El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

Los centros especiales de empleo (CEE) están diseñados para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen voces que denuncian prácticas “abusivas” que incrementan la “discriminación” laboral y salarial de este colectivo. Es el caso de Jesús —nombre ficticio—, un trabajador de uno de estos centros en Zaragoza.

Jesús lleva tres años empleado en el sector servicios mediante un CEE con ánimo de lucro y relata cómo, a pesar de realizar “el mismo trabajo” que una persona sin discapacidad, su nómina apenas alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras tanto, asegura que su empresa factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto: “Tienen la seguridad social subvencionada y un gran porcentaje de mi sueldo. Sacan mucho beneficio”. 

Algo similar relata Matías, que acaba de dejar su empleo en uno de estos centros para irse a otro de iniciativa social. Explica que, en el centro donde ha estado dos años y medio trabajando como conserje, la hora extra de ir a tirar basuras se la pagaban a 3,85 euros, “sin plus de transporte. Al final es más de media hora para ir, trabajar y otra media hora para volver, es mucho rato para tan poco dinero, prácticamente trabajas por la cara”. Asegura que tampoco le pagaron las horas extras que hacía durante meses, hasta que lo reclamó. “El problema principal es que se aplica el convenio de centro especial, mucho más bajo, en lugar del convenio del sector real donde se presta el servicio. Existe mucha explotación laboral, al final los CEE suelen cubrir empleos que no requieren de una formación previa y esto supone mayor precariedad laboral”, explica la abogada Gemma Ruiz Redondo. 

Por todo esto, Matías buscó otro empleo, en este caso en un centro especial de empleo con iniciativa social. Allí, según cuenta, le pagan las horas extra al doble que la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales. Haciendo un trabajo similar, cobra 400 euros más que Jesús. Matías tiene una discapacidad intelectual, como “el 95% de los trabajadores de estos centros. Muchos no hemos hecho ni la EGB, yo no miró la nómina ni nada, como no entiendo bien lo que pone, no los guardo, de eso se aprovechan”. 

Una brecha salarial

En la práctica, esto supone una brecha salarial entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Jesús calcula que, si se le aplicará el convenio sectorial correspondiente a su labor, cobraría entre 6.000 y 7.000 euros más cada año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas. “A igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos”, denuncia el afectado. 

Desde que se permitió la entrada de empresas mercantiles con ánimo de lucro en el sector de los CEE, la cifra de estos centros ha crecido de forma exponencial. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro según el destino de sus beneficios, pero no fue hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2013 cuando se introdujo una definición legal específica para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Esta reforma añadió el apartado 4 al artículo 43 de la Ley General de Discapacidad para diferenciar a las entidades sin ánimo de lucro —obligadas a la reinversión íntegra de sus beneficios en el colectivo— de las sociedades puramente mercantiles. Esta brecha legislativa permitió que empresas privadas con fines de lucro compitieran por las mismas subvenciones públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo.

Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con en torno a una cuarentena de centros especiales de empleo, según los datos recogidos en informes de economía social, frente a los más de 70 actuales.

Subvenciones que no llegan al trabajador

Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones masivas. En Aragón, la ley reserva un 6% de la contratación pública para estas entidades y financia el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros —publicadas en enero de 2026— con fondos estatales y autonómicos. La subvención se otorga con carácter mensual y se gradúa teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, pudiendo ir desde el 40% al 70% del salario mínimo interprofesional vigente.

Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa: desde el uso de sábanas viejas troceadas como paños de limpieza hasta la negativa de la empresa a proporcionar calzado ortopédico prescrito por un podólogo. 

La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el tránsito hacia el empleo ordinario. No obstante, este trabajador asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas. “En mi centro no las vemos. Aparecen nombres en la web que no ejercen funciones de apoyo real; el único que viene es un encargado para controlar que no paremos ni un segundo, lo que acaba siendo acoso laboral”. 

Una perpetuación de la exclusión

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz Redondo advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios y sin formación, con lo que “perpetúan la exclusión”. 

La Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón establece en su artículo 24 la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico. La normativa exige que incluya una memoria económica detallada y obliga a su revisión integral al menos cada cuatro años. Esta 'cláusula de caducidad' busca evitar que las políticas de inclusión se conviertan en papel mojado, garantizando que las ayudas y las cuotas de reserva del 6% en contratos públicos se ajusten a la realidad de trabajadores que, como Jesús o Matías, denuncian estar atrapados en convenios desfasados.

Ruiz Redondo reivindica que, frente a los CEE, es “mejor” la figura del empleo con apoyo: “Respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad, es para aquellas personas que necesitan una adaptación mayor, en la teoría cuentan con financiación pero en la práctica es mucho menor que la de los CEE”. La abogada considera que esta medida “respeta mucho mejor la autonomía de las personas con discapacidad, permite un seguimiento más humano del puesto, de las necesidades de la persona, es mucho más compatible con los derechos humanos y del colectivo de la discapacidad”. 

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha presentado el nuevo paquete de ayudas en materia deportiva convocadas por el Gobierno de La Rioja y publicadas el 13 de abril en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Las nueve líneas movilizan en conjunto más de 1,6 millones de euros y están dirigidas a ayuntamientos, entidades locales, entidades deportivas, asociaciones y diferentes estamentos del deporte riojano con el objetivo de reforzar la práctica deportiva, la formación, promover hábitos de vida saludable y consolidar el sistema deportivo en todo el territorio. 

“El deporte es salud, cohesión y también oportunidades. Con estas convocatorias queremos que los ayuntamientos puedan mantener sus instalaciones y equipamiento, que los clubes y las entidades deportivas sigan dinamizando nuestros municipios y que los deportistas riojanos encuentren respaldo para desarrollar su talento, así como que jueces y técnicos puedan seguir formándose”, ha afirmado Azcona, quien ha subrayado que el Ejecutivo regional mantiene una política deportiva integral que abarca desde el deporte base hasta el de alto rendimiento.

A estas convocatorias, se sumarán en las próximas semanas siete líneas más que atenderán, en este caso, a ligas regulares, Juegos Deportivos, federaciones deportivas, técnicos municipales, igualdad de género y material para deporte adaptado. De esta forma, a lo largo del presente año, el Gobierno de La Rioja impulsará el deporte en la región con un volumen de ayudas superior a los 3,7 millones de euros.

De esta manera, como ha destacado Azcona, “el Ejecutivo regional sigue apostando de forma firme y notable por el deporte riojano con un destacado aumento de las becas para deportistas riojanos con proyección en el deporte de alto rendimiento, duplicando las ayudas en formación desde el inicio de la legislatura e incrementando la cuantía para la participación de los deportistas y equipos en las pruebas deportivas de carácter nacional e internacional gracias al gran estado de forma en el que se encuentra el deporte de nuestra región. Además, de la notable y sostenida subida de las convocatorias que apoyan entidades locales para el mantenimiento y el equipamiento”. 

Instalaciones municipales más cuidadas y mejor equipadas

El bloque de apoyo a las entidades locales incluye 250.000 euros para que los ayuntamientos ejecuten obras de reparación, conservación y mantenimiento en instalaciones deportivas de su titularidad, así como actuaciones necesarias para garantizar su seguridad y correcto uso.

A esta línea se suman 118.000 euros destinados a la adquisición de equipamiento inventariable, tanto deportivo como complementario, con el fin de modernizar y actualizar los recursos materiales de las instalaciones municipales.

El respaldo al ámbito local se completa con 31.000 euros para la organización de actividades deportivas de tiempo libre promovidas por entidades locales.

Más promoción y dinamización del deporte riojano

El tejido deportivo riojano cuenta también con 80.000 euros para que las entidades deportivas desarrollen actividades deportivas de tiempo libre entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y con 28.000 euros destinados a asociaciones riojanas de utilidad pública e interés social que continúen promoviendo la práctica deportiva entre la sociedad riojana.

Asimismo, se ha convocado la línea de ayudas, por un importe de 230.000 euros, para la organización de pruebas deportivas de carácter nacional e internacional en La Rioja, orientada a respaldar a las entidades que participan en competiciones de carácter nacional e internacional y contribuyen a la proyección exterior de la Comunidad.

Impulso al talento deportivo y a la formación

El paquete de ayudas incluye además 13.000 euros para deportistas riojanos con discapacidad y 145.000 euros para deportistas con proyección en el ámbito del rendimiento, con el fin de acompañar su progresión competitiva.

A ello se suman 62.000 euros para la formación de técnicos, jueces o gestores deportivos, reforzando la cualificación del sistema deportivo autonómico y garantizando una mejora formativa de la que se beneficiarán los deportistas riojanos.

Los plazos de presentación de solicitudes comienzan a computar desde el 14 de abril. En este sentido, las ayudas dirigidas a deportistas y formación disponen de 30 días hábiles, mientras que las destinadas a ayuntamientos, entidades deportivas y asociaciones cuentan con un plazo de dos meses. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede del Gobierno de La Rioja.

Un anticipo del 50% para dar mayor liquidez a los clubes

A estas nueve líneas publicadas en el BOR se sumarán siete convocatorias de las cuales dos, por su elevada cuantía, ya se ha autorizado y aprobado el gasto por el Consejo de Gobierno. La convocatoria 2025-2026 de ayudas a las federaciones deportivas riojanas incrementa su dotación hasta los 1.145.000 euros, consolidando el respaldo estructural a sus programas y competiciones oficiales.

Por su parte, el Ejecutivo regional destinará 1.075.000 euros a apoyar a entidades deportivas riojanas que compiten en ligas regulares oficiales de carácter nacional y en pruebas de ámbito nacional e internacional. Esta convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, introduce como novedad un anticipo del 50% de la subvención concedida con el fin de dotar de mayor liquidez a los clubes y facilitar el inicio de la temporada deportiva en mejores condiciones de estabilidad financiera.

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy, día 14, el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de la ADER para este año 2026, que destinará 45.150.000 euros a la convocatoria de las diferentes líneas de ayuda previstas para emprendedores, autónomos, pymes y grandes empresas de La Rioja.

El PES integra las ayudas incluidas en el Plan para la Competitividad del Comercio Minorista (700.000 euros) o las destinadas a las nuevas empresas de base tecnológica (2 millones), cuyas convocatorias serán publicadas mañana, o las dirigidas a los trabajadores autónomos (3,5 millones), a la adquisición de vehículos (1 millón), así como todas las destinadas a fortalecer la competitividad industrial, la financiación, el emprendimiento o la innovación en esta comunidad autónoma, queirán siendo publicadas durante las próximas semanas.

En este contexto, el planteamiento trianual de este plan estratégico (163,5 millones de euros para el periodo 2025-2027) supone una novedad que facilita los ritmos de ejecución de cada línea, consolidando la simplificación y la agilizaciónadministrativa.  

Asimismo, gracias a la figura de la presolicitud, la ADER permite a los potenciales beneficiarios manifestar anticipadamente su intención de acceder a las ayudas con efecto incentivador, sin perjuicio de la posterior presentación de la solicitud formal una vez publicada la correspondiente convocatoria. Así, garantizando el cumplimiento del efecto incentivador, se consigue evitar la paralización de inversiones estratégicas, favoreciendo la planificación empresarial.

Este PES está financiado con fondos propios de la ADER, que ésta recibe de la Comunidad Autónoma a través de transferencias nominativas; mientras que el0,35% aproximadamente se financia a través de fondos FEDER y el 2,26% con fondos PRTR.

Cualquier noticia sobre el cine español, y especialmente si afecta a cineastas que se mojan en asuntos políticos y sociales (con Pedro Almodóvar a la cabeza), se llena de insultos cada vez que se comparte en redes sociales. Da igual que sea una crítica, una entrevista… siempre ocurre lo mismo. Los adjetivos no son muy variados. Abundan los insultos despectivos y faltones, pero sobre todo se recurre a la palabra favorita de los haters del cine español: subvencionados.

La palabra, usada como insulto, tiene ya tiempo. Fue la derecha española, con el PP a la cabeza como venganza por el posicionamiento del cine español en el 'No a la guerra' del 2003, quien comenzó un acoso y derribo. Colocar al sector como unos jetas mantenidos fue su principal batalla. Lanzaron un mensaje en sus votantes: que el cine español no lo veía nadie, no interesaba a nadie y lo pagábamos todos con nuestros impuestos.

Nunca les dijeron que España ha sido, históricamente, uno de los países que menos dinero público ha dado a su industria del cine; que los rodajes y las películas devuelven con creces en forma de impuestos y contratos lo que reciben del estado, o que hay otros muchos sectores (como el automovilístico) que reciben muchísimo más dinero sin que nadie se lo eche en cara. Por supuesto nunca se les pasó por la cabeza dejar claro que la cultura no debería regirse por un principio de rentabilidad.

Desde hace unos años, y empujados por una extrema derecha que recupera esos viejos mantras, la derecha ha vuelto a retomar la virulencia contra el cine español. Lo ocurrido en los últimos meses lo deja claro: la aparición de Juanma Bajo Ulloa en Horizonte denunciando que el cine español estaba regido por la agenda woke y castigaba a quien saliera de ella; y el estreno de Torrente Presidente han tensado la cuerda. 

Las últimas semanas han sido un hervidero de insultos al cine español y a las subvenciones. Todos y cada uno de los videopodcast de los popes de la derecha cultural mediática han realizado especiales cargando contra el sistema de ayudas. Según ellos el cine español no le importa a nadie y no debería recibir dinero público. Da igual que los argumentos de Bajo Ulloa no fueran ciertos. Incluso les ha dado igual que el propio Santiago Segura haya repetido una y otra vez que está a favor de las ayudas públicas. De hecho, aunque esta entrega de Torrente no la haya recibido, las anteriores sí la tuvieron y casi todas las películas producidas con su empresa la tienen. 

Las noticias que llegaron desde el Festival de Cannes le quitan, de nuevo, la razón a esa derecha reaccionaria. España es, después de Francia y junto a Japón, el país que más películas tiene elegidas en la Sección Oficial del festival más importante del mundo. Cada año se presentan miles de títulos que aspiran a entrar en un selecto club que escoge lo mejor de cada añada. Este 2026, de los 21 elegidos tres son españoles. Un 14,2% han sido producidas aquí…. Y sí, con dinero público. Todas y cada una de ellas tiene dinero de las subvenciones al cine español. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar obtuvo un millón, la misma cantidad que La Bola Negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, 1,2 millones. Por cierto, Amarga Navidad ya ha recaudado en la taquilla española más del doble de lo que recibió.

Es irónico que mientras el resto del mundo se rinde al cine español, en España la mitad del país les ataque por lo que es parte de su éxito. Para que películas como estas existan es necesario que sean apoyadas por el Estado, y también que haya productores y plataformas como Movistar Plus+ que entren en su creación. Para que talentos como los de Sorogoyen y los Javis puedan dar rienda suelta a sus ideas debe haber un Ministerio de Cultura que apueste por el cine que triunfa fuera. 

La elección de Cannes es un apoyo sin fisuras a las políticas públicas españolas y al cine que se está haciendo. Hasta el propio Thierry Fremaux hizo un parón en el anuncio de la Sección oficial de Cannes para hablar del gran momento del cine español. “Hay un movimiento en el cine español. Está encontrando la forma de sacar adelante películas con buenos presupuestos y se está notando”, dijo. Esa forma es con un apoyo claro desde lo público. 

También se acordó de que Carla Simón estrenaba justo esta semana Romería en Francia. Porque ahí está el otro dato que mata el relato de que el cine español no interesa a nadie. No es solo Cannes, un grupo de cinéfilos desde su atalaya, es que el resto del mundo quiere ver cine español. Las películas se venden a todos los países. Unas ventas internacionales que hacen muy rentables a los filmes. Sirat lleva recaudados casi 13 millones de dólares en todo el mundo. Almodóvar, en su carrera, lleva más de 530 millones de dólares recaudados, la más alta para un cineasta que rueda en español, como recordaba hace poco el analista Pau Brunet desde su perfil en X. 

Ayer fue un buen día para el cine español, y uno muy malo para aquellos que llevan meses resucitando con fuerza los mantras del pasado. El cine español, el cine subvencionado, gusta y mucho. Lo de ayer debería hacer que se refuerce el apoyo público a la producción. Porque el cine español es Torrente, pero también es Almodóvar, Carla Simón, los Javis y Sorogoyen. 

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, han presentado hoy, día 30, las convocatorias de subvenciones en materia de juventud para 2026, que contarán con un presupuesto global de 1.613.800 euros. Estas ayudas están destinadas a acompañar a los jóvenes riojanos en distintas etapas de su desarrollo, desde su participación en actividades hasta su formación y acceso al empleo, apoyando tanto proyectos colectivos como iniciativas individuales.

Durante la presentación, Azcona ha destacado que “estas ayudas acompañan a los jóvenes en todo su recorrido, desde sus primeras experiencias de participación hasta los pasos decisivos hacia su formación y su futuro profesional”, y ha subrayado que “el objetivo es generar oportunidades reales para que puedan desarrollar su proyecto de vida en La Rioja”.

Como principal novedad, este año se amplía a los 17 años la edad mínima para acceder a la ayuda destinada a la obtención del permiso de conducir, lo que permitirá a muchos jóvenes comenzar a prepararse antes para la prueba teórica. De esta forma, Alcaide ha incidido en que “facilitar herramientas útiles como el acceso al carné de conducir tiene un impacto directo en la vida de los jóvenes, ya que mejora su movilidad y sus opciones laborales”, y ha añadido que “adelantar la edad a los 17 años permite dar respuesta a una necesidad muy extendida entre quienes empiezan a prepararse antes de cumplir los 18”.

Desde el inicio de la legislatura, como ha resaltado Azcona, “el Gobierno de La Rioja ha destinado más de 5,8 millones de euros a políticas de juventud, lo que supone un incremento cercano al 20%”. Así, con las convocatorias presentadas hoy, el Ejecutivo consolida una política integral que combina el apoyo al asociacionismo, la dinamización municipal y las ayudas directas para favorecer la participación, la formación y la emancipación de los jóvenes riojanos.

Ayudas individuales: formación, idiomas y voluntariado 

Las ayudas individuales están dirigidas a jóvenes empadronados en La Rioja de entre 14 y 35 años y podrán solicitarse hasta el 15 de junio. A través de esta línea, los jóvenes pueden acceder a diferentes opciones formativas y de desarrollo personal, como cursos de monitores o directores de tiempo libre en La Rioja o en el resto de España, cursos de idiomas en el extranjero —de carácter presencial y con una duración máxima de tres meses—, programas de voluntariado en España o en el extranjero y, en el caso de los jóvenes entre 14 y 17 años, los cursos intensivos de educación no formal orientados al desarrollo personal, vocacional o profesional. 

Estas ayudas cubren los gastos de matrícula, materiales y formación. Cuando la actividad se realiza fuera de La Rioja, incluyen también transporte, alojamiento y, en su caso, manutención, hasta un máximo del 20% del coste. 

En el caso del voluntariado, se financia el coste de participación y el transporte, con un máximo de 300 euros en España y de 800 euros en el extranjero, mientras que en los programas promovidos por el Instituto de la Juventud (INJUVE) o por comunidades autónomas únicamente se subvenciona el transporte.

Asociaciones y entidades juveniles: impulso a la participación 

Las ayudas dirigidas a asociaciones y entidades juveniles están destinadas a programas para jóvenes de entre 12 y 30 años y podrán solicitarse hasta el 30 de abril.

Estas subvenciones permiten desarrollar actividades juveniles como talleres, cursos creativos, voluntariado, campamentos o intercambios, así como programas de formación juvenil o educación no formal orientados a fomentar el empleo, la participación activa y el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil.

Ayuntamientos: refuerzo de la actividad juvenil y mejora de instalaciones

Los ayuntamientos riojanos podrán solicitar estas ayudas hasta el 30 de abril para impulsar programas dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años.

A través de esta línea se financian tanto actividades juveniles como programas formativos, y se refuerza el funcionamiento de los centros jóvenes mediante la contratación de personal de dinamización. Además, se incluyen actuaciones de mantenimiento, conservación o reparación de instalaciones juveniles municipales —con gastos de hasta 10.000 euros— y su equipamiento, con inversiones que pueden alcanzar los 12.000 euros.

Consejos de la Juventud: programas para mejorar la empleabilidad

Los consejos de juventud podrán acceder a estas ayudas hasta el 30 de abril para desarrollar programas dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años. Las ayudas financian tanto actividades juveniles —como talleres, voluntariado, campamentos o intercambios— como programas de formación juvenil o educación no formal orientados a mejorar la empleabilidad y reforzar la participación juvenil.

Más apoyo para acceder al empleo y avanzar hacia la autonomía

El Gobierno de La Rioja destina 510.000 euros a las ayudas en formación para la emancipación, dirigidas a jóvenes empadronados en La Rioja, con el objetivo de mejorar su capacitación y facilitar su acceso al empleo. Estas ayudas podrán solicitarse hasta el 30 de abril. Incluyen la preparación de oposiciones —también en su parte física cuando sea necesario— y formación no formal orientada al desarrollo profesional.

Dentro de esta convocatoria, las ayudas para la obtención del permiso de conducir concentran el mayor volumen de recursos, con 380.000 euros, e incluyen tanto los permisos (A, B, C y D) como el certificado de aptitud profesional para el transporte. Como novedad, estas ayudas podrán solicitarlo los jóvenes que cumplen los 17 años durante 2026, una medida pensada para acompañar a los jóvenes que empiezan a preparar el examen teórico antes de cumplir los 18 y facilitarles ese primer paso hacia el permiso de conducir. El resto, 130.000 euros, se destina a otras acciones formativas.

Como ha confirmado Azcona, estas ayudas han experimentado un incremento del 104% desde 2023. En el último ejercicio, 1.736 jóvenes se beneficiaron de esta línea, con más de 1.500 solicitudes centradas en el carné de conducir.

Iniciativas emblemáticas: proyectos para favorecer la autonomía de los jóvenes

El Ejecutivo autonómico completa este programa con las ayudas para iniciativas emblemáticas de emancipación juvenil, dotadas con 225.000 euros y dirigidas a asociaciones, consejos de juventud y entidades sin ánimo de lucro.

Estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 30 de abril, financian proyectos orientados a facilitar la autonomía de los jóvenes en ámbitos como la formación, el empleo o el acceso a la vivienda.

Toda la información sobre estas ayudas, así como los requisitos y procedimientos de solicitud, puede consultarse en la sede del Instituto Riojano de la Juventud, situada en la calle Muro de la Mata, 8 de Logroño, y en su página web www.irj.es.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy lunes 30 de marzo la convocatoria para este año de las ayudas a la cooperación para apoyar a las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha (APPaas) a ejecutar un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta (PECC), con un presupuesto de 1.080.000 euros.

Esta línea tiene como objetivo mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, mediante el apoyo a la creación de agrupaciones de productores, con el fin de que el sector productor gane en dimensión económica, facilitando el poder de negociación con el resto de los eslabones de la cadena de comercialización. Por otro lado, pretende también impulsar una mayor participación de las personas que trabajan en la agricultura en la generación de valor de sus producciones.

Tal como establece la convocatoria, se concederán ayudas a las agrupaciones de productores o APPaas reconocidas que ejecuten un Plan de Comercialización Conjunta de tres años con actuaciones de naturaleza comercial, análisis de mercado, recursos humanos, inversiones para comercialización y promoción, marketing y publicidad.

El importe de la ayuda podrá alcanzar los 270.000 euros por Agrupación y consistirá en una cantidad fija que se abonará en tramos anuales, correspondiéndose con las anualidades del PECC aprobado.

Podrán acogerse a estas ayudas tanto las Agrupaciones de Productores de nueva creación como las ya existentes que lleven a cabo una nueva forma de cooperación.

Los criterios de valoración que se aplicarán para priorizar las solicitudes admisibles y repartir la cuantía de la convocatoria serán la naturaleza de las APPaas y sus integrantes, el grado de despoblación de los municipios de los integrantes de la Agrupación, el número de industrias integrantes y la amplitud de las actuaciones del Plan Empresarial de Comercialización Conjunta. Será un requisito necesario para acceder a la ayuda alcanzar al menos 10 puntos.

Actualmente, existen 15 APPaas activas inscritas en el registro de Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarias, en las que se integran aproximadamente 13.300 productores de base en la región, para los siguientes productos: mostos, vinos y derivados; aceite de oliva; frutos secos; azafrán y hongos comestibles.

En el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022 se aprobaron 15 solicitudes en total, por un importe de ayuda de 5,2 millones de euros, mientras que en el actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), hasta la fecha, se han concedido 2,1 millones para un total de nueve Agrupaciones, según ha señalado la Junta en un comunicado.

España, que lleva décadas con altas bonificaciones del uso de combustibles fósiles a pesar de las advertencias continuadas para que rebaje unas subvenciones dañinas para el medio ambiente, ha vuelto a darles un empujón de dinero público para contener la subida de precios derivada de la guerra en Irán.

A estas ayudas y bonificaciones se las considera apoyos antiecológicos porque los combustibles fósiles, de los que derivan el gasóleo y la gasolina, además de contaminar el aire que respiramos, son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se da la circunstancia de que el transporte por carretera es, precisamente, el sector que más CO₂ lanza en España, según los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica.

La cuestión es que España está a la cola —y desde hace mucho— en la lista de impuestos verdes (los diseñados para defender el medio ambiente) en la Unión Europea. Por un lado, está lejos de la media europea que supera el 2% del PIB mientras que aquí se quedaron en el 1,61% en 2024, según los últimos datos de Eurostat. Además, en la última década, se ha bajado porcentualmente desde el 1,9% registrado en 2015. Con todo, los últimos dos cursos se ha recuperado algo de terreno tras una fuerte caída en 2022 y 2023, años en los que esos tributos rondaron el 1,5% del PIB, muy relacionado con la guerra en Ucrania.

Países con mejor nivel hay muchos: Grecia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Rumanía, Finlandia o Dinamarca están por encima de la media de la UE. Por debajo de España solo se encuentran Suecia, República Checa, Malta, Irlanda o Luxemburgo.

Porque, de hecho, la mayoría de esos impuestos en España vienen de la energía. Si el ataque de Rusia a Ucrania causó un incremento del precio del gas y los carburantes (que recibieron una subvención extra), la guerra desatada por EEUU e Israel en Irán ha provocado una crisis similar.

Y, al final, los combustibles fósiles casi siempre ganan. La crisis en Oriente Medio —que ha hecho patente el peligro de seguir dependiendo del gas y el petróleo— ha llevado a una nueva ayuda al consumo de estos productos.

El decreto del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio convalidado este jueves bonifica, más, el gasóleo y también la gasolina. Con esta rebaja del precio de los carburantes se controla o alivia la temida inflación. También evidencia el enganche que todavía persiste con el petróleo, al menos para transportarse, y sus consecuencias: el coste de la vida subió al 3,3% en marzo pasado, principalmente, por el encarecimiento de los carburantes.

La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización. Son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas

Mikel González-Eguino — Investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3

“La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización”, explica el investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3 Mikel González-Eguino. Experto en fiscalidad verde, González-Eguino cuenta a elDiario.es que, “aunque el plan presentado en su conjunto es positivo, después de lo visto en 2022 podría haberse aguantado más con los combustibles”.

“Medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro aplicadas en 2022 o las bajadas del IVA son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas —insiste el investigador— y no incentivan la transición energética y la electrificación”. En todo caso, su análisis apuesta por que las ayudas vayan al precio de la electricidad.

Avisos desde hace más de una década

A España le han llegado las dos últimas crisis energéticas con los impuestos medioambientales (entre los que están los de los combustibles fósiles) sin ponerse al nivel que se les requería. No por falta de tiempo: ya en 2011, el Consejo Europeo recomendaba a España que desplazara la presión fiscal sobre el trabajo y optara por gravar el consumo y por los impuestos medioambientales.

En 2015, el Informe sobre Resultados Medioambientales de la OCDE referido a España subrayaba que “los ingresos por impuestos medioambientales están entre los más bajos de los miembros de la Unión Europea”. Es más, llegaba a indicar que “los ingresos de estos impuestos han disminuido ininterrumpidamente desde 2007”. Debido a los tipos impositivos más bajos, “los precios finales del diésel siguen siendo inferiores a los de la gasolina, a pesar de su mayor impacto ambiental”.

Su recomendación hace más de una década era “el aumento del impuesto aplicable al diésel para el transporte, como mínimo al mismo nivel del impuesto sobre las gasolinas.”

En 2017 la Comisión Europea emitía un análisis sobre la aplicación de la normativa ambiental en la Unión Europea y decía: “España es uno de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles”. La diferencia de impuestos entre la gasolina y el gasoil “no está justificada desde una perspectiva medioambiental”. Se insistía en que era necesaria “una estrategia nacional para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. Aunque la diferencia entre el impuesto al diésel y la gasolina se ha acortado, sigue en un 20%.

A la luz de la evolución de los datos, el nivel de los tributos verdes en España ha parecido algo intocable. Al llegar el shock de precios generado por el bloqueo del tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz, las ayudas se suman.

“Si tuviéramos tipos impositivos más altos para los combustibles fósiles, como nos ha pedido la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, habría margen para manejarse en una crisis”, reflexiona Mikel González-Eguino. “Y además serían la señal más potente para electrificarse o pasarse al transporte público”, concluye.

La Diputación de Cuenca ha lanzado una convocatoria de ayudas para el control de las poblaciones de conejo de monte en los municipios afectados por sobrepoblación, a la que destina 500.000 euros, y en las que el 75 por ciento de la subvención se realizará de forma anticipada con el objetivo de que los fondos lleguen a los cotos lo antes posible. 

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha explicado que el objetivo de este adelanto es que las medidas se puedan poner en marcha de forma inmediata para atajar los graves problemas que está ocasionando en todo tipo de cultivos tanto herbáceos como leñosos.

Según ha señalado la Institución Provincia en una nota de prensa, Martínez Chana ha visitado la localidad de Horcajo de Santiago acompañado de la directiva de la asociación de cazadores, encabezada por su presidente, Jesús Arquero, la diputada y concejal del ayuntamiento, Mayte Megía; y la diputada regional y alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez.

El presidente ha subrayado la colaboración dentro de las posibilidades de la Diputación con el Gobierno regional, que tiene las competencias en la materia, para sumarse a las medidas que se han puesto en marcha y las que se van a anunciar en los próximos días.

Martínez Chana detallaba que esta ayuda alcanzará a más de 110 sociedades de cazadores de la provincia contemplando la práctica totalidad de las medidas permitidas para el control de la población de conejo de monte. En este sentido, recordaba que se incluirá la adquisición de cartuchos, redes y hurones, la contratación de empresas especializadas en descaste o los chips para el control de hurones. “Cualquier método que esté dentro de la ley, ahora mismo o que sea autorizada en el futuro, quedará amparada por esta ayuda”, remarcaba el presidente insistiendo en la necesidad de ayudar al sector productivo en un momento de incertidumbre por los mercados internacionales, la subida de los costes de producción y también la merma de cosecha por la sobrepoblación de conejo que afecta a una gran parte de la provincia.

Unas medidas que han sido elaboradas y consensuadas con el sector y los profesionales afectados, con los que el presidente ha mantenido varias reuniones, recogiendo algunas de las que los propios cotos llevan tiempo poniendo en marcha por iniciativa propia, según señala la Diputación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la aprobación del gasto por importe de 2.620.000 euros para las convocatorias de tres órdenes por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de diferentes líneas de subvenciones en materia turística: 1.245.000 euros en ayudas dirigidas a entidades locales; 1.000.000 euros para empresas turísticas riojanas y 375.000 euros destinados a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. En los tres casos, las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

El sector turístico riojano mantiene una evolución positiva en los últimos años. En 2025, La Rioja superó por primera vez los 900.000 turistas, lo que supone un récord histórico para la comunidad y consolida la tendencia de crecimiento del sector. 

La estrategia turística regional pivota en torno a la autenticidad del destino y busca seguir fortaleciendo una oferta innovadora, sostenible y ligada al territorio, apoyada en activos diferenciales como la enogastronomía, el patrimonio cultural, el paisaje y la forma de vida riojana, con el objetivo de atraer a un visitante que valore estos recursos y contribuya al desarrollo equilibrado del territorio.

1,2 millones de euros para entidades locales

El objetivo de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos es apoyarles para impulsar programas de desarrollo turístico en todo el territorio mediante la realización de actividades e inversiones que contribuyan a mejorar las infraestructuras turísticas y el atractivo de los destinos locales.

En concreto, el Ejecutivo pondrá a disposición de las entidades locales 1.100.000 euros destinados a subvencionar inversiones en infraestructuras y equipamientos turísticos que mejoren la competitividad del destino, además de 75.000 euros para actividades de creación, gestión de producto, promoción y apoyo a la comercialización turística y 70.000 euros para la organización de eventos singulares con proyección turística que movilicen flujos hacia los destinos locales.

Según lo establecido en esta convocatoria, el importe máximo que podrá recibir cada beneficiario por el conjunto de acciones solicitadas en inversiones será de 40.000 euros, mientras que en el caso de las actividades la cuantía no podrá exceder de 9.000 euros.

Ayudas para el sector privado y asociaciones

Por otra parte, la convocatoria destinada a empresas turísticas contará con una dotación de 1.000.000 de euros, de los que 600.000 euros se destinarán a inversiones y 400.000 euros a actividades.

En el ámbito de las inversiones, se financiarán proyectos de emprendimiento turístico, actuaciones en materia de accesibilidad y turismo inclusivo y proyectos de ampliación, modernización y mejora de establecimientos turísticos existentes, con una dotación de 200.000 euros para cada una de estas líneas.

Por su parte, las actividades subvencionables se distribuirán entre acciones de promoción y comercialización (200.000 euros), iniciativas formativas y de profesionalización (125.000 euros) y actuaciones dirigidas a la implantación de sistemas de gestión de calidad turística, seguridad y sostenibilidad (75.000 euros).

El importe máximo de subvención que podrá percibir cada empresa beneficiaria por el conjunto de acciones solicitadas no podrá exceder de 12.000 euros en actividades ni de 40.000 euros en el caso de las inversiones.

En lo que respecta a las subvenciones a las que pueden optar asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, el importe total que movilizará el Gobierno regional asciende a 375.000 euros.

Estas ayudas se distribuirán entre acciones de promoción y apoyo a la comercialización turística (250.000 euros), organización de eventos con proyección turística (100.000 euros) y actividades formativas y de profesionalización (25.000 euros).

El importe máximo de subvención que podrá obtener cada beneficiario por el conjunto de las ayudas solicitadas será de 25.000 euros.

Las tres convocatorias establecen que la distribución de los fondos entre las distintas líneas tiene carácter orientativo y podrá ajustarse en función de las solicitudes presentadas.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

La Rioja recibirá del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes cerca de 400.000 euros para financiar libros de texto y material didáctico a lo largo de este año 2026 en centros públicos. Esta cuantía provien de un programa que el Ministerio desarrolla junto a las comunidades autónomas con una dotación total de 58,5 millones de euros -en 2018, ascendió a 48,5 millones-

 “Se trata de un programa con un objetivo claro: apoyar a las familias y reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando que ninguna situación económica desfavorable limite el acceso del alumnado a los recursos básicos para su aprendizaje”, ha trasladado Milagros Tolón.

 Las ayudas, dirigidas al alumnado matriculado en educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos, podrán destinarse a la adquisición de libros de texto y materiales didácticos en cualquier soporte, incluido el digital.

La Fiscalía pedía más de dos años de cárcel por aumentar de forma fraudulenta los gastos de un curso subvencionado por el Gobierno de La Rioja para enriquecerse. El juicio se ha celebrado este lunes y la Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado una sentencia de conformidad contra el acusado de obtener una subvención del Fondo Social Europeo en 2009 mediante falsificación de documentos mercantiles.

El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 meses y 10 días de prisión, así como una multa de 204 Euros. En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal impone al acusado la obligación de devolver al Ayuntamiento de Alfaro, ante el que se tramitó la ayuda, el dinero obtenido de manera fraudulenta que podría ascender como máximo a 25.642 euros. En cualquier caso, la cantidad exacta se determinará en ejecución de la sentencia.

Se ha suspendido la pena de prisión con la condición de que el acusado con cometa ningún delito durante los próximos tres años y devuelva las cantidades exigidas como responsabilidad civil. La Fiscalía ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas para acordar una sentencia de conformidad.

Según el relato de los hechos, con motivo de una convocatoria en 2009 de subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Alfaro solicitó y obtuvo una ayuda para impartir una acción formativa denominada “Agente comercial para exportación. Inglés comercial”.

Para la ejecución del curso, el Ayuntamiento contrató a una persona que, a su vez, subcontrató a dos docentes. Con el fin de aparentar formalidad contractual, el acusado aportó al expediente contratos con firmas simuladas de los profesores, ya que la relación real se había acordado verbalmente.

Además, presentó facturas y justificantes simulados por conceptos inexistentes o por importes superiores a los reales, especialmente en concepto de dietas y kilometraje. Mientras que los docentes solo emitieron tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado percibió del Ayuntamiento 23.360 euros para gastos de docencia, obteniendo un beneficio ilícito de 15.880 euros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales siempre que se dediquen a vivienda habitual, con incrementos si dichas mejoras tienen carácter patrimonial.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro', celebrada en Albacete, desde donde ha defendido que la estrategia de continuar con la rehabilitación de vivienda irá más allá del fin de los fondos europeos.

Rodríguez ha subrayado que la ola de rehabilitación impulsada tras la pandemia ha sido un “éxito colectivo” y ha permitido mejorar la calidad de las viviendas, regenerar barrios y movilizar inmuebles obsoletos. “Se acaban los fondos europeos, pero la rehabilitación sigue”, ha afirmado, insistiendo en que el compromiso del Gobierno es mantener esta línea como política estable.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y que la intervención sobre edificios envejecidos es esencial tanto para mejorar la habitabilidad como para ampliar la oferta disponible.

Rehabilitación residencial hasta 2030

En este sentido, ha destacado que el 30% de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinarán a rehabilitación residencial.

Entre las nuevas medidas, ha avanzado ayudas de hasta 35.000 euros en núcleos rurales cuando las viviendas se destinen a residencia habitual o alquiler asequible, cuantía que podrá alcanzar los 45.000 euros en viviendas con singularidad patrimonial.

El objetivo es que el plan pueda aprobarse en el Consejo de Ministros este trimestre y desplegarse a lo largo del año, tal y como ha recordado la ministra.

Rodríguez ha defendido además el papel de la rehabilitación en la cohesión territorial y ha señalado que el 45% de las viviendas vacías en España se concentran en entornos rurales, por lo que ha reivindicado que “hay mucha vida más allá de la M-30” y que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar también por reforzar el equilibrio territorial.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo el barrio de La Pajarita, en Albacete, donde se han rehabilitado más de 450 viviendas. Las actuaciones han permitido mejorar el aislamiento térmico y acústico y reducir la factura energética, con ahorros estimados de entre 400 y 600 euros anuales por familia.

La titular de Vivienda ha vinculado esta estrategia a la sostenibilidad y ha defendido que la política rehabilitadora no solo mejora la calidad de vida, sino que contribuye a la transición energética y a la generación de empleo en el sector de la construcción.

Jornada sobre rehabilitación

La jornada, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, abordará, a través de cinco mesas de debate, los beneficios sociales de la rehabilitación, su financiación, la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y su papel frente a la emergencia climática.

Participarán representantes del Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector.

El grupo de Vox en el Parlament de Catalunya gastó más de 7.600 euros en dos comidas de grupo sin justificación en la actividad política y en las que se tomaron copas de alcohol de alta graduación. Y lo hizo con cargo a la subvención ordinaria que reciben los grupos parlamentarios, cuyo gasto deben justificar después. Así se desprende de un informe de la Auditoria de Cuentas correspondiente al año 2024 y que ha avanzado Vilaweb.

En un comunicado, la formación ha asegurado que, tras ser detectado por la Auditoria en un primer informe y anticipándose al dictamen final, el grupo parlamentario de VOX procedió a regularizar la situación y devolvió los importes indebidos. Rechaza, por tanto, que haya habido un gasto indebido aunque inicialmente sí lo imputó a la subvención del Parlament.

El informe de la Auditoría, que es definitivo sobre el control de gastos de los grupos, considera que estos gastos no tienen cabida dentro de la actividad parlamentaria y que Vox tampoco ha justificado suficientemente quién participó en las comidas ni la razón por la que se celebraron.

La primera factura que la Auditoría cuestiona es de 2.605 euros y corresponde, según Vox, a un almuerzo de trabajo de diputados y personal del grupo. Pero la Cámara detecta que la factura incluye bebidas alcohólicas de alta graduación por importe de 184,25 euros. Además, Vox no aporta información sobre el número de comensales, por lo que la Auditoría concluye que no es un gasto subvencionable, al no poder acreditar que sea un gasto necesario para el funcionamiento del grupo.

Pero además, hay una segunda factura que el informe tampoco pasa por alto. En este caso es de 5.007 euros y corresponde unos a servicios de restauración prestados en Lleida, con motivo de una jornada de trabajo y coordinación territorial del grupo. La Auditoría vuelve a considerarlo no subvencionable, ya que Vox no aportó el detalle de los asistentes ni de los servicios de restauración concretos.

En el año 2024, el grupo parlamentario de Vox en Catalunya recibió 177.762 euros, dentro del reparto proporcional de los 3,7 millones que presupuestó el Parlament para estos fines. Junto a la subvención que reciben los grupos hay que añadir el dinero que aporta directamente la Generalitat para los partidos catalanes, que ese año fueron 9 millones de euros.

El Partido Popular y Vox tienen que entenderse y limar diferencias para poder seguir gobernando juntos en las comunidades autónomas y facilitar un hipotético acuerdo después de unas generales. Es la sensación que se desliza de los últimos movimientos de acercamiento de la dirección de Génova 13 y que tuvieron su máximo exponente el pasado domingo 22 de febrero en una conversación telefónica de una hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para reactivar las negociaciones en Extremadura y Aragón, estancadas desde las últimas elecciones.

Feijóo, en una entrevista en Onda Cero este lunes, afirmaba que “se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible” ante la posibilidad latente de una repetición electoral en Extremadura que, todo apunta, perjudicaría más a su partido que a su rival por el voto de la derecha.

El líder del principal partido de la oposición explicaba que han aprobado un “documento marco” que pone “negro sobre blanco” el marco de juego “en el que se va a mover” el partido “para respetar el resultado de las urnas”. Un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón que, ha reconocido, fue insuficiente: “No tenemos mayoría absoluta, necesitamos un acuerdo estable con Vox”. El PP quiere desplazar al tejado de Abascal la responsabilidad de la quiebra de las conversaciones entre el PP y Vox, especialmente en Extremadura. “Vox tiene que responder si su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar gobiernos del PP”, ha asegurado.

Santiago Abascal ya ha avanzado en una entrevista en Antena 3 que este decálogo “le suena mal” porque “parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien”. “Que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, la Corona, la democracia o a la Constitución para pactar con Vox no lo comprendo”, ha añadido, ofendido, el líder de la extrema derecha, que ve que el PP les trata “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox” y que ha tratado de restar optimismo al escenario de las negociaciones autonómicas.

En el documento, el PP asegura que los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala. Para ello piden “equilibrio” en la concreción de los acuerdos y un sistema de diálogo y consenso, especialmente en algunos de los ámbitos en los que Vox ha tratado de diferenciarse de su partido y con los que ha logrado atraer a gran parte de sus votantes. A continuación analizamos algunas de las cesiones discursivas o de políticas que los populares hacen a su principal rival político.

Políticas climáticas

El Partido Popular afirma en uno de los puntos sobre políticas concretas del documento marco que rechaza las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”. Aunque solamente especifica que el partido defenderá un “mix energético completo” en el que se incluya la energía nuclear y que no aceptará cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad. Es decir, abre la puerta a modificar políticas climáticas, como propone Vox como parte de su lucha contra la “agenda verde” o la Agenda 2030, que ya en su programa electoral a las generales de 2023 abogaba por la derogación de la Ley de Cambio Climático o de la Ley de Costas, en base a criterios puramente económicos.

Vivienda

El PP basa su documento en dos aspectos en cuanto a las políticas de vivienda. Por un lado, cuestiona el “intervencionismo” del Gobierno y contrapone a esa idea la necesidad de construir más vivienda con ayudas fiscales para el acceso a la compraventa por parte de los más jóvenes o de reducción de “burocracia urbanística” y movilización de suelo urbanizable. La otra pata para estas políticas públicas que defiende el partido es la de la lucha contra la “ocupación ilegal”, para lo que propone desalojos exprés, que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas y “seguridad jurídica plena” para propietarios e inquilinos.

Tanto la medida para los “desalojos exprés” como que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas han sido modificaciones legislativas propuestas por Vox a nivel nacional desde 2021 y que se incluían en su programa electoral de las generales de 2023, aunque en el caso de la nulidad de los empadronamientos incluían también a los inmigrantes en situación irregular. Pese a ello, la ley ya garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda y los juristas han criticado en varias ocasiones el alarmismo injustificado al respecto.

Población vulnerable

En el Partido Popular consideran que los acuerdos autonómicos deben proteger la dignidad “de todos los ciudadanos” y promover lo que llaman “solidaridad activa” entre las personas hacia los más vulnerables. Sin embargo, añade en su documento una excepción: la distinción entre personas “necesitadas” y personas “aprovechadas”. “No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”, reza la parte final de este punto. En este sentido, si bien Vox no tiene una política clara respecto de subsidios a la población más vulnerable, sí que ha tratado de identificar a los inmigrantes como los beneficiados de este tipo de ayudas.

En este sentido, Vox busca vincular las ayudas sociales a “la residencia legal” en España, dejando fuera a cualquier persona en situación irregular, y no al empadronamiento, que también propone impedir a las personas en situación irregular. Pese a ello, la redacción del artículo en el documento marco del PP impide conocer realmente qué alcance podría tener sobre las políticas autonómicas o si podrían hacer que población realmente vulnerable quedase fuera de las ayudas sociales tras algún tipo de acuerdo con Vox.

Inmigración

Pese a que la política migratoria es competencia puramente estatal, el Partido Popular incluye hasta dos secciones en su documento marco al respecto. Los populares aseguran que España “ha perdido el control” de la política migratoria o que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”, acercando sus postulados discursivos a los de Vox. También se critica la regularización aprobada por el Ejecutivo y que Santiago Abascal ha convertido en uno de sus argumentos más recurrentes en las últimas semanas para atacar su política migratoria.

El PP de Feijóo asume este discurso y señala que la regularización es “profundamente injusta” para quienes han seguido “las vías legales y se han esforzado por integrarse”, pese a que la mayoría de estas personas ya viven y trabajan de facto en España aunque en situación irregular o a que algunas de las principales regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar. Además, defiende que “quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado”, algo que ya existe en la legislación española, a pesar de que los principales partidos de la derecha insisten en esta cuestión de forma recurrente.

En el apartado autonómico solamente hacen una mención a que se “cuente” con las comunidades autónomas antes de “imponer decisiones” cuyas consecuencias “no asume” el Ejecutivo central. Esto hace referencia al reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas que aprobó el Ejecutivo tras pactarlo con Junts y que el Partido Popular se negó a apoyar en el verano de 2024 después de que provocase la ruptura con Vox en todos los gobiernos autonómicos.

Familia y educación

El PP afirma en su documento marco que sitúa la natalidad “en el centro de la agenda política” y la familia como “primera red de apoyo” tanto de cuidados como de transmisión de valores, y llega a afirmar que hay quienes quieren sustituir el papel de la familia por “la intervención del Estado”. Este punto podría interpretarse como un acercamiento a la postura política de Vox, que ha insistido en sus políticas de “los españoles primero” y de fomento de la natalidad y que ha propuesto en diferentes comunidades autónomas la creación de la figura del “pin parental”.

En la actualidad se mantienen en vigor medidas de este tipo en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia, donde la justicia tumbó la propuesta inicial de Vox. En ambos casos este “pin parental” se limita a la exigencia a los centros educativos a informar con al menos siete días de antelación a los padres de los alumnos de las actividades que se impartirán a sus hijos y no constituye un veto a algunas de esas actividades, como exigía el partido de ultraderecha. Tanto en Balears como en Extremadura el Partido Popular se ha negado en la última legislatura a aprobar medidas para establecer un veto parental a las actividades escolares.

Otro de los aspectos llamativos de estas políticas en el documento del PP es el de la reivindicación “del papel fundamental del padre”, aunque no queda claro a qué se refiere más allá de eliminar “trabas” que penalizan a padres y madres en el acceso y mantenimiento del empleo.

Sobre los menores, el PP defiende protegerles de la exposición prematura a contenidos “dañinos”, que no especifica, y de “intervenciones que no respeten su proceso de maduración” o de “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. Se trata de uno de los principales argumentos de Vox para tratar de condicionar la educación que reciben los menores y contra la educación sexual en las aulas. El PP generalmente se ha mostrado en contra de este tipo de exigencias de Vox, como ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid, donde utilizó su mayoría absoluta para frenar una iniciativa del partido de Abascal y negó que se adoctrinase a los alumnos en los colegios. Sin embargo, también recientemente a nivel municipal, el PP sí ha “comprado” el mensaje de Vox y votado con la ultraderecha en este sentido, como hace apenas tres semanas en Talavera de la Reina.

El Partido Popular también incluye a este respecto otro punto en su documento en el que establece que son los padres quienes “deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral” y se compromete a impedir que las aulas “se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”, sin aclarar cómo pretenden hacerlo o qué adoctrinamiento puede existir en las aulas.

Feminismo

Aunque no es el tema en el que más abunda el texto aprobado por la ejecutiva de Génova 13, sí que hay una mención expresa a las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación o el problema de la brecha salarial, que no siempre ha reconocido el partido. Establece que estos problemas se resuelven “con políticas concretas y eficaces” que no detalla y que no se hace “enfrentando a los ciudadanos por su sexo”. La única propuesta concreta en este sentido que promoverá el PP es la de la prohibición del burka y el niqab, que marcó el inicio de este último acercamiento a Vox ante el fracaso de las negociaciones autonómicas.

Otro punto que puede generar en este caso fricciones con Vox es el de la condena “de toda forma de violencia” ya que exige que cualquier acuerdo rechace todo tipo de violencias, entre las que incluye la violencia machista. Vox se ha apartado de forma reiterada en los últimos años de concentraciones en ayuntamientos o comunidades autónomas frente a la violencia contra las mujeres y tampoco ha suscrito el Pacto de Estado contra la violencia de género. Al mismo tiempo, Vox argumenta que hay que condenar “todo tipo de violencias”, por lo que también puede interpretarse como un acercamiento al discurso de los de Abascal.

En este mismo apartado, el PP se acerca sin duda a Vox cuando, tras asegurar que combatirán todas estas violencias “con todos los recursos”, añaden que hacerlo exigirá “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”. Esta frase subordinada puede suponer la apertura del PP a reducir subvenciones o a romper acuerdos con asociaciones o instituciones en defensa de los derechos de las mujeres y que Vox ha calificado de “chiringuitos” prácticamente desde su fundación y en línea con su ataque habitual a las políticas feministas en pos de la igualdad real.

Seguridad

El PP de Núñez Feijóo defiende además que comparte con Vox (aunque no menciona a la formación en todo el documento) su preocupación por el “deterioro” de la seguridad ciudadana. Menciona el crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad como concepto general y asegura que no se combaten “con discursos” sino “con medios, con presencia y con leyes que se cumplan” aunque su único compromiso claro es el de exigir al Gobierno “una respuesta penal a la altura” y que quien delinca asuma las consecuencias. Vox ha insistido en los últimos años en incrementar las penas para los casos de agresión sexual, aunque no se especifica en ningún sentido en qué podría concretarse este punto, además de que la legislación penal no es competencia de las comunidades autónomas.

La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado “incumplimientos formales”, “deficiencias” en la justificación económica y falta de indicadores de resultados en las subvenciones concedidas en 2024 a las entidades antiabortistas Ainkaren (Casa Cuna) y Red Madre. Los informes de control financiero permanente advierten de la omisión en la documentación presentada por Ainkaren de una ayuda autonómica de 60.000 euros con el mismo objetivo que la municipal, lo que incumple el convenio del Consistorio. También obligan a Red Madre a devolver parte de la subvención tras rechazar varios gastos. Al hilo de estos informes, Zaragoza en Común ha denunciado “alarmantes irregularidades”, “proyectos financiados dos veces” y “ayudas públicas sin declarar”. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que los convenios son “totalmente legales y de interés público”.

Las conclusiones forman parte del Plan Anual de Control Financiero 2025 y analizan la legalidad, eficacia y correcta aplicación de los fondos públicos destinados a estos convenios, integrados en la Línea Estratégica de Acción Social del Plan de Subvenciones 2024-2027.

En el caso de la Asociación Ainkaren, que gestiona el recurso residencial Casa Cuna Madre Teresa, Intervención detecta que la entidad no declaró en el expediente municipal la existencia de un convenio firmado el 3 de julio de 2024 con el Gobierno de Aragón por importe de 60.000 euros. La documentación presentada ante el Ayuntamiento está fechada cinco días después, el 8 de julio, cuando la ayuda autonómica ya estaba formalizada. El informe concluye que esta omisión supone un “incumplimiento formal” de la cláusula octava del convenio municipal y de la normativa general de subvenciones, al no haberse comunicado la concurrencia de otras ayudas públicas.

Además, el órgano de control señala que el convenio municipal y el autonómico financian “en la práctica el mismo dispositivo asistencial”, es decir, la Casa Cuna gestionada por la entidad. Ambos son definidos como “financiaciones estructurales complementarias de una misma actividad continuada” con idéntico destino funcional. No obstante, Intervención descarta que exista sobrefinanciación. Los gastos totales de la asociación en 2024 ascendieron a 176.052,11 euros, por encima de los 91.050 euros recibidos en subvenciones públicas, lo que arroja un ligero déficit. El informe precisa que no ha tenido acceso a la justificación presentada ante la Administración autonómica, por lo que no puede verificar si hay facturas imputadas simultáneamente a ambas ayudas.

Zaragoza en Común considera la situación “especialmente grave” y sostiene que la falta de declaración impide comprobar adecuadamente la financiación global del recurso. La formación subraya que la entidad pasó de percibir alrededor de 10.000 euros a contar en 2024 con dos convenios nominativos que suman 91.000 euros y denuncia que en 2025 la cuantía pública se ha elevado hasta 103.500 euros.

Además, ZeC cuestiona la diferencia entre el coste efectivo declarado —25,4 euros por madre y día— y los módulos de referencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que sitúan recursos similares en 203,42 euros por unidad familiar y día. A su juicio, esa brecha evidencia “baja calidad de la intervención”, “precarización” y una posible selección de perfiles menos complejos.

RedMadre: gastos rechazados

En cuanto a RedMadre Zaragoza, la Intervención detectó “incidencias relevantes” en la fase de justificación económica. La entidad presentó inicialmente documentación incompleta y tuvo que atender distintos requerimientos antes de que se validara el gasto final. Entre las partidas cuestionadas figuraban indemnizaciones por despido, servicios de cátering y determinados gastos de mudanza que no se consideraron directamente vinculados al proyecto subvencionado. Tras el análisis técnico, solo se validaron 22.108,74 euros, lo que supuso la anulación del pago pendiente del 20% de la subvención y el reintegro de 1.891,26 euros correspondientes al exceso percibido en el anticipo.

El informe también cuestiona la actuación del servicio gestor del área de Políticas Sociales, que propuso en dos ocasiones la aprobación de la justificación pese a las advertencias técnicas. Zaragoza en Común afirma que desde la consejería existía “un mayor interés en resolver esta subvención de acuerdo a los intereses de esta entidad que en garantizar el cumplimiento de la legalidad”.

La formación añade que, pese a estas incidencias, en diciembre de 2025 se firmó un nuevo convenio que cubre el 100% del proyecto, frente al 80% habitual en ejercicios anteriores, lo que considera un trato diferenciado respecto a otras entidades sociales.

Más allá de los aspectos económicos concretos, Intervención identifica deficiencias comunes en ambos expedientes. Las memorias presentadas son fundamentalmente “narrativas” y carecen de “indicadores cuantitativos que permitan medir de forma objetiva la demanda atendida, la cobertura o los resultados alcanzados”. Para Zaragoza en Común, esta ausencia de métricas refuerza su denuncia de falta de transparencia. La formación enmarca estos convenios en lo que califica como una asunción de la “agenda ideológica de Vox” y habla de “fórmulas claramente clientelistas en la gestión de los fondos públicos.

Las críticas también han llegado desde el grupo municipal del PSOE. Han recordado que el convenio con RedMadre fue “una de las exigencias de la ultraderecha para aprobar el presupuesto municipal” y las declaraciones polémicas de su presidenta en la sala de prensa institucional, cuando vinculó a los hijos de madres migrantes con “quinquis y pandilleros”, llevó ya entonces al PSOE a pedir la reprobación de la consejera del ramo. El PSOE critica que ahora “nos encontramos con que no han sido capaces ni de justificar el gasto de este convenio que el Gobierno de Chueca llevó adelante como pago al apoyo de la ultraderecha, a pesar de que lo presentaran a bombo y platillo en rueda de prensa, algo que no han hecho con los otros 41 convenios que tenían firmados para ese año”.

Desde el grupo del PSOE han dicho que las dos entidades “han demostrado que no son capaces de justificar el dinero que se les ha asignado; un dinero que podría haber sido utilizado para mejorar los datos de la pobreza infantil o apoyar a familias frágiles, algo muy preocupante” y han anunciado que pedirán explicaciones en la próxima comisión de Políticas Sociales.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal defiende que los convenios son “totalmente legales y de interés público”, que cuentan con el aval técnico de Intervención en términos generales y que estos recursos cubren necesidades sociales.

La semana pasada, el programa Horizonte, de Iker Jiménez, contó con un invitado inesperado, el cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de películas como La madre muerta, Alas de Mariposa o Airbag. El programa de Cuatro no suele llevar a cineastas a su mesa, pero en esta ocasión, el director acudió para, supuestamente, contar cómo su recién estrenada película, El mal, era víctima de la dictadura “woke” que, según él, impide que películas que no responden a la ideología progresista del Gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y en la taquilla.

Las palabras de Bajo Ulloa han sido celebradas con fuegos artificiales por la derecha mediática y por los habituales haters del cine español, que han dado por ley lo que ha contado el director. Lo que ha hecho Bajo Ulloa es básicamente un popurrí de viejos falsos mantras del cine español, mezclado con una crítica a las políticas feministas e identitarias del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Cultura, y coger partes de la Ley del cine y las medidas en defensa de la paridad para tergiversarlas. 

Según Bajo Ulloa, solo se dan “ayudas a películas ideológicamente aceptables”. “¿Qué guion es ese?”, le pregunta Iker Jiménez, a lo que el director responde que debe ser uno en el que haya “inclusión, paridad y todas estas cosas impuestas en la agenda 2030”. “Si no entras dentro de eso, si no entras en esos parámetros, tienes muy pocas posibilidades”, asegura. Una aseveración que es, literalmente, falsa. Solo hay que leer cualquiera de las convocatorias de ayudas generales de los últimos años para ver que no hay ni un solo punto que se otorgue por el tema de los guiones. No se valora la trama, ni qué personajes tiene, ni si son woke o no. 

Las ayudas generales a la producción se basan en un sistema de puntos objetivos, por tanto, su afirmación de que las películas con subvención “se escriben desde un despacho, porque saben de qué tienen que escribir, sobre el dogma woke”, es falsa. Según esa afirmación, películas como Tardes de soledad, un documental sobre la tauromaquia; Siempre es invierno, un drama sobre una relación heterosexual; o La Familia Benetón 2, una comedia que se ríe, precisamente, de lo políticamente correcto y lo woke, nunca hubieran conseguido su ayuda. Todas la tuvieron, principalmente porque lo que más se valora es la viabilidad económica del proyecto.

Lo que sorprende de las declaraciones de Bajo Ulloa es que se olvida de que su película sí cuenta con dinero público. Tal y como se puede ver en sus créditos está apoyada por RTVE y EITB, las televisiones públicas del Estado y de Euskadi. RTVE adquirió la película en su tercera mesa de valoración de 2020, y recibió una cantidad de 700.000 euros según los datos de RTVE que elDiario.es logró por petición al portal de transparencia y que fueron publicados en un especial en donde se analizaba cuánto dinero recibía cada película española.

Esos 700.000 euros suponen la misma cantidad que recibió Rodrigo Sorogoyen por As bestas, una película que estuvo en el Festival de Cannes y que arrasó en los Goya y en la taquilla. Bajo Ulloa recibió 50.000 euros más que Alcarrás, de Carla Simón, ganadora de Oso de Oro en Berlín. 

No fue la única que recibió El mal, que en 2011, cuando iniciaba su proceso de escritura, recibió una ayuda al desarrollo de 40.000 euros. En 2011, cuando se entregó esa ayuda, estaba el PSOE en el Gobierno. La película lleva, en estos momentos, 22.907 euros recaudados, menos incluso que la ayuda al desarrollo de guion que recibió. La rentabilidad de una película nunca debería ser un criterio para cuestionar la existencia de una ayuda, sin embargo este es el argumento que la derecha mediática siempre utiliza para atacar las subvenciones al cine español y a películas concretas, como ocurrió con La piedad, de Eduardo Casanova, o Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín.

También criticó que los festivales y los premios solo se fijaban en esas películas ideológicamente alineadas con lo woke. Parece olvidarse que su anterior película, Baby, estuvo en el festival de Sitges y fue nominada a los Goya de 2021 en la categoría de Mejor dirección. Una película que, además, obtuvo una Ayuda de Cultura de 266.050 euros. Recaudó 22.000.

Malos tiempos para los hombres

La principal crítica de Juanma Bajo Ulloa en Horizonte fue que, ahora mismo, si eres un hombre tienes muy complicado dirigir. Según él, su recorrido según el sistema de puntos es solo de tres sobre 100. Lo cual es solo parcialmente cierto. Sí, él tiene tres, pero es que la carrera de premios y festivales de un director cuenta, como máximo, siete puntos. Esto lo tendrían personas como Juan Antonio Bayona, Pedro Almodóvar o Sorogoyen, que han estado nominados al Oscar, han ganado el Goya y han estado en Festivales internacionales. Por tanto, tres puntos es una cantidad normal para cualquier cineasta que se presente. 

Unió su argumento con el siguiente: “Si busco a una chica que no tiene ningún curriculum y la pongo ahí tiene 10 puntos, porque importa tu condición”. Algo que es falso. Primero, porque son dos partes de la ayuda independientes. La de la trayectoria del cineasta no depende de género. A lo que se refiere es a una de las novedades que se introdujeron en las ayudas para fomentar la igualdad de género en el cine, aumentando los puntos en ayudas y exigiendo un mínimo de presencia femenina.

Bajo Ulloa se inventa la norma. El punto 4.2 de la convocatoria de ayudas de, por ejemplo, 2024, es el dedicado al ‘Fomento de la igualdad de género. Participación de mujeres en el proyecto’. El máximo que uno puede tener en ese apartado es 8 puntos (ya no son los 10 que dijo). Tener una directora da, exclusivamente, 3 puntos. Si una película tiene una directora, guionista, productora ejecutiva y/o compositora de BSO, podría sumar ese máximo de ocho. Existe otra posibilidad, que haya 'Mujeres que ocupen, al menos, 4 de los cargos de máxima responsabilidad', lo que daría tres puntos de esos 8.  

A pesar de ello, no tener una mujer ni en la dirección ni en el guion no quiere decir que no te den una ayuda. Solo hay que ver ejemplos como el de Los tigres, de Alberto Rodríguez, escrita por él junto a Rafa Cobos y que tuvo ayuda igual que todos sus filmes. Esto se debe a que, aunque Bajo Ulloa no lo explicó, 92 de los 100 puntos responden a criterios objetivos. 41 puntos tienen que ver con la ‘Viabilidad económica y financiera del proyecto’; y otros 15 con el ‘Gasto realizado o repercutido en España’.

No hay puntos por tener a personas racializadas ni hay puntos por tener contratadas a personas LGTB. Sí que hay otros tres puntos que responden a introducir becarios, personas en prácticas o personas con discapacidad física o sensorial. Las normas, por cierto, están publicadas y son prácticamente las mismas desde hace años, por lo que Juanma Bajo Ulloa podría haber introducido alguna de estas personas para tener puntos que lo que buscan es fomentar la “accesibilidad universal”.

Según las palabras de Bajo Ulloa, las ayudas van básicamente a mujeres. Viendo a quién han ido las ayudas, se desmonta el argumento. Nunca en la historia han recibido más mujeres que hombres las ayudas del ministerio de Cultura. En 2024, se ayudó a un total de 63 películas. De ellas, 23 fueron dirigidas por mujeres. Esto supone un 36,5%. 

Según los informes con los datos definitivos que publica el ICAA, en 2023, de los 52 proyectos que obtienen ayuda, solo 19 fueron dirigidos exclusivamente por mujeres, el 36,53% de los proyectos beneficiarios. En 2022, fue un 40%, mientras que en 2021 el porcentaje fue de 37,78%. Esto quiere decir que ni siquiera con las ayudas a la paridad se ha alcanzado el 50% de mujeres y directores haciendo películas.

Tampoco ocurrió en esos mismos años en el dinero otorgado por RTVE, tal y como informó este periódico, de todas las películas adquiridas por el ente público entre 2020 y 2023. De las 207 películas que RTVE adquirió entre 2020 y 2023, 132 fueron dirigidas por hombres y 73 por mujeres (las dos restantes hasta llegar a las 207 corresponden a colectivos de cineastas formados tanto por hombres como por mujeres). Es decir, que hubo un 35,2% de mujeres frente al 63,7% de hombres.

Existe también una segunda vía de ayudas, dedicada a los proyectos más radicales, diseñadas para proyectos con un especial valor cultural, documental o experimental, así como para nuevos realizadores (primera o segunda película). En estos, hay 50 puntos de criterios objetivos, donde la “Solvencia de la empresa solicitante” da hasta 8 puntos, de nuevo la “viabilidad económica y financiera”, otros 10 y el impacto socioeconómico puede alcanzar hasta 24 puntos.

En estas sí que hay una parte que valoran los comités. Comités que varían en cada convocatoria, que son plurales y que están formados por miembros de la industria del cine. Estos comités, que leen los proyectos presentados para otorgar los otros 50 puntos. La originalidad del proyecto da hasta 10 puntos, la calidad de los diálogos hasta 5 y el equipo técnico y autoral otros 5. Ahí es donde alguien podría pensar que se podría beneficiar más a las mujeres que a los hombres. Pues bien, los informes de la Asociación de Mujeres Cineastas muestran que en 2024 los largometrajes procedentes de las ayudas selectivas dirigidos por mujeres representaron un 48%, eso sí, con un presupuesto de un 30% inferior. El 2023 hubo un 47% de proyectos dirigidos por mujeres, y en 2022 un 46%.

Al haber comité muchos pensarán que estas ayudas podrían ser un coladero de temas woke. La película con más puntuación en la resolución de 2025, Daemon, se describe “como un tecno-romance de terror corporal”. O Memorial, la cuarta con más puntuación y que su director define como “una analogía entre cómo preservamos el arte y cómo preservamos la memoria de nuestros seres queridos cuando ya no están”. O Upiro, que con la tercera mejor valoración cuenta la historia de “una joven enviada a un monasterio de clausura en el que varias novicias sufren una extraña enfermedad de la sangre”. Temas radicales, extremos, de poco presupuesto y que pueden recibir, como máximo una ayuda de 800.000 euros. De estas ayudas han salido películas como Tardes de soledad, O que arde o Estrany Riu, todas ellas presentes en festivales internacionales.

Las salas también son woke

El ataque masivo de Juanma Bajo Ulloa no se quedó solo en las ayudas del Ministerio de Cultura, sino que considera que se extiende también a la exhibición, donde solo se estrenan películas “neutras de cine familiar” o “películas de causas ideológicas”. Justifica así las 39 salas en donde se ha estrenado su película. Una cifra baja.

Sin embargo, si las películas se estrenaran por causas ideológicas, no hubieran encontrado su hueco en las salas el documental de Melania Trump, que llegó a cines españoles en más del doble, 83. O los 84 cines que estrenaron Tardes de soledad, sobre la tauromaquia, o las más de 300 que apostaron por Sound of freedom, un fenómeno de taquilla en EEUU vinculado a sectores conservadores y religiosos e incluso cercanos a Q Anon. Esta última fue, además, un absoluto éxito de taquilla en todo el mundo demostrando que, si hay interés, da igual ser woke o no. 

El subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en un bote salvavidas para aquellos que tienen que afrontar el último tramo de su vida laboral en el desempleo. Esta prestación no solo les otorga un ingreso mensual de 480 euros mensuales, sino que les permite seguir cotizando a la Seguridad Social, evitando que peligren sus pensiones en el futuro. Ahora, la cotización generada por este subsidio se va a ver aumentada tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La subida de los salarios más bajos no solo es una buena noticia para aquellos trabajadores que perciben esta cuantía por su trabajo, también lo será para aquellos receptores del subsidio para mayores de 52 años. El SMI sube un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros anuales. Se trata además de un incremento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2026.

Es preciso aclarar que la subida del SMI no incrementará la cuantía a percibir del subsidio. Seguirá siendo de 480 euros mensuales, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sí que aumentará la cotización fruto de esta ayuda. Dado que el SMI es también la referencia que determina la cotización de cara a la jubilación, de forma consecuente se mejora la cotización fruto de las ayudas a mayores de 52 años.

Con la subida del SMI, la base mínima de cotización pasará a situarse este 2026 en torno a 1.424,50 euros mensuales. Esta ayuda cotiza por el 125% de esta base, por lo que la nueva base de cotización de este subsidio rondará los 1.780 euros mensuales, un incremento de un 3,6% respecto a 2025. Este aumento de cotización puede traducirse, a la hora de calcular la jubilación, en una pensión más alta.

Requisitos para el subsidio para mayores de 52 años

Para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años, el solicitante no puede percibir más del 75% del salario mínimo interprofesional en rentas propias. Esto supone que con la subida del SMI también aumenta el umbral de límite de rentas para solicitar la ayuda, que ahora se sitúa en 915,75 euros mensuales. Este límite de ingresos deberá estar vigente desde el mes anterior a la solicitud o prórroga de la subvención. Existen otros requisitos para poder optar a esta ayuda, que son los siguientes:

Por último, se debe acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, la carencia de rentas propias. El cumplimiento de este requisito deberá mantenerlo durante todo el tiempo de percepción del subsidio. En este sentido, se considerarán rentas propias todas aquellas que tengan lugar en la unidad familiar. Pueden ser de ingresos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas, y las prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas (salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y el importe de las cuotas para la financiación del convenio especial con la Seguridad Social). También se considerarán rentas las pensiones de alimenticias y compensatorias en separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales o procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no convivan los progenitores.

Una vez concedida, el solicitante recibirá 480 euros mensuales hasta que se jubile o encuentre un nuevo empleo.

Cómo solicitar el subsidio para mayores de 52 años

De acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para pedir el subsidio para mayores de 52 años tendrás que presentar la siguiente documentación en el registro electrónico del SEPE o pidiendo cita previa en una oficina de prestaciones:

Este subsidio se debe renovar cada año. Para ello, debes justificar que sigues cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias, presentando al SEPE una declaración de tus rentas cada doce meses, desde la fecha en la que se concedió el subsidio o desde la última renovación.

Si no presentas esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. El pago se reanudará una vez la renueve el solicitante, pero no tendrá carácter retroactivo, solo percibirá la cuantía correspondiente tras aportar la documentación.

La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud ha informado al Consejo de Gobierno de una nueva convocatoria de hasta nueve líneas de subvenciones culturales para 2026, con un presupuesto global de 2.260.000 euros, lo que supone un aumento de 65.000 euros respecto al año anterior. Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, se distribuyen en tres grandes bloques: reformas y reparaciones de locales culturales, equipamiento de espacios culturales y actividades culturales, dirigidas a Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones y empresas con objeto social cultural en La Rioja.

El Boletín Oficial de La Rioja publicará el miércoles 18 de febrero, este incremento en las subvenciones culturales para 2026 que alcanza los 2,26 millones de euros, un 3 por ciento más que en 2025. Así, como ha explicado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, “estas líneas de ayudas mejoran el plazo respecto al año pasado para que la convocatoria salga ya a mitad de febrero, porque creemos que es fundamental imprimir agilidad en todos los proyectos y procesos desde el punto de partida”.

El consejero ha subrayado que la redistribución del presupuesto responde al análisis de la ejecución de ejercicios anteriores, por ello, “hemos optimizado las cuantías tras observar la demanda real durante estos dos años y medio de legislatura, reforzando aquellas líneas que más lo necesitan y ajustando la distribución para que el sistema sea más eficiente”.

En cuanto a las subvenciones destinadas a reformas y reparaciones, las entidades locales contarán con 360.000 euros, con una cobertura del 80 por ciento de los costes. Las asociaciones dispondrán de 110.000 euros, mientras que las empresas culturales podrán optar a 80.000 euros, con los mismos límites de financiación. El plazo para realizar las obras subvencionables se extiende desde el 18 de octubre de 2025 hasta el 11 de octubre de 2026.

Para el equipamiento de locales culturales, se destinarán 530.000 euros: 300.000 euros para ayuntamientos, 150.000 euros para asociaciones y 80.000 euros para empresas. La adquisición de material para mejorar este equipamiento podrá realizarse entre el 18 de octubre de 2025 y el 11 de octubre de 2026, contribuyendo así a la modernización de los espacios municipales, asociativos y profesionales.

En el apartado de actividades culturales, se movilizan 1.180.000 euros, distribuidos entre 580.000 euros para ayuntamientos, 400.000 euros para asociaciones y 200.000 euros para empresas, con la cobertura del 80 por ciento de los costes. Las actividades subvencionables deberán realizarse entre el 14 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, y los gastos derivados de la labor de los beneficiarios podrán suponer hasta el 30 por ciento del importe considerado subvencionable.

Pérez Pastor ha destacado que el calendario de ejecución “permite recoger las actividades de final de año sin someter a las entidades ni al funcionariado a una tramitación apresurada de las justificaciones”, favoreciendo una planificación más ordenada tanto para los solicitantes como para la propia Administración. Asimismo, ha incidido en que estas subvenciones constituyen “una de las columnas vertebrales de la actividad cultural de nuestra tierra, porque permiten irrigar el tejido cultural en toda su variedad: ayuntamientos, asociaciones y empresas”.

El procedimiento para solicitar estas ayudas se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, y los beneficiarios deberán justificar los gastos derivados de reformas, equipamientos y actividades antes del 16 o 30 de octubre de 2026, según el tipo de subvención. Tras su publicación en el BOR, la concesión de las ayudas se notificará en un plazo máximo de seis meses.

Finalmente, el consejero ha avanzado que próximamente se convocarán otras dos líneas específicas de apoyo al sector cultural: la destinada a producciones artísticas, dotada con 255.000 euros, y la Orden de Gira, con 70.000 euros, que completarán el conjunto de instrumentos de apoyo del Ejecutivo regional a la actividad cultural.