“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones llevan años reivindicando la jornada de 24 horas. Aseguran que mejora la relación con el preso y descienden los conflictos. Por el contrario, varios informes internos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y diversos expertos en derecho penitenciario alertan de los efectos perjudiciales que una jornada de este tipo puede tener tanto para los trabajadores como para los internos. Otras fuentes cercanas a la Administración penitenciaria denuncian que la reclamación de los representantes de los trabajadores solo es una excusa para poder disfrutar del máximo de días libres seguidos, una exigencia que se les podría conceder en favor de la paz social entre los sindicatos y la propia Administración.

Desde el franquismo no opera en España esta jornada de 24 horas, a excepción de los meses de emergencia sanitaria provocada por la Covid. El último centro en volver al horario habitual ha sido la prisión de Zaballa (Araba), el 1 de abril de este año. Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT), defiende que en los meses en los que funcionaron con este turno en 2020 “se evidenció un descenso en los conflictos entre internos y en las incidencias con ellos en el turno de noche”.

Según apunta este sindicalista, ese fue el resultado de la continuidad de los funcionarios de prisiones del turno de día con el turno de noche. Los datos que manejan desde Acaip-UGT, quienes aseguran que han sido aportados por Instituciones Penitenciarias, reflejan que en 2020 se dieron 4.333 agresiones entre internos, frente a las 5.367 agresiones del mismo tipo reflejadas en 2025. Sobre las agresiones a trabajadores penitenciarios, cifran en 176 las que se dieron en 2020, frente a las 529 de 2025. 

Los expertos enfatizan la falta de realidad en los datos, pues en 2020 los presos se encontraban el mayor tiempo del día en sus celdas. Asimismo, Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), precisa que “la interrupción del contacto con el exterior redujo la entrada de drogas en prisión, una de las principales fuentes tanto de sobredosis como de la conflictividad entre internos”.

Exigen un proyecto piloto

Leiva reitera que el turno de 24 horas establece una continuidad en el servicio que favorece que “el seguimiento del interno sea infinitamente mejor”, y lo compara con los horarios con los que trabajan los bomberos y sanitarios. Precisamente, este último colectivo lleva meses movilizándose y yendo a la huelga para terminar con las guardias de 24 horas, tanto por razones de calidad asistencial con el paciente por la falta de descanso como por conciliación personal y familiar. 

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, precisa que este turno es “beneficioso” para todas las partes de la institución. Desde su punto de vista, que un funcionario que ha trabajado a lo largo del día también lo haga por la noche posibilita que conozca lo sucedido durante su jornada para así poder atajar de la mejor manera posible cualquier incidente nocturno.

Este representante sindical añade que la instauración del turno de 24 horas no solo acarrearía una mejora económica en los trabajadores, que se ahorrarían “muchos desplazamientos”, sino que este aspecto también mejoraría su conciliación. Ante las posturas que indican que este horario repercute negativamente en la calidad del servicio, Vilas quita peso al cometido de sus compañeros y responde que “por la noche los funcionarios solo vigilan que no pase nada”. Por ello, exige que en España se desarrolle un proyecto piloto para ver claramente las consecuencias del horario que proponen.

Informes de Instituciones Penitenciarias lo desaconsejan

Esa exigencia que enuncia Vilas llegó por primera vez hace unos tres años a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fue entonces cuando sus diferentes unidades emitieron un informe posicionándose. En uno de ellos, dejaron por escrito que “las jornadas de trabajo de 24 horas abonan el camino de un modelo de organización securitario y donde los procesos de bunkerización se consolidarán y se saldrá de la cabina para intervenir en un conflicto, no para observar preventivamente, no para organizar sesiones terapéuticas o una actividad cultural”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo informe recoge que “no se alcanza a ver ningún aspecto positivo que para la población reclusa pueda tener acumular 24 horas de trabajo” y que “valorar el régimen horario del personal penitenciario debe tener como primer objetivo el mejor cumplimiento de los fines de esta institución”.

Otro de los informes emitidos señala que en noviembre de 2022 hasta 12 países de la Unión Europea respondieron sobre su realidad con las jornadas de 24 horas en el funcionariado de prisiones. Las conclusiones generales subrayaron que “las jornadas largas de trabajo tienen consecuencias negativas en la interrelación con las personas privadas de libertad, dado que el estrecho contacto con ellas conlleva agotamiento y estrés”. La valoración global de este turno fue “negativa”, incluso por los estados que la utilizan. 

Las conclusiones de este documento valoran que el sistema penitenciario español es el instrumento para reeducar y reinsertar socialmente a las personas condenadas a penas y medidas privativas de libertad. Este cometido se ve perjudicado “por la realización de una jornada de trabajo que, alargándose durante 24 horas, se empobrece enormemente, por el agotamiento y el estrés que el propio horario conlleva”.

Agotamiento físico, emocional y mental

Las expertas también se oponen a la medida. Rodríguez, la catedrática de Derecho Penal, reconoce que este turno tiene “difícil encuadre” en la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente. Más allá de eso, no recomienda la jornada de 24 horas por la exigencia del cometido de los funcionarios de prisiones que, “mantenida de forma sostenida en el tiempo, puede dar lugar a situaciones de desgaste y estrés continuado que acaben en agotamiento físico, emocional y mental”, en sus propios términos.

Asimismo, incide en que otro posible efecto negativo que puede provocar este horario es su impacto en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. “La realización de jornadas de 24 horas impide la conciliación familiar y esto es algo que afectaría tanto a hombres como a mujeres. Y, no nos engañemos, en una sociedad en la que todavía gran parte de la carga familiar recae desigualmente en las mujeres, el establecimiento de jornadas de 24 horas puede perjudicar más a las funcionarias”, apunta la catedrática.

En cuanto al argumento de que con esta jornada se puede conocer mejor al recluso, Rodríguez asevera que “este tipo de relación resulta más difícil de sostener en situaciones de agotamiento, fatiga o burnout, a las que pueden conducir turnos de trabajo de 24 horas”. Y añade: “Ello puede provocar un deterioro de esa interacción positiva con las personas privadas de libertad, dando lugar a la aparición de mayores conflictos y, en último término, a un recurso más frecuente a la respuesta disciplinaria como vía de solución”.

Similar es lo que opina Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y antiguo director general de Ejecución Penal del Gobierno vasco: “Es evidente que un trabajador penitenciario cansado no va a hacer bien su trabajo con turnos tan largos, al igual que no lo haríamos ninguno en nuestros puestos de trabajo”. También critica que para las personas presas no exista un funcionariado de vigilancia de referencia. “Estas personas no pueden establecer una relación con ellos porque cambian constantemente de turno y luego desaparecen incluso semanas”, sostiene este especialista.

Aceptar las 24 horas para conseguir la paz social

No volver a trabajar varias jornadas después de realizar seguidos el turno de mañana, tarde y noche es el motivo principal que ven fuentes internas de la Administración penitenciaria para que los sindicatos exijan la jornada de 24 horas. Si se admitiera su reclamación, trabajarían 40 horas en dos días, y descansarían cinco. Es decir, trabajarían al año 92 días, a los que habría que descontar vacaciones y asuntos propios. “Es obvio que estarían menos días reales de trabajo en el centro, lo que impide una continuidad en la actividad laboral. Además, no sería un servicio continuo, sino que dentro del turno de 24 horas se estarían pagando ocho horas de descanso, que es lo que marca la legislación laboral”, enfatizan estas fuentes.

Al igual que lo recogido en los informes, estas voces defienden que las jornadas de 24 horas en las prisiones son “un atavismo, propio de un sistema penitenciario que pivotaba sobre la seguridad, heredado del franquismo y que incide en un modelo de organización securitario, en una labor de vigilancia pasiva o estática”. De esta forma, reconocen que instaurar estos turnos “supondría volver a un modelo organizativo superado y contrario al nuevo enfoque de seguridad dinámica que impera nacional e internacionalmente, dificultando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre el personal y las personas privadas de libertad”.

A pesar de los dictámenes que desaconsejan el turno de 24 horas en los funcionarios de prisiones, algunos integrantes de la Secretaría General temen que la Administración lo acepte para contentar a los sindicatos. Según remarcan, el temor proviene de la postura “tibia” que parece tener Instituciones Penitenciarias ante una cuestión de tal relevancia y la “falta de firmeza” ante esta reivindicación sindical, ya que entienden que “no se puede priorizar la paz social con las organizaciones sindicales al cumplimiento de nuestra finalidad constitucional”.

Por ello, consideran que acceder a un proyecto piloto supondría un retroceso difícil de reconducir en el futuro. “Es un cambio de paradigma contrario al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria que no ha sido cuestionado hasta la fecha en los más de 40 años de vigencia y que va en contra de los criterios y estándares internacionales”, concluyen.

Desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a las cuestiones planteadas por elDiario.es. Sin embargo, sí han apuntado que las veces en que se ha evaluado la jornada laboral de 24 horas “se ha considerado no beneficiosa para el servicio público”. Según agregan, “si se vuelve a plantear, se estudiarán todos los elementos que se incluyan en dicha reivindicación, como en cualquier otra propuesta de las organizaciones sindicales”. 

Eso es lo que ha hecho el mismo Vilas por parte de CSIF Prisiones, que el pasado 13 de marzo solicitó que se convocara con carácter urgente el Grupo de Trabajo de Jornada y Horarios de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que está representada la Administración y los sindicatos, además de Acaip-UGT y CSIF, CC. OO., CIG y ELA, quienes también apoyan la medida.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de las Prisiones vascas de flexibilizar el cumplimiento de la condena de cárcel en segundo grado de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como 'Anboto'. Al no ser un tercer grado o semilibertad, sino una aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el recurso no suspende el disfrute de las salidas concedidas hasta que, en su caso, pueda ser revocado por el juzgado responsable de vigilancia penitenciaria, que es la Audiencia Nacional en casos de terrorismo.

El ministerio público ve prematuro este paso al no haber alcanzado 'Anboto' tres cuartas partes de su condena efectiva. La nominal es próxima a los 800 años por la acumulación de delitos. El fiscal de vigilancia penitenciaria, Carlos García-Berro, apunta también a un supuesto “uso indebido” del 100.2 a modo de “tercer grado anticipado por vía reglamentaria”. Desde el Gobierno vasco, que en 2021 asumió la competencia de Prisiones, expresan su “respeto absoluto” a la decisión de la Fiscalía. Repiten que el control judicial de sus decisiones “forma parte del mecanismo” garantista de la normativa penitenciaria.

'Anboto' disfruta de su nuevo régimen de cumplimiento de condena desde el 24 de marzo, lo que ha motivado controversia política y entre asociaciones de víctimas. Se le permiten salidas durante el día de lunes a viernes, con pernocta en Martutene, su cárcel de referencia, y estancia durante los festivos. El artículo 100.2 no es ni un beneficio penitenciario ni una progresión de grado, pero sí es una fórmula para flexibilizar el régimen cerrado que se ha usado en una proporción muy alta con los reclusos de ETA, que copan un tercio de todos los concedidos en Euskadi, cuando son alrededor de un 6% de la población interna.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

José Luis Martín Martín ha dedicado 35 años a la institución penitenciaria, pero su implicación con la población reclusa ha ido más allá de limitarse a cumplir con una jornada laboral y un horario. Su vocación, unida a su formación como educador y psicólogo, ha sido una de las claves para que su metodología centrada en el tratamiento haya sido capaz de estimular a las personas que cumplen una pena privativa de libertad para lograr hacer efectiva la palabra reinserción.

Una de sus principales obsesiones siempre ha sido dar visibilidad y ofrecer alternativas a la población reclusa. No se explica cómo hay tanta falta de empatía en la sociedad: “Hay un barrio equidistante entre Gijón, Oviedo y Avilés que se llama Centro Penitenciario de Asturias, con 1.000 habitantes, de los cuales el 90% son asturianos”.

Reinserción con contenido

José Luis Martín nació en la ciudad alemana de Frankfurt hace 61 años. Hijo de emigrantes extremeños que se instalaron a vivir en el Nuevo Gijón, un barrio obrero asturiano, siempre tuvo claro desde que opositó a Instituciones Penitenciarias que la palabra reinserción no era una expresión manida vacía de contenido.

Su “brújula de orientación” hasta el pasado mes de septiembre, cuando le llegó la hora de la jubilación, ha sido el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Un trabajo vocacional

Ha aplicado su experiencia profesional en varias prisiones del país. Ha trabajado en las cárceles de El Dueso, en Cantabria, y Alhauín de la Torre, en Málaga.

Durante tres años ejerció como educador en la prisión de Picassent, en Valencia, donde se hizo cargo de dos módulos: el módulo de madres donde las presas convivían con sus hijos e hijas de cero a seis años, y el módulo de presas comunes.

Cumplidos los 30 años, aterrizó en Asturias donde se incorporó al equipo del educador Faustino García Zapico, donde se desarrolló un modelo, exportado a otras cárceles del país, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos afectados por graves adicciones y politoxicomanías. La creación de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se convertía así en un espacio libre de drogas.

Evitar la estigmatización

“Coordinaba educación para la salud. En aquella época moría mucha gente de VIH y comencé a hacer grupos emocionales para que la población reclusa afectada no se sintiera estigmatizada”, explica José Luis.

Durante casi una década trabajó en la UTE hasta que tuvo “una crisis de metodología”, como él mismo señala: “es la falacia de la dicotomía. José Saramago decía que la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu propio punto de vista es la única realidad. No puedes decir que un punto de vista es verdadero sin ver otras alternativas”.

Estuve seis años en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, exclusivo de mujeres. Su transformación en un módulo de respeto fue un hito porque puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60

Un set de rodaje en la prisión

Él estaba convencido de que había otras formas de abordar el tratamiento con la población reclusa y dio un salto y dedicó todo su esfuerzo y sus energías a transformar el denominado módulo 10, exclusivo de mujeres, en un módulo de respeto.

“Puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60 mediadoras”, dice con orgullo.

El minuto de gloria de las reclusas

Durante esta etapa, las internas disfrutaron de su minuto de gloria con el estreno de su primer proyecto cinematográfico, como protagonistas y figurantes. Recuerda cómo las reclusas se implicaron en un cortometraje que las directoras de cine Ángeles Muñiz Cachón y Teresa Marcos, propietarias de la productora audiovisual De Souna, rodaron en la cárcel asturiana en 2010.

Por primera vez en la historia de la prisión, un equipo de rodaje accedió al interior y logró que un grupo de presas atraparan la sensación de libertad sin salir del recinto penitenciario.

Actrices y figurantes

Ángeles Muñiz echó a rodar la iniciativa en mayo de 2009 tras contactar con Mercedes González, de la Asociación Prisión y Sociedad. Quería conocer qué pensaban y cómo vivían las presas y José Luis no dejó pasar la oportunidad y le propuso realizar inicialmente una obra de teatro con las internas que surgía a través de un plan de salud sobre el sida que se desarrollaba en la cárcel y en septiembre de ese mismo año se incorporó la cineasta Teresa Marcos.

No había un guión predeterminado y cada interna aportaba su idea y resultó todo un éxito. 'Módulo 10' se presentó a festivales y obtuvo el reconocimiento del 48 Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio al mejor cortometraje ex-aequo Día d'Asturies y del VIII Festival de Cine Asturianu, al alzarse con el segundo premio al mejor cortometraje.

El cortometraje 'Módulo 10' donde las internas participaban como actrices y figurantes vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza y se hacen visibles. Pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas

Nuevos hitos

Fue un acicate más para el educador: “este cortometraje vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza, se hacen visibles y fue todo un hito. En ese momento pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas”.

José Luis, siempre pergeñando nuevas iniciativas para ilusionar e implicar a la población reclusa en cuantos proyectos emprendía, no dudó en poner sus conocimientos en Psicología al servicio de la creación del denominado 'Programa para la Prevención de Recaídas y Conductas Delincuenciales'.

Del 'Precod' al 'Odiseo'

Este programa, conocido como 'Precod', iba dirigido a aquellas personas que presentaban una problemática adictiva tanto desde los módulos del Centro Penitenciario como desde el Centro de Inserción Social (CIS).

Como coordinador del CIS impulsó un nuevo proyecto, denominado 'Odiseo', basado en la organización de coloquios compartidos por personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión en medio abierto.

No coquetear con las drogas

Con 'Odiseo' busca concienciar al alumnado de los institutos asturianos de la importancia de que no caiga en el consumo de drogas, logrando asimismo un impacto positivo de reconstrucción en las personas penadas que participan en los coloquios.

El Proyecto Odiseo es una forma de prevenir al alumnado para que no caiga en el consumo de drogas y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil

“El proyecto Odiseo lo creé hace dos años junto con la Asociación de Familiares y personas con enfermedad mental de Asturias (AFESA) y Miriam Basante, técnica del Programa Reincorpora de esta asociación, para realizar una labor de prevención con adolescentes”, comenta.

Prevención y catarsis

El objetivo es darles a conocer qué acciones les puede llevar a acabar en una cárcel y es una forma de que las personas que viven esa experiencia se lo cuenten de primera mano para que tomen conciencia. Es una forma de prevenir a los alumnos y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil“, describe.

Medalla al mérito penitenciario

La implicación de José Luis en la metodología del tratamiento le valió el reconocimiento público cuando la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, propuso que se le concediera la medalla de bronce al mérito penitenciario “por su decidida apuesta, desde su ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el año 1991 y a lo largo de toda su trayectoria profesional, por hacer efectivo el espíritu de reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española”.

En septiembre de 2024, el secretario general del Ministerio del Interior le comunicó su concesión “por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denotan una especial iniciativa y dedicación”. Conseguía así dar la visibilidad a la población reclusa por la que tanto ha luchado a lo largo de los 35 años de ejercicio profesional.

Compromiso con la inclusión

Y como todo llega, el pasado mes de septiembre la jubilación llamó a su puerta. Como José Luis es una persona muy activa, no quería que su pase a esta nueva etapa vital frenara en seco toda la motivación que le hace sentirse vivo cada día ayudando siempre a los más vulnerables. Como no podía ser de otra manera, se implicó aún más con la oenegé Asociación Fraternidad, muy comprometida con la inclusión de las personas con diversidad funcional.

Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles

La gerente Mayca González Collado le propuso hace tres años trabajar con ellos como vocal y él aceptó sin dudarlo. Ambos se conocían con anterioridad porque ella trabajó en Plena Inclusión y colaboraba con él en el Centro Penitenciario de Asturias con población reclusa con diversidad funcional.

“Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles”, lamenta José Luis.

En la Asociación Fraternidad ha encontrado mucho apoyo en Antonio García Suárez, con quien aparece en la imagen que acompaña estas líneas, ya que le aporta una visión diferente al ser una persona con diversidad funcional. Esta es la primera vez en Asturias que una persona con discapacidad intelectual forma parte de la Junta Directiva y las iniciativas y sugerencias que propone son imprescindibles para conocer mejor las inquietudes y expectativas del colectivo.

“Creo mucho en las personas y pienso que hay que mirar siempre a los ojos y tirar de los ángeles que llevan dentro”. Así es José Luis, el educador y psicólogo que transmite su metodología del tratamiento en su día a día, tanto con concertinas intramuros en una prisión como en libertad.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, han defendido este viernes mano a mano la gestión penitenciaria del Gobierno vasco ante las críticas lanzadas en la sesión de control del Parlamento Vasco de este viernes por PP, por partida doble, y por Vox. “No se habla de otra cosa en España”, ha ironizado el dirigente 'popular' Santiago López Céspedes en relación a las progresiones de grado o atenuaciones conocidas en los últimos días de varios presos de ETA, incluido Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', que cumple una pena efectiva de 25 años aunque todos los delitos que cometió sumaran 400.

“Los presos del grupo territorista ETA tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de presos. No hay privilegios. Solamente se aplica la ley”, ha señalado en euskera Pradales en un primer momento. “Las decisiones que se han tomado en relación con la clasificación de los internos no son privilegios. Esto debe quedar muy claro. No hay privilegios de ningún tipo y para ningún interno”, ha insistido en castellano la consejera San José, que más adelante ha mostrado ser partidaria del “cumplimiento íntegro” de las penas de los terroristas, sin que ello les impida ejercer sus derechos del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas en segundo grado, o saltar al tercer grado, ya de semilibertad.

Ese “cumplimiento íntegro” no ha de hacerse “siempre y durante todo el tiempo” en la cárcel, “sin salidas, sin permisos, sin poder seguir su tratamiento penitenciario”, según San José. Ha añadido que todos los reos tienen que salir “algún día” y que la normativa prevé que puedan tener una “reconexión” con la sociedad antes. Según San José, impedir que los presos de ETA puedan optar a estas mejoras sería cometer un delito de prevaricación y ha recalcado que las propuestas son del personal funcionario, sin condicionantes políticos, y sometidas a control judicial.

“¿Se lo negarían cuando un interno cumple los requisitos exigidos? ¿Están cuestionando la labor del personal funcionario? ¿Prevaricarían de forma consciente? Me da la sensación que una cosa es lo que se dice cómodamente desde su escaño de oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando gobiernan”, ha lanzado al PP la consejera socialista. Y ha optado también por el 'y tú más'. Ha señalado que el Gobierno de José María Aznar, de 1996 a2004, “excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores de 20 años, y todo mientras ETA mataba”. Además, ha apuntado que se acercó a 135 reclusos que estaban alejados. “No juzgo esas decisiones. Ni siquiera les acuso porque uno de los excarcelados volviese a matar poco después de haber salido”, ha señalado sobre el caso del asesino de Juan Priede, concejal socialista, de cuyo atentado se cumplen ahora 24 años.

El PP no ha quedado satisfecho con las explicaciones. Según el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, hay una “corrupción moral” que une a PNV, a socialistas y a EH Bildu. “Ustedes se ponen al nivel de quienes silencian y comprenden los crímenes terroristas”, ha manifestado sobre el Gobierno de PNV y PSE-EE. Y ha añadido sobre la gestión autonómica de Prisiones, una competencia asumida en 2021 pero prevista desde 1979 en el Estatuto: “Son el carcelero que mira para otro lado mientras se produce la evasión”.

Desde la tribuna, la única representante de Vox, de su lado, ha exhibido una fotografía de grandes dimensiones del exjefe de ETA 'Txeroki'. “¿En serio me está diciendo, señora San José, que este personaje se arrepiente de los crímenes que ha cometido? ¿En serio? Me han dicho [las víctimas] que la ponga usted en la mesilla de su cama. Desde que ha dejado en libertad a esta persona [en referencia al 100.2, que es un segundo grado atenuado] ellos no pueden dormir. Y esperan que usted tampoco lo haga”, ha arrojado Amaia Martínez Grisaleña.

Pradales, en su intervención, ha pedido “respeto” hacia las víctimas. “Nunca es tarde para recuperar la moderación”, ha deseado. San José ha pedido “pedagogía” sobre el derecho penitenciario. “Es verdad que en ocasiones no se entiende que una sentencia ponga 123 años de prisión y sólo se cumplan 30 ó 40 como máximo. Y no se entiende que dentro de ese límite máximo tampoco se cumplan en prisión sin salir los 30 ó 40 años. Es responsabilidad de los poderes públicos, así como de quienes tienen el deber de informar de forma veraz y contrastada, hacer la necesaria pedagogía para lograr acercar el lenguaje jurídico a una ciudadanía que necesita comprender las decisiones judiciales en toda su magnitud. Porque una sociedad democráticamente adulta es aquella que sabe comprender las decisiones derivadas de sus normas y leyes”, ha leído San José, que traía preparadas las cuatro intervenciones que ha hecho sobre este asunto.

El PP, por el contrario, ha ironizado que es una “casualidad” que habiendo en las cárceles vascas “más de 1.700 presos” casi solamente se aplique el 100.2 a presos de ETA. Ha hablado de 30 de 35 casos. “En el oasis vascos, el 8% de los reclusos disfrutan del 85% de los beneficios de la aplicación del 100.2. Ese 8%, obviamente, son los condenados por terrorismo”, ha señalado De Andrés.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Aralluz, 'Santi', al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que “se revise la legalidad” de la resolución del Gobierno vasco “y se acuerde la clasificación en el segundo grado” de 'Santi', según recoge Europa Press.

La Fiscalía indica que “se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”.

“No obstante”, el Ministerio Fiscal indica que la ley “permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento”. “La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo “exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”. A su juicio, “un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

En lo relativo a 'Txeroki', la Fiscalía afirma no haber recibido “la resolución sobre la aplicación” de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La plataforma Salhaketa ha informado de que un hombre de 35 años falleció el pasado 5 de febrero en la cárcel de Zaballa, en Álava, dependiente del Gobierno vasco. “Aunque se está a la espera del resultado de la autopsia que se le practique, todo apunta a muerte natural. No hay indicios de muerte violenta”, exponen fuentes oficiales.

Según Salhaketa, el recluso residía habitualmente en Bizkaia y deja viuda y cuatro hijos. Falleció en su celda. “La familia ha recibido informaciones de que el fallecido estuvo llamando por el interfono dos o tres horas antes de la muerte, pero le negaron atención médica, diciendo que esperara hasta la apertura de celdas”, sostienen, según recoge Europa Press.

Esta asociación ha denunciado que este “no es un caso aislado ni una excepcionalidad”, dado que desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021, ha tenido conocimiento de “al menos 10 muertes por causas no naturales” en las prisiones de Euskadi. “Lo que vuelve a repetirse, una vez más, no es solo la muerte en prisión, sino el silencio institucional que la rodea”, ha criticado, tras lo que ha censurado la “insuficiente” asistencia médica en las prisiones.

Por ese motivo, ha reclamado a la Administración penitenciaria vasca que “establezca y haga público protocolos oficiales, claros y obligatorios de comunicación que se activen de manera inmediata cuando una persona fallece en prisión”. A su vez, ha pedido que la Fiscalía investigue y haga públicas “las causas reales y estructurales que están detrás de estas muertes, asumiendo las responsabilidades que correspondan a la gestión penitenciaria”. Salhaketa ha convocado una concentración en Vitoria para este próximo viernes, en la plaza de la Virgen Blanca, para reclamar el fin de las muertes en prisión y denunciar “el silencio institucional”.

Desde el Gobierno vasco indican que “el módulo en el que estaba contaba con el personal que tenía que estar, y que el interno, al igual que el resto, tenía acceso al personal penitenciario para comunicar cualquier incidencia 24 horas al día, 7 días a la semana”. “De la misma forma que el CP Araba cuenta con asistencia sanitaria prestada por Osakidetza también de forma permanente”, abundan.

Los cuatros excargos del PNV condenados a prisión por la trama de corrupción del 'caso De Miguel', incluido el que fuera 'número dos' de la formación nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, han accedido ya al tercer grado penitenciario, es decir, a regímenes de semilibertad. De Miguel ha sido el último en lograrlo, en fechas recientes, pero Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exdirigentes también del PNV alavés, lo consiguieron en enero de 2026. Y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe lo obtuvo ya en septiembre de 2025, según fuentes penitenciarias.

En el caso de De Miguel, adelantado por 'El Mundo', pesa sobre él una pena de más doce años que ya inicialmente se rebajó a nueve de cumplimiento efectivo que no expiraría hasta julio de 2032. El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso. De los cuatro, solamente él volverá a prisión, ya que el resto tendrán semilibertad plena con control telemático en virtud del artículo 86.4 del reglamento penitenciario.

Tras el éxito de la “queja” de De Miguel -el término lo emplean fuentes oficiales de Prisiones para describir el comportamiento de quien todos conocían como Txitxo-, el expolítico logra sin haber llegado a un tercio del cumplimiento de su condena pernoctar únicamente de lunes a jueves en su cárcel de referencia, en este caso la de Basauri, en Bizkaia. El resto del tiempo gozará de libertad.

Ya había logrado al año de estar en Zaballa, su primer destino, un segundo grado atenuado con salidas regulares en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Nuevamente, lo consiguió contra el criterio de la junta de tratamiento y gracias a un recurso judicial. Otras fuentes consultadas consideran “extraordinario” que esto haya sucedido no porque no lo merezca sino por lo inhabitual de esta mejora en un estadio de cumplimiento efectivo de la pena tan corto.

De Miguel, como el resto de los cargos corruptos encarcelados, superaron en Zaballa un cursillo de prevención de los delitos económicos. Es el mismo en el que participó, en su momento, Iñaki Urdangarin, igualmente condenado por corrupción y que terminó el cumplimiento de su pena cerca de su ciudad de origen, Vitoria.

Los otros condenados del 'caso De Miguel' -la mayor trama descubierta en Euskadi y que operó como un red de cobro de comisiones ilegales a cambio de influencia política en la adjudicación de contratos- que entraron en la cárcel fueron los también dirigentes del PNV alavés Ochandiano y Tellería y el vizcaíno Sánchez Robles. Para ellos, las penas efectivas rondaban los seis años, de modo que la libertad llega también antes de que hayan alcanzado la mitad. Ochandiano y Tellería compartían con De Miguel una sociedad pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar las mordidas. Sánchez Robles propició contratos 'a dedo' a la trama.

Fue en el verano de 2023 cuando se hicieron efectivos los ingresos en prisión de los cuatro. Antes, en enero, el Tribunal Supremo confirmó casi en su integridad la sentencia inicial de la Audiencia de Álava, de finales de 2019. El juicio tuvo lugar en 2018. Hace ya 17 años, en 2009, que se inició la investigación.

De Miguel mantuvo hasta 2023 un salario público en la sociedad Hazi, dependiente del Gobierno vasco. No sólo eso. Fue mejorando su posición y logrando ascensos incluso después de una primera sentencia condenatoria y bajo la excusa de que la resolución judicial no era firme. Finalmente, acabó siendo despedido poco antes de entrar en prisión, aunque intentó conseguir una indemnización en la vía judicial al entender que se habían vulnerado sus derechos.

A un lado del patio del módulo seis de la cárcel de Soto del Real (Madrid) los presos pueden intuir por encima del muro de seguridad algunas de las colinas de la cercana sierra madrileña, cubierta por la nieve en la última semana de enero. Desde hace unos meses, además, al otro lado del recinto encementado, los reclusos, todos ellos de entre 21 y 25 años y condenados por todo tipo de delitos, pueden contemplar un colorido mural pintado por el colectivo artístico Boa Mistura en el que en letras enormes se puede leer “Horizonte”. Paradójicamente, lo que sobresale tras esa pared es la enorme torre de control de la prisión de alta seguridad. Pero lo que queda en el recuerdo de los presos cada vez que observan esa pared es, según explican, el proceso de elaboración de esa obra que les permitió durante varias semanas evadirse y dejar de pensar durante las 24 horas del día en su encierro.

La pintura es la culminación de una iniciativa pionera de mediación cultural, 'Construyendo puentes, derribando muros', que se ha prolongado durante el último año. Primero, los presos que quisieron leyeron el discurso Un libro y medio pan que Federico García-Lorca pronunció en 1931 con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros (Granada). Después, recibieron talleres de lectura y escritura. Con lo aprendido durante el proceso, hicieron un intercambio de cartas con presos del centro cultural El Ágora de la unidad penal 9 de Buenos Aires y del centro Madres de Plaza de Mayo de la unidad 43 de la capital argentina. En junio, tras escuchar en ese mismo patio la historia de Waldemar Cubilla, un expreso argentino implicado ahora en iniciativas de reinserción, los reclusos participaron en una tormenta ideas que plasmaron en un enorme papel. Cada uno escribió las palabras o frases que quiso. Y tras observarlas todas, Boa Mistura consideró que la palabra más representativa del ejercicio era esa, “Horizonte”.

Esta semana, elDiario.es pudo volver —ya estuvo en junio, en el acto protagonizado por Cubilla— a la prisión para observar las impresiones de los jóvenes reclusos, para quienes se proyectó en el salón de actos de la cárcel un documental que recoge todo el proceso. “A veces parecía que no estábamos aquí dentro”, explica uno de ellos, con acento español, después de ver la película. “Aquí, cualquier escapada de la realidad se agradece”, añade otro, de origen latinoamericano. “Antes teníamos problemas entre nacionalidades y esto sirvió para estar un poco más unidos”, zanja un tercero, también con acento latino.

Inés Miret, impulsora del proyecto a través de la iniciativa Leer Iberoamérica Lee del Laboratorio Emilia y la Feria del Libro de Madrid, celebra que la palabra surgida de todo el proceso haya sido “Horizonte” que, para ella, “es una forma de mirar” lo que se vive. Ante cerca de un centenar de presos muy jóvenes, explica que pese a estar en la cárcel “la mirada sigue siendo libre”, por lo que el “horizonte sigue existiendo mientras exista la capacidad de crecer”. “El horizonte está en los ojos y, mientras haya mirada, habrá horizonte”, les cuenta. Juan Sobrino, bibliotecario de la localidad de Soto del Real contigua a la prisión y otro de los impulsores del proyecto, destaca que su objetivo es difundir la lectura “para mejorar la vida de las personas” y llevar los derechos culturales “a donde es más difícil que lleguen”. “Vuestra generosidad y entrega ya me gustaría encontrarla en otros lugares”, les dice a los internos, que le responden con un aplauso.

Quien recibe una ovación más efusiva es Pablo Purón, uno de los integrantes de Boa Mistura que durante 15 días estuvo trabajando junto a sus colaboradores y codo a codo con los presos para la elaboración del mural. “En dos semanas nos convertimos en compañeros de trabajo”, les cuenta. Él les explica que “la premisa” del proyecto de lectura y su plasmación posterior en el mural era “abrir una ventana” dentro de la cárcel, un objetivo que considera cumplido. “Y paciencia, que de todo se sale”, les dice, al acabar. El centenar de presos que asiste formal al evento aplaude con fuerza.

La iniciativa impulsada por Instituciones Penitenciarias también ha contado con el impulso de trabajadores del centro. “Os habéis implicado muchísimo”, les felicita Inés, la psicóloga del módulo, a los presos con los que charla cada día. “La cultura y la educación importan sobre todo en los jóvenes”, añade, antes de remarcar que el proyecto trataba de “derribar muros”. “Están los de la cárcel, pero está también la libertad mental que es muy necesaria”, concluye. Ana, la trabajadora social muy implicada en los trabajos que buscan el objetivo constitucional de la inserción de los presos, se deshace en elogios hacia todos los participantes en la iniciativa y destaca a Boa Mistura: “No es una buena mezcla, es una buena onda”.

De vuelta al módulo, algunos reclusos relatan sus experiencias más personales. “Ahora leo un libro de principio a final y conozco nuevos escritores. Fue una experiencia única y muy agradable”, explica uno de ellos, de origen mexicano. Para él fue especialmente enriquecedor el intercambio de cartas con otros jóvenes recluidos en Argentina. “Las cartas tienen mucho poder, por eso antes los amores duraban tanto”, añade, con ironía. Él y otros dos compañeros de prisión ríen. “Ha sido curioso poder hablar con otros reclusos y hemos visto que todo el mundo comete errores”, añade, a su lado, un joven con nombre de origen árabe. Un tercero, colombiano, cree haber ayudado en su intercambio epistolar: “Pude hacer con mis palabras que se sintiera mejor”.

La conversación con elDiario.es tiene lugar en la pequeña aula del módulo que hace de biblioteca y clase a la vez. El joven colombiano explica que gracias a la iniciativa que comenzó con la lectura de Lorca “por primera vez” leyó un “libro entero”. “No he sido mucho de leer”, confiesa. Algo ruborizado, reconoce que el volumen que leyó fue “uno como de autoayuda”, Ya no sufro por amor. “Uno va aprendiendo con la lectura. Fue placentero para mí y me sentí realizado”. Desde entonces no ha vuelto a terminar otra obra, pero se muestra dispuesto a hacerlo en el futuro. A su lado, otro compañero destaca que el de los jóvenes es un “módulo rebelde” y afirma que mientras se realizó el proyecto cultural han tenido “conflictos”. “Pero trabajamos mucho en equipo y por un momento nos olvidamos de que estábamos aquí. De tanto compartir somos como una familia”, zanja.

Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apunta que “la cultura siempre ha estado presente” también en las cárceles. “Pero con este proyecto hemos ido un paso más allá”, señala, porque ha permitido generar “procesos de reflexión” entre los reclusos, que “en la calle podían ser enemigos, pero aquí son amigos” gracias, dice, a iniciativas como la de la lectura y la confección del mural. “El mensaje que ellos han construido es algo que nos interpela como ciudadanos. La experiencia nos da esperanza y se han superado las expectativas”, añade en conversación Inés Miret.

La biblioteca principal del Centro Penitenciario Madrid V —nombre oficial de la cárcel— cuenta ahora mismo con 26.000 libros y, según explican sus directivos, tienen contabilizado que en la prisión se lee un volumen cada 15 días. Además, dentro del centro está el Colegio Público Yucatán, una escuela pública dependiente de la Comunidad de Madrid en la que trabajan 12 profesores y ofrece a los presos estudios hasta 4º de la ESO. Después, quienes quieran continuar con su formación pueden hacerlo a través de la Universidad a Distancia (UNED).

Mientras en el patio anochece entre un frío intenso y un fuerte viento de norte, Miret insiste en que “el intercambio” entre los presos y los impulsores del proyecto a través de los intercambios de lectura y escritura continúa porque el del “horizonte” es “un mensaje fuerte y dice mucho sobre el poder de la palabra”. Como explica el bibliotecario Juan Sobrino, “lo que hacen la lectura y la cultura es ofrecerte un lugar cuando no tienes adonde ir”.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido el voto favorable de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, Comuns y CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada. Estos grupos consideran la medida un “retroceso” y han alertado de que “no aportará ninguna solución” a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en prisión de Mas d'Enric, a manos de un interno.

Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es “dar seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.

En representación del PSC, la diputada Judit Alcalá ha defendido que se trata de una iniciativa “muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable, que no nace de la improvisación ni del ruido, sino de la realidad de nuestro sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores”.

Por parte de Junts, el diputado Francesc de Dalmases ha sostenido que “las cárceles deben ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse”. Por eso, ha añadido que “deben ser espacios seguros, de convivencia, de rehabilitación e inserción”, y que “los funcionarios son una figura clave en este mapa”.

El diputado del PPC justificó el voto favorable, pero lamentó que la reforma es insuficiente. “Ahora mismo, la cocinera Núria López, asesinada en Mas d'Enric, no tendría la condición de agente de la autoridad”, ha puesto de ejemplo. También ha citado a otros casos como un monitor de un taller de manualidades que puede recibir una agresión, o un monitor deportivo.

El diputado de Vox Sergio Macián también la consideró poco ambiciosa, y afirmó que se debe dotar a los trabajadores con armas de coerción. Y se ha dirigido al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a quien ha advertido de que, “mientras no ponga remedio al límite que se vive en las cárceles catalanas, con medidas concretas y tangibles, usted y su equipo serán responsables de las agresiones que sufran”.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el banco izquierdo. “Lo que pretendemos no es dar más bienestar a violadores y ladrones, señora Balsera, sino mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quien custodia y retiene a todos estos malhechores”, respondió a la diputada de ERC Ana Balsera.

ERC, Comuns y CUP, en contra

Justamente Ana Balsera ha alertado de que la reforma aprobada este jueves “no es la solución” y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. En este sentido, la diputada republicana lamentó que esta “ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver”.

En la misma línea, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha señalado que “considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros”. Y remachó: “Hay muchos más riesgos que posibles beneficios”.

Por último, el diputado de la CUP Xavier Pellicer se ha amparado en entidades de derechos humanos para indicar que la medida “sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos”. Denunció que “responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las cárceles catalanas”.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha renovado en las últimas semanas los convenios tanto con la Iglesia católica como con la comunidad islámica para la “asistencia religiosa” de presos internos en las cárceles vascas, de gestión autonómica desde 2021. Tendrán uan duración de cuatro años. Se han suscrito sendos convenios valorados en 60.000 y 15.000 euros anuales, respectivamente, con lo que la dotación total del programa asciende a 300.000 euros para el período 2026-2029.

El Consejo de Gobierno validó el acuerdo con las diócesis vascas la pasada semana. Y este mismo martes se ha ratificado un convenio similar con la comunidad islámica. Ninguno de los dos fue incorporado a la información que se facilita a los medios de comunicación en la rueda de prensa pero sí figura en el orden del día.

Desde Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el gabinete de coalición de Imanol Pradales, indican que es un servicio que ya se prestaba con la anterior gestión estatal e igualmente en estos primeros cuatro años tras la transferencia. Indican que la Constitución garantiza la libertad religiosa y la normativa de desarrollo, de 1980, “obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa, entre otros, en los establecimientos penitenciarios”. También la propia ley orgánica penitenciaria de 1979 lo menciona expresamente.

De hecho, el reglamento penitenciario de España, de 1996, plantea que “todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas”. En las cárceles, que en Euskadi son tres, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, podrán habilitarse espacios para esa “asistencia”.

Las conversaciones telefónicas de las prisiones suelen tratar asuntos personales. En muchos casos los internos comentan la situación de sus familias o los problemas cotidianos del encierro. Sin embargo, hay perfiles que aprovechan ese contacto para coordinar movimientos de dinero o ajustar cuentas pendientes. También se detectan intentos de planificar delitos aprovechando la confianza que ofrece la comunicación con el exterior.

Este intercambio continuo de información se ha convertido en una fuente valiosa para quienes analizan la seguridad de los centros penitenciarios, porque de esas charlas pueden extraerse señales de riesgo que antes pasaban inadvertidas.

Los responsables de Securus aseguran que su herramienta ha ayudado a desmantelar redes criminales

Securus Technologies, empresa de telecomunicaciones con presencia en más de 2.000 prisiones de Estados Unidos, desarrolla un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar llamadas, mensajes y correos electrónicos de reclusos con el objetivo de anticipar delitos. La compañía comenzó este trabajo en 2023 y lo aplica de forma experimental en diversos centros, donde su tecnología examina en tiempo real fragmentos de conversación para señalar posibles actividades delictivas.

El presidente de Securus Technologies, Kevin Elder, explicó a la revista MIT Technology Review que el sistema permite detectar cuándo un preso podría estar planificando un crimen. La herramienta busca expresiones y patrones de lenguaje relacionados con tráfico de drogas, extorsión o fugas, y remite los fragmentos sospechosos a agentes humanos para su revisión

Elder afirmó que esta inteligencia artificial ya ha servido para desmantelar redes de trata de personas y actividades de pandillas organizadas dentro de las cárceles. También señaló que la compañía colabora con prisiones que albergan tanto a personas en espera de juicio como a condenados, e incluso con centros asociados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según el presidente de la firma, el objetivo es mejorar la eficiencia de la supervisión en momentos de escasez de personal y no ejercer vigilancia indiscriminada.

Para entrenar sus modelos, la empresa ha utilizado millones de registros acumulados durante años de actividad. Entre ellos se incluye un conjunto de siete años de llamadas del sistema penitenciario de Texas, que sirvió para crear un modelo adaptado a ese estado. Otros modelos se han ajustado a las particularidades de distintos condados estadounidenses. Todos los audios se convierten en texto mediante reconocimiento de voz y se almacenan en bases de datos que la inteligencia artificial examina en busca de anomalías y patrones repetidos. Los presos y sus interlocutores son informados de que las conversaciones se graban, aunque no de que esos registros pueden usarse para entrenar la tecnología.

Activistas denuncian el uso de datos personales sin una alternativa para los internos

Bianca Tylek, directora ejecutiva del grupo de defensa de los derechos de las personas presas Worth Rises, advirtió en la misma publicación que ese sistema implica “consentimiento coercitivo”, ya que los internos no disponen de otra forma de comunicarse con sus familias. Subrayó que, además, las llamadas tienen un coste que los presos deben pagar, de modo que “no solo no se les compensa por el uso de sus datos, sino que se les cobra por recopilarlos”.

Otros defensores de derechos civiles, como Corene Kendrick, subdirectora del National Prison Project de la ACLU, consideran que esta tecnología incrementa la vigilancia sin apenas control judicial y que Securus acumula antecedentes de grabaciones indebidas de llamadas entre internos y abogados. Desde la empresa se sostiene que el análisis de datos no busca rastrear a individuos concretos, sino identificar comportamientos ilícitos generales en el sistema de comunicaciones penitenciarias.

El crecimiento de estas herramientas coincide con un cambio normativo en Estados Unidos. En 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una reforma que limitaba los costes de grabación y vigilancia que las empresas podían repercutir a los presos, pero las protestas de asociaciones de alguaciles y la presión de las telecos llevaron a revisarla En junio, el comisionado Brendan Carr anunció el aplazamiento de las reformas y en octubre la agencia permitió de nuevo trasladar a los internos los costes de seguridad asociados a la monitorización y a los sistemas de inteligencia artificial.

Securus defendió ante MIT Technology Review que estas medidas son esenciales para mantener seguras las instalaciones y garantizar la protección del personal y del público. La comisionada Anna Gomez votó en contra al considerar que las fuerzas del orden deberían asumir los gastos de vigilancia y no las familias de los presos.

Cuatro funcionarios del centro penitenciario de Zaballa, a las afueras de Vitoria, rescataron este pasado martes de su celda a un interno que había prendido fuego al colchón, generando una gran cantidad de humo. El incidente se produjo cuando un interno en prisión preventiva por homicidio advirtió al personal del módulo en el que se encontraba de que iba a incendiar su celda, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.

El preso, tras lanzar su advertencia, prendió fuego a su colchón, por lo que se generó un humo intenso. Tres funcionarios y una funcionaria del equipo al cargo del módulo entraron rápidamente en la celda, llena de humo y con escasa visibilidad, y rescataron al interno sin que este sufriera daños personales graves. Por la tarde y por precaución, las cuatro personas trabajadoras permanecieron en observación en un centro hospitalario de la capital alavesa durante unas horas. Todos ellos han pasado la noche en sus domicilios, informa Europa Press.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha trasladado su felicitación a estos trabajadores por su actuación. El interno, del que el departamento ha afirmado que “puso en riesgo su vida y la del personal penitenciario”, se encuentra en prisión preventiva por un homicidio presuntamente cometido en otra comunidad autónoma, a la cual se está tramitando su traslado. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha abierto una investigación en torno a este incidente.

Las cárceles vascas han denegado el 72% de las solicitudes de traslado de presos desde los centros del Estado, los del resto de España salvo los catalanes, desde que el Gobierno autonómico asumió en 2021 la competencia de Prisiones. Son 810 de 1.125 peticiones. En contraste, a la inversa, de 777 propuestas de salida, se han autorizado el 85%, 661. El resultante, con todo, sigue siendo de más presión para Zaballa, Basauri y Martutene, con 315 llegadas y 116 salidas.

Estos datos figuran en un informe entregado al Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en respuesta a una solicitud de documentación del representante del PP Santiago López Céspedes. El Gobierno confía en la apertura en 2026 de Zubieta, la más amplia y nueva cárcel para Gipuzkoa, pero que acumula años de retraso, para permitir una “revisión de la capacidad operativa”.

Euskadi asumió en el último trimestre de 2021 la gestión de las cárceles vascas. Antes, Catalunya ya había recibido esa transferencia. Desde entonces, en Zaballa, Basauri y Martutene no se ha ocultado el “tensionamiento” de la población penitenciaria en forma de más internos que los deseables. Otra tabla facilitada al PP muestra que ha habido 8.899 “altas” entre 2021 y 2025 y 8.517 “bajas”, es decir, un incremento en 382 personas. Este martes, en rueda de prensa, la consejera San José cifró en alrededor de 1.700 la población reclusa actualmente.

El Ejecutivo ha recibido 510 recursos administrativos de alzada en relación con los traslados, pero solamente 34, menos del 7%, han sido “estimados”. San José asegura que “evidentemente” que el cambio de gestión ha supuesto una “modificación” del sistema de traslados. Ahora exige la “coordinación” de dos administracones y de dos cuerpos de Policía, Guardia Civil y Ertzaintza. El primero mueve a los internos que salen de la comunidad autónoma. Con todo, se alude a una gestón “fluida” de los movimientos efectivos que se producen.

El Consejo de Gobierno, que se ha retrasado esta semana por una conferencia de Eneko Andueza en Bilbao, ha dado luz verde este martes a dos acuerdos anunciados en julio. Por un lado, se ha puesto negro sobre blanco el primer convenio de las Prisiones vascas, transferidas por el Estado en 2021 y que, en estos años, han sido objeto de todo tipo de controversias laborales e incluso de traslados de funcionarios a la red del Estado. Por otro lado, ha quedado visado el “plan de empleo” para la Ertzaintza, otro foco de conflictividad en los últimos años, que pospone a 2030 el objetivo de cumplir con la plantilla de 8.000 efectivos acordada con el Estado en 2004 y que, salvo en un momento muy concreto en 2011, nunca se ha alcanzado.

La consejera socialista María Jesús San José ha presentado el desarrollo del acuerdo alcanzado en verano con ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, y CCOO. Está dotado con 2,7 millones de euros y comporta mejoras retributivas con carácter retroactivo desde abril (pluses de peligrosidad de 175 euros mensuales para funcionarios con contacto directo con los presos o de nocturnidad de 250 euros mensuales, además de elevar el pago de horas las extras de 15 a 30 euros la hora) y cambios en otros ámbitos a partir de 2026, como la jornada laboral, que se equipará ya a la del resto de servicios autonómicos. Es una pretendida paz social para “cinco años”.

Son tres las cárceles vascas, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa. Se ha prometido que será en 2026 cuando se ponga en marcha la nueva penitenciaría de Zubieta, mucho más moderna y amplia. Según San José, este acuerdo laboral permitirá “gestionar a más de 800 personas trabajadoras y atender a unas 1.700 personas reclusas” y desarrollar un modelo basado en los “derechos humanos” y “reinserción”. La consejera ha apuntado a las mejoras también en ámbitos como euskera, formación o igualdad.

El Gobierno vasco ha logrado desbloquear esta legislatura, igualmente, tanto el convenio del profesorado de la red pública, con una mejora salarial del 7%, como el convenio de la Ertzaintza, con decenas de nuevos pluses y la promesa de 4.200 euros más hasta 2028. Precisamente en la Policía vasca se ha presentado ahora el “plan de empleo” complementario al convenio y que se cerró con los mismos firmantes, Erne, Esan y Sipe. El consejero del PNV Bingen Zupiria ha dicho que no solamente se trata de alcanzar la cifra mágica de 8.000 efectivos sino de “mantener en el tiempo ese contingente”.

Aunque en la nota informativa del Consejo de Gobierno se apuntaba a 2028 como momento para completar la plantilla, Zupiria ha admitido que será en 2030, como él mismo ya había avanzado en primavera. El motivo es que, aunque el plan de empleo se agote en 2028, los ertzainas que se puedan formar entonces se incorporarían a todos los efectos dos años después. Actualmente, la plantilla tiene 7.300 efectivos, es decir, 700 vacantes. El consejero de Seguridad ha descartado “de momento” plantear que el Estado pueda aceptar una ampliación de la dotación por encima de los 8.000 agentes.

La primera medida es activar una OPE extraordinaria de un mínimo de 150 plazas para atender las plazas no cubiertas de la actualmente en marcha, la promoción número 34, con 473 puestos ofertados pero un elevado número de suspensos. La cifra definitiva de esa promoción 35 será la necesaria para cubrir todas las vacantes y se harán algunos pequeños ajustes en la evaluación dadas las cifras de no aprobados anteriores. Pero Zupiria ha explicado que no se trata solamente de incorporar a nuevos ertzainas, sino también la necesidad de “hacer sitio” a nuevos funcionarios de la escala básica con convocatorias de promoción, ascenso y especialización para los que actualmente ocupan esas plazas.