Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

Cantabria ha registrado el mayor incremento del país en delitos por tráfico de drogas y lesiones o riñas tumultuarias, con aumentos del 61,9% y 62,3%, respectivamente. Del otro lado, también ha registrado el descenso más pronunciado en los delitos sexuales, en el primer trimestre de 2026, con 30 delitos contra la libertad sexual, siete menos que en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 18,9%, respecto al mismo periodo de 2025.

Por comparación, Cantabria continúa como una de las comunidades autónomas más seguras de España, con una tasa de criminalidad de 43,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país. Se mantiene como la octava comunidad más segura, por detrás de Extremadura (35), Galicia (35,2), Asturias (36,2), La Rioja (36,6), Castilla y León (40,7), Castilla-La Mancha (41,7) y Aragón (42,2).

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026 hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que se indica que la criminalidad ha crecido en Cantabria un 5,2% --a nivel nacional lo ha hecho un 1%--, con 6.442 infracciones penales.

Se contabilizaron 34 delitos por tráfico de drogas, 13 más que un año antes, y 112 por lesiones y riñas tumultuarias frente a los 69 del primer trimestre de 2025. También crecieron, en este caso un 26,1%, los robos con violencia e intimidación, hasta los 58. En cambio, bajaron un 5,8% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hasta los 388, pese a aumentar un 7,3% los de viviendas, que supusieron 309.

De los 30 delitos contra la libertad sexual, nueve fueron por agresión sexual con penetración, una menos (-10%), y los 21 restantes (-22,2%) por otro tipo de delitos contra la libertad sexual. En este delito, dentro de los municipios cántabros, el Balance indica que en Castro Urdiales, se produjo en el primer trimestre un incremento del 66,7% en los delitos contra la libertad sexual, con cinco —dos de ellas agresiones con penetración—.

Además, entre enero y marzo, ha habido en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno. En contraposición, no ha habido ninguno en grado de tentativa frente a los cuatro del año anterior.

La delicuencia convencional ha aumentado un 7,6% —6,6 puntos por encima de la media nacional—, con 4.593 delitos, y la cibercriminalidad se ha reducido un 0,3% (en el conjunto de España se ha incrementado un 1,2%), con 1.849 infracciones penales.

Por otro lado, los hurtos crecieron un 6,6%, hasta los 1.195, y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 15,8%, con 32 contabilizadas.

Por municipios

En Santander, la criminalidad aumentó un 7,4%, con 2.187 delitos en el primer trimestre, con un aumento de la convencional del 13,9% y de la ciberdelicuencia del 7,1%. Entre la primera, se registraron aumentos, por ejemplo, en los delitos por drogas, que se duplicaron, hasta los 18; lesiones (+82,6%; robos con fuerza en domicilios (+62,2%) y aquellos con violencia (+41,7%).

En el lado contrario, bajaron en la capital un 8,3% los delitos contra la libertad sexual, hasta los 11, dos de ellos por agresión con penetración (-50%) y nueve de otro tipo (+12,5%).

Por su parte, Torrelavega contabilizó en los tres primeros meses del año 660 delitos, un 24,3% más, con un incremento del 26,1% en la criminalidad convencional y, en este caso, también una subida de la ciberdelincuencia del 18,9%.

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 80%, al registrarse uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que, en el otro lado, los delitos de lesiones aumentaron un 150%, con 15; los de tráfico de drogas se duplicaron, hasta los seis; los robos con violencia crecieron un 60%, con ocho; y las sustracciones de vehículos se cuadruplicaron, pasando de una a cuatro.

Por su parte, en Camargo, la criminalidad se incrementó un 10,7%, con 434 delitos, con aumentos tanto en la convencional (+9,1%) como en la ciberdelincuencia (+16%). En este municipio, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 66,7%, con solo uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que los de lesiones subieron un 60%, hasta los 8. Además, entre los datos, destaca que en este municipio hubo un homicidio doloso o asesinato consumado en el primer trimestre.

En Castro, además, la criminalidad aumentó un 6,5%, con subidas tanto en la convencional (+5,3%) como en la ciberdelincuencia (+10,5%), destaca el y la caída del 59% en los robos en domicilios (11).

En Piélagos, las infracciones penales bajaron un 5,1% en el periodo enero-marzo, hasta las 205, con un aumento de la criminalidad convencional del 4,7% y una reducción de la ciberdelincuencia del 14,7%.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

Canarias ha registrado hasta el 31 de mayo la llegada de 3.184 migrantes irregulares, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983), en un total de 41 embarcaciones, 136 menos que hasta junio del año pasado, según datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país han sido un total de 10.224 migrantes, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769 mientras que han aumentado un 210% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.366 personas.

En concreto, el informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 7.858 migrantes, un 47,6% menos que hasta junio del año pasado, cuando se produjeron 15.007 llegadas. Este año han arribado en 297 embarcaciones, 129 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 4.665 migrantes a la Península (2.499) y Baleares (2.166), lo que supone un 16% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 4.020. En este caso, han llegado en 254 embarcaciones, siete menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 385 personas más de las que entraron de forma irregular hasta junio del año pasado, lo que supone el 18,2% más. Han arribado en 140 embarcaciones, 16 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 260 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 13,6% más, y han llegado a bordo de 114 embarcaciones, 23 más que del 1 al 31 de mayo del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.366 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 210% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera han llegado 2.281 migrantes, 1.577 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 85, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 58 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 31 de mayo de este año nueve personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

La atenta observación de cualquier declaración, siquiera un gesto, de Francisco Martínez ha cumplido seis años como actividad obligada para analizar el caso Kitchen. La responsabilidad de ello recae en el propio ex secretario de Estado de Seguridad que, viéndose acorralado por la investigación y abandonado por el Partido Popular, comenzó a tomar notas en su móvil y a depositar ante notario mensajes con su antiguo jefe. ¿Cumpliría la amenaza que deslizaban esas anotaciones? ¿Terminaría por descargar en sus superiores la responsabilidad de la operación de espionaje a Luis Bárcenas? Su declaración en el juicio que le enfrenta a 15 años de prisión se antojaba como un momento ideal para despejar las dudas.

Y ese momento llegó este jueves. Martínez no se apeó de la relectura crítica del momento de su vida en el que pareció proclamar: 'si caigo, no lo haré solo'. Su declaración, y la que le siguió –del exministro Jorge Fernández Díaz–, sirvió para escenificar un pacto de no agresión entre ambos que pone fin, por ahora, al brusco enfrentamiento que protagonizaron durante la instrucción del caso. Ambos hablaron del otro con respeto, incluso con admiración. Pero, sobre todo, apenas dijeron nada que pudiera incriminar a jefe o subordinado. 

El beneficiario evidente de este pacto es Fernández Díaz. El exministro se sienta en el banquillo por aquel Francisco Martínez que prometió morir matando. Los mensajes depositados ante notario por Martínez sitúan al que fuera ministro como conocedor del espionaje al tesorero desde casi el mismo momento que se puso en marcha.

Pero ese Francisco Martínez ya no existe. En el gran día de las declaraciones de ambos, el abogado de Martínez no preguntó a su cliente por los mensajes. El acusado solo traspasó una línea perjudicial para su antiguo jefe al explicar que el 13 de julio de 2013, con Bárcenas en prisión y a punto de confesar la caja B al juez Ruz, el ministro le preguntó si conocía la existencia de un colaborador en el entorno de Bárcenas. Él preguntó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, y antes de contestar a Fernández Díaz este le suministró la identidad del chófer, Sergio Ríos Esgueva.

Martínez logró hablar de los hechos sin mencionar ni siquiera el mensaje que le envió Fernández Díaz al respecto, el primer rastro en el sumario de la operación Kitchen. El secretario de Estado extendió el conocimiento de la “operación de inteligencia” también al CNI. Para ello contó un episodio desconocido hasta ahora. Aseguró que dentro del contencioso entre el comisario Villarejo y los espías, él acordó una reunión con Félix Sanz Roldán para que un interlocutor del Centro se viera con Villarejo y este le informara de “los hechos que aquí se juzgan”. 

El matiz es importante porque Martínez, como otros acusados, admiten que hubo seguimientos a la familia Bárcenas, obligados como están ante las evidencias de partes y testimonios. Pero añaden que se trataba de un operativo legal, “de inteligencia”, para averiguar si Bárcenas escondía aún más millones de los 47 que habían aparecido y si mantenía testaferros ocultos. 

En la reunión, Villarejo también debía contar al CNI lo que sabía del gestor de la Gürtel en Ginebra, Arturo Fasana, “una persona sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado”, según Martínez. Es público que Fasana manejó fondos del rey emérito ocultos a la Hacienda española. Resulta difícil tomar el comentario como una advertencia, por lo estéril de su efecto a estas alturas. 

Al término de su declaración, Martínez aludió a su tratamiento psiquiátrico para explicar un momento en el que estaba “roto” y por eso escribía mensajes contra sus jefes en el Gobierno. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, había escrito el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Así que la estrategia de defensa de Fernández Díaz consiste en desacreditar los mensajes que entregó a dos notarios Martínez. El ministro asegura que él no los envió y su abogado ha presentado a un perito que apunta a una posible manipulación. Además, los notarios a los que acudió Martínez han declarado que no comprobaron si el número desde que los recibió el exnúmero dos de Interior perteneciera en realidad a Jorge Fernández Díaz.

El exministro tenía derecho a mentir para defenderse, como acusado que es en Kitchen, y es conocida la complicada relación con la verdad que mantiene desde hace tiempo. En el juicio dio a entender que conoció a Villarejo durante la despedida por jubilación de Eugenio Pino, en 2016, cuando un audio publicado por El País le muestra hablando con Villarejo y Pino en 2012, cuatro años antes, para planificar la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, afirma en el audio. Su abogado tuvo la precaución de preguntarle si había tenido relación con Villarejo entre 2013 y 2015, después de esa grabación, y él describió una escena en que Villarejo se le presentaba en el citado acto de 2016. Ya en el pasado había negado conocerle, antes de que se publicara la grabación. En su momento, Jorge Fernández atribuyó a una supuesta inteligencia artificial de 2016 pasajes de otra grabación. Fue con el director de Antifrau grabado en su despacho, cuando decía “la Fiscalía te lo afina”.

Martínez y Fernández Díaz se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, según la petición de Anticorrupción. Si el tribunal no aprecia una operación ilegal en el espionaje a Bárcenas y su familia, ambos resultarán absueltos. Si la sentencia reconoce que el operativo incluyó varios delitos, Fernández Díaz se puede salvar, pero resulta casi imposible que lo haga Martínez. La absolución de Fernández Díaz dependerá en gran parte de los mensajes que hoy su subordinado no ha querido mencionar.

La sentencia y el Partido Popular

Una absolución para Fernández Díaz rebajaría la gravedad del caso para el Partido Popular, ya beneficiado de una instrucción abortada por el juez Manuel García Castellón, quien impidió seguir adelante con la investigación a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Fernández Díaz está dado de baja formalmente del Partido Popular y según la tesis del juez que ha llegado a juicio constituiría la X de la guerra sucia del PP, pero sin la colaboración del PP, ni el conocimiento de su presidente.

Por su parte, Francisco Martínez solo ha militado en el PP los dos años que fue diputado de la formación, tras salir del Ministerio, tal y como ha recordado en el juicio. Él es un extraño en el partido, según traslada. Si el cambio de ciclo político llega, los recursos ante el Supremo serán resueltos durante el próximo Gobierno del PP, con capacidad de indulto.

Los indicios contra Martínez se acumulan en la causa. El tribunal ha escuchado las declaraciones en fase de instrucción del comisario García Castaño, que reconoció los delitos y aseguró que Martínez le había puesto a buscar los discos duros de Bárcenas con la supuesta grabación de Rajoy hablando de la caja B. Mensajes con otros acusados confirmarían su conocimiento del espionaje.

Los dos acusados evitaron contestar este jueves al fiscal Anticorrupción y el resto de las partes. El representante del Ministerio Público reaccionó solicitando que se reproduzcan en la vista las declaraciones de ambos en fase de instrucción. Podemos añadió a esa petición la de que se pueda asistir durante el juicio al tenso careo entre ambos que tuvo lugar en noviembre de 2020. El tribunal no ha decidido aún. 

El antiguo secretario de Estado explicó durante su declaración que Jorge Fernández Díaz le hizo secretario de Estado de Seguridad porque es el único que siempre confió en él. Al término de su declaración, Jorge Fernández Díaz fue a dar la mano uno por uno a todos los acusados. Al llegar a Francisco Martínez le dijo: “Al final, la verdad siempre prevalece”.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que nunca supo de ese operativo hasta que comenzaron las publicaciones en los medios de comunicación dos años después de que arrancara. La afirmación contradice lo que acababa de declarar su número dos en la comparecencia que le precedió, cuando Francisco Martínez ha aludido a un intercambio con el ministro del Interior el 13 de julio de 2013 sobre la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas y que incluyó que el propio Fernández Díaz le llegara a compartir la identidad del chófer de los Bárcenas.

“Yo tuve conocimiento [de la Kitchen] cuando comenzaron a aparecer en los medios las informaciones”, ha dicho, ubicando este conocimiento a finales del año 2015. “Yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba ni por abajo ni a la derecha ni a la izquierda, nadie me habló de esa operación Kitchen”, ha declarado el exministro del Interior. Tampoco sabía, ha dicho, que el chófer de la esposa de Bárcenas estaba siendo usado para espiar a la familia. “En absoluto”, ha zanjado ante el tribunal. 

A diferencia de Martínez, el exministro ha optado por negar cualquier conocimiento de un operativo. Martínez, ante las evidencias de la existencia del mismo y el conocimiento que él tenía de él, ha preferido reconocer que supo de una “operación de inteligencia” en la que no habrían cabido ilegalidades.

Fernández Díaz ha afirmado en su declaración como imputado en el juicio de la operación Kitchen que ni él ni el Partido Popular estaban preocupados por la publicación de la contabilidad extracontable del partido conocida como “los papeles de Bárcenas”. A él personalmente, ha dicho, no le preocupó porque no salía en los papeles: “Yo no estaba porque yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”. 

Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio, procura desvincularse así del operativo policial irregular con el que la cúpula de Interior, supuestamente, intentó robar y destruir documentación comprometedora para el PP que obraba en poder de su extesorero, Luis Bárcenas.

Según su versión, esos papeles ni siquiera preocupaban al Partido Popular. “A mi desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés, si la tenían desde luego a mi no me la transmitieron, nadie me transmitió a mi desde el PP ninguna inquietud, no digo que no la tuvieran, a mi no me la transmitieron”.

El abogado de Fernández Díaz ha sacado a colación los cuatro mensajes aportados ante notario por Francisco Martínez, el indicio que supuso la imputación y posterior procesamiento del ministro. El antiguo titular de Interior ha negado la autenticidad de esos mensajes, en el sentido de que él no es su autor. Contrasta con la actitud de Martínez, al que su abogado no ha preguntado por los mensajes durante su declaración, dentro del pacto de no agresión que practican ambos acusados desde que empezó el juicio.

Presiones a Morocho

Fernández Díaz ha negado que telefoneara al comisario José Luis Olivera mientras este se entrevistaba con Manuel Morocho, policía principal de los casos caja B y Gürtel. En esa reunión, Olivera tentaba a Morocho con un puesto en Lisboa, muy bien remunerado, que le apartaría de los casos de corrupción del PP. 

En un momento de la reunión, a Olivera le sonó el teléfono y el comisario dijo a Morocho que era el ministro que respaldaba en persona el ofrecimiento, según relató Morocho en el juicio. “Yo no he hecho esa llamada en la vida”, ha dicho Fernández Díaz.

El ministro Fernández Díaz ha asegurado que conoció personalmente a Villarejo en el homenaje a Eugenio Pino, el DAO que se sienta en el banquillo de los acusados, por su jubilación. El exministro se empeña en negar la grabación del encuentro con Villarejo en el que planean la operación Cataluña y Fernández Díaz dice: “Negaré bajo tortura esta reunión”. La grabación fue realizada en 2012.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

El Ministerio del Interior, la National Crime Agency (NCA) y la organización independiente Crimestoppers han presentado este jueves en Alicante la denominada como Operación Captura para localizar a “los 12 criminales más buscados” por Reino Unido, para lo que España ha pedido “colaboración ciudadana”.

La iniciativa se centra en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una “alta concentración de ciudadanos británicos”, como la Costa del Sol, el Levante o las Islas Canarias, según el Ministerio.

Así, las investigaciones apuntan a posibles vínculos con comunidades en Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife, entre otras zonas de España. Todos son hombres y acumulan en su historial delitos de “especial gravedad”.

Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace 20 años, impulsadas por la NCA británica y la organización no gubernamental Crimestoppers. En este periodo, el “esfuerzo conjunto” entre cuerpos policiales, agencias de seguridad y ciudadanos ha permitido la captura de 98 fugitivos de los 111 denunciados públicamente.

Nombres, rasgos e historial

En este contexto, la lista de Most Wanted, distribuida por las autoridades británicas, cuenta con el perfil de esos 12 criminales “potencialmente refugiados en España”. Entre los más buscados está Simon Dutton, de 49 años. Se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valorada en 1,5 millones de libras. Además, tiene el nombre Rachel tatuado en el brazo izquierdo y cicatrices en la barbilla, la mano izquierda y la pierna derecha.

Otro de ellos es Dean Eighteen, de 48 años, buscado por presentar presuntamente reclamaciones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que es el administrador único. Es un hombre blanco y se cree que abandonó Reino Unido en enero de 2019.

También se busca a Derek McGraw Ferguson, de 62 años, en relación con el asesinato de Thomas Cameron ocurrido en Glasgow en 2007. Ha sido incluido en campañas anteriores y es “uno de los fugitivos más buscados de Police Scotland”. Según detalla el Ministerio, es “probable” que viva bajo un alias y, además, hay imágenes suyas con una simulación de una mayor edad en la web de la NCA Most Wanted.

Philip Barry Foster, de 50 años, es otra de las personas buscadas para comenzar su condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Sus víctimas se deshicieron de una cantidad considerable de dinero por fotos de mala calidad con la promesa de conseguir trabajo profesional como modelo.

La lista también incluye a Alexsandr Kuksov, de 23 años y de nacionalidad rusa, al que se le acusa de estar implicado con un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras en efectivo criminal entre septiembre y octubre de 2022. Es robusto, tiene el pelo castaño y también ha sido incluido anteriormente en una campaña de Most Wanted.

Asimismo, Spencer Dillon Lamb, de 33 años, es buscado por presuntamente suministrar y cultivar drogas. Tiene múltiples tatuajes en la cabeza, cuello, brazos y abdomen, así como una cicatriz bajo el ojo izquierdo.

También se cree que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins. Es buscado por al parecer dirigir mensajeros de drogas y recaudar dinero en nombre de la OCG. Es robusto, con pelo corto castaño y canoso.

Otro de los 12 es Kevin Thomas Parle, buscado por los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. El hombre, de 45 años, tiene el pelo rojo y ha sido incluido en campañas anteriores. Los investigadores creen que tiene vínculos con el sur de España.

Por su parte, Matthew Purves, de 41 años, es buscado por su presunta implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en todo el Reino Unido. Mide 1,83 metros, tiene el pelo castaño rojizo cortado y se considera que tiene vínculos con el sur de España, así como con Corby y Peterborough.

De otro lado, Liam Michael Murray es buscado por su posible implicación en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal. Este hombre, blanco y de 34 años, tiene complexión media y acento del noreste.

La lista también incluye el nombre de John Rocks, de 37 años, acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es un hombre británico blanco de complexión delgada y pelo claro. Se cree que tanto Rocks como Michael Murray tienen vínculos con Alicante.

Finalmente, Charlie Salisbury está buscado bajo sospecha de suministrar cocaína y blanquear los beneficios de los delitos. Este varón, de 34 años, que también usaba EncroChat, tiene un tatuaje de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, así como en la pierna inferior derecha.

Desde el Ministerio del Interior han resaltado que las personas que dispongan de información sobre el paradero de estos fugitivos pueden dirigirse a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Además, Crimestoppers cuenta con un canal de denuncia anónima en su web.

Operación conjunta

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) del Ministerio del Interior, Javier Marín, ha asegurado que “perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas” y ha señalado que es “un acto de justicia” porque significa “empatizar con su pérdida o con su sufrimiento”. “Cada causa abierta mantiene vivo el daño sufrido, por eso la constancia en la búsqueda es una forma de reconocimiento”, ha añadido.

También ha destacado la “importancia” de la “colaboración policial” en el desarrollo de estas operaciones y ha apuntado que “España y Reino Unido son un ejemplo consolidado de cooperación”, con “décadas de trabajo conjunto” entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada país que han demostrado, a su juicio, que “compartir información, coordinar esfuerzos y confiar mutuamente funciona, incluso en contextos jurídicos complejos”.

En la misma línea, el director general de Operaciones de la NCA, Rob Jones, ha insistido en “el valor de la colaboración como herramienta para la seguridad pública de ambos países”.

“España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia”, ha enfatizado.

Por último, Jones ha sostenido que, gracias a la “solidez” de la relación entre las fuerzas del orden españolas y británicas y a la “determinación y capacidades combinadas”, el 90 por ciento de las personas que se han destacado en la Operación Captura han sido localizadas “en las últimas dos décadas”.

Así, desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 254 fugitivos de origen británico con órdenes internacionales de busca y captura. De ellos, 86 arrestos se produjeron en la provincia de Málaga y 54 en Alicante.

De otro lado, la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, ha resaltado la “importancia” de la “cooperación” entre cuerpos de seguridad y ha asegurado que “los fugitivos de la comunidad británica no van a estar tranquilos en España”.

En relación con la organización no gubernamental Crimestoppers, su CEO, Mark Hallas, ha explicado que el objetivo es dar “voz” a aquellas personas que quieren “hacer lo correcto” pero “no se atreven a hablar directamente con la policía”.

Por ello, ha afirmado que mantienen el anonimato y que “con Crimestoppers no hay represalias”, ya que “no” piden “datos personales”. Además, se ha mostrado “orgulloso” de hacer “todo lo posible” para llevar ante la justicia a presuntos delincuentes. “Si te has fugado a España, la policía te va a dar caza, no hay escapatoria”, ha concluido.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el crucero MV Hondius en el que se ha detectado un brote de hantavirus arribará a la isla de Tenerife esta madrugada entre las 4.00 y las 6.00 horas (hora de Canarias), donde se llevará a cabo la repatriación de los pasajeros asintomáticos que permanecen en el buque. Este proceso comenzará con los ciudadanos españoles, que serán trasladados a Madrid en un avión del Ejército, y continuará por grupos de nacionalidad una vez que los aviones destinados a estas repatriaciones se encuentren en la pista de despegue.

En total los pasajeros aún a bordo del barco recreativo suman 23 nacionalidades diferentes, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias, tanto españolas como internacionales, a diseñar un operativo con numerosos participantes. La ministra García ha expresado este sábado que es “un orgullo” para el Gobierno que la Organización Mundial de la Salud “haya confiado en España” para esta operación.

Este sábado, poco antes de la rueda de prensa conjunta de los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, en La Moncloa, la justicia ha ratificado la imposición de una cuarentena a los pasajeros del barco, que será de siete dias aunque las autoridades sanitarias podrán solicitar una prórroga de la misma en caso de que fuera necesario.

En concreto, el buque llegará al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, donde se mantendrá fondeado en la dársena y un barco remolcador se encargará de realizar las maniobras pertinentes. A partir de ahí, los pasajeros asintomáticos que permanecen en su interior irán siendo evacuados hacia los vuelos de traslado, en el caso de los ciudadanos españoles, o de repatriación, en el caso de las personas de otras nacionalidades, una vez que los aviones estén preparados en la pista de despegue. La ministra no ha confirmado la hora de la llegada a Madrid, que se producirá a lo largo del domingo.

La ministra de Sanidad ha confirmado que la previsión es que los ciudadanos con nacionalidad española desembarquen en primer lugar y ha aclarado que todas las personas desalojadas del crucero lo harán con una pequeña bolsa de plástico cerrada con sus pertenencias básicas y haciendo uso de una mascarilla FFP2, para evitar riesgos. En el interior del barco quedarán 30 tripulantes y se prevé la repatriación de 17 personas de la tripulación, según ha informado en la rueda de prensa la ministra, que ha confirmado que el cadáver del fallecido continuará en el interior del barco hasta Países Bajos.

La responsable de Sanidad ha insistido durante la comparecencia en que el riesgo para la población general sigue siendo “bajo” y ha enfatizado que “todos los protocolos funcionan correctamente”. Además, ha destacado el aval judicial a la cuarentena solicitada por las autoridades sanitarias para los pasajeros españoles del crucero de lujo, que tendrá lugar en el Hospital militar Gómez Ulla en Madrid. Además de los nacionales españoles, el responsable de la OMS África, que se encuentra en el interior del barco, también hará la cuarentena en el hospital del Ministerio de Defensa.

Mónica García ha detallado que mantuvo este viernes una reunión por videoconferencia con los pasajeros españoles y ha querido poner de relevancia que todos ellos se encuentran asintomáticos desde el considerado como último contacto estrecho con la enfermedad, que se habría producido el 27 o el 28 de abril, pero también que el Ministerio respetará su privacidad y que comprende que la situación está siendo “muy difícil” para ellos. García también ha avanzado que se pondrá a disposición de los pasajeros un equipo de psicología.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, que ha comenzado su intervención enviando sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos durante una persecución a una narcolancha en Huelva, ha asegurado que la operación de repatriación se hará “lo más rápido posible” y “con la máxima seguridad”. Además, ha confirmado que el transporte de los pasajeros del barco al avión militar que llevará a los españoles al Hospital Gómez Ulla lo harán miembros del Ejército de Tierra.

Además, el resto del personal que participará en la operación de evacuación hará uso también de equipos de protección individual, como exigen los protocolos sanitarios internacionales. El operativo será coordinado de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior y sus dos responsables, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, viajarán esta misma tarde a Canarias con este motivo.

Allí les acompañará también el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus, que esta tarde ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de enviar una carta a los habitantes de la isla de Tenerife explicando que el riesgo de contagio del hantavirus es “bajo”.

Tras este encuentro, el líder del Ejecutivo ha señalado que aceptar la solicitud del organismo internacional era “un deber moral y legal” tanto hacia los ciudadanos como hacia la UE y el derecho internacional. “España estará siempre del lado de quienes necesitan ayuda”, ha dicho Sánchez, quien ha añadido también que “hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad”.

Entre los aviones de repatriación a otros países europeos que ya están programados se encuentran aeronaves de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, según ha confirmado el ministro Grande-Marlaska. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están confirmados y dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.

Tres contactos estrechos en España

La ministra de Sanidad ha confirmado que, al cierre del viernes, habían sido identificados un total de tres contactos con la mujer fallecida por hantavirus que viajó en avión desde Johannesburgo hasta Países Bajos. Se ha localizado a tres mujeres, dos de nacionalidad española y una sudafricana, y entre las que solamente las dos personas residentes en España han presentado algún tipo de síntoma.

El primer caso es el de una mujer en Alicante que ha presentado síntomas leves -tos- tras coincidir en el avión con la mujer fallecida. Por el momento se encuentra hospitalizada en la Comunitat Valenciana para su observación. Según han confirmado a elDiario.es fuentes de Sanidad, la PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología han dado un resultado negativo. Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.

Se ha detectado un segundo caso en Barcelona, considerado un contacto estrecho con la misma fallecida en el avión que viajó de Sudáfrica a Países Bajos, y Sanidad ha admitido que se haga el seguimiento de la evolución de esta persona en el Hospital Clínic de la capital catalana. En este caso, se trata de un caso asintomático y se esperan así mismo los resultados de las pruebas de laboratorio este fin de semana. La mujer ha optado por quedarse interna en cuarentena de forma voluntaria.

Además, Sanidad ha confirmado la identificación de un contacto más, el de una mujer sudafricana que, tras volar a Países Bajos, pasó una semana en Barcelona. Ha sido contactada por las autoridades sanitarias tras su vuelta a su país de residencia y se considera que no ha mantenido contactos estrechos ni ha presentado síntomas durante los días siguientes al posible contacto con la mujer contagiada de hantavirus.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el centro penitenciario El Dueso, en Santoña, se ha quedado sin médicos tras la jubilación de toda la plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas.

Además, la formación, mayoritaria en Instituciones Penitenciarias, ha alertado de que la “privatización” del servicio por la que ha optado el Ministerio del Interior, con la contratación de una empresa externa por “solo 60 horas mensuales”, “colapsará” las urgencias del Hospital Valdecilla al “multiplicarse” los traslados a este servicio.

En un comunicado, ACAIP ha criticado el “abandono sanitario extremo” de los 400 internos de esta cárcel cántabra, que se han quedado sin la atención médica “mínima” en el centro, y tildan de “parche insuficiente” la medida del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

A juicio del sindicato, la adjudicación de la prestación sanitaria -a la empresa Emocional Technologies 22 SL por un coste anual aproximado de 60.000 euros- es “a todas luces insuficiente”, ya que el contrato contempla “únicamente” 15 horas de asistencia semanales para atender a “centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias”.

Por eso, advierte ACAIP, la falta de médicos en el interior de la prisión genera un “efecto dominó” que afecta a la sanidad cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que la ausencia de diagnósticos previos de los reclusos de El Dueso “multiplicará” los traslados a Urgencias de Valdecilla, “colapsando sus servicios”, aseguran.

A ello se suma que cada traslado requiere la custodia y acompañamiento por parte de la Guardia Civil, “detrayendo efectivos de las calles de Cantabria para labores de vigilancia hospitalaria”, han añadido.

Gestión de datos sensibles

ACAIP-UGT también muestra su preocupación por el hecho de que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información “altamente sensible” de la población reclusa, una tarea que tradicionalmente ha recaído en personal funcionario bajo “estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad”.

El sindicato exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias soluciones “reales y estables” y señala que la Ley obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos “hace más de dos décadas”, un mandato que el Gobierno “sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona”.

La polémica por el acceso a los fondos sobre franquismo que custodia el Ministerio del Interior da un nuevo paso esta semana. 500 historiadores e investigadores de disciplinas afines han firmado una carta abierta que este miércoles por la mañana enviarán al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, en la que manifiestan su “preocupación” por las “dificultades persistentes” en la consulta de la documentación que guarda el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y reclaman la “apertura” del mismo.

Entre estos obstáculos está el 'borrado' de nombres propios en expedientes y oficios, que es como en muchos casos manda el archivo la documentación a investigadores y familiares de víctimas del franquismo, como ha podido comprobar elDiario.es. Stella Maldonado, por ejemplo, recibió el pasado 1 de abril el expediente carcelario de su abuela Matilde, detenida en Madrid en 1939, con el nombre del oficial que firmó su salida de prisión para acudir al Consejo de Guerra que la condenó tapado por un borrón blanco, impidiendo su lectura. La práctica se repite en muchos otros casos y también afecta a proyectos de investigación.

La carta denuncia que este tipo de frenos “no suelen presentarse en otros archivos públicos” con los que trabajan los investigadores, que no tienen entre su modus operandi enviar documentos “con marcas actuales de censuras” como hace Interior, a pesar de no ser papeles que se encuentren “sometidos a restricciones de acceso”, señalan en la misiva. El AGMI tiene en su haber decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o la dictadura de Franco, muchos de ellos relativos a algunos órganos clave de su aparato represivo.

A la ocultación de nombres se suman la entrega de los papeles “con grandes retrasos”, llegando incluso a los dos años de dilación a pesar de que la ley establece que las peticiones deben ser atendidas en un mes como máximo. Tampoco el AGMI pone a disposición los llamados instrumentos de consulta, que son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo. “Sin ellos no podemos saber qué contiene cada caja. Todo aquello que en un archivo no está bien descrito, está en la práctica perdido”, señala Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los impulsores de la iniciativa.

Condiciones “equiparables” a otros archivos

Entre las personas que suscriben la carta hay expertos y expertas de las 50 universidades públicas que hay en España, también de algunas privadas y de varias extranjeras como la Universidad de Nottingham (Reino Unido), la Universidad París 8, The Collegue of New Jersey, el King's College de Londres, la Universidad de Leeds o la de Lisboa, entre otras. A la misiva se ha adherido también la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector.

Los profesionales hacen a Grande-Marlaska varias peticiones para “contribuir a la mejora de la situación y facilitar el desarrollo ordinario de la investigación”. La primera es la transferencia de los fondos que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”. Y es que, según la propia instrucción del Ministerio, su archivo no debería custodiar este tipo de documentación al superar 30 años de antigüedad, sino que debería estar en posesión de otros como el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, al que víctimas e investigadores acuden con regularidad sin sufrir restricciones.

Sin embargo, en los últimos 25 años, el AGA –dependiente del Ministerio de Cultura– únicamente ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–. Hay una tercera transferencia de 6.111 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, pero aún no se ha producido. En todo caso, la misiva exige que, más allá de estos traslados puntuales, el Ministerio del Interior “identifique” la documentación histórica y “programe” su traslado escalonado. De momento, estas cajas no llegan a suponer ni el 10% del total de los fondos pendientes.

Mientras se produce esta transferencia, los investigadores reclaman que “se garantice” el acceso al AGMI “en condiciones equiparables” al resto de archivos de la red. No solo que dejen de taparse datos personales o se cumplan los plazos de entrega de fondos, también piden que se “simplifique” el procedimiento de solicitud o que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a día de hoy.

La importancia de los fondos que custodia el archivo hace que “numerosas investigaciones” deban pasar “necesariamente” por él, lo que genera “numerosas dificultades”. Los retrasos, por ejemplo, “generan perjuicios” tanto a la ciudadanía como a los profesionales, apunta Lozano, que cree que son especialmente “graves” en el caso de las víctimas del franquismo, para las que esperar uno o dos años a recibir los documentos “tiene mucha importancia” al ser muchas de ellas personas de avanzada edad. Además, los plazos “disuaden” a la hora de iniciar investigaciones porque las tesis doctorales “tienen un margen de entrega” de tres años y los proyectos financiados dos, ejemplifica.

La misiva alude a que las prácticas del AGMI “derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada” y reclaman que se renueve de forma “acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares que rigen la archivística nacional e internacional”.

En general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, algo que afecta a los papeles del franquismo. Sin embargo, el Ministerio del Interior aplica una instrucción propia de 2006 en la que justifica borrar nombres “de carácter policial o procesal” sin importar su antigüedad. Una normativa que los investigadores solicitan a Marlaska “revisar y sustituir” por una legislación “actualizada”.

Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España descendieron un 9,4% en 2025, con 14.875 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Cataluña sigue siendo la comunidad en la que más casos se han registrado (5.913), aunque también han caído un 15,6%, descenso que en Canarias ha sido del 10,1%.

Así lo recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior al que ha accedido EFE, que indica que las ocupaciones ilegales de vivienda han pasado de 16.426 en 2024 a 14.875 el año pasado.

Los datos no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).

Asimismo, el Ministerio del Interior recuerda que los casos más graves de allanamiento de morada son los menos en España y que los de usurpación son mayormente sobre viviendas vacías.

De esta forma, Cataluña, una de las cuatro comunidades más pobladas de España junto a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, acaparara cerca del 40% de las denuncias registradas en todo el territorio.

Tras esta región, figuran Andalucía con 1.909 denuncias -aunque allí las cifras bajaron un 13,5% de un año para otro-, la Comunidad Valenciana con 1.805 -con un aumento del 2,1% con respecto a 2024- y la Comunidad de Madrid con 1.269, región donde descendieron un 12,5%.

Además, de Cataluña, Andalucía y Madrid, los delitos por allanamientos y usurpación han descendido en Baleares (un 15,7% menos al pasar de 514 a 433); Canarias (un 10,1% al pasar de 663 a 596); Castilla - La Mancha ( un 6,7% menos); Murcia (un 11,2% menos); y La Rioja (un 17% menos).

Por contra, estos delitos han aumentado -además de en la Comunidad Valenciana- en Aragón (un 9,2% más); Asturias (un 28%); Cantabria (un 11,3%); Castilla y León (un 5,8%); Extremadura (un 29,6%); Galicia (un 12,6%); Navarra (un 14,2%); País Vasco (un 3%); Ceuta (un 26,3%) y Melilla (un 26,6%).

Desde 2014, las denuncias por delitos por allanamiento y usurpaciones de inmuebles que registran las distintas policías y Guardia Civil han pasado de 10.084 a las 14.875 de 2025 -últimos datos publicados-, es decir un 32% más. 

Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.