Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.

El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

El grafitero que, a mediados de los noventa, firmó muchas paredes de Santander con el seudónimo Okuda, tiene una conexión, desde esta semana, que parecía improbable. Okuda tiene ahora un vínculo con Joaquín Cortiguera, un célebre ginecólogo que fue el artífice, en el siglo XIX, del único palacete de estilo 'neomudéjar' que hay en Santander: el palacio de Cortiguera.

La Cadena SER desveló la negociación que el hoy artista internacional de 'street art' Óscar 'Okuda' San Miguel (Santander, 1980) mantiene con el Ministerio del Interior para convertir en un centro de arte urbano el interior del edificio. Un inmueble de azulejo, ladrillo y arcos de herradura, que lleva 30 años entre la indolencia y el abandono institucional, en el centro de la capital cántabra.

El palacio está protegido dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, pero no forma parte de ningún inventario de patrimonio civil. Es hoy propiedad del Ministerio del Interior, pero hasta llegar a la negociación con el colorista Okuda ha experimentado muchas negociaciones infructuosas con el Ayuntamiento de Santander, un concurso de ideas para ser rehabilitado, y fallidos intentos de subasta pública.

En origen, el palacete fue un encargo del ginecólogo santanderino Joaquín Cortiguera y Fernández-Pelilla, casado con Magdalena Pujol Ruiz. El médico hizo un encargo singular en 1888: pidió al laureado arquitecto Atilano Rodríguez que construyese un palacio inspirado en la arquitectura de los mudéjares -musulmanes que vivieron entre los cristianos previo pago de tributo y dejaron un gran legado artístico-. Un año después, en 1889, Cortigera inauguró el palacete, que convirtió en su residencia y en clínica ginecológica, con una fachada repleta de elementos nada habituales en construcciones del norte de España.

Frente al estilo regionalista de otros palacetes en Santander, el llamado Palacio Cortiguera tenía un aspecto diferencial, aunque curiosamente la definición 'mudéjar' se asentó en el mismo siglo XIX. “Fue un capricho del propietario, eligió el estilo 'neoárabe' por gusto personal”, explica el experto en arquitectura Aurelio González de Riancho, miembro de Grupo Alceda, que trabaja en la protección del patrimonio cultural cántabro y que describe las particularidades del edificio a elDiario.es.

El estilo 'neomudéjar' solo tiene reflejo en Cantabria en el complejo residencial de Solvay, en Barreda, y en menor medida, en la plaza de toros de Santander, explica otra fuente experta en arte: “En el segundo tercio del siglo XIX y principios del XX, hay una atracción por estilos considerados exóticos” por parte de cierta alta burguesía que quiso dar una impronta mudéjar a la construcción civil.

Joaquín Cortiguera y Magdalena Pujol, propietarios del palacio, fallecieron sin descendencia. Después, el inmueble ubicado en una céntrica y frondosa finca en cuesta en la calle López-Dóriga, pasó a acoger la Cámara de Propiedad Urbana, hasta 1993. Desde entonces, el palacete Cortiguera entró en desuso y en lenta decadencia hasta hoy. Y es que si la negociación resulta fructífera, aunque no han trascendido más datos, podría generar un centro de arte urbano auspiciado por Okuda, un artista que empezó en el grafiti y cuya obra se encuentra en numerosas fachadas de edificios de Cantabria y del mundo.

El valor patrimonial del palacio reside fundamentalmente en su exterior, en sus ventanas y arcos. Por eso, los expertos consultados defienden la posibilidad de que Okuda pase a crear un centro de arte urbano dentro del palacete abandonado. “Me parece bien que Okuda adquiera el palacio para que sea rehabilitado, porque al no ser parte del inventario de patrimonio civil, la iniciativa privada permitiría protegerlo”, defiende González de Riancho.

El universo comercial de la marca Okuda

El centro de arte del Palacio Cortiguera estaría influido por el universo de Okuda, un artista cuyo estilo se fundamenta en el graffiti y el arte urbano, “pero está profundamente vinculado” al movimiento Low Brow, “un estilo de arte underground que surgió en California entre finales de los años 70 y los 80, vinculado al surf”. Así lo explica el artista y comisario de arte Jesús Álberto Pérez Castaños: “Esta corriente tiene una fuerte influencia de la estética del cómic, caracterizada por el uso de la línea clara, elementos que han marcado la trayectoria y la identidad visual de la obra de Okuda hasta la actualidad”, explica.

Pérez Castaños (Santander, 1950), más conocido como JAPC, ha hecho escuela en Cantabria con su impronta también colorista y conoce el trabajo de Okuda desde sus orígenes grafiteros. Recuerda bien cuando fue a conocer a un grafitero que pintaba “o escribía” a mediados de los noventa en Canfrisa, un viejo matadero hoy derribado, con sus amigos. En 2009, el comisario de arte organizó una exposición titulada 'Jóvenes cachorros' en una nave del Puerto de Santander, dedicada a pintores menores de 30 años: “Fue significativa porque representó la primera vez que expuso obra enmarcada”.

En el catálogo de aquella primera vez que Okuda expuso obra enmarcada, citó entre sus referentes a Banksy, dijo que lo más importante era tener estilo propio, y también dijo: “Por parte de las instituciones de mi ciudad, nunca he notado apoyo”.

Desde entonces, Okuda ha evolucionado hasta celebrar ahora 30 años en el mundo del arte y tener un gran espacio cultural en Madrid llamado Factory of Dreams y además pinta fachadas, palacios, iglesias, tazas, bolígrafos o coches, con un equipo de profesionales.

Tiene una colorista y reconocible marca cuya esencia está en el proyecto para el interior del Palacio Cortiguera, que muchos grafiteros puros y otros tantos expertos en arte contemporaneo rechazan y que JAPC defiende: “Okuda ha pasado a tener un modelo empresarial y comercial, pero sin perder el trato humano y la inocencia. Es un artista total con rentabilidad, pero no pinta por hacer negocio”.

Y JAPC advierte mirando muy atrás sobre el futurible arrendatario del palacio 'neomudéjar': “Okuda está en un entramado comercial que no es ajeno al pasado: Rembrandt y Rubens tenían estudio y vendían obra; hoy se propicia la comercialización del producto y él tiene una repercusión económica muy grande, pero detrás sigue existiendo ese niño que pintaba muy bien en la calle”.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, espera que en próximas semanas se pueda formalizar una cesión con opción de compra del Palacio de Cortiguera, inmueble situado en el centro de Santander que es propiedad del Ministerio del Interior, para que el artista Okuda San Miguel acometa en este edificio un proyecto cultural.

El Gobierno de España trabaja con el pintor y escultor Okuda para destinar el Palacio de Cortiguera, propiedad del Ministerio del Interior, a un proyecto cultural de “impacto” para la ciudad y para Cantabria, con el que se quiere recuperar este edificio.

El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio para “ponerlo a disposición de la ciudadanía” y convertirlo en otro elemento cultural de la capital cántabra, ha precisado Casares a preguntas de los periodistas.

“Me gusta ser muy prudente cuando estamos con una negociación en marcha para un proyecto tan importante como este, pero sí puedo confirmar que será con Okuda con quien estamos trabajando para desarrollar este proyecto cultural en Santander”, ha explicado. Casares ha apostillado que se están “ultimando los detalles” entre el artista y el Ministerio.

“Todo lo que sea positivo para la ciudad es de agradecer”

La concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, no ha entrado a valorar este miércoles el posible acuerdo entre el Ministerio del Interior y el artista Okuda San Miguel para crear un proyecto cultural en el Palacio de Cortiguera y ha dicho que “todo lo que sea positivo para la ciudad” es de “agradecer”.

“No puedo opinar del acuerdo de otra institución con la Fundación Okuda, todo lo que sea positivo para la ciudad, no puedo más que agradecerlo”, ha manifestado Méndez a preguntas de los periodistas, después de que se haya conocido que Okuda está en conversaciones con el Ministerio para la puesta en marcha de un proyecto cultural en ese edificio de Santander.

En la presentación de las actividades dinamizadoras del Museo de Arte de Santander, la edil ha recordado que en 2018, cuando ella todavía no formaba parte del equipo de gobierno municipal, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Gobierno de España, en ese momento del PP, para la cesión gratuita del edificio para su uso cultural. Esa cesión, ha añadido, “debió de dejar de estar activa” y el Ayuntamiento optó por no comprar un edificio que ya se le había cedido de forma gratuita.

“El Ayuntamiento tiene la capacidad económica que tiene y ya había un compromiso de arreglo y de un proyecto”, ha concluido Méndez por el motivo por el cuál el Consistorio no ha adquirido el inmueble

Muchas de las víctimas de la represión franquista siguen enterradas en cunetas y fosas comunes cuando están a punto de cumplirse noventa años después del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil, pero su memoria no está solo en los camposantos, está también dispersa en numerosos archivos oficiales que restringen, cuando no prohíben, el libre acceso a la documentación que custodian. 

Las investigaciones policiales, las denuncias y delaciones, las torturas para conseguir declaraciones auto inculpatorias y los procesos judiciales sin garantías que permitieron al aparato represivo del franquismo condenar a largos años de prisión y a la muerte a quienes defendieron la legalidad republicana ganada en las urnas. Una verdad incómoda que desde hace años se escamotea del conocimiento público con una patulea de disposiciones legales que impiden su consulta. 

Hace poco más de un mes el Gobierno procedió a la desclasificación de una serie de documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 al cumplirse su cuarenta y cinco aniversario. Es el plazo que establece la permanentemente pospuesta Ley de Información Clasificada para el acceso a la documentación catalogada como “alto secreto”; treinta y cinco en el caso de la “secreta”. Un proyecto de ley llamado a sustituir la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Se trata de una buena noticia, aunque el resultado de dicha desclasificación haya sido decepcionante al limitarse a este acontecimiento concreto. 

Las trabas para acceder a la documentación oficial sobre nuestro pasado más trágico no son achacables solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es otro de los obstáculos a los que se enfrentan quienes intentan acceder a la verdad de los archivos. Esta ley establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a cualquier documento que contenga datos personales que la autoridad competente considere que afectan al honor de los aludidos, como es el caso de los procesos judiciales, pero ¿qué honor se mancilla al dar a conocer procesos judiciales instruidos sin las mínimas garantías que sirvieron para justificar la condena o el asesinato de los encausados? El de las víctimas, no.  

La verdad tiene enemigos, y frente al derecho al olvido que reclaman los verdugos y sus familias debe prevalecer el derecho a la información y a la investigación histórica. Cincuenta años para acceder a esta documentación es un plazo desproporcionado si lo comparamos con los que se aplican en otros países de nuestro entorno, que oscilan entre los veinte y los treinta años. Una realidad que hace necesaria una nueva Ley de Patrimonio Histórico si de verdad queremos conocer y divulgar nuestra historia más reciente.

Produce desasosiego ver el desconocimiento y desinterés hacia nuestro pasado más dramático de muchos jóvenes nacidos en una democracia ya asentada. Democracia que se ve ahora amenazada por los herederos de aquel tiempo sombrío que, envalentonados, se enseñorean brazo en alto y cara al sol por nuestras calles y se atreven incluso a ensalzarlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

A las interpretaciones restrictivas de las leyes se suma la ausencia de voluntad política para poner fin a esta realidad. El ejemplo paradigmático de ello es el Archivo General del Ministerio del Interior, un archivo de nivel ministerial que, por su propia normativa, no debería albergar ni un documento de su etapa de “Ministerio de la Gobernación”. Hace décadas que debería haber transferido esta documentación a los Archivos Históricos e Intermedios para su adecuada catalogación y el libre acceso de los investigadores.. El despropósito es tal que atesora documentación que se remonta a 1840. Una irregularidad palmaria porque no atesorar documentos con más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos es una misión condenada al fracaso, como vienen denunciando desde hace años historiadores y estudiosos de nuestra historia.

De poco vale que la Ley de Memoria Democrática diga en su preámbulo que “la ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión” si se impide el acceso a la documentación que custodian los archivos oficiales.

Su artículo 15, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, recoge el compromiso de la Administración General del Estado con el impulso a la investigación de todos los aspectos concernientes a la guerra civil y la dictadura, y en el artículo 27 garantiza “el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura (…) y la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien”.

Una parte de nuestra memoria democrática sigue enterrada en cunetas y fosas comunes, pero también en los archivos oficiales, que necesitamos abrir para acercarnos a la verdad, primer paso para la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.

Andalucía acumuló casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 del conjunto del país. En una reunión de crisis a primeros de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba la incorporación de más ayuntamientos al sistema VioGén con tal de redoblar las medidas de seguridad ante unas cifras que, tras dos décadas, solo alcanza al 34% de las corporaciones locales en España, mientras que en la comunidad incrementa ligeramente, hasta el 37,2%: solo hay 292 municipios integrados del total de 785. A falta de un frente común, se suma el discurso negacionista contra la violencia de género que ha terminado por “calar” en las políticas de igualdad desplegadas en el territorio, profundizando en la grieta que existe.

Hace solo unas horas se ha producido el último asesinato machista en Andalucía, en concreto en la localidad de Fuensanta, en Córdoba. Un hombre de 65 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 64 años. Ambos estaban en el sistema VioGén y sobre él pesaba una orden de alejamiento, mientras que ella contaba con protección por parte de la Policía Nacional. El crimen se produjo una hora antes de que se produjera un juicio rápido por violencia de género. Una vez confirmado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) eleva a cuatro los homicidios cometidos en Andalucía desde principios de año, siendo ya 16 las mujeres víctimas de la violencia machista y habiendo nueve casos en los que no constaba denuncia previa.

Para formar parte del sistema VioGén hay tres requisitos en los convenios que suscriben los ayuntamientos y el Ministerio de Interior: voluntad política, capacidad de interlocución y de acción coordinada entre las administraciones, y una financiación estable para facilitar la formación y los aspectos técnicos, resume Laura Flores Anarte, investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) y especialista en la materia.

La firma del convenio para ingresar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) supone la coordinación entre las distintas administraciones. Con ello, la policía local pasa a realizar funciones de protección y seguimiento de los casos de violencia de género notificados —que se califican en nivel de peligro bajo, medio o no apreciado— y, al mismo tiempo, acceden a la información que hay disponible en la plataforma. Esos datos también están disponibles para los servicios municipales, desde donde se contribuye a perfeccionar las estadísticas con la subida de nuevos informes.

A partir del último informe, la distribución por provincias andaluzas sería: Almería (32); Cádiz (22); Córdoba (44); Granada (60); Huelva (20); Jaén (44); Málaga (23) y Sevilla (47), siendo el último Gerena. “Tras la crisis económica de 2008, los recursos públicos destinados a políticas públicas de igualdad en general y a la lucha contra la violencia de género en particular, se vieron diezmados a todos los niveles territoriales”, señala la experta. “Por ejemplo, la partida específica destinada por el Estado a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género gestionada por las CCAA se vio reducida en un 50%”, detalla, recortando en presupuestos específicos y disminuyendo los recursos disponibles.

Discurso negacionista

En 2016, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se logró recuperar el colchón económico perdido. Con una inversión prevista, ¿cuál es el obstáculo ahora? El último lustro ha estado marcado por una realidad mucho más acuciante: el negacionismo de la violencia de género: “Hay un repunte de los discursos que deslegitiman las leyes de igualdad por considerarlas ideológicas o sectarias y defienden la vuelta a unos valores patriarcales tradicionales; esto ha calado en las instituciones y ello se traduce en la pérdida de prioridad política de la articulación de las medidas en ellas previstas”. Prueba de ello, las declaraciones de Juan Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, quien sostuvo que el hombre que asestó 50 puñaladas a su mujer la “quería mucho”.

Sin este tipo de declaraciones, pero sin haber dado el paso, está Benalmádena, en Málaga, una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no forman parte de VioGén. A preguntas de este medio, fuentes de la corporación dirigida por Juan Antonio Lara (PP) indican que “el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio están plenamente garantizados a través de la Policía Nacional”. Añaden que, a través de la Policía Local, “se mantiene una coordinación y colaboración permanentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con los servicios sociales y asistenciales, garantizando una respuesta integral y eficaz”. Con una política de “tolerancia cero frente a la violencia de género”, aseguran que los agentes tienen formación específica y que la Mesa Técnica Contra la Violencia de Género coordina “los casos concretos” con el apoyo de un equipo interdisciplinar.

En lo concerniente a municipios de menor población, desde el Ministerio de Interior se explica que hay algunas trabas, como que los policías locales destinados a estas zonas solo tengan competencias administrativas o que se debe estar en disposición de integrar los servicios sociales en el sistema, lo que no siempre es posible. Ante la ausencia de esta herramienta en gran parte de Andalucía, subrayan que los gestores de VioGén “coordinan la reorganización de todos los recursos disponibles” en cada territorio, con tal de que nadie quede desprotegida “con independencia de su lugar de residencia”. Así, especifican que es función de las delegaciones del Gobierno mediar con los distintos interlocutores políticos para conseguir ampliar el área de actuación.

Impedimentos a la hora de acceder a la información

Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Un trabajador del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, parte de VioGén, apunta a la falta de accesibilidad. La información sensible del sistema está disponible para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, y para los agentes policiales, excepto para los servicios sociales. “Desde los centros integrales de atención a la mujer (CIAM) lo reivindicamos desde hace mucho tiempo, porque es muy importante en el trabajo que realizamos con las mujeres”, asevera la fuente consultada.

La recepción de un nuevo caso corre a cargo de la trabajadora social, que luego articulará una estrategia de abordaje junto al equipo formado por una asesora jurídica, una auxiliar administrativa y una psicóloga. Ese primer contacto es clave para dirimir cuáles son las atenciones que necesita la posible víctima que se acerque a las instalaciones. “No sabemos cuál es la traba y desde el Ayuntamiento nos dicen que se ha intentado en alguna ocasión, pero hay que volver a insistir”, manifiesta.

En respuesta a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla señala que, tanto en el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) como en el actual de Jose Luis Sanz (PP), se “ha reclamado continuamente”, tanto de forma pública como por escrito en abril y junio de 2023. En la actualidad, la información es manejada tan solo por el grupo especializado que hay en la Policía Local, apuntan. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla indica que el convenio con Interior no contempla el acceso al sistema de los servicios sociales de ayuntamientos ni al propio CIAM, en todo caso, en la denuncia de la víctima se debe autorizar expresamente a que sus datos pasen al IAM.

Bárbara Sordi, investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atiende a este medio. Hace pocos días, el equipo liderado por el investigador de la US, Juanjo Medina, hizo entrega de las primeras conclusiones de Proyecto RiskPol - Vigilancia policial basada en el riesgo de la violencia de pareja y el modelo de riesgo VioGén, cofinanciado por la Junta de Andalucía. Todavía no se pueden desvelar los resultados finales, pero la especialista habla sobre los puntos positivos y los desafíos que entraña la colaboración entre la academia, la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado.

Primero, especifica que VioGén no deja de ser una herramienta dentro de un aparato de protección mucho más complejo en el Estado, con diferentes escalas y responsabilidades: “En Andalucía, hay que apostar por el incremento de este y otros recursos para extenderlos a todos los rincones, porque vemos un avance, y esta autonomía ha sido pionera en muchas cuestiones, pero existe un repunte y hay una evidencia: el discurso negacionista está cuajando cuando hay datos evidentes de violencia y de victimización entre jóvenes”. Con un marco legislativo más robusto que en el pasado, contempla el efecto de la manosfera entre las nuevas generaciones, “hay un problema de base”.

A tenor de las estadísticas de VioGén, llama la atención sobre que en el último informe publicado por el Ministerio de Interior había alrededor de un 50% de mujeres que habían interpuesto una denuncia previa. “¿Qué significa esto? Que escaló la violencia, por tanto, no estamos haciendo la labor desde el sistema de justicia a la hora de brindar las medidas de protección”, resalta.

Nuevo VioGén

La auditoría realizada por la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, desveló que se subestimaba el riesgo para las víctimas, ya que hubo 71 falsos negativos y solo 55 mujeres recibieron algún tipo de protección policial debido a que el 73% de los casos no había presentado una denuncia policial y, en consecuencia, no se había asignado una puntuación en la valoración de riesgo (VPR) o la de evolución del riesgo (VPER). Al respecto, Laura Flores, investigadora de la US, añade que de esta forma quedaron comprobadas las deficiencias estructurales del primer modelo: “Un criterio determinante para el algoritmo que califica el riesgo al que se encuentran expuestas las víctimas eran los recursos policiales disponibles, de tal manera que el sistema solo da el número de puntuaciones de riesgo extremo que se puede permitir”.

Además, se le daba mayor peso en el cuestionario a la violencia física, subestimando así a la psicológica, y solo se permitían respuestas binarias, “lo que dificulta la precisión en la descripción de las realidades”. Con la puesta en marcha de VioGén 2 en enero de 2025, la finalidad es revertir estos fallos y lograr una herramienta a pleno funcionamiento en la que se produzca una gestión más rápida y concisa de los datos. La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento del maltratador, anunció Interior en enero de este año. “Ahora habrá que ver los efectos de su efectiva implementación”, determina la investigadora.

Pilar, primera víctima por violencia machista este año, tenía 38 años y vivía en la localidad jiennense de Quesada. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero su cuerpo fue hallado sin vida el 4 de enero. Alba Oseguera Gutiérrez, parte del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), retoma el quid de la cuestión: “Falta una mayor inversión y unos servicios que sean integrales. Por ejemplo, con la actual crisis de la vivienda hay muchas mujeres que no pueden dejar atrás a su maltratador e iniciar una nueva vida. La vivienda es uno de los puntos fundamentales de protección y reinicio”.

Con fecha de marzo, en Andalucía hay un total de 27.196 casos que están en activo y 1.286 supervisados. Del total de activos, hay 23.656 con calificación de riesgo baja, otros 3.316 en riesgo medio, mientras que 220 que de riesgo alta y 4 calificados como riesgo extremo.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

Permítanme una ironía inicial. A veces este oficio no está pagado. Hoy es uno de esos días, aunque confieso que la iniciativa ha sido mía, o sea que ninguna queja.

Me explico. He decidido leer unos cuantos artículos de Jorge Fernández Díaz, esos en los que el exministro lleva años dando lecciones como si fuesen las cartas a los Corintios, de las que es tan fan. Cualquier otro, tras su gestión en el Ministerio del Interior (parte de la cual se juzga estos días), se habría ido discretamente a su casa a purgar los pecados, a la espera de que la justicia haga el resto. Pero no: él, lejos de guardar silencio o pedir perdón, optó durante todo este tiempo por hacer justo lo contrario en las columnas que habitualmente publica desde hace tiempo en La Razón y cada lunes en OKdiario.

La semana pasada, semana grande para alguien como Fernández Díaz, escribió casi cada día. “Estamos viviendo una Semana Santa en la que la actuación del maligno se percibe con una intensidad desconocida en muchos años”, alertó el viernes. El maligno, para él, no es Trump, por si cabían dudas. Les cito los títulos de algunos de los últimos artículos porque se explican solos: Domingo de Pascua de Resurrección del Señor, Sábado Santo y vigilia del Domingo de Gloria, Viernes Santo: Jesús crucificado en el Calvario y El Jueves eucarístico de la Última Cena.

Aunque su fuerte sea la religión y dar lecciones de moral que debería ahorrarse, Fernández Díaz se ha especializado en atacar al Gobierno y, en especial, a Pedro Sánchez, a quien se refiere como “el presidente del Frente Popular socialcomunista”. Hay varias, pero he escogido un par de frases para resumir lo que opina de la gestión del Gobierno.

La primera hace referencia a la estrategia internacional del Ejecutivo: “Sánchez quiere ser el paladín del antitrumpismo, usando a España para su interés personal y colocándola junto a los ayatolás y Maduro”. Y esta segunda, en OKdiario, le permite mezclar inmigrantes, Israel, Estados Unidos y seguridad sin ningún reparo: “Con las regularizaciones masivas de inmigrantes que carecen de adhesión a nuestras raíces judeocristianas históricas, la nación española se encuentra sumida en un proceso «desnacionalizador» que, unido a la patente hostilidad del sanchismo gobernante respecto a EEUU e Israel, nos sitúa en un absoluto limbo geopolítico futuro”.

Hay temas que le encantan. Uno de ellos es el aborto. Y no tiene problema en vincularlo a la baja natalidad. Reproduzco un fragmento que lo tiene todo: desde la inmigración a Soros, pasando por el ecologismo, la natalidad o la homosexualidad… sus hits preferidos en un solo párrafo: “Ese reto demográfico lo pretenden superar los progresistas mediante la inmigración, no legal y ordenada como exige el sentido común y el interés general de los españoles, sino mediante las ‘puertas abiertas’ que promueve la fundación Open Society (Sociedad Abierta) del multimillonario George Soros, ahora al mando de su hijo Alex. Quizás sería conveniente y oportuno que los ecologistas, tan ‘progresistas’, reflexionaran acerca de la manera más adecuada de promover y facilitar un crecimiento adecuado de la natalidad entre los españoles. Sobre ello hay suficiente experiencia tanto en España como en el extranjero, y de manera especial aquí durante la posguerra, con la cantidad de bajas producidas en ella y pese a la penosa situación económica existente. Pero es evidente que, promoviendo el aborto para que incluso sea un derecho fundamental y la ideología de género, no se promueve la natalidad precisamente. La unión de dos hombres, o de dos mujeres entre sí, no parece que conciba hijos”.

Habrán comprobado también que los puntos y aparte no son su fuerte.

Les evitaré más parágrafos, entre ellos los de los artículos en los que se posiciona en contra de la eutanasia. Pero, viéndole estos días sentado en el banquillo por la trama Kitchen, aún rechinan más sus apelaciones a la ética. Por ello, permítanme solo un último ejemplo: “Esta es una de las más graves heridas que el PSOE sanchista va a dejar como herencia de su paso por el Gobierno de España: la carencia de ética pública por parte de quienes ejercen la elevada responsabilidad de tener en sus manos procurar el bien común de los españoles y preservar el interés general de España. Hasta la llegada de Sánchez a la política nacional, había normas no escritas, pero sí inscritas de manera indeleble en la conciencia del conjunto de los políticos, situados en todo el espectro ideológico, desde un extremo al otro”.

¿Entre esas “normas no escritas” estaba el uso de fondos reservados para sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro o para atacar a rivales políticos, ya fuesen independentistas o de Podemos?

¿Cuál es “la herencia” que dejó Fernández Díaz tras su paso por el Gobierno de España?

¿Qué entiende por “preservar el interés general de España” alguien que presuntamente usó las cloacas policiales del modo en que lo hizo?

Esas son las preguntas que debería haber contestado Fernández Díaz en sus artículos. Claro que es muy posible que a sus lectores les dé igual. El resto esperaremos a ver qué contesta en el juicio, aunque mejor no hacerse muchas ilusiones.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar el caso Gürtel –la trama de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por el PP– y el caso Bárcenas –la caja B con la que se financió la formación conservadora durante dos décadas– confesó al juez cómo le “conminaron” sus mandos a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, declaró.

El documental especial elaborado por elDiario.es para radiografiar este caso recoge las imágenes del interrogatorio a Morocho y de su testimonio ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Un testimonio clave para entender uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática.

Es sólo una de las pruebas que el juzgado de la Audiencia Nacional tendrá que valorar en el juicio de la Operación Kitchen, donde se juzgará al ex ministro del Interior, Jorge Fernández; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que perpetraron el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarles pruebas de la implicación de la formación conservadora en un caso de financiación ilegal.

A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

España avanza un paso más en la digitalización de los servicios públicos. A partir del 2 de abril de 2026, los ciudadanos podrán utilizar el Documento Nacional de Identidad en formato digital directamente desde el móvil. Se trata de una opción que complementa al DNI físico y que tendrá la misma validez legal para identificarse ante administraciones públicas y entidades privadas.

La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que han desarrollado una aplicación oficial llamada MiDNI. Con ella, el documento de identidad se “virtualiza” en el teléfono mediante una conexión segura con los servidores oficiales, permitiendo mostrar los datos de identidad sin necesidad de llevar la tarjeta física.

Este sistema, regulado por el Real Decreto 255/2025, busca facilitar la identificación cotidiana de los ciudadanos y adaptarse a un contexto en el que cada vez más trámites se realizan de forma digital o mediante dispositivos móviles.

Aunque la aplicación ya se puso en marcha en fase inicial en 2025, el 2 de abril de 2026 marca un punto clave: desde esa fecha, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital como medio válido de identificación, en los mismos términos que el documento físico.

Esto significa que, si un ciudadano decide utilizar su DNI desde el móvil, una empresa, hotel, banco o administración no podrá rechazarlo alegando que solo acepta el formato en tarjeta.

El uso del sistema, sin embargo, seguirá siendo voluntario. Es decir, quien prefiera seguir utilizando el DNI tradicional podrá hacerlo sin ningún problema.

El DNI en el móvil no sustituye al físico

El llamado DNI digital no es un documento nuevo que sustituya al físico, sino una versión virtual del DNI tradicional, accesible desde el teléfono a través de la app oficial MiDNI.

El funcionamiento es relativamente sencillo: cuando el usuario abre la aplicación, puede generar una credencial digital que muestra sus datos personales y que puede ser verificada en tiempo real por la Policía Nacional. De esta forma, el sistema garantiza la autenticidad de la identidad sin necesidad de almacenar permanentemente la información en el dispositivo.

Además, la aplicación permite mostrar solo la información necesaria según el trámite. Por ejemplo, si solo es necesario acreditar la mayoría de edad, el sistema puede ocultar otros datos personales.

Este mecanismo responde también a las recomendaciones de protección de datos, evitando que las empresas o administraciones tengan acceso a información que no necesitan.

Cómo obtener el DNI digital en el móvil

Para utilizar el DNI en el teléfono móvil es necesario completar un proceso de registro previo. El sistema se basa en dos pasos principales: vincular el DNI a un número de teléfono y descargar la aplicación oficial.

En primer lugar, el ciudadano debe disponer de un DNI electrónico en vigor, con sus certificados digitales activos. Después puede registrar su teléfono mediante tres vías principales:

Una vez completado el registro, basta con descargar la aplicación MiDNI desde Google Play o la App Store y acceder con los datos de identificación correspondientes.

El sistema permite establecer medidas de seguridad adicionales, como contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, para evitar accesos no autorizados en caso de pérdida del teléfono.

Para qué se podrá usar el DNI digital

En la práctica, el DNI en el móvil servirá para identificarse en la mayoría de situaciones cotidianas en las que hasta ahora era necesario mostrar el documento físico.

Entre los usos más habituales se incluyen:

También podrá utilizarse para identificarse en procesos electorales o en gestiones relacionadas con la administración pública, siempre que el sistema de verificación esté disponible.

No obstante, el DNI digital no sustituye completamente al documento físico en todos los contextos. Por ejemplo, no se puede utilizar como documento de viaje en fronteras ni fuera de España.

Códigos temporales para mayor seguridad

Una de las claves del nuevo DNI digital es su sistema de seguridad. La aplicación genera códigos QR temporales que permiten verificar la identidad del usuario en tiempo real, evitando que los datos personales queden almacenados o puedan ser reutilizados.

Cuando una persona necesita identificarse, la app muestra el código y los datos necesarios para el trámite. El receptor puede escanearlo y comprobar su autenticidad mediante los sistemas oficiales de verificación.

Este modelo pretende reducir uno de los problemas habituales del uso del DNI físico: la copia o almacenamiento de datos personales por parte de terceros.

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades han advertido de que MiDNI es la única aplicación oficial para llevar el DNI en el móvil. Por ello recomiendan descargarla únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones y evitar apps no autorizadas que puedan intentar suplantarla.

Además, al igual que ocurre con cualquier documento de identidad, es importante proteger el acceso al teléfono mediante sistemas de bloqueo y mantener actualizadas las medidas de seguridad del dispositivo.

Un paso más hacia la identidad digital

La llegada del DNI al móvil forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la identidad digital en España. En los últimos años, la administración ha desarrollado herramientas como el sistema Cl@ve o la aplicación Carpeta Ciudadana para simplificar los trámites con el sector público.

El DNI digital representa un nuevo avance en ese proceso, al trasladar el documento de identificación más utilizado del país al dispositivo que la mayoría de ciudadanos lleva siempre encima.

Para muchos usuarios, el cambio será sobre todo una cuestión de comodidad: poder acreditar quiénes son sin necesidad de buscar la cartera o preocuparse por olvidar el documento físico.

Para la administración, en cambio, supone un paso más hacia un modelo de identidad digital segura, en el que la ciudadanía pueda interactuar con instituciones y empresas con mayor facilidad y control sobre sus propios datos.

Haitam Mejri, de 35 años, que murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención policial en la que participaron seis agentes y en la que recibió una decena de descargas eléctricas con pistolas táser, ha estado muy presente en la manifestación antirracista celebrada este sábado en Málaga. En la protesta han participado unas 200 personas y se han coreado consignas como “Haitam, hermano, nosotros no olvidamos”, “No son muertes, son asesinatos” o “No es un caso aislado, es racismo de Estado”.

El acto, convocado por varias asociaciones bajo el paraguas del Movimiento Antirracista de Málaga, ha tenido como eje que este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al acto han acudido familiares de Haitam Mejri, al que se ha hecho mención expresa en el manifiesto que se ha leído, en el que se ha denunciado que “no hay seguridad en la injusticia, ni hay justicia en el archivo y falta de diligencias en la investigación de las causas: no hay seguridad en la impunidad”.

El texto carga contra la Policía, que “abrió fuego contra su memoria mintiendo al personal sanitario” cuando llegaron al establecimiento donde el asesinato ocurrió, y “siguieron disparando junto con el Estado, al definir los hechos como una actuación proporcional, tal y como ha respaldado y sostenido el Gobierno más progresista”. Además, “el Estado dispara justificando que esos seis agentes sigan desde ese día en activo”, achacando lo ocurrido a una cuestión de seguridad. “¿Seguridad para quién? Para nuestras comunidades desde luego que no”.

“Fomento” del racismo, la xenofobia y la intolerancia

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, y durante la misma se ha cargado contra una Policía “que no sólo mata a nuestros hermanos, nos criminaliza mediante las detenciones por perfilamiento racial”. Los asistentes han lamentado también que “en una ciudad como la de Málaga” no sólo no se desoyen los mandatos internacionales, “sino que se fomentan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, como cuando el gobierno local del PP “se posicionó en contra la regularización de las personas migrantes bajo pretextos racista”.

Los manifestantes han lanzado también mensajes como “Justicia ya, no a la impunidad”, “Basta ya de abuso policial” o “Aquí estamos, nosotros no matamos ni tampoco torturamos”. Algunos vestían camisetas con el rostro de Haitam Mejri junto a la palabra “Justicia”, portando pancartas con lemas como Tu historia no será silenciada, No nos vamos a rendir, Haitam no merecía morir así o 6 implicados ¿ningún imputado? Justicia!!! o La verdad jamás será silenciada.

La jueza del caso, que está a la espera el informe definitivo de la autopsia, ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones hasta que lo reciba, por lo que no ha practicado ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la acusación. Lo que sí se conoce ya es el informe pericial encargado por la familia, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

Nasser, su hermano: “Esa gente no puede estar en la calle”

En el acto ha habido representantes del Sindicato de Manteros de Sevilla en homenaje a Mamouth Bakoum, el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024. Y también ha acudido Nasser Mejri, hermano de Haitam, que ha señalado que la familia sigue “impotente y con mucha tristeza” cómo se desarrolla el caso, a la espera de una respuesta de la jueza o del fiscal. 

Tras la publicación por este periódico de las imágenes en las que se apreciaba la muerte de Haitam, su hermano confía en que “con la presión ya no se crean que somos cuatro gatos de Málaga y vean que España entera tiene el foco puesto en cómo instruye la jueza”. La familia espera que la magistrada “sea un poquito más contundente y haga su trabajo como debería hacerlo, porque a la vista está que no se pueden contradecir los vídeos y las imágenes”, lo que contrasta con la situación de los policías: “Esa gente no puede estar en la calle disfrutando de su libertad y mi hermano lleva tres meses enterrado”.

En cuanto a su presencia en la manifestación, Nasser considera que era importante porque simboliza “una lucha en contra de las víctimas racializadas, y mi hermano es un caso de esos”. “No podemos callar ante estas injusticias porque cualquier vida importa por igual”, y pese al impacto por la muerte de Haitam, considera que todavía cuentan con la baza de los vídeos: “Por desgracia, hay mucha gente que su intervención o fallecimiento no ha sido grabado y documentado, y entonces se cree antes al testimonio de un agente de la autoridad que al de la persona o la familia”, casos que en su mayoría “suelen quedar archivados y metidos en el cajón”.

Para Nasser, “lo que me demuestra a mí que fue un acto racista es que en cuanto llegan los sanitarios la primera justificación de ellos es que entró con unas tijeras gritando ”Allah akbar“, como si fuera a poner una bomba”. “Ni mi hermano ni yo sabemos ni leer ni escribir en árabe porque estamos aquí desde la guardería”, ya que su familia lleva alrededor de 30 años, donde regenta un bar.