El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado la aprobación de un documento en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes que recoge un paquete de medidas propias y una serie de solicitudes al Estado para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio por valor de 29,8 millones de euros para un periodo de 100 días. De esa cantidad total, el Ejecutivo central aportará 15 millones hasta junio (que se ampliarán a 60 si el conflicto dura más de tres meses), como ya anunció el ministro Ángel Víctor Torres tras reunirse con el presidente regional, Fernando Clavijo, este lunes. Por su parte, el Gobierno regional aportará una cantidad algo inferior (14,8) para sus propias medidas.

Las iniciativas recogidas en el documento aprobado por Canarias se llevarán ahora a un decreto ley que dé efectividad a las propuestas y que se complementarán con las peticiones realizadas al Ejecutivo central.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias --centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos-- no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, además dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

Entre las medidas propias acordadas por el Gobierno de Canarias, están la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.

También se incluye el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones; o la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.

De igual modo está la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.

Finalmente, el Gobierno creará un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Estas cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

Solicitudes al Gobierno de España

Respecto a las solicitudes al Gobierno de España, está la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias; la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible; y la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, se pide la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura; la puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos; y la creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

También se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias; el impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina; el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA); la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad; y el aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

Incorporar una 'cláusula canaria'

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una 'cláusula canaria' en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha resaltado que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para que el Estado financie, vía compensación, medidas complementarias que el Ejecutivo canario podrá activar de forma específica en su ámbito competencial para paliar los efectos socioeconómicos de la guerra en Oriente Medio, atendiendo a la necesidad de actuar también sobre impuestos que solo se aplican en el archipiélago.

Así lo han acordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión mantenida en la sede de la Presidencia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Con este acuerdo, el Gobierno de las islas podrá aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes de un 1% actual al 0% o bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%. Por otra parte, podrá bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras medidas.

Ángel Víctor Torres destacó que desde el Gobierno de España se ha trabajado durante las últimas semanas para responder “con sensibilidad a la ciudadanía ante los efectos de una guerra ilegal y unilateral y con sensibilidad hacia los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios”.

Por su parte, Fernando Clavijo remarcó que “esta medida podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”.

Sumando todas las medidas, el coste total hasta el 30 de junio de 2026 (que compensaría el Gobierno de España) está en más de 15 millones de euros, una cantidad que, en caso de que el Gobierno de España prorrogara el Real Decreto- ley o aprobase cualquier otro, se mantendrían también estos mecanismos adicionales en Canarias. Anualmente, estas medidas estarían valoradas en más de 60 millones de euros.

Otras medidas del Gobierno de España con repercusión en Canarias

Este compromiso del Gobierno de España para compensar financieramente acciones complementarias en Canarias se suma a las otras medidas que se recogen en el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 20 de marzo, y que repercuten también de forma directa en las islas. Sobre todo, en la conectividad, la protección energética y el apoyo a sectores productivos, en un contexto internacional marcado por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

En materia de transporte, el Real Decreto-ley incorpora un sistema de ayuda dirigido al transporte marítimo regular de pasajeros y de mercancías que opera en rutas y conexiones interinsulares; y contempla ayudas específicas para compensar el incremento del coste del combustible en sectores especialmente sensibles, como la agricultura, en territorios insulares (0,20 euros por litro).

El Real Decreto-ley incluye medidas fiscales y sociales que también benefician a los ciudadanos del archipiélago, como la reducción temporal de impuestos energéticos, la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para consumidores vulnerables severos) y el refuerzo de la protección, manteniendo la garantía de suministro y evitando cortes hasta finales de 2026.

En cuanto a los costes de producción, el plan aprobado por el Gobierno de España refuerza el mecanismo que garantiza que los consumidores canarios no paguen los sobrecostes por lejanía, que se financian parcialmente a través de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto del sistema eléctrico nacional. Además, se actualiza la tasa de retribución de la generación eléctrica para el periodo regulatorio 2026-2031, lo que contribuye a asegurar la estabilidad del suministro y a impulsar la transición energética en el archipiélago.

El texto también introduce medidas para evaluar de forma periódica los costes de generación y las condiciones de suministro en los territorios no peninsulares.

Finalmente, el plan impulsa el desarrollo de energías renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas, ámbitos en los que Canarias cuenta con un enorme potencial por sus condiciones naturales.

Tras la presentación hace más de una semana del decreto con medidas para todo el país, los partidos que gobiernas en las Islas, Coalición Canaria y el PP, lo criticaron al tacharlo de insuficiente y “godo”, al centrarse en rebajas en el IVA, que no se aplica en el archipiélago.

El debate sobre la ecotasa, una de las reivindicaciones de las movilizaciones del pasado 20 de abril en Canarias, se ha quedado estancado esta semana en el Parlamento regional. El presidente Fernando Clavijo (CC), que unos días antes de las manifestaciones se mostró dispuesto a abrir un “proceso de reflexión” para “cambiar las cosas a mejor”, ha descartado implantar una tasa turística y ha planteado “un IGIC ecológico”, es decir, usar un impuesto canario que ya existe e incrementarlo (sin especificar en qué porcentaje) a las pernoctaciones hoteleras. Se trata de una medida que tanto expertos consultados como la oposición ven llena de dudas. 

La propuesta aún no ha sido explicada en profundidad. El presidente canario la lanzó en la radio autonómica asegurando que es “más eficiente” y que repercutirá no solo en las arcas del Gobierno, sino de los cabildos y ayuntamientos. La idea, sin embargo, no es suya. Clavijo recoge el guante del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Manrique de Lara, quien sugirió antes de las manifestaciones “recargar el IGIC con algunas décimas”, sin especificar cuántas, si se quiere obtener una financiación extra para la mejora de espacios públicos en las ciudades turísticas, formación en el ámbito del sector turístico o mejora de infraestructuras.  

De momento, se desconoce la postura de su socio de Gobierno, el PP, que ha sido ha sido tajante al rechazar la ecotasa. Desde la Consejería de Turismo (que dirigen los populares) aseguran a este peridico que la decisión sobre una posible subida del IGIC será conjunta y que la están estudiando. 

En Canarias, donde no se paga el IVA, hay una serie de productos y servicios gravados con un impuesto indirecto canario, el IGIC. Las pernoctaciones hoteleras están gravadas con un 7%. No obstante, es un importe que va a las arcas públicas de la comunidad autónoma, pero no es un impuesto específico para mitigar la huella que generan 16 millones de visitantes anuales sobre un territorio fragmentado y más vulnerable al cambio climático. 

El economista Carles Manera remarca que lo que no tiene “discusión alguna” desde el punto de vista técnico y jurídico es un impuesto específico a las pernoctaciones. “No hay argumentos sólidos contra un impuesto de pernoctación turística, mal llamado ecotasa”, remarca. Recuerda que en economía tributaria si se pone un nuevo impuesto hay que tener en cuenta dos cuestiones: que sea fácil de gestionar y que la base imponible esté muy clara. Otra cuestión a tener en cuenta es la finalidad. 

Manera recuerda que este impuesto ya existe en lugares como Balears o Catalunya y que son los hoteleros los que los recaudan, los que harían de caja, pero no tienen que pagar nada. Así mismo, desmonta el argumento de que vaya a detraer visitantes y el de que el impuesto solo tendría sentido en ciudades culturales para conservar el patrimonio pues, según remarca, ser un destino de sol y playa es un motivo adicional para aplicar un impuesto turístico, ya que se acrecientan problemas sobre el territorio, la generación de residuos, emisiones, estrés hídrico, problemas de vivienda, salarios más bajos… “No va a redundar en la competitividad de nada y nadie dejará de venir a Canarias porque pagues un euro y medio más la noche”, subraya. 

Otros expertos inciden en la misma idea: no se ha encontrado datos que concluyan que la tasa turística haya afectado al volumen de turistas, aunque hay economistas que han preferido no dar su nombre que sí inciden en que la medida debería repercutir en ello para que no sea un instrumento recaudatorio. No obstante, cabe recordar que en comunidades como Balears la recaudación anual con la tasa turística ha alcanzado unos 120 millones de euros y que esa recaudación va destinada a un fondo de Impulso del Turismo Sostenible y se reparte en proyectos. 

¿Qué puede haber tras la subida del IGIC antes que una ecotasa? 

La campaña de Coalición Canaria y del PP en las elecciones de mayo del año pasado se basó precisamente en prometer una rebaja fiscal. Las dos formaciones prometían rebajar el IGIC del 7 al 5%. Una rebaja que afectaría precisamente a servicios como la actividad turística, ya que muchas otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la ciudadanía como los productos básicos el IGIC se grava entre un 0 y un 3%. 

“Es un Gobierno desnortado que lo que está demostrando es que están superados por lo que está sucediendo, porque hablar de subir el IGIC no solamente era tabú, sino que la medida que planteaban era bajarlo dos puntos”, recuerda el diputado Luis Campos, de Nueva Canarias, formación que planteó esta semana en el Parlamento siete medidas para cambiar el modelo de desarrollo y que fueron rechazas por el Gobierno. “Nosotros cuando hablamos de tasa turística, hablamos de un nuevo impuesto con una ley específica, una regulación concreta”, recuerda. Se trataría por tanto de un nuevo impuesto que costaría más derogar que subir o bajar el IGIC unas décimas. 

Campos señala otro elemento clave de la tasa turística que es que puedes definir un destino finalista de los recursos y se puede destinar a renovación de zonas, descarbonización del turismo, digitalización, a los espacios naturales, al paisaje … “Es un elemento que cobrará más fuerza por parte de quienes nos visitan a la hora de decidir los distintos destinos y los lugares donde su visita pueda proporcionar una huella de carbono cero respecto a lugares más contaminantes”, resume. 

Así mismo, incide en que la tasa turística está reconocida en todo el mundo y para el turista es algo que ya tiene incorporado en su imaginario y puede tener una asociación positiva para compensar esas externalidades negativas del turismo. Recuerda que el alemán que llega a Canarias viaja a otros lugares donde está incorporada la tasa turística. “Estamos hablando no solamente de una medida recaudatoria sino de un concepto, una filosofía y un símbolo que a lo mejor es el inicio de un nuevo modelo y el inicio de un cambio”, apunta. Recuerda además que su partido llevó al parlamento este tema en forma de ley en 2015 y fue rechazada en el Parlamento en 2018, cuando la propuesta era de apenas 0,50 a 1,50 la noche dependiendo de las estrellas del hotel y por un máximo de siete días. 

El PSOE registró recientemente una PNL precisamente para que se instaure en Canarias dicha tasa turística. Una medida que también fue rechazada esta semana por los partidos que sustentan al Gobierno y por la extrema derecha. El diputado socialista Sebastián Franquis recuerda que en su propuesta se excluía a los residentes canarios y se especificaba que lo que querían gravar no es la actividad turística en sí sino la presión que está ejerciendo esos millones de personas que visitan Canarias sobre las infraestructuras, el territorio, los servicios públicos… “No es por el hecho de la actividad turística en sí, sino por la presión que se ejerce”, apunta. 

Recuerda que lo interesante de la ecotasa es que tiene un carácter finalista y que se puede destinar a políticas que apuesten por la sostenibilidad del destino. Esto significa que se puede extender a cuestiones como “el tema hidráulico, energético…”. “Lo otro (dice en referencia a la subida del IGIC planteada por Clavijo) se ingresa a las arcas públicas y se puede ingresar para incrementar un 30% los altos cargos del Gobierno o para reducir los impuestos a los más ricos, que es lo que han hecho”, apunta Franquis. Además, incide en que con la ecotasa también se puede decidir que parte de esos ingresos vaya a cabildos y ayuntamientos. 

A su juicio, el Gobierno de Canarias está improvisando y después de que han sucedido las manifestación está “volviendo a su discurso original” porque “votaron ya en contra de aplicar un impuesto que es una de las propuestas importantes de esa manifestación y han votado en contra de todas las medidas”, incide. 

Otra cuestión a destacar es que el 47% de los visitantes que llegan a Canarias lo hacen a través de un paquete turístico que contratan en origen. No obstante, el IGIC lo terminaría pagando o la agencia de viajes o en su caso debe repercutirlo el hotel a la Hacienda canaria.

Por su parte, Podemos también ha calificado en un comunicado “de tomadura de pelo” la propuesta del presidente Fernando Clavijo de subir el IGIC a las pernoctaciones en los hoteles y ha abogado por la implantación de una ecotasa, como se exigió en las manifestaciones del pasado sábado. “Clavijo reconoce abiertamente que el turismo masivo tiene efectos perversos, y desvía el debate para no asumir que esta industria debe contribuir a revertir sus impactos sobre el medioambiente. Y eso se hace con un impuesto finalista como la ecotasa”, recalcó la diputada Noemí Santana.

“Lo habíamos dicho, que íbamos a plantear un plan de alivio fiscal vivo, dinámico y adaptable a cada uno de los tiempos. Y comenzamos, en primer lugar, con una bonificación del 99% del impuesto de donaciones y sucesiones, como ya habíamos anunciado”. Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), expuso una de las medidas tomadas este 17 de julio en el primer Consejo del nuevo Ejecutivo, que implica eliminar los impuestos a las grandes herencias.

Se trata de un impuesto que recuperó el anterior Ejecutivo, que desde 2021 y hasta este año solo ha bonificado al 99,9% de la tasa a las donaciones y sucesiones que no superaran los 300.000 euros. Por ejemplo, una herencia de 1 millón de euros quedaba casi exenta de pagar el impuesto los 300.000 euros que le impondría la normativa. De manera progresiva, se seguía bonificando cada 50.000 euros, pero restando un 10%, es decir, si la tasa a pagar al recibir una herencia es de 350.000 euros, se deducía el 90% y así sucesivamente hasta los 1,2 millones de euros. Si un usuario debía pagar 3 millones de euros de impuestos por una donación o una herencia, tenía que abonarlo en su totalidad, sin bonificaciones.

Con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno se vuelve a la misma política que se aplicó desde 2016 a 2020, cuando también presidía el Ejecutivo Fernando Clavijo. En aquel entonces, se defendió la rebaja fiscal sosteniendo que se quería paliar el número de herencias a las que se renunciaban en las islas. Sin embargo, tras dos años en vigor, los datos del Consejo General del Notariado desmontaron el argumento al mostrar que el número de renuncias de herencias de los isleños aumentaron.

La repercusión de destinar recursos públicos para que las grandes herencias no paguen el impuesto supone, en un año, unos 40 millones de euros menos, según fuentes del Ejecutivo anterior, que ha comparado las cifras de 2020, último año en vigor del impuesto de sucesiones y donaciones y 2021, cuando se aplicó la bonificación por tramos. Cómo recuperar esa pérdida es algo que no desveló Domínguez durante su comparecencia, que adelantó la aplicación de otra medida de rebaja fiscal prometida: “La reducción del impuesto al combustible en las Islas Verdes”. Una acción que demandan y refrendan los otros dos socios de gobierno: Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.

Con esta acción el nuevo Ejecutivo regional quiere que en La Palma, La Gomera y El Hierro no se pague ninguna tasa de carburantes ante el alto coste que supone. Esta medida fue rechazada en la pasada legislatura tras una propuesta de CC en julio de 2021. La Consejería de Hacienda que dirigía Román Rodríguez (Nueva Canarias,) que ahora está en manos de Domínguez, concluyó -tras encargar un informe a expertos- que eliminar los impuestos a los combustibles no contribuía a aliviar el bolsillo de los consumidores. En concreto, detectaba que el principal problema en este ámbito era la escasa competencia empresarial existente y, al quitar el impuesto, según el documento, propiciaba mayores beneficios a los operadores.

Sobre la bajada de del 7 al 5% del IGIC, que cierra el trío de propuestas de rebajas fiscales recogidas en el programa firmado entre CC y PP, el vicepresidente del Ejecutivo prometió que se aplicará el próximo año con el presupuesto autonómico. Sin embargo, Domínguez reconoció que durante la reunión del Consejo descubrió que para 2024 “el Gobierno central va a congelar las reglas de gasto”, lo que implica que no se podrá llevar a cabo endeudamiento ni usar los remanentes de tesorería“. ”Esa información no la teníamos“, dijo, y ”coarta mucho“.

En este sentido, Domínguez recordó la aplicación de la regla de gasto estará condicionada por quien gane tras las elecciones generales del 23 de julio y, de forma paralela, de lo que decida la Unión Europea, ya que podría permitir mayor flexibilidad de gasto en función a las cuentas que se le presenten. “Indistintamente de esta situación, el Gobierno de Canarias quiere devolver a todos los canarios su esfuerzo, un esfuerzo muy grande durante todo este tiempo, porque hemos visto como se ha recaudado más que nunca y vamos a intentar encajar esas cuentas más allá de las decisiones que se tomen en el ámbito nacional y el europeo”.

Casi dos meses después de las elecciones del 28 de mayo, el Parlamento de Canarias ha comenzado a celebrar el debate de investidura que hará presidente del Gobierno regional a Fernando Clavijo con el apoyo del Partido Popular, o lo que es lo mismo, la segunda fuerza con más apoyo, Coalición Canaria, estará al frente del Ejecutivo con el respaldo de la tercera. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, daba paso a Clavijo pasadas las 11.00 horas de este 11 de julio y durante poco más de una hora defendió las acciones pretende llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Tras agradecer al Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente el acuerdo para formar gobierno, pasó a vaticinar el escenario hasta 2027.

Clavijo considera que vendrán “años difíciles” porque Bruselas y el Gobierno central van imponer “disciplina fiscal”, por lo que cree que Canarias debe adelantarse y prepararse para su impacto. En este contexto, anunció que una de las primeras medidas que acometerá el nuevo Ejecutivo será “bajar los impuestos al consumo” porque estima que este tipo de políticas ayuda a “aliviar la carga de las familias”.

En concreto, ha defendido la propuesta lanzada en campaña -compartida con el PP- de bajar el IGIC del 7 al 5%, pero matizando que se ejecutará “por tramos y productos” (antes del 28 de mayo había anunciado una rebaja general). Además, indicó que se irá “modulando a lo largo de los próximos cuatro años para ayudar a familias, emprendedores y autónomos y a los sectores productivos”.

Sobre las críticas desde el PSOE o Nueva Canaria contra esta medida, Clavijo ha replicado que es “falsa” la premisa de que rebajar impuesto suponga un recorte en servicios públicos por la pérdida de ingresos. A su juicio, subir la presión fiscal no garantiza un mejor servicio público y, como ejemplo, citó que en la pasada Legislatura se incorporaron 900 millones de euros más a la Sanidad, pero la lista de espera media aumentó un 30%.

“Si subir los impuestos no garantiza un mejor servicio público, bajarlos tampoco garantiza lo contrario”, ha sostenido Clavijo, quien en su lugar ha dicho que lo que marca la diferencia es una gestión eficaz y este será el principal eje de actuación del nuevo Gobierno: brindar “una administración realmente al servicio al ciudadano”.

A la bajada del IGIC le acomparán otras medidas de rebaja fiscal. Clavijo ha anunciado la bonificación al 99 % el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y “con efecto inmediato” eliminará el impuesto al combustible a las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro). A su juicio, esta es una medida “de justicia” que no ha cuantificado y que, según ha dicho, supondrá “un ahorro” para sus ciudadanos y empresas.

Clavijo ha hecho una firme defensa de las rebajas fiscales para ajustarse “a la realidad de la economía de quienes vivimos en esta tierra”, que según ha añadido, han “recibido unos servicios públicos más ineficientes” a pesar de que los cobiernos canario y estatal “aumentaban de forma desorbitada sus ingresos fiscales”.

Sanidad y Educación

La política sanitaria para los próximos cuatro años de CC se basará en el diálogo con todos los actores que forman parte del sistema, según Clavijo, con “el paciente en el centro de las acciones” que se llevarán a cabo. De forma específica, ha nombrado las principales problemas por islas: ha prometido dotar de recursos humanos y materiales en el Hospital del Norte y del Sur de Tenerife; en Gran Canaria, se ha comprometido a impulsar las obras de ampliación y reforma del Hospital Materno Infantil, entre otras.

En Educación, el discurso del candidato se ha centrado en proponer un nuevo Pacto regional que recoja las demandas de todos los actores del sector y facilite la aplicación de medidas. Hizo especial mención a la importancia de la Formación Profesional, anunciando a la creación una Viceconsejería que la desarrolle.

Además, ha prometido aumentar la inversión en I+D+I en Canarias con la ayuda de las dos universidades públicas canarias y centros de investigación. Y ha anunciado que su nuevo gobierno tendrá una Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura transversal con competencias sobre presupuestos y estrategias de innovación, pero también en cultura, de manera que esté vinculada a la modernización.

Servicios sociales

Para una de las autonomías con mayores índices de pobreza de España, Clavijo propone desarrollar las medidas que aprobó su gobierno de 2015 a 2019, como la Ley de Servicios Sociales o el Plan de Lucha contra la Pobreza.

A su vez, prometió “desbloquear” el plan de 5.500 camas sociosanitarias para personas mayores en las islas y que se reforzará el personal destinado a la gestión y agilización de las valoraciones de dependencia y discapacidad. En este punto, ha anunciado la creación del área de personas mayores, participación y soledad no deseada para atender a la profunda crisis estructural que registra el sistema de ciudadanos de este sector de la población.

Vivienda

Clavijo ha criticado la Ley aprobada por el Gobierno central porque, a su juicio no reconoce la realidad de Canarias ni recoge las diferencias en el problema de acceso que se vive en islas. Así, Clavijo considera que “la situación es insostenible” y critica que la administración “ha sido incapaz de articular una respuesta eficaz y real”.

Y ha prometido que el Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, Gestur y Gesplan colaborarán con todos los ayuntamientos para aprobar y modificar el planeamiento con el objetivo de tener suelo disponible a medio y largo plazo.

En contra de la turismofobia

Otro de los puntos en los que Clavijo quiso hacer más énfasis ha sido rechazar la turismofobia que ha atribuido a “grupos y grupúsculos” que la alientan. En este punto, reconoce que el sector ha cometido “abusos y errores”, pero esto no debe llevar a generar “un sentimiento de rechazo” hacia el principal motor económico de las Islas.

Clavijo ha hecho una defensa a ultranza del turismo porque crea empleo en hoteles y apartamentos, además de otros sector como en el comercio, el transporte o la agricultura, pero en lugar de alentar la turismofobia, aboga por un encaminarse hacia un turismo sostenible y de calidad, sin detallar más medidas concretas.

Sobre la sostenibilidad, Clavijo apenas ha dedicado una breve parte de su discurso para referirse a acciones de gobierno respecto a la transición ecológica. El candidato dice que se mantendrá la Ley de Cambio Climático y se marca el objetivo de elevar del 20 al 45% el grado de penetración de las energías renovables en las islas en los próximos cuatro años, en consonancia con los objetivos de la ONU de emisiones cero en 2050.

Pacto de Empleo

El candidato a la Presidencia ha criticado “sacar pecho de datos de paro cuando hay trabajadores que el día 20 de cada mes deben acudir a Cáritas o Cruz Roja para poder comer”, en referencia al Gobierno de Canarias saliente. Y su propuesta pasa por aumentar el número de trabajadores en el Archipiélago con la firma de un Pacto por el Empleo que avance hacia un empleo de calidad y de oportunidades, aprovechando los fondos europeos

Para ello, ha abogado por el diálogo con los agentes sociales priorizando reducir la precariedad laboral, potenciar la inserción laboral de los jóvenes para evitar que emigren y la atención especial a las personas desempleadas de larga duración. “No podemos seguir admitiendo como una fatalidad de nuestro mercado laboral empleos mal pagados”, ha añadido.

Sector primario

Clavijo ha querido reivindicar la importancia del sector primario para las Islas por su importancia en el mantenimiento del paisaje y el medio ambiente y, además de fomentar el consumo de productos locales a través del turismo, ha anunciado que su gobierno priorizará el riego y el abastecimiento para afrontar la crisis hídrica.

Entre otras acciones, ha prometido la ejecución de la “las nuevas desaladoras en el norte y sur de Fuerteventura y el cierre del anillo hídrico insular en La Palma” y ha anunciado que se pondrán en marcha junto a los cabildos y desde la recuperara Dirección General de Aguas.

El reto demográfico y mejorar la atención pública

El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias ha anunciado que el reto demográfico también estará presente los próximos cuatro años y se comprometió a elaborar un plan de acción específico, que incluirá la creación de una Consejería que aborde la cohesión social, para situar al máximo nivel y coordinar el crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible.

Uno de los asuntos prioritarios en el programa firmado entre CC-PP ha sido mejorar la atención ciudadana de las administraciones públicas. “No puede ser un muro infranqueable, un obstáculo que frena iniciativas y una pesadilla para el administrado”, ha indicado Clavjo. Para ello, propone simplificar “la maraña” burocrátrica de los servicios públicos.

Relaciones Canarias-Estado

Clavijo ha anunciado que, independientemente de quien gobierne después del 23 de julio, tratará de iniciar una nueva etapa de diálogo y entendimiento basado en la defensa el REF y el Estatuto de Autonomía. “Dialogaremos hasta el límite de lo razonable, e incluso más allá, pero les aseguro, señorías, que no tememos al conflicto, y llegado el caso acudiremos a todas las instancias políticas y judiciales que estén a nuestro alcance para que se respete a esta comunidad autónoma y al pueblo canario”, ha señalado.

En este sentido, dijo que avanzará en la transferencia de las competencias recogidas en el Estatuto, como los puertos y aeropuertos,y reclamará un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera para los servicios públicos básicos, con separación de los recursos del REF.

Marruecos

Durante su discurso, Clavijo criticó la postura que defendió Pedro Sánchez frente al Sáhara Occidental, apoyando la propuesta de Marruecos de reconocerla como su autonomía. Considera que ese cambio de posición no ha tenido su reflejo en la política exterior de Marruecos, que ha seguido tensando la cuerda y no ha puesto en marcha una política distinta, humana, en el tratamiento de la migración que sale desde allí hacia las Islas.

En este asunto, que considera “crucial” para Canarias, anuncia que exigirá respuestas que frenen el drama que están viviendo miles de personas todos los años. Por ello abogó por estar presente en las reuniones bilaterales con Marruecos en los asuntos que le afecten, en lo que incluye la definición de la mediana o el acuerdo de pesca que finaliza el 17 de julio.

Unión Europea

Las Regiones Ultraperiféricas y la relación de Canarias con la UE también han tenido cabida en la intervención de Clavijo, quien anunció que reforzará la participación directa de Canarias en Europa, así como las relaciones con Portugal y Francia, “para la mejor defensa de los asuntos que nos afectan”.

En puntos concretos, nombró la defensa de la exención de Canarias en la nueva tasa verde que se aplicará a los vuelos internacionales que, junto al régimen de comercio de emisiones, supondrá un notable encarecimiento de los vuelos con las islas y un notable perjuicio a la conectividad con las islas, perjudicando al sector turístico, según Clavijo, quien anunció que se “trabajará para revertirlo”. 

Ley de Volcanes

Clavijo quiso dejar para el final de su discurso a “los palmeros y palmeras” afectados por “la mayor catástrofe en España del siglo XXI”. El candidato a presidente de Canarias ha anunciado su apoyo a la iniciativa legislativa popular para elaborar una Ley de Volcanes de Canarias y se ha comprometido a cumplir lo prometido en vivienda, agricultura, turismo, empresas y autónomos, educación y sanidad.

“Salga el Gobierno de España que salga de las urnas el 23 de julio, exigiremos que se cumpla con La Palma, que el descuento del 60 % del IRPF y los fondos para la reconstrucción y salud mental se amplíen hasta 10 años”, ha sostenido Clavijo.

Clavijo ha cerrado su intervención teniendo la mano a la oposición y a toda la sociedad para “pasar a la acción para empezar cuanto antes” de cara a afronta los nuevos retos de Canarias.

“Canarias tiene futuro y ese futuro está en nuestras manos, en las de quienes estamos aquí y en las de todos y cada uno de los más de dos millones de canarios y canarias que viven en nuestras ocho islas, y no podemos seguir perdiendo el tiempo describiéndolo y llenando discursos de retórica hueca, tenemos que pasar a la acción”, ha concluido Fernando Clavijo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy jueves 19 de marzo, tras la celebración del Consejo de Gobierno ordinario, una reorganización del área sanitaria para reforzar la gestión y hacer frente a la situación generada por la propagación del Covid-19.

El Consejo ha aprobado la creación de un Comité de Gestión coordinado por el propio presidente, -y en su ausencia, por el vicepresidente-, que estará integrado por la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, el consejero Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.  Además, a los equipos de esas áreas, se suma el asesoramiento del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. La coordinación de la comunicación del Comité de Gestión de Sanidad estará bajo la responsabilidad directa del viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez. De igual modo, formará parte de dicho comité el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.

Paralelamente, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la creación de Comités de Gestión en las áreas de Economía y Derechos Sociales, que estarán integrados por los consejeros de distintas áreas.

Esta reorganización, según explicó el presidente, “obedece a la necesidad de emplear el mayor número de recursos y conocimiento para buscar la fórmula de contención del Covid-19”.

Además, en el Consejo de Gobierno de hoy se han aprobado medidas de carácter económico. Entre ellas, se ha dado luz verde a un suplemento de 20 millones de euros para reforzar el Servicio Canario de Salud. “Se trata de una cantidad que se podría ampliar en las próximas semanas si fuera preciso”, apuntó el presidente.

Entre las medidas económicas más importantes, Ángel Víctor Torres ha anunciado que el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, procederá a firmar una orden de suspensión y ampliación de plazos para el pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones hasta el 1 de junio. El presidente Torres asegura que esta decisión se traduce en la inyección de alrededor de 600 millones de euros en la economía canaria. 

El Gobierno de Canarias, asimismo, completará la prestación por cese extraordinario de actividad de los autónomos, lo que se conoce como el paro de los autónomos, que establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, hasta llegar al 100 por 100. El Gobierno central aportará el 70 por ciento de su base reguladora, y el Ejecutivo que preside Torres aportará el 30 por ciento restante.  El presidente de Canarias también ha asegurado que han activado los mecanismos “para que los cientos de Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTES) que se están presentando, se agilicen”.

Otra medida que se ha planteado en el Consejo de Gobierno y que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha es la gratuidad del servicio de televisión en todos los hospitales canarios.

En cuanto a las restricciones en la entrada de pasajeros, tanto en el transporte aéreo como marítimo, el presidente ha insistido en que, además de reducir el número de conexiones con la Península e interinsulares, y de obligar a una declaración jurada a las personas que por causas justificadas entren en Canarias, ya se han activado equipos de control sanitario para esos pasajeros. Además, anunció que en breve se espera la llegada de nuevos kits de pruebas para la detección del Covid-19 “que permitirán saber los resultados en pocos minutos y hacer más número de pruebas”, detalló.

kits 

El presidente apuntó que, “ante la envergadura de la situación social, solicitamos al Gobierno de España y a la Unión Europea que nos permitan endeudar lo máximo posible para que haya liquidez y poder responder en estos meses a esta situación económica”, subrayó. Aseguró también que “hoy todas las partidas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma están disponibles para afrontar la situación de emergencia que estamos viviendo”.

Sobre el sector turístico, el presidente recordó que las aerolíneas comenzaron con el retorno de turistas a sus países desde el pasado sábado. “Diariamente están saliendo alrededor de trescientos vuelos para el regreso de turistas a sus países”, apuntó.

El presidente de Canarias envió un mensaje a la sanidad privada agradeciendo “su predisposición a trabajar de la mano” e insistió en que “en estos momentos solo hay una Sanidad”. También quiso hacer un reconocimiento público a todo el personal sanitario, “hombres y mujeres que luchan en la carrera contra el Covid-19”, y a la labor de quienes transportan mercancías, quienes trabajan por la seguridad, el personal de supermercados, y a quienes tienen que ir a trabajar. “Estamos al lado de todos los canarios y canarias que de manera cívica responden a las órdenes del Real Decreto”, aseguró.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participará en una nueva videoconferencia de presidentes autonómicos convocada por el presidente Pedro Sánchez el próximo domingo, y ha anunciado que el lunes tiene previsto volver a reunirse con el Consejo Asesor, la Fecai, la Fecam y los portavoces parlamentarios.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que bajar medio punto los tipos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) fue un error del anterior Ejecutivo tal y como ha quedado demostrado con los datos de la recaudación tributaria en 2019.

Según los datos conocidos este jueves, el anterior Gobierno de Canarias, formado por CC-PNC, calculó que en 2019 iba a ingresar casi 2.800 millones de euros por la recaudación de los tributos autonómicos, pero finalmente obtuvo poco más de 2.600 millones, 177,6 millones menos en total, lo que supone una caída del 6%.

Torres, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que estos datos demuestran que “lamentablemente” tenían razón cuando advertían de que en 2019 se iba a recaudar bastante menos de lo presupuestado y menos de lo recaudado en 2018.

El presidente canario ha dicho que los datos son “contundentes” y bajar medio punto el IGIC “fue error”. 

El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto aprobado por el ejecutivo el 31 de enero en el que se establecen los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, indicó que este decreto iguala a las empresas y profesionales canarios con los del resto de España, al incrementar desde 150.000 a 250.000 euros el límite para acogerse al régimen simplificado.

Se trata de una reducción de las cargas administrativas que no tiene impacto en los ingresos, dijo Rodríguez, que pidió al Parlamento que renuncie a tramitar el decreto como proyecto de ley, al no tener “entidad ni contenido” para ello, lo cual también fue aceptado por unanimidad.

Los alcaldes y tenientes de alcalde de los seis municipios en los que gobierna o cogobierna Coalición Canaria en La Palma rechazan “ceder al Gobierno de Canarias un porcentaje de los ingresos por la recaudación del IGIC que corresponden por ley a los municipios”, se informa en nota de prensa.

“Nos hemos reunidos de urgencia preocupados ante la posibilidad de contar el próximo año con menos recursos de los que necesitamos para atender, día a día, las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, explica el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez.

En este sentido, los alcaldes de Coalición Canaria consideran que el Gobierno de Canarias debe buscar los recursos que necesita para cuadrar el presupuesto autonómico de 2020 por otras vías, “sin restar medios a otras administraciones que deben hacer frente a sus propias competencias”.

“El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, planteó esta misma semana intercambiar los porcentajes de reparto de los ingresos recaudados por el IGIC que, por ley, están establecidos en el 58 por ciento para los ayuntamientos y el 42 por ciento para la comunidad autónoma”, recuerdan. “Esta medida, aunque se aplique solo durante un año, supone una pérdida para las administraciones locales que no debemos y, sobre todo, no podemos aceptar”, añade Sergio Rodríguez.

En opinión de los alcaldes de Coalición Canaria, “La Palma, con una actividad económica que no acaba de despegar, no puede permitirse perder ni un solo euro del dinero que legalmente le corresponde”.

El Gobierno de Canarias “tiene que exigir al Gobierno de España que salde la deuda de más de 900 millones que tiene con nuestra comunidad autónoma, así, no será necesario subir impuestos ni quitar recursos a los ayuntamientos, que son los que atienden de manera directa las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos”.

Respecto a un posible nuevo reparto de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y la redefinición de sus objetivos, los alcaldes nacionalistas confían en que “la idea del Gobierno de Canarias no sea la de reducir las aportaciones ya comprometidas a los ayuntamientos y cabildos y consideran que cualquier decisión al respecto debe ser consensuada con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai).

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha incidido este viernes en que las corporaciones locales tendrán “más fondos” que en el año 2019 acepten o no la propuesta del Ejecutivo autonómico sobre el reparto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) en los próximos presupuestos de 2020.

Torres ha explicado, en declaraciones a los medios, que lo que se le ha propuesto a las corporaciones locales es que en la subida del IGIC del 6,5% actual al 7%, se les ha pedido repartir el 6,5% como hasta ahora, de tal forma que el 58% sea para las corporaciones locales y el 42% para el Gobierno de Canarias; mientras que la recaudación del medio punto del IGIC restante --para llegar al 7%-- y los impuestos que se prevén tocar, el reparto se realice al revés, es decir, el 58% para el Ejecutivo regional y el 42% para las corporaciones locales.

Esto, añadió, implica una diferencia de 25 millones de euros que recibiría el Gobierno --regional-- y no las corporaciones locales, si bien incidió en que ese importe se destinaría a los servicios sociales, por lo que matizó que de no poder contar con ese dinero, tendrían que 'tocar' algún impuesto.

Al respecto, matizó que en el caso de que las corporaciones locales no aceptaran la propuesta del Gobierno regional, en 2020 tendrán “unos 97 millones de euros más” que este año y, si por el contrario, dan el sí al Ejecutivo autonómico también “van a mejorar muchísimo frente al año anterior”, ya que manifestó que contarán con “67 millones de euros más que en 2019”. Por ello, Torres se mostró “convencido de que habrá una postura común”.

Asimismo, subrayó que la bajada de medio punto del IGIC que realizó el anterior equipo de gobierno fue “un error y se demuestra objetivamente”, apuntando que las previsiones de la Agencia Tributaria de Canarias para este año son de 193 millones de euros menos de recaudación en relación “a lo que había presupuestado el Gobierno anterior en el presupuesto vigente, la medida no ha funcionado, no ha generado más ingresos, no ha movido la economía”.

Por ello, defendió el que el actual Gobierno de Canarias haya optado por incorporar el medio punto del IGIC y pasarlo del 6,5 al 7%.

La otra propuesta que el Gobierno canario realizó esta semana a las corporaciones locales se centra en el Fondo de Desarrollo de Canarias (FdCan), en concreto, en el aplazamiento de los proyectos a los que están acogidos, lo que afirmó daría “indudablemente” un “alivio” al Ejecutivo autonómico “para cumplir con los presupuestos de 2020 y para cumplir con la estabilidad presupuestaria, no entrar en déficit del año 2019”.

El Gobierno de Canarias mantiene la idea de subir el IGIC al 7%, tras una rebaja al 6,5% aplicada en enero de este año por el anterior ejecutivo que no ha tenido impacto positivo en el consumo pero ha restado recursos a la Comunidad Autónoma, según el ejecutivo.

Esta es una de las medidas fiscales que se incluirán previsiblemente en el presupuesto autonómico para 2020, cuyo anteproyecto se aprobará en el Consejo de Gobierno el 17 de octubre, de manera que a la semana siguiente se remitirá como proyecto de ley al Parlamento de Canarias para su debate.

Este calendario “semidefinitivo” de tramitación presupuestaria es el que ha acordado el Consejo de Gobierno en su reunión de este jueves, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, Julio Pérez, quien no ha querido adelantar más detalles ni sobre las cuentas ni sobre otras medidas de política fiscal.

Las consejerías del Gobierno están aportando sus consideraciones sobre el próximo presupuesto a la Consejería de Hacienda y en estos días habrá también consultas con cabildos y ayuntamientos, apuntó el portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Pérez subrayó que es una buena noticia el hecho de vaya a haber presupuesto en Canarias y que se mantenga el calendario en su aprobación por el Parlamento, pese que en gran medida las comunidades autónomas van “a ciegas” respecto a las transferencias del Estado por la inestabilidad política.

Además de que probablemente se recupere la fiscalidad del IGIC hasta el 7%, Pérez confirmó que de momento no se implantará una tasa turística.

Respecto a posibles cambios en la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, el portavoz no se pronunció porque aún no se ha abierto el debate al respecto en el seno del Gobierno.

Julio Pérez indicó también que es propósito del Gobierno revisar la aplicación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tras cuatro años en vigor, para verificar si funciona correctamente en cuanto a la ejecución efectiva de los proyectos de obras y servicios por parte de las administraciones locales.

Además de esta primera aproximación al presupuesto de 2020, el Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido remitir una comunicación al Parlamento sobre la declaración de emergencia climática aprobada el mes pasado, para propiciar un debate al respecto en la cámara legislativa.

Otros de los acuerdos han sido nombrar a Nasara Cabrera Abu como directora general de Relaciones con África y designar a los vocales en los consejos de administración de las empresas públicas Grecasa, Visocan y Sodecan.

Nasara Cabrera Abu, que además de español habla inglés, francés y árabe, es doctora en sociología por la Universidad de La Laguna y ha desarrollado su carrera profesional en cuestiones vinculadas a las relaciones interculturales, con especial incidencia en países de África del norte.

La nueva directora general de Relaciones con África es experta universitaria en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

También es máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género por el Instituto de Estudios de las Mujeres de La Universidad de La Laguna.

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha sido conceder una subvención al Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife para cubrir parte de los gastos derivados del comedor social.

En 2018 acudieron al servicio de comedor un total de 677 usuarios y se ofrecieron 194.840 comidas y 10.648 servicios alimenticios.

Asimismo, el ejecutivo ha autorizado el gasto de 3,8 millones de euros procedentes del Estado para libros de texto y material escolar y ha aprobado el reembolso de 6 millones de euros a la naviera Fred Olsen por las bonificaciones al transporte del segundo semestre de 2019.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo teme incurrir en déficit con las cuentas dejadas por la anterior Administración, de Coalición Canaria (CC), y que aterrice en las islas “la policía económica y financiera” de la Administración central.

“Nos preocupa incurrir en déficit, porque significa que aparecen unos señores aquí de la policía económica y financiera del Ministerio de Hacienda y sufriríamos una especie de intervención. Eso es lo que tenemos que evitar”, aseveró Pérez, que ejerció este jueves como portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por ello, avanzó que el nuevo Gobierno intentará “recuperar la financiación perdida”, aunque rechazó hablar de recortes o de subida de impuestos, algo en lo que insisten los partidos de la oposición, CC, PP y Cs. En todo caso, precisó que para él “recuperar los niveles impositivos que hubo en otro momento” puede ser una “hipótesis” que resulte “obligada” pero que “no” lo considera una subida de impuestos ya que estos solo regresarían al nivel previo a la bajada que el anterior Gobierno aplicó antes de las elecciones este año.

Por ello insistió en que no considera “subir impuestos” algunas medidas como “la recuperación de tipos impositivos” o “cambios en las ventajas” reflejadas en el Impuesto para la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Los ingresos “van mal”

Y es que, argumentó, los “ingresos van mal” y “no solo por el Estado”, sino que hay una pérdida de “ciento y pico millones de euros que dependen de nosotros, del perímetro de la CCAA”.

Así, se congratuló de que vengan “18 millones por una vía extraordinaria” desde el Gobierno central y preguntado por la explicación a que ésta medida se apruebe ahora y no antes, con otro partido al frente del Gobierno, Pérez sostuvo que “a la gente se le ocurren las cosas cuando se le ocurren”.

“La parte mala es por qué no lo hicieron antes, pero me alegro mucho de que vengan ahora. Mejor antes, claro, pero ignoro la complicación jurídica ni cómo se hizo. Y he de decir que los consejeros implicados ahora están dando mucha lata para arreglar las transferencias que faltan”, detalló.

“No nos veo haciendo recortes”

Pérez rechazó también enfocar esta ausencia de ingresos con recortes, pues consideró que algunas medidas de este tipo “no son reversibles”. “No nos veo haciendo recortes. Creo que sí es posible hacer un control del gasto mayor, porque habrá que ver mecanismos de ahorro que deben estar siempre pero que si uno tiene el bolsillo más corto lo tendrá que hacer con mayor intensidad”, dijo.

En todo caso, aseveró que no ha escuchado al consejero de Economía, Román Rodríguez, hablar de que el Gobierno deba “corregir prioridades del discurso de investidura”. “Recortes no hay ninguno en el corto plazo, no nos vemos suprimiendo nada, porque no lo ha identificado aún Hacienda”, continuó.

El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición de Ley para la reducción del IGIC al 0% en la compra de vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas, con el objetivo de que en el año 2030 el 50% de los vehículos que circulen por las carreteras de las islas sean híbridos o 100% eléctricos.

Durante la tramitación de la proposición de ley se han introducido mejoras, como la posibilidad de aplicar el tipo cero al gas licuado para el transporte público y profesional o que las empresas de alquiler no sólo puedan adquirir vehículos eléctricos al 0% de IGIC, sino que cuando los vayan a comercializar puedan tributar al tipo 0% en el caso de los eléctricos y al 6,5% en los híbridos.

David de la Hoz, del Grupo Nacionalista Canario, explicó que esta iniciativa pretende transformar el parque móvil de Canarias, uno de los “más anticuados” del Estado y que presenta unos indicadores de sobreexplotación en las carreteras de las islas, que registran casi 800 vehículos por cada 1.000 habitantes, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, “donde confluyen dificultades casi todos los días en el tráfico”, apostilló.

De la Hoz indicó que el 42% de las emisiones que se producen a la atmósfera vienen provocadas por la movilidad, de ahí que esta iniciativa pretenda ser una ley “innovadora” fiscalmente no sólo en el Estado español, sino también en Europa; una ley que “impulse ese cambio de modelo energético en la movilidad, que transforme un parque móvil obsoleto en uno moderno y acorde a los tiempos actuales”, agregó.

Por el Grupo Popular, José Tomás Estalella detalló que el 55% del parque móvil actual de Canarias tiene una antigüedad superior a los diez años, y añadió que 94.000 vehículos 'rent a car' pasan a ser de uso privado tras su explotación comercial, sumándose al parque móvil civil, por lo que si se logra que el sector del alquiler sustituya su flota de vehículos por híbridos o eléctricos, “estaremos transformando el parque móvil del futuro”, afirmó.

El diputado Jesús Ramos Chinea (ASG) consideró que de nada sirve este tipo de iniciativas si las baterías de estos vehículos se recargan con energías que provienen de la quema de combustibles. En su opinión, hay que hacer una apuesta “decidida” por la descarbonización, por eso anunció que en la próxima legislatura instarán al Gobierno que surja de las urnas para que se tomen medidas para reforzar la implantación del vehículo eléctrico.

NC también apoyó la proposición porque, según Luis Campos, permitirá ayudar a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía y a determinados sectores para que puedan insistir en ese proceso de aceleración de los cambios de hábitos. En cualquier caso, afirmó que es “poco creíble” aplicar estas medidas fiscales para combatir el cambio climático cuando se aprueban medidas tributarias de IGIC al tipo cero a la electricidad.

Por parte de Podemos, Francisco Déniz admitió que esta iniciativa supone un “mal sabor de boca” porque si favorece la importación de vehículos que funcionen con gas, se está favoreciendo la extracción de gas en otros países y no se está favoreciendo la lucha contra el cambio climático. Asimismo, acusó al Ejecutivo canario de haber recibido “llamadas de presión” de grupos empresariales para que se cambiase el dictamen de la Comisión que trató esta Proposición de Ley.

El diputado Iñaki Lavandera (PSOE) afirmó que la iniciativa presentada por CC, PP y ASG es un “invento sin ningún tipo de criterio y con la arbitrariedad que caracteriza al Gobierno”, porque no se tiene en cuenta a los vehículos que funcionan con gas o se mezclan los vehículos 'cero emisiones' con eléctricos.

Aunque el PSOE votó finalmente a favor de la Ley, Lavandera quiso recordar que en 2012 ya se bajó el IGIC al 3% a los vehículos híbridos y eléctricos y “no ha habido un cambio de paradigma, como tampoco lo va a haber ahora”, pues los canarios “no tienen dinero para comprarse un coche eléctrico y tampoco se promueve el transporte colectivo”, advirtió. Por último, lamentó que el Ejecutivo de CC no haya decidido incluir esta propuesta en la Ley de Presupuestos, en lugar de “dejarla para la campaña”.

“El Gobierno de Canarias está renunciando a 150 millones de euros que al final es gasto público que va a tener que recortar de algún lado”. Así resume el economista y presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Antonio Olivera, las consecuencias de la medida anunciada por Coalición Canaria y el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos autonómicos para 2019, en los que se incluyen una bajada del tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de medio punto, es decir, del 7% al 6,5%.

A priori, la bajada del IGIC afecta a los servicios de teleasistencia y de atención a las personas dependientes, así como a productos básicos de la cesta de la compra (pan, aceites y pastas) y a la factura de la energía eléctrica. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió que esta medida fomentará una mayor competitividad empresarial al mismo tiempo que supondrá un ahorro para los contribuyentes de casi 150 millones de euros. En total, estimó en 110 millones de euros lo que el Ejecutivo regional dejará de recaudar.

Sin embargo, Olivera explica esa cifra se queda “corta” cuando se acude a la memoria financiera de los presupuestos, pues con sus estimaciones calcula que realmente dejarán de recaudar unos 150 millones de euros que afectan en un 58% a las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) y en un 42% a la administración regional .

“Al bajar impuestos hay que explicar qué gastos descienden. Bajar el IGIC puede ser una medida efectiva siempre y cuando los servicios públicos esenciales funcionen de una manera eficiente y adecuada, pero tenemos unos servicios públicos muy deficientes y, a la vez, somos los más ahorradores, los más austeros, los que menos gastamos y, encima, bajamos impuestos. Esto siempre se ha hecho a costa de los servicios públicos fundamentales y de estar a la cola en España”, explica el economista.

Para ilustrar sus palabras, Olivera lo ejemplifica con la dependencia: de poco vale bajar la imposición a este tipo de servicios cuando la consejera de Políticas Sociales ha sido reprobada por el Parlamento de Canarias debido a su “pésima” gestión, pues el sistema de atención de Canarias es el peor desarrollado de toda España, con más de 10.000 personas en lista de espera. “Es como empezar la casa por el tejado”.

En este sentido, la Plataforma 5% para la Educación ha recordado que “mientras la contribución fiscal decrece y se anuncian nuevos recortes de ingresos en forma de rebajas fiscales, Educación ha perdido un 0,4%”. El colectivo considera que no se puede justificar ninguna rebaja fiscal mientras el gasto social no recupere niveles anteriores a la crisis.

Medio punto   

“Los precios son rígidos a la baja”, explica el economista Agustín Márquez y representante de la empresa Harinera Lanzaroteña S.A., quien pronostica que, dado que el IGIC solo ha bajado medio punto, “se mantendrán y beneficiará a los empresarios”. Es decir, una entrada de cine que por ejemplo cueste 9 euros con el impuesto indirecto, si se le quita, el precio no baja, sino que se mantiene y ese diferencial beneficia al empresario, según ejemplifica Antonio Olivera.

Desde la Plataforma 5% para la Educación recuerdan la bajada del tipo impositivo del IGIC a las Telecomunicaciones del 7% al 3% en el presupuesto de 2018, que ha supuesto una merma de recursos de más de 40 millones de euros en los ingresos de la comunidad autónoma a cambio de una reducción en la factura telefónica de apenas 2 euros por hogar. 

También se bajó el IGIC cultural en 2017 del 7% al 3%. Cuando fue preguntado por la incidencia en los precios, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, reconoció sin reparo alguno que desconocía cómo y de qué forma se había trasladado al consumidor esa reducción.

El Partido Popular ha reivindicado constantemente su predilección por bajar los impuestos lo máximo posible, pero el Gobierno de Fernando Clavijo se excusaba al inicio de su legislatura en que hasta que no se revisara el sistema de financiación no aprobaría una bajada del IGIC. Ahora, se le concede la principal demanda que esgrimió al presidente del PP de Canarias Asier Antona para apoyar a CC: rebaja fiscal y contención del gasto. Pero la intención de los populares es conseguir que disminuya hasta el 5% previo a la crisis si se autoriza el gasto del superávit.

Pero el presidente de la ZEC explica que ya pueden, si quisieran, gastar el superávit, solo que deben destinarlo a “inversiones financieramente sostenibles”. Lo que no pueden es gastarlo en lo que quieran hasta que Madrid lo permita o hasta que la autonomía pueda flexibilizar la regla de gasto, para lo que es necesario modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

En cualquier caso, por un lado CC y PP bajan medio punto el IGIC, cuyo impacto sobre los precios será prácticamente nulo, y, por otro, reclaman poder gastar el superávit para invertirlo en servicios públicos esenciales. Para Olivera “No tiene sentido exigir al Estado justo lo contrario de lo que están haciendo con sus recursos.”

Tanto el PSOE, como Nueva Canarias y Podemos han criticado los presupuestos presentando enmiendas a la totalidad. Sobre la bajada de medio punto del IGIC, Nueva Canarias incluso cree que la pérdida de recaudación aumentará hasta unos 180 millones de euros. En este sentido ya se ha pronunciado la Unión General de Trabajadores en Canarias, que no ve un momento propicio para una rebaja fiscal que además no cree que ayude a crear nuevos puestos de trabajo.

La Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca) ha calificado este jueves de avance la reducción del IGIC para vehículos híbridos y eléctricos anunciada por el Gobierno de Canarias y ha considerado que ahora le toca dar el paso a los cabildos, para que de una vez instalen una red de puntos de recarga rápida, que es la forma de hacer viable que se circule por las islas con los vehículos más sostenibles que existen hoy en día, los eléctricos.

El presidente de Apeca, Juan Antonio Jiménez, aplaudió en un comunicado de prensa la propuesta del Gobierno de Canarias de reducir el IGIC en el alquiler de vehículos sin conductor, tanto en los eléctricos, del 13,5% al 0%, como en los híbridos, del 13,5% al 7%.

Esta es una medida que el sector ve como un avance y una prueba para construir un futuro destino sostenible, amable y respetuoso con el medio ambiente, añade Jiménez, que considera que el sector de vehículos de alquiler, “cuyas flotas son modernas e innovadoras, podrá pronto empezar a ofrecer alternativas más ecológicas al cliente”.

También dijo que ahora le toca dar el paso a los cabildos para incentivar y desarrollar redes de puntos de recarga rápida, para que este objetivo sea una realidad en cada isla, “buscando así la excelencia turística y un efecto tractor sobre la sociedad canaria”. 

Milagros de la Rosa Hormiga, consejera del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife, preguntó este jueves en el pleno de la Corporación insular al consejero de Turismo, Alberto Bernabé, sobre el expediente de modificación de crédito número 6. Este contenía una partida asignada para devolver a la Agencia Tributaria Canaria 791.184 euros en concepto de IGIC.

Según el propio expediente, la partida se obtuvo de manera improcedente por parte de la SPET Turismo de Tenerife, empresa pública del Cabildo de Tenerife, y deberá ser ingresado a la Agencia Tributaria Canaria antes del 5 de agosto de este año.

Hormiga señaló que el grueso de ese IGIC tiene que ver con pagos de la SPET para “el patrocinio de clubes deportivos en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. En particular a dos equipos, el CD Tenerife y el CB 1939 Canarias. Las subvenciones fueron en total para ambos clubes de 8.497.333 euros, y lo que se dejó de ingresar a la Agencia Tributaria canaria para estos casos fue de 555.900 euros en concepto de IGIC”.

“Vamos a pedir el expediente íntegro y que se asuman las pertinentes responsabilidades políticas, ya que se ha dejado de tributar una cantidad escandalosa a la Agencia Tributaria Canaria y esto es inadmisible, más aún cuando en el Cabildo hemos aprobado que se estudie subir el IGIC a determinados sectores y vemos ahora que Turismo de Tenerife, empresa participada mayoritariamente por el Cabildo, no pagaba una parte significativa del Impuesto General Indirecto de Canarias”, afirmó Mila Hormiga.

“Queda demostrado que la SPET se dedujo de forma improcedente el IGIC y ahora le pide el dinero al Cabildo para ingresárselo a la Agencia Tributaria Canaria, que se lo exige ya que la sociedad no dispone de crédito suficiente en su presupuesto”, concluye la consejera.

El sector local de las empresas rent a car ha rechazado la tasa turística para coches de alquiler que ha propuesto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, al tratarse de una medida “injusta” que va a perjudicar a una actividad empresarial importante en las islas, a retraer la inversión, a subir precios, a afectar a los usuarios y, sobre todo, a provocar el cierre de muchas pequeñas empresas.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez, que ha estado acompañado por otros representantes del sector, como Rafael Pombriego, presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), o José María Pérez Tavío, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias.

Jiménez indicó que esta rueda de prensa se produce para salir al paso de las declaraciones del presidente del Cabildo, que estima que la tasa turística que pretende aplicar a los coches de alquiler recaudará unos 18 millones de euros al año en la isla, a razón de unos tres euros diarios por vehículo.

La propuesta, que se debatirá en una moción en el pleno de este viernes del Cabildo, contempla también que la Fecai constituya un grupo de debate para analizar la medida, que deberá ser aplicada finalmente por el Gobierno de Canarias.

Con respecto a esa tasa turística y el incremento del IGIC, el presidente de Apeca explicó que el sector de rent a car paga actualmente el 13,5% de IGIC, la tasa turística “más elevada” de Canarias, que se viene aplicando desde el año 2002, y advirtió que, si la propuesta de Carlos Alonso sale adelante, supondría alcanzar una tasa del 21 o 22%, casi el mismo tipo que se aplica con el IVA.

Juan Antonio Jiménez indicó que esta subida del IGIC ha hecho que muchas empresas de coches de alquiler hayan desaparecido, sobre todo pequeñas y locales, concentrando el mercado en las multinacionales. Apuntó, además, que en Canarias hay más de 200 empresas de rent a car, de las que el 80% son pequeñas y a las que repercutiría principalmente la aplicación de esta nueva tasa.

Jiménez aclaró que este impuesto no solo lo pagan los turistas, sino también los canarios, que usan el coche de alquiler, por ejemplo, cuando se mueven entre islas para acudir a una visita médica o las personas con rentas más bajas que no pueden comprarse un vehículo y optan por el alquiler, sobre todo para moverse los fines de semana.

Dijo que Canarias no se concibe sin el coche de alquiler a nivel turístico y señaló que en todos los foros de turismo se recomienda que se alquile un coche cuando se viaja a las islas si se quiere tener una buena experiencia. Asegura, además, que el sector  de rent a car también contribuye a la distribución de la riqueza, pues sin el coche de alquiler sería “imposible” que los turistas llegaran a muchas zonas rurales, a museos, restaurantes, tiendas de artesanía, etcétera.

Con respecto al vehículo eléctrico y los incentivos fiscales de los que también habla Carlos Alonso en su propuesta, desde el sector entienden que es una medida “excelente” pero una “utopía” en este momento, pues se lleva hablando desde 2010 del vehículo eléctrico pero no ha habido un proyecto “serio y de rigor”, con “verdadero interés” y que permita impulsar una red de recarga por toda la isla.

Las empresas de rent a car admiten que Canarias sería un lugar ideal para promover el vehículo eléctrico, pero advierten de que no existe una infraestructura para eso.

Respecto a la influencia de los coches de alquiler en la congestión del tráfico, el presidente de Apeca comentó que en Canarias hay un millón y medido de coches matriculados, pero el sector de rent a car solo representa el 8% del parque móvil.

En el caso de Tenerife, indicó que las colas se producen a primera hora de la mañana, tanto en la zona norte como en la zona sur; sin embargo, desde el sector aclaran que a esa hora el turista está normalmente descansando en el hotel y planifica sus excursiones a partir de las nueve y media de la mañana.

Por último, en relación con la contaminación, quieren dejar claro que no hay un sector que contamine menos como el del rent a car. En este sentido, señalan que el coche de alquiler tiene unas emisiones de CO de 94 gramos por kilómetro y una edad media de tres años, mientras que la mayor parte del parque móvil de Canarias tiene una edad media que supera los 12 años y un índice de emisión de CO de 2,3 kilos por kilómetro, lo que significa que contaminan veinte veces más que un coche de alquiler.

Rafael Pombriego, presidente de Fredica, espera que la tasa turística a los coches de alquiler se quede en una “simple propuesta” que no se lleve a término, y admitió estar sorprendido de que el presidente del Cabildo de Tenerife haya soltado esta “bomba” sin tener la “delicadeza” de contactar primero con el sector empresarial que se va a ver afectado por esta medida.

Pombriego hizo hincapié en que el sector del automóvil ha hecho “enormes esfuerzos” para mejorar un parque móvil que hoy es “moderno” y que se renueva “permanentemente”. En cuanto al IGIC, recordó que se trata de un sector que actualmente está soportando prácticamente el doble de lo que soportan otros servicios en la región y avisó que, si la propuesta sale adelante, supondría alcanzar un IGIC del 21 o 22%, casi el mismo que se aplica con el IVA.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dijo este lunes que con la tasa turística que propone aplicar a los coches de alquiler se recaudaría unos 18 millones al año solo en la isla, a razón de unos tres euros diarios por vehículo.

La propuesta, que se debatirá en una moción llevada al pleno de este viernes a través del grupo nacionalista, también contempla que la Federación Canaria de Islas (Fecai) constituya un grupo de debate para analizar la medida, que deberá ser aplicada finalmente por el Gobierno de Canarias.

El objetivo del Cabildo tinerfeño es que la tasa se cargue a través del IGIC (este grava en la actualidad con un tipo del 13,5% tal actividad), con un sistema similar al del tabaco. La recaudación se destinaría a la financiación de los servicios públicos y a la mejora de las rentas bajas, con especial incidencia en la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Como complemento a esa medida, en la moción también se plantea que se fije una menor carga fiscal, e incluso el IGIC tipo cero, a la adquisición de vehículos eléctricos, con el fin de ayudar a la transformación tecnológica del sector de los rent a car.

Según los cálculos de la Corporación insular, en la isla se registran unos seis millones de alquileres de coches al año, con una flota de vehículos que ronda entre los 35.000 y los 40.000, y más de 15.000 de ellos circulan diariamente.

Tanto Alonso como el director insular de Fomento, Miguel Becerra, han insistido en que la medida persigue que el turismo también pague la “factura social” de su actividad, y los coches de alquiler contribuyen a la congestión de las carreteras, el colapso de los espacios naturales y el aumento de las emisiones de CO.

El presidente insular ve lógico que las empresas del sector “protesten. Sería absurdo que no lo hicieran”, lo mismo que los turoperadores, pero entiende que, si quiere mejorar la movilidad en la isla, “algo hay que tocar”.

Alonso, en principio, no se muestra a favor de la tasa turística por pernoctación, aunque admite que “el debate está ahí”, y con esta iniciativa el Cabildo pone otra propuesta sobre la mesa. “Esto no sienta nada bien a los empresarios, pero la sociedad es más que los empresarios”, ha indicado.

En esta línea, entiende que esa tasa es “menos invasiva” que la que grava la estancia “y genera menos rechazo” , al tiempo que espera contar con el apoyo de la Fecai porque en Lanzarote, por ejemplo, hay una “presión enorme” sobre los espacios naturales y en Gran Canaria Nueva Canarias defiende una tasa turística integral.

“Espero que la Fecai admita el debate”, ha apuntado, remarcando también que los coches de alquiler en Canarias son “muy baratos” y hay margen para subir los precios.

Movilidad de los artistas

En la rueda de prensa, el grupo insular nacionalista presentó otras dos mociones que va a defender en el pleno del viernes.

Así, el director insular de Cultura, José Luis Rivero, ha planteado que el Cabildo inste al Gobierno de Canarias para que a su vez solicite al Ministerio de Cultura la recuperación de la partida de un millón de euros que se perdió en 2012, esta para ayudar a los desplazamientos de artistas y operadores culturales.

La moción también plantea que se revisen los mecanismos de financiación y que tanto el Gobierno regional como el Estado se sumen a la Declaración Islas Canarias sobre movilidad artística y cultural.

La segunda moción, planteada por el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, estipula que el Cabildo se adhiera a la declaración de las organizaciones agrarias de las islas contra el recorte de un 3,9% de los fondos previstos en la PAC para las regiones ultraperiféricas en el periodo 2021-2027.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha propuesto este jueves implantar una tasa turística que afecte a las empresas de alquiler de coches, cuya recaudación, que sería “importante”, se destinaría a la mejora de los servicios públicos y al complemento de las rentas más bajas, por ejemplo a través de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

En una entrevista concedida a la Cadena SER y recogida por Europa Press, ha admitido que su postura sobre la tasa turística convencional “está cambiando” y considera que el sector “debe contribuir más” a la redistribución de la riqueza en la isla.

No obstante, no apoya que se grave la pernoctación de los visitantes y por ello se dirige hacia las empresas de rent a car, a las que considera que se debería colocar una tasa de “dos o tres euros al día”, lo que permitiría reducir la congestión de tráfico y la contaminación, siempre que baje como consecuencia de ello el número de usuarios.

Alonso ha señalado que se debería rebajar la fiscalidad en el caso de que estas empresas adquieran vehículos de propulsión eléctrica, medida con la que se les “ayuda” a acometer la transición tecnológica.

El presidente insular comentó que una tasa de estas características es competencia del Gobierno de Canarias, y propone que debería aplicarse a través del IGIC, como ocurre con el tabaco, por ejemplo, con un tramo de gravamen fijo (el de dos o tres euros) y otro porcentual. En el aspecto de que se grave a través del IGIC coincide con Podemos.

En su opinión, imponer una tasa de estas características “no incide” sobre el precio de la actividad turística. Además, resaltó que el coste de un coche de alquiler en Canarias es “muy bajo”, de más tres euros diarios de diferencia con la Península. Esta propuesta la defenderá el grupo nacionalista en el próximo pleno del Cabildo.

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife llevará a la Comisión Plenaria de Presidencia, a celebrar el próximo día 22 de julio, una propuesta para instar al Gobierno regional a que suba el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) a las empresas de alquiler de coches (rent a car) que operan en las islas.

El portavoz de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, señaló que su grupo político ha realizado una búsqueda y simulación con empresas de alquiler de coches en las principales ciudades turísticas de España (incluidas Madrid y Barcelona) y ha constatado que este servicio en Canarias cuesta casi la mitad que en la Península.

“Canarias posee un número muy elevado de coches por cada mil habitantes, lo que nos sitúa como uno de los territorios del mundo con mayores índices de motorización privada”, dijo el portavoz de Podemos. “Este es uno de los principales factores de congestión en muchas vías, y el reverso de la moneda es un desarrollo del sistema de transporte público en guagua todavía insuficiente y, además, caro. Por otra parte, una fracción significativa de ese parque móvil, en todas las islas turísticas, como es el caso de Tenerife, corresponde a los vehículos de alquiler sin conductor, que inundan muchas de nuestras carreteras y contribuyen a generar importantes afecciones ambientales.”

El Gobierno de Canarias aplica un tipo de IGIC a los coches de alquiler que se sitúa en el 13,5% y Podemos considera que existe mucho margen para aumentarlo, ya que  Esto termina por afectar incluso a aquellas personas visitantes que proceden de espacios donde el sistema de transporte público es más potente y el hábito de utilizarlo se encuentra mucho más extendido“.