El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 6.545 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias, 106.549 en todo el país, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Esa misiva ya ha sido respondida por Perelló, quien defiende que la actuación de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recuerda que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.

Además, la presidenta del Poder Judicial recuerda que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

En su carta, Marlaska alegaba que ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

El informe presentado por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón expone una serie de indicios que apuntan en una sola dirección como responsable de la crisis migratoria en Ceuta: el Gobierno de Marruecos. Sin embargo, a lo largo de sus 51 páginas, más anexos, no se menciona una sola vez a Rabat o a sus servicios de Inteligencia. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) opta por describir todas las características de una acción que por su envergadura solo podría llevar a cabo Rabat y, en lugar de atribuirle la autoría, prefiere descartar que las mafias de la inmigración irregular puedan acometer algo así. El documento reconoce que trabaja a partir de fotografías y vídeos de las redes sociales. Es el único informe policial que da vueltas sobre el origen de la crisis. La Comisaría General de Información, encargada de la lucha antiterrorista en la Policía y otras amenazas externas, no ha emitido ningún informe sobre la “autoría intelectual” del asalto porque “se desconoce”, según ha elevado este miércoles su máximo responsable.

El propio informe de Extranjería reconoce que no puede atribuir a personas concretas la “autoría intelectual y material” de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma en 48 horas, el 30 y 31 de julio. Pero a continuación presenta las características del mismo: el hecho no es “espontáneo ni accidental”, su propia concepción persigue “la ocultación” de la autoría, reúne una complejidad que se visualiza en diferentes fases, “repite pautas” de acontecimientos anteriores, requiere de “un nivel técnico y de planificación muy alto y en él intervienen ”estructuras diferentes con un alto nivel de coordinación, un objetivo compartido y una única referencia organizativa“.

El hecho donde más lejos va el CENIF es en la implicación de agentes de los servicios de seguridad marroquíes. Reconoce que sus fuentes son “abiertas”, esto es, que analiza lo que ha recopilado en las redes sociales. Y así identifica a “dos sujetos activos”: los miembros de la Gendarmería “uniformados” y los “agentes dinamizadores sobre el terreno” o “no uniformados”.

Los policías españoles no dudan sobre lo que están viendo: “A lo largo de la principal ruta y puntos relevantes que llevan hacia el Espigón de El Tarajal se han compartido públicamente imágenes en las que diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad dan indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizan el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes”.

En este punto, el CENIF da por buenas imágenes ampliamente difundidas en las últimas semanas que nadie ha podido fechar con exactitud ni acreditar con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta los dos días últimos de julio. Se trata de un vídeo en el que supuestos gendarmes abren la puerta de un camión y de él se bajan civiles.

Los agentes españoles prestan especial atención a las imágenes que muestran a “una serie de personas con un comportamiento que no encaja con la dinámica del comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español”.

Se trata, añade el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, de varones de entre 30 y 50 años, de complexión “fuerte o atlética” y “pelo corto (arreglado)”. Además, señala el oficio, su vestimenta no coincide con la del resto de personas que participan en el asalto. “En la mayoría de los casos visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos, sin estampados, pantalón largo, gorra (incluso hay algunos que portan gorras con logotipos policiales), calzado o deportivo cerrado (zapatillas de deporte en lugar de sandalias o chancletas que lleva la mayoría) y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano”.

Su actitud también les delataría, añade. Están “atentos al entorno” transmitiendo “aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo... respecto a las masas de personas que les rodean”. “Caminan en sentido contrario al flujo de personas, apartándose de las vías de paso mientras observan el paso de los grupos, arengando a la masa para continuar la marcha, ayudando a otros a salvar obstáculos en el camino, grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente por el teléfono móvil como si registrase o monitorizasen el acontecimiento”.

Respecto a su posible ubicación en el organigrama de la seguridad marroquí, el informe policial no entra en detalle, pero destaca que “en algunos casos se les ha detectado impartiendo instrucciones a personal uniformado desplegado sobre el entorno”.

La versión del director de la Policía

El Gobierno viene desvinculando a Rabat de la crisis migratoria en Ceuta en las últimas semanas y el director de la Policía, Francisco Pardo, informó este miércoles al ministro del Interior que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

La Audiencia Nacional abrió el pasado agosto diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida a finales de julio. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especializado solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La jueza también solicitaba identificar “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Con el informe ya encima de su mesa, la magistrada debe decidir si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

El informe que ha enviado la Policía a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basan en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

El informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, no aporta nuevos datos de los difundidos hasta la fecha y se centra en analizar las evidencias conocidas hasta ahora. Por ejemplo, las diferencias con otros procesos de entrada, el hecho de que la mayoría de las personas que accedieron a Ceuta regresaron a las pocas horas a Marruecos (no tenían “finalidad migratoria”), la necesidad de que tuvo que dar una “planificación previa”, así como una “dirección estratégica”, basada en la viralización de mensajes, activación y desactivación de redes sociales y sistemas de mensajerías, entre otros elementos.

Se trata, según el análisis policial, de “un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios”. En ello abunda, continúa el informe policial, “la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos”, el “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [marroquíes]“, así como el hecho de que ninguna mafia de la inmigración goza de ”una estructura criminal“ para abordar una acción de esas dimensiones.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior este mediodía se informa que el director de la Policía, Francisco Pardo, ha trasladado al ministro Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras incluye en sus anexos nueve “alertas” y “notas informativas” remitidas por el propio Cenif a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a la que pertenece y a las jefaturas superiores de Ceuta y Andalucía Occidental. Dos de ellas se produjeron en los días previos a la llegada masiva de migrantes.

La sentencia del Supremo

El informe alude también a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó el pasado junio que los migrantes interceptados en el alta mar no pueden ser devueltos “en caliente” y que ha sido esgrimida en los últimos días por el Gobierno por su potencial efecto llamada.

Según el documento policial, no fue esa resolución en sí sino su “manipulación” lo que sirvió para potenciar las entradas ya que se tradujo a un “lenguaje viral”: “Si entras nadando, no pueden devolverte”. A juicio de la Policía, esto dotó a la convocatoria de una falsa “base creíble” revestida de autoridad y seguridad jurídica, lo que animó a cruzar a nado a más personas.

La Policía tampoco considera “casual” que la entrada masiva se produjera el 30 de julio, durante la Festividad del Día del Trono, que es un día no laborable en Marruecos. En las redes sociales se viralizó de forma masiva el mensaje de que, al estar las Fuerzas de Seguridad marroquíes integradas en el dispositivo de seguridad para proteger a la familia real, la frontera de Ceuta había quedado desprotegida.

Además, el informe considera que el hecho de que esa fiesta se celebrara en la residencia real de M’diq, situada a poco más de 20 kilómetros de Ceuta, fue interpretado como una suerte de “consentimiento tácito” o mensaje de legitimación por parte de las autoridades marroquíes para permitir el paso.

Los policías que redactaron el informe atribuyendo a los servicios policiales de Marruecos la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado julio están integrados en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un órgano dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Las principales atribuciones del Cenif son redactar “informes especializados” y articular una coordinación estratégica en la materia.

Al frente del Cenif se encuentra desde hace más de una década el comisario principal David Agorreta, quien antes había ejercido como asesor del Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía con el Partido Popular y artífice de la brigada política orquestada en el Ministerio del Interior.

El Cenif no tiene agentes desplegados fuera del territorio nacional, tampoco en Marruecos, y su actividad operativa se centra en aportar a agentes para los interrogatorios a los que se somete a personas que acceden a España en situación irregular, con el objetivo de conocer sus motivaciones o la operativa, en su caso, de las mafias de la inmigración. Luego, desde su sede en la Comisaría General de Extranjeria, en Madrid, escriben sus conclusiones sobre las tendencias de los flujos irregulares y proponen directrices para luchar contra el fenómeno. Los agentes del Cenif también integran los operativos internacionales que la agencia Frontex de la Unión Europea desarrolla para actuar contra los grupos de inmigración ilegal.

En la denominada “Sección Operativa de Inteligencia” del Cenif existe un grupo dedicado en exclusiva a “fuentes abiertas”, como el grupo de Facebook que se creó previo a la entrada de inmigrantes en Ceuta y de cuya existencia informa el Cenif. La investigación interna tratará de determinar el origen de afirmaciones del informe tales como la detección de agentes marroquíes vestidos de paisano entre los migrantes que accedieron a Ceuta, elementos que otros grupos policiales y fuerzas de seguridad no detectaron.

El informe de la polémica va firmado por el número dos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía, el comisario principal Alfredo García Miravete, un hecho que fuentes policiales atribuyen a la posible ausencia de Madrid en esas fechas del comisario general Julián Ávila. Francisco Pardo ha citado de urgencia a Ávila este martes, antes de responder a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiéndole explicaciones, informa Europa Press.

El jefe del Cenif, David Agorreta, estaba destinado como letrado de la Jefatura Superior de Policía en Navarra siendo inspector jefe a principios de la década pasada. Entonces se le concedió una comisión de servicio para dejar su puesto y trabajar en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía a requerimiento de Eugenio Pino, el comisario para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el caso Kitchen y jefe directo de los mandos policiales que atacaron, fuera de causas judiciales, a los líderes del proceso soberanista en Cataluña y posteriormente a los de Podemos.

El Cenif había sido creado por aquel Gobierno del Partido Popular en 2013. Al mes de ascender a comisario, Pino nombró a Agorreta jefe del Cenif. El actual director de la Policía, Francisco Pardo, decidió que David Agorreta continuara en su puesto tras su nombramiento y hasta hoy.

La pareja de Agorreta fue la jefa de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), un grupo dentro de Asuntos Internos desde que la Policía del PP indagó en casos que afectaban a otros partidos, pese a la existencia de una sentencia firme (Faisán o 11-M) con la excusa de corregir fallos pasados. La BARC fue disuelta por el actual Gobierno después de que el Congreso concluyera que había sido uno de los principales instrumentos de la brigada política del PP.

El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.

“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.

Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro por ejercer “una presión ilegal” y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.

De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.

¿Qué dice la ley?

La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.

Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.

Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.

Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.

La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Marlaska ha remitido la misiva a Pardo, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por El Español.

“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, señala Marlaska en la misiva.

A su juicio, “se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”.

“Ello al margen”, añade la carta, “de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.

“Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”, concluye.

El Gobierno pide no hacer “conjeturas” antes de conocer los detalles del informe

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer “conjeturas” sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', Torres ha subrayado que por ahora no se sabe “si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía”. Así pues, ha incidido, “si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa”.

Preguntado sobre si de confirmarse que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que “hablar ahora de ello es hacer conjeturas”. “Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe”, ha añadido.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado “lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro”, apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

El diputado del PP por Cantabria Félix de las Cuevas ha solicitado la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en el Congreso tras la pelea multitudinaria registrada la semana pasada en la cárcel de El Dueso, en Santoña.

El objetivo es que explique qué medidas va a adoptar el Gobierno central para proteger a funcionarios y trabajadores de esta prisión tras el “grave” altercado, en el que intervinieron entre 25 y 30 reclusos, tal y como han denunciado los sindicatos de prisiones.

“Lo ocurrido en El Dueso no puede normalizarse. El Gobierno debe dar explicaciones y actuar ya para garantizar la seguridad de los funcionarios, y dotar al centro de los medios que necesita”, ha señalado De las Cuevas, que además es miembro de la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

En un comunicado, el PP ha criticado el “abandono” del Ejecutivo central ante las agresiones a los trabajadores de prisiones y ha recordado la sufrida el pasado mes de mayo por dos funcionarios de El Dueso a manos de un interno, que tuvieron que ser atendidos en Urgencias por diversas lesiones y “sin apenas consecuencias para el agresor, ya que solo permaneció dos horas en aislamiento”.

Falta de médicos

A esta situación se suma, ha dicho, la falta de médicos en el centro penitenciario, tras la jubilación de toda la plantilla y al no reponerse las siete plazas previstas, como también han asegurado representantes de los trabajadores. En este sentido, el diputado del PP por Cantabria ha exigido además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cubra las plazas médicas “cuanto antes”.

“El servicio médico en las prisiones es imprescindible. La ausencia de facultativos vulnera derechos de los internos y dispara la inseguridad laboral al obligar a los funcionarios a asumir roles que no les corresponden y gestionar situaciones críticas sin respaldo médico”, ha argumentado, para concluir que “no pueden seguir trabajando sin los medios y la protección que necesitan”.

El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en la Comisión de Interior del Congreso al hacer un llamamiento urgente a la “calma” y al “cese de cualquier tipo de violencia” en Ceuta, mientras la extrema derecha de Voz azuza el estallido racista registrado en los últimos días en la ciudad autónoma. Al llamamiento al cese de la violencia se ha sumado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha leído una declaración institucional en la que ha calificado de “legítimas” las manifestaciones pero “siempre de manera pacífica y ordenada”: “Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan”.

Parte de las intervenciones de los diputados en el Congreso han estado marcadas por la gravedad de la violencia en Ceuta, donde la quema de parte de los asentamientos de la playa del Trampolín, las agresiones a periodistas y a vecinos musulmanes, así como el hostigamiento a negocios que atienden a personas migrantes han irrumpido en el debate parlamentario.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”. Ante el retraso en la activación de un mando único, el titular de Interior ha defendido que el Ejecutivo y la totalidad de sus ministerios han estado respondiendo “al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento”.

El titular de Interior ha insistido, además, en que “una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación”, el Gobierno continuará aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de las personas migrantes que “no reúnan las condiciones” para permanecer en España.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha sumado durante su comparecencia en el Congreso al llamamiento a la calma para que la Cruz Roja pueda distribuir hoy agua y comida como hace cada tarde desde el inicio de la emergencia en Ceuta. “Cruz Roja está constituida en gran medida por personas voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo a prestar apoyo y atención humanitaria a quienes más lo necesitan. No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario”, ha reclamado después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa del Trampolín ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El PP: “Quien piense que con la violencia ayuda, se equivoca”

Por su parte, el diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, se ha sumado a la petición de serenidad, advirtiendo de que acciones como “acosar a periodistas o bloquear el paso a la Cruz Roja” no benefician a la ciudad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado.

Celaya ha justificado la “desesperación e indignación” de la población ceutí achacándola a la “pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien el PP ha criticado duramente por la gestión de la crisis. La diputada Ana Vázquez ha acusado al Ejecutivo de dejar “abandonados” a los ceutíes. “El Gobierno no ha respondido de forma adecuada. Es un Gobierno descontrolado, desbordado y totalmente enfrentado entre sí”, ha dicho Vázquez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”: “La inacción se paga”.

La intervención del diputado Celaya evidencia un cambio de discurso en el PP, cuyo portavoz nacional, Borja Sémper, pidió este lunes “no señalar a la gente” después de que personas sin identificar destruyeran el campamento improvisado que cientos de personas habían montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, dijo Sémper este jueves.

El único grupo parlamentario que ha hecho un respaldo implícito a los recientes altercados racistas ha sido Vox. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, como admirablemente lo está haciendo el propio pueblo”, ha dicho su diputado Ignacio Gil Lázaro, quien ha calificado la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma como un “plan de asalto contra la integridad territorial de España” facilitado por la “inacción cómplice” de un Gobierno que ha calificado de “corrupto y traidor”.

El diputado de extrema derecha ha pedido la “expulsión inmediata” de todas las personas que entraron y que los menores sean “devueltos ya a sus padres o a las instituciones marroquíes” a pesar de que los expertos recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Sumar responsabiliza al PP y a Vox de los altercados

Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha responsabilizado al PP y a Vox de los altercados racistas registrados en la ciudad autónoma. “Responsabilizamos de esta violencia a quienes han llamado expresa y reiteradamente a cazar a inmigrantes, especialmente a Vox; y a quienes piden soluciones imposibles a esta crisis, como el Partido Popular. Exigimos el cese de la violencia, el castigo a los responsables y el castigo a los inductores”, ha aseverado.

Santiago ha recordado que “existen leyes internacionales, europeas y nacionales que obligan a respetar la dignidad humana y los derechos humanos”. Y ha dicho que las personas migrantes “podrán ser devueltas o podrán permanecer en España”, pero el Estado de derecho debe actuar “con respeto a la ley”.

El diputado de Sumar también se ha mostrado escéptico con el hecho de que Marruecos vaya a hacerse cargo de los menores no acompañados. “Marruecos no ha recibido los cadáveres [de las personas que murieron intentando entrar a nado], menos va a recibir a los vivos. Marruecos no ha recibido a un menor en los últimos 14 años”, ha afirmado.

En este episodio de hace unos meses nos preguntamos qué son exactamente los fondos reservados. Supimos que financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 13 de abril de 2026***

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Podemos ha registrado este jueves una iniciativa donde instan al Gobierno a actuar de manera inmediata ante los autodenominados Ángeles de la Noche y cualquier otro grupo organizado que realice patrullas, vigilancia o actuaciones de intimidación en el espacio público, según ha hecho público el partido que coordina la diputada Ione Belarra.

La formación morada considera que se debe actuar de manera inmediata ante toda conducta que exceda las facultades legalmente reconocidas a la ciudadanía, procediendo a la identificación, sanción, denuncia y, cuando corresponda, detención de quienes ejerzan funciones de vigilancia, coacción o intervención reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin esperar a que se produzcan agresiones físicas para intervenir.

Los morados también instan al Gobierno que remita a la Fiscalía General del Estado toda información e indicio que pudiera ser constitutivo de delito de odio, amenazas, coacciones, discriminación o asociación ilícita, garantizando “una investigación integral de las actuaciones de estos grupos y de las personas u organizaciones que pudieran promoverlas, financiarlas o coordinarlas”, han explicado desde Podemos en un comunicado.

Asimismo, solicitan a Grande-Marlaska que comparezca ante la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior. “Con esto se pretende que se garantice que la seguridad ciudadano no sea externalizada de facto a organizaciones políticas o grupos privados de extrema derecha, reforzando la presencia de los servicios públicos de seguridad y prevención en las zonas afectadas”, han denunciado.

En la argumentación de la PNL presentada en el Congreso, Belarra argumenta que según los datos publicados por el Ayuntamiento de València, la delincuencia descendió un 3 % en el conjunto de la ciudad en el último año. Además, en la zona del paseo marítimo en concreto, los delitos leves han bajado este año un 22%. “La utilización de la seguridad como argumento para criminalizar colectivamente a las personas migrantes constituye, por tanto, una operación política de señalamiento que puede alimentar el racismo, la discriminación y la violencia”, defiende la diputada.

“La seguridad ciudadana es un derecho de toda la población y una responsabilidad de los poderes públicos. Ningún partido político, organización o grupo de particulares puede arrogarse funciones de vigilancia, control o intervención que corresponden a las autoridades competentes. La preocupación legítima por la seguridad de los barrios no habilita para perseguir, intimidar o considerar sospechosa a una persona por su origen, nacionalidad, apariencia o pertenencia a un determinado colectivo. La seguridad debe garantizarse mediante servicios públicos eficaces, prevención social, políticas de convivencia y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sometidas al Estado de derecho y al respeto de los derechos fundamentales”, argumenta.

El grupo parlamentario Compromís-Sumar ha trasladado al Congreso de los Diputados la presencia de patrullas urbanas de extrema derecha, bajo la denominación de “¡'Ángeles de la noche', en las calles de València. La coalición ha presentado una batería de preguntas para su respuesta por escrito al Gobierno de España en las que reclama explicaciones al Ministerio del Interior sobre la falta de actuaciones frente a estos grupos parapoliciales que amedrentan a la población migrante.

Estos escuadrones, formados por individuos ataviados con ropa oscura y chalecos reflectantes que simulan indumentarias oficiales, mantienen un discurso de vigilancia vecinal frente a supuestos problemas de delincuencia. Sin embargo, las intervenciones registradas en barrios valencianos se producen en un contexto de descenso del 22 % en los delitos leves en las zonas donde actúan, de acuerdo con los registros de criminalidad, tal y como señala el escrito presentado por el diputado valencianista.

La iniciativa parlamentaria subraya que el uso de vestimenta o equipamiento que genere confusión con los uniformes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) constituye una infracción grave tipificada en el artículo 36.14 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, advierte de que la actividad de estas patrullas implica la creación de una “justicia paralela” al margen de las instituciones democráticas y sin control público.

El diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez cuestiona formalmente a la Mesa del Congreso sobre las medidas concretas previstas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para impedir el despliegue de estos grupúsculos violentos y si existe ya algún expediente sancionador abierto por la usurpación de indumentaria.

Ibáñez ha solicitado además información sobre si la Policía Nacional o la Guardia Civil mantienen a agentes infiltrados en estas organizaciones o en las entidades que les prestan apoyo logístico e ideológico para fomentar discursos de odio. El parlamentario valencianista ha tachado de “incomprensible” la “tolerancia o connivencia” policial frente a estructuras que cuestionan el monopolio estatal de la fuerza, por lo que ha pedido que se detallen los planes de sensibilización en valores democráticos previstos dentro del cuerpo.

El Ministerio de Exteriores ha repetido en las últimas semanas que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla “no permite permanecer en España ni llegar a Europa” ante la posibilidad de que se repita un episodio como el que acabó con la vida de un centenar de personas ahogadas entre el 30 y el 31 de julio. “Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos”, insistió este martes el ministro José Manuel Albares.

“No arriesguen sus vidas, ni su futuro, ni su dinero, porque es una aventura abocada al fracaso. Quienes entren en Ceuta y Melilla van a ser devueltos. No podrán alcanzar la península, ni el continente europeo. Y no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla”, añadió. Desde el Ministerio también han recordado que el proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos: solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. Quien cruzó el 30 de julio queda excluido.

En efecto, la ley recoge como norma general que las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones serán devueltas. Pero tiene salvedades y no se puede expulsar a Marruecos “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España”.

El reglamento de extranjería señala, en su artículo 23, los principios que rigen las devoluciones. No será necesario un expediente de expulsión para la devolución en el caso de las personas extranjeras que ya hayan sido expulsadas y contravengan la prohibición de entrada en España y en el caso de las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán incluidos, a estos efectos, a las personas extranjeras que sean interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones. En este último caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras los tienen que conducir a comisaría para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución.

Las ejecuciones de devolución tienen que quedar en suspenso en los siguientes casos:

Qué está haciendo el Gobierno en el caso de los menores

Con los menores se debe seguir un procedimiento “individualizado”. Dicho proceso establece que los servicios ceutíes deberán celebrar una entrevista con cada menor para determinar su situación: si se puede verificar que tienen familia —en Marruecos o en España— que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella.

Tan solo si eso no ocurre se buscará acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad. Hasta que esto no ocurra, no se sabrá cuál es la cifra total que pasarán al sistema de acogida autonómico.

El Gobierno ha cesado de su cargo a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional tras publicar en la web el pasado viernes la cifra de que unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta procedentes de Marruecos. Una decisión que se ha adoptado, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo este lunes, por pérdida de confianza en esa persona y que supone su cese en el cargo que tenía hasta ahora, pero no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

Tras la llegada de personas desde el país vecino, esta funcionaria, encargada de comunicación en el departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, publicó en la web de este organismo un informe en el que se señalaba que la estimación existente en esos momentos sobre el número de entradas era de 49.000.

Ese informe fue retirado poco después de la web, y fuentes del Gobierno aseguraron que no se trataba de ninguna cifra oficial. El Ministerio del Interior informó ese mismo día con posterioridad de que se calculaba que habían sido unas 50.000 personas las que habrían cruzado la frontera, cifra que se incrementó posteriormente.

En verano, en Un tema Al día aprovechamos para recomendarte otros podcasts que nos gustan. Hoy te proponemos escuchar un podcast mítico: Catástrofe Ultravioleta. Es un podcast de nuestro compañero Antonio Martinez Ron, y de Javier Peláez y Javi Álvarez, que va por su segunda temporada, y que te acerca el mundo de la ciencia a través de historias cotidianas, diversas y sorprendentes, siempre con una buena dosis de humor.

Este es el segundo episodio de la segunda temporada de este podcast que se titula Veneno, y habla sobre una carrera trepidante y contrarreloj que desata la picadura de una víbora para encontrar un antídoto. El protagonista de nuestra historia, Marcos (nombre ficticio), tuvo el tiempo justo antes de desmayarse para poner en marcha el operativo de emergencias.

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Enlace al episodio: Catástrofe Ultravioleta

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Te traemos el episodio que hicimos con motivo del arranque del juicio a una de las tramas de corrupción política más graves de los últimos años: el caso Kitchen, o la brigada policial que desde el Ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, intentó sabotear la investigación judicial del caso Gürtel mediante seguimientos y destrucción de las pruebas que custodiaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que implicaban a la cúpula del partido. Es uno de los tres operativos que desde dentro del Gobierno de Mariano Rajoy, funcionaron para atacar ilegalmente a sus enemigos políticos.

El periodista de elDiario.es, Pedro Águeda, nos acompaña en la narración de este capítulo, que hicimos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 6 de abril de 2026***

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.