El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

“Lo que se tramitó como una emergencia social urgente ha acabado siendo un ejemplo de mala gestión, falta de control y posible trato de favor en la contratación pública”. Esta frase, pronunciada en una comisión presidida por la responsable de Obras del Ayuntamiento de Madrid, ha reavivado las críticas respecto al futuro centro de acogida en El Cañaveral. Ahora, las razones son otras: el PSOE arremente contra el retraso en su apertura, prevista para este mes, por problemas en con el contratista de la obra. Pero a la vuelta del verano, en septiembre, los vecinos de este barrio de Vicálvaro salieron a la calle exigiendo paralizar el proyecto, destinado a personas sin hogar, hasta que se resuelvan las cuentas pendientes en infraestructuras públicas.

Recientemente, la Administración municipal cesó el contrato con la constructora adjudicataria de la obra para el centro de acogida, FTC Obras y Energía, por diversos incumplimientos y eso ha ralentizado todo el proceso, posponiendo la apertura de unas 150 plazas destinadas a personas vulnerables y otro encargo en una promoción de pisos protegidos para Villaverde. Así que este miércoles, en una de las sesiones plenarias con concejales de la oposición y responsables de cada área, el portavoz del PSOE Pedro Barrero espetó a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, lo que considera un “fracaso absoluto” en la gestión del centro de acogida.

Desde el PSOE consideran que el proyecto, anunciado a justo antes de otoño, arrastra “meses de incertidumbre” por la entrada de su adjudicataria en concurso de acreedores. De hecho, Barrero desliza un posible conflicto de intereses por la elección de FTC Obras y Energía (empresa española especializada en construcción y renovables), con la que consideran que deberían haber tenido más ojo por los “riesgos” que presentaba la situación de la compañía. Recuerda además que esta misma constructora obtuvo otros contratos municipales en los últimos años y lanza un dardo al Área de Obras: “Esto obliga a preguntarse si estamos ante un contratista habitual o un caso de favoritismo”.

Desde el área de Obras, la concejala Paloma García Romero defendió la actuación del Ayuntamiento y rechazó cualquier irregularidad en el proceso de contratación. “Nadie se ha saltado el procedimiento y se ha cumplido toda la ley”, aseguró, subrayando que la empresa adjudicataria “había funcionado muy bien” en otros proyectos municipales, entre los que menciona el centro cultural de Valdebebas. La edil atribuyó la paralización a circunstancias sobrevenidas —la entrada en concurso de la constructora— y enmarcó el caso dentro como una gota en el mar: “Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema”.

Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema

Paloma García Rodero — Responsable de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid

En su intervención, también criticó lo que calificó como “demonización” de las empresas por parte del Gobierno central, vinculándolo a su política fiscal y laboral. Pese a todo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida insiste en quitar hierro al asunto: “Lo importante es que la obra ha vuelto a empezar”, zanjó su responsable de Obras. Pero los socialistas cuestionan que el consistorio optara, primero, por la vía de emergencia sin garantizar a su juicio que hubiera “mecanismos suficientes” para evitar bloqueos de este tiempo en una infraestructura considerada como prioritaria.

“No se puede hablar de urgencia cuando el resultado es una obra parada durante meses”, vino a reprochar Barrero durante su intervención. El retraso en las obras acentúa el hartazgo que ya han manifestado anteriormente vecinos El Cañaveral. La construcción de un centro de acogida generó malestar desde el inicio. No fue tanto por el recurso en sí, como por la percepción de desequilibrio en las prioridades del Ayuntamiento, al que anteriormente se han reclamado otros recursos como un centro de salud —el barrio nació oficialmente en 2017 y no dispone de ambulatorio— o más plazas públicas en escuelas.

Las asociaciones vecinales organizadas en la zona han expresado en reiteradas ocasiones su frustración respecto a este tema y la “doble vara de medir” que afecta a algunos de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, donde la llegada de equipamientos públicos ha sido más lenta de lo esperado. Mientras tanto, el centro de acogida sigue avanzando —ahora de nuevo en marcha— en medio de críticas políticas y recelos vecinales, convertido en símbolo de las tensiones entre gestión municipal, planificación urbana y expectativas ciudadanas.

El Ayuntamiento de Casalarreina, formado exclusivamente con concejales del PSOE, ha declinado la propuesta del Gobierno de La Rioja para instalar un recurso de acogida de personas menores de edad en el edificio de las “Antiguas Escuelas”. En un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento ha entendido que las reacciones vecinales “evidencian una respuesta social de rechazo” y se ha negado a acoger el recurso “desde el deber de preservar la convivencia”.

En este comunicado, el Ayuntamiento de Casalarreina ha detallado que se han llevado a cabo negociaciones con el Gobierno sobre una propuesta de “cesión temporal de uso para albergar un número reducido de menores”. En esas conversaciones se plantearon, según se señala en el comunicado, “posibles compensaciones e iniciativas de colaboración que resultan relevantes para Casalarreina, como la ejecución de actuaciones vinculadas al Centro de Día, la implantación de módulos de FP y otras alternativas de interés municipal”.

La posibilidad del centro de menores ha generado “un intenso debate público, especialmente en redes sociales”, recoge el texto del consistorio, para el que las reacciones “evidencian una respuesta social de rechazo a esta posibilidad”. Y añade: “El Ayuntamiento entiende que la convivencia y la cohesión social han sido siempre un pilar fundamental de nuestro municipio y una responsabilidad institucional que debemos proteger por encima de cualquier otra consideración”.

Por ello, ha anunciado con este comunicado que rechaza la oferta del Gobierno de La Rioja para la cesión de las Antiguas Escuelas como recurso de acogida de menores, a pesar, puntualizan “de la importancia que tenían —y tienen— para el municipio las compensaciones e inversiones que se estaban negociando”. Así mismo, justifican que la decisión se ha tomado “desde el deber de preservar la convivencia, evitar fracturas sociales y actuar con responsabilidad institucional en un asunto sensible que exige el máximo consenso”.

Cierran el comunicado asegurando que “Casalarreina seguirá defendiendo una convivencia basada en el respeto, la serenidad y la responsabilidad pública. Y seguirá comprometida con un mundo más humano, donde todas las personas sean tratadas con dignidad”.

Rechazo vecinal a centros de menores

No es la primera vez que el rechazo vecinal y de algunos Ayuntamientos bloquea la acogida de menores por parte de la comunidad autónoma de La Rioja, que tiene los pisos de acogida al 100% de su capacidad. El pasado mes de marzo, vecinos de Navarrete llegaron a recoger firmas ante la intención del Ayuntamiento de comprar una casa de la localidad para alojar menores tutelados de menos de 12 años. Las quejas justificaban el alto precio del inmueble, aunque añadían su “temor”, a que “con la creación de este nuevo centro tutelado, aumente la criminalidad y la inseguridad”. El alcalde respondió que el proyecto no se iba a llevar a cabo.

Poco después, en Agoncillo, tras la adjudicación del servicio de siete plazas en este caso para la ejecución de la medida de convivencia en grupo educativo dictada por el juzgado de menores, en una vivienda de Recajo, la alcaldesa del PP manifestó su “firme postura en contra” y considerando que este tipo de centros “no son apropiados en su localidad”. “La llegada de menores con un historial delictivo a nuestra comunidad podría generar un aumento en los temores y preocupaciones de las familias, afectando la tranquilidad que todos valoramos”, dijo.

El Gobierno de La Rioja ha continuado los trámites para cumplir la obligación legal de acoger a menores que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. El pasado mes de diciembre, iniciaron los trámites para la compra del Monasterio de San Agustín para alojar a 14 personas. También, en enero se conocía que se ampliaba el número de plazas para la acogida de menores migrantes con un nuevo recurso de 12 plazas que para entonces todavía no estaba completo. La consejera insitió en la importancia de obviar el lugar en el que se encuentra dicho recurso “por razones obvias” para “que se les señale”.

L'espai de primera acollida habilitat pel Consell de Mallorca a l'antiga caserna de Son Tous, que ja està operatiu, podrà albergar un màxim de 64 menors estrangers no acompanyats.

L'edifici compta amb dues plantes i quatre ales, de les quals pel moment està operativa una a la planta baixa amb capacitat per a 16 menors migrants.

El nou centre d'atenció d'emergència, que és gestionat per la Fundació SAMU, comptarà pel moment -encara que podria incrementar-se a mesura que ho faci el nombre de places-- amb quatre auxiliars educatius, un psicòleg, dos mediadors interculturals i un treballador social.

El president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Guillem Sànchez, ha visitat aquest dimecres el recurs, que ja està en marxa malgrat que pel moment no hi ha cap menor acollit, i ha donat compte del seu funcionament.

El treball que es desenvoluparà a Son Tous, ha explicat, no serà d'integració, sinó d'atenció immediata i buscarà que els menors, a més de rebre la manutenció corresponent, puguin aprendre l'idioma i la cultura mentre avança el seu procés.

“És un recurs molt necessari que permetrà una acomodació ordenada de l'arribada de tots els nens, nenes i adolescents que arriben a la nostra illa”, ha subratllat en declaracions als mitjans de comunicació.

Sànchez ha confiat en que les obres d'adequació de les tres ales restants, que permetrien ampliar la capacitat del centre fins a un màxim de 64 places, avancin amb la celeritat suficient perquè el recurs no es quedi curt.

“Pot quedar-se curt en poc temps? Ja veurem, esperem que el ritme d'arribades no sigui com en els últims anys i això ens permeti accelerar i tenir més ales disponibles”, ha exposat.

Això, ha apuntat, també dependrà del temps que els menors passin acollits en aquest nou recurs, que variarà en funció de la velocitat dels processos dels menors.

“Alguns tenen processos més ràpids i podran ser derivats, i altres tarden més i acabaran el seu acompanyament aquí”, ha reconegut, al·legant que molts dels menors que arriben en pastera a Mallorca tenen entre 16 i 17 anys.

El també conseller insular de Benestar Social ha admès que, tenint en compte la sobresaturació que hi ha a la resta de centres residencials per a menors de l'IMAS, la cronificació d'aquest recurs d'emergències “és una realitat que pot ocòrrer”.

El espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous, que ya está operativo, podrá albergar a un máximo de 64 menores extranjeros no acompañados.

El edificio cuenta con dos plantas y cuatro alas, de las que por el momento está operativa una en la planta baja con capacidad para 16 menores migrantes.

El nuevo centro de atención de emergencia, que está gestionado por la Fundación SAMU, contará por el momento --aunque podría incrementarse a medida que lo haga el número de plazas-- con cuatro auxiliares educativos, un psicólogo, dos mediadores interculturales y un trabajador social.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha visitado este miércoles el recurso, que ya está en marcha pese a que por el momento no hay ningún menor acogido, y ha dado cuenta de su funcionamiento.

El trabajo que se desarrollará en Son Tous, ha explicado, no será de integración sino de atención inmediata y buscará que los menores, además de recibir la manutención correspondiente, puedan aprender el idioma y la cultura mientras avanza su proceso.

“Es un recurso muy necesario que permitirá una acomodación ordenada de la llegada de todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestra isla”, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

Sánchez ha confiado en que las obras de adecuación de las tres alas restantes, que permitirían ampliar la capacidad del centro hasta un máximo de 64 plazas, avancen con la celeridad suficiente para que el recurso no se quede corto.

“¿Que puede quedarse corto en poco tiempo? Ya veremos, esperemos que el ritmo de llegadas no sea como en los últimos años y eso nos permita acelerar y tener más alas disponibles”, ha expuesto.

Eso, ha apuntado, también dependerá del tiempo que los menores pasen acogidos en este nuevo recurso, que variará en función de la velocidad de los procesos de los menores.

“Algunos tienen procesos más rápidos y podrán ser derivados, y otros tardan más y acabarán su acompañamiento aquí”, ha reconocido, alegando que muchos de los menores que arriban en patera a Mallorca tienen entre 16 y 17 años.

El también conseller insular de Bienestar Social ha admitido que, habida cuenta de la sobresaturación que existe en el resto de centros residenciales para menores del IMAS, la cronificación de este recurso de emergencias “es una realidad que puede ocurrir”.

El Gobierno de La Rioja inicia los trámites administrativos necesarios para habilitar un espacio de acogida de menores no acompañados en el Monasterio de San Agustín, ubicado en el camino viejo de Oyón em Logroño, en cumplimiento del Real Decreto Ley 743/2025, de 26 de agosto, que, a su vez, desarrolla el Real Decreto Ley, 2/2025, de 18 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, y que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores no acompañados y activa la redistribución solidaria obligatoria de las comunidades autónomas.

Según ha justificado el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, la ocupación de los pisos de acogida, con una capacidad de 153 plazas, está al 100%. Ante la previsión de llegada de menores provenientes de Canarias en las próximas semanas, el Ejecutivo pondrá en marcha este nuevo centro. El Gobierno de La Rioja sigue defendiendo “un sistema desinstitucionalizado y cercano que presta a los menores migrantes una atención integral desde el punto de vista sociosanitario, educativo y de inserción en el mercado laboral”.

En este sentido, tal y como se anunció el pasado mes de octubre, el Ejecutivo autonómico lleva meses trabajando con las entidades del tercer sector, la Diócesis riojana, familias de acogida e instituciones que trabajan con menores para adaptar el sistema regional a las necesidades de un proceso de acogida impuesto por Ley abriendo la puerta a nuevas fórmulas, siempre priorizando una atención más personal y adaptada a cada uno de los menores.

En este proceso de búsqueda de entornos donde acoger a estos menores, gracias a la colaboración de la Diócesis, ya se ha iniciado el procedimiento administrativo y urbanístico con el Ayuntamiento de Logroño para cambiar el uso del Monasterio de San Agustín, con una capacidad de acogida de 14 personas.

Esta ubicación se suma a las que ya se están valorando en distintas localidades riojanas para, de manera escalonada, habilitarlas y proceder a la acogida de menores no acompañados, sobre los que la Administración autonómica sigue desconociendo datos concretos sobre su número concreto y posible llegada a nuestra región.

La congregación de Monjas Agustinas se trasladó al monasterio y convento ubicados en el Camino Viejo de Oyón en la década de los años 70 y han permanecido allí hasta finales de este año, con el traslado de las dos últimas hermanas que residían en las instalaciones a la localidad castellonense de Benicassim. Estas instalaciones cuentan con una superficie total construida de 2.424 metros cuadrados (uso religioso y vivienda) en una parcela total que supera los 12.500 metros cuadrados.

En un paso más de la ofensiva del Gobierno del PP en Aragón contra el acogimiento de migrantes de la emergencia canaria en la comunidad, el Ejecutivo autonómico ha revocado la licencia de hotel de los centros que dan servicio a estas personas para que no puedan recibir a otro tipo de clientes. La medida, en algunos casos recurrida, va a suponer como daño colateral que uno de estos establecimientos, el hotel La Pardina de Sabiñánigo, se quede sin alojar esta temporada de invierno a trabajadores de la nieve, como venía haciendo en años anteriores. La Dirección General de Turismo y Hostelería expone que se trata de una decisión “exclusivamente técnica” y que estos establecimientos incumplen la normativa turística.

Antes de este frente, el Ejecutivo popular ya había abierto otros con la llegada de inmigrantes como protagonista: uno con inspecciones sanitarias dirigidas específicamente contra este colectivo y otro con el reguero de recursos ante los tribunales que han planteado los Servicios Jurídicos autonómicos.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha dicho que es “absolutamente compatible” la actividad de los hoteles con la acogida de migrantes y que “se hace desde hace mucho tiempo”. Sin refererise al caso concreto, ha destacado la importancia de la solidaridad entre comunidades autónomas y los derechos humanos, destacando que a los refugiados procedentes de Ucrania se les acogió en las mismas circunstancias. Ha explicado que son las entidades sociales que colaboran con las instuciones las que buscan los alojamientos hoteleros para darles formación y que cada cual “tiene que ejercer sus competencias sin olvidar los derechos humanos, la economía y la solidaridad entre territorios”

Desde el hotel La Pardina comentan a este diario que se encuentran “en un limbo” y que han presentado un recurso a esta decisión del Gobierno de Aragón. Aseguran que su establecimiento tiene entradas independientes y cumple con los requisitos exigidos por el Ejecutivo: “Nosotros cumplimos”. Explican que, tras la inspección, se les dio la opción de rebajar la categoría a hostal y que lo solicitaron, pero que se les denegó. Añade que en estas fechas se les suma una nueva problemática, y es que este establecimiento se encargaba de alojar a trabajadores de Aramón ya que en la zona “no hay alojamientos suficientes. Han estado las tres temporadas anteriores conviviendo con las personas acogidas sin ningún problema, tienen accesos independientes”.

El Hotel Montearagón, situado en Quicena, también ha recibido la notificación y sus responsables —los mismos que los de La Pardina— han presentado otro recurso. Sin embargo, reconocen que la situación en este alojamiento no es tan urgente porque no existe la demanda de hospedaje para trabajadores de Aramón. Otros establecimientos que también han resultado afectados por esta decisión lamentan “el aumento de inspecciones” en los últimos meses, que califican de “acoso, según recoge 'El Periódico de Aragón'.

La Dirección General de Turismo y Hostelería ha formalizado la baja de cuatro hoteles en el registro autonómico, tras argumentar que han perdido las condiciones que justificaron su inscripción y que ya no desarrollan actividad turística. En su lugar, funcionan como dispositivos de acogida de personas migrantes a través de contratos estatales con ONG, lo que, a juicio del Gobierno aragonés, es incompatible con el régimen hotelero.

Según los informes técnicos, estos edificios no cumplen requisitos como accesos independientes, separación de usos o la existencia de núcleos de comunicación vertical diferenciados, tales como ascensores y escaleras específicas para huéspedes. Además, no mantienen los estándares de compartimentación que exige la normativa vigente. Este conjunto de “irregularidades” ha servido de fundamento jurídico para la revocación.

Presión política del Gobierno de Aragón

No obstante, la decisión llega tras meses de presión política y mediática del Ejecutivo autonómico contra estos recursos humanitarios. En los últimos meses, Sanidad ha denunciado públicamente problemas higiénicos en al menos dos de los centros, ambos vinculados a la atención de personas migrantes: La Pardina, en Sabiñánigo, donde hubo un brote de gastroenteritis —en un primer momento se dijo que afectaba a 115 migrantes, aunque el delegado de Gobierno rebajó esa cifra y aseguró que todos los casos fueron de carácter leve—, y el Hotel Mur, en Jaca, que fue acusado de ofrecer comidas en “mal estado” pese a seguir siendo un restaurante abierto al público general.

Según los informes que sostienen los expedientes, la actividad desarrollada en estos inmuebles —la acogida humanitaria de personas migrantes— no puede considerarse turística y, por tanto, contraviene los artículos 2, 34 y 36 del Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón. “Las personas alojadas no son turistas y su estancia no constituye actividad turística”, recogen los documentos técnicos. El Ejecutivo autonómico también esgrime la incompatibilidad de usos prevista en la normativa. El régimen solo permite la coexistencia de actividad hotelera con otros usos turísticos y siempre en zonas diferenciadas, algo que según el informe no se cumple en estos casos.

Todas estas circunstancias han llevado a la Dirección General de Turismo a concluir que han desaparecido las condiciones que motivaron la inscripción original como hoteles, lo que habilita la baja de oficio en el registro autonómico. Turismo sostiene que la decisión es “exclusivamente técnica” y ha ofrecido a los responsables de los inmuebles la posibilidad de inscribirse como hostales o pensiones, figuras en las que sí es posible compatibilizar usos sociales y turísticos. La ONG que gestiona algunos de estos centros no ha respondido por el momento las preguntas de este medio.

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista. Alberto Alcaine, secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de CHA ha expresado que parece “una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”. Ha explicado que con esta medida “estos establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría”.

Expone que, “a pesar de no haberse producido ninguna incidencia, el Gobierno de Aragón toma una medida que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen, lo cual choca de forma frontal con todo lo que defendemos desde Chunta Aragonesista”, ha señalado el secretario de Política Sectorial y Agenda 2030.

Izquierda Unida Altoaragón también ha mostrado su rechazo y han acusado al Ejecutivo de “racismo y clasismo”. Para la organización, el impacto no solo recae sobre las personas migrantes y la plantilla de estos centros, sino que afecta también al conjunto del sector hostelero del Altoaragón, “generando graves repercusiones económicas y sociales”.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas inmigrantes, el reglamento exige entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. IU ha considerado que obligar a separar accesos y espacios “constituye un trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables”. El coordinador de Izquierda Unida del Altoaragón, Vicente Guerrero, ha afirmado: “Esta decisión institucionaliza la segregación y lanza un mensaje profundamente peligroso, que hay personas de primera y personas de segunda”.

El PSOE aragonés también ha mostrado su rechazo. La alcaldesa socialista de Sabiñánigo, Berta Fernández, municipio donde se ubica uno de los hoteles que pierde esta licencia critica “razones políticas del gobierno de Azcón”. Asegura que este uso compatible nunca había generado problemas y supone un recurso económico para estos hoteles. “Es una medida drástica e innecesaria”, ha dicho.

El PSOE aragonés ha informado de que no va a tolerar el “uso partidista” de personas y establecimientos que generan actividad económica. Critica la “falta de empatía de Azcón” así como la “ausencia total de información y la alevosía” con que se ha llevado a cabo esta medida. Además añaden los socialistas que medidas como esta “suponen un castigo en toda la regla a cualquiera que se atreva a trabajar o a colaborar con la acogida de menores”.

Problemas sanitarios en los centros de acogida

La resolución llega tras una sucesión de incidentes y actuaciones de inspección relacionadas con los centros de acogida de la emergencia canaria en Aragón. En marzo, el Servicio de Inspección de Salud detectó deficiencias en limpieza y desinfección en la residencia de Sabiñánigo, el antiguo hotel La Pardina, donde un brote de gastroenteritis. En un primer momento se informó de que afectó a 115 de las 117 personas expuestas y Sanidad atribuyó el origen a alimentos manipulados sin las garantías higiénicas necesarias. Días después, Subdelegación de Gobierno en Huesca aseguró que la afección había sido leve y que afectó a “un número muy reducido de personas”.

El centro está gestionado por la ONG Apip Acam, contratada por el Ministerio de Inclusión, y que no respondió a las llamadas realizadas desde las redacciones para recabar su versión. Tras el brote, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, reclamó al Gobierno central información sobre los controles aplicados en estos recursos, sin obtener respuesta, según trasladó el Ejecutivo aragonés.

Antes, en febrero, Sanidad había advertido de “graves deficiencias” en un restaurante del Hotel Mur, en Jaca, donde comen mujeres y menores migrantes. El Departamento vinculó las anomalías con la atención a este grupo pese a que el establecimiento continuaba abierto al público, sirviendo comidas incluso a escolares que se encontraban en la localidad por la Semana Blanca.

Este señalamiento fue criticado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien acusó al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de mantener un “tratamiento desigual” hacia los migrantes, al pedir alternativas de comedor únicamente para ellos. Beltrán reprochó que el Ejecutivo autonómico omitiera que cualquier persona podía comer en ese local en el momento de las denuncias. Días después, una nueva inspección verificó que se habían corregido todas las deficiencias y el restaurante cumplía la normativa.

El Gobierno de Aragón defiende su actuación

Los Departamentos de Medio Ambiente y Turismo y de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han publicado un comunicado defendiendo la retirada de licencias de estos centros y exigiendo “respeto” a las actuaciones de los funcionarios. Han expresado ver “con estupor y sorpresa” que la Delegación del Gobierno “ofrezca asesoría jurídica a quien incumple la normativa, dado que como institución pública está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley”. 

Aseguran que las acciones que se han emprendido “pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando”. Es decir, “no cierran sus puertas como residencia para población migrante ni su retirada del Registro de Turismo supone ningún cambio respecto a esta actividad, que está conveniada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con diferentes fundaciones y de la que el Gobierno de Aragón no es competente”.

Sostienen que las resoluciones adoptadas por la Dirección General quedan “plenamente argumentadas jurídicamente” y se corresponden con la labor y competencias de la Inspección de Turismo, que actúa tanto de oficio ante quejas o reclamaciones, como ha sucedido en este caso, como a través de una programación anual.

Els grups parlamentaris del PP i Vox a Balears han donat suport públicament que les empreses hoteleres contractin migrants extutelats i, més en concret, que Melià se sumi al programa Urdimbre del govern de Canàries, que busca facilitar la inserció laboral de joves que van arribar a les illes sent menors sense referents familiars. Es tracta d'un suport que contrasta amb l'enduriment del discurs d'ambós partits entorn de l'acollida de menors migrants no acompanyats: “[Gabriel] Escarrer és un empresari privat”, ha asseverat aquest dimarts la portaveu del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas.

El portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha subratllat que la seva formació veu la iniciativa “amb el màxim respecte, com una empresa importantíssima que té interessos a Balears, en altres comunitats autònomes i en altres llocs del món”, en referència a Melià, mentre, al seu torn, ha reconegut que el Govern de Marga Prohens acaba de presentar un pla d'ocupació per prioritzar els aturats de llarga duració de Balears “abans que portar-los de fora, precisament per no incrementar el problema que tenim a Balears de creixement poblacional”.

Precisament, a principis del passat mes d'octubre, Prohens va subratllar en diverses ocasions, durant la seva intervenció en el Debat de Política General, que el seu gabinet governa “per a la gent d'aquí” i va anunciar que modificarà la renda d'emancipació per exigir un mínim de tres anys de tutela a les illes. “No podem contribuir de cap forma a un efecte crida sobre una ruta migratòria [en referència a les persones que arriben en pastera des d'Algèria] que creix exponencialment i que, a falta de tres mesos per acabar l'any, ja ha superat en persones migrants les arribades de tot l'any passat”, va manifestar.

Sobre les paraules de la presidenta del Govern, Cañadas va relliscar que “dona la casualitat que són propostes i exigències” emmarcades en el marc ideològic del seu partit. “Per fer les polítiques de Vox el millor és que governi Vox”, va manifestar.

En ser preguntada per la contractació de 46 migrants extutelats per part de Melià i per les paraules del seu president al respecte, i tenint en compte les manifestacions de Vox sobre que els menors migrants “on millor estan és amb els seus pares al seu país d'origen”, Cañadas ha recalcat que continua pensant el mateix en aquest sentit. No obstant això, ha matisat: “Nosaltres el que diem és que qualsevol persona que estigui legalment a Espanya amb un contracte de treball és benvinguda. Que aporti a la Seguretat Social i que vingui a treballar, no a delinquir”, ha asseverat, incidint en una de les proclames més difoses per la dreta i la ultradreta, la que relaciona falsament l'arribada d'estrangers amb la delinqüència.

“Si el senyor Escarrer els ha fet un contracte de treball i estan treballant, benvingut sigui el que aportin a la Seguretat Social i que després es reverteixi en tots els ciutadans que trepitgen territori espanyol”, ha conclòs.

Tal com va informar en el seu moment Melià Hotels International, els 46 joves extutelats s'han incorporat a diferents llocs en les àrees de cuina, sala, neteja i manteniment d'un dels hotels Paradisus Fuerteventura. També s'han sumat cambrers de pis, que rebran formació específica per part del grup hoteler.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en Balears han respaldado públicamente que las empresas hoteleras contraten a migrantes extutelados y, más en concreto, que Meliá se sume al programa Urdimbre del Gobierno de Canarias, que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes que llegaron a las islas siendo menores sin referentes familiares. Se trata de un apoyo que contrasta con el endurecimiento del discurso de ambos partidos en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados: “[Gabriel] Escarrer es un empresario privado”, ha aseverado este martes la portavoz del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha subrayado que su formación ve la iniciativa “con el máximo respeto, como una empresa importantísima que tiene intereses en Balears, en otras comunidades autónomas y en otros lugares del mundo”, en referencia a Meliá, mientras, a su vez, ha reconocido que el Govern de Marga Prohens acaba de presentar un plan de ocupación para priorizar a los parados de larga de larga duración de Balears “antes que traerlos de fuera, precisamente para no incrementar el problema que tenemos en Balears de crecimiento poblacional”.

Precisamente, a principios del pasado mes de octubre, Prohens subrayó en varias ocasiones, durante su intervención en el Debate de Política General, que su gabinete gobierna “para la gente de aquí” y anunció que modificará la renta de emancipación para exigir un mínimo de tres años de tutela en las islas. “No podemos contribuir de ninguna forma a un efecto llamada sobre una ruta migratoria [en referencia a las personas que llegan en patera desde Argelia] que crece exponencialmente y que, a falta de tres meses para acabar el año, ya ha superado en personas migrantes las llegadas de todo el año pasado”, manifestó.

Sobre las palabras de la presidenta del Govern, Cañadas deslizó que “da la casualidad que son propuestas y exigencias” encuadradas en el marco ideológico de su partido. “Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox”, manifestó.

Al ser preguntada por la contratación de 46 migrantes extutelados por parte de Meliá y por las palabras de júbilo de su presidente al respecto, y teniendo en cuenta las manifestaciones de Vox acerca de que los menores migrantes “donde mejor están es con sus padres en su país de origen”, Cañadas ha recalcado que continúa pensando lo mismo en este sentido. Sin embargo, ha matizado: “Nosotros lo que decimos es que cualquier persona que esté legalmente en España con un contrato de trabajo es bienvenida. Que aporte a la Seguridad Social y que venga a trabajar, no a delinquir”, ha aseverado, incidiendo en una de las proclamas más difundidas por la derecha y la ultraderecha, la que relaciona falsamente la llegada de extranjeros con la delincuencia.

“Si el señor Escarrer les ha hecho un contrato de trabajo y están trabajando, bienvenido sea lo que aporten a la Seguridad Social y que luego se revierta en todos los ciudadanos que pisan territorio español”, ha zanjado.

Tal como informó en su momento Meliá Hotels International, los 46 jóvenes extutelados se han incorporado a distintos puestos en las áreas de cocina, sala, limpieza y mantenimiento de uno del hotel Paradisus Fuerteventura. También se han sumado camareros de piso, que recibirán formación específica por parte del grupo hotelero.

Menos de un mes después de que el Gobierno del PP en la Región de Murcia cerrara a cal y canto el centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz, siguiendo a rajatabla las directrices de Vox a cambio de obtener su 'sí' a los presupuestos de 2025, la asistencia humanitaria a los migrantes vuelve al centro del debate político y los populares tratan de guardar las apariencias. Hoy han rechazado frontalmente –con los votos en contra también de PSOE y Podemos– una moción de la formación ultra en la Asamblea que exigía el cierre del resto de centros que siguen acogiendo a menores no acompañados en la comunidad.

La clausura del de Santa Cruz, que proporcionaba hogar a 47 menores, fue para los de Santiago Abascal un caballo de troya ideológico que colaron en el marco político del Ejecutivo autonómico popular, pero también fue un cebo que ha demostrado ser eficaz. El PP picó el anzuelo. Le dieron la mano a Vox y ahora Vox, en contraposición, le ha agarrado el brazo. “Gracias a nosotros, ese centro de 'menas' se cerró. No nos movemos de la oposición a la inmigración ilegal. Hablamos de la seguridad de los vecinos, y de la pérdida patrimonial de los barrios de la Región”, ha señalado el número uno ultra, José Ángel Antelo, durante la defensa de su propuesta.

Vox tiene a los populares en una posición complicada porque saben que, al gobernar en minoría —dos escaños por debajo de la mayoría absoluta—, los necesitan sí o sí como sostén. Sin los apoyos puntuales de los diputados ultras a las partidas presupuestarias y los proyectos de ley que proponga el Gobierno autonómico y el PP, la legislatura en la Región se tornará frágil y podría estar avocada al fracaso. En el horizonte se encuentran ya los presupuestos de 2026. Los últimos meses en la política murciana han demostrado que exigir una sola cosa, para la formación de extrema derecha, no es suficiente. Primero fue el de Santa Cruz, pero ahora su discurso racista se ha extendido al resto de centros de menores que realizan el mismo cometido humanitario, donde no solo se alojan migrantes, sino también menores en situación de vulnerabilidad, y en contextos sociales precarios y delicados.

Los ultras utilizan este tipo de mociones para echar un pulso al PP y para sacar pecho al mismo tiempo. Detrás de esta estrategia hay un pilar sólido de datos. Vox sube a paso firme en los sondeos, y sería ya la segunda fuerza política en la Región adelantando al PSOE, según el último barómetro del CEMOP.

Sus diputados son plenamente conscientes de que arañan votos al PP cada tres meses. Eso se evidencia, por ejemplo, en la soltura y la confianza con la que Antelo ha entablado su discurso en la Cámara, dándose ya como ganador de las autonómicas de 2027. “¿Por qué los ciudadanos de la Región tienen que sufrir la inseguridad, los machetazos, los robos y las violaciones que ustedes provocan con sus malditas políticas? Están colaborando con la inmigración ilegal, financiándola y mandando un mensaje de que la Región de Murcia es un buen lugar para venir”, ha afirmado

Antelo ha llegado a asegurar, sin ninguna prueba ni dato oficial, que los centros de acogida de menores “están destrozando la convivencia en todos y cada uno de los barrios de la Región”. El líder de Vox ha acusado al PP, pero también al PSOE y a Podemos, de ser unos “traidores a la Región y a España”.

El PP descarta cerrar más centros de menores

Las afirmaciones falsas y tergiversadas de Antelo han encontrado la respuesta rápida del portavoz popular, Joaquín Segado, que ha pasado en cuestión de meses de acatar las consignas de la extrema derecha a la confrontación directa contra ella. Segado ha asegurado que el PP “no va a participar en atajos simplistas”. “Con un discurso populista e indigno, —Vox— pide cerrar todos los centros de menores, algo ilegal, imposible e inhumano. Su propuesta es irresponsable”.

“No vamos a cerrar centros sin alternativa”, ha destacado Segado. Acto seguido el portavoz popular ha tratado de suavizar la diatriba con sus homólogos de la ultraderecha arremetiendo contra la “política migratoria” del Ejecutivo central que, en palabras del diputado, “debilita las fronteras y transfiere a las comunidades un problema que es del Estado”. Para Segado, la Región de Murcia es, por consecuencia de dichas políticas migratorias, “la primera línea de la ruta mediterránea de las mafias” a la que se impone “un reparto injustificado de menores no acompañados”. “Se utiliza el Hospital Naval como puerta de atrás para traslados”, ha sostenido, en referencia al campamento provisional de acogida que el Ministerio de Inclusión estableció en Cartagena en 2023 ante la presión migratroria del Archipiélago canario.

El PP ha solicitado al Gobierno de España, aunque esta propuesta también ha sido rechazada por la Cámara, “cumplir con los procedimientos de repatriación, activar mecanismos que permitan la reagrupación familiar, verificar la edad de los supuestos menores y más financiación para las comunidades”. Los populares apuestan, esto es algo en lo que siguen estando de acuerdo con los ultras, por la política de la repatriación y por las pruebas periciales y médicas que ya se están realizando en la Región, a instancias también de Vox, para determinar si los migrantes que llegan a la comunidad son efectivamente menores.

Fuentes del PP destacan que el cierre del centro de Santa Cruz se realizó, exclusivamente, para “cumplir” el acuerdo de presupuestos rubricado con la ultraderecha. El partido, prosiguen dichas fuentes, nunca ha estado por la labor de cerrar ninguna instalación de acogida de menores en la comunidad, y no cerrará más. Las relaciones con Vox han parecido este miércoles más distantes que en toda la legislatura. Pero eso, teniendo en cuenta los antecedentes, puede cambiar en cualquier momento.

En un contexto de incertidumbre política, con Vox subiendo como la espuma en las encuestas, el partido de extrema derecha pretende seguir propagando el racismo en el Parlamento autonómico, y buscando que el PP, como ya ha hecho en varias ocasiones, lo compre. En el seno de la formación de Abascal tienen la sensación de que si los populares compran su discurso reaccionario, les consiguen quitar votos. Pero que, si lo rechazan, también les debilitan electoralmente.

Este miércoles han pinchado en hueso. Lo próximo será debatir y votar una moción para prohibir el burka y cualquier vestimenta islámica “que oculte el rostro” en los espacios públicos murcianos. “Vox se ha quedado solo en lo que le importa de verdad a la ciudadanía de la Región. Aquí se van a seguir votando propuestas contra la inmigración ilegal. El resto de diputados tiene la oportunidad de hacer lo correcto y, si no lo hacen, lo van a pagar en las urnas y en las calles”, ha amenazado Antelo al concluir su intervención, entre las sonrisas y los aplausos de los suyos.

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara continúan con las posturas enfrentadas respecto a la situación del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la capital tras la celebración, este lunes, de una comisión de seguimiento para analizar los problemas detectados.

Fuentes de la Consejería de Igualdad han reconocido a Europa Press la “crisis de gestión” que atraviesa el recurso, atribuida a la falta de experiencia de la empresa adjudicataria y a la “inacción” del Ayuntamiento, responsable del contrato.

También han advertido de la persistencia de problemas como la ausencia de apoyo psicológico, deficiencias en infraestructuras y suministros, y de retrasos en la entrega de ayudas económicas, pese a que los fondos autonómicos se han transferido íntegramente. Al igual, han lamentado no poder intervenir directamente por carecer de relación jurídica con la empresa, al ser el Ayuntamiento el que gestiona el contrato.

No obstante, no descartan estudiar “opciones administrativas” para tratar de corregir la situación, tras observar que en la comisión celebrada este lunes no se produjo “ningún avance” y sentir que desde el Gobierno local “minimicen” la gravedad de los hechos, conclusiones que no coinciden con las del Consistorio de la capital alcarreña.

Así, el concejal de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha afirmado también, este martes, a preguntas de los periodistas, que en esa reunión hubo “puntos comunes” sobre la gestión del recurso y la forma de trabajar para que el mismo funcione correctamente.

Según Narro, el Consistorio ha estado trabajando “desde el primer momento” con las trabajadoras del recurso para arreglar los problemas detectados y asume su responsabilidad.

Al igual, el concejal ha recordado cómo, hace unas semanas, se notificaron a la empresa “una serie de incumplimientos” y se le concedió un plazo de diez días para responder, en el marco de las “acciones contractuales pertinentes”, como se haría con cualquier otra empresa que no cumpla, casos en los que se procede a llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes. Narro ha señalado que “las nóminas y ayudas a las usuarias están al día” y que los problemas de personal responden a la dificultad general para contratar profesionales sanitarios.

El edil ha pedido “dejar de alarmar y enturbiar el recurso y ponerse a trabajar juntos” para garantizar que el mismo funcione correctamente y cumpla su finalidad de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.

Tiene ocho años de vida, más de 25.000 habitantes censados y otros tantos fuera de los registros porque aún no han llegado a empadronarse. Nació para descongestionar el Ensanche de Vallecas con un plan de viviendas asequibles, que en los próximos años prevé atraer a cientos de vecinos. Lo que no tiene (de momento) es un centro de salud propio, escuelas públicas en las que quepan más de 88 niños o institutos cerca a los que puedan pasar una vez que salgan del colegio. El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, es uno de los principales barrios en construcción de Madrid que surgieron con los nuevos desarrollos del sureste, un plan para contrarrestar la demanda al alza de vivienda en una ciudad que, en 2025, ha superado por primera vez los 3,5 millones de habitantes. Pero estas expectativas de crecimiento sin recursos públicos suficientes preocupa a quienes, a día de hoy, tardan una hora en llegar al médico más cercano o escolarizan a sus hijos en el centro a kilómetros de casa.

“Me cuesta creer que necesiten tanto tiempo para traer servicios básicos a los vecinos pero tarden solo seis meses en levantar un centro de acogida para alguien que viene de fuera”, resume con fastidio Carmen Tabanera, que esa tarde había ido a Vicálvaro a hacer unos recados que no podía completar por su zona. Se mudó a El Cañaveral casi desde el principio y actualmente da voz a Aveca, la asociación de vecinos que vela por el barrio. El anuncio de una obra inminente para instalar un espacio que dé techo a gente sin hogar ha cabreado a los residentes, que llevan años presionando a las administraciones o reclamando unas mejores conexiones del transporte público –solo hay dos líneas de autobús y no existe metro–, un ambulatorio o más centros para que los 5.225 niños (menores de 14 años) que viven allí puedan estudiar cerca.

La semana pasada, cuando se aprobó la infraestructura en Junta de Gobierno, estos vecinos reclamaron al Ayuntamiento la suspensión del proyecto, al menos, hasta materializar las infraestructuras o servicios públicos “que llevan años pendientes”. No se oponen a la función que los centros de acogida cumplen con quienes no tienen otro recurso, pero creen que una noticia como esa en un contexto como el que viven refleja una “injusticia territorial” clara y una privatización selectiva en el barrio; es decir, que mientras se obliga a los residentes a acudir a clínicas privadas o iniciar unos juegos del hambre para poder matricular a sus hijos sí se invierten esfuerzos en colocar un centro que, consideran, es menos prioritario y aun así va a levantarse en tiempo récord.

Después de pedir una reunión urgente con el equipo municipal, los vecinos se reunirán este jueves con el departamento de Políticas Sociales. Acuden con 28 preguntas relacionadas con promesas demoradas o servicios inexistentes que les derivan a kilómetros de distancia mientras se prevé aumentar aún más la población del barrio. Una de ellas cuestiona la inversión de ocho millones de euros destinada a construir el centro de acogida en mitad de una zona industrial, aplicando una “doble vara de medir” que “castiga al sur de Madrid”, donde se concentran buena parte de los recursos sociales vinculados al Ayuntamiento.

Años de espera para el primer centro de salud en el barrio

Además de El Cañaveral, otros barrios residenciales como Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros continúan en expansión y buscan su lugar como nuevos desarrollos al sureste de la ciudad. En el primero hay proyectos en ciernes que habrán de esperar unos años, pero ya han sido planteados: el ansiado centro de salud comenzará a construirse, si todo va según lo previsto, a lo largo de la próxima legislatura; pero hasta 2029 no verá la luz. En esos años la previsión es que aumente el número de habitantes e incluso puede que se rebase la frontera de los 30.000, así que continuar creciendo sin una atención primaria en el barrio que evite colapsos en Vicálvaro, Coslada o el Hospital del Henares –lo denunció este verano CCOO– no tranquiliza a los vecinos.

De hecho, algunos creen que de esta falta de recursos públicos surgen otros problemas que, a la vez, ralentizan más su llegada. “Somos muchos los que ni siquiera hemos cambiado de médico y seguimos adscritos al de Ensanche de Vallecas. Yo misma he decidido hacerlo porque la otra opción era buscar el más próximo entre centros saturados. Y si la gente no se empadrona, nadie sabe a ciencia cierta cómo medir las necesidades de un conjunto firme de residentes”. Quien lanza esta reflexión es Naiara Salas, otra vecina de El Cañaveral que se ha sumado a esta denuncia colectiva. Con cada cita médica se traslada a su antiguo barrio a expensas de que en el nuevo abran un centro de salud.

Un colegio público limitado y otro concertado a 400 euros al mes

Hace cinco años desde que se mudó con sus dos hijos y entonces ni siquiera había guardería en la que matricularlos. Desde 2023 existe una escuela municipal infantil en la zona, aunque aún faltan “con mucha urgencia” los institutos o ampliar el ratio del único colegio público abierto este curso. La Comunidad de Madrid anunció que incorporaría desde su creación los dos primeros años de Secundaria, pero de momento ocho de sus 12 aulas permanecen vacías y solo hay abiertas cuatro líneas para los niños de 3-4 años. La otra opción es el Humanitas Bilingual School, un centro concertado por el que las familias pueden pagar entre 380 y 420 euros de media al mes.

“Si la escuela pública no llega, el mercado siempre lo hace”, sentencia el diputado del PSOE en la Asamblea Esteban Álvarez, especializado en temas de educación. Tilda de “barracones” los módulos a los que el Gobierno madrileño ha enviado a los estudiantes de El Cañaveral y denuncia que lo que está ocurriendo en el barrio “pone límites a la enseñanza universal” o asume que “solo el que se lo pueda permitir tiene opciones cerca, ya sea por lo privado o la [escuela] concertada”. En este sentido, el político lanza dardos a la administración del PP –que gobierna en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– cuestionando su agilidad para ofrecer respuestas: “Dicen que el centro crecerá por fases. ¿Cuántas? ¿Con qué calendario? ¿Con qué presupuesto? ¿A qué ritmo piensa responder la Consejería a un barrio que hoy necesita al menos dos colegios completos y un instituto en funcionamiento?”

El alquiler asequible llenará el barrio sin que sea fácil salir de él

Tanto Álvarez como la asociación vecinal de la zona proponen “aprovechar las aulas vacías del colegio” recién estrenado, llamado Rudyard Kipling, mientras construyen un nuevo centro ante la “urgencia de que la escolarización sea accesible a pie” para los vecinos. Para lograrlo, AVECA ha reunido más de 4.500 firmas que exigen una apertura completa de la escuela pública y otras 3.957 que reclaman un instituto propio. “El año que viene entrará toda la gente que se ha hecho con una vivienda de alquiler asequible en hasta cuatro macrourbanizaciones, y eso va a dificultar aún más que todos podamos optar a una plaza en la guardería o el colegio”, lamenta la vecina Naiara Salas.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, está construyendo en el barrio de El Cañaveral un total de 1.212 pisos en categoría de alquiler asequible repartidos en 13 promociones de viviendas, todas de protección pública. El 80% (más de 1.000) serán para jóvenes o familias con hijos menores de edad. Este tipo de iniciativas ofrecen domicilio a precio reducido o por debajo del mercado a personas con ingresos limitados; en este caso, con rentas inferiores al 30% de los ingresos totales en la unidad familiar. La idea es que esté todo a punto en el último trimestre del año.

En lo que al transporte público se refiere, las más de 300.000 personas que acudirán a vivir a los nuevos desarrollos del sureste de Madrid tendrán al Bus Rapid como principal opción (o, en la mayoría de casos, la única) para moverse en transporte público por los barrios que proyecta la capital. El equipo de José Luis Martínez-Almeida presentó en julio del año pasado una solución para transportar a futuros vecinos a través de un bulevar de 16 kilómetros de recorrido que conectará con áreas verdes o carriles bici. “De momento para movernos solo tenemos dos líneas de autobús, el 159 y el E5, porque el metro ni siquiera llega hasta aquí”, añade Carmen Tabanera, la portavoz vecinal.

“Lo que pasa aquí puede ser el augurio de lo que ocurrirá después en Los Ahijones o Los Berrocales”, compara, teniendo en cuenta que “la tardanza” para implementar servicios públicos de primer orden en el barrio puede repetirse en el resto de desarrollos. Y eso genera problemas no solo de acceso, sino también de seguridad. “Los policías tienen que venir desde San Blas-Canillejas porque no tenemos comisaría, así que si surge algún contratiempo a la vez allí tendrán que volverse porque nosotros no tenemos prioridad”, comenta Tabanera. Por lo pronto, prepara la reunión del jueves con los representantes del Ayuntamiento: “No podemos seguir así”.

La fundadora de Caminando Fronteras y experta en migraciones, Helena Maleno, ha alertado de que la ruta migratoria entre Argelia y Balears sigue siendo “invisibilizada y negada” pese a haber sido la más transitada durante los meses de verano.

Maleno, quien participa estos días en un curso impartido por la Universitat de les Illes Balears (UIB) --de la que es 'honoris causa'-- sobre la atención a las personas migrantes que llegan a las costas del archipiélago en patera, ha señalado en un encuentro con los medios que el crecimiento de la ruta argelina se debe, en parte, a los desplazamientos de las rutas desde Túnez y Libia hacia el oeste.

En esos países, ha apuntado, las personas subsaharianas son perseguidas “de forma sistemática”, por lo que acaban tratando de cruzar el Mediterráneo desde la costa de Argelia. “Son personas que no pueden volver atrás y que tienen que buscar una vía”, ha indicado.

Pese a ello, ha reconocido, desde Caminando Fronteras sí que se han visto sorprendidas por el elevado número de personas que llegan a Balears procedentes de Somalia o Sudán del Sur, dos países que padecen “conflictos terribles” pero que se encuentran a miles de kilómetros del archipiélago.

“La ruta argelina sigue siendo invisibilizada y negada, pero es la más transitada desde el verano, superando a la canaria. Cuando vemos las cifras, con que llegue un cayuco a El Hierro son 300 personas, y aquí necesitamos diez embarcaciones para llegar a esos números. Pero el nivel de tránsito de personas y de embarcaciones ha superado a Canarias”, ha advertido.

Una ruta “muy peligrosa”

Maleno ha asegurado que la ruta entre Argelia y Balears es una “muy peligrosa” no solo por las distancias que deben recorrer los migrantes, sino también porque sus altos grados de desesperación les hacen subirse a las embarcaciones pese a que la meteorología no sea buena.

También, ha añadido, por las carencias del archipiélago en lo que respecta a los mecanismos de búsqueda y rescate para garantizar el derecho a la vida de estas personas. “Si tuviéramos mejores sistemas de búsqueda se encontrarían muchas de las pateras que quedan a la deriva”, ha sostenido. Según el recuento publicado hace unos meses por Caminando Fronteras, entre enero y mayo desaparecieron 328 personas que realizaban la ruta entre Argelia y España, buena parte de ellas de camino a Balears. En el mismo periodo de 2024 fueron 127.

El mes de agosto, especialmente la segunda quincena, ha sido “especialmente terrible” en el archipiélago, con más de una treintena de desaparecidos y un migrante que fue hallado sin vida en una patera que había naufragado.

“Todas estas embarcaciones habían sido alertadas a las autoridades. No sabemos qué tipo de búsqueda se hizo, por qué fueron encontradas al azar por barcos que transitaban. Hemos detectado una falta de protección al derecho a la vida en el mar que se repite de forma sistemática en la ruta balear”, ha incidido.

Hallado sin vida un hombre somalí

Desde Caminando Fronteras, ha explicado su fundadora, no tienen conocimiento de que ninguno de los más de 40 cuerpos sin vida, posiblemente de migrantes, que han llegado a las costas de Balears en lo que va de año hayan podido ser identificados. Sí que se ha podido iniciar los trámites con el cuerpo del hombre somalí que fue hallado sin vida en el interior de la patera localizada en las inmediaciones de Porto Cristo a mediados de agosto.

“Nos contactó su familia y nosotras hemos contactado con la Guardia Civil para pasarle todos sus contactos, los datos de esta persona, su documentación... Sabemos que la Guardia Civil está trabajando con la familia para su identificación”, ha explicado.

Desde la administraciones autonómica e insular, en los últimos meses, se ha reclamado al Gobierno que pida a la Unión Europea el despliegue de los efectivos de Frontex en Baleares para poner freno a la llegada de pateras.

Maleno, no obstante, ha considerado que el Estado español dispone de los medios y del cuerpo normativo suficiente para poder afrontar la crisis migratoria por sí misma.

“No necesitamos a Frontex”

“No necesitamos a Frontex, sobre todo porque es una agencia poco transparente y que tiene muchos riesgos cuando está en frontera. Ya se les ha detectado en otras zonas en las que aparecen a pie de playa sin identificarse, hacen entrevistas sin traducción, sin asistencia letrada, que no se sabe a dónde va esa información...”, ha advertido.

Otra de las cuestiones que tanto desde el Govern como desde los Consells insulares se ha puesto sobre la mesa es que el Ejecutivo central alcance un acuerdo con Argelia para poner coto a la ruta migratoria como ya ha hecho con Mauritania, o como ha hecho Italia con los países magrebís de su entorno.

Estos acuerdos, ha señalado --basándose en informes de diversas ONG--, han comportado en muchos casos una “represión tremenda” tanto hacia los propios migrantes como hacia los activistas que trabajan junto a ellos.

Contingencia migratoria

Preguntada acerca del debate que ha suscitado el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla y de la no declaración de la contingencia migratoria en Balears, Maleno ha criticado que “se use a la infancia como mercadeo político y económico”.

“Es vergonzoso, al final cuando se criminaliza y expone tanto a estos niños lo único que se hace es alimentar los discursos de la extrema derecha. Se tendría que haber dirimido sin tantas declaraciones institucionales y con trabajo de la administración para defender los derechos a la infancia”, ha considerado.

Pese a ello, la activista ha defendido la necesidad de que el resto de comunidades autónomas sean solidarias con Canarias. Baleares, de seguir con esta tendencia, podría necesitar del mismo mecanismo en no mucho tiempo, ha valorado.

No obstante, ha insistido en que el no reconocimiento de la ruta balear hace que el archipiélago no sea considerado un “territorio de frontera” y que, por lo tanto, tenga más dificultad para poder atender a las personas migrantes que llegan hasta las islas, especialmente a los menores.

El ple del Consell de Mallorca ha rebutjat, amb els vots en contra del PP, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i la formació regionalista El PI, una moció amb què Vox reclamava que els veïns de cada municipi poguessin decidir, a través de consultes ciutadanes, si accepten o no que s'instal·lin centres de menors migrants no acompanyats a les localitats on resideixen.

Durant el ple celebrat aquest dijous a la institució insular, els grups s'han oposat així a una iniciativa amb què l'extrema dreta instava la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) a organitzar consultes municipals i, a més, exigia al Govern d'Espanya posar fi a les polítiques que “afavoreixen la immigració”.

El seu portaveu, Toni Gili, ha recriminat que votar en contra d'aquesta moció “no és votar contra Vox, sinó contra la sobirania del poble. És negar als mallorquins la possibilitat d'expressar la seva preocupació i opinió”. En aquesta línia, ha lamentat que el PP, “que s'autoproclama defensor de les llibertats i del sentit comú, ha demostrat una vegada més que prefereix rendir-se a l'agenda de l´esquerra, abraçant les mateixes polítiques de portes obertes i efecte crida que tants problemes estan causant a la nostra societat”.

Davant d'aquestes acusacions, la consellera del PP Maria Magdalena García ha respost que no es tracta d'“una qüestió d'hipocresia” ni de “tirar llenya al foc”. “Nosaltres sí que diem 'prou ja' a la immigració il·legal. I vostè ho sap”, ha prosseguit, criticant el portaveu de Vox per “voler confondre tots els companys” i reafirmant-se en la postura del PP, que “és la mateixa al Consell i al Govern”: “La ruta algeriana cap a Balears està consolidada. El Govern central ens ha deixat sols. Però el sistema de protecció de menors és únic a Mallorca i no es pot instar la FELIB que faci alguna cosa sobre uns serveis que són del Consell”.

Gili, per la seva banda, ha recriminat també la posició “irresponsable” mostrada per Més per Mallorca amb el seu vot en contra, i ha lamentat “la rendició i el bonisme que sempre han caracteritzat les polítiques d'El PI”.

El ple del Consell ha aprovat, en canvi, una moció amb què el PP exigeix la dimissió del delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez, per la seva gestió de la crisi migratòria, informa Europa Press. El text, amb el suport dels vots de Vox i El PI, també inclou el rebuig a la derivació de menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla, el suport als recursos judicials interposats pel Govern balear contra aquesta mesura i una reclamació urgent perquè els efectius de Frontex controlin l'arribada de pasteres a l'arxipèlag.

“La situació és insostenible: cada dues hores arriba una pastera a les nostres costes i el sistema de menors està desbordat. Davant d'aquesta realitat no podem continuar amb el silenci còmplice de la Delegació del Govern”, ha manifestat la portaveu insular del PP, Núria Riera.

La dirigent popular ha asseverat que la institució no disposa de “més espais ni professionals per atendre amb dignitat aquests joves” mentre, ha denunciat, el Govern d'Espanya “continua sense aportar recursos ni solucions”. Des del PP asseguren que “continuaran defensant Mallorca davant una crisi sense precedents”, instant totes les institucions “a posar fi a la improvisació i l'abandonament de responsabilitats per part del Govern central”.

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado, con los votos en contra de PP, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y la formación regionalista El PI, una moción con la que Vox reclamaba que los vecinos de cada municipio pudieran decidir, a través de consultas ciudadanas, si aceptan o no que se instalen centros de menores migrantes no acompañados en las localidades en las que residen.

Durante el pleno celebrado este jueves en la institución insular, los grupos se han opuesto así a una iniciativa con la que la extrema derecha instaba a la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB) a organizar consultas municipales y, además, exigía al Gobierno de España poner fin a las políticas que “favorecen la inmigración ilegal”.

Su portavoz, Toni Gili, ha recriminado que votar en contra de esta moción “no es votar contra Vox, sino contra la soberanía del pueblo. Es negarles a los mallorquines la posibilidad de expresar su preocupación y opinión”. En esta línea, ha lamentado que el PP, “que se autoproclama defensor de las libertades y del sentido común, ha demostrado una vez más que prefiere rendirse a la agenda de la izquierda, abrazando las mismas políticas de puertas abiertas y efecto llamada que tantos problemas están causando en nuestra sociedad”.

Ante estas acusaciones, la consellera del PP Maria Magdalena García ha respondido que no se trata de “una cuestión de hipocresía” ni de “echar más carbón a la caldera”. “Nosotros sí decimos 'basta ya' a la inmigración ilegal. Y usted lo sabe”, ha proseguido, criticando al portavoz de Vox por “querer confundir a todos los compañeros” y reafirmándose en la postura del PP, que “es la misma en el Consell y en el Govern”: “La ruta argelina hacia Balears está consolidada. El Gobierno central nos ha dejado solos. Pero el sistema de protección de menores es único en Mallorca y no se puede instar a la FELIB a que haga algo acerca de unos servicios que son del Consell”.

Gili, por su parte, ha recriminado también la posición “irresponsable” mostrada por Més per Mallorca con su voto en contra, toda vez que ha lamentado “la rendición y el buenismo que siempre han caracterizado las políticas de El PI”.

El pleno del Consell ha aprobado, en cambio, una moción con la que el PP exige la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, por su gestión de la crisis migratoria, informa Europa Press. El texto, respaldado con los votos de Vox y El PI, también incluye el rechazo a la derivación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, el apoyo a los recursos judiciales interpuestos por el Govern balear contra esta medida y una reclamación urgente para que los efectivos de Frontex controlen la llegada de pateras al archipiélago.

“La situación es insostenible: cada dos horas llega una patera a nuestras costas y el sistema de menores está desbordado. Ante esta realidad no podemos continuar con el silencio cómplice de la Delegación del Gobierno”, ha manifestado la portavoz insular del PP, Núria Riera.

La dirigente popular ha aseverado que la institución no dispone de “más espacios ni profesionales para atender con dignidad a estos jóvenes” mientras, ha denunciado, el Gobierno “continúa sin aportar recursos ni soluciones”. Desde el PP aseguran que “continuarán defendiendo Mallorca ante una crisis sin precedentes”, instando a todas las instituciones “a poner fin a la improvisación y el abandono de responsabilidades por parte del Gobierno central”.

El Govern central ha denegat la petició de les Balears d'acollir-se a la contingència migratòria, tal com va sol·licitar la setmana passada el Govern de Marga Prohens.

Ho ha anunciat aquest dimarts la mateixa presidenta durant una de les seves intervencions al ple del Parlament balear, en què ha assegurat que el seu gabinet “recorrerà a totes vies” al seu abast per frenar la derivació de menors migrants no acompanyats a les illes. D'acord amb el procediment de repartiment establert per Moncloa, a Balears correspondria acollir 49 dels més de 3.000 menors procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla que preveuen ser reubicats a altres comunitats autònomes amb recursos menys saturats.

“Per al Govern [central] no n'hi ha prou que els centres de menors estiguin al 1.000% de sobreocupació: volen més, amb menys dignitat”, ha dit Prohens, sentenciant: “Això és racisme institucional”.

La contingència migratòria és una figura amb què el decret per a la derivació dels menors habilita les comunitats autònomes que es declarin saturades a reubicar-los en altres regions. Per cursar aquest mecanisme, les autonomies han de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, cosa que no passa en el cas de les Balears: per obtenir-la hauria de superar els 1.218 nens i adolescents migrants acollits, un 45% més dels que atén actualment.

Amb tot, l'Executiu balear replica que a les illes no hi ha “espais ni professionals” que puguin allotjar i atendre aquests menors. “Es tracta de defensar els drets i la dignitat d'aquests menors. A Balears estem desbordats”, argueix Prohens.

Actualment, la comunitat autònoma acull uns 670 nens i adolescents que, com en altres regions, han creuat el mar per fugir de conflictes bèl·lics, persecucions i fams. De tots ells, més de 300, segons les xifres del Govern, han arribat al llarg d'aquest any. A més, les illes tenen 72 places específiques per a menors arribats sense la companyia d'un adult, cosa que representa l'11,4% del conjunt de places consolidades per a l'assistència a joves tutelats.

No només això. Aquestes 72 places suposen tan sols el 17,7% de les 406 amb què hauria de comptar l'arxipèlag d'acord amb el criteri establert pel Govern d'Espanya en el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar fa dues setmanes, que fixa la capacitat ordinària del sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats a partir duna ràtio de 32,6 places per cada 100.000 habitants.

Amb tot, el gabinet de Prohens insisteix a afirmar que, enmig de l'actual pressió migratòria que travessa les Balears, la comunitat autònoma no compta amb prou mitjans per atendre els menors “amb dignitat”. “Ens hem situat en uns nivells que mai a la història d'aquestes illes havíem conegut i, com a conseqüència, els serveis de protecció estan absolutament desbordats”, apuntalava el vicepresident primer de l'Executiu balear, Antoni Costa, el 29 d'agost passat.

En paral·lel, els serveis jurídics del Govern han interposat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem contra el reial decret que el Govern va aprovar el 22 de juliol per regular el procediment de derivació dels menors amb l'objectiu de “tombar” la mesura, tal com va assenyalar Costa. L'Alt Tribunal ho ha admès a tràmit i, després d'analitzar a fons l'assumpte, haurà de dictar una resolució al respecte en els propers mesos.

El Gobierno central ha denegado la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal y como solicitó la semana pasada el Govern de Marga Prohens.

Lo ha anunciado este martes la propia presidenta durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que ha asegurado que su gabinete “recurrirá a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas. De acuerdo al procedimiento de reparto establecido por el Gobierno, a Balears le correspondería acoger a 49 de los más de 3.000 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que prevén ser reubicados a otras Comunidades Autónomas con recursos menos saturados.

“Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 % de sobreocupación: quieren más, con menos dignidad”, ha espetado Prohens, zanjando: “Esto es racismo institucional”.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Con todo, el Ejecutivo balear replica que en las islas no hay “espacios ni profesionales” que puedan alojar y atender a esos menores. “Se trata de defender los derechos y la dignidad de estos menores. En Balears estamos desbordados”, arguye Prohens.

En la actualidad, la comunidad autónoma acoge a unos 670 niños y adolescentes que, como en otras regiones, han cruzado el mar para huir de conflictos bélicos, persecuciones y hambrunas. De todos ellos, más de 300, de acuerdo a las cifras del Govern, han arribado a lo largo de este año. Además, las islas cuentan con 72 plazas específicas para menores llegados sin la compañía de un adulto, lo que representa el 11,4 % del conjunto de plazas consolidadas para la asistencia a jóvenes tutelados.

No solo eso. Estas 72 plazas suponen tan solo el 17,7 % de las 406 con las que debería contar el archipiélago de acuerdo al criterio establecido por el Gobierno en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados a partir de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.

Con todo, el gabinete de Prohens insiste en afirmar que, en medio de la actual presión migratoria que atraviesa Balears, la comunidad autónoma no cuenta con medios suficientes para atender a los menores “con dignidad”. “Nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección están absolutamente desbordados”, apuntalaba el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, el pasado 29 de agosto.

En paralelo, los servicios jurídicos del Govern han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que el Gobierno aprobó el 22 de julio para regular el procedimiento de derivación de los menores con el objetivo de “tumbar” la medida, tal como señaló Costa. El Alto Tribunal lo ha admitido a trámite y, tras analizar a fondo el asunto, deberá dictar una resolución al respecto en próximos meses.

El Tribunal Suprem (TS) ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu interposat pels serveis jurídics de Balears contra el reial decret que el Govern va aprovar el 22 de juliol per regular el procediment de repartiment de menors migrants no acompanyats des de les Canàries, Ceuta i Melilla, tal com ha anunciat aquest divendres el vicepresident primer del Govern balear, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern.

“L'objectiu és tombar el decret”, ha remarcat Costa, que ha insistit que, segons el parer de l'Executiu balear, es tracta d'un procediment perjudicial per als interessos dels ciutadans de les illes“. ”Ho hem dit per activa i per passiva“, ha remarcat el també portaveu del Govern, que ha aclarit que, amb aquesta decisió, l'Alt Tribunal ”no dóna la raó“ a Balears, sinó que dóna inici al procediment judicial que estudiarà el fons del recurs, cosa que serà plasmada en una posterior resolució.

Es tracta de la segona impugnació efectuada pel gabinet de Marga Prohens (PP) contra el sistema de distribució, després que el mes de març passat ja recorregués davant del Tribunal Constitucionalla modificació de la llei d'estrangeria que en permet les derivacions.

En concret, el darrer recurs va dirigit contra el reial decret 658/2025, de 22 de juliol, pel qual es regulen les mesures que cal adoptar en situacions de contingència migratòria extraordinària per a la protecció de l'interès superior de la infància i l'adolescència migrant no acompanyada. El text estableix la inscripció de cada menor al registre estatal i el seu trasllat en un termini màxim de 15 dies a la comunitat designada.

El pols balear contra la mesura del Govern espanyol se suma a la contestació d'altres comunitats governades pel PP que també qüestionen el sistema. Moncloa defensa que la llei es complirà amb terminis estrictes i criteris objectius, davant la qual cosa l'Executiu autonòmic argueix que l'arxipèlag, que haurà d'acollir 49 dels més de 3.000 menors que preveuen ser reubicats, sobrepassa la seva capacitat d'acollida.

Actualment, la comunitat autònoma acull uns 670 nens i adolescents que, com en altres regions, han creuat el mar per fugir de conflictes bèl·lics, persecucions i fams. De tots ells, més de 300, segons les xifres del Govern, han arribat al llarg d'aquest any. A més, les illes tenen 72 places específiques per a menors arribats sense la companyia d'un adult, cosa que representa l'11,4% del conjunt de places consolidades per a l'assistència a joves tutelats.

No només això. Aquestes 72 places suposen tan sols el 17,7% de les 406 amb què hauria de comptar l'arxipèlag d'acord amb el criteri establert pel Govern central en el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar dimarts passat, que fixa la capacitat ordinària del sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats a partir duna ràtio de 32,6 places per cada 100.000 habitants. Tenint en compte aquests criteris, que l'Executiu central qualifica d'objectius, clars i transparents, les Balears han de disposar d'un total de 406 places. Les dades posen de manifest que l'atenció als adolescents i infants arribats a pastera es fa molt majoritàriament amb recursos d'emergència.

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de Balears contra el real decreto que el Gobierno aprobó el 22 de julio para regular el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, tal como ha anunciado este viernes el vicepresidente primero del Govern balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

“El objetivo es tumbar el decreto”, ha remarcado Costa, quien ha insistido en que, a juicio del Ejecutivo balear, se trata de un procedimiento perjudicial para los intereses de los ciudadanos de las islas“. ”Lo hemos dicho por activa y por pasiva“, ha remarcado el también portavoz del Govern, quien ha aclarado que, con esta decisión, el Alto Tribunal ”no ha dado la razón“ a Balears, sino que da inicio al procedimiento judicial que estudiará el fondo del recurso, lo que será plasmado en una posterior resolución.

Se trata de la segunda impugnación efectuada por el gabinete de Marga Prohens (PP) contra el sistema de distribución, después de que el pasado mes de marzo ya recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones.

En concreto, el último recurso va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. El texto establece la inscripción de cada menor en el registro estatal y su traslado en un plazo máximo de 15 días a la comunidad designada.

El pulso balear contra la medida del Gobierno se suma a la contestación de otras comunidades gobernadas por el PP que también cuestionan el sistema. Moncloa defiende que la ley se cumplirá con plazos estrictos y criterios objetivos, frente a lo cual el Ejecutivo autonómico arguye que el archipiélago, que deberá acoger a 49 de los más de 3.000 menores que prevén ser reubicados, sobrepasa su capacidad de acogida.

En la actualidad, la comunidad autónoma acoge a unos 670 niños y adolescentes que, como en otras regiones, han cruzado el mar para huir de conflictos bélicos, persecuciones y hambrunas. De todos ellos, más de 300, de acuerdo a las cifras del Govern, han arribado a lo largo de este año. Además, las islas cuentan con 72 plazas específicas para menores llegados sin la compañía de un adulto, lo que representa el 11,4 % del conjunto de plazas consolidadas para la asistencia a jóvenes tutelados.

No solo eso. Estas 72 plazas suponen tan solo el 17,7 % de las 406 con las que debería contar el archipiélago de acuerdo al criterio establecido por el Gobierno en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados a partir de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta estos criterios, que el Ejecutivo central califica de objetivos, claros y transparentes, Balears debería disponer de un total de 406 plazas. Los datos ponen de manifiesto que la atención a los adolescentes y niños llegados en patera se lleva a cabo muy mayoritariamente con recursos de emergencia.

El Govern balear ha sol·licitat al Govern central que declari l'arxipèlag en situació de contingència migratòria extraordinària per evitar l'arribada dels 49 menors migrants no acompanyats que li han estat assignats dels més de 3.000 que els propers mesos preveuen ser reubicats des de les Canàries, Ceuta i Melilla. Així ho ha anunciat la presidenta balear, Marga Prohens (PP), que ha precisat que les illes pretenen acollir-se a aquesta mesura “no per repartir” menors a altres autonomies, sinó perquè “ja no es donen les condicions de dignitat” per acollir nous nens i adolescents arribats a les costes espanyoles sense la companyia d'un adult.

No obstant, per poder activar aquest mecanisme, les autonomies han de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, cosa que no passa en el cas de les Balears: per obtenir-la hauria de superar els 1.218 nens i adolescents migrants acollits, un 45% més dels que atén actualment (uns 670). Una situació radicalment diferent de la que travessen les Canàries, que, amb una capacitat de 737 places, acull actualment 5.017 menors, Ceuta, que amb 28 places assumeix l'atenció de 84 joves, i Melilla, que atén 160 menors amb una capacitat de 28 places.

El Govern espanyol, de fet, va declarar divendres passat la contingència migratòria extraordinària en aquests tres territoris, de manera que es posarà en marxa així el protocol per a la reubicació i el trasllat dels joves. Està previst que, en el termini d'un any, més de 3.000 menors siguin derivats a altres regions espanyoles per destensionar l'arxipèlag canari i les dues ciutats autonònomes.

Prohens, sobre això, ha asseverat que el Govern no reclama la contingència per “repartir”. La figura, inclosa en el text aprovat pel Govern per donar llum verda a les reubicacions, habilita les comunitats autònomes que es declarin saturades a reubicar els menors en altres regions amb els recursos menys pressionats.

Davant les manifestacions de la líder balear, el delegat del Govern central a les illes, Alfonso Rodríguez, ha reiterat que l'arxipèlag no compleix els criteris fixats per l'Executiu central per declarar la situació de contingència migratòria, ja que no supera per tres les places d'acollida de menors migrants no acompanyats. En aquest sentit, ha incidit que la normativa estatal estableix que aquesta declaració només es pot sol·licitar quan se supera per tres la capacitat ordinària, una situació en què únicament es troben actualment Canàries, Ceuta i Melilla.

“El que no val és dir que s'està al 1.000% de capacitat perquè el Govern diu que només té 65 places per acollir menors. El Govern d'Espanya indica a les comunitats les places d'acollida que han de tenir cadascuna per donar una resposta de país a aquest fenomen”, ha al·legat.

D'altra banda, Prohens ha assenyalat que, segurament, aquest dilluns l'Advocacia balear interposarà el recurs contenciós administratiu previst pel Govern contra el reial decret aprovat el 22 de juliol passat, que regula el procediment de repartiment -amb la inscripció de cada menor al registre estatal i el seu trasllat en un termini màxim de 15 dies-. Balears va autoritzar divendres passat els seus serveis jurídics a presentar així la seva segona impugnació contra el sistema de distribució dels menors, després que el mes de març passat l'Executiu del PP ja recorregués davant el Tribunal Constitucional la modificació de la llei d'estrangeria que en permet les derivacions.

De la mateixa manera, com ha recordat Prohens, el Govern també recorrerà el decret aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres, el que fixa la capacitat ordinària d'acollida de cada comunitat, aplanant així el camí de les reubicacions.

En les seves declaracions als mitjans, la presidenta ha carregat contra el Govern d'Espanya per les “amenaces” rebudes i el doble discurs que, segons la seva opinió, manté l'Executiu central en matèria migratòria. “Emergència migratòria i social per muntar carpes, posar a disposició una terminal del port de Palma i hotels a disposició sí; emergència migratòria per enviar als més de 500 policies i guàrdies civils que reclamen els sindicats o per reconèixer que Balears té situació molt alarmant, no”, ha dit.

“Si m'amenacen en un estat de dret per fer ús de recursos davant el Constitucional o el Suprem i per posar sobre la taula les dades és que potser el Govern hauria de revisar la concepció d'Estat de dret”, ha criticat.