Dos camioneros han muerto tras colisionar en torno a las 8.50 horas de esta mañana frontalmente sus vehículos pesados en la N-122, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Arriba, y arder uno de ellos.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha detallado que sobre las 08:50 horas les han alertado de esa colisión frontal entre dos camiones en el kilómetro 314 de la N-122.

Los dos conductores resultaron heridos y quedaron atrapados en el interior de las cabinas. El alertante indicó que uno de los camiones estaba ardiendo.

El 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron dotaciones de Peñafiel y de Arroyo, y a Tráfico de Valladolid.

También se alertó a la Sanidad autonómica, Sacyl, que movilizó entre otros recursos un helicóptero medicalizado hasta el lugar donde finalmente han fallecido los dos camioneros.

La primera defensa, la de Ignacio M.V., hijo del que fuera propietario de la empresa, ha expuesto en su informe final del juicio del como caso ataúdes que se trata de una batalla entre odiador, un extrabajador llamado Justo M.G., y odiado, el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., los dos ya fallecidos.

Se trata de “una situación anómala, con multitud de personas en el banquillo que son espectadores de una batalla entre el odiador y el odiado y ambos están muertos”, ha descrito el letrado.

Ha criticado que el proceso se ha asentado sobre una extorsión por la que fue condenado Justo M.G., dirigida contra el propietario de la empresa funeraria, al que chantajeó con hacer públicas unas fotografías y anotaciones sobre supuestos cambios de féretros para después revenderlos.

“Se junta la leyenda urbana y un señor que por desgracia está loco y su desequilibrio psicológico es evidente, porque acabó quitándose la vida”, ha dicho el defensor en referencia al extrabajador, quien según las acusaciones documentó los cambios y reventa de féretros y flores con imágenes y por escrito durante vente años.

“Se junta una cosa con la otra y nos vemos aquí sentados durante cuatro meses” y con veintitrés acusados, ha resumido.

Todas las notas de Justo son munición, las fotografías son munición y lo que las une todas es la idea de una venganza, de una extorsión, ha concluido el abogado.

Durante la exposición de su informe, el defensor de Ignacio M.V., ha considerado además lo que ha tachado de “pérdida de imparcialidad” que han sufrido las defensas por parte de la Sala.

“No es una cuestión solamente sobre el modo en que se admitió la prueba, sino el valor que esa prueba puede tener para fundar una condena” contra Ignacio M.V., ha expresado.

Ha lamentado en este sentido que ya poco después de comenzar el juicio -se desarrolla durante cuatro meses- se vio que era inútil y repetitiva la declaración de familiares de los difuntos porque no tenía más que carga emocional pero no valor acreditativo de los hechos, debido a que nadie oyó ni vio nada.

“Se cruzó la frontera entre juzgar y ayudar a acusar”, ha sostenido el letrado, quien se ha quejado de que la defensa no ha podido discutir en igualdad de condiciones ya que no se dio trámite al criterio de selección de testigos y las normas no permiten sustituir a un testigo por otro.

La mayoría de los allegados de fallecidos incinerados han declarado sobre su dolor pero “estamos en un procedimiento penal”, en el que se está pidiendo para Ignacio M.V. veinte años de prisión y veinte millones de euros, ha agregado.

A su juicio, desde el primer momento la Policía se enamoró del relato de Justo M.G. y todo depende de lo que dejó escrito este exempleado que comenzó a trabajar en el cementerio del grupo funerario procedente de un despido y se incorporó a esta empresa “de favor”, aunque por la caridad entra la peste.

A partir de ese momento, empezó a tomar anotaciones de cómo hacía su labor para justificar que estaba trabajando, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una opción para extorsionar debido a que el dueño de la empresa no quiso contratar a sus hijos, se acercaba su jubilación y le iba a quedar una escasa pensión y el dueño del grupo funerario se había hecho rico.

Se escogió como brújula moral para el proceso del caso ataúdes a un empleado que había elaborado ese material para castigar a su jefe, ha recalcado, antes de mantener que era el propio Justo, él solo, el que movía los cadáveres que aparecían en sus fotografías.

Otro de los defensores, que representa a varios trabajadores del grupo funerario acusados, ha rechazado que las anotaciones de Justo M.G. correspondiesen a la realidad y lo ha justificado en que parte de ellas correspondían a fechas en las que los procesados estaban de permiso.

También ha argumentado que algunos de los apuntes se referían a empleados que trabajaban en un lugar distinto al de Justo y por tanto no podía saber que hacían o deshacían, y en otros supuestos el horario no coincidía con el suyo.

Ha manifestado además que fue Justo el que manipuló los cuerpos que él mismo fotografió y que pudo hacerlo durante varias horas que pasaba él solo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) donde desempeñaba su función.

El letrado ha sugerido que si quería dejar pruebas del supuesto cambio de ataúdes podía haber fotografiado o grabado a trabajadores llevándolo a cabo o al jefe dando instrucciones. El juicio continuará este jueves con la exposición de los informes finales de las defensas. 

Cuando uno pasea (o hace turismo) por Valladolid suele pensar en los siglos XV y XVI. El palacio en el que se casaron los Reyes Católicos o los barrotes por los que enseñaron a un neonato Felipe II son solo un ejemplo de las historias que han trascendido. Sin embargo, hay pocas referencias o vestigios al uso más reciente de algunos de esos edificios que todavía quedan en pie. Oquedades en ladrillo o una placa, en el mejor de los casos, es lo que queda de una Valladolid que vivió la guerra civil desde la retaguardia: es decir, en represión. La Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid (ARMHVa) acaba de publicar su séptimo libro, Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española, que recorre los edificios que siguen en pie y que protagonizaron distintos momentos desde que los sublevados dieran el golpe de estado el 18 de julio de 1936.

Valladolid tuvo una represión organizada y dirigida a aquellos que los sublevados veían como enemigos: se han contabilizado 2.700 asesinatos y otras 10.000 personas fueron encarceladas o reprimidas. “Fueron muertes extrajudiciales perfectamente orquestadas, sistemáticas y muy bien seleccionadas”, explica el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que lleva investigando y trabajando en la recuperación de restos desde que se fundó la entidad, hace 24 años.

Esta obra, que incluye un plano de la ciudad por si alguien quiere realizar una lectura sobre la marcha, examina catorce edificios y espacios como el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Civil —que hoy es parte del Museo Nacional de Escultura—, la Capitanía General, la Casa del Pueblo —casa del pueblo —donde 600 personas esperaban unas armas que nunca llegaron, de los cuales casi 500 de ellos fueron juzgados—, el cementerio del Carmen —en la que aún quedan restos sin localizar—, el manicomio —ubicado en la actual Consejería de Familia—, la Estación del Norte, el páramo de San Isidro, donde más de 400 personas fueron fusiladas.

Estos sitios han sido elegidos porque los hechos que sucedieron afectaron a un elevado número de personas o por la relevancia de los sucesos que acontecieron allí para el triunfo del golpe. “Se trata de recorrer los lugares, pero no hacemos una mera descripción, sino que intentamos dar más luz sobre estos sitios con toda la documentación que tenemos”, avanza Del Olmo en una entrevista a elDiario.es.

Esta 'luz' se aporta a través de las historias de algunos de estos fusilados o encarcelados. Los documentos judiciales o militares incluyen el papel social, político o de actuación de la mayoría de los detenidos, así como los cargos que ejercían en política municipal o en sindicatos y sus filiaciones políticas. Muchos de ellos eran trabajadores públicos como bomberos, policías y barrenderos, además de los miembros de la corporación municipal. También se alude a los antecedentes 'penales' de estos presos, que podían retrotraerse a las huelgas de 1917.

Obstáculos para acceder a algunos documentos

Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española se publica como fruto de años de entrevistas personales, investigación documental, visitas a los archivos municipal, provincial y militares y excavaciones que han permitido recuperar cientos de restos de los represaliados. Especialmente importante ha sido el acceso al Archivo Militar IV de El Ferrol —que contenía información sobre la VII Región Militar y más de 6.000 causas— y a la documentación parcial relativa a la cárcel de Cocheras, ubicada en los almacenes en desuso que guardaban viejos coches de tranvía y que llegó a hacinar a más de 2.000 presos.

“Pedimos los libros de registro de esta prisión, que operó hasta el 20 de octubre de 1940. Primero nos dijeron que esa documentación no existía, pero conseguimos una foto de la portada y una foto de una de las páginas. Y entonces nos enviaron los libros de registro”, explica Julio del Olmo. Sin embargo, la ARMH de Valladolid no está satisfecha con los archivos a los que tuvieron acceso: solo les entregaron los libros de registro de 1937 y 1938 —y otro más general y expurgado que abarca hasta 1942—, pero no los del año del golpe.

“El fundamental es el libro de registro de 1936, pero ese nada, no nos lo han mandado”, reprocha Del Olmo. En 1936 fue cuando se produjo un mayor número de presos ejecutados extrajudicialmente tras puestas en 'libertad' firmadas por el gobernador civil, el jefe superior de policía y el director de la prisión. “Algunos testigos nos contaron cómo venían los falangistas a la cárcel y se llevaban a quien querían. Y no. El que salió fue porque se había dado la orden, y los falangistas eran los ejecutores. Los milicianos eran civiles militarizados, sometidos a la jerarquía, disciplina y código de justicia militar”, defiende. En tres semanas, fueron asesinadas más de 500 personas en Valladolid, seguidas de otras 900 en septiembre

Ocultación de víctimas como si hubieran sufrido un bombardeo

El libro también pone el foco en los nueve bombardeos que sufrió la ciudad de Valladolid —y uno en Medina de Rioseco— entre 1936 y 1938, que se saldaron con 80 muertos. La investigación de la ARMH apunta que solo cinco bombardeos (los de 1937 y 1938) fueron ataques de la aviación republicana: fueron dirigidos al centro de la ciudad —donde se concentraba el apoyo a la sublevación— y en puntos estratégicos y acabaron con la vida de 64 personas.

Sin embargo, Valladolid también sufrió ataques en agosto y septiembre de 1936 cuya autoría es más difusa: afectaron a viviendas de la clase trabajadora (en Las Delicias o en los alrededores de la estación de tren, donde vivían los ferroviarios) y mataron a 16 personas. Además, se han localizado escritos del gobernador civil prohibiendo atacar a las fuerzas aéreas y diciendo que estos bombardeos servían “para aglutinar aún más el espíritu colectivo y enardecer el impulso patriótico”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha atacado al concejal del PSOE, Javier Fernández Antolín, por su vinculación con el “sanchismo” y por su labor como profesor universitario. “Me da mucha pena que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”, ha afirmado el regidor como reacción a las críticas de edil socialista sobre el soterramiento ferroviario y el empadronamiento de Carnero en la ciudad para poder presentarse a las elecciones de 2023.

Fernández Antolín, edil que dejó Ciudadanos para presentarse en la lista del PSOE en 2023 y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha criticado la gestión municipal en torno al soterramiento y ha acusado al Ayuntamiento de sostener una “falacia” sobre la viabilidad del proyecto. El edil del PSOE ha asegurado que algunos representantes del equipo de gobierno de PP y Vox actuaban con “trapacerías” dentro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)

En su intervención, en respuesta a diferentes propuestas realizadas por Vox, entre ellas la persecución de los “empadronamientos ilegales”, ha cuestionado también el empadronamiento de Carnero antes de las elecciones municipales de 2023. “El señor Carnero vivía y vive en Simancas y, sin embargo, está empadronado en Valladolid”, ha afirmado. “El fraude lo tiene usted sentado a su izquierda —sitió que ocupaba el regidor—”, ha agregado para recplciar a la teniente de alcalde, Irene Carvajal.

Tras esto, Carnero decidía ar respuesta al concejal socialista reprochándole el uso del término “trapacero” y ha aprovechado para reprocharle su paso de Ciudadanos al PSOE. “¿Usted cree que yo le podría llamar trapacero por haber abandonado una formación como era Ciudadanos para irse con la 'banda del sanchismo'?”, ha comentado

El alcalde de Valladolid fue a más con Antolín. “Lo único que sí me da es muchísima pena que esté con el sanchismo, y lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”.

Entre los reproches de la oposición, Carnero ha insistido otras dos veces más: “A mí lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas”.

El alcalde ha defendido la legalidad de su empadronamiento en Valladolid y ha recordado sus vínculos personales y familiares con la ciudad. “Yo he vivido en la calle Amor de Dios, he vivido en la calle Estadio y estoy empadronado en la calle San Quirce, a la cual acudo todos los días de mi vida”, afirmó.

Ya al acabar el pleno, Carnero ha decidido retirar sus palabras y ha pedido disculpas a Fernández Antolín. “Si le ha molestado lo que yo he dicho, yo estoy dispuesto a retirarlo”, ha señalado. El regidor ha indicado que eliminaba del acta la referencia a la universidad y ha apostillado: “Ni usted es como ha aparecido ni yo soy como he dicho cuando me he referido a usted en esa cuestión”.

Pese a ello, el alcalde ha reiterado su malestar por las acusaciones vertidas por el concejal socialista sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la gestión de la integración. “Me ha molestado mucho que nos llame a todos nosotros o que interprete que llevamos a cabo actitudes trapaceras, porque es mentira”, ha zanjado mientras ofrecía a Fernández Antolín poder retractarse también.

Podemos convoca una asamblea para decidir si continúa en Valladolid Toma La Palabra en las elecciones de 2027, según ha informado a través de un comunicado. Podemos ha tenido un representante en la capital vallisoletana, Jonathan Racionero, hasta que dimitió del cargo hace un año. Racionero era el número cuatro en la lista, pero accedió al consistorio tras la renuncia de los concejales María Sánchez y Alberto Bustos, que estuvieorn en el último gobierno de coalición de Óscar Puente, y que abandonaron el pleno al no poderse reeditar el pacto.

La reunión se celebrará el 27 de mayo a las 19:30 horas en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero. En esa fecha se evaluará el trabajo de los últimos años para decidir si seguir formando parte de la confluencia o no. La formación pretende que sea la militancia la que decida la estrategia del partido a través de un proceso “democrático y participativo”, como ya se hizo antes de las elecciones de 2023.

Podemos Valladolid ha recordado en el comunicado que el resultado de la votación es vinculante y que el proceso se realiza de forma autónoma e independiente de procesos similares que se realicen en otros territorios.

La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas acusadas de un delito de terrorismo en una operación contra el terrorismo yihadista en las provincias de Valladolid y Burgos, dirigida por la Unidad Central de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

En las dos intervenciones, que han tenido lugar a primera hora de esta mañana, han sido detenidos dos hombres, uno de origen marroquí y otro emiratí, y en ambas los guardias civiles han requisado material informático para su análisis, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

En Valladolid, esta operación se ha hecho visible por el despliegue de numerosos agentes de los Grupos de Acción de Rápida (GAR) algunos con el rostro cubierto con pasamontañas, otros con armas largas y varios vehículos todoterreno en las inmediaciones de la calle Mota y de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia.

Según ha informado el periódico El Norte de Castilla, los uniformados se habrían centrado en el registro de una habitación de un piso compartido del número 21 de la carretera de Rueda, de donde ha salido un hombre esposado.

Fuentes de las subdelegaciones del Gobierno en Burgos y Valladolid y del Instituto armado en estas dos provincias se han limitado a confirmar a EFE la existencia de estas operaciones y las han desvinculado de otros operativos previos, como el del pasado 29 de abril en la capital vallisoletana que culminó con la desarticulación de una red de venta de droga en la ciudad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha responsabilizado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “cargarse” la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y ha reiterado su pretensión de soterrar las vías del tren: “Vamos a soterrar, que nadie lo dude”.

Durante su intervención de cierre este lunes en el debate sobre el estado de la ciudad, Carnero ha afirmado que la sociedad creada para desarrollar las actuaciones ferroviarias en Valladolid “se la ha cargado el señor ministro de Transportes” al insistir en la disolución de este organismo y en “abandonar” el actual convenio de integración ferroviaria.

“El señor ministro quiere insistir y persistir en su proyecto, que es el proyecto contrario al que quiere la mayoría de los vallisoletanos”, ha sostenido el regidor, quien también ha acusado a los grupos de la oposición municipal -PSOE y VTLP- de actuar como “cooperadores necesarios” en ese proceso.

El alcalde ha insistido en que el soterramiento sigue siendo posible y ha rechazado renunciar a ese objetivo pese a las dificultades existentes: “Estamos a tiempo de soterrar y vamos a soterrar, que nadie lo dude. Vamos a seguir trabajando en ello”, ha afirmado.

Carnero ha contrapuesto la situación de Valladolid con los proyectos ferroviarios impulsados en otros territorios y ha citado expresamente el caso de Bilbao para denunciar lo que considera un trato desigual por parte del Ejecutivo central.

“Si en Bilbao se puede, ¿somos menos que los de Bilbao?”, se ha preguntado el alcalde, quien ha recordado que el Gobierno ha respaldado actuaciones de soterramiento en otras ciudades mientras rechaza esa posibilidad para Valladolid.

La sesión también ha dejado un enfrentamiento verbal con el concejal socialista Martín Fernández Antolín, después de que este cuestionara la actuación municipal en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Carnero ha rechazado que el Ayuntamiento actúe de forma “trapacera”, como había sugerido el edil socialista, y ha respondido: “Lo que me da mucha pena es que esté con el 'sanchismo' y educando a muchos alumnos y alumnas en una universidad”, ha afirmado el alcalde, en referencia a la condición de profesor universitario del edil socialista, que ha condenado este ataque personal a su profesión.

En torno a un 50 por ciento de los 320 trabajadores que tiene la firma sueca en el Contact Center de Valladolid se ha sumado este jueves a la huelga de 24 horas convocada por UGT en toda España para acercar posturas y negociar ante la supresión del teletrabajo a partir de septiembre o las incidencias informáticas que les impiden hacer su trabajo.

Varias decenas de trabajadores se ha concentrado este jueves frente a la sede la empresa en Valladolid, con el fin, según Francisco Martín, delegado de UGT en Intrum, de que la “empresa se siente a negociar de una vez”.

Si no lo hace, ya han anunciado que harán otra huelga de 24 horas el próximo 10 de junio, aunque Martín ha confiado en que “podamos sentarnos, dialogar, avanzar y que en el mes de septiembre, la medida regresiva de eliminación del teletrabajo, la empresa nos la revierta o podamos pactar entre todas las representación sindical otras medidas”.

También reclaman que “se sienten a negociar para que no afecten a la retribución variable las incidencias informáticas”, ya que tienen un salario fijo como teleoperadores del Contact Center, pero debido a “la casuística a la cual la empresa se dedica, tenemos unos objetivos que tienen que alcanzar cada mes, y sin ”las herramientas suficientes y programas informáticos“ no se pueden conseguir.

La Asociación por los Derechos Humanos del Pueblo Palestino ha publicado un manifiesto en el que reclama a la Universidad de Valladolid (UVa) revocar el doctorado 'honoris causa' al historiador Benzion Netanyahu, padre del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La organización -que se presentará oficialmente el próximo lunes, 25 de mayo, en un acto junto al embajador de Palestina, Husni M. A. Abdelwahed- justifica esta petición en el “nacionalismo judío maximalista” que profesaba Benzion Netanyahu (fallecido en 2012) y que justifica la actual política israelí sobre la población palestina, según ha explicado a EFE uno de los impulsores de la asociación, el abogado Carlos Gallego.

Gallego ha incidido en que no entran en la relación familiar de los Netanyahu ni en el trabajo académico del padre del jefe del ejecutivo israelí (estudioso entre otros asuntos del judaísmo y la Inquisición en España y receptor del 'honoris' causa de la UVa en 2001), sino en los principios que, a su juicio, hoy se materializan en la “crueldad” ante la “tragedia” y el “genocidio” que padece el pueblo palestino por parte de Israel.

El manifiesto incide en que la UVa no puede sentirse ajena a la corriente de rechazo universal a la actuación israelí ni puede oponer “obstáculos burocráticos ni reglamentarios que, todos ellos juntos, empalidecen ante la trágica magnitud de los hechos”.

“Ahora ves imágenes a diario que sobrecogen, hay que hacer algo, aunque esto sea un grano de arena en la playa”, ha asegurado.

Embajador de Palestina

El acto de presentación de la Asociación por los Derechos Humanos del Pueblo Palestino tendrá lugar en el aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la UVa el próximo lunes, 25 de mayo, y contará con la intervención del embajador de Palestina en España, Husni M. A. Abdelwahed; el expresidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Sánchez-Reyes, y el Premio Castilla y León de Humanidades 2019, Fernando Manero.

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la concesión provisional del PERTE VEC V de 2026 que incluye 92 millones de euros para la empresa tecnológica china Gotion para la puesta en marcha de dos plantas de baterías eléctricas en Valladolid.

Además de los proyectos en Castilla y León incluye una subvención para la cooperativa vasca Orkli por casi 8 millones de euros, según se desprende del listado de solicitudes estimadas provisionalmente por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) publicado este jueves y que adelantó El faro de Vigo.

La primera subvención para Gotion, de más de 82,3 millones de euros, está dirigida a una nueva planta industrial de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para recuperación de 'black mass' (la mezcla de metales valiosos que se produce en el proceso de reciclaje de las baterías eléctricas) cuyo presupuesto total asciende a 411,53 millones de euros.

La segunda ayuda provisional para el gigante tecnológico chino asciende a 9,69 millones de euros para la construcción de una nueva fábrica de cátodos para baterías de vehículos eléctricos, un proyecto para el que la empresa tecnológica china ha previsto una inversión de 532,82 millones de euros.

Asimismo, a la cooperativa guipuzcoana Orkli se le ha estimado una subvención de 7,99 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de inversiones industriales en Ordizia (Guipuzcoa), con un presupuesto total de más de 53,31 millones.

Prudencia en Valladolid

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha dado la bienvenida a “esta buenísima noticia”, aunque se ha mostrado prudente por la experiencia previa con la empresa Inobat, ya que, según ha recordado, “no se prestaron los correspondientes avales, se vino lógicamente abajo y fue una ayuda fallida”, pese a haber recibido una ayuda de casi 54 millones de euros.

“Lo que sí que queremos los vallisoletanos es que se materialice ya y, dado que estamos al lado de una ermita, y de una santa vez”, ha remarcado el regidor en declaraciones a los periodistas previas a participar en la misa dedicada a San Isidro, en la iglesia dedicada al patrón de los agricultores en Valladolid.

Carnero ha asegurado que el Consistorio hace el trabajo que le corresponde y que mantienen contactos con Gotion, así como ha planteado que ojalá este impulso desde el Gobierno de España se materialice. 

Último pleno del debate del estado de la ciudad de esta legislatura en Valladolid. La cuestión con las vías del tren -soterramiento o integración y el fracaso de ambas- ha centrado buena parte de las intervenciones de oposición y gobierno municipal, con el rechazo de las medidas cautelares por parte de Audiencia Nacional de paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido que el Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones recogidas en el convenio ferroviario de 2017 y ha culpado directamente al Gobierno central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, del bloqueo del proyecto y de la ruptura de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

La oposición, por el contrario, ha acusado al regidor de haber convertido el soterramiento en una “obsesión fallida” que ha paralizado la ciudad y le ha recordado sus propias palabras, cuando vinculó su futuro político a la consecución del proyecto. “Dijo ‘o soterro o me voy’. Bien, ha fracasado, ¿cuándo se va?”, le ha reprochado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita.

Carnero culpa a Puente de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración

“Quien cancela es el ministro”, ha afirmado en referencia a al titular de Transporte y exalcalde, Óscar Puente, a quien ha acusado de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración firmado en 2017. Carnero ha insistido en que el Ayuntamiento ha pedido crear una comisión de análisis y estudio para abordar el futuro ferroviario de Valladolid y ha subrayado que el conflicto ya está judicializado tras el recurso presentado ante la Audiencia Nacional.

“Si se quieren ir, que no nos lo imputen a nosotros”, ha explicado el regidor, que también ha negado que el Ayuntamiento esté “boicoteando” la nueva estación de trenes. Según ha afirmado, el problema radica en que el Ministerio pretende sacar adelante el proyecto sin un plan especial acordado con el Consistorio.

El regidor ha cargado contra la remodelación prevista para la estación de Campo Grande y ha acusado al Ministerio de escoger “la opción que más daño podía hacer” a un eventual soterramiento futuro. “Será que lo que es bueno para otras ciudades como Bilbao es malo para Valladolid”, ha lamentado.

El alcalde ha defendido la actuación municipal en el paso de Arco de Ladrillo, cuyo proyecto inicial de Adif ha tildado de “técnicamente inviable”, y ha recordado que el Ayuntamiento tuvo que acometer obras de emergencia superiores a dos millones de euros para garantizar la seguridad de la infraestructura. Mientras Carnero intervenía, varios miembros de la Plataforma por el Soterramiento desplegaron carteles con el lema “No al muro. Soterramiento ya”.

El PSOE señala el “retroceso” de estos tres años de PP y Vox

Desde la bancada socialista, el portavoz Pedro Herrero ha explicado un panorama opuesto al descrito por el alcalde y ha calificado a los tres años de mandato de PP y Vox como una etapa de “retroceso”. “La ciudad está sin alcalde, sin gestión y sin rumbo”, ha resumido.

Herrero ha afeado a Carnero que decidiera compartir entre la Alcaldía y el Senado y ha repasado su agenda en la que el regidor ha tenido “248 días sin agenda” durante el mandato. “Eso equivale a más de ocho meses de vacaciones en tres años. Jamás había pasado esto en Valladolid”, ha aseverado.

El portavoz socialista ha defendido que el gobierno municipal no ha cumplido ninguna de sus grandes promesas electorales. “Ni soterramiento, ni 'miniBernabéu', ni piscina fluvial, ni palacio de congresos”, ha enumerado. El concejal del PSOE ha acusado al equipo del gobierno de vender como propios proyectos heredados de la anterior legislatura.

Herrero ha cargado contra la situación de la limpieza, la gestión de la Zona de Bajas Emisiones y la política económica del Ayuntamiento. Para el socialista, el Consistorio ha consumido buena parte de los remanentes heredados del anterior mandato y ha empeorado distintos indicadores urbanos.

VTLP acusa a PP y Vox de aplicar “parches y tiritas”

Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha incidido igualmente en el fracaso del soterramiento y ha acusado al equipo de gobierno de limitarse a aplicar “parches y tiritas”. “Son los reyes de la chapuza”, ha reprochado durante su intervención.

Anguita ha recordado que la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad puede acabar suponiendo más de 100 millones de euros para las arcas municipales y ha pedido directamente la dimisión del alcalde. “Lo único que puede hacer es dimitir porque es el único responsable de este fiasco”, ha apostillado.

Nueva rebaja del IBI

Carnero, en su repaso de legislatura, ha indicado que Valladolid llega a 2026 en un escenario “más favorable” que hace un año y ha reivindicado los avances de su gobierno en materia económica, urbanística y social. Entre los anuncios de cara al año que resta de legislatura, el regidor ha presentado una nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 5% para 2027, si es posible económicamente, con la que el equipo de gobierno pretende completar el compromiso fiscal adquirido al inicio del mandato.

Carnero ha aprovechado el debate para repasar distintos proyectos urbanísticos y de movilidad. Ha confirmado que “en los próximos días” se aprobará el aparcamiento previsto en los antiguos talleres de Renfe, ha destacado los “datos récord” de Auvasa y ha anunciado la elaboración de un plan específico para mejorar la movilidad en motocicleta y reducir la siniestralidad.

El alcalde ha centrado buena parte de su intervención al conflicto ferroviario. Carnero ha defendido que el Ayuntamiento ha otorgado “el mayor aprovechamiento urbanístico” posible a los terrenos de los antiguos talleres de Renfe y ha recordado que el Consistorio ya ha cedido los nuevos talleres ferroviarios, mientras la ciudad continúa, según ha apuntado, sin recibir los terrenos comprometidos por el Estado.

La portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, ha acusado a la oposición de intentar “ganar en los tribunales” lo que, a su juicio, no supieron gestionar cuando gobernaban la ciudad. Además, ha reivindicado el incremento de la inversión social, el nuevo contrato de ayuda a domicilio y los programas contra la soledad.

Desde Vox, socios de gobierno del PP, Irene Carvajal ha defendido la política de rebajas fiscales impulsada junto al PP y ha asegurado que se ha reducido la deuda municipal por habitante mientras aumentaba el gasto por vecino. La teniente de alcalde ha reivindicado la posición de su partido respecto a la Zona de Bajas Emisiones y ha avanzadoo que la futura ordenanza solo se activará en episodios de alta contaminación.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha mantenido este viernes que el Ayuntamiento no ha “incumplido nada” respecto al convenio de integración ferroviaria de 2017, en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por lo que ha confiado en la futura sentencia para mantener vivo el documento y la propia entidad tripartita.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que denegó a la Junta de Castilla y León la medida cautelar de mantener vigente el convenio de integración resuelto por el Ministerio de Transportes, Carnero ha insistido en que no está conforme con que el Gobierno central deje sin efecto el convenio de 2017.

Carnero ha reiterado que aún está pendiente la petición cautelar del Ayuntamiento de Valladolid, pedida en el mismo sentido que la rechazada de la Junta, aunque el alcalde ha indicado que desconoce los argumentos que utilizó la Administración autonómica, por lo que no ha aventurado si su recurso seguirá el mismo final.

El alcalde ha expresado su “total y absoluto respeto” hacia el auto de la Audiencia Nacional, aunque ha considerado que lo “verdaderamente importante” será la sentencia que dirima el recurso que resolverá “el fondo del asunto”, en referencia a la vigencia o no del convenio de integración y a la propia existencia de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Esta situación tiene su origen en que el Ministerio de Transportes optó por resolver el convenio e iniciar los trámites para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad -integrada por las tres administraciones-, al entender que no había voluntad por parte del Ayuntamiento de afrontar sus aportaciones económicas anuales y considerar que su pretensión sobre el soterramiento choca con los trabajos de integración acordados años atrás.

Carnero ha puesto como muestra de su cumplimiento del convenio las actuaciones desarrolladas en la calle Panaderos, el túnel de Padre Claret y otras “decisiones importantes”, mientras que ha indicado que Renfe y Adif tienen pendiente recibir los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

El PSOE alerta de la “factura millonaria” que puede afrontar el Ayuntamiento de Valladolid

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha alertado este viernes de que el “boicot” que en su opinión practica el alcalde, Jesús Julio Carnero, a la integración ferroviaria lo van a pagar los vecinos con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, lo que implicaría una “factura millonaria”, de unos 42 millones.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que desestima la medida cautelar de mantener la vigencia del convenio de integración que fue resuelto en diciembre pasado por el Ministerio de Transportes entre críticas al Ayuntamiento, Herrero ha acusado a Carnero de querer “forzar la disolución de la Sociedad -SVAV-”.

Herrero ha reconocido que es “difícil” hacer una estimación sobre lo que puede suponer económicamente para el Ayuntamiento acometer esa posible disolución de la sociedad, pero se ha remontado a 2017 cuando la deuda de 400 millones implicó la renuncia al proyecto de soterramiento y el acuerdo para acometer la solución de la integración ferroviaria.

En aquel momento, ha recordado el portavoz socialista el Ayuntamiento calculó que la disolución de la sociedad implicaba un pago de 42 millones de euros para liquidar, por lo que optaron por la integración ferroviaria.

“Estimo que pueden ser unas cantidades en torno a eso”, ha reconocido Herrero, convencido de que en todo caso se trataría de una “factura millonaria”, comparable a lo que cada año destina el Ayuntamiento a toda la inversión anual.

Para Herrero, “la única solución a esa amenaza, que todavía es una amenaza, es un cambio de gobierno el año que viene”: “No hay otra, es la única posibilidad de que Valladolid deshaga este mandato perdido y vuelva a poner otra vez a Valladolid en la senda del progreso, de la del desarrollo”, en referencia a la integración ferroviaria.

El auto de la Audiencia Nacional es, en palabras de Herrero, el “cuarto varapalo para el señor Carnero y sus compinches de la Junta de Castilla y León”, ya que en este caso “el bofetón ha venido a la mejilla del señor Quiñones -consejero-, pero es al 50% con el señor Carnero, por mucho que él quiera decir ahora que no, que falta una sentencia más”.

Herrero ha remarcado que lo que dice el auto es que “el boicot que el señor Carnero y la Junta de Castilla y León han sometido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para llevarla a la quiebra y su intento posterior de resucitarla para no se sabe muy bien qué, es un auténtico despropósito”.

“No solamente ha puesto palos en la rueda para la Sociedad para cargarse la integración, sino que también ha intentado boicotear las obras de la estación de tren que está fuera del convenio de integración ferroviaria”, ha resumido.

VTLP ve la resolución del convenio de integración ferroviaria como una “catástrofe”

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha considerado este viernes que la resolución de la Audiencia Nacional que rechaza la medida cautelar para mantener vigente el convenio de integración ferroviaria es una “catástrofe sin precedentes” y un “fracaso absoluto” de la gestión del alcalde, Jesús Julio Carnero.

En un comunicado, Anguita ha criticado las decisiones “irresponsables” tomadas por el Ayuntamiento por el “bloqueo al proyecto de integración ferroviaria”, que fue el argumento del Ministerio de Transportes para optar por resolver el convenio y disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, aún pendiente de recursos judiciales.

Para VTLP, esta resolución de la Audiencia Nacional conlleva “la cancelación definitiva de un convenio que ya tenía dinero comprometido, proyectos preparados y actuaciones listas para ponerse en marcha de manera inmediata”.

La portavoz de VTLP cree que esta nueva situación obliga a “empezar completamente de cero” cualquier solución para el paso de las vías del tren por Valladolid, lo que implicará negociar un nuevo convenio con otras instituciones y volver a poner financiación sobre la mesa: “Llevamos tres años viendo cómo el alcalde daba pasos irresponsables sin medir las consecuencias”, ha zanjado.

Sobre las consecuencias, Anguita ha añadido que “si la sociedad se disuelve, el Ayuntamiento tendrá que asumir una cuantía muy considerable de dinero correspondiente a su parte” y a una “ruina económica del Ayuntamiento y a la ruina de la ciudad”

España es un país de contrastes si tenemos en cuenta la orografía de su territorio. En un paseo por la península podemos encontrarnos desde sistemas montañosos con enormes cordilleras y picos altísimos, a paisajes donde la altitud es escasa y, el horizonte, prácticamente plano. Es precisamente en esta llanura donde una provincia destaca por encima del resto.

Hablamos de Valladolid, a la que podemos considerar la provincia más llana de España si tenemos en cuenta que no alberga montañas de gran altitud. De hecho, es la única provincia de Castilla y León que no llega a los 1.000 metros sobre el nivel del mar en ningún punto de su territorio, que se extiende en una superficie de 8.111 kilómetros cuadrados. 

El pico más alto de Valladolid lo encontramos dentro del término municipal de Castrillo de Duero, comarca del campo de Peñafiel, y recibe el nombre de cerro de Cuchillejo. Este apenas alcanza los 923 metros de altitud, cuya cima está marcada con un pequeño montículo de piedras. Un lugar al que se puede acceder sin demasiado esfuerzo y que no se libra de las bromas en redes sociales. 

La riqueza de Valladolid 

Con un paisaje dominado por páramos y llanuras, esta provincia ubicada en el centro de la cuenca del Duero es una de las zonas más homogéneas del país si nos fijamos en su relieve. Sin embargo, Valladolid destaca por muchas otras cosas. Es, por ejemplo, tierra de castillos (tiene más de 30, entre los que se destacan los de Peñafiel, Íscar o Medina del Campo).

Sin olvidarnos de su producción de vino. “Junto a los famosos caldos Ribera del Duero, se pueden encontrar otras cuatro denominaciones de origen. Respecto a la gastronomía, son muy recomendables los guisos con legumbres, la repostería y los platos de setas y hongos”, destaca la página web oficial de turismo de España. 

Picos más altos

En la otra cara de la moneda de esta historia tenemos a Granada y Huesca, que son las provincias con picos más altos dentro de la península ibérica. El Mulhacén en Sierra Nevada (3.479 metros) y el Aneto en los Pirineos (3.404 metros) superan con creces los 1.000 metros de altitud. Pero hay una elevación que la supera, y para conocerla tenemos que viajar hasta las Islas Canarias.

Es en Tenerife donde el Teide toca el techo. Este volcán ubicado en el archipiélago canario cuenta con una altitud oficial de 3.715 metros sobre el nivel del mar, con lo que se lleva una triple medalla: es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra.

Ya han empezado a anunciarse los conciertos que acogerá la plaza Mayor de Valladolid durante las fiestas de la virgen de San Lorenzo en 2026, que se celebrarán del 4 al 13 de septiembre.

4 de septiembre: sin anunciar.

5 de septiembre: Judeline (23 horas).

6 de septiembre: sin anunciar.

7 de septiembre: Rusowsky (22 horas).

8 de septiembre: Carlos Baute.

9 de septiembre: Obús y Burning (21 horas).

10 de septiembre: DJs Mestiza y DJ Bego.

11 de septiembre: Carolina Durante (22 horas).

12 de septiembre: Leire Martínez (21.30 horas) y Ana Guerra (23 horas).

13 de septiembre: Pura Verdad Flamenco.

Esta información se irá actualizando a medida que se vayan anunciando los artistas.

La fachada de la sede de la CEOE Castilla y León, en Valladolid, ha aparecido esta mañana vandalizada con pintadas de “asesinos”, “explotadores” y “1M” —en referencia al Primero de Mayo—. La patronal, en un comunicado, ha mostrado su condena y ha apuntado que estas acciones que “recurren a la descalificación y al señalamiento mediante el deterioro del espacio público y privado” no contribuyen “al diálogo ni al entendimiento que una sociedad democrática necesita”.

“La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestro sistema, pero debe ejercerse siempre desde el respeto, la convivencia y dentro de los cauces legales”, ha señalado la patronal en el escrito.

Asimismo, en referencia al contenido y supuesta motivación de las pintadas, la CEOE ha indicado que el 1 de mayo es una fecha de “reconocimiento al valor del trabajo y al conjunto de las personas que contribuyen al progreso económico y social, entre ellas trabajadores, autónomos y empresarios”.

Para la patronal, han añadido, “las empresas y quienes las impulsan desempeñan un papel esencial en la generación de empleo, riqueza y oportunidades, siendo actores clave en el desarrollo de nuestra comunidad”.

La CEOE ha afirmado que en una “sociedad plural”, las diferencias de “opinión son legítimas y necesarias”.“ Sin embargo, solo a través del respeto mutuo, el diálogo constructivo y el cumplimiento de las normas democráticas podemos avanzar hacia un modelo de convivencia sólido y justo para todos”.

El comunicado concluye señalando que desde la CEOE rechazan “cualquier forma de violencia o intimidación”, y han hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para “preservar los valores democráticos, la tolerancia y el respeto institucional”. “Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la legalidad y la defensa de una sociedad abierta, libre y respetuosa”, han apostillado.

CCOO condena las pintadas

Desde CCOO, su secretaria general, Ana Fernández, ha condenado las pintadas en la sede. Para la líder sindical, hay que defender “el respeto, la convivencia y el diálogo como base de una sociedad democrática”.

“No aceptamos el odio ni la descalificación como forma de expresión. El 1 de Mayo es un día para reivindicar derechos, siempre desde el respeto”, ha publicado en la red social X.

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a una persona como presunto autor de un delito de falsificación documento público e intrusismo profesional en un centro residencial de personas mayores ubicado en el alfoz de Valladolid.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando el centro recibió una inspección rutinaria de los servicios sociales provinciales. Durante la revisión, los inspectores alertaron a la dirección sobre la posible falsedad de la titulación de auxiliar de enfermería, presentada por uno de los trabajadores del establecimiento, lo que motivó la presentación de una denuncia en la Guardia Civil.

A partir de la documentación aportada, la Guardia Civil inició un análisis del título investigado. Los agentes detectaron diversas irregularidades, entre ellas el tipo de letra empleado, la firma y la numeración del documento, elementos que no coincidían con los formatos oficiales correspondientes a la fecha en la que supuestamente había sido emitido.

Debido a las irregularidades detectadas, se solicitó al trabajador la entrega del documento original, que finalmente fue aportado tras varios requerimientos. Una vez examinado, se comprobó que el número de registro oficial no verificaba su autenticidad en los sistemas correspondientes. Esta comprobación permitió concluir que el título presentado era falso, confirmando así las sospechas iniciales.

La investigación también permitió constatar que, pese a la falsedad del documento, no se ha detectado perjuicio alguno para los residentes. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

La Guardia Civil ha dado a conocer el resultado de los primeros análisis practicados sobre las muestras recogidas en el registro del zulo en el chalé perteneciente a la familia del acusado de la muerte de Esther López, fallecida en enero de 2022. Los informes señalan que en el espacio subterráneo en el que encontró el nuevo propietario de la vivienda no se han encontrado restos biológicos compatibles con Esther López, según ha informado a EFE fuentes de la investigación.

Las muestras fueron recogidas durante el registro efectuado por la Guardia Civil el jueves y viernes de la semana pasada en el inmueble, después de que la aparición de una trampilla que daba acceso a un espacio oculto obligara a reabrir la investigación cuando el caso ya estaba pendiente de juicio. El martes de esta semana los investigadores remitieron los resultados al Tribunal de Instancia.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando Esther López, de 35 años, fue vista por última vez en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo no fue localizado hasta el 5 de febrero en una cuneta de la misma localidad, tras más de dos semanas de búsqueda. Desde entonces, la investigación ha girado en torno a un único investigado, Óscar S.M., para quien la Fiscalía solicita 18 años de prisión por un delito de asesinato.

Según el relato de la acusación, ambos se encontraban juntos la noche de la desaparición y se dirigieron en coche a una vivienda familiar. Tras una discusión, la mujer abandonó el lugar a pie y, siempre según esta versión, el investigado la siguió con su vehículo y la atropelló de forma intencionada. La Fiscalía sostiene que las lesiones no fueron mortales y que la víctima podría haber sobrevivido de haber recibido auxilio, situando la causa de la muerte en un shock multifactorial.

La hipótesis acusatoria añade que, tras comprobar el fallecimiento, el investigado habría ocultado el cuerpo en el maletero de su coche y lo habría trasladado posteriormente hasta el lugar donde fue hallado. Junto al delito de asesinato, también se le atribuyen otros como detención ilegal, omisión de socorro e integridad moral, mientras que la defensa ha mantenido en todo momento que el caso debe ser sobreseído.

Cuando el procedimiento ya estaba en fase previa al juicio con jurado popular, la aparición de la bodega debajo de una habitación que no estaba en los planos de la casa propició que la Audiencia Provincial de Valladolid devolviese al Tribunal de Instancia el caso Esther López para que investigara este espacio. El actual propietario de la vivienda que perteneció a la familia del investigado descubrió, durante unas obras, una trampilla oculta bajo una estancia, una bodega subterránea, que daba acceso a un espacio inferior.

La Fiscalía también solicitó actuaciones complementarias al entender que el nuevo elemento podía resultar relevante para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil llevó a cabo entonces un registro exhaustivo del inmueble, que se prolongó durante 15 horas horas y tuvo que ampliarse a una segunda jornada debido a su complejidad. Los agentes inspeccionaron no solo el habitáculo, sino también suelos, paredes, techos y posibles oquedades o estructuras ocultas, con el objetivo de localizar restos biológicos o cualquier indicio relevante.

En estos trabajos también participaron miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ya que el sótano se encontraba inundado con unos 30 centímetros de agua.

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 36 años acusado de delitos contra la intimidad y corrupción de menores, tras una investigación que ha permitido destapar la grabación sistemática de mujeres —y también menores— en situaciones de especial vulnerabilidad. En total, los agentes han encontrado un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles y han detectado a 146 de víctimas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad. Por el momento, solo se han identificado a dos mujeres, que han denunciado al sujeto

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

El origen del caso se remonta a la madrugada del 6 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Municipal identificaron a un individuo en la zona de la playa de Las Moreras. Según las primeras sospechas, el hombre se encontraba oculto utilizando dispositivos de grabación para captar imágenes de mujeres en momentos íntimos.

En ese momento, los agentes intervinieron dos cámaras inalámbricas con visión infrarroja, dos teléfonos móviles y una batería externa. A partir de ahí, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional asumió la investigación.

Investigación

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial, han tenido que emplearse a fondo con el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas para evitar las medidas de seguridad, con las que protegía este hombre losarchivos en los terminales intervenidos.

Los investigadores obtuvieron un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles, en concreto 89 archivos de un terminal y cinco de otro. En el posterior análisis y visionado de esos archivos, se consolidaron 146 detecciones de víctimas en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad.

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

Antecedentes por hechos similares

En 2022 ya había sido detenido por la Policía Nacional por hechos similares, tras ser sorprendido grabando a una joven en los aseos femeninos durante un evento celebrado en la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Comic y del Manga. Por esos hechos, fue imputado como presunto autor de otro delito contra la intimidad

En esta ocasión, los agentes tuvieron que emplear herramientas tecnológicas avanzadas para acceder al contenido, ya que los archivos estaban protegidos mediante sistemas de seguridad.

Una vez completado el análisis, el hombre fue detenido el pasado 16 de marzo. Tras prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La investigación sigue abierta para identificar al resto de víctimas. Por el momento, dos de ellas ya han sido localizadas y han manifestado su intención de denunciar los hechos.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha comenzado en torno a las nueve y media de esta mañana el registro del chalé de la familia del único investigado por el crimen de Esther López, con la presencia del mismo, Óscar S. M., en el lugar, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

El único investigado ha llegado al lugar en torno a las nueve de la mañana, y posteriormente lo ha hecho la UCO, con un gran despliegue en la zona tanto de las fuerzas de seguridad como de medios de comunicación.

El Juzgado que investiga la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022, acordó la entrada y registro en un chalé que fue de la familia del único investigado en la causa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid accede así a la solicitud de la Guardia Civil.

La Guardia Civil decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de un espacio ubicado debajo de una cama.

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.