El PSOE lleva a las Cortes de Aragón la retirada de la paga semanal solo a los menores migrantes tutelados

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Aragón del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y del director general de Desregulación para que informen sobre las actuaciones y directrices dictadas en relación con los menores acogidos en centros del sistema público de protección.

En concreto, los socialistas han registrado una petición para que Nolasco comparezca ante el Pleno de las Cortes con el fin de explicar la política de su departamento respecto a los menores tutelados por la Administración. Paralelamente, reclaman que la directora gerente del IASS y el director general de Desregulación acudan a la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia para informar sobre las actuaciones y las directrices realizadas y recibidas en relación con estos menores.

Las solicitudes llegan en plena polémica por la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad, una medida anunciada esta semana por Nolasco y que el Ejecutivo justifica por motivos de legalidad y por el ahorro de 180.000 euros anuales que, según sostiene, permitirá financiar hasta siete plazas en residencias de mayores.

La decisión ha abierto varios frentes en los últimos días. El Ministerio de Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Sala de Menores la medida, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para recabar información sobre su fundamento y ámbito de aplicación y Amnistía Internacional ha remitido una carta al presidente, Jorge Azcón, en la que pide que se revoque la decisión por considerar que supone una medida discriminatoria contra la infancia migrante.

Además, la Orden y los conciertos actualmente vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que el Gobierno trasladó a las entidades gestoras la instrucción de dejar de abonarlo con efecto inmediato, pese a que la modificación de los nuevos conciertos todavía no tiene fecha.