La investigación de Kitchen aflora el mercadeo de medallas en la Policía

“¿Usted cree de verdad lo que está diciendo? ¿De verdad lo está creyendo?”. La pregunta retórica se la lanzó el pasado 14 de diciembre el juez que investiga el espionaje a Luis Bárcenas al que fuera jefe operativo de la Policía durante los cuatro primeros años de Mariano Rajoy. El comisario Eugenio Pino acababa de declarar que la concesión de una medalla pensionada a un policía por, según él, “aguantar una pléyade de informaciones (en la prensa)” y tener la “presión psíquica de investigar” al partido en el Gobierno encaja en los requisitos que establece la ley y que son haber resultado herido o haber puesto en riesgo la vida en acto de servicio. El juez García-Castellón no conocía en ese momento que Pino también había concedido una Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, por ejemplo, a una de sus secretarias y al inspector jefe que dirigía, y sigue al frente, el gabinete de prensa, entre otras muchas.

La polémica por la utilización de las medallas con asignación económica es antigua en la Policía. A día de hoy, su gabinete de prensa sigue sin facilitar los motivos por los que se conceden a cada agente y solo las iniciativas parlamentarias o judiciales permiten hacer pública una mención genérica. Para acabar con tal opacidad está el testimonio de quien manejó a su antojo durante cuatro años la concesión de premios encubiertos, ya fueran medallas o codiciados destinos en el extranjero, y que está imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, el comisario jubilado Eugenio Pino. Cuando el juez le insistió en que si de verdad creía justificada la medalla, Pino respondió: “Yo, sinceramente, creo que sí”.

Como Eugenio Pino, que se jubiló con la más alta distinción que se concede a un policía en vida, todos los principales imputados en el caso Kitchen fueron condecorados con medallas pensionadas durante el mandato del director adjunto operativo. El propio juez del caso, Manuel García-Castellón, desliza en el interrogatorio a Pino que todas esas medallas están en el foco de los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción habla en sus escritos de un posible “enriquecimiento personal” de los mandos que participaron en el espionaje a Bárcenas para reventar presuntamente el caso de la caja B y beneficiar a dirigentes del Partido Popular.

Una Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo supone un incremento vitalicio del 10% en la nómina y se acumula a otras recibidas anteriormente. La Medalla de Plata con la que se jubiló Pino conlleva un 15% más de sueldo. Tres de los imputados por el espionaje “parapolicial” a Bárcenas con fondos reservados fueron además recompensados con una temporada de destino en una embajada, lo que les permitió engrosar el selecto club de mandos “diezmileuristas”, llegando alguno a percibir 14.000 euros brutos mensuales durante su periodo en las delegaciones españolas en el extranjero. En el caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, el comisario Pino había dispuesto meses antes que su mujer, también policía, fuera destinada a La Haya con un sueldo similar.

La ley que rige la concesión de medallas en la Policía data de 1964 y está rubricada por el dictador Francisco Franco. En su introducción alude a unos organismos que ya no existen en el Ministerio del Interior. Ahora, el trámite es el siguiente: cada comisaría general, jefatura superior o la Dirección Adjunta Operativa eleva a la Junta de Gobierno de la Policía la propuesta, ésta la aprueba y envía al Ministerio del Interior para la rúbrica por parte de su titular. Esa firma de sus superiores es en la que se escudó Pino ante el juez pese a reconocer que la propuesta era suya.

Fuentes policiales aseguran que ni en la Junta de Gobierno ni el Ministerio analizan una a una las condecoraciones. Esas mismas fuentes cifran en un centenar las medallas pensionadas que se conceden cada año con motivo de la festividad de Los Ángeles Custodios, por las cerca de 3.500 'blancas' y sin asignación económica que se imponen a policías y personas ajenas al Cuerpo.

Al término de su declaración del pasado 14 de diciembre, el juez García-Castellón pidió una aclaración a Pino sobre un inspector —hoy inspector jefe— al que se había referido durante sus respuestas al fiscal. Se trata de Manuel Morocho, el investigador principal de los casos Gürtel y caja B, responsable, entre otras actuaciones, de la reciente reapertura de la línea de investigación a los empresarios por ingresar dinero negro en la contabilidad paralela del PP a cambio de adjudicaciones concretas por administraciones gobernadas por ese partido.

Durante el Gobierno del PP y el mandato de Pino, Morocho y su grupo de la UDEF fueron sometidos a distintas presiones, entre ellas declarar ante Asuntos Internos —unidad dirigida entonces por uno de los puntales de la policía política, el comisario Martín-Blas— como sospechosos de filtrar a los medios un informe que tenían un centenar de abogados personados en el caso Gürtel.

Fue la época en la que Interior esquilmó de efectivos la UDEF, en cuya Brigada Anticorrupción trabajaba el policía, y colocó a responsables afines, sin vinculación con la especialidad ni experiencia en el mando de policía judicial. Morocho recibió ofertas para ir a destinos más cómodos y mejor recompensados que le apartaran de las investigaciones al PP, pero ante su negativa, Pino decidió trasladarlo provisionalmente a tiempo parcial a su Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), desmantelada por el Gobierno del PSOE por ser uno de los brazos con que la Policía había atacado a la oposición política.

Pese a todo ello, el comisario elegido por el PP para dirigir la Policía en tiempos de las operaciones Kitchen y Catalunya ensalzó ante el juez los méritos del entonces inspector jefe Morocho y presentó la medalla como una recompensa a las presiones que había soportado, precisamente mientras él era el máximo responsable operativo de la Policía.

“El jefe de la UDEF me dice: coño, con todas las putadas que (le) hemos hecho, perdón de la expresión, señoría… ha estado sufriendo las consecuencias… Le vamos a hacer una propuesta de medalla roja”, relató Pino al juez sobre la medalla a Morocho. “¿Qué consecuencias?”, replica el juez. “Las consecuencias de que le quitamos de la Brigada (Anticorrupción) de la UDEF. Era peor porque era jefe de grupo, así lo entendimos nosotros”, contesta el comisario.

El inspector jefe Morocho compareció ante la comisión del Congreso que investiga la Operación Kitchen el pasado 25 de marzo. Allí, por primera vez fuera de un despacho de la Audiencia Nacional, explicó públicamente que Pino le forzó a aceptar un segundo destino y a compaginarlo con el que ya tenía como investigador del principal caso de corrupción en torno al PP. Morocho aseguró que fue una calculada “sobrecarga” de trabajo para entorpecer la investigación, después de que sus superiores le hubieran propuesto destinos “a la carta”, dentro y fuera de la Policía, para que abandonara la causa de la caja B, ofertas que él siempre rechazó.