Los sindicatos penitenciarios redoblan la presión al Govern a costa de los derechos de los presos

El teléfono de Carles Martínez no ha dejado de sonar desde primera hora de la mañana. Este abogado, presidente de la comisión de derecho penitenciario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), ha canalizado las quejas continuas de sus colegas ante una de las jornadas más complejas de la historia reciente del sistema penitenciario catalán: la protesta de los sindicatos penitenciarios por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno ha derivado en una vulneración de derechos de los internos, a los que, en algunos casos, se ha impedido reunirse con sus letrados o realizar las visitas familiares programadas. “Llevo 20 años en la abogacía y nunca había visto esto”, confiesa, a título personal, Martínez.

Las prisiones catalanas vuelven a ser un polvorín. Un conflicto larvado desde hace tiempo sobre la seguridad en los centros –que todas las partes admiten que ha empeorado–, pero que ha escalado de forma exponencial debido al crimen de la cocinera de Tarragona. Colectivos a priori dispares como abogados, familiares de presos o exresponsables políticos del sistema penitenciario catalán han llamado a los funcionarios para que el conflicto se canalice por vías que no supongan aumentar más la tensión en las cárceles y la vulneración de derechos de los internos. De momento la petición no ha tenido éxito.

“Yo estoy de acuerdo con algunas reivindicaciones de los funcionarios, pero lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores”. Así se expresa, en conversación con elDiario.es, Marta, una familiar de un interno de Quatre Camins que prefiere no revelar su apellido por miedo a represalias. “Algunos presos empiezan a estar más agresivos, y no dejar entrar a los trabajadores sociales y a los educadores no ayuda”, denuncia.

Uno de los miembros de estos dos colectivos relata a esta redacción el ambiente en este centro penitenciario catalán. La condición vuelve a ser el anonimato. “Los trabajadores nos sentimos inseguros, en eso todos estamos de acuerdo”, expone. Al mismo tiempo, este profesional penitenciario constata cierta división entre los empleados directamente enfocados a la reinserción –juristas, trabajadores sociales, educadores–, más partidarios de la negociación con el Govern, y los funcionarios responsables de la seguridad en los centros y de régimen interior, favorables a mantener la línea dura en la protesta. Esta percepción la corrobora otra fuente penitenciaria, que también solicita no ser identificada.

“He escuchado gritos de 'esquirol' a compañeros que querían ir a trabajar... Al final los que están pillando son los que están dentro, que están con turnos de 24 horas”, constata este profesional penitenciario, que advierte: “Nos pueden sancionar perfectamente por no ir a trabajar sin tener una huelga convocada”.

El responsable de UGT-Prisiones, Xavier Martínez, ha admitido, a preguntas de este diario, que los sindicatos no convocan formalmente una huelga porque los servicios mínimos que se impondrían harían perder efectividad a las protestas. “Estamos dispuestos a negociar, pero siempre con la premisa de que el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, sea cesado”, ha apostillado.

Por su lado, un nutrido grupo de exresponsables políticos de las prisiones catalanas ha hecho este lunes, en una carta en el diario ARA, un llamamiento a que la calma vuelva a los centros y retomar la vía de la negociación. “Las situaciones de bloqueo suponen un grave riesgo para mantener el orden interno en los centros penitenciarios, que depende de un equilibrio difícil entre ejercicio de autoridad y capacidad de persuasión para hacerla aceptable sin violencia”, recuerda el exconseller de Justicia Josep Maria Vallès, uno de los firmantes de la misiva.

Indignación entre abogados y preocupación de los jueces

Los colegios de la abogacía de toda Catalunya también han censurado los métodos sindicales. “El legítimo derecho a la protesta en ningún caso debe impedir el derecho a la defensa”, ha criticado el Consejo Catalán de la Abogacía, que ha advertido de que el hecho de que la acción no se desarrolle mediante la convocatoria de huelga (y la correspondiente implantación de servicios mínimos) “afecta a la asistencia letrada y de comunicación de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas”.

Además del derecho a la defensa y de la reinserción de los presos que no han podido acudir a su centro de trabajo fuera de la cárcel, el bloqueo sindical también ha comportado que en varios centros los internos no hayan podido acudir al economato, salir de permiso o a visitas médicas, así como las actividades educativas, laborales y de tratamiento que se realizan a diario.

Una abogada, que no ha podido acudir a una visita programada con un cliente en la cárcel de Figueres, ya ha denunciado los hechos ante el juzgado de guardia, que ya abierto diligencias. Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mostrado la preocupación de la judicatura en la que pide a la Generalitat que le informe sobre la afectación de la “huelga” de funcionarios, pese a que las protestas se desarrollan de forma alegal, sin una huelga formal convocada.

Lejos de ceder a las críticas, los sindicatos penitenciarios han redoblado el pulso contra el Govern y no han asistido a ninguna de las dos reuniones a las que el Ejecutivo catalán les había convocado este lunes. Tampoco lo harán este martes. Conscientes de la debilidad de un Ejecutivo en funciones y que acaba de convocar elecciones anticipadas, los sindicatos han advertido de que no se sentarán en la mesa hasta que cese el el responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó.

Con todo, se ha abierto una grieta en el inmovilismo sindical. Este lunes, en un reconocimiento implícito de errores en la gestión del asesinato de la cocinera de la prisión de Mas d'Enric, la conselleria de Justicia se ha comprometido a reforzar la vigilancia de las cocinas de las cárceles tras una reunión con el comité de empresa del Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), la empresa pública en la que trabajaba la cocinera asesinada por un interno (que después se suicidó)

De esta forma, la Generalitat empieza a hallar una interlocución con trabajadores penitenciarios, si bien el Govern no ha tomado ninguna decisión sobre si se debe cesar al responsable de la prisión de Mas d'Enric que decidió que un preso condenado por asesinato con arma blanca podía trabajar en una cocina en la que se manejan cuchillos. Durante cinco años el interno no tuvo conductas problemáticas en la cocina, pero el riesgo “estaba ahí”, admiten fuentes penitenciarias.

La conselleria de Justicia, Gemma Ubasart, ha emplazado a los sindicatos penitenciarios a una nueva reunión de este martes tras el plantón de este lunes para darles más información sobre el asesinato. Además, ha insistido en negociar y en convertir en estructurales las medidas temporales para incorporar a más profesionales penitenciarios que ya aprobó el Govern. “El bloqueo al diálogo no se entiende”, ha afeado Ubasart a los sindicatos.

El dirigente sindical Xavier Martínez también ha restado importancia a las quejas de familiares de presos y abogados, que ha tildado de “daños colaterales”. “Que un abogado no pueda contactar con un interno un día pues no es el problema más importante, si todo va bien podrá hacerlo la semana que viene. El problema principal es que nuestra vida corre peligro dentro de las cárceles porque trabajamos en un ambiente hostil y violento”, ha aseverado.

Las posiciones siguen enconadas, toda vez que el Govern no tiene intención de cesar a Calderó, que pese a ser el blanco de las críticas sindicales es un responsable penitenciario muy bien considerado por políticos de todos los colores. Calderó representa la apuesta histórica del sistema penitenciario catalán, que celebra 40 años del traspaso de competencias, por un modelo que priorice el derecho constitucional a la reinserción y abandone la concepción decimonónica de la prisión como castigo.

La protesta de los trabajadores también se ha dejado notar en el mundo judicial: se han anulado ocho traslados de presos y se han visto afectados 41 juicios, 18 videonconferencias y otras 60 diligencias judiciales. Además, este lunes no se han podido realizar videoconferencias o visitas pactadas entre clientes y letrados.

El impacto de la protesta no se limita al derecho de defensa de los internos. Más allá del efecto en las actividades diarias de los centros que este lunes no se han podido desarrollar, también se han visto truncados aspectos fundamentales como la visita mensual de hijos de presas a la cárcel de Wad-Ras. “Para ellas ver a sus hijos es la vida y este sábado se la quitaron”, lamenta la familiar de una de las internas.