La incautación de tres valiosos juegos de joyas a José Luis Rodríguez Zapatero, valorados en más de un millón de euros, ha cuestionado la conducta del expresidente del Gobierno tanto o más que la trama de tráfico de influencias que centra la investigación. Sin embargo, la negativa del juez José Luis Calama a atribuirle por ello un delito de malversación, como pretendía la Fiscalía Anticorrupción, adentra la pieza judicial de las joyas en un terreno de incertidumbre. El expresidente sigue imputado en esa pieza separada por un delito fiscal, que puede haber prescrito, y otro de contrabando, acusación centrada únicamente en la sospecha de que Zapatero hubiera podido introducir en España las joyas sin declarar. 

El juez Calama abrió la pieza separada de las joyas el pasado junio, tras conocer la tasación de la joyería Ansorena: 1,3 millones de euros. La UDEF había encontrado las alhajas en una caja fuerte del despacho profesional de Zapatero en la operación de mayo, momento en el que trascendió su imputación por tráfico de influencias y otros delitos. Dentro de esa pieza principal, las joyas resultaban un indicio más de posible enriquecimiento ilícito. Pero con la apertura de la pieza separada de las joyas Zapatero pasaba a estar imputado por dos delitos más. 

La acusación por delito fiscal se fundamentaba en que Zapatero no había declarado el enriquecimiento por las joyas a la Hacienda pública. Se considera delito siempre que el fraude fiscal supere los 120.000 euros por ejercicio. Pero el Código Penal también recoge que este prescribe a los cinco años. Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey saudí Abdullah Bin Adulaziz Al-Saud, ya fallecido, que el monarca le hizo durante una visita oficial a España en 2007, cuando el político socialista era presidente del Gobierno. Habrían transcurrido casi 19 años desde entonces, con lo que sería imposible atribuirle un delito fiscal. 

El instructor de la causa desconfía de la explicación de Zapatero. Así lo hizo ver en una resolución de la semana pasada en la que rechazaba cursar una comisión rogatoria internacional a Arabia Saudí, como le había pedido el expresidente, para que el país árabe acreditara el origen de las joyas. La ausencia de estuches originales, documentación sobre la procedencia y otros elementos que identifican habitualmente los bienes de valor hacen pensar al magistrado que no se trata de “un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado”.

A la desconfianza del juez en la versión de Zapatero hay que sumar la ausencia, cinco meses después del hallazgo, de indicio alguno que permita ubicar la procedencia de las joyas. Debe ser la investigación la que acredite un origen irregular y no el investigado el que demuestre que todo se realizó conforme a la legalidad. 

En este contexto adquiere relevancia la petición que el juez hizo a la Policía el pasado martes para que intente acreditar quién es el autor del punzón con el que se grabó una T, un número 18 y una K más pequeña que aparecen en las joyas. El descubrimiento podría conducir al autor del obsequio y quizá conocer si fue el pago al expresidente por alguna intermediación ilegal. O no llegar tan lejos, pero sí descubrir que las joyas se confeccionaron después de mayo de 2021. En ese caso, el expresidente las habría incorporado a su patrimonio sin declararlas al fisco en un periodo aún no prescrito y esto permitiría mantener la acusación por delito fiscal. 

La explicación de Zapatero de que fue el rey saudí quien trajo las joyas a España y se las entregó en el Palacio de La Moncloa rebate la acusación de contrabando, según la cual habría sido el expresidente quien las introdujo en el país. No hay indicio alguno de que fuera así, pero tampoco de lo contrario, al desconfiar el juez del relato del expresidente. De nuevo, la responsabilidad de demostrar que Zapatero recibió las joyas en el extranjero es de la investigación y no del acusado. 

Una ley, un código y tres sentencias que no valen para Zapatero

Ante este panorama, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente optó por ampliar el número de delitos que el hallazgo de las joyas supondría para Zapatero. Así, en un escrito de hace dos semanas, el Ministerio Público solicitó al juez que imputara al expresidente también por malversación. Lorente citaba el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio Ejecutivo de Zapatero en el que se instaba a las autoridades a rechazar regalos que sobrepasaran los “usos habituales, sociales y de cortesía” o que, en el caso de aceptarlos, los incorporaran al Patrimonio del Estado. 

La fiscal también aludía a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ya prohibió directamente aceptar esos regalos y que, en su defecto, obligaba a entregarlos a Patrimonio. Lorente apelaba así a un código ético de 2005, sin implicaciones legales, vigente cuando Zapatero habría recibido el regalo. Y, por otra parte, a una ley que no puede afectar a los hechos investigados porque, de ser cierta la versión de Zapatero –única hasta ahora– el texto legal se aprobó cinco años después y no podría aplicarse con efecto retroactivo. 

Para sostener su acusación por malversación, la Fiscalía Anticorrupción recurría a tres sentencias del Tribunal Supremo cuya jurisprudencia el juzgado de la Audiencia Nacional ha descartado que pueda aplicarse al caso del expresidente y sus joyas. En los casos que cita Anticorrupción, resuelve Calama, existe “una norma o negocio jurídico preexistente” que obliga a que la Administración sea el destinatario último de los fondos, lo que no ocurre con las alhajas del expresidente. 

Uno de los casos expuestos por Anticorrupción en su escrito alude a un Ayuntamiento que recibió de una congregación religiosa el superávit generado en la gestión de un hospital municipal. La finalidad de ese dinero no se determinó “ex post”, alega Calama, sino que cuando se trasladaron originalmente los fondos a los religiosos ya estaba determinada su “incorporación al patrimonio municipal y su destino a fines asistenciales públicos”. 

Anticorrupción está estudiando si recurre la decisión del juez de rechazar la malversación ante la instancia superior, la Sala de lo Penal. En cualquier caso, fuentes del Ministerio Público inciden en que la resolución del juez no vincula a las partes en su calificación de los hechos. Esto es, la Fiscalía o cualquiera de las otras acusaciones pueden seguir considerando que Zapatero cometió malversación de fondos públicos al no entregar las joyas a Patrimonio. Y llegar así hasta el momento en que el juez dicte el auto en el que propone juzgar a los investigados y describe los hechos. Será entonces cuando las acusaciones, solo en base a esos hechos, presenten sus calificaciones, o lo que es lo mismo, pidan que se juzgue a los imputados por unos u otros delitos.

Esto supondría que, pese a la opinión del juez Calama, Zapatero podría ser juzgado por malversación. Con una excepción, que el juez archive antes la pieza separada sobre las jotas porque no encuentre indicios de este delito ni de ningún otro. En ese caso, no puede haber calificación de las partes de unos hechos que han dejado de investigarse. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción insiste en que es la primera que no cree la versión de Zapatero sobre el regalo del rey saudí y que lo que corresponde en este momento es determinar los hechos (origen de las joyas, quién las entregó y por qué) y luego acusar de acuerdo a esos hallazgos, si es que llegan a darse.

En el mismo sentido, fuentes próximas al caso exponen los problemas judiciales a los que se ha expuesto Zapatero por ofrecer una versión del origen de las joyas con la que acallar el escándalo que suponían su hallazgo. Es su explicación, inciden las mismas fuentes, la que permitió a la Fiscalía extender su acusación a la malversación. 

El rechazo del juez a acusar por malversación adquiere trascendencia también por las penas con las que se castiga este delito, el más grave de cuantos podrían recaer contra Zapatero por las joyas. La pena puede alcanzar los ocho años de cárcel si el valor apropiado supera los 50.000 euros, como es el caso. En el caso de contrabando, la pena mayor a la que se enfrentaría sería de cinco años, al igual que con el fraude fiscal, siempre en el peor de los supuestos. 

Después de una hora de detallada exposición, la fiscal anticorrupción Ana Cuenca se dirigió este jueves por última vez a los miembros del tribunal encargado de juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y les pidió que dictaran una sentencia “ejemplar”. “Como dice nuestro Tribunal Supremo, actos como este socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de derecho y quiebran la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Y por supuesto que nosotros no lo podemos permitir, señorías”, imploró. 

Fue el colofón del informe acusatorio de Cuenca, la fiscal encargada de impulsar las causas sobre las corruptelas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas que Ignacio González presidió entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo de presidente regional a Esperanza Aguirre. La exposición de la fiscal estuvo centrada en remarcar el carácter de empresa pantalla de TCT, sociedad vinculada al hermano y al cuñado de González. Según la representante de Anticorrupción, la mercantil se embolsó 294.000 euros de dinero público del Canal “a cambio de hacer nada”. 

Después, durante su turno, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, contraatacó diciendo que tras seis días de juicio y la declaración de medio centenar de testigos y peritos no hay “ni una sola prueba” que avale las acusaciones contra su cliente. “Ninguno de los acusados, ningún testigo, ningún perito, ningún documento, ha respaldado que don Ignacio González haya adoptado una resolución arbitraria, haya malversado fondos públicos, haya ejercido tráfico de influencias o se haya lucrado”, defendió el letrado. 

La Fiscalía reclama cinco años de cárcel por delitos de cohecho para Ignacio González y para el resto de acusados: su colaborador Ildefonso de Miguel, su hermano Pablo González, su cuñado José Juan Caballero y el socio de estos, José Antonio Clemente. El Ministerio Público rebajó un año su petición de pena al considerar que existe una atenuante de dilaciones indebidas porque los acusados han pasado más de un lustro esperando a ser juzgados. El resto de acusaciones elevan sus peticiones hasta los siete años de prisión e incluyen delitos de tráfico de influencias, malversación o fraude. 

Los hechos enjuiciados se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón cuando estaba en la oposición, según admitió ella misma en una de las sesiones de juicio.

Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a la citada TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, detalló la fiscal, para quien todo fue un trámite arbitrario e ilegal realizado adrede para evitar un concurso público y encubrir el pago de dádivas a los familiares de Ignacio González. De hecho, TCT tuvo que recurrir a otras sociedades para hacer los trabajos. Y a ambas les impusieron una mordida del 8%. 

“Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, expuso la fiscal, quien remarcó que TCT firmó la subcontratación con Dragados y con Onlygolf más de un mes antes de que el Consejo de Administración del Canal aprobara formalmente el modificado, lo que evidencia, a su juicio, que la adjudicación estaba pactada. 

Ocultación al Canal

La tesis de las acusaciones —además de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE— es que Ignacio González y quien fuera su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel, llevaron a cabo una estrategia de ocultación ante los miembros del Consejo de Administración del ente encargados de aprobar ese modificado. 

Durante el juicio, varios consejeros aseguraron que nadie les explicó los lazos familiares de TCT con Ignacio González, que tampoco se abstuvo en una votación que fue aprobada por unanimidad. Especialmente categórica fue la exconsejera Paz González García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. Dijo que nunca se dio esa información y que, de haberse dicho, su voto habría sido otro muy diferente.

En su declaración, el propio Ignacio González afirmó que tampoco él sabía que su hermano y su cuñado estaban detrás de la empresa a la que otorgó los contratos del campo de golf. “Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT y no tuve ningún conocimiento hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, aseveró en una explicación que la fiscal consideró “absolutamente ridícula”. 

Su declaración contrasta con la de otros testigos, como la representante de Soto Once, una de las empresas de la UTE en la que estaba TCT y a la que se adjudicó un segundo contrato para la gestión del campo de golf. Esta testigo ratificó en el juicio su declaración policial y afirmó que en el entorno empresarial se sabía que detrás de TCT estaba el hermano de Ignacio González. También el propio contable de la empresa detalló los sistemas de reparto de beneficios en los que participaba Pablo González.

En sus conclusiones, las acusaciones aludieron también al documento de TCT que los agentes de la UCO incautaron en el domicilio de Ignacio González o a la grabación en la que, en 2017, se escucha como Pablo González dice expresamente a su hermano: “Conseguí esa adjudicación, por supuesto, gracias a tu ayuda”. El abogado del expresidente madrileño defendió que esa grabación era “una cortina de humo” e insistió en que, en ningún caso, ambos hablaban en esa ocasión de los contratos del campo de golf. 

La defensa de Ignacio González señaló a las acusaciones por, a su juicio, haber sustituido las pruebas por sospechas e imputaciones basadas únicamente en su cargo político o en sus lazos familiares. Además, su abogado remarcó que en las periciales de Hacienda y de la UCO no hay rastro de la “responsabilidad” de Ignacio González en los hechos ni de que cobrara dinero irregular. E insistió en que los acuerdos del Canal de Isabel II fueron aprobados por unanimidad en un Consejo de Administración formado por 15 miembros y que fueron respaldados por informes técnicos y jurídicos, sin que su cliente presionara o influyera en sus miembros. 

Antes de retirarse a deliberar, los tres miembros del tribunal escucharon también las críticas de las defensas a la petición de la Fiscalía de una sentencia “ejemplar”. “No estamos aquí para dar ejemplo a la sociedad”, clamó Esteban Mestre, el abogado de Ignacio González, quien dijo que se había quedado “aterrado” con el planteamiento del Ministerio Público. En términos similares se expresó el letrado del hermano y el cuñado del expresidente regional, José María de Pablo, quien mantuvo que las sentencias ejemplares pertenecen a la Edad Media. “Lo que realmente socava el Estado de Derecho es acusar sin pruebas de cargo”, defendió. 

El futuro de los cinco acusados queda ahora en manos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los delitos que les atribuyen las acusaciones. 

La de Alberto Durán Ruiz Huidobro es una historia de éxito que apunta a un final amargo. El que fuera durante lustros uno de los principales responsables de los servicios jurídicos del Partido Popular fue abruptamente apartado de las causas judiciales que más han impactado en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su pérdida de influencia dentro del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se produjo el pasado verano, y se hizo público apenas unas semanas antes de que Koldo García le haya señalado como la persona que le ofreció dinero para declarar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una oferta que fuentes oficiales del PP niegan que haya existido. Preguntados por elDiario.es, los portavoces de Feijóo no descartan, sin embargo, que hayan existido reuniones entre su abogado jefe y el condenado exasesor de José Luis Ábalos. Mientas, Koldo ha asegurado que tiene pruebas de su acusación: “Yo daré el remate final”, dice en un audio al que ha tenido acceso elDiario.es.

La ficha de Durán en la web del PP ha sido borrada, pero hace apenas un año figuraba como “director órgano del cumplimiento normativo”. Un cargo que no hace justicia a su labor en el seno del partido desde hace años, ya desde los tiempos en que Mariano Rajoy era jefe de la oposición y María Dolores de Cospedal secretaria general.

El abogado ha sido el responsable, por ejemplo, de las direcciones letradas de la causa que terminó con el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Durante esa vista, hubo una clara sintonía entre él y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y conformaron un tándem acusatorio perfectamente engrasado. 

De hecho, Durán y Luzón fueron los principales valedores de la reducción de condena que permitió a quien la UCO señaló como el jefe de la organización corrupta, Víctor de Aldama, librarse de la cárcel que sí impusieron al resto de condenados. 

En su mochila, Durán guarda otros ‘trofeos’: el veterano abogado fue quien formuló las preguntas al hermano del presidente del Gobierno en el juicio que terminó en condena para David Sánchez por enchufismo.

Además, en los últimos años, su papel ha sido fundamental en causas judiciales que se siguen en la Audiencia Nacional, como el ‘caso Leire Díez’, las pesquisas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’, la causa en la que se investigan posibles mordidas por adjudicaciones de obra pública en la época de Ábalos al frente del Ministerio, o la causa secreta en la que se analizan pagos en metálico del PSOE en busca de una posible financiación irregular del partido.

Y todo esto, a día de hoy. Pero su rastro se pierde en el tiempo. Durán ya fue uno de los principales responsables de la defensa jurídica del PP en el llamado ‘caso Gürtel’, el entramado de financiación ilegal del partido y enriquecimiento de algunos de sus altos cargos. Así quedó acreditado para siempre en los llamados ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad b que anotó minuciosamente durante lustros quien fuera tesorero y gerente del PP, Luis Bárcenas.

La implicación de Durán fue tal que acabó procesado por un tribunal, precisamente por su supuesta participación en la destrucción de pruebas que implicaban al partido en escándalos de corrupción y financiación ilegal. Al abogado se atribuyó el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Tanto él como la entonces tesorera (que hoy vuelve a ocupar ese cargo), Carmen Navarro, como el jefe de informática del PP y el propio partido fueron absueltos.

Confianza rota

En 2022, ya con Feijóo al frente, el PP ordenó retirar el recurso que pedía la absolución de Bárcenas en la causa que condenó al partido por reformar con dinero B la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de Génova. La actual dirección del partido se desentendió de aquel recurso, y señaló a sus propios servicios jurídicos por, supuestamente, no haberles informado de su existencia. 

Entonces, no se tomó ninguna represalia contra ninguno de los abogados. Con la hoja de servicios que presenta Durán, cualquiera podría pensar que era un intocable para las sucesivas direcciones, que le pusieron al frente tanto de la Oficina de Asesoría Jurídica del PP como del fundamental departamento de ‘Compliance’, clave en casos como el ‘carpetazo’ a la denuncia interna por acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Su caída sorprendió y causó estupor en el ámbito de los tribunales y entre las acusaciones y defensas que participan en las principales causas que permanecen abiertas y que afectan al partido de Gobierno y a exlíderes socialistas como Santos Cerdán o el ya citado Ábalos.

La explicación del PP fue que su letrado de cabecera seguiría dirigiendo la Asesoría Jurídica, y que los cambios se debían a una necesidad de refuerzo de ese área con apoyos externos. “Tuvimos que afrontar dieciséis sumarios a la vez y hubo que reforzar el equipo jurídico”, insisten ahora desde la dirección del PP a preguntas de este medio.

Mientras, fuentes del entorno del abogado explicaron que la razón para apartarle podría estar en diferencias insalvables entre Durán y la vicesecretaria de Regeneración Institucional —y responsable, por tanto, del área de Justicia, Defensa e Interior—, Cuca Gamarra, con quien habría tenido desencuentros por sostener líneas de acción jurídica más duras que las mantenidas por ella. 

Cuando fue apartado, distintos dirigentes del PP no dudaron en señalar a la dirigente riojana. “Eso es cosa de Cuca”, repetían en las conversaciones con los periodistas para quitarse del medio de una decisión que no todos en el partido parecen compartir.

Más allá de esas posibles diferencias, en la ecuación de su caída en desgracia toma fuerza la variable de las posibles reuniones del partido con uno de los principales investigados en las diferentes causas que se mantienen vivas en la Audiencia Nacional: Koldo García.

El PP no niega reuniones de Durán con Koldo

En el PP niegan que su abogado haya ofrecido un millón de euros a Koldo García, a pagar a través de Okdiario, para que mintiera con el objetivo de implicar al Gobierno en su trama de corrupción, tal y como ha denunciado el propio García.

Lo hizo primero la portavoz de campaña, Ester Muñoz, quien en declaraciones públicas en Elda (Alicante) rechazó incluso cualquier contacto entre Durán y Koldo. “A mí esto me recuerda mucho a cuando el señor Koldo también dijo que se había reunido con Tellado y con Alberto, y luego resultó que la UCO demostró que las agendas de Alberto Núñez Feijóo y del señor Tellado no cuadraban con las de Koldo”, afirmó Muñoz, quien obvió que, en aquella declaración, Koldo solo se refirió a un “Alberto” que no se identificaba. Preguntada de nuevo, Muñoz afirmó: “Le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión”.

Desde la dirección del PP matizan esta afirmación: “Le han preguntado por una reunión, que dice Koldo desde la cárcel que se produjo y en la que ofrecemos un millón de euros, y ella ha dicho que esa reunión no ha existido”. Las mismas fuentes insisten: “Ella dice que lo que publican hoy [el supuesto ofrecimiento de un millón] es falso”.

elDiario.es ha preguntado expresamente al PP si existieron o no reuniones de su abogado, Alberto Durán, con Koldo. “No lo sé”, afirman fuentes de la dirección. “Pero con ofrecimientos seguro que no”, zanjan. Casi a la vez que hablaba Ester Muñoz, el dirigente Manuel Cobo negaba también el ofrecimiento en La Sexta. “Es completamente falso que el PP ofreciera nada a Koldo”, dijo quien fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero Cobo tampoco negó reuniones entre el PP y el exasesor de Ábalos. “Koldo es el que se ha movido con todo el que ha podido moverse pidiendo dinero a cambio de revelaciones sobre Pedro Sánchez”, concluyó.

Frente a esta tesis del PP, que sostiene que desde el partido nunca se pagó a García, se alza una realidad: Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial, ha presentado ante el juez del 'caso Leire Díez' dos facturas que demuestran que la editora del periódico de Eduardo Inda, Okdiario, abonó dos facturas por valor de 242.000 euros (IVA incluido) al despacho de la letrada con el concepto 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'. Con esa entrega documental, la letrada pretendía apartarse o desvincularse de la trama que se investiga y que habría tratado de desbaratar procesos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

De la Hoz quería demostrar que la defensa de Koldo no la había pagado el PSOE y, de hecho, ya en su declaración ante el juez como investigada señaló que en caso de que se revelase, iba a “sorprender” quien abonaba su minuta. “No me ha pagado el PSOE ni directa ni indirectamente, un no rotundo, nada que ver con el PSOE”, dijo, para luego añadir que en caso de decirlo la fiscal se iba a llevar “una sorpresa muy grande”.

Con esas facturas, que fueron aportadas junto a las transferencias de los pagos, la pregunta es si, como dice Koldo García, el medio de Inda fue un canal por el que pagar desde el PP al asesor ministerial a cambio de que tirara de la manta. Y ahí cobra especial relevancia la famosa reunión en la que habrían estado presentes tanto Durán como Koldo y que se celebró en el despacho del abogado Ismael Oliver. ¿Sobre qué versó ese encuentro? ¿Existe una grabación de esa reunión que estaría en posesión de Koldo García? A juzgar por su historial, que grabara ese encuentro entra dentro de lo probable (sus propias grabaciones halladas por la UCO han servido para cimentar su condena a 19 años de cárcel).

También cabe preguntarse si ese nuevo audio sería perjudicial para el letrado del PP, un profesional que se ha bregado en situaciones complicadas y que, dada su experiencia, no parece que sea de los que hable más de la cuenta en contactos personales con imputados.

En todo caso, varias fuentes jurídicas consultadas sí recuerdan que el abogado Alberto Durán siempre intentó que las distintas defensas que representaron a Ábalos y a Koldo García se plegaran a una conformidad con la Fiscalía. Lo intentó hasta en los días previos al juicio que acabó con la condena de ambos.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estallaron este jueves una operación en la que se realizaron varios registros y requerimientos en el marco de una pieza separada del caso Koldo en la que se investiga cómo se pudieron canalizar las mordidas que fueron cobradas presuntamente por la trama por el amaño de adjudicaciones de obra pública. En definitiva, cómo se blanqueó o lavó ese dinero proveniente de un ilícito. Fuentes de la investigación confirman a elDiario.es que esta nueva pieza nace de las revelaciones hechas ante el juzgado por el empresario Víctor de Aldama.

Además de esos registros, se produjeron seis detenciones -por la tarde todos quedaron en libertad- entre las que estaban Andrea de la Torre, la pareja actual de José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, un hombre vinculado en el pasado al PSOE y que ya aparecía en informes previos. A pesar de que la causa sigue bajo secreto por orden del magistrado Ismael Moreno, algo que no se prolongará por mucho tiempo, han ido trascendiendo detalles de lo que se indaga en este caso concreto, y fuentes tanto jurídicas como del entorno del exministro coinciden en señalar que lo que se busca es seguir el rastro del dinero.

Y siguiéndolo han ido a parar al madrileño barrio de Vallecas. Allí, Andrea de la Torre tiene en propiedad un local comercial que fue reconvertido en vivienda -en el argot inmobiliario podría hablarse de 'loft'-. ¿Y por qué se fija la UCO en esa vivienda? Porque fue pagado por una sociedad vinculada a Cristian Corvillo. Con esa premisa la triangulación del dinero encajaba para la UCO: Una persona que es pareja del exministro recibe un préstamo de un tercero de aproximadamente 130.000 euros para resolver una hipoteca de un local que es de su propiedad.

Fuentes consultadas por este periódico ofrecen una versión de la operación que podría explicar ese cambio de prestamista (de banco a empresa). Indican que, si bien en su día Andrea tuvo una hipoteca que abonaba religiosamente al BBVA y que contaba con el aval de Ábalos, cuando el político comenzó con sus problemas judiciales la entidad quiso apartarse del 'apestado' exministro y le sacó de ese aval. Ante ese obstáculo, la entidad necesitaba que De la Torre se buscara nuevo avalista, y ahí entró la solución de Corvillo. Éste habría puesto el dinero para cancelar el préstamo hipotecario y Andrea ha ido aportando a Corvillo, más bien a esa mercantil vinculada a él, mensualidades con lo que obtiene de alquilar ese mismo local. Lo alquila porque, después de entrar Ábalos en la cárcel, ella se mudó a la vivienda que tiene el exministro en Valencia (vive gratis y evita que la casa sea okupada, dicen otras fuentes).

Más allá de ese detalle de la investigación, fuentes jurídicas aclaran que los delitos que se investigan en esta nueva pieza son los de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo. Y que para profundizar en cómo se canalizaban fondos se requirió información a Adif y a otros organismos, y se pidió también documentación a constructoras como Azvi. Sobre la figura de Corvillo destacan que está en la investigación porque interviene en operaciones extrañas y tiene relación con distintas empresas contratistas. De hecho este jueves fueron registradas esas empresas.

Cabe recordar que el juez Moreno acordó abrir esta pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. Los investigadores se personaron este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro.

Los contratos requeridos por la UCO en Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Las adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado tanto en el domicilio de Ábalos en Valencia como en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones de ayer se extendieron por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba fue arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados 'sanchistas' en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes se llevaron varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha decidido citar a la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para que declare como testigo de un supuesto plan para atentar contra la jueza Beatriz Biedma, quien llevó la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Leire Díez, donde se investiga una presunta trama orquestada por la exmilitante socialista y por quien fuera secretario de Organización Santos Cerdán para entorpecer causas e investigaciones que afectaban al PSOE, ha fijado la declaración en plena campaña electoral, a tan solo cinco dias de las elecciones del 29 de noviembre, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes jurídicas indican que, a pesar de la fecha tan próxima a las elecciones, se ha decidido seguir adelante con su citación porque es una declaración que esperan que no aporte nada de relevancia o novedoso a la causa dado que ya declaró ante la Guardia Civil.

En un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía las declaraciones en sede policial de hasta cuatro testigos en relación con esas actividades que la trama investigada pudo llevar a cabo para entorpecer la investigación abierta en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Uno de esos testigos, Cintia Rocho, apodada 'La Celsa', explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma.

Según recoge el atestado, Cintia Rocho recordó de esa conversación telefónica que el exjuez le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”. Añadió que le llamó la atención que agregara que “a palos aprende el burro”. 'La Celsa' había contactado con el exjuez a través de los comentarios de un canal de YouTube en el que Sáenz de Tejada acostumbraba a hablar de la supuesta mafia judicial que a su juicio campaba a sus anchas en esa provincia extremeña. Esa conversación se habría producido en algún momento posterior al 23 de diciembre de 2024, cuando el hermano del presidente del Gobierno se encontraba ya investigado en el caso por el que fue finalmente condenado.

Tras esa conversación, y al ser preguntada por los agentes de la UCO, 'La Celsa' dijo que esas manifestaciones de Sáenz de Tejada se situarían “en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando la intención de causar un daño físico a la magistrada”. Este entrecomillado, no obstante, no es de la propia Cintia Rocho sino una interpretación que realiza la UCO en su informe. Según el atestado, la respuesta de 'La Celsa' ante esa proposición fue de rechazo: “Si bien en un primer momento no estaba dispuesta a ello, mucho menos después de esa llamada, ya que entendió que querían causarle daño físico”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por haberse quedado con unas joyas que debía haber entregado a Patrimonio del Estado y que, según el expresidente del Gobierno, recibió en 2007.

De este modo, Calama rechaza la tesis de Anticorrupción, que en un escrito aseguro que los bienes recibidos por la autoridad deben integrarse en el patrimonio público. La fiscal del caso aprovechaba la explicación de Zapatero de que las joyas más valiosas del ajuar que se le incautó en mayo procedían de un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, cuando era presidente del Gobierno y el monarca visitó España en visita oficial.

Sin embargo, para Calama, la interpretación del fiscal es una construcción interpretativa elaborada 'ex post', esto es, utilizando una normativa legal que no estaba vigente entonces. En aquel momento, razona el juez, ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración.

En este sentido, Calama indica en su auto que no fue hasta la publicación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cuando se estableció expresamente que los altos cargos no podrán aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía y que aquellos obsequios de relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente.

Frente a ello, dice Calama, no puede atribuirse eficacia integradora del tipo penal al Código de Buen Gobierno aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de febrero de 2005. Ese Código Ético no tenía ningún efecto legal. Dicho instrumento, según el juez, “poseía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación. Admitir lo contrario supondría convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal, conclusión incompatible con las exigencias derivadas del principio de legalidad”.

El juez examina la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el delito de malversación de caudales públicos y explica que, en todos los casos, los bienes presuntamente malversados, aun no habiéndose incorporado a las arcas públicas poseían ya naturaleza pública porque existía un título jurídico previo que determinaba su adscripción necesaria a la Administración.

Precisamente por existir esa previa vocación pública de los bienes, lo que la jurisprudencia citada trata de evitar “es que el autor pueda sustraerse a la aplicación del delito de malversación impidiendo voluntariamente la formalización contable de fondos que ya pertenecen o están destinados a pertenecer a la Administración”. “Ahora bien, de ello no se desprende que la mera recepción de un bien por razón del cargo determine su incorporación automática al patrimonio público”, añade.

En ese sentido, el juez indica que en los supuestos examinados por el TS existía una obligación previa y jurídicamente exigible de incorporación al patrimonio público. Sin embargo, en el caso ahora analizado argumenta que se pretende deducir esa consecuencia de una construcción interpretativa elaborada ex post, ya que al tiempo de los hechos ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedasen automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración.

Mientras en todos los precedentes invocados la Administración ostentaba un título jurídico previo sobre los bienes o una expectativa de adquisición expresamente reconocida por el ordenamiento, en el caso de las joyas incautadas, dicha expectativa, dice el instructor, únicamente podría construirse a partir de una normativa posterior a los hechos o de un código de conducta desprovisto de eficacia normativa suficiente para integrar elementos del tipo penal.

La consecuencia de acoger la tesis del Ministerio Fiscal sería, según Calama, sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva del tipo penal, extendiendo la noción de patrimonio público a un supuesto no contemplado por el legislador en el momento de los hechos y, respecto del cual, el ciudadano no podía conocer razonablemente que la apropiación del bien pudiera integrar un delito de malversación.

“En definitiva, aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo, al no existir al tiempo de los hechos una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal. Por ello, falta uno de los elementos esenciales del tipo objetivo de la malversación, lo que impide la subsunción de los hechos en dicho precepto, y, por tanto, la imputación solicitada”, concluye.

En otro auto, el magistrado acuerda paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto de Rodríguez Zapatero, su mujer sus hijas, así como del investigado Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos. Hacienda había preguntado al juez, de acuerdo al procedimiento, porque la vía penal suele superponerse a la investigación de la Administración tributaria.

El equipo legal del filántropo millonario James 'Fergie' Cox Chambers, reclamado por EEUU a España acusado de colaborar financieramente con Hamás, ha denunciado ante la Audiencia Nacional que las autoridades estadounidenses alteraron de “mala fe” las traducciones que fueron aportadas ante este tribunal especial del soporte documental del caso contra él con el objetivo de elevar la gravedad de los hechos que se le atribuían.

En un escrito presentado por la defensa ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que esa traducción elaborada por EEUU tiene “errores y alteraciones de sentido” que inciden en la calificación de los hechos que se le imputan a Chambers. Por eso, interesa al juzgado una comprobación independiente antes de resolver sobre la entrega del activista. Se da la circunstancia de que este escrito se presenta días antes de la celebración de la vista de extradición, que está fijada para el 13 de noviembre. Chambers se ha negado a ser extraditado y afirma que sufre una persecución política del presidente de EEUU, Donald Trump.

La representación legal de Chambers coteja las versiones en inglés y en español facilitadas por EEUU y recalca que se detectan discordancias que provocan que “se hayan añadido hechos incriminatorios ficticiamente y en presunta mala fe”. Como ejemplos, destaca que se ha traducido la expresión 'acción directa' como 'actos de violencia directa'; se han incorporado a los hechos relacionados con las protestas contra Elbit Sistems 'tres incendios' que no aparecían en el original en inglés; o se ha cambiado la expresión 'activación' de botes de humo por la de 'detonación'. Y lamenta que todas esas traducciones incorporadas al procedimiento español no estaban en la documentación original.

También menciona que, por ejemplo, el uso de la expresión 'violentas' tiene una incidencia clara en el principio de la doble incriminación —que un hecho sea delito en ambos países— porque el artículo 557 del Código Penal indica que debe existir violencia o intimidación.Y resalta que, de hecho, esa traducción afectó al informe del fiscal del caso. “Por lo tanto (...), la traducción al español remitida por Estados Unidos, donde introduce términos maliciosos, ha conseguido ya inducir a error a nuestras autoridades”, subraya.

La defensa señala que esto es relevante porque incluyen presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría y considera que existen motivos para sospechar que las alteraciones pueden responder a un ejercicio de mala fe de EEUU dirigido a inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición.

Añade que esas modificaciones han llevado a que las autoridades españolas hayan vinculado a Chambers con la “promoción de actividades terroristas”, algo que, en realidad, no estaba entre las imputaciones de EEUU. Indica así que en hasta cuatro ocasiones se recogen conversaciones de terceros relacionados con Chambers en las que se habla (en la traducción al español) de 'actividades de terrorismo global' cuando la expresión original tenía un sentido figurativo y en tono especulativo porque se hablaba del 'juego del terrorismo global'. “Llamativamente, se incorpora en forma ficticia en la traducción al español”, lamenta la defensa.

Por todo esto, la defensa considera que la Audiencia Nacional “no puede resolver la libertad o la entrega de una persona sobre hechos nacidos de una traducción viciada que adiciona ficticiamente violencia, incendios y demás elementos que no son reales”. Por eso, interesa que se depure inmediatamente la documental preservando los originales para así asegurar una eventual resolución “utilice como hechos las palabras añadidas o las inferencias indebidamente atribuidas al reclamado”.

Los delitos imputados a Chambers

La defensa recuerda que EEUU acusa al activista de delitos de blanqueo, desórdenes y de conspiración para causar desórdenes. Sobre estos dos últimos delitos, indica, hacen referencia a protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en EEUU. Recuerda que esos hechos ya fueron juzgados, y que hubo condenas de 60 días a otros activistas, mientras que ahora se solicitan 5 años de prisión para Chambers. Además, sostienen que el delito de conspiración para cometer estos desórdenes en España no es un elemento punible.

Sobre el blanqueo de capitales, explica que EEUU no reprocha el origen de los fondos, sino la afinidad ideológica de su destino. La solicitud de extradición habla en concreto de una cantidad de 7,5 millones de dólares transferidos a Túnez. Su defensa sostiene que esa transferencia de dinero “transparente y justificada” se utilizó para proporcionar ayuda económica al club tunecino Africain en un acto de filantropía. Por contra, Estados Unidos entiende que esa transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha identificado gracias al análisis de vídeos a dos altos mandos policiales marroquíes que estuvieron presentes en la frontera con Ceuta al momento en el que se produjo la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Se trata del prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamend El Oualidi, y del supervisor general de Castillejos, Abdel Fattah El Sayed El Radi. Ambos ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones de los miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos en la región.

En un oficio entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional explica que esas identificaciones se obtienen de vídeos publicados por medios marroquíes y recalca que ambos son localizados en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal (Ceuta). Explica que fueron identificados en la zona donde “desarrollan su actividad como altos cargos de la administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público.

Sobre el primero, Mohamed El Oualidi, el oficio remitido a la Audiencia Nacional resalta que es un destacado alto cargo de la seguridad pública en Marruecos, conocido principalmente por su extensa labor en la DGSN y por su rol como jefe de policía de la Prefectura de Tetuán. Indica que fue identificado “en numerosos videos publicados (hasta 20) en relación con los días del asalto masivo de inmigrantes en las inmediaciones de la frontera de Fnideq.

El segundo, Abdel Fattah Sayed el Radi, también aparece en numerosos videos en las inmediaciones de la frontera con Ceuta durante la entrada masiva, pero acompañando a Mohammed El Oualidi. Añaden que cuenta con una larga trayectoria como miembro de la seguridad marroquí que le ha llevado a liderar operaciones clave en el norte del país. Antes de asumir la jefatura de seguridad en Mdiq-Fnideq en 2017, estuvo al frente del dispositivo policial en Larache.

La Policía recuerda que este segundo mando policial fue señalado “como agente dinamizador en el informe emitido por el CENIF sobre el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta del 30 y 31 de Julio de 2026”.

Este oficio de la Comisaría General de Información de la Policía ha sido entregado a la magistrada María Tardón respondiendo a la encomienda recibida de “identificar a personas, grupos u organizaciones que pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la Ciudad Autónoma de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio de 2026.

El informe concluye que dados los puestos de responsabilidad que en el ámbito del orden público ostentan Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, seguirán analizando el material disponible “con el fin de conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando”.

El juicio por el supuesto amaño de los contratos de construcción del campo de golf que el Partido Popular levantó en el centro de Madrid ha quedado este jueves visto para sentencia. La fiscal Ana Cuenca ha defendido en su informe de conclusiones que hay una “prueba abrumadora” para condenar a Ignacio González en su primer proceso por corrupción. La representante del Ministerio Público ha acusado al expresidente de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía el Canal de Isabel II, de actuar de forma “preordenada” para “permitir enriquecerse” a sus familiares “a cambio de hacer nada” y “a costa de los fondos públicos del Canal”.

La Fiscalía, que ha pedido al tribunal que dicte “una sentencia ejemplar”, ha reducido de seis a cinco años de cárcel la pena de prisión para González y el resto de acusados dado que han pasado cinco años a la espera de juicio. Durante su exposición, la representante de Anticorrupción ha dejado caer la posibilidad de querellarse contra la mujer de González, Lourdes Cavero, por “mentir descaradamente” sobre la vinculación de Dragados con las obras del jardín de la casa de ambos. 

González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho por presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones de Canal de Isabel II para beneficiar supuestamente a su hermano y su cuñado en 2004 y 2006, cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía dicho ente público.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón. 

Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, ha detallado la fiscal. Y que, a su vez, tuvo que recurrir a otras sociedades —Onlygolf y Fieldturf— para hacer los trabajos. A ambas le impusieron una mordida del 8%. 

“Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, ha expuesto la fiscal.

Un plan “preordenado”

Durante su informe, la representante de Anticorrupción ha detallado la secuencia temporal que, a su juicio, evidencia que todo fue un plan “preordenado” para beneficiar a los familiares de González. Ha explicado que hay documentos de los meses de junio y julio de 2004 que muestran que “ya se había cerrado” ese proyecto de modificado a pesar de que “no vio la luz hasta octubre de 2005” y de que la adjudicación definitiva en el Consejo de Administración del Canal no tuvo lugar hasta el 19 de julio de 2006. 

A este respecto, la fiscal ha subrayado que, en junio, un mes antes de que se hiciera esa adjudicación definitiva, Dragados ya había cerrado con TCT su contratación. Y esta, a su vez, la subcontratación a OnlyGolf. “Fue tal el descaro y la seguridad con que actuaron los acusados que no se preocuparon en evitar dejar un rastro documental que se incautó gracias a las entradas y registros ordenadas por el instructor (...). No en vano detrás estaba quien estaba”, ha dicho la fiscal Ana Cuenca. 

Como ejemplo de lo “descaradamente preordenada” que estaba la adjudicación, la representante de Anticorrupción ha aludido a un viaje a Nueva York sufragado por OnlyGolf en mayo de 2006. A ese viaje fueron varios miembros del Canal para visitar un campo de golf urbano como el que se acabó construyendo en Madrid. El viaje se realizó en mayo de 2006, dos meses antes de la adjudicación. “Todavía no habíamos adjudicado definitivamente el modificado y ya estábamos ejecutando estos trabajos”, ha explicado la fiscal.

La representante de Anticorrupción ha afirmado que Dragados también “ganó” con ese contrato del modificado de 16 millones de euros. No obstante, ha admitido que durante los instrucción no se pudo llegar a los “responsables últimos” de la compañía y que algunos “incluso ya estaban fallecidos”, por lo que nunca se llegó a actuar contra ellos. Además, los hechos son previos a reforma que, a partir de 2010, incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El jardín de la casa de González

La fiscal también se ha referido a la reforma del jardín de la casa de González después de que se adjudicara el contrato del Canal. Así, ha asegurado que fue Dragados quien “negoció” esa reforma con Lucía Serredi, la paisajista que los llevó a cabo. “Fue Dragados quien llegó a determinar con la paisajista que finalmente le pagarían 9.000 euros”. Ese dinero fue abonado en metálico por la mujer de González “en un momento en el que se estaban recibiendo, también en metálico, las cantidades que cobraba TCT”, ha dicho la fiscal.

Este miércoles, González negó que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, respondió cuando la fiscal le dijo si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa.

“Yo esos documentos no los reconozco (...). Dragados no intervino absolutamente para nada en el jardín de mi casa”, dijo, por su parte, Lourdes Cavero, cuando la fiscal le exhibió esas facturas en otra de las sesiones del juicio. La mujer de González compareció como testigo y, por tanto, con la obligación de verdad. La fiscal considera que mintió “descaradamente”, por lo que ha anunciado que valora querellarse contra ella por falso testimonio.

La defensa de Ignacio González dice que no hay “ni una prueba”

En su informe, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, ha dicho que no hay “ni una prueba” contra él y ha pedido su absolución. El letrado ha cargado contra las acusaciones por basarse en “insinuaciones” sustentadas en el cargo que ocupaba su cliente en el Canal de Isabel II y su relación de parentesco.

“Hay muchos controles, hay muchas personas que intervienen, hay muchas instancias que podrían estar corruptas, pero que me digan cuál. Ni una sola de las personas que han venido a testificar, ni los peritos han respaldado ni esa corrupción, ni esa trama, ni la intervención de don Ignacio González en los hechos sujetos de enjuiciamiento”, ha defendido.

“En el derecho penal moderno la responsabilidad penal es personal. No se condena a familias, como en otros tiempos, ni a pueblos, ni a razas”, ha defenido el letrado, quien ha destacado que las adjudicaciones fueron adoptadas por unanimidad por un Consejo de Administración de 15 personas “de las cuales solo dos figuran aquí como acusados”.

Los seis detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo han quedado en libertad esta tarde, según confirman fuentes próximas a la investigación. El magistrado Ismael Moreno había instruido acerca de que fueran arrestado a efectos de estar presentes en los registros y para ofrecerles declarar ante la Guardia Civil pero que quedaran en libertad después a la espera de que él los cite a declarar en calidad de investigados. Los seis arrestados se han negado a declarar ante los agentes.

El juez Moreno ha abierto una pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciónes en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. La apertura de la pieza se produce a partir de la presentación al juez, por parte de la UCO, de un atestado con los indicios contra los investigados.

Los investigadores se han personado este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro. Los contratos requeridos por la UCO este jueves a la empresa pública corr en la sede de Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Llas adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Otros agentes de la UCO se han personado en la casa de Ábalos en Valencia y han procedido a su registro dentro del segundo tramo de la investigación, el presunto blanqueo de las cantidades obtenidas de los amaños de contratos públicos. Allí vive Andrea de la Torre, pareja sentimental del exministro, que ha sido detenida. De la Torre se ha negado a prestar declaración ante los agentes. Fuentes de su defensa explican que De la Torre ha sido puesta en libertad por la tarde, antes de las 18.00 horas, después de que fuera trasladada a Comandancia y tras negarse a declarar ante los agentes.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones se extienden por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba ha sido arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados sanchistas en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes de han llevado varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

En el marco del caso Koldo/Cerdán de la Audiencia Nacional se investigan, entre otros presuntos delitos, las irregularidades en la concesión de obra pública desde el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. En otra pieza de esta misma causa dedicada a estos manejos permanece investigado el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El operativo se desarrolla desde primera hora de la mañana y en el mismo participa la Fiscalía Anticorrupción.

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación dentro del propio 'caso Koldo'. La pieza principal gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Parte de ese caso ya fue juzgado y sentenciado por el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de José Luis Ábalos, que renunció a su acta de diputado en enero de este año.

Cuando Ábalos dejó su escaño, este mismo magistrado asumió la parte relativa a la obra pública, en la que se investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas.

Moreno también investiga bajo secreto los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En concreto, por la sospecha de que el exministro socialista y Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el partido a la hora de devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de no enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para esclarecer el origen de las joyas que se le encontraron en una caja fuerte y que el expresidente atribuye a un regalo del rey del país en 2007. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Zapatero rebate la tesis de la Fiscalía y el magistrado cuando inciden en que el expresidente no incluyó los tres juegos de joyas en la declaración de obsequios que redactó al dejar el Palacio de La Moncloa. “Este dato, precisamente, en lo que abunda es en el carácter estrictamente personal del obsequio, y en absoluto desdice o desacredita lo relatado por mi representado, ni pueden poner en cuestión su exposición de lo sucedido”, escribe el letrado Víctor Moreno Catena. 

El abogado asegura que el criterio del juez impide que quien hace el regalo decida en calidad de qué lo hace. “La afirmación del auto impediría un tratamiento efectivamente diferenciado de unos y y otros objetos por la libre voluntad de quien realiza el regalo, y que este tratamiento diferente se debe producir por el distinto carácter o naturaleza que este le atribuye a los obsequios, institucionales unos y estrictamente personales otros”, añade el recurso.

El letrado se queja de la vulneración del derecho a la defensa de Zapatero que supone atribuirle un delito fiscal por “la mera tenencia de unas joyas, sin mayores diligencias de comprobación con autoridades fiscales o aduaneras”. “Ese modo de parecer invierte la lógica del procedimiento penal porque no preserva la presunción de inocencia”, continúa.

Moreno Catena critica que la imputación por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando se produjo sin practicar una “liquidación provisional” por parte de la Agencia Tributaria. Tampoco consta, añade, qué tributo y ejercicio fiscal es el que acogió el delito fiscal. Por su parte, el contrabando “parte de la sospecha de que el señor Zapatero hubiera introducido esas joyas en territorio español sin prestar declaración aduanera, pero carece de cualquier asidero fáctico”.

La defensa de Zapatero considera incongruente que el juez haya trasladado la oportunidad de “determinar cuándo se produjo la incorporación del elemento patrimonial al patrimonio del interesado”, como elemento esencial de la pieza separada que se le ha abierto, y, por otro lado, se niegue a preguntar a Arabia Saudí a través de una comisión rogatoria internacional. “Es una diligencia de todo punto útil y pertinente”, destaca.

El escrito rebate igualmente la posición de la Fiscalía acerca de que las cartas enviadas por Zapatero a la Casa Real de Arabia Saudí no presentan un sello que acredite su envío. “En su condición de ciudadano particular –alega–, pero también de expresidente del Gobierno de España, Zapatero no ha presentado ante la Embajadora una petición de naturaleza administrativa y de carácter burocrático, sino una petición de índole diferente dirigida a la Corte Real saudí”. Zapatero alega que no ha recibido respuesta expresa aunque que se le ha indicado que el conducto que quiere Arabia Saudí es el de la “cooperación judicial”.

Tampoco sirve, continúa, que se le acuse de no haber dado explicaciones desde su imputación en mayo y el hallazgo de las joyas. “Mi representado ha intentado desde un primer momento obtener por sus propios medios la confirmación del regalo y la razón de que no se haya presentado su escrito hasta el mes de septiembre es, precisamente, poder dar una explicación asentada en prueba documental que, lamentablemente, no ha podido obtener por sí mismo”, añade el abogado.

El Tribunal Supremo ha rechazado varias denuncias y querellas con las que Vox y Manos Limpias pedían la imputación de Pedro Sánchez y varios ministros por la crisis de Ceuta. Los jueces de la Sala de lo Penal reprochan que estas acciones penales no especifican la concreta intervención de cada uno en la crisis migratoria y también recuerdan que una jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga allí si las autoridades pudieron tener algún tipo de responsabilidad.

La crisis migratoria de Ceuta arrancó en los últimos días del pasado mes de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron por diversos puntos la frontera de la Ciudad Autónoma, entrando de forma irregular en el país. La Audiencia Nacional abrió una investigación para dilucidar si las autoridades de Marruecos pudieron promover de alguna manera la avalancha de gente o si las autoridades españolas ignoraron avisos que podrían haber prevenido la situación.

En paralelo, tanto Vox como Manos Limpias como varios particulares acudieron al Tribunal Supremo para escalar la investigación directamente a lo más alto del Gobierno. Acusaron a Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros, pero sobre todo a los titulares de las carteras de Defensa, Sanidad e Interior, de delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones, entre otros. La respuesta del Supremo a abrir una causa contra el Ejecutivo ha sido negativa.

Los magistrados de la Sala de lo Penal reprochan, en primer lugar, que ni Vox ni Manos Limpias consiguen explicar qué hecho concreto atribuyen a cada miembro del Gobierno. “No aportan un enlace individualizado suficiente entre cada aforado y las decisiones u omisiones que se denuncian”. Las denuncias y querellas aportaban alertas, comunicaciones o noticias sobre los informes del CNI para denunciar la “insuficiencia” del dispositivo de protección de la frontera. Pero eso no permite “todavía”, dice el Supremo, precisar “la intervención de cada uno de ellos ni el alcance penal de las decisiones u omisiones que se les atribuyen”.

El Supremo se limita también a dejar todo en manos de la Audiencia Nacional y la jueza María Tardón, que fue la primera en abrir una causa para analizar la crisis migratoria. En ese sentido, los jueces de la Sala explican que es necesario determinar “quién dispuso de la información relevante, qué decisiones adoptó, qué medios estuvieron efectivamente a su alcance y qué intervención tuvo en el desarrollo de los acontecimientos”.

Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez, insiste en que la Audiencia Nacional debe investigar si hubo un plan para atentar contra ella en el marco de la presunta trama dirigida por la exmilitante Leire Díez y vinculada al PSOE. En un escrito, reclama al juez Santiago Pedraz que cite como testigo a Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’, la jefa de un clan de Badajoz que aseguró a la Guardia Civil que el exjuez Luis Sáenz de Tejada dijo en una conversación con ella que “había que eliminar” a Biedma. 

El juez Pedraz ya rechazó hace tres semanas interrogar a Cintia Rocho. Alegó que ya había citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez. En su declaración en la Audiencia Nacional, Sáenz de Tejada negó “rotundamente” haber contactado con Cintia Rocho para proponerle atentar contra Beatriz Biedma. Esta última, por su parte, relató que sintió “temor” pero que no le influyó en sus resoluciones sobre David Sánchez.

La abogada de la jueza alude de nuevo a una anotación que aparece en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Según el escrito, la investigación no puede descartar la hipótesis del ataque contra ella dado que otras anotaciones de las agendas de la exmilitante sí han tenido “reflejo objetivo en la realidad”. Es el caso, afirma, de las denuncias presentadas contra ella ante la Fiscalía General del Estado o los intentos de recusación. 

Eso, a juicio de la magistrada, dota de “mayor probabilidad y credibilidad a la existencia del contacto con Cintia Rocho (...) y a las advertencias expresas de Leire Díez de que la estrategia desplegada para frenar el procedimiento iba ‘mucho más allá de acciones en medios’”. 

El escrito de la magistrada fundamenta la petición de interrogatorio en las conclusiones del informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 6 de octubre. Ante los investigadores, Cíntia Rocho declaró haber recibido una llamada del exjuez Sáenz de Tejada en la que este tildó a la instructora de “puto grano en el culo”, dijo que había dicho que “había que eliminarla” y que “a palos aprende el burro”. Son expresiones que la mujer interpretó como la intención de infligir un daño físico a la jueza. 

Además de la citación de Cintia Rocho, la representación de Biedma pide a Pedraz que libre un oficio a la Comisaría de la Policía Nacional de Badajoz para obtener el atestado policial en el que figura identificado el titular del perfil ficticio de Facebook “José García Fernández”. Este perfil anónimo contactó con Rocho para proponerle “hacer una limpieza de los Juzgados” y guarda relación directa con Sáenz de Tejada. Ambos han llegado a aparecer juntos en grabaciones difundidas en su canal de YouTube, según Biedma.

La Agencia Tributaria, en servicio de auxilio judicial, ha presentado un nuevo informe ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un fraude en el IVA del sector de los hidrocarburos y en el que se instrumentalizó a la operadora Villafuel. Si bien la causa ya cuenta con informes que profundizan en cómo se perfeccionaba ese delito, en este nuevo documento el funcionario de Hacienda ofrece un dato relevante: el 11 por ciento de lo defraudado se canalizaba “desde las sociedades interpuestas a través de presuntos contratos de asesoramiento”.

Este dato cobra relevancia al hacer un cálculo rápido: si el dinero presuntamente defraudado por la presunta trama que lideraban el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas ascendía a 181 millones entre los años 2022 y 2024, ese once por ciento ascendería a 20 millones. Esa cantidad se habría transformado en esos contratos de asesoramiento 'fake' que se formalizaban fundamentalmente como comisiones de venta.

Estos contratos, indica el informe, se formalizaban especialmente con entidades ubicadas en Portugal, y algunas de esas mercantiles reintroducían estos fondos a través de inversiones en España. El objetivo era “deslocalizar los ingresos y dificultar o impedir el seguimiento de los fondos defraudados”. Y añade que también se detectaron salidas de fondos hacia China. Y resalta el inspector de Hacienda que todas esas salidas de fondos “podrían ser indiciarias de un presunto vaciamiento patrimonial de las sociedades involucradas en la trama a los efectos de dificultar el cobro y recuperación de las cantidades defraudadas”.

Según explica el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ya está en la mesa del juez instructor, “existe un claro patrón” cuando se analizan las operativas realizadas en las siete sociedades interpuestas por la trama para hacer desaparecer el IVA. El 21 por ciento de esas cuotas defraudadas y no ingresadas al erario público se repartía de esta manera: el 11 por ciento en ese “asesoramiento” y el otro 10 por ciento se dedicaba a “rebajar el precio de venta ofertado a sus clientes finales”. Este segundo movimiento permitía manejar precios de venta muy reducidos, “lo que supuso una ventaja competitiva en el mercado de hidrocarburos”.

La reintroducción de fondos

El informe explica que los beneficios obtenidos con las actividades de la trama fueron, en una parte relevante, desviados por las sociedades interpuestas a cuentas bancarias y que algunas de ellas estaban situadas en el extranjero. Añade que, con posterioridad, “dichos fondos fueron parcialmente retornados a España en forma de inversiones inmobiliarias, societarias y de gastos de consumo privado, ”cuyos beneficiarios han sido los principales responsables de la trama descrita (Víctor de Aldama y Claudio Rivas)“. Para la Agencia Tributaria estas conductas ”pueden ser constitutivas de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales“.

Precisamente, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue conocido a finales de septiembre, cifraba en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, operadora que se ubica en el centro de la trama de hidrocarburos.

Hacienda señala ahora, por otro lado, que Villafuel como las siete sociedades interpuestas “se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles”. Añade que las entidades interpuestas sólo tienen a Villafuel como proveedor de productos petrolíferos y presentan unos rasgos comunes: “sus administradores y socios tienen perfil de testaferros; apenas disponen de una estructura empresarial o profesional; su vida operativa es muy breve; carecen de capital y fondos propios relevantes; y tienen una misma red comercial y cartera de clientes que se van sucediendo”.

Y añade que la clave para hacer viable la estructura defraudatoria era apropiarse de la cuota de IVA para rebajar precios y expulsar del mercado a otros operadores que cumplen con la normativa tributaria.

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que valora si este tribunal especial es competente para investigar al cantante Julio Iglesias, ha solicitado a las dos extrabajadoras que presentaron la querella que acrediten que se cumple con el requisito de doble incriminación en este caso concreto. Es decir, que los hechos por los que se solicita que se investigue al artista en España son también delito en los países en los que presuntamente ocurrieron, en este caso Bahamas y República Dominicana.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que el magistrado no solo habría acordado esta diligencia, que ya ha sido respondida por la representación legal de las dos extrabajadoras, sino que también ha reclamado que se le facilite el expediente preprocesal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ese expediente es en el que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, concluyó que la denuncia presentada previamente ante el Ministerio Público no podía ser admitida por falta de competencia de los juzgados españoles. Frente a esa primera conclusión de Durántez, el pasado 14 de octubre trascendió que el fiscal Vicente González Mota sostuvo que este tribunal especial sí era competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias.

Sobre la respuesta de las querellantes al requerimiento del juez Piña, fuentes jurídicas explican que ya fue remitida este lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6 y que complementa un resumen que estaba incluido en la querella en la que se sostenía que se daba ese requisito de la doble incriminación. El nuevo informe incluye extractos de la legislación penal y procesal de Bahamas y República Dominicana, además de hasta doce documentos anexados que sustentan la doble incriminación en este caso particular.

Por otro lado, y en paralelo a estas diligencias, las extrabajadoras han presentado un recurso de apelación, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en el que se solicita que se revoque la resolución por la que el magistrado daba acceso a la defensa del cantante a la querella y se le daba traslado para presentar alegaciones a la jurisdicción. Y esto sin haber tomado medidas de protección a las querellantes, aun cuando se pidieron en la misma querella y en repetidas ocasiones.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

Según el comunicado Women’s Link por el que se anunciaba la querella los testimonios de las extrabajadoras revelan que “el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”. Describieron que Iglesias “las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue quién es el autor del punzón que figura en las joyas de más valor que le fueron incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En una providencia recogida por Europa Press, el instructor del 'caso Plus Ultra' explica que la Policía “deberá solicitar” la colaboración de Interpol y Europol si lo considera necesario, todo ello con el objetivo de esclarecer quién se encargó de realizar el punzonado de las piezas. 

El magistrado da este paso después de recibir el segundo informe pericial de las joyas intervenidas al expresidente socialista elaborado por la joyería Yanes, que valoró en 1,02 millones de euros las piezas y apuntó como hipótesis “muy probable” que fueran de origen asiático. 

En concreto, el informe de Yanes señaló que “la valoración identificativa” de las joyas “aporta un elemento importante, que es un punzonado muy específico presente en todas las piezas”. 

“Si bien en él se refleja la ley del metal como 18K, aporta además una letra T (de especial diseño) incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados, imagen que, con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen”, explicó.

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. 

El juez también imputó al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de las joyas de su despacho, que en una tasación preliminar arrojaron un valor de 1,3 millones de euros. 

Zapatero atribuyó el origen de estas joyas a un regalo del rey de Arabia Saudí tras una visita oficial a España en junio de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apunta que el expresidente pudo haber cometido un presunto delito de malversación al quedarse este regalo y no entregarlo a Patrimonio del Estado.

La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra ha liquidado ya el contrato de las obras contenidas en el proyecto de construcción de la obra de duplicación del túnel de Belate por “desistimiento expreso” de las partes: Gobierno de Navarra y Túnel Belate UTE. Además, se insta a Túnel Belate UTE a que finalice los trabajos de cierre y seguimiento de la obra conforme al documento denominado 'Plan de cierre temporal para la obra de duplicación del túnel de Belate'.

El Gobierno de Navarra comunicó el pasado 29 de septiembre la propuesta de resolución del contrato por desistimiento expreso de las partes a Túnel de Belate UTE, que manifiesta su no oposición mediante escrito firmado el pasado 5 de octubre.

El de Belate es el contrato más elevado adjudicado por su Ejecutivo a las empresas que investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno por corrupción. Recayó por 76 millones de euros en Acciona, la local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco de empezarse las obras, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste de 8,3 millones de euros que justificaban por razones técnicas y de proyecto. El Departamento de Cohesión Territorial, del que depende Obras Públicas, lo tramitó como un modificado, pero a la hora de abonarlo, un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que no estaba debidamente justificado. Este hecho se cobró el cargo del director general Pedro López Vera tras una importante crisis entre los socios del Gobierno.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Ahora, y tras no encontrar otra solución, el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato “por desistimiento expreso de las partes” para así poder abrir una nueva licitación, que la obra “continúe” y cumplir “los plazos de la Comisión Europea”, que amenazó a Navarra a cerrar la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún por incumplir la normativa de túneles al no estar desdoblados. 

Con fecha 20 de octubre de 2026, el director de obra presentó un informe sobre la situación de las obras, que incluye un documento con una relación de trabajos pendientes de realizar por la UTE para “garantizar la seguridad de las obras e imposibilitar el acceso a cualquier persona externa a las mismas”, han explicado en un comunicado desde el Ejecutivo foral. También se incluye un plan de auscultación donde se definen los controles que hay que realizar hasta que se reanuden los trabajos. Este documento ha sido remitido a la autoridad minera, dependiente del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial.

Una vez resuelto el contrato, en el plazo máximo de 15 días, desde la notificación, se procederá a la elaboración y firma del acta de recepción de los trabajos, dando lugar al inicio del plazo de garantía de tres años de la obra ejecutada. En el plazo máximo de dos meses desde la firma de este acta se presentará la certificación final de las obras. La liquidación será una vez haya finalizado el plazo de la garantía.

Cientos de personas se han manifestado este sábado por la tarde en Bilbao convocados por la organización Aske, vinculada a la coordinadora Jardun, para exigir la puesta en libertad de Aratz Bilbao y Malen Grünig, detenidos el 17 de octubre en Irún, acusados de supuesto delito de terrorismo y que ingresaron en prisión provisional por orden del juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional). El auto los acusaba de tener planos de “zulos” de ETA, planes para “actos violentos”, “listados” de agentes y de matrículas y hasta el contenido “íntegro” del móvil de un policía.

La manifestación ha partido poco antes de las 18:30 horas de la plaza Elíptica de la capital vizcaína con el lema 'Muntai polizialik ez!' (No al montaje policial) para dirigirse a la plaza de Arriaga, pasando por una Gran Vía con comercios cerrados y escaparates protegidos ante la alarma social creada por los llamamientos a manifestarse y a saqueos por parte del movimiento 'Blocus', según recoge Europa Press.

Antes de comenzar la manifestación de Aske, en la que se han proferido gritos de “Malen eta Aratz askatu” (“libertad para Malen y Aratz”), Izpiñe Bidaurrazaga, miembro de Aske, en declaraciones realizadas en euskera, ha señalado que su pretensión con la movilización era denunciar “el montaje policial” y el intento de “criminalizar” a los encarcelados, a los que quieren mostrar su “apoyo”. “Nuestro objetivo hoy no es generar altercados de ningún tipo, sino mostrar nuestra cercanía (a los detenidos) y hacer frente a la campaña mediática”, ha asegurado.

Cientos de personas se han sumado a la marcha, en la que además de exigir la libertad de Aratz y Malen, han gritado lemas como “Borroka da bide bakarra” (“La lucha es el único camino”) o “Presoak kalera, amnistia osoa” (“Los presos a la calle, amnistía general”). En la Gran Vía se podían ver efectivos de antidisturbios de la Ertzaintza para velar por la seguridad, en previsión de posibles algaradas.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, es la única responsable de la incorporación al sumario de la dirección del correo electrónico y mensajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que acabaron publicados en Okdiario. En el atestado, los agentes aseguran que trasladaron a Biedma que, en aquel momento, el contenido de esa información “no parecía tener relevancia para el objeto de la investigación”, tal y como quedó acreditado más tarde. “Sin embargo, la magistrada requirió todos los correos para determinar, ella, la relevancia de estos, incluidos los referidos”, añade el informe entregado al juez Pedraz en el marco del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Okdiario publicó el 29 de noviembre de 2024 una información con el siguiente titular: “La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviera un cargo en Moncloa”. En la misma se reproducían pantallazos de los correos intervenidos a David Sánchez en el curso de la investigación dirigida por Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz. En la información actualizada consta tachada una dirección de correo pero no la de Gómez, que se reproduce completamente, al igual que la de David Sánchez. La dirección de Gómez tuvo que ser inutilizada ante la avalancha de amenazas e insultos que se recibieron en él en las horas siguientes.

La filtración motivó una investigación interna en el seno de la Guardia Civil después de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director adjunto operativo del Cuerpo, según contó el propio teniente general Llamas en el juzgado. Se trata de una de las tres informaciones reservadas abiertas, con tomas de declaración a la cadena de mando de la UCO, que el juez Santiago Pedraz investiga como una maniobra de presión a la unidad que investiga los casos de corrupción al PSOE por indicación de Leire Díaz. Por esos hechos está imputada la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas.

Para que la jueza pudiera navegar entre los 60.000 correos del caso de tráfico de influencias de David Sánchez, la UCO elaboró unas “instrucciones de visionado” que incluían unos mensajes con los que enseñar a la jueza a cómo 'bucear' por todo el material. Era en esa “guía de navegación” donde aparecían los mensajes sin relevancia para la investigación que acabaron publicados en Okdiario. ¿Por qué la UCO seleccionó esos mensajes? La unidad asegura en su atestado que “el cuadro donde aparecen los correos referidos se generó automáticamente en virtud de unos parámetros introducidos por el analista y que se reflejaban en la propia nota”.

La UCO se puso en contacto con la magistrada, una vez desatada la polémica por las investigaciones internas por filtraciones, y ella “confirmó que había sido quien acordó dar trasladado a las partes de dicho documento [la guía de navegación con las direcciones de Sánchez y su mujer] porque consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva”.

La investigación interna por la publicación de estos correos se cerró con la recomendación de una amonestación verbal al analista que incluyó las direcciones en la guía de navegación de entre 60.000 correos. Esa amonestación verbal no se llegó a ejecutar.

El caso contra David Sánchez surge de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa que incluían errores de bulto. Biedma admitió a trámite la querella y decidió que el supuesto tráfico de influencias, materializado en un sueldo de unos 40.000 euros al año de la Diputación de Badajoz para un reputado concertista, debía ser investigado por la unidad especializada de la Guardia Civil a nivel nacional. Manos Limpias es una de las organizaciones de ultraderecha que tuvieron acceso a las direcciones de Sánchez y su mujer gracias a la decisión de Biedma.

La UCO estableció el caso del hermano de Sánchez como una prioridad y propuso a la jueza que ordenara requisar los 60.000 correos. Esto provocó que el director general de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, reprochara lo que consideraba un ánimo prospectivo en la investigación. Según los mandos de la UCO, el DAO del Cuerpo les trasladó que tenían que ponerse “de perfil” en las investigaciones al PSOE, dejar la iniciativa a los jueces y, en el caso de David Sánchez, poner todos los medios necesarios para que el análisis de todos esos correos se concluye lo antes posible. Según la UCO, el teniente general Llamas dijo: “Nos usan como ariete contra el Gobierno”.

Los agentes de la UCO informaron a la jueza Biedma de las supuestas presiones y estas les trasladó su respaldo. Balas decidió que a partir de ese momento él sería el instructor de las diligencias en sustitución del comandante que las había emprendido con el objeto de proteger a sus subordinados. Biedma ordenó a los investigadores de la UCO que, a partir de ese momento, le informaran a ella en exclusiva de sus avances.

Biedma, protagonista del caso Leire Díez

La investigación sobre un supuesto plan para atentar contra la jueza Biedma ha sido impulsada por el coronel Balas a partir de informaciones de prensa que no han podido ser confirmadas por ahora. Los agentes de la UCO viajaron a Badajoz para tomar declaración a personas que habían hablado en los medios de ese supuesto plan, incluida la supuesta jefa de un clan que luego no ha sido llamada a declarar por el juez Pedraz.

En la misma línea actuó Balas cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil por la documentación de las investigaciones internas contra él y sus agentes, tal y como indicaba el auto del juzgado. Sin embargo, el coronel aprovechó para realizar una diligencia policial sin autorización judicial, dentro de sus facultades, y tomar declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, cuyo contenido sirvió para imputar con posterioridad a la directora del Cuerpo, la socialista Mercedes González.

Esta misma semana, el juez Santiago Pedraz ha confirmado a Balas al frente del caso Leire Díez pese a que su ascenso a coronel obliga a que abandone su puesto de jefe del Departamento Anticorrupción de la UCO. La decisión de Pedraz se produce pese a que Balas y sus agentes son presuntas víctimas de la principal investigada, Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya tiene sobre la mesa el informe pericial elaborado por la Joyería Yanes sobre las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cifra el valor en 1.023.000 euros, y, por tanto, se aproxima al cálculo inicial que tasó la Joyería Ansorena al inicio de las pesquisas.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado solicitó ese informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas para obtener distinta información como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Yanes indica que en su informe que “pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia Central”.

En esta pericia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que no los diamantes que contienen las piezas son naturales si bien no se puede determinar su procedencia. Con todo, añaden que por su calidad de talla se podría descartar que vinieran de Rusia. Sobre las esmeraldas, también naturales, puntualiza que son “de una calidad muy comercial y que el origen podría ser compatible con Zambia. Sobre las gemas rojas señala que no se pueden denominar rubíes porque tienen relleno de vidrio de plomo, y sobre los zafiros, también ”muy comerciales“ indica que el origen puede estar en Tailandia.

Explica la pericial, por otro lado, que los lotes 1, 2 y 3 -que son los que Zapatero habría recibido como obsequio de Arabia Saudí, fueron “fabricados simultáneamente” y, aunque no se puede precisar el año “ya que son joyas de estilo clásico atemporal y ajenas a modas”, tendencias o a una localización geográfica determinada“, fueron fabricadas a su juicio después de que en junio de 2007 entrara en vigor una normativa que reducía los niveles de níquel para que no fueran nocivos para la salud. ”La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea, reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central“, explica.

Por otro lado, los joyeros señalan que es “incoherente” que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección. Tampoco entiende por qué carecen de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas como las estudiadas. “Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial”, añade.

Tras conocerse ese nuevo encargo a Yanes, el expresidente pidió que no fuera esa joyería porque su propietario ya se había pronunciado con anterioridad en un medio de comunicación sobre esas piezas. Además, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuía la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El primer informe, el de Ansorena, tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.