El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Turismo, por importe de 560.000 euros, para inversiones que realicen las empresas turísticas de la comunidad autónoma para su modernización.

Las bases reguladoras vienen establecidas en la Orden CTD/3/2026, de 18 de septiembre, que persigue fomentar la consecución de las mejores condiciones de calidad posibles para los turistas, así como promover el desarrollo de una economía turística competitiva y eficaz, e incentivar las acciones de formación.

Podrán acogerse a ella las empresas turísticas que se encuentren inscritas de forma definitiva en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria.

Entre los beneficiarios figuran los alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías, bares, campamentos de turismo, agencias de viaje, centrales de reserva, organizadores profesionales de congresos y empresas de turismo activo.

Se consideran actuaciones subvencionables obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida, instalación de ascensores, insonorización, puntos de recarga de vehículos eléctricos, acondicionamiento de baños, cocinas, comedores o terrazas, climatización.

Asimismo, la orden sufraga obras de reforma y construcción de espacios de distinta índole, inversiones en domótica y eficiencia energética, renovación tecnológica (redes wifi, TPV, aplicaciones móviles y sistemas de automatización, o adquisición de nuevas televisiones) o los costes para la obtención de la certificación de calidad turística Q/UNE y S/UNE, entre otros.

Para poder ser subvencionables, los proyectos deberán tener un importe igual o superior a 3.000 euros, IVA excluido, por solicitante y establecimiento.

Expresamente no serán subvencionables los gastos que hayan sido subvencionados en la convocatoria anterior; los realizados con anterioridad a la resolución de inscripción definitiva en el Registro General de Empresas Turísticas; ni las inversiones realizadas en viviendas de uso turístico.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

La solicitud de subvención se formulará en el modelo oficial, el cual será facilitado por el Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo y Hostelería o podrá conseguirse en la página institucional del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es), en su apartado 'Atención a la ciudadanía 012', 'Ayudas y Subvenciones', o en la web de turismo (www.turismodecantabria.com), en su apartado 'Web del Profesional', 'Ayudas y Subvenciones', y será dirigida a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La mayoría de las encuestas augura una victoria de las derechas en las elecciones del 29 de noviembre. Pero los estudios también vaticinan que el PP tendrá que ir de la mano de Vox para poder lograr una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Ambas fuerzas ya comparten ejecutivos en numerosas comunidades autónomas y la estrategia de la extrema derecha en esas administraciones, donde ocupa carteras como Desregulación, Familia o Agricultura, permite anticipar algunos de los cambios que pretende impulsar a nivel estatal, si finalmente se confirma que puede sumar con el PP.

La última ofensiva de Vox ha sido la de la “desregulación”. Las promesas del partido de acabar con la “maraña burocrática” en las administraciones han dejado de ser un recurso electoral para convertirse en política de gobierno en varias comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con su denominada “desregulación”, el partido plantea reducir trámites administrativos, pero también revisar el ordenamiento autonómico y eliminar normas que considera —en sus palabras— “ideológicas o superfluas”, así como examinar políticas públicas, reducir determinadas subvenciones y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos. 

Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que detrás de esta “desregulación” existe una “aplicación selectiva” de este principio y “no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa”. En esta misma línea, el politólogo Guillermo Fernández considera que Vox no puede definirse únicamente como un partido desregulador porque en muchos ámbitos es bastante intervencionista. “Por ejemplo, en el terreno de la educación, el discurso de Vox es muy hipócrita, dicen que la educación es para enseñar y no para transmitir ideología, pero en lo privado por supuesto que quieren ideología: la suya”, señala el experto. 

Nueve consejerías para Vox

En 2023, los populares pactaron con la extrema derecha después de las elecciones municipales y autonómicas. Solo un año después, Santiago Abascal rompió, de manera unilateral, todos esos ejecutivos autonómicos por su discrepancia sobre el reparto en el sistema de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias. Pero el de ahora es un momento político distinto. 

“No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, declaraba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su reelección al frente del partido. Ahora, la coalición PP-Vox cuenta con varios gobiernos autonómicos, donde los ultras han conseguido las vicepresidencias. 

En Extremadura, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox dio lugar a una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de la Consejería de Desregulación y Familia. Por su parte, en Andalucía, el último de los pactos autonómicos con el PP, Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia segunda y dirige la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Los acuerdos incluyen mecanismos para la simplificación de los procedimientos administrativos, como la ventanilla única o un “buzón de desregulación” para que los ciudadanos puedan señalar aquellas normas que consideren “innecesarias, redundantes o desproporcionadas”. Pero, al mismo tiempo, los pactos identifican como objetivos de revisión algunas de las políticas desarrolladas en los últimos años, como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad. 

La “desregulación” de Vox ya ha abierto la puerta a una revisión de la normativa en las comunidades donde gobierna junto a los populares. “Quieren reducir lo que a ellos ideológicamente no les interesa, reducir la parte del Estado que a ellos les gusta menos a la mínima expresión”, señala Lumbierres. La politóloga advierte que la estrategia de Vox “busca seleccionar qué políticas públicas deben desaparecer y cuáles deben reforzarse” y señala la importancia de las áreas que el partido ha asumido en estos gobiernos que, a su juicio, “favorecen a unos y perjudican a otros”. “Vox ha pedido consejerías como bienestar social, en las que se gestionan muchísimas ayudas y son imprescindibles para la vida”, indica la experta. 

Por su parte, Fernández coincide en que la desregulación de Vox tiene una dimensión ideológica. Sobre la propuesta de eliminar “tres normas por cada una que se apruebe”, el experto considera que, aunque pueda presentarse como una forma de eliminar normas duplicadas o innecesarias, contiene un componente político. “Ese eslogan va a aplicarse sobre todo a las áreas que en el fondo no les interesan”, apunta.

Así, de los acuerdos autonómicos con el PP han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas destinadas a personas LGTBIQ+ o la Agenda 2030. En contrapartida, dan paso a otras prioridades ideológicas de Vox, desde el endurecimiento de las políticas migratorias, la llamada “prioridad nacional”, por la que se introducen criterios de “arraigo real, duradero, estable y verificable” para el acceso a determinadas ayudas públicas, o la promoción de la tauromaquia y la caza. 

Menos subvenciones para los sindicatos y ONG

Los pactos entre PP y Vox también incluyen una reducción de las subvenciones destinadas “a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”. En la Región de Murcia, por ejemplo, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana, la formación ya ha avanzado en nuevos recortes a las subvenciones de estos organismos. 

Guillermo Fernández considera que estas medidas pueden afectar al modelo de diálogo social. A su juicio, “Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos”, lo que podría tener “posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva”.

La revisión del gasto público también alcanza a las ONG. Los pactos autonómicos establecen la supresión “total” de subvenciones a las ONG que, según los acuerdos, participen en la “promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”. “Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, establecen los pactos.

En este sentido, además de las ONG, los pactos recogen compromisos para endurecer las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, así como limitar la llegada de nuevos menores a las comunidades. “Se endurece su situación en los centros que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad”, firmaba textualmente Juan Manuel Moreno Bonilla en el acuerdo con Vox en Andalucía. En él también se ha incluido un “rechazo frontal” a la llegada de más menores extranjeros no acompañados: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el pacto. 

En Aragón, por ejemplo, el pacto entre PP y Vox incluye mecanismos de “verificación de edad” con pruebas forenses para determinar su edad o la retirada de una paga mensual de 17 euros a todos los menores migrantes no acompañados. Medidas que ya han dado lugar a al menos dos denuncias ante la fiscalía: una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista, ya que es la Fiscalía quien debe tomar la decisión de realizar o no esas pruebas. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo.

La “prioridad nacional” para optar a ayudas públicas

El gran triunfo de Vox en su pacto con el PP ha sido imponer su marco ideológico con la llamada “prioridad nacional” como una realidad en los gobiernos de ambos partidos. Los acuerdos autonómicos incluyen no solo restricciones a determinadas ayudas vinculadas a la inmigración, sino también mediante requisitos relacionados con la trayectoria de cotización o el tiempo de empadronamiento.

En Castilla y León, el pacto habla de una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tengan un arraigo “real, verificable y efectivo” en la comunidad. En Andalucía, este principio se incorpora al acceso de ayudas públicas y a la vivienda protegida. 

En la Comunitat Valenciana, a pesar de no contar con una vicepresidencia, Vox ha conseguido introducir su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat para el 2026. Allí, PP y Vox aprobaron conjuntamente la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas, endureciéndose los requisitos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión: 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30 de empadronamiento. 

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” de diez años en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

También en Castilla y León, la Junta de PP y Vox asumirá la tesis de la “prioridad nacional”, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. El Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España, aunque la Unión Europea establece que ese mínimo no puede exceder de los cinco años.

Lumbierres advierte que este tipo de criterios de “arraigo” puede acabar “perjudicando también a los ciudadanos españoles” que residen en una comunidad. La experta explica que, en el caso valenciano, “una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos”. La politóloga considera que este arraigo para el acceso de ayudas públicas supone “una mayor inseguridad jurídica”.

Por su parte, Fernández advierte de que “esta lógica puede contribuir a una transformación más profunda de la concepción de los derechos” y dar lugar a “una sociedad de estratos”, en la que existan grupos con “paquetes de derechos distintos, unos más extensos que otros”. 

Un “copia y pega” de Milei

La estrategia de Vox se inscribe así en una tendencia internacional en la que la ultraderecha ha convertido la reducción del gasto público y la revisión de la regulación en una de sus principales banderas. 

Su referente más evidente es el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que ha hecho de la ‘motosierra’ uno de los símbolos de su programa, incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para impulsar el recorte del gasto público y reducir el tamaño del Estado. También Estados Unidos, donde una de las medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk y enfocado a recortar el gasto público y revisar la estructura administrativa federal. 

Ese mismo impulso es el que Vox ha tomado en sus pactos autonómicos. En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya aseguró que iba a “meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación”, mientras los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación como una de las prioridades de sus gobiernos.

“Es una apuesta claramente política neoliberal externa a nivel de Milei, es un copia y pega del modelo argentino”, sostiene Lumbierres. “Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo que tiene que ver con lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario”, advierte la experta.

Para Fernández, una aplicación de estas políticas supone una “contrarreforma” orientada a revisar el sistema en sentido conservador. El experto advierte de que esto “reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político”. “¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno? Porque ya no solo se trata de los que te quiten, sino de los que vayas a ganar realmente”, resume Fernández.

Con su estrategia autonómica, Vox apunta contra las políticas públicas que el partido considera “ideológicas”, incluyendo requisitos de acceso a prestaciones públicas, la acogida de menores migrantes, la financiación de sindicatos y ONG, la regulación ambiental o la normativa de igualdad. “Lo que consigues es la desestabilización social”, advierte Carmen Lumbierres.

Ya hay nueva línea de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética y mejora de edificios y viviendas de Castilla-La Mancha finalizados antes de 2006. La convocatoria la ha publicado la Consejería de Fomento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y está cofinanciada al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027). En total, se destinarán 50 millones de euros. Pueden solicitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

La finalidad principal de estas subvenciones es reducir el consumo de energía primaria no renovable en el parque edificatorio y fomentar el uso de energías renovables como la solar, biomasa, geotermia y aerotermia.

Las actuaciones se organizan en tres líneas principales. La primera de ellas está dirigida a edificios de uso residencial colectivo y exige lograr una reducción de al menos un 40% en el consumo de energía primaria no renovable.

En segundo lugar, otro bloque está destinado también a edificios residenciales, pero en lo referido a instalaciones térmicas por biomasa (requiere reducir al menos un 30% la energía primaria no renovable y un 45% las emisiones de CO2 en actuaciones integradas), así como sistemas fotovoltaicos, térmicos o híbridos con un máximo subvencionable de tres kilovatios (kW) por vivienda.

La tercera línea de ayudas se destina a viviendas unifamiliares. Exige una reducción mínima del 60% en el consumo de energía primaria no renovable.

Beneficiarios y novedades

Pueden beneficiarse de estas subvenciones personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas unifamiliares o edificios colectivos, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las personas propietarias en situación de vulnerabilidad económica pueden percibir una ayuda complementaria de hasta el 100% del coste de la actuación que les sea imputable. El umbral de vulnerabilidad se determina según los ingresos de la unidad de convivencia respecto al IPREM.

También destaca el hecho de que en municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación la cuantía máxima y el porcentaje de ayuda aumentan un 20%.

A esto se añade que se reducen los requisitos de potencia fotovoltaica exigidos para acceder a las ayudas de la sublínea de energía solar, la obligación de presentar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación junto con la solicitud y la exigencia de que las viviendas constituyan domicilio habitual y permanente para poder acceder a las ayudas. 

La convocatoria establece tres condiciones fundamentales para poder acceder a las ayudas, que son que los edificios tienen que estar construidos antes de 2006, que los trabajos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud y que la inversión mínima tiene que ser de 200.000 euros.

Estas ayudas recibieron luz verde del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la semana pasada. Entonces, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, recordó que se trata de la segunda convocatoria en materia de rehabilitación con fondos FEDER y que el objetivo es poder rehabilitar más de 2.000 viviendas.

El PSOE de Arrecife ha denunciado la pérdida de una subvención de 409.281 euros destinada a dinamizar el comercio local, después de que el Ayuntamiento no presentara ningún proyecto para ejecutar los fondos dentro del plazo establecido. La ayuda, concedida por el Cabildo de Lanzarote, deberá ser devuelta, según los socialistas.

En un comunicado, el PSOE responsabiliza al alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), de la pérdida de estos recursos públicos y critica una gestión municipal que, a su juicio, prioriza el gasto en fiestas frente a las necesidades del comercio local.

La subvención tenía como objetivo impulsar el consumo de productos locales

La ayuda estaba destinada a potenciar y promover la producción y el consumo de productos locales. Inicialmente, el periodo previsto para ejecutar las actuaciones comprendía del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026 sin que, según denuncia el PSOE, el Consistorio presentara un proyecto para emplear los fondos.

La concejala socialista Cristina Duque ha cuestionado la gestión del grupo de gobierno y ha ironizado sobre sus prioridades. “Si llega a ser una subvención para potenciar y promover el consumo de bebidas en fiestas nocturnas, seguro que se hubiera gestionado de otra manera”, ha afirmado.

Duque también ha reprochado al alcalde que, en su opinión, esté más pendiente de la celebración de eventos festivos que de aprovechar los recursos destinados a apoyar a los pequeños comerciantes del municipio.

“Entre los dineros despilfarrados y los dineros perdidos, Arrecife es una tragedia”, ha manifestado la edil, que ha calificado de “incompetencia sin igual” la actuación del actual grupo de gobierno.

Los socialistas consideran que la devolución de los 409.281 euros supone una oportunidad perdida para impulsar la actividad económica local y respaldar al tejido comercial de la capital lanzaroteña.

Aunque son la causa principal de cambio climático, los gobiernos pagan ahora mucho más en subvenciones al petróleo, el gas o el carbón que el año en el que se firmó el Acuerdo de París. O dicho de otra manera: destinan actualmente mucho más dinero público a financiar la producción y uso de los combustibles fósiles que provocan la crisis que ese acuerdo pretende atajar.

Si en ese 2015 las subvenciones directas llegaron 330.000 millones de dólares, cinco años después, en 2020, los subsidios directos sumaron 450.000 millones. Para 2024 —tras pasar por un pico de un billón en 2022— llegaron a 730.000 millones, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Este 2026, “las subvenciones directas van camino de alcanzar otra vez el billón de dólares y podrían llegar a 1,4 billones si el barril de crudo costara 110 dólares”, según ha calculado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar del diagnóstico científico, la dependencia del petróleo o el gas se ha dejado sentir implacablemente desde que estalló la guerra en Ucrania (2022) y le siguió el ataque de EEUU e Israel a Irán en Oriente Próximo (2026).

Así que, esta misma semana, el Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas directas a la gasolina y el diésel en España —además de limitar la tarifa del gas—. La subvención consiste en una rebaja fiscal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos: 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre.

Cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado

Pep Canadell — científico jefe del Centro de Investigaciones Científicas de Australia

El científico jefe del Centro Nacional de Investigación Científica de Australia (CSIRO), Pep Canadell, explica que “cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado”. Hay que tener en cuenta que la situación en el mundo es bastante diferente a España —que tiene diversas fuentes de energía— “en muchas partes los combustibles fósiles son el 80% o más de la energía”, aclara Canadell que también es director ejecutivo de Global Carbon Budget.

Detrás de las ayudas en España está el temor a la inflación. De hecho, el IPC escaló hasta el 4,9% en septiembre empujado por el precio de los combustibles. El coordinador del área de energía y clima en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma que “de alguna forma, estas reducciones contienen el descontento de la población y evitan una presión social mayor para que las energéticas ajusten sus precios cuando bajan sus costos como sí hacen cuando incrementan los precios”. Y añade: “Vemos que grandes corporaciones tienen beneficios millonarios que apenas son gravados por lo que son las clases populares las que absorben el impacto del alza de los combustibles fósiles”.

Ambos conflictos bélicos han servido para que las petroleras den la vuelta a la imagen de los combustibles fósiles: de causa de un gran problema mundial como es el cambio climático a solución para tener seguridad energética. Y, a caballo de ese relato, las petroleras baten récords de beneficios en 2026.

Detrás de todas estas ayudas públicas encontramos que, en 2025, las emisiones mundiales de CO₂ por usar combustibles fósiles marcaron un nuevo récord histórico: 38.100 millones de toneladas. Un incremento del 1,1%. Ese y otros gases son los que, al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor del sol, generan el calentamiento global del planeta y, de ahí, la alteración del clima que ya padecemos: olas de calor, sequías, tormentas más violentas, inundaciones o incendios forestales inextinguibles.

Cada vez que llega una crisis energética se repite el mismo dilema para los gobiernos. “Las subvenciones están pensadas para proteger a los consumidores al mantener los precios más bajos, pero conlleva un coste sustancial”, explican los análisis del FMI. No solo fiscales, al exprimir los presupuestos, sino que también “empeoran el cambio climático y la salud”.

Además, repite el FMI, “no están bien orientados hacia las rentas más bajas ya que el 20% de los hogares más pobres solo reciben 20 céntimos de cada dólar destinado a subvencionar combustibles”.

“Claro que hay buenas razones para estos subsidios —opina Pep Canadell— pero miles de millones cada año colocan al petróleo, el gas o el carbón en una situación de ventaja competitiva muy grande. Se está produciendo una transformación energética, pero el ritmo así es muy lento”.

La presión del 'petrolobby'

El responsable de clima, energía y transporte de Greenpeace, José Luis García Ortega, considera que el Gobierno “ha cedido a las presiones del lobby de los combustibles fósiles” y aboga por que ese dinero se destinara “a apoyar a la población para defenderse de la dependencia de los combustibles fósiles. Las subvenciones a la gasolina y el gasoil deberían usarse para ayudar al transporte público, por ejemplo ampliando el alcance del abono único, de manera que la gente no necesite utilizar tanto combustible fósil”.

Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles. Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes

Javier Andaluz — coordinador de Energía y Clima en Ecologistas en Acción

La capacidad de la industria del petróleo y el gas para influir en las políticas públicas —petroestados como Arabia Saudí incluidos— ha quedado patente al ver que las palabras combustibles fósiles no aparecieron en todo el texto del Acuerdo de París y solo se consensuó pedir una “transición lejos” de estos productos en la cumbre del clima de Qatar en 2023.

El informe de la Comisión Europea sobre subvenciones a la energía publicado este septiembre confirma que “queda mucho por hacer si la Unión Europea quiere mantener su compromiso de dejar estos subsidios completamente en 2050”. Los 27 dedicaron en 2024 unos 97.000 millones de euros a subvencionar estos combustibles. Es menos que en el pico de 2022, pero muy por encima de la media 2015-2019 situada en 60 millones (un salto del 60%).

“Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles”, reflexiona Javier Andaluz. “Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global de carburantes. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, la reducción de uso no aparece en el horizonte: “Se pretende regular con medidas que son un poco café para todos y que, al final, incentivan su uso. Además, ayudan a las clases con rentas más altas —que son las que pueden consumir más fósiles— y hacen que mantengan esa demanda alta y, por tanto, continúe la escalada de precios”.

Y con la escalada de precios se atornilla las ayudas públicas a la causa de la crisis del clima. “Las grandes energéticas están haciendo ahora una cantidad de dinero tan grande que les permite hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras para seguir extrayendo combustibles fósiles”, ilustra el director del CSIRO. “Y son inversiones a muy largo plazo, 50 o 60 años que seguirán funcionando mientras haya un comprador. Y eso les asegura el futuro”.

Los jóvenes de Castilla y León podrán pedir la subvención para el carnet de conducir a partir del 1 de octubre. La Junta de Castilla y León ha autorizado cuatro millones de euros para las subvenciones que ayuden a financiar parte del coste del carnet B de conducir a los menores de treinta años siempre que lleven más de cinco años empadronados en algún municipio de Castilla y León.

Esta subvención se entregará por concurrencia competitiva, con baremos como los ingresos de la unidad familiar y obligará a los jóvenes a mantener su empadronamiento tres años después de presentar la solicitud, además de estar al corriente del pago de impuestos y ante la Seguridad Social.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de tráfico para la tramitación del permiso, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas. Quedan excluidos los gastos correspondientes a pruebas médicas y psicotécnicas y otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la solicitud.

5.000 beneficiarios en el último trimestre de 2026

El Ejecutivo de Fernández Mañueco prevé que 5.000 menores de 30 años puedan beneficiarse de estas ayudas en 2026. La Junta defiende que esta medida pretende “reducir el esfuerzo económico que supone obtener el permiso de conducir y a favorecer la autonomía y las oportunidades laborales de los jóvenes”. “Queremos que asienten a la población y mejore al empleo de los jóvenes”, ha defendido la consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Además de los que se matriculen a partir del 1 de octubre, podrán solicitar esta ayuda aquellos que ya hayan comenzado las clases (teóricas o prácticas) siempre que no se hayan examinado antes del 1 de octubre. Esta subvención es compatible con otras ayudas.

Se bonificará entre 450 y 900 euros, en función de los ingresos de la unidad familiar. En concreto, las ayudas serán de 900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM; 750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM; 600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM; y 450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM.

La convocatoria se publicará el 30 de septiembre, contará con una dotación total de cuatro millones de euros, que se hará efectiva con cargo al ejercicio 2027.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, aportará un total de 1.434.398 euros a 11 equipos deportivos de referencia de la ciudad para la temporada 2025/2026, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta entidad.

La cuantía supone un incremento del 8,64% respecto a la temporada anterior, lo que se traduce en 114.032 euros más destinados al apoyo de los clubes deportivos de referencia de la ciudad.

“Con estas ayudas queremos respaldar la labor que realizan estos equipos en el fomento de la práctica deportiva y en la promoción de Logroño”, ha señalado esta mañana el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.

En concreto, los 1.434.398 euros se distribuirán entre las siguientes entidades:

Fomento del deporte y promoción de la ciudad

Para establecer la cuantía que corresponde a cada equipo se tienen en cuenta, según recogen las bases de concesión de estas subvenciones, criterios como el tipo de competición en la que participa cada conjunto, la categoría, los desplazamientos que debe realizar, la promoción deportiva que desarrolla y su impacto económico y turístico.

Asimismo, las bases contemplan un apoyo específico a aquellos equipos que se considera de especial interés, entre ellos los equipos femeninos, los que fomentan el deporte base y los que impulsan modalidades deportivas minoritarias.

Respecto a la temporada anterior, se producen distintas variaciones en las cuantías como consecuencia, especialmente de los cambios de categoría. Iglesias ha destacado también la aportación de estos clubes a la promoción de la ciudad: “Son equipos que llevan el nombre de Logroño por toda España y que contribuyen a difundir nuestra ciudad a través del deporte”.

El presidente de Logroño Deporte ha puesto además en valor el trabajo que realizan estas entidades con el deporte base y la transmisión de valores como “el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina y la deportividad”.

Ayudas a ligas nacionales y al deporte para personas con discapacidad

Además, el Consejo de Administración de Logroño Deporte ha aprobado la adjudicación de 49.487 euros en ayudas económicas a entidades deportivas que participan en ligas federadas nacionales y a entidades que desarrollan programas deportivos para personas con discapacidad durante la temporada 2026/2027.

En este sentido, el presidente de Logroño Deporte ha señalado que “con estas ayudas seguimos apoyando a los clubes que compiten a nivel nacional y, por su puesto, el deporte para personas con discapacidad. Queremos acompañar su esfuerzo y reconocer el importante trabajo que realizan para fomentar la práctica deportiva en nuestra ciudad”.

En conjunto, estas dos líneas de ayudas alcanzan los 49.487 euros, frente a los 39.985 euros de la temporada 2025/2026, lo que supone un incremento de 9.502 euros, un 23,77%.

En lo que se refiere a las ayudas a entidades deportivas que participan en ligas federadas nacionales se destinan 36.787 euros a 13 equipos.

Las ayudas se distribuyen entre:

Por último, Logroño Deporte destina 12.700 euros a tres entidades sin ánimo de lucro que fomentan la práctica deportiva entre personas con discapacidad y cuentan con equipos que participan en competiciones o ligas nacionales. Esta cantidad supone 472 euros más que la temporada anterior.

Las entidades beneficiarias son FEAPS, con 5.500 euros; FERDIS, con 5.200 euros; y CD Envero, con 2.000 euros.

Comprar un coche supone un desembolso importante y, en el caso de una persona con discapacidad, pueden sumarse otras necesidades relacionadas con la adaptación del vehículo o con las condiciones en las que va a utilizarse. Para reducir parte de ese coste existen distintas ventajas fiscales y líneas de apoyo que pueden aplicarse tanto en el momento de la adquisición como posteriormente. No todas funcionan de la misma manera y algunas deben solicitarse antes de cerrar la compra.

Entre las opciones disponibles están el IVA reducido, la exención del impuesto de matriculación, la exención del impuesto de circulación y las ayudas adicionales concretas que pueda ofrecer cada comunidad autónoma. Cada medida tiene sus propios requisitos y puede requerir una documentación diferente. Además, tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% no da acceso automáticamente a todas ellas, ya que algunas dependen del uso del automóvil o de situaciones concretas de movilidad reducida.

También cambia el organismo encargado de gestionar cada solicitud. Algunos procedimientos corresponden a la Agencia Tributaria, otros se tramitan ante el ayuntamiento y las subvenciones autonómicas dependen de las convocatorias disponibles en cada territorio. Por eso, antes de comprar, matricular o adaptar un vehículo, conviene revisar qué beneficios pueden aplicarse, en qué momento deben pedirse y qué documentos será necesario presentar.

Qué ayudas y beneficios fiscales pueden aplicarse

Una de las principales ventajas es la aplicación del IVA reducido del 4% en los supuestos previstos para personas con discapacidad. Frente al tipo general del 21% que suele aplicarse en la compra de un vehículo nuevo, este porcentaje puede reducir de forma considerable el importe final cuando se cumplen las condiciones exigidas. También puede alcanzar determinadas operaciones de adaptación o reparación. Sin embargo, no se concede de manera automática: debe solicitarse antes de adquirir el automóvil.

Otra posibilidad es la exención del impuesto de matriculación. Este tributo se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono y, dentro de los tramos sujetos al impuesto, los tipos pueden situarse entre el 4,75% y el 14,75%. Cuando se cumplen los requisitos establecidos para personas con discapacidad, puede pedirse la exención y evitar así ese pago al matricular el coche. Al igual que ocurre con el IVA reducido, el procedimiento debe completarse antes de finalizar la matriculación.

El impuesto de circulación funciona de otra forma porque su gestión corresponde a los ayuntamientos. Dependiendo del municipio, puede existir una exención o una bonificación para determinados vehículos vinculados a personas con discapacidad. La persona interesada o su representante legal debe dirigirse al consistorio correspondiente y presentar la solicitud una vez matriculado el automóvil. Como las condiciones pueden variar entre localidades, no existe un único procedimiento aplicable en toda España.

A estas ventajas pueden sumarse deducciones, bonificaciones o subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas. Su alcance depende de cada territorio y de las convocatorias que estén abiertas en cada momento. Entre las actuaciones que pueden recibir estos apoyos aparecen la adaptación del vehículo, determinadas ayudas relacionadas con la compra de automóviles eléctricos o híbridos y otros programas vinculados a la movilidad reducida. Los importes, los plazos y las condiciones cambian según la administración autonómica, por lo que es necesario consultar cada convocatoria concreta.

Requisitos, documentación y pasos para solicitarlas

Como norma general, muchas de estas medidas parten del reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, aunque cada beneficio puede añadir otros requisitos. También puede exigirse que el vehículo sea utilizado de manera exclusiva o habitual por la persona beneficiaria. En los casos en los que esta condición resulte aplicable, el automóvil no puede venderse durante los cuatro años posteriores a su matriculación. Antes de que termine ese periodo solo puede volver a solicitarse el beneficio si existe un siniestro total debidamente acreditado. Algunas subvenciones también exigen estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

Los documentos necesarios dependen del procedimiento que vaya a realizarse. Entre ellos pueden encontrarse el certificado oficial que acredita el grado de discapacidad, el DNI del beneficiario y, cuando corresponda, el de su representante legal. También pueden requerirse una declaración responsable sobre el uso del automóvil, la factura de compra, la ficha técnica, el permiso de circulación o el certificado de empadronamiento de la persona titular del vehículo. A esta documentación se añaden los formularios específicos exigidos por la Agencia Tributaria, el ayuntamiento o la administración autonómica responsable.

Si la ayuda está relacionada con la adaptación de un vehículo ya comprado, puede ser necesario aportar además un presupuesto detallado de los trabajos que se van a realizar. Este documento sirve para justificar el coste de las modificaciones para las que se solicita el apoyo económico. Las exigencias concretas pueden cambiar según la convocatoria o el beneficio elegido, por lo que conviene revisar previamente toda la documentación requerida para evitar que falte algún justificante durante la tramitación.

Casi mil entidades privadas deberán someterse a la evaluación de transparencia de 2025 en Canarias por haber recibido subvenciones públicas, según ha informado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La evaluación se desarrolló durante una Jornada de Formación, que contó con 383 personas inscritas, entre asistentes en modalidad presencial y participantes online.

El encuentro, celebrado en el nuevo edificio del Parlamento de Canarias, tuvo como objetivo ofrecer a las entidades privadas obligadas a cumplir con las exigencias de transparencia formación, orientación y herramientas prácticas para afrontar el proceso de evaluación correspondiente al ejercicio 2025.

Según el Comisionado, en Canarias están obligadas a someterse a esta evaluación las entidades privadas que hayan recibido durante el año anterior más de 60.000 euros en subvenciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o más de 100.000 euros en conjunto procedentes de una o varias administraciones públicas canarias.

También están obligadas aquellas entidades para las que las ayudas o subvenciones públicas representen al menos el 30% de sus ingresos anuales cuando procedan del Gobierno de Canarias, o el 40% cuando procedan de una o varias administraciones públicas canarias, siempre que las ayudas alcancen como mínimo los 5.000 euros.

La sesión contó con la participación de la Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, María Noelia García Leal, y de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Carmen Delia Alberto Gómez, quienes dieron la bienvenida y realizaron la presentación de la jornada.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de situación excepcional para los municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto de 2026. La medida, amparada en el Decreto 277/2023, habilita una línea de cooperación económica extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local dañadas por los terremotos.

Junto a ello, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitará este miércoles Granada y allí anunciará un paquete de medidas más amplio en el que el Gobierno andaluz viene trabajando desde hace algunas semanas con las diferentes consejerías, entre ellas la de Educación, según ha precisado la portavoz de la Junta, Carolina España, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

La declaración cubre el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 y se concentra especialmente en los municipios de la Vega de Granada, la zona donde se ha registrado la mayor concentración de daños según el informe técnico preliminar elaborado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Prosigue la fase de emergencia

El primer terremoto significativo se registró el 14 de agosto, con epicentro en La Zubia y magnitud 3,7. Al día siguiente, un seísmo de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín sacudió con fuerza el área metropolitana de Granada, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar, a las 02,10 horas del 15 de agosto, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en fase de emergencia y situación operativa 1.

El 18 de agosto se produjo un nuevo terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, seguido de varias réplicas de magnitud superior a 3,9 en Churriana de la Vega, Alhendín y Ogíjares.

Desde entonces, el seguimiento técnico confirma una tendencia general de decaimiento en frecuencia, intensidad y magnitud, con algún repunte puntual como el registrado el 27 de agosto. A fecha 8 de septiembre, la actividad sísmica acumula ya más de 1.500 terremotos desde su inicio.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico permanece activado en fase de emergencia y situación operativa 1. El martes 8 de septiembre a las 9.47 horas se declaró la fase de recuperación del Plan. Bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se han realizado hasta el momento 1.188 inspecciones técnicas de edificios, se han recibido 8.186 comunicaciones y gestionado 5.784 emergencias a través del 112, y se han atendido 532 llamadas en el teléfono específico de atención psicológica habilitado para la población afectada.

La situación de emergencia ha obligado a desalojar de forma preventiva a casi 700 personas, ante el riesgo que presentaban sus viviendas, de las que el lunes 7 de septiembre pudieron volver cerca de 400 personas en Las Gabias. Hasta 31 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia Local.

Diez días

Con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los municipios y entidades locales autónomas afectados dispondrán de diez días para remitir a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada una valoración técnica y económica de los daños sufridos, paso previo para la solicitud y concesión de las ayudas. Serán subvencionables las actuaciones necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación o restauración de las infraestructuras e instalaciones dañadas por la serie sísmica.

El acuerdo se enmarca en las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a Andalucía en materia de protección civil, y da continuidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de agosto de 2026 por el que la Junta de Andalucía instó al Gobierno de España a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios granadinos afectados por la serie sísmica, así como a los afectados por los grandes incendios forestales registrados en Almería, Granada, Huelva y Sevilla entre finales de julio y agosto.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

El Gobierno de Cantabria ha anunciado la convocatoria de una línea de subvenciones, dotada con 300.000 euros, destinada a apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Estas ayudas, que se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tienen como finalidad reforzar los servicios que permiten superar las barreras, obstáculos o dificultades que encuentran las personas con discapacidad, tanto en su incorporación a un puesto de trabajo como durante su permanencia y progresión en el mismo.

La convocatoria, que se enmarca en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno, contempla actuaciones dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso o permanencia en el mercado laboral, con especial atención a las personas con discapacidad contratados en centros especiales de empleo inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Cantabria.

En concreto, se incluyen las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%.

Las unidades de apoyo a la actividad profesional están integradas por equipos multiprofesionales encargados de identificar las necesidades de cada trabajador y establecer los apoyos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional.

Entre sus funciones se encuentran también la formación para la adaptación al puesto de trabajo y a las nuevas tecnologías y procesos productivos, así como el establecimiento de apoyos individualizados.

Además, estos equipos trabajan para favorecer la autonomía e independencia de los trabajadores, facilitar la incorporación de nuevos empleados al centro especial de empleo y acompañarles, cuando sea posible, en el tránsito hacia enclaves laborales y el mercado ordinario de trabajo.

También intervienen ante posibles procesos de deterioro evolutivo para evitar o atenuar sus efectos.

La convocatoria establece una subvención fija anual de 1.440 euros por cada persona trabajadora con discapacidad con mayores dificultades de inserción cuando esté contratada de forma indefinida a jornada completa o mediante un contrato temporal a jornada completa de una duración igual o superior a seis meses. El importe se reducirá proporcionalmente en función de la duración del contrato y de la jornada cuando corresponda, sin que puedan subvencionarse contratos cuya duración sea inferior a seis meses.

Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades titulares de los centros especiales de empleo que desarrollen su actividad en Cantabria, figuren inscritos en el correspondiente registro y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos disponer de las unidades de apoyo con la composición exigida.

Refuerzo de los equipos profesionales

La convocatoria establece diferentes módulos de personal en función del número de trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de inserción atendidos por cada centro.

Así, los centros de hasta 15 trabajadores deberán disponer, al menos, de un técnico con una dedicación mínima del 20% de su jornada y un encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, incrementándose progresivamente estos recursos conforme aumenta el número de trabajadores atendidos.

Las personas que desempeñen funciones técnicas deberán contar con la titulación y experiencia requeridas, preferentemente en ámbitos educativos, sanitarios, asistenciales, pedagógicos, psicosociales, terapéuticos o sociolaborales, mientras que los encargados de apoyo a la producción deberán acreditar experiencia en integración social o laboral de personas con discapacidad o conocimientos relacionados con sus funciones.

El periodo al que se extienden las acciones subvencionables comprende desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026 y cada entidad podrá presentar una única solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios telemáticos y el plazo será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que esta convocatoria refuerza el compromiso del Gobierno de Cantabria con una inclusión laboral “efectiva”, especialmente de aquellas personas con discapacidad que encuentran mayores dificultades para acceder o mantenerse en el empleo.

“No se trata únicamente de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, sino de proporcionar los apoyos necesarios para que las personas puedan desarrollar su actividad profesional, ganar autonomía y avanzar en su trayectoria laboral”, ha indicado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.

Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tal y como recoge Europa Press.

Tras conocerse estas ayudas, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que se trata de “un paso más con nuevas medidas” para aumentar la oferta de la vivienda gracias al Estado mediante alquileres con “precios asequibles” en estas ciudades.

En un audio remitido a los medios, Blanco destaca que “este Gobierno actúa con recursos y con medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia”.

Subvenciones directas

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros “van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos”.

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. “Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha indicado.

La ministra ha señalado que “todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' –en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón –presidente de Aragón– no quiere congelar”.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 615.000 euros a Cantabria para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

La inversión total asciende a 50,2 millones de euros a distribuir entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación, ha explicado el Gobierno en una nota.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a más de 63 millones de euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,2 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46,1 millones de euros, de los cuales 584.962 corresponden a Cantabria, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población. El Ministerio de Sanidad destinará también 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales cerca de 30.778 euros corresponden a Cantabria.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas. A Ingesa se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un total nacional de 3,4 millones de euros.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024. Los criterios de distribución fueron acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.

El Gobierno aprobará este martes una inyección extraordinaria de 21,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos de Melilla y Ceuta, como parte de la respuesta del Ejecutivo a los efectos económicos provocados por la crisis migratoria en esta última ciudad autónoma.

Esta es solo una pieza más de las ayudas a las que el Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de esta semana. El Ministerio de Hacienda ha preparado un Real Decreto para articular esta concesión “excepcional” por razones de interés público, social, económico y humanitario con el objetivo de reforzar la actividad de las plantas desalinizadoras –fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua dulce en ambas localidades– y también servicios clave como la limpieza, lucha contra el contra el fraude o la regulación del tráfico de personas y vehículos.

El borrador del documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, justifica la concesión por la dificultad de ambas ciudades, por su situación geográfica, de acceder a recursos hídricos y también porque las dos presentan niveles de desigualdad superiores a la media, menos posibilidades de desarrollo industrial y mayores costes para el transporte de viajeros y mercancías, entre otros.

El Ejecutivo no menciona la grave crisis fronteriza que ha tensionado Ceuta, tras la entrada de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en la ciudad, pero reconoce que su “singular situación geográfica” supone una “intensa presión migratoria y comercial” que favorece la aparición de “prácticas fraudulentas en las importaciones de mercancías”.

En concreto, la subvención extraordinaria cubrirá los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras en ambas ciudades. Para Ceuta, además, habilitará financiación extra para la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías.

En el caso de Melilla, las actuaciones que podrán ser subvencionadas están relacionadas con los servicios sociales, convenios con asociaciones para la prestación de servicios asistenciales, sanitarias o de prevención; y políticas en materia de educación.

En concreto, Ceuta recibirá 7,1 millones, por 10,3 millones para Melilla dentro de este pack.

Según detalla el texto preparado por el departamento de Arcadi España, ambas ciudades dispondrán de quince días para presentar las solicitudes para el uso de la subvención. La Secretaría de Estado de Hacienda tendrá un plazo de un mes para resolver las peticiones. Las subvenciones tendrán que ejecutarse sí o sí en el año 2026.

ERTE y bonificaciones

Además, el Consejo de Ministros también aprobará un refuerzo de los ERTE para ambas ciudades, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. En concreto, para aquellos expedientes por fuerza mayor se elevará el ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas hasta el 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al 100% y también el derecho al paro para los trabajadores afectados por la crisis migratoria y social.

Asimismo, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras.

En total, el Gobierno aprobará un Real Decreto-Ley con ayudas de 168 millones de euros que, como ha destacado el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, equivale al 8% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta.

La riojana Cartonajes Santorromán, cuyos dueños regularizaron en 2012 más de medio millón de euros con la amnistía fiscal del PP, figura por segundo año consecutivo en el top de empresas más subvencionadas de España, tras decir en sus cuentas que sus impuestos van “a la basura”, que las leyes laborales fomentan “la vagancia” y protegen “derechos absurdos”, o cargar contra el “subsidiado”.

Esta empresa riojana repite en el Listado de Grandes Beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. Con datos actualizados a 7 de junio, las ayudas concedidas a Cartonajes Santorromán en 2025 fueron de 1.828.688,81 euros. Se han disparado un 40% respecto a 2024, cuando figuró por primera vez en este listado con 1.309.253,16 euros en subvenciones concedidas, según Hacienda.

Fue en las cuentas de 2024, últimas presentadas hasta ahora, cuando Cartonajes Santorromán aseguró que el Impuesto de Sociedades que pagó en ese año fue “a la basura, para comprar voluntades y voceros”, y volvió a cargar contra el Gobierno “socialista-comunista”, entre otras cosas.

La compañía incluye desde hace años en los informes de gestión que remite al Registro Mercantil expresiones muy alejadas del tono habitual de estos documentos. El de 2023 aseguraba que en España, prácticamente su único mercado, “toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas”.

En los últimos años, ha cargado también de pasada contra otra amnistía, la que concedió el Gobierno socialista al independentismo para la normalización política en Catalunya, al afirmar que en España “se beneficia” al “subsidiado y al delincuente (amnistía no), todo vale para mantenerse en el poder, no hay líneas rojas, el gasto público desbocado, las cifras del paro falseadas, faltan de apuntar entre 1 y 1,5 millones más, sobran sueldos públicos, ahora no trabajar es la moda, hay que reducir la jornada”. “A la porra la productividad, en fin para que seguir…”, decía.

También ha arremetido contra “los vagos”, “la voracidad recaudatoria” o las “leyes absurdas”; ha mostrado su “perplejidad” tras lograr beneficios récord pese a los “ineptos” del Gobierno de Pedro Sánchez y sus medidas “en contra de la ortodoxia económica elemental”; o el “contubernio de estafadores” de la UE y los efectos de lo que llamó “virus chino”.

Su informe de gestión de 2024 finalizaba con esta reflexión final algo confusa: “Puede que estos vaivenes nos hagan ver la luz y cambien las cosas para mejor o, que los asusten, y se tomen medidas en sentido contrario a las empresas y a la creación de riqueza, que es la tónica habitual en nuestro entorno; eso ya lo veremos en la próxima edición”.

Con o sin vaivenes, el sistema de publicidad de subvenciones de Hacienda recoge cuatro grandes ayudas a esta empresa por un total de 3,1 millones concedidas entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 por la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, dependiente del Gobierno autonómico del popular Gonzalo Capellán, por programas de incentivos a la inversión y la competitividad de las empresas riojanas.

Cartonajes Santorromán aparece en el puesto 1.024 de las sociedades con mayores ayudas públicas concedidas en 2025 en España, por detrás de Cunef, centro de formación de la patronal bancaria que ha formado a parte de la élite financiera española.

Este listado incluye más de 15.800 sociedades, frente a casi 14.000 en 2024. Se publica en virtud de la Ley de Transparencia, que establece que las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas a partir de 100.000 euros están sujetas a determinadas obligaciones de publicidad activa, como publicar el detalle de sus subvenciones en su web. No consta que lo haya hecho Cartonajes Santorromán, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta.

Como en otras ediciones de esa lista, esta no es la única sociedad de empresarios que se sabe que se acogieron a la amnistía fiscal y que figuran en ese Top nacional de subvenciones.

En el listado de 2025 está también Laboratorios Almirall (6.960.887,57 euros de ayudas y en el puesto 255), de los hermanos Gallardo, protagonistas de la mayor amnistía conocida, de 113 millones, revelada por la investigación de Los Papeles de la Castellana en 2016.

O Petrologis Canarias (2.448.365,56 euros), de la familia política del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que explota una terminal independiente de almacenamiento y suministro de productos petrolíferos en el puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria).

Nombres en secreto

A la medida de gracia de Cristóbal Montoro acudieron unas 30.000 personas físicas y empresas. Pero solo se conoce un centenar de nombres por procedimientos judiciales o investigaciones periodísticas. En palabras del Tribunal Supremo, la amnistía permitió “una regularización voluntaria con escasa penalización”: en algunos casos, el 3% de lo defraudado y no prescrito.

Fue declarada inconstitucional en junio de 2017, pero la decisión del tribunal de garantías no tuvo ningún efecto práctico para los beneficiarios de esta polémica medida, que el Gobierno de Mariano Rajoy justificó ante la crítica situación de las cuentas públicas tras el reventón de la burbuja inmobiliaria y ante el rescate de Bankia.

La amnistía del consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán Saldaña, y su padre, Leopoldo Santorromán Blázquez, afloró hace años en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “El fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos” se acogieron a la medida de Montoro “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”, decía esa resolución.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, añadía. En 2019, la Abogacía del Estado presentó un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera inspeccionar la sede de la empresa.

El Fisco había detectado “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales. Antes de la amnistía de sus dueños, siempre declaró beneficios de, como mucho, un millón. Sus ventas entonces rondaban 20 millones al año. En 2024 declaró 48,7 millones de facturación, un 4% más, y ganancias de 5,4 millones, un 13% más.

Domiciliada en Calahorra, sus raíces se remontan a hace más de un siglo. Se dedica desde hace cuatro generaciones a fabricar, vender y distribuir todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico.

Santorromán hijo preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 64 empresas con una facturación directa de más de 4.000 millones, 86 fábricas en España y más de 12.000 empleos directos.

Su compañía fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto a Pablo Casado, entonces vicesecretario de Comunicación del PP, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO), de la que el presidente de AFCO es vicepresidente desde 2024.

En 2015, la patronal, Cartonajes Santorromán y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma. El organismo notificó la sanción cuando el procedimiento había caducado por unos días.

Más de 82.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha recibirán a partir del próximo 4 de septiembre el pago del incremento de la PAC, que suma un total de unos 10,7 millones de euros, según ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán en el XL Día del Viticultor. Se corresponden con las líneas de ayuda básica a la sostenibilidad de la campaña 2025, y también a las de pago redistributivo y jóvenes.

Este pago, sumado a lo ya abonado en los meses anteriores, supone que se hayan superado los 666 millones euros en ayudas de la PAC de la campaña 2025. El consejero se ha referido también a otros pagos realizados en las últimas semanas, como los de reestructuración, 2,3 millones de euros. Con estos pagos, ya se han abonado 25,4 millones al sector vitícola a lo largo de la actual campaña, lo que supone que se ha ejecutado el 88 por ciento del presupuesto asignado a la región.

También en las últimas semanas se ha resuelto la convocatoria de VINATÏ, aprobando 49 nuevos proyectos que recibirán 12,8 millones de euros de ayuda para una inversión total de 38,3 millones de euros. “Esto son cifras”, comentaba Martínez Lizán, “pero manifiestan el compromiso con el sector vitivinícola”.

Precisamente si hay una cuestión que “preocupa” es “el tema del agua”: “nos preocupa tanto que desde el Gobierno regional hemos presentado más de 40 alegaciones a los planes de cuenca”, afirmaba el consejero en referencia al esquema de temas importantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. “Una cuestión que pone de manifiesto la preocupación que tenemos, que no estamos quietos, sino que actuamos manifestando cuáles son las consideraciones que se deben de cambiar en esa planificación” más allá de que “ya hemos manifestado que debe aplicarse esa moratoria en la Directiva Marco del Agua”. Y ha pedido unidad: “si vamos todos juntos y estamos todos unidos en la lucha de los intereses de la gente de nuestra región, tendremos más garantías de éxito”, recordando que “es mucho lo que nos jugamos”.

XL Día del Viticultor

Julián Martínez Lizán ha asistido a la conmemoración del Día del Viticultor, que organiza cada año ASAJA Ciudad Real, para “poner en valor el trabajo de los miles de viticultores que, generación tras generación han contribuido al prestigio y liderazgo de nuestros vinos”. Esta cita “sigue siendo el reflejo del orgullo de una profesión que ha modelado nuestro paisaje, nuestra economía y nuestra identidad”, ha apuntado el consejero.

También ha recordado que “este acto también rinde homenaje a quienes, con su dedicación diaria, mantienen vivo un legado que impulsa el desarrollo de nuestros pueblos y garantiza el futuro del campo manchego sin renunciar a sus raíces” y destacaba que “al hacerlo en Tomelloso, donde la vid forma parte de su identidad colectiva, esta celebración adquiere un significado especial”.

Entre los galardonados, el Café Bar Avenida, Globalcaja, Rocío Torres, periodista de ASAJA; Pablo González Mezcua, Socio de Honor; y Jorge Jaramillo, reconocido con el premio Venencia Ciudad de Tomelloso, por su labor periodística, su capacidad divulgativa y su constante atención a la realidad del campo han contribuido a acercar la agricultura y la ganadería a la sociedad. “Todos ellos representan, desde ámbitos diferentes, el esfuerzo, la constancia, la vocación de servicio y el compromiso con una tierra que encuentra en el campo una de sus principales señas de identidad”, ha alabado el consejero en un acto en el que Josep Puxeu, quien fuera director general de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y actual representante de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y miembro del Consejo Económico y Social Europeo (CESE), ha impartido una conferencia sobre el sector del vino.

Por último, Martínez Lizán ha indicado que “el futuro del vino se construye sobre el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quienes trabajan cada día nuestras viñas”, dando las gracias a ASAJA “por no decaer nunca en la defensa del sector, haciendo del campo una referencia de progreso y desarrollo para nuestra región, y concretamente a ASAJA Ciudad Real, anfitriona de hoy, por hacerlo en esta provincia”.

El consejero ha estado acompañado por la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez; la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; el director del IRIAF, José Luis Tenorio; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard; los presidentes nacional y provincial de ASAJA, Pedro Barato y Emilio Cepeda, respectivamente; el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, entre otros.

La consejera de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha anunciado que su departamento ha comenzado el procedimiento para articular de nuevo una ayuda de medio millón de euros, con el objetivo de paliar “la nefasta costera del verdel de este año”.

Esta cantidad será la misma que cobraron los pescadores este año y por el mismo motivo, según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

“Desde el Gobierno de Buruaga vamos a ayudar de nuevo a los barcos de artes fijas y menores, tal y como hicimos el pasado año, porque somos conocedores de la difícil situación que está viviendo este segmento de flota en los últimos años, que representa a muchas familias y que, de manera indirecta, también genera muchos puestos de trabajo”, ha dicho.

Susinos ha destacado que esta es una costera “clave” para los 70 barcos de artes fijas y menores, “que son fundamentales” para la economía.

En este sentido, ha criticado “el continuo abandono del ministerio de Pesca”, el cual, según ha matizado, “responde siempre de manera negativa a nuestras peticiones para que articule alguna ayuda directa para paliar esta situación”.

Por otra parte, la consejera ha destacado que su departamento ha aumentado la partida destinada para impulsar la industria conservera de Cantabria, con el aumento de un millón de euros en los presupuestos de este año, pasando de 3,5 a 4,5 millones euros para la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

“Hemos realizado un esfuerzo importante que está dando sus frutos, ya que ha sido muy bien recibido por el sector conservero de nuestra Comunidad, permitiendo también aumentar la intensidad de la ayuda, pasando del 34 al 42 por ciento de la inversión subvencionable presentada por los beneficiarios”, ha puntualizado Susinos.

Los gastos subvencionables por estas ayudas, ha recordado, son la construcción, ampliación, modernización y acondicionamiento de bienes inmuebles; la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; costes generales; programas informáticos; elementos de transporte interno, y la adquisición de equipos y mobiliario de laboratorio, entre otras actuaciones.

Susinos ha acudido a la misa mayor y posteriormente ha participado en la tradicional entrega de banderas a la Cofradía, tres concretamente -España, Cantabria y Colindres- así como la de Colindres a las 100 embarcaciones locales.

El acto ha incluido también el homenaje a cuatro socios veteranos de la Cofradía de San Ginés, que han recibido una placa conmemorativa.

Tras las celebraciones, y acompañada del presidente de la Cofradía y del alcalde de Colindres, Javier Incera, la titular de Pesca ha visitado las 14 casetas instaladas con motivo de la fiesta.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la resolución de la convocatoria de subvenciones destinada al fomento y la promoción de actividades culturales, con la que apoyará a un total de 19 proyectos con un importe global de 173.300 euros.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que la dotación se ha incrementado un 17 por ciento, dentro de una apuesta municipal que busca contribuir al fortalecimiento del tejido cultural y creativo de Santander y favorecer la diversificación y el crecimiento de una oferta cultural que nace de los propios agentes del sector.

Además, ha explicado que estas subvenciones tienen como principal objetivo apoyar y estimular la organización de eventos e iniciativas que fomenten el interés de los santanderinos por la cultura y dinamicen la actividad tanto en el conjunto de la ciudad como en sus barrios.

“Queremos seguir respaldando a quienes crean, producen y hacen cultura en Santander, para que sus proyectos puedan desarrollarse y llegar a públicos diferentes”, ha señalado al poner en valor la variedad de disciplinas, formatos y propuestas de esta convocatoria, que enriquecen la programación de la ciudad.

Proyectos seleccionados

Recibirán estas ayudas 'Cantabria de teatro. Cartografías escénicas accesibles', de Escena Miriñaque; la programación anual del Café de las Artes Teatro; el Ciclo de conciertos de Música Antigua de Santander; 'Hágase la luz', de Ruido Interno; y '¡A bailar!', promovido por Movimiento en RED.

También, Álvaro Vega, con 'Viaje a través de relatos musicales'; Laboratorio Creativo Audiovisual, con 'Foco Norte'; la asociación Contigo Creando, con una propuesta dedicada al Día Internacional del Flamenco; y Eventos y Festivales del S.XXI, con 'Talent Show Excelencia Santander'.

A ellos se suman Diana Jiao (Quadra Gallery), con 'Santander imaginada: Bestiario, archivo y memoria visual'; la Asociación Coral ASCASAM, que desarrollará las 'XVI Jornadas Polifónicas'; el Centro de Danza Mancina, con el 'Premio Solera de las Artes Ciudad de Santander'; y la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía, responsable del proyecto 'Encrucijadas'.

Asimismo, respaldarán a Eloísa Aja para celebrar el 'I Encuentro Inspiración y vanguardia educativa'; a la asociación Unidas Creando Materia, con 'Habitar el Centro: una experiencia de reflexión, transformación y creación artística'; y a Fluent, con la cuarta edición de 'Hacer mundos con gestos'.

Completan los 19 proyectos seleccionados Sandra García, con una nueva edición de 'Caricias', el festival de Fanzines; Juan Raúl Hevia, con 'Oficina de Fotografía Anónima'; y José María López, con el proyecto 'Cumuna'.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, ha publicado este jueves día 20, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la renovación y mejora de los sistemas de abastecimiento en pequeños y medianos municipios, con una población de menos de 20.000 habitantes.

A través de esta línea de subvenciones, el Gobierno de La Rioja financia con 724.834,21 euros las inversiones y actuaciones ejecutadas por 20 ayuntamientos para, entre otros objetivos, resolver problemas de baja calidad o escasez de agua, mejora de las captaciones, redes y depósitos o aumentar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento para garantizar un suministro de calidad.

Entre las entidades locales beneficiarias se encuentran Grávalos (50.000 €), Santa Coloma (13.700 €), Brieva de Cameros (33.999,6 €), Nestares (36.279,57 €), Canales de La Sierra (33.999,78 €), Mansilla de La Sierra (33.999,78 €), Muro de Aguas (14.245,34 €), Laguna de Cameros (22.646,90 €), Clavijo (47.221,11 €), Villaverde de Rioja (50.000 €), Hornos de Moncalvillo (40.240,55 €), Enciso (27.185,59 €), Alesanco (48.896,57 €), Villalobar (35.191,33 €), Bobadilla (50.000 €), Corera (31.936 €), Tirgo (30.956,03 €), Aguilar de Río Alhama (50.000 €), Cenicero (34.625,68 €) y Alberite (39.710,38 €).

Pueblos de menos de 20.000 habitantes

La convocatoria determina el porcentaje de la subvención en función del número de habitantes del municipio: el 85 por ciento para municipios con menos de 500 habitantes, con una cuantía máxima de 50.000 euros por solicitud; el 65 por ciento los de entre 500 y 2.000 habitantes, con 50.000 euros máximo por solicitud; y el 50 por ciento para el resto de municipios con menos de 20.000 habitantes, con un máximo de 60.000 euros por la inversión.

De acuerdo con la previsión del Plan Director de Abastecimiento de Agua, el Ejecutivo regional se ha propuesto llegar a 120 núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes para garantizar agua en cantidad y calidad y contribuir a una reducción de pérdidas de agua entre un 18 y 20 por ciento.

Esta línea autonómica de apoyo autonómico continua la iniciada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gracias al cual en La Rioja se realizaron actuaciones en 75 municipios para favorecer un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Las actuaciones de mejora de los sistemas de abastecimiento deben haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2025, fijándose el plazo límite para su justificación el 30 de noviembre de 2027.