El área de Prisiones del Gobierno vasco, que depende del Departamento de Justicia y Derechos Humanos de la consejera socialista María Jesús San José, ha tenido que contratar en los últimos días a la empresa Ondoan Servicios para la “subsanación” de “deficiencias en las instalaciones de protección contra incendios” del centro penitenciario de Zaballa, en Álava. El presupuesto de la adjudicación, como aparece en el portal de transparencia, ha sido de 14.718,98 euros, por lo que no ha sido necesario concurso.

Explican fuentes de Prisiones que cada diez años todos los edificios públicos con una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados han de superar una revisión sobre el cumplimiento de la normativa contra incendios. En el caso del penal ubicado a las afueras de Vitoria, el más grande de la red autonómica y donde están residenciadas 1.081 de las 1.985 personas que constituyen la población penitenciaria total de Euskadi, recibió un dictamen “favorable” pero “condicionado a una serie de cuestiones a subsanar en el plazo de seis meses”, que son las tareas contratadas ahora.

¿Cuáles fueron los problemas detectados? “Algún pulsador de alarma no funcionaba bien”, algún hidrante no estaba bien señalizado, tocaba modificar la altura de varios extintores o incluso mejorar la “gestión documental” del mantenimiento de estas medidas de seguridad. Son fallos “nada comprometidos” para el día a día de Zaballa porque el informe, en general, fue “favorable”, recalca el Ejecutivo. Añade que los elementos que se tienen que reponer no se emplean “habitualmente” y que es precisamente para tenerlos a punto por lo que se hacen las revisiones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica demanda del colectivo que entrará en vigor este jueves.

El pleno del Senado aprobó el pasado 30 de septiembre la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE.

Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral.

Con esta reforma se modifican dos apartados del artículo 80 de la ley y se añaden otros tres, de forma que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.

Así, su testimonio tendrá valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a las agresiones, se endurecen las penas para aquellos internos que cometan atentado contra la autoridad y se incluye el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Como agentes de la autoridad, y en caso de ingresar en prisión, estos funcionarios serán separados del resto de reclusos en los centros penitenciarios y en los traslados, y tanto estos trabajadores como el personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica obligatoria.

Este jueves se han cumplido cinco años desde que Euskadi recibiera las llaves de las cárceles vascas. O más bien, desde que la entonces consejera Beatriz Artolazabal, con mascarilla, descubriera un escudo vasco donde antes estaba el de España. En aquel momento habían pasado 42 años desde que el Estatuto de 1979 previera para el Gobierno autonómico la gestión penitenciaria. ETA mediante, el Estado sólo había cedido hasta entonces esas funciones a Catalunya, aunque hace precisamente 90 años, cuando se aprobó el primer estatuto en II República y en plena Guerra Civil, también se gestionaron las prisiones. Ahora, en 2026, ¿cuánto del prometido “modelo vasco” se ha cumplido en este lustro? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué no?

La población reclusa ha crecido en Euskadi. Claramente. El actual equipo de Prisiones —del PSE-EE, que relevó al PNV en 2024 después de los primeros tres años— estima que era de “alrededor de 1.600” con el cambio de gestión, pero entonces se hablaba de unos 1.400. Ahora, a finales de agosto, eran prácticamente 2.000. La palabra “tensionamiento” se empezó a emplear muy pronto a pesar de las promesas de que el “modelo vasco” iba a ser menos punitivista.

Hasta fue preciso un acuerdo con el Ministerio del Interior para rechazar llegadas y realizar salidas. Ahora, con la reciente apertura del nuevo presidio de Zubieta, en Donostia, la situación se ha aliviado. Pero fuentes del área de Justicia y Derechos Humanos, dirigida por la consejera María Jesús San José, la tercera responsable política de Prisiones, recalcan que “el aumento de la población penitenciaria no se debe a un aumento de la delictividad”.

La red actual la forman Zaballa, a las afueras de Vitoria, Basauri cerca de Bilbao y Zubieta en lugar de Martutene, que será derribada para levantar vivienda en la cara Donostia. Con la transferencia se cedió igualmente el viejo complejo alavés de Nanclares de la Oca, pero lleva todo este tiempo sin uso definido.

Desde hace unos meses, al Gobierno vasco le gusta decir que es una “administración penitenciaria integral”. Y es que se ha abierto el módulo de régimen cerrado del centro penitenciario de Zaballa, la última modalidad que quedaba pendiente y que seguía obligando a hacer traspasos. Alrededor de “una decena” de presos están allí. “Es importante destacar que la clasificación en primer grado no responde tanto a la gravedad del delito cometido, sino a que, generalmente, se trata de personas incapaces de convivir y adaptarse a las normas”, exponen desde Prisiones.

De las exactamente 1.967 personas que terminaron agosto en la estadística de Prisiones, 1.819 son varones y 148 mujeres. 772 son de origen extranjero. Por edades, hay 19 presos de menos de 20 años y 20 de más de 70. La edad más común, con 1.026 de los 1.967, es la de treintañeros o cuarentañeros.

407 están sin clasificar, 9 figuraban en primer grado, 1.087 en segundo grado y 464 en tercer grado o semilibertad, aunque se han concedido flexibilizaciones del régimen cerrado merced al artículo 100.2 tanto a condenados por terrorismo como por corrupción política, los exdirigentes del PNV del 'caso De Miguel'. Son 107 los presos de ETA en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “En cinco años, se han concedido 128 terceros grados, y [se han recibido] 47 recursos. La administración penitenciaria vasca concede cada año 500 terceros grados a sus internos. Además, se han aprobado 54 resoluciones de aplicación del artículo 100.2, con cuatro revocaciones”, detalla el Gobierno.

Asociaciones de víctimas del terrorismo y partidos de la derecha han criticado duramente la gestión penitenciaria vasca por, supuestamente, otorgar beneficios penitenciarios a los exterroristas de ETA. El Ejecutivo vasco insiste en que aplica la legislación vigente —cuya modificación sigue siendo competencia del Estado— siempre que los internos asuman su responsabilidad y el daño causado. La Audiencia Nacional ha revocado algunas progresiones o flexibilizaciones de grado. “Cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación”, señaló a este periódico en una entrevista el alto cargo de San José Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria (Gogora).

Una de las patas para impulsar la reinserción ha sido Aukerak, una agencia creada 'ad hoc' tras la transferencia. “Actualmente, hay 630 internos trabajando. Se trata, aproximadamente, del 60% de las personas internas que, en función de su régimen, sus circunstancias y su tratamiento penitenciario, están en disposición de trabajar”, sostiene el Ejecutivo. Y añade: “Hay dos tipos de talleres, los productivos, con acuerdos con empresas externas, y los de servicios, que se encargan del economato, la panadería, limpieza, mantenimiento, cocina, acompañamiento sociosanitarios, … Todos reciben una retribución y con ella cumplen con el pago de la responsabilidad civil que tengan asociada a su delito”.

El personal ha sido también una patata caliente. El sindicato principal, ACAIP-UGT, ha formulado muchas quejas, como también otras centrales como ELA. Ha habido acuerdos de condiciones laborales pero, por ejemplo, la primera OPE no ha llegado hasta fechas muy recientes: está ahora en marcha.

¿El contexto? En 2021 la plantilla presupuestada era de 618 plazas, pero solamente 585 estaban ocupadas. Ahora ha crecido a 783 de 831. Sin personal, no todos los módulos han estado abiertos en un contexto de “tensionamiento”. Se confía en que “en un año” todo el personal sea funcionario de carrera y vaya desapareciendo la interinidad.

ELA, sin embargo, ha recurrido las bases. Expone el sindicato que la convocatoria complica la posición de quienes han estado sacando adelante el servicio en estos años, lamenta la escasa presencia del euskera en este cuerpo ya autonómico y avisa de que las pruebas físicas requeridas son discriminatorias para las mujeres. Sostiene que todo ello “consolida un modelo estatal que el Gobierno vasco se niega a cambiar casi cinco años después de asumir la competencia”.

El titular de la Fiscalía superior navarra, Jaime Goyena, alerta en la memoria de 2025 de la institución que en el último año se ha detectado una “cierta masificación” de reclusos en el centro penitenciario de Pamplona, que han pasado de los 406 de 2024 a los 457. La cárcel de la capital navarra tiene una capacidad total de 1.008 plazas, pero el ministerio fiscal apunta que en la actualidad solo se encuentran ocupados cuatro de los diez módulos disponibles. Los sindicatos añaden que se debe a una falta de personal funcionario.

Según los datos de la Fiscalía recogidos en su memoria, la cárcel de Pamplona en 2025 solo tenía ocupados cuatro módulos con capacidad para 144 internos (uno de mujeres), así como la enfermería, y el departamento de ingresos. “La convivencia en algún módulo empieza a resentirse”, sostiene el fiscal general, que indica que los módulos 3 y 4, los dedicados a los presos preventivos y penados principalmente, se encuentran masificados con 130 y 127 internos respectivamente, mientras que el módulo 2 asegura que está “saturado”.

“Aunque la capacidad de estos módulos es de 144 internos, dos por celda, la experiencia demuestra que, en los módulos con más de 100 internos, el mantenimiento del buen orden regimental resulta más complejo, debido a la tensión diaria que surge de la competencia entre los internos por el acceso a servicios como el disfrute del gimnasio, reparto de alimentos, y la asignación de celdas con internos afines”, apunta.

Añade además que no está “en las previsiones de la Secretaria General de Instituciones penitenciarias la apertura de módulos nuevos” ante la escasez de funcionarios, que lamenta “se da incluso respecto de la población reclusa ya existente.

Desde el sindicato ACAIP señalan que la falta de personal funcionario se extiende al resto de España porque no se están pudiendo cubrir todas las bajas por jubilaciones que se están registrando. Añaden que en próximas fechas se celebrará una OPE con la que se cubrirán más de mil plazas en todo el país, pero que todavía no serán suficientes. “La ganancia neta está siendo muy baja”, apunta Joaquín Leyva, portavoz de este sindicato.

Más señalamientos que fiscales

En la misma memoria, de 82 páginas, la Fiscalía también refleja que “uno de los mayores problemas” a los que se enfrenta en el día a día “es el elevado número de señalamientos de vistas y juicios” en los que el órgano estatal tiene que intervenir. “En ocasiones, es mayor el número de señalamientos que el de Fiscales disponibles”, se queja el fiscal general en el documento, y apunta sobre todo a los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona en los que se celebran “numerosos señalamientos para un único juicio o una vista” del Fiscal, “en lugar de concentrar todos esos señalamientos en una única jornada”. Este funcionamiento deriva en que, si “el primer juicio ha durado más de lo previsto”, el Fiscal llegue con “retraso” a segunda vista si esta se celebra en otro juzgado.

“Esta situación no solo acarrea una deficiente gestión de recursos humanos, sino que, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 182.4.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil” y el “Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial”, expresan.

Preocupación por el aumento de denuncias a menores de edad

El fiscal general, Jaime Goyena, también muestra su preocupación por el aumento de denuncias a menores. “En las denuncias tramitadas como Diligencias Preliminares aparecen como denunciados un total de 1.108 menores de edad” en 2025, refleja la Fiscalía navarra, alertando del “elevado número de denuncias penales que se han tramitado durante este año, incrementándose prácticamente en todos los tipos de delitos (salvo en los delitos contra el orden público)”. “Es preocupante”, califican.

En especial, ponen el foco en “las denuncias por delito de acoso escolar, en particular a través de redes sociales”, que además de incrementarse es frecuente que los perpetren “ menores de 14 años, que son inimputables”.

En este apartado, también plasman como “creciente” los delitos contra la seguridad vial por parte de menores, “la mayor parte de las veces por conducir vehículos a motor o ciclomotores careciendo del preceptivo permiso de conducir”. Además, este delito suele cometerse “en concurso con otros delitos”, y plasma de ejemplo el caso de un menor que “condujo el automóvil que acababa de sustraer a un familiar, a la espeluznante velocidad de 231 km/hora, con el añadido de que, una vez interceptado por los agentes policiales, el menor se dio a la fuga”.

Petición de reforma del delito de hurto cuando es un móvil

Para concluir, en las “propuestas de reformas legislativas” el Ministerio Fiscal insta a modificar el artículo 234, que regula la “sanción prevista para el hurto (prisión de 6 a 18 meses, en su modalidad básica)”, puesto que “en numerosas ocasiones, ese hurto tiene por objeto el teléfono móvil”. En este sentido, han considerado que al perjuicio de “la pérdida patrimonial”, base en la que se apoya la calificación (que incluso califica como delito leve si el teléfono tiene un valor inferior a 400 euros), se le suma la extracción de un dispositivo “que ha terminado por convertirse en la auténtica piedra angular de la identidad digital de la persona”.

“Dicho dispositivo almacena información muy sensible, como son los datos de Identificación Personal (números de teléfono, correos electrónicos y documentos de identidad digitales), Datos financieros, Datos biométricos y de salud (huellas dactilares, reconocimiento facial, registros de actividad física o salud personal), Geolocalización (rastreo en tiempo real mediante señales de GPS y antenas de telefonía, que permiten reconstruir historiales de movimiento), así como Comunicaciones y Archivos (mensajes de texto, imágenes, vídeos e historiales de navegación)”, describe la Fiscalía para justificar “la gravedad del perjuicio” que supone la “sustracción de un teléfono”.

Por ello, “se propone como reforma legislativa” dicho artículo del Código Penal, “en el sentido de que el hurto de un teléfono móvil o un dispositivo electrónico semejante (tableta, ordenador personal, etc.) tenga siempre la consideración de delito menos grave, con independencia del valor material del dispositivo hurtado”.

Los delitos cae un 5%

En cuanto a las cifras, en la memoria se recoge que en 2025 los delitos penales “se incoaron un total de 31.381 Diligencias Previas” (inicio de investigaciones) lo que supone un 5% menos que en 2024, cuando se registraron 33.029. De esas diligencias, “incoaron un total de 2.749 Procedimientos Abreviados”, que causa avanza hacia la acusación y, eventualmente, el juicio. “Lo que supone un incremento de 8,1% respecto de los 2.544 incoados en 2024”.

Algunos de los datos desglosados que llaman la atención en la “evolución de la criminalidad” son los homicidios, registrándose un 125% más (9 respecto a 4 del 2024). Los procedimientos por “delitos contra la libertad sexual” han aumentado un 4,6%, un incremento que “contrasta con la importante disminución en el número de violaciones (agresión sexual con penetración vaginal, anal o bucal) pues de las 73 del año 2024 se ha pasado a las 31 de 2025 (-57,5%)”, refleja el Ministerio Fiscal navarro en la memoria. “Por el contrario, respecto de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de 16 años, estas han pasado de las 88 del año 2024, a las 110 del año 2025 (+20%)”.

Respecto los “delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público”, que han aumentado un 21,1% en 2025 respecto al año anterior. Desglosado, se reflejan dos delitos por tortura (frente a los 7 de 2024) y 5 por delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, un 400% más respecto al único registrado el año anterior.

La Policía Nacional detiene en Logroño a un presunto agresor sexual y el juez decreta su ingreso en prisión. La detención se ha producido tras la investigación de un caso de agresión sexual en Logroño en la que ha resultado fundamental el trabajo desarrollado por los agentes agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de La Rioja.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido, presuntamente, intentara mantener relaciones sexuales con una mujer en contra de su voluntad en el domicilio de éste. Tras tener conocimiento de lo sucedido, se iniciaron las correspondientes actuaciones policiales para esclarecer los hechos, recabar los elementos necesarios para la investigación y proporcionar a la víctima la atención y protección adecuadas.

La investigación, explica Policía Nacional, adquiere especial relevancia al tratarse de una persona que ya contaba con numerosos antecedentes de distinta naturaleza. Entre ellos, un episodio en el que fue detenido después de haber sido sorprendido, presuntamente, realizando grabaciones a mujeres por debajo de sus faldas, conducta que motivó una nueva intervención policial.

UFAM: especialización al servicio de las víctimas

Detrás de las investigaciones como esta se encuentra el trabajo de UFAM, una unidad de la Policía Nacional dedicada a la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, doméstica y sexual, así como a la protección y atención de las víctimas.

Su función va mucho más allá de la investigación estrictamente policial. Los agentes destinados en estas unidades cuentan con formación específica para atender situaciones especialmente sensibles, en las que resulta fundamental ofrecer a la víctima un entorno adecuado para explicar lo ocurrido y afrontar el procedimiento con las mayores garantías posibles.

Uno de los mensajes fundamentales que la Policía Nacional traslada a las mujeres que puedan estar sufriendo o hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual es la importancia de comunicar los hechos. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre o incluso las dudas sobre si lo sucedido constituye un delito pueden dificultar ese primer paso. Sin embargo, es importante acudir a Policía Nacional porque “los agentes adscritos a UFAM, están para atender estas situaciones y ofrecer una respuesta adaptada a cada caso y la respuesta policial comienza cuando se conoce lo ocurrido”.

La Inspección de Trabajo ha emitido el informe definitivo en el que concluye que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios el pasado 9 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Zaballa en Álava fueron “consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno vasco”, según ha informado ELA en un comunicado. Un interno que prendió fuego al colchón, lo que generó una gran cantidad de humo.

El informe actual, según ha subrayado el sindicato, establece “una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral”. Según detalla el documento, durante la intervención de emergencia provocada por el incendio de una celda, el personal interviniente “carecía por completo de la formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad”, recoge Europa Press.

Además, según ha destacado ELA, “la autoridad constató que el día del siniestro el sistema sonoro de detección de incendios se encontraba completamente desconectado”. La resolución es el resultado directo de una denuncia interpuesta por ELA, ha señalado el sindicato, para advertir, sin embargo, que se trata de “un escenario recurrente”, porque “son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad”.

Todo ello, ha afirmado ELA, evidencia un modelo de gestión preventiva que “pone en riesgo constante la vida de tanto de la plantilla como de las personas usuarias. ELA ha denunciado la ”falta de voluntad política y económica“ del Gobierno vasco, que ”no invierte en los recursos necesarios para atajar el problema“.

Ante “la gravedad de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, ELA ha explicado que la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno vasco “evalúe, forme individualmente y equipe de manera urgente a todo el personal”.

De forma paralela, el organismo ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal contra el Gobierno vasco para las personas trabajadoras afectadas. Esta medida, ha precisado el sindicato, penaliza económicamente a la Administración por “su responsabilidad directa en un accidente laboral derivado de una falta crónica de medidas de seguridad” que ELA, según ha asegurado, lleva años denunciando. Por todo ello, ELA ha exigido una inversión urgente en recursos preventivos y ha advertido al Gobierno vasco de que, “si no actúa de inmediato”, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para “depurar responsabilidades políticas”.

El diputado del PP por Cantabria Félix de las Cuevas ha solicitado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en el Congreso tras la pelea multitudinaria registrada la semana pasada en la cárcel de El Dueso, en Santoña.

El objetivo es que explique qué medidas va a adoptar el Gobierno central para proteger a funcionarios y trabajadores de esta prisión tras el “grave” altercado, en el que intervinieron entre 25 y 30 reclusos, tal y como han denunciado los sindicatos de prisiones.

“Lo ocurrido en El Dueso no puede normalizarse. El Gobierno debe dar explicaciones y actuar ya para garantizar la seguridad de los funcionarios, y dotar al centro de los medios que necesita”, ha señalado De las Cuevas, que además es miembro de la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

En un comunicado, el PP ha criticado el “abandono” del Ejecutivo central ante las agresiones a los trabajadores de prisiones y ha recordado la sufrida el pasado mes de mayo por dos funcionarios de El Dueso a manos de un interno, que tuvieron que ser atendidos en Urgencias por diversas lesiones y “sin apenas consecuencias para el agresor, ya que solo permaneció dos horas en aislamiento”.

Falta de médicos

A esta situación se suma, ha dicho, la falta de médicos en el centro penitenciario, tras la jubilación de toda la plantilla y al no reponerse las siete plazas previstas, como también han asegurado representantes de los trabajadores. En este sentido, el diputado del PP por Cantabria ha exigido además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cubra las plazas médicas “cuanto antes”.

“El servicio médico en las prisiones es imprescindible. La ausencia de facultativos vulnera derechos de los internos y dispara la inseguridad laboral al obligar a los funcionarios a asumir roles que no les corresponden y gestionar situaciones críticas sin respaldo médico”, ha argumentado, para concluir que “no pueden seguir trabajando sin los medios y la protección que necesitan”.

La cárcel de Zaballa, a las afueras de Vitoria, cuenta ya finalmente con un módulo de régimen cerrado para presos en primer grado. Era un recurso del que no disponían las cárceles vascas desde la transferencia de la gestión al Gobierno vasco en 2021, lo que obligaba a seguir realizando traslados a la red de centros controlados por el Ministerio del Interior.

Este módulo fue estrenado en junio con una capacidad para entre doce y quince reclusos y ahora mismo ya están ocupadas once de esas plazas, según indican fuentes oficiales. “Ahora somos ya una Administración penitenciaria integral”, se felicitan desde el Ejecutivo vasco sobre estas nuevas instalaciones.

El Ararteko (Defensoría del Pueblo vasca) reclamó su puesta en marcha en 2023 tras la queja de un interno de Basauri que, luego de participar en una pelea, acabó siendo trasladado a la cárcel de Dueñas, en Palencia. “Puede favorecer el desarraigo y perjudicar la reinserción social de la persona, al alejarla del medio al que retornará en libertad”, criticó el entonces titular del Ararteko, Manuel Lezertua. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, controlado por la parte del PSE-EE del Gobierno vasco, ha comunicado ya al Ararteko la apertura del nuevo módulo.

El nuevo espacio “está cubierto por cinco agentes y un gestor de control de convivencia” en cada turno, mañana y tarde. Además, también hay un “equipo técnico, jurista, psicóloga, trabajadora social y educador”, indican desde Prisiones. El régimen de primer grado no guarda relación tanto con la gravedad de los delitos recogidos en la sentencia judicial condenatoria o en el auto de prisión provisional como con el recorrido penitenciario de los internos. “Se trata de personas incapaces de convivir y adaptarse a las normas”, explican las fuentes consultadas sobre el perfil de los once reclusos en régimen cerrado.

Actualmente, la población penitenciaria es de 1.906 personas, 1.753 varones y 153 mujeres. Son 1.064 en Zaballa, 444 en Basauri y todavía 398 en Zubieta, inaugurada en junio. Por niveles, además de los 11 en primer grado, hay 1.056 en segundo grado y 407 en tercer grado o semilibertad. El resto son presos preventivos o sin clasificar, según la estadística oficial.

Uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas por parte de agentes de policía, malos tratos físicos en las cárceles en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia que llegaron a “un nivel de violencia alarmante”, prisiones donde hay escasez de personal sanitario y la asistencia en salud mental presenta graves deficiencias estructurales. Estos son los puntos más destacados que señala el informe de visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a centros de detención en España, que fue realizado entre los años 2025 y 2026. En esta ocasión se visitaron comisarias y prisiones en Andalucía y Madrid, además de un centro de menores en Badajoz.

El informe recopila situaciones graves de fuerza excesiva y malos tratos físicos en el momento de la detención por parte de la policía o durante el traslado y custodia por parte de los agentes, que “en numerosas ocasiones” fueron corroborados por marcas físicas e informes médicos“.

El CTP pone sobre la mesa casos en los que los detenidos fueron esposados de forma prolongada, se les agredió mediante bofetadas tras la detención, mientras que a otra persona arrestada en los calabozos de la comisaría fue golpeado con puñetazos y patadas por seis agentes de policía, otro recluso fue agredido con porras en la frente y se pateó a un detenido en las costillas y en la cara.

En el informe se reitera sobre graves problemas de ventilación, falta de luz natural y ausencia de timbres de llamada en comisarías de Madrid como Leganitos, Tetuán y las dependencias judiciales de Plaza de Castilla. El informe señala que hay una notable mejora en las prisiones de Madrid VII y Sevilla II, aunque tres internos del centro sevillano, que sufrieron fuerza física y alegaron haber sido agredidos por funcionarios, fueron trasladados repentinamente a otras cárceles, coincidiendo exactamente con el primer día de la visita del CPT.

Además, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció una “situación sumamente preocupante en Algeciras, Huelva y Puerto III”, donde se identificó un patrón reiterado de malos tratos físicos aplicados por funcionarios en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia.

“Un nivel de violencia alarmante” en centros penitenciarios

En estos centros penitenciarios el CPT constató casos de “un nivel de violencia alarmante” sobre personas vulnerables. Por ejemplo, en la prisión de Algeciras un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas fue reducido por cinco guardias y trasladado a una habitación de la enfermería donde recibió puñetazos y patadas en el cuerpo, mientras que una interna que se encontraba en estado de agitación al exigir su medicación fue reducida en su celda por seis funcionarios, quienes la golpearon varias veces con porras de goma en las piernas.

En la cárcel Puerto III, un preso muy nervioso fue abordado por diez funcionarios en su celda. Posteriormente, denunció haber sido inmovilizado boca abajo, esposado por la espalda y golpeado con porras en las plantas de los pies, además de recibir puñetazos y patadas. En este centro, un interno en silla de ruedas fue agredido por funcionarios con golpes de porra en la cabeza y el torso y patadas en las piernas, documentándose heridas en la espalda, glúteos y hombros.

Mientras que en la cárcel de Huelva el médico del CPT constató que un interno fue agredido con porras en la espalda estando esposado y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza tres veces contra la pared, mientras que otro le golpeó la zona lumbar con la raqueta metálica de detección de objetos.

Falta de médicos

El informe resalta la escasez de médicos en prisión, con más de 100 vacantes a nivel nacional, lo que provoca demoras de meses para citas médicas. El CPT destaca además que los exámenes médicos obligatorios tras incidentes se realizan casi siempre a través de rejas y ante la presencia de los propios guardias agresores, invalidando cualquier tipo de confidencialidad.

Por otro lado, la investigación recalca que la asistencia en salud mental para los internos en las prisiones españolas presenta graves deficiencias estructurales, marcadas por la falta de personal especializado, un elevado uso de psicofármacos sin revisiones periódicas y un enfoque que prioriza la seguridad o la disciplina sobre el tratamiento terapéutico.

Como ejemplo de esta situación, el CPT pone como ejemplo la prisión de Puerto III, donde el psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana. Ante la alarmante falta de atención, muchas familias de los internos se ven obligadas a pagar consultas privadas para que un especialista particular visite a sus familiares dentro de la cárcel, según el informe.

Si entre el 50% y el 60% de los internos están bajo tratamiento con psicofármacos (un 46% en Puerto III, un 55% en Huelva y aproximadamente un 55% en Madrid VII), debido a la escasez de psiquiatras, muchas prescripciones no se revisan durante meses. Además, en el informe se recoge la preocupación por la prescripción prolongada de medicamentos con alto potencial adictivo y la combinación de ansiolíticos y anticonvulsivantes en internos que no presentan diagnósticos neurológicos que lo justifiquen.

Los miembros del CPT también visitaron el centro de internamiento de menores Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. El informe detalla graves acusaciones de fuerza excesiva y malos tratos físicos sistemáticos aplicados por el personal de seguridad privada del centro, mediante el golpeo con porras de goma o menores atados a la cama por una de sus extremidades, una práctica prohibida por la ley para menores de edad. Además, el centro presenta un ambiente sumamente carcelario y las celdas de aislamiento de menores en el sótano no cuentan con timbres de llamada ni acceso a inodoros.

Recomendaciones para España

Las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para el Gobierno español van desde tolerancia cero ante la violencia y que haya cámaras de vídeo en todas las áreas, incluidas las salas de registro y los pasillos; implementar rigurosamente los principios del Protocolo de Estambul sobre partes de lesiones, donde los médicos de prisiones no deben examinar a los internos a través de las rejas ni en presencia de los funcionarios.

Además, se propone poner fin definitivo a la inmovilización de internos a camas por motivos regimentales o de seguridad, especialmente en Cataluña, donde más se sigue haciendo, según el informe; traspasar la competencia de la sanidad penitenciaria de la administración central de Interior a los servicios de salud de las comunidades autónomas y prohibir el uso de porras de goma contra menores de edad e instalar timbres de llamada de forma prioritaria en todas las celdas.

El juez de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), José Luis Castro, ha revocado la concesión por parte de las Prisiones vascas, gestionadas por el Gobierno autonómico, de la semilibertad a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Oskar Zelarain. En ambos casos, las resoluciones del 16 de julio atienden los recursos de la Fiscalía y estiman que es prematuro un salto a tercer grado cuando aún no se han comprobado los efectos de la flexibilización del segundo grado en aplicación del ya popular artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El Gobierno vasco, que ahora no hace comentarios y que siempre se ha escudado en que opera dentro de la legalidad penitenciaria, concedió a Olarra Guridi el tercer grado en mayo. Está condenado por delitos de “asesinato, homicidio y estragos” y su condena efectiva no expira hasta 2036. Según la asociación de víctimas Covite, este exjefe de ETA acumulaba una pena de 2007 a 1.253 años por un atentado con seis militares fallecidos en Madrid y otra de 1.000 años por una explosión con 95 heridos.

La resolución judicial concede que “se observa una evolución positiva del penado”, aunque “no resulta por sí sola suficiente” en casos de “delitos de terrorismo de extrema gravedad”. El juez Castro pide que se “consoliden” en los “factores positivos” que se aprecian con los permisos del 100.2 antes de concederle la progresión de grado hacia la semilibertad.

En el caso de Oskar Celarain, el acuerdo del tercer grado ahora revocado es de junio. Acumula siete penas diferentes de prisión que alcanzan los 964 años y tres meses, 30 de cumplimiento efectivo. Asesinó al concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, y en Santa Pola, a la niña de seis años Silvia Martínez y al jubilado Cecilio Gallego en el contexto de un atentado contra la Guardia Civil. Está condenado también por 51 intentos de asesinato adicionales por estos mismos hechos.

La fecha de licenciamiento prevista es 2032. Sobre él pesan responsabilidades civiles que suman 13,6 millones de euros. Empezó a afrontarlas en 2024, a razón de 40 euros mensuales, 960 en el momento de la concesión de la semilibertad. Las Prisiones vascas consideraron que ha hecho una “asunción correcta de la normativa institucional” y un “buen uso” de los permisos que ya ha tenido. Dispone de una oferta laboral en Hernani e incluso ha escrito una carta asumiendo su responsabilidad. La misiva es de 2022.

“He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi actividad en ETA y he llegado a la conclusión de que la violencia no tuvo que producirse en ningún caso”, relata en castellano y a mano, citando por su nombre a las tres víctimas acreditadas. “Tengo que asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas. Siento y lamento lo ocurrido y, en este sentido, quiero expresar todo mi respeto y comprensión para con el dolor de los familiares de las víctimas. Quiero mostrar aquí mi compromiso para dar los pasos necesarios en el sentido de mitigar el daño ocasionado y avanzar en la convivencia”, agrega. El preso ha mantenido también “interacción directa” con víctimas de ETA dentro de los programas de justicia restaurativa.

La Fiscalía recurrió al entender que no se había acreditado la eficacia de la flexibilización del segundo grado. En un período de “tres o cuatro meses” no es posible ver la “evolución” del penado y ha de imperar un criterio de “prudencia” por la gravedad de sus delitos.

Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.

En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?

El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.

Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.

El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.

Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica

¿A qué se debe esta inflación del Código Penal? ¿Los políticos han querido resolver problemas sociales endureciendo penas?

Hay una mezcla de factores. Están los factores políticos, pero también económicos. Tanto de empresas de seguridad que necesitan crear un clima de miedo al robo y a la okupación para vender alarmas como medios de comunicación que priorizan los sucesos porque generan mucha audiencia.

Todo esto crea un caldo de cultivo favorable a la inflación del Código Penal, y hay que reducirlo. Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica y todo el conocimiento empírico que nos dice que el aumento de penas no conlleva un desistimiento del delito.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Desde que muere el dictador Francisco Franco hasta 2010 hay un crecimiento anual de las personas presas. En 2010, debido a la crisis económica, los gobiernos quieren ahorrar costes, también los carcelarios. Se produce entonces una pequeña reforma del Código Penal, centrada en los delitos contra la salud pública, que hace que la población penitenciaria se reduzca. No aumentó el delito ni hubo un rechazo ciudadano. De hecho, pasó casi desapercibido.

¿Solo la necesidad de ahorrar puede llevar a una deriva antipunitivista?

No. En realidad es un desafío para los actuales gobernantes. ¿Si en 2010 fue posible reducir la población penitenciaria para ahorrar, por qué no hoy, con una mayoría progresista y plurinacional y la evidencia empírica a favor? Con pequeñas reformas se podría reducir el impacto del encarcelamiento. Además, países como Francia, Reino Unido o Portugal también han llevado a cabo medidas para vaciar las cárceles.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo lo mismo que la derecha

Mencionaba la mayoría progresista, pero son el PSC en Barcelona y en Catalunya y el PSOE en Madrid quienes más apuestan por endurecer las penas. Lo hacen, según dicen, para no dejar el orden y la seguridad en manos de la extrema derecha.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo la misma política que la derecha. En la izquierda nos debemos plantear las cuestiones de seguridad y convivencia, pero con nuestra mirada, valores y perspectiva. A diferencia de la derecha, nos debemos basar en la evidencia empírica, que nos dice que un aumento de penas no nos lleva a una reducción de los delitos.

Si aumentando las penas se solucionaran los problemas sociales que llevan al delito, los estados de EE.UU. con pena de muerte no tendrían problemas. Y esto no ocurre, más bien ocurre lo contrario, pues en EE.UU. hay más delitos violentos que en España.

¿Cómo se tendría que concretar este Código Penal desinflado?

Hay un trabajo de política criminal a hacer, pero hay distintas vías: la de la tipificación, pero también la rebaja en la duración de las penas. Pero hay otra importante que es un terreno con campo para explorar: la ejecución de las penas. Hay muchas alternativas al internamiento en prisión que se pueden abordar, como el medio abierto, que tendría que ser una prioridad para la política penitenciaria del siglo XXI.

¿Qué efectos tiene en una persona pasar muchos años en prisión?

Afecta en muchas dimensiones: empeora la salud física y la mental, pero también dificulta la dimensión social. El encarcelamiento rompe lazos familiares, comunitarios y laborales, por lo que cuanto más tiempo se pasa en prisión más difícil es la reinserción. El internamiento prolongado dificulta los objetivos de reinserción y rehabilitación. La ejecución penal debe buscar alternativas al internamiento, como el medio abierto.

En el libro denuncia que la cárcel es la institución estatal que más personas con problemas de salud mental trata.

Esto es así y tiene un doble componente de injusticia. Por un lado, se usa una institución como la cárcel para tratar una enfermedad mental. Además, no es universal: las personas con problemas de salud mental que tienen una red o una familia pueden estar acompañadas, pero las que no la tienen son las perfectas candidatas para acabar en la cárcel. El número de internos con problemas de salud mental es muy importante.

Otro capítulo del libro está dedicado a los jueces. Además del término de moda, el ‘lawfare’, define el fenómeno de los ‘jueces combatientes’. ¿Tenemos muchos en España?

El juez combatiente es el juez que se erige en activista en lo que cree que es una defensa del Estado de Derecho, pero no lo es. A diferencia del ‘lawfare’, son jueces que actúan de forma autónoma, sin ser correa de transmisión de nadie. El ‘lawfare’ tiene que ver más con una disputa partidista que se traslada al juzgado, y se parece más a lo que ha ocurrido en América Latina.

Son dos fenómenos distintos y minoritarios dentro del poder judicial, pero que lastran todo el buen trabajo de la mayoría de la carrera. No somos tan distintos de otros países: Luigi Ferrajoli ya dibujó en los 70 el concepto de juez combatiente en Italia. Era el juez, ya fuera conservador o progresista, que se erigía como garante del Estado de Derecho y abría la puerta a la arbitrariedad en la lucha contra las organizaciones armadas de los años del plomo. En España este fenómeno se ha dado en los casos del denominado ‘entorno de ETA’, en el que se perseguía a entidades o medios de comunicación que habían actuado siempre de forma pública y legal, y se repite con la crisis independentista, con la idea de que había que salvar a España de romperse.

Sean jueces combatientes o ‘lawfare’, ¿España tiene un problema con algunos jueces?

Hay un problema con la selección y formación de jueces. Tenemos un proceso de selección de jueces basado en lo que se hacía en el siglo XIX y el mundo ha cambiado. Necesitamos perfiles de jueces adecuados a la actualidad. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés escribe que un juez tiene que ser un intelectual porque debe entender la complejidad social para poder dirimir los conflictos. La formación de los jueces tendría que ir en esta línea. La oposición memorística actual está pensada para un Estado del siglo XIX, pequeño, contenido, con pocos ministerios… La democratización en la selección y formación de jueces es uno de los retos del Poder Judicial.

Los jueces no serían el colectivo con menos resistencias a los cambios.

El Ministerio de Justicia ha impulsado propuestas modestas pero que mueven el barco hacia un rumbo de democratización, como las becas para nuevos jueces y fiscales, y parte del colectivo se lo ha tomado casi como una afrenta. Creo que las reformas para democratizar el acceso a la carrera no se tendrían que dejar para otra legislatura y que la mayoría progresista y plurinacional las tendría que apoyar.

España tiene un problema con la selección y formación de jueces

Otra de las tesis que desarrolla en el libro es que la izquierda no puede dejar la idea de libertad a la derecha. ¿Cómo se consigue?

La izquierda debe disputar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad y no puede renunciar a ninguna de las tres. Son necesarias y hay que leerlas en clave de siglo XXI: una igualdad que reconozca las diferencias y las interdependencias; una fraternidad que permita construir proyectos autónomos y colectivos y una libertad real, que no se puede dejar en manos de la derecha, y que sea sinónimo de no dominación y tenga en cuenta la complejidad de la vida en sociedad. La libertad como origen y bandera es algo que creo que debería estar en el centro.

¿Qué peso ha tenido su paso por la Generalitat como consellera de Justicia en lo que escribe en el libro?

Antes de ser consellera ya había trabajado en el análisis de políticas públicas y la criminología crítica, pero la experiencia como consellera me ha ayudado a poner varias piezas en su sitio y entender bien el funcionamiento de un gran departamento, además de adquirir nuevos conocimientos, como en el ámbito penitenciario.

En el libro escribe que el objetivo final tiene que ser “la abolición de la cárcel”. ¿Esto ya lo pensaba antes de ser consellera?

Sí. Tenemos que ser garantistas siempre y aspirar a una reducción del sistema penal. Esto quiere decir apostar por otra forma de resolver los conflictos, y no destinar tantos recursos a la policía, el internamiento o la judicialización constante de los problemas. Pero pensar en el abolicionismo como objetivo sin pensar en el mientras tanto no tiene sentido. Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad, y hay que sumar todas las visiones humanistas para que así sea.

Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad

¿Qué límites institucionales y políticos encontró durante su etapa como consellera para llevar a cabo alguna de sus propuestas?

Las instituciones tienen mucha dependencia del pasado, de las formas de hacer y un marco presupuestario y legislativo que condiciona, pero no quiere decir que no se pueda cambiar el rumbo. Reivindico la política, porque no es cierto que desde las instituciones no se puedan cambiar las cosas. Detrás de las instituciones tiene que haber un proyecto político que oriente a resolver los problemas y las situaciones injustas, y dentro de la institución hay que gestionar con excelencia. Tenemos que aprovechar cada pequeña brecha para hacerlo. Solo estuve dos años en la conselleria, pero creo que actué así.

Una de sus competencias era la Memoria Democrática. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto sacar a la Policía de la comisaría de Via Laietana donde torturaron a los opositores de la dictadura?

Creo que la Policía acabará saliendo de Via Laietana. Al PSOE le ha costado moverse en algunos temas de Memoria, y creo que hay una disputa con el Ministerio del Interior y resistencias corporativas, pero llega un momento que hay que poder vencerlas. No tiene demasiado sentido que se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco, se apueste por las políticas de memoria y se mantenga a la Policía en Via Laietana.

Le tocó gestionar una huelga encubierta de funcionarios de prisiones en protesta por el asesinato de una trabajadora, pero que comportó vulneraciones de derechos de los presos. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde fuera de la política?

A ninguno ni ninguna de mis antecesores le tocó gestionar un suceso tan grave como el asesinato de Núria. Trabajamos para minimizar el riesgo de los trabajadores penitenciarios, sabiendo que el riesgo cero no existe. La restricción de derechos que sufrieron las personas internas agravó su vulnerabilidad, y creo que hicimos bien hablando claro y diciendo que se estaban vulnerando sus derechos.

El Gobierno vasco ha entregado ya al Parlamento Vasco un primer balance de la puesta en marcha de la nueva cárcel de Zubieta, en Donostia, adonde han sido trasladados los presos del antiguo penal de Martutene. A 21 de julio, eran ya 291 los ocupantes del presidio, una treintena más que los que llegaron en junio con la inauguración. La capacidad operativa real actual es de 407 plazas, lejos de las 653 que podría ofrecer. En cuanto al personal, hay 255 dotaciones previstas, pero hay 45 vacantes. Otro dato llamativo es que de los 210 trabajadores apenas hay 63 funcionarios y cinco laborales; el resto, el 67,6%, es personal interino.

El parlamentario del PP Santiago López Céspedes había solicitado a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, una serie de datos sobre la puesta en marcha de Zubieta, muy criticada por los sindicatos por precipitada. Se trata de una cárcel construida por el Estado —de hecho, la UCO de la Guardia Civil acaba de manifestar en un informe las sospechas de que pudieron pagarse comisiones ilegales a la trama de Antxon Alonso y Santos Cerdán— pero cedida ya al Ejecutivo autonómico, que desde 2021 tiene las competencias de Prisiones. Martutene, de su lado, ha sido devuelta al Estado para que sea derribada y se construyan viviendas.

En el apartado de “capacidad oficial”, San José indica que es una prisión con once módulos. Son seis residenciales —uno de mujeres y cinco de varones—, otro de madres, otro para ingresos, uno de “limitaciones regimentales”, otro de enfermería y uno último como “centro de inserción social”, un espacio más abierto. Hay 332 celdas, 56 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, y 653 plazas totales. En relación con la “capacidad operativa”, la que permiten las instalaciones y el personal disponible, baja a 407, 374 varones y 33 mujeres.

El 17 de junio fue la fecha de puesta en servicio y el 25 se produjo ya el cierre de Martutene, que ha estado operativa casi 80 años. Según San José, “la puesta en marcha del nuevo equipamiento no ha impedido la prestación normalizada de los servicios”, contradiciendo las críticas sindicales. Con el estreno, se empezó con 262 presos. Ahora ya son 291 y el 80% comparte celda. Han llegado once desde Zaballa o Basauri, las otras cárceles vascas, y es previsible que haya más movimientos.

Durante años se había confiado en la apertura de Zubieta para aliviar el tensionamiento de la pequeña red autonómica. Señala San José que “no es posible ofrecer una previsión objetiva” de la evolución de la ocupación de aquí a final de año porque operan “múltiples variables”. En cuanto a los presos de ETA, hay 33 internos en diferentes modalidades (13 de ellos en segundo grado sin flexibilizar) y otros tantos en semilibertad, tanto en tercer grado (17) como en libertad condicional (16).

San José informa también de los gastos que ha supuesto la puesta en marcha. Esto son partidas al margen de las propias obras de construcción adjudicadas por el Gobierno central a la UTE de Acciona, Murias y Cycasa. Según el portal de transparencia del Estado, el valor estimado inicial del trabajo eran 41,3 millones, el importe de adjudicación fue de 38,8 y acabaron costando 44,5 millones tras una modificación de 1,8 millones, siempre con impuestos incluidos, acordada en 2023. El Ejecutivo vasco, preguntado por las sospechas de corrupción, indica que solamente se han hecho cargo del centro ahora y nada tuvieron que ver con la licitación.

Las obras actuales sí salen de las arcas autonómicas. Con un presupuesto de 267.177,71 euros sin IVA, está la instalación de más de dos kilómetros de “concertinas” en los muros exteriores e interiores. Por 478.938,09 euros sin IVA se están haciendo otros servicios de “acondicionamiento”. Se han contratado trabajos de “herrería” por 16.517.70 más IVA, además. Son barrotes en la cafetería, en la jefatura o en la paquetería. También “se instalarán protecciones sobre garitas” en los módulos de aislamiento e ingresos y “se han modificado dos camas añadiendo barra perimetral de sujeción”.

El traslado como tal lo hizo la Ertzaintza, pero se pagaron 10.111,97 euros en maquinaria de limpieza, 598,95 para mover los televisores, 834,5 en consultoría de seguridad laboral y, en lo tocante a “transportistas”, se abonaron 293,84 euros a una empresa de grúas, 3.158,10 a una particular y 701,80, 4.213,22 y 2.207,04 a diferentes empresas del sector. En relación con el apartado de recursos humanos, se tuvieron que pagar 6.165 euros en horas extraordinarias durante la primera semana de julio.

Las 45 vacantes existentes en la plantilla representan el 17,67% del total. ¿Qué puestos están sin cubrir? Son un gestor de servicios, dos jefes de servicio, seis coordinadores, trece “gestores de control de la convivencia”, seis “agentes de control de la convivencia” y diez agentes de apoyo, así como tres administrativos, un coordinador de intervención tratamental, un psicólogo, un trabajador social y un jurista. Se ha tirado de bolsas para encontrar a 103 trabajadores para Zubieta, sobre todo agentes de control y de apoyo, que son 86 de todos ellos. Fuentes oficiales indican que “está a punto de convocarse” una OPE de Prisiones para estabilizar la plantilla.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) conocemos de primera mano la respuesta a la pregunta del titular de este post: desde una perspectiva puramente regimental y no terapéutica. Esta realidad no solo responde a una falta de recursos médicos, sino también a la arraigada creencia de que la política del castigo soluciona los problemas. Y para el sistema, una persona con una enfermedad mental en prisión es, ante todo, un problema.

¿Qué hace la administración cuando una persona no se adapta a las normas de convivencia en una prisión? Castigar ¿Y qué hace la administración cuando esa persona tiene una enfermedad mental que le hace imposible esa adaptación? Lo mismo: castigar.

Nuestra denuncia sobre la gran cantidad de personas con patologías mentales graves encerradas en prisión es histórica; una realidad que, en muchos casos, viene precedida por una alarmante falta de tratamiento previo.

Según la Asociación Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, siete de cada diez personas internas con trastorno mental grave (TMG) no han tenido un seguimiento antes de entrar en prisión.

La decisión de encierro se hace, evidentemente, por orden judicial, ya sea como preventivos en un procedimiento penal en curso, como penados para cumplir una pena de prisión, o también como medida de seguridad de internamiento, lo cual ocurre cuando judicialmente queda acreditado que esa persona, debido a su enfermedad, es inimputable o semiimputable (carece de conciencia de la ilicitud de sus actos al cometer el delito), pero que al existir peligro de reincidencia, debe ser ingresado en un “establecimiento adecuado” a su alteración psíquica, pudiendo ser este un hospital psiquiátrico penitenciario o un recurso sanitario externo.

A pesar de ello, ¿por qué hay personas con TMG encerradas en cárceles ordinarias? Existen tres razones principales: primero, porque la patología pasa inadvertida durante el procedimiento penal, especialmente en procedimientos judiciales de instrucción rápida; segundo, por la falta de plazas en los hospitales psiquiátricos penitenciarios; y tercero, porque el propio TMG se genera o agrava dentro de la prisión.

Lo cierto es que el crecimiento de personas con patologías psiquiátricas privadas de libertad está directamente relacionado con el índice creciente de personas afectadas en la sociedad. La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental denunció en 2024 que España se enfrenta a una crisis sin precedentes en su sistema de Salud Mental, calculando que el 29% de la población sufre un trastorno psiquiátrico y denunciando la escasez de psiquiatras.

El problema de fondo sigue siendo el empeño en solucionar los problemas sociales mediante la política del castigo, en lugar de aumentar los recursos económicos y sociales que contribuyan en evitar la existencia del delito. Castigar en lugar de prevenir, cuando precisamente lo que necesitamos es lo contrario

La precariedad social incide, y mucho, tanto en la posibilidad de enfermar como de no recibir los tratamientos necesarios para dichas patologías. En este sentido, la cárcel y la precariedad social son dos vasos comunicantes que se retroalimentan de manera permanente a lo largo de la historia. La falta de recursos en nuestro sistema de protección social y sanitario incide de manera decisiva en que personas con patologías mentales y que no son tratadas preventivamente cometan delitos.

Compartimos la denuncia constante, incluso realizada por fuentes penitenciarias, de que el tratamiento psiquiátrico en las prisiones es totalmente escaso por no decir inexistente. El problema estructural de la escasez de personal sanitario en prisión también afecta a la especialidad de psiquiatríaa. Según el último informe del Defensor del Pueblo, un 69% de las plazas médicas en los centros penitenciarios están desiertas. El sistema sanitario penitenciario dispone de un médico para cada 294 internos.

La atención especializada en psiquiatría se lleva a cabo mediante médicos psiquiatras que actúan como interconsultores con diversas formas de vinculación contractual. Su dedicación varía según el centro y se limita, en el mejor de los casos, a apenas tres horas semanales, como señala la Asociación Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.

Llevamos más de 20 años de retraso para hacer efectiva la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas, en virtud la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, sólo Cataluña, País Vasco y Navarra tienen transferidas las competencias de sanidad penitenciaria, transferencia que sin duda mejorará la cobertura de plazas médicas.

A las entidades que trabajamos en el entorno penitenciario nos preocupa y nos alarma la reivindicación de medidas regimentales para abordar el problema, como el régimen cerrado o sanciones de aislamiento. Aislar a una persona en celda hasta 22 horas diarias no es un tratamiento que contribuya a normalizar su comportamiento, al contrario.

Es fundamental recordar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que prohíben el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado y, en todo caso, cuando el recluso tenga discapacidad física o mental que pudiera agravarse bajo dicho régimen así como tener presente las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas que insta al estado español a prohibir el régimen de aislamiento que exceda de quince días.

El problema de fondo sigue siendo el empeño en solucionar los problemas sociales mediante la política del castigo, en lugar de aumentar los recursos económicos y sociales que contribuyan en evitar la existencia del delito. Castigar en lugar de prevenir, cuando precisamente lo que necesitamos es lo contrario.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a cuatro años de prisión al acusado de intentar matar con un hacha a un compañero de trabajo tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El procesado, que permanece en prisión provisional, ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta, inferior a los nueve años de prisión que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La sentencia impone además al condenado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 150 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. Asimismo, deberá abonar al Servicio Riojano de Salud el coste de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.

La víctima, que compareció en el acto del juicio, renunció expresamente a percibir la indemnización de 10.975 euros que la Fiscalía había solicitado por las lesiones, las secuelas y los daños morales derivados de la agresión.

Todo ocurrió al finalizar la jornada laboral

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2024, cuando varios trabajadores finalizaban su jornada laboral y se disponían a regresar a sus domicilios en un mismo vehículo. Durante el trayecto, el acusado realizó comentarios despectivos hacia las personas de origen andaluz, afirmando que “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Después de que uno de sus compañeros, natural de Andalucía, le respondiera que no todos eran iguales, ambos iniciaron una discusión.

En el transcurso del enfrentamiento, el acusado se dirigió a una caseta de la nave, cogió un hacha y se acercó a su compañero, que ya había descendido del vehículo. Tras amenazarle con la expresión “te voy a matar”, le asestó un golpe en la cabeza que impactó en la región lateral-occipital. Posteriormente, ambos regresaron al vehículo y se desplazaron al Hospital de Calahorra para que el herido recibiera asistencia médica.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida en la cabeza que requirió tratamiento médico-quirúrgico mediante 15 puntos de sutura y permaneció 15 días en situación de perjuicio moderado.

Además, le ha quedado como secuela una cicatriz permanente en la región parieto-occipital, valorada con un perjuicio estético de tres puntos, así como el perjuicio personal derivado de la intervención quirúrgica practicada.

Toni Chavero acaba de salir en libertad tras pasar 18 años en la cárcel. Se ve desnortado, envuelto por una realidad para la que no le prepararon, y arrastra una inestabilidad mental que aplaca, como puede, junto a sus padres. No siempre se tiene tanta suerte de tener un lugar al que ir una vez excarcelado. En esos casos, la burocracia que se impone en las organizaciones del tercer sector ralentiza unos procesos que no pueden esperar. Una vez fuera de prisión, el cuidado de esa persona no es competencia de Instituciones Penitenciarias.

Ahí aparecen esas otras entidades, paradójicamente las que gozan de menos subvenciones, para conseguir un espacio en el que el excarcelado pueda pasar sus primeros días, lo que puede llegar a crear algún conflicto si la persona presenta un deterioro cognitivo severo o algún problema de salud mental.

Ana Gordaliza, educadora social en la prisión de Valdemoro (Madrid), considera que “a veces la institución penitenciaria es el último depósito de todas las problemáticas sociales”. Dada su experiencia, sostiene que las cárceles llegan a albergar a “personas con trastornos mentales graves, incluso autistas”. Y el problema llega con la excarcelación definitiva: “Ahí vemos el cometido de la institución. Más allá de hacer cumplir la finalidad retributiva de la pena, también debe preparar para la reinserción y la gente lo que se encuentra a la salida es un desierto”, comenta esta profesional.

La maraña burocrática que trabajadoras como ella se afanan constantemente en superar para que las personas excarceladas puedan encontrar un lugar digno en el que rehacer su vida se ve torpedeada por la falta de recursos, competencia habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos. “Hay gente que sale de la cárcel sin saber dónde va a dormir esa noche. Te ves en situaciones muy sangrantes, con personas muy vulnerables socialmente y sin ninguna respuesta”, sostiene la educadora de Valdemoro.

La gravedad aumenta cuando la persona sufre un deterioro cognitivo o padece algún problema de salud mental. “La prisión empieza a no ser el último, sino único recurso para ellos. Insisto en que la cárcel es el único lugar en el que siempre hay plaza y sin lista de espera”, confiesa la misma Gordaliza. La institución penitenciaria parchea esta realidad, pero saltan las costuras. “Personas con este deterioro tienen muchas dificultades para cumplir regimentalmente las normas, así que se ven en primer grado gran parte de su condena”, añade.

Como solución, esta experta propone sacar el tratamiento sanitario de estas personas a la red comunitaria de las comunidades autónomas, que no depende del Ministerio del Interior. Así, se facilitarían las derivaciones y el entrar en las listas de espera para una plaza en una residencia pública, por ejemplo. Además, ello permitiría dejar de tener una mirada tan focalizada en la retribución de la pena y más orientada en la incorporación de la persona en la sociedad que se encontrará.

Excarcelado e ingresado en un hospital en apenas horas

Lo que destaca Gordaliza tendría efectos concretos que podrían redundar en una mejora del proceso de excarcelación. No habla en abstracto. “Hace unos días, salió un hombre de 70 años que antes de ingresar vivía en su coche. Llegó a prisión con una cierta discapacidad leve diagnosticada, pero aquí comprobamos que de leve no tenía nada. Cuando hubo que ponerle en libertad, no tenía a dónde ir”, introduce la educadora social. Algunas empresas del tercer sector se ven obligadas a trabajar con una burocracia laberíntica impuesta por la Administración que no responde a tiempo a las necesidades. Por eso, en tantas ocasiones son las entidades más pequeñas, que no reciben tantas ayudas públicas, las que hacen el trabajo.

Encontraron una solución en la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar). Ingrid Muñoz, coordinadora del proyecto ‘Y después de la cárcel, ¿qué?’ de esta asociación, apunta que la situación de estos presos “es dramática desde el momento en que no están lo suficientemente atendidos en el centro penitenciario”. Fue en uno de los cinco pisos de acogida que Apromar tiene en Entrevías (Vallecas, Madrid) donde el hombre del que hablaba Gordaliza pasó sus primeras horas en libertad.

“Aquí llegan personas con trastorno de la personalidad no diagnosticado y con ciertas deficiencias que descubres a lo largo de su estancia o ves en la convivencia, pero normalmente no tienen un gran deterioro cognitivo”, asume Muñoz. Sin embargo, aquel día fue diferente. El hombre, por la tarde, defecó y lanzó sus heces por la ventana y estaba algo violento con sus compañeros de piso. Tras llamar al 112, fue ingresado en el hospital Infanta Leonor, de donde se escapó, y volvió a ser ingresado en el 12 de octubre.

“Nosotras hemos comprobado cómo la gente sale adelante cuando se le dan los recursos, y eso es lo que necesitamos, más recursos para poder atender a estas personas”, recalca la también psicóloga. Desde Apromar, donde intentan luchar contra los bulos que estigmatizan a la población presa, sostienen que estos casos suelen ser habituales.

Un informe de la Confederación Salud Mental España, publicado en 2022, ya concluía que “se han de poner en marcha urgentemente alternativas terapéuticas a los tratamientos punitivos, ya que vulneran los derechos humanos y resultan inútiles, porque no se consigue una reinserción real en la sociedad, sino más bien una entrada a una puerta giratoria alejada de la atención sanitaria”.

La red que te salva

Sucede con Toni Chavero, excarcelado hace unas semanas tras pasar casi 20 años en prisión. Un amigo le recibió a la salida del penal de Texeiro (A Coruña). Recuerda aquel momento con gran emoción. Las lágrimas brotan en sus ojos cuando dice que “debe ser un momento tristísimo salir y que no haya nadie, no tener arraigo”. Este madrileño de 55 años asegura que tener una red social fuerte “te puede salvar”. Y con salvar se refiere a no volver a caer en las drogas o tener que delinquir para sobrevivir.

Una vez libre, Chavero es consciente de cómo han disminuido sus facultades mentales en prisión. Ya no son solo los cambios a nivel social o tecnológicos, sino el estado de su salud: “Los únicos que me han ofrecido ir a un psicólogo han sido los Traperos de Emaús. Yo me he salvado por ellos y por mi red, porque siempre he estado metido en grupos de apoyo anarquistas y anticarcelarios”, determina.

Con este tipo de realidades conviven también desde la Asociación Solidarios para el Desarrollo, que trabaja tanto con personas en situación de calle como el colectivo de presos. Álvaro Crespo es el responsable de su programa ‘Cultura en Prisiones’: “Las conexiones entre el centro penitenciario y la sociedad funcionan con medios precarios. Hay personas que se quedan en un limbo de atención y que terminan en la calle por la falta de espacios a los que ir”, indica.

Este especialista en el sector admite que la institución penitenciaria ha afrontado un problema de salud mental entre los internos que “ya ha rebosado el vaso”. “La incidencia de problemas de salud mental entre las personas privadas de libertad puede triplicar a la de las personas del exterior”, cifra. El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, de la Confederación, apunta a que uno de cada tres presos ha sido diagnosticado de un trastorno mental. El Defensor del Pueblo también abordaba la problemática en su balance de 2025, donde señala el “problema estructural de la escasez de personal sanitario en prisión”.

Las dificultades para encontrar recursos

Instituciones Penitenciarias asegura a elDiario.es que ofertan programas formativos orientados a la población penitenciaria que los preparan para la libertad. Por otra parte, inciden en que su plantilla, entre la que se encuentran educadoras y trabajadoras sociales y psicólogos, “está orientada exclusivamente (por mandato legal) para intervenir con los internos mientras que se encuentran bajo” su “ tutela”.

Asimismo, detallan que “la excarcelación de las personas penadas se prepara desde los equipos técnicos, cuando las circunstancias lo requieren y especialmente en casos de personas con enfermedad mental”. Sin embargo, que lo requieran no significa que siempre lo permitan: “Los trámites a seguir en estas situaciones no los establece Instituciones Penitenciarias, sino los ayuntamientos y comunidades autónomas”.

Ante dicho extremo, añaden que “es innegable que hay serias dificultades de encontrar un recurso”. Por un lado, a la escasez existente, a nivel general de la sociedad, se unen las dificultades de ser personas que se encuentran cumpliendo una condena. Por otro lado, las profesionales no tienen un fácil acceso a los recursos comunitarios al pertenecer a diferentes administraciones, concluyen desde Instituciones Penitenciarias.

Un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por otros vehículos policiales y con la vigilancia aérea de un helicóptero, y que ha tenido que realizar varios viajes ha permitido vaciar este miércoles la cárcel de Martutene e ir llenando la nueva de Zubieta, ambas en Donostia. El viejo penal, de 1948, será derribado para levantar viviendas.

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado a Efe que algunos reclusos ya fueron conducidos este martes a las nuevas instalaciones, aunque la mayoría ha sido movida este miércoles. En total, se prevé que serán 230 los presos trasladados por la Policía, mientras que 40 ó 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 300 euros por un delito leve de lasiones, tras agredir el 12 de abril de 2025 en Leioa (Bizkaia) a dos compañeros de piso, a uno con una maza y una barra de uña de metal y al otro con aceite hirviendo de una sartén. El tribunal cree probada la intención del acusado de acabar con la vida de ambos y no ve “atisbo de credibilidad” en el testimonio del acusado cuando aseguró que su “otro yo” le dijo que acabara con ellos.

Según se recoge la sentencia en los hechos declarados probados, las agresiones se produjeron sobre las 9:30 horas del 12 de abril de 2025, cuando el acusado entró en la habitación de uno de sus compañeros de piso, y comenzó a golpearle con una maza de obra en la cabeza y después con una barra de uña de metal en la zona abdominal, según recoge Europa Press. También arrojó aceite de una sartén hirviendo sobre la cara y el cuello de otro compañero de piso por llamar a la Policía, al ver lo que estaba sucediendo.

El tribunal considera acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a 8 años de prisión y otro leve de lesiones a una multa de 300 euros, al estimar “acreditados” estos hechos en base a la prueba practicada en el juicio oral. Entre el acervo probatorio de cargo existente, ha destacado las declaraciones de las dos víctimas, en las que no se aprecia la existencia de “móviles de venganza, resentimiento o interés para perjudicar” al encausado. Además, esos testimonios han estado acompañados de datos de “corroboración externa”, entre ellos el relato de varios testigos presentes en el piso en el momento de los hechos que “coincidieron de forma casi absoluta” con lo narrado por las víctimas, y la declaración del primer agente de la Ertzaintza que accedió a la vivienda.

“El otro yo”

Frente a ello, la Audiencia de Bizkaia recuerda que la versión ofrecida por el acusado en la vista oral carece de “toda coherencia y base lógica presentando una rotunda orfandad de cualquier atisbo de credibilidad”. El procesado afirmó en el juicio que no se acuerda de lo sucedido ese día, que oía voces y que fue su “otro yo” el que le dijo que acabara con ellos, al tiempo que relató que en esa época consumía drogas. El tribunal rechaza la apreciación de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica aducida por la defensa y también las atenuantes por los mismos padecimientos, ya que los forenses que le examinaron entonces no objetivaron ninguna patología psiquiátrica aguda grave.

Además, el mismo día de los hechos se le tomaron muestras de orina y no se detectó ni alcohol ni otras sustancias como opiáceos, cocaína o cannabis. La sentencia destaca que en Osakidetza no constaban antecedentes psiquiátricos ni seguimientos por consumo/abuso de tóxicos previos a ese 12 de abril de 2025. De ello, tal como subraya el órgano judicial, “se obtiene la conclusión medicolegal de que no se puede acreditar que en el momento de los hechos el encausado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y/o volitivas”. Existencia de “dolo directo de matar”.

Por contra, considera probada la existencia de “dolo directo de matar” en la acción del acusado, ya que entró en la habitación de su compañero de piso, cuando este se encontraba vistiéndose y calzándose, portando instrumentos peligrosos (maza de obra y barra de metal), siendo conocedor de su potencialidad lesiva, y decidió hacer uso de estos golpeando a su víctima en zonas vitales, como la cabeza y la zona abdominal, mientras profería expresiones de 'te voy a matar'.

De hecho, esta víctima sufrió una fractura de bóveda craneal, así como múltiples fracturas costales y un derrame pleural “de letales consecuencias si no hubiera recibido tratamiento quirúrgico inmediato”. La otra víctima sufrió por su parte quemaduras de segundo grado superficial generalizadas en el rostro y de primer grado en el cuello. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que el acusado indemnice a sus víctimas con 6.000 y 1.500 euros, respectivamente, y le impone sendas medidas de prohibición de comunicación y aproximación a estas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado ha destacado este lunes en Donostia que la nueva cárcel de Zubieta está diseñada para la reeducación y la reinserción de presos. Además, ha asegurado que la transferencia de las competencias penitenciarias a Euskadi en octubre de 2021 supuso “un hito en la gestión de la reiserción de las personas privadas de libertad”. Zubieta sustituye a Martutene.

Grande-Marlaska ha realizado estas afirmaciones en la inauguración en Zubieta del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, en la que ha participado junto al lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Al acto también han acudido, entre otros, el alcalde, Jon Insausti, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, el obispo, Fernando Prado Ayuso, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana.

En su intervención, el ministro ha tenido palabras de recuerdo para los tres funcionarios de la prisión de Martutene asesinados por ETA entre 1990 y 1997, Ángel Jesús Mota Iglesias, José Ramón Domínguez Burillo y Francisco Gómez Elósegui. De este modo, ha destacado que la placa colocada en el nuevo centro de Zubieta, trasladada desde Martutene y en cuyo descubrimiento han estado presentes familiares de las víctimas, “recuerda que pese a aquella violencia irracional, la institución penitenciaria y sus trabajadores se mantuvieron firmes en la defensa de los derechos y libertades”.

“La memoria de estos tres servidores públicos, de todas las víctimas del terrorismo, nos ayuda sin duda a calibrar la fortaleza de nuestro sistema democrático, que apoyado en su recuerdo, ha aprendido a superar cualquier ataque”, ha afirmado, al tiempo que ha considerado esta inauguración como “un homenaje a las víctimas del terrorismo y un acto también de reafirmación democrática, porque este centro mejora de manera significativa la calidad de nuestro sistema penitenciario, lo que revela los verdaderos compromisos éticos y jurídicos de nuestra democracia”.

Tras recordar que la cárcel de Martutene fue construida en 1948 con el “único objetivo de garantizar la custodia, el encierro del condenado”, ha considerado que es “un diseño arquitectónico obsoleto que hoy se sabe equivocado y de imposible adaptación al moderno modelo penitenciario”. Además, ha apuntado que Martutene ha sido “fagocitada por el crecimiento de la ciudad” y su desaparición permite la planificación urbanística necesaria para “dar respuesta” a demandas de la capital guipuzcoana como la de liberar “un espacio estratégico para el desarrollo del barrio” con la edificación de nuevas viviendas gracias a la promoción conjunta de los gobiernos central y vasco y el Ayuntamiento donostiarra.

Otra de las necesidades está relacionada con el factor medioambiental y de seguridad, porque esa zona de la vega baja del río Urumea necesita “obras hidráulicas vitales, algunas de las cuales son inviables mientras esta infraestructura penitenciaria permanezca inamovible en el epicentro de la ciudad”, ha señalado. El ministro del Interior ha destacado que el ubicado en Zubieta es “uno de los centros penitenciarios más modernos de España”, tras una inversión total de 80 millones de euros, y ha incidido en que se trata de un edificio “diseñado para cumplir el mandato constitucional”

Grande-Marlaska ha recordado que, cuando presentaron este proyecto, en diciembre de 2020, “no faltaron las críticas por acometer una iniciativa de esta envergadura que antes o después acabaría en manos de la Administración vasca”. “Quienes así piensan, tienen una concepción equivocada del servicio público, en la que prima el rédito político obtenido por los gestores sobre el interés general de la ciudadanía, y entendemos que es un error, no por extendido menos grave”, ha manifestado.

El titular de Interior ha resaltado la importancia de que la Administración autonómica “más cercana” tenga la oportunidad de “aplicar un modelo de proximidad ajustando a los recursos de las instituciones existentes en el territorio y que son colaboradoras necesarias”. Así, ha resaltado, que al gestionar Euskadi sus propias cárceles, “el sistema potencia el arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad que conservan sus vínculos afectivos y que es un factor absolutamente relevante para el éxito del posterior abandono de la actividad delictiva”. “La prisión no puede funcionar de manera aislada al resto de la sociedad. La colaboración entre la administración penitenciaria y otras entidades cercanas es vital para evitar la ruptura social y mitigar los efectos negativos de la privación de libertad”, ha concluido.

Por su parte, el lehendakari ha defendido que el modelo vasco penitenciario “debe regirse por principios irrenunciables como son el humanismo, la integración y la reinserción” sin que ello suponga caer en el “buenismo ni la ingenuidad”. Además, ha recordado a la sociedad que el Gobierno vasco mantendrá “el máximo rigor en la persecución y en la aplicación de la ley ante quienes cometen delitos”, si bien es necesario “huir de los discursos de odio, revancha y estigmatización porque no contribuyen al objetivo de prevenir la reincidencia y favorecer la cohesión social”.

“El objetivo no es ver sufrir a la persona presa, sino prepararla para la integración y convivencia en la comunidad. Ofrecer acompañamiento, formación y oportunidades de trabajo para reparar en la medida de lo posible el daño causado y construir una nueva vida”, ha subrayado. El lehendakari también se ha dirigido al propio personal del centro penitenciario, a quienes ha agradecido su labor, ya que “este trabajo no cuenta en muchas ocasiones con el reconocimiento social que se merece” y también se ha dirigido a las personas reclusas para recordarles que “el camino de la reinserción se construye tanto sobre derechos como obligaciones” y eso “conlleva exigencia, responsabilidad y compromiso”.

“Depende de vosotros hacer que el delito no defina vuestra personalidad: reconocer el daño causado, contribuir en lo posible a repararlo, y aprovechar las oportunidades que se os ofrecen para reconstruir vuestra vida”, ha manifestado Pradales. Finalmente, ha considerado que el cierre de la cárcel de Martutene y la apertura del centro penitenciario de Gipuzkoa, que ha sido posible “por una fructífera colaboración con la Administración del Estado”, supone “una nueva etapa de transformación para Donostia, Gipuzkoa y Euskadi”. Así, ha mostrado su confianza en que la gobernanza colaborativa permita construir 400 viviendas protegidas para seguir desarrollando el barrio de Txomin Enea.

En la misma línea, la consejera San José ha considerado: “Hoy damos un paso que marcará el presente y el futuro de nuestra política penitenciaria”. A su juicio, el centro penitenciario de Zubieta, “simboliza un paso decisivo en el compromiso de Euskadi con un modelo penitenciario propio, responsable y profundamente humano. ”A partir de hoy, Euskadi se constituye como una administración penitenciaria integral. Pero este logro no se mide únicamente en términos de gestión o de competencias. Se mide, sobre todo, en nuestra capacidad para dar cumplimiento al mandato constitucional que guía nuestra acción: que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social“, ha sostenido.

El papa León XIV ha realizado uno de los actos de mayor simbolismo en su viaje a España. El pontífice ha visitado la cárcel de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona), donde ha escuchado las breves palabras que le han dedicado dos internas, Montserrat López y Josefina.

“Nos alegra que esté aquí porque muchas veces nos sentimos olvidadas”, ha expresado, a escasos metros del pontífice, Montserrat López, que ha confesado a Robert Prevost que no siempre fue creyente.

“He experimentado la muerte de las personas que más quería, y me he enfrentado al silencio de Dios. No entendía por qué Dios se habia llevado a mi hijo, para mí era el culpable de todo, pero hoy pido perdón a Dios por todo”, ha aseverado López.

Josefina, la otra interna que ha hablado ante el Papa, ha señalado: “Aquí en la prisión no estoy sola, Jesús me da fuerzas y vida lo siento dentro de mí. Si no fuera asi no sé como habría podido soportar todo esto, pero esto pasará, retomaré mi vida y seguiré dando gracia a Dios”.

La parada en Brians 1 ha sido una de las sorpresas del viaje del Papa a España. Una visita anunciada a última hora, y que León XIV pidió expresamente. Es la primera vez que un Papa acude a una cárcel en España, aunque Robert Prevost ya había visitado un centro penitenciario en su viaje a Guinea del pasado abril.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha enfatizado el pontífice, que ha acompañado con sus palabras el simbolismo de una visita que es una forma de visibilizar a un colectivo, los presos y presas, a menudo olvidados por buena parte de la sociedad.

En la selección de los 80 presos que han acudido al auditorio de la cárcel para el acto con el Papa no se ha discriminado a nadie por el tipo de delito cometido, sino que se ha primado la antigüedad en la asistencia a la eucaristía, que en Brians se celebra el sábado y el domingo a cargo de los sacerdotes Jesús Bel (para los hombres) y Jesús Roi (mujeres).

El director de la cárcel de Brians 1, Jordi Pons, ha dado la bienvenida al Papa, y le ha explicado que los 80 presos y presas asitentes al acto, provinentes de los centros penitenciarios de Birans 1, Brians 2 y Wad Ras, “representan la comunidad cristiana de Catalunya”.

“Gracias por mirarnos con ojos de misercordia y por decirle al mundo que existimos, sufrimos y que queremos levantarnos y seguir adelante”, ha dicho el padre de Brians 1, Jesús Bel.

La quinta etapa del viaje del Papa a España, que sucede íntegramente en Catalunya, continuará con una agenda de marcado carácter religioso, simbólico y social: la visita al milenario monasterio de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí del Raval de Barcelona, que atiende a colectivos vulnerables, y el plato fuerte de su viaje, la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Este miércoles acompañaban al Papa el president de la Generalitat, Salvador Illa, muy emocionado con el recibimiento de Catalunya ha dado al pontífice; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y el obispo de Sant Feliú, Xabi Gómez, que desde hace años trabaja con las realidades de la migración y la marginación, y que ha sido uno de los impulsores de esta visita.

Tras escuchar los impactantes testimonios de las presas, el Papa ha lanzado un llamamiento al futuro, también, al que existe (porque existe) fuera de lo muros de la prisión. “Ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y de perdonar”, ha subrayhado el pontífice.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha repetido León tras escuchar las palabras de Montse y Josefina, y el trabajo del padre Jesús Roi, el capellán del centro penitenciario. Ante ellos, el Papa ha recalcado uno de los mantras que van marcando su pontificado, el de la dignidad de toda persona, venga de donde venga, con sus heridas, su pasado y sus oportunidades.

“Todo ser humano es 'digno' por el mero hecho 'de haber sido querido, creado y amado por Dios'”, ha subrayado el pontífice, quien ha insistido en que “no existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada”.

Esta es, para León XIV, “una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuánto bien o mal hayamos hecho”, pero especialmente para aquellos que “lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís, además, a causa de vuestra actual condición”.

“Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha agregado, insistiendo en que “”en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones“.

“Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar”, ha añadido el Papa, quien ha invitado a los reclusos y reclusas a “seguir soñando el sueño de Dios”, finalizó.

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El módulo de mujeres de Brians 1 anda “revolucionado” con la visita del papa León XIV. Así lo admite Montserrat López, una de las dos internas que hablará ante el papa en la primera visita de la historia de un pontífice a una cárcel española. Esta barcelonesa rehúsa avanzar qué le dirá al jefe del Vaticano. “Es top secret”, dice, risueña.

El acto que celebrará León XIV con unos 80 presos catalanes el próximo miércoles apenas durará 20 minutos, pero ha llenado de ilusión a los internos católicos. La parada de un papa en una cárcel es una forma de visibilizar a un colectivo olvidado por buena parte de la sociedad. “No somos escoria”, recalca Josefina, otra de las internas. Todavía cuesta mirar a la cárcel sin prejuicios.

Todo son palabras de elogio para León XIV, a quien las internas agradecen haber puesto en el mapa a Brians 1, el centro de referencia de preventivos en Catalunya donde permanecen algo más de un millar de internos. “Olvidarse de la gente que está en prisión es muy fácil”, constata otra presa, Maite.

“Es muy fuerte que el papa nos tenga en cuenta y no haga excepciones con nosotras”, celebra López. “Es tremendo, es que es el Papa”, exclama esta interna varias veces durante el encuentro con periodistas organizado por la Generalitat este viernes.

Montserrat López se confiesa “muy nerviosa” por conocer al Papa. Una de sus preocupaciones es que no sabe todavía qué ropa ponerse. “Yo siempre voy deportiva y de blanco no se puede ir, así que me van a tener que dejar algo”, asevera.

“Yo estoy aquí, pero no he hecho daño nunca a nadie”, deja claro López, que encontró la fe en prisión gracias al padre Jesús Roi, el cura de las mujeres de Brians 1. “Estoy contenta del cambio que he dado en mi vida gracias a la fe”, apostilla. Su compañera interna Elisabeth Vaca, por el contrario, es creyente desde pequeña. “La Montse lo va a hacer muy bien con el Papa”, declara sobre su compañera.

Si ya es difícil visibilizar la prisión, las mujeres internas lo son todavía más. “Estar aquí es duro”, remarca Josefina, peluquera del módulo. Brians 1 es la tercera cárcel catalana más poblada, con 1.098 internos, de los que solo 129 son mujeres. Igual ocurre en el conjunto del sistema de cárceles de la comunidad, donde las presas (502) son una minoría frente a los 8.855 presos hombres. 

La parada de León XIV en Brians 1 antes de acudir al milenario monasterio de Montserrat surgió casi en el último momento. Fue una iniciativa del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, al valorar la parada de Robert Prevost en otro centro penitenciario durante su viaje apostólico a Guinea Ecuatorial el pasado mes de abril.

El equipo del Vaticano aceptó en seguida la propuesta catalana, lo que según Espadaler muestra la sensibilidad del Papa a todos aquellos que están “en los márgenes”. “Hablar de esperanza en un lugar como una prisión tiene mucho sentido”, ha sostenido.

En la selección de los 80 presos que podrán acudir al auditorio de la cárcel para el acto con el Papa no se ha discriminado a nadie por el tipo de delito cometido, sino que se ha primado la antigüedad en la asistencia a la eucaristía, que en Brians se celebra el sábado y el domingo. “Después de saber que venía el Papa, se dispararon las peticiones”, ha ironizado el sacerdote Jesús Bel, uno de los dos párrocos de Brians.

“En la pastoral penitenciaria no se preguntan por los delitos porque no somos jueces, nuestro papel es con las personas”, ha explicado Bel, que mostró una mirada humana y antipunitivista en una entrevista con este diario hace unos días.

Durante el acto del próximo miércoles, que consistirá en un canto de bienvenida, el testimonio de dos internas, y unas palabras y la bendición del Papa, los internos harán entrega a Robert Prevost de un plato cerámico de unos 30 centímetros confeccionado en los talleres y murales. En el auditorio también se exhibirán arreglos florales, cuadros y murales realizados por los presos.

La próxima visita del Papa también ha servido a los colectivos de familiares de presos y en defensa de los derechos humanos para denunciar las condiciones de la cárcel. Tal y como han advertido varios informes del Consejo de Europa, el colectivo Dret i Presó, en una carta dirigida a León XIV ha denunciado que Brians 1 “no cumple los protocolos internacionales”.

Los problemas en esta cárcel, lamenta Dret i Presó, se concentran en el deterioro de la salud mental, la aplicación de medidas que el Consejo de Europa ha pedido prohibir, como el régimen de aislamiento, y también el uso “abusivo” de la práctica de contenciones mecánicas.

En la cárcel de Brians 1, que tiene varias de sus instalaciones en obras desde hace meses, este viernes se daban los últimos retoques (algunos de ellos, a cargo de los propios internos) para la visita papal: se han repintado algunas paredes y vallas y limpiado a fondo los patios. En la entrada, ya lucía una bandera del Vaticano junto a la de España y la de Catalunya. Todo está listo para recibir a León XIV.