Junts consiguió sorprender al Congreso la semana pasada cuando, durante la sesión en la que Pedro Sánchez debía dar cuenta de los escándalos de corrupción que asedian a su partido, Míriam Nogueras le propuso que dimitiese sin convocar elecciones, para investir a otra persona, socialista o no, con la misma mayoría parlamentaria que lo invistió a él. La 'vía Starmer', le llamaron, por el reciente relevo del primer ministro británico por, previsiblemente, su compañero Andy Burnham.

Los independentistas cocinaban esta propuesta desde hacía varios meses. En abril ya pidieron por primera vez elecciones a Sánchez, pero desde entonces venían madurando una fórmula que les permitiese exigir responsabilidades al presidente por lo que consideran un mandato fracasado, evitando sin embargo abrir la puerta a un gobierno del PP con Vox, al que no desean dar la mínima oportunidad. Fue ahí cuando surgió la idea de pedir la dimisión del líder del Ejecutivo sin elecciones y acabar con otro presidente el año de legislatura.

La propuesta de Junts iba a plantearse bajo la idea de que Sánchez debía “apartarse”. Pero entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su salida, lo cual permitía hacer el mensaje mucho más fácil. Así nació la 'vía Starmer', una propuesta que permite a Junts aclarar su posición, en un momento en que el partido independentista ha roto el tabú de votar junto al bloque de la derecha, al tiempo que recibe algunos guiños del PP.

El viernes de la semana pasada el secretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, se abrió a pactos con los de Puigdemont alegando que el secesionismo había “dejado de ser una amenaza”. Un día después, Alberto Núñez Feijóo subrayaba que en Catalunya es tiempo de “pasar página” aunque no de “olvidar”. En la formación independentista niegan que hayan recibido ningún mensaje del PP en privado.

Al abanderar la 'vía Starmer', Junts traza una diferenciación entre Sánchez y la legislatura. Nogueras, según dijo, no cree que la legislatura deba acabarse ni que sea necesario convocar elecciones, tal como se repite desde PP o Vox, pero sí que es momento de que el presidente se vaya. Evocaba el “paso al lado” de Artur Mas en 2015. La portavoz independentista llegó a defender que, de lo contrario, la extrema derecha de Vox se vería reforzada.

Todo eso, por irreal que suene —hay ecos de las “jugadas maestras” del procés en esta maniobra—, cobra sentido dentro de la estrategia que Junts se marca para el epílogo del mandato.

Uno de sus objetivos en esta carrera final es desmarcarse lo máximo posible de Sánchez, un presidente al que ven políticamente agotado por la gota malaya judicial. Y eso que Junts no ha sido la fuerza más beligerante respecto a la corrupción. Entre otras razones, porque buena parte de sus bases ve en las causas contra Sánchez la misma mano negra judicial que antes habría actuado contra el independentismo.

Con todo, fuentes de Junts entienden que la acumulación de investigaciones de tanto calado como la de José Luis Rodríguez Zapatero o la de Leire Díez y, sobre todo, la condena a 24 años de prisión contra el exministro José Luis Ábalos, obligan al Gobierno a asumir su responsabilidad política, que ya solo ven posible con su dimisión. “Es una propuesta que el tiempo reforzará, porque de ahora en adelante, cada vez que haya un problema del Gobierno con sus socios, o un nuevo episodio de corrupción, se verá que lo más conveniente era la renuncia de Sánchez”, afirman estas mismas fuentes.

Una desconfianza insuperable

Pero la desafección de Junts hacia Sánchez nace más de la política que de los tribunales y tiene mucho que ver con la pérdida de confianza que han acumulado a lo largo de la legislatura. Los de Puigdemont creen que, con el acuerdo para la investidura, el expresident arriesgó mucho de su capital político, algo que entienden que no ha sido correspondido por el presidente del Gobierno.

En el partido rechazan que el problema esté en que Puigdemont no disfruta aún de la amnistía. “No es esa la razón de la ruptura con el Gobierno y nadie podrá decir que nunca hemos planteado la situación del expresident como una condición para llegar a cualquier acuerdo”, afirman fuentes de la formación.

Para mostrar el origen del malestar, señalan a una larga lista de “incumplimientos” del acuerdo de investidura. La cuestión del catalán en Europa, por la que creen que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano; la ley contra las ocupaciones, que no se ha llegado a tramitar; la negativa a publicar los balances fiscales o, peor aún, la inversión territorial, pese a que esta última es una obligación legal según el Consejo de la Transparencia…

Desde el final del procés, Junts ha sido varias veces un partido errático. Pero desde octubre pasado, cuando sometieron a la militancia la ruptura con el PSOE, esa bandera sí se ha mantenido izada. Y es la justificación del partido para su cada vez más visible coincidencia en el voto junto a la derecha de PP y Vox que, sin embargo, en Junts niegan que suponga nada parecido a integrarse o coordinarse con ese bloque.

El marcado desplazamiento de Junts hacia tesis de derecha radical, por ejemplo en cuestiones como la inmigración, tiene poco que ver con buscar sintonía con el PP, y mucho con la competencia de Aliança Catalana en algunos de sus feudos en Catalunya. La pujanza del partido xenófobo es otra de las razones por las que los de Puigdemont aspiran a acudir antes a unas generales, donde se sienten más fuertes, que a unas municipales que convendrían a su competencia.

Pese a eso, fuentes de la formación recalcan que no están pensando en apoyar una moción de censura, que ni siquiera creen que Feijóo quiera plantear. Y la razón es que, a su entender, el PP no está en disposición de cumplir ninguna de sus demandas, mucho menos si va de la mano de Vox, suma necesaria para que una moción triunfase en el Congreso.

No habría en Junts escrúpulos para votar con el PP, como antes no los hubo para votar con el PSOE; el problema es más bien un cálculo matemático por el que entienden que a Feijóo solo le dan los números con la extrema derecha. “Vox es nuestra línea roja”, aseguran fuentes de Junts.

Pero también hay una cuestión demoscópica que refleja el barómetro del CEO. Para muestra, el de noviembre pasado. Cuando se preguntó a los electores de Junts a quién prefieren en La Moncloa, el 37% respondió que a Sánchez. Un porcentaje solo superado por la opción de “nadie”, que eligió el 39%. A Feijóo solo lo nombraron el 0,8% de los votantes de Junts. Una fotografía contundente de por qué en el partido consideran una “trampa” la moción de censura que investiría al líder del PP.

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones tras la sentencia del 'caso mascarillas' en el que ha sido condenado a 24 años de cárcel el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Feijóo ha asegurado en una rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia”. Con todo, ha rechazado presentar ahora una moción de censura pese a asegurar que el presidente no tiene la mayoría parlamentaria.

“Estamos en una situación límite en la democracia española”, ha asegurado Feijóo en una declaración política que ha leído en la sede nacional del PP. El líder de la oposición ha planteado que este Gobierno ha protagonizado ya “demasiadas situaciones incompatibles con la democracia”. Aun así, no da el paso de presentar la moción de censura.

El líder de la oposición ha asegurado que lo vivido hoy es “lo más grave” que ha sucedido en democracia y que hay un “único camino que se puede adoptar”.“La Justicia ha hablado. Ahora tiene que hablar la política”, ha añadido. Pero sobre la censura, solo lo hará, ha insinuado, si los independentistas catalanes y vascos de Junts y/o PNV le prometen su 'sí' previamente.

Feijóo ha recordado que esta semana se producirán dos votaciones, en su opinión, muy relevantes para el futuro de Sánchez. En el Senado, el miércoles se votará una moción que reclama la convocatoria inmediata de elecciones. El pasado mes de mayo, una iniciativa similar recibió la abstención de Junts y PNV.

El jueves será en el Congreso donde se discutirá una proposición no de ley que incluye una petición explícita de una cuestión de confianza, un mecanismo que solo puede activar el presidente y que implica recabar el apoyo de la Cámara o dimitir.

“Es el momento de acreditar la postura de los socios” de Sánchez, ha dicho Feijóo a preguntas de los periodistas. “Que se saquen la careta y digan si quieren seguir apoyando al Gobierno”, ha azuzado. “¿A qué espera?”, se ha preguntado sobre Sánchez. “¿A qué esperan?”, ha planteado sobre los socios.

Con todo, Feijóo no ha querido explicar qué hará después de ambas votaciones. Es decir, si dará el paso de presentar la moción de censura en caso de que Junts o el PNV voten a favor de sus iniciativas parlamentarias.

“Es indecente que siga un minuto más”, ha dicho sobre Sánchez. “Es insostenible para sus socios”, ha añadido. Y “sobre todo, es insoportable para sus ciudadanos”, ha dicho. Pese a todo, ha asegurado que “el único camino” para salir “de este colapso” pasa porque el presidente del Gobierno convoque “elecciones”.

Feijóo ha utilizado parte de su intervención para justificarse delante de quienes, dentro y fuera de su partido, le reclaman que se lance a presentar la moción de censura aunque no tenga garantizados los apoyos necesarios para que salga.

El líder del PP ha sostenido que presentar la moción de censura hubiera supuesto una victoria de Sánchez, lo que implica que asume su imposibilidad de convencer a los cuatro diputados que le separan de la mayoría absoluta. “Si hubiésemos presentado la moción en los últimos meses o semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error. Al señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna cámara. El señor Sánchez está manchado”, ha aseverado.

Sobre la permanencia de Sánchez en la Moncloa, Feijóo ha concluido: “Puede parecer que todavía queda. Yo hoy puedo decir que falta menos”.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este jueves sus arengas al PNV y Junts para que le apoyen en el Congreso una moción de censura para descabalgar del poder a Pedro Sánchez y convocar elecciones generales inmediatamente. “Si lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo”, ha asegurado en una rueda de prensa en Bruselas. “Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y PP, hemos manifestado la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones. Eso suman 184 diputados. Se necesitan 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que nos e merece políticos trileros”, ha concluido.

Feijóo recupera así la idea de una moción de censura pese a que no ha logrado, por ahora, reunir la mayoría absoluta necesaria para hacerse con el Gobierno. El PP y Vox, con UPN y Coalición Canaria, no alcanzan los 176 diputados necesarios. Feijóo necesita al PNV o a Junts, dos partidos que en sus declaraciones públicas han dado por amortizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que a la hora de la verdad no quieren tumbarlo.

Este mismo jueves, Junts se ha felicitado por la aprobación de un decreto del Gobierno. Ha sido apenas 48 horas después de unirse al PP para intentar debatir y votar una moción que incluía un punto que reclamaba a Sánchez la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral. La Mesa del Congreso ha vetado ambas iniciativas, y el PP ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Feijóo ya planteó formalmente hace unas semanas su propuesta de un Gobierno técnico encabezado por él para un tránsito rápido a elecciones a la vuelta del verano. La idea fue rechazada de plano por el PNV. El partido vasco dio este miércoles una prórroga al Gobierno al marcar un calendario más o menos expreso: que el Gobierno presente su proyecto de presupuestos para 2027 y, si no logra los apoyos para sacarlos adelante, que convoque, entonces sí, elecciones.

Cerrada la puerta del PNV, a Feijóo solo le queda el partido de Carlos Puigdemont. Desde Junts ya le han planteado al líder del PP que para lograr su respaldo a una moción de censura tiene que viajar en persona a Waterloo y reunirse con el expresidente catalán, huido de la justicia desde 2017.

En 2023, Feijóo negoció con Junts su investidura. Rechazó la amnistía, pero sí puso sobre la mesa los indultos.

“Mi mensaje es que el cambio está más cerca”, ha dicho Feijóo, quien ha asegurado que cuando el PP llegue al poder “España tendrá un Gobierno dignifique la política, regenere las instituciones y reconstruya el Estado de derecho en nuestro país”. “No va a haber un Gobierno que organice un compló para ir contra jueces, fiscales, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y no va a haber un Gobierno que invada el Poder Legislativo”, ha zanjado.

“Esta es la hora de la verdad”, ha dicho Feijóo. “Es la hora de los que están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción, sin mayoría parlamentaria, sin cuentas, sin presupuestos y sin capacidad normativa. Y los que estamos a favor de una España decente. Y ahí hay que clarificar y hay que posicionarse”.

“El Gobierno no quiere poner urnas”

“Estoy a favor de una convocatoria urgente de elecciones”, ha dicho Feijóo, que ha dicho que “el Gobierno no quiere poner urnas”. Una insinuación sobre una supuesta resistencia de Sánchez a convocar elecciones, pese a que a la legislatura le queda más de un año para llegar a su final legal.

Feijóo sigue así la estela de su secretario general, Miguel Tellado, quien esta mañana ha acusado a Sánchez de “no dejar votar a los españoles”.

“Tenemos que desplazar a este Gobierno, y que otro Gobierno convoque elecciones de forma inmediata”, ha asegurado Feijóo en Bruselas antes de reunirse con el resto de dirigentes del PP Europeo.

“Es la propuesta que está encima de la mesa”, ha dicho Feijóo. “La única solución es remover al Gobierno para elegir a otro y que convoque”, ha reiterado, para descartar negociaciones secretas con los partidos a los que reclama su apoyo. “Tengo contacto en tiempo real con todas las fuerzas”, ha asegurado, en referencia a que ha hecho su propuesta en público.

“Si no lo hacemos ahora, ¿en qué supuesto lo vamos a hacer?”, se ha cuestionado, en referencia a los casos de corrupción que acorralan al PSOE. “¿Puede haber algún supuesto más grave?”, ha añadido. “Hay partidos que hablan de este asunto y presentan iniciativas en el Congreso. Vamos a ver si se queda en una tentativa o van en serio y respetan a los votantes que representan”, ha zanjado.

Más del 60% de los votantes del Partido Popular considera que Alberto Núñez Feijóo debería al menos intentar presentar una moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los acompañantes para sacar adelante esa iniciativa parlamentaria para expulsar a la izquierda del poder siguen provocando divisiones entre quienes en las últimas elecciones generales votaron al PP.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es refleja que el 31,1% de los votantes populares creen que Feijóo debería poner en marcha la iniciativa para relevar al actual presidente del Gobierno “aunque no tenga los apoyos necesarios para ganarla”. Otro 29,6%, en cambio, considera que el líder de los populares tendría que “negociar el apoyo de la moción de censura con Vox, Junts o PNV”. El sondeo refleja además que otro tercio de los votantes del PP (el 32%) considera que Feijóo debería “seguir haciendo oposición al Gobierno, pero sin presentar una moción de censura”.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de junio a través de 1.500 entrevistas, evidencia además las distintas visiones ante la imputación de Zapatero entre los electorados de PP y Vox, formaciones enfrentadas por los votantes de derechas aunque condenadas a entenderse en comunidades autónomas y ayuntamientos para poder gobernar.

Un 39,7% de los votantes de la extrema derecha cree que Vox debería “presentar su propia moción de censura aunque el PP no lo haga” y otro 31% considera que el partido de Santiago Abascal tendría que “ofrecer su apoyo al PP de Feijóo” para que presente la iniciativa para relevar a Sánchez de la Moncloa. Solo un 20,2% de los que en las generales apostó por Vox cree que el partido debería mantenerse en la oposición sin presentar ni impulsar la moción de censura, diez puntos menos que en el caso de los votantes del PP.

El resultado del sondeo elaborado por Ateneo del Dato se conoce apenas dos semanas después de que Feijóo animara por última vez a PNV y Junts a apoyarle en el caso de presentar una moción de censura. El 1 de junio, el líder del PP prometía a ambas fuerzas un adelanto electoral “inmediato” si le apoyaban en el Congreso para echar a Sánchez. Los nacionalistas vascos evitaron contestar al líder del PP y se remitieron a la negativa que ya han expresado en los últimos meses.

Los independentistas catalanes, por su parte, pusieron a Feijóo una condición muy compleja para estudiar su moción, que pasaba por que el líder del PP se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica. Feijóo descartó al día siguiente viajar a Waterloo, donde tiene fijada su residencia el expresident catalán. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, dijo, ante las preguntas de la prensa sobre esa opción de reunirse con Puigdemont. En el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno.

Apoyo de la izquierda y los socios

Sánchez cuenta, en principio, con el respaldo de la mayor parte de su electorado. Tal y como publicó elDiario.es en la primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, un 64% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería mantenerse en el Gobierno y agotar la legislatura a pesar de la causa abierta contra Zapatero. Solo el 22,8% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería adelantar las elecciones frente al 35,4% que pide que permanezca en Moncloa cuestionando a Zapatero y el 29,2% que quiere que siga en su puesto defendiendo al expresidente.

Además, casi la mitad de los votantes de Sumar, el 46,4%, opina que el espacio político encabezado por Yolanda Díaz debería “permanecer en el Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE” y un 23,6% considera que los ministros del espacio deberían continuar “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero”. Un 16%, sin embargo, cree que Sumar tendría que “salir del Gobierno de forma inmediata”.

Respecto a los votantes de los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno, un 32,9% de quienes en las últimas generales votaron a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC creen que estos partidos tendrían que “mantener su apoyo al Gobierno, pero denunciando públicamente la corrupción del PSOE”. Un 26% cree de estos últimos que se debería seguir sosteniendo a Sánchez “defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero” y un 23,7% aboga por “retirar de forma definitiva su apoyo al Gobierno, aunque eso pueda facilitar la llegada del PP y Vox”.

La encuesta se realizó en la semana en la que se conocieron novedades en el caso de Zapatero como la tasación judicial de las joyas incautadas en el despacho del expresidente que las valoró en 1,3 millones de euros y la apertura de una pieza separada precisamente sobre esas joyas. Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales que tratan de analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno. El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales.

Los concejales de Coalición Canaria, Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Contigo Fuerteventura han presentado este viernes una moción de censura para echar de la Alcaldía de Antigua a Matías Peña, de Alternativa por Antigua.

La moción, que se votará el 19 de junio, cuenta con el respaldo de nueve concejales: tres de CC, los tres del PP, los dos de Asambleas Municipales de Fuerteventura, y el concejal de Contigo, han informado a Efe fuentes del Ayuntamiento.

En las elecciones de 2023, Alternativa por Antigua fue la fuerza más votada, con siete concejales, y llegó a un acuerdo de gobierno con Asambleas Municipales de Fuerteventura, Contigo y Coalición Canaria.

Los tres concejales de Coalición Canaria abandonaron el grupo de gobierno el pasado mes de febrero.

La moción de censura acabará con dos legislaturas consecutivas de Matías Peña en la Alcaldía.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dado este jueves por totalmente zanjada la discusión sobre un hipotético apoyo a una moción de censura presentada por el PP contra Pedro Sánchez, aunque fuese “instrumental” para satisfacer el deseo de los nacionalistas de que haya elecciones generales este año. En el Parlamento Vasco, a preguntas de los periodistas, Esteban ha confirmado que ni siquiera le ha llamado Alberto Núñez Feijóo y le ha recordado los ataques que han recibido en los últimos años.

En una comparecencia acompañado del líder de los socialistas vascos, su socio Eneko Andueza, Esteban ha insistido en que “la legislatura no puede prolongarse en 2027”, aunque Sánchez ahora haya planteado la presentación de presupuestos para el próximo ejercicio después de cuatro años sin hacerlo. “No hay una mínima ruta”, ha agregado.

Eso sí, no hay contacto alguno con el PP para ponerle fin al mandato de Sánchez por la vía expeditiva de la moción de censura, al igual que pasó en 2018 con el concurso decisivo del PNV contra Mariano Rajoy. “Si ni siquiera he hablado [con Núñez Feijóo], puede pensar usted qué opinión puedo tener”, ha bromeado con un periodista.

Acto seguido, ha enumerado los agravios de los últimos tiempos que hacen inviable su entendimiento con el PP sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta del PNV con Vox. Ha mencionado que el PP es “un partido que no ha querido el euskera en Europa”, que “ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias” pendientes del Estatuto de 1979, que “se ha opuesto con uñas y dientes a la selección vasca de pelota vasca” y que “ha dicho verdaderas 'astokeris' [burradas] del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Preguntado sobre las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE, Esteban, siempre al lado de Andueza, no ha querido entrar en comentarios. “No vamos a estar comentando las noticias día a día. Mañana va a haber otra. Pasado va a haber otra”, ha indicado preguntado sobre la última novedad, el registro de las sedes de la empresa vasca Tubos Reunidos.

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.

El judo es conocido por ser un arte marcial en el que la técnica vale más que la fuerza. Sus llaves se basan en aprovechar la energía del rival para derribarlo: cuanto más ímpetu pone el adversario, más fácil resulta desequilibrarlo o bloquearlo. Y alguien en Junts parece haberse puesto el cinturón negro, porque la respuesta de Jordi Turull al apoyo a una moción de censura que les reclama Alberto Núñez Feijóo utiliza toda la contundencia de la propuesta del PP para dejarla en KO técnico.

En el escenario actual, todos los partidos intentan sobrellevar la presión como pueden. Para Junts, el equilibrio no es sencillo: dar por liquidado el Gobierno sin echarlo. La respuesta a Feijóo fue la acordada entre Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. El lunes a última hora se celebró una ejecutiva en la que se informó a la dirección que la estrategia sería la que el martes verbalizó el secretario general en una entrevista en Catalunya Ràdio (el mismo día en que el líder popular visitaba Barcelona, una coincidencia más casual que causal). A modo de resumen, si el PP tiene algo que proponerles, que vaya a Waterloo y se lo pida a Puigdemont.

Es una salida hábil porque de esta manera, los independentistas tranquilizan a quienes creen que deberían forzar ya la caída de Sánchez y, al mismo tiempo, pueden sostener que no lo hacen por culpa del PP y su negativa a asumir determinadas condiciones.

En Junts insisten en que no tienen “ninguna urgencia electoral”. Su lectura es que los votantes no les respaldan para decidir quién ocupa la Moncloa, sino para defender los intereses de Catalunya. Tampoco consideran, a diferencia de ERC, que deban contribuir a consolidar un bloque de izquierdas en el Congreso. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, resumió Turull.

Pero una cosa es no querer estar atados a los socialistas y otra muy distinta participar en una operación que incluya a la extrema derecha de Santiago Abascal. “No abriremos la puerta a un Gobierno de PP y Vox”, resumen fuentes de la formación.

Los independentistas recuerdan que, tras las últimas elecciones generales, algunos dirigentes populares intentaron aproximarse de manera informal. “Bien que nos buscaba González Pons por los pasillos”, ironizan en Junts. Añaden que quien comprendió que cualquier negociación pasaba por sentarse con Puigdemont fue el PSOE, que sí se atrevió a enviar al ahora innombrable Santos Cerdán a Waterloo.

Junts, como el resto de partidos y evidentemente el PSOE, está también pendiente de ver cómo va la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -otro de sus interlocutores caído en desgracia- y las posibles novedades del sumario del caso Leire. Consideran que, por el momento, no se ha acreditado la existencia de financiación ilegal en el PSOE y que eso les facilita la posición que han adoptado frente a la propuesta del PP.

Tras normalizar sus relaciones con el PNV, ambas formaciones mantienen una cierta coordinación, aunque lejos de la sintonía que exhibieron en la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy. En Junts son conscientes de que los nacionalistas vascos actúan guiados, como siempre y ante todo, por sus propios intereses. Y que el calendario electoral que más les convenga a ellos no tiene por qué coincidir con el de los independentistas catalanes. 

El tono de Feijóo

La reacción de Feijóo al desafío planteado por Turull no sorprendió a nadie. Sí llamó más la atención el tono empleado, especialmente ese “vamos a hablar de cosas serias” que lanzó a los periodistas en los pasillos del Palau de Congressos, donde se celebran las jornadas del Cercle d’Economia. El líder popular, a diferencia de las quince ocasiones anteriores en las que había acudido a este foro, no viajó a Barcelona en busca del aplauso del empresariado catalán. Más allá de prometer, como acostumbra, menos impuestos, otra política de vivienda, y ahora una política migratoria más restrictiva, no ofreció mucho más.

La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, insistió en que los dos grandes partidos deberían ser capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas, especialmente en el actual contexto internacional que, en sus palabras, exige visión a largo plazo y grandes consensos. “No se puede construir desde la confrontación permanente”, afirmó ante un Feijóo que, imperturbable, dejó claro que no piensa sentarse a negociar nada con el PSOE.

Garcia-Milà volvió además a plantear una reivindicación clásica en estas jornadas: la reforma del modelo de financiación. La pregunta era previsible y Feijóo, que sabía que esta siempre toca, no improvisó aunque sorprendió porque su mensaje no pudo ser más frío: defendió que lo que tiene que hacer la Generalitat es gastar menos y advirtió de que, si llega a la Moncloa, Catalunya tendrá que situarse en la misma fila que el resto de comunidades autónomas en el reparto de los recursos.

Los aplausos fueron los justos, los de cortesía. Y, después de su intervención, es de suponer que tampoco esperaba muchos más.

Con lágrimas en los ojos. Así ha cerrado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el intento de ser apartada del poder con una moción de censura. Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de impasse entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: “Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional”, ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno. Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: “Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política”, ha reprochado Gallo.

Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: “Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder. Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil”.

“Esta sesión reunirá o no reunirá [las condiciones para que tenga lugar], pero lo que queda es un debate constructivo”, ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el “ridículo, bochorno y sinvergonzonería” que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena. Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “[Los tránsfugas de Vox] de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura”, ha recordado.

“Nulidad de pleno derecho”

“Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho”, ha reprochado. “Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple”.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: “Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella [Noelia Arroyo] seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones”. “Ellos [el PP] se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder”.

López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: “Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales”.

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que “la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron”. Una decisión que, ha anticipado, tendrá “consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar”.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra “porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente”.

Rifirrafe en la Mesa de Edad

Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno. Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno.

Por su parte, Abellán ha defendido que el debate de la moción tenía que seguir adelante: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

Tras dos horas de media de impasse, finalmente se ha impuesto el criterio del edil de MC, mientras la alcaldesa de Cartagena ha advertido de que solicitará la nulidad del Pleno y demandará a Abellán por prevaricación.

De la implosión de Vox a la moción de censura

Aunque la moción de censura se presentó hace dos semanas, su maquinaria lleva moviéndose desde la implosión de Vox en la Región de Murcia. Tras el cese del por aquel entonces líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, Diego Salinas fue el primero en seguir su estela y abandonar la formación. Le seguiría Beatriz Sánchez del Álamo. Hace tres semanas, Salinas abandonó también el gobierno municipal, y una semana más tarde, los tránsfugas de Vox presentaron la moción de censura junto a MC, PSOE y Sí Cartagena.

La convicción de derrocar al gobierno de Arroyo les duró a los tránsfugas una semana. En un intento de evitar que tuviera lugar la moción, la alcaldesa destituyó a los fieles de Vox del gobierno municipal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Horas más tarde, Salinas y Sánchez del Álamo renegaron de la moción de censura: “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justificaron así su cambio de parecer. El pasado lunes fueron más allá registrando sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción y afianzando su fracaso.

Los fieles a Abascal, por su parte, solicitaron formalmente que se mantuviera el debate, recordando que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”.

“Que me has cortado, chico”, estas palabras revelan el tono adoptado entre los miembros de la Mesa de Edad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, encargada de determinar si se debate y vota la moción de censura presentada contra la popular Noelia Arroyo. Los integrantes de este órgano, Enrique Pérez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP, han mantenido un tenso debate sobre esta cuestión desde el mediodía. Lo que ha empezado como una conversación a micro cerrado se ha convertido en una disputa abierta entre los miembros de la Mesa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha expuesto que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla. Por su parte, Abellán ha defendido que debe seguir adelante el debate de la moción: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

El concejal no adscrito Diego Salinas no ha acudido este martes al Pleno, así que, en el caso de celebrarse, el PP podría perder la moción.

El clima del Pleno se ha recrudecido aún más al declararse el propio Abellán presidente de la Mesa, al ser el integrante de mayor edad y, de este modo, resolver a favor de la moción con su voto de calidad. Por su parte, el más joven ha defendido que los dos integrantes de la Mesa la copresiden.

La Mesa de Edad le ha cedido la palabra a la secretaria del Pleno, que también ha señalado que se deben mantener los mismos requisitos que se presentaron durante la moción en el momento de su lectura. No se pueden sustituir los proponentes, ya que eso significaría dar paso a otra moción de censura. “Constan en el expediente dos escritos, una de las proponentes retira el apoyo de la moción. Existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos de la proposición. En la presentación de la moción y en su lectura”, ha argumentado.

Contra el criterio de Jaúdenes, Abellán ha intentado cederle en numerosas ocasiones la palabra a su compañero de partido, el candidato a la moción de censura y líder de MC, Jesús Giménez Gallo: “Esto quedará grabado para siempre. Una votación que debería haber tenido lugar se está convirtiendo en una presión a un concejal libre y electo por parte de los altos funcionarios de este Ayuntamiento”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha preguntado si se cumplían las condiciones para celebrar la moción o se levantaba la sesión. “Todo es asesoramiento, nadie puede decirle lo que usted tiene que hacer”, le ha recordado la secretaria del Pleno. Por su parte, Giménez Gallo también ha adelantado que emprenderá acciones legales en caso de que se suspenda.

“Por el bien de la seguridad jurídica del Pleno”, el interviniente ha recomendado a la Mesa de Edad un receso.

La llave de la moción

Los tránsfugas de Vox han sido la llave que ha abierto y cerrado la moción de censura de Cartagena, el cataclismo de este duro encontronazo. Una semana les duró la convicción a los ex de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de presentar la moción de censura contra Noelia Arroyo junto a MC, PSOE y Sí Cartagena. Después, la alcaldesa les ofreció un puesto en el gobierno y la destitución de los fieles de Abascal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Tras el nuevo acuerdo, los tránsfugas han hecho todo lo posible para desandar los pasos que caminaron hacia la moción. Lanzaron un comunicado renegando de ella, y el pasado lunes registraron sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción. Los de Vox, por otro lado, solicitaron poco después que se mantuviera el debate en otros escritos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. No lo ha hecho de forma expresa, ni en su discurso ante el Cercle d'Economia ni después, a preguntas de los periodistas. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, ha respondido.

El líder del PP ha viajado a la capital catalana para asistir a la Reunión Anual de una de las patronales empresariales más potentes. Es su decimoquinta comparecencia ante el Cercle, como ha recordado él mismo en el arranque de su intervención. Un discurso que prometía abordar la cuestión política más relevante ahora mismo para el PP: cómo echar a Sánchez antes de las elecciones generales, previstas para dentro de más de un año.

El propio Feijóo abonó la teoría con sus primeras palabras. “Hay un elefante en esta habitación”, ha dicho, para presumir de que “algunos han venido a comprobar” si se iba a hablar de dicho “elefante”. “Yo lo haré”, anticipó, porque “cuanto más [se] tarde en abordarlo, más crecerá el elefante”.

Pero Feijóo no ha mencionado la moción de censura de forma explícita. De hecho, ha sido mucho menos claro de lo que fue ayer en una entrevista en Telecinco, en la que planteó expresamente un acuerdo de mínimos para una moción instrumental y la convocatoria inmediata de elecciones. “Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla”, dijo. “Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”.

La respuesta del PNV, por boca de su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, es que no apoyarán “ninguna moción de censura”. La réplica de Junts tardó un poco más. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado esta misma mañana: “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”.

La propuesta no es novedosa, y Feijóo ya la rechazó expresamente en julio de 2025. El líder del PP también sondeó el apoyo de Junts a su investidura en 2023: Feijóo descartó la amnistía, pero sí contempló conceder un indulto a Carles Puigdemont.

En su discurso de este martes, Feijóo ha prometido abordar la situación, pero no lo ha hecho. “España necesita con urgencia lo más elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capacidad de defender el interés general por encima de todo”, ha dicho. “La conversación gira alrededor de sumarios, imputaciones y comisiones. No hay una agenda económica, hay una agenda de tribunales”, ha apuntado.

Para el líder del PP, solo se puede elegir entre “degeneración o limpieza institucional”, para repetir que “184 diputados han exigido elecciones inmediatas a Cortes Generales” porque de la situación por la que transita España “solo se sale devolviendo la voz a la gente” y con un “final digno para una legislatura exhausta”.

El problema, ha apuntado Feijóo, es que “no se acompañan de hechos coherentes las palabras” de quienes desde PNV o Junts, exigen a Pedro Sánchez que convoque ya elecciones.

“Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política no hay discusión posible”, ha sostenido. “España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la decencia que tiene que tener”, ha añadido, para reiterar que él hará “todo lo posible”. “Quienes coincidimos en que la situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible”, ha añadido.

Feijóo ha avisado: “Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento”. Y ha concluido: “No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. No pretendo remover conciencias. No vengo a pedir favores ni regalarlos. Defiendo un proyecto limpio y garantizar”.

Desde el PP aseguran que las palabras de Feijóo no son una respuesta del PP a Junts, y que la referencia a los “favores” no apela a lo dicho hoy por Turull. “Lleva escrito tres días”, concluyen desde su equipo.

Hay dos maneras (democráticas) de que caiga un gobierno. O el presidente anuncia que lo deja y convoca elecciones, o en el Congreso se organiza una moción de censura contra él. Las dos cosas han ocurrido en la democracia española, hace poco y protagonizadas por los mismos personajes que ahora se miran fijamente pero no desenfundan. En el caso del líder de la oposición, Feijoó perdió en su primer intento de investidura por el rechazo de los partidos nacionalistas de derechas a sus alianzas con Vox. Son las mismas razones que ahora hacen muy difícil que consiga los apoyos que necesita a pesar de los escándalos judiciales que asedian al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. 

Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del PP, analizamos las razones que dificultan al PP mover ficha en el Congreso. Con Iker Rioja, director de elDiario.es en Euskadi, repasamos cuál es la posición del PNV, uno de los principales socios de investidura del PSOE, al tiempo que posible aliado ideológico del PP. Con Arturo Puente, de elDiario.es en Catalunya, nos detenemos en la situación de Junts, el otro partido al que apelan los populares para echar a Sánchez de La Moncloa. 

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Las formaciones nacionalistas que tendrían en su mano entregar las llaves de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo dieron este lunes la callada por respuesta ante la nueva oferta del líder del PP: una moción de censura con él como candidato con la promesa de convocar elecciones generales una vez alcanzado el poder y destituido el presidente Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV, cuyos votos bastarían junto a los de PP, Vox y UPN para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para que la moción prosperase, prefirieron obviar la nueva intentona de Feijóo. Los nacionalistas vascos evitan contestar al líder del PP y se remiten a la negativa que ya han expresado en los últimos días y los independentistas catalanes, que guardaron silencio el lunes, este martes a primera hora pusieron una condición para estudiar la moción: que Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

No es la primera vez que Feijóo lanza una propuesta para una moción instrumental solo para convocar a las urnas a los españoles. Pero nunca antes lo había hecho en directo en televisión. “Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, dijo el líder del PP, que en pleno runrún sobre la posibilidad de un cambio de Gobierno celebrará este martes un acto con empresarios catalanes en el Cercle d’Economía de Barcelona y desarrollará allí una jornada de reuniones con diferentes actores económicos.

Se trata de una referencia directa a Junts y al PNV, los dos únicos aliados del Gobierno que han reclamado elecciones y sobre quienes el PP vuelve de forma recurrente casi desde el inicio de la legislatura, no siempre con buenas palabras. En su entrevista en Telecinco, el propio Feijóo se preguntó sobre los nacionalistas vascos si van “a vivir de rodillas o con dignidad”, aunque evitó dispensar el mismo trato a los independentistas catalanes. Poco después, su portavoz nacional, Borja Sémper, añadió con displicencia: “Ellos sabrán, cuando las urnas les pasen por encima, se preguntarán qué ha pasado”.

Pero, por ahora, ese órdago ha caído en saco roto. Junts y PNV consideran que los casos de supuesta corrupción que han emergido en las últimas semanas y que afectan al PSOE han sido el golpe de gracia a la legislatura y así lo han expresado públicamente pidiendo a Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Pero la Constitución establece que las mociones de censura en España son constructivas, es decir, que en el Congreso no se votaría sobre la idoneidad del presidente para continuar en el cargo, sino sobre si Feijóo debe ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Y aunque los nacionalistas no apoyen ya a Sánchez, tampoco se muestran convencidos de aupar al líder del PP, quien, además, necesitaría indefectiblemente los votos de Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.

Consultadas sobre las palabras de Feijóo, fuentes oficiales de los nacionalistas vascos aseguran que no tienen “nada que añadir” a lo que han dicho sus principales dirigentes hasta el momento. La última en pronunciarse, el pasado fin de semana, fue la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que en una entrevista en RNE insistió en que no contempla apoyar “ninguna moción de censura”, aunque también instó a Sánchez a “coger el toro por los cuernos” y convocar elecciones porque “el tiempo no lo cura todo” y los casos de corrupción, así como el “bloqueo constante” del parlamento, no van a “desaparecer”. Con igual contundencia se expresó el jueves el presidente del PNV, Aitor Esteban, que sostuvo que “el interés general demanda elecciones este año”, pero también aseguró que una moción de censura “no está encima de la mesa” de su partido.

La reunión con Puigdemont

Junts evitó durante este lunes pronunciarse sobre la nueva oferta de Feijóo aunque el martes ya hablaron de la posible reunión de Feijóo y Puigdemont como un primer contacto imprescindible. En los últimos días, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, había intentado sacudirse la presión que provoca en Junts el hecho de ser el actor fundamental para que prospere una moción de censura y ha asegurado que su partido no tiene en su mano apretar “el botón” del cambio de Gobierno. Tampoco, ha dicho, de unas “elecciones” anticipadas, que es la opción por la que los independentistas apuestan.

En cualquier caso, el pasado jueves Nogueras afirmó en una entrevista en TVE que la “línea roja” de Junts es la presencia de Vox en el Gobierno. La formación, afirmó la dirigente, “jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder” e insistió en que ningún partido, tampoco el PP, les ha puesto “una propuesta” de moción de censura “encima de la mesa”. La oferta de Feijóo de este lunes, no obstante, trata de sortear este obstáculo, puesto que el líder del PP prometió un Gobierno técnico sin Vox hasta que se celebraran las elecciones generales que, según prometió, convocaría nada más llegar a la Moncloa.

Para Junts, no obstante, una convocatoria electoral también tendría sus desventajas. En primer lugar, porque la formación atraviesa un momento muy complicado en las encuestas acechada muy de cerca por la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Y en segundo término porque el Tribunal de Justicia de la UE aún no ha emitido su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo que se espera para el año 2026, pero para el que aún no hay una fecha concreta y que será el primer paso para la posible vuelta a España del expresident Carles Puigdemont. 

El futuro del líder de Junts, no obstante, dependerá fundamentalmente de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación, que no llegará hasta que la justicia europea se haya pronunciado sobre la amnistía. Y unas eventuales elecciones podrían dar una supermayoría al PP en el Senado —una opción improbable, pero no descartable si se produce una debacle del PSOE— y permitirle situar en el Constitucional a juristas de su órbita que podrían dictar una sentencia contraria a los intereses de Puigdemont, lo cual obliga a Junts a ser muy cauto con sus movimientos.

El PP descarta una moción si no tiene los votos

Así las cosas, en el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno. Hoy por hoy, la idea está descartada, según apuntan todas las fuentes consultadas por elDiario.es.

Pero en el PP saben (o dicen saber) que el frente judicial se le va a poner peor a Pedro Sánchez. Este mismo lunes, el juez Santiago Pedraz levantó el secreto de parte del sumario del llamado caso Leire Díez, con lo que conlleva. Y en las próximas semanas se esperan sentencias sobre el ‘caso Koldo’ o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Por eso Feijóo y los suyos mantienen línea directa con el empresariado catalán. Este mismo martes, el líder del PP asistirá, como cada año, a un evento informativo que organiza el Cercle d'Economia. Tanto en este foro como en otros similares, Feijóo ha asumido las propuestas de la patronal en materia laboral y social. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les espetó en 2025 en un acto de Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes al PNV y Junts una oferta: que le apoyen en una moción de censura a cambio de un adelanto electoral “inmediato”. Así lo ha planteado Feijóo en una entrevista en Telecinco en la que ha asegurado que hay “184 diputados” que “han dicho que hay que convocar elecciones de forma inmediata”. A ellos les ha prometido un Gobierno técnico sin Vox hasta la hipotética cita con las urnas.

“Yo soy un aliado de dos planteamientos: decencia y elecciones anticipadas”, ha planteado Feijóo, quien ha interpelado directamente al PNV y a Junts, dos aliados del Gobierno que la semana pasada pidieron elecciones anticipadas tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del auto judicial del 'caso Leire'.

El mensaje lanzado este lunes por Feijóo contradice sus propias palabras y las de otros dirigentes de su partido, que en las últimas semanas han azuzado al Gobierno para que se mantenga en el poder y “rematar la faena” de acabar completamente con el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027.

“Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, ha dicho Feijóo. “Pero si dicen una cosa y hacen la contraria...”, ha añadido. “El PNV tiene que tomar una decisón. ¿Va a vivir de rodillas o con dignidad?”, ha planteado, después de que el secretario general del PSE, Eneko Andueza, le advirtiera del “error histórico” que supondría apoyar el regreso del PP al Palacio de la Moncloa.

“El PNV nos echó por una cuestión que, comparada con esto, era menor”, ha dicho Feijóo en referencia a la moción de censura de hace ocho años tras la sentencia condenatoria del 'caso Gürtel'.

“Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla. Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, ha reiterado Feijóo.

El líder del PP ha intentado sacar de la ecuación a Vox, consciente de que su dependencia de la ultraderecha lastra sus opciones de armar esa mayoría que provocaría la caída de Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV tienen una línea roja en cualquier jugada en la que intervenga el partido de Santiago Abascal, quien ya se ha ofrecido para una moción instrumental sin su presencia en el Gobierno para ir a elecciones.

“Para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, ha dicho Feijóo. El líder del PP también ha reiterado su compromiso de hace un año, cuando en el congreso del PP en el que fue reelegido aseguró su intención de gobernar en solitario.

Dos veces se ha fijado Hollywood en la ciudad de Cartagena. Una fue en 1989, cuando a algún ejecutivo de la meca del cine se le ocurrió que el desvencijado casco antiguo de nuestra ciudad se parecía mucho al Beirut de las muchas guerras libanesas. Pusieron las cámaras en varias calles y solares abandonados del centro, añadieron tres decorados desangelados, colgaron pósters de Jomeini y el resultado se puede ver en algunas escenas de una macarrónica película bélica de baja estofa: Navy Seals, con Charlie Sheen.

25 años después el panorama urbano de la ciudad no había mejorado mucho: en 2015, con unos cuantos escombros y cascotes esparcidos por los solares desventrados de la calle de las Beatas se pudo recrear el Irak bélico que aparece en otra peli barata norteamericana, esta vez con heroína femenina, que los tiempos han cambiado, aunque Cartagena no: Megan Leavey, protagonizada por la actriz Kate Mara.

Dicen que no somos lo que creemos ser: somos como nos ven los demás. Y el casco antiguo de Cartagena es visto como un desastre urbanístico que salta a los ojos de cualquiera, un escenario de guerra con edificios sin restaurar, aceras rotas, solares que da pena verlos, fachadas sujetas con hierros al suelo para que no se caigan… Un ejemplo palmario de abandono institucional.

Una moción de censura fallida

Esta anécdota cinematográfica explica muchas de las cosas que pasan aquí. Cartagena está rota en sus calles y fachadas, y en su política local también. Este mes de mayo ha habido una jugada política que refleja esto: un intento de moción de censura para desalojar al PP de la alcaldía, propiciado por la implosión de Vox, cuyos cuatro concejales se han peleado entre ellos y ha habido una confusión de transfuguismos bidireccionales alentados primero por la oposición y después por el propio gobierno municipal.

Este vertiginoso vodevil se ha saldado con una victoria tamayesca de la alcaldesa pepera, que ha salvado la alcaldía al quedarse al final con los dos tránsfugas exvoxeros que han cambiado de bando tres veces en un mes, mientras que los dos leales a Vox se quedan fuera del gobierno municipal y con cara de circunstancias y los impulsores de la moción, compuestos y sin novia. Ningún partido es inocente: ese Ayuntamiento es un mercado persa en el que todos llevan diez años tejiendo alianzas contranatura, cambiantes e imposibles, y jugando al mismo juego de aprovecharse de compraventas de concejales fruto de un transfuguismo que, increíblemente, permite el sistema político español. La política en Cartagena está llena de explosiones, cadáveres, cuellos sanguinolentos, escombros y cascotes y malos de película cutre: igualito que en los ínfimos films de guerra que Hollywood rodaba aquí no hace tanto tiempo.

En esta moción de censura, tanto los de un bando como los del otro dicen hacerlo por Cartagena. Respetemos a quienes lo creen de verdad. Otras personas ven otras motivaciones: resuena estos días aquella pieza de salsa caribeña tan buena titulada Quítate tú pa ponerme yo, de la Fania All Stars. La ironía que no falte. Otros ven otra metáfora menos divertida: una pelea a navaja en la que cualquiera es capaz de perder los dos ojos con tal de arrancarle uno al contrincante, bajo la siniestra premisa de yo me habré quedado ciego, pero estoy contento porque te he dejado tuerto a ti. La venganza de la venganza de la venganza anterior, y nada más. Es una ciudad que ha tenido mala suerte con sus políticos. Con todas y todos ellos.

Crisis de ciudad

Ese desastre político revela una crisis más profunda. Una crisis de ciudad. Cartagena, que en 1900 llegó a ser la séptima ciudad española en población, ha venido bajando posiciones en ese ranking en los últimos 40 años mientras todas las demás ciudades del entorno, significativamente Murcia (+9.5%) pero también Alicante (+12%), Elche (+9%), Valencia (+7%), Almería, (+6%) han venido creciendo mucho más en número de habitantes. 

El engordamiento de la capital murciana en detrimento de las otras ciudades de la región es causa y también consecuencia de este estado de cosas. Murcia ciudad es la esponja que lo absorbe todo: ha crecido un 9.5% en población en una década mientras Cartagena solo lo ha hecho en un 2%, y eso que ha habido un incremento de población migrante ligada al trabajo agrícola en el campo en torno al Mar Menor. La comarca de Cartagena debería salirse de las estadísticas dado el auge agrario exponencial vivido con el incremento de los regadíos y el desarrollo brutal del sector agroalimentario, pero no es así. Hay muy pocos habitantes más, y también con un índice mayor de pobreza derivado de los bajos salarios que se pagan en la agricultura, situados en el entorno del salario mínimo interprofesional. 

Infraestructuras obsoletas, industria renqueante

Y mientras, el AVE sigue sin llegar a la ciudad, que lo hará con 20 años de retraso, al igual que el anfiteatro romano. Hay tortugas y caracoles que avanzan con más velocidad que los proyectos eternamente aplazados de Cartagena. Tiene uno amigos en Alicante, Valencia o Málaga que van o vuelven de Madrid en dos horas; el cartagenero o quien nos visite sigue tardando cuatro o cinco en unos trenes imposibles. Teníamos un aeropuerto en San Javier con buena afluencia de turistas; lo clausuraron para inaugurar el aeromuerto (con eme) de Corvera que sigue sin llegar al millón de viajeros anuales. Por otro lado: ¿han probado a hacer pipí en la estación de autobuses de Cartagena? Ni lo intenten: hay presidios en el África subsahariana cuyos váteres están en mejor estado que esos. Y tampoco vayan con silla de ruedas ni con carricoches: la rampa mecánica que hay en el exterior lleva rota tantos años que nadie recuerda haberla usado nunca. Escaleras para arriba y escaleras para abajo. Es lo que hay. Una desidia y un abandono inexplicables.

Tenemos mala suerte industrial también: hay bonanza económica en una Región de Murcia cuyas empresas van viento en popa, y la única grande que va a acabar cerrando está, cómo no, en Cartagena: SABIC. Por otro lado, si se le echa un vistazo a cualquier ranking de las empresas con sede social en la Región de Murcia con mayor facturación, de Cartagena solo sale una entre las diez primeras, o nueve entre las cien primeras. Si no fuera por las grandes corporaciones cuya sede social está en Madrid -Repsol, Navantia, Enagas…- Cartagena sería un desierto industrial. Esa infrarrepresentación de empresas cartageneras en esa lista evidencia que falta músculo empresarial local, falta tejido de medianas empresas, faltan empresarios de los que sí aparecen y prosperan en el resto de la Región de Murcia con firmas de muy diversos sectores que sí crecieron y sí se multiplicaron. Nadie de aquí invierte nada: falta emprendeduría. La economía local languidece a la espera de inversiones exteriores que aparecen y desaparecen sin control alguno.

Luces y sombras en el turismo local

En el panorama urbano de la moderna Cartagena también hay luces. Superada la reconversión industrial de los 90, la ciudad encontró una nueva oportunidad con el teatro romano, un descubrimiento arqueológico de 1987 y abierto al público en 2008 tras (otra vez) veinte años de excavaciones y espera. El nuevo teatro romano atrajo algo nuevo a la ciudad: los cruceros del Mediterráneo hacen ahora escala en Cartagena para visitar un monumento espectacular que estuvo oculto 2000 años. Los turistas que se desparraman desde barcos que proceden de Mallorca, Génova o Marsella transitan exclusivamente por un kilómetro exacto que parte desde la terminal de cruceros y continúa por el muelle de Alfonso XII, la plaza de los héroes de Cavite, la plaza del Ayuntamiento, la calle Mayor, las Puertas de Murcia y la calle del Carmen. Esa línea constituye la milla de oro, cuatro calles donde la belleza de los palacios modernistas asombra a unos turistas que, ay, nunca pernoctan en la ciudad, porque los cruceristas llegan a las ocho de la mañana en barco y vuelven a irse a las seis de la tarde. Desayunan, pasean, compran un souvenir, comen una paella, toman un café y se largan. A la hora de cenar no queda nadie.

Es un turismo de relumbrón y a medio gas que alimenta unos cuantos negocios hosteleros, pero no a los hoteleros. Lo bueno es que no hay peligro de gentrificación ni alteran el mercado inmobiliario como sucede en las barcelonas y venecias devoradas por el turismo, porque nadie duerme aquí. Pero eso sí: esas cuatro calles lucen de maravilla y el Ayuntamiento las cuida como si fueran oro en paño. Hasta teselas de sombra han instalado al modo malagueño en la cartagenera calle del Carmen por la que pasean los turistas lejos de las fachadas rotas de calles que tampoco es que estén mucho más allá.

Muchas sombras y pocas luces en el panorama cultural

Y el mundo cultural no está mucho mejor. Nos prometieron restaurar el viejo Cine Central: diez años estamos esperando, y eso que el gobierno regional y el gobierno local son del mismo partido. Va uno a Murcia y ve cómo el viejo Cine Salzillo hace más de 20 años que fue esplendorosamente reconvertido en la Filmoteca Regional. Ay, los murcianos, qué bien se lo montan y qué bien les va todo, hay que ver. Hay un Teatro Circo en Murcia restaurado; hay un Teatro Circo en Cartagena abandonado y esperando rehabilitación pública para la que, por lo visto, falta presupuesto.

Nuestros teatros y cines públicos están cerrados todo el año esperando una inversión que los reforme, pero todos los años nos gastamos 400.000 euros del erario municipal y 375.000 del regional en un festival privado de heavy metal generosamente regado con dinero público que dura solo cuatro días. Su empresario y los fans de Iron Maiden ahorran dinero y están felices. La ciudadanía de Cartagena, quizá no tanto. Ah: también impulsa el Ayuntamiento las Cruces de Mayo, con música de sevillanas y trajes de faralaes y rosas clavadas en los peinados de las cartageneras, una “tradición” inventada que ni sabíamos que teníamos. Antes había pintadas muy graciosas en los muros que decían Cartagena is not Murcia o ¿Murciano, yo? ¡Un pijo! Ahora, por lo visto, somos más de Sevilla. ¡Qué bien!

La ciudad desgraciada

En Murcia todo el mundo está contento. En Cartagena estamos todos enfadados. La ciudad feliz frente a la ciudad perdedora. Hemos tenido mala suerte con todo. Con la geografía, con la historia, con la industria, el medio ambiente, los trenes, los teatros, los cines, las fiestas, los puertos y aeropuertos… y con los políticos locales también. Para describir la situación de esta ciudad de pasado esplendoroso, presente gris y futuro incierto se requeriría mucho más que un artículo de 1.500 palabras. El memorial de agravios -y de culpas propias, también- da para una enciclopedia. 

Todos nos preguntamos por qué esta ciudad no prospera como debería, por qué a todas las ciudades de nuestro entorno les va bien y Cartagena no levanta cabeza. Salimos en los telediarios nacionales por los exabruptos de políticos locales excéntricos que están perpetuamente enfadados. Pero nadie encuentra la respuesta a la pregunta de por qué esta es la ciudad de la mala suerte.

El PP diferencia lo que es “mejor” para el partido y las “necesidades” que tiene España. Lo primero y lo segundo no siempre coinciden, según la visión de los dirigentes que maniobran para llevar a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Los cálculos se hacen según le convenga a su “estrategia”. Incluso cuando, según dicen una y otra vez, la democracia española está en riesgo y el país está al borde del colapso político y administrativo. La supuesta urgencia por echar a Pedro Sánchez palidece ante las previsiones electorales que maneja el PP.

La primera en deslizar la estrategia fue Cayetana Álvarez de Toledo el pasado 20 de mayo durante su habitual 'cara a cara' con el ministro Félix Bolaños en la sesión de control al Gobierno. “Toda España espera que convoquen elecciones ya. Sería lo democrático y lo limpio”, apuntó al final de su intervención. “Pero aguanten un poquito más”, les pidió. Y concluyó: “Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Rematen la faena”.

Las palabras fueron aplaudidas con fruición por la dirección del PP y defendidas posteriormente, cuando en los pasillos del Congreso los periodistas inquirieron a los principales líderes del partido su opinión sobre una posible moción de censura. En una de esas conversaciones, Alberto Núñez Feijóo pareció dar un pasito más para presentar la única iniciativa para terminar con la legislatura que no depende de Sánchez. “Voy a hacer todo lo posible por que haya un cambio de Gobierno”, dijo. Luego apostilló, en respuesta a Vox: “Hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno es infantil”.

La estrategia definida en el número 13 de la calle de Génova de Madrid no pasa por arriesgarse a otro fiasco parlamentario como la fallida investidura de Feijóo de 2023, cuando se quedó a cuatro votos de lograr la presidencia del Gobierno. Tampoco por forzar un debate real sobre la moción de censura ni obligar a los socios de Sánchez a retratarse en una votación parlamentaria que supondría que el PNV y Junts (entre otros) deciden mantener en el poder a un PSOE asediado por la corrupción.

La idea es que, visto el desfonde de los socialistas en el reciente miniciclo electoral —que también ha constatado la dependencia que tiene el PP de Vox—, a la derecha le interesa más que el Gobierno se mantenga y no adelante las elecciones generales, tal y como le imploró Emiliano García Page a Pedro Sánchez.

Algunos socialistas temen un efecto arrastre en las municipales y autonómicas de mayo de 2027, y el PP comparte esta visión. Por lo que tampoco forzarán una moción de censura que no tienen seguro ganar, como tampoco lo tenía Pedro Sánchez cuando lanzó la suya en 2018.

Lo expresó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, esta misma semana. “Probablemente nos vendría mucho mejor dejar que Sánchez agote la legislatura y que esté completamente rodeado de corrupción”, dijo. “Pero lo importante no es qué es mejor para el PP” sino “qué es mejor para España”, apuntó Muñoz, quien lamentó “la imagen internacional” del país “con todas esas portadas continuas en los principales medios europeos e internacionales”. “No es bueno para España, no es bueno para los españoles”, dijo, “llevar tres años sin presupuestos. No es bueno para España todo lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez”. 

Sin ser bueno para España, el PP prefiere que el Gobierno se mantenga para poder capitalizar en las urnas el descontento con el PSOE y con sus aliados, a los que han pasado a señalar por su negativa a implorar a Feijóo que presente una moción de censura. 

En el PP se preguntan en público cómo puede ser que los aliados parlamentarios de Sánchez prefieran “a este PSOE” antes que al PP. Lo volvió a decir Muñoz el martes en una rueda de prensa en la que les criticó por “aceptar y asumir toda esta corrupción para que siga en el poder alguien que ni siquiera gobierna”. “Y todo porque no quieren un gobierno del PP”.

Poner el foco en Ferraz

Las últimas actuaciones judiciales, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la personación de la UCO en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, no solo no han empujado a Feijóo a tomar una decisión. En Génova creen que “esto acaba de empezar”.

En el PP dicen no entender que se les pregunte por una hipotética moción de censura que su propio jefe de filas verbalizó el pasado mes de abril en una entrevista con Servimedia. Forma parte de una “estrategia” de “las terminales mediáticas” del Gobierno, en palabras de diferentes dirigentes del partido, pese a que son cuestiones que copan sus ruedas de prensa y que son formuladas por periodistas de muy diferentes procedencias.

“El foco político e informativo está en lo que Zapatero ha hecho o Sánchez hace, no en lo que Feijóo va a hacer. Está en la Moncloa o en Ferraz, no en Génova 13”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el pasado lunes.

Ante la insistencia de los periodistas, el PP ha optado por desviar la atención hacia el PNV y Junts, los socios de Sánchez que más claramente han dicho en los últimos días que el Gobierno está en las últimas y que lo mejor sería convocar elecciones este mismo 2026.

“Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”, les espetó Sémper. El secretario general, Miguel Tellado, fue más allá. “Los socios avalan a un Gobierno lleno de corruptos”, dijo en una entrevista en televisión el miércoles. “Son cómplices necesarios”, añadió. “El PNV es corresponsable de toda la corrupción que aflora día a día”, personalizó. Y concluyó: “Disfrute de lo votado”.

Tellado también deslizó que las preguntas sobre contactos del PP con el PNV o Junts solo sirven para favorecer al Gobierno. “No me gusta contribuir a sacar el foco a Ferraz”, replicó cuando se le cuestionó al respecto. “Las estrategias no se cuentan, se ejecutan”, apostilló. Y añadió que los socios “prefieren a un ladrón de izquierdas a un honrado de derechas”.

La respuesta se la había dado unas horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Gobierno: “Es usted el Vito Quiles del PP. Mi límite es usted y sus políticas”.

Un mensaje que remachó este viernes la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa en la que aseguró que “el PP no ha venido a barrer cenizas del ‘sanchismo”, una frase que suena a enmienda a Sémper, quien el lunes aseguró: “España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”.

Ezcurra también quiso despejar la presión que hay sobre el PP. “Entiendo el interés de buena parte de la izquierda para que el foco pase de Ferraz a Génova 13, pero eso no va a ocurrir”, dijo.

Para el PP todo se resume en que son los demás los que deben moverse. Lo dejó claro Feijóo el jueves. “Hay dos opciones”, dijo. “Quien tiene la competencia que firme la convocatoria a la democracia española”, planteó sobre la convocatoria de unas elecciones. “Quienes sostienen a un Gobierno sin presupuesto, sin mayoría y sin decencia, dejen de hacerlo”, contrapuso.

En la última semana, los principales dirigentes de PP, Vox y PNV han coincidido en la petición pública de elecciones generales. A Feijóo, Santiago Abascal y Aitor Esteban se unió el viernes la voz de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras. Entre los cuatro partidos suman 182 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta que requiere una moción de censura.

Pero nadie se está moviendo en ese sentido. “Tienen que decidir: su conveniencia política o su responsabilidad democrática”, zanjó Feijóo el jueves, dispuesto a seguir quieto mientras espera a que la llave de la Moncloa le caiga como llovida del cielo.

Todo cambia para que todo siga; el movimiento de Noelia Arroyo ha funcionado. La alcaldesa de Cartagena ha destituido este miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, y horas después ha conseguido lo que buscaba: Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, los dos ex concejales de Vox no adscritos cuyas firmas sostenían la moción de censura prevista para el 2 de junio, han anunciado en un comunicado que no votarán a favor de ella. La moción, impulsada por el cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena, necesitaba sí o sí los 14 votos de todos sus firmantes para prosperar.

El comunicado, fechado este mismo miércoles 27 de mayo en Cartagena, lo firman ambos ediles y supone un giro radical respecto a su posición de apenas dos semanas. “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justifican, alegando también su preocupación ante “la posibilidad de facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal” en un momento de “incertidumbre política” en España.

Salinas y Sánchez del Álamo arremeten contra la dirección de Vox y afirman que “las conversaciones y negociaciones relacionadas con esa posible moción de censura fueron iniciadas por Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, junto a miembros de la dirección nacional del partido”. Una acusación directa que contradice de frente la versión del propio Alpañez, quien horas antes había negado cualquier implicación y anunciado acciones legales contra ellos.

Diferencias personales

Los firmantes explican que su salida de Vox se debió a que “las personas que actualmente representaban a Vox Cartagena, Vox Murcia y Vox Asamblea Regional habían dejado de representar los valores y principios” por los que entraron en el proyecto. También agradecen a Arroyo “haber entendido finalmente que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era perjudicial para Cartagena”.

Precisamente, López Pretel había protagonizado horas antes una rueda de prensa de urgencia a las 14 h de este miércoles, convocada de forma “arrebatada” tras conocer su cese mientras recogía banderas azules en Águilas. Con amargura, el ya exvicealcalde calificó lo ocurrido de “escándalo ético y democrático”: “Con mucha decepción y mucho dolor, porque hasta ahora hemos trabajado muy bien y de manera coordinada, la alcaldesa ha decidido mandarnos a la oposición. Ha preferido que los que estén en la bancada de la oposición seamos Vox, los que hemos sustentado este gobierno con políticas serias, con estabilidad, con lealtad”.

Para López Pretel, la decisión de Arroyo es “corrupción institucional. Esto es preguntar qué precio tiene y pagarlo. No es liderazgo, es sumisión a dos personas que han demostrado que no tienen principios ni valores. El viernes previo a la moción decían que estaban cómodos en este gobierno, el lunes firmaron la moción de censura y hoy se cobran un precio muy barato”.

“Difamación, mentira y engaño”

Alpañez, por su parte, también compareció para negar cualquier implicación en la moción y anunciar acciones legales: “Los tránsfugas están haciendo de la difamación, de la mentira y del engaño sistemático su modus operandi. Iniciamos acciones legales contra todos estos tránsfugas expulsados y malas personas que están achacando acciones a este portavoz”. Una versión que el comunicado de Salinas y Sánchez del Álamo desmiente punto por punto.

Antes de que el Ayuntamiento de la ciudad portuaria hiciera público el cese mediante comunicado, Arroyo ya había publicado este mediodía en su cuenta de X un mensaje que dejaba entrever su determinación: “Cartagena no puede aceptar que el sanchismo entre en el Ayuntamiento. Hoy más que nunca es necesario impedir que el gobierno de Cartagena se use para defender la política sectaria de un partido corrupto. No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción. Es mi responsabilidad”.

La maniobra, que le ha costado romper el pacto de coalición con Vox vigente desde noviembre de 2023 y enviar a sus socios a la oposición, ha logrado su objetivo a apenas seis días del pleno, en los que no han parado de correr rumores que apuntaban en esta dirección. Arroyo seguirá en la alcaldía; Vox, en la oposición y la moción de censura, desactivada antes de votarse.

López Pretel, que confirmó que votará en contra de la moción, cerró su comparecencia con una advertencia de cara a 2027: “Lo que sí va a salir más caro son los avales y las garantías de cumplimiento. Cuando volvamos a entrar en gobiernos, nos ponemos cláusulas de garantía de cumplimiento de esas políticas. No nos valen ya solo las palabras”.

La localidad alcarreña de Pioz ya tiene nueva alcaldesa. La socialista Carmen Blázquez ha asumido este miércoles el bastón de mando del municipio tras prosperar la moción de censura presentada contra el hasta ahora alcalde, el también socialista Manuel López Carvajal, en un pleno extraordinario marcado por la tensión, los gritos, los insultos y la división entre vecinos.

La sesión, celebrada en el pequeño salón de actos del Ayuntamiento, ha obligado a dejar a decenas de personas fuera por falta de espacio y ha estado acompañada de continuas interrupciones desde el público, con proclamas tanto a favor como en contra de la nueva regidora.

“Que vote el pueblo”, “Carmen, traidora”, “No nos representa” o “Lo que mueve esto es el dinero” han sido algunos de los gritos que se escucharon durante buena parte de un pleno que, en algunos momentos, obligó incluso a la intervención de agentes de la Guardia Civil para tratar de contener la tensión.

Entre el público también se han podido ver carteles con mensajes como “La moción tiene explicación: dinero y ambición”, “Oportunista, desleal, tránsfuga y traidora” o “No a la moción de censura”, en una jornada de máxima crispación política y vecinal en la localidad.

La nueva alcaldesa critica tres años “de abandono” en Pioz

Tras ser proclamada alcaldesa con el respaldo del PP y de Unidas Podemos, Carmen Blázquez ha agradecido el apoyo recibido y ha defendido la moción asegurando que responde a una “profunda convicción” de trabajar para mejorar el municipio y “dejar un Ayuntamiento despejado de sombras”.

También ha negado que la iniciativa pretenda frenar proyectos en marcha y ha sostenido que, tras “tres años de abandono”, no se han producido “mejoras sustanciales” en Pioz.

La nueva alcaldesa ha criticado además la gestión económica del anterior equipo de Gobierno y rechazado algunas de las afirmaciones realizadas por el Ejecutivo saliente, asegurando que “es falso que la deuda esté pagada”.

También ha puesto en duda avances anunciados como el instituto, del que ha afirmado que “ni siquiera tiene proyecto”, y ha asegurado que muchas de las iniciativas anunciadas durante la legislatura se han quedado en “promesas falsas”.

El exalcalde considera “injustificada” la moción

Por su parte, el ya exalcalde Manuel López ha defendido su gestión y ha calificado la moción de “injustificada”, cuestionando además el momento elegido y el perfil de la nueva regidora.

A su juicio, Blázquez carece de la “preparación y experiencia” necesarias para dirigir el Ayuntamiento y ha advertido de las dificultades para mantener la estabilidad de un gobierno sustentado por PSOE crítico, PP y Unidas Podemos.

López ha negado problemas económicos graves en el Consistorio y ha asegurado que las arcas municipales cuentan con liquidez suficiente para hacer frente a la deuda existente. Asimismo, ha reivindicado proyectos impulsados durante su mandato como el Plan Astra, el convenio para el futuro centro de salud o el instituto de la localidad.

El exalcalde también ha acusado a Unidas Podemos de querer dirigir el Ayuntamiento “desde detrás” y ha criticado que la moción responda más “a intereses políticos que a problemas reales de gestión”.

PP: “La situación económica no se podía sostener más”

Desde el PP, José Antonio Gutiérrez ha justificado el apoyo de su grupo a la moción “por responsabilidad”, al considerar que la situación económica municipal “no se puede sostener ni un día más”.

No obstante, ha dejado claro que los 'populares' no entrarán en el nuevo equipo de Gobierno porque “no les mueven los sillones ni los sueldos”, aunque sí mantendrán una labor de fiscalización y apoyo a las propuestas beneficiosas para el municipio.

En un comunicado posterior, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Pioz ha justificado el respaldo a la moción asegurando que el municipio atraviesa una situación de “bloqueo institucional, descontrol económico y pérdida de confianza” que hacía “imprescindible actuar con responsabilidad”.

Durante su intervención en el pleno, los concejales del Partido Popular defendieron que su apoyo a la moción “no responde a intereses políticos ni a ambiciones de poder”, sino a la necesidad de “poner fin a una forma de gobernar personalista, opaca y alejada de las verdaderas necesidades de los vecinos”.

“El Ayuntamiento de Pioz incumple actualmente obligaciones básicas de cualquier administración pública seria”, señalaron los representantes populares, quienes denunciaron la falta de aprobación del presupuesto municipal de 2026, la ausencia de liquidación del presupuesto de 2025 y la no presentación de la Cuenta General de 2024.

El PP de Pioz también alertó de la situación económica municipal, recordando que existen “más de 500.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito derivados de impagos a proveedores” y “cerca de un millón de euros retenidos por la Administración del Estado”.

“Eso no es una dificultad administrativa. Eso es una gestión fallida”, afirmaron durante el pleno.

Además, han condenado la “actitud irrespetuosa y poco democrática” mostrada durante la celebración de la moción de censura “por parte de personas afines al alcalde y al PSOE, algunas de las cuales llegaron incluso a exhibir pancartas y protagonizar comportamientos impropios durante el desarrollo de la sesión plenaria”. Lo tachan de “inaceptable” para un pleno municipal, “que debe ser un espacio de respeto institucional y convivencia democrática, se vea empañado por faltas de respeto, interrupciones y actitudes destinadas a tensionar y desvirtuar el normal funcionamiento del debate político”, han señalado.

Unidas Podemos critica la presión sufrida por la nueva alcaldesa

En representación de Unidas Podemos, Ricardo García ha defendido la “valentía” de Carmen Blázquez y se ha mostrado crítico con la presión sufrida por la nueva alcaldesa durante las últimas semanas.

En medio de constantes interrupciones y gritos desde el público, ha acusado al PSOE de haber iniciado años atrás la dinámica de las mociones de censura en el municipio y ha negado que la deuda municipal esté completamente saldada.

Por su parte, el concejal no adscrito Carlos Alberto Torre ha calificó la moción de “vergüenza” y ha acusado a sus impulsores de utilizar el Ayuntamiento “con fines políticos”, mientras que el portavoz de Vox, José Miguel Malpartida, ha cargado duramente contra la nueva alcaldesa durante su intervención.

Al término del pleno, Manuel López ha asegurado que acepta “el mecanismo democrático” de la moción de censura, pese a discrepar de sus razones, y ha avanzado que ejercerá una oposición “de máxima colaboración” para que los proyectos iniciados durante su mandato puedan culminarse.

En declaraciones posteriores, el secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha defendido la gestión de López Carvajal, al que ha definido como “el mejor alcalde de Pioz”, y ha calificado la moción de censura de “injusta”, asegurando que responde al “odio” y al intento de “paralizar proyectos” estratégicos para el municipio.

Todo ello, en un municipio en cuya plaza del Ayuntamiento seguían escuchándose soflamas contra la actual regidora tras terminar la moción de censura.