La batalla contra la decisión del Ministerio del Interior de engordar la jubilación de los comisarios principales de la Policía a través de la concesión de una medalla pensionada ha llegado al Tribunal Constitucional. La Confederación Española de Policía (CEP) ha recurrido al organismo intérprete de la Carta Magna denunciando que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vulnerado su derecho a pleitear por esta cuestión. Tras una victoria inicial, las dos instancias anteriores consideraron que los sindicatos no estaban legitimados para impugnar la decisión de Fernando Grande-Marlaska.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional anuló la concesión por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a diez mandos de la Policía Nacional que se habían jubilado en 2022. La Medalla de Plata venía siendo concedida al uniformado de mayor rango cuando se jubilaba, el director adjunto operativo de cada momento, pero el departamento de Marlaska amplió el premio aquel año a diez mandos. El reconocimiento lleva aparejado un 15% más de retribución de por vida.

Los condecorados fueron ex jefes superiores en comunidades autónomas, un ex comisario general, un antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos y un exresponsable de Extranjería en Madrid. El crecimiento anual de su pensión por esta sola condecoración puede alcanzar los 4.000 euros aproximadamente, que se suman a las cantidades que perciben por las medallas pensionadas recibidas durante toda su carrera y cuya arbitrariedad e incumplimiento de la ley en la concesión afloró durante el caso Kitchen.

Aquel primer fallo de la Audiencia Nacional apreció nulidad en la resolución de Interior “por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido” y apelaba ya al incumplimiento de la Constitución por “obviar la intervención de las organizaciones sindicales con el trámite de audiencia que la propia demanda les ha reconocido”. La sentencia retrataba la arbitrariedad de la decisión al recordar que la Ley franquista que regula la concesión de medallas en la Policía la “delimita a supuestos tasados e individualizados” y que, por su trayectoria, los comisarios no podrían aspirar más que a un reconocimiento sin retribuir, la Medalla al Mérito con Distintitivo Blanco.

El Ministerio del Interior recurrió el fallo, a través de la Abogacía del Estado, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional revirtió la decisión del Juzgado. Los magistrados establecían que los sindicatos tienen derecho a participar en el procedimiento de concesión de medallas, pero eso no significa que pudieran impugnar concesiones concretas. El Supremo confirmó después esta resolución de la Audiencia Nacional.

Las sentencias de la segunda instancia de la Audiencia Nacional y después del Supremo situó a Marlaska en condiciones de seguir regando de medallas pensionadas a los comisarios jubilados y así lo hizo. La CEP y otros sindicatos recurrieron y el Juzgado les volvió a dar la razón. Desde 2022, el Juzgado de lo Contencioso fue corregido por la Sala en dos ocasiones, en otra, Interior no recurrió, otra está pendiente de si presenta recurso y de la última, de 2026, está impugnada por la Confederación y pendiente de que la Audiencia Nacional resuelva.

La CEP considera una incongruencia que se reconozca a un sindicato policial un papel específico en un procedimiento administrativo y cuando se adopta una decisión en el marco de ese proceso no se le permita impugnarla por el simple hecho de que la resolución tenga destinatarios finales. En este sentido, la Confederación considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva con una particularidad: la CEP es una organización sindical y actúa en el ámbito profesional.

Al recurrir al Constitucional, el sindicato policial no persigue que se anulen las medallas sino que el procedimiento judicial se retrotraiga a que la Audiencia Nacional reconozca el derecho de la CEP a recurrirlas, de modo que tenga que valorar sus argumentos y decida. “En este caso, la interpretación restrictiva aplicada impidió a CEP obtener un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones dirigidas contra las concretas condecoraciones, pese a la existencia de aquella conexión cualificada”, alega el sindicato.

Con la presión por la crisis migratoria de Ceuta, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado este jueves en contra de un nuevo reglamento de retorno que facilita la expulsión de emigrantes en situación irregular y avala la apertura de centros de deportación en países terceros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que ninguno de los migrantes llegados a Ceuta ha accedido a otro país de la UE, con lo que “el impacto ha sido cero” para el resto de los Estados miembros, durante el Consejo de Ministros de Interior que se está celebrando este jueves en Luxemburgo. Del resto de los países europeos, solo Bélgica ha votado en blanco, al igual que Irlanda, aunque este país lo ha hecho por la necesaria neutralidad al ostentar la presidencia rotatoria de la UE.

“Los acontecimientos recientes en Ceuta han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores. Sin embargo, el presente Reglamento no recoge medidas para hacer frente a estas circunstancias excepcionales”, señala en una declaración escrita el Ministerio del Interior para explicar la oposición de España al nuevo reglamento de retorno

En el documento, el Gobierno argumenta su rechazo a las nuevas disposiciones de retorno por “la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno; y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas”.

El nuevo reglamento de retorno establece el respaldo legal para los centros de deportación en terceros países. Sin embargo, el Gobierno de España señala “su enorme preocupación” por estos centros que “no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país” y advierte de “un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

El Ministerio del Interior también señala dudas legales sobre medidas como que “el internamiento deja de ser una medida de último recurso. Además, se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas. Se prevé la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal”. Ante estas dispsiciones, el Gobierno se pregunt si “en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves”.

El ministro irlandés del ramo, Jim O'Callaghan, dijo que este reglamento complementa el pacto migratorio y de asilo y “contribuirá a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”.

El Consejo ha señalado en un comunicado que solo se puede cerrar convenios para establecer centros de deportación en terceros países cuando respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura.

Grande-Marlaska volvió a pedir al resto de países de la UE una mayor “solidaridad operativa, financiera y política” para hacer frente a las crisis migratorias, aunque también ha aclarado que ningún migrante llegado a Ceuta ha accedido a otro país de la UE. “El impacto ha sido cero”, ha reiterado el ministro del Interior, que ha defendido el papel de España en sus políticas preventivas en origen: “Las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE, y las de Ceuta representan solo el 0,7% del total”.

El delegado del Gobierno en Ceuta remitió un informe al Ministerio del Interior antes de la histórica crisis fronteriza del 30 de julio por la “previsión de serio desborde en las próximas semanas” y para demandar ayuda urgente del Gobierno de España a la ciudad autónoma. “Urge tomar decisiones de calado ante la previsión de intentos masivos de entrada irregular que desborden por completo las capacidades de acogida y gestión”, reza el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que fue enviado a la Secretaría de Estado de Seguridad los días previos a la emergencia del Tarajal.

Ese informe, que no figura entre los documentos desclasificados por el Gobierno y que fue remitido entre los días 25 y 28 de julio según admite también Interior, plantea el complejo escenario migratorio al que se enfrenta la ciudad autónoma como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, “que anula la posibilidad de realizar rechazos fronterizos por mar”. Una situación de excepcional complejidad para la frontera sur de Europa. “La sentencia está provocando un severo efecto llamada que están empezando a multiplicar los intentos de cruce irregular. No solo no es descartable que, pese a la colaboración de las autoridades marroquíes, ocurran repetidos episodios de intentos de entrada masiva, sino que el escenario es altamente probable una vez se den contextos de niebla”.

La delegación del Gobierno en Ceuta refiere además que no se trata solo de un flujo migratorio procedente del África subsahariana, como resultó habitual en anteriores contextos, sino también “un altísimo porcentaje de ciudadanos de origen marroquí”. En concreto, “en torno al 80% de la capacidad del CETI lo conforman migrantes de nacionalidad marroquí”. Además, el escrito pone el foco también en el significativo aumento de entrada de menores de edad, algunos de ellos de muy poca edad.

“El incremento (...) está siendo muy preocupante. En tres días han llegado 70, una cifra que va en aumento y que se repite como viene siendo habitual con la llegada de la época estival. Y eso añade complejidad al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya de por sí ingente (...). Conlleva que el triaje de adultos se ralentice, (la Policía nos comunica que tienen capacidad para hacer 30 triajes al día siempre que no existan entradas de menores)”.

Por todo ello, la Delegación del Gobierno ceutí urge al Ministerio del Interior a tomar esas “decisiones de calado” por la previsión de “intentos masivos”. Y pide priorizar en concreto seis actuaciones: “Instalación de infraestructura urgente por parte del Ministerio del Interior para poder dar cumplimiento al sistema de triaje; espacios alternativos para la instalación de literas ante la sobreocupación del CETI; agilización de los traslados a la península de personas solicitantes de asilo; refuerzo de Policía y Guardia Civil y refuerzo de medios para el servicio marítimo”.

La respuesta de Interior

Lo que sostiene el ministerio del Interior, que admite que los informes de la Delegación del Gobierno llegaron a la Secretaría de Estado de Seguridad, es que en ningún caso esos avisos previos calibraron la magnitud de lo que acabaría ocurriendo el 30 de julio. Y que, además, la situación derivada de la sentencia del Supremo sí implicó el despliegue de nuevos esfuerzos en la frontera de Ceuta.

En concreto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska apunta que la Guardia Civil reforzó su despliegue con 70 efectivos para hacer frente a un hipotético incremento de inmigrantes irregulares: 60 agentes dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo, justo donde ponía el foco el informe de la Delegación del Gobierno y el punto crítico que dejaba al descubierto la sentencia del Supremo.

Además, Interior revela que la Guardia Civil contó con 7 embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y 5 embarcaciones semirrígidas. Y el 20 de julio la Policía Nacional amplió su despliegue con un grupo operativo de la UIP de 35 efectivos para reforzar la gestión de la seguridad ciudadana. El 25 de julio se decidió la creación de un Centro de Atención temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta para atender el incremento de entradas que se venía produciendo desde el 8 de julio.

La crisis de Ceuta tiene, además, una vertiente judicial. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado esta semana como testigos tanto al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio. Un paso que podría seguir con el propio Miguel Ángel Pérez Triano.

La magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica en un auto.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

El delegado del Gobierno en Ceuta confirmó este lunes su dimisión y su decisión también de abandonar la política. “Lo fácil hubiera sido irme el 30 de julio. Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias”, dijo en una comparecencia sin preguntas en la que defendió su trabajo y el de su equipo en base, precisamente, a los informes previos remitidos.

El PP ha anunciado este sábado que ha registrado en el Senado peticiones de comparecencia en sus respectivas comisiones de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que se ausentaron en agosto de las que estaban convocados para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, porque optaron por darlas en el Congreso.

En una nota de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) que “salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la ley”. Los presidentes de las tres comisiones se pondrán en contacto con los tres ministerios para fijar las fechas de las comparecencias.

Marlaska -en dos ocasiones-, Robles y Albares no acudieron al Senado en agosto porque unos días después estaban citados en el Congreso, donde dieron la información de sus departamentos sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. El PP entonces solicitó al Tribunal Supremo mediante una medida cautelarísima que obligara a los tres ministros a presentarse en el Senado antes de que acabara agosto.

La sala de vacaciones del alto tribunal, en un auto del día 22, denegó la petición, por no estar acreditada la especial urgencia legalmente exigible para proceder sin dar audiencia a la parte contraria.

Según el Supremo, las explicaciones de los ministros no perdían eficacia si se daban en el período ordinario parlamentario que comenzaba el 1 de septiembre.

El pasado mes de diciembre un vecino de Málaga, Haitam Mejri, murió después de recibir alrededor de una decena de descargas de las pistolas táser de varios policías. En su cuerpo se encontraron 86 lesiones. Nada de esto obstó para que los policías hicieran varios chistes al respecto delante del cadáver, como recogieron las cámaras del locutorio donde tuvo lugar el suceso. Marlaska no vio nada raro en ello.

Es excepcional, de hecho, la semana en la que no nos enteramos de un nuevo episodio de brutalidad policial sin justificación alguna. El Ministerio de Interior, invariablemente, mira hacia otro lado mediante la irrisoria fórmula de “apertura de expediente”, ya sea por la agresión a una profesora valenciana en huelga o, como hemos comprobado estos días, por la paliza a un aficionado del Barça.

En realidad, esto de que Marlaska ni se inmute ya viene de lejos, cuando en sus años de juez hacía la vista gorda ante la evidencia de torturas. No es de extrañar que, ya de ministro, se mostrara indiferente ante la acumulación de cadáveres en la valla fronteriza de Melilla, o el trato como apestados que dio a los 800 menores que también entraron en Ceuta en el año 2021. Es obvio, y basta leer cada semana la prensa, que en la policía hay un problema de corrupción gravísimo y generalizado, pero al bueno de Marlaska no le ha dado en dos legislaturas para hacer una limpieza. Estaba más entretenido en justificar el mantenimiento de la Ley Mordaza. Y es que no es fácil hacer que Grande-Marlaska se enfade, qué va. Pero ahora sí, ahora se ha enfadado mucho. Menudo inicio de curso. Está irreconocible.

Lo que la incapacidad de Marlaska ha puesto de relieve es sencillamente lo que todos intuimos desde hace tiempo: el gobierno no controla, ni de lejos, a buena parte de las instituciones que definen el Estado

No se ha enfadado por las 141 personas que murieron este verano intentando entrar en Ceuta, ni por los nuevos casos de abusos y crímenes policiales, ni por la corrupción de su propio partido. No, se ha enfadado porque los mismos cuerpos de seguridad a los que les permite todo contra nosotros ahora le han tomado un poquillo el pelo a él con la crisis de Ceuta. De hecho, parece que fue el último en enterarse, y anda echando chispas cada vez que un periodista le pregunta si piensa dimitir y si el CNI se la ha jugado.

Se merece este bochorno, como ningún otro ministro, excepto Isabel Rodríguez, la ministra ornamental de Segunda Vivienda. Lo que la incapacidad de Marlaska ha puesto de relieve es sencillamente lo que todos intuimos desde hace tiempo: el gobierno no controla, ni de lejos, a buena parte de las instituciones que definen el Estado.

Es más, a estas alturas parece evidente que esas instituciones maniobran, precisamente, contra el gobierno actual: a los familiares del presidente les montan juicios prospectivos y delirantes, cuando no encierran a tuiteros o raperos; el Tribunal Supremo quita el derecho a voto a 400.000 españoles por si deciden votar progresista y, por volver a Ceuta, son los propios jueces quienes, con una sentencia disparatada, provocaron el llamado “efecto llamada”, como explica en detalle Ignacio Escolar. Eso sí, luego la investigación la lleva una jueza que fue teniente de alcalde con el PP y que de entrada le prohibió a la Policía elevar al ministro los informes. Casualmente, esos informes sobre Ceuta sí se filtraron antes a la prensa afín, de modo que Marlaska, que los desconocía, quedó en ridículo. Como para no enfadarse.

¿Qué pensaba el Ministerio de Interior, y con él el resto del gobierno en manos del PSOE? ¿De verdad creían que después de décadas sin hacer nada contra la corrupción, la prevaricación, el nepotismo nunca les iba a tocar a ellos? ¿No querían estar con el “pueblo”? Pues ahora ya saben lo que se siente.

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado este lunes que, si él fuera el presidente del Gobierno de España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “haría tiempo que no continuaría” como tal.

Baldoví ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por si el Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad en forma de dimisión por la crisis migratoria en Ceuta.

Preguntado también sobre si comparte la afirmación del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que el Gobierno “está desbordado” y no descarta que Marruecos “le esté chantajeando”, Baldoví ha señalado que está de acuerdo con la primera parte de la afirmación, pues un mes y medio después “sigue la crisis abierta en Ceuta”, lo cual “no es de recibo”.

“Con la segunda parte, yo sería mucho más cauto, es decir, yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido”, ha aseverado el síndic de Compromís.

Seis de cada diez españoles creen que los jueces hacen política y sólo cuatro de cada diez consideran que son imparciales. Más del 65% de la población estima que existe la persecución política a través de la justicia (lawfare) en España. 

A pesar de esa convicción tan generalizada, sigue habiendo muchos jueces que no se cortan un pelo. Un ejemplo claro es el juez Peinado con su persecución judicial a Begoña Gómez. Este juez del cuarto turno no tuvo que pasar ninguna oposición para llegar a su puesto. Su hija es concejal del PP en Madrid pero él no tiene ningún inconveniente en investigar a la mujer del presidente de España. 

Otro ejemplo reciente es el caso de la jueza Tardón, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid en la candidatura del PP cuando Álvarez del Manzano era el alcalde. Esta mujer, a pesar de su pasado político como cargo público, no ha sido capaz de inhibirse en la investigación de la entrada masiva de emigrantes en Ceuta. No hace falta ser un lince para saber que esta investigación es realmente al Gobierno de España.

Es fácil imaginarse la reacción del PP si un juez o una jueza de izquierda ligada al PSOE fuera quien investigara un caso de presunta corrupción o prevaricación de políticos de derecha o de sus familiares más directos. Se habrían rasgado las vestiduras y clamado al cielo ya que suelen presumir de buenos católicos por la mañana mientras que por la tarde quieren expulsar a los migrantes pobres porque les molesta en la cena cuando ven el telediario.

Los jueces se quejan de que se les falta al respeto pero no tienen capacidad de autocrítica porque lo que hacen algunos de ellos es precisamente faltar al respeto al respetable con sus actuaciones partidistas y sectarias ajenas a la deseable imparcialidad judicial. Los jueces no solo tienen que ser honestos e imparciales sino también parecerlo. 

Ayuso abrió esta semana el debate del estado de la región de Madrid y se pegó buena parte de su discurso hablando de política nacional y de Ceuta para atacar al gobierno de España como suele hacer a menudo ya que apenas puede mostrar aciertos en su gestión de la Comunidad de Madrid. 

Ella se subió al estrado de la Asamblea de Madrid y empezó a leer todo el discurso que Miguel Ángel Rodríguez le escribió la noche anterior para que soltara el tradicional rollo crítico contra el gobierno central, tapándose así sus vergüenzas, sus mamarrachadas y sus áticos, que están por las nubes.

La susodicha se cree que es la versión femenina de Donald Trump y que puede decir la mayor barbaridad del mundo sin que le ocurra nada. Lo peor de Ayuso no es ella misma, que también, sino sus seguidores descerebrados que la defienden como si en ello les fuera la vida.   

Sabemos que a la presidenta de la Comunidad del ático le faltan varios hervores pero muchos más deben faltarles a sus hooligans y simpatizantes para convertirse en sus votantes. Si realmente Ayuso es la lideresa de la derechona española, la izquierda está de suerte porque sus conmilitones no podían haber encontrado una peor.

Tampoco hay que ser muy listo para comprobar que la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de España es manifiestamente mejorable, pero la oposición no ofrece ninguna solución alternativa que no pase por la ilegalidad de devolver ipso facto a los migrantes a Marruecos.

La derechona es esa gente de ley y orden que a las primeras de cambio se vuelve ilegal y desordenada. Es como el toro de Jesulín: solo hace falta ponerle un trapo rojo delante para volverla loca. Y si el trapo es rojigualda, ya no te digo. 

Normalmente los ministros del Interior suelen ser los más reconocidos por la derecha por su especial cometido al frente de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero en el caso de Grande-Marlaska la cosa cambia. Es uno de los ministros más acosados por la oposición y eso que es el miembro del Gobierno más cercano a ella ideológicamente.

A su ineficacia en la crisis de Ceuta se une ahora la lista de periodistas que su departamento ha elaborado para indicar quiénes son de la cuerda y quiénes no. No se trata de una lista negra porque hasta ahora no ha habido ningún perjudicado ni nadie al que se le haya tratado especialmente mal por su rejo derechista o reaccionario. 

Sin embargo, es un asunto que huele mal. Sabemos que hay instituciones públicas e incluso cargos del PP y de Vox que han amenazado a periodistas con cerrarles el medio por contar verdades que a ellos no les gustan. Lo han hecho varios diputados de la derechona española y hasta el jefe de Gabinete de Ayuso ha amenazado a medios progresistas por hablar del ático de su jefa. Es muy significativo que Marlaska sea un juez del gusto del PP desde la época en que perseguía etarras en la Audiencia Nacional. 

También Garzón era aplaudido con las orejas por la derecha española cada vez que atrapaba a un terrorista en su etapa de la Audiencia Nacional pero luego cometió el error de ir de segundo en la lista de Felipe González por Madrid y a partir de ahí la derecha lo acosó sin tregua porque nunca le perdonó el desliz. Fue empezar a investigar los desmanes de la dictadura franquista y la derecha lo puso en la diana primero y en la picota después. Si se hubiese incorporado al PP, otro gallo le habría cantado. 

Marlaska fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular e intentó en esa época que lo nombraran Fiscal General del Estado y para eso se valió de la amistad con algunos periodistas, entre ellos el director de La Razón, Francisco Marhuenda, ex parlamentario del PP catalán. Él mismo lo ha confesado públicamente. 

Desconozco qué ha visto Pedro Sánchez en él para repescarlo cuando sabe que ideológicamente no es un hombre de izquierdas. Es curioso que Marlaska sea el blanco constante de la oposición, que no para de lanzarle dardos. Es posible que el PP le quiera hacer pagar un coste político después de que Marlaska lo abandonara por otro. Son celos políticos muy humanos pero la derechona no sabe el favor que le hace a la izquierda ese machaque a Marlaska porque es el menos querido del votante socialista.

A ver si por una vez Sánchez hace caso a la oposición y de paso le hace un favor a la izquierda de su gobierno. 

Un informe con membrete del Ministerio del Interior bajo el título “Tertulianos” ha desatado la última polémica política y también periodística. Se trata de un listado con 280 nombres de personas que suelen participar en las tertulias de radio y televisión, en donde se resume en pocas líneas su currículum, y al final, se describen sus supuestas inclinaciones políticas. Hay políticos, ex políticos, politólogos, y otras personas expertas de todo tipo, pero sobre todo, hay periodistas.

Esta clasificación ideológica desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior a los profesionales de la información ha preocupado a algunos en el sector. Otros le quitan hierro y atribuyen este listado a una torpeza de quien lo haya elaborado. Hoy escuchamos las sensaciones de algunas de las personas que figuran en ese informe, empezando por las periodistas Raquel Ejerique y Neus Tomás, de elDiario.es, además de Antonio Maestre, Afra Blanco, sindicalista, o la jurista Elisa de la Nuez.

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La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.

En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.

Además, recuerda también que los hechos pudieron afectar al orden público, pudieron producir un deterioro de la seguridad pública, e incluso pudieron causar “un impacto en el sistema sanitario”. Suma a esto que, según el relato de hechos recogido por Tardón en su auto, se habrían producido también “perjuicios económicos innegables sufragados en parte, sin duda, por la Administración General del Estado”.

La abogada del Estado jefe recoge varias citas de la resolución de la jueza para abundar en la necesidad de constar como personada. Así, recuerda que Tardón explica que se ha de investigar “una intencionalidad de atentar contra el Estado” y menciona expresamente que la magistrada se refería a la 'guerra híbrida' o 'zona gris', que son acciones “propias de estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra estados”. Recuerda, además, que Tardón explicaba que se estaba ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la “integridad territorial de España”.

Fue este lunes 7 de septiembre cuando la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ya ha presentado el informe que la juez María Tardón requirió al Ministerio Público para que le informara de si su juzgado era competente para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Según una nota de prensa de la Fiscalía, Alonso ha informado a favor de esa competencia, tal y como adelantó este jueves elDiario.es, y solicita a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decrete el secreto parcial de la investigación.

En su informe, Alonso detalla que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el asunto compete a la Audiencia Nacional y recuerda que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada masiva se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, considera que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Alonso fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ que atribuye a este tribunal el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles. Señala, además, que el principio de territorialidad que recoge el artículo 23.1 de la misma norma dice que los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español. Y recuerda que lo que se investiga “es la entrada masiva e irregular de personas” que se produjo en Ceuta, territorio nacional.

Añade que el artículo 23.2 permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español. Y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional también encuentra refuerzo en el artículo 15.2. c) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa la anterior.

Los dos informes aportados

Fue el pasado 2 de septiembre cuando trascendió que Tardón había enviado al Ministerio Público el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En el mismo se apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basaban en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.

Este viernes 4 de septiembre ha trascendido que la juez ha recibido también un segundo informe, esta vez el solicitado a la Guardia Civil. Según ha podido conocer este periódico por fuentes conocedoras del nuevo documento, este recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Esa misiva ya ha sido respondida por Perelló, quien defiende que la actuación de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recuerda que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.

Además, la presidenta del Poder Judicial recuerda que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

En su carta, Marlaska alegaba que ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

El director de la Policía, Francisco Pardo, ha informado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que la jueza de la Audiencia Nacional “dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido” del informe que la magistada les había encargado y que, por tanto, él no tuvo conocimiento del mismo.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior, el departamento añade que la jueza María Tardón “ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe” este mismo miércoles, después de que El Español avanzara su contenido.

“Solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”, precisa Interior.

La nota también alude a un informe publicado y que tendría fecha del 29 de julio, el día antes de la afluencia masiva de inmigrantes. Respecto al mismo, Pardo ha asegurado al ministro que “se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente”.

El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.

“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.

Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro por ejercer “una presión ilegal” y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.

De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.

¿Qué dice la ley?

La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.

Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.

Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.

Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.

La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Marlaska ha remitido la misiva a Pardo, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por El Español.

“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, señala Marlaska en la misiva.

A su juicio, “se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”.

“Ello al margen”, añade la carta, “de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.

“Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”, concluye.

El Gobierno pide no hacer “conjeturas” antes de conocer los detalles del informe

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer “conjeturas” sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', Torres ha subrayado que por ahora no se sabe “si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía”. Así pues, ha incidido, “si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa”.

Preguntado sobre si de confirmarse que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que “hablar ahora de ello es hacer conjeturas”. “Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe”, ha añadido.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado “lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro”, apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas migrantes que quedan en Ceuta tras la entrada del pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad”, afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada” y manifestó que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento, así como asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes.

Respecto a Europol, España apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en la Comisión de Interior del Congreso al hacer un llamamiento urgente a la “calma” y al “cese de cualquier tipo de violencia” en Ceuta, mientras la extrema derecha de Voz azuza el estallido racista registrado en los últimos días en la ciudad autónoma. Al llamamiento al cese de la violencia se ha sumado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha leído una declaración institucional en la que ha calificado de “legítimas” las manifestaciones pero “siempre de manera pacífica y ordenada”: “Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan”.

Parte de las intervenciones de los diputados en el Congreso han estado marcadas por la gravedad de la violencia en Ceuta, donde la quema de parte de los asentamientos de la playa del Trampolín, las agresiones a periodistas y a vecinos musulmanes, así como el hostigamiento a negocios que atienden a personas migrantes han irrumpido en el debate parlamentario.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”. Ante el retraso en la activación de un mando único, el titular de Interior ha defendido que el Ejecutivo y la totalidad de sus ministerios han estado respondiendo “al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento”.

El titular de Interior ha insistido, además, en que “una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación”, el Gobierno continuará aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de las personas migrantes que “no reúnan las condiciones” para permanecer en España.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha sumado durante su comparecencia en el Congreso al llamamiento a la calma para que la Cruz Roja pueda distribuir hoy agua y comida como hace cada tarde desde el inicio de la emergencia en Ceuta. “Cruz Roja está constituida en gran medida por personas voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo a prestar apoyo y atención humanitaria a quienes más lo necesitan. No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario”, ha reclamado después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa del Trampolín ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El PP: “Quien piense que con la violencia ayuda, se equivoca”

Por su parte, el diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, se ha sumado a la petición de serenidad, advirtiendo de que acciones como “acosar a periodistas o bloquear el paso a la Cruz Roja” no benefician a la ciudad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado.

Celaya ha justificado la “desesperación e indignación” de la población ceutí achacándola a la “pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien el PP ha criticado duramente por la gestión de la crisis. La diputada Ana Vázquez ha acusado al Ejecutivo de dejar “abandonados” a los ceutíes. “El Gobierno no ha respondido de forma adecuada. Es un Gobierno descontrolado, desbordado y totalmente enfrentado entre sí”, ha dicho Vázquez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”: “La inacción se paga”.

La intervención del diputado Celaya evidencia un cambio de discurso en el PP, cuyo portavoz nacional, Borja Sémper, pidió este lunes “no señalar a la gente” después de que personas sin identificar destruyeran el campamento improvisado que cientos de personas habían montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, dijo Sémper este jueves.

El único grupo parlamentario que ha hecho un respaldo implícito a los recientes altercados racistas ha sido Vox. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, como admirablemente lo está haciendo el propio pueblo”, ha dicho su diputado Ignacio Gil Lázaro, quien ha calificado la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma como un “plan de asalto contra la integridad territorial de España” facilitado por la “inacción cómplice” de un Gobierno que ha calificado de “corrupto y traidor”.

El diputado de extrema derecha ha pedido la “expulsión inmediata” de todas las personas que entraron y que los menores sean “devueltos ya a sus padres o a las instituciones marroquíes” a pesar de que los expertos recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Sumar responsabiliza al PP y a Vox de los altercados

Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha responsabilizado al PP y a Vox de los altercados racistas registrados en la ciudad autónoma. “Responsabilizamos de esta violencia a quienes han llamado expresa y reiteradamente a cazar a inmigrantes, especialmente a Vox; y a quienes piden soluciones imposibles a esta crisis, como el Partido Popular. Exigimos el cese de la violencia, el castigo a los responsables y el castigo a los inductores”, ha aseverado.

Santiago ha recordado que “existen leyes internacionales, europeas y nacionales que obligan a respetar la dignidad humana y los derechos humanos”. Y ha dicho que las personas migrantes “podrán ser devueltas o podrán permanecer en España”, pero el Estado de derecho debe actuar “con respeto a la ley”.

El diputado de Sumar también se ha mostrado escéptico con el hecho de que Marruecos vaya a hacerse cargo de los menores no acompañados. “Marruecos no ha recibido los cadáveres [de las personas que murieron intentando entrar a nado], menos va a recibir a los vivos. Marruecos no ha recibido a un menor en los últimos 14 años”, ha afirmado.

Podemos ha registrado este jueves una iniciativa donde instan al Gobierno a actuar de manera inmediata ante los autodenominados Ángeles de la Noche y cualquier otro grupo organizado que realice patrullas, vigilancia o actuaciones de intimidación en el espacio público, según ha hecho público el partido que coordina la diputada Ione Belarra.

La formación morada considera que se debe actuar de manera inmediata ante toda conducta que exceda las facultades legalmente reconocidas a la ciudadanía, procediendo a la identificación, sanción, denuncia y, cuando corresponda, detención de quienes ejerzan funciones de vigilancia, coacción o intervención reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin esperar a que se produzcan agresiones físicas para intervenir.

Los morados también instan al Gobierno que remita a la Fiscalía General del Estado toda información e indicio que pudiera ser constitutivo de delito de odio, amenazas, coacciones, discriminación o asociación ilícita, garantizando “una investigación integral de las actuaciones de estos grupos y de las personas u organizaciones que pudieran promoverlas, financiarlas o coordinarlas”, han explicado desde Podemos en un comunicado.

Asimismo, solicitan a Grande-Marlaska que comparezca ante la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior. “Con esto se pretende que se garantice que la seguridad ciudadano no sea externalizada de facto a organizaciones políticas o grupos privados de extrema derecha, reforzando la presencia de los servicios públicos de seguridad y prevención en las zonas afectadas”, han denunciado.

En la argumentación de la PNL presentada en el Congreso, Belarra argumenta que según los datos publicados por el Ayuntamiento de València, la delincuencia descendió un 3 % en el conjunto de la ciudad en el último año. Además, en la zona del paseo marítimo en concreto, los delitos leves han bajado este año un 22%. “La utilización de la seguridad como argumento para criminalizar colectivamente a las personas migrantes constituye, por tanto, una operación política de señalamiento que puede alimentar el racismo, la discriminación y la violencia”, defiende la diputada.

“La seguridad ciudadana es un derecho de toda la población y una responsabilidad de los poderes públicos. Ningún partido político, organización o grupo de particulares puede arrogarse funciones de vigilancia, control o intervención que corresponden a las autoridades competentes. La preocupación legítima por la seguridad de los barrios no habilita para perseguir, intimidar o considerar sospechosa a una persona por su origen, nacionalidad, apariencia o pertenencia a un determinado colectivo. La seguridad debe garantizarse mediante servicios públicos eficaces, prevención social, políticas de convivencia y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sometidas al Estado de derecho y al respeto de los derechos fundamentales”, argumenta.

Ya no es un simple choque del Ministerio de Defensa con el de Interior, sino con el conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez. Margarita Robles vuelve a desmarcarse de la línea oficial del Ejecutivo e insiste en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. Un extremo sobre el que incluso aporta ahora algún detalle y que desde Moncloa desmienten de manera rotunda. “O no se le ha entendido, o ella no se habrá explicado bien. Ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno, de que algo remotamente similar a lo que pasó pudiera suceder”, responden.

La contundente respuesta desde Presidencia del Gobierno choca con lo expuesto por Robles este martes en el Congreso durante su comparecencia por la crisis de Ceuta. “El día 29 de julio esos funcionarios [del CNI] que trabajan en Ceuta dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino”, expuso la ministra, que dio a entender que ese “aviso” se trasladó vía oral. “Esto de si hay informes o si no hay informes... Los servicios de Inteligencia operan de muchas maneras”, deslizó tras dejar a todo el mundo asombrado por revelar abiertamente que en territorio ceutí trabajan 25 miembros del CNI.

A la misma hora de esa comparecencia, el ministro del Interior atendía a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer nada parecido a lo que sucedió, ni de nuestros servicios de Inteligencia, ni de ningún otro servicio de información de países amigos”, contestó a los periodistas Fernando Grande-Marlaska justo antes de señalar sucintamente a Margarita Robles como máxima responsable jerárquica del CNI. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo así no se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?”.

Esa reflexión la comparten otros compañeros de Gobierno de la ministra de Defensa, que creen incluso que en su intento de defender a los servicios de Inteligencia o de señalar a su archienemigo Marlaska, Margarita Robles también deja en entredicho su papel en esta crisis. Porque nadie cree mínimamente realista un escenario en el que el CNI hubiera tenido información y no se la hubiera trasladado a su ministra. Y mucho menos uno en que la titular de Defensa tuviera esa información y no la hubiese compartido con el presidente.

Por eso, el argumentario oficial del Palacio de la Moncloa hace encaje de bolillos para no escenificar aún más la brecha evidente entre el discurso estratégico del Ejecutivo y el verso suelto de Margarita Robles. “Queremos entender que no son exposiciones contradictorias. No interpretamos que ella haya dicho que había informes ni siquiera orales, porque la evidencia es que no existe ese papel ni tampoco llamada conocida de nadie del CNI a nadie del Gobierno”, apuntan desde el Ejecutivo.

Desde Delegación del Gobierno han respondido a última hora que lo único que les fue comunicado desde finales de julio se refería a la evolución diaria de las entradas por vía marítima. “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”, sostiene un comunicado difundido este martes.

Primera comparecencia en el Congreso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió este martes el papel de ser la primera integrante del Gobierno en dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la gestión posterior de la crisis. Robles comenzó su comparecencia pidiendo “disculpas” a los ceutíes que “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. Y la cerró, tres horas después, asumiendo algo que, hasta ahora, nadie había hecho: que el Gobierno “ha llegado tarde” para asistir a la población, “porque la gente está sufriendo”.

Pero el motivo de la comparecencia no era pedir perdón, sino informar sobre lo ocurrido el día 30 y 31 de julio en Ceuta, así como la labor de los diferentes servicios de información en los días previos. Robles se apoyó en un informe del Estado Mayor de la Defensa para afirmar que la crisis se produjo en tres fases.

La primera, la “preparación y ejecución de un cruce por mar” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente a quienes accedan a España a nado. La propagación por redes sociales de esta información y del preparativo provocó un efecto llamada que convirtió en “miles” los iniciales “centenares” de personas que iban a dar el salto, según relató.

El día de la entrada masiva, prosiguió, se constató que “varias decenas de miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia” y por la propagación en redes de imágenes que mostraban una frontera vacía en el lado marroquí a cuenta de la Fiesta del Trono. Según la ministra de Defensa, la mayoría se pusieron en marcha de forma inopinada: “El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

La tercera fase es el “retorno masivo” de la mayoría marroquí, desencantados, siempre según el relato de Defensa, porque los ciudadanos musulmanes de Ceuta no les dieron apoyo. Robles concluyó que, según los informes de los expertos del Gobierno, “el asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de la supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”. Y la ministra también reconoció la existencia de “actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis, o la estén usando con una finalidad política de desestabilización”.

El jueves se retomarán las comparecencias del Gobierno y el turno será para Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de la titular de Sanidad, Mónica García. Está previsto que el viernes acudan a la Cámara Baja los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones.