La Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, Formaster, la patronal que aglutina a las grandes empresas de formación vial en España, ha solicitado por carta al responsable de la Jefatura de Tráfico de Toledo y al subdelegado del Gobierno en la provincia su “implicación seria y contundente” para solucionar las listas de espera para un examen del carné de conducir.

Según los datos de la patronal más de 5.600 alumnos y alumnas de las autoescuelas están a la espera de poder examinarse tanto de la prueba teórica como de la práctica. El periodo, asegura, puede superar los tres meses de espera y “es insufrible para las autoescuelas y ciudadanos de la provincia de Toledo y que impide dar una formación vial de calidad”, lamenta.

Es, dice Formaster, “un problema que lleva demasiado tiempo enquistado en la provincia y que tiene a los ciudadanos como rehenes y donde la administración no está cumpliendo su función de servicio público”. Habla incluso de una situación que se prolonga desde hace diez años.

A día de hoy, las autoescuelas de la provincia de Toledo no tienen plazas para examinar a sus alumnos del teórico hasta finales del mes de septiembre. El 85% de ellos esperan para sacarse el carné de coche, más del 6% para un carné de moto y el 3% para un carné de profesional y para vehículos pesados. Hay que tener en cuenta, recuerda la patronal, que muchos ciudadanos eligen las fechas de verano, con sus vacaciones, para examinarse, conseguir el carné y así poder acceder al mercado laboral en el mes de septiembre.

También alertan de que esta situación “puede llevar a la ruina a muchas pequeñas empresas del sector de la Formación Vial y a perjudicar seriamente a los ciudadanos de la provincia de Toledo”.

Una queja formal, en forma de carta

Formaster ha formalizado una queja institucional ante el jefe provincial de Tráfico en Toledo, Francisco Javier Caparrini, y al subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, con el objetivo de denunciar la “crítica” situación organizativa en la que se encuentran las pruebas para la obtención de los permisos de conducción en la provincia y para exigir la adopción de medidas correctoras.

Denuncian falta de planificación y un calendario estable del número de pruebas porque “a diferencia de lo que ocurre en otros centros de exámenes en Toledo no se publican con la suficiente antelación las convocatorias de exámenes tanto prácticos como teóricos, lo que impide que las autoescuelas puedan coordinar sus recursos, tanto humanos como materiales”.Tampoco es posible, dicen, preparar de mejor forma a los alumnos y futuros conductores. Además, “los ciudadanos no tienen una información mínima sobre cuándo van a poder presentarse”, advierten.

Por otro lado lamentan el “colapso” en los plazos de exámenes. Actualmente, la lista de espera a la que debe enfrentarse un alumno que se quiere sacar un carné de conducir son de más de tres meses. “Esto paraliza y perjudica para aquellos ciudadanos que quieren presentarse a pruebas de sección de personal y futuros trabajos u oposiciones públicas”.

Después hablan de “desigualdad territorial y perjuicio económico” porque en Toledo, el sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud) de la DGT, el algoritmo que reparte equitativamente las plazas para el examen práctico de conducir entre las autoescuelas “no se utiliza con los mismos criterios que en otras provincias lo que genera una alarmante desigualdad”, según denuncian.

Hasta el punto de que “muchos ciudadanos toledanos se están desplazando a otras provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha o de otras comunidades para poder examinarse en unos plazos razonables, asumiendo ese sobrecoste el alumno y mermando la capacidad económica de las autoescuelas y centros de formación vial, principalmente pequeñas empresas, de la provincia de Toledo”.

“No nos consta queja de las asociaciones de autoescuelas”, responde la DGT

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha explican, tras haber recibido la carta, que el remitente “no representa a las autoescuelas”, y que en cualquier caso se trata de un “problema resuelto” puesto que “se ha reforzado la plantilla de examinadores” y en concreto hay “dos personas que examinan los sábados”.

Según las mismas fuentes, desde la DGT se ha respondido a Formaster asegurando que “a juicio de esta Jefatura [de la DGT], no consta ni que, por parte de las asociaciones de autoescuelas acreditas en esta provincia, ni tampoco que, por parte de ningún propietario de autoescuela autorizada para presentar solicitudes en Toledo, queja alguna en relación con lo que usted plantea”, en alusión a la queja.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

No habían pasado ni 24 horas desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldara la figura de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en su comparecencia ante el Senado, cuando cayó como un jarro de agua fría la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que fuera imputada en el caso Leire Díez. El juez instructor de esta causa, Santiago Pedraz, ventilaba el asunto con una providencia escueta: el primer cargo público del Gobierno acababa de ser citado a declarar en calidad de investigada por su posible participación o colaboración con la trama capitaneada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta 'fontanera' del partido Leire Díez.

Marlaska ubicaba “fuera del Ministerio del Interior” la trama que buscaba acabar con determinadas investigaciones que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el informe de las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen que sustenta la imputación tanto de Mercedes González como del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, intenta echar por tierra esta tesis. O al menos la pone en duda al situar el foco de la investigación tanto en la supuesta relación estrecha de González con Leire Díez como en los extraños movimientos que llevó a cabo el DAO para primero retener información relevante sobre la operación en contra de la UCO, y segundo para abrir investigaciones internas -las llamadas informaciones reservadas- en el seno de la Benemérita contra los guardias civiles encargados de las pesquisas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

Mercedes González no es el primer cargo público al que imputa el juez Pedraz en el marco de esta causa. La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, ya consta como investigada desde el pasado lunes. Pero la directora de la Benemérita sí es el primer cargo de confianza del Gobierno que es citada por esas maniobras que la presunta trama llevó a cabo para entorpecer la actividad policial de la UCO. Escala así a la esfera gubernamental y rompe la barrera simbólica que parecía haber acotado el asunto en el PSOE con la imputación de su gerente Ana Fuentes. Ahora los investigadores no solo creen que la formación socialista financió o sufragó gastos para permitir esa actividad de fontanería que realizaba Leire Díez, sino que consideran posible que esa red hubiera permeado en algunas instituciones públicas tan relevantes como la dirección general de la Guardia Civil.

Las fiscales han visto indicios de que ambos altos cargos pueden haber cometido un delito de prevaricación y un delito contra la administración de Justicia. Ese segundo delito, que está tipificado en el artículo 468 del Código Penal, indica que será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión “el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento”. Y en esa posible intimidación está la clave, porque el Ministerio Público conecta las reuniones y comunicaciones de Leire Díez y Mercedes González con determinados movimientos en el seno de la Guardia Civil que podrían haberse orquestado para dificultar la labor investigadora de los agentes de la UCO.

La Fiscalía entiende que la organización investigada, que comenzó a operar desde 2021, amplió en un momento dado “su radio de ilícita actuación” más allá de los presuntos amaños en la contratación pública. Se enfocó así en la comisión de diversos delitos relacionados con la corrupción y a otros nuevos contra la administración de justicia o las instituciones del Estado “para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y a ellos mismos”.

Las informaciones reservadas y la nota de despacho

De hecho, consideran que, de lo investigado, se desprende que, tras penetrar en entidades como la SEPI para lograr la celebración de contratos públicos en los que ellos pudieran resultar beneficiados, también buscaron “lograr la connivencia de otras instituciones del Estado para neutralizar o frenar las investigaciones que les pudieran afectar”. Las fiscales consideran que esa utilización de organismos “se habría prolongado en el tiempo más allá de 2023” y que “existen indicios de que podría persistir hasta la actualidad”.

La Fiscalía indica que se ha tenido conocimiento de que Leire Díez tenía una “relación personal” con la actual directora de la Guardia Civil, y que pudo utilizar esa relación “para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado” en orden a entorpecer las investigaciones de la UCO. Explica que constan diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. En ese contacto, tanto personal como por teléfono pudo fraguarse, cree, los movimientos para socavar el trabajo de los investigadores.

En concreto, las fiscales se fijan especialmente en la apertura de hasta tres investigaciones internas -informaciones reservadas- en el seno de la Guardia Civil para indagar en posibles filtraciones que emanaran de la UCO. Consideran que, de acreditarse que esas investigaciones fueron “arbitrarias y manifiestamente injustas en contra del interés público” se estaría ante un delito de prevaricación porque la apertura de esas 'informaciones reservadas' constituye un acto administrativo “y no un mero acto interno” de la Benemérita.

La primera de esas informaciones reservadas se abrió el 4 de diciembre de 2024 para indagar en la filtración a medios que permitió conocer la cuenta de mail de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación abierta en Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. Las fiscales consideran que esa resolución se dictó “después de que el DAO conociera la naturaleza accidental del volcado de dicha información al procedimiento”.

La segunda data de 12 de mayo de 2025, y se abrió a raíz de un artículo de El Mundo que recogía conversaciones entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Este asunto fue archivado de plano. El Ministerio Público explica que hubo un contacto telefónico entre Mercedes González y Leire Díez un día antes, el 11 de mayo, en el que la 'fontanera' le comunicó que había conocido casi inmediatamente a través del letrado de Ábalos “que la filtración no provenía de la UCO”. El instructor de la investigación interna decidió hablar sobre esa filtración con el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que era quien investigaba a Ábalos, “y fue la contundencia de la respuesta que recibió” de ese juez la que “llevó al dictado del archivo de la información reservada sin la práctica de diligencia alguna”.

La última de las informaciones reservadas partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Mas allá de esas investigaciones internas, la Fiscalía explica que consta una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con fecha de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

La Fiscalía indica que esa información fue “ocultada” por el DAO a la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil (responsable de los agentes de la UCO que participan en investigaciones bajo tutela judicial) durante días, hasta que se entrevistó el 8 de mayo con el general al mando de esa unidad. Esa reunión se producía porque el general quería dar cuenta al DAO de que la UCO le había informado de hechos semejantes a los que recogía la nota de despacho que ya tenía. Fue entonces cuando Llamas le traslado al jefe de la Policía Judicial que “esos hechos eran conocidos por la directora general y le hizo entrega de la nota de despacho de 29 de abril, que hasta entonces no se había hecho llegar a la UCO”.

Sobre estos extremos, González y Llamas, deberán declarar el próximo 16 de julio en calidad de investigados. Por de pronto, el Gobierno mantiene su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantea su cese tras la imputación de ayer. Mientras, el principal partido de la oposición no solo pide la destitución de la directora de la Guardia Civil sino también del ministro del Interior. Califican a González como “la Roldán de Pedro Sánchez”.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

La Comisión de Personal de la Policía Foral, integrada por la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en el cuerpo, ha criticado en un comunicado la “grave situación de colapso técnico y operativo que atraviesan numerosas áreas y comisarías territoriales como consecuencia de la falta de personal”. Una situación, según advierten, que compromete “tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como la calidad del servicio público de seguridad que se presta a la ciudadanía”.

Los representantes sindicales denuncian que el cuerpo policial navarro “cuenta con alrededor de 1.150 efectivos”, una cifra inferior a los “1.200 agentes que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España acordaron como objetivo en la Junta de Seguridad celebrada en 2009”. Una junta que “más de quince años después” no ha vuelto a ser convocada, y alertan que la “insuficiencia de plantilla resulta especialmente llamativa si se compara con la carga de trabajo que soporta el cuerpo”. Policía Foral “dispone de un ratio aproximado de 1,7 agentes por cada 1.000 habitantes, inferior al de otras policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra y, de forma incomprensible, también inferior al del resto de cuerpos policiales que operan en Navarra”.

“Pese a representar poco más del 25 % de los efectivos policiales existentes en la Comunidad foral, la Policía Foral asume aproximadamente el 50% de los delitos denunciados, investiga el 42% de los delitos estratégicos, interviene en el 70% de los accidentes de tráfico, realiza el 80% de las investigaciones de accidentes mortales y tramita el 70% de las imputaciones por delitos contra la seguridad vial”, reclaman. Una situación a la que “se suman otros factores que agravan la situación”, como “el incremento continuado de la criminalidad, la próxima asunción en exclusiva de las competencias de tráfico, el envejecimiento de la plantilla (con una edad media cercana a los 50 años), el aumento de las jubilaciones y el escasísimo número de plazas convocadas en los últimos tres años, apenas 34 plazas de agente”.

Por ello, expresan que el cuerpo policial “ha llegado al límite de su capacidad”. “En algunas unidades especializadas, como las dedicadas a la violencia de género o a los delitos contra la libertad sexual, ya se está valorando derivar investigaciones a otros cuerpos policiales por la imposibilidad de asumir la carga de trabajo con los efectivos disponibles”, señalan. Una situación que “no responde a problemas puntuales de organización”, sino a una escasa “planificación y previsión por parte del Gobierno de Navarra”.

“Existe un riesgo real de deterioro del servicio público de seguridad”, expresaban ante la necesidad de adoptar “medidas inmediatas” en un momento en el que Navarra “afronta un periodo de máxima exigencia operativa con la celebración de Sanfermines y otros eventos multitudinarios del verano”. Desde la comisión, además de trasladar “propuestas para afrontar esta situación”, han pedido la “implicación tanto de la Jefatura de la Policía Foral como del Departamento de Interior” con el fin de “convocar la Mesa Sectorial y, especialmente, la Junta de Seguridad entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, órgano imprescindible para planificar el desarrollo de la Policía Foral” para poder “garantizar” el futuro del cuerpo.

De otra manera, “no será posible planificar adecuadamente las próximas convocatorias de ingreso, desarrollar la incorporación de efectivos mediante la pasarela prevista para guardias civiles, ni culminar con garantías la asunción plena de competencias como la de Tráfico”. “Pero, sobre todo, seguirá comprometiéndose el ejercicio ordinario de las funciones que la Policía Foral ya desempeña”, han añadido. Exigen al Gobierno de Navarra que “apueste de manera decidida por la Policía Foral, cumpla el mandato del Parlamento de Navarra de consolidarla como policía integral y de referencia, y convoque de forma urgente la Junta de Seguridad”. “Solo así podrá garantizarse que la ciudadanía siga recibiendo el servicio público de seguridad que merece”, declaran.

Preguntado por este tema, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado que “si algo ha hecho este Gobierno en la anterior legislatura y en esta es precisamente reforzar tanto el número de efectivos como también la ampliación de competencias de la Policía Foral”. “He de recordar también la aprobación a principios de esta legislatura del reglamento de jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral”, ha apuntado.

Según Remírez, “hoy la Policía Foral está mejor preparada, está en mejores condiciones laborales, está en mejores condiciones de efectivos, de recursos y de medios”. “LLógicamente, también hay una petición por parte de la comunidad foral, que se tiene que sustanciar en esa Junta de Seguridad, de aumentar los efectivos hasta los 1.500, lo que es una petición que está encima de la mesa para que se vea satisfecha, para cubrir las necesidades primero del incremento de agentes para asumir íntegramente la competencia de tráfico y también en otras funciones que ahora mismo necesitamos reforzar”, ha señalado.

Javier Remírez ha indicado que “el Gobierno de Navarra convoca en cada momento el máximo número de efectivos que es posible convocar” en las ofertas públicas de empleo (OPE). “Ahora mismo hay una limitación de 1.200 efectivos en total, y por tanto lo que hacemos es convocar cada año, aprobar la oferta pública de empleo y luego la convocatoria oportuna para alcanzar siempre el número máximo de efectivos que tenemos posibles en cada momento”, ha afirmado.

Este 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, cumple 11 años de vigencia. La norma fue una de las últimas aprobadas por la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el PP de Mariano Rajoy en el Congreso y desde el momento de su puesta en marcha fue rechazada de manera unánime tanto por la izquierda como por formaciones nacionalistas de derechas como el PNV o CiU, posteriormente Junts. El mismo día de su aprobación, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió que derogaría la norma instaurada “por el rodillo del PP” cuando alcanzara el Gobierno. Pero, aunque ha habido varias intentonas, la ley mordaza sigue plenamente vigente y su reforma lleva varada en el Congreso más de un año.

La ocasión en la que más cerca estuvo la ley mordaza de ser derogada fue la pasada legislatura. Pero entonces, las tensiones entre el PSOE, por un lado, y ERC y EH Bildu, por la otra, dieron al traste con las negociaciones en una de las últimas fases de la tramitación de la reforma, cuando los grandes pilares de la nueva ley de seguridad ciudadana habían sido ya pactados. Ambas formaciones independentistas compartían el grueso del texto, pero se opusieron al mismo argumentando que el PSOE se había quedado corto en relación con tres asuntos: la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, el veto a las pelotas de goma como material antidisturbios, y el margen para sancionar las faltas de respeto contra los agentes de la autoridad.

Tras el fracaso de 2023, no obstante, las relaciones entre los socialistas y ERC y EH Bildu se recondujeron. Y eso llevó a que, a finales de 2024, los independentistas vascos anunciaran un acuerdo con el Gobierno para impulsar una nueva reforma de la ley mordaza basada en el texto derribado la anterior legislatura, pero con renuncias por ambas partes. ERC y EH Bildu aceptaron un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que incluso el que el PSOE llegó a ofrecerles para que no naufragaran las negociaciones de 2023 y, a cambio, los socialistas se comprometieron a retirar “gradualmente” las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad.

La tramitación de esa nueva reforma comenzó viento en popa, y en octubre de 2024 pasó su primer examen parlamentario al ser tomada en consideración en el Congreso con el apoyo del Gobierno y sus socios, y pese a los votos en contra de PP, Vox y UPN. A finales de diciembre de ese año se cerró el plazo para presentar enmiendas. Pero ese avance a buen ritmo se detuvo ahí, puesto que, al entrar en detalles, surgieron las discrepancias entre los grupos parlamentarios que mantienen la proposición de ley en el congelador.

En verano del año pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y fuentes de la negociación indican que, desde entonces, ha habido pocos movimientos: sí se han producido ciertos intercambios de documentos, indican algunos dirigentes consultados, pero esos contactos no han servido para resolver los desacuerdos, y de hecho la ponencia —el órgano reducido con representación de todos los grupos en el que se debate para alcanzar un primer borrador final de la reforma— ni siquiera ha llegado a reunirse en 2026. “Está congelada”, admite, en lo que se refiere a la tramitación uno de los diputados que forman parte de esa ponencia.

La pugna PNV-Bildu, entre otros motivos

Los motivos de este estancamiento son varios, aunque cada una de las formaciones consultadas pone el foco en uno o en otro en función de su posición. Hace unas semanas, el diputado de Compromís dentro del grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, aprovechó la agresión de un policía a una docente jubilada que se estaba manifestando en València por la educación pública para exigir al PSOE que “cumpla” con su promesa de derogar la ley mordaza, pero también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” para poder “llevar al PSOE una ponencia cerrada que le evite poner más excusas” para cerrar la tramitación.

En ese punto coinciden varias fuentes: los choques entre partidos como PNV y EH Bildu en relación con este asunto son una de las causas principales de que la norma esté congelada, aunque no la única. La pasada legislatura, la fallida reforma de la norma se vehiculó a través de una proposición de ley del PNV, mientras en esta ocasión el Gobierno prefirió permitir que EH Bildu se apuntara el tanto de haber logrado reactivar la reforma. Y eso no es baladí en el cada vez más competido tablero del nacionalismo vasco, y fuentes de la negociación explican que el PNV se está mostrando mucho más duro en esta legislatura en asuntos como el principio de autoridad de las fuerzas policiales. 

El texto sobre el que se está trabajando suaviza los artículos que regulan esta materia, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que se imponen en virtud de la ley mordaza. La desobediencia a un agente policial, por ejemplo, pasaría de infracción grave a leve, por lo que la multa máxima será de 600 euros y no de 30.000, como hasta ahora. Pero desde el inicio de las negociaciones el PNV ha afirmado que no está de acuerdo con esta medida y en las enmiendas que presentó hace año y medio al texto inicial ha propuesto mantener como graves las infracciones por desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa manifiesta y clara a identificarse.

A ello se unen otros desacuerdos, como el que ha expresado Podemos desde que se conoció el pacto entre el Gobierno y EH Bildu con relación a la regulación sobre las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, que a los morados les parece demasiado tibia. Podemos apuesta por que se establezca un plazo concreto para prohibir el uso de este tipo de material antidisturbios, algo que el PSOE evitó concretar en su acuerdo con los independentistas vascos, y también quiere que el rechazo en frontera quede expresamente prohibido en la reforma de la ley mordaza, algo que los socialistas siempre han rechazado por considerar que es una materia que debe tratarse en otra ley.

El PSOE, clave

Con este panorama, fuentes de la negociación sostienen que el PSOE se ha puesto de perfil en los últimos meses y no ha hecho demasiado por intentar limar las diferencias que mantienen sus socios tanto entre sí como con la propuesta del propio Gobierno. No obstante, algunas de estas fuentes también afirman que, en las últimas semanas, han percibido un cambio de actitud por parte del ala socialista del Ejecutivo, que estaría empezando a moverse para intentar reactivar la tramitación de una de las pocas normas que, salvo sorpresa, sí podría sacar adelante con seguridad en lo que queda de legislatura.

El Gobierno, además, se encuentra necesitado de buenas noticias ante el pésimo momento que atraviesa a causa de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de las nuevas revelaciones sobre el caso Leire. No obstante, el PSOE no ha respondido públicamente por el momento a la presión de Sumar, que ha optado por presionar a los socialistas para intentar retomar algo de iniciativa política y mover el foco de los casos de corrupción y la última semana pidió por boca de varios portavoces agilizar la tramitación de la reforma de la ley mordaza.

El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron.

En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros.

Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez.

La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio.

Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna.

A la espera de Francisco Martínez

Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo.

El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro.

Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él.

El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro.

La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal.

Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial.

Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz al enunciar sus conclusiones del juicio por el caso Kitchen. El representante del Ministerio Público mantiene las mismas peticiones de condena para idénticos acusados que antes de empezar la vista oral por lo que sigue solicitando otros 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Les acusa de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.

La máxima petición de condena de Anticorrupción es para el comisario José Manuel Villarejo, 19 años, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. Ese espionaje se habría realizado en el marco de una operación destinada a sustraer de la justicia las pruebas de la financiación irregular del PP y más concretamente las que implicaban al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy.

De la acusación de la Fiscalía queda fuera el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que no ha sido juzgado por las consecuencias de un grave accidente vascular. Anticorrupción no acusaba a los otros tres miembros de la brigada política que declararon este lunes, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera. Anticorrupción sigue pidiendo dos años y 6 meses por encubrimiento para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para el que solicita 15 años de cárcel.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la justicia, uno de los cuatro delitos que atribuía a Jorge Fernández Díaz, para el que pedía 13 años de cárcel. En el caso de Olivera, la Abogacía mantiene la acusación por obstrucción a la justicia pero retira la de encubrimiento, y deja de acusar por delito alguno a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, han resultado absueltos.

Ambos absueltos han declarado durante la jornada. En el transcurso de su testimonio se han presentado como policías con encargos anodinos pese a los indicios que se acumulan contra ellos de haber participado en las otras dos patas de la guerra sucia del PP, contra Podemos y en la Operación Cataluña. Ambos han desmentido las acusaciones del inspector jefe Manuel Morocho, el investigador de la caja B del PP, según las cuales Fuentes Gago le entregó el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para que lo revisara y Bonifacio Díez Sevillano le concertó una cita con un periodista a la que él mismo también acudió y que tenía como fin explicar el contenido del dosier contra la formación política.

También ha declarado este lunes José Luis Olivera, el artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Ha sido uno de los tres acusados, junto al chófer Sergio Ríos y el comisario Villarejo, que ha accedido a contestar a la Fiscalía Anticorrupción, con la particularidad de que esta no le acusaba.

Contra Morocho

El fiscal César de Rivas, que no considera que Olivera quisiera sobornar a Morocho con un puesto en el extranjero, ha colaborado en el intento de los tres testigos de la jornada por desacreditar al inspector jefe de la Gürtel y la caja B del PP. Así, el fiscal ha preguntado a Olivera si es cierto que recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó.

A preguntas de su abogado, Olivera ha dicho que no sabe de dónde “viene ese rencor” de Morocho hacia él. “Nunca le he hecho nada malo a este señor, al contrario. Ya me llegaron rumores cuando a él no le conceden una medalla pensionada en el 2014 y él entiende de que yo soy el culpable de que no se la den y yo no tengo ningún poder”, ha dicho Olivera.

El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, han mantenido este jueves en la sede del Ministerio del Interior una reunión con el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Eugenio Pereiro, y el coordinador del Área Normativa de Protección de Datos, David Teatino, donde han querido “despejar dudas” en cuanto a los cambios normativos que puedan afectar al sector, una cita de la que han salido “satisfechos”.

En declaraciones a los medios, Cabañero ha señalado que “no es ningún secreto” que existe una modificación del reglamento de armas de cara a “armonizarlo con la legislación europea”, pero defiende que “en ningún momento ni en ningún sentido” contempla “criminalizar o prohibir el uso de herramientas como la navaja o el cuchillo”.

En este sentido, Cabañero comprobado que “las modificaciones van bien dirigidas” y protegen el uso habitual de navajas y cuchillos como herramientas, utensilios donde solo cabe “una buena utilización”.

De este modo, lo que ha trasladado el Ministerio de Interior en la reunión de este jueves es que la idea es “no criminalizar ni prohibir el uso o porte de la navaja”, una “tradición” para todo albaceteño.

El presidente de la institución provincial ha agregado que se va “sorprendido” por “el buen conocimiento que tienen del sector y de su importancia para la provincia de Albacete”.

“Son más de 1.200 familias las que viven de este sector, que lleva más de 600 años formando parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición”, ha afirmado. “En ningún momento piensan ni prohibir ni perseguir el uso o tentencia de navajas, lo que va a ocurrir es lo que siempre ha ocurrido”.

Cambio normativo “sin criminalizar” la navaja

María Pilar Jiménez, presidenta de los cuchilleros de Albacete, ha admitido que llegaban a la reunión con “mucha preocupación por el revuelo que había en torno a la criminalización de la navaja”.

En este sentido, asegura que sí se está trabajando en un cambio de reglamento, que tal y como han explicado en la reunión va encaminado a “ceñirse a la ley europea”, pero sin “criminalizar” esta herramienta.

“Estamos muy satisfechos, podremos trabajar como hasta el momento”, ha asegurado Jiménez, quien añade que tras el “revuelo” de las últimas semanas, el volumen de negocio había “descendido”.

Ahora toca “transmitir a toda la población tranquilidad, porque se pueden seguir comprando y fabricando cuchillos y navajas”.

El juicio del caso Kitchen retoma su actividad tras dos semanas de paréntesis con la declaración de varios mandos de la brigada política que el PP utilizó para sabotear presuntamente el caso de la caja B y también para atacar a independentistas catalanes y Podemos. Entre ellos destaca Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal, quien regresó a la Policía para controlar la colaboración del topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer de la familia, que también declarará este mismo miércoles o en sesiones posteriores.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Andrés Gómez Gordo. Para entender su entidad en la trama sirve que es la misma condena que solicita el Ministerio Público para el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Gómez Gordo es el paradigma de la corrupción policial en democracia. Dos veces ha dejado la Policía para trabajar al servicio del PP, aunque cuando estuvo en servicio activo también se plegó a los intereses del partido, según se juzga en Kitchen.

Andrés Gómez Gordo trabajó para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En ese periodo conoció al conductor del consejero, un tal Sergio Ríos, exmilitar y guardia de seguridad. De aquel periodo, el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó una condena de tres años y medio de cárcel, impuesta por la Audiencia Nacional, en el caso Ciudad de la Justicia.

Su segunda excedencia en la Policía también está en el origen de su otro problema judicial, el caso Kitchen. Cospedal se llevó a Gómez Gordo a la Presidencia de Castilla-La Mancha y lo nombró director de Documentación. Esa denominación era una maniobra de distracción sobre las auténticas funciones del policía, espía para Cospedal y jefe visible de su escolta. Todavía queda la duda de si él informó de la posibilidad de captar al chófer de los Bárcenas o si la cúpula policial recurrió a él cuando Sergio Ríos rechazó colaborar con el primer comisario que se acercó a él, Enrique García Castaño.

Las pruebas contra Andrés Gómez Gordo son contundentes. Durante la instrucción y el juicio ha quedado acreditado que trató directamente con el topo y que le hizo entrega de partidas procedentes de los fondos reservados. Lo cierto es que Andrés Gómez Gordo dejó su trabajo en Toledo para regresar a la Policía. El comisario Eugenio Pino lo ubicó como jefe de vigilancias de la UDEF, aunque compaginaba su destino con la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Al poco de regresar al Cuerpo fue condecorado con una medalla pensionada.

Además, Gómez Gordo aparece también en los estertores de la operación Kitchen en un episodio destacado. Fue el policía encargado de intentar 'blanquear' el operativo. Ingresó datos sobre los seguimientos a la familia Bárcenas en una base de datos policial para poder argumentar que compartieron el operativo con los verdaderos investigadores de los casos Gürtel y caja B. Ocurrió en 2015, dos años después del episodio central de la operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de una maniobra de distracción en la línea de defensa de todos los acusados: si hay seguimientos acreditados a la familia Bárcenas, si los pagos al chófer con fondos reservados están demostrados, es porque hubo un operativo, pero fue legal. Se trataba, defienden todos ellos, de descubrir el dinero supuestamente escondido por Bárcenas y sus testaferros. La versión de la acusación es que eso es solo una excusa: los policías, por orden de Interior, buscaban los discos duros con las supuestas grabaciones de Rajoy hablando de la caja B. Solo querían ponerlas a salvo del juez Pablo Ruz, como confesó el propio García Castaño en fase de instrucción.

Gómez Gordo desvinculó a su antigua jefa, María Dolores de Cospedal, de cualquier conocimiento de la Operación Kitchen. También al exmarido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo es defendido por el prestigioso y caro despacho de José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama o Julio Iglesias, entre otros. El mismo despacho defiende a Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que ha amagado en varias ocasiones con elevar las responsabilidades de la operación Kitchen pero finalmente ha guardado silencio.

El chófer y topo Sergio Ríos

Después de Gómez Gordo llegará el turno para Sergio Ríos, el chófer recomendado a Bárcenas por el jefe de seguridad del PP para que se pusiera al servicio de la familia. Ríos se convirtió en indispensable cuando el extesorero fue enviado a prisión provisional en junio de 2013. Pero no solo para la familia, también para la brigada política del PP. Cobró en dos años más de 50.000 euros de los fondos reservados y se garantizó el ingreso en la Policía a los 42 años, tal y como propone Villarejo en un audio incorporado a la causa.

Sergio Ríos está hoy suspendido de empleo y sueldo e intenta defender que él creía que colaboraba con una investigación judicial. Robó tres dispositivos móviles a la familia para que los clonara la brigada política, sustrajo notas de Rosalía Iglesias e informó de todos los movimientos de la mujer de Bárcenas. Anticorrupción pide para él 12 años y 5 meses de cárcel.

A continuación declararán José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que ejercieron en diferentes periodos de mano derecha de Eugenio Pino, el jefe de la brigada política del PP. Ambos están implicados en todas las maniobras de la guerra sucia del PP si bien su participación en la operación Kitchen es tangencial.

Cerrará el turno de declaraciones José Luis Olivera, el comisario que participó en la operación Cataluña e impulsó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Está previsto que el juicio acabe el 30 de julio con los informes finales de las partes y el visto para sentencia.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

La geometría de color de Okuda nació del arte callejero. Al salir del instituto, donde le dio clases el pintor Roberto Orallo, compraba un bote de pintura y dibujaba sus grafitis en la pared blanca de un restaurante que había en la calle del Medio. Un día los dueños se hartaron: “enfrente tienes el Banco Santander, píntales a ellos la fachada”, le espetaron.

Aquel chaval es hoy un pintor, escultor y diseñador reconocido en todo el mundo que ha construido una marca propia de arte urbano muy reconocible y solicitada. Después de 30 años realizando proyectos artísticos por todo el mundo, más de 300 en 100 ciudades de 50 países diferentes, es el momento de volver a mis orígenes y de volver a mi ciudad“, ha dicho en la presentación de su futuro 'Museo del Kolor' de Santander.

Un espacio que se ubicará en el Palacio de Cortiguera de Santander, la antigua Cámara de la propiedad, de original estilo mudejar cerrado desde hace tres décadas y en avanzado estado de deterioro. El edificio es propiedad del Ministerio del Interior a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) que ha firmado un acuerdo de alquiler con opción a comprar.

No se conocen los detalles de los plazos, ni el importe que pagará la Coloring the World, la fundación de Okuda, por la futura propiedad del edificio, ni el importe del alquiler. Ni siquiera se ha explicado cómo y cuándo se hará la rehabilitación del inmueble ni quien asume sus costes. Ni el director del GIESE, José Antonio Peinado, ni el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, -presentes en el acto- han explicado los términos del acuerdo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, reconoció que el edificio era un punto negro: “ha venido Okuda a solucionarnos el problema”, espetó en su intervención.

Según informa El Diario Montañés firmó un acuerdo el 28 de abril que cede el espacio durante 25 años al Museo de Okuda con un canon anual durante los 10 primeros años. Durante los tres primeros podrá ejecutar un derecho de opción de compra.

Okuda convocó a los políticos, algunos gestores culturales, familiares, colaboradores y medios de comunicación a una presentación en el jardín exterior del edificio para mostrar su 'Museo del Kolor', un proyecto que supone “volver a los orígenes” y ofrecer su “legado personal” a su ciudad natal. La idea es que este espacio esté abierto en 2030 y acoja la colección que ha ido construyendo durante su carrera, centrada principalmente en el arte joven. Una colección “muy distinta”, según él mismo ha explicado, a la propuesta que tiene la ciudad con artistas como la norteamericana Jen Stark o el japonés Keiichi Tanaami.

Pero no funcionará solo como un espacio de exhibición sino que habrá talleres, residencias culturales y todo tipo de iniciativas sociales “que generarán comunidad y garantizan el acceso a la cultura a las nuevas generaciones”, ha explicado el propio artista.

“Realmente los proyectos que más exito han tenido míos han sido dar nueva vida a espacios que ya no tenían vida”, ha indicado Okuda, que ha puesto como ejemplo sus actuaciones en un iglesia de Denver (Estados Unidos) y de otra en Asturias. “Esto es un poco en ese camino”, ha añadido.

Okuda ha dicho que sigue “muy conectado” a su tierra, no solo visitando a su familia, sino implicándose en proyectos “que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo”. En este sentido, con el 'Museo del Kolor' pretende “devolver” a Santander “todo lo que le dio en sus primeros años de aprendizaje”.

En la presentación han intervenido también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, además del presidente y el director de 'Coloring the World', Óscar Sanz y Juan Vera, respectivamente. Entre los asistentes, también han estado, entre otros, el director de GIESE, José Antonio Peinado, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

El presidente de la fundación ha explicado que la idea comenzó a gestarse “hace un par de veranos” cuando Okuda le llamó para informarle de la existencia de un palacete en el centro de Santander. “Dos años después, aquí estamos, emprendiendo este baile, esta carrera”, ha dicho.

Okuda en Cantabria

La presencia de Okuda en Cantabria ya es significativa. Desde el Faro de Ajo que revistió de polémica y notoriedad con su polícromía geométrica, hasta el oso de Reinosa, la fachada del Colegio Vital Alsar en Santander, murales urbanos hasta en Ruerrero, la oficina de Turismo de Laredo o la escultura en la playa de Cuchía. Todos los municipios quieren tener un trozo de Okuda, un lenguaje universal que actúa de reclamo artístico y turístico.

Con esta apuesta por Santander, desde el corazón de la ciudad Okuda se sumará a la apuesta cultural con Faro Santander (el museo en la antigua sede del banco del paseo de Pereda), el Centro Botín, el futuro Museo de Prehistoria y la colección del Archivo Lafuente como centro asociado del Reina Sofía.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

Cantabria ha registrado el mayor incremento del país en delitos por tráfico de drogas y lesiones o riñas tumultuarias, con aumentos del 61,9% y 62,3%, respectivamente. Del otro lado, también ha registrado el descenso más pronunciado en los delitos sexuales, en el primer trimestre de 2026, con 30 delitos contra la libertad sexual, siete menos que en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 18,9%, respecto al mismo periodo de 2025.

Por comparación, Cantabria continúa como una de las comunidades autónomas más seguras de España, con una tasa de criminalidad de 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país. Se mantiene como la octava comunidad más segura, por detrás de Extremadura (35), Galicia (35,2), Asturias (36,2), La Rioja (36,6), Castilla y León (40,7), Castilla-La Mancha (41,7) y Aragón (42,2).

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026 hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que se indica que la criminalidad ha crecido en Cantabria un 5,2% --a nivel nacional lo ha hecho un 1%--, con 6.442 infracciones penales.

Se contabilizaron 34 delitos por tráfico de drogas, 13 más que un año antes, y 112 por lesiones y riñas tumultuarias frente a los 69 del primer trimestre de 2025. También crecieron, en este caso un 26,1%, los robos con violencia e intimidación, hasta los 58. En cambio, bajaron un 5,8% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hasta los 388, pese a aumentar un 7,3% los de viviendas, que supusieron 309.

De los 30 delitos contra la libertad sexual, nueve fueron por agresión sexual con penetración, una menos (-10%), y los 21 restantes (-22,2%) por otro tipo de delitos contra la libertad sexual. En este delito, dentro de los municipios cántabros, el Balance indica que en Castro Urdiales, se produjo en el primer trimestre un incremento del 66,7% en los delitos contra la libertad sexual, con cinco —dos de ellas agresiones con penetración—.

Además, entre enero y marzo, ha habido en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno. En contraposición, no ha habido ninguno en grado de tentativa frente a los cuatro del año anterior.

La delicuencia convencional ha aumentado un 7,6% —6,6 puntos por encima de la media nacional—, con 4.593 delitos, y la cibercriminalidad se ha reducido un 0,3% (en el conjunto de España se ha incrementado un 1,2%), con 1.849 infracciones penales.

Por otro lado, los hurtos crecieron un 6,6%, hasta los 1.195, y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 15,8%, con 32 contabilizadas.

Por municipios

En Santander, la criminalidad aumentó un 7,4%, con 2.187 delitos en el primer trimestre, con un aumento de la convencional del 13,9% y de la ciberdelicuencia del 7,1%. Entre la primera, se registraron aumentos, por ejemplo, en los delitos por drogas, que se duplicaron, hasta los 18; lesiones (+82,6%; robos con fuerza en domicilios (+62,2%) y aquellos con violencia (+41,7%).

En el lado contrario, bajaron en la capital un 8,3% los delitos contra la libertad sexual, hasta los 11, dos de ellos por agresión con penetración (-50%) y nueve de otro tipo (+12,5%).

Por su parte, Torrelavega contabilizó en los tres primeros meses del año 660 delitos, un 24,3% más, con un incremento del 26,1% en la criminalidad convencional y, en este caso, también una subida de la ciberdelincuencia del 18,9%.

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 80%, al registrarse uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que, en el otro lado, los delitos de lesiones aumentaron un 150%, con 15; los de tráfico de drogas se duplicaron, hasta los seis; los robos con violencia crecieron un 60%, con ocho; y las sustracciones de vehículos se cuadruplicaron, pasando de una a cuatro.

Por su parte, en Camargo, la criminalidad se incrementó un 10,7%, con 434 delitos, con aumentos tanto en la convencional (+9,1%) como en la ciberdelincuencia (+16%). En este municipio, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 66,7%, con solo uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que los de lesiones subieron un 60%, hasta los 8. Además, entre los datos, destaca que en este municipio hubo un homicidio doloso o asesinato consumado en el primer trimestre.

En Castro, además, la criminalidad aumentó un 6,5%, con subidas tanto en la convencional (+5,3%) como en la ciberdelincuencia (+10,5%), destaca el y la caída del 59% en los robos en domicilios (11).

En Piélagos, las infracciones penales bajaron un 5,1% en el periodo enero-marzo, hasta las 205, con un aumento de la criminalidad convencional del 4,7% y una reducción de la ciberdelincuencia del 14,7%.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

Canarias ha registrado hasta el 31 de mayo la llegada de 3.184 migrantes irregulares, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983), en un total de 41 embarcaciones, 136 menos que hasta junio del año pasado, según datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país han sido un total de 10.224 migrantes, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769 mientras que han aumentado un 210% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.366 personas.

En concreto, el informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 7.858 migrantes, un 47,6% menos que hasta junio del año pasado, cuando se produjeron 15.007 llegadas. Este año han arribado en 297 embarcaciones, 129 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 4.665 migrantes a la Península (2.499) y Baleares (2.166), lo que supone un 16% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 4.020. En este caso, han llegado en 254 embarcaciones, siete menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 385 personas más de las que entraron de forma irregular hasta junio del año pasado, lo que supone el 18,2% más. Han arribado en 140 embarcaciones, 16 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 260 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 13,6% más, y han llegado a bordo de 114 embarcaciones, 23 más que del 1 al 31 de mayo del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.366 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 210% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera han llegado 2.281 migrantes, 1.577 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 85, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 58 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 31 de mayo de este año nueve personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.