El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estaba “obsesionada” por si la prensa publicaba anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre “M.Rajoy”. “Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente”, ha comentado, informa Europa Press. Así lo ha manifestado durante su declaración como acusado en el juicio sobre la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El comisario, que ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, se ha referido a la “libretita” de Bárcenas, esto es, una agenda del extesorero de Bárcenas con supuestas anotaciones relativas a la contabilidad B del PP y de algunos dirigentes del partido como el propio expresidente Rajoy, sobre la que Cospedal pidió “parar” –ha dicho– su publicación en medios de comunicación.

“Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy. (...) La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro”, ha manifestado el mando policial, negando que presionara nunca a ningún periodista para que sacara a la luz cualquier información.

El exmando policial ha restado importancia a estos apuntes, asegurando que “era una elaboración propia” del extesorero que la Audiencia Nacional “ni siquiera tuvo en cuenta” como prueba y que, a la postre, solo tuvo “utilidad política y de medios de comunicación” y que Bárcenas anotaba estas cuestiones para luego filtrarlas a los periodistas.

“El PP jamás me ha encargado nada”

En cualquier caso, el comisario jubilado ha negado que el PP le haya realizado encargos privados y que le haya remunerado por ello. “El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada”, ha resuelto. Respecto a su actividad privada, el comisario jubilado ha aseverado que jamás la ha mezclado con sus funciones en la policía y que su función como agente de inteligencia no la conocía “prácticamente nadie, solo la élite de cada gobierno”, esto es, el ministro del Interior, el secretario de Estado del ramo, el director de la Policía y el DAO, ha puntualizado.

El comisario jubilado ha explicado que lo que se conoció como 'Operación Kitchen' tenía dos objetivos: por una lado, verificar si las cuentas bancarias y el dinero de Bárcenas en el extranjero “existía”; por otro, confirmar si el extesorero disponía de información sensible “que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado”.

Asimismo, ha asegurado que no participó en los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. “Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada. Era un sujeto que actuaba siempre solo en mis trabajos de inteligencia”, ha explicado.

Villarejo ha señalado que “siempre” estuvo vinculado a la figura del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional “porque era una dependencia directa como agente de inteligencia”, y ha remarcado que se mantuvo en la misma posición bajo los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, ha pedido la imputación de las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa seguida contra él en la Audiencia Nacional. El partido de Alberto Núñez Feijóo entiende que ambas son las administradoras de la empresa Whathefav que recibieron dinero del entramado como “parte de un acuerdo” entre su padre y Julio Martínez por el rescate de Plus Ultra, incurriendo en posibles delitos de blanqueo, falsedad documental y organización criminal. También solicita el PP, entre otras medidas, que el exministro José Luis Ábalos y Koldo García pasen a formar parte de la lista de investigados en la causa.

El juez José Luis Calama investiga en su juzgado de la Audiencia Nacional el rescate millonario que el Gobierno firmó para la aerolínea Plus Ultra para paliar los efectos de la pandemia y si ese dinero fue destinado al blanqueo de capitales. En cuanto al expresidente socialista y su amigo Julio Martínez, el magistrado asumió el informe de la UDEF para atribuirle el liderazgo de la trama y supuestas gestiones para que fuera rescatada y después cobrar un porcentaje. Esos informes apuntan directamente a la empresa de sus hijas que, sin aportar ningún “valor técnico” según los agentes, cobró más de 800.000 euros en un lustro de dos sociedades bajo sospecha. En sus cuentas personales, destaca ahora el PP, cobraron en torno a 200.000 euros cada una en esos cinco años de una empresa considerada clave en la trama.

Para el PP y el resto de acusaciones, para el rescate de Plus Ultra existió la “vía Zapatero” pero también la “vía Ábalos” y por eso solicitan la imputación del exministro de Transportes, que está a la espera de sentencia en el Tribunal Supremo. Junto a él entienden que su entonces asesor Koldo García fue una “pieza fundamental”. La lista de peticiones del partido alcanza a un alto cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, varios mediadores en el rescate y los administradores de las sociedades supuestamente instrumentales. En la lista de testificales, el PP solicita que Pedro Saura, hoy al frente de Correos y entonces secretario de Estado de Transportes, sea llamado a declarar.

Las diligencias giran en torno al rescate de más de 50 millones de euros de Plus Ultra en la pandemia. También en torno a una serie de empresas del entorno de la aerolínea y si hubieran sido usadas para mover comisiones y blanquear dinero. En el epicentro está la empresa Análisis Relevante, considerada como “instrumental” por el juez Calama y de la que cobraron 239.755 las hijas del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero. Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. 

La fiscal del caso ya afirmó en uno de sus escritos que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició” a través de Análisis Relevante. La Policía considera que su agencia era, en realidad, un “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

Ni supo, ni mucho menos avaló “las andanzas” de Leire Díez. Tras nueve días sin contestar preguntas sobre el terremoto judicial que sacude al Partido Socialista, Pedro Sánchez decidió atender este viernes a los medios de comunicación en la cumbre europea de Montenegro para salir al paso de una hipótesis deslizada en los informes de la UCO y que había empezado a monopolizar el debate público en España desde que se conoció el sumario del caso.

“Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Que los ciudadanos no tengan ninguna duda. Y no se me informó porque, si me las hubieran dicho, no las hubiera tolerado”, dijo el presidente del Gobierno para intentar zanjar la teoría de que era él quien realmente orquestaba la trama investigada en la Audiencia Nacional.

En esa misma comparecencia ante la prensa, Sánchez trasladó su “decepción, preocupación e indignación” por el cariz y la gravedad de los hechos investigados, sobre los que en ningún momento quiso extender la sombra de sospecha de una campaña judicial orquestada, como sí han apuntado en las últimas semanas varios de sus ministros y dirigentes del partido. En realidad, esa declaración pública para dar las explicaciones pendientes sobre el escándalo que azota a su partido fue decidida en el último momento por el presidente del Gobierno y su equipo, que habían apostado desde el estallido del caso por pasar de puntillas sobre un asunto que también han querido enmarcar en los “comportamientos individuales” de unos cuantos “farsantes, resentidos y oportunistas”.

Ese argumentario, reciclado de los escándalos de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, envejeció pronto y mal en las últimas horas. Porque la investigación apunta a que la mancha de aceite del 'caso Leire' se extendió mucho más allá de los tentáculos de Cerdán y estaba lejos de resultar una relación encapsulada. Así, la UCO sostiene que la denominada 'fontanera' de Ferraz no solo cobraba del Partido Socialista y se servía de su logística para desarrollar su presunta actividad delictiva, sino que tuvo contacto con otros dirigentes del PSOE e incluso con altos representantes de algunas instituciones del estado.

El ejemplo más claro es el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el presidente aún mantiene, al menos formalmente, su apoyo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, se limitó a contestar. Después de que el propio ministerio del Interior lo negara, el departamento de Grande-Marlaska admite ahora las tres reuniones de González con Díez que acredita el sumario. Y admite también que la última de ellas fue para pedirle ayuda sobre un comandante implicado en el 'caso Koldo'. Lo que niega Interior es que la directora de la Guardia Civil aceptara “interferir jamás en ninguna investigación”.

Con el agua al cuello ante el terremoto judicial de las últimas semanas, lo que muchos socialistas demandaban en privado a su partido y a su Gobierno es que saliera a dar explicaciones para sofocar, en la medida de lo posible, una crisis de primer nivel. Tras las últimas novedades del caso, nadie creía que fuera viable guardar silencio hasta la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para el 24 de junio. La conclusión más extendida era que se requería un mensaje urgente y contundente para defender la reputación de las siglas, ahora gravemente herida, y desechar la idea que intenta apuntalar la oposición de una corrupción sistémica en Ferraz. Justo el extintor de incendios que sacó Sánchez este viernes.

“No voy a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de una oposición marrullera empañen la acción de un Gobierno que mejora la vida de la gente y que es referente fuera de nuestras fronteras. Mi Gobierno es un Gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro”, reivindicó el presidente, que dejó la puerta abierta a decisiones que pueda adoptar en el futuro para la depuración de más responsabilidades. ,

Acercamiento al PNV

Ese nuevo cortafuegos establecido respecto a las conductas de Santos Cerdán o Leire Díez se suma ahora a la otra gran baza del presidente del Gobierno para mantener a flote una legislatura amenazada por las incontables vías de agua: el portazo a Alberto Núñez Feijóo de formaciones como Junts o PNV, refrendado justo esta semana cuando, al igual que otras tantas veces, un tropiezo no forzado del líder de la oposición regaló algo de aliento a un Ejecutivo acorralado.

Fue muy celebrada en la Moncloa, por ejemplo, la respuesta del dirigente de Junts, Jordi Turull, a la mano tendida de Feijóo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben cómo funciona”, le dijo Turull al líder del PP para invitarlo a ir a reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha definido durante toda la legislatura como un “golpista” y un “prófugo”.

También intentaron pescar los populares en las aguas del Partido Nacionalista Vasco, que en las últimas semanas había endurecido el tono contra el Partido Socialista y había llegado a reclamar elecciones anticipadas para este año 2026. Pero la respuesta que recibió Feijóo también fue el portazo. “Si ni siquiera he hablado con él, puede pensar usted qué opinión puedo tener”, respondió Aitor Esteban a la pregunta de un periodista sobre la moción de censura. Para remachar, el presidente del PNV enumeró los agravios que hacen inviable su entendimiento con el PP, sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta con Vox. “El PP es un partido que no ha querido el euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, que se ha opuesto con uñas y dientes a la selección de pelota vasca y que ha dicho verdaderas burradas del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Después de que el propio Aitor Esteban elevara el tono de sus reproches públicos contra el Gobierno, desde el Partido Socialista y el entorno del presidente se han intensificado los contactos para recomponer una interlocución magullada con los nacionalistas vascos. Es desde hace algún tiempo Antonio Hernando, dirigente en Ferraz y 'número dos' de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital, el nexo entre el Palacio de la Moncloa y Sabin Etxea. Y el hombre que en las últimas semanas se ha afanado en dispensar a Esteban el trato que el líder del PNV demandaba.

Intranquilos por los azares de una legislatura ahora cortocircuita por los casos de presunta corrupción del PSOE, reclaman los nacionalistas vascos desde hace meses desbloquear la agenda de transferencias pendientes o mejorar la colaboración parlamentaria en el Congreso de los Diputados para tener más información de la agenda legislativa del Gobierno, sobre la que reprochan que les obliguen “a ir a ciegas” a los Plenos. Y dos aspectos más: el impulso a un debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado que no se ha dado en todo el mandato y que bajo ningún concepto las elecciones generales coincidan con las municipales de mayo de 2027. Justo los dos temas sobre los que Pedro Sánchez ofreció esta semana garantías públicas.

“Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”, dijo este viernes, en plena consonancia con la exigencia del PNV de que el debate político estatal no monopolice una cita con las urnas en la que se juegan gran parte de su poder institucional.

El presidente también anunció que en 2027 sí habrá, al menos, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que verá la luz en el Consejo de Ministros y que será tramitado y debatido en el parlamento. Sin cuentas durante toda la legislatura, Sánchez traslada ahora el impulso a esos Presupuestos justo para un año que será eminentemente electoral, con la ya mencionada cita de municipales y autonómicas y a la espera de que sean fijadas las generales. Un contexto de competición política a cara de perro que, con toda probabilidad, hará inviable el acuerdo necesario para sacar adelante unas cuentas que, en caso de decaer, servirían como excusa perfecta para la disolución de las Cortes. Y que, de paso, le permiten ya a Pedro Sánchez proyectar su mandato hacia 2027 mientras sus rivales lidian con el ansia de unas elecciones inmediatas y sus compañeros de filas con la incertidumbre de cómo sobrevivir a las siguientes 24 horas.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que lleve a cabo una batería de interrogatorios como testigos entre quienes se encuentra la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, según un escrito fechado este viernes, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Ministerio Público formula esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y Narbona el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.

Además, las fiscales piden la imputación de la abogada Leticia de la Hoz, señalada por supuestamente ofrecer un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. En la batería de testigos que propone la Fiscalía figura la propia Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego. La letrada, que ejerció la defensa de Koldo García durante el juicio en el Tribunal Supremo, afirma que fue al revés y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

En esa lista de personas que la Fiscalía reclaman que sean citados como testigo está también Miriam Serrano, la joven que mantenía un procedimiento judicial contra el fiscal Anticorrupción José Grinda por un presunto delito sexual. Grinda fue uno de los objetivos a neutralizar por parte de la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista. Santos Cerdán llegó a mantener una reunión en Ferraz con esa joven.

También figuran personas con las que contactó Leire Díez para buscar información comprometida de jueces y fiscales. Uno de ellos es Antonio José García Cabrera, abogado de José Manuel Villarejo, a quien Díez prometió un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que nunca se produjo. También está Joaquín Parra, el empresario extremeño vinculado a causas de hidrocarburos que formaba parte del grupo destinado a interponer denuncias contra la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Y finalmente también pide que sea llamado a declarar al policía con el que contactó Leire Díez para obtener información comprometedora sobre la jueza Mercedes Alaya.

El juez pide a Hacienda que fiscalice al PSOE

En una resolución, el juez Pedraz acuerda alguna de las peticiones formuladas por Anticorrupción y avisa de que el resto la resolverá en otra resolución. Así, pide a la Agencia Tributaria que haga un informe sobre cuentas bancarias, cobros en efectivo, relaciones societarias, operaciones con terceros y facturación del PSOE que abarque los ejercicios 2024 y 2025. 

Esa misma información pide que sea analizada por Hacienda respecto a otros imputados en la trama, como el exdirigente socialista Gaspar Zarrías o los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, así como las sociedades vinculadas a ellos. Y también respecto a Crónica Libre SL —el periódico vinculado a Leire Díez y a la fallecida Patricia López— y las agencias del Grupo IKI. Los investigadores sospechan que el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) utilizaron a estas agencias para canalizar pagos hacia Crónica Libre camuflados bajo supuestas campañas publicitarias.

Por otro lado, el juez pide a la UCO que identifique las cuentas bancarias en las que Leire Díez haya recibido pagos en relación con los hechos y las cuentas de las que procederían esos pagos, para que solo sean esas las que sean aportadas a la causa.

El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez.

Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE.

Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho.

Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”.

La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto tres encuentros entre la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y la investigada por emprender maniobras contra la propia UCO Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de otras tantas filtraciones en los medios.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

En el atestado, los agentes de la UCO dan por ciertos los comentarios que hace Leire Díez sobre su “confianza” con Mercedes González y dan el salto a que eso provocó la apertura de informaciones reservadas que se cerraron sin la apertura de expediente disciplinario alguno. Lo hacen pese a que dando credibilidad a Leire Díez esta misma es la que cuenta que la directora general del Cuerpo no creía que las filtraciones partieran de la UCO. “Acabo de jugarme una comida [con González] a que las filtraciones vienen de la UCO”, dice Leire a una abogada.

Las tres informaciones reservadas se abrieron por la publicación de unos chats entre Ábalos y Pedro Sánchez, otra que incluía el correo elecrtrónico de la mujer del presidente y que pertenecía a la causa contra el hermano y una tercera en la que un periódico llamaba a al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, “peón de Marlaska”, y lo atribuía a fuentes del Cuerpo. Las informaciones reservadas incluyeron las tomas de declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, el jefe de los investigadores, teniente coronel Balas; el jefe de la Unidad entonces, Rafael Yuste; y el general de la especialidad de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Los investigadores de UCO hacen “recapitulación”. Comienzan con que Díez y González tenían una relación previa, de 2022. Fuentes del entorno de la directora asegura que ambas entraron en contacto porque González era delegada del Gobierno durante una huelga en Correos, empresa pública donde Leire dirigía las Relaciones Institucionales. Luego están los encuentros, durante el segundo periodo de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

“Se han aunado los indicios de los que se desprende que Leire le estaría haciendo llegar informacion obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando”, concluyen los guardias civiles de mensajes que Díez intercambia con terceros sobre su trato con González, tales como el que hace después del tercer y último encuentro documentado: “No estuvo mal la reunión con la directora. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”.

Leire Díez se reunió en dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, imputado por pertenecer al grupo de Aldama, Koldo García y Ábalos. El comandante levantó una especie de acta de esos encuentros después de producirse. Tras uno de ellos, Villalba escribió: “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC pero que la misma no se entera de lo que ocurre en GC y no da crédito de donde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”.

Villalba también anotó que el intermediario del encuentro le dijo que Leire le había trasladado que la directora de la Guardia Civil conocía el encuentro y esperaba un “feedback” del mismo. Los agentes de la UCO no recogen en su atestado una de las consideraciones que hizo Leire Díez a Villalba y que éste anotó en su acta. La investigada le dijo que el teniente general Llamas iba a ser sustituido por otro DAO de Guardia Civil que iba a “poner” ella. El encuentro es de marzo de 2024; Llamas sigue siendo director adjunto operativo de la Guardia Civil.

El relato de la UCO en su atestado “finalmente culmina con el conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora”.

La Justicia francesa ha dado luz verde a la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', uno de los exdirigentes de la banda terrorista ETA. El Tribunal de Apelación de París ha tomado la decisión a raíz de una euroorden de la Audiencia Nacional, que investiga a 'Ternera' por su presunta responsabilidad como jefe que fue de la banda. Antes, sin embargo, deberá resolverse una causa que el exdirigente de ETA tiene pendiente en Francia.

En abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, defendió que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la Justicia española lo reclamaba sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en el que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado una tasación preliminar de las joyas halladas durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado caso Plus Ultra.

En una providencia recogida por Europa Press, Calama ordena el análisis para “determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición”, así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hace sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque “otros datos analíticos de interés”, agrega.

Esta prueba la realizará una joyería “previa prestación de juramento o promesa” y será documentada por la UDEF, “con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia”, agrega el texto.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económca y Fiscal (UDEF) se personaron en su despacho, situado en la calle Ferraz de Madrid, el mismo día en que fue imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. En la caja fuerte encontraron collares, pendientes, pulseras y relojes de marcas de lujo como Omega, Longines o Pierre Balmain.

Durante el registro, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, aseguró que la caja fuerte procedía de la vivienda de Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, y que “algunas” de ellas eran herencias y “regalos de viajes”. En el entorno del expresidente afirman que se trata de “regalos” para Sonsoles Espinosa, así como “joyas de toda una vida y de su familia”, y aseguran que un experto ha calculado que su valor está entre 30.000 y 50.000 euros.

Julio Martínez Martínez era el 'lugarteniente' de José Luis Rodríguez Zapatero en una organización “estable” dedicada al tráfico de influencias. Al menos así lo describen tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como los investigadores. Por eso, el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que analiza el patrimonio de Julio Martínez Martínez y que consta en el sumario de la causa, es relevante. Porque la UDEF entiende que este era una suerte de hombre de paja, un 'interpuesto' a través del cual el expresidente camuflaba el flujo monetario que recibía por sus gestiones ante administraciones nacionales y extranjeras.

El documento, fechado en febrero de 2026, ofrece una radiografía exacta de su patrimonio, de su participación en sociedades, y de en qué negocios pudo participar Julio Martínez, quien fuera administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que abonó a Zapatero 490.780 euros en cinco años, desde 2020 a 2025.

Hacienda encontró que su domicilio se ubica en la calle Diego de León (en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los de mayor renta per cápita del país). Desde septiembre de 2021 paga, aparentemente, 60.000 euros al año de alquiler (5.000 euros por mes), y a la Agencia Tributaria le surge la duda de si, en realidad, se podría tratar de una vivienda doble, dos domicilios unidos. A pesar de que Antifraude no tiene claro ese asunto y tampoco sabe si el empresario pagaba parte o el total de la renta, sí que considera que su “volumen de entradas en cuentas bancarias”, sus ingresos, eran “insuficientes” para atender este pago.

De hecho, a las cuentas le dedica un apartado extenso para explicar que entre 2020 y 2021 “no hay constancia de que sea titular” de ninguna, al menos en España. Y que desde 2022 figura como titular solo en una y en 2025 se abre otra cuenta corriente. Es en esa última donde ese mismo año entran 100.000 euros de golpe. Y no pueden determinar su origen.

Pero quizá donde la ONIF se recrea más es en las sociedades en las que aparece Julio Martínez Martínez. Identifica “un entorno societario de control amplio constituido por 39 entidades en el periodo 2020-2024”. Y ahí es tajante al concluir que “su perfil contrasta con el elevado número de entidades controladas”.

Sobre ellas, detalla que 20 se encuentran inactivas porque, o bien no presentan declaración del impuesto de sociedades, o bien han sido dadas de baja de la Agencia Tributaria antes de 2020, o bien su cifra de negocio es nulo en el periodo investigado. Otras tres, dice, están “inactivas”, pero, en cambio, “consta un importante movimiento en cuentas bancarias”.

Las otras 15 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez sí estaban activas, si bien ocho de ellas no tenían empleados. Entre esas sociedades sin gasto de personal se encuentran algunas de las que están en el centro de la investigación del juez Calama, como Análisis Relevante, Idella Consulenza, o Voli Analítica.

Operativa comercial: Ingresos de 4,89 millones

Hacienda explora los ingresos de un total de 16 de esas empresas participadas por Julio Martínez, y destaca que ascendieron a 4,89 millones de euros en el periodo 2020-2025. La que mayores entradas de dinero obtiene es Análisis Relevante, alcanzando los 959.798 euros.

Explica que los principales clientes de ese colectivo de entidades del entorno de control de Julio Martínez son Miralles Cremades Clara (605.000 euros), Plus Ultra Líneas Aéreas (598.910 euros) e Inteligencia Prospectiva (380.208 euros), otra de las empresas que están en el epicentro de la trama. Cabe recordar que en sus informes la UDEF señala que el flujo de dinero de esa última empresa hacia la familia de Zapatero fue de 801.195 euros pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

Pero en ese apartado de la clientela de las sociedades vinculadas a Julio Martínez llaman la atención dos ítems en particular. En el gráfico de la ONIF se especifica que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pagó al entorno empresarial del investigado 96.753,02 euros en 2023 y 32.436,66 en 2024. El total asciende a 129.189 euros. El consejero de Presidencia se apresuró el pasado miércoles a enmarcar en esa relación en unos pocos concursos que fueron adjudicados a esas empresas y solicitó “no generar confusión”.

Además, entre 2020 y 2024 la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, abonó al entorno empresarial del amigo personal de Zapatero un total de 62.307 euros, a razón de 7.334 euros en 2020, 12.893 euros en 2021, 13.363 euros en 2022, 13.964 euros en 2023 y 14.752 euros en 2024, en lo que parecía ser una suerte de iguala anual.

Antifraude explica que, no obstante, el cliente 'premium' de Julio Martínez fue, de lejos, Plus Ultra, con ese volumen total de 598.910 euros, percibidos por Análisis Relevante (301.290 euros), Iot Domotic Europe (155.847 euros) y Voli Analítica SL (141.772 euros). Y recuerda que ninguna tuvo empleados cuando se celebraron los contratos con la aerolínea.

En el apartado de los clientes de Julio Martínez aparecen otras dos de las empresas presuntamente clave para el movimiento de fondos de la trama: Summewind y Caleton Consultores. La UDEF cree que ambas fueron usadas por Plus Ultra como empresas desde las que canalizar fondos al entorno de la trama. La ONIF, en su informe indica que la primera abona por servicios a una empresa de Julio Martínez (Affita) 213.200 euros en 2023. Y explica que, a la vez, obtiene ingresos de Plus Ultra.

En el caso de Summerwind la investigación asegura que pagó a la aerolínea 3,9 millones de euros. Algo que, según esa empresa dedicada al negocio del subarriendo de aviones, es incorrecto dado que en realidad quien trabajó para ellos fue la aerolínea y no al revés. El juez, por el momento, les ha negado poder personarse en la causa como terceros interesados si bien ha unido su escrito de alegaciones al sumario.

Gastos de las sociedades de Julio Martínez

En el apartado de los proveedores, la ONIF explica que el principal gasto para Julio Martínez era el propio Zapatero, al que pagó desde su entorno empresarial y en cinco años 418.000 euros (no coincide con los 490.780 euros que fija el juez), seguido de Whatthefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, a la que pagó de 2020 a 2024 un total de 242.423 euros. Eso sí, “no constan operaciones en efectivo en las cuentas titularidad de las entidades del entorno de control” de quien fuera, según la tesis de la UDEF, el hombre de paja de Zapatero.

El informe se fija en otros detalles, como que consta un cobro transfronterizo de una de las sociedades de Martínez, Nez SL. También que Idella Consulenza percibió 169.995 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong el 27 de octubre de 2025. Cabe recordar que a esa sociedad la investigación le achaca la titularidad de una supuesta sociedad off-shore creada por orden de Zapatero en Dubái para cobrar el 1% del rescate público de Plus Ultra.

Sobre esa inferencia hay lagunas en la investigación porque ni los informes de la UDEF ni los diferentes autos arrojan mucha luz más allá de que hubo una comida en el restaurante Portonovo a la que asistieron al menos Zapatero y Martínez, y que, un día después, el empresario arrancó una serie de correos con un tercero, Tomás Guerrero, con el objetivo de crear ese vehículo financiero en Emiratos Árabes Unidos bajo la marca Ladside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La ONIF se fija, además, en el patrimonio y los vehículos vinculados al entramado societario de Martínez. Y explica que algunas de las entidades tienen en su haber inmuebles y vehículos de alta gama. Al sumar el valor catastral de los terrenos rústicos, las naves y los pisos que en algún momento del periodo investigado fueron propiedad de alguna de sus empresas, la cifra es de 3,32 millones de euros.

En cuanto a los vehículos vinculados al entorno de Julio Martínez, Antifraude indica que a pesar de que él no tiene ninguno a su nombre, ha detectado en el periodo 2020-2025 hasta 16 de ellos, entre motocicletas y coches. Destacan tres Audi Limousine, un Jaguar XJ (vendido en 2022), un Mercedes c220 (vendido en 2023) o un Range Rover. Y aporta un matiz: la mayoría fueron comprados de segunda mano.

Otro detalle que arroja el informe es que ya en 2011 Julio Martínez le compró a Zapatero un chalé pareado en Vera (Almería) que estaba ubicado en la urbanización residencial Mirador de Vera, cerca de la playa de Quitapellejos. En la actualidad, según el portal idealista.com, un inmueble idéntico, alcanza un valor de 580.000 euros.

La ONIF destaca que en 2019, Julio Martínez se desprendió de ese chalé vendiéndoselo a la empresa Compañía Inversora de Superficies SLU, que pertenece al entorno de su hermano Manuel Martínez. Ya en 2023, es de nuevo vendido y sale ahora sí de su entorno personal y familiar.

La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha introducido nuevas versiones de la operación Kitchen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Trece años después del operativo, tras varias declaraciones en fase de instrucción y numerosas entrevistas, Villarejo ha dicho que la investigación estaba dirigida a descubrir, y supuestamente encubrir, la supuesta relación del rey emérito, Juan Carlos I, con el tráfico de armas que dirigía un delincuente internacional de origen árabe. “Pino era muy monárquico”, ha dicho sobre el director adjunto operativo de la Policía que ha declarado antes que él.

El comisario jubilado José Villarejo, uno de los principales imputados en la operación Kitchen, ha intentado desvincular este operativo policial ilegal de la información que Luis Bárcenas pudiera tener sobre el Partido Popular y su contabilidad paralela. Ha explicado que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien le encomendó a mediados de 2013 mantener una reunión con Eugenio Pino, también acusado y número dos del Cuerpo. Allí le pidieron que entablara contacto con Sergio Ríos, conductor de la familia Bárcenas. Pino también ha señalado a Cosidó en su declaración, pese a no estar investigado y haber declarado ya en el juicio como testigo.

La Fiscalía considera que el objetivo de esta captación era saber si Bárcenas tenía documentación comprometida para el PP que gobernaba entonces. El propio Villarejo dijo en fase de instrucción que buscaban “información nuclear del Gobierno”, pero hoy ha afirmado que en ese momento había sido sometido a “torturas” y que habló con “resquemores”. 

Este lunes, ante el tribunal, Villarejo ha dado una versión distinta y ha afirmado que, en ese primer momento, el objetivo era buscar información sobre viajes que Bárcenas hacía a la “frontera” y sobre “tráfico de armas”. “Era información que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado, decía que tenía información sobre tráfico de armas”. Ha rechazado explicar por qué hay una anotación en su agenda de unos meses previos y que, supuestamente, refleja que habló con un mando de Interior de una “grabación” comprometedora.

El comisario Villarejo ha dicho el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, se aprovechó de la operación Kitchen pese a ser un operativo “legal” para localizar dinero y testaferros de Luis Bárcenas. “Visto lo visto, y a estas alturas, ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy. Me hubiera hecho mucha ilusión”, ha dicho en respuesta al fiscal Anticorrupción. Ha sido el único acusado hasta ahora que ha accedio a contestar al Ministerio Público.

En la misma línea, Villarejo ha continuado: “El señor Rajoy se aprovechó de esta operación legal y correcta de localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectaba a él pues trincarlo. Lo supe en 2017 y ahora a balón pasado. El secretario de Estado y el ministro fueron engañados por el genio de Rajoy que lo solucionaba todo con Cardhu [prestigiosa marca de whisky]”, ha dicho Villarejo antes de que le cortara el tribunal. Con esta afirmación ha provocado las risas de otros acusados, como ha ocurrido en otros pasajes de la declaración de Villarejo.

Villarejo ha optado por denostar al resto de acusados y al tiempo eximirles de responsabilidad. Por ejemplo, de Pino ha dicho que “no se enteraba de nada; estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes, de medallas... ”. “Es un gran policía pero el puesto [de director adjunto operativo] le venía grande”, ha añadido.

Como acostumbra, Villarejo ha intentado introducir apreciaciones sobre terceros que no estaban en las cuestiones del fiscal o cuestiones de actualidad. Ha llegado a decir que una grabación por la que le preguntaba el fiscal Anticorrupción procede de “las cloacas del PSOE” cuando el audio fue encontrado en una de sus viviendas. Villarejo ha intentado contraponer la actitud de la fiscal del caso de Leire Díez con la de su compañero del caso Kitchen. “Debe andar en un lío personal el señor fiscal”, ha dicho Villarejo antes de que el tribunal le interrumpiera. 

“No voy a reconocer jamás el contenido de ningún audio porque jamás se me hija permitido una copia de todo lo que me saquearon y la mitad de lo que se llevaron jamás ha constado en las actas”, ha dicho Villarejo.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

El comisario jubilado Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía durante la operación Kitchen, ha exculpado en su declaración , uno por uno, al resto de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. También se ha eximido a sí mismo de responsabilidad al calificar el espionaje a Luis Bárcenas y su familia como “una operación de inteligencia” ante la información de que el tesorero, desde la cárcel, iba a enviar a Suiza al chófer Sergio Ríos en relación con cantidades de dinero supuestamente ocultas en ese país. Pino ha dicho que la operación Kitchen es un término acuñado por un periodista y que nunca fue un operativo ilegal.

El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política del Partido Popular durante el primer mandato de Mariano Rajoy. En su declaración como acusado –Anticorrupción pide 15 años de cárcel para él– ha contestado únicamente a su abogado ya que el tribunal, a quien había accedido a responder, no ha formulado preguntas. Ha dicho que nunca habló del operativo alrededor de la familia Bárcenas ni con el ministro, Jorge Fernández Díaz, ni con su segundo, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía también pide 15 años de cárcel.

Pino ha asegurado que la operación fue legal y estuvo justificada porque la Policía no podía dejar pasar por alto la información acerca de que Bárcenas iba a enviar a Suiza al chófer. Luego, ha contado, quedó desmentida esa primera información y se obtuvo otra que apuntaba a que el dinero estaba en Paraguay y era gestionado por Ángel Sanchís, antiguo cuadro del Partido Popular, lo que provocó su fin.

Eugenio Pino ha acusado al hijo de Bárcenas de cometer delitos pese a que nunca ha estado investigado. El exDAO ha dicho que el joven dijo viajar a Chile y que él cree que estuvo en países de su entorno, entre los que se encuentra Paraguay. “Yo creo que no se había ido a Chile sino a sitios cerca, a mover cosas...”, ha asegurado Eugenio Pino.

Fue en ese momento cuando él, Pino, ordenó cancelar el operativo sobre la familia Bárcenas al considerar que ya no podía prosperar, con el hijo de Bárcenas moviendo dinero en el extranjero, según su versión, y el coche que iba a salir para Suiza aparcado en un garaje sin haberse movido.

El antiguo número dos de la Policía ha señalado a Ignacio Cosidó, que nunca estuvo imputado, como conocedor de la operación Kitchen desde su inicio. Ha declarado que cuando él tuvo conocimiento por Andrés Gómez Gordo –policía en excedencia al servicio entonces de María Dolores de Cospedal– de que “alguien estaba tocando” al chófer de los Bárcenas, montó una reunión con conocimiento del entonces director general Cosidó. Y que fue este, Cosidó, en una llamada telefónica, con Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas –ambos acusados– presentes en su despacho, quien le ordenó que pusiera a trabajar en ello al comisario Villarejo. Así es como habría empezado la operación Kitchen, según Pino. Luego ha dicho que quien había contactado con el chófer, por su propia cuenta y antes de la impliación del resto, había sido Enrique García Castaño, 'El Gordo', comisario que no está siendo juzgado por problemas de salud.

Se da la circunstancia de que Cosidó ya ha declarado en el juicio como testigo y no puede rebatir las afirmaciones de Pino que, como el resto de acusados, pidió declarar después de los testigos. En la misma línea, el comisario jubilado ha implicado en el conocimiento del operativo “legal” a otros testigos que han declarado durante el juicio, caso del exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, 'Fiti', y del comisario general de Policía Judicial de la época, Santiago Sánchez Aparicio, 'Chati'. Ambos dijeron que habían oído algún fugaz comentario sobre un operativo sobre la familia Bárcenas distinto a la investigación de sus subordinados en la UDEF, pero que no tuvieron más conocimiento de ello.

Pino se ha referido a Manuel Morocho como “el chico” y ha negado que le presionara en sus investigaciones sobre Gürtel, de las que nunca quiso saber nada. El inspector jefe al frente de los casos de caja B y Gürtel, Manuel Morocho, declaró en el juicio que Pino le sobrecargó de trabajo y le envió al nido de la brigada política para que revisara el informe PISA contra Pablo Iglesias, entre otra carga adicional de trabajo.

El exDAO Pino ha dicho este lunes que Morocho no llegó “ni a ver” el informe PISA. En otro momento se ha referido a Pablo Iglesias, sin citarle, como “un personaje” al que hubo que investigar porque había una querella contra él en el Tribunal Supremo. Precisamente ante alto tribunal fue presentado el informe PISA y este lo despreció, como haría después la Audiencia Nacional.

Denuncia una presunta maniobra de Baltasar Garzón

Además, Pino ha denunciado una maniobra del abogado Baltasar Garzón. Ha dicho que se ofreció a defenderle y que se lo hizo saber a través de otro comisario, Jesús Figón, destinado entonces en Brasil. Figón era el agregado de Interior y fue detenido, juzgado y condenado tiempo después por matar a su mujer en el país sudamericano. Fue defendido por el despacho de Garzón.

Eugenio Pino ha dicho que fue asistido en un primer momento por un abogado del despacho de Garzón, Ilocad. El exDAO ha explicado que el bufete decidió después asignarle otro letrado. También ha declarado que no ha sabido hasta la celebración del juicio que ese abogado que tuvo en primer lugar pasó a representar a Enrique García Castaño. Con ese otro abogado, García Castaño empezó a colaborar y señaló a Pino como uno de sus superiores que le ordenó robar los discos duros del PP. García Castño, conocido como 'El Gordo', no está siendo juzgado por motivos de salud.

García Castaño reconoció en fase de instrucción que la operación Kitchen existía, que estaba al margen de la causa judicial contra el PP en la Audiencia Nacional y que él recibió la orden de Pino y del secretario de Estado Martínez de robar los discos duros del PP con presunta información sobre la caja B. Pino ha dicho este lunes que cree que es mentira que García Castaño allanara un local de Rosalía Iglesias en busca de una grabación de Mariano Rajoy y que él nunca supo que había clonado tres teléfonos de Bárcenas, ambas actuaciones reconocidas por el comisario García Castaño, conocido como 'El Gordo'.

Pino ha dicho que García Castaño le fue a visitar ya estando jubilado y que le trasladó un mensaje: “Dice la Fiscalía que no les des tanta caña, que si colaboras ahora con la Operación Cataluña te tratarán bien”. Según ha dicho Pino, García Castaño le trasladó un mensaje de Baltasar Garzón: “Si lo cuentas todo, la Fiscalía tiene para ti una prevaricación”. Aludía una acusación por un delito menor, pero Pino ha añadido que se negó porque es “inocente”.

En el momento de esos hechos, Baltasar Garzón era ya pareja de Dolores Delgado, por entonces fiscal general del Estado. La defensa que el despacho de Garzón hizo de Pino y García Castaño en aquella época fue objeto de polémica por la vinculación entre el abogado y la fiscal general. Después esa polémica se recrudeció cuando Dolores Delgado no accedió a renovar en Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que había impulsado los casos Kitchen y Villarejo.

La Audiencia Nacional ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros trece exmiembros de la banda terrorista ETA que se encontrarían en aquel país. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en “el cambio político operado recientemente en Venezuela” para reclamar “colaboración”.

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas “faciliten cuanta información posean” sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando “El Pollo” Carvajal sobre los miembros de ETA “huidos de la justicia española” y residentes en Venezuela.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Las grandes conspiraciones existen, por supuesto.

En el año 521 antes de nuestra era, un aristócrata persa llamado Darío mató a Esmerdis, hermano y heredero del rey Cambises II y gobernador de las provincias orientales. Darío y sus compinches negaron haber cometido un magnicidio porque, según ellos, Esmerdis no era Esmerdis, sino un mago usurpador llamado Gaumata. El rey Cambises murió mientras combatía a los egipcios y no se enteró del incidente. Acto seguido, Darío se proclamó rey. Cuesta creer que ningún cortesano se tragara la patraña de Darío y el mago suplantador, pero ni el lugar ni la época aconsejaban desmentir al monarca del imperio. Darío gobernó gracias a una conspiración de silencio y pasó el resto de su vida (véase la fabulosa inscripción de Behistún) reafirmando la mentira fundacional de su reinado.

Esas cosas ocurren. Aunque son muy raras.

Yo prefiero no creer en las conspiraciones porque, en general, las cosas suelen ser lo que parecen ser. El franquismo, 40 años de mentira permanente, era muy aficionado a inventar enemigos fantasmagóricos: “la conjura judeo-masónica”, “el contubernio de Múnich”. El régimen nacido con el golpe de Estado de 1936 agotó todos los sinónimos de “conspiración” para disimular sus miserias.

Sí creo, en cambio, en la complejidad de la organización social y en la facilidad con que los individuos mentimos, hacemos chapuzas y cometemos actos asombrosamente deshonestos.

Estos días, a raíz del “caso Zapatero”, estamos descubriendo todo el rato la sopa de ajo. Y pasmándonos ante la asombrosa revelación.

Sí, los policías y los jueces, igual que los militares, suelen ser de derechas. De la misma forma que los profesores de Ciencias Políticas, los sociólogos, los mineros y los sindicalistas suelen ser de izquierdas.

Sí, los abogados suelen tener amigos jueces, y viceversa, y hacen arreglos entre ellos. Sí, hay jueces que prevarican. Sí, los policías ocultan parte de la verdad, o mienten directamente, cuando presentan al instructor y, sobre todo, a la prensa (ay, esa foto de joyas como si fueran 20 toneladas de heroína; ay, aquel falso dinero venezolano de Podemos y aquellas falsas cuentas suizas de Xavier Trías) el resultado de sus investigaciones: una cuestión de éxito o fracaso profesional, supongo. (Reconozco que, por la edad que tengo, nunca he creído a la policía).

Y sí, ninguno de los inquilinos de La Moncloa era rico cuando llegó al poder (quizá con la excepción del breve Leopoldo Calvo-Sotelo), y todos lo fueron (podría matizarse el caso de Mariano Rajoy) en cuanto dejaron la presidencia: un misterio a la vista de todos.

Sorprende un poco que los periodistas, conocedores de las barbaridades que se cometen en el oficio, esperemos de otros profesionales una conducta intachable. Hay porquería en los medios de comunicación como la hay en la policía, en la judicatura y en la política.

He decidido no creer ciegamente nada de lo que se dice sobre José Luis Rodríguez Zapatero (aunque ciertas cosas me parezcan muy sospechosas) hasta que se concluya el sumario y se sustenten las acusaciones. Y seguiré sin creer en conspiraciones, porque no hace falta: los pecados de unos y otros acaban siendo muy obvios.