Elena Candia (Mondoñedo, 1978) ya es la alcaldesa de Lugo, la cuarta de este mandato y la primera del PP en los últimos 27 años. La llave para su gobierno se la ha entregado la tránsfuga socialista María Reigosa, número 11 en la lista del PSdeG, que accedió a su acta de concejala tras la muerte de Pablo Permuy, uno de los tres ediles socialistas –incluida la regidora Paula Alvarellos– fallecidos en el último año. Candia forma parte de la ejecutiva nacional del partido designada a dedo por Feijóo. Tras su nombramiento, deberá dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Tomó el bastón de mando acompañada sólo por los suyos: PSdeG y BNG abandonaron el pleno tras la votación y fueron recibidos con una ovación por los cientos de vecinos concentrados ante el ayuntamiento.

En su intervención para abrir el debate, Candia acusó al bipartito de socialistas y nacionalistas de no gestionar “con eficacia, eficiencia ni transparencia” y enumeró algunas de las razones que, para los trece firmantes de la moción, justifican “que Lugo merece un cambio”, un gobierno “que cuide a sus trabajadores” y pueda poner en marcha “proyectos estratégicos”.

Como había hecho antes a las puertas del ayuntamiento, Fernández lamentó la presentación de una moción basada “en el dolor y la ausencia”, en alusión a las tres muertes en su grupo que permitieron la entrada de Reigosa. “Pretender converitr ese dolor en oportunidad política carece de dignidad”. Todavía sumó dos cimientos más para la maniobra política: la “tragedia” y la “traición”, al sustentarse en un transfuguismo “moralmente inaceptable”.

La tránsfuga debería haber sido la siguiente en intervenir, pero renunció a su turno de palabra entre un murmullo de sorpresa y desaprobación. El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que había definido la moción como un “golpe de estado municipal”, finalizó su intervención con el “venceréis, pero no convenceréis” de Unamuno ante MIllán Astray.

Tras las intervenciones de los portavoces de PSdeG y PP llegó el voto, nominal en orden alfabético. El primero en darle el sí a Candia fue su número dos, Antonio Ameijide. Por 13 votos a 12, la popular se convirtió en alcaldesa.

“Manos arriba, esto es un atraco”

El pleno comenzó a las 12 de la mañana con la constitución de la mesa de edad. Desde una hora antes, cientos de personas convocadas por la plataforma Transfuguismo non, democracia si se concentraban a las puertas del ayuntamiento para mostrar su repulsa a la moción de censura. “Candia, atende, Lugo non se vende” o “Para mafiosa xa temos a Reigosa” fueron algunos de los lemas coreados.

Tanto Fernández como Arroxo –que llegaron a salir al balcón a saludar– fueron ovacionados por los vecinos que tomaron la plaza y cuyos gritos llegaban al salón de sesiones. Durante todo ese tiempo, los representantes del PP –encabezados por la número dos del partido en Galicia, Paula Prado– se mantuvieron con cierta discreción bajo los soportales de la casa consistorial y apenas se vio a alguno de los concejales acercarse a la puerta principal, aunque –con Reigosa– fueron los primeros en acceder al salón de plenos.

Ese espacio permaneció esta vez vedado tanto para opositores como partidarios de la moción. Cuando pretendieron entrar, descubrieron que el enorme número de medios de comunicación acreditados ya había abarrotado la estancia hasta el límite de su aforo.

María Reigosa, la concejala de Lugo no adscrita tras dejar el PSOE, ha ratificado que este jueves votará a favor de la moción de censura que permitirá que el PP recupere el poder en la ciudad después de 27 años. Además, reivindica la “plena” legitimidad de su decisión de apoyar la iniciativa que, salvo sorpresa, convertirá en alcaldesa a Elena Candia, en cuyo proyecto afirma “confiar”.

En un comunicado recogido por Europa Press, la edila tránsfuga recalca que ha tomado esta decisión “desde la responsabilidad, la reflexión y la convicción sincera” de que Lugo necesita “recuperar estabilidad, confianza institucional y una forma de gobernar más útil para la ciudadanía”.

“Creo en un Ayuntamiento centrado en resolver los problemas reales del día a día, en cuidar los servicios básicos y en ofrecer un municipio con planificación a medio y largo plazo, con más futuro y más oportunidades para todos los lucenses”, ha sentenciado.

Reigosa asegura que se incorporó al gobierno local “con ánimo de sumar, de reforzar la acción de gobierno y de aportar su experiencia y perfil técnico” como ingeniera de Caminos. “Pero con el paso del tiempo fui comprobando formas de funcionamiento, dentro del actual gobierno de PSOE y BNG, con las que no me sentía cómoda ni identificada, dinámicas que considero alejadas de la manera rigurosa y responsable con la que entiendo la gestión pública”, ha alegado.

Entre otras cuestiones, alude a la existencia de “problemas de coordinación interna, diferencias alrededor de determinados expedientes, facturas con reparos o responsabilidades administrativas” que acabaron evidenciando, a su juicio, “algo más profundo que simples discrepancias políticas o personales”.

“Me di cuenta de que Lugo necesitaba otra manera de gobernar: más organizada, más transparente y más centrada en solucionar los problemas de los lucenses”, ha sentenciado.

“Falta de transparencia”

No en vano, considera que cuando una concejala, como afirma que le pasó a ella “en distintas ocasiones”, tiene “dudas” ante determinados expedientes, “lo razonable en una administración sería revisar, aclarar, informar y actuar con total transparencia y seguridad jurídica”.

Añade que, bajo su punto de vista, “gobernar no consiste en trasladar problemas a otro, ni en buscar quien asuma determinadas firmas”. En el polo opuesto, defiende que “gobernar significa asumir responsabilidades y afrontar los problemas conforme a la legalidad y al interés público”.

Por ello, ve “especialmente preocupante” que “se normalicen determinadas prácticas o fórmulas destinadas a evitar responsabilidades políticas o administrativas”. “Las instituciones no pueden funcionar desde la improvisación ni desde los atajos”, ha advertido.

“Tendencia constante a buscar culpables”

Otra de las cuestiones con las que considera que tampoco se sintió identificada fue con la que percibe como una “tendencia constante a buscar culpables” o “alimentar la confrontación con otras administraciones cada vez que surgía un problema”.

“Creo sinceramente que la ciudadanía espera de sus responsables públicos diálogo, colaboración y soluciones, no conflictos permanentes. Estoy convencida de que Lugo necesita abrir una nueva etapa basada en el diálogo, en la estabilidad, en el rigor y en un funcionamiento institucional más serio y transparente”, ha defendido.

Para Reigosa, los vecinos de Lugo necesitan “recuperar la confianza en la política útil, en la capacidad de entendimiento y en una forma de gobernar centrada en resolver los problemas reales” de la ciudad.

Confianza en Candia

En ese sentido, ratifica que confía “en la responsabilidad, en la capacidad de diálogo y en el proyecto” que lidera Elena Candia, portavoz local del PP y quien se convertirá, salvo sorpresa, en la nueva alcaldesa de Lugo este jueves, para “impulsar el cambio” que necesita la ciudad.

“Quiero también explicar que mi implicación en la política municipal nace exclusivamente del compromiso con la ciudad de Lugo y de la voluntad de aportar mi experiencia profesional y mi conocimiento técnico al servicio de los vecinos. Soy funcionaria A1 de un Ministerio y, por lo tanto, mi trayectoria profesional es ajena a la política”, agrega.

Finalmente, Reigosa advierte que la política “no puede convertirse en un espacio de odio ni de presión personal contra quien piensa diferente o toma decisiones plenamente legítimas”.

“Y mucho menos desde posiciones que deberían representar, precisamente, el respeto, la igualdad y la convivencia democrática”, ha aseverado, defensora de que la política se haga “desde el respeto” y no “desde la confrontación y los insultos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

La concejal tránsfuga renunció a intervenir en el primero de los debates del último pleno previo a la moción de censura. Trataba sobre reparos de intervención a algunos pagos a proveedores. Sí usó la palabra en el segundo, una iniciativa del PP para solicitar la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Lugo. La interrumpió el público presente en el salón de plenos del ayuntamiento. “Democracia sí / transfuguismo no”, corearon. El alcalde socialista intentó calmar los ánimos pero finalmente dio orden de desalojar la estancia. “Traidora”, “vergüenza” o “carroñeros” fueron algunos de los calificativos que dirigieron a María Reigosa, edil que tomó posesión tras la muerte de dos de sus compañeros en las listas del PSOE y que la semana pasada reveló que pasaba a apoyar a la derecha. Otros llegaron a lanzar algun moneda al suelo.

“Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”, afirmó desafiante Reigosa, leyendo su intervención, después de que se reanudase el pleno. Ese siguiente pleno, convocado para el próximo jueves, 7 de mayo, será en el que se vote la moción de censura presentada por la líder del PP, Elena Candia, con el apoyo de la edil tránsfuga. Si la operación transcurre según lo previsto por la derecha, Candia obtendrá una alcaldía que los populares no han obtenido en las elecciones de los últimos 27 años. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, la ha respaldado públicamente en numerosas ocasiones.

Tras las protestas y el desalojo de los que protestaban, el pleno continuó con un rumor de fondo, el de los cientos de personas que, a las puertas del ayuntamiento, expresaban su indignación contra la moción de censura y el transfuguismo. Las alusiones se sucedieron a lo largo de la tarde. La nacionalista Maite Ferreiro, cuya formación, el BNG, forma parte del actual gobierno local en pacto con los socialistas, dio la bienvenida al pleno a una nueva edil del PSdeG, Eugenia Iglesias, y expresó su deseo de que prevalezcan “la decencia y la dignidad”. Elena Candia incluso se permitió una frase que atribuyó a Sócrates -la autoría de la misma no está clara- y que no venía exactamente a cuento: “Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor”. Si se refería a la moción de censura del próximo 7 de mayo, el debate todavía no se ha producido. Porque la iniciativa sobre la Semana Santa sí salió adelante con respaldo de los demás grupos.

Miguel Fernández (Ribeira de Piquín, Lugo, 1955) fue el número 2 del PSdeG en las municipales y el tercer alcalde de este mandato, tras la marcha de Lara Méndez al Parlamento y el fallecimiento de Paula Alvarellos, la primera de las tres muertes que ha sufrido el grupo socialista.

El 7 de mayo, unos días antes de cumplir 14 meses en el cargo, la moción pactada por el PP y la tránsfuga María Reigosa le arrebatará el bastón de mando para dárselo a la popular Elena Candia. Él está convencido de que lo recuperará tras las próximas elecciones y que lo hará “con el apoyo de los vecinos, no con triquiñuelas y felonías”.

¿De dónde parte ese convencimiento?

De que el motivo último de que hayan presentado en este momento la moción, a un año vista de finalizar el mandato, es que las encuestas le son desfavorables y ella [Elena Candia] lo sabe. Tiene encuestas propias, como las nuestras, que dicen que bajan y nosotros subimos. Por eso la presenta, sin importarle las consecuencias que va a tener para Lugo. Durante este año que tiene por delante va a seguir haciendo lo que hizo en el poco tiempo que lleva en el ayuntamiento: comprar voluntades, en este caso, a través de la Xunta. Es una huida hacia adelante para tratar de remontar una situación que sabe que no va a poder. Y no va a poder porque la ciudadanía de Lugo está indignada. Hay un clamor de gente de todas las ideologías: tres muertos, una tránsfuga, a un año de las elecciones, con presupuestos aprobados y muchos proyectos avanzados... Busca llegar a la alcaldía como trampolín para su verdadero objetivo, que es llegar a la Deputación y montar un feudo autoritario, propio del siglo XIX, y ahí mandar y dirigir. Ése es el argumento.

Localidades como Ribeira (A Coruña 27.000 habitantes) vieron cómo proyectos que estaban parados se desbloqueaban en cuestión de días después de mociones de censura como ésta. ¿Cree que en Lugo también va a pasar?

Alguno de los dirigentes políticos, cuando trataba de argumentar la necesidad de la moción, ya que decía que si salía adelante la Xunta se iba a volcar. Hombre, eso es tanto como admitir la discriminación de la Xunta hacia los vecinos de Lugo durante tantos años, con compromisos de obras, inversiones e infraestructuras que no cumplió, que año tras año no se concretaban. Este grupo municipal va a ser suficientemente leal para apoyar cualquier proyecto beneficioso de la ciudad; eso sí, les destaparemos las vergüenzas. Porque si durante veinte años no aporta un duro para el Museo de la Romanización, para rehabilitar el edificio, y ahora lo hace de repente, evidentemente se estará moviendo por criterios partidistas, por estrategia y no por apoyar los intereses de unos vecinos que son muy inteligentes y saben perfectamente cuál es la motivación de esta moción.

Cuando se le echa en cara, el PP cita el caso de Noia, donde el PSOE les arrebató la alcaldía tras un pacto de tres partidos con el apoyo de un tránsfuga popular. ¿Por qué este caso es distinto?

Desconozco sinceramente el caso de Noia, pero lo que está claro es que aquí se aprovechan unas circunstancias absolutamente anómalas que, seguro, no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio: que tengamos tres personas muertas en el plazo de un año, la última hace escasamente un mes, y que aun así el ayuntamiento funciona, los proyectos salen, Lugo está extraordinariamente cuidado, acabamos de pasar la barrera de los cien mil habitantes... La única razón es el ansia de poder de una persona que utiliza a otra para sus fines.

Por todo ese reguero de circunstancias, ¿llegó a pensar que la moción no se sustanciaría?

Hasta que se presentó físicamente, yo era de esos a los que les costaba creerlo, porque me parecía una medida muy inoportuna, absolutamente injusta –porque traslada una imagen de la ciudad que no es real– y porque estaba centrado en mi trabajo diario y en la agenda intensa que tenemos. Hoy mismo inauguramos una obra de la que estamos muy satisfechos, la unión de dos parques fluviales que llevaba muchos años demandándose. Cuando se celebre el pleno y los concelleiros y concelleiras decidan, estaremos en otro escenario. Entonces, tomaremos las decisiones oportunas, pero es un tema que ni me preocupó ni me preocupa más allá de seguir trabajando y desenmascarando una situación que está sorprendiendo a propios y extraños. Tiene a la ciudadanía de Lugo absolutamente soliviantada porque alguna de las desgracias que tuvimos están muy recientes y en el aspecto humano de la vida tiene que haber límites, algo que no se demostró durante estos años, sin límite ni escrúpulos.

Esa “otra persona” de la que hablaba es la tránsfuga María Reigosa. Hace un mes, cuando dejó el grupo socialista y se convirtió en concejala no adscrita, afirmó que su intención era que usted finalizase el mandato como alcalde.

También me dijo hace escasamente dos días: “Alcalde, tú vas a ser el primero que sepa la decisión que tome”. Fue en una conversación que tuvimos sobre otro asunto y en la que le comenté el runrún de la moción. La siguiente noticia la recibí a través de los medios de comunicación, en una rueda de prensa con Candia presentando la moción. Ese es un dato objetivo. Lo que sé es que tenemos la conciencia absolutamente tranquila porque hicimos todo lo humanamente posible para tratar de integrar a esta persona –que llegó pasado el ecuador del mandato– en un gobierno que tenía sus áreas ya en marcha, una planificación muy avanzada y estaba trabajando con muy buenos resultados, como se puede ver. No se puede desmantelar la estructura de gobierno de una ciudad de más de cien mil habitantes para adaptarla a las exigencias de nadie. Empezando por mí.

¿Qué le ha dado entonces el PP a Reigosa que no le dio el PSdeG?

Lo desconozco. La primera vez que vino a hablar con nosotros, y quiero ser respetuoso, no transmitía vocación de servicio público. Ahora dice que quiere hacer proyectos, a sabiendas–si no la manipularon una vez más– de que, en su condición de tránsfuga, no puede participar en el gobierno. Sin llegar a ocupar su despacho, dice que el motivo [de su apoyo a la moción] era la mala gestión de este gobierno. Pues bueno... yo le digo que no venía con vocación de servicio público. Lo que me trasladaba eran otras inquietudes...

¿Qué inquietudes?

Me hablaba de salarios, de condiciones, de visibilidad en los medios... en fin, de cargos, no directamente, no es que me los pidiese, pero no había una preocupación concreta por proyectos que mejorasen la ciudad.

Este miércoles, en la presentación de la moción, Reigosa dijo que no optaría a la plaza de Jefa de Servizio de Costas que tanto ustedes como el Bloque vieron hecha a su medida. ¿Creen que pueden haber frenando este movimiento al poner el foco sobre él?

Ese tema lo desconozco. Sé que es la opinión generalizada y lo que se comenta insistentemente en los mentideros de la ciudad, pero habría que utilizar el calificativo de presuntamente. Es verdad que se convocó la plaza y curiosamente coincidió en estas fechas, pero es un tema que a mí me desagrada y me va a permitir que no me manifieste más.

¿Va a intentar recuperar el bastón de mando?

Rotundamente sí. Siento el apoyo unánime del partido, de los compañeros, de los concelleiros... Seré el candidato para continuar otros cuatro años más avanzando en un proyecto muy ilusionante que está mejorando objetiva y claramente esta ciudad. Y espero hacerlo con el apoyo y la confianza de los vecinos, no con triquiñuelas ni felonías.

El pleno del Ayuntamiento de Lugo en el que se debatirá la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa se celebrará el 7 de mayo, jueves, a las 12.00 horas. La convocatoria, que ya es oficial, se realiza de forma automática el décimo día hábil siguiente al registro de la iniciativa.

La moción presentada plantea como candidata a la Alcaldía a Elena Candia y ha sido respaldada por 13 de los 25 concejales de la corporación, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y para presentar este documento, según recoge Europa Press.

Antes de esta sesión extraordinaria, el Ayuntamiento celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, previsto para el día 30. En esta sesión se abordarán previsiblemente asuntos de gestión del actual gobierno municipal, entre ellos la aprobación de créditos para el pago de facturas. También tomará posesión la nueva concejala del PSOE, Eugenia Iglesias, que sustituye a la recientemente fallecida Olga López Racamonde.

El pleno en el que se debatirá la moción estará presidido por una mesa de edad, integrada por el concejal de mayor y el de menor edad de la corporación, excluidos el actual alcalde, Miguel Fernández, y la candidata a sustituirlo, Elena Candia. Durante la sesión, podrán intervenir la candidata, el regidor y los portavoces de los grupos municipales, excepto María Reigosa, por su condición de no adscrita, para fijar su posición.

Para que la moción prospere será necesario que los 13 concejales firmantes estén presentes en la votación y la apoyen, ya que cualquier ausencia o abstención impediría alcanzar la mayoría requerida y la moción no prosperaría.

En cuanto a las posibles consecuencias políticas, la normativa limita los derechos económicos de los concejales no adscritos, lo que impediría a María Reigosa percibir una dedicación exclusiva en el caso de un cambio de gobierno. Existen, no obstante, interpretaciones diferentes sobre su posible integración en el ejecutivo municipal, como adelantó el miércoles Elena Candia, que asegura que la exsocialista estará en el nuevo gobierno “dentro de la legalidad”.

Una vez aprobada la moción, Elena Candia tomará posesión como alcaldesa de Lugo para ser la tercera tras Lara Méndez y Paula Alvarellos, y el cuarto regidor en lo que va de legislatura.

A partir del 7 se abrirá un tiempo para que la nueva alcaldesa presente su organigrama de distribución de tareas y carteras a través del decreto de organización y para formalizar su equipo de confianza en los puestos administrativos. Elena Candia aseguró en su comparecencia del miércoles que presentará ese organigrama una vez que se oficialice su toma de posesión.

Veintisiete años después, el PP volverá a gobernar Lugo y lo hará gracias al voto de una tránsfuga del PSdeG. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando casi de la misma forma en la que se convirtió en fugaz presidenta de la Deputación: por el descontento de una socialista que aspiraba a más. Su socia, María Reigosa, entró de rebote en un grupo municipal que, en el mismo mandato, vio a la alcaldesa partir rumbo al Parlamento y sufrió el golpe del fallecimiento de su sucesora y de otros dos ediles.

Con Lugo cae, a menos de un año para las próximas elecciones municipales, una de las plazas más codiciadas por los populares de Alfonso Rueda. Estas son algunas de las claves de una maniobra que, con poca originalidad, se justifica por “la debilidad de un gobierno inmovilista y a la deriva”.

La ciudad

Tras superar la barrera de los 100.000 habitantes en 2025, Lugo prácticamente empata con Santiago de Compostela como cuarta ciudad más poblada de Galicia. Desde 1999 no cuenta con un alcalde del PP, un partido al que, pese a su hegemonía en la Xunta –ha gobernado Galicia durante 37 de los 44 años de la autonomía–, se le sigue resistiendo el voto urbano. En las últimas elecciones del grupo de siete grandes urbes gallegas, sólo logró gobernar la más pequeña, Ferrol (64.000 habitantes). En Lugo se quedó a un edil de la mayoría absoluta –12 frente a la suma del bipartito PSdeG (8) y BNG (5)–, pero la ciudad de las murallas será, ahora, el símbolo de su poder local y un bastión desde el que tratar de asaltar la Deputación. En enero, el ente provincial nombró como presidenta a la socialista Carmela López, tras la dimisión de José Tomé, quien continúa como alcalde de Monforte, por las denuncias de acoso sexual en el canal interno del partido.

Las muertes

Paula Alvarellos estaba a punto de cumplir un año como alcaldesa de Lugo cuando falleció, tras asistir al pregón del Entroido de 2025. Había sustituido a Lara Méndez, regidora desde 2015, que ocho meses después de renovar el cargo decidió presentarse al Parlamento como número dos por la provincia –hoy lo es también del PSdeG–. La sucedió Miguel Fernández, quien ya había aspirado a ser el relevo de Méndez. Seis meses después, muere Pablo Permuy, uno de los pilares del gobierno de Alvarellos, que lo había puesto al frente del área de personal. Fernández se ve obligado a reestructurar el gobierno. En lugar de Permuy entra María Reigosa, que cinco meses después ya habrá abandonado un grupo al que todavía le faltaba sumar un nuevo luto, hace apenas dos semanas: el de Olga López Rocamonde. La concejala de Bienestar había llegado a abandonar el hospital para dar su apoyo a los presupuestos municipales.

La tránsfuga

La edil número 13 del futuro gobierno fue la número 11 en la lista del PSdeG. Esta funcionaria de Costas –que ya ha dicho que no se presentará a la plaza de jefa de servicio que socialistas y nacionalistas veían hecha a su medida– llevaba en el partido desde 2019 hasta que se dio de baja en enero. En 2021 formó parte de la ejecutiva de Valentín González Formoso, predecesor del actual líder socialista, el también lucense José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Deputación y antiguo concejal de Urbanismo de la ciudad. Antes, estuvo cerca de ser presidenta de la Confederación Hidrográfíca Miño-Sil, en una batalla en la que ella se vio como un “arma arrojadiza” pero sus compañeros –especialmente, tras su apoyo a la moción– lo consideran el primer síntoma de su ambición, que también apuntó a la subdelegación del Gobierno. “Yo entré en el ayuntamiento para trabajar y, a pesar de que la persona a la que sustituí tenía una dedicación del 100 %, a mí solo me ofrecieron el 70 % porque el 30 % restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, se quejó este lunes en la entrevista en La Voz de Galicia que daba el pistoletazo de salida a la censura. Fuesen económicas u organizativas, sus diferencias con el resto del grupo y su proximidad al PP resultaron palpables desde el primer día. Cuando se convirtió en no adscrita, a finales de marzo, aseguraba que su “intención” era que Fernández acabase el mandato como alcalde. Le duró menos de un mes.

La futura alcaldesa

Hasta su comparecencia de este miércoles con María Reigosa, Elena Candia (Mondoñedo, 1978) había guardado un silencio absoluto sobre la moción. La próxima regidora lucense tendrá que dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, que compatibilizaba con el de concejala y, según el sector, también con el de conselleira de Medio Rural en la sombra. Su poder va más allá de la provincia: Feijóo le adjudicó uno de los cinco puestos de libre designación de los que dispone en el comité ejecutivo del PP sin consultarlo siquiera a la dirección gallega. Candia es reincidente en lo de gobernar gracias al resentimiento de un socialista. Lo hizo en 2015, tras alcanzar la alcaldía de su localidad natal, cuando la enésima crisis interna en el PSdeG provincial hizo que el alcalde de Becerreá, que aspiraba al puesto, se votase a sí mismo en lugar de al candidato de su partido. Cuando las aguas volvieron a su cauce, cuatro meses después, una moción de censura la envió a la oposición. En la campaña por la alcaldía de Lugo de 2023, el PP admitió que Candia fue, una década antes, quien envió a la fiscalía los anónimos que acabarían provocando la imputación de Besteiro en dos causas judiciales que lo tuvieron apartado de la vida política durante seis años.

El presidente ausente

El anuncio oficial de la moción que, desde hace días, era un secreto a voces, ha cogido a Alfonso Rueda en un avión rumbo a China. El presidente de la Xunta y del PP gallego –que quiso marcar diferencias con el viaje de Pedro Sánchez al país asiático asegurando que el suyo no tiene “intencionalidad política”– dejó la operación bendecida antes de despegar. El lunes, tras la reunión semanal de su gobierno, defendió que su partido tiene “todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”.

La indignación de la oposición

El viaje del presidente adelantó al martes la sesión de control parlamentario y ahí la moción reclamó ya su parte de protagonismo. “¿Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?”, le preguntó Besteiro antes de advertirle de que “quien no tiene límites para acceder al poder no tiene límites para gobernar”. Para la portavoz nacional del BNG, que acudió este mismo miércoles a Lugo, a reunirse con su grupo municipal, la moción es un acto “indecente y sin escrúpulos”.

La respuesta ciudadana

“Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático”. Así arranca el manifiesto de la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que se presentó en la tarde del miércoles, apenas tres horas después de que Candia, Reigosa y el resto de ediles del PP hiciesen público su acuerdo. Un acuerdo que, para el centenar de firmantes del manifiesto, “pretende alterar la voluntad expresada en las urnas” para traer un proyecto de ciudad diferente: “coches que volverían al centro, plantas de biogás en el entorno de la ciudad, el desmantelamiento de la programación cultural...”. La plataforma pretendía expresar su descontento en la calle este viernes pero, tras acelerarse todo el proceso, buscan una fórmula para adelantar su protesta.

PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13. El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda “alguna relación” con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la “concejala tránsfuga”, lo que, a su juicio, “incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública”.

¿Optará a dicha plaza?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones. En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de “garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de “extrema gravedad” que podría ser interpretada como “contraria a los principios éticos y democráticos”.

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general. Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán “vigilantes” ante la evolución de este asunto y no descartan “emprender acciones legales” si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.

El PP gallego, incluido el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, ya ha mostrado su apoyo a una operación que, según denuncian los socialistas, “aprovecha la muerte de tres concejales del PSOE” (Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Rocamonde) para acceder a la alcadía, dado que la edila tránsfuga solo entró en la corporación tras el fallecimiento de Permuy.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

María Reigosa, concejala no adscrita desde que hace un mes abandonó el grupo socialista por el que había sido elegida, ha abierto la puerta a apoyar una moción de censura del Partido Popular en Lugo. La edila lo insinúa en una entrevista en La Voz de Galicia publicada este lunes: “Los lucenses llevan años pidiendo que se resuelvan asuntos pendientes, pero que se van posponiendo en el tiempo. Una moción también es una gran oportunidad para la ciudad”. En la misma entrevista también recuerda su decepción cuando, al tomar posesión de su acta tras el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100%. “Solo me ofrecieron el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, dice, “eso me provocó problemas para compatibilizarlo con mi trabajo”. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Reigosa y cargado contra la derecha: “Quien no tiene límites para llegar a través de un acto de corrupción política tampoco los tendrá para gobernar”.

Una coalición entre PSdeG y BNG gobierna Lugo. Su alcalde, Miguel Fernández, lo es desde marzo de 2025, cuando sustituyó a Paula Alvarellos, muerta repentinamente. Alvarellos había heredado el bastón de mando de Lara Méndez, la candidata en las elecciones municipales que después dio el salto a la política autonómica. Los socialistas obtuvieron en los últimos comicios locales ocho ediles, los nacionalistas cinco y el PP, encabezado por Elena Candia, 12. Reigosa descartó hace unas semanas en la prensa local la posibilidad de una moción de censura. Ha cambiado de opinión. “Hace un mes pensaba que, tras pasar a ser edila no adscrita, podría manifestar mi opinión y que los plenos podrían aprobar cuestiones importantes para la ciudad”, dice en la mencionada entrevista, “pero la realidad es que lo que se aprueba en los plenos no se ejecuta. Lugo necesita un cambio de ciclo y personas que trabajen para hacerlo posible”.

Gómez Besteiro ve detrás de la operación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Lo ha cocinado en su despacho porque lleva 27 años sin coneguir la alcaldía de la ciudad con el voto de la ciudadanía”. Además, añade, “cruza líneas que no se deberían cruzar” y “aprovecha momentos especialmente dolorosos”, en referencia a las muertes de miembros del PSOE lucense.

La ciudad ha elegido alcaldes socialistas en pactos con el BNG desde 1999. El rumor de una posible moción de censura comenzó a extenderse desde el día en que Reigosa, número 11 en la candidatura socialista -además de Alvarellos y Permuy, también falleció la edila Olga López Racamonde-, dejó su carnet del PSOE, quedó como independiente dentro del grupo de gobierno y, a las pocas semanas, pasó al de no adscritos.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha confirmado al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 “vulnera el derecho comunitario”. En una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Séjourné afirma que la Comisión considera que dicha legislación “vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios1 como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En este sentido, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que sigue en tramitación, debido a que la legislación española permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años, así como que no se establece ningún procedimiento de selección imparcial y transparente de adjudicación de dichas concesiones.

Ante esto, González Casares ha remarcado que la respuesta de la Comisión Europea “es cristalina y deshace las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez”. “Prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria”, señaló, “esto es una huida hacia adelante del Gobierno gallego. Cualquiera que queira una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre deberán concurrir otra vez”. El eurodiputado socialista añadió que el ejecutivo de Alfonso Rueda juega a “provocar inseguridad jurídica al contar una auténtica mentira” y comparó la situación con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9 del gabinete de Aznar.

El Gobierno central trabaja en un real decreto de modificación del reglamento general de Costas para “corregir la situación”. La Xunta le ha presentado alegaciones.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activismo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.

Con las audiencias en mínimos históricos, más de 400 semanas de protestas de los trabajadores por la manipulación informativa a favor del Partido Popular e inmersa de decenas de conflictos laborales, la situación de la CRTVG (ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia) llegará a Europa. El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares llevará el caso al Parlamento y la Comisión europeos. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos [aprobada en solitario por la derecha] garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, declaró Casares en rueda de prensa.

Lo acompañó la diputada socialista autonómica Silvia Longueira. “Desde 2009, la corporación de medios públicos acumula 450 procesos laborales perdidos en los tribunales”, aseguró. La última de estas sentencias, conocida el pasado sábado, la condena por vulnerar derechos de los trabajadores y castigar a los que participan en los llamados Venres Negros contra la manipulación. “Esta cifra evidencia años de conflicto entra la dirección y su personal”, resumió Longueira. Además, supone un coste considerable: 60 millones de euros de dinero público.

La parlamentaria ha recordado que la audiencia de la Televisión de Galicia, buque insignia de la CSAG, cayó hasta el 8,4%, el peor dato de la historia del canal. Lo comparó con el 13 o 14% de la etapa del Gobierno bipartito (2005-2009). “No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático”, advirtió. “Ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, los socialistas hemos decidido dar un paso más y llevar este debate también al ámbito europeo”, concluyó.

El exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, que fue secretario de Organización del PSdeG con Emilio Pérez Touriño, ha fallecido en las últimas horas a los 73 años de edad. “Un socialista de raza que ayudó a escribir las mejores páginas del socialismo gallego reciente” y que fue “clave para alcanzar un gobierno socialista en la Xunta”, escribió en sus redes sociales el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El actual delegado del Gobierno, Pedro Blanco, lo definió como “un servidor público incansable, comprometido con el país, con el progreso y con el bienestar de los gallegos y gallegas”.

Louro, licenciado en Ciencias Químicas por la USC, ejerció como profesor y desempeñó diversas responsabilidades políticas desde finales de los años 80. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004, y secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004.

Entre 2004 y 2009 ejerció como diputado por Pontevedra en el Congreso y, tras las municipales de 2007, también desempeñó su labor como concejal de Promoción Económica en Pontevedra, en el gobierno bipartito BNG-PSdeG.

En 2009 renunció a las actas de diputado y concejal para asumir la responsabilidad como Delegado del Gobierno en Galicia, y dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las elecciones municipales en Pontevedra. Tras esa etapa municipal, se retiró de la primera línea política.

La Xunta de Galicia no consigue pasar la página de Altri. Pese a que hace ya 21 días que anunció el archivo definitivo del proyecto de macrocelulosa, muy contestado social y políticamente, el asunto revive una y otra vez en el Parlamento de Galicia. “¿Dónde están sus proyectos industriales estratégicos tras el fiasco de Altri?”, inquirió Ana Pontón al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control parlamentario de este miércoles, “apostó todo a una carta contaminada y perdió ante la ciudadanía de este país”. Rueda, cuyo gabinete declaró efectivamente “estratégico” el plan de la pastera en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) pero fue incapaz de realizarlo, se revolvió e insistió en cargar las responsabilidades del fracaso a la oposición.

Pero la líder del BNG no quería hablar únicamente de Altri, sino de la política industrial del Gobierno gallego. Recordó dudosas promesas del Partido Popular a inicio de legislatura -3.000 millones de euros en inversiones industriales- y defendió una idea de Galicia que no sea “tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata y se forren las empresas amigas”. Remató su primera intervención con algunas de las propuestas de su organización en la materia: una empresa pública de electricidad, un fondo soberano de inversión en sectores estratégicos, vincular los parques eólicos a la creación de empleo industrial y aumentar el peso presupuestario del I+D+i. Rueda sí respondió a esto y aseguró que esas, las iniciativas planteadas por el BNG, son “la esencia de Recursos de Galicia”, la sociedad público privada creada por la Xunta hace dos años.

Fue apenas un momento. El resto de su discurso siguió las pautas de costumbre: los nacionalistas “no quieren molestar al puto amo”, en referencia a Pedro Sánchez, sus “plataformas politizadas” quieren impedir que se instale industria, “les encantaba Altri hasta que perdieron las elecciones”, “ustedes dicen a no a todo”. Pontón, que afeó al presidente de la Xunta sus continuadas faltas de respeto, lo acusó de incompetencia política. “De cada dos promesas en política industrial, incumple tres. ¿Dónde está la fábrica de hidrógeno en Meirama? ¿Qué fue de la factoría de neumáticos en As Pontes? ¿Y los 3.000 millones de euros?”, preguntó sobre dos anuncios repicados a bombo y platillo por el Gobierno gallego y luego descartados por sus promotores. También mencionó uno de los naufragios industriales clásicos de los gabinetes populares: los acuerdos de Feijóo con Pemex. “No tiene política industrial de futuro”, concluyó Pontón, “si no tiene ideas, copie las del BNG, le irá mejor a este país”.

Alfonso Rueda se escudó en algunas macrocifras -el índice de producción industrial crece un 6,5%, el empleo industrial está “en máximos”- y dijo que estas se alcanzaban “pese a su Galicia bucólica que en realidad está vacía y donde la gente tiene que emigrar”. Un minuto antes se había recreado en uno de los lugares comunes de su partido a respecto de los nacionalistas: “¿Hay algún proyecto industrial que le guste al Bloque?”. En realidad no esperaba ninguna respuesta.

Los socialistas insisten en la vivienda pública

Tampoco la parecía esperar José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialistas gallegos, que volvió a una de sus preguntas recurrentes -y uno de los grandes agujeros de los sucesivos ejecutivos del PP en Galicia- en la sesión de control: la política de vivienda pública. “Cuando inició su segundo mandato en 2024, había 15.000 gallegos y gallegas en el registro de demandantes de vivienda pública. Hoy hay casi 31.000”, explicó Besteiro, “durante 17 años ni planificaron, ni construyeron, ni rehabilitaron”. El socialista pidió además a la Xunta “políticas activas” para recuperar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público. Las competencias en el sector son autonómicas.

La respuesta de Rueda fue previsible. Reiteró sus promesas -6.000 viviendas públicas construidas en seis años, dijo esta vez- y atacó al Gobierno central por lo que definió como inacción. “Qué bien estaría usted en el Ministerio de Vivienda, se trabaja poco”, intentó ironizar. De lo que el presidente gallego no suele defenderse es de la hoja en blanco en que convirtió la política de vivienda pública durante los años de Feijóo, con Rueda como número dos. “La Valedoría do Pobo ya avisó en 2014, después en 2028 y en 2020. Lo suyo fue inacción e irresponsabilidad”, consideró Besteiro. El presidente replicó de nuevo con las “3.000 viviendas en marcha, 4.000 este año”. En el registro de demandantes hay 31.000 personas, le había recordado de nuevo el socialista.

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.