Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha confirmado al eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, que la reforma de la Ley de Costas efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 “vulnera el derecho comunitario”. En una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Séjourné afirma que la Comisión considera que dicha legislación “vulnera tanto las obligaciones en virtud de la Directiva de servicios1 como el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En este sentido, Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España, que sigue en tramitación, debido a que la legislación española permite prorrogar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre hasta un máximo de 75 años, así como que no se establece ningún procedimiento de selección imparcial y transparente de adjudicación de dichas concesiones.

Ante esto, González Casares ha remarcado que la respuesta de la Comisión Europea “es cristalina y deshace las excusas de la Xunta y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez”. “Prorrogar una concesión por 75 años es contrario a la legislación comunitaria”, señaló, “esto es una huida hacia adelante del Gobierno gallego. Cualquiera que queira una nueva concesión en dominio público marítimo terrestre deberán concurrir otra vez”. El eurodiputado socialista añadió que el ejecutivo de Alfonso Rueda juega a “provocar inseguridad jurídica al contar una auténtica mentira” y comparó la situación con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9 del gabinete de Aznar.

El Gobierno central trabaja en un real decreto de modificación del reglamento general de Costas para “corregir la situación”. La Xunta le ha presentado alegaciones.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activismo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.

Con las audiencias en mínimos históricos, más de 400 semanas de protestas de los trabajadores por la manipulación informativa a favor del Partido Popular e inmersa de decenas de conflictos laborales, la situación de la CRTVG (ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia) llegará a Europa. El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares llevará el caso al Parlamento y la Comisión europeos. “Queremos que Bruselas analice si la nueva ley de medios públicos [aprobada en solitario por la derecha] garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo”, declaró Casares en rueda de prensa.

Lo acompañó la diputada socialista autonómica Silvia Longueira. “Desde 2009, la corporación de medios públicos acumula 450 procesos laborales perdidos en los tribunales”, aseguró. La última de estas sentencias, conocida el pasado sábado, la condena por vulnerar derechos de los trabajadores y castigar a los que participan en los llamados Venres Negros contra la manipulación. “Esta cifra evidencia años de conflicto entra la dirección y su personal”, resumió Longueira. Además, supone un coste considerable: 60 millones de euros de dinero público.

La parlamentaria ha recordado que la audiencia de la Televisión de Galicia, buque insignia de la CSAG, cayó hasta el 8,4%, el peor dato de la historia del canal. Lo comparó con el 13 o 14% de la etapa del Gobierno bipartito (2005-2009). “No estamos solo ante un conflicto laboral. Estamos ante un problema democrático”, advirtió. “Ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, los socialistas hemos decidido dar un paso más y llevar este debate también al ámbito europeo”, concluyó.

El exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, que fue secretario de Organización del PSdeG con Emilio Pérez Touriño, ha fallecido en las últimas horas a los 73 años de edad. “Un socialista de raza que ayudó a escribir las mejores páginas del socialismo gallego reciente” y que fue “clave para alcanzar un gobierno socialista en la Xunta”, escribió en sus redes sociales el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El actual delegado del Gobierno, Pedro Blanco, lo definió como “un servidor público incansable, comprometido con el país, con el progreso y con el bienestar de los gallegos y gallegas”.

Louro, licenciado en Ciencias Químicas por la USC, ejerció como profesor y desempeñó diversas responsabilidades políticas desde finales de los años 80. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004, y secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004.

Entre 2004 y 2009 ejerció como diputado por Pontevedra en el Congreso y, tras las municipales de 2007, también desempeñó su labor como concejal de Promoción Económica en Pontevedra, en el gobierno bipartito BNG-PSdeG.

En 2009 renunció a las actas de diputado y concejal para asumir la responsabilidad como Delegado del Gobierno en Galicia, y dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las elecciones municipales en Pontevedra. Tras esa etapa municipal, se retiró de la primera línea política.

La Xunta de Galicia no consigue pasar la página de Altri. Pese a que hace ya 21 días que anunció el archivo definitivo del proyecto de macrocelulosa, muy contestado social y políticamente, el asunto revive una y otra vez en el Parlamento de Galicia. “¿Dónde están sus proyectos industriales estratégicos tras el fiasco de Altri?”, inquirió Ana Pontón al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control parlamentario de este miércoles, “apostó todo a una carta contaminada y perdió ante la ciudadanía de este país”. Rueda, cuyo gabinete declaró efectivamente “estratégico” el plan de la pastera en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) pero fue incapaz de realizarlo, se revolvió e insistió en cargar las responsabilidades del fracaso a la oposición.

Pero la líder del BNG no quería hablar únicamente de Altri, sino de la política industrial del Gobierno gallego. Recordó dudosas promesas del Partido Popular a inicio de legislatura -3.000 millones de euros en inversiones industriales- y defendió una idea de Galicia que no sea “tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata y se forren las empresas amigas”. Remató su primera intervención con algunas de las propuestas de su organización en la materia: una empresa pública de electricidad, un fondo soberano de inversión en sectores estratégicos, vincular los parques eólicos a la creación de empleo industrial y aumentar el peso presupuestario del I+D+i. Rueda sí respondió a esto y aseguró que esas, las iniciativas planteadas por el BNG, son “la esencia de Recursos de Galicia”, la sociedad público privada creada por la Xunta hace dos años.

Fue apenas un momento. El resto de su discurso siguió las pautas de costumbre: los nacionalistas “no quieren molestar al puto amo”, en referencia a Pedro Sánchez, sus “plataformas politizadas” quieren impedir que se instale industria, “les encantaba Altri hasta que perdieron las elecciones”, “ustedes dicen a no a todo”. Pontón, que afeó al presidente de la Xunta sus continuadas faltas de respeto, lo acusó de incompetencia política. “De cada dos promesas en política industrial, incumple tres. ¿Dónde está la fábrica de hidrógeno en Meirama? ¿Qué fue de la factoría de neumáticos en As Pontes? ¿Y los 3.000 millones de euros?”, preguntó sobre dos anuncios repicados a bombo y platillo por el Gobierno gallego y luego descartados por sus promotores. También mencionó uno de los naufragios industriales clásicos de los gabinetes populares: los acuerdos de Feijóo con Pemex. “No tiene política industrial de futuro”, concluyó Pontón, “si no tiene ideas, copie las del BNG, le irá mejor a este país”.

Alfonso Rueda se escudó en algunas macrocifras -el índice de producción industrial crece un 6,5%, el empleo industrial está “en máximos”- y dijo que estas se alcanzaban “pese a su Galicia bucólica que en realidad está vacía y donde la gente tiene que emigrar”. Un minuto antes se había recreado en uno de los lugares comunes de su partido a respecto de los nacionalistas: “¿Hay algún proyecto industrial que le guste al Bloque?”. En realidad no esperaba ninguna respuesta.

Los socialistas insisten en la vivienda pública

Tampoco la parecía esperar José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialistas gallegos, que volvió a una de sus preguntas recurrentes -y uno de los grandes agujeros de los sucesivos ejecutivos del PP en Galicia- en la sesión de control: la política de vivienda pública. “Cuando inició su segundo mandato en 2024, había 15.000 gallegos y gallegas en el registro de demandantes de vivienda pública. Hoy hay casi 31.000”, explicó Besteiro, “durante 17 años ni planificaron, ni construyeron, ni rehabilitaron”. El socialista pidió además a la Xunta “políticas activas” para recuperar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público. Las competencias en el sector son autonómicas.

La respuesta de Rueda fue previsible. Reiteró sus promesas -6.000 viviendas públicas construidas en seis años, dijo esta vez- y atacó al Gobierno central por lo que definió como inacción. “Qué bien estaría usted en el Ministerio de Vivienda, se trabaja poco”, intentó ironizar. De lo que el presidente gallego no suele defenderse es de la hoja en blanco en que convirtió la política de vivienda pública durante los años de Feijóo, con Rueda como número dos. “La Valedoría do Pobo ya avisó en 2014, después en 2028 y en 2020. Lo suyo fue inacción e irresponsabilidad”, consideró Besteiro. El presidente replicó de nuevo con las “3.000 viviendas en marcha, 4.000 este año”. En el registro de demandantes hay 31.000 personas, le había recordado de nuevo el socialista.

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.

“La Deputación de Pontevedra reincide en las mismas prácticas irregulares que ya fueron objeto de severas críticas por parte de los órganos de control interno”. Así empieza el comunicado del Partido Socialista sobre el Galicia Fest 2026 para el que el ente provincial gobernado por el PP ya ha contratado a artistas como Taburete o Juan Magán. O por lo menos anunciado sin, asegura la portavoz del PSOE Ana Laura Iglesias, “ni siquiera abrir un expediente administrativo para el patrocinio”. “Al anunciar el festival en febrero se repite el verdadero festival, que es el de la chapuza”, entiende.

“Llueve sobre mojado”, asegura Iglesias: “La normativa de contratos del sector público obliga a la previa tramitación del expediente antes de cualquier compromiso o publicidad”. Algo similar, añade, sucedió en 2025, cuando el inicio de contrato no se firmó hasta el 26 de junio. Para entonces, la promoción del festival había arrancado varias semanas atrás. “La Deputación vuelve a ignorar las observaciones del interventor y la obligación de transparencia en la gestión de fondos públicos”, considera la socialista, “que entonces advirtió que esa manera de actuar vulneraba los principios básicos de la contratación pública”.

El informe del interventor afeó al Gobierno provincial del PP que los contratos podían “ser nulos por tratarse de una subvención encubierta”. “El patrocinio de Galicia Fest se realizó en 2025 al margen de la ordenanza reguladora de la marca Rías Baixas Fest”, añadía. Había un gasto de 100.430 euros son estudio económico “fijado de forma arbitraria”. También cuestionó la “contribución turística” del certamen por celebrarse en agosto y recomendó “centrar los esfuerzos en la desestacionalización fuera del verano”.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), por vulnerar el derecho fundamental a la participación política en una sesión plenaria de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González. En concreto, la resolución del alto tribunal -con fecha del 4 de febrero de 2026- a la que ha tenido acceso Europa Press, ha inadmitido el recurso de casación presentado por la representación legal del regidor, al considerar que “carece de interés casacional objetivo”, en cuanto a que “la valoración de la prueba no tiene cabida dentro del recurso de casación”.

Asimismo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una resolución --con fecha del 16 de febrero de 2026-- en la que ha acordado “acusar recibo y poner en conocimiento a las partes”, así como “cumplir lo dispuesto” por el Supremo, condenando a Jácome al abono de las costas procesales, por valor de 1.000 euros. En este sentido, el regidor debe, además, -según se expone en la sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense, ratificada por ambos tribunales- publicar la sentencia estimatoria en la web oficial de la administración municipal, “con acceso público a ella”, y proceder a su lectura “íntegra” en la próxima sesión plenaria.

En concreto, tal y como recoge la sentencia del Contencioso, Natalia González fue convocada para la celebración del pleno extraordinario del 26 de octubre de 2023, cuyo orden del día incluía la toma en consideración, debate y votación de seis expedientes de modificación de crédito en diversas partidas presupuestarias. Así, González ha alegado que, durante la celebración de dicha sesión, la conducta de Pérez Jácome “vulneró su derecho fundamental a la participación política”, destacando que este “le retiró el turno de palabra indebidamente hasta en dos ocasiones” y “le denegó el uso de la palabra” cuando la socialista lo solicitó “alegando una cuestión de orden y también por alusiones”.

Las concejalas del Grupo Municipal Socialista de Ourense han trasladado en una rueda de prensa este martes en la sede municipal del grupo su “especial satisfacción” por la resolución, especialmente la afectada, Natalia González, que ha lamentado que “algo tan evidente tenga que llegar al Tribunal Supremo”. “No es fácil dar un paso en este sentido, y más contra este alcalde. Esperemos alcanzar la normaldidad democrática en un futuro muy próximo. Tenemos que dejar de normalizar todas estas faltas de respeto”, ha añadido Gonzále<. Además, la edil socialista María Fernández, ha afeado un alcalde que “vulnera la participación política”, y ha recalcado que se trata de un “problema político, no aislado”. “No somos capaces de solventarlo, se le consiente porque su manera de hacer política hace que esto sea normal”, ha añadido.

El acceso al memorándum de entendimiento firmado entre la Xunta y Altri sobre el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) ha sido denegado reiteradamente por el Gobierno gallego, tanto a los grupos que lo solicitaron en el Parlamento de Galicia como a través de la ley de transparencia con el argumento de que se trata de un documento confidencial. Pero, una vez que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido públicamente que él sí conoce el contenido, el PSdeG le exige que comparezca ante la Cámara gallega para dar explicaciones por ello y para que aclare si está defendiendo algún interés impropio al no dar a conocer ese acuerdo.

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, compareció este martes para exigirle a Rueda que explique ante el Parlamento ese pacto declarado confidencial. Puso en foco en la contradicción entre esta afirmación del presidente gallego y la hecha por la Consellería de Economía, que alegó no conocer el contenido de ese acuerdo. Este departamento del Gobierno autonómico respondió a una petición realizada al amparo de la ley de transparencia por el diario Praza.gal que desconocía el contenido de ese acuerdo. Besteiro señaló que los gallegos se preguntan “qué intereses se están protegiendo con ese silencio”.

En su comparecencia, el líder de los socialistas gallegos también pidió a la Xunta que deniegue el proyecto basándose en un análisis de fondo del mismo, en lugar de archivarlo, porque interpreta que esta es una forma de “ganar tiempo” y dejar su viabilidad “latente”, con la posibilidad de reactivarlo. “Archivar no es resolver”, recalcó. Este lunes, en la misma comparecencia en la que admitió conocer el memorándum de entendimiento, Rueda manifestó que el proyecto, tal y como se presentó, no va a seguir adelante. Si la empresa encuentra otra manera de conectar la fábrica a la red eléctrica, tendría que volver a empezar la tramitación.

Besteiro cargó contra Rueda calificándolo de “opaco” por no dar información que sí conoce. “Es un presidente indigno y en el que no se puede confiar”, aseguró. Los socialistas reiteran su intención de pedir el acuerdo a través de la Justicia si no se hace público.

Los sucesivos gabinetes del Partido Popular en Galicia nunca acabaron de aclarar su hoja de ruta respecto a las energías renovables. Los bandazos legislativos se sucedieron durante los 17 años consecutivos que la derecha lleva gobernando la comunidad. Todavía se suceden, de hecho. Se lo recordó la oposición a Alfonso Rueda durante la sesión de control parlamentario de este miércoles, en el que los errores y cambios en la política eólica del Gobierno gallego protagonizaron la intervención de Ana Pontón, líder del BNG, y también se colaron en la de José Ramón Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos. “Retire la silla que tienen las eléctricas en el Consello de la Xunta y gobierne para los gallegos”, le recomendó Pontón al presidente.

La argumentación de la nacionalista se remontó a 2009. “Anularon el concurso eólico [aprobado por el bipartito de PSdeG y BNG] con falsedades”, dijo. Tantas que el Tribunal Supremo declaró ilegal el proceso impulsado por Alberto Núñez Feijóo con el propio Rueda como conselleiro de Presidencia. “Vetan una tarifa eléctrica gallega que compense los costes ambientales y sociales de instalar los parques. Dijeron que no a una empresa pública. Y legislan al dictado de de las eléctricas”, añadió. Esta última afirmación la ilustró con un ejemplo, los 1,6 millones que se van a ahorrar en 2026 las empresas gestoras de ocho explotaciones de molinos de viento debido a una modificación del canon eólico relacionada con las repotenciaciones. En este punto la discusión se intensificó.

Alfonso Rueda replicó, en el medio de su habitual displicencia hacia Pontón -“usted ofrece datos a boleo, inexactitudes”- y su repertorio habitual contra el nacionalismo -“sus compañías son el Partido Comunista de Vietnam y Bildu”-, que esa modificación está suspendida y no entrará en vigor este año. A continuación, responsabilizó al recurso presentado contra la norma por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la consiguiente resolución. “¿No lo sabía?”, remachó. Pontón se detuvo en la contradicción: Rueda presumió de la suspensión al tiempo que la achacaba a Sánchez. “No dice usted una verdad ni por equivocación”, le afeó la portavoz del Bloque, “pero lo cierto es que aprobaron una modificación del canon eólico que beneficia a las eléctricas. Y las repotenciaciones no están paralizadas, siguen, y con dinero público”.

El presidente de la Xunta de Galicia no dejó escapar la mención de Pontón al concurso del bipartito. Su crítica al mismo no entró en realidad al fondo del asunto, los reveses judiciales que le supuso a los gobierno del PP tal vez le aconsejaron prudencia en ese punto, sino a revivir las tensiones entre Partido Socialista y BNG de dos décadas. La nacionalista se limitó a recordar que fue el Tribunal Superior, y después el Supremo, “el que dejó en evidencia sus mentiras”. “El 14% de los beneficios iba para las arcas públicas”, explicó. Rueda no respondió a ese dato concreto.

Besteiro: “Galicia merece un gobierno que no la trolee”

Tampoco respondió a los datos concretos con los que José Ramón Gómez Besteiro construyó su pregunta al presidente de la Xunta. Que esta cambió hasta en 14 ocasiones la normativa eólica, por ejemplo. O que incluso en el caso de que el Gobierno gallego cumpla con su propia propaganda sobre la construcción de vivienda pública -Rueda promete 10.000 pisos para 2030- solo habrá atendido a la tercera parte de personas a día de hoy apuntadas en el registro de demandantes, prácticamente 30.000. “¿Cuántas viviendas públicas ha entregado desde 2022 [el año en que Rueda tomó posesión como presidente]?”, inquirió. Los gobiernos de Feijóo de los que Rueda formó parte como conselleiro y vicepresidente dejaron de construir vivienda pública e incluso liquidaron proyectos en marcha del bipartito. Hace dos años, el PP inició una tímida rectificación, pero la maquinaria tarda en arrancar.

La intervención de Besteiro fue panorámica, lo que molestó al presidente. “No recuerda ni lo que preguntó cuando registró hace dos semanas la cuestión”, se revolvió. Y ante la falta de asideros a los que agarrarse, Rueda recurrió al eje principal de su argumentario: el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los servicios públicos que dependen de nosotros tienen un buen desempeño. Los que dependen de otros y afectan a los gallegos, no”, se atrevió a resumir. Para justificarlo, habló del tren y sus problemas. Mientras, las huelgas en los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en la provincia de A Coruña en reclamación de mejoras laborales se suceden sin que la Xunta, que tiene las competencias en la materia, consiga reconducir la situación. “Lleva usted 17 años subido a un coche oficial, cuatro como presidente. Galicia merece un gobierno que no la trolee”, acabó el socialista.

Al Gobierno de Alfonso Rueda, y antes a los sucesivos gabinetes de Núñez Feijóo, se le atragantan las energías renovables. El Tribunal Constitucional tumbó este jueves la nueva normativa eólica incluida por el gabinete del PP en la Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2025 y ha sumido el sector, en palabras de Ana Pontón, líder del BNG, en el “caos legislativo”. El secretario general de los socialistas gallegos coincide en el diagnóstico y acusa a Rueda de “legislar a las bravas” y “sin diálogo”.

La resolución del Constitucional se hizo pública después de que admitiese a trámite un recurso del Gobierno central contra la mencionada ley. Pontón, que aseguró que su formación defiende el autogobierno gallego, responsabilizó sin embargo a la Xunta del conflicto competencial. “El recurso se apoya en el mismo marco legal que defiende el PP”, dijo, pero, a su juicio, el problema es la mala gestión normativa del Ejecutivo de Rueda “que crea un auténtico caos legislativo que genera inseguridad jurídica en Galicia”. “En vez de poner la energía eólica al servicio de los gallegos y de las gallegas, lo que está haciendo es trabajar para el lobby eólico”, añadió.

También Besteiro, del PSdeG, criticó con dureza a la Xunta de Galicia que, aseguró, “hace las reglas a la fuerza” y pretende desarrollar “la energía eólica en Galicia a las bravas, sin diálogo y con ausencia de seguridad jurídica”. “Cuando no hay seguridad jurídica sobre lo que se hace, ahí tenemos las paralizaciones de tantas instalaciones eólicas”, añadió. Nada más retomar el poder en 2009 y de la mano de Feijóo, el Partido Popular suspendió el plan eólico que había diseñado el bipartito, lo que le valió numerosos reveses judiciales y una parálisis en el sector cuyas consecuencias todavía se arrastran.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para aclarar las circunstancias en las que se firmó el memorando de entendimiento entre la Xunta y la multinacional Altri.

Así lo trasladado en un comunicado remitido a los medios, y recogido por Europa Press, en el que ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé explicaciones públicas sobre el acuerdo que el propio Gobierno gallego admite ahora que se firmó al margen del control administrativo.

Para Besteiro, la gravedad de estas informaciones, desveladas por Praza.gal, obliga al máximo responsable del Ejecutivo gallego a dar la cara y explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué consecuencias puede tener este pacto para Galicia.

El reglamento del Parlamento marca que el debate de la puesta en marcha de una comisión de investigación puede ser llevado a pleno a propuesta de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados de la Cámara, por lo que el PSdeG, con nueve diputados, necesitaría el apoyo de parlamentarios del BNG para que se debata.

Las normas del parlamento también indican que podrá crearse de forma automática una única Comisión de investigación por legislatura si lo solicitase un tercio de los diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o las dos quintas partes de los parlamentarios. Una 'bala de plata' que el BNG ya utilizó para investigar los contratos de la Xunta durante la pandemia y el coste de las obras del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Hecho “extremadamente grave”

El jefe de filas del PSdeG ha advertido de que se trata de un hecho “extremadamente grave” desde el punto de vista político e institucional, ya que implica que un conselleiro pudo firmar un acuerdo de enorme trascendencia económica, territorial y ambiental “sin control político ni transparencia pública”.

“No es creíble que la Xunta no sepa qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Si no lo sabe, el problema es gravísimo. Y si lo sabe y no lo explica, también”, ha señalado.

Besteiro ha sostenido que el PSdeG fue el primer grupo en advertir en el Parlamento de Galicia de que este proyecto “nacía rodeado de opacidad” y ha señalado que los socialistas denuncian desde finales de 2023 el “oscurantismo” que rodea a “Impulsa Galicia, una sociedad instrumental utilizada por la Xunta para impulsar proyectos estratégicos al margen del control y de al transparencia parlamentaria”. “El tiempo nos está dando la razón. Lo que está pasando es grave y no se puede normalizar”, ha afirmado.

El PSdeG señala que, según la información conocida, el memorando fue firmado en 2021 por Francisco Conde, entonces vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, en el marco de Impulsa Galicia, sin que el propio Gobierno gallego aclare cuál era su contenido ni qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Para Besteiro, esta explicación es “políticamente insostenible e incompatible con el funcionamiento normal de un gobierno democrático”.

“Hablamos de un memorando firmado en una etapa en la que Conde era la mano derecha de Feijóo. Pretender ahora que un acuerdo de estas dimensiones, con posibles consecuencias millonarias para el erario público, se firmó sin conocimiento político al más alto nivel no resulta verosímil”, ha advertido.

Además, el dirigente socialista ha considerado que “sería extremadamente grave” que ese documento “secreto” incorporase algún tipo de blindaje legal para la empresa, que pudiese abrir la puerta a que Altri reclame millones de euros e indemnizaciones con cargo a fondos públicos. “Estaríamos ante un nivel de irresponsabilidad política inadmisible con consecuencias económicas muy serias para Galicia”, ha señalado.

“No estamos hablando de un trámite administrativo ni de un acuerdo técnico menor. Estamos hablando de un pacto que condiciona un proyecto estratégico, con impacto territorial, ambiental y económico, y que puede implicar el uso de fondos públicos”, ha dicho.

Además, ha puesto en cuestión que un conselleiro pudiese actuar al margen del presidente y del Consello de Gobierno. “Si esto ocurrió sin conocimiento del presidente, estamos ante un problema muy serio de funcionamiento institucional. Y si esto ocurrió con conocimiento, alguien está ocultando información”, ha advertido para asegurar que “hay dos versiones claramente contradictorias y solo el Parlamento puede aclarar que pasó realmente”.

Por todo ello, Besteiro ha considerado imprescindible que Feijóo y Francisco Conde, hoy diputados en el Congreso, comparezcan en una Comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para explicar quién firmó, con qué contenido, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia. “Es una cuestión de transparencia, de responsabilidad política y de respecto a la ciudadanía. Galicia merece saber qué se hizo y en nombre de quién”, ha asegurado.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

La alcaldesa socialista de Burela, Carmela López, ya es la nueva presidenta de la Deputación de Lugo tras el pleno extraordinario celebrado este miércoles. López sucede en el cargo a José Tomé, regidor de Monforte, quien presentó su dimisión tras ser acusado de acoso sexual. El voto de Tomé –diputado no adscrito tras su baja cautelar del partido– se ha sumado a los de PSdeG y BNG para alcanzar las trece papeletas necesarias para la mayoría absoluta, frente a las doce del PP, que antes de la sesión ha vuelto a criticar el “pacto de la vergüenza” (o “pacto guarro”, en palabras de la número dos de Alfonso Rueda).

Tras prometer un cargo que asume “desde la igualdad”, López agradeció el respaldo de los grupos pero, también, “de cada diputado que depositó en mí la confianza para dirigir esta casa”. Junto a su reconocimiento al “equipo” de la coalición que “sostiene” la institución, quiso de forma explícita “poner en valor el trabajo de esta corporación en los últimos años, bajo la presidencia anterior” un tiempo en el que desarrolló una labor “seria y útil para la provincia”.

Tomé dimitió a final de año, después de que el programa de televisión Código 10 desvelase acusaciones de acoso sexual en su contra y de que el PSOE confirmase la presentación de una de ellas en el canal interno del partido. Su marcha se materializó tres días después, el 30 de diciembre, fecha desde la que el vicepresidente, el nacionalista Efrén Castro, ejercía el cargo en funciones.

El expresidente –que se negó a renunciar tanto a su acta de diputado como a la alcaldía de Monforte, el segundo municipio de la provincia– llegó al pleno solo, minutos después de que lo hiciese el PP y poco antes que sus excompañeros. Esta vez, se sentó en el lugar más alejado de la presidencia, y no en el de la portavocía socialista, que fue el que ocupó tras su dimisión.

La Deputación de Lugo celebrará este miércoles el pleno extraordinario para nombrar al sustituto —o, si todo va como está previsto, la sustituta— de José Tomé, que dimitió del cargo tras ser acusado de acoso sexual en un programa de televisión y a través del canal interno del PSOE. La alcaldesa de Burela, Carmela López, ratificada este lunes por Ferraz, ha sido la designada por el partido para ocupar el puesto. Para eso necesitará el voto del socio de gobierno, el BNG —que ya lo ha confirmado— y del propio Tomé, convertido en diputado no adscrito. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha retado a los socialistas pero, especialmente, al Bloque, a actuar con “coherencia” y no apoyarse en alguien a quien “denostaron” sólo por mantenerse en el gobierno del ente provincial.

La dimisión “inmediata” del anterior presidente había sido una exigencia de los nacionalistas para no romper un bipartito del que forman parte minoritaria. Las denuncias contra Tomé trascendieron en la noche del 9 de diciembre, en el programa Código 10 de Cuatro. Al día siguiente, Tomé, suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, anunció que, de todos sus cargos institucionales, sólo renunciaría al de dirigente del ente provincial. Continuaría como alcalde de Monforte —el segundo municipio de la provincia— y conservaría su acta de diputado.

El que era desde hace años el hombre fuerte del partido en Lugo no tuvo prisa en hacer efectiva su marcha. El viernes 12 todavía presidió una junta de gobierno en la Deputación, de la que se ausentó el alcalde socialista de Castroverde. Los socios del BNG se negaron a sentarse y anunciaron que tomarían “medidas” si se dilataba aquel “sinsentido”. Horas después, Tomé, en un escrito en el que seguía defendiendo su inocencia, registraba su renuncia, convocaba el pleno en que se haría efectiva —el pasado 30 de diciembre— y marcaba en el calendario la fecha para su sustitución: el miércoles 14 de enero, a las 12 del mediodía.

En una sesión que duró apenas unos minutos, Tomé cedió a su vicepresidente nacionalista, Efrén Castro, el cargo que ejercía desde 2019. A continuación se celebró otro pleno ordinario en la que el ya exvicepresidente se sentó en el lugar utilizado habitualmente por la portavoz socialista, Pilar García Porto, que ocupó la silla a su izquierda. En la tarde de este lunes, socialistas y nacionalistas mantuvieron un encuentro en la Deputación tras el que el BNG avanzó su voto a favor de Carmela López.

El PP habla de “pacto de la vergüenza”

Las denuncias contra Tomé provocaron una tormenta interna en el PSdeG, que incluyó la dimisión de la secretaria de Igualdade, Silvia Fraga, después de que el líder del partido, José Ramón Gómez Besteiro, admitiese haber conocido las denuncias “a través de una tercera persona” en octubre. Destacadas militantes socialistas—entre ellas, con especial protagonismo, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey— impulsaron un manifiesto en el que exigían a la dirección una actuación firme, transparente y coherente para “mantener la confianza de la ciudadanía”. La cúpula gallega dio por cerrada la crisis con la celebración, este fin de semana, de un Comité Nacional extraordinario en el que tomaron la palabra más de 40 personas. “La conclusión es clara: la dirección actuó correctamente porque allí nadie planteó otra forma diferente de actuar”, sentenció este lunes Besteiro.

Casi a la misma hora en la que el secretario xeral de los socialistas trataba de dar carpetazo a lo sucedido, el presidente de la Xunta desplazaba el foco hacia el BNG porque “por parte del PSOE ya sabemos que no va a haber coherencia”. Así, desafiaba a los nacionalistas a mantener “en el momento decisivo” —el de la elección de la nueva presidenta— la misma postura que “mantuvieron todo este tiempo”.

“Espero que no se dé el gigantesco ejercicio de hipocresía que sería pactar el gobierno con quien iban a apartar” ya que “parece ser que se podría dar un tripartito entre el PSOE o lo que queda de él en Lugo, el BNG, y la persona que provoca todo esto, el señor Tomé”. Si eso sucede, asegura, el Bloque perderá no sólo la “coherencia” sino también la “legitimidad”. El grupo provincial popular iba más allá y se refería a ese acuerdo como el “pacto de la vergüenza”. En el mismo comunicado en el que anunciaron su respaldo a López, los nacionalistas acusaron al PP de usar “una denuncia de acoso sexual como arma arrojadiza” para “tratar de llegar a un gobierno que no logró en las elecciones municipales”.

El envite de los populares no es precisamente desinteresado: suman doce de los 25 escaños de la Deputación. Si no hubiese acuerdo entre los actuales socios, se bastarían para gobernar en solitario el ente provincial que perdieron en 2007, 24 años de mandato de Francisco Cacharro Pardo, uno de los caciques de la boina. Otra crisis interna del PSOE permitió a la actual presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, encabezar el ente provincial durante tres cortos meses de 2015, hasta que las aguas socialistas volvieron a su cauce. Desde entonces, el pazo de San Marcos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del PP gallego y la caída de Tomé ha vuelto a reavivar sus ansias por recuperarlo.