El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

Ataques a las oficinas de Filmin

Pero las explicaciones de Jaume Ripoll no han sido bienvenidas en X por parte de algunos usuarios, algunos de ellos con marcada relevacia política, que han promovido la cancelación masiva de suscripciones a la plataforma por parte de los abonados.

A lo largo de la tarde de ayer se sucedieron en X las contestaciones al comunicado, y esta mañana el propio Ripoll ha colgado una publicación en esta red denunciando un ataque a las oficinas de la empresa, con pintadas que se pueden ver en las imágenes adjuntadas. En ellas se puede leer: “Filmin colaborador con la represión española”. Tras los ataques, el dirigente de Filmin se ha declarado “bastante hecho polvo”.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía. El pleno, con el voto en contra del sector conservador, entierra las alegaciones que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y aplica la misma doctrina que ha desestimado las impugnaciones del Partido Popular, el Tribunal Supremo y una docena de comunidades autónomas y tribunales territoriales. Se trata de uno de los últimos recursos que el tribunal de garantías tiene pendiente de estudio después de haber desestimado, en lo esencial, todos los anteriores.

Isabel Díaz Ayuso fue la punta de lanza de la ofensiva contra la amnistía del PP y las comunidades autónomas donde gobierna. “Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía”, anunció ella misma en mayo de 2024, atribuyendo la iniciativa legal a Alberto Núñez Feijóo. Una decena de territorios controlados por el partido, junto con la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, presentaron impugnaciones después de que lo hicieran tanto el PP como el Tribunal Supremo. “Es una infamia”, concluyó Ayuso en el anuncio realizado desde Torrejón de Ardoz.

Todos esos recursos han sido rechazados por el pleno del Constitucional en los últimos meses. La primera impugnación en fracasar fue la que interpuso el Partido Popular, que por ser la más amplia fue la que marcó el camino al resto. La mayoría progresista del pleno, tras la abstención del exministro Juan Carlos Campo y la recusación de José María Macías, rechazó la mayor parte de los argumentos y avaló el grueso de la ley de perdón, con pequeños matices sin apenas incidencia real en la aplicación de la ley.

Para cuando el Constitucional se pronunció sobre el recurso del PP los tribunales catalanes ya habían aplicado la amnistía a más de 300 casos entre activistas, políticos, manifestantes y policías nacionales. Esa primera sentencia determinó el rechazo de la cuestión de inconstitucionalidad en la que el Tribunal Supremo hablaba de “golpe de Estado”, el de varios tribunales territoriales y también el de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el caso de Aragón, el Constitucional amplió su aval a la norma y amparó también que perdonara los delitos de malversación relacionados con el procés si no existió enriquecimiento.

El último rechazo del pleno ha sido el que ha recibido el recurso que interpuso el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Con los votos a favor de los progresistas y la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, el Constitucional repite sus argumentos de sentencias anteriores para desestimar la impugnación del ejecutivo madrileño.

La amnistía, Europa y Puigdemont

El recorrido judicial de la ley de amnistía, tras el aval del Tribunal Constitucional, se acerca a dos de sus momentos más relevantes: el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la sentencia del Constitucional que decidirá si la malversación atribuida a Carles Puigdemont debe ser también perdonada.

El pleito europeo ya superó hace unas semanas una de sus principales metas flotantes con el dictamen favorable del abogado general. Una opinión que avaló el grueso de la ley –rechazó que se trate de una “autoamnistía”– y que no es vinculante para los magistrados del TJUE, aunque siguen el criterio del abogado general en un porcentaje importante de los casos.

La ramificación que afecta al futuro inmediato de Carles Puigdemont no llegará al orden del día del pleno del Constitucional hasta dentro de unos meses. Los magistrados tendrán que estudiar la alegación concreta del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación que le atribuye el juez Pablo Llarena y que, en la práctica, le mantiene en búsqueda y captura y en riesgo de ser detenido si vuelve a España.

La condena del fiscal general del Estado por la difusión de datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha transformado, incluso antes de ser redactada, en una de las sentencias más relevantes de la historia del Tribunal Supremo. Pero también en una de las que más polémica han generado dentro de la Sala de lo Penal: los dos votos particulares de las magistradas que apuestan por la absolución se suman a la inédita falta de unanimidad en la decisión de mandar a juicio a Álvaro García Ortiz. Una fractura que el Supremo siempre busca evitar en sus grandes decisiones y que pone a la Sala de lo Penal en el espejo de la denostada fragmentación del Tribunal Constitucional en asuntos relevantes. 

Los factores inusuales arrancaron hace un año y un mes, cuando la sala admitió la exposición razonada llegada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y aceptó investigar a García Ortiz. El documento llegado desde el otro lado de la calle General Castaños de Madrid que separa ambos tribunales apuntaba en una dirección: la Fiscalía había revelado datos confidenciales de la confesión de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y había que investigar quién era el máximo responsable del comunicado. Por aquel entonces, el fiscal general ya había dicho públicamente que él era la persona que buscaban. 

La admisión a trámite de exposiciones razonadas contra aforados no es algo extraño en el Tribunal Supremo, aunque la mayor parte se rechazan. Tampoco lo es que, tal y como establecen las normas de reparto, esos mismos cinco magistrados sean los que meses después juzguen el caso. Lo que es menos habitual es que en esa admisión se cambie el foco de la investigación: la nota de la Fiscalía, dijo entonces el Supremo, no tenía “información indebidamente revelada”, pero había que investigar cómo esa confesión había llegado a la prensa la noche anterior. 

Esa misma semana los mismos jueces rechazaron imputar a la ministra María Jesús Montero por hacer declaraciones de la causa de la pareja de Ayuso porque, para entonces, esos datos ya circulaban por las redacciones y eran conocidos por los medios y la opinión pública. “No sabemos de lo que nos estamos defendiendo, si de la nota o del correo”, fue el alegato final de José Ignacio Ocio, abogado del Estado que ha defendido a García Ortiz en todo el proceso y que refleja cómo la instrucción de Ángel Hurtado, ahora avalada por la condena del fiscal general, también tuvo episodios poco habituales en la trayectoria de la Sala de lo Penal. 

No es poco frecuente que el tribunal conocido como la Sala de Apelaciones –tres magistrados designados para supervisar una investigación– corrija a uno de sus compañeros mientras lleva la causa, aunque lo normal en el Supremo es que avalen la mayor parte de sus decisiones y lo hagan de forma unánime. En la causa contra el fiscal general, esa sala se rompió en el momento clave del caso: cuando Hurtado dio por terminada la investigación y decidió enviarla a juicio. 

Un voto particular inédito

El pase a procedimiento abreviado es el momento más relevante de una causa penal: cuando el instructor termina de investigar y decide si el caso se archiva o se juzga. Y muy pocas veces la Sala de Apelaciones del Supremo ha corregido a un instructor en ese punto crítico de unas diligencias. Lo hizo, por ejemplo, cuando este año revocó el archivo de la causa por denuncia falsa contra el senador Pedro Sanginés (Coalición Canaria). Pero en el Tribunal Supremo no recuerdan que una decisión de este calado, confirmando o revocando un procesamiento, haya sido tomada sin la unanimidad de los tres jueces. 

Es lo que sucedió a finales del pasado julio cuando la Sala de Apelaciones se dividió para confirmar, con matices relevantes, el procesamiento de García Ortiz. Los tres magistrados fueron unánimes al dejar fuera del juicio por falta de pruebas a la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, y al borrar las afirmaciones sin pruebas con las que Hurtado acusaba al fiscal general de actuar siguiendo “indicaciones” de la Moncloa. Pero la sala de tres se partió para lo más relevante: si el caso entero debía juzgarse o archivarse. 

Andrés Palomo, considerado de perfil conservador y uno de los magistrados que juzgó y sentenció el procés, era el ponente original de la decisión. Y planteó una bomba a sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres: archivar la causa contra el fiscal general y que ni siquiera llegara a juicio. Su argumento era que cuando el correo llegó a manos de García Ortiz ya “había sido filtrado”. Y Hurtado le había enviado al banquillo a pesar de la “escasez, debilidad e insuficiencia de indicios de la filtración”. También argumentó que la nota de la Fiscalía sobre el caso no era un delito, sino un “desmentido”. 

La inusual división interna de la Sala de Apelaciones, compuesta por tres magistrados de la Sala de lo Penal, ha dado paso a otra división más habitual e igualmente relevante: la del tribunal de siete magistrados que ha juzgado y sentenciado el caso. Aquí también había una ponencia minoritaria que apostaba por exonerar al fiscal general y también ha habido una mayoría conservadora que ha impuesto, en este caso, una condena. Y aquí, como ya es cada vez más habitual en los casos más relevantes del Supremo, tampoco ha habido unanimidad. 

Del procés al fiscal general, pasando por los ERE

La sentencia del procés fue la meta judicial de un proceso histórico a muchos niveles. Por las condenas, por el juicio y por los efectos que, a día de hoy, siguen retumbando en la política y los tribunales. Pero a nivel de consumo interno judicial un aspecto prevalece por encima del resto: que las condenas por sedición, malversación y desobediencia fueron dictadas por unanimidad de magistrados progresistas y conservadores en la Sala de lo Penal. 

Esa unanimidad fue la que encumbró a Manuel Marchena ante la opinión pública. Después de que su nombre fuera manoseado por los partidos políticos como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su gestión del juicio y de la sentencia –cuyo fallo fue filtrado antes de que se notificara la sentencia– le convirtieron en la cara más admirada de la judicatura. Esa unanimidad, con el paso de los años, ha sido esgrimida por jueces y políticos como la gran diferencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Unanimidad para asuntos de máxima relevancia en el primero frente al denostado “7-4” en las votaciones del segundo. 

Lo cierto es que el “5-2” del caso del fiscal general –la mayoría de cinco conservadores que apuesta por la condena frente a las dos progresistas que pedían la absolución– se ha extendido en algunas de las decisiones más relevantes del Supremo en los últimos años y con una foto muy parecida en todas: progresistas que se quedan en minoría defendiendo absoluciones o reducciones de condena. Susana Polo y Ana Ferrer, las dos magistradas que preparan sus votos particulares en contra de la condena del fiscal general, son las protagonistas habituales de esa minoría judicial del Supremo.

Los antecedentes son variados y permiten dar por olvidada la unanimidad del procés con la que el Supremo se oponía al Constitucional. Ferrer y Polo son las mismas magistradas que se quedaron solas en su petición de eliminar la condena de cárcel de José Antonio Griñán por los ERE de Andalucía. Polo, junto con Javier Hernández, también se quedó en minoría cuando aseguró que Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, estaba siendo condenado sin pruebas por patear a un policía. 

Ferrer fue la primera mujer en entrar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y hace unos meses se postuló como candidata a suceder a Manuel Marchena y ser también la primera mujer en presidir ese departamento clave. Ella misma se retiró de la contienda cuando el sector conservador del CGPJ aplicó su tradicional bloqueo para imponer, de facto, la presidencia de Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia que condena al fiscal general y que tomó posesión del cargo escoltado por el saliente Marchena. 

Fue la única magistrada que llevó la contraria a sus compañeros cuando decidieron no amnistiar el delito de malversación que se atribuye a Carles Puigdemont y que, en la práctica, le mantiene en búsqueda y captura y en peligro de ser arrestado si vuelve a España. Aquella fue la primera fractura interna de la Sala de lo Penal en lo tocante al procés. Se trata de una magistrada cuya trayectoria no levantaba sino elogios en el Tribunal Supremo y el CGPJ hasta que llegó el momento de ser elegida para un puesto de responsabilidad, momento en que fue señalada como próxima al Ejecutivo para justificar el enésimo bloqueo conservador al ascenso de una jueza progresista. 

La Fiscalía y la Abogacía, contra el Supremo

Polo y Ferrer supieron que se habían quedado solas defendiendo la absolución del fiscal general incluso antes de que acabara el juicio. Las deliberaciones previas y posteriores al “visto para sentencia” del 13 de noviembre dejaron claro que la mayoría conservadora del tribunal apostaba por una condena cuyos detalles todavía son desconocidos. La velocidad en difundir el fallo dibuja esa clara división entre bloques, pero sin que sea un movimiento inédito. Por ejemplo, el fallo que condenó a 'la manada' de Pamplona por violación se difundió horas después de que terminara la vista. 

El fallo difundido por el Supremo para evitar las filtraciones que en 2019 mancharon la sentencia del procés también sella otro factor tan legal como anómalo en este caso: la distancia insalvable entre las decisiones de los jueces y el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

Después de oponerse sin éxito a todas las decisiones del juez Hurtado, el Ministerio Público y la defensa del fiscal general se han encontrado con un fallo que, si bien no acoge todas las pretensiones de González Amador –llegó a pedir una indemnización de 300.000 euros y cuatro años de cárcel–, sí tira por tierra sus peticiones de nulidad y absolución. Ninguna norma, escrita o sin escribir, vincula las decisiones judiciales al criterio de la Fiscalía, pero las estadísticas demuestran que suelen ir alineadas. En 2024, por ejemplo, la sala segunda del Supremo estimó el 86% de los recursos que presentó la Fiscalía. 

La causa contra el fiscal general abandonará en las próximas semanas el Tribunal Supremo para poner rumbo al Tribunal Constitucional. García Ortiz, para entonces previsiblemente fuera del cargo, tendrá que esperar a que se notifique la sentencia completa para interponer un incidente de nulidad –con pocas perspectivas de éxito– antes de ir en amparo al Constitucional. Un tribunal donde los votos particulares de Ferrer y Polo –sucedió en los ERE y en el caso de Alberto Rodríguez– han tenido más recorrido que las sentencias condenatorias de sus compañeros.

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso con el que Carles Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. El pleno, con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador, acepta estudiar durante los próximos meses la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito alegando que la malversación del procés sí supuso un enriquecimiento para Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El tribunal entiende que en estos recursos existe una “especial trascendencia constitucional” que avala su admisión a trámite “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Los magistrados rechazan la petición de medidas urgentes de estos recursos, que pedían que se amnistiara la malversación de forma cautelarísima.

La ley de amnistía, que desde su entrada en vigor hace más de un año ha beneficiado a más de 300 personas entre activistas, policías y políticos, recibió el aval del Constitucional hace unos meses, cuando la mayoría progresista del pleno rechazó de forma casi íntegra el recurso del PP. Este nuevo recurso de Puigdemont y sus dos exconsellers ataca la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación que les atribuye desde 2017 el juez Pablo Llarena.

En la práctica, esta imputación es la que impide que Puigdemont pueda regresar a España sin arriesgarse a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo, una de las principales reivindicaciones del independentismo a la hora de negociar esta norma. La Sala de lo Penal entendió que el hecho de que los líderes del procés usaran medios públicos para organizar el referéndum independentista de 2017 implicaba que no habían tenido que ponerlo de su bolsillo y, por tanto, había constituido un enriquecimiento ilícito que no perdona la ley de amnistía.

La admisión a trámite ubica una posible decisión del Constitucional sobre el caso de Puigdemont dentro de varios meses. El Supremo, que además de rechazar la amnistía para la malversación del procés impugnó la propia ley ante el Constitucional, no fue unánime en este criterio: la magistrada Ana Ferrer votó a favor de amnistiar la malversación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se pronunciaron en sentido contrario.

El pleno del tribunal de garantías analiza esta semana varios aspectos relacionados con la amnistía después de rechazar el recurso del PP y avalar la norma en sus líneas fundamentales. Los magistrados tienen previsto rechazar las impugnaciones presentadas por el gobierno de Aragón y por el propio Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes apartar a cuatro de sus magistrados de las deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del 'procés', entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras, por la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Pleno ha desestimado por unanimidad la recusación planteada por la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José aría Macías; la de Vox contra el presidente del Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido; y las dirigidas por el propio Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra Macías y los también magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

La Abogacía del Estado solicitó apartar a Macías de las deliberaciones sobre estos recursos de amparo por haberse pronunciado en contra de la ley de amnistía en textos oficiales cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se trata del mismo argumento por el que fue apartado, a instancias de Fiscalía, de las discusiones sobre la ley de amnistía en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad registrados contra la misma, cuya primera sentencia se conoció el pasado junio para avalarla.

Las fuentes consultadas han explicado que en este caso las recusaciones contra Macías se han rechazado porque una cosa es el control abstracto sobre la constitucionalidad de la ley, que se hace a través de dichos recursos y cuestiones, y otra es su aplicación al caso concreto, que se estudia en los amparos.

Puigdemont y Comín recusaron a Macías por motivos similares a los esgrimidos por la Abogacía del Estado, mientras que a Arnaldo y Espejel les afearon su “estrecha relación con el PP”. Además, recriminaron a Arnaldo que en un reciente libro mostrara su “animadversión” hacia el ex presidente catalán y, a la magistrada, su voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Hacia la admisión y el rechazo de las cautelares

Estaba previsto que en el Pleno anterior, celebrado la semana pasada, los magistrados admitieran a trámite los recursos de amparo registrados por Puigdemont, Comín y el también ex consejero Lluís Puig.

Sin embargo, las recusaciones efectuadas por Puigdemont y Comín contra Macías, Arnaldo y Espejel obligaron a retrasar la admisión para ventilar antes las recusaciones, que finalmente se han acumulado todas en un mismo Pleno para poder avanzar en los procedimientos de amparo.

Los recursos de amparo presentados por Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa ya fueron admitidos a trámite el pasado febrero, mismo curso que siguió el del también ex consejero Jordi Turull en abril. Como medida cautelar, reclamaban que se les levantara la pena de inhabilitación que se les impuso por el 'procés'. En la misma línea, Puigdemont ha pedido que se le retire cautelarmente la orden de detención nacional que pesa en su contra.

Las citadas fuentes han señalado respecto a ambas peticiones cautelares que, aunque es frecuente que se soliciten, es “rarísimo” que se concedan y prevén que los casos de Junqueras y Puigdemont no serán una excepción, por lo que tendrán que esperar a la decisión de fondo sobre sus recursos de amparo.

Pleno al completo

En estas deliberaciones participará el Pleno al completo, con sus doce magistrados, a diferencia de lo que ocurrió con la primera sentencia sobre la amnistía, que contestó al recurso de inconstitucionalidad del PP.

Entonces, decidieron diez magistrados --seis progresistas y cuatro conservadores-- porque Macías quedó apartado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo porque cuando era ministro de Justicia dijo en el informe a favor de indultar a los condenados del 'procés' que la amnistía era “claramente inconstitucional”.

Campo, abstenido para todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, no se ha apartado voluntariamente en los amparos por las mismas razones que aducirá el Pleno esta semana para rechazar las recusaciones contra Macías, diferenciando entre el análisis de constitucionalidad de la ley de amnistía y su aplicación a cada caso.

Así las cosas, los doce magistrados --con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco-- intervendrán en los procedimientos de amparo.

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo que Junts per Catalunya es un partido que “incomoda” y “molesta” a los que se sitúan en los extremos, porque se está muy cómodo en los extremos; a los que practican el populismo, y a los que salen negociados de casa“.

Así lo ha dicho en la celebración del quinto aniversario de la fundación como partido de Junts, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al cual han asistido unas 1.500 personas, según los organizadores.

Puigdemont ha querido “sacar pecho” de la trayectoria de la organización que preside, se ha mostrado “orgulloso” de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho, si bien ha dicho que “queda mucho” camino para recorrer. A aquellos que han querido “matar” a Junts durante este tiempo, los ha dedicado una frase que ya pronunció el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni le arrebató el cargo: “Que os zurzan, porque nosotros seguiremos yendo a la nuestra, que significa ir a la catalana”.

Puigdemont ha desgranado el “método Junts”, que ha afirmado que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado. Sin “apriorismos partidistas”, los dirigentes de Junts se preguntan, por este orden, si la iniciativa en cuestión “es positiva” para Catalunya, si “respeta” las competencias de la Generalitat, si se han aceptado las peticiones de la formación y si es “útil” para avanzar hacia una independencia “efectiva”.

El expresidente catalán ha dicho que su formación no se deja seducir por quien usan “el cepillo y la amabilidad”, puesto que “a menudo” esto no significa que quieran llegar a acuerdos.

Ha afirmado que Junts “incomoda” los extremos y quienes practican populismos, en aquello que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes “ya salen negociados de casa”, en clara alusión a ERC.

“Peones de la esperanza” ante “arquitectas del caos”

Puigdemont ha dedicado la parte final de su discurso a arremeter contra “la epidemia de arquitectas del caos” que tiene lugar en todo Europa y también en Catalunya, donde las encuestas muestran como Aliança Catalana le gana cada vez más terreno a Junts.

A pesar de que hay quién tiene “la tentación” de actuar del mismo modo, es decir, de “usar la motosierra para hacer operaciones en corazón abierto”, Puigdemont ha reivindicado la tarea de su partido, los “peones de la esperanza” que no se limitan a quedarse al sofá y a lamentarse por redes sociales.

Ha censurado el simplismo con que desde los “extremos” se encaran debates como los de la vivienda, seguridad, inmigración, turismo o burocracia y su voluntad de “avinagrar” la vida de los catalanes para conseguir votos.

En contraposición, ha dicho que Junts trabaja para que Catalunya consiga “competencias que nunca antes había soñado”, en alusión en el pacto en materia de inmigración sellado con el PSOE y que tiene que pasar por el Congreso, o para que el catalán sea oficial a las instituciones europeas.

En el acto también han tomado la palabra el secretario general de Junts, Jordi Turull; la secretaria de organización, Judith Toronjo; y el alcalde de esta localidad francesa, Claude Ferrer.

Entre los asistentes se han contado la expresidenta del Parlament y expresidenta del partido, Laura Borràs, y el que fue secretario general, Jordi Sànchez, y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que continúan, como Puigdemont, viviendo en el extranjero a la espera de si se les acaba aplicando la amnistía.

La amnistía ha quedado vista para sentencia en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecerá en los próximos meses el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La vista de esta martes ha estado marcada por el choque entre el representante de la Comisión Europea, muy crítico con la ley, con los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los encausados, que han defendido la legalidad de la norma.

De la decisión del TJUE depende el futuro judicial de una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de delitos por los que se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. También 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, después de que el Tribunal de Cuentas también elevara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la amnistía tiene cabida dentro del derecho comunitario. Los jueces tienen ya los argumentos de las defensas de los acusados y de las acusaciones (Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo), aunque el epicentro de la vista celebrada este martes ha sido el choque entre España (abogacía del Estado y Fiscalía) y la Comisión Europea.

En línea con lo que el gobierno comunitario expresó en sus observaciones por escrito, el letrado ha cuestionado el “interés general” que el Gobierno le atribuye a la normativa. Pedro Sánchez siempre ha defendido que se trata de una iniciativa para enterrar el conflicto político en Catalunya. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha expresado el agente Carlos Urraca Caviedes.

También ha mantenido los argumentos con un mayor calado político que generaron malestar en el Gobierno, que consideró que los servicios jurídicos de la Comisión Europea se excedieron en su interpretación y lo vincularon con la cercanía al PP del jefe del departamento, que ha desarrollado su carrera en Bruselas de la mano de los conservadores. A pesar del cambio en la cúspide de ese organismo, la línea se ha mantenido en los argumentos esgrimidos por el gobierno comunitario, que también chocan con la posición del Tribunal Constitucional.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Urraca Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

Y el colofón ha llegado en el alegato final, tras ocho horas de vista. “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante, que es la siguiente: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder la amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

En contra se ha topado con la Fiscalía, que ha justificado que las amnistías sean el resultado de una negociación política. En la misma línea se ha pronunciado la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, que ha recordado que el afán de la recuperación de la normalidad y la convivencia dentro Catalunya y con el resto de España. “Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha defendido.

La parte de las preguntas que ha planteado el Tribunal de Cuentas se ha centrado fundamentalmente en el límite de dos meses para aplicar la amnistía. Ahí se ha producido el otro gran choque con la Comisión Europea, que considera que no da margen a que investigue si los gastos del procés perjudicaron a los intereses de la UE. Y sostiene que ese es el organismo jurisdiccional que lo tiene que determinar, aunque la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados y de los intereses del bloque comunitario. De hecho, la Comisión Europea rechaza que el procés afectara a las cuentas europeas.

El fiscal ha recordado que ese precepto no ha surgido en ninguno de los procesos judiciales que durante años se han celebrado en torno al secesionismo catalán hasta el momento en el que se promulgó la amnistía. La abogada del Estado ha defendido la necesidad de establecer plazos procesales y ha apuntado a que no ha habido ninguna consecuencia para los organismos que no hayan adoptado aún las medidas de la ley de amnistía. Igualmente, se han suspendido en el momento en el que se han elevado las cuestiones prejudiciales al TJUE, que tardará unos meses en pronunciarse.

Aunque a priori la parte de la malversación, por la afectación a altos cargos como Puigdemont o Junqueras, se llevaba el foco, no ha sido así para los jueces que componen la Gran Sala, que han formulado muchísimas más preguntas sobre el encaje de la amnistía a los acusados por terrorismo en el marco de la directiva con la que la UE armonizó esos delitos con unos tipos mínimos.

Los jueces han interrogado a las partes por la aplicación de la amnistía a esos delitos, que quedaron excluidos en la ley en aquellos casos en los que no hubiera vulneración de los derechos humanos, es decir, que no hubiera resultado de muerte o tortura. Ese es el asunto que mayor interés ha suscitado para los magistrados.

No despenaliza conductas punibles

Los argumentos de la abogada del Estado han sido que es que la amnistía no despenaliza las conductas punibles, ni modifica su descripción típica o elimina o introduce elementos determinantes de la punibilidad con proyección hacia el futuro. “Se limita a suprimir los efectos jurídicos de la aplicación de unas normas cuya validez y vigencia no cuestiona”, señala la letrada en referencia a que los efectos del perdón tienen que ver con conductas del pasado sin que ello suponga un riesgo sistémico que pueda comprometer la efectividad del Derecho de la Unión.

Ahí también hay una diferencia de criterio con la Comisión Europea, que ha sugerido que el ámbito de aplicación de la amnistía es demasiado amplio, aunque ha dado varios giros en la argumentación. “Observamos que el ámbito de aplicación es muy amplio y hay mucha indeterminación. Por eso se puede violar el efecto útil de la directiva”, ha dicho el representante de la Comisión Europea, que después ha asegurado que corresponde determinar ese tipo de cuestiones al tribunal nacional. Pero apenas se ha centrado en ese asunto en su intervención final, en la que ha dejado el gran golpe político a la amnistía al asegurar que no es compatible con los valores de la UE.

Serán los jueces los que tengan la última palabra, aunque todavía tardarán unos meses en pronunciarse. Y, entre tanto, en Madrid, Sánchez trata de mantener las alianzas con las fuerzas independentistas.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha celebrado este martes la vista sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía que establecerán el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La primera parte de la jornada se ha desarrollado en torno a la causa que afecta al Tribunal de Cuentas y por la tarde le ha tocado el turno a las preguntas elevadas por la Audiencia Nacional respecto al perdón a los CDR. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los encausados han unido fuerzas en su defensa de la norma frente a los denunciantes de Sociedad Civil Catalana, que ven incompatible la amnistía con las normas europeas. Por su parte, la Comisión Europea ha cuestionado el “interés general” detrás de la normativa, aunque rechaza el elemento fundamental por el que el asunto ha llegado a Luxemburgo al negar que el procés afectara a los intereses económicos de la UE. Y, en el alegato final, el representante ha lanzado el dardo más político al asegurar que la medida “a cambio de la investidura de un Gobierno” es “incompatible con los valores de la UE”.

“No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha afirmado el representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, que también pone en duda que las autoridades españolas atendieran “a las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”. En ese sentido, censura que se tramitara por la vía de urgencia y ha recriminado que no hubiera informes de organismos independientes.

La abogada del Estado ha precisado que la tramitación urgente no elimina la presentación de informes preceptivos (que sólo se requieren cuando la iniciativa parte del Consejo de Ministros) sino que se limita a acortar los plazos. “Se cumplieron todos los trámites de ese procedimiento”, ha dicho letrada al recordar que la proposición de ley la presentó el PSOE en el Congreso.

“Una división profunda y virulenta”

En contra del principal argumento político de Pedro Sánchez para justificar la amnistía, que se fundamenta en la convivencia y la resolución del conflicto político en Catalunya, la Comisión Europea apunta a “una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. La derecha llevó incluso a Bruselas su ofensiva contra la amnistía.

“Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo, con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la invocada reconciliación social y política”, ha reiterado el letrado en línea con lo que el ejecutivo comunitario reflejó ya en sus observaciones por escrito. Ese texto no sentó nada bien al Gobierno, que señaló al jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Daniel Calleja, cuya carrera en Bruselas ha estado ligada al PP. Carlos Urraca Caviedes, también español y experto en asuntos de competencia, está por debajo en el escalafón.

“Existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la LOA sean claras y precisas”, ha agregado el letrado que, sin embargo, ha reconocido que determinarlo correspondería al Tribunal de Cuentas, que ha planteado cuestiones prejudiciales en el marco de la presunta malversación que afecta a 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

La Fiscalía defiende la negociación política de la amnistía

Por su parte, la Fiscalía ha recordado que lo normal es que los procesos de amnistía se negocien políticamente. El fiscal también ha rechazado el concepto de “autoamnistía” que introdujo la Comisión Europea en sus alegaciones por escrito y que el agente de la Comisión Europea ha reiterado. “Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, ha recordado que la norma siguió la correspondiente tramitación parlamentaria y ha asegurado que “no puede considerarse en ningún caso una autoamnistía”. “Por principio, una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha afirmado.

No obstante, el énfasis de su defensa lo ha puesto en que la amnistía no supone un perjuicio para los intereses económicos de la UE que, según ha recordado la representante, Andrea Gavela Llopis, es el único supuesto en que el TJUE podría rechazarla.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía, que se han aferrado al aval del Tribunal Constitucional, han recordado que los procedimientos judiciales en España no apuntaron en esa dirección en ningún momento. El representante del Ministerio Público, Manuel Martín-Granizo, ha asegurado que el asunto sólo se suscitó una vez que se había aprobado la ley.

Tampoco la Comisión Europea encuentra perjuicio para los intereses de la UE. “No parece que la disminución de la renta nacional bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión”, ha defendido el letrado en contra de lo que sugiere el Tribunal de Cuentas.

A pesar de que da por hecho que no hay ese daño para las finanzas comunitarias, el gobierno comunitario cuestiona que se imponga un plazo de dos meses para aplicar la amnistía: “Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”. “En opinión de la Comisión las cuestiones prejudiciales no son hipotéticas ya que el Tribunal de Cuentas se ve en la imposibilidad de constatar una posible violación del derecho de unión debido a que el Derecho procesal nacional no se lo permite o sólo dificulta el sentido de la jurisprudencia mencionada en la cuestión del Tribunal”, ha expresado Urraca Caviedes.

Ese planteamiento choca con la realidad procesal: no ha habido consecuencias ante la decisión de algunos órganos jurisdiccionales de no aplicar la amnistía. Es el argumento que ha utilizado la abogada del Estado, que ha asegurado que “la independencia del tribunal no está en juego”: “Ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía sin que se haya materializado ninguno de los peligros que plantea: la realidad es que el Tribunal de Cuentas no ha resuelto sobre la aplicación de la ley a los demandados, ha suspendido el procedimiento principal y no ha procedido al alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en su seno, quedando a la espera de la resolución del asunto ante el Tribunal de Justicia”.

En esa misma línea se ha pronunciado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha recordado que los jueces del procés tardaron más de 300 días en dictar sentencia. “No afecta a la aplicación. No es un plazo real”, ha asegurado sobre el plazo establecido en la norma, que se ha incumplido ya: “Dos meses no limitan la justicia, la garantizan”.

Una de las preguntas del tribunal a la abogada del Gobierno ha tenido que ver precisamente con ese plazo de dos meses. En concreto, le ha interrogado sobre si el fallo del Constitucional impide elevar nuevas prejudiciales y la letrada ha asegurado que “cabe un planteamiento ulterior”.

El alcance del terrorismo

En el turno de la tarde se ha examinado el alcance de la amnistía respecto a los delitos de terrorismo por los que están acusadas una docena de personas, pendientes de juicio en la Audiencia Nacional y que se juegan penas de cárcel de más de 20 años. La negociación de la ley tuvo en esta parte uno de los puntos de más fricción y finalmente se planteó como única excepción a la amnistía los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Eso no ocurrió durante el procés ni el 1-O ni en los disturbios.

La vista se ha centrado en aspectos fundamentalmente técnicos en este caso y serán los jueces de Luxemburgo los que tendrán que hacer una interpretación del encaje de la norma respecto al derecho comunitario. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han asegurado que el olvido tiene cabida sin vulnerar la directiva y han recordado que la amnistía “tiene una finalidad que no es otra que superación de un conflicto de naturaleza política y el restablecimiento de la paz social”.

Como hizo en sus observaciones escritas, la Comisión Europea considera que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE a priori, pero deja el asunto en manos de los tribunales nacionales, que son los que tendrán que determinar el alcance de la norma respecto al tiempo y los objetivos que persigue.

“La Comisión considera que una amnistía tan amplia que excluyera en gran medida la persecución efectiva de las infracciones definidas en la directiva durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance a los objetivos que persigue, o mediante definiciones excesivamente vagas que podrían generar inseguridad jurídica, excedería los límites los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías”, afirmó el representante de la Comisión, que dejó en manos de la Audiencia Nacional determinar “si las disposiciones de la ley de amnistía cumplen con las condiciones requeridas por los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, por tanto, entre otros, si la diferencia de trato que introducen se basa en un criterio objetivo y razonable”.

El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía. El pleno del tribunal de garantías, tras varios días de deliberaciones, ha rechazado el recurso que presentó el Partido Popular contra la norma de perdón del procés con los seis votos favorables del sector progresista y cuatro en contra de los conservadores. Un borrador ahora aprobado que ponía pequeñas pegas a la amnistía, sobre todo que perdonara delitos consumados después de noviembre de 2023, pero que da luz verde al grueso de la ley al entender que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.

El tribunal puso en marcha las deliberaciones este lunes y empezó a debatir sobre el recurso del PP después de negarse a enviar el caso a Europa a través de una cuestión prejudicial. La votación ha dado luz verde a la ley, que hasta la fecha se ha aplicado a más de 300 personas implicadas en causas judiciales relacionadas con el procés, y ha evidenciado la profunda división entre la mayoría progresista que ha sacado adelante la sentencia frente a la minoría conservadora que se ha opuesto de manera contundente al borrador de Inmaculada Montalbán.

La sentencia que será pública en los próximos días pone tres pegas de escasa trascendencia a la norma. Que perdonara los delitos relacionados con el procés consumados después de noviembre de 2023, lo que según el Constitucional permitiría “seguir desarrollando en lo sucesivo, sin sufrir sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado”. También que amplíe la amnistía a los policías implicados en disturbios del referéndum o de las manifestaciones de 2019, pero no a particulares u otros empleados públicos. “Por ejemplo, al director de un colegio que pudo realizar un acto ilícito excediéndose con ocasión de su negativa al uso del centro docente que dirige en una consulta secesionista”, decía la ponencia con un ejemplo que no se ha dado en los tribunales.

La tercera y última estimación del recurso del PP obliga a dar audiencia a todas las partes implicadas en las causas contables tramitadas en el Tribunal de Cuentas en torno al procés. El resto, una ponencia de casi 200 folios planteados por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, avala el encaje de esta norma con la Constitución: no genera desigualdad, no es arbitraria, no invade ni sustituye el trabajo de los jueces y no es un indulto general prohibido en España.

Los cuatro magistrados conservadores del pleno han anunciado votos particulares contrarios a la sentencia mayoritaria. Uno de ellos, Ricardo Enríquez, entiende que la Constitución española no permite crear una amnistía. También que en este caso la norma es “arbitraria” porque su “verdadera finalidad” era “obtener el apoyo de los siete diputados de Junts en la sesión de investidura del Presidente del Gobierno”.

Una amnistía con “justificación objetiva y razonable”

La ley de amnistía, dice la ponencia aprobada por la mayoría progresista del Constitucional, no es una decisión atribitraria sino que cuenta con una “justificación objetiva y razonable”. “La finalidad del legislador de favorecer la reconciliación y conseguir, con ello, que el conflicto político subyacente se encauce a través del diálogo no pueda reputarse ilegítima”, añade ese borrador que rechazaba entrar en las consideraciones políticas del PP sobre si la amnistía fue la moneda de cambio para que Junts apoyara la investidura de Pedro Sánchez en 2023: “Los motivos o intenciones de quienes promovieron la aprobación de esta ley orgánica es una cuestión ajena a lo jurídico”.

Desde su entrada en vigor los juzgados y tribunales que han sentenciado o investigado casos relacionados con el procés han amnistiado a más de 300 personas. Sobre todo manifestantes y policías involucrados en altercados y disturbios en el 1-O y manifestaciones contra la sentencia del procés pero también a cargos públicos encausados y condenados por promover el referéndum de 2017 usando recursos públicos.

Esta sentencia del Constitucional avala la legalidad de la amnistía pero no condiciona la aplicación que tienen que hacer los jueces en los casos de mayor relevancia política: la malversación atribuida a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. En el caso del líder de ERC, su condena de inhabilitación por ese delito –la de cárcel fue indultada– le mantiene apartado de cualquier cargo público hasta 2031. En el caso del expresident catalán, la imputación que pesa sobre él le mantiene en búsqueda y captura por parte del juez Pablo Llarena.

Hasta el momento el Tribunal Supremo, tanto Llarena como la Sala de lo Penal, se ha negado a amnistiar este delito y los líderes políticos independentistas tendrán que esperar a que el Constitucional resuelva cada uno de sus recursos individuales.

El pleno del Tribunal Constitucional empezará este lunes uno de sus debates más relevantes de las últimas dos décadas: el recurso del PP contra la amnistía. Con una ponencia que avala los aspectos esenciales de la ley de perdón del procés y con una división profunda entre el sector mayoritario progresista y el minoritario conservador que no anticipa un acuerdo pacífico en esta primera semana de deliberaciones. Una ponencia que, en caso de salir adelante, no soluciona algunas de las grandes polémicas de la ley, como por ejemplo el posible regreso de Carles Puigdemont o la habilitación para que Oriol Junqueras pueda volver a ocupar un cargo público antes de 2031.

La amnistía entró en vigor hace poco más de un año tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces más de 300 personas han visto cómo sus causas judiciales relacionadas con el procés independentista catalán quedaban archivadas o sus condenas perdonadas. Más de 170 personas implicadas en disturbios, casi 30 son cargos públicos y políticos relacionados con el referéndum de 2017 y más de 120 son, finalmente, policías acusados de agredir a votantes del 1-O y manifestantes de las diversas protestas contra la sentencia del procés.

La ley fue rápidamente impugnada por varios tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo, así como por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha y, finalmente, el Partido Popular. Este último recurso, el más completo y que abarca la totalidad de la ley, ha sido el primero en llegar a pleno y la sentencia que salga de este debate marcará el camino del resto de impugnaciones pendientes.

El pleno que examinará la norma de más relevancia política de los últimos años –condición del independentismo catalán para apoyar la última investidura de Pedro Sánchez– no estará completo. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, decidió abstenerse de participar porque su firma está en los indultos a los líderes del procés. José María Macías, por su parte, fue apartado porque en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial tuvo un papel especialmente activo en la oposición a la amnistía cuando era vocal de este organismo.

Esto deja seis magistrados progresistas y cuatro conservadores para analizar la ponencia de Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del organismo integrada en el primer bloque. Una propuesta que, en caso de salir adelante, hará pequeñas correcciones a la ley sin apenas efectos prácticos y que dará luz verde a la amnistía de más de 300 personas aunque no resolverá la situación de Carles Puigdemont, principal reclamación de Junts desde su entrada en vigor.

Las tres pegas a la ley

La mayor objeción que pone el borrador es al límite temporal de la ley. La amnistía abarca todos los delitos relacionados con el procés desde noviembre de 2011 –cuando empezaron los trabajos preparatorios para la consulta del 9 de noviembre de 2014– hasta noviembre de 2023, cuando el PSOE presentó la proposición de ley. Pero deja un resquicio para que también sean amnistiados los delitos que aunque empezaran antes de la fecha límite se consumaran después y eso, dice la ponencia, puede ser un aval legal para “seguir desarrollando en lo sucesivo, sin sufrir sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado”.

El segundo reparo tiene que ver con un aspecto que, según la ponencia de Montalbán, produce “una consecuencia manifiestamente discriminatoria” dentro de la amnistía: que se incluya a los policías imputados por delitos cometidos en su oposición al procés, pero no a particulares u otros empleados públicos que hubieran podido incurrir en lo mismo. “Por ejemplo, al director de un colegio que pudo realizar un acto ilícito excediéndose con ocasión de su negativa al uso del centro docente que dirige en una consulta secesionista”, cita la ponencia.

Por el momento no ha trascendido que ninguna causa judicial con estas características se haya visto afectada por la amnistía. La ponencia también explica, ya por último, que en los procedimientos contables seguidos ante el Tribunal de Cuentas por el dinero público catalán invertido en el procés la norma debe interpretarse de tal manera que todas las partes implicadas puedan hacer alegaciones.

El debate llega en medio de la ofensiva de PP y Vox para deslegitimar al Tribunal Constitucional, una estrategia que arrancó con la implantación de una mayoría progresista tras su última renovación parcial y que ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a afirmar recientemente que la composición actual del tribunal es “uno de los problemas que tiene el país”. Una deslegitimación que preocupa y mucho al presidente Cándido Conde-Pumpido, tal y como expresó en un desayuno en el Ateneo de Madrid, y que choca con otras sentencias, como la que la semana pasada desestimó un recurso del Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Senado para tramitar la proposición de ley del PP sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Fuentes del organismo destacan que desde que cambió la presidencia del tribunal, al contrario de lo que intenta dar a entender la derecha, 116 de un total de 136 sentencias han sido dictadas por unanimidad y a lo largo de este año 2025 solo dos resoluciones, relacionadas con las leyes de vivienda estatal y catalana, se han resuelto por la proporción de siete votos progresistas frente a cinco conservadores.

La amnistía tiene “una justificación objetiva y razonable”

El resto de la ponencia, un documento de casi 200 páginas que ha podido examinar elDiario.es, rechaza el grueso del recurso del Partido Popular y avala los aspectos principales de la ley. Su encaje con la Constitución, su convivencia con derechos como la igualdad o la separación de poderes y también la proporcionalidad y justificación de sus medidas. “En la ley de amnistía también quedan amnistiados quienes realizan actos delictivos con finalidades no independentistas”, recuerda la ponencia apuntando a las decenas de policías nacionales encausados por su actuación en el referéndum y las manifestaciones.

Esto, para la ponencia que debate el pleno del Constitucional a partir de este lunes, levanta las sospechas de desigualdad que el PP planteaba en su recurso. También entienden que la norma plantea una justificación objetiva y que no se pone en marcha, por tanto, de una manera arbitraria: “La amnistía no persigue el cuestionamiento de la legitimidad de los procesos judiciales ni supone una suerte de juicio alternativo”, justifica el documento. “La finalidad del legislador de favorecer la reconciliación y conseguir, con ello, que el conflicto político subyacente se encauce a través del diálogo no pueda reputarse ilegítima”, zanja.

La ponencia rechaza entrar en muchas alegaciones de carácter político que el PP plantea en su recurso, como por ejemplo que la ley se puso en marcha para que el independentismo catalán diera a Pedro Sánchez los votos clave que necesitaba para su investidura de 2023. “Los motivos o intenciones de quienes promovieron la aprobación de esta ley orgánica es una cuestión ajena a lo jurídico”.

El Constitucional ha habilitado el calendario de toda la semana para estas deliberaciones con muy pocas esperanzas en que el pleno alcance la unanimidad en torno a este borrador. Varios magistrados han reiterado una crítica que fuentes del sector conservador ya expresaban en otros asuntos: la celeridad del tribunal a la hora de llevar este recurso a pleno, diez meses después de que el PP acudiera a su registro de la calle Domenico Scarlatti de Madrid.

La sentencia que salga de este debate del Constitucional no será el último que tengan los tribunales en torno a la amnistía y su aplicación. Casos puntuales como el de Carles Puigdemont, al que los jueces del Supremo han decidido no perdonar el delito de malversación que se le atribuye, seguirán pendientes de que su propio recurso, que todavía ni siquiera ha sido interpuesto, llegue al tribunal de garantías. Todo mientras tribunales como la Audiencia Nacional ya han llevado esta norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No está previsto que las votaciones se produzcan en los primeros días de deliberaciones. Un primer debate sobre la petición de algunos magistrados de elevar una cuestión prejudicial propia a Europa condicionará un segundo día de debate con los motivos del recurso y otro posterior sobre si la ley se amolda o no a la Constitución. El tribunal ha habilitado toda la semana para las deliberaciones, algo poco habitual para su debate más relevante desde la sentencia del Estatut catalán hace ya 15 años.

La Comisión Europea no ve afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el procés. Es la principal conclusión del gobierno comunitario en el análisis de la ley de amnistía que tiene que hacer en el marco de la resolución de las cuestiones prejudiciales que analizará el Tribunal de Justicia de la UE a instancias del Tribunal de Cuentas. El perjuicio a las finanzas europeas es el argumento que esgrimió el Tribunal Supremo para dejar la malversación fuera de los delitos amnistiados y por los que fueron condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. También pesa esa acusación sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont. No obstante, el ejecutivo comunitario sí critica algunos aspectos de la normativa, como el levantamiento de las medidas cautelares o la limitación de dos meses para la aplicación.

“La argumentación del Tribunal de Cuentas no muestra un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión y los recursos propios de la Unión, en particular la contribución basada en la Renta Nacional Bruta (RNB) [de España]”, señala el documento de observaciones enviados por la Comisión Europea al TJUE que ha adelantado El Español y al que ha tenido acceso elDiario.es. “En efecto, los demandados en el asunto principal no tienen autoridad para recaudar y poner a disposición recursos propios de la Unión. Además, los fondos desviados no se tienen en cuenta directamente para generar ingresos puestos a disposición de la Unión en virtud de la Decisión sobre recursos propios”, argumenta el gobierno comunitario.

“Tampoco parece que pueda considerarse que la disminución de la RNB de un Estado miembro provocada por la secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo”, agrega la Comisión Europea.

Lo que cuestiona el gobierno comunitario es que la amnistía responda al interés general, aunque deja en manos de los tribunales españoles determinar el alcance. “Corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si las limitaciones que la ley de amnistía y, en particular, su artículo 1 (‘ámbito de aplicación’), introduce a los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley cumplen con estos requisitos”, recoge el texto, que señala que “carece de claridad en la definición de su ámbito de aplicación y que, por lo tanto, puede dar lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la amnistía”.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión. De entrada, la LOA parece constituir una autoamnistía, por dos motivos. En primer lugar, porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español. En segundo lugar, porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, apostilla en un párrafo de las observaciones, firmadas por dos agentes del servicio jurídico, dirigido en ese momento por el español Daniel Calleja, que fue jefe de gabinete de la comisaria del PP Loyola de Palacio, y que ha sido designado posteriormente como director de la representación de la institución en España.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, añade en uno de los párrafos del análisis, aunque nada relativo a esa argumentación política figura en las conclusiones, que es la parte del documento en la que la Comisión Europea expone las respuestas que considera que debe dar el TJUE.

En las conclusiones sí se cuestiona el plazo de dos meses que se da a los tribunales competentes para adoptar las medidas, aunque ese periodo se ha superado en muchos de los casos sin que se hayan impuesto sanciones. Igualmente, ve contrario al derecho europeo que en los procedimientos de amnistía solo se puedan pronunciar la Fiscalía y la administración afectada, dejando fuera a la otra parte demandante (Sociedad Civil Catalana).

También rechaza que la amnistía suponga el levantamiento de las medidas cautelares o que no se suspenda el plazo de dos meses para la aplicación antes de que culmine el proceso, por ejemplo, si se plantean las cuestiones prejudiciales al TJUE.

El documento de 36 páginas de extensión también menciona el informe de la Comisión de Venecia, que avaló la amnistía, aunque cuestionó que se tramitara por la vía de urgencia, impidiendo el posicionamiento de otras instituciones del Estado.

La ley de amnistía ha cumplido su primer año en vigor con más de 300 beneficiadas y un detalle clave para el futuro de la ley: el borrador de sentencia que estudiará en los próximos meses el Tribunal Constitucional apuesta por avalar, con pocos matices, la norma de perdón del procés independentista catalán. Si esa ponencia sale adelante, la decisión del tribunal de garantías no contestará a todas las preguntas que hay sobre la ley de amnistía: si abarca el delito de malversación que mantiene a Carles Puigdemont en búsqueda y captura. Ese matiz de máxima importancia judicial y política tendrá que esperar a los recursos que los propios políticos catalanes han presentado contra sus casos concretos o, incluso, a una futura sentencia de los tribunales europeos.

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la amnistía a finales de mayo del año pasado y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) menos de dos semanas después. Se abrió entonces un plazo de dos meses para que los jueces aplicaran el perdón a todas las causas sentenciadas o bajo investigación relacionadas con el procés. Así, el periodo va desde 2011 hasta 2023, abarcando el referéndum de 2017 y sus preparativos pero también la consulta de 2014 o los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo.

La ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán avala la mayor parte de la norma y estima parcialmente el recurso del Partido Popular –el primero que será sentenciado de las dos decenas de impugnaciones interpuestas– para detalles sin apenas incidencia. La ley no ampara los delitos consumados después de noviembre de 2023 y debería obligar a escuchar a la Fiscalía y las entidades públicas afectadas por el procés desde el punto de vista contable, por ejemplo a la Generalitat de Catalunya.

Este borrador que maneja el Constitucional, en caso de ser aprobado y convertirse en una sentencia, establecerá que la ley de amnistía es constitucional, pero no marcará la interpretación que hagan los jueces sobre a qué casos se aplica y a cuáles no. En particular a uno de los supuestos de mayor relevancia penal y política, el delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados líderes políticos independentistas como Oriol Junqueras y por el que todavía están buscados otros como Carles Puigdemont.

Un aval general del tribunal de garantías a la ley de amnistía, en la práctica, sella su aplicación en la inmensa mayoría de los casos en los que no ha habido polémica judicial y en los que el criterio del Tribunal Supremo no ha sido discutido. Más de 100 policías investigados por las cargas del 1-O y también los manifestantes o activistas encausados por disturbios, así como algunos cargos públicos condenados, por ejemplo, por poner escolta a Puigdemont mientras estaba en Bélgica. La polémica que no soluciona la futura sentencia es qué pasa con los casos que el Supremo ha rechazado amnistiar.

Esos casos específicos deben esperar a que el Constitucional resuelva sus recursos concretos. Es, por ejemplo, el supuesto de Oriol Junqueras. En su caso, los indultos y la reforma de la sedición borraron su condena de cárcel y el líder de ERC siguió con la pelea para que la amnistía eliminara también la inhabilitación, que a día de hoy le impide ocupar un puesto público hasta 2031. Sus reclamaciones contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación ya fueron admitidas a trámite por el Constitucional.

La malversación de Puigdemont

El caso de Carles Puigdemont es diferente. En Bélgica desde 2017, ha sido imputado y procesado en varias causas relacionadas con el procés y en la actualidad está pendiente de una sola, la acusación por malversación en las diligencias principales del procés que, ocho años después, sigue llevando el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Y hasta el momento ni el instructor ni la Sala de lo Penal han accedido a amnistiar la malversación del expresident o, entre otros, sus antiguos compañeros de gabinete, lo que tiene una consecuencia práctica: sigue imputado por ese delito y, salvo que protagonice una nueva fuga como cuando apareció brevemente en Barcelona en 2024, será detenido si entra en España.

Estos recursos individuales servirán para saber si los argumentos del Supremo superan el filtro del Constitucional. La ley de amnistía establece como excepción la malversación que haya terminado en un enriquecimiento personal del acusado y en la Sala de lo Penal entienden que eso se ajusta al caso de Puigdemont, Junqueras y otros políticos que llevaron la batuta del procés desde las instituciones públicas catalanas. Usar recursos públicos para organizar el referéndum de 2017 les libró de poner el dinero de su bolsillo y, además, todo el desafío separatista pudo afectar potencialmente a los intereses económicos de la Unión Europea, según la sala que presidía entonces Manuel Marchena.

Esos autos en los que el Supremo aprovechaba para ir más allá que en su sentencia del caso y definir el procés como un “golpe de Estado”, serán los que aproveche el Constitucional para establecer si la malversación del procés queda o no amparada por la ley de amnistía. La Fiscalía considera que el Supremo se ha equivocado al interpretar una norma que, según dijo la teniente fiscal en una de las vistas más recientes, es “clara” en su contenido y sus intenciones.

Este criterio del Supremo se ha encontrado con discrepancias dentro de la magistratura. Una jueza de Barcelona, por ejemplo, optó por perdonar la malversación atribuida al exsecretario de Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, porque actuó “con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal”. Según la imputación que pesaba sobre él, destinó fondos públicos como buzoneo y papeletas del referéndum de 2017.

Otros frentes judiciales internacionales se suman a los recursos pendientes de decisión en España. Son las cuestiones prejudiciales que tribunales como la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y cuya resolución también será clave. De esas impugnaciones dependen otros casos relevantes relacionados con el procés: los 12 procesados por terrorismo en la causa contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las causas contables en las que se decide si los responsables del procés pagan con su patrimonio el dinero público invertido.

La intención del Tribunal Constitucional es dictar su sentencia principal sobre la amnistía antes del verano, tal y como explicó su presidente Cándido Conde-Pumpido en un coloquio en el Ateneo de Madrid hace unas semanas. La ponencia de Montalbán ha sido puesta recientemente a disposición del resto de magistrados y el debate todavía no tiene fecha, aunque diversas fuentes apuntan al mes de junio.

Una jueza de Barcelona ha amnistiado a trece policías nacionales que estaban acusados de humillar y vejar a una detenida durante los disturbios contra la sentencia del procés, una manifestante que estuvo diez días en prisión preventiva por desórdenes públicos sin que aún se haya celebrado su juicio.

En el auto, la titular del Juzgado de instrucción número 30 de Barcelona acuerda archivar la causa abierta a los agentes por considerar que los hechos que se les imputan no son suficientemente graves como para quedar excluidos de la ley de amnistía, que deja fuera los tratos degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como las torturas.

Los agentes estaban siendo investigados a raíz de una querella presentada por Paula G., una joven que fue detenida en las protestas del 18 de octubre de 2019 frente a la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona contra la sentencia del procés, movilizaciones que desembocaron enfrentamientos con la policía en el centro de la capital catalana.

En su denuncia, la manifestante sostenía que permaneció detenida durante 13 horas antes de poder comunicarse con el Colegio de la Abogacía, que fue vejada y humillada durante su custodia y traslado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y que un agente la amenazó blandiendo un cúter intervenido mientras le decía: “Si hay un muerto, no va a ser de nuestro bando”.

La manifestante se opuso a que se aplicara la amnistía a los policías investigados con el argumento de que los hechos ocurrieron una vez detenida y en dependencias policiales, sin relación alguna con el procés, y que los agentes buscaban “disminuir su dignidad humana”, con lo que se incumplirían los compromisos internacionales firmados por España en materia de derechos humanos.

La Fiscalía, por el contrario, sí apoyó la amnistía para los agentes de la misma forma que su defensa, ejercida por Javier Aranda, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats.

En su resolución, que no es firme, la jueza acuerda archivar la causa a los policías nacionales imputados, aunque deja al margen de la amnistía la eventual indemnización que pudiera corresponder a la denunciante por los hechos, cuestión que deberá dirimirse por la vía civil.

Mientras tanto, la justicia no ha resuelto todavía si aplica la amnistía a la manifestante, para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel por su papel en los disturbios del 18 de octubre de 2019, ya que la vincula con el lanzamientos de objetos contundentes y de botellas con líquidos corrosivos contra la Jefatura Superior de Policía.

Su juicio estaba previsto para el pasado 25 de enero en la Audiencia de Barcelona, pero la Fiscalía pidió la suspensión para estudiar si pedía la amnistía para la manifestante, al considerar que el caso encaja en la ley. Paula G., sin embargo, se ha negado hasta ahora a pedir al tribunal que la amnistíe porque considera que ello supondría encubrir las “vergüenzas” del Estado y los abusos perpetrados por policías, fiscales y jueces en el marco del procés.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a amnistiar a Carles Puigdemont. La decisión de la sala de confirmar el criterio del juez Pablo Llarena y dejar el delito de malversación fuera de la ley de perdón del procés marca un camino largo para el expresident catalán: tendrá que acudir al Constitucional, pero no es previsible que reciba una respuesta antes de un año. Mientras tanto, la vigencia del delito de malversación mantiene intacta su orden de detención y la prohibición, por tanto, de volver a España.

Los jueces no han estimado los argumentos del líder de Junts, pero tampoco los de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió a la Sala de lo Penal que corrigiera a Llarena y que tuviera en cuenta que la intención del legislador cuando puso en marcha la amnistía era perdonar todos los delitos relacionados con el procés catalán de 2017 y no algunos hechos de forma selectiva. También criticó que el juez hubiera planteado, por primera vez en ocho años de proceso judicial, que el desafío soberanista afectó a los intereses de la Unión Europea para justificar su negativa a amnistiar la malversación.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido avalar estos razonamientos punto por punto. La malversación del procés, entienden los magistrados, no es amnistiable porque Puigdemont y el resto de políticos encausados sí se enriquecieron personalmente: no pagaron de su bolsillo el referéndum del 1-O porque tiraron del dinero y recursos públicos de la Generalitat. Y porque la independencia de Cataluña no se consumó, pero de haberlo hecho habría afectado, añaden, a la relación de España con la Unión Europea.

Esta decisión, explican fuentes del caso a elDiario.es, deja un único camino al expresident catalán: recurrir ante el Tribunal Constitucional. Previamente tendrá que plantear una improbable nulidad ante el mismo Supremo y después ya presentar alegaciones en amparo ante el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Lo que aleja el horizonte de una decisión inmediata hasta, aproximadamente, dentro de un año. Después, si el Constitucional no le es favorable, podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El delito de malversación es el único ilícito del procés que se mantiene en pie en la causa que, ocho años después, sigue abierta contra los políticos catalanes que nunca volvieron a España para declarar ante los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La reforma del delito de sedición cercenó esa parte de la acusación, con los jueces rechazando que pudiera ser sustituido por unos simples desórdenes públicos, y la malversación de dinero público se mantiene desde entonces como único vestigio de la causa penal contra el desafío independentista de 2017.

El tribunal de la Sala de lo Penal que ha examinado el caso no se refiere de forma explícita a las medidas cautelares que derivan de la imputación por este delito. No era algo que se hubiera recurrido en este trámite. Pero en la práctica, el aval a que siga acusado de malversación implica que la orden de detención nacional que pesa sobre él sigue intacta: la que, supuestamente, le impide entrar en España sin ser detenido, aunque en agosto de 2024 acudió a las inmediaciones del Parlament en la sesión de investidura de Salvador Illa para después escapar de los Mossos y volver a Bruselas sin ser arrestado.

El camino hasta el Constitucional

La decisión del Supremo, por tanto, mantiene viva la situación que desde Junts consideran un fallo de la ley de amnistía: la aprobación de la norma, esencial para obtener el apoyo independentista en la última investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en 2023, no ha tenido el efecto esperado y Carles Puigdemont no puede volver a España sin miedo a ser detenido y ser enviado inmediatamente a prisión por parte de Llarena.

El camino hasta el Tribunal Constitucional no es corto. Su recurso de amparo, que solo podrá presentar después de intentar la nulidad ante el propio Supremo, tendrá que pasar en primer lugar el filtro de la admisión a trámite y después esperar durante meses a que los magistrados den una respuesta. Hasta entonces es improbable que la amnistía se le aplique de forma cautelar.

El Constitucional ya tiene dos decenas de recursos contra la amnistía encima de la mesa y, tal y como ha explicado recientemente su presidente Cándido Conde-Pumpido, tiene intención de resolver los más relevantes antes del próximo verano: el que interpuso el PP contra toda la ley, los interpuestos por algunas comunidades autónomas y también la cuestión prejudicial del propio Tribunal Supremo. Pero también tiene otros que tratan casos idénticos al de Carles Puigdemont y eso puede acelerar los trámites y las deliberaciones al ser la misma acusación.

El pleno admitió estudiar, el pasado mes de febrero, los recursos de otros políticos encausados por el procés que tenían la misma queja: que el Supremo no hubiera accedido a amnistiar su malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyas condenas de prisión por este delito fueron indultadas por el Gobierno pero con unas condenas de inhabilitación que, a día de hoy, les impiden presentarse a unas elecciones.

Esos pleitos iniciados a instancias de sus antiguos compañeros de Govern tratan sobre si la amnistía se aplica o no al delito de malversación, aunque sus casos tienen matices distintos: ya fueron condenados, los indultos borraron sus condenas de prisión y su pelea se centra, sobre todo, en una inhabilitación para ejercer cargos públicos que, en el caso de Junqueras, no vence hasta el año 2031. Pero una decisión sobre sus alegaciones podría tener incidencia en el caso de Puigdemont y acelerar la respuesta del Constitucional una vez sentadas las bases de su doctrina.

La causa principal del procés se ha convertido en la única cita judicial pendiente de Carles Puigdemont después de que el Supremo haya dado carpetazo a la conocida como 'trama rusa' que el juez Joaquín Aguirre impulsó de forma ilegal en contra de las órdenes de la Audiencia de Barcelona. Todo también a la espera de la vertiente internacional del caso sobre su posible extradición: el juez Llarena lleva casi dos años a la espera de tomar una decisión después de que el Tribunal General de la UE retirara la inmunidad al expresident.

Las alegaciones de Puigdemont tienen al Supremo en contra pero algunos puntos de apoyo: el criterio de la Fiscalía y también los votos particulares de la magistrada Ana Ferrer que considera que la ley sí tenía la intención de amnistiar la malversación.

El Tribunal Supremo no amnistiará el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal ha confirmado el criterio del juez Pablo Llarena y ha rechazado las alegaciones de la Fiscalía, y directo que defiende que “la norma es clara” y que ese delito debía ser perdonado. La acusación de malversación es la que mantiene al expresident catalán en búsqueda y captura dentro de España. La decisión de no amnisitarle, dice el Supremo, “no contraviene la voluntad del legislador”.

Tanto el expresident como la Fiscalía reclamaban que la ley de amnistía se extendiera también contra el delito de malversación por el que está imputado. La despenalización de la sedición ya provocó que la causa contra el procés contra él quedara reducida al posible uso de dinero y medios públicos para impulsar el referéndum de 2017 y es el último fleco que, en la práctica, impide que Puigdemont pueda regresar a España al exponerse a una orden nacional de detención.

La Sala de lo Penal, que examinó el caso en una vista el pasado mes de marzo, ha decidido confirmar el criterio del juez instructor del caso, Pablo Llarena, y mantener la imputación de Puigdemont por malversación. La ley no dice de forma literal, entienden los magistrados del Supremo, que el beneficio personal que la amnistía deja fuera del perdón solo sea el “incremento tangible y directo del patrimonio” del acusado.

Los investigados del procés, ratifica el Supremo, “se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica” sin que eso respondiera a “ningún interés público”. La teniente fiscal del Supremo, durante la vista, defendió que este delito sí debía ser amnistiado.

El Supremo también explica que no procede elevar ningún tipo de cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. El Constitucional tiene previsto resolver antes del verano, tal y como explicó recientemente su presidente Cándido Conde-Pumpido, los recursos más relevantes planteados contra la ley en términos generales.

“Se pretendía la independencia de parte de España”

Los jueces entienden que esta decisión no es imprevisible: el juez ha interpretado el delito de malversación “acorde con los criterios tradicionales de la Sala” sobre los conceptos de “patrimonio, beneficio y malversación”. Se puede entender, zanja el Supremo, que alguien se “beneficia patrimonialmente” no solo cuando el dinero va a su bolsillo sino “también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos”. En este caso, concluye, Puigdemont no pagó de su bolsillo el procés porque usó fondos públicos catalanes.

Otro de los argumentos empleados por el Supremo para amnistiar la malvesación es cómo afectó a los intereses de la Unión Europea. “Se pretendía la independencia de parte de España y su segregación de la Unión Europea, lo que conllevaba, de conseguirse lo proyectado, la pérdida de los ingresos financieros de esa parte del territorio”, justifica la Sala como ya ha hecho en anteriores resoluciones.

Que la independencia no se ejecutara finalmente, tal y como reconoció el propio Supremo en la sentencia de 2019, “no permite concluir que no existió una alta probabilidad de que así sucediera”. “Ni puede minimizarse el desafío que se produjo ni tampoco la grave crisis del orden constitucional que tuvo lugar”, dicen los jueces tras recordar que “todo el país fue testigo de la grave crisis institucional que tuvo lugar. Se aprobaron ilegalmente las leyes que habrían de dar cobertura formal al nuevo Estado desobedeciendo los reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional, se proclamó la independencia”, añade.

Conservadores y progresistas del Tribunal Constitucional han decidido por unanimidad anular el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió a Carles Puigdemont y Lluís Puig delegar su voto en la constitución de la cámara catalana en 2024. Los magistrados dan continuidad a sentencias anteriores que también anularon las maniobras para que el expresident, fuera de España desde 2017 y con una orden nacional de búsqueda y captura, pudiera seguir votando de forma efectiva a pesar de no acudir a la cámara.

La anulación, en línea con lo que proponía el ponente Ricardo Enríquez, no tiene efectos prácticos sobre las votaciones del pasado mes de junio: cuando los diputados eligieron la presidencia del Parlament tras las elecciones de mayo que ganó el PSC de Salvador Illa. El diputado de Junts, Josep Rull, salió en segunda vuelta con los votos de Junts, ERC y la CUP y el independentismo mantuvo mayoría absoluta de la mesa.

El recurso del Partido Popular que ahora estima el tribunal de garantías apuntaba a que tan solo unos días antes el mismo Constitucional había dictado una sentencia en sentido contrario: una de sus salas había tumbado la normativa que en la legislatura anterior había permitido al mismo Lluís Puig votara telemáticamente desde Bélgica.

Fuentes del Constitucional explican que estas alegaciones se han estimado por unanimidad aplicando su doctrina anterior sobre el voto delegado y telemático. El pleno considera que se ha vulnerado el derecho de los diputados autonómicos del PP “a ejercer las funciones representativas” en conexión con el derecho a los ciudadanos a “participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.