La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado este viernes la “brutalidad policial” que sufrió el exdiputado madrileño de la formación Serigne Mbaye al ser detenido el jueves junto a otras seis personas por la Policía Nacional, un arresto que Fernández ha calificado de “redada racista”. Unas horas después de la puesta en libertad de Mbayé, detenido —según la Delegación del Gobierno— por negarse a identificarse ante un control policial que investigaba el robo de un coche, Fernández ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el “máximo responsable” de este tipo de comportamientos las fuerzas de seguridad.

“No vivimos en una democracia normal y plena cuando a diario se producen redadas racistas basadas en un perfil étnico, así como episodios de violencia de brutalidad policial como los que ayer sufrió nuestro compañero Serigne Mbaye”, ha criticado Fernández, que ha asegurado que este tipo de operaciones son “algo demasiado habitual” en España. “Hay vídeos que muestran a policías con la rodilla en la cabeza de nuestro compañero Serigne Mbaye, y que también muestran a policías con porras y causando lesiones a vecinos de Madrid, y eso es extremadamente grave”, ha insistido el dirigente de Podemos, que comparó estas prácticas con las del ICE estadounidense, “la policía nazi de Trump”.

Fernández, asimismo, ha anunciado que Podemos presentará varias iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre la detención de Mbaye y otras seis personas. En primer lugar, la formación morada ha registrado “una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, para que se depuren las responsabilidades pertinentes”, y en segundo lugar el partido registrará este viernes por la mañana “una proposición no de ley pidiendo una investigación que sea verdaderamente independiente” y para exigir “que se implementen los mecanismos necesarios para que en este país las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico”.

“Después de lo que sucedió ayer tienen que caer los responsables de esa brutalidad policial” y de la cual, “evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior”, ha criticado Fernández, que ha recordado que “hace muchísimo tiempo que Podemos viene exigiendo a Marlaska un giro radical en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Continuaremos exigiéndoselo, y esperemos que de una vez por todas en España, en el siglo XXI, dejemos de tener que observar a personas racializadas y migrantes que son hostigadas, perseguidas y detenidas simplemente por el color de su piel”, porque “es una absoluta vergüenza que esto suceda con un Gobierno que se dice progresista”, ha espetado.

Fernández, asimismo, ha criticado que el presidente Pedro Sánchez no aprovechara los cambios en el Ejecutivo de este jueves para relevar a Marlaska y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El presidente ha desaprovechado una oportunidad para sacar del Ejecutivo a dos personas que son claramente de derechas” y que, “en el caso de Marlaska, permite redadas racistas y que se ejerza la brutalidad en determinadas ocasiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha zanjado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

La inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo José Ángel González ha ratificado este martes su querella en el juzgado en una declaración de dos horas en la que ha contestado a más de 300 preguntas, según su abogado. El comisario, que dimitió tras trascender la denuncia, ha defendido su inocencia y a la salida del juzgado ha asegurado a los medios que es víctima de un acto de “maldad, ruindad y odio” por parte de la víctima como venganza por no conseguir sus “pretensiones personales y profesionales”.

Tras las comparecencias, el juez ha rechazado la petición de la denunciante de prohibir al comisario comunicarse con ella. “No parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos, se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante y máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial”, recoge el auto del juez David Maman Benchimol, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ha sido la primera vez que ambos han comparecido en sede judicial después de que la agente presentara el pasado enero una denuncia contra González en la que afirmaba que le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjuntaba audios dentro del domicilio donde presuntamente se cometió la agresión y de las presiones posteriores. El Ministerio del Interior acordó recientemente poner una escolta a la denunciante después de que se filtrara su identidad. 

En su querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada. Le atribuye delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. 

Al término de las declaraciones, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha insistido en la validez del audio para sostener la acusación y ha asegurado que en un momento de la declaración el juez ha corregido al acusado, que aseguraba no escuchar durante la reproducción de la grabación el ruido de una cremallera.

Por su parte, el abogado del exDAO, José Carlos Velasco, ha dicho a los medios que existe una gran diferencia entre la verdad mediática y lo que acontece en la causa judicial y ha añadido: “Si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión”. Justo antes, su cliente había dicho a los periodistas: “Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional, por algo que no he hecho en absoluto. Muchos de ustedes ya me han juzgado y condenado sin ninguna prueba. Esperemos que gracias a Dios puedan esclarecerse los hechos”.

Ante el juez, el comisario ha tratado de defender que la agente ha puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y ha definido a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le ha tendido una trampa. También ha afirmado que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

El testimonio de la denunciante es diametralmente opuesto. Según su relato, José Ángel González, conocido internamente como Jota, la requirió telefónicamente a las 14:15 horas del 23 de abril del año pasado para que abandonara su puesto de trabajo y acudiera a verle a un restaurante donde estaba comiendo con otro mando, Óscar San Juan, un comisario que actuaba como su mano derecha y al que también acusa de coaccionarla. San Juan fue relevado de sus funciones y destinado a un puesto burocrático tras estallar el caso. 

Según la querella, el director operativo le indicó que acudiera en un vehículo del cuerpo, camuflado, del que se precisaba en su querella color, marca, modelo y matrícula. La agente se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado González ordenó al otro comisario que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio. 

Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el entonces comisario sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima” que ella rechazó “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella. 

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”. Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. 

Ante el juez, el exDAO ha dado su propia versión sobre el sonido de agua del grifo de la cocina que se escucha la grabación. Según la denunciante, tras la agresión, él se acercó al grifo de la cocina, lo abrió y se lavó la mano. Según él, lo que estaba haciendo en realidad era lavar las dos copas de cerveza que había servido previamente para ambos.

Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión, del que ha pedido que declare como testigo. La mujer aportó audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella. El exDAO ha reconocido que contactó con ella, pero que lo hizo sólo para saber qué tal estaba.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

En la querella se recoge cómo otro comisario que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía.

El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto ubicado en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral. Ante el juez, la denunciante ha afirmado que tardó varios meses en acudir a los tribunales dada la situación psicológica en la que se encontraba.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este lunes el trabajo “concienzudo” de la Guardia Civil que ha permitido esclarecer la desaparición de Francisca Cadenas, cuyo cuerpo ha sido localizado tras años de investigación.

Durante su intervención en Castuera (Badajoz), donde ha inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil, el ministro ha agradecido la labor de la comandancia de Badajoz y de sus distintas unidades, entre ellas la Policía Judicial, el servicio de Criminalística y la Unidad Central Operativa (UCO). Según ha señalado a preguntas de los medios, el hallazgo del cuerpo ha permitido “dar alivio dentro de la tragedia y del dolor familiar” a los hijos y al resto de la familia de la víctima.

Marlaska ha subrayado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “no paran y no olvidan ningún hecho delictivo, y menos hechos de esta gravedad”.

Preguntado por los detalles de la investigación, el ministro ha evitado pronunciarse al recordar que el procedimiento judicial está en fase de instrucción y que debe desarrollarse “por los cauces ordinarios y legales”.

Asimismo, ha afirmado que los casos de personas desaparecidas constituyen una “preocupación máxima” para el Ministerio del Interior y para el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha impulsado el primer plan estatal sobre personas desaparecidas y el trabajo del Centro Nacional de Desaparecidos para mejorar la prevención, la investigación y la atención a las familias.

Durant els estius d'Eivissa, quan la festa deixa de distingir entre nit i dia i els iots omplen el port esportiu, una part de la delinqüència europea també aterra a l'illa. Bandes itinerants que viatgen seguint el calendari de l'oci nocturn -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observen durant hores turistes adinerats i esperen el moment precís per actuar: una estrebada de rellotge a la sortida d'una discoteca, un assalt ràpid a la terrassa d'un restaurant de luxe, un cotxe preparat per abandonar l'illa abans que albiri el dia. Perseguir aquests grups va ser durant anys part de la feina quotidiana de la Policia Nacional a l'illa. I el comandament que coordinava aquests operatius era el comissari José Luis Santafé, a qui el Ministeri de l'Interior ha recorregut per substituir José Ángel González, denunciat per agressió sexual per part d'una subordinada, com a nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional.

Allunyat de les grans unitats centrals i curtit als carrers, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) va néixer i va créixer al barri de Malasaña, un escenari on, als anys vuitanta, la droga i la conflictivitat formaven part del paisatge quotidià. D'aquest context va emergir una vocació primerenca que el situaria a l'escola clàssica de la seguretat ciutadana i a una generació de comandaments que van accedir al cos per la via acadèmica. El 1990 va ingressar a l'escala executiva de la Policia Nacional i va començar la seva carrera a la Divisió de Formació i Perfeccionament. Molt aviat va fer el salt al terreny operatiu. El 2005 va ascendir a inspector cap, el 2012 a comissari i el 2020 va assolir el rang de comissari principal, la categoria més alta dins l'escalafó policial.

La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot en destinacions territorials. Des dels anys noranta ha alternat llocs a Madrid, Canàries i Balears. Va ser en aquest últim arxipèlag, marcat per la pressió turística, la delinqüència vinculada a l'oci nocturn i la necessitat de coordinar grans dispositius de seguretat durant la temporada alta, on va començar a especialitzar-se en seguretat ciutadana i policia judicial. Abans de ser nomenat cap superior, va dirigir la Comissaria d'Eivissa, un dels territoris més exigents i complexos per a la Policia Nacional, travessat per la presència de milers de turistes cada estiu i la delinqüència itinerant.

Durant aquesta etapa, Santafé va coordinar diversos operatius contra grups criminals que es desplaçaven a la major de les Pitiüses per robar a turistes d'alt poder adquisitiu. Un dels més coneguts va ser la desarticulació de l'anomenada banda del Rolex, dedicada a assaltar visitants a la sortida de discoteques i restaurants de luxe. A l'estiu del 2014, les investigacions van permetre detenir diversos membres de grups itinerants -alguns procedents d'Itàlia i del nord d'Àfrica— i recuperar rellotges valorats en centenars de milers d'euros. Aquest tipus de delinqüència era habitual a la Ibiza dels grans clubs i els iots: robatoris ràpids, víctimes amb objectes de luxe i delinqüents que intentaven abandonar l'illa abans de ser identificats. L'operació es va convertir en un dels cops policials més visibles d'aquella etapa.

Un altre dels fronts oberts durant el seu pas per Eivissa van ser les bandes especialitzades en robatoris amb força, perpetrats per grups que entraven a botigues i joieries perforant parets des de locals contigus. Sota el comandament de Santafé, la Policia Nacional va desarticular dos grups organitzats que operaven a l'illa i que actuaven de forma molt planificada: estudiaven els locals durant setmanes, llogaven pisos o magatzems propers i executaven el cop de matinada. Les investigacions van culminar amb diverses detencions i amb la recuperació de part del material robat. En un territori amb una economia molt dependent del turisme i del comerç de luxe, aquests cops tenien un considerable impacte mediàtic i econòmic.

Un fosc magnat i una infanta al banc dels acusats

Des d'Eivissa, Santafé va recalar el 2016 a la Prefectura de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a Palma. Des d'allí va participar en la coordinació d'un dels dispositius de seguretat més sensibles que s'han desplegat a les illes: el del judici del cas Nóos, que per primera vegada va asseure al banc dels acusats un membre de la família reial, la infanta Cristina. La seva presència va acaparar una enorme atenció internacional i va requerir el desplegament d'un ampli dispositiu policial: calia garantir la seguretat al voltant de les dependències on durant sis mesos es va celebrar la vista oral, controlar l'accés dels mitjans de comunicació i coordinar l'arribada dels principals acusats.

El seu nom també va quedar associat a una altra de les grans causes judicials instruïdes a les illes: el cas Cursach, les investigacions del qual van situar el magnat Bartolomé Cursach a l'epicentre d'una trama politico-policial dirigida a perpetuar la seva autoritat a la nit mallorquina. Durant mesos, la instrucció va avançar entre detencions, registres i un degoteig constant de policies locals imputats i empresonats de forma preventiva en el marc d'unes perquisicions que van arribar a sacsejar bona part de la Policia Local de Palma.

En aquell context, Santafé va mantenir una posició molt crítica amb l'actuació del jutge instructor del cas, Manuel Penalva, i del fiscal, Miguel Ángel Subirán, als quals va retreure haver-se excedit en la conducció de la instrucció. Anys després, la causa acabaria dinamitada i Cursach seria absolt per falta de proves. Per la seva banda, Penalva i Subirán acabarien condemnats a nou anys de presó per delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions mentre la causa es trobava sota secret de sumari.

Quan el 2022 va ser nomenat cap superior de Policia a Balears, Santafé va passar a dirigir tot el dispositiu policial de l'arxipèlag, amb prop de 1.700 agents repartits entre Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera. El principal desafiament era l'estacionalitat extrema: cada estiu la població efectiva de les illes es multiplica i, amb ella, els reptes en matèria de seguretat: la delinqüència vinculada al turisme i a l'oci nocturn, les xarxes de narcotràfic marítim i els grans dispositius per a esdeveniments i temporada alta. També la pressió migratòria a les costes, l'increment de la qual, en paraules de Santafé, s'ha convertit en un dels reptes creixents per a la policia a les illes. Gestionar aquest escenari implica desplegar cada temporada macrooperatius de reforç policial, coordinació amb Guàrdia Civil i Policia Local i dispositius específics en aeroports, ports i zones d'oci.

Al final del 2025, en una trobada amb periodistes per explicar el balanç de l'any, Santafé va advertir dels canvis produïts en la delinqüència lligats a l'augment de població i al rècord de visitants a Balears, i va manifestar que alguns delinqüents “han tornat al passat” amb pràctiques com els robatoris a l'interior de vehicles, un delicte que “pràcticament havia desaparegut” a les illes. En molts de casos, va afegir, ni tan sols aconsegueixen emportar-se res perquè els cotxes no contenen objectes de valor, però, així i tot, obliguen la policia a redoblar esforços per combatre'ls.

Amb més de tres dècades de carrera a les esquenes, Santafé aterra ara al cor operatiu de la Policia Nacional, des del qual s'encarregarà de coordinar les principals comissaries generals així com de supervisar les operacions i la planificació estratègica del cos. Interior ha optat per un perfil tècnic i relativament aliè a les lluites internes que històricament han marcat la cúpula policial. El repte que té al davant no és menor: refer la moral del cos després de l'escàndol que va provocar la caiguda del seu antecessor i retornar estabilitat a una de les institucions clau del sistema de seguretat de l'Estat.

Durante los veranos de Eivissa, cuando la fiesta deja de distinguir entre noche y día y los yates llenan el puerto deportivo, una parte de la delincuencia europea también aterriza en la isla. Bandas itinerantes que viajan siguiendo el calendario del ocio nocturno -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observan durante horas a turistas adinerados y esperan el momento preciso para actuar: un tirón de reloj a la salida de una discoteca, un asalto rápido en la terraza de un restaurante de lujo, un coche preparado para abandonar la isla antes de que amanezca. Perseguir a esos grupos fue durante años parte del trabajo cotidiano de la Policía Nacional en la isla. Y el mando que coordinaba esos operativos era el comisario José Luis Santafé, a quien el Ministerio del Interior ha recurrido para sustituir a José Ángel González, denunciado por agresión sexual por parte de una subordinada, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Alejado de las grandes unidades centrales y curtido en las calles, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) nació y creció en el barrio de Malasaña, un escenario donde, en los años ochenta, la droga y la conflictividad formaban parte del paisaje cotidiano. De ese contexto emergió una vocación temprana que le situaría en la escuela clásica de la seguridad ciudadana y a una generación de mandos que accedieron al cuerpo por la vía académica. En 1990 ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional y comenzó su carrera en la División de Formación y Perfeccionamiento. Muy pronto dio el salto al terreno operativo. En 2005 ascendió a inspector jefe, en 2012 a comisario y en 2020 alcanzó el rango de comisario principal, la categoría más alta dentro del escalafón policial.

Su carrera se ha desarrollado sobre todo en destinos territoriales. Desde los años noventa ha alternado puestos en Madrid, Canarias y Balears. Fue en este último archipiélago, marcado por la presión turística, la delincuencia vinculada al ocio nocturno y la necesidad de coordinar grandes dispositivos de seguridad durante la temporada alta, donde empezó a especializarse en seguridad ciudadana y policía judicial. Antes de ser nombrado jefe superior, dirigió la Comisaría de Eivissa, uno de los territorios más exigentes y complejos para la Policía Nacional, atravesado por la presencia de hordas de turistas cada verano y la delincuencia itinerante.

Durante esta etapa, Santafé coordinó varios operativos contra grupos criminales que se desplazaban a la mayor de las Pitiüses para robar a turistas de alto poder adquisitivo. Uno de los más conocidos fue la desarticulación de la llamada 'banda del Rolex', dedicada a asaltar a visitantes a la salida de discotecas y restaurantes de lujo. En el verano de 2014, las investigaciones permitieron detener a varios miembros de grupos itinerantes -algunos procedentes de Italia y del norte de África- y recuperar relojes valorados en cientos de miles de euros. Ese tipo de delincuencia era habitual en la Ibiza de los grandes clubs y los yates: robos rápidos, víctimas con objetos de lujo y delincuentes que intentaban abandonar la isla antes de ser identificados. La operación se convirtió en uno de los golpes policiales más visibles de aquella etapa.

Otro de los frentes abiertos durante su paso por Eivissa fueron las bandas especializadas en robos con butrón, perpetrados por grupos que entraban en tiendas y joyerías perforando paredes desde locales contiguos. Bajo el mando de Santafé, la Policía Nacional desarticuló dos grupos organizados que operaban en la isla y que actuaban de forma muy planificada: estudiaban los locales durante semanas, alquilaban pisos o almacenes cercanos y ejecutaban el golpe de madrugada. Las investigaciones culminaron con varias detenciones y con la recuperación de parte del material robado. En un territorio con una economía muy dependiente del turismo y del comercio de lujo, esos golpes tenían un considerable impacto mediático y económico.

Un oscuro magnate y una infanta en el banquillo

Desde Eivissa, Santafé recaló en 2016 en la Jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Palma. Desde ahí participó en la coordinación de uno de los dispositivos de seguridad más sensibles que se han desplegado en las islas, el del juicio del caso Nóos, que por primera vez sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, cuya presencia acaparó una enorme atención internacional y requirió el despliegue de un amplio dispositivo policial: había que garantizar la seguridad en torno a las dependencias donde durante seis meses se celebró la vista oral, controlar el acceso de los medios de comunicación y coordinar la llegada de los principales acusados.

Su nombre también quedó asociado a otra de las grandes causas judiciales instruidas en las islas, el caso Cursach, cuyas investigaciones situaron al magnate Bartolomé Cursach en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche. Durante meses, la instrucción avanzó entre detenciones, registros y un goteo constante de policías locales imputados y encarcelados de forma preventiva en el marco de unas pesquisas que llegó a sacudir a buena parte de la Policía Local de Palma.

En aquel contexto, Santafé mantuvo una posición muy crítica con la actuación del juez instructor del caso, Manuel Penalva, y del fiscal, Miguel Ángel Subirán, a quienes reprochó haberse excedido en la conducción de la instrucción. Años después, la causa acabaría dinamitada y Cursach, absuelto por falta de pruebas. Por su parte, Penalva y Subirán acabarían condenados a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial.

Cuando en 2022 fue nombrado jefe superior de Policía en Balears, Santafé pasó a dirigir todo el dispositivo policial del archipiélago, con cerca de 1.700 agentes repartidos entre Mallorca, Eivissa, Menorca y Formentera. El principal desafío era la estacionalidad extrema: cada verano, la población efectiva de las islas se multiplica y, con ella, los retos en materia de seguridad: la delincuencia vinculada al turismo y al ocio nocturno, las redes de narcotráfico marítimo y los grandes dispositivos para eventos y temporada alta. También la presión migratoria en las costas, cuyo incremento, en palabras de Santafé, se ha convertido en uno de los retos crecientes para la policía en las islas. Gestionar ese escenario implica desplegar cada temporada macrooperativos de refuerzo policial, coordinación con Guardia Civil y Policía Local y dispositivos específicos en aeropuertos, puertos y zonas de ocio.

Al término de 2025, en un encuentro con los periodistas para dar cuenta del año, Santafé advirtió de los cambios producidos en la delincuencia ligados al aumento de población y al récord de visitantes en Balears, y manifestó que algunos delincuentes “han vuelto al pasado” con prácticas como los robos en el interior de vehículos, un delito que “prácticamente había desaparecido” en las islas. En muchos casos, añadió, ni siquiera logran llevarse nada porque los coches no contienen objetos de valor, pero, aun así, obligan a la policía a redoblar esfuerzos para combatirlos.

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, Santafé aterriza ahora en el corazón operativo de la Policía Nacional, desde el que se encargará de coordinar las principales comisarías generales así como supervisar las operaciones y la planificación estratégica del cuerpo. Interior ha optado por un perfil técnico y relativamente ajeno a las luchas internas que históricamente han marcado la cúpula policial. El reto que tiene por delante no es menor: recomponer la moral del cuerpo tras el escándalo que provocó la caída de su antecesor y devolver estabilidad a una de las instituciones clave del sistema de seguridad del Estado.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una “revisión extraordinaria” de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar por qué la agente que ha denunciado por una presunta violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales.

Así lo ha avanzado el ministro durante su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el “escándalo” generado por la denuncia contra el hasta la semana pasada máximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

“Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”, ha indicado el ministro.

El titular de Interior ha afirmado que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos de similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad, pero ha explicado que, ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, han decidido llevar a cabo esa revisión extraordinaria. Marlaska ha recordado que estos protocolos ya son objeto de “revisiones y actualizaciones internas”, pero que ahora han considerado necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad que ostenta la antes secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, pilote esa revisión extraordinaria.

“Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”, ha remarcado Marlaska.

El ministro ha vuelto a hacer un relato de los hechos y ha insistido en que dos horas después de la admisión a trámite de la denuncia se había ordenado ya “poner en marcha el mecanismo por el cual el presunto autor perdió su cargo y su condición de miembro del Cuerpo Nacional de Policía”. “Se le dio un cortísimo tiempo y si él no asumía la responsabilidad sabía que era cesado inmediatamente”, ha defendido. También ha argumentado que la víctima “sabe de primera mano” que le tiene a él y a toda la Policía “para lo que pueda necesitar”.

La negativa del Gobierno de PSOE y Sumar de conceder el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós ha soliviantado a todos los grupos de la izquierda andaluza en la antesala del 28 de febrero (28F), Día de Andalucía. Y no de cualquier 28F, sino del último de la legislatura, a pocos meses para unas elecciones donde el espacio progresista busca unidad y movilización.

El joven sindicalista malagueño murió asesinado por un disparo de la Policía militar durante la multitudinaria manifestación por la autonomía plena andaluza, el 4 de diciembre de 197 en una calle de Málaga. Hoy es considerado por todos los partidos, excepto Vox, una suerte de mártir de la conquista del autogobierno, y tiene el título póstumo de Hijo Predilecto de Andalucía, máxima distinción que otorga el Gobierno autonómico.

La resolución del Ministerio de Interior que deniega la condición de víctima a García Caparrós -y la consecuente indemnización a su familia- ha provocado una reacción unánime de rechazo en todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero también ha desatado un cabreo monumental y ha precipitado una pelea entre ellos, a las puertas de unas elecciones autonómicas inminentes.

La formación soberanista y andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, ha sido la más dura, al exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y lanzar un severo reproche al Gobierno más progresista de la historia“. Pero también la coalición Por Andalucía, donde está integrado Sumar (socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez), ha expresado su rechazo: ”Es una injusticia y está fuera del sentido común“, ha valorado la diputada Esperanza Gómez, tras añadir que ”si no encaja en la ley, habrá que darle solución para responder al anhelo del pueblo andaluz“.

Más duro ha sido el secretario general del Partido Comunista en Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, que ha acusado al PSOE de “incumplir su palabra” y ha exigido a Sánchez que que cumpla su compromiso y ordene el reconocimiento inmediato de Caparrós como víctima del Estado, apelando a la “verdad, justicia y reparación que la familia lleva casi medio siglo reclamando”

La posición más comprometida era la del PSOE andaluz, pilotado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el portazo a las reivindicaciones de las hermanas de García Caparrós parte de su Gobierno. Los socialistas han dado un volantazo de 180 grados, desviando el foco hacia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, para anunciar que registrarán una iniciativa parlamentaria para instar a la Junta a reconocer al joven malagueño como “víctima de la violencia institucional”, en el marco de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y la posibilidad de “una compensación económica para la familia”.

La Ley andaluza de Memoria, aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra, no contempla la figura de “víctima del terrorismo” ni el término “violencia institucional”, que ha usado este miércoles el diputado socialista Rafael Recio. El artículo 3.2, sin embargo, sí habla del “derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”.

“García Caparrós es víctima de Estado y el impedimento para reconocerlo es una ley del Gobierno de Rajoy, de 2011. El PSOE actúa con conciencia y pide a la Junta fortalecer ese reconocimiento”, ha dicho Recio, que también ha dejado abierta la puerta a que se reforme la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en la que se ha basado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, para denegar la solicitud cursada por las hermanas de García Caparrós.

“Hoy por hoy, hay una ley de Rajoy que imposibilita llegar adonde pretende la familia”, ha subrayado el coportavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, que ha demandado también al Gobierno central un “estudio de las posibilidades” para que Caparrós sea reconocido como víctima de Estado. Recio ha defendido el papel del Ejecutivo de Sánchez y de su partido que, desde la Mesa del Congreso, logró desclasificar el expediente secreto sobre el asesinato del joven malagueño, conservado bajo llave en los archivos de la Cámara Baja desde hace casi 50 años.

Ésta era una de las reivindicaciones históricas de las hermanas de Caparrós -Dolores, Purificación y Francisca- que el pasado noviembre, finalmente, se personaron en el Congreso y tuvieron acceso a las actas de la comisión que investigó la muerte del joven. Las otras dos demandas, que hicieron llegar al presidente Sánchez por carta, fue el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado y una reunión con el mandatario. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido aún.

La carta que Interior ha enviado esta semana a las hermanas Caparrós, adelantada en exclusiva por este periódico, concluía que los hechos que rodearon el asesinato del joven malagueño en el 77 son “execrables” y de una “extrema gravedad”, pero advertía que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley (...), teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Esa norma establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El PP andaluz no ha querido pronunciarse sobre la resolución del Ministerio de Interior hasta no conocer al detalle el expediente. El diputado Pablo Venzal sí ha querido defender que, sobre este aspecto, el Gobierno de Moreno “ha hecho todo lo que tenía que hacer en el marco de sus competencias”.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, también ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Interior. “No han reconocido la condición de víctima ni la indemnización a la familia, en eso nosotros no entramos. Desde la Junta siempre hemos tenido presente a García Caparrós”, ha asegurado.

La familia de García Caparrós tiene un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las hermanas han convocado este viernes a la prensa en Málaga para anunciar su decisión y expresar su malestar por el portazo del Gobierno.

El policía delincuente es un tópico del cine y la novela negra, por su condición a la vez fascinante y aterradora, su psicología retorcida y su vida al límite. En ficción recordamos policías mafiosos, policías narcotraficantes, policías ladrones, policías corruptos, policías torturadores, policías que espían a rivales políticos del gobierno, policías que fabrican delitos para desacreditar a esos mismos rivales, policías que abusan de su poder y, por supuesto, policías violadores. Entre todos ellos, mi policía delincuente favorito es aquel Bad Lieutenant (aquí traducido como Teniente corrupto, aunque era más que corrupto) tanto en la versión de Abel Ferrara con Harvey Keitel como en la de Herzog con Nicholas Cage. “Mi policía delincuente favorito” quiere decir el peor, el que no querría cruzarme en mi camino.

Fuera de las pantallas o las novelas, los policías delincuentes no fascinan nada, solo aterran. Y hemos conocido muchos también. En la España democrática del último medio siglo recordamos policías mafiosos, policías narcotraficantes, policías ladrones, policías corruptos, policías torturadores, policías que espían a rivales políticos del gobierno, policías que fabrican delitos para desacreditar a esos mismos rivales, policías que abusan de su poder y, por supuesto, policías violadores. Y donde dice “policía” puedes poner guardia civil, y en algunos delitos también ertzainas, mossos o policías locales, que cada cuerpo tiene sus ovejas negras.

Son minoría, no hace falta que me lo recuerden: la inmensa mayoría de los cuerpos de seguridad cumplen con la ley. Pero esa minoría nos provoca una inseguridad enorme. Insisto, pocas cosas me dan más miedo que un agente de la autoridad cometiendo delitos. Que alguien encargado de nuestra seguridad, que tiene el monopolio de la violencia legal, va armado y, además, tiene presunción de veracidad (su palabra vale siempre más que la tuya), pueda darte una paliza, meterte droga en el coche, llevarse fardos de coca o fajos de billetes de una operación, extorsionarte o cosas peores, es terrorífico.

Mucho peor es cuando además el delincuente no es un agente raso, sino un mando policial, alguien con poder jerárquico y más capacidad para ocultar sus fechorías. Y en los últimos tiempos hemos conocido demasiados mandos policiales responsables de la lucha contra el narcotráfico, que a la vez que dirigían operaciones se dedicaban al tráfico de droga. O encargados de perseguir delitos económicos que tenían millones de euros de dudoso origen entre las paredes de su casa.

La sola posibilidad (por ahora solo hay presunción) de que el jefe máximo de la policía, no un comisario más sino el responsable del cuerpo, hubiera cometido una agresión sexual, es espeluznante. Si además hubiese acosado y amenazado a la víctima, e intentado comprar su silencio, y todo con la ayuda de otros policías de su confianza, es terrorífico, porque indica hasta qué punto se sentía impune.

¿Hay algo peor que un policía delincuente? Sí, y mucho peor: un policía delincuente al que encubren otros policías. En demasiadas ocasiones hay policías que, por corporativismo, por lealtad o por complicidad, amparan a los delincuentes, miran para otro lado, dificultan las investigaciones o son parte de la trama. Si se confirma lo denunciado por la presunta víctima, es urgente que el ministerio de Interior limpie a fondo la Policía Nacional, caiga quien caiga. Qué miedo.

Acusar sin pruebas puede ser constitutivo de delito, concretamente de denuncia falsa o calumnia cuando se imputa a alguien un hecho delictivo a sabiendas de que es falso o con temerario desprecio a la verdad. Esto rige para todo ciudadano, salvo que la acusación la realice en sede parlamentaria un miembro de las Cortes Generales porque goza de inmunidad y, en ese caso, puede sostener gratuitamente la mayor barbaridad contra un adversario sin consecuencia alguna.

La jurisprudencia del Supremo y el Constitucional viene a decir además que los políticos tienen menos derecho al honor que el resto de ciudadanos porque dedicarse a la cosa pública lleva implícito soportar todo tipo de disparates, lo que en los últimos tiempos se ha convertido ya en un deporte nacional, y no solo en el Congreso de los Diputados. El PP ha acusado, dentro y fuera del Parlamento, a Fernando Grande Marlaska de encubrir un delito de violación presuntamente cometido por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Lejos de tener prueba alguna que acredite su denuncia, los populares habían escuchado, como cualquier español medianamente informado, al abogado de la víctima, declarar en varias televisiones que la denuncia se mantuvo en secreto por la relevancia del denunciado y que la mujer informó de ella el martes por la tarde a su superior jerárquica. 

Pero, no, el PP seguía erre que erre, con que Marlaska lo sabía, lo ocultó y, por tanto, era cómplice. Y eso que la tarde en que conoció la denuncia concedió al DAO una hora para que presentara la dimisión y, si no era así, en una hora firmaría su destitución. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en sus redes sociales: “Si el gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y lo protegieron”. Una acusación que reiteraron más tarde, y de forma más explícita, varios dirigentes del PP, entre ellos Miguel Tellado. 

“Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación”, afirmó el número dos de Feijóo. Lo que realmente provoca el vómito nacional no es dónde se siente el ministro, sino escuchar a uno de los máximos dirigentes del PP expresarse en esos términos soeces y otros mucho más groseros cada semana desde la tribuna del Congreso. Una dinámica que, lejos de recibir el repudio general, ha pasado formar parte del lenguaje habitual de la derecha política, pero también de la mediática, lo que define dicho sea de paso la falta de solidez de sus argumentos.

Allá los políticos con su proceder y allá quienes sientan que esto forma parte del espectáculo y de una nueva forma de comunicar en política. Pero, en lo que respecta a la prensa tras la que se parapeta Feijóo para sostener indirectamente su acusación, hay una praxis que nos interpela a todos: a ciudadanos y a periodistas. Sin un periodismo que informe, profundice o cuestione con rigor y honestidad las realidades de cada día, difícilmente podrá haber una ciudadanía informada, que es uno de los pilares fundamentales de toda democracia, junto a la separación de poderes y el estado de derecho.

Esta semana le ha tocado a Marlaska, pero antes fue a Bolaños, a Zapatero, a María Jesús Montero, a media docena de ministros y hasta al presidente del Gobierno. El titular de Justicia ya ha anunciado una querella contra el empresario y delincuente confeso Víctor de Aldama, que le acusó de ofrecerle dinero a cambio de su silencio, mientras se pasea por los platós de televisión donde le dan audiencia una vez por semana. El de Interior amagó con ello el miércoles cuando retó a los populares a que repitieran sus acusaciones sin pruebas fuera del Parlamento, donde los diputados no tienen inmunidad parlamentaria. Solo después de ello, Feijóo ha matizado sus palabras y admitido que quizá Marlaska no conocía la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional a una inspectora a su cargo, pero siguió dando crédito a “los medios que publican que el ministro lo sabía desde hace varios meses”. 

El todo vale en política y en periodismo vuelve a ponernos frente a una tenebrosa realidad que es parte nuclear de una calculada estrategia de desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país que se desmorona gobernado por una panda de delincuentes. Casualmente, quienes así ejercen el oficio son los mismos que han echado tierra sobre el escándalo del alcalde popular de Móstoles acusado de abusos sexuales a una exconcejala y la vergonzante actitud del PP de recomendar a la víctima que la única forma de ayudarla era si callaba. Nos está quedando un país precioso y un oficio que avergüenza.

Los aspirantes a mandar en la Policía Nacional cuando se produzca un probable cambio de Gobierno llevan tiempo tomando posiciones. Observar las corrientes marinas que agitan estos meses el pequeño océano de los comisarios ayuda a entender el arribismo en el Cuerpo. Nunca se sabe quién puede dar tu nombre al próximo ministro del Interior o qué sobremesa frecuentaste que ahora va a encumbrarte. Hay nombramientos cantados y otros improbables, como el de José Ángel González, conocido internamente como Jota, director adjunto operativo desde 2018. Antiguo teniente de la Policía armada, primera línea de los antidisturbios en tiempos, Jota reinó hasta el martes por la tarde en la Policía de un “Gobierno de rojos”. Sin ser él nada de eso. 

La denuncia por violación de una subordinada, acompañada de las coacciones que le habrían seguido, ha puesto fin a la carrera de Jota. De la promoción del 84, como de tantas otras, todos salían con un mote. Algunos lo conservan durante su carrera. A otros se les cae en el ascenso y pasan a ser llamados por su apellido. Pero Jota lo conserva. A fin de cuentas, él no llegaba de los despachos, ni de la investigación: José Ángel González será siempre “un botas”, como se conoce en la Policía a los antidisturbios. “Siempre estaba en primera línea cuando había que intervenir, como en las huelgas de los mineros, dando la cara. Su gente lo idolatraba”, le alaba un antiguo compañero que pide no ser citado. 

Fernando Grande-Marlaska había conseguido con el comisario González y con el director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, su objetivo: que nadie supiera quiénes eran. Y eso, a pesar de ser los responsables de 80.000 funcionarios públicos con placa y pistola. Cuando se preguntaba al ministro por ellos, Marlaska aludía al perfecto desarrollo de acontecimientos internacionales que son competencia de la Policía, como la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, un arriesgado escaparate para el país. 

El ministro niega taxativamente que Pardo y González hubieran sido tolerantes con las expresiones radicales que se prodigan en la Policía desde el proceso soberanista en Catalunya, pese a las evidencias en redes sociales y medios de comunicación. Los expedientes disciplinarios se anuncian a partir de los escándalos en la prensa y luego se les pierde la pista. Rara vez concluyen en una sanción relevante. Tampoco se les podía preguntar por ello. Ni Pardo ni González daban ruedas de prensa. Como el resto de mandos del Ministerio del Interior. Allí solo habla el ministro. 

El jefe del comisario González, el manchego Francisco Pardo, fue secretario de Estado de Defensa con José Bono y una persona unida fuertemente al exministro y antiguo presidente del Congreso. A Pardo le gusta repetir una cita que se atribuye a San Vicente de Paúl: “El bien no hace ruido y el ruido no hace bien”. Y así fue en la Dirección de la Policía, con el tándem perfecto entre Paco Pardo y Jota. Hasta que trascendió el martes la denuncia por violación contra el DAO. Este miércoles, Pardo reunió a la cúpula de la Policía para impartir directrices a raíz del escándalo. En privado, jura que desconocía la denuncia contra su 'número dos'. 

La tibieza de Pardo y González con los ultras de la Policía ha permitido que estos proyectaran su ruido hacia fuera. El máximo exponente es Jupol, sindicato con mayor afiliación, que frente a un grave caso de violencia sexual contra una compañera ha decidido fijarse en el ministro del Interior, del que no hay hasta ahora un solo indicio de que conociera la denuncia contra José Ángel González. 

Las notas de prensa y las declaraciones de Jupol suelen dar pistas de las iniciativas que van a seguir PP y Vox en materia de seguridad. En el caso de la agresión sexual a la mujer policía, el sindicato anticipó el martes por la tarde la bronca sesión de control al Gobierno que protagonizaría la derecha y la ultraderecha parlamentarias a la mañana siguientes. González estaba amortizado y Pardo no tiene relumbrón mediático. Había que volver a hacer política y Jupol se apresuró a exigir la dimisión del ministro. 

Copa de balón y “a sus órdenes”

Pero volvamos a la Policía. Sin dejar la política. González habría cometido la violación borracho de poder, al cumplir siete años en el cargo. En él había permanecido por su habilidad para “no hacer ruido”. Tanta habilidad como para que el Gobierno incluyera en un decreto ómnibus un cambio legal para que siguiera en el cargo cumplidos los 65. Pero cómo pudo llegar a DAO de un Gobierno progresista un mando sin preparación, sin experiencia en la investigación y sin perspectiva global de la seguridad. Jota, un comisario de toda la vida. De copa de balón y un “a sus órdenes”. Para explicarlo hay que remontarse a la convulsa primavera política de 2018.

El inesperado éxito de la moción de censura sorprendió al PSOE sin un banquillo organizado para tomar el relevo. El Gobierno de Zapatero había encumbrado al único (y reducido) grupo de comisarios afines decididamente al partido, un grupo de jóvenes que en la transición tuvieron la quijotesca idea de ingresar en el Cuerpo para cambiar el régimen desde dentro. Pero cuando llegó Pedro Sánchez su momento ya había pasado. Y tampoco estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su etapa logró recabar adhesiones inquebrantables de coroneles y comisarios dispuestos a olvidar su adscripción ideológica por admiración al personaje.

Rubalcaba y su equipo optaron por recomendar a los colaboradores de Sánchez a un comisario que había trabajado con ellos, con idiomas y experiencia en áreas clave. Pero ese comisario tenía una titulación universitaria en el mismo máster que Cristina Cifuentes, como muchos otros mandos por el requisito que impuso el PP para poder detentar cargos de importancia. En 2018 aquel título manchaba. 

Entonces, otro policía comisario, amigo de Zapatero, habló al expresidente de José Ángel González. El nuevo Gobierno no tenía mucho donde elegir y Jota se le presentaba como un comisario “dócil”. Esa característica le ha valido para mantenerse ocho años al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de un Gobierno socialista. Un observador privilegiado de varias generaciones de mandos policiales lo describe gráficamente: “Los comisarios son de quien haga falta con tal de mandar. Como si hace falta hacerse de Podemos”.

El arribismo en la Policía experimentará en los próximos días un nuevo episodio. El puesto de director adjunto operativo saldrá a concurso y los comisarios principales que lo deseen tendrán un plazo de una semana para presentarse. La pregunta es cuántos dejarán su nombre por escrito para aspirar a DAO de la Policía con un Gobierno al que anticipan pocos meses de vida. “La peregrinación a Génova es constante”, asegura otra voz autorizada en el Cuerpo. 

El ascenso hasta la cumbre policial de un mando de la Unidad de Intervención, como José Angel González, tiene un aciago precedente. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2012, la calle ardía por la crisis económica. En Génova optaron por Eugenio Pino, que había comandado a los antidisturbios de toda España. Siendo DAO (director adjunto operativo), Pino organizó una brigada política contra la oposición democrática. En abril se sentará en el banquillo por sabotear la investigación judicial de la caja B del Partido Popular desde su puesto de mando en la Policía. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, al igual que para el penúltimo ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. El actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijoó, concluyó este miércoles que la acusación por violación contra el DAO de la actual Policía es una muestra de cómo “España se cae a pedazos” por culpa del Gobierno de Sánchez.

Llega la borrasca Pedro al norte de España en un gesto de evidente complicidad con la política española. Todo es una borrasca sobre el Gobierno al que se le acumulan dos tipos de noticias: las malas y las malísimas. La última de estas es la denuncia de violación contra el jefe operativo de la Policía, José Ángel González, y el cese posterior de su número dos por la acusación de haber intentado coaccionar a la víctima.

La relación de los dos altos cargos profesionales más importantes de la Policía con hechos tan graves coloca al ministro de Interior en una posición inaudita. Incluso si solo se enteró de los hechos el martes, y de ahí la dimisión inmediata de González, no puede afirmar que carece de responsabilidad política. La persona elegida por Fernando Grande-Marlaska como máximo responsable policial a la hora de hacer cumplir la ley está acusada de violarla de forma repugnante. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No debería ser el ministro?

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, dijo a Marlaska en la sesión de control que González era “su hombre de confianza, su protegido”. La definición es correcta. Fue nombrado director adjunto operativo (DAO) de la Policía en 2018 al producirse el cambio de Gobierno. Era tan esencial para Marlaska que le regaló una prórroga cuando estaba a punto de cumplir la edad de jubilación a finales de 2024. Ese límite no admite excepciones, excepto cuando alguien utiliza todo el poder del Gobierno para crearlas. Marlaska confiaba tanto en el comisario que consiguió que se incluyera un artículo en un decreto sobre medidas urgentes por la dana con el que mantenerle en el cargo sine die, hasta su cese o dimisión.

Fue un regalo inesperado para el Partido Popular en la sesión de control. Sus diputados convirtieron el hemiciclo en una despedida de soltero de británicos en Benidorm después de dejar para los restos el avión de Ryanair en el que llegaron. Gritos de “dimisión”, pateos, y golpes en los escaños, no sólo por los que están ahí arriba escondidos en el gallinero, sino también por la dirección del grupo en la primera fila. “Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución”, les dijo Francina Armengol. Los socialistas aplaudieron a Marlaska como si fuera un héroe. También era la forma de intentar acallar el ruido de los enemigos.

Antes de la sesión, Alberto Núñez Feijóo había marcado el tono de los ataques. Dio por hecho sin pruebas que el Ministerio lo sabía todo “como mínimo” desde hace un mes y repitió la frase que utiliza como un estribillo. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. Tres diputados, entre los que estaba Cayetana Álvarez de Toledo, lo repitieron. “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul”, dijo Miguel Tellado.

Marlaska amenazó con querellas si se atrevían a repetir la acusación fuera del Congreso, esa sede sagrada de la democracia constitucional donde el Código Penal no parece estar en vigor: “Digan fuera del hemiciclo que el ministro lo sabía y que no actuó y nos veremos en otra instancia (por la judicial). No voy a asumir esa injuria”.

El ministro de Interior reconoció la gravedad de los hechos y adelantó que se ha relevado al número dos del comisario, Óscar San Juan, al que la víctima –miembro del cuerpo policial– acusa de haberla intentado coaccionar para que no presentara la denuncia con la promesa de un traslado al lugar que eligiera. Dijo que actuó al conocer los hechos el mismo martes y puso además su destino político en manos de la mujer: “Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí renunciaré”.

El abogado de la policía confirmó la versión de Marlaska sobre el momento en que se enteró de la querella. Fue el martes, al confirmarse que el tribunal la admitía, cuando se informó al Ministerio por primera vez. Ese día la denunciante habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”. “Se quedó literalmente de piedra”, contó el letrado.

Desde India, donde está en visita oficial, Pedro Sánchez respaldó las decisiones de su ministro. “Se ha actuado con empatía, con contundencia y se ha actuado con coherencia. Se le ha dado credibilidad a la denuncia”. Los hechos que aparecen reflejados en la querella no dejaban otra opción. El presidente exigió al PP que reaccione con la misma fuerza con la denuncia de una exconcejal contra el alcalde de Móstoles. Sobre ese caso, “no hacen absolutamente nada, al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima”.

El PP ha dado por cerrado el escándalo de Móstoles. Esa fue su intención desde el primer momento y con ese objetivo se movilizó. Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Díaz Ayuso, no ofreció más opciones a la denunciante que el silencio. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”. Finalmente, la concejal denunció a Manuel Bautista por acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y un delito contra la integridad moral.

El PP cuenta ahora con otra oportunidad de ponerse del lado del presunto agresor con la investigación judicial del jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares. Una policía local de Torrejón de Ardoz, donde el comisario Luis Antonio Moreno fue el máximo responsable de la seguridad de la ciudad, le ha denunciado por los delitos de violencia de género, agresión sexual, acoso laboral, vejaciones, calumnias e injurias. El atestado policial fue enviado al juzgado a finales de 2025.

En aplicación estricta de lo que podríamos llamar la doctrina Móstoles, la alcaldesa Judith Piquet no ha hecho nada y no ha suspendido al denunciado en sus funciones, como le reclama la oposición. En esa línea, Piquet siempre podrá decir que está protegiendo a la presunta víctima. No hay muchas posibilidades de que Feijóo diga que lo sabía y lo tapó. Seguro que Tellado no siente náuseas al ver lo que ocurre en Alcalá. Con las instituciones gobernadas por su partido, nunca hay prisa para mostrar la indignación por un caso de violencia de género.

El ya ex director adjunto operativo de la Policía José Ángel González incluyó el pasado año en la lista de comisarios reconocidos con la más alta distinción a su asesor, Fernando Óscar San Juan, a quien la víctima acusa de participar en las coacciones y encubrimiento de su violación por parte del número dos de la Policía. La Medalla de Plata, como se conoce en la institución, es un polémico reconocimiento que se reparte entre los miembros de la cúpula de la Policía en el último tramo de su carrera, o cuando se jubilan, y conlleva un 15% adicional a su salario de por vida.

El reconocimiento a San Juan se produjo en octubre de 2025, unos meses después de que González perpetrara la presunta violación y de que su asesor llamara en varias ocasiones a la víctima, una agente del Cuerpo, para ofrecerle un puesto a cambio de su silencio. elDiario.es ha tenido acceso a un documento restringido en el que la Dirección General de la Policía justifica los méritos para la concesión de la condecoración que los sindicatos policiales consideran la construcción de un relato para esconder un reparto de premios entre la escala superior en detrimento de los agentes de base.

En ese documento se dice que San Juan “ha demostrado tener una actuación ejemplar y extraordinaria en el marco de los cometidos asignados desde su nombramiento en su puesto en 2018, bajo la directa dirección del director adjunto operativo [el dimitido González], en sus funciones como asesor mediante el diseño de importantes dispositivos y eventos”. En este sentido, la resolución menciona la cumbre de la OTAN de 2022, la Presidencia de España del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 los Juegos Olímpicos de París, el dispositivo tras la DANA y el apagón eléctrico de 2025.

San Juan ha hecho carrera en los últimos años a la sombra del comisario acusado de violación. Junto a él estuvo en la Jefatura Superior de Melilla y en un destino anterior de González en Valladolid. Según recoge la querella, el comisario Óscar San Juan llamó en cinco ocasiones a la víctima en julio de 2025 –la presunta agresión sexual se produjo en abril– sin que esta atendiera el teléfono.

Finalmente, el 13 de ese mes, la denunciante y San Juan mantuvieron una conversación que fue grabada por la primera y cuyo audio se ha adjuntado a la querella, según escribe el abogado de la víctima. En la misma, San Juan “le propuso textualmente que ”elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap“.

La querella añade: “En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó: ”Que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses“, añadiendo literalmente: ”Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames“. La víctima respondió: ”No contesto a su proposición“.

Los sindicatos policiales han plantado batalla judicial a las concesiones de este tipo de medallas obteniendo resoluciones a su favor, pero el ministro del Interior ha vuelto a concederlas. En octubre de 2025, junto a San Juan fueron condecorados con la Medalla de Plata al menos otros siete comisarios. La decisión de la concesión de ese tipo de medallas se adopta en el ámbito de la Dirección General de la Policía y lleva la firma del ministro de Interior. 

En la resolución por la que se premia a Óscar San Juan, cuyo cese ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, se dice que el comisario tiene “una alta capacidad de trabajo, gestión y dirección, demostrando total abnegación, con dedicación absoluta que han contribuido al prestigio de la Corporación”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este miércoles que ha pedido una información reservada sobre San Juan por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.

El Pleno en el Congreso interrumpido durante casi dos minutos por los gritos de “dimisión” y los golpes a sus escaños de los diputados del PP dirigidos al ministro del Interior. Esa es la foto fija que resume la sesión de control de este miércoles y la estrategia de los populares de salir en tromba contra Fernando Grande-Marlaska, al que acusan directamente de encubrir al jefe operativo de la Policía Nacional, denunciado hace un mes por presunta agresión sexual y forzado a dimitir este martes tras conocerse esa denuncia. “Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”, ha abierto el fuego en sus redes sociales el líder de la oposición.

A primera hora de la mañana el propio Marlaska ha asegurado en los pasillos del Congreso que no conoció hasta ayer esa denuncia contra el jefe policial, pero aún así la sesión de control ha estado marcada por los reproches de la oposición por este caso. “Aún está sentado Marlaska en su asiento de ministro. ¿Dónde queda su responsabilidad? Y todavía se sorprenden de que alguien les diga que ustedes son una mafia”, le ha espetado la portavoz parlamentaria de los populares, Esther Muñoz, a la vicepresidenta primera.

En su respuesta, María Jesús Montero ha reprochado a los de Feijóo que siempre tengan palabras de condena a los actos que afectan al Gobierno o al PSOE y que no sea igual cuando ocurre entre sus filas, como ocurre con el caso del alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual y laboral y aún en su puesto y con el respaldo explícito de su partido.

“Lo que llama la atención es que ustedes utilicen una doble moral. Cuando ocurre un caso sobre una mujer que está relacionado con el Gobierno se rasgan las vestiduras, pero cuando hay miembros de su partido que no hacen absolutamente nada tras las denuncias, como el alcalde de Móstoles o el de Algeciras, no se sienten interpelados. El Gobierno hizo ayer lo que tenía que hacer y Marlaska también. Pidió la dimisión y este señor ya no ostenta responsabilidad. Tolerancia cero con la agresión a las mujeres”, ha respondido la vicepresidenta primera.

En su habitual tono, el popular Miguel Tellado ha ido un paso más en la crítica al Gobierno. “Hoy el señor Marlaska ya no debería estar sentado en el banco azul. Son encubridores de presuntos delincuentes. Da naúseas verle sentado en el banco azul. Todo un ministro del interior tapando una agresión sexual, una violación. En contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial” ha dicho. En la misma línea, le prosiguió Cayetana Álvarez de Toledo: “Sabemos que han tapado una presunta violación en el ministerio”.

La oposición siguió disparando al ministro en el turno de preguntas al propio Marlaska. Lo hizo la diputada popular Miriam Guardiola. “No puede estar ni un minuto más, por respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tiene que dimitir hoy porque ha permitido que un presunto violador cometa una agresión sexual con penetración que le ha supuesto lesiones psíquicas. ¿No le da vergüenza? ¿Desde cuándo lo sabía? Porque usted lo sabía y lo tapó. Solo ha ordenado la dimisión cuando se ha hecho público. ¿Se puede ser más cobarde? Le han destrozado la vida a una mujer”.

Al igual que había hecho ante la prensa en los pasillos del Congreso, Marlaska ha insistido en su respuesta parlamentaria en que no supo nada de la agresión hasta este martes, cuando exigió al jefe policial su renuncia. Y amenazó con querellarse con aquellos que lo acusen de encubrimiento. “Los hechos denunciados por la víctima son de tal gravedad que, en cuanto fueron conocidos, inmediatamente se exigió su renuncia. Digan fuera de este hecmicilo que el ministro conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias porque son de tal gravedad que evidentemente no voy a asumir calumnias de ese tipo”, ha intentado zanjar antes de llegar incluso a asumir su posible dimisión si el reproche, ha dicho, le llegara de la víctima. “De la única persona que podré aceptar cualquier crítica es de la víctima. Si ha entendido que he fallado en algún sentido, yo renunciaré y dimitiré”, ha prometido.

El comisario principal de la policía obligado a dimitir, José Ángel González, ha sido citado a declarar el próximo 17 de marzo después de que una agente denunciara que le ordenó llevarlo a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no tenía conocimiento de la denuncia por agresión sexual de una subordinada contra el jefe operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. “Evidentemente no sabíamos nada. A la mínima se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato como se hizo ayer”, ha defendido este miércoles minutos antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Marlaska ha afirmado que el abogado de la mujer mantuvo “en secreto los hechos” hasta este martes por la tarde y que, una vez leída la querella, “no había otra decisión” posible por la gravedad de los hechos que “requerirle la renuncia o el cese inmediato”. “Hay un desconocimiento, no lo he tapado”, ha insistido. También ha acusado al PP de “instrumentalizar” lo ocurrido “de forma indebida” por acusar al Gobierno de “saber, tapar y proteger” la presunta agresión sexual del DAO de la Policía.

Ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre otro comisario y asesor del DAO por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. “Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales”, ha expuesto.

Posteriormente ha afirmado que dimitirá si la presunta víctima asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado. “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido que dimita a gritos desde sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un aplauso.

Citado el 17 de marzo

El juez David Maman Benchimol ha citado a González el próximo 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima. El auto afirma: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025. Ese día, denuncia la mujer, él intentó “un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima” que “fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”. Pese a las negativas, el DAO habría comenzado entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional”.

Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante, por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión. 

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es desde 2018 el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional. En noviembre de 2024, el Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo al frente de la Dirección Adjunta Operativa, recurriendo a una modificación legal en el real decreto de medidas por la Dana de Valencia, algo que fue cuestionado por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que los servicios de emergencias tardaran en llegar al lugar del accidente ferroviario de Adamuz, que se produjo en torno a las 19:43 horas. El responsable de Interior ha explicado que una primera patrulla de la Guardia Civil llegó a las 20 horas y que a las 20:15, viendo la magnitud de la tragedia, pidió más medios sanitarios y de protección civil. A esa misma hora, que coincide con la llegada de una segunda patrulla del instituto armado, se accedió al segundo tren siniestrado, el Alvia que chocó contra el Iryo que ocupaba parte de la vía.

Marlaska se ha defendido así de las críticas por la tardanza en llegar al segundo convoy y de los medios sanitarios, que se desplegaron a las 20:30 horas. “Creo que es una respuesta bastante razonable, aparte de que nadie ha puesto en duda la profesionalidad, la celeridad, la eficacia y la eficiencia de nuestros medios en el modo de responder a esta tragedia y salvaguardar la integridad de los viajeros y de todos los supervivientes”, ha dicho en una entrevista en Mañaneros (TVE).

El ministro ha relatado que la primera noticia sobre el accidente que se recibe en el Centro de Operaciones y Servicios de la Guardia Civil de Córdoba fue a las 19:47 horas, cuatro minutos después del descarrilamiento. “En ese sentido, a las 20:00 horas ya hay una patrulla de la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Me consta que a las 20:15 esa patrulla reclama, viendo la entidad de la tragedia, más medios tanto de la Guardia Civil como medios sanitarios y también de Protección Civil, bomberos, etcétera. Me consta seguidamente que a las 20:15 horas ya otra patrulla de la Guardia Civil ya tiene conocimiento del segundo de los trenes afectados”. Un cuarto de hora después, a las 20:30, “ya están personados los primeros servicios sanitarios y los primeros servicios de urgencia en general”.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que constata que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo unos 18 minutos después del suceso. El departamento que dirige Óscar Puente ha difundido la secuencia cronológica de las llamadas, tras la publicación de informaciones que apuntan a que los viajeros del Alvia no tuvieron asistencia hasta mucho después del accidente. Esta es la secuencia recopilada por Europa Press:

“La lealtad institucional al PP le dura poco”

El responsable de Interior se ha defendido de las críticas vertidas por Alberto Núñez Feijóo, que ha exigido explicaciones al Gobierno. “Han pasado cinco días y seguimos sin saber qué ocurrió”, ha dicho el líder de la oposición sobre el siniestro, que está en plena investigación. La comisión encargada ha emitido un informe preliminar que apunta a la rotura de la vía como causa del descarrilamiento. El PP también ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de “mala política e incapacidad patente” y responsabilizado del accidente: “Es la evidencia de su colapso, el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”, informa Aitor Riveiro.

“Estamos acostumbrados a un Partido Popular que el hecho de la cooperación, la colaboración y la lealtad institucional le dura muy poco”, ha reprochado el ministro, que se ha remitido al aumento de las inversiones en infraestructuras, alta velocidad y mantenimiento, y ha cargado contra el PP por “utilizar una tragedia como esta”.

El ministro ha recordado, además, el fairplay por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante todos estos días en los que ha evitado entrar en la confrontación. “Esperemos que el mensaje que dio el señor Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en cooperación y colaboración con el Gobierno de la nación, sea o pueda ser en un futuro la regla y no la excepción en esto”, ha rematado Marlaska.

La Guardia Civil ha informado este jueves de que ha identificado hasta la fecha a 43 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo. A la espera de que se inspeccionen los dos cuerpos encontrados esta mañana, el Instituto Armado ha confirmado también que ya no constan más desaparecidos a raíz del suceso.

Tal y como ha informado Fernando Domínguez, coronel jefe del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, en una rueda de prensa en el Ministerio del Interior, en un primer momento se registraron 45 denuncias por personas desaparecidas. Hasta este jueves, habían ingresado en el Instituto de Medicina legal 43 personas a las que se les sometió a una autopsia. “Alrededor de las 14.45 se han encontrado dos cuerpos más”, ha añadido el coronel, que ha afirmado que esos cuerpos están a la espera de ser identificados.

Una vez que pasen la autopsia y sean identificados, si corresponden con la identidad de las dos personas denunciadas como desaparecidas, la búsqueda de cuerpos de la Guardia Civil se dará por concluida.

“La búsqueda se había continuado ayer por la tarde y hoy por la mañana porque todavía había denuncias de personas desaparecidas que estaban dentro de los trenes. No tenemos ninguna persona pendiente desaparecida que sea objeto de denuncia. Una vez encontrados estos cuerpos tenemos que proceder a la identificación, si se corresponde con las dos personas pendientes finalizará el dispositivo y si no tendremos que continuar con el mismo”, ha explicado.

De las personas fallecidas ya identificadas, 22 eran mujeres y 21 hombres y entre ellas había un menor. Además, tres mujeres fallecidas eran extranjeras: de nacionalidad alemana, rusa y marroquí.

Primer atestado entregado en el juzgado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que los agentes de la Guardia Civil ya han entregado al juzgado pertinente un primer atestado con las operaciones que se han realizado estos días en el terreno. “La unidad orgánica de policía judicial de Córdoba ha concluido la inspección ocular de la zona del siniestro y ha entregado al juzgado un primer atestado, que custodia los elementos localizados y que pueden resultar de interés para la casa”, ha explicado al inicio de la comparecencia de prensa.

Las primeras diligencias practicadas en la zona, según ha explicado el coronel de la Guardia Civil, consisten en la comunicación a la autoridad judicial el destino de las evidencias digitales, como las cajas negras de los trenes, que ya han sido entregadas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La apertura de esas cajas se hará en Madrid con miembros de la unidad orgánica de la Policía Judicial.

Otras evidencias practicadas son “los indicios del equipo de inspección ocular”. Incluyen un informe fotográfico de esa inspección ocular, con 2.500 fotografías y vídeos de distinta naturaleza por vía aérea y terrestre. “Ahora se tiene que proceder a la organización de las fotografías. Estamos en una fase muy preliminar”, ha especificado.

Las imágenes obtenidas incluyen las grabadas por las cámaras del tren de Iryo, que también están bajo custodia y que se remitirán a la autoridad judicial en cuanto se proceda a la apertura.

También se han hecho declaraciones tanto al maquinista del Iryo como a tripulantes y trabajadores de ambos trenes así como a varios viajeros. “Esto no quiere decir que nos cerremos en este punto, estamos abiertos a seguir tomando manifestación a más personas relevantes para la investigación”, ha añadido el coronel, que ha avanzado que no podrán dar detalles debido al secreto judicial.

Marlaska ha defendido la labor de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia. “Nosotros recibimos la primera indicación del accidente a las 19.47 a través del 112 en la comandancia de la provincia de Córdoba. 12 minutos después se encuentra la primera patrulla y a partir de ahí todo se va desarrolando. Se piden más efectivos y vienen más patrullas, servicios de asistencia, bomberos, servicios sanitarios y empiezan a tomar conocimiento efectivo del conjunto de lo sucedido”, ha relatado. “Creeo que no puede haber queja de la reacción de los servicios públicos”, ha dicho sobre la actuación que ha calificado de “ejemplar”.

Apuntar a una causa del accidente resulta, aún hoy, precipitado. Ese es el mensaje principal que lanza el Gobierno en mitad del aluvión de informaciones y teorías que ya intentan precipitar conclusiones de la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz (Córdoba) y que, por el momento, ha costado la vida de 41 personas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la investigación sobre las causas del accidente no ha hecho más que empezar. Y que por eso es imprudente apuntar todavía a que el fallo pudiera producirse en el tren o, por el contrario, en la vía.

“Todas las hipótesis están abiertas”, ha afirmado Marlaska dos días después del accidente, mientras los servicios de rescate y emergencias siguen trabajando para rescatar a posibles víctimas y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid, con el que luego chocó el Alvia Madrid-Huelva en Adamuz (Córdoba).

El ministro ha trasladado que los técnicos de la comisión de investigación han trabajado en las últimas horas para inspeccionar tanto el punto del descarrilamiento como los daños producidos a causa del siniestro. “Tras las inspecciones sobre el terreno, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”.

Marlaska también ha explicado que la comisión también ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulación por Adamuz en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese tramo de la vía.

Junto al ministro del Interior ha comparecido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que ha expresado las condolencias del Gobierno a las familias de las víctimas y el agradecimiento a todos los servicios de emergencia y vecinos del pueblo que se lanzaron a ayudar. “Lo mejor que tiene nuestro país es su gente. Desde el primer momento se pusieron en marcha todos los mecanismos del Estado y la coordinación de las instituciones”, ha dicho la ministra, que ha alertado sobre los bulos y las mentiras.

En ese contexto, la portavoz ha acusado a la ultraderecha de intentar sacar rédito político de la tragedia ferroviaria de Adamuz tras descolgarse de la unidad institucional y política de las últimas 48 horas. “La actitud de Abascal y la ultraderecha es una actitud ruin. Utilizar la tragedia para generar caos y desconfianza es una actitud antidemocrática e inhumana”, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha pedido a la ciudadanía “huir de los bulos” y que tenga en cuenta que quienes intentan rentabilizar una desgracia de esta magnitud son los enemigos del servicio público. “Es el mayor ejercicio de antiservicio público. Pero somos mayoría los que estamos enfrente, en el servicio público, en la lealtad, en la verdad. Eso es lo que nos demanda la sociedad”, ha concluido.

La ministra portavoz no ha querido confrontar, sin embargo, con el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que el Partido Popular recibía información del suceso “por los medios de comunicación y por la Junta de Andalucía, pero no del Gobierno”. Según ha podido saber elDiario.es, los jefes de gabinete de Sánchez y Feijóo contactaron en la misma tarde del lunes para compartir la información disponible en una conversación que, según fuentes de la Moncloa, se produjo en tono “cordial”.

Del periodo de tiempo “razonable” de no interponer multas anunciado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al aviso que hizo este miércoles el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, que aseguró que “en estos momentos” los agentes comenzarán a “denunciar” a los conductores que no utilicen la baliza V16 en caso de avería o incidente en la carretera. 

Dos autoridades competentes y dos anuncios que ofrecen versiones distintas sobre si los agentes empezarán a multar o no por el uso indebido de este dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero de 2026 y que viene a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. 

La baliza V16 tiene la misma función que su predecesor, pero con prestaciones mejoradas, sostiene la DGT. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de y continua al menos durante treinta minutos. Con ella, no será necesario salir del coche y también facilitará la ubicación en tiempo real, avisando a otros usuarios de la vía de la situación.

Un cambio que se adopta para frenar la “sangría” de fallecidos por atropello, defendió Grande-Marlaska el pasado 8 de enero, durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025. Se estima que son 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente.

Polémica con los plazos de las multas

En esa misma comparecencia, el responsable de Interior aseguró que las policías de tráfico y cuerpos de seguridad serían “flexibles” y que primarían la información sobre la sanción “durante un periodo razonable de tiempo”, aunque no habló de fechas concretas. 

“Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”, añadió Grande-Marlaska antes de revelar que España es la primera en implantar esta medida, pero ya algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española, además de recordar que países como Reino Unido han suspendido el uso de los triángulos en autopistas por su peligrosidad.

Sin embargo, Navarro anunció este miércoles que los agentes comenzarían a “denunciar” a los conductores que cumpliesen la nueva norma. “En estos momentos si tú paras por una avería o un incidente y no colocas la V16, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley”, contestó el director de la DGT al ser preguntado por el plazo dado a los usuarios, según declaraciones recogidas por Europa Press. Una afirmación que choca con lo expuesto pocos días antes por el ministro del Interior. 

En cualquier caso, lo que no cambia es la cuantía de la multa por no llevar la baliza V16 en el vehículo: supone una sanción leve, que acarrea una sanción económica de 80 euros. Se trata de la misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización, recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT), desmintiendo algunos de los bulos de los últimos meses.