A la tercera va la vencida, pudo pensar la familia de José Miguel Etxeberria, más conocido como 'Naparra'. Pero se ha llevado un disgusto. Una vez más, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud para reconocer a 'Naparra' como víctima del terrorismo. La noticia la han anunciado este jueves Agus Hernán, por parte de Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia); Pilar Garaialde, portavoz de Egiari Zor, y Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido. Aunque aún no han agotado todas las vías administrativas, la familia no recurrirá la resolución debido al cansancio y al gasto económico que implicaría. Aun así, exige que se revise y que el Ministerio presente una disculpa pública a la familia.

El 11 de junio de 1980, 'Naparra', con 22 años, acudió a una cita que tenía concertada con unos miembros de ETA en San Juan de Luz. El objetivo era compartir sus contactos de traficantes de armas con la banda terrorista. Después de ese día, no se le volvió a ver y su cuerpo nunca ha sido encontrado; solo apareció su coche. El desaparecido formó parte de los comandos especiales de ETA político-militar, más tarde se integró principalmente en ETA militar y terminó abandonándola para unirse a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Para cuando desapareció, ya era uno de los líderes de los CAA.

Según expone el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se trata de un caso de desaparición cuya autoría es “confusa”. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el secuestro de 'Naparra' el 24 de junio de 1980, argumentando que la persona se encontraba en España y que corría “con la misma suerte que los asesinados por ETA”. Días después, se difundió la información de que había sido asesinado por sus propios compañeros de los CAA en Francia, adonde Etxeberria había huido en 1978. Sin embargo, en julio, los CAA hicieron público un comunicado en el que ponían en duda la posible autoría del BVE, al considerar que había mentido sobre su secuestro y ocultado su asesinato.

La familia, por el contrario, siempre ha mostrado su enfado por los intentos de señalar a ETA por estos hechos. “¿Alguien puede pensar que si ETA hubiera reivindicado tres veces un acto se hubiera puesto en duda su autoría? ¿Qué intencionalidad hay para intentar construir una hipótesis falsa?”, protestaron este año cuando el Memorial de víctimas de Vitoria, dependiente del Gobierno de España lanzara interrogantes.

A la familia Etxeberria le han rechazado en tres ocasiones la solicitud para que se aplique a su familiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: en 2008, en 2013 y ahora, en 2026. La falta de autoría es uno de los motivos por los que el Ministerio del Interior justifica su rechazo. GEBehatokia ha citado el siguiente fragmento de la resolución: “al no poder determinarse la relación de casualidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista”.

Hernán, de GEBehatokia, asegura que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha recurrido al “copia-pega” de las resoluciones anteriores, a pesar de que la familia ha aportado más argumentos a su favor. Entre ellos, destaca la contextualización de la época, marcada por numerosos atentados parapoliciales en Iparralde, así como varias certificaciones del BVE y de otros organismos que respaldarían la versión del secuestro por bandas parapoliciales.

En la misma línea, Garaialde, de Egiari Zor, ha insistido en que “no hay debate posible”: 'Naparra' es una víctima del terrorismo. La portavoz ha recordado que tanto el Gobierno vasco como las Naciones Unidas reconocen el caso como una desaparición forzada, al igual que el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Este último resalta a la vista, ya que el propio Ministerio del Interior participa en el patronato del Memorial, que incluso ha incluido a 'Naparra' en la exposición 'Ausencias presentes', dedicada a personas desaparecidas por terrorismo en España.

Con estos argumentos sobre la mesa, ambas entidades han mencionado el caso de los tres gallegos a quienes sí se les ha aplicado la ley. Trabajaban en Irún y, el 24 de marzo de 1973, desaparecieron al otro lado de la muga, a donde habían ido a ver una película. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados y, a diferencia de 'Naparra', nadie reivindicó su secuestro. Además, la justicia no ha esclarecido las circunstancias “exactas” de su desaparición y, aun así, “nadie puede dudar de la naturaleza del hecho doloroso”. “Debían ser reconocidos y lo fueron”, ha concluido Garaialde.

El portavoz de GEBehatokia ha sido directo: “si se tratara de una víctima de ETA, este rechazo nunca se hubiera producido”. Garaialde ha coincidido con él y ha calificado la decisión de “repugnante acto de discriminación”. Este jueves, ambas entidades no han denunciado “un laberinto burocrático ni un vacío legal”, sino “una decisión política, consistente, sistemática y vergonzosa”. También han insistido en la “revictimización” que está sufriendo la familia Etxeberria, condenada a “vivir una discriminación inaceptable de por vida”, según ha afirmado Hernán.

Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra' y familiar presente en la comparecencia, ha completado las declaraciones compartiendo la odisea que ha vivido para lograr que a su hermano se le aplique la ley. Desde conseguir que el Defensor del Pueblo de Navarra colaborara con la causa hasta recibir una carta personal de Ana Ollo, consejera y vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra, en la que compartía su “impotencia”. “Todo se reduce en la voluntad de hacerlo”, ha cerrado Etxeberria.

Debido al cansancio y al coste económico que implica, la familia ha desistido de volver a recurrir. “Cada rechazo es una frustración”, ha declarado Hernán. Por ello, Egiari Zor pide que se revise “inmediatamente” la resolución, que se garantice la “equiparación efectiva en el trato a todas las víctimas del terrorismo” y que se presente una disculpa pública a la familia Etxeberria por las cuatro décadas de negación institucional.

La aplicación de la ley a 'Naparra' podría significar mucho para su familia. Sus hermanos, además de recibir una indemnización de al menos 250.000 euros, podrían contar con asistencia psicológica y jurídica gratuita. Pero, sobre todo, su ser querido sería honrado, respetado y recordado en la memoria pública de España.

La investigación de la guerra sucia contra Podemos que desplegó el último Gobierno del Partido Popular acaba de sufrir un revés imprevisible. Este jueves estaba prevista la declaración de un testigo clave, el exministro venezolano Rafael Isea, por videoconferencia desde Nueva York. Pero a 48 horas de que se produjera la comparecencia, las autoridades de Estados Unidos han informado a la Audiencia Nacional de que Isea declina asistir a la toma de declaración. Isea podía refrendar la grabación en la que un destacado miembro de la brigada política del Partido Popular le traslada, en mayo de 2016, que ha acudido a entrevistarse con él para evitar que Podemos alcance el Gobierno de España. El viaje respondía, según afirma en el audio el mando policial, a un “mandato” personal del presidente, Mariano Rajoy.

“Hace un momento supimos que el señor Isea ha declinado participar en la entrevista prevista para finales de esta semana”, reza en un correo electrónico recibido en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional este martes, según consta en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Isea había explicado con detalle en dos entrevistas a medios españoles el engaño que sufrió por parte de policías españoles para que ratificara una fotocopia de un documento de un pago a fundadores de Podemos con origen dudoso y varios errores.

Todo lo que ocurrió en el Consulado de España el 12 de abril de 2016 consta, además, reflejado en una grabación que adelantó moncloa.com en 2019 y que ha sido incorporada en su totalidad, más de una hora, a la causa que instruye Santiago Pedraz. Las partes habían sido informadas hace pocos días de que la declaración por videoconferencia seguía adelante y que tendría lugar a las 17:30 horas de este jueves, una hora poco habitual en los juzgados españoles y que respondía a la diferencia horaria con Estados Unidos. Hasta la recepción del citado correo.

El cambio radical de Isea se produce después de que las defensas de los miembros de la brigada política del PP solicitaran al juez que un informe pericial acredite la autenticidad de la grabación y la ausencia de manipulaciones. Pedraz acordó esa diligencia y suspendió por ahora la declaración como investigados de dos de los tres policías que intentaron manipular a Isea. Se trata del entonces jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, ya jubilado, y de una subordinada de este, inspectora jefe de la UDEF. El tercero de ellos, José Ángel Fuentes Gago, es quien pronuncia la frase sobre el “mandato” que habían recibido de Rajoy y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ya declaró como investigado.

Los hechos tuvieron en la primavera de 2016, dentro del semestre en el que toda la cloaca del Ministerio del Interior orientó su actividad a desprestigiar a Podemos para evitar que alcanzara un Gobierno de coalición tras las elecciones de junio. En ese periodo se filtró el informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. También se fabricó el bulo de la cuenta falsa de Iglesias en un banco de Granadinas, a la que el régimen de Chávez ingresaría fondos con idéntica finalidad. O la falsa operación de venta de 40 kilos de droga por Miguel Urbán en un bar de Malasaña.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. Para cuando se produjo el encuentro, el diario ABC ya había publicado un presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS, una fundación por la que pasaron varios de los fundadores de Podemos y que, efectivamente, trabajó para el Ejecutivo venezolano entre los años 2008 y 2010. La orden de pago era de 7,1 millones de euros, cuatro años antes de que se fundara Podemos. CEPS, que nunca llegó a tener vinculación el partido, ha reconocido los trabajos en Venezuela y ha desmentido la cifra.

Los policías acudieron a Nueva York a que Isea rubricara la autenticidad del documento, una fotocopia que había facilitado un colaborador de la Policía española con antecedentes por estafa. El propio Isea reconoce en el audio que ese individuo, el abogado José Aliste, le “genera vértigo, por decirlo ameno”.

Durante el encuentro con la Policía, Rafael Isea y su abogado muestran su preocupación por las consecuencias de su colaboración y por el hecho de que el documento se haya filtrado. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

El comisario García Catalán y su subordinada elaboraron un atestado a partir de la entrevista con Isea. Su contenido fue reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia. Isea acude este jueves como testigo a la Audiencia Nacional después de que haya reconocido los hechos en sendas entrevistas a El País y La Sexta.

Los policías españoles aparecen tratando de convencer al ministro venezolano de que libraban una batalla contra la corrupción. Los agentes reconocen que no pueden imputar financiación ilegal a Podemos porque ni siquiera existía el partido cuando se produjeron los hechos, pero quieren demostrar que sus líderes son unos defraudadores fiscales que no declararon los pagos del Gobierno chavista. 

Durante la reunión se pronunció una de las frases más célebres que constan grabadas a un miembro de la brigada política. Fuentes Gago está intentando convencer al confidente de que España es un Estado de Derecho y que eso hace que la investigación que se inicie a partir de su testimonio no dependerá de quién gobierne el país. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, según consta en la grabación, incorporada ya a la causa y sobre la que Pedraz ha ordenado que se verifique su autenticidad.

En la ampliación de su querella, Podemos asegura que Isea “señaló numerosas irregularidades, tanto formales (formato del documento, uso de nombres incorrectos), como materiales (imposibilidad de comprometer gasto público en las fechas señaladas, falta de presencia del propio supuesto firmante)” durante el encuentro con los policías, tal y como demuestra la grabación. El exministro de Finanzas venezolano insistía, recuerdan los abogados del partido, en que no quería incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar“.

La representación de Podemos describe así el delito de falsedad documental cometido presuntamente por los policías: “A pesar de estas advertencias directas y de la evidente falta de viabilidad del documento, los querellados, en un claro concierto de voluntades y con el fin de crear un documento mendaz que sirviera a sus intereses espurios, redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas por Isea. De este modo confeccionaron un documento público, que no reflejaba la realidad de lo acaecido, presentando como una ratificación lo que en verdad fue una declaración plagada de cautelas y desconfianza por parte del testigo”.

La declaración del entonces jefe de la UDEF y su subordinada como imputados se ha visto postergada al análisis de la grabación que han solicitado las defensas y que podía resultar estéril si Isea hubiese confirmado el jueves lo que muestra el audio cuando se reproduzca en el juzgado. Pedraz lleva instruyendo la causa por la guerra sucia a Podemos dos años y siete meses. La instrucción avanza lentamente, sobre todo si se compara con otras que se sigue en el mismo juzgado, y recoge fuertes reticencias de Pedraz, la más llamativa negarse a investigar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Urbán.

El magistrado accedió en julio a que la Unidad de Asuntos Internos recabe el testimonio de Manuel Morocho, el inspector jefe que relató en el juicio de Kitchen cómo presenció las maniobras contra Podemos dentro del destierro forzado que sufrió por sus investigaciones al Partido Popular. En la causa está imputado el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la brigada política del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, ha nombrado al comisario principal José Alberto Camacho Pedrero nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha.

El comisario principal José Alberto Camacho desempeñaba hasta ahora el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Nacido en Mestanza (Ciudad Real), ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1983, según ha informado el Ministerio del Interior.

Su primer destino fue Euskadi, donde prestó servicios en áreas operativas de la Comisaría de Guetxo y de la Brigada Provincial de Policía Judicial. En 1992 se incorporó a la Comisaría Provincial de Ciudad Real, dentro de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y ocupó distintos puestos de responsabilidad, como jefe de Grupo de Delitos Violentos y jefe de Grupo de Estupefacientes.

En 2001 ascendió a inspector jefe y fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, donde permaneció hasta su ascenso a comisario en 2017. Posteriormente, fue jefe provincial de Operaciones, en Huelva. Regresó a Ciudad Real en 2019 como jefe de Operaciones y allí continuó su labor policial hasta que en 2020 asumió la jefatura de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Ascendió a comisario principal en 2024.

Camacho es licenciado en Derecho y ha recibido numerosas condecoraciones y felicitaciones a lo largo de su carrera profesional por su trayectoria y su labor en distintos servicios policiales. El delegado del Gobierno José Pablo Sabrido le ha deseado “mucha suerte en esta etapa y éxitos en tu labor para que Castilla-La Mancha siga siendo una región segura”.

La llegada de migrantes de forma irregular a las islas Canarias ha caído un 44,5% interanual hasta el 30 de septiembre pese a contabilizar 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones.

Según el último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, esta cifra supone 5.715 inmigrantes menos que en los mismos meses de 2025, cuando arribaron 12.848 personas a bordo de 211 pateras.

Mientras, en el conjunto de España un total de 24.646 migrantes han llegado entre enero y el 30 de septiembre de este año de forma irregular, 12.742 de ellos a la Península y a Baleares (51%).

En este sentido, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 24.646 migrantes, un 10,3% menos que hasta septiembre del año pasado, cuando fueron 27.475. Por vía marítima llegaron al país 19.900, un 19% menos que en 2025 (cuando se produjeron 24.586 llegadas), en 854 embarcaciones, 113 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe refleja que han aumentado un 8,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 11.709 en 2025 a 12.742 en 2026. En concreto, han arribado este año en 753 embarcaciones, siete más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 6.334 migrantes, lo que supone un 7,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.865). Han arribado a bordo de 403 embarcaciones, 27 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 6.408 personas hasta el 30 de septiembre de este año, 564 más que hasta el mismo mes de 2025. Han entrado en 350 embarcaciones, frente a las 316 que emplearon los que arribaron el año pasado.

Igualmente, Interior señala que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.430 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.646, un 54% más).

Además, indica que, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, han llegado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 670 por vía terrestre (427 más que en el mismo periodo del año anterior, un 175,7% más).

La batalla contra la decisión del Ministerio del Interior de engordar la jubilación de los comisarios principales de la Policía a través de la concesión de una medalla pensionada ha llegado al Tribunal Constitucional. La Confederación Española de Policía (CEP) ha recurrido al organismo intérprete de la Carta Magna denunciando que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vulnerado su derecho a pleitear por esta cuestión. Tras una victoria inicial, las dos instancias anteriores consideraron que los sindicatos no estaban legitimados para impugnar la decisión de Fernando Grande-Marlaska.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional anuló la concesión por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a diez mandos de la Policía Nacional que se habían jubilado en 2022. La Medalla de Plata venía siendo concedida al uniformado de mayor rango cuando se jubilaba, el director adjunto operativo de cada momento, pero el departamento de Marlaska amplió el premio aquel año a diez mandos. El reconocimiento lleva aparejado un 15% más de retribución de por vida.

Los condecorados fueron ex jefes superiores en comunidades autónomas, un ex comisario general, un antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos y un exresponsable de Extranjería en Madrid. El crecimiento anual de su pensión por esta sola condecoración puede alcanzar los 4.000 euros aproximadamente, que se suman a las cantidades que perciben por las medallas pensionadas recibidas durante toda su carrera y cuya arbitrariedad e incumplimiento de la ley en la concesión afloró durante el caso Kitchen.

Aquel primer fallo de la Audiencia Nacional apreció nulidad en la resolución de Interior “por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido” y apelaba ya al incumplimiento de la Constitución por “obviar la intervención de las organizaciones sindicales con el trámite de audiencia que la propia demanda les ha reconocido”. La sentencia retrataba la arbitrariedad de la decisión al recordar que la Ley franquista que regula la concesión de medallas en la Policía la “delimita a supuestos tasados e individualizados” y que, por su trayectoria, los comisarios no podrían aspirar más que a un reconocimiento sin retribuir, la Medalla al Mérito con Distintitivo Blanco.

El Ministerio del Interior recurrió el fallo, a través de la Abogacía del Estado, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional revirtió la decisión del Juzgado. Los magistrados establecían que los sindicatos tienen derecho a participar en el procedimiento de concesión de medallas, pero eso no significa que pudieran impugnar concesiones concretas. El Supremo confirmó después esta resolución de la Audiencia Nacional.

Las sentencias de la segunda instancia de la Audiencia Nacional y después del Supremo situó a Marlaska en condiciones de seguir regando de medallas pensionadas a los comisarios jubilados y así lo hizo. La CEP y otros sindicatos recurrieron y el Juzgado les volvió a dar la razón. Desde 2022, el Juzgado de lo Contencioso fue corregido por la Sala en dos ocasiones, en otra, Interior no recurrió, otra está pendiente de si presenta recurso y de la última, de 2026, está impugnada por la Confederación y pendiente de que la Audiencia Nacional resuelva.

La CEP considera una incongruencia que se reconozca a un sindicato policial un papel específico en un procedimiento administrativo y cuando se adopta una decisión en el marco de ese proceso no se le permita impugnarla por el simple hecho de que la resolución tenga destinatarios finales. En este sentido, la Confederación considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva con una particularidad: la CEP es una organización sindical y actúa en el ámbito profesional.

Al recurrir al Constitucional, el sindicato policial no persigue que se anulen las medallas sino que el procedimiento judicial se retrotraiga a que la Audiencia Nacional reconozca el derecho de la CEP a recurrirlas, de modo que tenga que valorar sus argumentos y decida. “En este caso, la interpretación restrictiva aplicada impidió a CEP obtener un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones dirigidas contra las concretas condecoraciones, pese a la existencia de aquella conexión cualificada”, alega el sindicato.

El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

La criminalidad aumentó un 0,3 % en el primer semestre de este año en Canarias respecto a los seis primeros meses de 2025, con un incremento de las agresiones sexuales, las sustracciones de vehículos, los robos con violencia y los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, al tiempo que se redujeron los consumados.

Así se desprende del balance de criminalidad hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, que cifra en 55.205 el número de delitos registrados por las fuerzas de seguridad entre enero y junio en las islas, lo que supone un 0,3% más que el mismo periodo del pasado año.

La criminalidad convencional aumentó un 0,5 % en el archipiélago, con un total de 46.672 delitos, mientras que la cibercriminalidad se redujo un 0,6%, con 8.533 delitos registrados en el primer semestre del año.

Los delitos que más se incrementaron ese semestre respecto a 2025 son la sustracción de vehículos, que registran 824 frente a 699 del año pasado (+17,9%), y los robos con violencia e intimidación, con 1.126 frente a 1.005 del año pasado (+ 12%).

En cuanto a los homicidios dolosos y asesinatos consumados, tuvieron lugar 13 en Canarias, lo que supone una reducción del 35% frente a los 20 registrados en 2025.

Sin embargo, aumenta el mismo delito en grado de tentativa, con 31 casos registrados frente a 28 del año pasado (+10,7%).

Los delitos contra la libertad sexual crecieron un 5,5%, para sumar un total de 560. Dentro de esos, repuntaron especialmente las agresiones sexuales con penetetración, que aumentaron un 8,1% para cerrar el semestre con 107 casos, ocho más que en 2005.

Datos, por islas

En cambio, descendieron un 3,1% los casos de tráfico de drogas, para quedarse en 413, y disminuyeron un 2,4 los hurtos, con 14.534 en el semestre.

En la provincia de Las Palmas, la criminalidad convencional aumentó en el primer semestre del año un 0,4% y la cibercriminalidad disminuyó un 4,9%, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife, la primera aumentó un 0,6% y la segunda se incrementó un 5%.

Por islas, en Tenerife la criminalidad convencional aumentó un 0,8% y la ciberdelincuencia un 0,6%; en La Palma, la convencional se redujo un 2%, mientras que la ciberdelincuencia se incrementó de manera notable, un 266% más al pasar de 68 delitos a 249 este año.

En El Hierro, la delincuencia convencional se redujo un 27,9% y la ciberdelincuencia bajó un 22%; y en La Gomera, la convencional disminuyó un 0,5% y la ciberdelincuencia un 9,8%.

Asimismo, en Gran Canaria la delincuencia convencional aumentó un 1,5% y la ciberdelincuencia bajó un 3,4%; en Lanzarote la convencional bajó un 2,6% y la segunda un 14,1%.

En Fuerteventura, la convencional bajó un 2,2% y la ciberdelincuencia se redujo un 8,5%. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar.

Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva.

Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad.

En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones.

El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado.

Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares.

El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho.

La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos

Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos.

“La nulidad carece de justificación”

Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución.

El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto.

Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.

Oliva y varios de sus subordinados en OCON-Sur son mencionados por sospechosos de narcotráfico en conversaciones mantenidas en teléfonos encriptados que fueron intervenidos en la operación contra el inspector jefe Óscar Sánchez Gil, el policía de los 20 millones emparedados. El policía ha denunciado una red de corrupción de funcionarios que no ha sido investigada aún a partir de esas conversaciones. Tal y como reveló este martes elDiario.es, Asuntos Internos de la Policía Nacional ha verificado indiciariamente la existencia de esa red de corrupción policial en la que fue mencionado Oliva.

El dossier sobre los periodistas con fichas con su adscripción ideológica del gabinete de comunicación del Ministerio del Interior tiene muchas lecturas, algunas serias, otras cómicas, algunas bochornosas, la mayoría sobreactuada. Lo primero es decir que la oficina de comunicación de Interior ha sido imprudente e irresponsable al realizar un listado de periodistas incluyendo su adscripción ideológica en un documento con el membrete del Ministerio porque no es un ministerio más y la historia de este país tiene un pasado funesto con este tipo de listados. Es espectacular que responsables de comunicación no sean capaces de prever el problema de comunicación y de reputación que puede darse si, como ha ocurrido, trasciende a la opinión pública. Solo por eso, y creo que es lo único grave de todo este asunto, hay gente que tendría que dimitir.

A todos los periodistas les pone sentirse espiados por el poder, o que su labor es perseguida, perseguida pero poco, porque solo lo desea quien no han visto afectada su vida por algún tipo de actuación contra su independencia e integridad. Que te persigan por la calle por lo que haces como periodista no es bonito. Algunos que aparecen en el listado han decidido dar vergüenza ajena hablando de cómo la policía les espía, como el ministro fallido de Susana Díaz que en su delirio anti Sánchez se encarga de dar cringe por redes sociales. Lo peor de esta semana ha sido ver a privilegiados que jamás sabrán lo que es tener represalias por tu trabajo haciéndose la víctima.

No hay noticia más sobrerrepresentada en la agenda pública que aquella que afecta a un grupo de periodistas porque somos el colectivo más pesado, pagado de sí mismo, autorreferencial e insoportable de toda la gremial española. Pido perdón por eso. Lo siento de veras. Solo hay que ver el espacio que ha tenido en todos los medios de comunicación el dossier de la TIA en comparación con las noticias de policías infiltrados en colectivos sociales o movimientos antifascistas, antirrepresivos y de izquierdas en general cuando estas se han dado. Porque eso sí que es grave y afecta a la libertad de asociación y no al de un colectivo donde hablan de este que les escribe como “claramente de izquierdas”.

Lo que he sentido al ver mi nombre en ese dossier del Ministerio es bochorno, por lo chapucero del documento, por la incompetencia de quien lo ha realizado y por la reacción histriónica de algunos que se han visto en la lista, o por el ego roto al no haberse visto. Me ha ofendido profundamente que consideren que Madina y yo somos de izquierdas sin graduarlo, creo que Madina pensará lo mismo que yo porque el PSOE dejó de ser marxista en Suresnes y no estará tampoco de acuerdo en que le equiparen conmigo, uno por exceso y el otro por defecto. Ya está, sin drama. Porque una de las labores de los periodistas es ponderar la importancia de cada noticia en el establecimiento de la agenda pública. Unos de los papeles de la prensa, por encima de todo, es el de establecer una jerarquía de importancia en las noticias de cada jornada, seleccionar entre todas las noticias y establecer un orden que es el que marca lo que va a tener más visibilidad. Establecer esta noticia como una de las más importantes de la semana, como ha ocurrido, es una manera sutil de manipulación que también conviene denunciar.

Lo que no es en ningún caso es un ataque a la libertad de prensa ni a la democracia, más aún en una semana en la que unos jueces con ínfulas de salvapatrias han privado del derecho al voto a muchos españoles por hacerle el juego retórico a la extrema derecha y alimentar el relato del pucherazo que los ultras enarbolan en todos los países donde están intentando acceder al poder o perpetuarse en él. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la “ley de nietos” sí que es un atentado a la democracia porque se ha privado del derecho al sufragio, estableciendo de facto el sufragio censitario, mucho antes de lo que me creía que sucedería. Porque privar del derecho al voto a grupos de población es una de las ideas estrella de la extrema derecha pensada para su fase final de consolidación antidemocrática.

Somos muchos los periodistas que hemos sufrido consecuencias laborales y personales por hacer nuestra labor profesional. Elegir señalar a políticos de derechas, dar voz a los movimientos sociales, ponerse de lado de los colectivos vulnerables o establecerse inequívocamente como antifascista y de clase obrera sí que tiene consecuencias concretas y afecta a la libertad de prensa. Pero da la casualidad de que para que eso se produzca hay muchos otros periodistas que se tienen que favorecer. Por eso nunca habrá golpes en el pecho con la depuración de un compañero de izquierdas, ni comunicados de las asociaciones de prensa mayoritarias porque se asume que si un partido te echa de un trabajo por ejercer la labor de periodista habrá otro que ocupe ese lugar y lo que importa es mantener a los de siempre bien calientes a costa de subyugar la labor de quien elige un ejercicio de la profesión mirando a los de abajo. Conozco la profesión, por eso me cabrea el cinismo.

Un informe con membrete del Ministerio del Interior bajo el título “Tertulianos” ha desatado la última polémica política y también periodística. Se trata de un listado con 280 nombres de personas que suelen participar en las tertulias de radio y televisión, en donde se resume en pocas líneas su currículum, y al final, se describen sus supuestas inclinaciones políticas. Hay políticos, ex políticos, politólogos, y otras personas expertas de todo tipo, pero sobre todo, hay periodistas.

Esta clasificación ideológica desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior a los profesionales de la información ha preocupado a algunos en el sector. Otros le quitan hierro y atribuyen este listado a una torpeza de quien lo haya elaborado. Hoy escuchamos las sensaciones de algunas de las personas que figuran en ese informe, empezando por las periodistas Raquel Ejerique y Neus Tomás, de elDiario.es, además de Antonio Maestre, Afra Blanco, sindicalista, o la jurista Elisa de la Nuez.

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El departamento de Comunicación del Ministerio del Interior elaboró un listado con breves perfiles de decenas de participantes en tertulias de televisión y radio que incluía su tendencia política y otras cuestiones como su posición respecto de las Fuerzas de Seguridad o con asuntos de actualidad, según ha revelado este martes El Confidencial.

El listado se elaboró en el seno del departamento de Comunicación y fuentes del mismo explican a elDiario.es que nunca salió de ese ámbito ni se utilizó para ejercer presión alguna sobre las composiciones de las tertulias o el trabajo de los periodistas que aparecen en el mismo. Se trataba, según las mismas fuentes, de incorporarlo al “seguimiento de medios” que tiene encomendado dicha sección. “Fue para consumo del propio departamento”, aseguran.

En el citado listado no solo aparecían periodistas en activo, también los que participan en tertulias, y profesionales que no pertenecen al oficio y sí aparecen en radio y televisión, como politólogos y otros expertos. También figuran expolíticos que integran algunas de esas tertulias.

Las fuentes consultadas aseguran que el listado no trascendió al departamento y que el ministro, Fernando Grande-Marlaska, no lo conoce. El titular del departamento, preguntado al respecto de la publicación, ha insistido en rueda de prensa que se trataba de un documento de “trabajo interno y nada más”. “Como conocéis bien quienes tratáis con el Ministerio, en modo alguno se hacen diferencias entre medios o entre periodistas a la hora de contestar, faltaría más”, ha defendido.

Según informa El Confidencial, al lado de los nombres y fotografías de los tertulianos aparecen comentarios como “Apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “defiende las políticas del PSOE” o “reconocido ‘anti-sanchista”. El documento lleva por título “Tertulianos. Radio y Televisión” y el sello de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, según el citado medio.

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 6.545 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias, 106.549 en todo el país, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Esa misiva ya ha sido respondida por Perelló, quien defiende que la actuación de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recuerda que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.

Además, la presidenta del Poder Judicial recuerda que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

En su carta, Marlaska alegaba que ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

El informe presentado por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón expone una serie de indicios que apuntan en una sola dirección como responsable de la crisis migratoria en Ceuta: el Gobierno de Marruecos. Sin embargo, a lo largo de sus 51 páginas, más anexos, no se menciona una sola vez a Rabat o a sus servicios de Inteligencia. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) opta por describir todas las características de una acción que por su envergadura solo podría llevar a cabo Rabat y, en lugar de atribuirle la autoría, prefiere descartar que las mafias de la inmigración irregular puedan acometer algo así. El documento reconoce que trabaja a partir de fotografías y vídeos de las redes sociales. Es el único informe policial que da vueltas sobre el origen de la crisis. La Comisaría General de Información, encargada de la lucha antiterrorista en la Policía y otras amenazas externas, no ha emitido ningún informe sobre la “autoría intelectual” del asalto porque “se desconoce”, según ha elevado este miércoles su máximo responsable.

El propio informe de Extranjería reconoce que no puede atribuir a personas concretas la “autoría intelectual y material” de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma en 48 horas, el 30 y 31 de julio. Pero a continuación presenta las características del mismo: el hecho no es “espontáneo ni accidental”, su propia concepción persigue “la ocultación” de la autoría, reúne una complejidad que se visualiza en diferentes fases, “repite pautas” de acontecimientos anteriores, requiere de “un nivel técnico y de planificación muy alto y en él intervienen ”estructuras diferentes con un alto nivel de coordinación, un objetivo compartido y una única referencia organizativa“.

El hecho donde más lejos va el CENIF es en la implicación de agentes de los servicios de seguridad marroquíes. Reconoce que sus fuentes son “abiertas”, esto es, que analiza lo que ha recopilado en las redes sociales. Y así identifica a “dos sujetos activos”: los miembros de la Gendarmería “uniformados” y los “agentes dinamizadores sobre el terreno” o “no uniformados”.

Los policías españoles no dudan sobre lo que están viendo: “A lo largo de la principal ruta y puntos relevantes que llevan hacia el Espigón de El Tarajal se han compartido públicamente imágenes en las que diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad dan indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizan el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes”.

En este punto, el CENIF da por buenas imágenes ampliamente difundidas en las últimas semanas que nadie ha podido fechar con exactitud ni acreditar con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta los dos días últimos de julio. Se trata de un vídeo en el que supuestos gendarmes abren la puerta de un camión y de él se bajan civiles.

Los agentes españoles prestan especial atención a las imágenes que muestran a “una serie de personas con un comportamiento que no encaja con la dinámica del comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español”.

Se trata, añade el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, de varones de entre 30 y 50 años, de complexión “fuerte o atlética” y “pelo corto (arreglado)”. Además, señala el oficio, su vestimenta no coincide con la del resto de personas que participan en el asalto. “En la mayoría de los casos visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos, sin estampados, pantalón largo, gorra (incluso hay algunos que portan gorras con logotipos policiales), calzado o deportivo cerrado (zapatillas de deporte en lugar de sandalias o chancletas que lleva la mayoría) y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano”.

Su actitud también les delataría, añade. Están “atentos al entorno” transmitiendo “aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo... respecto a las masas de personas que les rodean”. “Caminan en sentido contrario al flujo de personas, apartándose de las vías de paso mientras observan el paso de los grupos, arengando a la masa para continuar la marcha, ayudando a otros a salvar obstáculos en el camino, grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente por el teléfono móvil como si registrase o monitorizasen el acontecimiento”.

Respecto a su posible ubicación en el organigrama de la seguridad marroquí, el informe policial no entra en detalle, pero destaca que “en algunos casos se les ha detectado impartiendo instrucciones a personal uniformado desplegado sobre el entorno”.

La versión del director de la Policía

El Gobierno viene desvinculando a Rabat de la crisis migratoria en Ceuta en las últimas semanas y el director de la Policía, Francisco Pardo, informó este miércoles al ministro del Interior que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

La Audiencia Nacional abrió el pasado agosto diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida a finales de julio. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especializado solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La jueza también solicitaba identificar “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Con el informe ya encima de su mesa, la magistrada debe decidir si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

El informe que ha enviado la Policía a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basan en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

El informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, no aporta nuevos datos de los difundidos hasta la fecha y se centra en analizar las evidencias conocidas hasta ahora. Por ejemplo, las diferencias con otros procesos de entrada, el hecho de que la mayoría de las personas que accedieron a Ceuta regresaron a las pocas horas a Marruecos (no tenían “finalidad migratoria”), la necesidad de que tuvo que dar una “planificación previa”, así como una “dirección estratégica”, basada en la viralización de mensajes, activación y desactivación de redes sociales y sistemas de mensajerías, entre otros elementos.

Se trata, según el análisis policial, de “un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios”. En ello abunda, continúa el informe policial, “la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos”, el “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [marroquíes]“, así como el hecho de que ninguna mafia de la inmigración goza de ”una estructura criminal“ para abordar una acción de esas dimensiones.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior este mediodía se informa que el director de la Policía, Francisco Pardo, ha trasladado al ministro Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras incluye en sus anexos nueve “alertas” y “notas informativas” remitidas por el propio Cenif a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a la que pertenece y a las jefaturas superiores de Ceuta y Andalucía Occidental. Dos de ellas se produjeron en los días previos a la llegada masiva de migrantes.

La sentencia del Supremo

El informe alude también a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó el pasado junio que los migrantes interceptados en el alta mar no pueden ser devueltos “en caliente” y que ha sido esgrimida en los últimos días por el Gobierno por su potencial efecto llamada.

Según el documento policial, no fue esa resolución en sí sino su “manipulación” lo que sirvió para potenciar las entradas ya que se tradujo a un “lenguaje viral”: “Si entras nadando, no pueden devolverte”. A juicio de la Policía, esto dotó a la convocatoria de una falsa “base creíble” revestida de autoridad y seguridad jurídica, lo que animó a cruzar a nado a más personas.

La Policía tampoco considera “casual” que la entrada masiva se produjera el 30 de julio, durante la Festividad del Día del Trono, que es un día no laborable en Marruecos. En las redes sociales se viralizó de forma masiva el mensaje de que, al estar las Fuerzas de Seguridad marroquíes integradas en el dispositivo de seguridad para proteger a la familia real, la frontera de Ceuta había quedado desprotegida.

Además, el informe considera que el hecho de que esa fiesta se celebrara en la residencia real de M’diq, situada a poco más de 20 kilómetros de Ceuta, fue interpretado como una suerte de “consentimiento tácito” o mensaje de legitimación por parte de las autoridades marroquíes para permitir el paso.

Los policías que redactaron el informe atribuyendo a los servicios policiales de Marruecos la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado julio están integrados en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un órgano dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Las principales atribuciones del Cenif son redactar “informes especializados” y articular una coordinación estratégica en la materia.

Al frente del Cenif se encuentra desde hace más de una década el comisario principal David Agorreta, quien antes había ejercido como asesor del Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía con el Partido Popular y artífice de la brigada política orquestada en el Ministerio del Interior.

El Cenif no tiene agentes desplegados fuera del territorio nacional, tampoco en Marruecos, y su actividad operativa se centra en aportar a agentes para los interrogatorios a los que se somete a personas que acceden a España en situación irregular, con el objetivo de conocer sus motivaciones o la operativa, en su caso, de las mafias de la inmigración. Luego, desde su sede en la Comisaría General de Extranjeria, en Madrid, escriben sus conclusiones sobre las tendencias de los flujos irregulares y proponen directrices para luchar contra el fenómeno. Los agentes del Cenif también integran los operativos internacionales que la agencia Frontex de la Unión Europea desarrolla para actuar contra los grupos de inmigración ilegal.

En la denominada “Sección Operativa de Inteligencia” del Cenif existe un grupo dedicado en exclusiva a “fuentes abiertas”, como el grupo de Facebook que se creó previo a la entrada de inmigrantes en Ceuta y de cuya existencia informa el Cenif. La investigación interna tratará de determinar el origen de afirmaciones del informe tales como la detección de agentes marroquíes vestidos de paisano entre los migrantes que accedieron a Ceuta, elementos que otros grupos policiales y fuerzas de seguridad no detectaron.

El informe de la polémica va firmado por el número dos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía, el comisario principal Alfredo García Miravete, un hecho que fuentes policiales atribuyen a la posible ausencia de Madrid en esas fechas del comisario general Julián Ávila. Francisco Pardo ha citado de urgencia a Ávila este martes, antes de responder a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiéndole explicaciones, informa Europa Press.

El jefe del Cenif, David Agorreta, estaba destinado como letrado de la Jefatura Superior de Policía en Navarra siendo inspector jefe a principios de la década pasada. Entonces se le concedió una comisión de servicio para dejar su puesto y trabajar en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía a requerimiento de Eugenio Pino, el comisario para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el caso Kitchen y jefe directo de los mandos policiales que atacaron, fuera de causas judiciales, a los líderes del proceso soberanista en Cataluña y posteriormente a los de Podemos.

El Cenif había sido creado por aquel Gobierno del Partido Popular en 2013. Al mes de ascender a comisario, Pino nombró a Agorreta jefe del Cenif. El actual director de la Policía, Francisco Pardo, decidió que David Agorreta continuara en su puesto tras su nombramiento y hasta hoy.

La pareja de Agorreta fue la jefa de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), un grupo dentro de Asuntos Internos desde que la Policía del PP indagó en casos que afectaban a otros partidos, pese a la existencia de una sentencia firme (Faisán o 11-M) con la excusa de corregir fallos pasados. La BARC fue disuelta por el actual Gobierno después de que el Congreso concluyera que había sido uno de los principales instrumentos de la brigada política del PP.

El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.

“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.

Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro por ejercer “una presión ilegal” y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.

De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.

¿Qué dice la ley?

La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.

Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.

Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.

Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.

La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.