El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

La principal línea de defensa de los Pujol no tiene documentos que la avalen. Así lo ha admitido este viernes el perito propuesto por la familia del expresident, que ha esbozado un funcionamiento de los fondos en Andorra dirigido por el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, sin más participación del resto de hermanos que la de cobrar las cantidades correspondientes.

Sobre el origen del dinero (que es lo que se juzga), el perito Sebastián Piedra ha tenido que admitir a preguntas del fiscal Fernando Bermejo, que no hay pruebas de que provenga de la herencia del abuelo Florenci (140 millones de pesetas en dólares en 1980) más allá de la palabra de la propia familia.

“La única justificación que tenemos que proceden de la deixa [legado, en catalán] es lo que han manifestado ellos”, ha reconocido Piedra este viernes, fecha en la que se cumplen 36 años de la primera elección de Jordi Pujol como president de la Generalitat de Catalunya.

Piedra es ahora consultor externo en una empresa tras años de experiencia como inspector de Hacienda. Bermejo no ha desaprovechado la ocasión para intentar restar credibilidad al perito recordando su pasado en la Agencia Tributaria en contraste con su defensa de los movimientos bancarios de los Pujol.

“¿Qué entendería, como inspector de Hacienda, si hubiera visto ingresos millonarios desconociendo su razón, pero sí sus ordenantes?”, ha inquirido el fiscal antes de nombrar solo algunos de los ingresos efectuados a la cuenta del primogénito en 1997 y 1998. “Si tuviera que decir todos estaríamos aquí dos horas”, ha aclarado Bermejo. A renglón seguido, ha apostillado: “521.000 dólares de Best Oxford Branch Madeira; 10 millones de pesetas de Iniciativas Técnicas Comerciales; 5 millones de Imoxtel, una sociedad panameña”.

El perito ha servido a la defensa para levantar un muro alrededor de los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, pues Piedra ha confirmado que no había ingresos de las sociedades del primogénito a las cuentas de sus hermanos. Tras la supuesta herencia, la familia realizó inversiones en “láminas de carácter opaco”, ha explicado Piedra, habituales en la banca andorrana de los 80 y los 90.

“Jordi Pujol Ferrusola -ha aseverado el perito- es quien gestiona los fondos y da instrucciones a la entidad financiera Andbank [después los Pujol se mudaron a la BPA] para efectuar los ingresos a las cuentas de sus hermanos vía transferencia o efectivo”.

Pero a la hora de indicar el origen del dinero (herencia del abuelo Florenci, como mantiene la familia desde la confesión del expresident en 2014; o fondos procedentes de la corrupción, como cree la Fiscalía), nada ha podido aclarar el perito. En un juicio es la acusación quien tiene que probar sus tesis, pero nunca viene mal a la defensa disponer de documentos exculpatorios.

En seis meses de juicio el único aval a la tesis defensiva por parte de un testigo o un perito ha provenido del exgestor de los fondos andorranos de los Pujol, Josep Maria Pallerola, quien aseguró que el primogénito le indicó que la herencia era el origen del dinero que ingresó.

El vacío documental, tal y como se ha visto en las distintas sesiones del juicio, obedece al funcionamiento opaco con el que, durante años, funcionó la banca andorrana, donde numerosas familias poderosas catalanas como los Pujol depositaron sus fondos. Y allí se dejaban de hacer preguntas, siempre que los gestores bancarios del principado aseguraran unos buenos rendimientos.

El tribunal que juzga el origen de la fortuna oculta de la familia ha finalizado, al fin, las comparecencias de los peritos del caso, que se han alargado durante cinco sesiones. Todo está listo para que los acusados declaren el lunes, con la previa de un nuevo reconocimiento médico al expresident para confirmar si, como ya sostuvieron los peritos, está incapacitado para ser juzgado debido a su deterioro cognitivo irreversible. Será una jornada histórica: un expresident en la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional juzga estos días el caso Kitchen, una de las operaciones policiales más sucias e ilegales de la reciente etapa democrática. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del ministerio del Interior durante el mandato del PP organizó el espionaje ilegal al extesorero, Luis Bárcenas, y a su familia. El objetivo declarado de esas maniobras, perpetradas a espaldas del juez que investigaba la financiación ilegal del PP, era robar al extesorero documentos que pudieran comprometer aún más al entonces presidente, Mariano Rajoy, según admitieron varios de los policías que participaron en el dispositivo secreto.

La operación policial se inició en julio de 2013, solo cinco meses después de que El País publicara el contenido de los papeles de Bárcenas, una contabilidad secreta que registró casi 20 años —1990 a 2009— de ingresos (ocho millones de euros en donaciones ilegales de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración) y gastos (pago de sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes del PP en cada etapa, coste de obras de reforma en la sede de Génova 13…) nunca declarados a Hacienda.

Los papeles recogieron, entre otros, una treintena de apuntes contables —sobresueldos trimestrales o semestrales que sumaron 322.000 euros— a Mariano Rajoy entre 1997 y 2008.

El juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del PP, dejó escrito que el autor de aquellos papeles era Bárcenas, según las pruebas caligráficas practicadas. Cada una de las páginas de aquella doble contabilidad tenía unos visés (especie de firma de conformidad) de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, al que sustituyó Bárcenas en el cargo.

Los informes caligráficos encargados durante la investigación acreditaron que la confección de esa contabilidad no se hizo de una sola vez —lo que descartaba su posible manipulación— sino que se apreciaba una evolución en la letra compatible con el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los papeles. Los apuntes referidos a Rajoy tienen distintas denominaciones —Mariano Rajoy, M. Raj., M. R., Mariano o M. Rajoy—, al igual que otros referidos a los distintos vicesecretarios generales. Era el estilo Bárcenas de registrar los pagos a los jefes del partido. Al secretario general Francisco Álvarez Cascos lo denominó en su contabilidad como Paco Álvarez, Cascos, P.A.C, Paco Alv. Cascos y Paco A. Cascos; a Jaime Mayor Oreja le puso Jaime Mayor, Jaime M. y J. Mayor; a Ángel Acebes, Ángel A. y Angel; a Javier Arenas, J. Arenas y Javier; a Rodrigo Rato, R. Rato.

Los apuntes con los pagos de sobresueldos a secretarios generales o vicesecretarios generales del PP están mezclados con otros apuntes que la investigación judicial considera suficientemente acreditados, bien porque distintos registros bancarios así lo demuestran o bien porque los beneficiarios de los pagos lo han confesado. Los exdirigentes del PP Calixto Ayesa, Jaume Matas, Santiago Abascal (padre del actual líder de Vox), Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Cristóbal Paez o Pío García Escudero admitieron que habían recibido dinero de la caja B del PP, como dejó registrado Bárcenas en su “contabilidad extracontable”.

Además, se hicieron ingresos en la sucursal del Banco de Vitoria situada debajo de la sede del PP en la calle de Génova por 1,3 millones de euros en 56 movimientos distintos, todos ellos por menos de 60.000 euros, que era la cantidad máxima anual permitida para los donativos anónimos. Las fechas de los ingresos y las cantidades ingresadas se corresponden con los apuntes de las aportaciones de distintos empresarios a la caja B del PP. Algunas de esas aportaciones superaban los 60.000 euros, por lo que Bárcenas las troceaba para ingresarlas como donativos anónimos en el Banco de Vitoria.

Ninguno de los secretarios y vicesecretarios generales del PP admitieron haber cobrado las cantidades registradas en los papeles de Bárcenas. La investigación judicial consideró que aunque se hubieran acreditado esos ingresos opacos, no habría delito fiscal pues la supuesta cuota defraudada nunca superó los 120.000 euros anuales. Tan sólo llegó a juicio la contabilidad secreta de los últimos años porque los supuestos delitos correspondientes al resto de ejercicios estaba prescrito. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una caja B en el PP con la que se pagó una parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle de Génova en Madrid, condenó a Bárcenas a dos años de prisión y el Partido Popular como responsable civil subsidiario tuvo que pagar 123.669 euros.

Rajoy ha repetido ante tres tribunales distintos —caso Gürtel, caso Bárcenas y caso Kitchen— que durante sus 40 años de militancia en el PP —13 como vicesecretario general y 15 como presidente del partido— nunca supo nada de estas prácticas que mancharon para siempre la reputación de una formación política que ha gobernado 15 de los 50 años de la reciente etapa democrática en España.

Mariano Rajoy abrió este jueves un frente más en el intento por limpiar su legado. A la recurrente insistencia por negar que presidió un partido que se financió con dinero negro de los empresarios, y que él mismo recibió parte de esos fondos, suma ahora la defensa de la actuación del Ministerio del Interior durante su primer gobierno. El expresidente negó la guerra sucia del caso Kitchen y, alineado con los acusados, defendió “una operación policial legal” que buscaba el dinero que pudiera tener escondido Luis Bárcenas y descubrir la identidad de sus testaferros. La tesis contraria, según la cual una operación parapolicial trató de sabotear el caso judicial de la caja B, sienta en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión.

Habían preguntado ya a Rajoy las acusaciones populares de PSOE y Podemos cuando el abogado de Villarejo interrogó al expresidente por si se interesó por una operación “de inteligencia sobre las cuentas en el extranjero” de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Rajoy respondió que no, pero añadió que quería decir algo más al respecto. “Lo conocí luego. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero era una operación policial. Estoy convencido de que esa operación se adecuó a la legalidad”, afirmó el testigo.

Las defensas del caso Kitchen esgrimen esta versión porque, entre otros motivos, no pueden negar los seguimientos a la familia de Bárcenas ni los pagos con fondos reservados al chófer de la familia para que actuara de topo. La prueba de todo ello es abrumadora. Casi dos años después de arrancar el dispositivo, uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, al que los demás llamaban 'Cospedín' por su relación profesional con la entonces secretaria general del PP, introdujo una serie de datos en las bases policiales para que pareciera que estaban compartiendo sus trabajos con los verdaderos investigadores de la caja B. No sirvió y 'Cospedín' y el resto han acabado en el banquillo.

Nada más aportó Rajoy. Con esta frase, además de negar un operativo tan grave cuando aún no llevaba dos años en el poder, Rajoy salió al rescate de su amigo Fernández Díaz. La tesis que se juzga es que el ministro del Interior fue el máximo responsable político de aquella operación Kitchen. El juez instructor dibujó “una línea roja de protección” alrededor de la cúpula política del partido, según escribieron los fiscales del caso. Pero su tesis triunfó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rajoy no respondería por la operación Kitchen –tampoco Cospedal– y el trámite de su declaración como testigo sería la única consecuencia para él.

Rajoy afirmó que su percepción de Bárcenas cambió cuando supo que tenía 47 millones escondidos en Suiza. La de los investigadores del caso Gürtel también. La primera prueba del botín en el extranjero fue una comisión rogatoria sobre la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank con 22 millones que llegó a España el 16 de enero de 2013. El 14 de junio siguiente, ya con los papeles de Bárcenas publicados, se recibió otra información judicial suiza con el hallazgo de 25 millones de euros en el Lombard Odier.

El primer rastro de la operación Kitchen, o del operativo legal para Rajoy, es del 13 de julio de 2013. Habían pasado siete meses desde que empezara a aflorar la fortuna del tesorero, pero según Rajoy, en el verano se activó una operación secreta y legal para encontrar más dinero y testaferros. Una operación que se inició 48 horas antes de que Bárcenas declarara, a petición propia, después de pasar 18 días en prisión y de que El Mundo publicara una confesión realizada con anterioridad sobre la financiación irregular del PP.

Según Rajoy, no fue el temor a que el PP implosionase por aquellas revelaciones lo que motivó las maniobras de policías ajenos a la investigación del caso Gürtel y la caja B. En la versión del expresidente coincidió que unos policías comenzaron a investigar el caso de la caja B de espaldas al juez porque era su “obligación”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”

Y si no existió una operación ilegal, continuaría el razonamiento del expresidente, él no pudo participar en ella, ni siquiera confluir en su interés por que la caja B del PP no aflorara. Y con ella las anotaciones sobre pagos a “M. Rajoy” incluidas. Por eso, sus contactos con el tesorero en aquellos meses eran tan insignificantes que los ha olvidado. Solo recuerda uno y porque ha aparecido publicado “casi todos los días” en estos últimos quince años, según explico al tribunal. Es aquel que escribió en SMS a Bárcenas cuando de la confesión del tesorero pendía su futuro: “Luis, sé fuerte”. A la postre, la primera sentencia del caso Gürtel incluyó una alusión a la caja B que desvelaría Bárcenas y eso motivó una moción de censura que terminaría desalojando del poder al autor del mensaje de texto.

Rajoy también dijo que no recordaba otro mensaje de Bárcenas en el que éste le pedía “hablar con Javier [Arenas]” el 5 de marzo de 2013, con los papeles de la caja B ya publicados y la amenaza de prisión para el tesorero en pie. “No lo recuerdo. No sé si me lo mandó o no. Reconocerlo no puedo porque no lo he mandado yo”, plantó Rajoy. “¿Recuerda que Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier?”, le insistió la abogada del PSOE. “No”, zanjó Bárcenas.

El 26 de abril de 2012, Rajoy había escrito otro SMS a Bárcenas: “Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos”. La acusación de Podemos le preguntó por este mensaje y Rajoy respondió: “No tengo ni idea de lo que es eso”. Otro SMS que le escribió el tesorero decía: “Tú sabrás a lo que estás jugando”. Respuesta del expresidente: “Es un mensaje de hace más de 13 años. Ni me suena”.

La pregunta del abogado de Villarejo a Rajoy por si se interesó por una “operación de inteligencia” sobre Rosalía Iglesias está precedida de la afirmación del comisario en 2021 en el Congreso acerca de que él informaba a Rajoy de los avances de Kitchen a través de un número de teléfono que le habían facilitado. El juez García Castellón citó a Villarejo, que le entregó el número. Comenzaron unas pesquisas que no se agotaron por el cierre de la instrucción decretado por el magistrado el 29 de julio de 2021.

Rajoy no llegó a estar imputado. Ni siquiera declaró como testigo. Los indicios contra Cospedal no tenían relevancia penal, concluyó García Castellón. Y la responsabilidad de la Kitchen recayó en Fernández Díaz y en su secretario de Estado. A este último también le lanzó un diminuto salvavidas Rajoy este jueves. La defensa de Fernández Díaz le preguntó por las responsabilidades de un ministro del Interior sobre los fondos reservados, habida cuenta de que Rajoy también fue responsable de la cartera en 2001.

“A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, dijo Rajoy. En su exposición de motivos, la ley que regula los fondos reservados, 11/1195, destaca en su exposición de motivos “la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de informar periódicamente a la comisión parlamentaria”.

Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz escuchaban a Rajoy desde los bancos para los acusados. “El secretario de Estado firmaba las grandes partidas (...) A partir de ahí no hacía absolutamente nada. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso”, afirmó. Tanto Fernández Díaz como Martínez están acusados de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

El PSOE de Castilla-La Mancha no ha dejado pasar la oportunidad de volver a poner el foco de la actualidad política en la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por su declaración en la Audiencia Nacional en el marco del juicio por la operaación Kitchen.

Concretamente, los socialistas han lamentado lo que han denominado los “hitos” de Cospedal. “Fue la primera en despedir, la primera en recortar y ahora es la primera en declarar en los juzgados por un caso de presunta corrupción”, ha dicho el diputado socialista Antonio Sánchez Requena. Es un “triste balance”, ha añadido, y un “asunto tan feo”, que ni el presidente regional del PP, Paco Núñez, ni su partido “confirman ni desmienten si es presidenta de honor o no, si la han nombrado, o si la van a cesar”.

De este modo, el parlamentario socialista ha lamentado que los 'populares' vuelvan a ser quienes ofrecen “la peor imagen que podía ofrecer la región”.

En cualquier caso, ha concluido, a nadie le puede extrañar que Cospedal esté hoy en los juzgados declarando como testigo por un asunto de espionaje, ya que “una de sus primeras decisiones” al frente de esta región fue contratar a la empresa de detectives 'Método 3'.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves, ante el tribunal de Kitchen, cualquier relación con una operación ilegal de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. Rajoy ha ido más allá y ha negado que aquella maniobra parapolicial, con cargo a los fondos reservados, fuera una operación ilegal por la que su ministro del Interior se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel. El antiguo jefe del Ejecutivo, que comparecía como testigo, con obligación de decir verdad, ha dicho también que no recordaba uno solo de los mensajes que se intercambió con Bárcenas en aquella época, en pleno estallido del caso de la caja B del PP.

Rajoy se ha excusado en que los mensajes de Bárcenas no los enviaba él y que, por tanto, no los recordaba. Solo ha admitido saber de uno de ellos, aquel el que él mismo le pedía ser “fuerte” ante las imputaciones que pesaban sobre el guardián del secreto de la caja B del partido que Rajoy presidía. “De ese me he acordado porque a lo largo de 15 años se ha publicado casi todos los días, así que supongo que sí”, ha dicho sobre la existencia del mensaje.

Cuando Rajoy excusaba su desmemoria en el hecho de que era Bárcenas quien enviaba los mensajes, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, le ha exhibido una llamada perdida que él hizo al tesorero el 6 de marzo de 2013, antes de que entrara en prisión. La presidenta del tribunal ha declarado improcedente la pregunta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones durante el interrogatorio, y Rajoy no ha llegado a contestar.

Cuando se le ha preguntado por el SMS en el que Rajoy trasladó a Bárcenas “hacemos lo que podemos”, el testigo ha contestado: “No tengo ni idea”. Los mensajes se produjeron dos meses después de que se descubriera la cuenta de Bárcenas con 48 millones de euros en Suiza. Sin embargo, Rajoy había declarado un poco antes que su “relación” con el tesorero cambió cuando se produjo ese descubrimiento.

La acusación popular del PSOE ha abierto el interrogatorio a Rajoy por constituir la parte que pidió su comparecencia en el juicio. Rajoy ha comenzado respondiendo a varias preguntas con un escueto “no”, como cuando se le requirió por su posible conocimiento de la operación Kitchen. Al ser preguntado sobre los apelativos como 'El Asturiano' o 'El Barbas' que utilizaban Villarejo y otros miembros de la brigada política para referirse a él, a su conocimiento de la operación y las peticiones que querían trasladarle, Rajoy ha dicho: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”

Más adelante, Rajoy se ha explayado al respecto: “No hubo ninguna operación política. Luego conocimos que había una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Ni el ministro ni el presidente del gobierno están en las operaciones policiales. Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”.

Rajoy se ha enfrentado a todas las evidencias obtenidas durante la instrucción y el juicio de que la operación Kitchen no tenía nada que ver con la investigación contra Bárcenas en la Audiencia Nacional. Respecto al uso de fondos reservados, Rajoy ha apelado a sus dos años como ministro del Interior para asegurar, en contra de lo que dice la Ley, que el titular de la cartera no tiene ninguna responsabilidad sobre los fondos reservados. También ha dicho que el secretario de Estado de Seguridad no conoce el detalle de su uso. Francisco Martínez, que ocupó ese cargo durante el mandato de Rajoy, también se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no ha formulado una sola pregunta a Rajoy. César Rivas ha llegado incluso a interceder por los intereses del testigo al interrumpir una pregunta de la abogada del PSOE por considerarla improcedente.

Mariano Rajoy también ha negado ordenar al abogado Javier Iglesias hacer tres ofertas diferentes a Bárcenas, antes de ingresar en prisión y ya dentro, para que no tirara de la manta en el caso de la caja B. En contra de lo declarado en el pasado por Iglesias, que dice que conoce a Rajoy, pero niega esos ofrecimientos, el expresidente del PP y del Gobierno ha dicho que vió a Iglesias en Génova “dos o tres veces” porque era el abogado del extesorero del partido Álvaro Lapuerta. Durante la instrucción, el juez Manuel García Castellón nunca citó a Rajoy a declarar, ni siquiera como testigo.

Cospedal no recuerda que mandó parar “la libretita” de Bárcenas

La desmemoria ha inundado igualmente la declaración de María Dolores de Cospedal, que ha comparecido a continuación. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017, cuatro años después, con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, Villarejo había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

De la grabación que no ha podido escapar Cospedal ha sido de la que recoge esa primera entrevista con Villarejo en 2009. Ha reconocido que se lo presentó su marido porque el comisario quería conocerla y que ella accedió. “Si una persona pedía verme, y era una persona normal y corriente, que no tuviera ningún problema de ninguna parte... yo recibía a mucha gente y era una persona [Villarejo] que, según decía él, tenía unas magníficas relaciones con toda la prensa. Y yo creo que todos los periodistas hablaban con él”, se le ha ocurrido a Cospedal.

La ex secretaria general del PP ha desarrollado su interés por Villarejo: “Estábamos siendo observados, espiados, seguidos por alguien que tenía que ver con el Ministerio del interior”. En aquella época, Cospedal consiguió organizar un gran revuelo con la tesis del espionaje por parte del Gobierno socialista de la sede del PP, una acusación de la que nunca hubo evidencias. El otro interés por Villarejo eran las filtraciones a la prensa que afectaban a su “amiga” Rita Barberá. Ha llegado a decir que era su “obligación” recibir al comisario, preocupada como estaba por las “filtraciones” sobre el PP.

Cospedal ha incurrido en otras contradicciones. Ha reconocido una de ellas. En fase de instrucción hablo de cuatro reuniones con Villarejo que han pasado a ser “ocho o nueve”. En ninguna de ellas, ha asegurado, le realizó encargos, pese a que en la de 2009 en su despacho, se oye a su marido y a ella proponerle “trabajos puntuales”.  “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado.

Esa relación casi anecdótica con el comisario que ha querido presentar Cospedal se ha visto torpedeada por la declaración horas después de quien era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que también estuvo imputado en la causa. Ortiz ha dicho que él organizaba las reuniones entre Cospedal y Villarejo y ha introducido un matiz importante. Frente a la insistencia que Cospedal defiende que mostraba el policía, Ortiz ha dicho que “alguna vez” fue la secretaria general del PP quien solicitó el encuentro.

Mención aparte merece la relación de Cospedal con uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo. Cospedal ha dicho que le conoce porque fue jefe de seguridad de la Presidencia de Castilla-La Mancha entre 2013 y 2015. Esta afirmación es comprometedora en varios aspectos. En primer lugar, porque ese no era el puesto por el que se contrató a Gómez Gordo. Según consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Gómez Gordo ejerció como “Director General de Documentación y Análisis”.

Por otra parte, que Gómez Gordo estuviera a las órdenes directas de Cospedal en 2013 significa que comenzó a participar en la Operación Kitchen mientras trabajaba como funcionario de la administración de Castilla-La Mancha. Posteriormente regresó a la Policía y fue condecorado con una medalla pensionada.

La declaración de Cospedal ha estado marcada por una condición anómala, la de testigo que estuvo imputada. Por ello, la presidenta del tribunal la ha advertido de que podía volver otro día con abogado –incomprensiblemente no se le había informado de ello– y que, si se quedaba, ella intercedería ante las preguntas que buscaran incriminarla. Cospedal ha decidido continuar sin abogado. De su doble condición este jueves es responsable Manuel García Castellón, quien imputó dos meses a Cospedal, para luego archivar la causa contra ella pese a las evidencias que se han puesto de manifiesto hoy, cinco años después, durante su declaración.

Zoido: “No tuve conocimiento de la operación”

La sesión de este jueves también ha contado con la comparecencia como testigo de Juan Ignacio Zoido, quien sucedió a Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior en 2016. A preguntas de la abogada del PSOE, Zoido ha negado haber tenido conocimiento de la existencia de actividades parapoliciales de espionaje al extesorero del PP con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. “No tuve ninguna noticia de que hubiese esa operación con esa denominación o con otra o que se estuviesen utilizando esas prácticas dentro del Ministerio del Interior”, ha afirmado.

Después, a preguntas de la acusación popular de Podemos, Zoido ha admitido que no realizó auditoría alguna sobre el uso de fondos reservados para financiar esa operación. “No tenía obligación de hacer una auditoría del anterior ministro”, ha explicado Zoido, que ha mantenido que el sistema de fondos reservados está “muy definido” y que su control depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

La investigación permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas se utilizaron para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP. A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (ocho inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves uno de sus momentos álgidos con la declaración ante el tribunal de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. La imagen simboliza una investigación frustrada. Ambos declaran como testigos después de que el juez Manuel García Castellón impidiera a los primeros fiscales Anticorrupción del caso ahondar en los indicios contra la secretaria general del PP y tampoco hacer las mínimas comprobaciones respecto a los que afloraron sobre el presidente del Gobierno.

Abrirá la jornada Mariano Rajoy. El expresidente del PP y del Ejecutivo nunca declaró en fase de instrucción. Luego vendrá el turno de Cospedal, quien podrá estar acompañada de un abogado porque el tribunal valora que el archivo de la causa contra ella es provisional y puede revertirse.

En el caso de la antigua secretaria general del PP, la breve imputación que dictó contra ella García Castellón tiene un efecto retardado y otra vez favorable para Cospedal. Pese a comparecer como testigo, Cospedal podrá negarse a contestar cualquier pregunta cuya respuesta pudiera incriminarla. Se trata de una garantía consecuencia de haber sido imputada por un corto espacio de tiempo por García Castellón. Si aparecen en el juicio indicios contra la secretaria general que permitan volverla a imputar no podrá ser, en ningún caso, fruto de las preguntas que le hagan las acusaciones.

Las restricciones a las preguntas a Mariano Rajoy no serán tan exigentes, si bien la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ya ha impedido que se formulen a otros testigos cuestiones que puedan derivar en la incriminación del compareciente. Se trata de la tercera vez que Rajoy declara como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y repetirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El testimonio más valioso para las acusaciones durante el juicio ha sido, hasta ahora, el del inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, responsable policial de la investigación. Uno de los atestados firmados por el policía estaba destinado, a petición del juez, a clarificar a quiénes pertenecían los alias que pronunciaban Villarejo y sus compinches en las grabaciones incautadas. Fraga dijo que 'El Asturiano' y 'El Barbas' eran utilizados para referirse a Mariano Rajoy Brey. “No ofrece dudas”, zanjó el policía.

Villarejo y otros investigados aludían al expresidente del Gobierno como conocedor de la operación y se referían a él como objeto de sus peticiones y quejas. El comisario Villarejo ofreció en la comisión de investigación del Congreso el número de teléfono móvil al que asegura que escribía para tener a Rajoy informado personalmente de la operación para sabotear el caso de la caja B del PP que investigaba la Audiencia Nacional.

A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó ese número de teléfono. Dio tiempo para averiguar que la línea telefónica, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso, el 29 de julio de 2021, con diligencias aún por practicar. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

La incógnita sobre la grabación

Rajoy también fue protagonista de la declaración durante seis horas de Luis Bárcenas como perjudicado de la operación Kitchen. Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó.

Según el relato de Bárcenas, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró y lo introdujo en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. Nadie más que él ha escuchado esa grabación, señaló. Bárcenas defiende que la brigada política robó una copia del taller de su mujer mientras él estaba en la cárcel.

El segundo obstáculo al que se enfrentan las acusaciones en sus interrogatorios de este jueves con los hechos que no son objeto de la causa, hayan sido ya juzgados o no. La presidenta del tribunal ha permitido preguntas sobre ellos si servían para esclarecer algo relacionado con la operación de espionaje a Bárcenas. De continuar con este proceder, nadie podrá preguntar directamente al expresidente si él es el “M. Rajoy” que aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios en los 'papeles de Bárcenas', por ejemplo.

En el caso de la grabación, las preguntas estaban justificadas porque el extesorero la incluye entre el material que los comisarios le sustrajeron. Resta saber si la presidenta permitirá preguntar por su existencia a Rajoy. El fiscal ya advirtió que, con independencia de que existiera, los acusados responden por haber montado una operación ilegal para, entre otro material, robar la grabación que ellos creían que escondía Bárcenas. En el juicio de la caja B, también como testigo, Rajoy negó que la reunión que recogería ese audio se produjera. “Es metafísicamente imposible”, dijo entonces.

Los indicios contra Cospedal, fuera del juicio

La declaración este miércoles del exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, anticipa una declaración descafeinada de la antigua número dos del PP. La magistrada Palacios cortó reiteradamente a la acusación popular que ejerce el PSOE porque las preguntas se tenían que ceñir a aclarar los hechos que se investigan. Y esos hechos los delimitó ya el instructor, García Castellón. En la causa que se juzga el sospechoso de ser el máximo responsable de la operación Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Nadie por encima de él en aquel Gobierno. Tampoco en el partido. Por este motivo, Rajoy y Cospedal solo son citados ante su posible contribución a esclarecer la responsabilidad de los diez acusados.

Así las cosas, López del Hierro se limitó a negar lo que Villarejo anotaba de sus contactos con él. Dijo que sus encuentros eran “coloquiales”, que tenían la oficina cerca y que nunca hablaban de trabajo. Solo reconoció conocer al comisario “desde los años noventa” y que fue él quien le presentó a su entonces esposa.

“Villarejo tenía interés y a mi mujer le pareció bien y les presenté. Hablaron de lo que Villarejo quería decirle y mi mujer expuso las preocupaciones que tenía en ese momento. Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella”, ha dicho López del Hierro. Se refería a la grabación de 2009 en que, en pleno estallido del caso Gürtel, él y Cospedal le piden hacer “trabajos puntuales”, pese a que Villarejo era un comisario en activo destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Después, dijo, no le constaban más encuentros entre Cospedal y el policía, pese a las evidencias reunidas por la investigación.

Los hallazgos de grabaciones y anotaciones al comisario permitieron acumular indicios contra Cospedal por su relación directa con Villarejo. Esas anotaciones incluían presuntos pagos al comisario realizados por el jefe de gabinete de la secretaria general del Partido Popular, José Luis Ortiz, quien también declarará este jueves. Ortiz estuvo imputado, como Cospedal, y podrá estar igualmente asistido por un abogado.

Ocho meses después de que Anticorrupción solicitara la imputación de Cospedal, el juez García Castellón se atrevió a citarla, solo después de evitar durante más de 78 minutos preguntar a Francisco Martínez, el número dos de Interior, por el papel de la secretaria general, algo a lo que se había comprometido a hacer el magistrado instructor en un auto y que no cumplió.

Pero la imputación de Cospedal duró poco, apenas dos meses. En el auto de cierre de la instrucción, García Castellón aludió al “derecho de reunión” que amparaba las reuniones y conversaciones a escondidas entre la secretaria general del PP y el comisario en activo. Durante el interrogatorio como imputada fue el propio juez quien introdujo en una de sus preguntas el “carácter social” de los encuentros entre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió y dejó una frase que retumbará durante toda la sesión del jueves en el juicio: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [la cúpula del PP], como si se hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”. La Sala de lo Penal rechazaría el recurso de la Fiscalía.

En 2022 hubo una nueva oportunidad para reabrir la causa. Fue con la publicación del audio de la conversación entre Cospedal y Villarejo en el que la primera le pide al comisario que “pare” la publicación de los 'papeles de Bárcenas', la prueba de la contabilidad en B del Partido Popular. García Castellón se volvió a negar y Anticorrupción, ya con uno de los fiscales fuera del caso, Ignacio Stampa, no recurrió por orden del jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón.

La Agencia Tributaria ha informado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Mascarillas que la cuota que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama con los contratos para la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes ascendió a 2,4 millones de euros. No obstante, especifica que la cuota exigible al conseguidor es de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los inspectores apuntan a que tanto Aldama como la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, emplearon “mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020” porque sabían que los beneficios obtenidos por esa intermediación en la compra de material sanitario “iban a ser relevantes”.

En este sentido, en sus conclusiones, la Agencia Tributaria indica que Soluciones de Gestión minoró la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, “las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa”. Así, en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019 que presentó en julio de 2020, esa mercantil ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias). Y así, en dicha declaración generó una base imponible negativa de 800.000 euros, originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada. Y esa operación concreta, es lo que ponen los inspectores en cuestión.

Advierten así, que esa base imponible negativa “se compensó de manera falaz en el ejercicio 2020” con el objetivo de “reducir la carga impositiva derivada de los importantes beneficios obtenidos en el negocio de las mascarillas”. Y subraya que el principal interesado en esta minoración de la base imponible era el empresario Juan Carlos Cueto, “titular real del Grupo Cueto” e investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Cueto, un “control efectivo”

Por otro lado, recuerdan que la mayor parte de los beneficios del negocio millonario de las mascarillas se “residenciaron” en las entidades controladas por Aldama y por Cueto, y por eso entiende que existen indicios de responsabilidad penal por un delito contra la Hacienda Pública vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2020.

En el caso de Aldama, incide que vehiculó a través de las sociedades “interpuestas de manera artificiosa” Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL la facturación de “sus servicios personalísimos, obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal”.

Añade que también se considera que hay indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública para Soluciones de Gestión por esa minoración de la cuota a declarar. E incide en que Cueto “ejercía el control efectivo sobre dicha entidad sobre la contratación pública adjudicada”.

“Hasta el día 18 de mayo, despues de San Isidro. Espero que todo el mundo haya tomado la comunión y que todas fiestas las pague el PP”. El juez Alfonso Guevara que preside el tribunal que está juzgando en la Audiencia Nacional los presuntos amaños del PP en la época de Esperanza Aguirre y que tiene sentado en el banquillo de los acusados al exconsejero madrileño Enrique Granados ha tirado de ironía este miercoles al final de la sesión, al anunciar que la vista se recuperará el próximo 18 de mayo, tras las fiestas de San Isidro de Madrid.

Así consta en el audio del final de la vista que ha hecho público El País. En concreto, la Audiencia Nacional celebra desde el pasado enero y hasta el 21 de marzo el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) ha sentado en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados. 

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año. 

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado que la Audiencia Nacional haya citado al expresident Jordi Pujol presencialmente el próximo lunes, y ha pedido “sentido común” a los jueces del tribunal.

El jefe del Govern ha considerado que el delicado estado de salud de Pujol desaconseja un viaje hasta Madrid, y para ello ha contado la última conversación que mantuvo con su antecesor: fue esta semana, cuando Pujol lo llamó para excusar su presencia en un acto de homenaje al compositor Pau Casals porque estaba “muy flojo”.

Illa ha vuelto a dar un espaldarazo al expresident y ha mantenido su línea de los últimos meses pese a los datos que han emergido durante la vista. Al contrario que otros dirigentes socialistas, el president ha participado en la rehabilitación política de Pujol al recibirle en la Generalitat y defender su legado político, sin entrar en valoraciones sobre el fondo del proceso penal.

La última defensa de Pujol por parte de Illa se ha producido en un escenario de relevancia: el discurso que Illa ha pronunciado para cerrar del Dia de les Esquadres, la jornada anual de los Mossos d'Esquadra.

Illa ha empezado contando una llamada que recibió de Pujol este lunes, cuando el fundador de Convergència le pidió que lo excusara por no poder asistir por motivos de salud al primer acto oficial para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor Pau Casals, que se celebró en El Vendrell (Tarragona). Según Illa, el expresident le contó que “nada” le hacía “más ilusión” que asistir al evento, pero que no podía venir porque estaba “muy flojo” de salud.

“No podía ir a El Vendrell...Y El Vendrell está bastante más cerca que Madrid”, ha agregado Illa, que ha formulado una petición inusual al tribunal del caso Pujol: “Pido sentido común [seny, en el original catalán]”. “En el sentido común se encuentra la base adecuada para la justicia, lo digo con todo el respeto pero quiero ser claro”, ha apostillado el president.

La Audiencia Nacional ha citado presencialmente al expresidente catalán, de 95 años y con varios problemas de salud, para el próximo lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

Será la primera vez que Pujol comparezca presencialmente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra el juicio. En la primera sesión de la vista, en noviembre, lo hizo por videoconferencia desde su domicilio de Barcelona, donde se recuperaba de una neumonía. El expresident no se ha conectado al resto de sesiones.

El tribunal ya desoyó al principio de la vista la opinión de los médicos forenses que examinaron a Pujol y concluyeron que el expresident padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

Por su lado, el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, cargó contra la decisión de la Audiencia Nacional de citar presencialmente a Pujol: “No pueden ser más miserables”. “Buscan el escarnio, la foto con la que creen humillar no solo a una persona sino sobre todo aquello que representa y tanto les molesta”, escribió en la red social X.

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años y con un estado de salud deteriorado, ha sido citado a declarar como acusado de forma presencial el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Así lo ha dispuesto el tribunal que juzga el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante décadas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal acuerda que el próximo lunes a las 10:00h. se inicien las declaraciones de los acusados con la del expresident, quien deberá comparecer “personalmente” ante el tribunal media hora antes para ser reconocido por un médico forense. Pujol podrá aportar los informes médicos que considere, agregan los magistrados.

El estado de salud del expresident sobrevuela el caso desde el inicio del juicio el pasado mes de noviembre. Entonces Pujol, todavía convaleciente de una neumonía que lo mantuvo ingresado en el hospital, compareció por videoconferencia desde casa la primera jornada de juicio, aunque no hay constancia de que se haya conectado el resto de sesiones.

Los magistrados, para sorpresa general, decidieron que Pujol siguiera como acusado pese al informe del forense de los juzgados de Barcelona que evaluó al expresident y determinó que padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indicaron los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los médicos entendieron que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El tribunal indicó que se volvería a evaluar su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado. Y ese momento ha llegado: los jueces determinan que Pujol tenga que comparecer físicamente y no de forma telemática, y que antes de declarar sea visitado por un médico.

El expresident dijo en noviembre al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, agregó a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicita nueve años de cárcel.

El tribunal también ha dispuesto que un médico forense permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración” de Pujol, así como que comparezca un intérprete de catalán en caso de que alguno de los acusados quiera ejercer su derecho a declarar en esta lengua.

Luis Bárcenas dedicó este lunes los pasajes más relevantes de sus seis horas de declaración en señalar al elefante en la 'cocina' de Kitchen, Mariano Rajoy. La tesis que juzga el tribunal imputa al ministro del Interior de aquel Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la máxima responsabilidad del operativo para robar pruebas incriminatorias del PP. Pero a la sospecha de que Fernández Díaz no podía estar en la cúpula de una maniobra así, ni dejar informar de ella a su amigo el presidente, se suma ahora la acusación de Bárcenas. Según el extesorero, Rajoy aparece en una grabación tratando el asunto de la caja B del PP. Con su acusación, Bárcenas convierte a Rajoy en el máximo interesado en que la operación Kitchen lograra su objetivo. 

El extesorero del PP se sentó este lunes por primera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional como víctima y no en calidad de acusado. Su testimonio no tuvo el peso que el de las víctimas en otros casos: Bárcenas estaba en la cárcel cuando su familia fue espiada y le robaron la documentación. Además, nada podía aportar de lo que se tramó en las cúpulas del Ministerio del Interior y la Policía. 

Pero el caso Kitchen no existiría sin el caso de la caja B. Y de este, Bárcenas tiene mucho que decir. La operación parapolicial pretendía hacerse con las pruebas de la financiación irregular del PP que podría haber escondido Bárcenas al entrar en prisión en el verano de 2013. Entre esas pruebas habría una grabación de 2010 en la que Bárcenas y Rajoy abordarían el asunto de la caja B. 

Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó. Según su relato, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró e introdujo el papel en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. 

Esta es la segunda ocasión en la que Rajoy aparece mencionado en el juicio de Kitchen. La declaración más importante hasta la fecha ha sido la del inspector jefe al frente de la investigación. Gonzalo Fraga explicó que el juez pidió a Asuntos Internos identificar a la persona que se escondería tras los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas', utilizados por Villarejo y los otros miembros de la brigada política en los audios incautados. La identificación de Mariano Rajoy “no ofrece dudas”, declaró el inspector jefe Fraga. Los protagonistas de Kitchen hablaban de enviar mensajes al presidente del Gobierno y del PP y daban por hecho su conocimiento del operativo. 

Aún quedan semanas para las declaraciones de los acusados. Uno de ellos, José Manuel Villarejo, motivó el tímido intento del juez García Castellón por ahondar en la presencia de Rajoy en la operación Kitchen. Ante la comisión del Congreso, Villarejo captó la atención asegurando que informaba puntualmente a Rajoy de los avances del operativo. A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó un número de teléfono con el que habría contactado en varias ocasiones con Rajoy. 

Dio tiempo para averiguar que el teléfono, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

Este lunes, Bárcenas se tuvo que defender de la andanada de las defensas cuestionando la existencia de la grabación. Pero hubo otra época en que la existencia del audio no era una tesis que procediera del extesorero. Los comisarios que protagonizaron la operación Kitchen estaban convencidos de su existencia, tal y como demuestran las grabaciones del caso Villarejo. Este lunes, Luis Bárcenas les dio la razón. Y no solo eso. Para el ex tesorero, la brigada política buscó la grabación, la encontró y la puso fuera del alcance del juez Pablo Ruz, que investigaba la caja B del PP. Este lunes Bárcenas confirmó que nadie más que él ha escuchado el supuesto audio. 

En el juicio, las acusaciones y defensas se las ingeniaron para sortear la censura del tribunal e introducir en sus preguntas la cuestión de la existencia de las pruebas presuntamente robadas. Aunque, como se encargó de recordar el fiscal, si los policías llegaron a robar o no esas supuestas pruebas, incluida la grabación de Rajoy, no es algo de lo que tengan que responder los acusados. Si se demuestra que cometieron delitos durante su búsqueda serán condenados igualmente. 

Los abogados más beligerantes con el tema fueron los de Fernández Díaz y Francisco Martínez. El primero cuestionó que Bárcenas guardara el pendrive con la grabación de Rajoy en el local de restauración de muebles de su esposa y que al salir de prisión tardara dos meses en ir a comprobar que seguía allí. El letrado de Martínez insistió en la declaración de 2021 en que Bárcenas cambió de versión y negó haber grabado a Rajoy. El tesorero contestó que aún tenía esperanzas de un acuerdo con el PP que garantizase que su mujer no iba a entrar en prisión y que su estrategia de defensa en papeles de Bárcenas pasaba por no admitir esa grabación.

Contra la declaración de Rajoy

La declaración de Bárcenas este lunes choca frontalmente con el testimonio de Mariano Rajoy en el caso de la caja B. Allí, el expresidente dijo que en 40 años de militancia nunca había escuchado a alguien del PP hablar de la “caja B”. “Es metafísicamente imposible”, añadió, en referencia a que Bárcenas le hubiera entregado la última página de la contabilidad del dinero negro. Mariano Rajoy siempre ha negado que el “M. Rajoy” de los papeles de Bárcenas tenga alguna credibilidad y, por tanto, rechaza haber cobrado sobresueldos. 

De la declaración de Bárcenas este lunes llamó la atención un silencio. En ningún momento pronunció el nombre de su máxima enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal. La secretaria general en tiempos de la Kitchen llegó a estar imputada por el cúmulo de indicios en su contra que aparecen en las agendas de Villarejo, las grabaciones del comisario y el teléfono de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Pero el cierre abrupto de la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón incluyó el archivo de la causa para Cospedal. 

Solo de pasada, Bárcenas señaló a la dirección del PP en la época para situarla en la cúpula de la operación Kitchen. El tesorero situó el inicio del operativo en la decisión del partido de destruir los discos duros que había dejado en la sede de Génova “dos días después” de su declaración ante el juez Ruz confesando la financiación irregular del partido. Está previsto que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal declararán como testigos antes de que acabe la semana. 

Cuando en noviembre de 2025 el 'narco' ecuatoriano Wilmer Chavarría-Barre, alias 'Pipo', fue detenido en Málaga por la UDYCO Central, le comunicaron que lo hacían en atención a una orden que llegaba de su país natal por un delito de robo con muerte. Pipo se movía con pasaporte colombiano, usaba la identidad falsa de Danilo Ramón Fernández y había fingido incluso su muerte.

Él se opuso a ser extraditado y tras declarar ante la Audiencia Nacional estaba pendiente de la decisión de la magistrada María Tardón. Pero por el camino se cruzó una nueva petición de extradición, esta vez de EEUU. Fue el pasado 3 de marzo cuando la Embajada de EEUU se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores español para solicitar también la extradición de Pipo, jefe del cartel de 'Los Lobos', para que se presentara ante un tribunal del Distrito Sur de California para ser juzgado por el delito de conspiración “para distribuir por lo menos cinco kilogramos” de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a Estados Unidos.

El asunto, siguiendo una vez más los trámites habituales para este tipo de extradiciones, acabó otra vez en manos de la Audiencia Nacional. Así, el pasado 17 de abril se celebró una nueva vista para ver si se acordaba el envío a California de este narco que permanece en la prisión de Zaragoza desde que fuera detenido.

Y en esa vista, su defensa presentó un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que pone el foco en que, en realidad, la petición de EEUU bien podría ser una treta para que no pase con 'Pipo' lo que ocurrió con el líder de 'Los Tiguerones', William Joffre Alcívar, alias 'Comandante Willy'. Este otro criminal fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional al entender este tribunal especial que no podía mandarlo a Ecuador porque ese país no dio garantías suficientes para la seguridad del reo en sus cárceles.

A juicio de la defensa, ahora se da un uso “instrumental” de la extradición fruto de “la estrecha cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos” para combatir este tipo de organizaciones criminales –calificadas de terroristas por el Gobierno de Donald Trump–. Y apunta que el asunto “se agrava” porque en la declaración ante Fiscalía desde la cárcel de Zaragoza en febrero de 2026, 'Pipo' formuló graves acusaciones contra el presidente de la República de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, al que señaló como presunto responsable de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

“Interés político”

La defensa tiene la sospecha de que “existe un interés político del Gobierno de Ecuador” para que 'Pipo' sea extraditado, pero fuera del alcance de su jurisdicción “para que no pueda reiterar o ampliar esas acusaciones”. “El objetivo del Gobierno de Ecuador es que Pipo vaya a otra jurisdicción donde sus señalamientos contra Noboa por el crimen de Villavicencio no puedan tener efecto sobre el procedimiento judicial de Ecuador”, recalca en sus alegaciones la defensa del narco.

Y añade que por eso es “imperativo” que la Justicia de EEUU dé a la Audiencia Nacional información suficiente para que España pueda comprobar “si existe un interés genuino de EEUU para la extradición de 'Pipo' o si, por el contario (tras el rechazo de la Audiencia Nacional a extraditar al Comandante Willy), puede constituir una estrategia coordinada de Noboa y la Administración Trump para eludir las garantías del sistema de extradición español y del propio tratado bilateral”.

Al hilo, la defensa pone el foco en inexactitudes que ha constatado en la nota verbal de la Embajada de EEUU y de un aporte insuficiente de información por parte del agente de la DEA a cargo del caso. En las alegaciones, que ya están en poder de la magistrada María Tardón, la defensa dedica un apartado entero a insistir en la relevancia de la declaración de Pipo ante la Fiscalía de Zaragoza del pasado 25 de febrero y señala que es “una pieza procesal de singular relevancia en el presente procedimiento de extradición”. Recuerda que hizo públicas graves acusaciones contra Noboa en relación con el asesinato de Villavicencio, y que la reacción inmediata de las autoridades ecuatorianas fue la de solicitar que no se entregara a la defensa copia del vídeo o del audio de esa declaración.

Para el letrado, existe una “voluntad de silenciar al declarante que resulta difícilmente compatible con un ejercicio legítimo de la cooperación judicial internacional”.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

Apenas dos semanas después de decretar la prisión provisional sin fianza para Victor Bitner, uno de los presuntos líderes de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y ha decidido dejarlo en libertad provisional sin fianza.

Bitner fue detenido en abril de 2024 en Alemania en virtud de una orden europea de detención y entregado finalmente a España el pasado 31 de marzo tras ser detenido nuevamente en Suiza. Después de declarar ante el juzgado central de instrucción número 6, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza y el magistrado acordó inicialmente la prisión provisional alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un auto del pasado 16 de abril, obtenido por este periódico, el tribunal especial considera que, pese a los indicios en su contra, han disminuido los riesgos que justificaban su ingreso en prisión y que existen medidas menos gravosas para garantizar que Bitner, al que diversas fuentes vinculan a los servicios secretos del Kremlin, comparezca ante el tribunal cuando se inicie la vista oral del proceso.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa. La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

El juez instructor atribuye a Bitner un papel relevante dentro de esa estructura, considerada una organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Le señala, entre otros aspectos, como administrador de una de las sociedades clave del grupo y como una de las personas autorizadas para gestionar cuentas bancarias que recibieron grandes cantidades de dinero procedente de las víctimas. Solo en una cuenta en Chipre se habrían ingresado más de 160 millones de euros. También se le vincula con movimientos de criptomonedas por valor de más de tres millones de dólares destinados, según los investigadores, a ocultar el origen de los fondos.

Pese a la gravedad de los presuntos delitos —estafa agravada, organización criminal y blanqueo—, el magistrado considera en el nuevo auto que las circunstancias han cambiado desde su ingreso en prisión. En particular, destaca que Bitner, representado por el letrado Jaime Campaner, tiene domicilio conocido en Alemania, donde ya está sometido a medidas cautelares en un procedimiento paralelo, y que está cumpliendo con las obligaciones impuestas por las autoridades de ese país.

Además, el avance de la investigación ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas, señala el auto. El juez también tiene en cuenta que en el caso de otros investigados se han adoptado medidas menos restrictivas, como la libertad bajo fianza. Bitner deberá designar un domicilio en Alemania y justificar que se están cumpliendo las medidas de libertad provisional impuestas por las autoridades alemanas.

El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.