La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado citar como testigos tanto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio.

Además, la magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

Por otro lado, la jueza, en su auto, atiende a toda la batería de diligencias que ha solicitado recientemente en un informe el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para arrojar luz sobre quién está detrás de esa entrada masiva de migrantes. Así, explica que con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización, se reclama al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que aporte su informe íntegro sobre la organización digital de esa entrada con una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes.

También quiere la geolocalización y la identificación de los perfiles usados de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada. En este sentido, ya adelanta que será necesario emitir las pertinentes comisiones rogatorias internaciones y las órdenes europeas de investigación a las propietarias de esos datos sensibles y personales: “Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación”. Quiere dar así con los números de teléfono usados, los canales, su contenido y los perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Para esas indagaciones concretas acuerda formar una pieza separada tecnológica que mantendrá bajo secreto.

Tardón también quiere dar con los agentes dinamizadores que sobre el terreno pudieron alentar la entrada de migrantes en Ceuta, tal y como destacaba el informe del Cenif. Así, pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial que procedan “al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Quiere un informe individual de cada uno de los sujetos identificado. Esta diligencia se la remite, también, al CNI, al Cenif y a la Policía Científica por si pueden ayudar a la detección con sus bases de datos.

Por otro lado, sobre los uniformados que aparecen en las fotografías anexadas al informe principal de la Cenif, Tardón quiere conocer también sus identidades, el cuerpo concreto al que pertenecen, su unidad operativa, su graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada en cada uno de los episodios documentados. Quiere conocer, en lo posible, la cadena de mando operativa de las fuerzas marroquíes que estaba presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

El brazo financiero de la operación

Tanto Alonso como la jueza ven conveniente también que la UDEF elabore un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. A su juicio, ese documento debe analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos (como el sistema hawala, habitual en financiación de terrorismo yihadista), la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.

Y considera también necesario la elaboración de un informe relativo “a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados”. Quiere tener sobre su mesa la identificación de las embarcaciones utilizadas, los propietarios, patrones, y financiadores, las rutas empleadas y las personas beneficiadas por dichos traslados. Quiere también tener identificados los inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de “alojamiento, ocultación o tránsito” de migrantes.

Tardón, con el objetivo de dar con los planificadores de esa entrada masiva, también acuerda que la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cnif) emitan un informe en el que que arrojen luz sobre “qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación”. Quiere que ese informe se extienda en analizar “las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta con otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos”.

Sobre la petición de la Fiscalía de que se cite a otros “responsables y mandos operativos”, la magistrada entiende que ese testimonio puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes que ha solicitado. Por eso, solo acuerda citar como testigos a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Silvia Rojas, la fiscal de Ceuta asignada a la causa abierta en esa ciudad autónoma para investigar los fallecimientos de migrantes durante la entrada masiva del pasado 30 julio emitió un informe el pasado 9 de septiembre en el que apoyaba que el asunto recayera en la Audiencia Nacional. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal se muestra favorable a que se investigue la conducta en esos días críticos del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para conocer la información de la que disponían las autoridades españolas y las medidas que se adoptaron. Cree que se debe indagar en “la relación causal” que puede haber “entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados”.

La fiscal considera que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón y el fiscal jefe de ese tribunal especial, Jesús Alonso, deben poner el foco no solo en quién está detrás de que se produjera esa entrada masiva de migrantes (la cifra que se baraja es de 80.000 personas) sino también en la conducta del delegado del Gobierno. En concreto, cree necesario conocer “las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes”.

Para la fiscal, las diligencias abiertas en Ceuta relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal “no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas”. Explica que determinar las circunstancias de tales fallecimientos “puede exigir esclarecer, entre otros extremos, cómo se produjo la movilización, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál fue la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español”.

Entiende así que todo tiene una relación directa con el objeto de la investigación asumida por Tardón y, tras citar el auto por el que la magistrada asumía la competencia, explica que la investigación “no se limita a los actos de convocatoria o planificación desarrollados fuera de España, sino que comprende también las actuaciones realizadas en territorio español y las conductas relacionadas con el desarrollo y las consecuencias de la entrada masiva”.

“Por ello, las denuncias presentadas en las presentes Diligencias Previas no se limitan a poner en conocimiento hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado, sino que se refieren también a la conducta, intervención y eventual responsabilidad del Sr. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”, abunda.

La fiscal considera que esas decisiones u omisiones producidas en Ceuta por Delegación del Gobierno “pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”. “La actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación”, señala en los razonamientos jurídicos.

Entre los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta existe una comunicación vía mensajería entre el CNI y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba el 29 de julio de una convocatoria por redes sociales para una entrada masiva. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q [sic] sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores”, explicaba un agente del CNI al Gabinete de la Delegación en una sucesión de tres mensajes.

A los dos días de que trascendieran esos mensajes, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta presentó su dimisión. Según los documentos secretos desclasificados Sanz fue quien recibió esos mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Tardón señalaba que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”.

Precisamente, este martes se conoció que el juzgado de Ceuta acordaba inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos.

La fiscal del juicio en la Audiencia Nacional (AN) del Banco de Valencia ha retirado la acusación por un presunto delito de blanqueo de capitales contra Carlos Beamonte Nicolás, directivo de AndBank. La representante del Ministerio Público ha reconocido en la segunda sesión del juicio oral, celebrada este martes, que los hechos que se le atribuyen han prescripto. El abogado del Estado también ha retirado la acusación.

La fiscal ha explicado que Beamonte estaba imputado al supuestamente “trocear” las cantidades que se ingresaron en AndBank provenientes de las inversiones inmobiliarias financiadas por la entidad bancaria en el proyecto Grand Coral en México, aunque esa operativa, en su caso específico, se acreditó en el ejercicio 2005, por lo que el presunto delito de blanqueo de capitales estaba prescrito cuando el procedimiento se dirigió contra él, estando fechado el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2016.

El presidente del tribunal de la AN ha indicado al directivo que podía retirarse de la sala y ha adelantado que dictaría una sentencia absolutoria. “Puede marcharse”, ha dicho el magistrado. Carlos Beamonte ha abandonado inmediatamente la sala de la AN en San Fernando de Henares.

El Ministerio Público considera que las “ganancias de naturaleza ilícita fueron apropiadas” por los principales acusados y “después fueron llevadas a Andorra” (de ahí el blanqueo de capitales que se les imputa).

Por su parte, otro banquero del principado que se sentaba en el banquillo, Joan Miquel Prats, ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que reconoce los hechos y asume una pena menor.

Prats, exconsejero delegado de la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue condenado en primera instancia por la justicia andorrana en el marco de la causa de Gao Ping a siete años de cárcel y multa de 30 millones de euros y también compareció en la comisión de investigación del Congreso sobre las “coacciones y amenazas” sufridas a manos de la “trama parapolicial” de la 'Operación Catalunya', según dijo.

En el juicio de la AN, el exconsejero de la BPA ha expresado su acuerdo con los hechos expuestos en el escrito de conformidad y lo ha ratificado ante el tribunal, renunciando a su derecho a la última palabra antes de marcharse de la sala, tal como había hecho previamente el directivo de AndBank.

El primer acusado que ha declarado en el juicio ha sido el empresario Juan Poch Vives, con doble nacionalidad española y mexicana. El hombre, con graves problemas de salud, se ha definido como el “número uno” de la intermediación hotelera “en España y en la zona del Caribe”.

El acusado, que en su faceta musical ganó un premio Grammy, ha defendido su “buen nombre” y ha explicado que cuenta con dos premios honoris causa de sendas universidades mexicanas “de las más importantes”. “Soy un hombre muy respetado en México”, ha remachado.

Poch ha negado ser promotor del proyecto Grand Coral y haber negociado los préstamos y ha asegurado que se trató de “un negocio tan legítimo como otro cualquiera”. “Me limité a comprar terrenos, vender, y cobrar”, ha apostillado.

Pagos en Andorra: “Me dijeron que era más cómodo”

La entidad compradora le instó a abrir una cuenta en Andorra, según ha declarado. “Nosotros te vamos a pagar ahí, que es donde tenemos el dinero”, le dijeron. El empresario ha aclarado que “nunca” estuvo en Andorra y que la cuenta se canceló tras el cobro. También ha defendido la trazabilidad de la transferencia. “Me obligaron a abrir la cuenta allí, me dijeron que era más cómodo”, ha agregado.

Juan Poch ha explicado que adquirió el 10% de una sociedad holandesa al habérsele planteado la necesidad de adquirir esa participación, tras la operación inicial de intermediación, para “ayudar” en la venta de los inmuebles. Invirtió los 10 millones de dólares que cobró en aquella participación.

Sin embargo, “aquello no avanzaba” y acabó vendiendo las acciones a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. “En el fondo de esta operación he perdido mucho dinero”, ha dicho. Poch ha manifestado que “parece ser” que luego “estos señores” —Ferri y Baldó— “vendieron a un precio muy superior”.

La causa por la financiación de las ruinosas operaciones inmobiliarias en México, en plena burbuja inmobiliaria en España y posterior pinchazo, se ha ido deshinchando a medida que la fiscal ha retirado acusaciones en la segunda sesión del juicio oral.

El principal acusado, el expresidente y exconsejero delegado Aurelio Izquierdo, que también ha alcanzado un pacto con el Ministerio Público (al igual que el exconsejero Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó) ha eximido a los representantes del consejo de administración sin capacidad ejecutiva del conocimiento de los detalles y el riesgo real de las operaciones.

La fiscal, tal como ha informado este diario, ha retirado la acusación para 16 de los exconsejeros, incluyendo a José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público ha mantenido la acusación para dos exconsejeros que ostentaban la misma condición no ejecutiva, Antonio José Tirado, exalcalde socialista de Castelló y ex vicepresidente de Bancaja, y Ángel Villanueva Pareja, expresidente de Bancaja Hábitat. El abogado del Estado, por el contrario, sí que ha retirado la acusación contra Tirado y Villanueva.

La “confianza” en Aurelio Izquierdo

Tirado, de 78 años, se ha prestado a contestar tanto las preguntas de su defensa como las de la fiscal y ha rogado a esta última que retire también la acusación contra Villanueva, desgranando los graves problemas de salud que sufre el hombre, de su misma edad.

El expolítico socialista ha definido su papel de vicepresidente de Bancaja como una “función meramente protocolaria”, aunque ha asegurado que se “ocupaba con seriedad” a pesar de no percibir una retribución. Antonio Tirado ha explicado que los consejeros disponían con 48 horas de antelación de la documentación sobre las operaciones de cara a los consejos de administración. “Por supuesto, yo iba a verla como un consejero más”, ha afirmado.

Sobre las operaciones en México, tenía plena “tranquilidad” al ser con un socio participado por la entidad (Bancaja Habitat) y aparentar los acreditados suficiente solvencia para obtener los préstamos. “Tenía la legítima confianza en el director general”, ha manifestado en referencia a Aurelio Izquierdo, quien tenía delegadas las funciones de todas las participadas. Además, ha destacado el papel de Antonio Paños y José Vicente Giner, los responsables del departamento de riesgos, ambos acusados en la causa.

También ha recordado que, previamente a la crisis económica, Bancaja Habitat ganó “tanto dinero” como la propia entidad financiera, dando así una pincelada sobre toda una época.

Un consejero que era un “excelente pastor”

La fiscal ha esgrimido los votos en solitario del fallecido Francsico Oltra Climent, consejero en representación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en contra de las operaciones de financiación a los proyectos inmobiliarios de Grand Coral en México. Sin embargo, Antonio José Tirado ha explicado que era por un motivo que “no tenía nada que ver”.

Y es que Oltra “votó en contra de todos los consejos porque quería que en el orden del día de las sesiones figurara el nombre del acreditado al que se le iba a conceder el crédito y el presidente de entonces se oponía porque había habido filtraciones en prensa”. “Llegó a votar en contra de una subvención a una obra social de la que era director”, ha relatado.

Tirado se ha escudado en que “ningún consejero era analista de riesgos” y en que el 45% de ellos fue elegido por sorteo, ya que “la ley lo concebía así desde hace un siglo”. “No es lo mismo ser consejero de un banco que de una caja de ahorros”, ha dicho.

De hecho, el exalcalde de Castelló ha recordado que “uno de los hasta hace poco acusados era un pastor de Xert”, un municipio de la comarca castellonense del Baix Maestrat. Tirado ha abundado en que el consejero en cuestión era una “magnífica persona”, además de un “excelente pastor”.

La fiscal del judici a l’Audiència Nacional (AN) del Banc de València ha retirat l’acusació per un presumpte delicte de blanqueig de capitals contra Carlos Beamonte Nicolás, directiu d’AndBank. La representant del Ministeri Públic ha reconegut, en la segona sessió del judici oral, celebrada aquest dimarts, que els fets que se li atribueixen han prescrit. L’advocat de l’Estat també ha retirat l’acusació.

La fiscal ha explicat que Beamonte estava imputat per suposadament “trossejar” les quantitats que es van ingressar a AndBank procedents de les inversions immobiliàries finançades per l’entitat bancària en el projecte Grand Coral a Mèxic, encara que aquesta operativa, en el seu cas específic, es va acreditar en l’exercici 2005, per la qual cosa el presumpte delicte de blanqueig de capitals estava prescrit quan el procediment es va dirigir contra ell, amb l’atestat de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil datat el 2016.

El president del tribunal de l’AN ha indicat al directiu que podia retirar-se de la sala i ha avançat que dictaria una sentència absolutòria. “Pot anar-se’n”, ha dit el magistrat. Carlos Beamonte ha abandonat immediatament la sala de l’AN a San Fernando de Henares.

El Ministeri Públic considera que els “guanys de naturalesa il·lícita van ser apropiats” pels principals acusats i “després van ser portats a Andorra” —d’ací el blanqueig de capitals que se’ls imputa—.

Per la seua banda, un altre banquer del Principat que s’asseia al banc dels acusats, Joan Miquel Prats, ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia pel qual reconeix els fets i assumeix una pena menor.

Prats, exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA), va ser condemnat en primera instància per la justícia andorrana, en el marc de la causa de Gao Ping, a set anys de presó i una multa de 30 milions d’euros, i també va comparéixer en la comissió d’investigació del Congrés sobre les “coaccions i amenaces” patides a mans de la “trama parapolicial” de l’“Operació Catalunya”, segons va dir.

En el judici de l’AN, l’exconseller de la BPA ha expressat el seu acord amb els fets exposats en l’escrit de conformitat i ho ha ratificat davant del tribunal, renunciant al seu dret a l’última paraula abans d’anar-se’n de la sala, tal com havia fet prèviament el directiu d’AndBank.

El primer acusat que ha declarat en el judici ha sigut l’empresari Juan Poch Vives, amb doble nacionalitat espanyola i mexicana. L’home, amb greus problemes de salut, s’ha definit com el “número u” de la intermediació hotelera “a Espanya i a la zona del Carib”.

L’acusat, que en la seua faceta musical va guanyar un premi Grammy, ha defensat el seu “bon nom” i ha explicat que compta amb dos premis honoris causa de sengles universitats mexicanes “de les més importants”. “Soc un home molt respectat a Mèxic”, ha remarcat.

Poch ha negat ser promotor del projecte Grand Coral i haver negociat els préstecs, i ha assegurat que es va tractar d’“un negoci tan legítim com qualsevol altre”. “Em vaig limitar a comprar terrenys, vendre i cobrar”, ha afegit.

Pagaments a Andorra: “Em van dir que era més còmode”

L’entitat compradora el va instar a obrir un compte a Andorra, segons ha declarat. “Nosaltres et pagarem allí, que és on tenim els diners”, li van dir. L’empresari ha aclarit que “mai” va estar a Andorra i que el compte es va cancel·lar després del cobrament. També ha defensat la traçabilitat de la transferència. “Em van obligar a obrir el compte allí, em van dir que era més còmode”, ha agregat.

Juan Poch ha explicat que va adquirir el 10% d’una societat neerlandesa en plantejar-se-li la necessitat d’adquirir aquesta participació, després de l’operació inicial d’intermediació, per a “ajudar” en la venda dels immobles. Va invertir els 10 milions de dòlars que va cobrar en aquella participació.

No obstant això, “allò no avançava” i va acabar venent les accions als empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó. “En el fons d’aquesta operació he perdut molts diners”, ha dit. Poch ha manifestat que “pareix ser” que després “aquests senyors” —Ferri i Baldó— “van vendre a un preu molt superior”.

La causa pel finançament de les ruïnoses operacions immobiliàries a Mèxic, en plena bambolla immobiliària a Espanya i posterior esclat, s’ha anat desinflant a mesura que la fiscal ha retirat acusacions en la segona sessió del judici oral.

El principal acusat, l’expresident i exconseller delegat Aurelio Izquierdo, que també ha arribat a un pacte amb el Ministeri Públic —igual que l’exconseller Domingo Parra i els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó—, ha eximit els representants del consell d’administració sense capacitat executiva del coneixement dels detalls i del risc real de les operacions.

La fiscal, tal com ha informat aquest diari, ha retirat l’acusació per a 16 dels exconsellers, entre els quals s’inclou José María Cataluña, extresorer del PSPV-PSOE.

No obstant això, la representant del Ministeri Públic ha mantingut l’acusació contra dos exconsellers que ostentaven la mateixa condició no executiva, Antonio José Tirado, exalcalde socialista de Castelló i exvicepresident de Bancaja, i Ángel Villanueva Pareja, expresident de Bancaja Hábitat. L’advocat de l’Estat, per contra, sí que ha retirat l’acusació contra Tirado i Villanueva.

La “confiança” en Aurelio Izquierdo

Tirado, de 78 anys, s’ha prestat a contestar tant les preguntes de la seua defensa com les de la fiscal i ha pregat a aquesta última que també retire l’acusació contra Villanueva, desgranant els greus problemes de salut que pateix l’home, de la mateixa edat.

L’expolític socialista ha definit el seu paper de vicepresident de Bancaixa com una “funció merament protocol·lària”, encara que ha assegurat que se n’ocupava amb serietat tot i no percebre una retribució. Antonio Tirado ha explicat que els consellers disposaven, amb 48 hores d’antelació, de la documentació sobre les operacions de cara als consells d’administració. “Per descomptat, jo anava a veure-la com un conseller més”, ha afirmat.

Sobre les operacions a Mèxic, tenia plena “tranquil·litat” en ser amb un soci participat per l’entitat —Bancaja Habitat— i aparentar els acreditats suficient solvència per a obtindre els préstecs. “Tenia la legítima confiança en el director general”, ha manifestat en referència a Aurelio Izquierdo, qui tenia delegades les funcions de totes les participades. A més, ha destacat el paper d’Antonio Paños i José Vicente Giner, els responsables del departament de riscos, tots dos acusats en la causa.

També ha recordat que, prèviament a la crisi econòmica, Bancaja Habitat va guanyar “tants diners” com la mateixa entitat financera, donant així una pinzellada sobre tota una època.

Un conseller que era un “excel·lent pastor”

La fiscal ha esgrimit els vots en solitari del difunt Francisco Oltra Climent, conseller en representació de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en contra de les operacions de finançament dels projectes immobiliaris de Grand Coral a Mèxic. No obstant això, Antonio José Tirado ha explicat que era per un motiu que “no tenia res a veure”.

La raó és que Oltra “va votar en contra en tots els consells perquè volia que en l’ordre del dia de les sessions figurara el nom de l’acreditat al qual li anava a concedir el crèdit i el president d’aleshores s’hi oposava perquè hi havia hagut filtracions en premsa”. “Va arribar a votar en contra d’una subvenció a una obra social de la qual era director”, ha relatat.

Tirado s’ha escudat en el fet que “cap conseller era analista de riscos” i que el 45% d’ells va ser elegit per sorteig, ja que “la llei ho concebia així des de feia un segle”. “No és el mateix ser conseller d’un banc que d’una caixa d’estalvis”, ha dit.

La Fiscalía ha retirado la acusación contra José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, en el juicio de la Audiencia Nacional relativo a los préstamos de Banco de Valencia, entidad de la que era consejero no ejecutivo. El Ministerio Fiscal también ha retirado la acusación contra otros 15 consejeros no ejecutivos tras el reconocimiento de los hechos por parte de Aurelio Izquierdo, exconsejero delegado y expresidente de Banco de Valencia, la entidad arruinada y vendida por un euro a Caixabank.

Se trata, además de José María Cataluña, de los consejeros Josefa Martí Puig, Eduardo Montesinos Chilet, Vicente Montesinos Vernetta, Ángel Abilio Álvarez Martín, Manuel Escámez, Rafael Ferrando Giner, Francisco V. Gregori Gea, Ana Llanos Herce Collado, María Teresa Montañana Latorre, Remigio Pellicer, María del Rocío Peramo, Juan Antonio Pérez Eslava, Ana María Torres Valero, Isaïes Fallos Molla, Héctor Ferrás Guarch y Carmen Hernández Lara (esta última consejera por el PSPV).

Por el contrario, pese a haber sido también consejeros no ejecutivos, la fiscal mantiene la acusación para Antonio José Tirado Jiménez, exalcalde socialista de Castelló y ex vicepresidente de Bancaja, y para Ángel D. Villanueva Pareja, expresidente de Bancaja Hábitat. El abogado del Estado, por su parte, sí que ha retirado la acusación contra Tirado y Villanueva.

Aurelio Izquierdo ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público que se ha materializado este martes con un interrogatorio por parte de la fiscal en la que el exconsejero delegado de Banco de Valencia ha asegurado que los consejeros a los que finalmente se les ha retirado la acusación desconocían los detalles de las operaciones en México aprobadas por los consejos de administración de la entidad.

Los consejeros no ejecutivos, según ha declarado Izquierdo en un breve interrogatorio, apenas contaban con el conocimiento sobre el riesgo de las operaciones que aportaba el ponente del consejo, “igual que en todas las operaciones de financiación”, ha afirmado.

El principal acusado ha reconocido los hechos, asumiendo una pena menor. Sin embargo, ni Izquierdo ni los otros acusados que han pactado con la Fiscalía (el exconsejero delegado Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó Llorens) han alcanzado una conformidad sobre la responsabilidad civil, por el tribunal tras el juicio oral.

Todos los acusados a los que se les ha retirado la acusación se han marchado de la sala. El presidente del tribunal ha avanzado que se dictará respecto de los aludidos una sentencia absolutoria.

Por otro lado, tanto el banquero Joan Pau Miquel Prats como Alfonso Carlos Monferrer Daudí, exdirector de participaciones inmobiliarias de Bancaja y primer presidente de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, han alcanzado en la segunda sesión del juicio un pacto de conformidad con el Ministerio Público.

A Carlos Beamonte Nicolás, directivo de AndBank, se le ha retirado la acusación por prescripción.

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación y prevaricación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Muchos de ellos eran altos cargos del Gobierno regional presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

Entre los procesados por el juez se encuentran dos exconsejeros del Ejecutivo madrileño, Pedro Calvo (Medio Ambiente) y Juan Bravo (Hacienda), quienes supuestamente conocieron como consejeros del Canal de Isabel II que la valoración de la compañía era muy inferior –entre 19 y 29 millones de dólares– al precio pagado finalmente, según señala la Fiscalía. Las defensas de los acusados lo niegan y presentan diversas auditorías previas a la compra que valoraban el precio de la empresa muy por encima del pagado realmente. El relato de la fiscal anticorrupción está “plagado de manifestaciones obsesivas, infundadas, repetidísimas, puramente subjetivas y voluntaristamente acusatorias”, señala en su escrito el abogado de Pedro Calvo, ex consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón que ejerció como presidente no ejecutivo del Canal de Isabel II.

El tribunal que juzga estos hechos 25 años después de producirse, 10 años después de abierta la investigación penal y seis años después de terminada la instrucción, oirá este martes en declaración como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno madrileño que aprobó la operación en 2001 y que estuvo unos meses imputado por el juez instructor. Se trata de la primera causa del caso Lezo que se juzga en la Audiencia Nacional.

La batalla por la prescripción: una causa abierta 15 años después de los hechos

Los abogados de todos los acusados han reclamado en primer lugar al tribunal que anule toda la causa al considerar prescritos los delitos investigados. La investigación penal se abrió en noviembre de 2016 mientras que los hechos se remontan a noviembre de 2001. Los delitos graves de malversación prescriben a los 15 años y los abogados sostienen que las actuaciones contra sus clientes se iniciaron después de pasado ese tiempo. La Fiscalía Anticorrupción fija el inicio de la investigación penal unos meses antes de la fecha de prescripción.

Una operación amortizada por los beneficios empresariales y sin enriquecimiento personal

Las defensas de los acusados de malversación de fondos públicos insisten en que los informes patrimoniales que solicitó el juez para investigar si los miembros del consejo de administración habían obtenido beneficios irregulares han descartado esta posibilidad. “Todos los investigados/acusados tienen su patrimonio y sus ingresos en orden, sin que aparezca ningún aumento de patrimonio o de ingresos de forma indebida o/y sospechosa, ni que se puedan relacionar con los hechos supuestamente delictivos que se investigan”, señala una de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción no cita en su escrito esta circunstancia ni hace referencia a los informes patrimoniales solicitados por el juez.

El abogado de Pedro Calvo destaca que en un proceso penal donde se denuncia el supuesto pago de un sobreprecio en la compra de una empresa debería valorarse también “si se mantiene y/o sube, a lo largo del tiempo, el valor de esa firma con relación a lo pagado y si da o no beneficios”. “Y si el futuro ya ha llegado (han pasado 19 años) ¿no se debería examinar y valorar lo que realmente ha ocurrido?”. El mismo abogado responde que la valoración de la empresa ha subido en este tiempo muy por encima del precio pagado y que los beneficios han superado el dinero desembolsado por la adquisición de Inassa. “El Canal de Isabel II ha recibido más dinero del que invirtió para su adquisición. Y el valor de la empresa hoy es muy superior al precio de la compra (...) Las diligencias muestran”, señala el abogado del exconsejero Pedro Calvo, “un desarrollo inmejorable de la decisión empresarial tomada el 14 de noviembre de 2001, con beneficios, incluso se ha pagado con los propios ingresos el crédito bancario, con el que se pagó la mayor parte del precio de la compra y que la empresa adquirida ha tenido, a lo largo del tiempo, un crecimiento permanente de su valor”. Y remacha: “Fue una decisión empresarial honesta. No obstante, aunque hubiera sido una decisión equivocada, basada en informes formalmente fiables, tampoco podría considerarse como delito: un negocio que termina mal, un mal negocio, no es delito; pero, además, el transcurso del tiempo ha mostrado que fue una decisión profundamente acertada, ni siquiera audaz. Los beneficios han sido tantos, y tan notorios para el Canal de Isabel II, no para los miembros del Consejo, que resulta sorprendente que ese extremo no haya sido manifestado ni por las conclusiones del representante del Ministerio Fiscal, ni por el informe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado”.

“¿13 consejeros acusados sin intereses comunes y un acuerdo felón?”

Argumenta el abogado de Calvo que es imposible entender el relato de la fiscal para sentar en el banquillo por el mismo delito a 13 personas de distinta procedencia social e ideológica. “Me produce asombro que se pueda afirmar (desde la acusación), o aún pensar, que 13 personas que no se conocen (todas) entre sí, que tienen muy diversos orígenes, que pertenecen y representan a muy distintos organismos, partidos políticos y sindicatos, en muy pocos días, se concertaran para tomar un acuerdo felón, para sustraer fondos públicos, que no les causa beneficio de clase alguna, pero que, supuestamente beneficia a terceros, que no conocen; y que para cometer la supuesta felonía se hayan podido poner de acuerdo, en un acuerdo radicalmente imposible (desde un punto de vista fáctico, y de la realidad de los hechos y de lo que consta en las actuaciones) con firmas de reconocido e internacional prestigio (CAP, AFI, ROTHSCHILD, Garrigues&Andersen, y los propios técnicos del Canal)”.

La Fiscalía: “Una adquisición plagada de ilicitudes con una consciente dejación de funciones”.

La Fiscalía contesta que “la adquisición de INASSA estuvo plagada de ilicitudes”; y que los consejeros del Canal del Isabel II conocieron previamente el sobreprecio que se iba a pagar y lo autorizaron “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. “La palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos, permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros. De esta forma, los acusados, cabalmente instruidos de los detalles de la operación y plenamente apercibidos de las onerosas consecuencias que ello supondría para el ente público, procediendo libremente en el ejercicio de las competencias que les estaban atribuidas, consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores”.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.

Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”.

A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil.

Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”.

Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.

Uno de mis propósitos para este nuevo curso es dejar de preocuparme y escribir con esperanza. Me parece innovador, por ejemplo, no dejarme entristecer por el ascenso de la ultraderecha en Alemania. Así que me niego a hacer pronósticos sombríos (incluso sobre nazis y Alemania).

Hay que mirar lo positivo. Existe un enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces a cara de perro. Es mala noticia, pero tiene un lado positivo: no todos los jueces participan, solo los que están en el cogollo del poder. Ah, y los que han ocupado cargos públicos relevantes. Por lo demás bien. Ah, se me olvidaba, también los que están a punto de jubilarse y quieren triunfar como influencers.

La guerra Gobierno-jueces ha subido de temperatura esta semana. Se ha celebrado la apertura del año judicial, evento exótico donde los haya: solo los jueces celebran con solemnidad de Estado el síndrome posvacacional. La presidenta del CGPJ aprovecha el acto para decir al Gobierno, sin muchas sutilezas, que deje de criticar a los jueces. Cuando la oí, pensé: esta es de las mías, esperanzada y positiva. En junio se publicó una encuesta en la que hasta el 48% de la ciudadanía asegura no considerar imparciales a los jueces. Pero una no debe fijarse en lo negativo porque se deprime. 

Más cosas buenas esta semana: el Tribunal Supremo ha decidido dejar a unos 400.000 ciudadanos españoles sin derecho al voto. ¡Qué fenomenal! Lo pidió Vox, pero eso da igual, podía ser cualquiera. Se trata de descendientes de exiliados, algo que obviamente, ni el Supremo ni Vox han tenido en cuenta, solo quieren un censo libre de impurezas irreversibles. 

Ignacio Escolar lo explicó ayer a la perfección, no voy a repetirlo porque albergo la esperanza de que esta decisión, aún cautelar, se revierta con rapidez. Y como no hay elecciones inminentes, no habrá pasado nada. Los nietos de los exiliados no fueron escuchados por el Supremo. Qué rimas más feas hace la historia a veces. Pero shhhh, por ahí no. Quiero verlo en positivo: los abuelos tuvieron que exiliarse, los nietos sólo se quedan sin votar. El progreso es evidente.

Entretanto la jueza María Tardón ha decidido investigar lo de Ceuta. ¡Estupendo! Yo quiero tener tanta esperanza como el presidente Juan Jesús Vivas, que ha dicho: “Allí todo el mundo tendrá que ir como testigo o como imputado, para tener que decir la verdad. Y que esto se aclare”. Entonces nos olvidamos de una comisión de investigación en el Congreso. Hace lustros que las comisiones parlamentarias son incapaces de arrojar verdades no partidistas y nadie se ha molestado en reformarlas. En el Senado han tocado fondo. Pero quiero albergar esperanzas: ¿puede el Congreso ser el lugar de la asunción de responsabilidades políticas? Mmm, con la crisis abierta y las responsabilidades políticas sin dirimir, todo el mundo orientará ahora sus decisiones hacia la responsabilidad penal. 

Es un error mayúsculo de la jueza, pero tiene que haber algo bueno: ah, sí, hacer justicia, cómo no había caído, con la de rato que llevo hablando de jueces. Pasó igual en la dana, decenas de familiares de víctimas se querellaron, por eso se abrió la causa. Un momento, en el caso de Ceuta ninguna víctima ha denunciado. La jueza investiga a instancias de Iustitia Europa, una organización tan ultra que aboga por la salida de España de la Unión Europea. Pero la Audiencia Nacional los tiene como brújula mientras el Supremo tiene a Vox. Cualquier malpensada vería un patrón. 

Se empeñan en ponerme difícil la esperanza, pero no lo van a conseguir. El debate político de la semana ha sucedido en el Supremo y en la Audiencia Nacional… Ah, y en el juzgado de Peinado, que se iba de vacaciones. Hace una década, el debate político dejó de ocurrir en el Congreso y se trasladó a las televisiones. Ahora las televisiones montan su set frente a los juzgados. ¡Y eureka! Encontré la esperanza, ¿cómo no la veía?

Todos asistiremos comiendo palomitas: de escaramuza en escaramuza hasta la batalla final. Tenemos el espectáculo asegurado. Que cierren el Congreso: ahorramos en luz y taquígrafos. Somos audiencia, más que ciudadanía, y tiene todo el sentido: la sociedad del espectáculo deviene democracia del espectáculo. Qué placer limitarse a mirar sin responsabilidad. Este espectáculo promete: la temperatura no dejará de ascender y vamos a estar enganchados hasta el final. La temporada acaba en elecciones.

El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno.

Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente.

El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.

Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones.

Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos.

La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros.

En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla.

De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución.

La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba.

Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional.

Las declaraciones

En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción.

En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate.

Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba.

Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

El pasado jueves, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida.

Piña ya ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar. Será la misma Fiscalía que archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto. Es en ese contexto que Amnistía pide al Ministerio Público que reconsidere su posición. Lo hace basándose en tres ideas fundamentales: el caso cumple con los requisitos que la norma española exige para juzgar hechos cometidos fuera de nuestras fronteras, el convenio de Estambul -el texto internacional de referencia en violencias machistas, ratificado por España- permite a los estados firmantes extender su capacidad de investigación para ese tipo de delitos cuando son cometidos por ciudadanos españoles, y la justicia de República Dominicana “no ofrece garantías” a las víctimas de violencia sexual, por lo que “el riesgo de impunidad” es muy elevado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto.

“El convenio de Estambul también da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados. En este caso, el presunto autor es ciudadano español, y la violencia sexual es un tipo de violencia de género así que España tiene la potestad de perseguir estos delitos”, añade Beatriz Martos. El artículo 44 del convenio dice que los estados firmantes adoptaran las medidas necesarias para ser competentes respecto a los delitos previstos en el texto “cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales”.

La carta incluye también una argumentación sobre por qué el sistema judicial dominicano “no ofrece garantías” a las denunciantes que, además, señalan, no residen actualmente en República Dominicana. “Muchas víctimas cuentan que se han enfrentado a múltiples obstáculos para acceder a la justicia ya sea debido a la falta de recursos económicos, a la discriminación, a la limitación en la aplicación de sanciones... Hay una alta probabilidad de que este caso quedara en total impunidad en República Dominicana y España tiene la facultad de investigarlo. Confiamos en que aquí es más probable que no haya impunidad”, asegura la responsable de Amnistía Internacional. En la misiva mencionan la última reforma del Código Penal de República Dominicana, criticada por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos por “no garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas” y reducir el plazo de prescripción de los delitos sexuales.

“Señalamos lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que manifiesta su preocupación por la discriminación interseccional contra grupos de mujeres desfavoreces y discriminadas y los obstáculos en el acceso a la justicia en República Dominicana”, subraya Martos. La carta también hace referencia a un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de las Mujeres y las Niñas que criticaba que la falta de datos desagregados por sexo sobre discriminación, violencia de género y feminicidios en el país “contribuye a exacerbar la falta de conciencia sobre la violencia de género a nivel político, legislativo y judicial”.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas después de los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales” de las mujeres. El pasado miércoles, Okdiario hacía público el vídeo de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro, pero no se había modificado su voz, a pesar de la condición de testigos protegidos que les fue otorgada. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia y requiera medidas urgentes de protección para las dos mujeres.

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves en la Audiencia Nacional haber presionado a la cadena de mando de la UCO por su trabajo en el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como describieron los generales de los que dependía la unidad investigadora. Marcos ha dicho que cuando fue nombrado director del instituto armado se encontró “una cultura de la filtración” en el Cuerpo que quiso atajar.

Marcos, actualmente destinado en la Embajada española en Washington, ha declarado en calidad de imputado en la pieza del caso Leire que persigue presuntas presiones a funcionarios públicos que investigaban casos que afectaban al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno.

El exdirector de la Guardia Civil ha enmarcado sus comentarios a los generales de una simple exigencia de “rigor” en los informes de la UCO porque, aunque tiene “en general buena imagen del servicio público eso no quita que haya que ser crítico para mejorar su funcionamiento”, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Marcos ha mostrado también su convencimiento de que la Unidad era el origen de filtraciones a los medios de comunicación y ha recuperado el episodio de una entrada y registro en el marco de la causa del hermano de Sánchez en la que un equipo de televisión estaba esperando la llegada de los agentes.

Leonardo Marcos ha dicho que esa información iba de la UCO a la jueza, “de A a B”, ha dicho. La fiscal ha respondido que el Ministerio Público también tenía acceso, a lo que el investigado ha respondido: “Pues añada otra letra”. “Me dijeron que no fueron ellos –ha dicho sobre la UCO– pero yo no me lo creo”.

En este sentido, Marcos ha insistido en “un clima de filtración” en la Guardia Civil en general, y en la UCO en particular, que respondía a un patrón: “Siempre los mismos medios, siempre los mismos periodistas”. Durante su declaración ha surgido una polémica sobre si la causa estaba secreta y las partes, con Manos Limpias de acusación popular, tenían acceso a las materias filtradas. La fiscal del caso se ha planteado solicitar la causa entera al Juzgado de Badajoz para conocer las fechas del secreto.

En concreto, la imputación de Marcos responde a dos reuniones que tuvieron lugar el 12 de julio de 2024. Una por la mañana, con el general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, y con ele entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste. Y una segunda, por la tarde, en la que participaron los mismos asistentes pero con la incorporación del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas.

Yuste declaró ante la UCO le dijo que el director le había dicho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”.

Por la tarde, Leonardo Marcos les habría manifestado que “se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuaciones en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hiciera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

“Llamativo” que la UCO investigara a David Sánchez y no Policía

El exdirector de la Guardia Civil ha dicho que le pareció “llamativo” y “atípico” que la UCO central se dedicara investigar el caso del hermano de Sánchez, unos presuntos delitos cometidos en Badajoz, demarcación de la Policía Nacional. La decisión de implicar a la UCO fue de la jueza del caso, Beatriz Biedma.

Marcos fue nombrado en junio de 2023 y dimitió, según su versión, en octubre de 2024. En julio, cuando se produjeron las dos reuniones por las que está imputado, ya había comenzado “un proceso de reflexión” personal sobre si debía dejar el cargo.

El ex director ha negado que acusase a los agentes de realizar “una investigación prospectiva” y ha añadido que no conoce al coronel Antonio Balas, ni se ha reunido nunca con ningún investigador del Cuerpo. “Solo me reúno con la cadena de mando”, ha añadido.

Marcos ha desmentido igualmente que él instara a que los investigadores se quedaran sin vacaciones, de ser necesario, para tener listo un informe que aclarara el contenido de los más de 60.000 correos obtenidos por la UCO. Esa incautación fue ordenada por la jueza a instancias de los investigadores, un papel que Marcos ha reconocido que piensa que no les correspondía a los agentes de la UCO.

Para apoyar que él no entra en las vacaciones de sus subordinados ha recurrido a su carrera en la función pública. “Llevo desde el 79 sin ver un cuadrante de vacaciones”, ha dicho, según las fuentes consultadas.

El fiscal de Badajoz niega presiones de Madrid

El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, ha declarado a continuación en calidad de testigo. Alonso ha explicado que intentó enviar la causa de David Sánchez Madrid por una cuestión de competencia pero que el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General entonces, Diego Villafañe, resolvió que debía investigar Badajoz en un informe en el que hacía algunas consideraciones sobre la “tipicidad” de los presuntos delitos entonces, esto es, sobre los indicios que había o no en el caso.

Alonso Tejuca ha negado recibir presiones de la Fiscalía General en el caso y que no escuchó quejas de la UCO al respecto.

“Denuncia” es el mensaje que más escuchan las víctimas de violencia de género y sexual. Ese lema, que busca que las mujeres confíen en la Justicia, obvia, sin embargo, todo lo que sucede después y que quita brillo a ese eslogan fácil. Lo saben Laura y Rebeca, las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por trata y varios delitos sexuales y laborales y que acaban de presentar una querella en la Audiencia Nacional.

Días después de esta nueva acción para reclamar que España investigue los hechos, un medio de comunicación ha publicado el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público les concedió un estatus de especial protección y de que la ley prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual. Mientras la justicia española decide, otra vez, si investiga los graves hechos que denuncian las dos extrabajadoras, estas mujeres soportan una revictimización sin que nadie parezca hacer nada al respecto.

Hagamos una secuencia de hechos. En enero, dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas le denuncian ante la Fiscalía por trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y lesiones. El Ministerio Público les concede el estatus de testigos protegidas y comienza sus indagaciones. Días después, Julio Iglesias, desde su cuenta de Instagram, revela la identidad de dos mujeres que, asegura, corresponde a las denunciantes.

Hasta la fecha, nadie ha investigado esa acción del cantante, a pesar del estatus del que gozaban las mujeres en ese momento. Lo que sí hace la Fiscalía es archivar el caso: no entra al fondo del asunto pero asegura que España no es competente para investigar esos hechos, una decisión discutida por distintos expertos y expertas. El abogado de Iglesias inicia un procedimiento contencioso-administrativo para conseguir acceso a la denuncia y a todo el expediente de la Fiscalía. Lo gana y toda la información, también las indagaciones preprocesales del Ministerio Fiscal, pasa a estar disponible para la representación legal del cantante.

La semana pasada, Laura y Rebeca, representadas por la organización Women's Link, vuelven a buscar justicia: presentan una querella en la Audiencia Nacional por los mismos delitos. Días después de esa presentación, en la que las mujeres también piden protección, este miércoles la página web Okdiario publicaba el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía en enero, cuando era testigo protegida. Aunque la imagen de la mujer aparece pixelada, en el vídeo puede escucharse su voz. La investigación publicada por elDiario.es y Univision protegió la imagen de las dos mujeres pero también la voz para evitar su identificación: se sustituyó por doblajes literales.

A la espera de lo que haga el juez, Rebeca y Laura atraviesan esa contradicción del sistema de la que nadie se hace cargo: denunciaron, pero, de momento, nadie investiga; denunciaron, pero se han revelado datos personales e información que permite identificarlas, sin que parezca haber consecuencias. Denunciaron, y aunque esa denuncia se archivó y no llegó a abrirse una investigación propiamente dicha, el denunciado ha tenido acceso a todo el expediente, mientras ellas siguen esperando a que la justicia española las escuche.

Pronunciar un lema es fácil, sostenerlo es mucho más complicado. Para hacerlo, la justicia y la protección deben ser efectivas. Si no, instar a las mujeres a que denuncien es pedirles que sostengan una acusación en un mundo que dudará de ellas, que las atacará, las volverá a victimizar y les hará pagar un precio por hablar. Cuando un caso tiene una gran relevancia mediática, como sucede con el de Julio Iglesias, el proceso, para bien o para mal, se convierte en una lección para todas. Asistir a la desprotección de unas mujeres que rompieron su silencio a pesar de tenerlo todo en contra es el mejor estímulo para permanecer en silencio. Y es lo que buscan quienes instigan los ataques.

“Los jueces pueden admitir la querella porque son competentes para conocer de este asunto. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento”, asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay. La experta subraya que el caso cumple con los requisitos que marca la ley para ser investigado en España: los hechos se atribuyen a un ciudadano español, son considerados delito tanto en los países donde se produjeron como aquí, y no han sido investigados en ningún otro lugar.

Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid, o Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también piensan que la Fiscalía se equivocó al archivar el caso y consideran que España es competente.

El juez en el que ha recaído el caso, Antonio Piña, ya ha emitido una resolución en la que pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos, un procedimiento habitual. Será la misma Fiscalía que archivó en enero la que elabore ese informe, que no es vinculante para el juez, quien tiene la última palabra.

“No se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación”, “las autoridades marroquíes van a aceptar las devoluciones de los migrantes” o “las autoridades marroquíes parecen mostrarse razonablemente colaborativas”. Estas son algunas de las frases clave de los diferentes informes de Inteligencia elaborados por los servicios españoles sobre la crisis de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio que, a pesar de realizar análisis detallados de lo ocurrido, no logran despejar la duda de si el Reino de Marruecos tuvo una participación directa en la entrada de más de 70.000 migrantes.

Entre la documentación reservada que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública este miércoles se incluyen varios informes de los servicios de Inteligencia españoles que destacan que durante lo que llaman la “avalancha migratoria” del 30 de julio detectaron que las fuerzas destacadas por Marruecos en la zona crítica tenían una actitud de “pasividad” que permitía “la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra”.

Esa cita corresponde al informe clasificado del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fechado a las 13.00 horas del 30 de julio. En el mismo se indica, no obstante, que la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España “son contradictorios” porque en Melilla tuvieron “una actitud activa en el mantenimiento de la seguridad”.

El CIFAS explicaba en esa hora crítica de la entrada de migrantes que ese incremento de intentos de accesos a Ceuta coincidía con la celebración de la Festividad del Trono de la corona marroquí. Esto, añadía, había provocado “un desplazamiento del dispositivo de seguridad” de Marruecos a otras ciudades en detrimento de las proximidades de Ceuta. En el mismo informe, el servicio de inteligencia del Ejército matizaba que, aunque los gendarmes hubieran actuado hasta ahora “de forma negligente y pasiva”, era muy probable que “las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria”. Los testimonios de los migrantes entrevistados por elDiario.es en los días posteriores respaldaron la idea de la “permisividad” de los gendarmes en la frontera, pero a su vez negaron que fueran “enviados” por el régimen.

Ese mismo 30 de julio a las 21.20 horas, en una nota informativa del CNI remitida al Gobierno, se explicaba que en días previos ya se había detectado “una aceleración progresiva del ritmo de llegadas, pasando de decenas a centenares de migrantes diarios”. Y advertía de que las autoridades del país vecino parecían mostrarse “razonablemente colaborativas, aunque saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate”.

Los gendarmes marroquíes “sobrepasados”

El CNI explica que el 29 de julio por la noche “varias centenas de migrantes pasaron a nado” y ya el 30 de julio el refuerzo de gendarmes marroquíes “resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre”: se vieron “sobrepasados” y no intervinieron para impedir el acceso al mar. “Los migrantes comenzaron a acceder de manera incontrolada, bordeando por vía marítima el espigón fronterizo”.

En la descripción de lo ocurrido, el CNI relata que a lo largo de la jornada las columnas de personas se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que se produjeron embotellamientos en la carretera que une Tetuán y Castillejos. Ante una situación que desbordaba a las autoridades locales marroquíes se desplegaron los primeros efectivos de antidisturbios en las inmediaciones de Bab Sebta —nombre del paso fronterizo entre Marruecos y España en Ceuta—. La actuación de esos antidisturbios generó, según el CNI, que “una parte importante de los migrantes se arrojaran al mar y comenzaran a atravesar a nado bordeando el Espigón”.

Para el Centro Nacional de Inteligencia, ese gran volumen de migrantes magrebíes excedió la capacidad de control de las pocas unidades en la zona, por lo que entiende que “el control eficaz de la situación hubiese requerido del despliegue de un mayor número de efectivos especializados en el control de grandes masas de personas”, como el activado con éxito en la crisis en Ceuta del 15 de septiembre de 2024.

Además, desde su punto de vista y a nivel operativo, dice la nota que “no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades de antidisturbios en la frontera tres horas después del desbordamiento del espigón”. Y recalca que la participación de las autoridades marroquíes “es esencial para restablecer el control de la frontera de Ceuta”.

Para el CNI, desde un punto de vista de imagen exterior, la crisis de Ceuta deja patente “la profunda distorsión entre la visión del monarca marroquí Mohamed VI durante su discurso anual a la nación del 29 de julio y la realidad vivida sobre el terreno”. No obstante, añadía la nota que habían tenido conocimiento de que las autoridades marroquíes iban a aceptar “las devoluciones de los migrantes” que accedieron a la ciudad durante ese día y de quienes ya tenían expedientes cerrados de expulsión.

La Guardia Civil no cree que Marruecos “incentivara”

Por su parte, el 30 de julio, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil informaron a su cadena de mando que les constaban interceptaciones de “nadadores” por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en días precedentes, por lo que entendían que era “poco probable” que la aproximación “en masa” que se producía al Tarajal se debiera “a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

Ese informe, emitido el 30 de julio a las 13.50 horas, concluye señalando que “dada la idiosincrasia de Marruecos puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento la aprobación o el consentimiento del régimen”. Pero, añade, “sin descartar ninguna opción, y siendo Marruecos la principal amenaza no compartida de España, no se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado”.

Horas más tarde, a las 21.21 horas del 30 de julio la Jefatura de Información informaba al Estado Mayor de la Guardia Civil de que entre las hipótesis que barajaban relacionadas por orden de probabilidad sobre la incapacidad de las autoridades marroquíes para contener la entrada masiva destacaba “el desbordamiento y sorpresa operativa” que hizo que fueran “incapaces de contener la avalancha de candidatos”. Como segunda hipótesis consideraron que la Fiesta del Trono que celebraba Marruecos produjo una minoración de efectivos en el control fronterizo. Un tercer detonante de la crisis pudo ser el “cambio de actitud” de las fuerzas de seguridad de Marruecos con los migrantes “evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado como el de la citada fiesta”.

Tras esto consideran otras posibilidades, como que hubiera una “dinamización” de los migrantes por un “actor externo”; que se produjera la crisis migratoria con la “connivencia de las autoridades marroquís como reacción ante los eventos políticos recientes”, cita la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con autoridades argelinas; y po rúltimo señala como posible detonante la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente.

Ya el 31 de julio consta la emisión de nuevos informes sobre la crisis por parte de la Benemérita. Destaca uno elaborado para la Jefatura de Información de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en el que sostiene que las fuerzas marroquíes habían comenzado “a realizar ciertas detenciones en localidades próximas a la frontera (...) lo que iría en concordancia con la disminución de la intensidad del flujo de inmigrantes”. Además, resaltaba que en la ciudad de Castillejos durante la noche del 30 al 31 de julio “habría habido una situación de caos y alteración de orden público, con gran cantidad de candidatos, y unidades policiales desplegadas tratando de restaurar la normalidad”.

El magistrado de la Audiencia Nacional al que le ha correspondido este caso, Antonio Piña, ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos que relata la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras la semana pasada.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio este paso el pasado martes. Ahora, será la misma Fiscalía que ya en enero archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto.

La petición de informes al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal especial respecto a la competencia en determinadas causas es algo habitual y recurrente, si bien los mismos no son vinculantes para los magistrados.

Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), son las dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas que han presentado una querella en la que le acusan de varios delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas. Así lo comunicó la organización Women’s Link que ejerce la defensa legal de las extrabajadoras.

Según los testimonios de Rebeca y Laura, Julio Iglesias “habría aprovechado su posición de poder” y la “vulnerabilidad” de ellas para “captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”, dijo la organización. Las abogadas comunicaron que en la querella Rebeca y Laura describen “que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”. Unos testimonios coincidentes con los que publicó elDiario.es y Univision Noticias en sus entrevistas a estas mujeres.

Cuándo puede investigar la justicia española

La primera acción legal de Rebeca y Laura contra Julio Iglesias fue poner en conocimiento de una autoridad estos hechos. Eligieron la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que las tomó declaración. Unos días después, la Fiscalía tomó la decisión de no investigar los hechos porque consideró que España no tenía competencia jurisdiccional.

La decisión fue controvertida y diferentes juristas explicaron su punto de vista contrario. Aunque la base general es que los delitos se juzgan en el territorio en el que se cometen, existen excepciones cuando el investigado tiene nacionalidad española. Según la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay, el caso de Julio Iglesias cumple los requisitos tanto para el principio de la personalidad activa como en el de la justicia universal.

Para que España pueda juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles no vale cualquier crimen. Tiene que ser uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Este aspecto se cumple. El siguiente requisito es que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país; este también se cumple. Por último, el Ministerio Fiscal o el propio perjudicado por el delito tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal no interpuso querella, pero Rebeca y Laura, sí.

El principio de justicia universal, aunque quedó muy reducido desde el año 2014, sí se puede aplicar a este caso, según Martínez Garay. Los delitos que se atribuyen forman parte del reducido listado que admite la justicia universal. Y los requisitos no piden que tanto la víctima como el investigado tengan nacionalidad o residencia española, basta con que se cumpla una de las dos condiciones.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendió en un artículo en El País que España sí tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante y calificó la interpretación de la ley que hace la Fiscalía como “desobediente”.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán señaló que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están haciendo interpretaciones “restrictivas” sobre la ley. “Son las interpretaciones judiciales restrictivas de la ley y no la ley misma las que obstaculizan la competencia española en este caso”, señaló en un artículo en este medio.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido este miércoles la personación del Estado como acusación particular en la causa en la que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La decisión se produce un día después de que los servicios jurídicos del Estado argumentaran que el Estado se veía concernido de manera “incuestionable” en el asunto, puesto que la magistrada indicó en el auto por el que declaraba su competencia que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”.

El la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Tardón emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

El pasado 6 de septiembre el periódico El Mundo publicó que el comisionista Víctor de Aldama -condenado por el Supremo en el caso Mascarillas- declaró ante un juez de la Audiencia Nacional que al menos 300.000 euros procedentes del gobierno venezolano fueron derivados a sus propias cuentas en España. Añadió que él sacó en metálico esa cantidad y que se la entregó en mano a Koldo García, el asistente del exministro José Luis Ábalos.

Según publicaba ese medio, este flujo formaba parte de una operativa mayor que buscaba traspasar cantidades millonarias al PSOE y a la Internacional Socialista para financiarlas de manera irregular, y añadía que en ese 'plan' encajaba el sobre que entregó Aldama a la Audiencia Nacional antes del verano y que contendría cupos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

Lo cierto es que el juez Ismael Moreno investiga en una pieza secreta los pagos en metálico del partido de Gobierno. Una pieza que fue desgajada del caso Koldo después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente intuyera que el trasiego de tiques de gastos en la formación pudo servir para blanquear dinero a los investigados Koldo García y Ábalos.

La revelación ante el juez de Aldama, la enésima 'colaboración' del comisionista, ha obtenido en esta ocasión respuesta de quien aparece como el gran señalado de la información: Koldo García. En un audio, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumple la condena de 19 años y medio de prisión impuesta por el Supremo, quien fuera la mano derecha de Ábalos pone pie en pared y acusa al empresario de mentir.

“Desmiento la noticia sobre mi persona diciendo que he cogido dinero para el PSOE o para la Internacional Socialista y que me lo ha dado el señor Aldama. Es totalmente falso y no hay prueba. Pero como lo dice Aldama y todo lo que dice va a misa, pues adelante. Pero no, es mentira. Voy a intentar decir la verdad porque cuando un medio dice que Aldama ha sacado o estafado 28 millones a los españoles a través de Portugal, eso no lo publica nadie, esos medios imparciales”.

Quien fuera asesor ministerial en el Ministerio de Transportes durante la pandemia anuncia en ese audio, además, que se abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, porque entiende que es “la única solución para desmentir todas las falsedades que se vierten” sobre su persona: “Ahí contaré mi verdad”.

Precisamente, sobre la credibilidad que se le da a las aseveraciones de Aldama sobre la financiación del PSOE en determinados medios de comunicación, ha hablado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Se le da mucha más credibilidad a una persona que es un delincuente que a una organización política”.

En una entrevista concedida al programa 'Mañaneros 360' de TVE, el presidente ha comentado que su formación ha realizado “un ejercicio de striptease” presentando todas las facturas y recibos desde 2014 a 2017, incluyendo donaciones, y ha recalcado que “no hay financiación irregular del Partido Socialista”. “No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español”, ha enfatizado.

Al hilo, ha explicado que se están viendo “cosas sorprendentes” en las investigaciones, por lo que si finalmente acaba siendo imputada la formación irán a defender “su inocencia y las cosas bien hechas”. Aldama, según El Mundo, habría declarado ante la Audiencia Nacional que existió un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. Ese contrato estaría ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del PSOE y del Gobierno sigue buscando el rastro del dinero con el que supuestamente el partido financió estas maniobras. Para ello, ha interrogado este miércoles a la gerente de la formación socialista, Ana Fuentes, a la que la Guardia Civil señala como quien contribuyó a dar cobertura a los pagos opacos del partido hacia la exmilitante Leire Díez, artífice de esos movimientos para desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías.

Ante el juez, Fuentes, también imputada, ha descargado toda la responsabilidad sobre esos abonos en el que fuera secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. La gerente ha asegurado que entre sus tareas no está controlar en qué se gasta el dinero, sino que su cometido es cerciorarse con la dirección del departamento que hace los encargos que esos servicios se han prestado para proceder a su abono.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como gerente del partido, “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional”: una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, que también ha declarado este miércoles; y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

“Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados”, explicó la UCO. Ante el juez, la gerente sí ha admitido que la contratación de ambos letrados se hizo “verbalmente” antes de que se realizaran esas hojas de encargo.

Fuentes ha explicado que la dirección del departamento correspondiente hace la contratación, la asesoria juridica del partido la revisa y, si está correcto, se procede al pago. Los abonos que superan los 5.000 euros, como es el caso de estas contrataciones bajo sospecha, requieren la autorización de la gerencia.

La alto cargo, quien ha dicho que no conoce a Leire Díez, ha explicado también que no le extrañaron esas contrataciones dado que es frecuente que el partido recurra a abogados externos porque la asesoría jurídica está desbordada por todos los pleitos que tiene el partido. Y ha detallado que se trata de gastos ordinarios que no son competencia ni de la Comisión Ejecutiva Federal ni de la Secretaría General que dirige Pedro Sánchez.

Exabogado de Koldo García

Respecto a Oliver, la tesis de los investigadores es que se “falseó una nota de encargo” por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Y que, para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez.

Ante el juez, el que fuera abogado de Koldo García ha explicado que el PSOE le contrató por orden de Santos Cerdán para que analizara la trascendencia jurídica de la Operación Catalunya, las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo.

Y ha desvinculado lo cobrado por ese supuesto trabajo con las cantidades que después él abonó a Leire Díez a través de una de sus sociedades a pesar de que ambas cantidades coinciden. Así, ha explicado que Leire Díez ofreció hacer un trabajo para uno de sus clientes, el exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos, salpicado en causas de corrupción. Ese trabajo, según su relato, consistiría en borrar el rastro en internet del exjerarca venezolano, quien tenía sus cuentas bloqueadas, lo que que explica que el abono se realizara a través de una de sus sociedades.

Respecto a la coincidencia entre ambas cantidades —la que el PSOE pagó a Oliver y la que Oliver pagó a Leire Díez—, el abogado ha explicado que la exmilitante reclamó cobrar una cantidad superior, pero finalmente acordaron que no debía percibir más dinero que el que él había recibido del PSOE.

Abogados Cristianos vuelve a tender un pulso a la Casa del Temple de Toledo llevando la causa de su cesión por parte del Ministerio de Cultura a la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) ante la Audiencia Nacional. No obstante, su vinculación a la Orden del Temple es falsa, según los historiadores consultados por este medio.

El inmueble nunca fue templario

A su entender porque ese Bien de Interés Cultural “está estrechamente ligado a la historia cristiana de Toledo y a la Orden de los Caballeros templarios”. Sin embargo, historiadores y especialistas rechazan esta idea. Felipe Vidales, historiador y divulgador cultural toledano, relataba a elDiario.es Castilla-La Mancha que se trata de un mito: “No hay ninguna evidencia. Como tampoco de que tuvieran alguna propiedad en Toledo de las que, primero la tradición inventada y luego las propuestas turísticas, les ha ido atribuyendo”.

Además de que se trata de un palacio andalusí, donde “no hay leyendas ni las ha habido nunca alrededor de la casa”, solo desde que “se inventó su vinculación con el Temple” por Amador de los Ríos en el siglo XIX y ahora en tiempos recientes cuando “se ha puesto de moda un lucrativo turismo templario que ha necesitado de distintos enclaves en el barrio para poder desarrollar visitas guiadas mezclando tradiciones inventadas, leyendas y quizá algo de historia como contexto general pero no local”

Mismo argumento que comparte el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ignacio González-Varas, y especialista en patrimonio cultural, que advierte que “hay que distinguir los datos que aporta la arqueología y la investigación científica, y, por otro lado, las tradiciones culturales. Pero es a la credibilidad histórica a la que hay que conceder más atención”.

Abogados Cristianos denunció que la concesión de este inmueble se había realizado “de forma directa, sin concurso público ni procedimiento de concurrencia competitiva, pese a tratarse de un bien de dominio público estatal”. Además hablan de falta de “transparencia y objetividad” solicitando al Ministerio de Cultura la revisión y nulidad de esta decisión. Apuntan que ante el silencio del Ministerio han decidido acudir a la vía contencioso-administrativa.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala: “Es intolerable que el Gobierno entregue un edificio vinculado durante siglos a la historia cristiana de Toledo a una fundación islámica. Si el Ministerio no quiere rectificar voluntariamente, tendrá que dar explicaciones ante la Justicia”.