sin comunidad. Eso no es acogida, es abandono”, afirma la diputada Henar Moreno quien ha exigido además al Ejecutivo que abandone definitivamente la opción de Ribavellosa y presente una propuesta alternativa “que cumpla con la ley y con los derechos de los niños y niñas que llegan a la comunidad”.

Para Izquierda Unida, el informe evidencia además la falta de planificación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales en la gestión de la acogida de menores migrantes. “María Martín ha tenido meses para buscar soluciones dignas y ha apostado por una instalación que el propio Gobierno central acaba de descartar por no tener ni agua corriente”, ha señalado Moreno. “Que el Ministerio tenga que frenar en seco esta propuesta dice mucho del nivel de improvisación con el que se está gestionando este asunto desde la Consejería.” Desde Izquierda Unida reclaman al Gobierno regional que garanticen la integración comunitaria de los menores y el cumplimiento efectivo de sus derechos.

El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

“Lo que se tramitó como una emergencia social urgente ha acabado siendo un ejemplo de mala gestión, falta de control y posible trato de favor en la contratación pública”. Esta frase, pronunciada en una comisión presidida por la responsable de Obras del Ayuntamiento de Madrid, ha reavivado las críticas respecto al futuro centro de acogida en El Cañaveral. Ahora, las razones son otras: el PSOE arremente contra el retraso en su apertura, prevista para este mes, por problemas en con el contratista de la obra. Pero a la vuelta del verano, en septiembre, los vecinos de este barrio de Vicálvaro salieron a la calle exigiendo paralizar el proyecto, destinado a personas sin hogar, hasta que se resuelvan las cuentas pendientes en infraestructuras públicas.

Recientemente, la Administración municipal cesó el contrato con la constructora adjudicataria de la obra para el centro de acogida, FTC Obras y Energía, por diversos incumplimientos y eso ha ralentizado todo el proceso, posponiendo la apertura de unas 150 plazas destinadas a personas vulnerables y otro encargo en una promoción de pisos protegidos para Villaverde. Así que este miércoles, en una de las sesiones plenarias con concejales de la oposición y responsables de cada área, el portavoz del PSOE Pedro Barrero espetó a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, lo que considera un “fracaso absoluto” en la gestión del centro de acogida.

Desde el PSOE consideran que el proyecto, anunciado a justo antes de otoño, arrastra “meses de incertidumbre” por la entrada de su adjudicataria en concurso de acreedores. De hecho, Barrero desliza un posible conflicto de intereses por la elección de FTC Obras y Energía (empresa española especializada en construcción y renovables), con la que consideran que deberían haber tenido más ojo por los “riesgos” que presentaba la situación de la compañía. Recuerda además que esta misma constructora obtuvo otros contratos municipales en los últimos años y lanza un dardo al Área de Obras: “Esto obliga a preguntarse si estamos ante un contratista habitual o un caso de favoritismo”.

Desde el área de Obras, la concejala Paloma García Romero defendió la actuación del Ayuntamiento y rechazó cualquier irregularidad en el proceso de contratación. “Nadie se ha saltado el procedimiento y se ha cumplido toda la ley”, aseguró, subrayando que la empresa adjudicataria “había funcionado muy bien” en otros proyectos municipales, entre los que menciona el centro cultural de Valdebebas. La edil atribuyó la paralización a circunstancias sobrevenidas —la entrada en concurso de la constructora— y enmarcó el caso dentro como una gota en el mar: “Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema”.

Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema

Paloma García Rodero — Responsable de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid

En su intervención, también criticó lo que calificó como “demonización” de las empresas por parte del Gobierno central, vinculándolo a su política fiscal y laboral. Pese a todo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida insiste en quitar hierro al asunto: “Lo importante es que la obra ha vuelto a empezar”, zanjó su responsable de Obras. Pero los socialistas cuestionan que el consistorio optara, primero, por la vía de emergencia sin garantizar a su juicio que hubiera “mecanismos suficientes” para evitar bloqueos de este tiempo en una infraestructura considerada como prioritaria.

“No se puede hablar de urgencia cuando el resultado es una obra parada durante meses”, vino a reprochar Barrero durante su intervención. El retraso en las obras acentúa el hartazgo que ya han manifestado anteriormente vecinos El Cañaveral. La construcción de un centro de acogida generó malestar desde el inicio. No fue tanto por el recurso en sí, como por la percepción de desequilibrio en las prioridades del Ayuntamiento, al que anteriormente se han reclamado otros recursos como un centro de salud —el barrio nació oficialmente en 2017 y no dispone de ambulatorio— o más plazas públicas en escuelas.

Las asociaciones vecinales organizadas en la zona han expresado en reiteradas ocasiones su frustración respecto a este tema y la “doble vara de medir” que afecta a algunos de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, donde la llegada de equipamientos públicos ha sido más lenta de lo esperado. Mientras tanto, el centro de acogida sigue avanzando —ahora de nuevo en marcha— en medio de críticas políticas y recelos vecinales, convertido en símbolo de las tensiones entre gestión municipal, planificación urbana y expectativas ciudadanas.

El Ayuntamiento de Casalarreina, formado exclusivamente con concejales del PSOE, ha declinado la propuesta del Gobierno de La Rioja para instalar un recurso de acogida de personas menores de edad en el edificio de las “Antiguas Escuelas”. En un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento ha entendido que las reacciones vecinales “evidencian una respuesta social de rechazo” y se ha negado a acoger el recurso “desde el deber de preservar la convivencia”.

En este comunicado, el Ayuntamiento de Casalarreina ha detallado que se han llevado a cabo negociaciones con el Gobierno sobre una propuesta de “cesión temporal de uso para albergar un número reducido de menores”. En esas conversaciones se plantearon, según se señala en el comunicado, “posibles compensaciones e iniciativas de colaboración que resultan relevantes para Casalarreina, como la ejecución de actuaciones vinculadas al Centro de Día, la implantación de módulos de FP y otras alternativas de interés municipal”.

La posibilidad del centro de menores ha generado “un intenso debate público, especialmente en redes sociales”, recoge el texto del consistorio, para el que las reacciones “evidencian una respuesta social de rechazo a esta posibilidad”. Y añade: “El Ayuntamiento entiende que la convivencia y la cohesión social han sido siempre un pilar fundamental de nuestro municipio y una responsabilidad institucional que debemos proteger por encima de cualquier otra consideración”.

Por ello, ha anunciado con este comunicado que rechaza la oferta del Gobierno de La Rioja para la cesión de las Antiguas Escuelas como recurso de acogida de menores, a pesar, puntualizan “de la importancia que tenían —y tienen— para el municipio las compensaciones e inversiones que se estaban negociando”. Así mismo, justifican que la decisión se ha tomado “desde el deber de preservar la convivencia, evitar fracturas sociales y actuar con responsabilidad institucional en un asunto sensible que exige el máximo consenso”.

Cierran el comunicado asegurando que “Casalarreina seguirá defendiendo una convivencia basada en el respeto, la serenidad y la responsabilidad pública. Y seguirá comprometida con un mundo más humano, donde todas las personas sean tratadas con dignidad”.

Rechazo vecinal a centros de menores

No es la primera vez que el rechazo vecinal y de algunos Ayuntamientos bloquea la acogida de menores por parte de la comunidad autónoma de La Rioja, que tiene los pisos de acogida al 100% de su capacidad. El pasado mes de marzo, vecinos de Navarrete llegaron a recoger firmas ante la intención del Ayuntamiento de comprar una casa de la localidad para alojar menores tutelados de menos de 12 años. Las quejas justificaban el alto precio del inmueble, aunque añadían su “temor”, a que “con la creación de este nuevo centro tutelado, aumente la criminalidad y la inseguridad”. El alcalde respondió que el proyecto no se iba a llevar a cabo.

Poco después, en Agoncillo, tras la adjudicación del servicio de siete plazas en este caso para la ejecución de la medida de convivencia en grupo educativo dictada por el juzgado de menores, en una vivienda de Recajo, la alcaldesa del PP manifestó su “firme postura en contra” y considerando que este tipo de centros “no son apropiados en su localidad”. “La llegada de menores con un historial delictivo a nuestra comunidad podría generar un aumento en los temores y preocupaciones de las familias, afectando la tranquilidad que todos valoramos”, dijo.

El Gobierno de La Rioja ha continuado los trámites para cumplir la obligación legal de acoger a menores que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. El pasado mes de diciembre, iniciaron los trámites para la compra del Monasterio de San Agustín para alojar a 14 personas. También, en enero se conocía que se ampliaba el número de plazas para la acogida de menores migrantes con un nuevo recurso de 12 plazas que para entonces todavía no estaba completo. La consejera insitió en la importancia de obviar el lugar en el que se encuentra dicho recurso “por razones obvias” para “que se les señale”.

L'espai de primera acollida habilitat pel Consell de Mallorca a l'antiga caserna de Son Tous, que ja està operatiu, podrà albergar un màxim de 64 menors estrangers no acompanyats.

L'edifici compta amb dues plantes i quatre ales, de les quals pel moment està operativa una a la planta baixa amb capacitat per a 16 menors migrants.

El nou centre d'atenció d'emergència, que és gestionat per la Fundació SAMU, comptarà pel moment -encara que podria incrementar-se a mesura que ho faci el nombre de places-- amb quatre auxiliars educatius, un psicòleg, dos mediadors interculturals i un treballador social.

El president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Guillem Sànchez, ha visitat aquest dimecres el recurs, que ja està en marxa malgrat que pel moment no hi ha cap menor acollit, i ha donat compte del seu funcionament.

El treball que es desenvoluparà a Son Tous, ha explicat, no serà d'integració, sinó d'atenció immediata i buscarà que els menors, a més de rebre la manutenció corresponent, puguin aprendre l'idioma i la cultura mentre avança el seu procés.

“És un recurs molt necessari que permetrà una acomodació ordenada de l'arribada de tots els nens, nenes i adolescents que arriben a la nostra illa”, ha subratllat en declaracions als mitjans de comunicació.

Sànchez ha confiat en que les obres d'adequació de les tres ales restants, que permetrien ampliar la capacitat del centre fins a un màxim de 64 places, avancin amb la celeritat suficient perquè el recurs no es quedi curt.

“Pot quedar-se curt en poc temps? Ja veurem, esperem que el ritme d'arribades no sigui com en els últims anys i això ens permeti accelerar i tenir més ales disponibles”, ha exposat.

Això, ha apuntat, també dependrà del temps que els menors passin acollits en aquest nou recurs, que variarà en funció de la velocitat dels processos dels menors.

“Alguns tenen processos més ràpids i podran ser derivats, i altres tarden més i acabaran el seu acompanyament aquí”, ha reconegut, al·legant que molts dels menors que arriben en pastera a Mallorca tenen entre 16 i 17 anys.

El també conseller insular de Benestar Social ha admès que, tenint en compte la sobresaturació que hi ha a la resta de centres residencials per a menors de l'IMAS, la cronificació d'aquest recurs d'emergències “és una realitat que pot ocòrrer”.

El espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous, que ya está operativo, podrá albergar a un máximo de 64 menores extranjeros no acompañados.

El edificio cuenta con dos plantas y cuatro alas, de las que por el momento está operativa una en la planta baja con capacidad para 16 menores migrantes.

El nuevo centro de atención de emergencia, que está gestionado por la Fundación SAMU, contará por el momento --aunque podría incrementarse a medida que lo haga el número de plazas-- con cuatro auxiliares educativos, un psicólogo, dos mediadores interculturales y un trabajador social.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha visitado este miércoles el recurso, que ya está en marcha pese a que por el momento no hay ningún menor acogido, y ha dado cuenta de su funcionamiento.

El trabajo que se desarrollará en Son Tous, ha explicado, no será de integración sino de atención inmediata y buscará que los menores, además de recibir la manutención correspondiente, puedan aprender el idioma y la cultura mientras avanza su proceso.

“Es un recurso muy necesario que permitirá una acomodación ordenada de la llegada de todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestra isla”, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

Sánchez ha confiado en que las obras de adecuación de las tres alas restantes, que permitirían ampliar la capacidad del centro hasta un máximo de 64 plazas, avancen con la celeridad suficiente para que el recurso no se quede corto.

“¿Que puede quedarse corto en poco tiempo? Ya veremos, esperemos que el ritmo de llegadas no sea como en los últimos años y eso nos permita acelerar y tener más alas disponibles”, ha expuesto.

Eso, ha apuntado, también dependerá del tiempo que los menores pasen acogidos en este nuevo recurso, que variará en función de la velocidad de los procesos de los menores.

“Algunos tienen procesos más rápidos y podrán ser derivados, y otros tardan más y acabarán su acompañamiento aquí”, ha reconocido, alegando que muchos de los menores que arriban en patera a Mallorca tienen entre 16 y 17 años.

El también conseller insular de Bienestar Social ha admitido que, habida cuenta de la sobresaturación que existe en el resto de centros residenciales para menores del IMAS, la cronificación de este recurso de emergencias “es una realidad que puede ocurrir”.

El Gobierno de La Rioja inicia los trámites administrativos necesarios para habilitar un espacio de acogida de menores no acompañados en el Monasterio de San Agustín, ubicado en el camino viejo de Oyón em Logroño, en cumplimiento del Real Decreto Ley 743/2025, de 26 de agosto, que, a su vez, desarrolla el Real Decreto Ley, 2/2025, de 18 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, y que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores no acompañados y activa la redistribución solidaria obligatoria de las comunidades autónomas.

Según ha justificado el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, la ocupación de los pisos de acogida, con una capacidad de 153 plazas, está al 100%. Ante la previsión de llegada de menores provenientes de Canarias en las próximas semanas, el Ejecutivo pondrá en marcha este nuevo centro. El Gobierno de La Rioja sigue defendiendo “un sistema desinstitucionalizado y cercano que presta a los menores migrantes una atención integral desde el punto de vista sociosanitario, educativo y de inserción en el mercado laboral”.

En este sentido, tal y como se anunció el pasado mes de octubre, el Ejecutivo autonómico lleva meses trabajando con las entidades del tercer sector, la Diócesis riojana, familias de acogida e instituciones que trabajan con menores para adaptar el sistema regional a las necesidades de un proceso de acogida impuesto por Ley abriendo la puerta a nuevas fórmulas, siempre priorizando una atención más personal y adaptada a cada uno de los menores.

En este proceso de búsqueda de entornos donde acoger a estos menores, gracias a la colaboración de la Diócesis, ya se ha iniciado el procedimiento administrativo y urbanístico con el Ayuntamiento de Logroño para cambiar el uso del Monasterio de San Agustín, con una capacidad de acogida de 14 personas.

Esta ubicación se suma a las que ya se están valorando en distintas localidades riojanas para, de manera escalonada, habilitarlas y proceder a la acogida de menores no acompañados, sobre los que la Administración autonómica sigue desconociendo datos concretos sobre su número concreto y posible llegada a nuestra región.

La congregación de Monjas Agustinas se trasladó al monasterio y convento ubicados en el Camino Viejo de Oyón en la década de los años 70 y han permanecido allí hasta finales de este año, con el traslado de las dos últimas hermanas que residían en las instalaciones a la localidad castellonense de Benicassim. Estas instalaciones cuentan con una superficie total construida de 2.424 metros cuadrados (uso religioso y vivienda) en una parcela total que supera los 12.500 metros cuadrados.

En un paso más de la ofensiva del Gobierno del PP en Aragón contra el acogimiento de migrantes de la emergencia canaria en la comunidad, el Ejecutivo autonómico ha revocado la licencia de hotel de los centros que dan servicio a estas personas para que no puedan recibir a otro tipo de clientes. La medida, en algunos casos recurrida, va a suponer como daño colateral que uno de estos establecimientos, el hotel La Pardina de Sabiñánigo, se quede sin alojar esta temporada de invierno a trabajadores de la nieve, como venía haciendo en años anteriores. La Dirección General de Turismo y Hostelería expone que se trata de una decisión “exclusivamente técnica” y que estos establecimientos incumplen la normativa turística.

Antes de este frente, el Ejecutivo popular ya había abierto otros con la llegada de inmigrantes como protagonista: uno con inspecciones sanitarias dirigidas específicamente contra este colectivo y otro con el reguero de recursos ante los tribunales que han planteado los Servicios Jurídicos autonómicos.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha dicho que es “absolutamente compatible” la actividad de los hoteles con la acogida de migrantes y que “se hace desde hace mucho tiempo”. Sin refererise al caso concreto, ha destacado la importancia de la solidaridad entre comunidades autónomas y los derechos humanos, destacando que a los refugiados procedentes de Ucrania se les acogió en las mismas circunstancias. Ha explicado que son las entidades sociales que colaboran con las instuciones las que buscan los alojamientos hoteleros para darles formación y que cada cual “tiene que ejercer sus competencias sin olvidar los derechos humanos, la economía y la solidaridad entre territorios”

Desde el hotel La Pardina comentan a este diario que se encuentran “en un limbo” y que han presentado un recurso a esta decisión del Gobierno de Aragón. Aseguran que su establecimiento tiene entradas independientes y cumple con los requisitos exigidos por el Ejecutivo: “Nosotros cumplimos”. Explican que, tras la inspección, se les dio la opción de rebajar la categoría a hostal y que lo solicitaron, pero que se les denegó. Añade que en estas fechas se les suma una nueva problemática, y es que este establecimiento se encargaba de alojar a trabajadores de Aramón ya que en la zona “no hay alojamientos suficientes. Han estado las tres temporadas anteriores conviviendo con las personas acogidas sin ningún problema, tienen accesos independientes”.

El Hotel Montearagón, situado en Quicena, también ha recibido la notificación y sus responsables —los mismos que los de La Pardina— han presentado otro recurso. Sin embargo, reconocen que la situación en este alojamiento no es tan urgente porque no existe la demanda de hospedaje para trabajadores de Aramón. Otros establecimientos que también han resultado afectados por esta decisión lamentan “el aumento de inspecciones” en los últimos meses, que califican de “acoso, según recoge 'El Periódico de Aragón'.

La Dirección General de Turismo y Hostelería ha formalizado la baja de cuatro hoteles en el registro autonómico, tras argumentar que han perdido las condiciones que justificaron su inscripción y que ya no desarrollan actividad turística. En su lugar, funcionan como dispositivos de acogida de personas migrantes a través de contratos estatales con ONG, lo que, a juicio del Gobierno aragonés, es incompatible con el régimen hotelero.

Según los informes técnicos, estos edificios no cumplen requisitos como accesos independientes, separación de usos o la existencia de núcleos de comunicación vertical diferenciados, tales como ascensores y escaleras específicas para huéspedes. Además, no mantienen los estándares de compartimentación que exige la normativa vigente. Este conjunto de “irregularidades” ha servido de fundamento jurídico para la revocación.

Presión política del Gobierno de Aragón

No obstante, la decisión llega tras meses de presión política y mediática del Ejecutivo autonómico contra estos recursos humanitarios. En los últimos meses, Sanidad ha denunciado públicamente problemas higiénicos en al menos dos de los centros, ambos vinculados a la atención de personas migrantes: La Pardina, en Sabiñánigo, donde hubo un brote de gastroenteritis —en un primer momento se dijo que afectaba a 115 migrantes, aunque el delegado de Gobierno rebajó esa cifra y aseguró que todos los casos fueron de carácter leve—, y el Hotel Mur, en Jaca, que fue acusado de ofrecer comidas en “mal estado” pese a seguir siendo un restaurante abierto al público general.

Según los informes que sostienen los expedientes, la actividad desarrollada en estos inmuebles —la acogida humanitaria de personas migrantes— no puede considerarse turística y, por tanto, contraviene los artículos 2, 34 y 36 del Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón. “Las personas alojadas no son turistas y su estancia no constituye actividad turística”, recogen los documentos técnicos. El Ejecutivo autonómico también esgrime la incompatibilidad de usos prevista en la normativa. El régimen solo permite la coexistencia de actividad hotelera con otros usos turísticos y siempre en zonas diferenciadas, algo que según el informe no se cumple en estos casos.

Todas estas circunstancias han llevado a la Dirección General de Turismo a concluir que han desaparecido las condiciones que motivaron la inscripción original como hoteles, lo que habilita la baja de oficio en el registro autonómico. Turismo sostiene que la decisión es “exclusivamente técnica” y ha ofrecido a los responsables de los inmuebles la posibilidad de inscribirse como hostales o pensiones, figuras en las que sí es posible compatibilizar usos sociales y turísticos. La ONG que gestiona algunos de estos centros no ha respondido por el momento las preguntas de este medio.

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista. Alberto Alcaine, secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de CHA ha expresado que parece “una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”. Ha explicado que con esta medida “estos establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría”.

Expone que, “a pesar de no haberse producido ninguna incidencia, el Gobierno de Aragón toma una medida que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen, lo cual choca de forma frontal con todo lo que defendemos desde Chunta Aragonesista”, ha señalado el secretario de Política Sectorial y Agenda 2030.

Izquierda Unida Altoaragón también ha mostrado su rechazo y han acusado al Ejecutivo de “racismo y clasismo”. Para la organización, el impacto no solo recae sobre las personas migrantes y la plantilla de estos centros, sino que afecta también al conjunto del sector hostelero del Altoaragón, “generando graves repercusiones económicas y sociales”.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas inmigrantes, el reglamento exige entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. IU ha considerado que obligar a separar accesos y espacios “constituye un trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables”. El coordinador de Izquierda Unida del Altoaragón, Vicente Guerrero, ha afirmado: “Esta decisión institucionaliza la segregación y lanza un mensaje profundamente peligroso, que hay personas de primera y personas de segunda”.

El PSOE aragonés también ha mostrado su rechazo. La alcaldesa socialista de Sabiñánigo, Berta Fernández, municipio donde se ubica uno de los hoteles que pierde esta licencia critica “razones políticas del gobierno de Azcón”. Asegura que este uso compatible nunca había generado problemas y supone un recurso económico para estos hoteles. “Es una medida drástica e innecesaria”, ha dicho.

El PSOE aragonés ha informado de que no va a tolerar el “uso partidista” de personas y establecimientos que generan actividad económica. Critica la “falta de empatía de Azcón” así como la “ausencia total de información y la alevosía” con que se ha llevado a cabo esta medida. Además añaden los socialistas que medidas como esta “suponen un castigo en toda la regla a cualquiera que se atreva a trabajar o a colaborar con la acogida de menores”.

Problemas sanitarios en los centros de acogida

La resolución llega tras una sucesión de incidentes y actuaciones de inspección relacionadas con los centros de acogida de la emergencia canaria en Aragón. En marzo, el Servicio de Inspección de Salud detectó deficiencias en limpieza y desinfección en la residencia de Sabiñánigo, el antiguo hotel La Pardina, donde un brote de gastroenteritis. En un primer momento se informó de que afectó a 115 de las 117 personas expuestas y Sanidad atribuyó el origen a alimentos manipulados sin las garantías higiénicas necesarias. Días después, Subdelegación de Gobierno en Huesca aseguró que la afección había sido leve y que afectó a “un número muy reducido de personas”.

El centro está gestionado por la ONG Apip Acam, contratada por el Ministerio de Inclusión, y que no respondió a las llamadas realizadas desde las redacciones para recabar su versión. Tras el brote, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, reclamó al Gobierno central información sobre los controles aplicados en estos recursos, sin obtener respuesta, según trasladó el Ejecutivo aragonés.

Antes, en febrero, Sanidad había advertido de “graves deficiencias” en un restaurante del Hotel Mur, en Jaca, donde comen mujeres y menores migrantes. El Departamento vinculó las anomalías con la atención a este grupo pese a que el establecimiento continuaba abierto al público, sirviendo comidas incluso a escolares que se encontraban en la localidad por la Semana Blanca.

Este señalamiento fue criticado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien acusó al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de mantener un “tratamiento desigual” hacia los migrantes, al pedir alternativas de comedor únicamente para ellos. Beltrán reprochó que el Ejecutivo autonómico omitiera que cualquier persona podía comer en ese local en el momento de las denuncias. Días después, una nueva inspección verificó que se habían corregido todas las deficiencias y el restaurante cumplía la normativa.

El Gobierno de Aragón defiende su actuación

Los Departamentos de Medio Ambiente y Turismo y de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han publicado un comunicado defendiendo la retirada de licencias de estos centros y exigiendo “respeto” a las actuaciones de los funcionarios. Han expresado ver “con estupor y sorpresa” que la Delegación del Gobierno “ofrezca asesoría jurídica a quien incumple la normativa, dado que como institución pública está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley”. 

Aseguran que las acciones que se han emprendido “pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando”. Es decir, “no cierran sus puertas como residencia para población migrante ni su retirada del Registro de Turismo supone ningún cambio respecto a esta actividad, que está conveniada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con diferentes fundaciones y de la que el Gobierno de Aragón no es competente”.

Sostienen que las resoluciones adoptadas por la Dirección General quedan “plenamente argumentadas jurídicamente” y se corresponden con la labor y competencias de la Inspección de Turismo, que actúa tanto de oficio ante quejas o reclamaciones, como ha sucedido en este caso, como a través de una programación anual.

Els grups parlamentaris del PP i Vox a Balears han donat suport públicament que les empreses hoteleres contractin migrants extutelats i, més en concret, que Melià se sumi al programa Urdimbre del govern de Canàries, que busca facilitar la inserció laboral de joves que van arribar a les illes sent menors sense referents familiars. Es tracta d'un suport que contrasta amb l'enduriment del discurs d'ambós partits entorn de l'acollida de menors migrants no acompanyats: “[Gabriel] Escarrer és un empresari privat”, ha asseverat aquest dimarts la portaveu del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas.

El portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha subratllat que la seva formació veu la iniciativa “amb el màxim respecte, com una empresa importantíssima que té interessos a Balears, en altres comunitats autònomes i en altres llocs del món”, en referència a Melià, mentre, al seu torn, ha reconegut que el Govern de Marga Prohens acaba de presentar un pla d'ocupació per prioritzar els aturats de llarga duració de Balears “abans que portar-los de fora, precisament per no incrementar el problema que tenim a Balears de creixement poblacional”.

Precisament, a principis del passat mes d'octubre, Prohens va subratllar en diverses ocasions, durant la seva intervenció en el Debat de Política General, que el seu gabinet governa “per a la gent d'aquí” i va anunciar que modificarà la renda d'emancipació per exigir un mínim de tres anys de tutela a les illes. “No podem contribuir de cap forma a un efecte crida sobre una ruta migratòria [en referència a les persones que arriben en pastera des d'Algèria] que creix exponencialment i que, a falta de tres mesos per acabar l'any, ja ha superat en persones migrants les arribades de tot l'any passat”, va manifestar.

Sobre les paraules de la presidenta del Govern, Cañadas va relliscar que “dona la casualitat que són propostes i exigències” emmarcades en el marc ideològic del seu partit. “Per fer les polítiques de Vox el millor és que governi Vox”, va manifestar.

En ser preguntada per la contractació de 46 migrants extutelats per part de Melià i per les paraules del seu president al respecte, i tenint en compte les manifestacions de Vox sobre que els menors migrants “on millor estan és amb els seus pares al seu país d'origen”, Cañadas ha recalcat que continua pensant el mateix en aquest sentit. No obstant això, ha matisat: “Nosaltres el que diem és que qualsevol persona que estigui legalment a Espanya amb un contracte de treball és benvinguda. Que aporti a la Seguretat Social i que vingui a treballar, no a delinquir”, ha asseverat, incidint en una de les proclames més difoses per la dreta i la ultradreta, la que relaciona falsament l'arribada d'estrangers amb la delinqüència.

“Si el senyor Escarrer els ha fet un contracte de treball i estan treballant, benvingut sigui el que aportin a la Seguretat Social i que després es reverteixi en tots els ciutadans que trepitgen territori espanyol”, ha conclòs.

Tal com va informar en el seu moment Melià Hotels International, els 46 joves extutelats s'han incorporat a diferents llocs en les àrees de cuina, sala, neteja i manteniment d'un dels hotels Paradisus Fuerteventura. També s'han sumat cambrers de pis, que rebran formació específica per part del grup hoteler.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en Balears han respaldado públicamente que las empresas hoteleras contraten a migrantes extutelados y, más en concreto, que Meliá se sume al programa Urdimbre del Gobierno de Canarias, que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes que llegaron a las islas siendo menores sin referentes familiares. Se trata de un apoyo que contrasta con el endurecimiento del discurso de ambos partidos en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados: “[Gabriel] Escarrer es un empresario privado”, ha aseverado este martes la portavoz del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha subrayado que su formación ve la iniciativa “con el máximo respeto, como una empresa importantísima que tiene intereses en Balears, en otras comunidades autónomas y en otros lugares del mundo”, en referencia a Meliá, mientras, a su vez, ha reconocido que el Govern de Marga Prohens acaba de presentar un plan de ocupación para priorizar a los parados de larga de larga duración de Balears “antes que traerlos de fuera, precisamente para no incrementar el problema que tenemos en Balears de crecimiento poblacional”.

Precisamente, a principios del pasado mes de octubre, Prohens subrayó en varias ocasiones, durante su intervención en el Debate de Política General, que su gabinete gobierna “para la gente de aquí” y anunció que modificará la renta de emancipación para exigir un mínimo de tres años de tutela en las islas. “No podemos contribuir de ninguna forma a un efecto llamada sobre una ruta migratoria [en referencia a las personas que llegan en patera desde Argelia] que crece exponencialmente y que, a falta de tres meses para acabar el año, ya ha superado en personas migrantes las llegadas de todo el año pasado”, manifestó.

Sobre las palabras de la presidenta del Govern, Cañadas deslizó que “da la casualidad que son propuestas y exigencias” encuadradas en el marco ideológico de su partido. “Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox”, manifestó.

Al ser preguntada por la contratación de 46 migrantes extutelados por parte de Meliá y por las palabras de júbilo de su presidente al respecto, y teniendo en cuenta las manifestaciones de Vox acerca de que los menores migrantes “donde mejor están es con sus padres en su país de origen”, Cañadas ha recalcado que continúa pensando lo mismo en este sentido. Sin embargo, ha matizado: “Nosotros lo que decimos es que cualquier persona que esté legalmente en España con un contrato de trabajo es bienvenida. Que aporte a la Seguridad Social y que venga a trabajar, no a delinquir”, ha aseverado, incidiendo en una de las proclamas más difundidas por la derecha y la ultraderecha, la que relaciona falsamente la llegada de extranjeros con la delincuencia.

“Si el señor Escarrer les ha hecho un contrato de trabajo y están trabajando, bienvenido sea lo que aporten a la Seguridad Social y que luego se revierta en todos los ciudadanos que pisan territorio español”, ha zanjado.

Tal como informó en su momento Meliá Hotels International, los 46 jóvenes extutelados se han incorporado a distintos puestos en las áreas de cocina, sala, limpieza y mantenimiento de uno del hotel Paradisus Fuerteventura. También se han sumado camareros de piso, que recibirán formación específica por parte del grupo hotelero.

Menos de un mes después de que el Gobierno del PP en la Región de Murcia cerrara a cal y canto el centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz, siguiendo a rajatabla las directrices de Vox a cambio de obtener su 'sí' a los presupuestos de 2025, la asistencia humanitaria a los migrantes vuelve al centro del debate político y los populares tratan de guardar las apariencias. Hoy han rechazado frontalmente –con los votos en contra también de PSOE y Podemos– una moción de la formación ultra en la Asamblea que exigía el cierre del resto de centros que siguen acogiendo a menores no acompañados en la comunidad.

La clausura del de Santa Cruz, que proporcionaba hogar a 47 menores, fue para los de Santiago Abascal un caballo de troya ideológico que colaron en el marco político del Ejecutivo autonómico popular, pero también fue un cebo que ha demostrado ser eficaz. El PP picó el anzuelo. Le dieron la mano a Vox y ahora Vox, en contraposición, le ha agarrado el brazo. “Gracias a nosotros, ese centro de 'menas' se cerró. No nos movemos de la oposición a la inmigración ilegal. Hablamos de la seguridad de los vecinos, y de la pérdida patrimonial de los barrios de la Región”, ha señalado el número uno ultra, José Ángel Antelo, durante la defensa de su propuesta.

Vox tiene a los populares en una posición complicada porque saben que, al gobernar en minoría —dos escaños por debajo de la mayoría absoluta—, los necesitan sí o sí como sostén. Sin los apoyos puntuales de los diputados ultras a las partidas presupuestarias y los proyectos de ley que proponga el Gobierno autonómico y el PP, la legislatura en la Región se tornará frágil y podría estar avocada al fracaso. En el horizonte se encuentran ya los presupuestos de 2026. Los últimos meses en la política murciana han demostrado que exigir una sola cosa, para la formación de extrema derecha, no es suficiente. Primero fue el de Santa Cruz, pero ahora su discurso racista se ha extendido al resto de centros de menores que realizan el mismo cometido humanitario, donde no solo se alojan migrantes, sino también menores en situación de vulnerabilidad, y en contextos sociales precarios y delicados.

Los ultras utilizan este tipo de mociones para echar un pulso al PP y para sacar pecho al mismo tiempo. Detrás de esta estrategia hay un pilar sólido de datos. Vox sube a paso firme en los sondeos, y sería ya la segunda fuerza política en la Región adelantando al PSOE, según el último barómetro del CEMOP.

Sus diputados son plenamente conscientes de que arañan votos al PP cada tres meses. Eso se evidencia, por ejemplo, en la soltura y la confianza con la que Antelo ha entablado su discurso en la Cámara, dándose ya como ganador de las autonómicas de 2027. “¿Por qué los ciudadanos de la Región tienen que sufrir la inseguridad, los machetazos, los robos y las violaciones que ustedes provocan con sus malditas políticas? Están colaborando con la inmigración ilegal, financiándola y mandando un mensaje de que la Región de Murcia es un buen lugar para venir”, ha afirmado

Antelo ha llegado a asegurar, sin ninguna prueba ni dato oficial, que los centros de acogida de menores “están destrozando la convivencia en todos y cada uno de los barrios de la Región”. El líder de Vox ha acusado al PP, pero también al PSOE y a Podemos, de ser unos “traidores a la Región y a España”.

El PP descarta cerrar más centros de menores

Las afirmaciones falsas y tergiversadas de Antelo han encontrado la respuesta rápida del portavoz popular, Joaquín Segado, que ha pasado en cuestión de meses de acatar las consignas de la extrema derecha a la confrontación directa contra ella. Segado ha asegurado que el PP “no va a participar en atajos simplistas”. “Con un discurso populista e indigno, —Vox— pide cerrar todos los centros de menores, algo ilegal, imposible e inhumano. Su propuesta es irresponsable”.

“No vamos a cerrar centros sin alternativa”, ha destacado Segado. Acto seguido el portavoz popular ha tratado de suavizar la diatriba con sus homólogos de la ultraderecha arremetiendo contra la “política migratoria” del Ejecutivo central que, en palabras del diputado, “debilita las fronteras y transfiere a las comunidades un problema que es del Estado”. Para Segado, la Región de Murcia es, por consecuencia de dichas políticas migratorias, “la primera línea de la ruta mediterránea de las mafias” a la que se impone “un reparto injustificado de menores no acompañados”. “Se utiliza el Hospital Naval como puerta de atrás para traslados”, ha sostenido, en referencia al campamento provisional de acogida que el Ministerio de Inclusión estableció en Cartagena en 2023 ante la presión migratroria del Archipiélago canario.

El PP ha solicitado al Gobierno de España, aunque esta propuesta también ha sido rechazada por la Cámara, “cumplir con los procedimientos de repatriación, activar mecanismos que permitan la reagrupación familiar, verificar la edad de los supuestos menores y más financiación para las comunidades”. Los populares apuestan, esto es algo en lo que siguen estando de acuerdo con los ultras, por la política de la repatriación y por las pruebas periciales y médicas que ya se están realizando en la Región, a instancias también de Vox, para determinar si los migrantes que llegan a la comunidad son efectivamente menores.

Fuentes del PP destacan que el cierre del centro de Santa Cruz se realizó, exclusivamente, para “cumplir” el acuerdo de presupuestos rubricado con la ultraderecha. El partido, prosiguen dichas fuentes, nunca ha estado por la labor de cerrar ninguna instalación de acogida de menores en la comunidad, y no cerrará más. Las relaciones con Vox han parecido este miércoles más distantes que en toda la legislatura. Pero eso, teniendo en cuenta los antecedentes, puede cambiar en cualquier momento.

En un contexto de incertidumbre política, con Vox subiendo como la espuma en las encuestas, el partido de extrema derecha pretende seguir propagando el racismo en el Parlamento autonómico, y buscando que el PP, como ya ha hecho en varias ocasiones, lo compre. En el seno de la formación de Abascal tienen la sensación de que si los populares compran su discurso reaccionario, les consiguen quitar votos. Pero que, si lo rechazan, también les debilitan electoralmente.

Este miércoles han pinchado en hueso. Lo próximo será debatir y votar una moción para prohibir el burka y cualquier vestimenta islámica “que oculte el rostro” en los espacios públicos murcianos. “Vox se ha quedado solo en lo que le importa de verdad a la ciudadanía de la Región. Aquí se van a seguir votando propuestas contra la inmigración ilegal. El resto de diputados tiene la oportunidad de hacer lo correcto y, si no lo hacen, lo van a pagar en las urnas y en las calles”, ha amenazado Antelo al concluir su intervención, entre las sonrisas y los aplausos de los suyos.

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara continúan con las posturas enfrentadas respecto a la situación del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la capital tras la celebración, este lunes, de una comisión de seguimiento para analizar los problemas detectados.

Fuentes de la Consejería de Igualdad han reconocido a Europa Press la “crisis de gestión” que atraviesa el recurso, atribuida a la falta de experiencia de la empresa adjudicataria y a la “inacción” del Ayuntamiento, responsable del contrato.

También han advertido de la persistencia de problemas como la ausencia de apoyo psicológico, deficiencias en infraestructuras y suministros, y de retrasos en la entrega de ayudas económicas, pese a que los fondos autonómicos se han transferido íntegramente. Al igual, han lamentado no poder intervenir directamente por carecer de relación jurídica con la empresa, al ser el Ayuntamiento el que gestiona el contrato.

No obstante, no descartan estudiar “opciones administrativas” para tratar de corregir la situación, tras observar que en la comisión celebrada este lunes no se produjo “ningún avance” y sentir que desde el Gobierno local “minimicen” la gravedad de los hechos, conclusiones que no coinciden con las del Consistorio de la capital alcarreña.

Así, el concejal de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha afirmado también, este martes, a preguntas de los periodistas, que en esa reunión hubo “puntos comunes” sobre la gestión del recurso y la forma de trabajar para que el mismo funcione correctamente.

Según Narro, el Consistorio ha estado trabajando “desde el primer momento” con las trabajadoras del recurso para arreglar los problemas detectados y asume su responsabilidad.

Al igual, el concejal ha recordado cómo, hace unas semanas, se notificaron a la empresa “una serie de incumplimientos” y se le concedió un plazo de diez días para responder, en el marco de las “acciones contractuales pertinentes”, como se haría con cualquier otra empresa que no cumpla, casos en los que se procede a llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes. Narro ha señalado que “las nóminas y ayudas a las usuarias están al día” y que los problemas de personal responden a la dificultad general para contratar profesionales sanitarios.

El edil ha pedido “dejar de alarmar y enturbiar el recurso y ponerse a trabajar juntos” para garantizar que el mismo funcione correctamente y cumpla su finalidad de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.

Tiene ocho años de vida, más de 25.000 habitantes censados y otros tantos fuera de los registros porque aún no han llegado a empadronarse. Nació para descongestionar el Ensanche de Vallecas con un plan de viviendas asequibles, que en los próximos años prevé atraer a cientos de vecinos. Lo que no tiene (de momento) es un centro de salud propio, escuelas públicas en las que quepan más de 88 niños o institutos cerca a los que puedan pasar una vez que salgan del colegio. El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, es uno de los principales barrios en construcción de Madrid que surgieron con los nuevos desarrollos del sureste, un plan para contrarrestar la demanda al alza de vivienda en una ciudad que, en 2025, ha superado por primera vez los 3,5 millones de habitantes. Pero estas expectativas de crecimiento sin recursos públicos suficientes preocupa a quienes, a día de hoy, tardan una hora en llegar al médico más cercano o escolarizan a sus hijos en el centro a kilómetros de casa.

“Me cuesta creer que necesiten tanto tiempo para traer servicios básicos a los vecinos pero tarden solo seis meses en levantar un centro de acogida para alguien que viene de fuera”, resume con fastidio Carmen Tabanera, que esa tarde había ido a Vicálvaro a hacer unos recados que no podía completar por su zona. Se mudó a El Cañaveral casi desde el principio y actualmente da voz a Aveca, la asociación de vecinos que vela por el barrio. El anuncio de una obra inminente para instalar un espacio que dé techo a gente sin hogar ha cabreado a los residentes, que llevan años presionando a las administraciones o reclamando unas mejores conexiones del transporte público –solo hay dos líneas de autobús y no existe metro–, un ambulatorio o más centros para que los 5.225 niños (menores de 14 años) que viven allí puedan estudiar cerca.

La semana pasada, cuando se aprobó la infraestructura en Junta de Gobierno, estos vecinos reclamaron al Ayuntamiento la suspensión del proyecto, al menos, hasta materializar las infraestructuras o servicios públicos “que llevan años pendientes”. No se oponen a la función que los centros de acogida cumplen con quienes no tienen otro recurso, pero creen que una noticia como esa en un contexto como el que viven refleja una “injusticia territorial” clara y una privatización selectiva en el barrio; es decir, que mientras se obliga a los residentes a acudir a clínicas privadas o iniciar unos juegos del hambre para poder matricular a sus hijos sí se invierten esfuerzos en colocar un centro que, consideran, es menos prioritario y aun así va a levantarse en tiempo récord.

Después de pedir una reunión urgente con el equipo municipal, los vecinos se reunirán este jueves con el departamento de Políticas Sociales. Acuden con 28 preguntas relacionadas con promesas demoradas o servicios inexistentes que les derivan a kilómetros de distancia mientras se prevé aumentar aún más la población del barrio. Una de ellas cuestiona la inversión de ocho millones de euros destinada a construir el centro de acogida en mitad de una zona industrial, aplicando una “doble vara de medir” que “castiga al sur de Madrid”, donde se concentran buena parte de los recursos sociales vinculados al Ayuntamiento.

Años de espera para el primer centro de salud en el barrio

Además de El Cañaveral, otros barrios residenciales como Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros continúan en expansión y buscan su lugar como nuevos desarrollos al sureste de la ciudad. En el primero hay proyectos en ciernes que habrán de esperar unos años, pero ya han sido planteados: el ansiado centro de salud comenzará a construirse, si todo va según lo previsto, a lo largo de la próxima legislatura; pero hasta 2029 no verá la luz. En esos años la previsión es que aumente el número de habitantes e incluso puede que se rebase la frontera de los 30.000, así que continuar creciendo sin una atención primaria en el barrio que evite colapsos en Vicálvaro, Coslada o el Hospital del Henares –lo denunció este verano CCOO– no tranquiliza a los vecinos.

De hecho, algunos creen que de esta falta de recursos públicos surgen otros problemas que, a la vez, ralentizan más su llegada. “Somos muchos los que ni siquiera hemos cambiado de médico y seguimos adscritos al de Ensanche de Vallecas. Yo misma he decidido hacerlo porque la otra opción era buscar el más próximo entre centros saturados. Y si la gente no se empadrona, nadie sabe a ciencia cierta cómo medir las necesidades de un conjunto firme de residentes”. Quien lanza esta reflexión es Naiara Salas, otra vecina de El Cañaveral que se ha sumado a esta denuncia colectiva. Con cada cita médica se traslada a su antiguo barrio a expensas de que en el nuevo abran un centro de salud.

Un colegio público limitado y otro concertado a 400 euros al mes

Hace cinco años desde que se mudó con sus dos hijos y entonces ni siquiera había guardería en la que matricularlos. Desde 2023 existe una escuela municipal infantil en la zona, aunque aún faltan “con mucha urgencia” los institutos o ampliar el ratio del único colegio público abierto este curso. La Comunidad de Madrid anunció que incorporaría desde su creación los dos primeros años de Secundaria, pero de momento ocho de sus 12 aulas permanecen vacías y solo hay abiertas cuatro líneas para los niños de 3-4 años. La otra opción es el Humanitas Bilingual School, un centro concertado por el que las familias pueden pagar entre 380 y 420 euros de media al mes.

“Si la escuela pública no llega, el mercado siempre lo hace”, sentencia el diputado del PSOE en la Asamblea Esteban Álvarez, especializado en temas de educación. Tilda de “barracones” los módulos a los que el Gobierno madrileño ha enviado a los estudiantes de El Cañaveral y denuncia que lo que está ocurriendo en el barrio “pone límites a la enseñanza universal” o asume que “solo el que se lo pueda permitir tiene opciones cerca, ya sea por lo privado o la [escuela] concertada”. En este sentido, el político lanza dardos a la administración del PP –que gobierna en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– cuestionando su agilidad para ofrecer respuestas: “Dicen que el centro crecerá por fases. ¿Cuántas? ¿Con qué calendario? ¿Con qué presupuesto? ¿A qué ritmo piensa responder la Consejería a un barrio que hoy necesita al menos dos colegios completos y un instituto en funcionamiento?”

El alquiler asequible llenará el barrio sin que sea fácil salir de él

Tanto Álvarez como la asociación vecinal de la zona proponen “aprovechar las aulas vacías del colegio” recién estrenado, llamado Rudyard Kipling, mientras construyen un nuevo centro ante la “urgencia de que la escolarización sea accesible a pie” para los vecinos. Para lograrlo, AVECA ha reunido más de 4.500 firmas que exigen una apertura completa de la escuela pública y otras 3.957 que reclaman un instituto propio. “El año que viene entrará toda la gente que se ha hecho con una vivienda de alquiler asequible en hasta cuatro macrourbanizaciones, y eso va a dificultar aún más que todos podamos optar a una plaza en la guardería o el colegio”, lamenta la vecina Naiara Salas.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, está construyendo en el barrio de El Cañaveral un total de 1.212 pisos en categoría de alquiler asequible repartidos en 13 promociones de viviendas, todas de protección pública. El 80% (más de 1.000) serán para jóvenes o familias con hijos menores de edad. Este tipo de iniciativas ofrecen domicilio a precio reducido o por debajo del mercado a personas con ingresos limitados; en este caso, con rentas inferiores al 30% de los ingresos totales en la unidad familiar. La idea es que esté todo a punto en el último trimestre del año.

En lo que al transporte público se refiere, las más de 300.000 personas que acudirán a vivir a los nuevos desarrollos del sureste de Madrid tendrán al Bus Rapid como principal opción (o, en la mayoría de casos, la única) para moverse en transporte público por los barrios que proyecta la capital. El equipo de José Luis Martínez-Almeida presentó en julio del año pasado una solución para transportar a futuros vecinos a través de un bulevar de 16 kilómetros de recorrido que conectará con áreas verdes o carriles bici. “De momento para movernos solo tenemos dos líneas de autobús, el 159 y el E5, porque el metro ni siquiera llega hasta aquí”, añade Carmen Tabanera, la portavoz vecinal.

“Lo que pasa aquí puede ser el augurio de lo que ocurrirá después en Los Ahijones o Los Berrocales”, compara, teniendo en cuenta que “la tardanza” para implementar servicios públicos de primer orden en el barrio puede repetirse en el resto de desarrollos. Y eso genera problemas no solo de acceso, sino también de seguridad. “Los policías tienen que venir desde San Blas-Canillejas porque no tenemos comisaría, así que si surge algún contratiempo a la vez allí tendrán que volverse porque nosotros no tenemos prioridad”, comenta Tabanera. Por lo pronto, prepara la reunión del jueves con los representantes del Ayuntamiento: “No podemos seguir así”.