El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Esa misiva ya ha sido respondida por Perelló, quien defiende que la actuación de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recuerda que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.

Además, la presidenta del Poder Judicial recuerda que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

En su carta, Marlaska alegaba que ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

El director de la Policía, Francisco Pardo, ha informado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que la jueza de la Audiencia Nacional “dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido” del informe que la magistada les había encargado y que, por tanto, él no tuvo conocimiento del mismo.

En una nota difundida por el Ministerio del Interior, el departamento añade que la jueza María Tardón “ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe” este mismo miércoles, después de que El Español avanzara su contenido.

“Solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”, precisa Interior.

La nota también alude a un informe publicado y que tendría fecha del 29 de julio, el día antes de la afluencia masiva de inmigrantes. Respecto al mismo, Pardo ha asegurado al ministro que “se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente”.

El informe policial en el que se atribuiría a Marruecos la entrada de migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente en la crisis iniciada el pasado 30 de julio. Horas después de que trascendiera el contenido de ese atestado, adelantado por El Español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El ministro subraya que, según la información, en ese atestado del CENIF figuraría que la entrada masiva en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio. Por eso, el titular de Interior cree necesario conocer desde cuándo disponía esa unidad de esa información que es “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda “adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria” y en defensa del Estado.

“Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, recalca.

Por contra, el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que llevó el asunto de la entrada masiva a la Audiencia Nacional –órgano judicial que espera informe de la Fiscalía para saber si es competente para hacerse con el asunto–, ha solicitado este mismo miércoles a Tardón que aperciba al ministro por ejercer “una presión ilegal” y proteja a los agentes del CENIF que, a su juicio, actúan ya como Policía Judicial.

De hecho, el presidente de ese partido, Luis Pardo, ha remitido la carta del ministro al juzgado para que se evite “cualquier interferencia en la investigación”, se “blinde” a los investigadores policiales y se exija a Interior que aclare por qué pide explicaciones a la Policía Nacional sobre un informe elaborado por orden judicial.

¿Qué dice la ley?

La pregunta que se plantea ahora es si esa unidad específica debía haber informado a Grande-Marlaska sobre la emisión de ese informe o si en realidad operaba ya en funciones de policía judicial, algo que la exoneraría de dar cuenta a sus superiores policiales dado que solo se debe a la jueza de la Audiencia Nacional que abrió diligencias el pasado julio tras la denuncia presentada por el partido de Pardo.

Las funciones de la Policía Judicial están recogidas en la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 547 a 550, pero no especifican a partir de qué momento las labores de una unidad policial concreta pasan a estar bajo la única batuta del juez. Sí explica, no obstante, que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”. Y que compete “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales”.

Y recalca la norma que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta “no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno en la expansión de la Covid-19 por autorizar una marcha feminista.

Grande-Marlaska destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno y señalaba a otros miembros del Ejecutivo. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de miembros del Ejecutivo.

La diferencia con el caso de Ceuta radica en que el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial en una causa abierta y declarada secreta, a diferencia de lo que ocurre con el escrito de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole que le verifique “a la mayor brevedad” el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Marlaska ha remitido la misiva a Pardo, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le “reclama ser informado sobre la veracidad” del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido, adelantado por El Español.

“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, señala Marlaska en la misiva.

A su juicio, “se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”.

“Ello al margen”, añade la carta, “de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.

“Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”, concluye.

El Gobierno pide no hacer “conjeturas” antes de conocer los detalles del informe

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apostado por no hacer “conjeturas” sobre el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta a la espera de conocer todos los detalles del mismo.

En una entrevista en 'RNE', Torres ha subrayado que por ahora no se sabe “si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía”. Así pues, ha incidido, “si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa”.

Preguntado sobre si de confirmarse que agentes marroquíes orquestaron la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta el Gobierno actuaría, el ministro ha defendido que “hablar ahora de ello es hacer conjeturas”. “Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe”, ha añadido.

En cuanto a si se pedirían explicaciones a Marruecos, Torres ha afirmado que si el informe confirma lo que se ha publicado “lógicamente habría una responsabilidad, y el Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro”, apuntando a que se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de ministros marroquíes.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas migrantes que quedan en Ceuta tras la entrada del pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad”, afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada” y manifestó que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento, así como asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes.

Respecto a Europol, España apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en la Comisión de Interior del Congreso al hacer un llamamiento urgente a la “calma” y al “cese de cualquier tipo de violencia” en Ceuta, mientras la extrema derecha de Voz azuza el estallido racista registrado en los últimos días en la ciudad autónoma. Al llamamiento al cese de la violencia se ha sumado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha leído una declaración institucional en la que ha calificado de “legítimas” las manifestaciones pero “siempre de manera pacífica y ordenada”: “Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan”.

Parte de las intervenciones de los diputados en el Congreso han estado marcadas por la gravedad de la violencia en Ceuta, donde la quema de parte de los asentamientos de la playa del Trampolín, las agresiones a periodistas y a vecinos musulmanes, así como el hostigamiento a negocios que atienden a personas migrantes han irrumpido en el debate parlamentario.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”. Ante el retraso en la activación de un mando único, el titular de Interior ha defendido que el Ejecutivo y la totalidad de sus ministerios han estado respondiendo “al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento”.

El titular de Interior ha insistido, además, en que “una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación”, el Gobierno continuará aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de las personas migrantes que “no reúnan las condiciones” para permanecer en España.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha sumado durante su comparecencia en el Congreso al llamamiento a la calma para que la Cruz Roja pueda distribuir hoy agua y comida como hace cada tarde desde el inicio de la emergencia en Ceuta. “Cruz Roja está constituida en gran medida por personas voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo a prestar apoyo y atención humanitaria a quienes más lo necesitan. No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario”, ha reclamado después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa del Trampolín ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El PP: “Quien piense que con la violencia ayuda, se equivoca”

Por su parte, el diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, se ha sumado a la petición de serenidad, advirtiendo de que acciones como “acosar a periodistas o bloquear el paso a la Cruz Roja” no benefician a la ciudad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado.

Celaya ha justificado la “desesperación e indignación” de la población ceutí achacándola a la “pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien el PP ha criticado duramente por la gestión de la crisis. La diputada Ana Vázquez ha acusado al Ejecutivo de dejar “abandonados” a los ceutíes. “El Gobierno no ha respondido de forma adecuada. Es un Gobierno descontrolado, desbordado y totalmente enfrentado entre sí”, ha dicho Vázquez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”: “La inacción se paga”.

La intervención del diputado Celaya evidencia un cambio de discurso en el PP, cuyo portavoz nacional, Borja Sémper, pidió este lunes “no señalar a la gente” después de que personas sin identificar destruyeran el campamento improvisado que cientos de personas habían montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, dijo Sémper este jueves.

El único grupo parlamentario que ha hecho un respaldo implícito a los recientes altercados racistas ha sido Vox. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, como admirablemente lo está haciendo el propio pueblo”, ha dicho su diputado Ignacio Gil Lázaro, quien ha calificado la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma como un “plan de asalto contra la integridad territorial de España” facilitado por la “inacción cómplice” de un Gobierno que ha calificado de “corrupto y traidor”.

El diputado de extrema derecha ha pedido la “expulsión inmediata” de todas las personas que entraron y que los menores sean “devueltos ya a sus padres o a las instituciones marroquíes” a pesar de que los expertos recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Sumar responsabiliza al PP y a Vox de los altercados

Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha responsabilizado al PP y a Vox de los altercados racistas registrados en la ciudad autónoma. “Responsabilizamos de esta violencia a quienes han llamado expresa y reiteradamente a cazar a inmigrantes, especialmente a Vox; y a quienes piden soluciones imposibles a esta crisis, como el Partido Popular. Exigimos el cese de la violencia, el castigo a los responsables y el castigo a los inductores”, ha aseverado.

Santiago ha recordado que “existen leyes internacionales, europeas y nacionales que obligan a respetar la dignidad humana y los derechos humanos”. Y ha dicho que las personas migrantes “podrán ser devueltas o podrán permanecer en España”, pero el Estado de derecho debe actuar “con respeto a la ley”.

El diputado de Sumar también se ha mostrado escéptico con el hecho de que Marruecos vaya a hacerse cargo de los menores no acompañados. “Marruecos no ha recibido los cadáveres [de las personas que murieron intentando entrar a nado], menos va a recibir a los vivos. Marruecos no ha recibido a un menor en los últimos 14 años”, ha afirmado.

Podemos ha registrado este jueves una iniciativa donde instan al Gobierno a actuar de manera inmediata ante los autodenominados Ángeles de la Noche y cualquier otro grupo organizado que realice patrullas, vigilancia o actuaciones de intimidación en el espacio público, según ha hecho público el partido que coordina la diputada Ione Belarra.

La formación morada considera que se debe actuar de manera inmediata ante toda conducta que exceda las facultades legalmente reconocidas a la ciudadanía, procediendo a la identificación, sanción, denuncia y, cuando corresponda, detención de quienes ejerzan funciones de vigilancia, coacción o intervención reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin esperar a que se produzcan agresiones físicas para intervenir.

Los morados también instan al Gobierno que remita a la Fiscalía General del Estado toda información e indicio que pudiera ser constitutivo de delito de odio, amenazas, coacciones, discriminación o asociación ilícita, garantizando “una investigación integral de las actuaciones de estos grupos y de las personas u organizaciones que pudieran promoverlas, financiarlas o coordinarlas”, han explicado desde Podemos en un comunicado.

Asimismo, solicitan a Grande-Marlaska que comparezca ante la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior. “Con esto se pretende que se garantice que la seguridad ciudadano no sea externalizada de facto a organizaciones políticas o grupos privados de extrema derecha, reforzando la presencia de los servicios públicos de seguridad y prevención en las zonas afectadas”, han denunciado.

En la argumentación de la PNL presentada en el Congreso, Belarra argumenta que según los datos publicados por el Ayuntamiento de València, la delincuencia descendió un 3 % en el conjunto de la ciudad en el último año. Además, en la zona del paseo marítimo en concreto, los delitos leves han bajado este año un 22%. “La utilización de la seguridad como argumento para criminalizar colectivamente a las personas migrantes constituye, por tanto, una operación política de señalamiento que puede alimentar el racismo, la discriminación y la violencia”, defiende la diputada.

“La seguridad ciudadana es un derecho de toda la población y una responsabilidad de los poderes públicos. Ningún partido político, organización o grupo de particulares puede arrogarse funciones de vigilancia, control o intervención que corresponden a las autoridades competentes. La preocupación legítima por la seguridad de los barrios no habilita para perseguir, intimidar o considerar sospechosa a una persona por su origen, nacionalidad, apariencia o pertenencia a un determinado colectivo. La seguridad debe garantizarse mediante servicios públicos eficaces, prevención social, políticas de convivencia y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sometidas al Estado de derecho y al respeto de los derechos fundamentales”, argumenta.

Ya no es un simple choque del Ministerio de Defensa con el de Interior, sino con el conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez. Margarita Robles vuelve a desmarcarse de la línea oficial del Ejecutivo e insiste en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. Un extremo sobre el que incluso aporta ahora algún detalle y que desde Moncloa desmienten de manera rotunda. “O no se le ha entendido, o ella no se habrá explicado bien. Ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno, de que algo remotamente similar a lo que pasó pudiera suceder”, responden.

La contundente respuesta desde Presidencia del Gobierno choca con lo expuesto por Robles este martes en el Congreso durante su comparecencia por la crisis de Ceuta. “El día 29 de julio esos funcionarios [del CNI] que trabajan en Ceuta dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino”, expuso la ministra, que dio a entender que ese “aviso” se trasladó vía oral. “Esto de si hay informes o si no hay informes... Los servicios de Inteligencia operan de muchas maneras”, deslizó tras dejar a todo el mundo asombrado por revelar abiertamente que en territorio ceutí trabajan 25 miembros del CNI.

A la misma hora de esa comparecencia, el ministro del Interior atendía a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer nada parecido a lo que sucedió, ni de nuestros servicios de Inteligencia, ni de ningún otro servicio de información de países amigos”, contestó a los periodistas Fernando Grande-Marlaska justo antes de señalar sucintamente a Margarita Robles como máxima responsable jerárquica del CNI. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo así no se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?”.

Esa reflexión la comparten otros compañeros de Gobierno de la ministra de Defensa, que creen incluso que en su intento de defender a los servicios de Inteligencia o de señalar a su archienemigo Marlaska, Margarita Robles también deja en entredicho su papel en esta crisis. Porque nadie cree mínimamente realista un escenario en el que el CNI hubiera tenido información y no se la hubiera trasladado a su ministra. Y mucho menos uno en que la titular de Defensa tuviera esa información y no la hubiese compartido con el presidente.

Por eso, el argumentario oficial del Palacio de la Moncloa hace encaje de bolillos para no escenificar aún más la brecha evidente entre el discurso estratégico del Ejecutivo y el verso suelto de Margarita Robles. “Queremos entender que no son exposiciones contradictorias. No interpretamos que ella haya dicho que había informes ni siquiera orales, porque la evidencia es que no existe ese papel ni tampoco llamada conocida de nadie del CNI a nadie del Gobierno”, apuntan desde el Ejecutivo.

Desde Delegación del Gobierno han respondido a última hora que lo único que les fue comunicado desde finales de julio se refería a la evolución diaria de las entradas por vía marítima. “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”, sostiene un comunicado difundido este martes.

Primera comparecencia en el Congreso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió este martes el papel de ser la primera integrante del Gobierno en dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la gestión posterior de la crisis. Robles comenzó su comparecencia pidiendo “disculpas” a los ceutíes que “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. Y la cerró, tres horas después, asumiendo algo que, hasta ahora, nadie había hecho: que el Gobierno “ha llegado tarde” para asistir a la población, “porque la gente está sufriendo”.

Pero el motivo de la comparecencia no era pedir perdón, sino informar sobre lo ocurrido el día 30 y 31 de julio en Ceuta, así como la labor de los diferentes servicios de información en los días previos. Robles se apoyó en un informe del Estado Mayor de la Defensa para afirmar que la crisis se produjo en tres fases.

La primera, la “preparación y ejecución de un cruce por mar” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente a quienes accedan a España a nado. La propagación por redes sociales de esta información y del preparativo provocó un efecto llamada que convirtió en “miles” los iniciales “centenares” de personas que iban a dar el salto, según relató.

El día de la entrada masiva, prosiguió, se constató que “varias decenas de miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia” y por la propagación en redes de imágenes que mostraban una frontera vacía en el lado marroquí a cuenta de la Fiesta del Trono. Según la ministra de Defensa, la mayoría se pusieron en marcha de forma inopinada: “El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

La tercera fase es el “retorno masivo” de la mayoría marroquí, desencantados, siempre según el relato de Defensa, porque los ciudadanos musulmanes de Ceuta no les dieron apoyo. Robles concluyó que, según los informes de los expertos del Gobierno, “el asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de la supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”. Y la ministra también reconoció la existencia de “actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis, o la estén usando con una finalidad política de desestabilización”.

El jueves se retomarán las comparecencias del Gobierno y el turno será para Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de la titular de Sanidad, Mónica García. Está previsto que el viernes acudan a la Cámara Baja los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones.

El jueves 30 de julio estaba yo tal que hoy, escribiendo mi artículo para el día siguiente. Era un día tranquilo, la gente tenía ya la cabeza puesta en las vacaciones, calma chicha en la actualidad política. Dejé escrito mi artículo temprano, uno sobre las quejas laborales de los bomberos forestales en plena ola de incendios, y me fui a echar el día a la playa con mis hijas y unos amigos. A primera hora de la tarde, estando yo en la sombrilla, me llamó Marco, el jefe de Opinión, para pedirme que escribiese de lo que estaba ya pasando en Ceuta, la entrada de cientos de personas por la frontera. Así que me fui al chiringuito, leí las últimas noticias y escribí sobre lo que a esa hora parecía una crisis migratoria no muy diferente a la de 2021. En mi artículo hablaba de “2.000 o 3.000 personas” pero esa misma noche, regresando a Sevilla en el coche, en la radio hablaban ya de 30.000, así que paré en una gasolinera y avisé a la redacción para corregir mi artículo: solo pedí que añadiesen un cero a mis cifras, “20.000 o 30.000 personas”, pues la idea de fondo se mantenía (crisis migratoria). Así de espabilado estaba yo aquel día. Como analista de política migratoria y relaciones España-Marruecos no tengo precio, no me digan.

Si enseño mi apasionante cocina periodística de aquel día, es para demostrar que lo de Ceuta no se podía saber, no se podía anticipar, fue toda una sorpresa. Si yo, un columnista de medio pelo que escribe desde el chiringuito, no lo vi venir, ¡cómo lo iban a anticipar el Gobierno, los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, los agentes destinados en Ceuta, los informadores que se supone que tenemos en Marruecos o los expertos que deben asesorar al Gobierno! ¡Nadie lo podía saber! ¿Cómo iban a enterarse todos ellos del movimiento de 80.000 personas hacia Ceuta, si no me coscaba yo desde la sombrilla?

¿Se entiende la ironía o hago un dibujo? Casi un mes después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el flanco más débil de la posición del Gobierno sigue siendo la ceguera de aquella semana, que les cogiese desprevenidos. Que no reaccionasen a tiempo, que no hicieran nada para reforzar la frontera, que no se coordinasen con Marruecos, y que no tuviesen preparada una respuesta no solo policial sino también humanitaria, que ha tardado semanas en llegar. Se ha dicho muchas veces, para acusar a Marruecos de complicidad, que 80.000 personas con neoprenos y flotadores no se mueven de repente sin que nadie las vea. Tampoco sin que las vean desde España.

Lo cierto es que no hacía falta ser un espía con fuentes bien informadas en Marruecos: aquella misma mañana, mientras conducía hacia la playa, escuché en la radio al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En honor a la verdad, nadie puede decir que Vivas no lo vio venir ni lo avisó. Sus palabras a esa hora, cuando solo habían entrado varios cientos en los días previos, eran de total alarma, alertaba del desborde y la “emergencia humanitaria y social”, y pedía ya al Gobierno el mando único que ha tardado un mes en llegar. No solo Vivas: la prensa ceutí de aquella semana no hablaba de otra cosa.

No sabemos si creer a Margarita Robles (que el CNI avisó) o a Marlaska (que no hubo ningún informe avisando). Y tampoco sabemos cuál de las dos posibilidades es más preocupante: que nadie se enterase, o que se enterasen y no hicieran nada. A ver si al menos se aclaran.

La entrada de miles de migrantes a España a través de Ceuta a finales de julio ha dejado patente las diferentes respuestas de los partidos al fenómeno de la inmigración irregular, tanto en el enfoque como en el tono. Desde la apuesta del PSOE por la coordinación, la humanidad y el refuerzo de los recursos hasta el planteamiento más duro de Vox, y pasando por el abordaje basado en la gestión defendido por el PP, la llegada de más de 70.000 personas en 24 horas desde Marruecos a Ceuta ha evidenciado cómo los partidos se enfrentan a una crisis como la vivida.

Mientras tanto, el Gobierno sigue reforzando su presencia en Ceuta. Este jueves se espera la visita de Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas han celebrado este jueves 13 de agosto por vía telemática la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, y las comunidades del PP han rechazado debatir en la próxima reunión sectorial la atención a menores en Ceuta.

Margarita Robles se desmarca de la estrategia de Moncloa y remarca su perfil propio con la crisis de Ceuta.

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“Constatar que el ministro del Interior no está”. Así ha arrancado este miércoles la comisión de Interior del Senado, que celebraba una sesión extraordinaria a cuenta de la situación en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha cumplido el guion y ha plantado a la Cámara Alta, que lo había convocado este miércoles de forma urgente para cuestionarlo por la crisis humanitaria provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. El Gobierno no asistirá a las varias citaciones del PP, que controla la Cámara Alta, con la excusa de que acudirá al Congreso a finales de mes. PP y Vox han señalado la culpabilidad del Ejecutivo por la “invasión”, en sus palabras, y han abierto la puerta a emprender acciones legales contra sus miembros.

La sesión extraordinaria de la Comisión de Interior convocada este 12 de agosto ha contado solo con la presencia de los representantes de PP, Vox y Junts, quienes han arremetido contra el Gobierno durante cerca de una hora ante la vacía silla del compareciente. El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maíllo, ha tildado la ausencia de “inexcusable” y ha anticipado que el Senado tomará “decisiones políticas y legales” contra los ministros.

Marlaska no es el único miembro del Gobierno convocado de urgencia ante el Senado. También lo han sido el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles. Los tres excusaron su presencia a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y lo justificaron en la comparecencia en el Congreso prevista para las próximas semanas.

No es suficiente para el PP y Vox, quienes han lamentado la ausencia de los ministros. El presidente de la comisión ha tildado la ausencia de “inexcusable desobediencia al Senado” y ha asegurado que “la mesa del Senado tomará las decisiones políticas y legales para que este acto injustificado no quede sin las medidas oportunas” de respuesta.

La decisión de qué hacer ante el plante del Gobierno queda así en manos del máximo órgano de gobierno de la Cámara, controlado por el PP con su mayoría absoluta. No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo desoye una petición de comparecencia del Senado, que ha iniciado los trámites para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El desmarque de Robles

La solución a esa disputa legal no llegará pronto. Pero el conflicto político está servido, con la colaboración de la ministra de Defensa. Robles envió una misiva al presidente del Senado, Pedro Rollán, para disculpar su ausencia y mostrarse dispuesta a comparecer en otro momento, sin concretar fecha alguna.

El gabinete de Rollán se puso en contacto con el de Robles. Según explicó el presidente del Senado este martes en una entrevista en 13TV, en una conversación telefónica informal se le ofrecieron tres posibles fechas la semana que viene: el 18, el 19 o el 20. Los dos últimos son imposibles porque la ministra está de viaje oficial en Líbano.

Pero el 18 no. Desde la Presidencia del Senado se informó a los medios de comunicación de que Robles había aceptado asistir ese día, algo que no ha confirmado Defensa. De hecho, Rollán asumió en la misma entrevista que no tiene una comunicación formal aceptando dicha fecha y, como ha reconocido este mismo miércoles un representante del PP en la Comisión de Interior, los ministros “no deciden si vienen o no”, pero sí “deciden el cuándo”.

Tanto la Constitución como el Reglamento del Senado establecen la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante las Cortes Generales, pero ninguno de estos textos legales fija criterios ni procedimientos concretos. La costumbre seguida en las últimas décadas es que las fechas de las comparecencias se pactan entre las cámaras y los citados.

El PP se pone de perfil

Antes de la comisión ha comparecido ante los medios desde Ceuta la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra, quien ha criticado al Gobierno por no resolver la situación generada por la permanencia en la ciudad autónoma de un número indeterminado de personas migrantes.

La dirigente del PP ha sostenido que el Ejecutivo español es “responsable” de lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, además de cuestionar a Pedro Sánchez si va a “ceder” a Rabat el control de las fronteras españolas. Ezcurra ha hablado de “invasión”, de que fue Marruecos quien propició la entrada “ilegal y violenta” de miles de personas “a toque de silbato”.

Ezcurra ha endurecido el discurso del PP sobre Marruecos, después de que ayer mismo su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que él “honradamente” no tiene que “pedir explicaciones a Marruecos”.

“Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta”, ha afirmado Ezcurra. “Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero”, ha concluido.

También ha asegurado que Ceuta “no puede” gestionar por sí misma la crisis migratoria desatada, y ha reclamado que se ayude a la ciudad. Pero la dirigente del PP ha negado que dicha asistencia le corresponda a las comunidades autónomas que gobierna su partido, especialmente en el caso de los menores que han entrado solos, y cuyo acogimiento corresponde legalmente a los gobiernos regionales.

“Esos niños han entrado por vulneración de las fronteras” por lo que es responsabilidad de la “administración general del Estado”. “No saben cuántos son”, ha lamentado. “Es curioso que el debate sea qué van a hacer las comunidades, no sabemos qué hacer con ellos”, ha zanjado.

Junts: “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”

En la comisión, la senadora del PP Cristina Díaz ha lamentado que “el Gobierno de España ha decidido esconderse y no dar la cara”, y le ha acusado de actuar con “cobardía e incompetencia”.

Díaz ha alentado el miedo a un nuevo intento de entrada masiva este mismo fin de semana. “Cada vez que este país afronta una crisis se repite el mismo patrón: hay un Gobierno que llega tarde, reacciona tarde y después explica lo que se pudo evitar. El 15 de agosto hay una nueva entrada, una nueva convocatoria masiva. El Gobierno reconoce que le consta. Esperemos a ver cuáles son sus órdenes, porque a fecha de hoy no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer”.

“Pedimos la dimisión del ministro Marlaska y que venga alguien capaz de sentarse en esa silla”, ha zanjado. Desde Vox, Ángel Gordillo ha anunciado que su grupo pedirá “la reprobación de Marlaska”, lo que supondría el quinto repudio por parte de las Cortes Generales al ministro del Interior.

También ha pedido que el Senado vuelva a reclamar su comparecencia, y que le aperciba de acciones legales si vuelve a ausentarse.

No solo el PP y Vox han acudido este miércoles a la comisión. Del resto de grupos, solo Junts ha asistido para exigir la transferencia a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

En una clara referencia a Aliança Catalana, el partido ultra e independentista que se ha disparado en las encuestas, el senador Eduard Puyol ha sostenido que “la puerta está abierta y sin control”, en referencia a las fronteras. “La irresponsabilidad da votos a la extrema derecha” porque “la sensación de intranquilidad alimenta a los populismos”.

Pujol ha sostenido que la sentencia del TJUE que autoriza a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, es el motivo de que el Gobierno no haya impedido la entrada de miles de personas en Ceuta: “Ahora que Europa ya le ha dicho a la España más oscura que el president Puigdemont debería ya estar en Catalunya, los sótanos de Interior vuelven a estar nerviosos y no pueden prestar atención a la frontera de Europa con África”.

Pese a sus críticas a las “lenguas afiladas que confunden el Parlament con un pub a las cuatro de la madrugada”, el senador de Junts ha dicho que a su partido no le interesa “defender las fronteras de España”. “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”, ha añadido, para concluir: “Lo miramos con las manos en la cabeza porque sus líos ponen en riesgo nuestra cohesión social”. Pujol ha exigido “orden, seguridad y control” y ha arremetido contra los “papanatas del buenismo”.

La madrugada del 30 de octubre de 2024 en las comarcas valencianas que estaban sufriendo la dana fue terrorífica. Sobre las 19 horas del día 29 cayeron las comunicaciones y se hizo de noche. Se fue la luz en las calles y en las viviendas, cayó la cobertura telefónica y móvil y tampoco funcionaba la televisión. Solo la radio quedó como fuente de información para miles de personas que, entre las doce de la noche y las siete de la mañana, cuando empezó a romper el alba, quedaron totalmente aisladas del mundo. Con las calles cubiertas por dos y tres metros de agua, fue un sálvese quien pueda. Vecinos ayudando o acogiendo a otras personas que salvaron la vida de milagro. Familiares y amigos buscando a las primeras víctimas cuando la corriente del agua empezó a cesar, sobre las cuatro de la madrugada.

Sobre las 00.15 horas del día 30 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirigió a los valencianos para anunciar la peor de las noticias. Ya se estaban confirmando las primeras muertes —aunque había habido información de fallecidos muchas horas antes— y pedía a todo el mundo permanecer en sus casas y buscar lugares elevados. Tras esta intervención en la televisión pública y unas últimas instrucciones en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), se dio por cerrado el gabinete político hasta las seis de la mañana. Los equipos de salvamento y rescate siguieron con su trabajo y el jefe del Consell se marchó a su casa.

De esas horas de la madrugada apenas se sabe nada, porque el expresidente de la Generalitat solo tiene registradas comunicaciones hasta las 23.29, cuando mantuvo una llamada con el lehendakari, según la información que el propio Carlos Mazón aportó al juzgado de Catarroja, que investiga la muerte por homicidio imprudente de las 231 víctimas. Nada más se sabe de su actuación después y solo la certeza de que regresó a primera hora de la mañana del día 30 para presidir la reunión del Cecopi. Según declaró el chófer del expresidente de la Generalitat, llevó a Carlos Mazón a su casa entre las 00.00 y la 1 de la madrugada.

Al contrario que el presidente, a tenor de las llamadas realizadas de madrugada, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí continuó con su trabajo al frente de los operativos del Estado y coordinando con Emergencias de la Generalitat Valenciana, que seguía con las labores de rescate mientras la catástrofe se complicaba con cada hora que pasaba. Según las comunicaciones de Bernabé durante la madrugada del 30 de octubre de 2024 a las que ha tenido acceso elDiario.es, la responsable del Ejecutivo mantuvo casi 40 llamadas entrantes y salientes durante las ocho horas que transcurrieron desde la medianoche hasta las siete de la mañana, cuando empezó a salir el sol y se reanudó el Cecopi con los responsables políticos.

A las 00.10, no habían pasado ni diez minutos desde que la delegada del Gobierno había colgado con el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con un responsable de Presidencia del Gobierno cuando Bernabé mantuvo una comunicación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska se incorporó al Cecopi el mismo día 30 de octubre.

A las 00.12 y a las 00.39, la delegada del Gobierno habló con la alcaldesa de València, María José Català. Aunque tres pedanías de la capital quedaron totalmente arrasadas por la dana y murieron 18 personas, en la mayor parte de la ciudad prácticamente no hubo lluvia ni daños. Fue desde el consistorio desde donde se preparó el primer dispositivo para acoger a los miles de personas que se habían quedado a la intemperie tras perder sus coches o quedar atrapadas en medio de calles y caminos.

A las 00.57 y a la 1.13, Bernabé llamó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. A la 1.16 hizo lo mismo con la entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, con quien habló durante cinco minutos. A la 1.44, la delegada del Gobierno recibió una llamada de siete minutos de la directora general de Protección Civil del Gobierno, Virginia Barcones. Poco más de una hora y media después —el único respiro de toda la noche, si nos atenemos a las comunicaciones telefónicas—, la delegada del Gobierno volvió a hablar con la alcaldesa de València. Fueron unos dos minutos.

A las 3.51, fue el teniente coronel de la UME quien llamó a Bernabé. A esas horas, las aguas empezaban a calmarse en l'Horta Sud y los equipos de emergencias podían acceder a la zona cero de la catástrofe. A las 5.25, Bernabé habló con un teléfono que no aparece identificado en la relación de llamadas y, a las 5.29, intentó hablar sin éxito con la jueza de guardia de Torrent, que fue la primera magistrada que, sobre el terreno, comenzó el levantamiento de los cadáveres que ya iban apareciendo por decenas.

A las 5.30, Bernabé habló con José Miguel Basset, jefe provincial de Bomberos y uno de los técnicos más importantes de la emergencia. Tres minutos después, la delegada del Gobierno llamó a Salomé Pradas, con quien conversó durante un minuto. A las 5.35, Bernabé volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent y consiguió hablar con ella durante dos minutos. En la siguiente media hora, mantuvo varias conversaciones breves con Carlos Gajero, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia.

A las 6.31 recibió la primera llamada de un periodista y, a las 6.46, habló con la secretaria general de la Delegación del Gobierno. Minutos después volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent, quien había montado su despacho en una gasolinera donde había vuelto la luz y donde ya llevaba varias horas con la identificación y el levantamiento de cadáveres. A las 7.12, la delegada del Gobierno habló con Arturo Prieto, general de la Guardia Civil, y a las 7.21 volvió a conversar con la jueza de Torrent. Hablaron durante cinco minutos.

A esas horas empezó a volver la luz en las zonas más devastadas por la dana y todo el mundo empezó a ser consciente de la magnitud de la tragedia. A partir de ese momento, ya se ha contado todo con luz y taquígrafos.

La matinada del 30 d’octubre del 2024 a les comarques valencianes que patien la dana va ser terrorífica. Al voltant de les 19.00 hores del dia 29 van caure les comunicacions i es va fer de nit. Se’n va anar la llum als carrers i als habitatges, va caure la cobertura telefònica i mòbil i tampoc funcionava la televisió. Només la ràdio va quedar com a font d’informació per a milers de persones que, entre les dotze de la nit i les set del matí, quan va començar a trencar l’alba, van quedar totalment aïllades del món. Amb els carrers coberts per dos i tres metres d’aigua, va ser un campe qui puga. Veïns ajudant o acollint altres persones que van salvar la vida de miracle. Familiars i amics buscant les primeres víctimes quan el corrent d’aigua va començar a minvar, al voltant de les quatre de la matinada.

Al voltant de les 00.15 hores del dia 30 d’octubre, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, es va dirigir als valencians per a anunciar la pitjor de les notícies. Ja s’estaven confirmant les primeres morts —encara que hi havia hagut informació de persones mortes moltes hores abans— i demanava a tothom estar a casa i buscar llocs elevats. Després d’aquesta intervenció en la televisió pública i d’unes últimes instruccions en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), es va donar per tancat el gabinet polític fins a les sis del matí. Els equips de salvament i rescat van continuar amb la seua faena i el cap del Consell se’n va anar a casa.

D’aquestes hores de la matinada a penes se sap res, perquè l’expresident de la Generalitat només té registrades comunicacions fins a les 23.29 hores, quan va mantindre una telefonada amb el lehendakari, segons la informació que el mateix Carlos Mazón va aportar al jutjat de Catarroja, que investiga la mort per homicidi imprudent de les 231 víctimes. Res més se sap de la seua actuació posterior i només hi ha la certesa que va tornar a primera hora del matí del dia 30 per a presidir la reunió del Cecopi. Segons va declarar el xòfer de l’expresident de la Generalitat, va portar Carlos Mazón a casa entre les 00.00 i la 1.00 de la matinada.

A diferència del president, segons les telefonades fetes durant la matinada, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí que va continuar amb la seua feina al capdavant dels operatius de l’Estat i coordinant-se amb Emergències de la Generalitat Valenciana, que continuava amb les tasques de rescat mentre la catàstrofe es complicava amb cada hora que passava. Segons les comunicacions de Bernabé durant la matinada del 30 d’octubre del 2024 a les quals ha tingut accés elDiario.es, la responsable de l’Executiu va mantindre quasi 40 telefonades entrants i ixents durant les set hores que van transcórrer des de la mitjanit fins a les set del matí, quan va començar a eixir el sol i es va reprendre el Cecopi amb els responsables polítics.

A les 00.10 hores, no havien passat ni deu minuts des que la delegada del Govern havia penjat amb el tinent coronel de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i amb un responsable de Presidència del Govern quan Bernabé va mantindre una comunicació amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska es va incorporar al Cecopi el mateix dia 30 d’octubre.

A les 00.12 i a les 00.39 hores, la delegada del Govern va parlar amb l’alcaldessa de València, María José Catalá. Encara que tres pedanies de la capital van quedar totalment arrasades per la dana i van morir 18 persones, en la major part de la ciutat pràcticament no hi va haver pluja ni danys. Va ser des del consistori des d’on es va preparar el primer dispositiu per a acollir els milers de persones que s’havien quedat a la intempèrie després de perdre els cotxes o quedar atrapades enmig de carrers i camins.

A les 00.57 i a les 1.13 hores, Bernabé va telefonar al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. A la 1.16 hores va fer el mateix amb l’aleshores consellera de Justícia i Emergències, Salomé Pradas, amb qui va parlar durant cinc minuts. A les 1.44 hores, la delegada del Govern va rebre una telefonada de set minuts de la directora general de Protecció Civil del Govern, Virginia Barcones. Poc més d’una hora i mitja després —l’únic respir de tota la nit, si ens atenim a les comunicacions telefòniques—, la delegada del Govern va tornar a parlar amb l’alcaldessa de València. Van ser uns dos minuts.

A les 3.51 hores, va ser el tinent coronel de l’UME qui va telefonar a Bernabé. A aquelles hores, les aigües començaven a calmar-se a l’Horta Sud i els equips d’emergències podien accedir a la zona zero de la catàstrofe. A les 5.25 hores, Bernabé va parlar amb un telèfon que no apareix identificat en la relació de telefonades i, a les 5.29, va intentar parlar sense èxit amb la jutgessa de guàrdia de Torrent, que va ser la primera magistrada que, sobre el terreny, va començar l’alçament dels cadàvers que ja anaven apareixent per desenes.

A les 5.30 hores, Bernabé va parlar amb José Miguel Basset, cap provincial de Bombers i un dels tècnics més importants de l’emergència. Tres minuts després, la delegada del Govern va telefonar a Salomé Pradas, amb qui va conversar durant un minut. A les 5.35 hores, Bernabé va tornar a telefonar a la jutgessa de guàrdia de Torrent i va aconseguir parlar amb ella durant dos minuts. En la mitja hora següent, va mantindre diverses converses breus amb Carlos Gajero, cap superior del Cos Nacional de Policia a València.

A les 6.31 hores va rebre la primera telefonada d’un periodista i, a les 6.46, va parlar amb la secretària general de la Delegació del Govern. Minuts després va tornar a telefonar a la jutgessa de guàrdia de Torrent, que havia instal·lat el seu despatx en una gasolinera on havia tornat la llum i on ja portava diverses hores amb la identificació i l’alçament de cadàvers. A les 7.12 hores, la delegada del Govern va parlar amb Arturo Prieto, general de la Guàrdia Civil, i a les 7.21 va tornar a conversar amb la jutgessa de Torrent. Van parlar durant cinc minuts.

A aquelles hores va començar a tornar la llum a les zones més devastades per la dana i tothom va començar a ser conscient de la magnitud de la tragèdia. A partir d’aquell moment, ja s’ha contat tot amb llum i taquígrafs.

Tan solo tres días después de que 22 de los 27 países de la Unión Europea firmaran en plena crisis de Ceuta una durísima carta para señalar la política migratoria española, el Gobierno ha conseguido que tanto sus socios como las autoridades comunitarias se retracten. Al menos, que lo hagan en sus mensajes públicos.

Tras la felicitación el lunes de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, a la gestión de España y Marruecos, este martes llegó mensaje unánime de “solidaridad” de los ministros europeos de Interior, que también valoraron “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas”. Cerró el círculo el Comisario Europeo de Interior y Migraciones para desvincular lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los mantras de los últimos días la derecha y la extrema derecha española y europeas.

“No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta”, admitió Magnus Brunner, que en cualquier caso dejó claro que su postura como político de la derecha austríaca es que “la regularización no es una buena señal”. Brunner destacó el mensaje tranquilizador trasladado por el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, en una reunión con todos sus homólogos comunitarios que se prolongó durante más de tres horas este martes. “El ministro español confirmó que la situación está bajo control, que nadie se ha trasladado a la España continental y que el espacio Schengen no ha sido afectado. Ha sido un encuentro para clarificar los hechos sobre el terreno”.

Tras esa cita por videoconferencia, que tuvo lugar después de que Grande-Marlaska arremetiera contra el “egoísmo” y la “falta de solidaridad” del conjunto de socios europeos, el titular de Interior compareció ante los medios de comunicación para explicar el viraje de los 27 y de las instituciones comunitarias. “Quiero entender que la visión de unas imágenes que son impactantes o quizás un interés más partidista les hizo responder de esa forma. Pero han recapitulado la situación, la han analizado y han reconocido que somos un socio leal que hace su trabajo. Estamos a la vanguardia de la inmigración legal y segura”, reivindicó.

Al término de esa reunión, solicitada formalmente por Pedro Sánchez, la UE difundió un comunicado para mostrar su “solidaridad” con España tras encontrar un “entendimiento común” sobre la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes y para valorar “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas para responder a la situación en Ceuta”.

Ese respaldo expreso a España tras afrontar una crisis como la de Ceuta llega después de que la tensión con la mayoría de socios europeos provocara un choque político e institucional en toda regla. La veda la abrió la ultraderechista Giorgia Meloni. Tras las imágenes de decenas de miles personas cruzando desde Marruecos la frontera de Ceuta para pasar a territorio español la primera ministra italiana llegó a plantear la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos. Una iniciativa que secundaron Finlandia, la República Checa o Dinamarca.

El movimiento, que pilló al Gobierno español en plena gestión de una crisis fronteriza sin precedentes tras la entrada de 72.000 personas en 24 horas, generó un profundo malestar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani. Y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a sus socios.

“Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la reciente reacción que algunos gobiernos europeos han mostrado tras el incidente ocurrido en la frontera exterior de la Unión Europea, en Ceuta”, le escribió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y que ejerce funciones de mediación. El jefe del Ejecutivo recordó a los países críticos que “la solidaridad y la empatía son opcionales” pero “el respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, tras compartir algunas cifras de entradas de migrantes en varios puntos de la frontera de la Unión Europea que constatan que no es España el principal punto de entrada de los flujos de inmigración ilegal.

Lo que sí volvió a exigir este martes el Gobierno es que Italia cese en sus controles a ciudadanos españoles que pisan suelo italiano. “En mi primera intervención he trasladado que no entendía los controles de Italia a viajeros de España”, dijo Marlaska sobre su reunión con los ministros del Interior. “España nunca ha levantado controles cuando había riesgos reales de movimientos secundarios de inmigración en otros puntos. Pero es que aquí ninguna persona sale de Ceuta sin control. El espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Vamos a ver qué pasa y a ver si Italia repiensa la situación. Yo solicito que inmediatamente se levanten esos controles”, apostilló.

Fue el propio ministro quien elevó a 72.000 el número de personas que cruzaron el 30 de julio por la frontera de Ceuta, de los cuales asegura que ya solo quedan 2.000 en territorio español. Para dar respuesta a la acogida de esas personas el Gobierno anunció este martes una partida extraordinaria de 25 millones de euros. Las ONG que trabajan en Ceuta denuncian que cientos de personas han pasado días en suelo ceutí sin recibir ni agua ni comida ni ningún tipo de atención humanitaria.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha negado este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes y la crisis migratoria en Ceuta, aunque ha afirmado que esa medida “no es una buena señal”. Brunner procede del conservador Partido Popular Austríaco.

“No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta. Pero siempre digo sobre esta discusión de la regularización que no es una buena señal. Definitivamente, no”, ha dicho Brunner en una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete.

El Gobierno ha conseguido un espaldarazo de los socios de la UE después de unos días tensos tras la misiva de una veintena de países poniendo en duda la política migratoria española. El político austríaco ha destacado que el encuentro, que se celebró por videoconferencia y al que fueron invitados los países extracomunitarios asociados a Schengen —Islandia, Liechtestein, Noruega y Suiza—, así como las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policía) y Asilo, ha sido una oportunidad para “clarificar los hechos sobre el terreno”.

“El ministro (español, Fernando) Grande-Marlaska confirmó que la situación está bajo control, que nadie se ha trasladado a la España continental y que el espacio Schengen no ha sido afectado”, ha explicado Brunner, quien lo calificó de “prueba de resiliencia europea”.

Una “prueba de seguridad” de las fronteras exteriores de la Unión que estos días mostró que “hay actores sin consideración alguna por la seguridad o incluso por la vida de personas inocentes”, en referencia a los más de 80 fallecidos registrados hasta ahora por el Gobierno español.

Abraza el discurso del Gobierno sobre las “mafias” y no critica a Marruecos

El comisario ha abrazado el discurso del Gobierno de España sobre la influencia que las “mafias” de tráfico de personas han tenido en la entrada de 72.000 personas a la ciudad autónoma, según datos que el propio ministro Grande-Marlaska ofreció en Madrid al término de la reunión ministerial.

Tampoco se ha referido a ningún tipo de responsabilidad por parte de Marruecos. El regreso voluntario de 70.000 de esas personas es resultado, según Brunner, de “una estrecha cooperación entre España, Marruecos y la Comisión en los últimos días”, por lo que ha aprovechado para agradecer a la administración española y al Gobierno de Ceuta por “restablecer el orden y trabajar en estrecha colaboración” con las autoridades marroquíes.

Brunner recordó que Marruecos está incluido en la lista de países de origen seguros, lo que acelera los trámites de devolución de migrantes que ingresan irregularmente en territorio comunitario.

Con respecto a una posible implicación del país magrebí en la crisis migratoria, Brunner ha evitado pronunciarse, aunque ha apuntado que España mantiene una investigación abierta en la que participará la agencia europea de cooperación policial Europol. “Entiendo que hay una investigación en curso sobre el asunto en España. Por lo tanto, no puedo comentar nada más al respecto. Pero había, por supuesto, cierta desinformación por parte de los traficantes de personas”, ha manifestado.

También recordó que Frontex cuenta con un contingente de 30 trabajadores presentes en Ceuta y expresó la posibilidad de que éste aumente.

El Gobierno da por zanjada la crisis abierta con la mayoría de socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria de España en plena crisis fronteriza de Ceuta. Tras una reunión por videoconferencia de más de tres horas del conjunto de ministros de Interior de la Unión Europea, Fernando Grande-Marlaska ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de un encuentro en el que asegura que los 27 han trasladado a España su reconocimiento por el trabajo hecho.

“Se ha reconocido el trabajo extraordinario, eficaz e inmediato de las autoridades españolas ante una crisis de tal magnitud. Todos lo han puesto en valor y lo han reconocido. Y han puesto en valor el trabajo de coordinación con el Reino de Marruecos, con quien hemos trabajo de manera firme para evitar tragedias humanas antes y después del 30 de julio”, ha dicho en rueda de prensa.

Cuestionado por el viraje del conjunto de países de la Unión Europea, al que el propio Ejecutivo español llegó a definir como “egoístas” y faltos de solidaridad, el ministro del Interior ha asegurado que sus colegas comunitarios tienen hoy más información que en los primeros momentos de la crisis. “Quiero entender que la visión de unas imágenes que son impactantes o quizás un interés más partidista les hizo responder de esa forma. Pero han recapitulado la situación, la han analizado y han reconocido que somos un socio leal que hace su trabajo. Estamos a la vanguardia de la inmigración legal y segura”.

Marlaska ha vuelto a rechazar de plano que su departamento o el conjunto del Gobierno tuvieran aviso alguno de los servicios de inteligencia sobre que una situación así podría ocurrir en la frontera, aunque ha querido evitar las críticas expresas al CNI. “No censuro a nadie. Mi confianza y reconocimiento al CNI es absoluta. Juegan un papel prioritario y esencial y garante. Dicho esto, no hubo ningún informe ni aviso de que nada de lo acontecido pudiera pasar. Insisto: ni informe, ni aviso. Si alguien lo preveía nos lo hubiera hecho saber, se me hubiera trasladado y hubiera remitido y transmitido a quien vosotros podéis entender (en referencia a Presidencia del Gobierno). Y hubiéramos activado y conformado una reunión de emergencia para tomar las medidas necesarias”.

El ministro, que ha dicho que “estas cosas pueden ocurrir” pero que lo importante es que “estamos preparados para responder a una crisis de este tipo”, ha cifrado en 72.000 la cifra de personas que atravesaron el paso fronterizo y entraron en territorio ceutí, de las cuales asegura que ya han regresado 70.000. Y garantiza que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen la ley a rajatabla para no vulnerar los derechos de los menores no acompañados y no devolverlos contra su voluntad, ya que están amparados por la legalidad y tienen derecho a permanecer en territorio nacional y a ser acogidos.

Comunicado de la UE

La UE ha emitido un comunicado posterior a la reunión de ministros del Interior en el que manifiestan que hubo unanimidad entre los países presentes para mostrar su “solidaridad” con España. Los 27 encontraron un “entendimiento común” sobre la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes, reforzar los retornos, “fortalecer” las fronteras de la UE, establecer alianzas sólidas con terceros países y mejorar la capacidad de previsión, según señala el comunicado.

“Los ministros han valorado los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas para responder a la situación en Ceuta. También expresaron sus condolencias por las personas que perdieron la vida”, añade la UE.

La mayor crisis fronteriza documentada de la historia reciente de nuestro país tensiona a dos de los departamentos estratégicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Los ministerios de Interior y Defensa chocan por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación de España a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas, según los cálculos del propio Ejecutivo central. Aunque evitó referencias explícitas a la polémica en torno a la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles salió este lunes a defender expresamente el trabajo de los servicios de información españoles después de que Fernando Grande-Marlaska señalara que no ofrecieron información o aviso alguno que ayudara a prevenir la crisis.

“Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS [Centro de Información de las Fuerzas Armadas], de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil que, en todo momento y en condiciones muy difíciles que no se pueden contar, realizan su trabajo”, dijo la ministra, que decidió atender a los medios de comunicación tras visitar la Base Aérea de Zaragoza. A primera hora de la mañana, la Cadena SER había informado de que sí existieron avisos previos del CNI (dependiente jerárquicamente de Defensa) a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de personas por el paso fronterizo de Ceuta. Algo que en el equipo de Marlaska desmienten de plano.

“Es absolutamente falso. Negamos rotundamente cualquier comunicación, informe o aviso del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio del Interior. Al ministro le pilló por sorpresa el episodio ocurrido en Ceuta”, apuntan fuentes del departamento de Marlaska, desde donde se insiste en que los servicios de inteligencia dependen de Defensa. Y añaden que, de existir esos informes, lo “lógico” es que hubieran sido remitidos tanto al departamento de Margarita Robles como a presidencia del Gobierno, algo que la portavoz del Ejecutivo también rechazó este lunes. “No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta”, dijo Elma Saiz en una entrevista en TVE.

En privado, los reproches entre Interior y Defensa son cruzados, algo que tampoco resulta novedoso por la complicada relación política y personal que es conocido que mantienen Robles y Marlaska. Creen en Interior que Defensa intenta eludir la responsabilidad política de un fallo en los servicios de inteligencia que ha impedido reaccionar de manera preventiva al desafío al que se enfrentó la semana pasada la frontera española en Ceuta y que ha acabado con la muerte de más de 80 personas. Una acusación que rechazan en Defensa, desde donde se desliza que sí que existía información suficiente como para que Interior hubiera dado órdenes mucho antes de lo que lo hizo. “Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos”, salió al paso Margarita Robles de las preguntas de la prensa para desmarcarse de las críticas al CNI tras recordar que también Interior tiene sus propios servicios de inteligencia.

En esa misma comparecencia improvisada ante los medios fue también la ministra de Defensa la que puso la nota discordante respecto al tono mantenido por el Gobierno con Marruecos, al que hasta ahora ha evitado criticar o reprochar nada siquiera de manera implícita. Pero Robles sí quiso mandar un mensaje al país vecino. “Hay que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española, no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se les toca. Yo le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo que España y llegue hasta el final de la investigación, que no puede ser que se utilice a menores como se han utilizado a esas personas, echándoles a la muerte sin más”.

En las antípodas de ese atisbo de crítica se expresó antes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que cuestionado por la actitud del país vecino ante la movilización de decenas de miles de personas que acabaron por entrar en territorio español volvió a insistir en su agradecimiento a Marruecos. “Desde el primer minuto nos mostraron su disposición total e inmediata sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que regresaran todos inmediatamente. Hasta el último de los que han entrado va a retornar. Es la voluntad de Marruecos”, dijo en una entrevista en TVE en la que sí arremetió duramente contra los socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria española en plena gestión de la crisis.

Mientras, en Ceuta continúa desplegado el dispositivo extraordinario que implica a Policía, Guardia Civil y Ejército para localizar y devolver a Marruecos a las personas que cruzaron la frontera, gran parte de las cuales ha regresado a pie y por voluntad propia a través del paso fronterizo. Las organizaciones humanitarias han pedido una respuesta a los líderes europeos “con solidaridad” a lo sucedido. El régimen de Mohamed VI, que achaca lo ocurrido a “la actuación de redes de tráfico” y a la interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente por mar, asegura ahora que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a verse las caras con sus homólogos europeos por primera vez tras el ácido cruce de declaraciones y comunicados a raíz de la crisis desatada la semana pasada por la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta. Este martes, los titulares de Interior de los 27 socios de la UE mantendrán una reunión por videoconferencia para analizar las repercusiones del episodio, que ha dejado 88 muertos, según datos del Gobierno ceutí. Y fuentes de Interior explican que Marlaska tiene intención de denunciar la actitud “egoísta e insolidaria” que, considera el Ejecutivo, han mantenido socios como Italia ante la crisis, además de exponer que las llegadas de migrantes irregulares a la frontera española se han reducido en los últimos dos años.

El encuentro se mantendrá a petición, por una parte, de España, y por otra, de los 22 Estados miembros que el sábado pasado firmaron una dura carta —a iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni— denunciando las “políticas que puedan servir como factores de atracción, tales como la regularización de un número muy elevado de migrantes irregulares”. La alusión al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez era muy clara aunque no citase expresamente el caso de España, puesto que los firmantes aseguraban que no se puede permitir “que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que la entrada ilegal en la UE es posible” o de que “la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”.

Esa carta fue tan solo el corolario del choque que comenzó el viernes, cuando Italia decretó la suspensión (luego matizada) por un mes del acuerdo Schengen con España, una medida que posteriormente respaldaron —aunque sin llegar a adoptarla— otros gobiernos, como los de Finlandia o Dinamarca. La situación interna de esos países no es baladí a la hora de interpretar su reacción a la crisis de Ceuta, y evidencia la importancia de esta en el tablero ideológico europeo.

Al ejecutivo italiano, coalición de ultraderecha y derecha clásica, le ha aparecido en los últimos meses un competidor aún más extremista que los Hermanos de Italia de Meloni. Por su parte, en el gobierno finlandés la más beligerante con España fue la ministra del Interior, Mari Rantanen, de la formación ultra Partido de los Finlandeses, frente al primer ministro Petteri Orpo, del centroderechista Partido de Coalición Nacional, que intentó rebajar la tensión asegurando que “España no está sola” ante la crisis. Y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha abanderado desde hace años algunas de las posiciones más duras en materia migratoria pese a liderar a los socialdemócratas.

La decisión de Meloni de reinstaurar los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España y el apoyo que recibió en sus críticas por parte de otros gobiernos de la UE provocó una airada reacción del Ejecutivo español. El mismo presidente Pedro Sánchez asumió en primera persona la respuesta a través de una carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente de turno del Consejo de la UE, el primer ministro irlandés Micheál Martin, para expresarles su “seria preocupación” por los “ataques” recibidos por parte de algunos socios europeos.

En su escrito, Sánchez criticaba haber recibido “muy poco apoyo” de otros socios de la UE y tachaba de “egoísta e ilícita” la actuación de varios de sus líderes, a quienes achacaba haber actuado movidos “por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político”. El presidente pedía la celebración de la reunión que tendrá lugar este martes con el fin de “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no solo de aquellos en la primera línea de la Unión”.

Sánchez no fue el único en reclamar una conferencia de los ministros del Interior europeos: en su propia carta a Von der Leyen, Costa y Martin, también fechada el mismo sábado, todos los socios de la UE a excepción de Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo exigían una reunión “ante la gravedad de la situación” para discutir “el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y prevenir nuevos cruces incontrolados”.

Fuentes de Interior explican que, en la reunión con sus homólogos de este martes, Marlaska tiene pensado defender la “política migratoria preventiva y no cortoplacista” del Gobierno, “que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos”. “No se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria”, espetan estas fuentes, que sostienen que el ministro expondrá que las cifras de llegadas irregulares a España se han reducido “en más de un 42% en 2025” y, “hasta el 16 de julio, reflejan un descenso cercano al 25% en el conjunto de España”.

Von der Leyen trata de mediar

Este lunes, en la víspera de la reunión de los ministros del Interior de los Veintisiete, Von der Leyen intentó calmar los ánimos. Lo hizo mediante su respuesta al documento que le envió Sánchez el sábado, en otra misiva en la que calificó de “eficiente y eficaz” la actuación que llevaron a cabo en Ceuta las autoridades España y Marruecos. La presidenta de la Comisión Europea evitó respaldar las críticas de la mayor parte de los Estados de la UE al Gobierno español y dio la razón a Sánchez al afirmar que “la protección de todas nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida” y que “solo juntos podemos preservar la integridad del espacio Schengen”, aunque también dejó caer que “queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en puntos críticos, tanto con vigilancia constante como con el uso de barreras físicas donde sea necesario”.

El intento de conciliación de Von der Leyen, no obstante, no ha disipado la tensión entre España y el resto de los Estados miembros de cara a la reunión de los ministros del Interior. Este lunes, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostraba singularmente duro con Italia y presumía de la “rapidez” con la que ha respondido España a la crisis en comparación con los problemas que, dijo, tiene este Estado —“el país con mayor número de entradas irregulares en Europa”— año tras año en la isla de Lampedusa. Albares, incluso, aseguraba que las críticas que ha recibido el Ejecutivo parten de los miembros de la “internacional reaccionaria”, que censuraron la respuesta de España antes de que el Gobierno pudiera “comprender qué es lo que estaba ocurriendo” y la “amplitud” de la crisis.

En una línea similar se expresaba el sábado el ministro Marlaska, quien aseguró entonces que la crisis de Ceuta “se ha instrumentalizado” y “se ha utilizado con fines absolutamente políticos” y pedía “más solidaridad, más responsabilidad y menos egoísmo” a Meloni. En 2023, recordó Marlaska, España “compartió la carga” de la “situación absolutamente difícil” que se produjo en la isla de Lampedusa, donde también hubo una llegada de miles de personas que querían acceder a territorio europeo de manera irregular. “Algunos tienen la memoria muy corta”, espetó el ministro del Interior, que achacó a “ignorancia o mala fe” las críticas recibidas por algunos países europeos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este viernes en Oviedo/Uviéu que el Ejecutivo central está “absolutamente volcado con Ceuta” y ha subrayado que “una buena prueba” de ello es el desplazamiento del presidente, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la crisis migratoria.

Elma Saiz ha insistido en que el Gobierno está volcado “con recursos, con acompañamiento y con colaboración” tanto con el Gobierno de Ceuta como con el de Marruecos.

“El trabajo es constante”

Además del desplazamiento de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando-Grande-Marlaska, para participar en una reunión de coordinación, la ministra ha puesto en valor el hecho de que “desde el minuto cero los diferentes ministerios competentes en materia migratoria” están “monitorizando y acompañando a Ceuta”.

Saiz se encuentra en Asturias para participar esta tarde en Gijón/Xixón en la inauguración de la 69ª Feria Internacional de Muestras de Asturias junto al presidente del Principado, Adrián Barbón.

La ministra ha remarcado, en un encuentro con periodistas, que “el trabajo es constante por parte de todos los ministerios”.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha elevado una queja al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del PSOE, por las dos detenciones realizadas por la Policía Nacional en las últimas horas en dos localidades de Bizkaia a presuntos responsables de los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol en el marco de la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Zupiria insiste en que ese cuerpo se ha saltado todo el reparto competencial que otorga a la Ertzaintza la condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Ya el martes, cuando trascendieron los arrestos realizados por la Policía Nacional, Zupiria manifestó que era una competencia de la Ertzaintza y que, de hecho, ese cuerpo tenía ya abiertas sus propias investigaciones por los incidentes registrados en la noche del España-Argentina. Ahora, en Euskadi Irratia, ha indicado que “se le ha comunicado al Gobierno de España que esto es inaceptable”.

Preguntado por las reflexiones de sindicatos policiales como el SUP, que han remarcado que la Policía Nacional tiene perfecta capacidad para recoger esas denuncias y realizar las investigaciones, ha agregado que él no “discute” con sindicatos policiales y que directamente habla “con el Gobierno de Madrid”, en relación al de España, y con el ministro del ramo, Grande-Marlaska. La delegada del Gobierno en Euskadi, la también socialista Marisol Garmendia, ha defendido expresamente las operaciones y ha recalcado que está en juego un presunto “delito de odio”.

Zupiria, en la entrevista ha mencionado el Estatuto de 1979, las leyes estatales de 1986 y sus desarrollos para recalcar que hay una “delimitación de servicios” de lo que pueden y no pueden hacer las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ha insistido en que, lejos de mirar a otro lado, la Ertzaintza también analiza los incidentes contra aficionados de la selección española. Ha explicado que son cinco los arrestados y ha elevado a medio centenar los investigados. Esta semana se indicó que, además de en Bilbao, hay causas abiertas en otras muchas localidades. Zupiria ha confiado en que algunos de ellos puedan ser multados en aplicación de la conocida como 'ley mordaza' o incluso imputados en los tribunales.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

Zupiria ha añadido que esta controversia sobre la Policía Nacional responde a una dinámica general en la que hay “poderes del Estado” que “están por encima” del partido que Gobierna en “Madrid”. Ha vinculado estas actuaciones con las dificultades para negociar el traspaso de las competencias de la Seguridad Social, pendientes también desde 1979 y que han encallado este verano.

El consejero también se ha referido a los casos de violencia callejera que se producen en Euskadi y ha señalado a grupos de “extrema izquierda” como responsables. Ha relacionado estas agresiones a seguidores de la selección española a la respuesta a una visita de la Falange a Vitoria el 12 de octubre de 2025.