El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado ha destacado este lunes en Donostia que la nueva cárcel de Zubieta está diseñada para la reeducación y la reinserción de presos. Además, ha asegurado que la transferencia de las competencias penitenciarias a Euskadi en octubre de 2021 supuso “un hito en la gestión de la reiserción de las personas privadas de libertad”. Zubieta sustituye a Martutene.

Grande-Marlaska ha realizado estas afirmaciones en la inauguración en Zubieta del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, en la que ha participado junto al lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Al acto también han acudido, entre otros, el alcalde, Jon Insausti, la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, el obispo, Fernando Prado Ayuso, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana.

En su intervención, el ministro ha tenido palabras de recuerdo para los tres funcionarios de la prisión de Martutene asesinados por ETA entre 1990 y 1997, Ángel Jesús Mota Iglesias, José Ramón Domínguez Burillo y Francisco Gómez Elósegui. De este modo, ha destacado que la placa colocada en el nuevo centro de Zubieta, trasladada desde Martutene y en cuyo descubrimiento han estado presentes familiares de las víctimas, “recuerda que pese a aquella violencia irracional, la institución penitenciaria y sus trabajadores se mantuvieron firmes en la defensa de los derechos y libertades”.

“La memoria de estos tres servidores públicos, de todas las víctimas del terrorismo, nos ayuda sin duda a calibrar la fortaleza de nuestro sistema democrático, que apoyado en su recuerdo, ha aprendido a superar cualquier ataque”, ha afirmado, al tiempo que ha considerado esta inauguración como “un homenaje a las víctimas del terrorismo y un acto también de reafirmación democrática, porque este centro mejora de manera significativa la calidad de nuestro sistema penitenciario, lo que revela los verdaderos compromisos éticos y jurídicos de nuestra democracia”.

Tras recordar que la cárcel de Martutene fue construida en 1948 con el “único objetivo de garantizar la custodia, el encierro del condenado”, ha considerado que es “un diseño arquitectónico obsoleto que hoy se sabe equivocado y de imposible adaptación al moderno modelo penitenciario”. Además, ha apuntado que Martutene ha sido “fagocitada por el crecimiento de la ciudad” y su desaparición permite la planificación urbanística necesaria para “dar respuesta” a demandas de la capital guipuzcoana como la de liberar “un espacio estratégico para el desarrollo del barrio” con la edificación de nuevas viviendas gracias a la promoción conjunta de los gobiernos central y vasco y el Ayuntamiento donostiarra.

Otra de las necesidades está relacionada con el factor medioambiental y de seguridad, porque esa zona de la vega baja del río Urumea necesita “obras hidráulicas vitales, algunas de las cuales son inviables mientras esta infraestructura penitenciaria permanezca inamovible en el epicentro de la ciudad”, ha señalado. El ministro del Interior ha destacado que el ubicado en Zubieta es “uno de los centros penitenciarios más modernos de España”, tras una inversión total de 80 millones de euros, y ha incidido en que se trata de un edificio “diseñado para cumplir el mandato constitucional”

Grande-Marlaska ha recordado que, cuando presentaron este proyecto, en diciembre de 2020, “no faltaron las críticas por acometer una iniciativa de esta envergadura que antes o después acabaría en manos de la Administración vasca”. “Quienes así piensan, tienen una concepción equivocada del servicio público, en la que prima el rédito político obtenido por los gestores sobre el interés general de la ciudadanía, y entendemos que es un error, no por extendido menos grave”, ha manifestado.

El titular de Interior ha resaltado la importancia de que la Administración autonómica “más cercana” tenga la oportunidad de “aplicar un modelo de proximidad ajustando a los recursos de las instituciones existentes en el territorio y que son colaboradoras necesarias”. Así, ha resaltado, que al gestionar Euskadi sus propias cárceles, “el sistema potencia el arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad que conservan sus vínculos afectivos y que es un factor absolutamente relevante para el éxito del posterior abandono de la actividad delictiva”. “La prisión no puede funcionar de manera aislada al resto de la sociedad. La colaboración entre la administración penitenciaria y otras entidades cercanas es vital para evitar la ruptura social y mitigar los efectos negativos de la privación de libertad”, ha concluido.

Por su parte, el lehendakari ha defendido que el modelo vasco penitenciario “debe regirse por principios irrenunciables como son el humanismo, la integración y la reinserción” sin que ello suponga caer en el “buenismo ni la ingenuidad”. Además, ha recordado a la sociedad que el Gobierno vasco mantendrá “el máximo rigor en la persecución y en la aplicación de la ley ante quienes cometen delitos”, si bien es necesario “huir de los discursos de odio, revancha y estigmatización porque no contribuyen al objetivo de prevenir la reincidencia y favorecer la cohesión social”.

“El objetivo no es ver sufrir a la persona presa, sino prepararla para la integración y convivencia en la comunidad. Ofrecer acompañamiento, formación y oportunidades de trabajo para reparar en la medida de lo posible el daño causado y construir una nueva vida”, ha subrayado. El lehendakari también se ha dirigido al propio personal del centro penitenciario, a quienes ha agradecido su labor, ya que “este trabajo no cuenta en muchas ocasiones con el reconocimiento social que se merece” y también se ha dirigido a las personas reclusas para recordarles que “el camino de la reinserción se construye tanto sobre derechos como obligaciones” y eso “conlleva exigencia, responsabilidad y compromiso”.

“Depende de vosotros hacer que el delito no defina vuestra personalidad: reconocer el daño causado, contribuir en lo posible a repararlo, y aprovechar las oportunidades que se os ofrecen para reconstruir vuestra vida”, ha manifestado Pradales. Finalmente, ha considerado que el cierre de la cárcel de Martutene y la apertura del centro penitenciario de Gipuzkoa, que ha sido posible “por una fructífera colaboración con la Administración del Estado”, supone “una nueva etapa de transformación para Donostia, Gipuzkoa y Euskadi”. Así, ha mostrado su confianza en que la gobernanza colaborativa permita construir 400 viviendas protegidas para seguir desarrollando el barrio de Txomin Enea.

En la misma línea, la consejera San José ha considerado: “Hoy damos un paso que marcará el presente y el futuro de nuestra política penitenciaria”. A su juicio, el centro penitenciario de Zubieta, “simboliza un paso decisivo en el compromiso de Euskadi con un modelo penitenciario propio, responsable y profundamente humano. ”A partir de hoy, Euskadi se constituye como una administración penitenciaria integral. Pero este logro no se mide únicamente en términos de gestión o de competencias. Se mide, sobre todo, en nuestra capacidad para dar cumplimiento al mandato constitucional que guía nuestra acción: que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social“, ha sostenido.

El PP ha preparado un mes de junio “caliente” para el Gobierno en el Senado con una batería de citaciones en diferentes comisiones a cuenta de las revelaciones del llamado 'caso Leire Díez', así como por las investigaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las fechas más destacadas serán el próximo viernes 19 de junio, cuando deberá comparecer la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio, cuando será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“El PP ha diseñado un calendario de cerco total a la corrupción del 'sanchismo”, ha asegurado en una rueda de prensa la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha acusado al Gobierno de esconderse “detrás del papa” ante la avalancha de actuaciones judiciales e informaciones que acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Podemos afirmar que Leire planeó, [el ex fiscal general, Álvaro] García Ortiz ejecutó y P.S. ordenó”, ha afirmado, para reiterar la acusación de que el PSOE ha cometido “delincuencia de Estado” para proteger “a quien llaman ‘el uno’, el one, P.S.”.

La primera de las citaciones ya se conocía: la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado. No será, por tanto, un interrogatorio sujeto a las normas de una comisión de investigación. Con todo, González deberá responder por las reuniones que mantuvo con Leire Díez después de haber reconocido dos. En ellas, Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el 'caso Koldo'.

En la Comisión de Justicia comparecerá Peramato para responder “por qué Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado”, donde mantuvo también reuniones con el que fuera teniente fiscal de la secretaria técnica de dicho organismo cuando lo lideraba Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración de la confesión de dos delitos fiscales por parte del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El PP se ha llevado la principal de las comparecencias a final de mes. El 30 de junio será el turno del ministro del Interior, esta vez sí en una comisión de investigación. Marlaska “mintió sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire” y “quien miente, repite”, ha sostenido García.

La portavoz ha avanzado que le preguntarán “por qué gozó de escolta” Leire Díez, “por qué negó las reuniones” y “por qué no cesa” a González.

También el 'caso Zapatero'

El PP también tiene en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en una supuesta trama de cobro de mordidas y blanqueo de capitales. Alicia García ha explicado que, de momento, no van a citar al expresidente del Gobierno, quien está pendiente de declarar ante el juez José Luis Calama la semana que viene.

Pero sí llamarán a declarar al “delegado de Zapatero en Venezuela, Manuel Fajardo, a quien el juez sitúa como pieza clave en la supuesta ”trama internacional“ que implica al expresidente. Será citado el 22 de junio.

Una semana después, el día 29, será el turno de la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, “presunta fontanera para el blanqueamiento de capitales”, en palabras de García, quien ha avanzado que le cuestionarán “quién le dio la orden para falsear facturas para blanquear dinero”.

Ese mismo día por la tarde está citado el excomisario en Barajas Jesús María Gómez para que explique qué ocurrió la noche que aterrizó brevemente un avión en el que viajaba la entonces vicepresidenta de Venezuela y hoy presidenta, Delcy Rodríguez.

García ha dicho que quieren saber si en las “maletas” de Delcy había “oro o joyas”, en referencia a las alhajas encontradas a Zapatero en su despacho profesional y que han sido tasadas en 1,3 millones de euros. El juez Calama ha abierto una pieza separada que investiga al expresidente por contrabando y delito fiscal.

“Estamos en los estertores del sanchismo”, ha dicho García, quien ha asegurado que “la agonía judicial y la soledad parlamentaria y social” será “realmente dura” para el Gobierno.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la operación policial desarrollada en la comarca de Pamplona la semana pasada y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles fue “adecuada y proporcional a las circunstancias”.

“Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta”, ha subrayado.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona en la Cámara Alta este martes, Marlaska ha señalado que el 30 de octubre “ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa”, que “generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes -a cuatro policías nacionales-, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista”.

“Es decir, una situación de violencia que evidentemente no queda amparada bajo el ejercicio de ningún legítimo derecho como el de oponerse, si se quiere, a un acto que siempre se puede desarrollar en un Estado democrático en parámetros pacíficos, razonables y lógicos”, ha apuntado.

En cuanto al tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones, Marlaska ha explicado que “en ese marco de unos hechos donde participa un conjunto muy relevante y muy importante de personas, primero hay que identificar, identificar con seguridad”. “Y eso lleva un trabajo serio de tiempo y bajo la dirección de la autoridad judicial”, ha apuntado, tras incidir en que esa investigación “ha sido tutelada por una autoridad judicial”.

“Cuando se entendió que se tenían los datos necesarios y precisos de aquellos que habían participado en unos desórdenes públicos, en un atentado a agentes de la autoridad, se procedió a las detenciones indicadas de aquellos que se entendía que habían participado”, ha afirmado.

Algunas de las personas detenidas “quedaron en libertad en la propia comisaría”, y el resto, puestos a disposición judicial, 12, quedaron finalmente en libertad provisional, pero con cargos, imputándoseles delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, entre otros“. ”Dejemos que el proceso se desarrolle por los trámites oportunos y precisos conforme a la legislación procesal y sustantiva“, ha reivindicado.

Antes de responder a Estarrona, Marlaska ha tenido unas palabras en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Guipúzcoa la semana pasada. El ministro ha querido transmitir su “cariño” y “solidaridad” a las familias de los cinco agentes de Policía Foral, “que desarrollan un trabajo ejemplar junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, Estarrona ha considerado que la operación policial con 28 detenidos fue, “a todas luces, desproporcionada e injustificada”. “Porque, entre otras cuestiones, no existía riesgo de fuga alguno para llevar a cabo una operación de esa magnitud”, ha subrayado. A su juicio, “hemos asistido a un nuevo operativo policial que se suma al llevado a cabo el pasado 28 de abril, tras otros altercados ocurridos en febrero de este mismo año en el entorno del estadio El Sadar”. El senador ha planteado si “se pretende dar una elección ejemplarizante que busca, de alguna manera, disuadir la protesta y generar miedo entre la juventud vasca organizada”.

Según ha subrayado, “no es nueva esta forma de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Pero a día de hoy, en el escenario político actual, estas no tienen ningún tipo de cabida, si es que alguna vez la tuvieron”, ha dicho, tras considerar que “estamos ante un intento de volver a tiempos de régimen, a tiempos de confrontación, de erosionar la convivencia en la sociedad navarra”.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha manifestado este viernes que mantiene la confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a pesar de que ella misma reconoció anoche que había mantenido dos reuniones con Leire Díez aunque fuera de dependencias públicas y en una cafetería. “No tuvo con Leire niguna conversación relativa a la trama”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.

En los últimos días tanto él como González habían negado encuentros de ningún tipo con Leire Díez aunque hoy Marlaska ha matizado. “Me remito al comunicado de ayer de Mercedes González. Vuelvo a referir lo mismo, lo que me dijo ella y para mí es importante, no tuvo ningún contacto con Leire ni conversación relativa a la trama”, ha remarcado.

Insistido por los periodistas sobre el comunicado de la Guardia Civil del jueves por la noche, Marlaska ha recalcado: “Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto”. Además, sí ha reconocido que lo conocido esta semana a raíz de la publicación del sumario del caso Leire le “repugna”. También ha mostrado su confianza en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha defendido su actuación independiente.

La directora general de la Guardia Civil afirmó el jueves que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También aseguró que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

González afirmó que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, admitió que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras descubrirse tres encuentros con Leire Díez, investigada por emprender maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) del propio cuerpo. “Lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Su ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo como directora de la Guardia Civil”. Marlaska se encuentra en Luxemburgo para participar en un encuentro de ministros de Interior de la UE.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a las reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska ha subrayado que no ha conocido “ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado”.

El ministro del Interior ha comentado que desde el primer momento en el que se conocieron las supuestas presiones sobre los agentes se “reunió con los jefes de la UCO para manifestarles el apoyo más efectivo, directo y real como Ministro del Interior” y les pidió “neutralidad y profesionalidad” en su trabajo.

Además, ha recordado que mantuvo otra reunión con los jefes de la UCO en la que también participó la propia directora de la Guardia Civil “respaldando su actuación desde el primer momento, como no puede ser de otro modo”.

El ministro ha admitido que está preocupado por la situación, pero ha querido aclarar que “a diferencia de otros momentos históricos de este país, Guardia Civil y Policía Nacional trabajan con absoluta independencia bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales, y están respaldados por sus jefes orgánicos”, en referencia a la 'policía política' que actuó durante los Gobiernos del PP.

Ante la pregunta de si debería dimitir si finalmente se confirman las presiones sobre la UCO, Marlaska ha pedido no hacer “especulaciones”. El ministro ha insistido en que “la Policía y la Guardia Civil están investigando con plena libertad. Son obviedades que cuesta tener que expresarlas en un Estado de derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales”.

La coalición Compromís pide la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial del pasado domingo en las manifestaciones del profesorado en València. La diputada Àgueda Micó, en el Grupo Mixto, ha registrado una petición para que el ministro explique “la actuación policial contra la comunidad educativa valenciana”, tras el vídeo en el que un agente de la Policía Nacional empuja a una docente en la calle.

Micó ha exigido saber “quién ordenó las cargas”, “qué le va a pasar a ese policía provocador” y habla de “sembrar el caos” y “justificar la violencia” en manifestaciones pacíficas. “Vamos a hacer seguimiento exhaustivo del tema”, ha planteado la diputada de Compromís, que afea la actuación. La delegación del Gobierno avanzó el lunes que el agente es objeto de un expediente disciplinario, que acaba de iniciarse, y la mujer que sufrió el empujón, una profesora de 68 años, ha presentado una denuncia. También el lunes, el grupo parlamentario Sumar y ERC registraron una batería de preguntas al Ministerio de Interior sobre la actuación policial, y acusan al Cuerpo de “sesgos” en las actuaciones en las manifestaciones.

En particular, la petición reclama “para rendir cuentas sobre las actuaciones policiales que han sido denunciadas públicamente como desproporcionadas durante una protesta pacífica, las informaciones relativas a la posible participación de agentes policiales de paisano o infiltrados en el desarrollo de la movilización, las investigaciones abiertas a raíz de los incidentes producidos y los comunicados públicos emitidos posteriormente por organizaciones sindicales de la Policía Nacional en relación con estos hechos”.

La parlamentaria de Compromís afirma que han visto cómo manifestantes “subían a un furgón policial” por su propio pie y pregunta “si el Estado tiene policías infiltrados” en las protestas educativas. Micó también quiere conocer la opinión del responsable de Interior sobre los tuits de varios sindicatos policiales sobre la investigación que anunció la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Los sindicatos Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) defienden la actuación policial. CEP cargó contra la delegada del Gobierno, a la que señaló: “Tú no vas a investigar nada, lo harán los órganos competentes”, y subrayó: “La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”. Por su parte, UPF defiende que la actuación policial se produjo para despejar la vía pública y evitar el corte de tráfico y reclaman que se aporte “contexto” a la operación. “El agente emplea una técnica de control y desplazamiento”, afirma UFP, que destaca que el agente se encuentra en movimiento y la mujer quieta, por lo que “pueden producirse desequilibrios, caídas o consecuencias no previstas”.

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendría que haber asistido al funeral de los dos guardias civiles que fallecieron el pasado viernes tras colisionar con sus embarcaciones mientras perseguían a una narcolancha.

Así lo ha asegurado al ser interpelada por ello en una intervención en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha dicho que cree que el titular de Interior “se equivocó” al ir a Canarias a ver como desalojaban el crucero MV Hondius con contagiados de hantavirus, pues ahí ya estaban los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Memoria Histórica y Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“Dejó sola a María Jesús. María Jesús estuvo donde tenía que estar, pero él también debería haber ido al funeral”, ha explicado Díaz respecto a que la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, fue sola al funeral, cuando, en su opinión, tendría que haber ido acompañada de Marlaska.

“Tiene que asumir una parte de responsabilidad”

Dicho esto, ha negado que el ministro tenga que dimitir y ha sostenido que “tiene que asumir una parte de responsabilidad”, tanto este Ejecutivo como del anterior, respecto a la situación del Estrecho de Gibraltar y del río Guadalquivir en la que asegura que la Guardia Civil tiene menos medios que los narcotraficantes de la zona: “No podemos mandar a nuestros guardias civiles sin medios a esa contienda”.

Susana Díaz ha entrado en la recta final de la campaña electoral, como sucedió ayer miércoles en un acto en el barrio de El Tardón de Sevilla, donde estuvo acompañada por el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la candidata del PSOE-A al Parlamento, Verónica Pérez, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y la concejal socialista, Encarnación Aguilar.

Díaz se mostró muy crítica con la gestión de los servicios por parte de Juanma Moreno, a quien ha acusado de “vivir de la renta” y de “no estar al lado de la gente trabajadora”. “Ojalá Rajoy me hubiera dado el dinero que le ha dado el gobierno de España a Moreno”, señaló. No obstante, añadió que su formación “se relajó”. “Incluso no íbamos lo suficientemente unidos. Y debemos de aprender de aquello para no volver a cometer los mismos errores”, remarcó.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una “prioridad” del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar “rabioso” y “dolido” pero no “impotente” por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.

Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardia civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a “guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación”. “Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia. Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo”, ha dicho el ministro, que ha que incidido en estar “dolido” y “rabioso”, por lo ocurrido. Asimismo, ha trasladado su deseo de “rápido restablecimiento” para los otros dos agentes que resultaron heridos en las costas onubenses.

“Seguiremos haciendo frente”

“Cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia: nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia”, ha dicho el ministro una vez finalizado el acto.

Pese a ello, ha señalado que lo que no se siente es “impotente”. “Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico y lo seguiremos haciendo con todos los mecanismos legales precisos”, ha dicho Marlaska, que ha recalcado “el compromiso del Gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra”.

Marlaska ha apuntado también que la colaboración con las autoridades portuguesas es “permanente” para localizar la narcolancha implicada en la persecución donde fallecieron los dos agentes. Sobre si considera un accidente laboral lo ocurrido con estos dos agentes, el ministro ha dicho que “ya está aclarado” y que se trata de muertes en acto de servicio. “No daría más vueltas porque al final a todos lo que nos duele, lo que nos da rabia es la muerte”.

Lucha contra el crimen organizado

Ha subrayado que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no es sólo algo exclusivo de España, sino que “están involucrados también nuestros socios comunitarios y los países latinoamericanos”. “Nos enfrentamos a un desafío global que también requiere respuestas globales”. Como ejemplo de la colaboración transversal e internacional, se ha referido a “las grandes operaciones contra el narcotráfico” desarrolladas en la última semana.

Así, ha mencionado a la operación Alfa-Lima, “un dispositivo inédito que ha contado con la colaboración de Estados Unidos, Italia, Portugal, y el Reino Unido”, junto a la operación Abisal, desarrollada también por la Guardia Civil, que “intervino más de treinta toneladas de cocaína, la mayor aprehensión de la en un solo barco”.

Ya en declaraciones a los periodistas, ha defendido que “lo importante es estar todos juntos y tener muy claro dónde está la amenaza y cómo tenemos que enfrentarla entre todos”. En este punto, ha apelado a “la cordialidad entre todos, a no utilizar a ninguna de las víctimas con fines políticos, a poner encima de la mesa todo el esfuerzo conjunto”.

“Amenaza conjunta”

“Esto es una amenaza conjunta y es una amenaza el terrorismo, el narcotráfico, toda lo que es la delincuencia criminal organizada, es una amenaza a los valores democráticos y tenemos que estar unidos”, ha dicho el ministro. “No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara, me parece que lo que nos hace es a todos peores y desde luego a mí no me gusta una sociedad en esos sentidos”, ha afirmado el titular del Interior.

En lo que respecta al malestar por no contar la presencia de ningún miembro del Gobierno en los funerales por los dos agentes, Grande-Marlaska ha señalado que “muchas veces se olvida que estuvo la secretaria de Estado de Seguridad, quien es el mando directo de tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como evidentemente la propia directora de la Guardia Civil, el delegado de gobierno en Andalucía. Es decir, toda la representación”.

Además, ha manifestado que él no pudo asistir porque se requería su presencia “en directo para todo lo que era el dispositivo de la respuesta para actuar respecto a la emergencia” del Hantavirus, tal y como se había solicitado desde la Organización Mundial de la Salud.

Sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, Grande-Marlaska también ha resaltado la incorporación de nuevos efectivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como una muestra de la “ocupación y preocupación del Gobierno” por dotarlas de los “medios personales necesarios”. Así, ha aludido a tasas de reposición de “más de un 125%” y a la aprobación de oferta de empleo público también para la Guardia Civil con más de 3.000 efectivos para la próxima promoción.

“Nos encontramos con un número récord, por así decirlo, histórico, tanto de policías nacionales como de guardias civiles y habiendo incrementado el número de efectivos en estos casi ocho años, en un 15%”, ha detallado el ministro. La nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza está formada por 2.882 alumnos, de los cuales 2.188, de los que 1.403 eran hombres y 785 mujeres, han jurado bandera este miércoles. Más de un tercio de los guardias tiene titulación universitaria y 97 han nacido fuera de España

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno, y en concreto contra el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, tras asegurar que “nadie ha pedido perdón” por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes durante una persecución a una narcolancha en Huelva. El líder de la oposición ha asegurado durante un mitin en la ciudad de Málaga, en el que ha precedido al candidato de su partido a la Junta de Andalucía, que “el ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos. Ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir”.

El presidente del PP ha realizado estas declaraciones durante este acto electoral después de que el sábado ya solicitara en Ceuta la dimisión del ministro del Interior. Sobre Grande-Marlaska, Feijóo afirmó que “su incompetencia pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo”. Al igual que el sábado, este domingo ha comenzado su discurso expresando sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos así como su apoyo a los heridos hospitalizados y ha tratado de hacer suyas las reivindicaciones de los agentes que piden más medios en la lucha contra el narcotráfico.

Feijóo, que ha recordado a los dos fallecidos en una persecución similar a una narcolancha de traficantes en Barbate (Cádiz) hace dos años, ha asegurado que “nadie ha pedido perdón ni se ha hecho cargo”. “El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos, y ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir y acompañar a las familias; no se puede tener menos humanidad”, ha expuesto el presidente del PP, para quien “algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel”.

El líder del Partido Popular ha insistido en pedir el voto para Juan Manuel Moreno Bonilla “hasta el último minuto” después de decir que “vamos bien” y de dar por sentada la victoria del candidato del PP a una semana de las elecciones autonomicas del 17 de mayo. Feijóo ha llegado a decir que “Juanma Moreno lo hace todo bien” o que “incluso canta bien”.

Feijóo ha agradecido “todo lo que han hecho por Málaga” el alcalde de la ciudad, el popular Francisco de la Torre, así como a Celia Villalobos, presente también en el acto, y ha apuntado que, para obtener la presidencia de la Junta de Andalucía “es necesario” el apoyo de “las mayorías absolutas” de la ciudad de Málaga.

Después, ha recordado los casos judiciales que afectan a antiguos miembros del Gobierno y del Partido Socialista, que ha descrito como “decadencia socialista”, ha pedido “decencia” y “una Andalucía fuerte” con empleo, seguridad y servicios públicos y ha defendido que “los españoles no van a indultar a Sánchez”.

“Entre la trama que lideraba Sánchez y vigilaba Montero, o el equipazo que forman Juanma Moreno y el pueblo andaluz... Juanma Moreno y Andalucía, hacedme caso, Juanma Moreno y Andalucía”, ha exclamado Feijóo poco antes de finalizar su discurso, tras lo que ha insistido en que “nada está hecho” y en pedir “mayorías de estabilidad” frente al incremento de la fragmentación política.

Juanma Moreno Bonilla pide una mayoría estable

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de los populares en estas elecciones autonómicas, ha insistido durante su intervención en la necesidad de que los alcaldes del partido se impliquen en la campaña electoral para tener una Junta “cercana” y que atienda a sus problemas, tras lo que ha insistido en la idea principal de la campaña del PP de la necesidad de obtener una mayoría que dote de estabilidad al futuro gobierno andaluz.

Moreno Bonilla, tras agradecer la presencia de Feijóo en la ciudad de Málaga, se ha referido al fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil el viernes y a la tragedia de hace dos años en Barbate, y ha solicitado al líder de los populares que reforme el Código Penal para que se reconozcan todos los delitos de toda la cadena del narcotráfico. “¡Ya está bien!”, ha exclamado Juan Manuel Moreno, quien ha asegurado que los agentes no tienen “ni los medios ni los recursos humanos que necesitan” y ha pedido ofrecer “todos los medios que necesitan” para luchar contra la “lacra” del narcotráfico.

El candidato del PP en las elecciones andaluzas asegura que “en los últimos ocho años” se ven narcolanchas por toda la geografía andaluza ante lo que considera como “inacción” del Gobierno central. Y acto seguido ha calificado de “insensible” al ministro del Interior y ha criticado que no haya “estado al lado de las víctimas”.

Después, Moreno Bonilla se ha felicitado por las cifras económicas de los últimos años, ha destacado el incremento de las exportaciones desde la provincia de Málaga, o las obras públicas de los últimos años como la ampliación del metro, de la Costa del Sol, o de la ampliación de la desaladora de Marbella que, ha afirmado, “ante la falta de sensibilidad del Gobierno la hemos hecho nosotros”.

“El Gobierno de España nos ha crujío a impuestos”, ha afirmado el candidato popular, quien se ha preguntado “si España ha recaudado más que en ningún otro momento de la historia de España, la pregunta que me hago es, ¿dónde está el dinero?”

Y ha insistido, cuestionando lo que describe como un “maltrato” del Gobierno central a la comunidad andaluza: “¿Cuántos kilómetros de Cercanías se han hecho en Málaga con todo ese dinero recaudao? Cero. ¿Cuántos kilómetros de autovía se ha hecho en Málaga con todo ese dinero recaudao? Cero. ¿Cuánta ampliación del aeropuerto se ha hecho con todo ese dinero recaudao? ¡Eso es lo que ha hecho el Gobierno con Málaga y con Andalucía, limitar nuestro crecimiento, crujirnos a impuestos y limitar nuestro crecimiento con un maltrato injustificado, injustificable de cualquier modo de ver! Eso es lo que ha pasado”.

Después, Moreno Bonilla ha señalado que “van a venir tiempos difíciles” y ha justificado en ello la necesidad de “una mayoría suficiente”, tras lo que ha pedido a los en torno a 6.000 asistentes al pabellón Juan Imbroda que trasladen a sus familiares y amigos “la enorme dosis de ilusión que tenemos”. “Tenemos que llenar las urnas de votos”, ha dicho Moreno, que ha pedido hablar “con todos y cada uno de los andaluces y las andaluzas” para ganar “ampliamente” las elecciones. “¡A ganar, a ganar y a ganar!”, ha finalizado el candidato popular, tras lo que se ha abrazado con el líder de su partido, Núñez Feijóo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el crucero MV Hondius en el que se ha detectado un brote de hantavirus arribará a la isla de Tenerife esta madrugada entre las 4.00 y las 6.00 horas (hora de Canarias), donde se llevará a cabo la repatriación de los pasajeros asintomáticos que permanecen en el buque. Este proceso comenzará con los ciudadanos españoles, que serán trasladados a Madrid en un avión del Ejército, y continuará por grupos de nacionalidad una vez que los aviones destinados a estas repatriaciones se encuentren en la pista de despegue.

En total los pasajeros aún a bordo del barco recreativo suman 23 nacionalidades diferentes, lo que ha obligado a las autoridades sanitarias, tanto españolas como internacionales, a diseñar un operativo con numerosos participantes. La ministra García ha expresado este sábado que es “un orgullo” para el Gobierno que la Organización Mundial de la Salud “haya confiado en España” para esta operación.

Este sábado, poco antes de la rueda de prensa conjunta de los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, en La Moncloa, la justicia ha ratificado la imposición de una cuarentena a los pasajeros del barco, que será de siete dias aunque las autoridades sanitarias podrán solicitar una prórroga de la misma en caso de que fuera necesario.

En concreto, el buque llegará al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, donde se mantendrá fondeado en la dársena y un barco remolcador se encargará de realizar las maniobras pertinentes. A partir de ahí, los pasajeros asintomáticos que permanecen en su interior irán siendo evacuados hacia los vuelos de traslado, en el caso de los ciudadanos españoles, o de repatriación, en el caso de las personas de otras nacionalidades, una vez que los aviones estén preparados en la pista de despegue. La ministra no ha confirmado la hora de la llegada a Madrid, que se producirá a lo largo del domingo.

La ministra de Sanidad ha confirmado que la previsión es que los ciudadanos con nacionalidad española desembarquen en primer lugar y ha aclarado que todas las personas desalojadas del crucero lo harán con una pequeña bolsa de plástico cerrada con sus pertenencias básicas y haciendo uso de una mascarilla FFP2, para evitar riesgos. En el interior del barco quedarán 30 tripulantes y se prevé la repatriación de 17 personas de la tripulación, según ha informado en la rueda de prensa la ministra, que ha confirmado que el cadáver del fallecido continuará en el interior del barco hasta Países Bajos.

La responsable de Sanidad ha insistido durante la comparecencia en que el riesgo para la población general sigue siendo “bajo” y ha enfatizado que “todos los protocolos funcionan correctamente”. Además, ha destacado el aval judicial a la cuarentena solicitada por las autoridades sanitarias para los pasajeros españoles del crucero de lujo, que tendrá lugar en el Hospital militar Gómez Ulla en Madrid. Además de los nacionales españoles, el responsable de la OMS África, que se encuentra en el interior del barco, también hará la cuarentena en el hospital del Ministerio de Defensa.

Mónica García ha detallado que mantuvo este viernes una reunión por videoconferencia con los pasajeros españoles y ha querido poner de relevancia que todos ellos se encuentran asintomáticos desde el considerado como último contacto estrecho con la enfermedad, que se habría producido el 27 o el 28 de abril, pero también que el Ministerio respetará su privacidad y que comprende que la situación está siendo “muy difícil” para ellos. García también ha avanzado que se pondrá a disposición de los pasajeros un equipo de psicología.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, que ha comenzado su intervención enviando sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos durante una persecución a una narcolancha en Huelva, ha asegurado que la operación de repatriación se hará “lo más rápido posible” y “con la máxima seguridad”. Además, ha confirmado que el transporte de los pasajeros del barco al avión militar que llevará a los españoles al Hospital Gómez Ulla lo harán miembros del Ejército de Tierra.

Además, el resto del personal que participará en la operación de evacuación hará uso también de equipos de protección individual, como exigen los protocolos sanitarios internacionales. El operativo será coordinado de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior y sus dos responsables, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, viajarán esta misma tarde a Canarias con este motivo.

Allí les acompañará también el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus, que esta tarde ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de enviar una carta a los habitantes de la isla de Tenerife explicando que el riesgo de contagio del hantavirus es “bajo”.

Tras este encuentro, el líder del Ejecutivo ha señalado que aceptar la solicitud del organismo internacional era “un deber moral y legal” tanto hacia los ciudadanos como hacia la UE y el derecho internacional. “España estará siempre del lado de quienes necesitan ayuda”, ha dicho Sánchez, quien ha añadido también que “hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad”.

Entre los aviones de repatriación a otros países europeos que ya están programados se encuentran aeronaves de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, según ha confirmado el ministro Grande-Marlaska. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están confirmados y dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.

Tres contactos estrechos en España

La ministra de Sanidad ha confirmado que, al cierre del viernes, habían sido identificados un total de tres contactos con la mujer fallecida por hantavirus que viajó en avión desde Johannesburgo hasta Países Bajos. Se ha localizado a tres mujeres, dos de nacionalidad española y una sudafricana, y entre las que solamente las dos personas residentes en España han presentado algún tipo de síntoma.

El primer caso es el de una mujer en Alicante que ha presentado síntomas leves -tos- tras coincidir en el avión con la mujer fallecida. Por el momento se encuentra hospitalizada en la Comunitat Valenciana para su observación. Según han confirmado a elDiario.es fuentes de Sanidad, la PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología han dado un resultado negativo. Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.

Se ha detectado un segundo caso en Barcelona, considerado un contacto estrecho con la misma fallecida en el avión que viajó de Sudáfrica a Países Bajos, y Sanidad ha admitido que se haga el seguimiento de la evolución de esta persona en el Hospital Clínic de la capital catalana. En este caso, se trata de un caso asintomático y se esperan así mismo los resultados de las pruebas de laboratorio este fin de semana. La mujer ha optado por quedarse interna en cuarentena de forma voluntaria.

Además, Sanidad ha confirmado la identificación de un contacto más, el de una mujer sudafricana que, tras volar a Países Bajos, pasó una semana en Barcelona. Ha sido contactada por las autoridades sanitarias tras su vuelta a su país de residencia y se considera que no ha mantenido contactos estrechos ni ha presentado síntomas durante los días siguientes al posible contacto con la mujer contagiada de hantavirus.

La polémica por el acceso a los fondos sobre franquismo que custodia el Ministerio del Interior da un nuevo paso esta semana. 500 historiadores e investigadores de disciplinas afines han firmado una carta abierta que este miércoles por la mañana enviarán al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, en la que manifiestan su “preocupación” por las “dificultades persistentes” en la consulta de la documentación que guarda el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y reclaman la “apertura” del mismo.

Entre estos obstáculos está el 'borrado' de nombres propios en expedientes y oficios, que es como en muchos casos manda el archivo la documentación a investigadores y familiares de víctimas del franquismo, como ha podido comprobar elDiario.es. Stella Maldonado, por ejemplo, recibió el pasado 1 de abril el expediente carcelario de su abuela Matilde, detenida en Madrid en 1939, con el nombre del oficial que firmó su salida de prisión para acudir al Consejo de Guerra que la condenó tapado por un borrón blanco, impidiendo su lectura. La práctica se repite en muchos otros casos y también afecta a proyectos de investigación.

La carta denuncia que este tipo de frenos “no suelen presentarse en otros archivos públicos” con los que trabajan los investigadores, que no tienen entre su modus operandi enviar documentos “con marcas actuales de censuras” como hace Interior, a pesar de no ser papeles que se encuentren “sometidos a restricciones de acceso”, señalan en la misiva. El AGMI tiene en su haber decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o la dictadura de Franco, muchos de ellos relativos a algunos órganos clave de su aparato represivo.

A la ocultación de nombres se suman la entrega de los papeles “con grandes retrasos”, llegando incluso a los dos años de dilación a pesar de que la ley establece que las peticiones deben ser atendidas en un mes como máximo. Tampoco el AGMI pone a disposición los llamados instrumentos de consulta, que son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo. “Sin ellos no podemos saber qué contiene cada caja. Todo aquello que en un archivo no está bien descrito, está en la práctica perdido”, señala Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los impulsores de la iniciativa.

Condiciones “equiparables” a otros archivos

Entre las personas que suscriben la carta hay expertos y expertas de las 50 universidades públicas que hay en España, también de algunas privadas y de varias extranjeras como la Universidad de Nottingham (Reino Unido), la Universidad París 8, The Collegue of New Jersey, el King's College de Londres, la Universidad de Leeds o la de Lisboa, entre otras. A la misiva se ha adherido también la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector.

Los profesionales hacen a Grande-Marlaska varias peticiones para “contribuir a la mejora de la situación y facilitar el desarrollo ordinario de la investigación”. La primera es la transferencia de los fondos que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”. Y es que, según la propia instrucción del Ministerio, su archivo no debería custodiar este tipo de documentación al superar 30 años de antigüedad, sino que debería estar en posesión de otros como el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, al que víctimas e investigadores acuden con regularidad sin sufrir restricciones.

Sin embargo, en los últimos 25 años, el AGA –dependiente del Ministerio de Cultura– únicamente ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–. Hay una tercera transferencia de 6.111 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, pero aún no se ha producido. En todo caso, la misiva exige que, más allá de estos traslados puntuales, el Ministerio del Interior “identifique” la documentación histórica y “programe” su traslado escalonado. De momento, estas cajas no llegan a suponer ni el 10% del total de los fondos pendientes.

Mientras se produce esta transferencia, los investigadores reclaman que “se garantice” el acceso al AGMI “en condiciones equiparables” al resto de archivos de la red. No solo que dejen de taparse datos personales o se cumplan los plazos de entrega de fondos, también piden que se “simplifique” el procedimiento de solicitud o que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a día de hoy.

La importancia de los fondos que custodia el archivo hace que “numerosas investigaciones” deban pasar “necesariamente” por él, lo que genera “numerosas dificultades”. Los retrasos, por ejemplo, “generan perjuicios” tanto a la ciudadanía como a los profesionales, apunta Lozano, que cree que son especialmente “graves” en el caso de las víctimas del franquismo, para las que esperar uno o dos años a recibir los documentos “tiene mucha importancia” al ser muchas de ellas personas de avanzada edad. Además, los plazos “disuaden” a la hora de iniciar investigaciones porque las tesis doctorales “tienen un margen de entrega” de tres años y los proyectos financiados dos, ejemplifica.

La misiva alude a que las prácticas del AGMI “derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada” y reclaman que se renueve de forma “acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares que rigen la archivística nacional e internacional”.

En general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, algo que afecta a los papeles del franquismo. Sin embargo, el Ministerio del Interior aplica una instrucción propia de 2006 en la que justifica borrar nombres “de carácter policial o procesal” sin importar su antigüedad. Una normativa que los investigadores solicitan a Marlaska “revisar y sustituir” por una legislación “actualizada”.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado este viernes la “brutalidad policial” que sufrió el exdiputado madrileño de la formación Serigne Mbaye al ser detenido el jueves junto a otras seis personas por la Policía Nacional, un arresto que Fernández ha calificado de “redada racista”. Unas horas después de la puesta en libertad de Mbayé, detenido —según la Delegación del Gobierno— por negarse a identificarse ante un control policial que investigaba el robo de un coche, Fernández ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el “máximo responsable” de este tipo de comportamientos las fuerzas de seguridad.

“No vivimos en una democracia normal y plena cuando a diario se producen redadas racistas basadas en un perfil étnico, así como episodios de violencia de brutalidad policial como los que ayer sufrió nuestro compañero Serigne Mbaye”, ha criticado Fernández, que ha asegurado que este tipo de operaciones son “algo demasiado habitual” en España. “Hay vídeos que muestran a policías con la rodilla en la cabeza de nuestro compañero Serigne Mbaye, y que también muestran a policías con porras y causando lesiones a vecinos de Madrid, y eso es extremadamente grave”, ha insistido el dirigente de Podemos, que comparó estas prácticas con las del ICE estadounidense, “la policía nazi de Trump”.

Fernández, asimismo, ha anunciado que Podemos presentará varias iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre la detención de Mbaye y otras seis personas. En primer lugar, la formación morada ha registrado “una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, para que se depuren las responsabilidades pertinentes”, y en segundo lugar el partido registrará este viernes por la mañana “una proposición no de ley pidiendo una investigación que sea verdaderamente independiente” y para exigir “que se implementen los mecanismos necesarios para que en este país las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico”.

“Después de lo que sucedió ayer tienen que caer los responsables de esa brutalidad policial” y de la cual, “evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior”, ha criticado Fernández, que ha recordado que “hace muchísimo tiempo que Podemos viene exigiendo a Marlaska un giro radical en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Continuaremos exigiéndoselo, y esperemos que de una vez por todas en España, en el siglo XXI, dejemos de tener que observar a personas racializadas y migrantes que son hostigadas, perseguidas y detenidas simplemente por el color de su piel”, porque “es una absoluta vergüenza que esto suceda con un Gobierno que se dice progresista”, ha espetado.

Fernández, asimismo, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez no aprovechara los cambios en el Ejecutivo de este jueves para relevar a Marlaska y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El presidente ha desaprovechado una oportunidad para sacar del Ejecutivo a dos personas que son claramente de derechas” y que, “en el caso de Marlaska, permite redadas racistas y que se ejerza la brutalidad en determinadas ocasiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha zanjado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

La inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo José Ángel González ha ratificado este martes su querella en el juzgado en una declaración de dos horas en la que ha contestado a más de 300 preguntas, según su abogado. El comisario, que dimitió tras trascender la denuncia, ha defendido su inocencia y a la salida del juzgado ha asegurado a los medios que es víctima de un acto de “maldad, ruindad y odio” por parte de la víctima como venganza por no conseguir sus “pretensiones personales y profesionales”.

Tras las comparecencias, el juez ha rechazado la petición de la denunciante de prohibir al comisario comunicarse con ella. “No parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos, se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante y máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial”, recoge el auto del juez David Maman Benchimol, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ha sido la primera vez que ambos han comparecido en sede judicial después de que la agente presentara el pasado enero una denuncia contra González en la que afirmaba que le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjuntaba audios dentro del domicilio donde presuntamente se cometió la agresión y de las presiones posteriores. El Ministerio del Interior acordó recientemente poner una escolta a la denunciante después de que se filtrara su identidad. 

En su querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada. Le atribuye delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. 

Al término de las declaraciones, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha insistido en la validez del audio para sostener la acusación y ha asegurado que en un momento de la declaración el juez ha corregido al acusado, que aseguraba no escuchar durante la reproducción de la grabación el ruido de una cremallera.

Por su parte, el abogado del exDAO, José Carlos Velasco, ha dicho a los medios que existe una gran diferencia entre la verdad mediática y lo que acontece en la causa judicial y ha añadido: “Si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión”. Justo antes, su cliente había dicho a los periodistas: “Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional, por algo que no he hecho en absoluto. Muchos de ustedes ya me han juzgado y condenado sin ninguna prueba. Esperemos que gracias a Dios puedan esclarecerse los hechos”.

Ante el juez, el comisario ha tratado de defender que la agente ha puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y ha definido a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le ha tendido una trampa. También ha afirmado que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

El testimonio de la denunciante es diametralmente opuesto. Según su relato, José Ángel González, conocido internamente como Jota, la requirió telefónicamente a las 14:15 horas del 23 de abril del año pasado para que abandonara su puesto de trabajo y acudiera a verle a un restaurante donde estaba comiendo con otro mando, Óscar San Juan, un comisario que actuaba como su mano derecha y al que también acusa de coaccionarla. San Juan fue relevado de sus funciones y destinado a un puesto burocrático tras estallar el caso. 

Según la querella, el director operativo le indicó que acudiera en un vehículo del cuerpo, camuflado, del que se precisaba en su querella color, marca, modelo y matrícula. La agente se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado González ordenó al otro comisario que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio. 

Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el entonces comisario sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima” que ella rechazó “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella. 

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”. Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. 

Ante el juez, el exDAO ha dado su propia versión sobre el sonido de agua del grifo de la cocina que se escucha la grabación. Según la denunciante, tras la agresión, él se acercó al grifo de la cocina, lo abrió y se lavó la mano. Según él, lo que estaba haciendo en realidad era lavar las dos copas de cerveza que había servido previamente para ambos.

Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión, del que ha pedido que declare como testigo. La mujer aportó audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella. El exDAO ha reconocido que contactó con ella, pero que lo hizo sólo para saber qué tal estaba.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

En la querella se recoge cómo otro comisario que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía.

El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto ubicado en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral. Ante el juez, la denunciante ha afirmado que tardó varios meses en acudir a los tribunales dada la situación psicológica en la que se encontraba.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este lunes el trabajo “concienzudo” de la Guardia Civil que ha permitido esclarecer la desaparición de Francisca Cadenas, cuyo cuerpo ha sido localizado tras años de investigación.

Durante su intervención en Castuera (Badajoz), donde ha inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil, el ministro ha agradecido la labor de la comandancia de Badajoz y de sus distintas unidades, entre ellas la Policía Judicial, el servicio de Criminalística y la Unidad Central Operativa (UCO). Según ha señalado a preguntas de los medios, el hallazgo del cuerpo ha permitido “dar alivio dentro de la tragedia y del dolor familiar” a los hijos y al resto de la familia de la víctima.

Marlaska ha subrayado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “no paran y no olvidan ningún hecho delictivo, y menos hechos de esta gravedad”.

Preguntado por los detalles de la investigación, el ministro ha evitado pronunciarse al recordar que el procedimiento judicial está en fase de instrucción y que debe desarrollarse “por los cauces ordinarios y legales”.

Asimismo, ha afirmado que los casos de personas desaparecidas constituyen una “preocupación máxima” para el Ministerio del Interior y para el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha impulsado el primer plan estatal sobre personas desaparecidas y el trabajo del Centro Nacional de Desaparecidos para mejorar la prevención, la investigación y la atención a las familias.

Durant els estius d'Eivissa, quan la festa deixa de distingir entre nit i dia i els iots omplen el port esportiu, una part de la delinqüència europea també aterra a l'illa. Bandes itinerants que viatgen seguint el calendari de l'oci nocturn -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observen durant hores turistes adinerats i esperen el moment precís per actuar: una estrebada de rellotge a la sortida d'una discoteca, un assalt ràpid a la terrassa d'un restaurant de luxe, un cotxe preparat per abandonar l'illa abans que albiri el dia. Perseguir aquests grups va ser durant anys part de la feina quotidiana de la Policia Nacional a l'illa. I el comandament que coordinava aquests operatius era el comissari José Luis Santafé, a qui el Ministeri de l'Interior ha recorregut per substituir José Ángel González, denunciat per agressió sexual per part d'una subordinada, com a nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional.

Allunyat de les grans unitats centrals i curtit als carrers, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) va néixer i va créixer al barri de Malasaña, un escenari on, als anys vuitanta, la droga i la conflictivitat formaven part del paisatge quotidià. D'aquest context va emergir una vocació primerenca que el situaria a l'escola clàssica de la seguretat ciutadana i a una generació de comandaments que van accedir al cos per la via acadèmica. El 1990 va ingressar a l'escala executiva de la Policia Nacional i va començar la seva carrera a la Divisió de Formació i Perfeccionament. Molt aviat va fer el salt al terreny operatiu. El 2005 va ascendir a inspector cap, el 2012 a comissari i el 2020 va assolir el rang de comissari principal, la categoria més alta dins l'escalafó policial.

La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot en destinacions territorials. Des dels anys noranta ha alternat llocs a Madrid, Canàries i Balears. Va ser en aquest últim arxipèlag, marcat per la pressió turística, la delinqüència vinculada a l'oci nocturn i la necessitat de coordinar grans dispositius de seguretat durant la temporada alta, on va començar a especialitzar-se en seguretat ciutadana i policia judicial. Abans de ser nomenat cap superior, va dirigir la Comissaria d'Eivissa, un dels territoris més exigents i complexos per a la Policia Nacional, travessat per la presència de milers de turistes cada estiu i la delinqüència itinerant.

Durant aquesta etapa, Santafé va coordinar diversos operatius contra grups criminals que es desplaçaven a la major de les Pitiüses per robar a turistes d'alt poder adquisitiu. Un dels més coneguts va ser la desarticulació de l'anomenada banda del Rolex, dedicada a assaltar visitants a la sortida de discoteques i restaurants de luxe. A l'estiu del 2014, les investigacions van permetre detenir diversos membres de grups itinerants -alguns procedents d'Itàlia i del nord d'Àfrica— i recuperar rellotges valorats en centenars de milers d'euros. Aquest tipus de delinqüència era habitual a la Ibiza dels grans clubs i els iots: robatoris ràpids, víctimes amb objectes de luxe i delinqüents que intentaven abandonar l'illa abans de ser identificats. L'operació es va convertir en un dels cops policials més visibles d'aquella etapa.

Un altre dels fronts oberts durant el seu pas per Eivissa van ser les bandes especialitzades en robatoris amb força, perpetrats per grups que entraven a botigues i joieries perforant parets des de locals contigus. Sota el comandament de Santafé, la Policia Nacional va desarticular dos grups organitzats que operaven a l'illa i que actuaven de forma molt planificada: estudiaven els locals durant setmanes, llogaven pisos o magatzems propers i executaven el cop de matinada. Les investigacions van culminar amb diverses detencions i amb la recuperació de part del material robat. En un territori amb una economia molt dependent del turisme i del comerç de luxe, aquests cops tenien un considerable impacte mediàtic i econòmic.

Un fosc magnat i una infanta al banc dels acusats

Des d'Eivissa, Santafé va recalar el 2016 a la Prefectura de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a Palma. Des d'allí va participar en la coordinació d'un dels dispositius de seguretat més sensibles que s'han desplegat a les illes: el del judici del cas Nóos, que per primera vegada va asseure al banc dels acusats un membre de la família reial, la infanta Cristina. La seva presència va acaparar una enorme atenció internacional i va requerir el desplegament d'un ampli dispositiu policial: calia garantir la seguretat al voltant de les dependències on durant sis mesos es va celebrar la vista oral, controlar l'accés dels mitjans de comunicació i coordinar l'arribada dels principals acusats.

El seu nom també va quedar associat a una altra de les grans causes judicials instruïdes a les illes: el cas Cursach, les investigacions del qual van situar el magnat Bartolomé Cursach a l'epicentre d'una trama politico-policial dirigida a perpetuar la seva autoritat a la nit mallorquina. Durant mesos, la instrucció va avançar entre detencions, registres i un degoteig constant de policies locals imputats i empresonats de forma preventiva en el marc d'unes perquisicions que van arribar a sacsejar bona part de la Policia Local de Palma.

En aquell context, Santafé va mantenir una posició molt crítica amb l'actuació del jutge instructor del cas, Manuel Penalva, i del fiscal, Miguel Ángel Subirán, als quals va retreure haver-se excedit en la conducció de la instrucció. Anys després, la causa acabaria dinamitada i Cursach seria absolt per falta de proves. Per la seva banda, Penalva i Subirán acabarien condemnats a nou anys de presó per delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions mentre la causa es trobava sota secret de sumari.

Quan el 2022 va ser nomenat cap superior de Policia a Balears, Santafé va passar a dirigir tot el dispositiu policial de l'arxipèlag, amb prop de 1.700 agents repartits entre Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera. El principal desafiament era l'estacionalitat extrema: cada estiu la població efectiva de les illes es multiplica i, amb ella, els reptes en matèria de seguretat: la delinqüència vinculada al turisme i a l'oci nocturn, les xarxes de narcotràfic marítim i els grans dispositius per a esdeveniments i temporada alta. També la pressió migratòria a les costes, l'increment de la qual, en paraules de Santafé, s'ha convertit en un dels reptes creixents per a la policia a les illes. Gestionar aquest escenari implica desplegar cada temporada macrooperatius de reforç policial, coordinació amb Guàrdia Civil i Policia Local i dispositius específics en aeroports, ports i zones d'oci.

Al final del 2025, en una trobada amb periodistes per explicar el balanç de l'any, Santafé va advertir dels canvis produïts en la delinqüència lligats a l'augment de població i al rècord de visitants a Balears, i va manifestar que alguns delinqüents “han tornat al passat” amb pràctiques com els robatoris a l'interior de vehicles, un delicte que “pràcticament havia desaparegut” a les illes. En molts de casos, va afegir, ni tan sols aconsegueixen emportar-se res perquè els cotxes no contenen objectes de valor, però, així i tot, obliguen la policia a redoblar esforços per combatre'ls.

Amb més de tres dècades de carrera a les esquenes, Santafé aterra ara al cor operatiu de la Policia Nacional, des del qual s'encarregarà de coordinar les principals comissaries generals així com de supervisar les operacions i la planificació estratègica del cos. Interior ha optat per un perfil tècnic i relativament aliè a les lluites internes que històricament han marcat la cúpula policial. El repte que té al davant no és menor: refer la moral del cos després de l'escàndol que va provocar la caiguda del seu antecessor i retornar estabilitat a una de les institucions clau del sistema de seguretat de l'Estat.

Durante los veranos de Eivissa, cuando la fiesta deja de distinguir entre noche y día y los yates llenan el puerto deportivo, una parte de la delincuencia europea también aterriza en la isla. Bandas itinerantes que viajan siguiendo el calendario del ocio nocturno -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observan durante horas a turistas adinerados y esperan el momento preciso para actuar: un tirón de reloj a la salida de una discoteca, un asalto rápido en la terraza de un restaurante de lujo, un coche preparado para abandonar la isla antes de que amanezca. Perseguir a esos grupos fue durante años parte del trabajo cotidiano de la Policía Nacional en la isla. Y el mando que coordinaba esos operativos era el comisario José Luis Santafé, a quien el Ministerio del Interior ha recurrido para sustituir a José Ángel González, denunciado por agresión sexual por parte de una subordinada, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Alejado de las grandes unidades centrales y curtido en las calles, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) nació y creció en el barrio de Malasaña, un escenario donde, en los años ochenta, la droga y la conflictividad formaban parte del paisaje cotidiano. De ese contexto emergió una vocación temprana que le situaría en la escuela clásica de la seguridad ciudadana y a una generación de mandos que accedieron al cuerpo por la vía académica. En 1990 ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional y comenzó su carrera en la División de Formación y Perfeccionamiento. Muy pronto dio el salto al terreno operativo. En 2005 ascendió a inspector jefe, en 2012 a comisario y en 2020 alcanzó el rango de comisario principal, la categoría más alta dentro del escalafón policial.

Su carrera se ha desarrollado sobre todo en destinos territoriales. Desde los años noventa ha alternado puestos en Madrid, Canarias y Balears. Fue en este último archipiélago, marcado por la presión turística, la delincuencia vinculada al ocio nocturno y la necesidad de coordinar grandes dispositivos de seguridad durante la temporada alta, donde empezó a especializarse en seguridad ciudadana y policía judicial. Antes de ser nombrado jefe superior, dirigió la Comisaría de Eivissa, uno de los territorios más exigentes y complejos para la Policía Nacional, atravesado por la presencia de hordas de turistas cada verano y la delincuencia itinerante.

Durante esta etapa, Santafé coordinó varios operativos contra grupos criminales que se desplazaban a la mayor de las Pitiüses para robar a turistas de alto poder adquisitivo. Uno de los más conocidos fue la desarticulación de la llamada 'banda del Rolex', dedicada a asaltar a visitantes a la salida de discotecas y restaurantes de lujo. En el verano de 2014, las investigaciones permitieron detener a varios miembros de grupos itinerantes -algunos procedentes de Italia y del norte de África- y recuperar relojes valorados en cientos de miles de euros. Ese tipo de delincuencia era habitual en la Ibiza de los grandes clubs y los yates: robos rápidos, víctimas con objetos de lujo y delincuentes que intentaban abandonar la isla antes de ser identificados. La operación se convirtió en uno de los golpes policiales más visibles de aquella etapa.

Otro de los frentes abiertos durante su paso por Eivissa fueron las bandas especializadas en robos con butrón, perpetrados por grupos que entraban en tiendas y joyerías perforando paredes desde locales contiguos. Bajo el mando de Santafé, la Policía Nacional desarticuló dos grupos organizados que operaban en la isla y que actuaban de forma muy planificada: estudiaban los locales durante semanas, alquilaban pisos o almacenes cercanos y ejecutaban el golpe de madrugada. Las investigaciones culminaron con varias detenciones y con la recuperación de parte del material robado. En un territorio con una economía muy dependiente del turismo y del comercio de lujo, esos golpes tenían un considerable impacto mediático y económico.

Un oscuro magnate y una infanta en el banquillo

Desde Eivissa, Santafé recaló en 2016 en la Jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Palma. Desde ahí participó en la coordinación de uno de los dispositivos de seguridad más sensibles que se han desplegado en las islas, el del juicio del caso Nóos, que por primera vez sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, cuya presencia acaparó una enorme atención internacional y requirió el despliegue de un amplio dispositivo policial: había que garantizar la seguridad en torno a las dependencias donde durante seis meses se celebró la vista oral, controlar el acceso de los medios de comunicación y coordinar la llegada de los principales acusados.

Su nombre también quedó asociado a otra de las grandes causas judiciales instruidas en las islas, el caso Cursach, cuyas investigaciones situaron al magnate Bartolomé Cursach en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche. Durante meses, la instrucción avanzó entre detenciones, registros y un goteo constante de policías locales imputados y encarcelados de forma preventiva en el marco de unas pesquisas que llegó a sacudir a buena parte de la Policía Local de Palma.

En aquel contexto, Santafé mantuvo una posición muy crítica con la actuación del juez instructor del caso, Manuel Penalva, y del fiscal, Miguel Ángel Subirán, a quienes reprochó haberse excedido en la conducción de la instrucción. Años después, la causa acabaría dinamitada y Cursach, absuelto por falta de pruebas. Por su parte, Penalva y Subirán acabarían condenados a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial.

Cuando en 2022 fue nombrado jefe superior de Policía en Balears, Santafé pasó a dirigir todo el dispositivo policial del archipiélago, con cerca de 1.700 agentes repartidos entre Mallorca, Eivissa, Menorca y Formentera. El principal desafío era la estacionalidad extrema: cada verano, la población efectiva de las islas se multiplica y, con ella, los retos en materia de seguridad: la delincuencia vinculada al turismo y al ocio nocturno, las redes de narcotráfico marítimo y los grandes dispositivos para eventos y temporada alta. También la presión migratoria en las costas, cuyo incremento, en palabras de Santafé, se ha convertido en uno de los retos crecientes para la policía en las islas. Gestionar ese escenario implica desplegar cada temporada macrooperativos de refuerzo policial, coordinación con Guardia Civil y Policía Local y dispositivos específicos en aeropuertos, puertos y zonas de ocio.

Al término de 2025, en un encuentro con los periodistas para dar cuenta del año, Santafé advirtió de los cambios producidos en la delincuencia ligados al aumento de población y al récord de visitantes en Balears, y manifestó que algunos delincuentes “han vuelto al pasado” con prácticas como los robos en el interior de vehículos, un delito que “prácticamente había desaparecido” en las islas. En muchos casos, añadió, ni siquiera logran llevarse nada porque los coches no contienen objetos de valor, pero, aun así, obligan a la policía a redoblar esfuerzos para combatirlos.

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, Santafé aterriza ahora en el corazón operativo de la Policía Nacional, desde el que se encargará de coordinar las principales comisarías generales así como supervisar las operaciones y la planificación estratégica del cuerpo. Interior ha optado por un perfil técnico y relativamente ajeno a las luchas internas que históricamente han marcado la cúpula policial. El reto que tiene por delante no es menor: recomponer la moral del cuerpo tras el escándalo que provocó la caída de su antecesor y devolver estabilidad a una de las instituciones clave del sistema de seguridad del Estado.