Zonas tensionadas de disputa: la gestión de los fondos de vivienda enfrenta a la Xunta con A Coruña y Santiago

La paradoja está servida. De las 317 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en todo el Estado, sólo dos están en una comunidad gobernada por el PP. Son las ciudades de A Coruña y Santiago, en Galicia. La Xunta las aprobó a regañadientes, cumpliendo una Ley de Vivienda que, al igual que otras autonomías populares, recurrió sin éxito ante el Constitucional y poniendo —según los afectados— numerosas trabas a ambos procesos. Ahora, mientras los candidatos conservadores a esas alcaldías atacan los efectos de la medida, sobre todo sobre el alquiler, al gobierno gallego le acaba de caer una sustanciosa pedrea: 5,1 millones de euros de los 90 que el Ministerio destina a los territorios que han implantado el tope de precios. Las regidoras de Coruña y Compostela quieren gestionar ese dinero, pero Alfonso Rueda les ha dicho que no y que será él quien decida en qué se invierten en cada urbe. La tensión en la zona está servida.

A finales de mayo de 2025, A Coruña (251.000 habitantes, 38 km²) se convertía en la primera ciudad gallega en recibir la luz verde para convertirse en zona tensionada. La Xunta, sin muchas ganas, dijo hacerlo “en cumplimiento de la ley”. Y así era: la urbe herculina cumplía los dos requisitos exigidos: que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superasen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de esa compra o ese alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento de tres puntos por encima del IPC. La declaración se consumó dos meses después, en julio. En la nota informativa sobre su decisión, la Consellería de Vivenda no ahorraba críticas a la medida: “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” porque los “agravó” en los lugares donde se había implantado.

A Santiago (100.000 habitantes, 220 km²), que había iniciado el proceso antes, le costó casi un año más finalizarlo. Tuvo incluso que volver a la casilla de salida después de que los técnicos de la administración autonómica tumbasen su primera propuesta. El anuncio del visto bueno de la Xunta da pistas de cómo fue todo: primero, el portavoz local del PP, Borja Verea, lo dio a entender; después, la prensa lo publicó y sólo entonces, la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) recibió un telefonazo de la conselleira, María Martínez Allegue. “Agradezco su llamada pero, como la decisión, llega tarde”, declaró después.

Desde entonces, los populares no han dejado de lanzar dardos sobre las consecuencias de la zona tensionada. Lo han hecho Verea y su homólogo coruñés, Miguel Lorenzo —que aspira a arrebatar en mayo el bastón de mando a la socialista Inés Rey—, pero también el gobierno autonómico. Ya a finales de 2024, Rueda tiraba de argumentario en una sesión de control en el Parlamento para asegurar que “la gente tiene miedo de alquilar sus pisos” por culpa de la Ley de Vivienda. Este miércoles, ha querido refrendarlo con los datos de la caída en el número de contratos de alquiler en A Coruña, un 52% de julio a julio –de 734 a 349–, y ha vaticinado que en Santiago pasará lo mismo. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, le achacó que no hablase de otras ciudades: “¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto...?”.

Lo que Rueda no mencionó fueron los otros efectos de la zona tensionada en A Coruña, los que sí está teniendo sobre el precio. En 2025, el coste de los alquileres se incrementó un 2,6%, frente a la subida del 16,29% en 2024 y del 13,65% en 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, en junio de 2025 –justo antes de la declaración–, el precio medio de los arrendamientos en la ciudad era de 771 euros; en febrero había caído por debajo de los 704. El diario La Opinión, citando también al Observatorio, publicó que en junio habían vuelto a remontar parcialmente y rondaban los 735 euros.

Repartir los fondos más allá de A Coruña y Santiago

Con estas posiciones enconadas, estaba claro que, en Galicia, la decisión del Ministerio de Vivienda de entregar las subvenciones a las comunidades autónomas y no a las ciudades, iba a suponer una declaración de guerra. Una situación que no se daba en el resto de comunidades donde se está aplicando la ley estatal: Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, gobernadas o cogobernadas por el PSOE y en las que, en conjunto, suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas frente a los dos gallegos.

“Si la Xunta renunció a hacer directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hiciesen los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento”, reaccionó Sanmartín al anuncio de la ministra Isabel Rodríguez. La conselleira no tardó en darle réplica: “En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta”. Y eso, añadió, quería decir que no tendrían que destinarse solamente a las ciudades que obtuvieron la declaración de zona tensionada.

Rueda salió a corregirla, pero el daño ya estaba hecho. Esa quiebra del espíritu del decreto no sólo hizo poner el grito en el cielo a la regidora compostelana, que amenazó con acciones legales. También provocó una carta de la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, a su homólogo gallego: “Conviene aclarar que la cuantía prevista para Galicia, por importe máximo de 5.112.304 euros, no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda”. “La subvención se prevé a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero está específicamente vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago de Compostela”, plasmaba negro sobre blanco.

Una vez fijado el ámbito, llega el choque por el uso. El presidente gallego, que insiste en el “fracaso” de ambas ciudades, quiere utilizar los fondos para su propio plan, ese que ha erigido en bandera desde que se convirtió en un ferviente creyente en la vivienda pública. Sucedió en la primavera de 2023, durante su presidencia interina tras la marcha de Feijóo a liderar el PP estatal. Fue entonces cuando Rueda anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos de alquiler social, una cifra que después duplicaría y que ahora triplica en el horizonte de 2030. En aquel momento llevaba catorce años en el gobierno autonómico, la práctica totalidad como vicepresidente, un período en el que la promoción de vivienda pública fue casi inexistente.

Aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.500 pisos –nuevos o rehabilitados– entregados por la Xunta desde 2009, la realidad es que la gran mayoría se pusieron en el mercado en los primeros años de mandato, es decir, cuando finalizaron las promociones impulsadas por el gobierno bipartito (2005-2009). A partir de ahí, las cifras decaen hasta casi desaparecer: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en ese 2023 en el que Rueda cayó del caballo inmobiliario. Preguntado por ese brusco cambio, afirmó que, hasta ese momento, no habían detectado que existiese esa necesidad. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizaba este miércoles Pontón antes de recordarle que, de las 1.800 viviendas comprometidas para este 2026, se han entregado 98. Aún así, cada lunes, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, el presidente anuncia alguna nueva licitación.

Mientras, las alcaldesas han solicitado al Ministerio que el real decreto deje claro, de forma “rigurosa”, cómo se transferirán los fondos a las comunidades y que controle su entrega “inmediata” a los ayuntamientos. Sanmartín y Rey se reunieron en Santiago el pasado viernes para fijar un frente común. “El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto”, resumía la regidora herculina. Como su colega, defendió “los frutos” de las zonas tensionadas. Y eso que, según sus palabras “son muchos menos de los que nos gustaría por el boicot permanente de la Xunta”.