El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

Falta menos de un año para las elecciones municipales y el Partido Socialista de Galicia está ya inmerso en el proceso de elegir a los cabeza de lista en las ciudades y los municipios de más de 20.000 habitantes. La secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, reiteró que esta es una posibilidad abierta a todos los militantes, aunque los candidatos no parecen estar en cuestión en varios casos. La gran incógnita es la de la capital gallega, en donde nadie ha dado, por el momento, el paso de presentarse para liderar la lista y en donde, entre varios nombres, fuentes del PSOE apuntan a que el que más fuerza tiene es el del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Méndez subrayó este martes la implantación local de su partido, que gobierna en las dos mayores ciudades, Vigo y A Coruña, tras perder, mediante una moción de censura con una tránsfuga, la de Lugo.

Con el calendario previsto, los socialistas gallegos van a llegar al Comité Nacional del próximo sábado, 4 de julio, en Santiago, con los aspirantes a liderar las listas de las municipales ya registrados. El plazo para formalizar las candidaturas se cierra el día 3 a las 12.00. Según recoge Europa Press, a continuación y hasta el día 12 es el plazo para reunir avales y del 12 al 18 será la campaña de información. El domingo 19 de julio se votará en los casos en los que haya más de un aspirante.

En Santiago la agrupación local encargó una encuesta en la que se interesa por la opinión de los vecinos sobre hasta cinco militantes: el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la diputada autonómica Patricia Iglesias; el secretario xeral de la agrupación local, Aitor Bouza; el exministro de Sanidad José Miñones; y la vicesecretaria local, Marta Álvarez Santullano. El propio Aitor Bouza trasladó en rueda de prensa que, independientemente de lo que señale esta encuesta, será la militancia la que decida.

El panorama está más despejado en otras ciudades: en Vigo se prevé que el actual regidor, Abel Caballero, vuelva a competir en busca de su sexto mandato, mientras que en A Coruña se da por hecho que Inés Rey dará la batalla por mantenerse en la Alcaldía. El reglamento interno del Partido Socialista contempla que sea decisión de los alcaldes optar a la reelección, de forma que solo se celebren primarias en los casos en los que así lo exija más de la mitad de la agrupación local.

En Lugo, el propio Besteiro se mostró convencido que el exalcalde Miguel Fernández volverá a la Alcaldía en 2027, tras la moción de censura que dejó el bastón de mando en las manos de Elena Candia (PP), con el apoyo de la tránsfuga María Reigosa. En Pontevedra se prevé que Iván Puentes vuelva a aspirar a ser el candidato, al igual que Natalia González en Ourense. Los tres tendrían que someterse a primarias si hubiese alguna otra candidatura, un proceso interno que parece más cercano en Ferrol, donde la exconcejala Eva Martínez Montero avanzó su intención de competir con el actual portavoz local, Ángel Mato.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de consumar la “mayor traición a Galicia” de la historia reciente al votar en contra de la ley de transferencia de la titularidad y de la gestión de la AP-9 en el pleno del Congreso.

En concreto, el pleno de la Cámara baja ha aprobado este jueves la norma, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra. Si bien el origen de la ley surge en el Parlamento de Galicia, la polémica reside en que Xunta y el PP se quejan de que el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada de la Cámara autonómica, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.

En un comunicado difundido a los medios y recogido por Europa Press, Besteiro ha sostenido que la misma formación que privatizó la autopista, que bloqueó durante años su traspaso cuando gobernaba en Madrid, ha quedado este jueves una vez más sola, junto a Vox, para darle la espalda a la ciudadanía gallega.

“Feijóo y Rueda pasarán a la historia por esta traición a Galicia. No hay mayor cinismo en la política gallega. El PP privatizó la AP-9 en el año 2003, prorrogó la concesión en el 200, bloqueó durante años su transferencia cuando tenía dos gallegos al frente del Gobierno y del Congreso --Rajoy y Ana Pastor-- y ahora, cuando casi todo el Parlamento acuerda avanzar, vota en contra”, ha censurado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que Feijóo era conselleiro “cuando hicieron todo ese daño y no dijo ni mu”, ha asegurado que ahora hace los mismo desde Madrid y Rueda desde Galicia y los ha emplazado a dejar de poner trabas a la tramitación legislativa del traspaso.

Besteiro ha insistido en que se llega a un día histórico como el de hoy porque “hay un Gobierno socialista en España, que es el que está haciendo posible el traspaso de la AP-9 y dando pasos decididos hacia su gratuidad”.

“Fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien desbloqueó la ley e implantó bonificaciones de hasta el 75% en las tarifas de la AP-9”, ha recordado para asegurar que si hoy los gallegos siguen “pagando peajes abusivos es por culpa de las decisiones del PP”.

Besteiro ha destacado que cuando el PSOE llegó al gobierno, propuso soluciones, mientras que ha acusado a los populares de “ponerse siempre en los problemas, en la marrullería y en el barro, diciendo una cosa en Galicia y haciendo la contraria en Madrid”, ha criticado.

El secretario xeral ha felicitado a la diputada Patricia Otero y al conjunto de los grupos que hicieron posible este paso que ha calificado de “histórico”. “Hoy es un buen día para Galicia. Un día que el PP eligió no festejar porque lleva décadas formando parte del problema”, ha concluido.

El exconcejal de Vías y Obras de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha sido condenado este martes en una vista de conformidad a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de varias obras en este municipio. El mismo edil fue condenado ya en enero pasado, también a la pena de 9 años de inhabilitación y también por la adjudicación de obras 'a dedo'.

Según Europa Press, el escrito de acusación de la Fiscalía el que era edil socialista de Vías y Obras en 2023 (en el anterior gobierno municipal) contrató con una constructora la realización de tres obras en Camiño As Fontiñas, Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro. El coste total de los trabajos fue de algo más de 34.700 euros.

“Dicha contratación la realizó vulnerando de forma abierta la normativa sobre contratación pública y los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria, ya que el encargo se realizó con omisión total del procedimiento establecido, de forma análoga a la 'vía de hecho', sin formalización contractual, de forma verbal y sin previa tramitación del oportuno expediente”, expone el ministerio público.

Tras una resolución de la Alcaldía de denegar el pago de esas facturas debido a las irregularidades, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y la demanda fue estimada parcialmente.

Este martes, Óscar Martínez se ha confesado autor de los hechos y se ha conformado con la pena de 9 años de inhabilitación para el sufragio pasivo (no podrá presentarse a unas elecciones) y para ejercer cargo público con competencias de contratación en el sector público.

Se da la circunstancia de que este exedil ya fue condenado el pasado mes de enero en una vista de conformidad, también a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En ese caso fue la adjudicación sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona. Del mismo modo, el Ayuntamiento no pagó debido a las irregularidades y esa constructora también acudió a la vía judicial.

Los cuatro concejales del Ayuntamiento de Santiago expulsados del PSOE tras un enfrentamiento con la cúpula local concurrirán con una candidatura propia a las próximas elecciones municipales. Lo han hecho la víspera del segundo aniversario del pleno en el que rompieron la disciplina de voto del partido en una votación sobre los pisos turísticos que partió en dos el grupo municipal.

El proyecto, que se presenta este martes de forma oficial, estará encabezado como candidata por Mercedes Rosón, responsable de Urbanismo y primera tenienta de alcalde durante el último gobierno socialista de Sánchez Bugallo, entre 2019 y 2023. “Hoy nos damos cuenta de que la democracia requiere de nuevas plataformas que rechacen las dinámicas, muchas veces oscuras, de los partidos políticos”, aseguro antes proclamar: “somos más de Santiago que de partido”.

Las Non Adscritas, como todavía se denominan, pretenden contraponer sus propuestas a la “parálisis” de tres años de gobierno del BNG –en coalición con Compostela Aberta– y a la “crispación” de la que culpan a PP y PSOE. El proyecto, según Rosón, nace “libre, riguroso y sin subordinacions” a aparatos políticos externos.

Rosón, junto a sus compañeras Mila Castro, Marta Álvarez y el portavoz municipal, Gonzalo Muíños, fueron expulsados del PSOE después de negarse a acatar la orden del secretario local, Aitor Bouza, de no apoyar la ordenanza que cerraba la normativa de los pisos turísticos en Santiago. Los cuatro ediles decidieron respaldar la iniciativa del bipartito BNG-CA. Lo hicieron por medio de una emocionada Rosón que defendió la medida –que ella misma había impulsado durante el mandato anterior–, como “socialista”.

La ruptura del grupo dejó al PSOE con sólo dos ediles en el Pazo de Raxoi, Gumersindo Guinarte y Marta Abal. El partido aún no ha elegido a su cabeza de lista para las elecciones pero ya ha planteado una encuesta interna. En ella aparecen los nombres de la exconcejala y número dos de la agrupación, Marta Álvarez Santullano; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el propio Bouza –hoy diputado– y su compañera en el Parlamento, Patricia Iglesias y el exministro José Miñones, actual presidente de Mercasa.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito de acoso sexual suma ahora nuevas diligencias acordadas por el juzgado instructor. La magistrada que dirige el procedimiento ha citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la presunta víctima, sobre unos hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025. La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer.

Según informa Europa Press, dentro de las diligencias solicitadas inicialmente por el Ministerio Público, el juzgado tomó declaración a la denunciante principal y a dos testigos, entre ellas la madre de la joven. Fue precisamente durante esas comparecencias cuando surgieron referencias a otras posibles víctimas que, según el relato trasladado al juzgado, podrían haber vivido situaciones similares relacionadas con el dirigente socialista.

A raíz de esas manifestaciones, la jueza ha acordado ampliar la investigación y citar como testigos a cinco mujeres para esclarecer si existieron conductas reiteradas o patrones similares a los denunciados inicialmente. Estas nuevas diligencias forman parte de la fase preliminar de instrucción y buscan determinar el alcance de los hechos investigados.

Paralelamente, la defensa de José Tomé ha presentado recurso contra el auto de incoación de la causa y solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Instancia ha rechazado esa petición, desestimado el recurso y ratificado la continuación de la investigación, incluidas las nuevas declaraciones acordadas.

Tras esa decisión, la defensa ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Lugo, órgano que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad o archivo de la causa. Hasta que exista resolución de la Audiencia, el procedimiento sigue abierto y las diligencias continúan su curso.

La estrategia de la acusación pasa por sostener que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que podrían formar parte de una conducta reiterada. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que a finales de septiembre de 2025 acudió a José Tomé para interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte y que, durante esa conversación, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no lograría aprobar si no mantenía relaciones sexuales con él.

La joven sostiene además que su madre trasladó posteriormente esos hechos a responsables socialistas tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido. Mientras desde el PSOE se mantiene que se le recomendó utilizar los cauces internos habilitados para este tipo de situaciones, la denunciante afirma que no encontró apoyo suficiente dentro de la organización.

Finalmente, presentó una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y posteriormente trasladó el caso ante la Fiscalía a finales del pasado mes de febrero, lo que desembocó en la apertura de diligencias judiciales.

José Tomé ha defendido públicamente su inocencia desde el inicio del caso, antes de la denuncia y que se conoció a través de un programa de televisión. Tras hacerse público, abandonó el PSdeG al día siguiente y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque continúa al frente de la Alcaldía de Monforte de Lemos como edil no adscrito.

La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

Elena Candia (Mondoñedo, 1978) ya es la alcaldesa de Lugo, la cuarta de este mandato y la primera del PP en los últimos 27 años. La llave para su gobierno se la ha entregado la tránsfuga socialista María Reigosa, número 11 en la lista del PSdeG, que accedió a su acta de concejala tras la muerte de Pablo Permuy, uno de los tres ediles socialistas –incluida la regidora Paula Alvarellos– fallecidos en el último año. Candia forma parte de la ejecutiva nacional del partido designada a dedo por Feijóo. Tras su nombramiento, deberá dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Tomó el bastón de mando acompañada sólo por los suyos: PSdeG y BNG abandonaron el pleno tras la votación y fueron recibidos con una ovación por los cientos de vecinos concentrados ante el ayuntamiento.

En su intervención para abrir el debate, Candia acusó al bipartito de socialistas y nacionalistas de no gestionar “con eficacia, eficiencia ni transparencia” y enumeró algunas de las razones que, para los trece firmantes de la moción, justifican “que Lugo merece un cambio”, un gobierno “que cuide a sus trabajadores” y pueda poner en marcha “proyectos estratégicos”.

Como había hecho antes a las puertas del ayuntamiento, Fernández lamentó la presentación de una moción basada “en el dolor y la ausencia”, en alusión a las tres muertes en su grupo que permitieron la entrada de Reigosa. “Pretender converitr ese dolor en oportunidad política carece de dignidad”. Todavía sumó dos cimientos más para la maniobra política: la “tragedia” y la “traición”, al sustentarse en un transfuguismo “moralmente inaceptable”.

La tránsfuga debería haber sido la siguiente en intervenir, pero renunció a su turno de palabra entre un murmullo de sorpresa y desaprobación. El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que había definido la moción como un “golpe de estado municipal”, finalizó su intervención con el “venceréis, pero no convenceréis” de Unamuno ante MIllán Astray.

Tras las intervenciones de los portavoces de PSdeG y PP llegó el voto, nominal en orden alfabético. El primero en darle el sí a Candia fue su número dos, Antonio Ameijide. Por 13 votos a 12, la popular se convirtió en alcaldesa.

“Manos arriba, esto es un atraco”

El pleno comenzó a las 12 de la mañana con la constitución de la mesa de edad. Desde una hora antes, cientos de personas convocadas por la plataforma Transfuguismo non, democracia si se concentraban a las puertas del ayuntamiento para mostrar su repulsa a la moción de censura. “Candia, atende, Lugo non se vende” o “Para mafiosa xa temos a Reigosa” fueron algunos de los lemas coreados.

Tanto Fernández como Arroxo –que llegaron a salir al balcón a saludar– fueron ovacionados por los vecinos que tomaron la plaza y cuyos gritos llegaban al salón de sesiones. Durante todo ese tiempo, los representantes del PP –encabezados por la número dos del partido en Galicia, Paula Prado– se mantuvieron con cierta discreción bajo los soportales de la casa consistorial y apenas se vio a alguno de los concejales acercarse a la puerta principal, aunque –con Reigosa– fueron los primeros en acceder al salón de plenos.

Ese espacio permaneció esta vez vedado tanto para opositores como partidarios de la moción. Cuando pretendieron entrar, descubrieron que el enorme número de medios de comunicación acreditados ya había abarrotado la estancia hasta el límite de su aforo.

María Reigosa, la concejala de Lugo no adscrita tras dejar el PSOE, ha ratificado que este jueves votará a favor de la moción de censura que permitirá que el PP recupere el poder en la ciudad después de 27 años. Además, reivindica la “plena” legitimidad de su decisión de apoyar la iniciativa que, salvo sorpresa, convertirá en alcaldesa a Elena Candia, en cuyo proyecto afirma “confiar”.

En un comunicado recogido por Europa Press, la edila tránsfuga recalca que ha tomado esta decisión “desde la responsabilidad, la reflexión y la convicción sincera” de que Lugo necesita “recuperar estabilidad, confianza institucional y una forma de gobernar más útil para la ciudadanía”.

“Creo en un Ayuntamiento centrado en resolver los problemas reales del día a día, en cuidar los servicios básicos y en ofrecer un municipio con planificación a medio y largo plazo, con más futuro y más oportunidades para todos los lucenses”, ha sentenciado.

Reigosa asegura que se incorporó al gobierno local “con ánimo de sumar, de reforzar la acción de gobierno y de aportar su experiencia y perfil técnico” como ingeniera de Caminos. “Pero con el paso del tiempo fui comprobando formas de funcionamiento, dentro del actual gobierno de PSOE y BNG, con las que no me sentía cómoda ni identificada, dinámicas que considero alejadas de la manera rigurosa y responsable con la que entiendo la gestión pública”, ha alegado.

Entre otras cuestiones, alude a la existencia de “problemas de coordinación interna, diferencias alrededor de determinados expedientes, facturas con reparos o responsabilidades administrativas” que acabaron evidenciando, a su juicio, “algo más profundo que simples discrepancias políticas o personales”.

“Me di cuenta de que Lugo necesitaba otra manera de gobernar: más organizada, más transparente y más centrada en solucionar los problemas de los lucenses”, ha sentenciado.

“Falta de transparencia”

No en vano, considera que cuando una concejala, como afirma que le pasó a ella “en distintas ocasiones”, tiene “dudas” ante determinados expedientes, “lo razonable en una administración sería revisar, aclarar, informar y actuar con total transparencia y seguridad jurídica”.

Añade que, bajo su punto de vista, “gobernar no consiste en trasladar problemas a otro, ni en buscar quien asuma determinadas firmas”. En el polo opuesto, defiende que “gobernar significa asumir responsabilidades y afrontar los problemas conforme a la legalidad y al interés público”.

Por ello, ve “especialmente preocupante” que “se normalicen determinadas prácticas o fórmulas destinadas a evitar responsabilidades políticas o administrativas”. “Las instituciones no pueden funcionar desde la improvisación ni desde los atajos”, ha advertido.

“Tendencia constante a buscar culpables”

Otra de las cuestiones con las que considera que tampoco se sintió identificada fue con la que percibe como una “tendencia constante a buscar culpables” o “alimentar la confrontación con otras administraciones cada vez que surgía un problema”.

“Creo sinceramente que la ciudadanía espera de sus responsables públicos diálogo, colaboración y soluciones, no conflictos permanentes. Estoy convencida de que Lugo necesita abrir una nueva etapa basada en el diálogo, en la estabilidad, en el rigor y en un funcionamiento institucional más serio y transparente”, ha defendido.

Para Reigosa, los vecinos de Lugo necesitan “recuperar la confianza en la política útil, en la capacidad de entendimiento y en una forma de gobernar centrada en resolver los problemas reales” de la ciudad.

Confianza en Candia

En ese sentido, ratifica que confía “en la responsabilidad, en la capacidad de diálogo y en el proyecto” que lidera Elena Candia, portavoz local del PP y quien se convertirá, salvo sorpresa, en la nueva alcaldesa de Lugo este jueves, para “impulsar el cambio” que necesita la ciudad.

“Quiero también explicar que mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad de Lugo y de la voluntad de aportar mi experiencia profesional y mi conocimiento técnico al servicio de los vecinos. Soy funcionaria A1 de un Ministerio y, por lo tanto, mi trayectoria profesional es ajena a la política”, agrega.

Finalmente, Reigosa advierte que la política “no puede convertirse en un espacio de odio ni de presión personal contra quien piensa diferente o toma decisiones plenamente legítimas”.

“Y mucho menos desde posiciones que deberían representar, precisamente, el respeto, la igualdad y la convivencia democrática”, ha aseverado, defensora de que la política se haga “desde el respeto” y no “desde la confrontación y los insultos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

La concejal tránsfuga renunció a intervenir en el primero de los debates del último pleno previo a la moción de censura. Trataba sobre reparos de intervención a algunos pagos a proveedores. Sí usó la palabra en el segundo, una iniciativa del PP para solicitar la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Lugo. La interrumpió el público presente en el salón de plenos del ayuntamiento. “Democracia sí / transfuguismo no”, corearon. El alcalde socialista intentó calmar los ánimos pero finalmente dio orden de desalojar la estancia. “Traidora”, “vergüenza” o “carroñeros” fueron algunos de los calificativos que dirigieron a María Reigosa, edil que tomó posesión tras la muerte de dos de sus compañeros en las listas del PSOE y que la semana pasada reveló que pasaba a apoyar a la derecha. Otros llegaron a lanzar algun moneda al suelo.

“Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”, afirmó desafiante Reigosa, leyendo su intervención, después de que se reanudase el pleno. Ese siguiente pleno, convocado para el próximo jueves, 7 de mayo, será en el que se vote la moción de censura presentada por la líder del PP, Elena Candia, con el apoyo de la edil tránsfuga. Si la operación transcurre según lo previsto por la derecha, Candia obtendrá una alcaldía que los populares no han obtenido en las elecciones de los últimos 27 años. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, la ha respaldado públicamente en numerosas ocasiones.

Tras las protestas y el desalojo de los que protestaban, el pleno continuó con un rumor de fondo, el de los cientos de personas que, a las puertas del ayuntamiento, expresaban su indignación contra la moción de censura y el transfuguismo. Las alusiones se sucedieron a lo largo de la tarde. La nacionalista Maite Ferreiro, cuya formación, el BNG, forma parte del actual gobierno local en pacto con los socialistas, dio la bienvenida al pleno a una nueva edil del PSdeG, Eugenia Iglesias, y expresó su deseo de que prevalezcan “la decencia y la dignidad”. Elena Candia incluso se permitió una frase que atribuyó a Sócrates -la autoría de la misma no está clara- y que no venía exactamente a cuento: “Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor”. Si se refería a la moción de censura del próximo 7 de mayo, el debate todavía no se ha producido. Porque la iniciativa sobre la Semana Santa sí salió adelante con respaldo de los demás grupos.

Miguel Fernández (Ribeira de Piquín, Lugo, 1955) fue el número 2 del PSdeG en las municipales y el tercer alcalde de este mandato, tras la marcha de Lara Méndez al Parlamento y el fallecimiento de Paula Alvarellos, la primera de las tres muertes que ha sufrido el grupo socialista.

El 7 de mayo, unos días antes de cumplir 14 meses en el cargo, la moción pactada por el PP y la tránsfuga María Reigosa le arrebatará el bastón de mando para dárselo a la popular Elena Candia. Él está convencido de que lo recuperará tras las próximas elecciones y que lo hará “con el apoyo de los vecinos, no con triquiñuelas y felonías”.

¿De dónde parte ese convencimiento?

De que el motivo último de que hayan presentado en este momento la moción, a un año vista de finalizar el mandato, es que las encuestas le son desfavorables y ella [Elena Candia] lo sabe. Tiene encuestas propias, como las nuestras, que dicen que bajan y nosotros subimos. Por eso la presenta, sin importarle las consecuencias que va a tener para Lugo. Durante este año que tiene por delante va a seguir haciendo lo que hizo en el poco tiempo que lleva en el ayuntamiento: comprar voluntades, en este caso, a través de la Xunta. Es una huida hacia adelante para tratar de remontar una situación que sabe que no va a poder. Y no va a poder porque la ciudadanía de Lugo está indignada. Hay un clamor de gente de todas las ideologías: tres muertos, una tránsfuga, a un año de las elecciones, con presupuestos aprobados y muchos proyectos avanzados... Busca llegar a la alcaldía como trampolín para su verdadero objetivo, que es llegar a la Deputación y montar un feudo autoritario, propio del siglo XIX, y ahí mandar y dirigir. Ése es el argumento.

Localidades como Ribeira (A Coruña 27.000 habitantes) vieron cómo proyectos que estaban parados se desbloqueaban en cuestión de días después de mociones de censura como ésta. ¿Cree que en Lugo también va a pasar?

Alguno de los dirigentes políticos, cuando trataba de argumentar la necesidad de la moción, ya que decía que si salía adelante la Xunta se iba a volcar. Hombre, eso es tanto como admitir la discriminación de la Xunta hacia los vecinos de Lugo durante tantos años, con compromisos de obras, inversiones e infraestructuras que no cumplió, que año tras año no se concretaban. Este grupo municipal va a ser suficientemente leal para apoyar cualquier proyecto beneficioso de la ciudad; eso sí, les destaparemos las vergüenzas. Porque si durante veinte años no aporta un duro para el Museo de la Romanización, para rehabilitar el edificio, y ahora lo hace de repente, evidentemente se estará moviendo por criterios partidistas, por estrategia y no por apoyar los intereses de unos vecinos que son muy inteligentes y saben perfectamente cuál es la motivación de esta moción.

Cuando se le echa en cara, el PP cita el caso de Noia, donde el PSOE les arrebató la alcaldía tras un pacto de tres partidos con el apoyo de un tránsfuga popular. ¿Por qué este caso es distinto?

Desconozco sinceramente el caso de Noia, pero lo que está claro es que aquí se aprovechan unas circunstancias absolutamente anómalas que, seguro, no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio: que tengamos tres personas muertas en el plazo de un año, la última hace escasamente un mes, y que aun así el ayuntamiento funciona, los proyectos salen, Lugo está extraordinariamente cuidado, acabamos de pasar la barrera de los cien mil habitantes... La única razón es el ansia de poder de una persona que utiliza a otra para sus fines.

Por todo ese reguero de circunstancias, ¿llegó a pensar que la moción no se sustanciaría?

Hasta que se presentó físicamente, yo era de esos a los que les costaba creerlo, porque me parecía una medida muy inoportuna, absolutamente injusta –porque traslada una imagen de la ciudad que no es real– y porque estaba centrado en mi trabajo diario y en la agenda intensa que tenemos. Hoy mismo inauguramos una obra de la que estamos muy satisfechos, la unión de dos parques fluviales que llevaba muchos años demandándose. Cuando se celebre el pleno y los concelleiros y concelleiras decidan, estaremos en otro escenario. Entonces, tomaremos las decisiones oportunas, pero es un tema que ni me preocupó ni me preocupa más allá de seguir trabajando y desenmascarando una situación que está sorprendiendo a propios y extraños. Tiene a la ciudadanía de Lugo absolutamente soliviantada porque alguna de las desgracias que tuvimos están muy recientes y en el aspecto humano de la vida tiene que haber límites, algo que no se demostró durante estos años, sin límite ni escrúpulos.

Esa “otra persona” de la que hablaba es la tránsfuga María Reigosa. Hace un mes, cuando dejó el grupo socialista y se convirtió en concejala no adscrita, afirmó que su intención era que usted finalizase el mandato como alcalde.

También me dijo hace escasamente dos días: “Alcalde, tú vas a ser el primero que sepa la decisión que tome”. Fue en una conversación que tuvimos sobre otro asunto y en la que le comenté el runrún de la moción. La siguiente noticia la recibí a través de los medios de comunicación, en una rueda de prensa con Candia presentando la moción. Ese es un dato objetivo. Lo que sé es que tenemos la conciencia absolutamente tranquila porque hicimos todo lo humanamente posible para tratar de integrar a esta persona –que llegó pasado el ecuador del mandato– en un gobierno que tenía sus áreas ya en marcha, una planificación muy avanzada y estaba trabajando con muy buenos resultados, como se puede ver. No se puede desmantelar la estructura de gobierno de una ciudad de más de cien mil habitantes para adaptarla a las exigencias de nadie. Empezando por mí.

¿Qué le ha dado entonces el PP a Reigosa que no le dio el PSdeG?

Lo desconozco. La primera vez que vino a hablar con nosotros, y quiero ser respetuoso, no transmitía vocación de servicio público. Ahora dice que quiere hacer proyectos, a sabiendas–si no la manipularon una vez más– de que, en su condición de tránsfuga, no puede participar en el gobierno. Sin llegar a ocupar su despacho, dice que el motivo [de su apoyo a la moción] era la mala gestión de este gobierno. Pues bueno... yo le digo que no venía con vocación de servicio público. Lo que me trasladaba eran otras inquietudes...

¿Qué inquietudes?

Me hablaba de salarios, de condiciones, de visibilidad en los medios... en fin, de cargos, no directamente, no es que me los pidiese, pero no había una preocupación concreta por proyectos que mejorasen la ciudad.

Este miércoles, en la presentación de la moción, Reigosa dijo que no optaría a la plaza de Jefa de Servizio de Costas que tanto ustedes como el Bloque vieron hecha a su medida. ¿Creen que pueden haber frenando este movimiento al poner el foco sobre él?

Ese tema lo desconozco. Sé que es la opinión generalizada y lo que se comenta insistentemente en los mentideros de la ciudad, pero habría que utilizar el calificativo de presuntamente. Es verdad que se convocó la plaza y curiosamente coincidió en estas fechas, pero es un tema que a mí me desagrada y me va a permitir que no me manifieste más.

¿Va a intentar recuperar el bastón de mando?

Rotundamente sí. Siento el apoyo unánime del partido, de los compañeros, de los concelleiros... Seré el candidato para continuar otros cuatro años más avanzando en un proyecto muy ilusionante que está mejorando objetiva y claramente esta ciudad. Y espero hacerlo con el apoyo y la confianza de los vecinos, no con triquiñuelas ni felonías.

El pleno del Ayuntamiento de Lugo en el que se debatirá la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa se celebrará el 7 de mayo, jueves, a las 12.00 horas. La convocatoria, que ya es oficial, se realiza de forma automática el décimo día hábil siguiente al registro de la iniciativa.

La moción presentada plantea como candidata a la Alcaldía a Elena Candia y ha sido respaldada por 13 de los 25 concejales de la corporación, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y para presentar este documento, según recoge Europa Press.

Antes de esta sesión extraordinaria, el Ayuntamiento celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, previsto para el día 30. En esta sesión se abordarán previsiblemente asuntos de gestión del actual gobierno municipal, entre ellos la aprobación de créditos para el pago de facturas. También tomará posesión la nueva concejala del PSOE, Eugenia Iglesias, que sustituye a la recientemente fallecida Olga López Racamonde.

El pleno en el que se debatirá la moción estará presidido por una mesa de edad, integrada por el concejal de mayor y el de menor edad de la corporación, excluidos el actual alcalde, Miguel Fernández, y la candidata a sustituirlo, Elena Candia. Durante la sesión, podrán intervenir la candidata, el regidor y los portavoces de los grupos municipales, excepto María Reigosa, por su condición de no adscrita, para fijar su posición.

Para que la moción prospere será necesario que los 13 concejales firmantes estén presentes en la votación y la apoyen, ya que cualquier ausencia o abstención impediría alcanzar la mayoría requerida y la moción no prosperaría.

En cuanto a las posibles consecuencias políticas, la normativa limita los derechos económicos de los concejales no adscritos, lo que impediría a María Reigosa percibir una dedicación exclusiva en el caso de un cambio de gobierno. Existen, no obstante, interpretaciones diferentes sobre su posible integración en el ejecutivo municipal, como adelantó el miércoles Elena Candia, que asegura que la exsocialista estará en el nuevo gobierno “dentro de la legalidad”.

Una vez aprobada la moción, Elena Candia tomará posesión como alcaldesa de Lugo para ser la tercera tras Lara Méndez y Paula Alvarellos, y el cuarto regidor en lo que va de legislatura.

A partir del 7 se abrirá un tiempo para que la nueva alcaldesa presente su organigrama de distribución de tareas y carteras a través del decreto de organización y para formalizar su equipo de confianza en los puestos administrativos. Elena Candia aseguró en su comparecencia del miércoles que presentará ese organigrama una vez que se oficialice su toma de posesión.

Veintisiete años después, el PP volverá a gobernar Lugo y lo hará gracias al voto de una tránsfuga del PSdeG. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando casi de la misma forma en la que se convirtió en fugaz presidenta de la Deputación: por el descontento de una socialista que aspiraba a más. Su socia, María Reigosa, entró de rebote en un grupo municipal que, en el mismo mandato, vio a la alcaldesa partir rumbo al Parlamento y sufrió el golpe del fallecimiento de su sucesora y de otros dos ediles.

Con Lugo cae, a menos de un año para las próximas elecciones municipales, una de las plazas más codiciadas por los populares de Alfonso Rueda. Estas son algunas de las claves de una maniobra que, con poca originalidad, se justifica por “la debilidad de un gobierno inmovilista y a la deriva”.

La ciudad

Tras superar la barrera de los 100.000 habitantes en 2025, Lugo prácticamente empata con Santiago de Compostela como cuarta ciudad más poblada de Galicia. Desde 1999 no cuenta con un alcalde del PP, un partido al que, pese a su hegemonía en la Xunta –ha gobernado Galicia durante 37 de los 44 años de la autonomía–, se le sigue resistiendo el voto urbano. En las últimas elecciones del grupo de siete grandes urbes gallegas, sólo logró gobernar la más pequeña, Ferrol (64.000 habitantes). En Lugo se quedó a un edil de la mayoría absoluta –12 frente a la suma del bipartito PSdeG (8) y BNG (5)–, pero la ciudad de las murallas será, ahora, el símbolo de su poder local y un bastión desde el que tratar de asaltar la Deputación. En enero, el ente provincial nombró como presidenta a la socialista Carmela López, tras la dimisión de José Tomé, quien continúa como alcalde de Monforte, por las denuncias de acoso sexual en el canal interno del partido.

Las muertes

Paula Alvarellos estaba a punto de cumplir un año como alcaldesa de Lugo cuando falleció, tras asistir al pregón del Entroido de 2025. Había sustituido a Lara Méndez, regidora desde 2015, que ocho meses después de renovar el cargo decidió presentarse al Parlamento como número dos por la provincia –hoy lo es también del PSdeG–. La sucedió Miguel Fernández, quien ya había aspirado a ser el relevo de Méndez. Seis meses después, muere Pablo Permuy, uno de los pilares del gobierno de Alvarellos, que lo había puesto al frente del área de personal. Fernández se ve obligado a reestructurar el gobierno. En lugar de Permuy entra María Reigosa, que cinco meses después ya habrá abandonado un grupo al que todavía le faltaba sumar un nuevo luto, hace apenas dos semanas: el de Olga López Rocamonde. La concejala de Bienestar había llegado a abandonar el hospital para dar su apoyo a los presupuestos municipales.

La tránsfuga

La edil número 13 del futuro gobierno fue la número 11 en la lista del PSdeG. Esta funcionaria de Costas –que ya ha dicho que no se presentará a la plaza de jefa de servicio que socialistas y nacionalistas veían hecha a su medida– llevaba en el partido desde 2019 hasta que se dio de baja en enero. En 2021 formó parte de la ejecutiva de Valentín González Formoso, predecesor del actual líder socialista, el también lucense José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Deputación y antiguo concejal de Urbanismo de la ciudad. Antes, estuvo cerca de ser presidenta de la Confederación Hidrográfíca Miño-Sil, en una batalla en la que ella se vio como un “arma arrojadiza” pero sus compañeros –especialmente, tras su apoyo a la moción– lo consideran el primer síntoma de su ambición, que también apuntó a la subdelegación del Gobierno. “Yo entré en el ayuntamiento para trabajar y, a pesar de que la persona a la que sustituí tenía una dedicación del 100 %, a mí solo me ofrecieron el 70 % porque el 30 % restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, se quejó este lunes en la entrevista en La Voz de Galicia que daba el pistoletazo de salida a la censura. Fuesen económicas u organizativas, sus diferencias con el resto del grupo y su proximidad al PP resultaron palpables desde el primer día. Cuando se convirtió en no adscrita, a finales de marzo, aseguraba que su “intención” era que Fernández acabase el mandato como alcalde. Le duró menos de un mes.

La futura alcaldesa

Hasta su comparecencia de este miércoles con María Reigosa, Elena Candia (Mondoñedo, 1978) había guardado un silencio absoluto sobre la moción. La próxima regidora lucense tendrá que dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, que compatibilizaba con el de concejala y, según el sector, también con el de conselleira de Medio Rural en la sombra. Su poder va más allá de la provincia: Feijóo le adjudicó uno de los cinco puestos de libre designación de los que dispone en el comité ejecutivo del PP sin consultarlo siquiera a la dirección gallega. Candia es reincidente en lo de gobernar gracias al resentimiento de un socialista. Lo hizo en 2015, tras alcanzar la alcaldía de su localidad natal, cuando la enésima crisis interna en el PSdeG provincial hizo que el alcalde de Becerreá, que aspiraba al puesto, se votase a sí mismo en lugar de al candidato de su partido. Cuando las aguas volvieron a su cauce, cuatro meses después, una moción de censura la envió a la oposición. En la campaña por la alcaldía de Lugo de 2023, el PP admitió que Candia fue, una década antes, quien envió a la fiscalía los anónimos que acabarían provocando la imputación de Besteiro en dos causas judiciales que lo tuvieron apartado de la vida política durante seis años.

El presidente ausente

El anuncio oficial de la moción que, desde hace días, era un secreto a voces, ha cogido a Alfonso Rueda en un avión rumbo a China. El presidente de la Xunta y del PP gallego –que quiso marcar diferencias con el viaje de Pedro Sánchez al país asiático asegurando que el suyo no tiene “intencionalidad política”– dejó la operación bendecida antes de despegar. El lunes, tras la reunión semanal de su gobierno, defendió que su partido tiene “todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”.

La indignación de la oposición

El viaje del presidente adelantó al martes la sesión de control parlamentario y ahí la moción reclamó ya su parte de protagonismo. “¿Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?”, le preguntó Besteiro antes de advertirle de que “quien no tiene límites para acceder al poder no tiene límites para gobernar”. Para la portavoz nacional del BNG, que acudió este mismo miércoles a Lugo, a reunirse con su grupo municipal, la moción es un acto “indecente y sin escrúpulos”.

La respuesta ciudadana

“Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático”. Así arranca el manifiesto de la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que se presentó en la tarde del miércoles, apenas tres horas después de que Candia, Reigosa y el resto de ediles del PP hiciesen público su acuerdo. Un acuerdo que, para el centenar de firmantes del manifiesto, “pretende alterar la voluntad expresada en las urnas” para traer un proyecto de ciudad diferente: “coches que volverían al centro, plantas de biogás en el entorno de la ciudad, el desmantelamiento de la programación cultural...”. La plataforma pretendía expresar su descontento en la calle este viernes pero, tras acelerarse todo el proceso, buscan una fórmula para adelantar su protesta.

PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13. El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda “alguna relación” con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la “concejala tránsfuga”, lo que, a su juicio, “incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública”.

¿Optará a dicha plaza?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones. En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de “garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de “extrema gravedad” que podría ser interpretada como “contraria a los principios éticos y democráticos”.

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general. Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán “vigilantes” ante la evolución de este asunto y no descartan “emprender acciones legales” si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.

El PP gallego, incluido el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, ya ha mostrado su apoyo a una operación que, según denuncian los socialistas, “aprovecha la muerte de tres concejales del PSOE” (Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Rocamonde) para acceder a la alcadía, dado que la edila tránsfuga solo entró en la corporación tras el fallecimiento de Permuy.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

María Reigosa, concejala no adscrita desde que hace un mes abandonó el grupo socialista por el que había sido elegida, ha abierto la puerta a apoyar una moción de censura del Partido Popular en Lugo. La edila lo insinúa en una entrevista en La Voz de Galicia publicada este lunes: “Los lucenses llevan años pidiendo que se resuelvan asuntos pendientes, pero que se van posponiendo en el tiempo. Una moción también es una gran oportunidad para la ciudad”. En la misma entrevista también recuerda su decepción cuando, al tomar posesión de su acta tras el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100%. “Solo me ofrecieron el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, dice, “eso me provocó problemas para compatibilizarlo con mi trabajo”. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Reigosa y cargado contra la derecha: “Quien no tiene límites para llegar a través de un acto de corrupción política tampoco los tendrá para gobernar”.

Una coalición entre PSdeG y BNG gobierna Lugo. Su alcalde, Miguel Fernández, lo es desde marzo de 2025, cuando sustituyó a Paula Alvarellos, muerta repentinamente. Alvarellos había heredado el bastón de mando de Lara Méndez, la candidata en las elecciones municipales que después dio el salto a la política autonómica. Los socialistas obtuvieron en los últimos comicios locales ocho ediles, los nacionalistas cinco y el PP, encabezado por Elena Candia, 12. Reigosa descartó hace unas semanas en la prensa local la posibilidad de una moción de censura. Ha cambiado de opinión. “Hace un mes pensaba que, tras pasar a ser edila no adscrita, podría manifestar mi opinión y que los plenos podrían aprobar cuestiones importantes para la ciudad”, dice en la mencionada entrevista, “pero la realidad es que lo que se aprueba en los plenos no se ejecuta. Lugo necesita un cambio de ciclo y personas que trabajen para hacerlo posible”.

Gómez Besteiro ve detrás de la operación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Lo ha cocinado en su despacho porque lleva 27 años sin coneguir la alcaldía de la ciudad con el voto de la ciudadanía”. Además, añade, “cruza líneas que no se deberían cruzar” y “aprovecha momentos especialmente dolorosos”, en referencia a las muertes de miembros del PSOE lucense.

La ciudad ha elegido alcaldes socialistas en pactos con el BNG desde 1999. El rumor de una posible moción de censura comenzó a extenderse desde el día en que Reigosa, número 11 en la candidatura socialista -además de Alvarellos y Permuy, también falleció la edila Olga López Racamonde-, dejó su carnet del PSOE, quedó como independiente dentro del grupo de gobierno y, a las pocas semanas, pasó al de no adscritos.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.