No habrá minuto de silencio por la muerte de Maricarmen en el Parlamento Gallego. La intención de los socialistas de celebrarlo mañana viernes en el lugar habitual, la escalinata del Pazo do Hórreo, se ha frustrado por la negativa del PP. “Nos dicen que no lo ven”, aseguran a elDiario.es fuentes del grupo parlamentario del PSdeG. Una respuesta que parece calcada a la de la Asamblea de Madrid.

Los socialistas aseguran que se habían puesto en contacto también con el BNG y que los nacionalistas habían aceptado secundar la iniciativa, pero el no rotundo de los populares la ha echado abajo.

La escalinata del edificio es el lugar habitual para este tipo de concentraciones, como las que se han celebrado en repulsa de crímenes machistas; en solidaridad con los afectados por catástrofes como la dana de Valencia o el terremoto de Venezuela, o tras atentados terroristas. Pero, esta vez, no se usará para mostrar el duelo ante el fallecimiento de la mujer que se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda digna.

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha tildado a la familia Franco de “sinvergüenzas” tras haber puesto a la venta casi 700 bienes retirados del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña). Lo han hecho después de los fallos judiciales por los que el inmueble pasó a ser propiedad definitiva del Estado y con especificación, en ese momento, de qué elementos podían retirar del inmueble y cuáles no. A preguntas de los periodistas, después de que, además, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) haya pedido a Gobierno y Xunta que adopten medidas, la regidora herculina ha remarcado que “todos los bienes son públicos”.

“Los Franco no han trabajado en su vida, lo que tienen es lo que han robado”, ha recalcado. “El caudilllo entendía que todo era suyo, no entiendo qué es fruto de su arduo trabajo, a parte de cobrar las rentas de los garajes que se quedaron en el barrio de Salamanca”, ha añadido. “No tienen vergüenza después de haber expoliado a este país, se les tenía que caer la cara de vergüenza, estamos aguantando a esa tercera generación”, ha dicho para calificar de “desagradable” lo que está sucediendo y tildar la postura de los Franco de “desfachatez”.

“Son unos sinvergüenzas, se han quedado todo, de la Casa Cornide -- ha indicado sobre el inmueble ubicado en A Coruña y que el consistorio tratará de recuperar para el patrimonio municipal -- hasta se llevaron los embellecedores de los enchufues”, ha apostillado después de que los Franco estén obligados a abrir el edificio al público en determinados días. De “burla a la democracia”, ha calificado también la venta de bienes, así como “burla” a los fallecidos en las cunetas y a sus familiares “que no los pueden enterrar”.

La actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística ha salido adelante este miércoles en la Cámara gallega con el voto a favor del PP, PSdeG y Democracia Ourensana, mientras que el Bloque Nacionalista Galego ha mantenido su 'no' al considerar que suponía una “rebaja” con respecto al de 2004. Este lo habían aprobado por unanimidad conservadores, socialistas y nacionalistas, hasta que Núñez Feijóo decidió dinamitar el acuerdo unilateralmente. Tras la comparecencia en el Hemiciclo del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en la jornada del martes, el documento que incluye 700 medidas ha salido adelante este miércoles con el respaldo de las tres formaciones a la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a través de la que pedía su aprobación.

De cara al debate, el BNG había presentado dos propuestas de resolución, una de ellas a través de la que reclamaba la devolución del plan presentado por el Gobierno tras el pacto PP-PSdeG y una segunda en la que defendía sus propias políticas para el gallego, con 298 medidas que recogían el espíritu de la iniciativa impulsada por Queremos Galego Lingua Vital. Mientras que la petición de devolución del texto ha sido rechazada en bloque por PP, PSdeG y DO; los parlamentarios socialistas y el diputado de DO, Armando Ojea, han preferido abstenerse ante las medidas que proponían el Bloque, que no salieron adelante por el voto en contra del grupo mayoritario.

“La excusa para que el gallego siga yendo a menos”

Al igual que en el debate del martes, por el BNG ha tomado la palabra la diputada Mercedes Queixas, quien ha criticado que el Partido Popular esté dispuesto a seguir justificando su política lingüística con la premisa falsa del equilibro“, ”la excusa perfecta para firmar hoy el compromiso de continuar trabajando en la misma estrategia y conseguir que el gallego siga yendo a menos“, ha manifestado. Con este plan, en opinión de la parlamentaria nacionalista, no va a cambiar nada para el gallego porque se le niega ”cualquier posibilidad de futuro“. ”Esta es la propuesta que hoy trae aquí el PP para que todo siga exactamente igual“, ha trasladado.

Queixas ha atribuido el acuerdo PP-PSOE a un “pacto para un intercambio de cromos” en el que se “va a levantar el veto al gallego en las materias científicas pero a cambio de que se prohíba en otras con mayor carga lingüística”. Además, ha censurado que la Xunta haga recaer la decisión en el profesorado. Asimismo, ha criticado que el PSdeG asuma el pacto del “PP más sectario y antigallego de la historia” y se ha referido a las “voces críticas” del propio socialismo con este asunto “porque saben perfectamente que lo acordado es un retroceso para el gallego”. “Es un pacto de caballeros, del señor conselleiro y el señor Besteiro, para asegurar entre los dos el retroceso del gallego”, ha afirmado antes de volver a preguntarse “a cambio de qué” da el líder del PSdeG este apoyo.

Enfrente, el diputado popular José Luis Ferro ha defendido el acuerdo al abogar por una política lingüística que “no rompa a la sociedad, que no divida, que no crea muros”, que “no excluya ni aleje”. Y se ha referido al BNG asegurado que “no le piden a nadie que renuncie a sus convicciones”. “Lo que pedimos es que no renuncie a su capacidad de llegar a acuerdos”, ha manifestado. El diputado del PPdeG ha insistido en que el futuro del gallego no será del PP ni del BNG ni del PSOE ni de DO, así como tampoco de ningún partido que pueda aparecer. “El futuro del gallego será de Galicia y dependerá de todos nosotros. Por eso defendemos este plan. Sabemos que queda mucho por hacer, no porque pensemos que es perfecto, sino porque creemos que es necesario”, ha trasladado.

La socialista Silvia Longueira ha incidido en que no se trata del plan del PSdeG y que no todas las propuestas que proponía su formación fueron aceptadas, pero ha asegurado que “no se pudo llegar a más” y que “hicieron lo que podían con lo que tenían”. En este sentido, ha defendido las mejoras incorporadas por su formación al texto y ha puesto en valor la responsabilidad de los socialistas para aprovechar la oportunidad de “sentarse a mejorar la situación crítica del gallego”. Así, Longueira ha asegurado que no incorpora la educación en gallego por bloques pero sí más presencia de la lengua en educación infantil, FP y en los centros plurilingües. Además, ha argumentado que “incluye el reconocimiento del gallego en las instituciones europeas” y que, “por primera vez”, incorpora a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura Galega y colectivos en defensa de la lengua en su evaluación anual.

“Inmensa satisfacción” de la Xunta

Tras la aprobación del nuevo plan, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha trasladado su “inmensa satisfacción” convencido de que “el gallego necesitaba de nuevas medidas de impulso, de estímulo” ante los nuevos retos que se presentan como las nuevas tecnología, las nuevas formas de comunicación y la irrupción de la IA. “No es un documento político, es un documento que nace de la sociedad y que recibe el aval de las instituciones y, por supuesto, de las formaciones políticas”, ha dicho para lamentar que el BNG “más reaccionario de la historia de la democracia en Galicia” no quisiese “ni siquiera participar en el proceso”, algo que ha calificado de “grave error”.

50 primera medidas

López Campos ha vuelto a trasladar su compromiso de poner en marcha las 50 medidas del plan en los 100 primeros días tras su aprobación y ha recordado que los cambios en el decreto del bilingüismo que permitirán impartir las materias científicas en gallego se incluirán en la ley de medidas fiscales que acompañan a los presupuestos.

Al respecto y preguntado si se mantendrá la elección por bloques, el conselleiro ha destacado que buscarán llegar a acuerdos con el PSdeG sobre la aplicación concreta del modelo. Con todo, ha señalado que “hay una cuestión indiscutible, que es que hay un bloque de materias troncales, de materias científicas y de materias sociales y, si queremos mantener el equilibrio, tenemos que compensar asignaturas de un mismo peso en un ámbito o en el otro”, ha dicho.

“No podemos proponer un ejemplo, permitir que una materia que tiene cinco horas como pueden ser las matemáticas se cambie por una materia como puede ser la educación física”, ha afirmado para asegurar “el modelo de bloques no se va a modificar” y que “se intentará que el equilibrio se mantenga en las cargas horarias y en la importancia de las materias”.

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.

Dos de las mujeres citadas este martes como testigos en la investigación judicial por acoso sexual del que es acusado el expresidente de la Deputación de Lugo José Tomé Roca han asegurado que comunicaron episodios de acoso a través del canal interno habilitado por el PSOE, aunque ambas han manifestado que no tienen previsto presentar una denuncia judicial para preservar su privacidad y la de sus familias, según ha trascendido de la declaración y recoge Europa Press.

En una jornada maratoniana en el Tribunal de Instancia número 3 de Lugo, encargado de los asuntos de violencia sobre la mujer, se iniciaron sobre las 10.00 las comparecencias dentro de la fase de instrucción abierta a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Provincial por un supuesto caso de acoso sexual denunciado por una joven, hija de una trabajadora del partido. En total estaban citadas nueve personas, cinco a propuesta del Ministerio Público y cuatro de la defensa.

Una de las declaraciones que se prolongó durante más tiempo fue la de Pilar García Porto, diputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla y exsecretaria de Organización del PSdeG en Lugo. Según lo expuesto en sede judicial, sostuvo que había conocido las comunicaciones internas sobre el caso a través de terceras personas y que ninguna de las mujeres afectadas se había puesto directamente en contacto con ella.

La declaración de García Porto pretendía esclarecer qué conocimiento tenía de las comunicaciones remitidas al canal interno del partido y si se había producido algún tipo de actuación posterior. La dirigente socialista no ha realizado declaraciones a los medios ni a su llegada ni a su salida de los juzgados, aunque manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

El objetivo de la acusación particular estaba en determinar si los hechos investigados constituyen un episodio aislado o pueden responder a un posible patrón de conducta. Según ha explicado el abogado de la víctima tras la jornada, las declaraciones de este martes aportan elementos sobre el conocimiento que determinadas personas del partido pudieron tener de las quejas de la víctima en el canal interno y de que no se actuó ni se apartó a Tomé de sus funciones.

Entre los testigos también ha declarado una persona que aseguró haber trasladado en coche a una de las mujeres el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, aunque afirmó que ella no le comentó entonces nada sobre lo sucedido.

Otros dos testimonios correspondieron a trabajadoras de la Deputación, citadas para aportar información sobre las circunstancias en las que la denunciante y Tomé coincidieron en ese entorno y el día de los hechos.

Quedó pendiente la declaración de una de las personas citadas, que no pudo acudir por motivos de salud. El juzgado deberá fijar una nueva fecha. También está pendiente la declaración del propio José Tomé y el informe médico-forense sobre las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido para la víctima, que se encuentra de baja laboral, según indicó su representación.

Tomé negó el acoso sexual cuando se hizo público el caso en diciembre de 2025. Entonces dimitió como presidente de la Deputación, aunque mantiene el acta de diputado provincial y sigue siendo el alcalde de Monforte de Lemos.

Ana Pontón ha cargado con dureza contra el acuerdo de PP y socialistas para modificar ligeramente el llamado decreto del plurilingüismo. A su juicio, se trata apenas de un cambio de cromos: el PSdeG “accede a blanquear la política lingüicida” [contra el gallego] del PP a cambio “de acceder a cargos institucionales que no le corresponden”. La líder del BNG asegura que entre esos puestos está la Vicevaleduría do Pobo, donde la derecha vetó al candidato de los nacionalistas, o el todavía pendiente de renovar Consello de Administración de la CRTVG. En arreglo a los resultados electorales, le toca al Bloque proponer nombres para ellos. Nacionalistas y PSdeG mantienen pactos de gobierno en múltiples ayuntamientos gallegos y en las diputaciones de A Coruña y Lugo.

“Es un lavado de imagen del PP a cambio de cargos para el Partido Socialista”, insistió, “lo veremos más pronto que tarde”. Lo que Pontón califica de “pacto de despacho del bipartidismo” son seis modificaciones en las 700 medidas del Plan da lingua galega que la Xunta presentó el pasado julio. La más discutida -la han criticado instituciones como la Real Academia Galega y el Consello da Cultura- es la que afecta al decreto que establece en qué lenguas se imparten las asignaturas en la enseñanza obligatoria: los populares han accedido a levantar el veto al gallego en las materias de ciencias que había impuesto unilateralmente Feijóo en 2010 siempre y cuando el total de asignaturas en gallego, excluidas las lingüísticas, no superen el 50% del total. La norma vigente aún establece que se buscará “el máximo equilibrio posible” entre castellano y gallego.

“Ayer nos decían que el supuesto gran avance es que se levante la prohibición del gallego en las matemáticas pero a cambio de prohibirlo en biología e historia, cambiamos una prohibición por otra”, se extendió la líder nacionalista, “es el mismo decreto de la vergüenza, los mismos vetos”. Que también criticó lo que entiende como una grave carencia del acuerdo: “En infantil reconoce abiertamente que no va a haber ninguna medida a pesar de que saben que ahí está el futuro del idioma”.

Pontón acabó su comparecencia de este viernes tildando el pacto de distopía. “Es una tomadura de pelo a las familias que quieren que sus hijos tengan el derecho de saber gallego y la libertad de usarlo”, concluyó.

Real Academia Galega y Consello da Cultura han saludado el pacto entre PP y Partido Socialista para modificar el Plan da lingua galega en o que afecta al decreto sobre las lenguas en la enseñanza, pero lamentan que el acuerdo no parta “de una reflexión más profunda” y “no tenga mayor alcance”. El presidente de la Academia, Henrique Monteagudo, pidió que el debate implique al Gobierno gallego y a todas las fuerzas políticas, además de a un buen asesoramiento. Su homóloga del Consello, Dolores Vilavedra, criticó que el consenso entre derecha y socialistas “tome como referencia un equilibrio entre dos lenguas oficiales” que “no se corresponde con la realidad” actual de Galicia.

Monteagudo admite que la modificación permitirá mayor flexibilidad a la hora de enseñar en gallego. El PP ha accedido a levantar el veto al gallego en las materias de ciencias, vigente desde que lo impuso unilateralmente Feijóo en 2010 tras dinamitar acuerdos unánimes del Parlamento de Galicia, pero siempre sin que el total de asignaturas en gallego, excluidas las lenguas, supere el 50%. Lo que, aducen los populares, implicará que, si un centro opta por dar las ciencias en gallego, deberá dar en castellano las sociales. Los dos partidos firmantes del acuerdo discrepan sobre la interpretación de este punto.

El presidente de la Academia, además sociolingüista, celebró sin matices que el acuerdo incluya el control de su cumplimiento a través del Parlamento y de los planes lingüísticos de los institutos “Hay una sensación generalizada de que existe cierta laxitud en el cumplimiento de las presiones actuales”, en concreto, “en la concertada y en la privada”, manifestó.

Dolores Vilavedra hizo hincapié en la situación social de los idiomas. “El equilibrio normativo entre las lenguas no puede hacer una abstracción de la diferente situación de partida de cada una”, dijo, “echamos de menos mayor ambición, valentía y creatividad”. Para Vilavedra, la situación del gallego entre las generaciones más jóvenes requiere respuestas capaces de “ir más allá de una distribución equilibrada de los usos lingüísticos” y de actuar sobre los factores que están condicionando su transmisión y su uso efectivo. “Y, sobre todo, requiere confiar más en la capacidad de compromiso e innovación de la comunidad educativa, ofreciéndole herramientas y márgenes de actuación para impulsar experiencias que permitan avanzar en la normalización del gallego”, añadió .

Al igual que Monteagudo, sí valoró positivamente que el acuerdo concrete un cronograma para el desarrollo de las medidas y establezca mecanismos de evaluación, tanto por parte de la Secretaría Xeral da Lingua como a través del Consello Asesor da Lingua, en el que el Consello da Cultura Galega estará representado.

El Partido Socialista ha pactado con el PP levantar la prohibición de impartir las asignaturas de ciencias en gallego, pero, según los conservadores, solo si, a cambio, las materias sociales son en castellano en aras de lo que denominan “equilibrio”. El acuerdo modifica así uno de los más discutidos puntos de la norma lingüística impuesta unilateralmente por Feijóo hace ahora 16 años y que ha influido en la abrupta caída del uso y la competencia del idioma propio de Galicia. El PSdeG ha arrancado, tras una ronda de reuniones con los populares, algunos otros cambios en el documento para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística que la Xunta presentó el pasado julio. El BNG, principal partido de la oposición, declinó participar en las conversaciones y ha valorado el pacto entre socialistas y derecha como “pinza bipartidista para enterrar el gallego”.

La número dos del PSOE gallego, Lara Méndez, presentó este jueves lo que definió como “una propuesta que mejora lo presentado por el Gobierno gallego”. La resumió en cinco apartados referentes a la enseñanza y un bloque más genérico sobre las industrias culturales. La primera parte incide en “la necesidad de actuar en la educación infantil para garantizar que el gallego tenga el mismo nivel de uso en los entornos castellano hablantes”. Retira el “veto injustificable” a impartir matemáticas, física o tecnología en la lengua propia de Galicia. Pero, según la contraparte del acuerdo, el PP, esto solo será posible si historia, ciencias sociales o geografía se imparten en castellano.

Además, añadió Méndez, el pacto establece “de forma clara y medible” que el 50% de la educación debe ser en gallego. La normativa vigente habla, en su artículo número 4 referido a los principios de la misma, de “máximo equilibrio posible en las horas semanales y en las materias impartidas en las dos lenguas oficiales de Galicia”. El texto acordado y hecho público este jueves dice que “el 50% del horario lectivo de las materias no lingüísticas” será en gallego y los colegios e institutos decidirán el reparto a partir del curso 2027-2028. A mayores, la Formación Profesional debe garantizar la “plena competencia” en ese idioma.

Méndez insistió en que se habilitarán mecanismos para comprobar el cumplimiento de lo acordado. En concreto dos: habrá seguimiento y evaluación en el plan lingüístico de cada centro y, cada año, el Parlamento autonómico recibirá y discutirá un informe sobre el uso del gallego en la enseñanza. “El Partido Socialista no renuncia a ninguna posición”, dijo, en previsión implícita de las críticas del BNG al acuerdo, “seguiremos defendiendo que un 50% de la enseñanza en gallego sea un mínimo [y no un tope, como ahora], un mayor compromiso económico con la política lingüística, mayor presencia efectiva del gallego en los medios o que la edición forme parte de las industrias culturales. No fue posible llegar a todo pero estamos más cerca del objetivo”.

El PP rompió el consenso

La versión del Partido Popular sobre las conversaciones difiere sobre todo en el diagnóstico de la situación. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, aseguró este jueves que en la comunidad “la lengua nunca fue motivo de confrontación”. En realidad fue su organización la que, a partir de 2007 y tras la llegada a la cúpula de Feijóo y Alfonso Rueda, decidió atacar los consensos con los que se había ido tejiendo la política lingüistica desde la etapa final de Fraga Iribarne. Hasta el punto de alentar y participar en manifestaciones extremistas contrarias a la enseñanza del gallego. Una vez en San Caetano -sede oficial del Gobierno gallego-, el PP de Feijóo desoyó a oposición, comunidad educativa, academia e instituciones culturales oficiales e instauró en solitario el llamado decreto del plurilingüismo que ahora, tras constatar el Instituto Galego de Estatística la dramática caída de hablantes de gallego, retoca.

Pazos presumió del “diálogo y voluntad de escucha” que desembocó en seis modificaciones sobre las 700 medidas del Pacto pola lingua de la Xunta. “Hemos ido a lo estructural”, sostuvo la socialista Lara Méndez. Las diferencias sobre la interpretación de las mismas en lo referente a la distrbución de asignaturas e idiomas de impartición, sin embargo, no tardaron en aflorar.

“Derecho a conocer y hablar en gallego”

Los nacionalistas, como ya habían avanzado durante estas semanas de encuentros entre PP y socialistas, discrepan. Su líder, Ana Pontón, lo reiteró al poco de conocerse el pacto. “Se mantiene el decreto de la vergüenza [en referencia a la norma aún vigente de Feijóo, que rompió unilateralmente la unanimidad de las fuerzas parlamentarias al respecto] con un rocambolesco intercambio de cromos”, afirmó, “de modo que el gran avance es prohibir impartir historia en gallego en lugar de las matemáticas”. “Es el bipartidismo poniéndose de acuerdo para enterrar el gallego”, resumió. Y vinculó ese consenso al reparto de puestos derivado del veto de la derecha a que el BNG designe al Vicevaledor do Pobo, como le corresponde en arreglo a su peso electoral.

Pontón defendió una vez más la derogación de la ley impuesta en su día por el PP y la negociación de una nueva normativa. “Estamos a favor de garantizar el derecho de conocer y hablar el gallego y creo que está posición representa a la mayoría de los gallegos y gallegas, que hablen en la lengua que hablen y voten lo que voten, creen que el gallego debe tener futuro, más espacio en la sociedad y más apoyo”, concluyó.

Un tercio de los niños no saben gallego

La Xunta de Alfonso Rueda recibió hace dos años los demoledores datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Década y media de gobiernos del PP, con Feijóo y Rueda en su primera línea, multiplicaron por dos el número de niños y niñas que no saben hablar gallego. En 2024 eran casi la tercera parte. La Real Academia Galega y el Consello da Cultura, las dos instituciones oficiales de mayor peso, avisaron entonces de que la situación se aproximaba a lo irreversible. Sin hacer autocrítica explícita, e incluso cuestionando la metodología del IGE -dependiente de la Xunta-, el Ejecutivo gallego inició una tímida rectificación de sus políticas lingüísticas. El Plan da lingua galega, un documento con 700 medidas elaborado por 130 expertos presentado en julio, fue el resultado, que nacionalistas y la mayor entidad social de defensa del gallego, A Mesa pola Normalización Lingüistica, llaman “paripé”. Sobre ese texto, PSdeG y PP alcanzaron los acuerdos revelados este jueves.

Alfonso Rueda acusó de dogmática a la portavoz del BNG, Ana Pontón, al tiempo que defendía el dogma del no intervencionismo en el mercado de la vivienda a propósito de la declaración de zonas tensionadas. Esta fue solo una de las paradojas que arrojó la sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta. La otra, quizás la de mayor envergadura, es el silencio de Rueda sobre sus 13 años en primera línea de los gabinetes autonómicos de Feijóo cuando el debate gira alrededor de la vivienda pública. Para el ahora jefe del Ejecutivo gallego, la política de vivienda empieza en 2024, año de su primera victoria electoral, y son sobre todo promesas aun lejos de materializarse. “Usted no quiere zonas tensionadas por ideología”, le replicó Pontón, “no defiende el derecho a la vivienda sino la especulación”.

La líder nacionalista había empezado por recordar ese período del que Rueda prefiere no hablar. Las cifras de construcción y ampliación del parque público de vivienda durante los años Feijóo y con él como conselleiro o vicepresidente: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en 2023. Fue entonces que Rueda, presidente interino tras la marcha a Madrid de su superior, admitió que la Xunta no había promovido vivienda pública “porque no había detectado el problema”. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizó Pontón, “¿cuál fue su solución? Anuncios. Decir que iban a ofertar más vivienda y abaratarla”. No pasó y los alquileres han subido.

El presidente gallego sí decidió esta vez centrarse en la pregunta del BNG, no sin añadir su argumentario habitual -“de patacón”, lo calificó Pontón- sobre la nacionalista. “Maneja datos a boleo y completamente manipulados”, dijo, aunque no se atrevió a concretar en qué exactamente. Lo que sí hizo fue reiterar sus promesas, que son una enmienda implícita a los 14 o 15 años anteriores de sus gobiernos, en la materia. Aseguró que hay 4.000 viviendas públicas en construcción, lo que, si se cumple, doblará el parque público -de 4.000 a 8.000- y en 2030, añadió, serán 10.000. El número al que rueda no hizo referencia, nunca lo hace, es al de personas anotadas en el registro oficial de demandantes de vivienda pública: más de 30.000 a 23 de septiembre de 2026.

Rueda también fue crítico con la declaración de zonas tensionadas. Esta medida solo la han adoptado hasta ahora A Coruña y Santiago de Compostela, gobernadas por socialistas y por BNG y Compostela Aberta, respectivamente. Los precios de los alquileres han bajado. El presidente gallego dice, sin embargo, que la oferta se ha reducido. Ana Pontón le recordó que esto también ha sucedido en ciudades y pueblos que no son zona tensionada. “Declare zonas tensionadas en los ayuntamientos en donde los alquileres están descontrolados”, conminó al presidente, “compre toda la vivienda protegida que sale a la venta e inicie la compra masiva de pisos para el parque público de alquiler”. Esa es la receta del BNG que, en su turno de cierre, Rueda tildó de dogmática.

Besteiro: “Tendremos que preguntar a Feijóo”

El presidente de la Xunta había respondido antes al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Responder es un decir: ante las preguntas del socialista sobre el coste de la vida, la disponibilidad de servicios públicos y la igualdad en Galicia, Rueda se descolgó con una primera intervención dedicada prácticamente íntegra a criticar las políticas de Pedro Sánchez. Hasta llegar al partido de Besteiro: “Son ustedes muletas del nacionalismo y el nacionalismo es egoísta por sistema. Mira por lo suyo y los demás, nada”. Esta declaración la hizo solo minuto y medio después de volver a plegarse a la estrategia de Feijóo de sabotear la acogida de niños migrantes en el sistema público de protección.

“Estos es una sesión de control a la oposición, pero en Madrid”, se revolvió, flemático, Besteiro, “vamos a tener que trasladar estas preguntas a Núñez Feijóo. Mejor le preguntamos a él”. En asuntos centrales de la política gallega y en los que el PP autonómico solía matizar sus posiciones respecto del central, los de Rueda se han adherido a las consignas de Génova. Así lo interpretó Besteiro: “No se habla de financiación. No se reciben menores. No se acepta la condonación de la deuda”. El presidente aseguró, ya en el cierre del debate, que su gabinete había alegado contra el nuevo sistema de financiación sin obtener acuse de recibo. Fue además despectivo con las negociaciones bilaterales entre Gobierno central y otras autonomías -“charlas de salón, capillitas”, dijo, “para darles lo de siempre a los de siempre y nada a Galicia”- y volvió a cargar contra Sánchez: “Creen los sanchistas que todos son como Sánchez, garantía de la mayor desigualdad”.

“Cada cosa que sabemos es más preocupante”. Así ha reaccionado el PSdeG a las nuevas revelaciones de elDiario.es sobre el conselleiro de Emprego, José González, quien sigue siendo el dueño del 39% de Mirador de Banga, una sociedad del sector vitivinícola, ubicada en la misma sede que las empresas del grupo Casal de Armán, incluida Viña Campinas, la filial sancionada por la Inspección de Trabajo por tener trabajando en la vendimia de 2025 a migrantes sin papeles. Desde que este periódico desveló la multa, González ha insistido en que no tiene relación con Casal de Armán, el holding de su familia que abandonó en 2018 al entrar en el gobierno gallego.

En un comunicado, los socialistas exigen que el conselleiro comparezca en el Parlamento y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “explique también su papel en esta historia” en lugar de “dar el asunto por cerrado para pasar página cuanto antes”. Consideran que los nuevos datos aportados por elDiario.es “desmontan el principal argumento de González” quien “lleva una semana repitiendo que no tiene nada que ver con las empresas de su familia”.

Según la Consellería, Mirador de Banga carece de actividad, pero las cuentas de 2025 “dicen otra cosa”: recogen 250.000 euros en inversiones financieras a largo plazo, “casi el doble de lo que registraba pocos años antes”. La explicación del gobierno gallego “abre aún más preguntas” al justificarlo como la aportación de una viña a otra sociedad “en la que también entraría el conselleiro pero se niega a decir cuál es”. “Un conselleiro que asegura non tener ninguna relación con el mundo del vino resulta que aporta viñas a sociedades que no quiere identificar. Eso es justo lo contrario a la transparencia”, concluyen el PSOE

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha comparecido este lunes con los datos oficiales de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para denunciar el “récord histórico” alcanzado por el gobierno de Alfonso Rueda. 378.749 personas esperaban una cita médica a finales de diciembre, cuando la Consellería de Sanidade publicó la última actualización de los datos. Más allá del mal registro oficial, Torrado afirma que la realidad “es aún peor”.

Las cifras, colgadas en la web del Sergas, son 20.591 persona más que un año antes y 18.299 por encima de los seis meses anteriores. Por eso, el diputado socialista insistía: “No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte”. Su crítica no acaba ahí: asegura que no sólo espera más gente, sino también más tiempo en las tres grandes categorías.

Así, la media para una prueba diagnóstica se eleva a 97,8 días –10,5 más que a final de 2024–; para una operación son 72,8 días –casi seis más– y para la primera consulta con el especialista, 62,6 días. Torrado llevó la comparación también a 2019, último año prepandemia. Entonces, confronto, en la lista quirúrgica esperaban 32.750 personas “y hoy son cerca de 50.000”.

“Y, aún así, los datos reales son peores”. Para el portavoz socialista, la cifra oficial se queda corta. “Si a usted, o a alguien de su casa, le dicen en un hospital gallego 'ya lo llamaremos', usted está esperando, pero no entra en la estadística hasta que tiene una fecha puesta”. En ese limbo “pueden pasar semanas o meses, por eso todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor”.

“Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del gobierno de Rueda, que inaugura máquinas como quein toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera máis tiempo”, censuró. “Eso es inasumible”.

Falta de transparencia

Torrado criticó la falta de transparencia del gobierno popular. Recordó que los datos de las listas de espera se presentan dos veces al año. Sin embargo, “estamos a mediados de septiembre y aún no se conocen los del primer trimestre”. Recordó que los socialistas llevan tiempo proponiendo cambios en el cómputo para que refleje “lo que pasa de verdad y se puedan evaluar las políticas públicas con criterio”, algo que “siempre chocó con la negativa del PP y la Xunta”.

El diputado socialista se dirigió directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate: “Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez”. “Así no se puede debatir, concluyó”.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra la Xunta por la falta de anticipación para evitar situaciones de escasez de agua como la que se está dando este verano en Galicia- La respuesta del Gobierno gallego, dice, es “que ya lloverá o que la culpa es de los ayuntamientos”, pero “esperar por la lluvia no es una alternativa de suministro, no es una política de abastecimiento.

Besteiro visitó este lunes el embalse de Baíña, en Baiona (Pontevedra), uno de los municipios afectados por la falta de agua y en el que la Xunta aplica desde hace tres semanas medidas iguales a las de la alerta por sequía. Además, ha tenido que pedir ayuda ante la posibilidad de quedarse sin recursos para abastecer a una población que se multiplica en la temporada estival. El Gobierno gallego tiene, en total, a 32 municipios en alerta y a otros 59 en prealerta por la falta de agua. En la demarcación Miño Sil, que depende del Gobierno central, están en prealerta las cuencas del Miño, el Sil y el Cabe. Galicia afronta una sequía repentina que se ha dado pese a las abundantes lluvias del invierno pasado. En un contexto de escasas precipitaciones en verano y varias olas de calor consecutivas que favorecieron la evaporación, buena parte del territorio sufre escasez de agua.

El secretario xeral de los socialistas gallegos manifestó desde Baiona que la Xunta debe asumir que esto “no es una anécdota del verano del 26” y que el cambio climático va a hacer que la situación vaya a peor. “El único que parece no entender que tenemos un problema real de agua es el Gobierno del PP”, dijo. Galicia, añadió, “no va a ser el paraíso del agua” y los efectos se están apreciando ya en restricciones en muchos municipios y en el campo, con unas pérdidas que Unións Agrarias cifra en 164 millones de euros.

Critica a la Xunta por no tener una planificación adecuada y reclama que los esfuerzos se centren en la red de captación y distribución, incluido el tratamiento. También propone que el 50% o más de lo que se recauda por el canon del agua se destine a que los ayuntamientos puedan renovar sus redes, que “pierden agua por todas partes”.

Aarón Álvarez, exteniente de la regidora socialista de A Pobra de Trives (Ourense), Patricia Domínguez, será el nuevo candidato del PP a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones de mayo de 2027. El presidente de los populares ourensanos, Luis Menor, anuncia que no será el último fichaje “importante” en los ayuntamientos donde son oposición y “tendremos que hacer cosas distintas para intentar llegar al gobierno”.

En un comunicado recogido por Europa Press, el nuevo candidato del PP ha comunicado que da este paso “con mucha ilusión, pero también siendo consciente de la responsabilidad que supone. Quiero escuchar a los vecinos, estar cerca de ellos, conocer sus problemas y trabajar para encontrar soluciones que mejoren su día a día”. Álvarez recalco que Trives, un concello de casi dos mil habitantes, “necesita un proyecto capaz de sumar personas y aprovechar todas las oportunidades”.

Este miércoles, a preguntas de los medios, el presidente de la Deputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, consideró la incorporación “satisfactoria” y recordó que Álvarez abandonó en marzo el grupo de gobierno “por discrepancias políticas, renunciando a una dedicación porque no creía en el proyecto ni en lo que se estaba haciendo en Trives”. La noticia trasciende al día siguiente del abandono en bloque de todos los concejales populares en otro ayuntamiento ourensano, Verín. En aquel caso, sin embargo, Menor minimizó las diferencias políticas –“puede haber alguna”– y lo centró en desavenencias “personales”.

El líder popular ha aprovechado para destacar la “formación, experiencia e implicación social” del exteniente de alcaldesa, recalcando que el municipio contará con una “gran oferta electoral capaz de conectar con los problemas y oportunidades y dar solución a los mismos”.

“Hablamos con él y hace tiempo nos dio la palabra de venir con nosotros. Ayer en una reunión que tuvo lugar con la directiva del partido y con el grupo municipal del PP en Trives se oficializó. Es la persona que nosotros entendemos que está destinada a liderar el Ayuntamiento de Trives. Yo creo que la oferta ganadora será la del PP”, ha relatado Menor.

El PSOE ha archivado la denuncia que dos exconcejalas socialistas de A Coruña, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, presentaron contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, por supuesto acoso laboral.

La denuncia se formalizó el pasado año y en relación con una situación que vinculaban al anterior mandato. Ahora, según informa Europa Press, una de las denunciantes, Eva Martínez Acón, ha trasladado que el partido archiva el expediente informativo, algo que les han notificado en esta jornada.

Ambas recurrieron al canal de acoso del PSOE federal, pero, finalmente, la denuncia derivó a la Ejecutiva provincial, que les notificó, inicialmente, la apertura de un expediente informativo y ahora que el mismo se archiva.

“Consideramos que este expediente informativo adolece de algunas lagunas”, ha manifestado Martínez Acón, que considera que se ha cerrado con mucha celeridad y “sin acopio de más pruebas”. Están, añade, valorando si recurrir al comité federal de ética y garantías.

La denuncia fue presentada en el canal interno del partido a finales de 2025 y se refería a hechos ocurridos en 2020. Martínez Acón manifestó que había tomado la decisión de denunciar varios años después al ver que estaban saliendo otros casos en el partido que la hicieron consciente de la “gravedad” de la situación. La alcaldesa emitió entonces, en diciembre del año pasado, un comunicado en el que atribuía la denuncia a “un ajuste de cuentas por no haber repetido [las exconcejalas] en las listas” y las acusaba de hacer un mal uso del canal interno.

La portavoz del grupo municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, ha anunciado la ruptura del acuerdo de investidura que su formación mantenía con el gobierno local del PSOE, encabezado por la alcaldesa, Inés Rey, al considerar que ha incumplido los compromisos adquiridos. “Damos por rotos los acuerdos con el Partido Socialista, el acuerdo presupuestario y el acuerdo de investidura”, ha concretado Veira en rueda de prensa. “No podemos aguantar más incumplimientos”, ha incidido.

En este sentido, la portavoz nacionalista ha citado lo que ha considerado “asuntos pendientes”, entre otros, en el área de urbanismo, cultura o medio ambiente y ha criticado que la regidora “no es consciente de que no tiene ni la mayoría simple en el Ayuntamiento de A Coruña”. “Depende de nosotros para todo lo que quiera implementar”, ha destacado para añadir que “actúa como si tuviera mayoría absoluta”. “No lo vamos a seguir aguantando”, ha reiterado.

“Sentarse con la derecha”

La regidora, cuestionada sobre este asunto en un acto, ha reprochado que el BNG “haya decidido, a menos de un año de las elecciones -fechadas para mayo de 2027-, que se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición”. “Si es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, sentarse con la derecha a votar todo en contra”, ha expuesto sobre su decisión. Del mismo modo, ha explicado que el gobierno local va a “seguir trabajando”. “Tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos y llevando a cabo mejoras”, ha argumentado. “Seguiremos así a partir de mayo del 2027”, ha avanzado para incidir en que “quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que expliquen ellos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

Falta menos de un año para las elecciones municipales y el Partido Socialista de Galicia está ya inmerso en el proceso de elegir a los cabeza de lista en las ciudades y los municipios de más de 20.000 habitantes. La secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, reiteró que esta es una posibilidad abierta a todos los militantes, aunque los candidatos no parecen estar en cuestión en varios casos. La gran incógnita es la de la capital gallega, en donde nadie ha dado, por el momento, el paso de presentarse para liderar la lista y en donde, entre varios nombres, fuentes del PSOE apuntan a que el que más fuerza tiene es el del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Méndez subrayó este martes la implantación local de su partido, que gobierna en las dos mayores ciudades, Vigo y A Coruña, tras perder, mediante una moción de censura con una tránsfuga, la de Lugo.

Con el calendario previsto, los socialistas gallegos van a llegar al Comité Nacional del próximo sábado, 4 de julio, en Santiago, con los aspirantes a liderar las listas de las municipales ya registrados. El plazo para formalizar las candidaturas se cierra el día 3 a las 12.00. Según recoge Europa Press, a continuación y hasta el día 12 es el plazo para reunir avales y del 12 al 18 será la campaña de información. El domingo 19 de julio se votará en los casos en los que haya más de un aspirante.

En Santiago la agrupación local encargó una encuesta en la que se interesa por la opinión de los vecinos sobre hasta cinco militantes: el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la diputada autonómica Patricia Iglesias; el secretario xeral de la agrupación local, Aitor Bouza; el exministro de Sanidad José Miñones; y la vicesecretaria local, Marta Álvarez Santullano. El propio Aitor Bouza trasladó en rueda de prensa que, independientemente de lo que señale esta encuesta, será la militancia la que decida.

El panorama está más despejado en otras ciudades: en Vigo se prevé que el actual regidor, Abel Caballero, vuelva a competir en busca de su sexto mandato, mientras que en A Coruña se da por hecho que Inés Rey dará la batalla por mantenerse en la Alcaldía. El reglamento interno del Partido Socialista contempla que sea decisión de los alcaldes optar a la reelección, de forma que solo se celebren primarias en los casos en los que así lo exija más de la mitad de la agrupación local.

En Lugo, el propio Besteiro se mostró convencido que el exalcalde Miguel Fernández volverá a la Alcaldía en 2027, tras la moción de censura que dejó el bastón de mando en las manos de Elena Candia (PP), con el apoyo de la tránsfuga María Reigosa. En Pontevedra se prevé que Iván Puentes vuelva a aspirar a ser el candidato, al igual que Natalia González en Ourense. Los tres tendrían que someterse a primarias si hubiese alguna otra candidatura, un proceso interno que parece más cercano en Ferrol, donde la exconcejala Eva Martínez Montero avanzó su intención de competir con el actual portavoz local, Ángel Mato.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de consumar la “mayor traición a Galicia” de la historia reciente al votar en contra de la ley de transferencia de la titularidad y de la gestión de la AP-9 en el pleno del Congreso.

En concreto, el pleno de la Cámara baja ha aprobado este jueves la norma, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra. Si bien el origen de la ley surge en el Parlamento de Galicia, la polémica reside en que Xunta y el PP se quejan de que el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada de la Cámara autonómica, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.

En un comunicado difundido a los medios y recogido por Europa Press, Besteiro ha sostenido que la misma formación que privatizó la autopista, que bloqueó durante años su traspaso cuando gobernaba en Madrid, ha quedado este jueves una vez más sola, junto a Vox, para darle la espalda a la ciudadanía gallega.

“Feijóo y Rueda pasarán a la historia por esta traición a Galicia. No hay mayor cinismo en la política gallega. El PP privatizó la AP-9 en el año 2003, prorrogó la concesión en el 200, bloqueó durante años su transferencia cuando tenía dos gallegos al frente del Gobierno y del Congreso --Rajoy y Ana Pastor-- y ahora, cuando casi todo el Parlamento acuerda avanzar, vota en contra”, ha censurado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que Feijóo era conselleiro “cuando hicieron todo ese daño y no dijo ni mu”, ha asegurado que ahora hace los mismo desde Madrid y Rueda desde Galicia y los ha emplazado a dejar de poner trabas a la tramitación legislativa del traspaso.

Besteiro ha insistido en que se llega a un día histórico como el de hoy porque “hay un Gobierno socialista en España, que es el que está haciendo posible el traspaso de la AP-9 y dando pasos decididos hacia su gratuidad”.

“Fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien desbloqueó la ley e implantó bonificaciones de hasta el 75% en las tarifas de la AP-9”, ha recordado para asegurar que si hoy los gallegos siguen “pagando peajes abusivos es por culpa de las decisiones del PP”.

Besteiro ha destacado que cuando el PSOE llegó al gobierno, propuso soluciones, mientras que ha acusado a los populares de “ponerse siempre en los problemas, en la marrullería y en el barro, diciendo una cosa en Galicia y haciendo la contraria en Madrid”, ha criticado.

El secretario xeral ha felicitado a la diputada Patricia Otero y al conjunto de los grupos que hicieron posible este paso que ha calificado de “histórico”. “Hoy es un buen día para Galicia. Un día que el PP eligió no festejar porque lleva décadas formando parte del problema”, ha concluido.

El exconcejal de Vías y Obras de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha sido condenado este martes en una vista de conformidad a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de varias obras en este municipio. El mismo edil fue condenado ya en enero pasado, también a la pena de 9 años de inhabilitación y también por la adjudicación de obras 'a dedo'.

Según Europa Press, el escrito de acusación de la Fiscalía el que era edil socialista de Vías y Obras en 2023 (en el anterior gobierno municipal) contrató con una constructora la realización de tres obras en Camiño As Fontiñas, Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro. El coste total de los trabajos fue de algo más de 34.700 euros.

“Dicha contratación la realizó vulnerando de forma abierta la normativa sobre contratación pública y los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria, ya que el encargo se realizó con omisión total del procedimiento establecido, de forma análoga a la 'vía de hecho', sin formalización contractual, de forma verbal y sin previa tramitación del oportuno expediente”, expone el ministerio público.

Tras una resolución de la Alcaldía de denegar el pago de esas facturas debido a las irregularidades, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y la demanda fue estimada parcialmente.

Este martes, Óscar Martínez se ha confesado autor de los hechos y se ha conformado con la pena de 9 años de inhabilitación para el sufragio pasivo (no podrá presentarse a unas elecciones) y para ejercer cargo público con competencias de contratación en el sector público.

Se da la circunstancia de que este exedil ya fue condenado el pasado mes de enero en una vista de conformidad, también a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En ese caso fue la adjudicación sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona. Del mismo modo, el Ayuntamiento no pagó debido a las irregularidades y esa constructora también acudió a la vía judicial.

Los cuatro concejales del Ayuntamiento de Santiago expulsados del PSOE tras un enfrentamiento con la cúpula local concurrirán con una candidatura propia a las próximas elecciones municipales. Lo han hecho la víspera del segundo aniversario del pleno en el que rompieron la disciplina de voto del partido en una votación sobre los pisos turísticos que partió en dos el grupo municipal.

El proyecto, que se presenta este martes de forma oficial, estará encabezado como candidata por Mercedes Rosón, responsable de Urbanismo y primera tenienta de alcalde durante el último gobierno socialista de Sánchez Bugallo, entre 2019 y 2023. “Hoy nos damos cuenta de que la democracia requiere de nuevas plataformas que rechacen las dinámicas, muchas veces oscuras, de los partidos políticos”, aseguro antes proclamar: “somos más de Santiago que de partido”.

Las Non Adscritas, como todavía se denominan, pretenden contraponer sus propuestas a la “parálisis” de tres años de gobierno del BNG –en coalición con Compostela Aberta– y a la “crispación” de la que culpan a PP y PSOE. El proyecto, según Rosón, nace “libre, riguroso y sin subordinacions” a aparatos políticos externos.

Rosón, junto a sus compañeras Mila Castro, Marta Álvarez y el portavoz municipal, Gonzalo Muíños, fueron expulsados del PSOE después de negarse a acatar la orden del secretario local, Aitor Bouza, de no apoyar la ordenanza que cerraba la normativa de los pisos turísticos en Santiago. Los cuatro ediles decidieron respaldar la iniciativa del bipartito BNG-CA. Lo hicieron por medio de una emocionada Rosón que defendió la medida –que ella misma había impulsado durante el mandato anterior–, como “socialista”.

La ruptura del grupo dejó al PSOE con sólo dos ediles en el Pazo de Raxoi, Gumersindo Guinarte y Marta Abal. El partido aún no ha elegido a su cabeza de lista para las elecciones pero ya ha planteado una encuesta interna. En ella aparecen los nombres de la exconcejala y número dos de la agrupación, Marta Álvarez Santullano; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el propio Bouza –hoy diputado– y su compañera en el Parlamento, Patricia Iglesias y el exministro José Miñones, actual presidente de Mercasa.