El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace escasos días al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un análisis más exhaustivo de las joyas que fueron halladas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su oficina. Considera que la primera tasación de Ansorena, que valoró el conjunto de lo encontrado en 1,3 millones de euros, puede no ser ajustada y quiere conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas.

Según adelanta El Mundo, y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, esta petición fue realizada por al magistrado José Luis Calama días antes de que se produjera la entrevista en TVE del expresidente de este pasado jueves. Entonces, sostuvo sin entrar en lo mollar, que es conocer el origen de las mismas, que fueron “un regalo de cortesía personal de hace muchos años” y que “ni tenían uso ni destino” ni “afán patrimonial”. “Estaban con las joyas de nuestras familias”, añadió.

Calama acordó ampliar las pesquisas abiertas contra el expresidente, investigado por presuntamente liderar una trama dedicada al tráfico de influencias, para imputarle los delitos de contrabando y contra Hacienda Pública, tras el hallazgo de esas joyas.

La fiscal Elena Lorente quiere conocer ahora el valor actual de mercado de las joyas al entender que la primera valoración de la casa de subastas Ansorena era preliminar. También quiere conocer cuándo se engarzaron.

El peritaje de las joyas incautadas en la oficina al expresidente del Gobierno señalaba que había un grupo de las mismas que tenían gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, también de oro blanco de 18 quilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 quilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandeses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este jueves que “nadie va a poder decir” que ejerció “influencia” en el rescate de Plus Ultra y ha sentenciado: “Tengo la convicción absoluta en mi inocencia”. Esas han sido sus primeras palabras en una entrevista en Mañaneros 360, de TVE, y más de un mes después de haber comparecido en la Audiencia Nacional como imputado ante el juez José Luis Calama.

A lo largo de la entrevista ha recalcado en numerosas ocasiones que “jamás” ejerció influencia ni habló con funcionarios de “la SEPI, con cargo público o con miembros del Gobierno” para ese rescate público de 53 millones y ha enfatizado que no es solo que no influyera sino que “no habló con nadie” por lo que el conjunto de las acusaciones “queda muy en entredicho”. Además, ha negado que desviara fondos que podría haber percibido por esa influencia a través de la empresa de sus hijas.

Al hilo, como ya hiciera frente al juez Calama ha negado que diera directrices para crear una sociedad offshore en Dubái para cobrar la supuesta comisión ilegal que habría recibido por el rescate de la aerolínea y ha indicado que sostener eso es como decir que dio instrucciones “para ir a la luna”. “Es una invención absoluta. Un error. No voy a juzgar el trabajo de la policía y del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa debe probar”, ha añadido.

Sobre su relación con la consultora Análisis Relevante, Zapatero ha dicho que se constituyó antes de la pandemia por Julio Martínez y otros socios y que él aceptó “ser consultor”. “Me parece totalmente normal percibir mis retribuciones como consultor, como he tenido relaciones con alguna empresa en tarea de consultor”. Así, ha negado ser quien marcara las decisiones en la misma y ha enfatizado, como ya hiciera ante el juez, que él realizaba trabajos de asesoría para esa empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. No obstante, ha concedido que “es evidente que los clientes sabían que el consultor” era él. “Pero todo mi trabajo fue de asesoría y consultoría. Y ni tuve intención ni participé en la sociedad ni firmé contrato con clientes”, ha añadido.

Consultado por el estado de su relación con Julio Martínez, quien le ha señalado en la Audiencia Nacional, Zapatero ha dicho que se trata de “una amistad de hace años” y que enmarca ese movimiento de colaboración con la justicia del empresario en “una estrategia de defensa” por lo que, ha incidido, no se siente traicionado. “No va conmigo ni con mi código de conducta renegar de la amistad dilatada con él”, ha añadido para sumar que “él es un investigado y cada uno tiene su estrategia de defensa”.

Respecto a que la empresa de sus hijas sea un vehículo para canalizar fondos de origen ilícito, Zapatero ha dicho que, para empezar, se deben “revisar” las cifras de ganancias que se atribuye a Whathefav. “Mis hijas y Whathefav van a presentar todos sus trabajos y todas sus tareas”, ha dicho. El presentador le ha requerido por si ha utilizado a sus hijas como “testaferro”. “Es una pregunta increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas...”, ha añadido.

Joyas “sin uso ni destino”

En el registro de la oficina del expresidente se hallaron además, en una caja fuerte, una serie de joyas sobre las que Zapatero hasta la fecha no había dado explicaciones. Un peritaje preliminar realizado para el juzgado por la joyería Ansorena tasó las piezas en 1,3 millones y el magistrado acordó imputar al expresidente los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

Respecto a ese hallazgo, Zapatero ha dicho: “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, de hace muchos años, tengo que ser muy prudente. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni en el valor que se les ha atribuido, que será sometido a contradicción”. “No he entrado en una joyería en mi vida”, ha llegado a decir el expresidente.

A la pregunta del entrevistador, Javier Ruiz, sobre el incumplimiento del Código de Buen Conducta que su propio Gobierno aprobó en 2005, Zapatero ha dicho que eso “será interpretable, como todo”. En cualquier caso, Zapatero ha reconocido que no las hubiera aceptado después de lo que ha ocurrido. “Como tantas cosas en la vida, cuando la historia sucede, y repasas, seguramente hubiera tomado otra decisión”, ha añadido.

También ha sido requerido por una carta que enviaron los dueños de Plus Ultra a un directivo del Banco de Santander con el objetivo de lograr un crédito puente previo a aspirar al rescate público. Zapatero lo ha enmarcado en la normalidad de favores que le han pedido después de ser presidente y que siguen haciéndole –“ahora, todavía me llegan, en esta situación”–. “Yo llamé a ese directivo del Banco de Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas”, ha añadido. La vía de financiación del banco, según la instrucción, no salió adelante.

Sobre la entrevista con José Luis Escrivá en un momento en el que se valoraba el rescate por parte de la autoridad competente y la inferencia de los investigadores de que pudo encuadrarse en esos trabajos del expresidente en favor de la aerolínea, Zapatero ha dicho que esa “es otra de las locuras que han funcionado por ahí”. “Lo ha aclarado el señor Escrivá. Me llama para conocerme. No he hablado de Plus Ultra con nadie durante el proceso de rescate”, ha asegurado el expresidente.

El auto del juez

Zapatero consta como investigado en la Audiencia Nacional dado que el juez considera que lideraba y “dirigía una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. El magistrado José Luis Calama sospecha que esa red articuló “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real”, para canalizar los beneficios obtenidos con ese tráfico de influencias.

Si bien los investigadores sitúan al expresidente en el vértice de la organización, en el auto por el que se informó a Zapatero de su imputación se indicaba que se ayudó de “personas de confianza” como su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario y comisionista que poseía una red de empresas, entre ellas Análisis Relevante, a través de la que se realizaban pagos tanto al exjefe del Ejecutivo socialista por supuestos trabajos de consultoría como a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav.

Uno de los asuntos concretos en los que el juez considera que el expresidente pudo haber ejercido algún tipo de influencia de manera irregular ese el rescate público por valor de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. En su declaración ante el juez del pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero negó la mayor: “No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Además, defendió sus trabajos como consultor internacional y dio carta de validez a los informes que elaboraba para la sociedad de su amigo.

Un mes después, en una estrategia de defensa muy medida, Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra investigados Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, enviaron al juez sendos escritos en los que mostraban su disposición a colaborar con la justicia y afirmaban que Zapatero sí tuvo un papel protagónico en ese rescate público de la aerolínea. De hecho, el amigo de Zapatero indicaba que el expresidente era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate y que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recordaba, además, que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante. Algo que, sostiene, ocurrió pero con abonos prorrateados a través de varias de sus empresas.

Los escritos de los directivos de Plus Ultra no hicieron más que echar más leña al fuego. Detallaron que ese contrato del 1% para cobrar la por esa influencia finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”. El resto, hasta completar la comisión del 1% (530.000 euros) se completó, indicaron, con vuelos en clase business, hasta un total de 46.

En la declaración ante el juez de este pasado martes, Julio Martínez ratificó su escrito, se reconoció en al figura de un “correveidile” del expresidente pero no aportó datos clave, como qué influencia pudo ejercer Zapatero sobre qué personas concretas para lograr ese rescate o cómo fue el reparto real y exacto de las comisiones ilegales. Fuentes de la investigación, no obstante, calificaron el resultado de satisfactorio porque puede ser el inicio de una colaboración con la investigación más amplia.

La defensa de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este miércoles su absolución en el juicio del caso Kitchen porque entiende que durante la vista, que empezó hace tres meses, “no se ha acreditado” ninguno de los tres delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior. Jesús Mandri, el letrado de Fernández Díaz, ha defendido que Kitchen fue “una operación de inteligencia, no parapolicial” y que, de ella, no fue informado el ministro del Interior, como tampoco lo era de otras muchas porque su cargo no consistía en estar encima de los dispositivos policiales.

“Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”, ha expuesto Mandri, que ha intervenido durante cerca de dos horas.

Fernández Díaz está acusado de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad, por las maniobras contra Bárcenas y su familia orquestadas presuntamente desde el Ministerio del Interior para sustraer la documentación que el ex tesorero del PP pudiera esconder en 2013 de la financiación irregular del PP y de los pagos con dinero negro a sus principales dirigentes, incluido el entonces presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

La prueba principal contra Fernández Díaz son los mensajes que aportó ante dos notarios su número dos, Francisco Martínez, cuando se vió en peligro de ser imputado y al comprobar que el ministro se desvinculaba en público de cualquier conocimiento de Kitchen. En esos mensajes, Fernández Díaz aparece informando al secretario de Estado de la existencia del confidente en el entorno de la familia Bárcenas, el chófer, de su identidad o de los avances de la operación.

La principal línea de defensa durante el juicio ha sido desacreditar esos mensajes, que Martínez borró antes de que fuera incautado su teléfono. “Esos mensajes nunca existieron y si existieron nunca fueron enviados o reenviados por Jorge Fernández Díaz”, ha dicho este miércoles su abogado. El letrado ha desacreditado el testimonio de los peritos y ha deslizado, incluso, que uno de ellos mintió en el juicio.

Los peritos no comprobaron si ese teléfono que aparecía en la agenda del terminal de Martínez a nombre de “Jorge Fernández Díaz” pertenecía en realidad al ministro. Sin embargo, el fiscal defendió en su alegato final que está acreditado que era un teléfono del Ministerio del Interior en la época y que después el número ha seguido siendo utilizado por el entonces titular de la cartera.

Mandri ha destacado que no hay grabación alguna ni anotación en la agenda de Villarejo sobre encuentros entre ambos. En este sentido ha impugnado que se tome como prueba un encuentro entre el policía y el ministro de 2012 en el que se fragua la Operación Cataluña porque, ha dicho, nada tiene que ver con la causa y no ha sido sometida a ninguna comprobación de veracidad. Fernández Díaz ha cambiado de versión varias ocasiones sobre si conocía a Villarejo después de que revelaciones periodísticas hayan demostrado que mentía.

En las agendas de Villarejo sí hay múltiples referencias al ministro del Interior y su conocimiento de la operación Kitchen. El investigador principal del caso, el inspector jefe Gonzalo Fraga, dijo en el juicio que las anotaciones que Villarejo allí hacían no eran un montaje –“Villarejo no se engana a sí mismo”– pero el abogado del acusado ha defendido que “no son prueba de absolutamente nada”.

Respecto al carácter de “inteligencia” de la operación Kitchen, Mandri ha dicho que así consta en los epítetos que le dedicaba Villarejo en una carpeta que se le incautó, a la que el abogado sí ha dado credibilidad. Y que la operación, en línea con la tesis de la defensa del resto de investigados, buscaba encontrar dinero aún oculto por Bárcenas y sus testaferros, pese a que el investigador de la caja B ha negado que fuera informado jamás del operativo.

Asimismo, el abogado ha defendido que Fernández Díaz no tenía ningún interés personal en encontrar la supuesta información comprometedora para el PP porque él no aparece en los papeles de Bárcenas ni como receptor de dinero negro. “No le afectaba la información del señor Bárcenas”, ha asegurado el letrado.

El número dos, de acuerdo con Fernández Díaz

Durante todo el juicio las defensas han exhibido un concierto en la línea de defensa. Ha llamado especialmente la atención la cordialidad entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, quienes mantuvieron un agrio enfrentamiento durante la instrucción, visualizado en el careo que organizó el juez instructor. En su alegato final, el abogado de Martínez ha coincidido con el del ex ministro en que la Kitchen fue “una operación real policial, lícita y legal, de inteligencia, para buscar dinero, patrimonio, de Bárcenas y su familia”.

Colina ha defendido la actuación policial como “una operación de Estado”. “Si no se hubiera investigado se habría cometido verdaderamente el delito”, ha afirmado, en relación a la supuesta búsqueda del dinero escondido por Bárcenas y sus presuntos testaferros.

“Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la 'Operación Kitchen' tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno”, ha asegurado Colina.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

El empresario y comisionista Julio Martínez no ha aportado novedades respecto al escrito que presentó la víspera en la Audiencia Nacional señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como conocedor e instigador de supuestas maniobras para el rescate de Plus que, en cualquier caso, describe como labores “de asesoría”. Durante más de tres horas de declaración, Martínez no ha aclarado ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate de Plus Ultra ni cuánto habría cobrado por ello, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Martínez ha respondido durante cerca de hora y media a las preguntas del juez José Luis Calama y ha repartido la otra hora y media entre la fiscal, Elena Lorente, y su abogada, María Dolores Márquez de Prado. Las fuentes consultadas califican de “decepcionante” el contenido de la declaración respecto de las expectativas del ofrecimiento de colaboración con la Justicia que la defensa de Martínez hizo en su escrito conocido este lunes. La falta de concreción del investigado habría provocado la irritación incluso de la fiscal Lorente, según las mismas fuentes.

El caso Plus Ultra había entrado este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso.

En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Martínez atribuía en el escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Martínez ha reiterado hoy que él no tenía ni tiene contactos para lograr el rescate.

Por otro lado, Martínez ha confirmado al juez este martes que se le pagaba una iguala de 3.000 euros mensuales a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, hasta finales de 2025 por trabajos de marketing, que básicamente era poner bonitos los informes elaborados para Análisis Relevante. Y ha aclarado que se pagaba esa cantidad mensual incluso cuando no había nada que hacer.

Otras fuentes presentes en la declaración han explicado que el compañero de 'running' de Zapatero se ha descrito asimismo como una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le ha llegado a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario ha confirmado que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' ha incidido en que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primer a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

En este sentido, ha quitado relevancia a la comida que mantuvieron con un experto en finanzas para concretar la creación de una sociedad offshore en Dubái. La UDEF infería en su atestado que podría buscarse cobrar la comisión de Plus Ultra a través de ese vehículo para no dejar rastro en España. Pero 'Julito' ha señalado que era un tema muy complejo y que el encuentro fue más por cortesía que otra cosa. Finalmente la comisión, ha sostenido, se cobró por medio de sus propias empresas.

Más allá de estos detalles, ha concretado que los informes que Zapatero hacía para Análisis Relevante eran reales pero de escaso o nulo valor añadido, que se basaban en fuentes abiertas y que eran enviados de manera gratuita a potenciales clientes. Y sobre el término utilizado de 'finance boutique', que aparece en los atestados, ha señalado que era una manera de llamar al negocio pero sin relevancia.

Martínez Martínez ha apuntado que él, gracias a las presentaciones de Zapatero en Venezuela, logró el contacto de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y ya ofreció el mismo de manera independiente trabajos reales a la aerolínea para resolver asuntos de Plus Ultra como el aplazamiento de la deuda con PDVSA por el petróleo o gestiones para posibilitar vuelos.

El caso Plus Ultra entró este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta este lunes amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso. En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La declaración de Julio Martínez Martínez navega entre el anuncio de la colaboración y la necesidad de no aumentar los indicios que pesan contra él. Este martes no lo tendrá tan fácil. 'Julito' deberá responder a las preguntas que le hagan la fiscal y el juez sobre los detalles del presunto tráfico de influencias y el blanqueo de capitales que cometió presuntamente junto a Zapatero. Pero de momento, los dos 'julios' de la causa aseveran que el expresidente era la persona que en realidad se ofreció para impulsar y asegurar que esa financiación pública de 53 millones llegaba a la compañía. Eso sí, sin concretar qué gestiones concretas hizo o con qué funcionarios pudo hablar para desatrancar ese rescate.

Esto contrasta radicalmente con lo que sostuvo José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 16 de junio a preguntas del magistrado José Luis Calama. Entonces dijo que no había ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público en plena pandemia. Añadió que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció que en 2024 conoció a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

En el escrito de 'Julito', su defensa recalca que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate. Y aclaraba que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recuerda que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante.

Ese montante, que podría ascender a medio millón de euros, se acordó que fuera en diferido a lo largo del tiempo y hasta 2026, y a través de diferentes mercantiles relacionadas con el comisionista, por culpa de la “presión mediática sobre la financiación pública”. “En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado”, explicaba Julio Martínez en el escrito.

Por otro lado, Julio Martínez señalaba que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que Rodríguez Zapatero fuera su “principal consultor” y emitiera “informes de estrategia”, extendiera “relaciones internacionales” e “impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes”.

Zapatero reconoció que había realizado informes verbales para Análisis Relevante por los que había cobrado y declarado a Hacienda. Martínez eleva en su escrito la relación del expresidente con la consultora: “El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. Martínez también explicaba que tras la creación de Análisis Relevante se acordó una iguala de 3.000 euros mensuales para que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, maquetara los informes de Análisis Relevante.

El paso al frente de los directivos de Plus Ultra

Si las revelaciones de 'Julito' Martínez ya hacen presagiar una declaración que puede ser aciaga para el expresidente del Gobierno, los escritos de las defensas del presidente y del director financiero de Plus Ultra -idénticos en lo mollar- parecen enterrar toda esperanza para el líder socialista. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli explican la vía por la que contactaron con Zapatero -Manuel Fajardo- y detallan que se formalizó un contrato para cobrar la “mordida” que finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”.

Esta suma no llegaba a los 530.000 euros apalabrados y acordados, y el enlace de Zapatero quería recibir el líquido completo, pero “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en 46 billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes”. “Materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”, insistía.

Así, esas cantidades cobradas a través de tres sociedades encajan como anillo al dedo con lo que sostiene el propio 'Julito': había que canalizar el pago a través de diferentes mercantiles debido a la presión mediática en torno al rescate de la aerolínea.

El actual presidente de Plus Ultra reconoce, además, que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

El presidente de Plus Ultra explica que adoptaron esa decisión de la vía de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Precisamente, Martínez Sola defendió en el mes de febrero en su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que “no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor, ni injerencias indebidas, ni ayudas ilícitas” en el rescate de 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Gobierno en 2021. “Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada”, afirmó.

El contacto con Zapatero: un número oculto

Sobre cómo se inició esa intermediación de Zapatero, Martínez Sola relata que él mantuvo una llamada en 2020 con él “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Roselli mantuvo con posterioridad una conversación telefónica con el enlace de Zapatero. 'Julito' sí le explicitó que “por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una 'finance boutique'”. “Los honorarios, como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente”, recoge el escrito, que indica que en ese momento tanto Martínez Sola como Roselli “tuvieron plena conciencia de que Julio Martínez Martínez y Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (...) lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener” ambos.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, sostiene en el escrito remitido este lunes al juez instructor del caso Zapatero, el magistrado José Luis Calama, que pagó al expresidente del Gobierno a través del supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, una comisión del 1% (530.000 euros) sobre el préstamo de 53 millones concedido por el Consejo de Ministros a la compañía. Martínez Sola aclara que “nunca se llegó a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo [por Zapatero] para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”.

El directivo aclara que asumió en enero de 2021 “como una medida desesperada” contratar al amigo y supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, para unas gestiones que denominaron “eufemísticamente” como “labores de acompañamiento”. El presidente de Plus Ultra asegura en el escrito remitido al juzgado que la compañía estaba convencida de que habían presentado un expediente administrativo técnico que “cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”. Pese a eso, decidió pagar una comisión del 1% a Zapatero si el consejo de ministros terminaba aprobando el préstamo, cosa que sucedió.

Ese expediente al que se refiere el máximo responsable de la compañía se presentó el 1 de septiembre de 2020 y durante cuatro meses se negoció con los responsables de la SEPI, que solicitaron documentación complementaria y todo tipo de aclaraciones técnicas.

Pero en enero de 2021, el amigo y supuesto testaferro de Zapatero, que ya cobraba una iguala para hacer gestiones a favor de Plus Ultra en Venezuela, les indicó la necesidad de firmar un nuevo contrato para agilizar la concesión de la ayuda: pagarían un 1% del préstamo si el Consejo de Ministros lo aprobaba.

El presidente de la compañía duda ahora de que Zapatero hiciera realmente gestiones para influir en la aprobación de un rescate por parte del Consejo de Ministros que se hubiera producido sin mediación alguna porque cumplían los requisitos de elegibilidad, según defiende el escrito remitido a la Audiencia Nacional.

Un juzgado de Madrid investigó durante 19 meses el rescate a Plus Ultra y detalló cómo fueron la dos auditoras externas contratadas por la SEPI para analizar la documentación y detectar, en su caso, si incumplía alguna de las condiciones establecidas para aprobar el préstamo.

El presidente de la compañía aclara ahora al juzgado cómo se hicieron todos estos trámites sin que apareciera la figura de Zapatero como intermediario para salvar los posibles obstáculos que pudiera poner la SEPI para la concesión de la ayuda. Y, sin embargo, confiesa que pagó 530.000 euros por esos supuestos trabajos de los que ahora duda: “El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Julio Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a ANÁLISIS RELEVANTE; 98.617 euros a VOLI ANALÍTICA, 110.799 euros a IOT DOMOTIC EUROPE SL, y, por último, aunque el señor Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que PLUS ULTRA fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes. Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%”.

El presidente de Plus Ultra nada sabe del supuesto cobro de la mordida a través de una sociedad instrumental domiciliada en Dubái, como sostenía la UDEF (la unidad especializada de la Policía en delincuencia económica) en uno de sus informes a raíz de una comida convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.

La compañía aérea Plus Ultra ha enviado este lunes un escrito al juez José Luis Calama un escrito anunciando una “investigación interna” sobre su rescate, un asunto por el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este texto se ha conocido apenas unos minutos después de que saliera a la luz otro escrito, presentado por el empresario Julio Martínez Martínez, en el que asegura que fue el exmandatario socialista “quien marcaba los pasos a seguir” para lograr el mencionado rescate.

En el texto, Plus Ultra sostiene que por mandato de su Consejo de Administración, su representante letrada en la causa muestra “su intención de prestar la máxima colaboración en la averiguación de los hechos objeto” de la presente,“ en cuanto se relacionen con personas físicas que se hallaban vinculadas con ella en el momento de los hechos”. “También para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control, que hubiera podido hacerlos posibles”, zanjan.

Justo antes, el empresario Julio Martínez atribuía en un escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI.

Por otro lado, explica que la consultora Análisis Relevante, que está en el epicentro de la investigación de la trama que supuestamente se dedicaba al tráfico de influencias, se creó para que el “principal consultor” emitiera informes de estrategia, y que la empresa de las hijas del expresidente cobraban una iguala de 3.000 euros mensuales por maquetaciones. Relata que si bien Zapatero no estaba en el accionariado “era quien lideraba y decidía las cuestiones de estrategia y de captación de clientes”.

Jésica Rodríguez, quien fuera expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo en este tribunal especial. Ha llegado ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol pere evitar que las cámaras de los medios de comunicación congregados pudieran captar una imagen clara de su rostro.

Rodríguez, que fue imputada por el juez el pasado 3 de junio, ya depuso en calidad de testigo durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que acabó en una condena de 24 años para el exministro. Ya entonces reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que Ábalos era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García. Los contratos se firmaron en dos empresas públicas sunbcontratadas por Adif: primero en Ineco y después en Tragsatec. “Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”, indica la sentencia. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Este lunes también han sido citados en calidad de investigados el hermano de Koldo García, Joseba García, e Ignacio Zaldívar, por esos contratos de Jésica Rodríguez. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar, si bien el hermano de Koldo García ha querido aclarar que él no conocía a la expareja de Ábalos antes de que fuera contratada en Ineco. Empresa para la que también él prestaba servicios.

Zaldívar señaló ante el Supremo en el juicio que en hasta dos ocasiones recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigado por la Audiencia Nacional-, en las que le indicaba que el ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez -su pareja sentimental-.

Zaldívar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez, o más bien para el que no trabajaba porque ella confesó que a pesar de firmar contrato no llegó a hacer nada. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras comunicarse con responsables de esa entidad no obtuvo “feedback”.

Según comentó, tras esos incidentes él anotó en sus tablas 'Presidencia' al lado del nombre de Jésica Rodríguez para tener controlado que se trataba de una trabajadora “especial” y encuadró en la normalidad que tras finalizar el contrato de la novia de Jésica en Ineco le pidiera el currículum para que pasar a Tragsatec.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de evitar la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, tras agotar la vía administrativa.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha desestimado el recurso de reposición presentado por el consistorio en mayo contra la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

La resolución del Ministerio mantiene que la cruz debe figurar en el Catálogo, un paso previo a su retirada, una decisión que el Ayuntamiento rechaza por considerar que el monumento “forma parte del patrimonio urbano de la ciudad y carece actualmente de exaltación de la dictadura franquista”.

La decisión ha sido adoptada este viernes por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado conocimiento de la resolución estatal, la cual pone fin a la vía administrativa.

El consistorio acudirá ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo legal de dos meses con el objetivo de defender su posición en este procedimiento. Con este acuerdo, el Ayuntamiento da cumplimiento al anuncio realizado este jueves durante el pleno municipal por el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien avanzó que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizaría “en las próximas semanas”.

La estrategia judicial del equipo de Gobierno municipal comenzó el pasado mes de mayo, cuando presentó un recurso de alzada —resuelto en sentido desfavorable— y anunció que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo central mantenía la orden de retirada del monumento, como así ha sido.

Además, el pasado 3 de julio la Junta de Gobierno Local acordó personarse en el recurso contencioso-administrativo promovido por Vox, después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la demanda presentada por esta formación política contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La defensa de la Cruz volvió este jueves a centrar el enfrentamiento político en el pleno municipal, donde PP y Vox escenificaron un frente común para mantener el monumento; mientras que PSOE y Unidas Podemos (UP) abandonaron la sesión al considerar que debatir una moción en favor de su permanencia suponía actuar en contra de la Ley de Memoria Democrática. Durante ese debate, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aseguró que el consistorio seguirá “peleando para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado”.

Por su parte, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, calificó la actuación del Ministerio de “chapuza interesada” y defendió que el monumento “no tiene simbología franquista alguna” tras la modificación de su inscripción acordada por el pleno municipal hace décadas.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha señalado este viernes en el Senado que cuando transmitió a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no debían ser proactivos en sus investigaciones lo hizo, como en otras ocasiones, porque está “cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional” y no los guardias civiles adscritos a la investigación judicial. Ha lamentado el “exceso de protagonismo” acompañado de cierta “vanidad” de algunos investigadores -sin citar expresamente al teniente coronel Antonio Balas- y ha añadido que en ocasiones se asumen papeles y roles que no les corresponden a los agentes.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero ha incidido en que existe cierta “proactividad tóxica o supletoria” de quien tiene la responsabilidad real de investigar, que es el juez instructor. Y ha enfatizado que este problema lo ha planteado en multitud de foros infinidad de veces, y “no solo en una conversación particular que se recuerda cuando interesa dos años después” de haberse producido, ha explicado en referencia a lo mantenido en sede judicial por el general Rafael Yuste y el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo sobre un encuentro mantenido en el verano de 2024.

Llamas fue imputado por el juez Santiago Pedraz por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia al entender que pudo participar de alguna manera en obstaculizar las investigaciones de la UCO que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, en la causa se fundamenta esa imputación por haber promovido informaciones reservadas, investigaciones internas, que se acordaron abrir por las filtraciones a la prensa de determinados detalles de casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Una de las primeras preguntas a las que se ha enfrentado en la comisión es la de si se plantea dimitir. Llamas ha sido tajante: “En absoluto”. Ha indicado que no considera cuestionado su honor por estar investigado y ha añadido que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le ha trasladado su apoyo tras la imputación y le habría indicado que su situación procesal es “injusta”. Además, ha indicado que aunque llegue a ser procesado en el caso Leire Díez no se plantea su dimisión. “Hasta que no se formalice y conste yo como acusado en primera instancia o sentenciado como culpable”, ha añadido, para insistir en que cuando entienda que su honor “ha quedado cuestionado de manera razonable” tomará una decisión.

Llamas fue llamado a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Senado por voluntad del PP con el pretexto de indagar en el caso Mascarillas. Finalmente, ese órgano parlamentario se ha convertido en un cajón de sastre para que desfilen por él responsables políticos e institucionales relacionados directa o indirectamente con causas judiciales abiertas.

A lo largo de su declaración, donde ha hecho mención a su carrera profesional de 48 años en el Instituto Armado, ha negado conocer a la exmilitante socialista Leire Díez pero ha advertido de que, de lo que ha podido leer en medios, parece que “fabula con bastante facilidad”.

Cuestionado por la llamada del ministro que desembocó en que él acordara una investigación interna para analizar una filtración de datos sensibles en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha explicado que, si bien previamente en una conversación con la directora general de la Guardia Civil ya se le había advertido de “ese desliz por parte de los investigadores”, Marlaska le dimensionó el problema. Le indicó que la filtración de las direcciones de correo electrónico del entorno del presidente provocó que fueran “bombardeados con todo tipo de material injurioso, pronográfico e insultante”, de manera que se tuvieron que bloquear las cuentas.

Al hilo, ha resaltado que no abrió una información reservada por la llamada del ministro porque lo habría hecho de todas maneras al conocer la dimensión del problema y ha negado tajantemente que Marlaska le llamara para preguntarle por la investigación del hermano de Sánchez sino para darle “esa dimensión del impacto de esos datos”: “No me conmina a hacer ninguna investigación”.

Por otro lado, ha confirmado que mantuvo un encuentro el 5 de mayo de 2025 con la directora general, Mercedes González, para comunicarle que existía una nota de despacho en la que se hablaba de la supuesta campaña de desprestigio que orquestaba Leire Díez para desprestigiar a la UCO. Ha añadido que González le participó que sí conocía a la presunta 'fontanera' del PSOE porque trataron un conflicto laboral en Correos cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y que recientemente la había visto.

Por su parte, el senador popular José Antonio Monago ha explicado que la Fiscalía mantiene que bloqueó la nota de despacho clave sobre la campaña contra la UCO. Él ha explicado que trasladó la misma a su superior, la directora general, tras el puente de mayo de 2025 -la recibió el 29 de abril- y que tras un viaje es cuando se le da cuenta de una segunda nota de despacho, que coincidía con la nota previa de Información.

En cuanto una de las informaciones reservadas que se abrió para a raíz de una información de El Mundo en el que se le calificaba de “peón de Marlaska”, ha explicado que él solicitó que fuera la directora general quien tomara la iniciativa de abrir la misma porque dado que él era protagonista de esa noticia no veía conveniente ser él quien acordara la apertura. De hecho, ha explicado que si hubiera sido llamado a declarar en el marco de esa investigación interna lo habría hecho.

Las fiscales del caso indicaron en un recietne informe que esa apertura de una investigación interna partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó, dice el Miniserio Público, en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Durante la comisión, tanto el PP como UPN y Vox le han solicitado encarecidamente que dimita para preservar el honor de la Guardia Civil. “Esto es un sinsentido y usted tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”, ha llegado a decir Monago. Mientras, la senadora socialista María del Río Martín ha lamentado que se use la comisión para que el PP dicté sentencia sobre los comparecientes. “La presunción de inocencia es una entelequia que salta por los aires en esta comisión (...), los comparecientes saben que la condena mediática y política es dictada por el PP con el consiguiente daño reputacional personal e institucional. El Senado no puede ser un tribunal paralelo”, ha enfatizado.

La declaración ante el juez

Este pasado jueves, el DAO de la Guardia Civil declaró ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son una herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informaron a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas declaró durante casi tres horas en calidad de investigado en el 'caso Leire Díez' por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas explicó este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, dijo.

El teniente general de la Guardia Civil defendió el trabajo de la UCO y negó haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido negó que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque admitió que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica surgió el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue al tratar la apertura de una información reservada por la publicación en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas respondió que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya negaron en el juzgado en sus declaraciones como testigos.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Iberdrola y ha levantado la sanción de 25 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015, que multó a la compañía por haber manipulado el mercado para subir artificialmente los precios y llevarse un beneficio económico de 21,5 millones. Unos hechos por los que la energética fue absuelta en 2024.

En una sentencia fechada el 8 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sigue la estela del fallo de la Sala de lo Penal de enero de 2024, en el que se absolvió a la energética de haber alterado los precios durante el llamado 'tarifazo', cuando el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular— decidió no cubrir los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse el 1 de enero de 2014. Pocos días después se produjo una escalada de precios que, entonces, se vinculó con esta decisión política.

En concreto, la práctica de la que se acusó a Iberdrola Generación —la filial dedicada a la producción eléctrica— fue la de elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

Ahora, la Audiencia Nacional considera que la multa ha de levantarse ya que los hechos por los que se impuso “son sustancialmente análogos” a los ya juzgados, por los que no cabe lugar la sanción “muy grave” que la CNMC impuso amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.

La sentencia incide en el tirón de orejas al supervisor que dio la Sala de lo Penal, al apuntar que el procedimiento por el que se investigó el perjuicio “se basó en meras estimaciones” y se consideró “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso concreto”, adoleciendo de “graves deficiencias” y con sus “variables fundamentales (...) siendo modificadas subjetivamente”.

La Sala de lo Penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

La presidenta del PSOE de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la presunta trama coordinada por la exmilitante del partido y por el número tres de la formación Santos Cerdán que conocía a la 'fontanera' del partido desde 2017. Ha recalcado que cuando en abril de 2024 se dirigió a ella indicándole que tenía información para “reconducir” la situación, justo coincidiendo con el periodo de reflexión que se dio Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa Begoña Gómez, ella la despachó indicando que esos temas los hablara con Cerdán.

Narbona ha recalcado que Leire Díez hablaba de informacion útil para el partido, “nada de cloacas”, y que días más tarde, cuando le preguntó a Cerdán si era de utilidad lo que había aportado Leire Díez, este le dijo que no.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han explicado que, en el interrogatorio de no más de media hora a Narbona -declaraba en calidad de testigo-, ha comentado que los indicios que constan en los autos del caso Leire Díez son “indicios preocupantes” y ha remarcado que ella como presidenta no tiene ninguna facultad ejecutiva en la formación. Lo ha hecho al insistirle la fiscal por la reunión en Ferraz en la que habrían participado, entre otros, Santos Cerdán y Juanma Serrano, junto a Leire Díez. “Por mis cargos paso poco tiempo en Ferráz. Estoy más en el Congreso”, ha dicho Narbona.

Por otro lado, Narbona ha remarcado que ella desconoce esas reuniones en la sede del PSOE y que constan en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO).

En declaraciones a los medios, a la salida de su comparecencia, Narbona ha aseverado que no conocía “en absoluto” que la exmilitante, a la que ha calificado de conocida pero no amiga, “organizara una trama dentro del partido”. Sí ha incidido en que “ella previamente le había dicho que conocía hechos importantes”, y puesto que “la política de comunicación la llevaba Santos Cerdán” la derivó a él. “Santos Cerdán me dijo que no había traído nada de interés”, ha añadido.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a Pedraz la comparecencia de Cristina Narbona después de que en un informe de la UCO se detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y Narbona el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Narbona, este miércoles ha explicado que tuvo trato con Díez en al época en la que la 'fontanera' trabajaba en Enusa por que quería dinamizar la imagen pública de esa sociedad, allá por 2020, pero que en el asunto concreto del mensaje de 2024 ella se puso de perfil porque por su cargo no podía entender de ese tipo de información.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”. Así, este miércoles se ha limitado a mantener lo que ya ha dicho previamente.

La fiscal Anticorrupción ha introducido una pregunta que no había surgido hasta este momento en la causa, relacionada con la acusacion popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen. La fiscal quería saber si la estrategia la decide el partido o los abogados personados. “No lo sé. Habría que preguntarle a la Secfretaría de Organización o a los responsables de los servicios juríticos”, ha respondido Narbona.

Las reuniones en FGE

Este miércoles se han celebrado otras dos testificales. El ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe ha confirmado este miércoles que mantuvo dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante Leire Díez pero, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha calificado de intrascendentes esos encuentros que, ha explicado, se encuadran en la normalidad porque recibían de manera habitual a letrados y a representantes de la ciudadanía. Tanto él como la otra fiscal, Beatriz López, que estuvo en el primero de esos encuentros -que se alargó por no más de 15 minutos- han señalado que fueron reuniones raras o “marcianas” y que tenían que ver con quejas sobre procedimientos relativos a fraudes del IVA en el sector de los hidrocarburos. Ambos han indicado desconocer cómo se fraguaron.

Sobre en calidad de qué se personó Leire Díez en esas reuniones con Teijelo, han indicado, según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que llegó como acompañante, algo que dista de la primera comunicación que remitió al juez la FGE cuando se indicaba que se había presentado como compañera del despacho de Teijelo. Ante el juez, Villafañe ha indicado que a la salida de la primera reunión se encontró con el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz y le dio cuenta de lo hablado, pero como entendió que no era relevante no informó ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sobre el hecho de que no quedara registro alguno sobre las dos entradas en la sede de la FGE de la exmilitante y del abogado, que también consta como investigado en la causa, Villafañe ha explicado que en la FGE no se registran las visitas que van a reuniones, no se pide el DNI a nadie salvo si es periodista. Ha puntualizado que si bien en la primera reunión estuvieron los dos fiscales, a la segunda solo asistió Villafañe. El juez investiga si estas dos reuniones formaron parte de la estrategia desplegada por Leire Díez y sus colaboradores para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE o a personas del entramado.