El alquiler de temporada va a la baja en Catalunya. Los datos del primer trimestre de 2026, presentados por la Generalitat este lunes, muestran un descenso interanual del 34%: de 3.310 contratos durante los tres primeros meses de 2025 en los municipios declarados como zona tensionada a los 2.184 del año actual. En Barcelona, la ciudad con mayor porcentaje de este tipo de arrendamientos, que proliferaron para esquivar la Ley de Vivienda, la caída es parecida.

Se trata de los primeros datos que da a conocer la Generalitat con posterioridad a la aprobación de la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. En vigor desde diciembre de 2025, el proyecto de ley aprobado por el Parlament somete los arrendamientos de temporada al tope de precios de los alquileres residenciales que se aplica en Catalunya.

Además, el saldo de arrendamientos de temporada es negativo por segundo trimestre consecutivo. En toda Catalunya –tanto los municipios declarados como tensionados como el resto– se registraron el primer trimestre 2.300 altas de contratos temporales por 2.402 bajas (el balance, por lo tanto, es de -102, solo superado por los -1.233 del trimestre anterior).

En cuanto al precio medio de los nuevos contratos de alquiler de larga duración, subieron un 3,71% interanual en las zonas tensionadas, hasta los 876,56 euros, según los datos del Incasòl. El incremento en las zonas en las que se aplica el tope de alquiler fue ligeramente inferior al del resto de Catalunya (+4,04%), con unos arrendamientos de 861,23 euros de media.

En Barcelona ciudad, el importe medio de las nuevas firmas alcanzó los 1.137,35 euros, un 4,61% más. A pesar de este incremento interanual, los arrendamientos retrocedieron respecto al trimestre anterior tanto en el conjunto del país (-2,6%), como en la capital (-2,04%) y en las zonas tensionadas (-2,8%). La contención de rentas se aplica a 271 municipios que concentran al 90% de la población.

Con todo, comparados con el primer trimestre de 2024, cuando empezó a aplicarse el tope, los precios son un 1,28% más bajos en los municipios tensionados y un 4,71% inferiores en Barcelona, mientras que en el resto del territorio aumentaron un 9,53%.

“La ley funciona y la ley es positiva”, ha defendido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien también ha reivindicado que Catalunya fue “pionera” en la aplicación de la ley estatal de vivienda. “Lo tenemos claro, la vivienda es un derecho de la gente, no un negocio sin límites”, ha aseverado en una jornada en Madrid.

Por el contrario, en los municipios que no forman parte de una zona tensionada, el precio medio del alquiler alcanzó los 639,60 euros mensuales. Esta cifra es prácticamente idéntica a la del trimestre anterior (+0,09%), pero representa un incremento del 7,33% respecto al primer trimestre de 2025 y del 9,53% en comparación con el primer trimestre de 2024.

En cuanto a Barcelona ciudad, el aumento interanual se nota en todos los barrios, especialmente en Sant Martí (+7,5%) y en Nou Barris (+6,1%). Los precios van al alza en la mayoría de casos, también destaca Horta-Guinardó (+4,4%). En cambio, en comparación con el trimestre anterior el precio de los arrendamientos desciende en toda la ciudad excepto en Nou Barris (+1,4%) y Sant Andreu (+2,6%). El distrito donde el alquiler es más caro sigue siendo Sarrià-Sant Gervasi con 1.599 euros al mes. Por el contrario, los arrendamientos más baratos están en Horta-Guinardó con 929 euros.

En cuanto a los municipios, Alella registró el precio medio del alquiler más caro de Catalunya durante el primer trimestre de 2026, con 1.797,56 euros mensuales. Le siguieron Sant Vicenç de Montalt (1.776,56 euros), Cabrils (1.713,80 euros), Begues (1.559,84 euros) y Matadepera (1.525,01 euros).

Entre las localidades con un alquiler más bajo se encuentran la Sénia (362,37 euros), Artesa de Segre (373 euros), Ulldecona (375,59 euros) y Flix (389,39 euros).

Por lo que respecta a la actividad del mercado, el saldo entre nuevos contratos y extinciones volvió a ser positivo en el primer trimestre. En Catalunya se firmaron 28.079 nuevos contratos de alquiler y se extinguieron 24.675, lo que deja un saldo positivo de 3.404 contratos. La cifra mejora la registrada un año antes (3.144) y también la del cierre de 2025 (1.882), lo que apunta a una recuperación de la contratación tras la desaceleración de los últimos trimestres.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

La Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, ha contratado un servicio de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) “respetuoso con el medio ambiente” y destinado a cubrir los “desplazamientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones por parte del personal dependiente”, según indican los pliegos de contratación de la licitación. La mesa de contratación acordó adjudicar el primer lote (servicio de taxi) a la Cooperativa Valenciana Limitada Tele Taxi y el segundo (VTC) a Tuaxi Coop, las únicas que presentaron una oferta, según consta en la documentación colgada en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado 1 de julio.

La licitación, dividida en dos lotes, tiene un valor estimado del contrato —el tope máximo— de 135.216 euros para tres anualidades (hasta 2028). Sin embargo, el presupuesto máximo para los dos lotes, en el supuesto de que se ejecuten de forma sucesiva según necesidades de la Administración, alcanza los 55.000 euros (no resulta necesario agotar dicha cantidad). Se trata, por tanto, de una “cuantía estimativa”, según indica un anexo a los pliegos de prescripciones administrativas.

La memoria justificativa del contrato, licitado por procedimiento abierto simplificado (al tratarse de un valor estimado menor de 140.000 euros), explica que el departamento autonómico dirigido por el conseller Valderrama “no dispone de medios personales ni materiales propios suficientes y adecuados para atender, de manera directa y continuada, las necesidades de transporte”, por lo que se requiere su contratación externa.

Flota de vehículos “claramente insuficiente”

La Conselleria de Emergencias tiene adscrita una flota de vehículos “claramente insuficiente” para cubrir los desplazamientos de su personal dependiente, especialmente si son de “carácter esporádico, urgente o imprevisible” o se producen “fuera del horario ordinario”, que no garantiza la “inmediatez, flexibilidad y disponibilidad” exigida para los recorridos desde la sede del departamento hasta “distintos órganos o unidades administrativas” de todo el territorio valenciano. Tampoco cuenta con “personal conductor suficiente”, argumenta la memoria justificativa, firmada por el conseller Juan Carlos Valderrama.

Para el primer lote, Emergencias exigió que se aplicaran los precios unitarios establecidos en las tarifas oficiales para el taxi aprobados por la Generalitat Valenciana. La memoria justificativa también indica que el servicio se ha externalizado al no estar incluido en la Central de Compras de la Generalitat.

La mesa de contratación estuvo presidida por el jefe de servicio de Contratación y formada por la jefa de unidad, como secretaria, y por un abogado de la Generalitat, el interventor delegado y otro funcionario como vocales.

La Plataforma de Contratación incluye el acta de la mesa de contratación, celebrada el pasado 16 de junio, aunque aún no dispone de la resolución de la adjudicación ni del contrato firmado entre las partes, por lo que resulta imposible conocer el importe final del servicio adjudicado. Este diario ha preguntado ese dato a un portavoz de la Conselleria de Emergencias, sin obtener respuesta alguna (la dinámica habitual de ese departamento autonómico al recibir consultas por parte de este periódico).

El contrato de Presidencia para la provincia de Valencia

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, dirigida por José Luis Diez, también adjudicó recientemente un contrato similar para dos anualidades (2026 y 2027). La memoria justificativa de esta adjudicación, con un valor estimado de 81.000 euros, explica que una licitación anterior no se adjudicó por falta de acreditación de solvencia de las empresas que plantearon ofertas y, en consecuencia, se recurrió a la contratación menor para cada una de las tres provincias.

El contrato menor correspondiente a Valencia es el primero que finaliza, por lo que el departamento de Presidencia licitó por procedimiento abierto simplificado el servicio en esa provincia destinado a las necesidades de movilidad del personal funcionario, al que no pueden atender los vehículos y conductores de los altos cargos.

La licitación de Presidencia detalla un presupuesto base de licitación de 45.000 euros (el máximo a comprometer en los supuestos de servicios que se adjudiquen en forma sucesiva según necesidades de la Administración, sin necesidad de agotar dicha cantidad).

La memoria justificativa del contrato, firmada por la jefa de servicio de Asuntos Generales y Patrimonio, destaca que la “alta representatividad” del departamento de Presidencia produce un “gran volumen de solicitudes de vehículos oficiales por parte de los altos cargos, hecho que comporta la imposibilidad de atender todas las peticiones por falta de vehículos propios y conductores disponibles”.

El acta de la mesa de contratación celebrada el pasado 17 de junio (formada por funcionarios, por un abogado de la Generalitat y por el interventor delegado) propuso, escudándose en un informe técnico, la adjudicación del contrato a la mercantil Radio Taxi Metropolitano de Valencia SLU.

Catalunya llevará a cabo el próximo 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, una investigación pionera de ciencia ciudadana que analizará la respuesta fisiológica del cuerpo humano ante este fenómeno astronómico excepcional. Para ello, la Generalitat espera contar con 5.000 voluntarios.

¿El corazón late diferente? ¿La respiración cambia? ¿Las emociones dejan huella en nuestro organismo? Estas son algunas de las preguntas a las que este estudio impulsado por la Generalitat intentará buscar respuestas. La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha presentado este viernes en rueda de prensa el proyecto, bautizado como Solaris, que se enmarca en la iniciativa Catalunya mira al cielo.

El análisis de la respuesta del cuerpo humano ante un fenómeno tan extraordinario como el eclipse solar total se llevará a cabo a partir de los datos anónimos recogidos por relojes inteligentes y otros dispositivos portables de las personas que lo presencien.

Montserrat ha animado a la ciudadanía a participar descargándose una aplicación que será accesible desde el portal del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Los datos que se recojan el 12 de agosto, además de dos días previos y posteriores, se enviarán para su análisis al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Entre los datos que se recopilarán, destacan la frecuencia cardíaca o la respiración antes, durante y después del eclipse, por lo que será necesario que los participantes cuenten con móviles o dispositivos capaces de registrar estos parámetros.

La Generalitat espera contar con, al menos, 5.000 participantes en este experimento, de las más de 50.000 personas que se calcula podrán ver el eclipse en la veintena de puntos de observación que se han identificado como los más adecuados en 18 municipios de Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre, aunque cualquiera puede apuntarse a la iniciativa, sin importar su ubicación.

“Se trata de un experimento masivo de ciencia ciudadana” –la que cuenta con la participación activa de las personas en la investigación, como en esta ocasión–, ha destacado Montserrat, que ha puesto en valor que el 12 de agosto se producirá el primer eclipse solar total visible desde Catalunya en más de un siglo.

Los estudios elaborados hasta ahora sobre cómo afecta un eclipse solar total a los animales han revelado que, por ejemplo, las aves dejan de cantar y vuelven a sus nidos y que algunos insectos interrumpen su comportamiento habitual. Las flores también responden a este fenómeno astronómico y se cierran temporalmente.

Ahora, el estudio impulsado por la Generalitat pretende medir el cambio que produce en los humanos partiendo de la premisa de que las emociones alteran el organismo de las personas. Uno de los interrogantes que se plantean será también qué pasa cuando miles de personas presencian un fenómeno como éste al mismo tiempo. El Govern espera contar con unas primeras conclusiones del estudio a finales de septiembre.

El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito contra el derecho de los trabajadores que pesaba sobre la exconsellera de Salud Alba Vergés y la cúpula de su departamento durante la pandemia, el único que podía comportar penas de prisión, en el juicio contra ellos por retrasar presuntamente la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Vergés (ERC) y su equipo, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon (Junts), solo afrontarán de ahora en adelante las penas de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, del que les acusa la Fiscalía, que pide inhabilitarlos durante doce años, y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya petición de inhabilitación asciende a quince años.

Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia han estimado así la petición de las defensas, quienes han argumentado la ilegitimidad de un delito incluido en la causa solo por la acusación popular de los sindicatos policiales y no por la Fiscalía, en un juicio que ha empezado este martes y que está previsto que finalice el próximo 15 de julio.

Los abogados de los exintegrantes de la cúpula de Salud han recordado que, según la doctrina Botín, no se puede continuar un procedimiento penal cuando quien sostiene la acusación es exclusivamente la acusación popular, a la vez que han detallado que, si bien la doctrina Atutxa permite hacerlo en caso de que el delito afecte a una mayoría, en este pleito no se da esta circunstancia.

“El delito contra el derecho de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y sobre este delito no están legitimadas las acusaciones populares”, ha asegurado en las cuestiones previas del juicio la penalista Olga Tubau, que defiende a Argimon, entonces director general del Institut Català de la Salut (ICS).

La decisión del tribunal también ha beneficiado al exsecretario General del Departamento de Salud Marc Ramentol, y al exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, acusados por la Fiscalía junto a Vergés y Argimon de haber acordado “paralizar” en marzo de 2021 el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles, “discriminando” a dichos agentes frente a los Mossos d’Esquadra.

La asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol, que pedían tres años de prisión para cada uno de ellos, acusan además al entonces responsable de Servicios del Departamento de Salud, Francesc Xavier Rodríguez. Su abogada, Míriam Company, ha cuestionado la falta de legitimidad de las acusaciones populares para formular acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores, dado que Fiscalía no acusaba por este delito. El tribunal ha aceptado la “falta de legitimación” que ha alegado sobre las acusaciones populares y ha dejado fuera este delito.

De hecho, la letrada –que comparte la defensa con los abogados Mariano Bergés, representante de la exconsellera Vergés, Josep Riba, de Comella, y Carles Martínez, de Ramentol– ha pedido la expulsión de Jupol y Jucil como acusaciones populares por no comparecer correctamente en la fase de instrucción. El tribunal, sin embargo, lo ha rechazado.

Los abogados de los sindicatos, por su parte, han asegurado que su acusación está “perfectamente legitimada” y han recordado que, además, sus representados fueron los “iniciadores” de este proceso judicial, que continuará mañana con la declaración de los primeros testigos.

El Gobierno ha dado luz verde a parque experimental de energía eólica marina en la Costa Brava. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó este lunes la declaración de impacto ambiental del proyecto –según ha adelantado Nació y ha confirmado este diario– que avala la instalación de esta suerte de plan piloto que contempla instalar de entrada tres aerogeneradores de 15MW en la bahía de Roses. 

El proyecto, pendiente de aval del Gobierno desde el 2024, es la Plataforma de I+D+i en Energías Marinas de Catalunya (PLEMCAT), promovido por la Generalitat en el Golfo de Roses como banco de pruebas para un futuro parque eólico marino de mayor envergadura. El Plemcat ocupará un espacio de 7,4 km2, a entre 15 y 30 km de la costa, y contará con tres molinos de 15 MW y una altura máxima de 260 metros. 

El PLEMCAT lo lidera el Instituto de Investigación de Energía de Catalunya (IREC) y cuenta con el apoyo de la mayoría de universidades públicas catalanas. Su objetivo es testear el modelo de eólica marina y sus consecuencias ambientales y económicas. 

Más allá del plan experimental, existe desde 2021 la voluntad de varias empresas de llevar a cabo un parque eólico marino en la zona. La primera propuesta dibujó 65 molinos, y a lo largo de los años se han ido sumando media docena de proyectos empresariales.

El Gobierno aprobó en febrero de 2023 los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) de las cinco demarcaciones marinas españolas. En Catalunya, únicamente incluyó la denominada Leba 1, en el golfo de Roses, un espacio marítimo de 250 km² y situado a una distancia mínima de 12 kilómetros de la costa donde pueden instalarse parques eólicos comerciales. El siguiente paso debería ser una subasta pública —que todavía no tiene fecha— en la que las empresas interesadas (ocho hasta el momento) puedan optar a instalarse en la zona.

La propuesta, sin embargo, ha sido polémica desde el inicio y, con el objetivo de probar la tecnología, la Generalitat anunció en 2023 esta plataforma de ensayo promovida a través del IREC. Además de los tres aerogeneradores, la plataforma de ensayo también contará con una boya de conexión flotante y una línea de evacuación de alta tensión soterrada de 66 kV. Los aerogeneradores tendrán una altura máxima de 261 metros.

La línea de evacuación tendrá una longitud de 25,8 kilómetros bajo el agua y otros 16,2 kilómetros por tierra, además de una subestación eléctrica elevadora situada en el término municipal de Vilaür. La infraestructura, sin embargo, también afecta a los municipios de Sant Pere Pescador, L’Escala, L’Armentera, Ventalló y Sant Mori. Algunos de estos ayuntamientos ya se han manifestado abiertamente en contra.

En cuanto a los prototipos, la propuesta que obtuvo la mejor puntuación fue la de Hive Wind Energy. Se trata de una filial de Sener, que también promueve el parque eólico comercial Tramuntana en la misma zona y es uno de los proyectos con la tramitación más avanzada. La segunda empresa mejor valorada fue la catalana X1Wind y la tercera que instalará un prototipo será Esteyco. Los promotores de los proyectos, sin embargo, todavía no han detallado sus características a la espera de la publicación de la DIA.

Plemcat cuenta con una inversión de 80 millones de euros: 30 millones procedentes del Estado y los 50 millones restantes aportados por la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que analizarán la declaración de impacto ambiental “por si hay alguna cuestión a tener en cuenta” y que, posteriormente, ya se podrá “iniciar la licitación y la compra de material para esta plataforma”. En este sentido, ha concretado que, si todo avanza según lo previsto y ningún obstáculo lo retrasa, “a finales de 2027 o principios de 2028 podría estar en funcionamiento la plataforma experimental”. Paneque ha añadido que es el IREC quien realiza el seguimiento del proyecto y quien gestionará la licitación y la compra de material.

Fa quaranta anys, l’entrada de Catalunya a l’aleshores Comunitat Econòmica Europea va obrir la porta a una profunda transformació econòmica i social. Europa representava per a Catalunya molt més que un horitzó polític o econòmic. Era una idea de modernització, obertura i connexió amb el continent.

Quatre dècades després, aquesta relació ja no es percep només a les institucions o en les grans xifres macroeconòmiques. També és present als hospitals, les universitats, les infraestructures o els centres de recerca. I una part important d’aquest canvi profund iniciat el 1986 s’explica a través dels fons europeus.

Les xifres de la transformació

Les dades ajuden a entendre la magnitud d’aquesta evolució. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB català ha passat de 40.576 milions d’euros el 1986 a 334.765 milions el 2025. Les exportacions catalanes a la Unió Europea han crescut un 542% des del 1994, fins a superar els 61.000 milions d’euros anuals. I la població catalana ha augmentat en més de dos milions de persones des de l’adhesió europea.

La transformació també es percep en àmbits molt més propers: la millora dels equipaments públics, la modernització del món rural, l’impuls de la recerca científica i l’expansió universitària. Entre el 1986 i el 2021, Catalunya va rebre prop de 5.946 milions d’euros en fons estructurals i de cohesió europeus. Uns recursos distribuïts en centenars de projectes que han acabat modelant el territori i la vida quotidiana de diverses generacions.

Inversió en sanitat i serveis socials

Un dels exemples més visibles és l’Hospital de la Cerdanya, inaugurat l’any 2012 i considerat el primer hospital transfronterer de la Unió Europea. El projecte va rebre 18,6 milions d’euros de fons FEDER i simbolitza una idea d’Europa construïda també des de la cooperació territorial. El finançament d’aquest fons ha arribat igualment a centres d’atenció primària com els de l’Ametlla de Mar, Roquetes o Torreforta, així com a reformes en escoles, residències i equipaments socials.

Els Fons Next Generation, desplegats després de la pandèmia, han donat un nou impuls a aquesta política d’inversions. Han permès reformar centres de dia i residències, construir unitats Barnahus d’atenció integral a menors víctimes de violència sexual o avançar en la digitalització de l’administració i la justícia.

Recerca i talent

Si durant les primeres dècades els fons europeus van estar molt vinculats a les infraestructures i a la cohesió territorial, en els darrers anys el focus s’ha desplaçat cap a la innovació i l’economia del coneixement. Catalunya s’ha convertit en un dels principals pols científics del sud d’Europa i ha reforçat la seva capacitat per captar finançament competitiu.

Només entre el 2021 i el febrer del 2026 va obtenir prop de 1.900 milions d’euros del programa Horizon Europe, amb més de 2.300 projectes de recerca. Iniciatives en àmbits com les ciències de la vida, la fotònica o la supercomputació han guanyat pes internacional i han consolidat un ecosistema científic plenament connectat amb Europa. Paral·lelament, els fons Next Generation han reforçat centres com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró ALBA, així com universitats i hospitals de referència.

De les ciutats al camp i al mar

L’impacte de la UE no es limita a les ciutats ni a la recerca. El món agrari català ha mantingut durant dècades una relació directa amb les polítiques europees.

Només l’any 2024, més de 36.000 explotacions agràries van rebre ajuts vinculats a la Política Agrària Comuna (PAC) per un valor de 301 milions d’euros. Els fons europeus també han servit per impulsar programes de relleu generacional, ajuts a joves agricultors i projectes de desenvolupament rural.

En l’àmbit pesquer, iniciatives finançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura han promogut una activitat més sostenible i eficient. Programes com Pesca Neta treballen conjuntament amb les confraries catalanes per retirar residus del Mediterrani i reforçar la protecció ambiental.

Cultura i cohesió social

L’empremta europea també s’estén a l’àmbit cultural. Més de 65 milions d’euros procedents dels fons MEDIA han impulsat produccions audiovisuals catalanes i la seva circulació internacional. Pel·lícules com Alcarràs, Robot Dreams o Pacifiction són alguns exemples recents d’aquesta projecció exterior.

D’altra banda, el programa Erasmus, convertit ja en símbol d’una generació europea, va permetre que prop de 10.000 estudiants catalans realitzessin estades internacionals entre el 2021 i el 2025, segons el Departament de Recerca i Universitats.

Al mateix temps, els indicadors socials mostren una evolució significativa durant aquestes quatre dècades. La taxa d’ocupació ha passat del 47,9% al 72,2% des del 1986, mentre que l’ocupació femenina ha crescut prop de quaranta punts, segons dades de l’Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball.

En un moment en què Europa torna a afrontar reptes econòmics, tecnològics i geopolítics de gran abast, aquest aniversari es presenta també com una oportunitat per revisar el camí recorregut. Perquè una part molt important de la transformació viscuda per Catalunya des del 1986 no es pot entendre sense aquesta vinculació sostinguda amb el projecte europeu.

Els ajuntaments guanyen pes en l’estratègia de la Generalitat per impulsar el català arreu de Catalunya. El Govern ha reforçat durant l’últim any la col·laboració amb el món local, que s’ha convertit en un dels principals canals per desplegar accions d’acollida i formació lingüística.

Més de 240 municipis ja participen en el Pacte Nacional per la Llengua, una xarxa que integra ajuntaments, entitats i administració autonòmica. El reforç d’aquesta col·laboració amb els municipis s’ha concretat amb noves subvencions, eines de planificació i espais de coordinació, amb l’objectiu d’arribar a col·lectius que sovint queden fora dels circuits habituals. De fet, els ajuntaments són sovint els primers a detectar on creix la demanda de cursos i on cal reforçar l’acollida lingüística. 

En aquest context, el curs vinent s’oferiran fins a 150.000 places gratuïtes per aprendre català als nivells inicials A1 i A2, 50.000 més que en l’actual. La mesura forma part del pla d’impuls del català de la Generalitat, vinculat al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres. 

L’ampliació de places s’articula a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, les escoles d’adults, els programes d’acreditació i també els cursos impulsats des del món local amb suport públic. Tot plegat arriba després d’un període en què les inscripcions als nivells inicials han assolit nivells històrics. 

Ajuts per a municipis de menys de 17.500 habitants

La Generalitat ha obert una nova convocatòria d’ajuts perquè ajuntaments i entitats organitzin cursos gratuïts de català per a adults, centrats en els nivells inicials A1 i A2, i amb una durada d’entre 45 i 90 hores.

La convocatòria d’ajuts s’adreça principalment a municipis de menys de 17.500 habitants i a entitats que treballen sobre el terreny. El termini de les sol·licituds estarà obert fins al 29 d’octubre i es pot demanar en aquest enllaç.

Cursos totalment gratuïts

Els cursos han de ser completament gratuïts i la subvenció cobreix el professorat i el material didàctic. La primera convocatòria, el 2025, va permetre finançar 350 cursos impulsats per 205 organitzacions, amb una presència destacada del món municipal.

Enguany, el ventall de beneficiaris s’amplia i inclou també consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, entitats religioses amb personalitat jurídica pròpia i col·legis professionals, amb l’objectiu de multiplicar els punts d’accés a la formació.

Però el pla del Govern no es limita a ampliar places. Una de les prioritats del Departament de Política Lingüística és reforçar la capacitat dels ajuntaments per incorporar la perspectiva lingüística a la seva activitat quotidiana i desenvolupar polítiques pròpies d’impuls del català.

Noves eines per al món local

Amb aquest objectiu, el Departament ha posat a disposició dels municipis la Guia per a l’elaboració de plans locals d’impuls al català i el document 40 propostes per a l’acció. Són dues eines pensades perquè els governs locals integrin la promoció de la llengua en àmbits tan diversos com la cultura, l’esport, la joventut, l’acollida de persones nouvingudes, la comunicació institucional o la contractació pública.

La guia ofereix una metodologia per elaborar plans municipals adaptats a la realitat de cada població, mentre que les 40 propostes recullen mesures concretes que els ajuntaments poden aplicar independentment de la seva mida o recursos. 

El conseller Vila porta les eines al territori

Durant aquest 2026, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha recorregut les vegueries de la Catalunya Central, l’Alt Pirineu i Aran, Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Girona i el Penedès per presentar aquests materials als responsables municipals. Les trobades han servit per treballar directament amb alcaldes, regidors i tècnics municipals l’aplicació pràctica. 

El conseller Vila ha volgut subratllar el paper central dels ajuntaments en la revitalització de l’ús social del català: “Els ajuntaments sou l’administració més propera a la ciutadania i teniu una capacitat d’incidència enorme. La llengua necessita una política lingüística municipal activa, que vetlli per l’ús del català als equipaments municipals i a tots els àmbits de la vostra competència.” I, en aquest sentit, el conseller ha ofert el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística als ajuntaments que vulguin impulsar o reforçar els seus plans locals.

El curso escolar más conflictivo, el que más huelgas docentes ha vivido en la historia reciente de Catalunya, llega este viernes a su fin. Sin embargo, el malestar entre el profesorado permanece, y nadie sabe cómo se va a canalizar a partir de ahora, con unos sindicatos divididos y un Govern que apela al acuerdo de mejoras salariales y laborales alcanzado con los sindicatos a finales de mayo. 

El problema es que ese pacto fue tumbado por la plantilla en una votación que dejó en falso a USTEC, el sindicato mayoritario de la educación pública y que había liderado la negociación. Ahora, los docentes se van de vacaciones con la voluntad de retomar las protestas en septiembre, pero sin unas demandas comunes, con los sindicatos divididos y con la vaga intención de abrir el debate sobre las reformas educativas más allá de la mesa laboral. 

La opción de revisar el sistema educativo y el papel del docente en un espacio más amplio, con familias y entidades de la comunidad educativa, es la fórmula que han puesto sobre la mesa algunos sindicatos e incluso el Govern para salir del actual callejón sin salida. Pero las partes no se ponen de acuerdo en quiénes deberían sentar a esa mesa. 

La consellera de Educación, Esther Niubó, planteó en una intervención en el Parlament crear un “nuevo canal” para encauzar las demandas docentes que superen el aspecto laboral. Por ejemplo, las que tienen que ver con las infraestructuras y el calor en las aulas o la reforma de los curríuculums. “El sistema necesita más capacidad de escucha”, declaró. 

Pero algunos sindicatos creen que la intención de Niubó es abordar las reivindicaciones docentes a través del Consejo de Educación de Catalunya. USTEC se opone porque incluye a la concertada. 

Aquí es donde emergen también las discrepancias entre los propios sindicatos, cuya unidad se fue resquebrajando a medida que avanzaban las huelgas. El primer acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT originó el primer cisma, y luego este se agravó con la firma del segundo pacto, más ambicioso que el primero: lo rubricó Professors de Secundària, pero no USTEC –que estaba a favor, pero acató el voto de la plantilla–, CGT ni Intersindical. 

Desde USTEC apuestan por un proceso de debate amplio, calendarizado y con documentos de trabajo, que incluya a docentes, alumnos, familias, etapas de Infantil y universidades, y personal de administración. Pero lo ciñen a la escuela pública. CGT, por ejemplo, está en principio acuerdo, pero añade que por parte de los sindicatos solo puede haber los del comité de huelga, y excluye por lo tanto a CCOO, UGT y a Professors de Secundaria. 

Estos últimos, que acabaron avalando el acuerdo, están a la expectativa, aunque prefieren negociaciones concretas antes que a procesos participativos con varios frentes. Además, ellos se oponen a consolidar modelos como el de la escuela inclusiva. “No nos movilizaremos con eslóganes poco concretos, con generalidades. Relacionamos las negociaciones con logros concretos”, afirman. 

Sea como sea, este nuevo escenario sin un horizonte claro por parte de los docentes va para largo. Durante las últimas concentraciones, las proclamas de sindicatos y de manifestantes amenazaban con movilizaciones en septiembre. Pero al mismo tiempo sindicatos como USTEC reconocen que ante el fracaso del último pacto deben tomar de nuevo el pulso de los claustros, conocer bien sus demandas, y esto no se podrá hacer durante el verano: en julio los centros están prácticamente vacíos. 

“No renunciamos a ningún espacio de lucha. Continuamos defendiendo las reivindicaciones del profesorado en la calle, en las mesas de negociación y en los centros educativos”, manifestaba Iolanda Segura, portavoz de USTEC, este viernes antes de entrar a la reunión de la mesa sectorial. 

El Departamento de Educación, mientras tanto, se abre a iniciar procesos participativos con la comunidad educativa, pero no a retomar una negociación sindical que da por cerrada con el acuerdo de mayo, que por ahora cuenta con el aval de CCOO, UGT y Professors de Secundària. En él se recoge la subida progresiva de salarios hasta los 450 euros al mes en 2029 (600 si se le suma el incremento estatal) y el refuerzo con más de 6.000 profesionales para la escuela inclusiva.

En los últimos años, los modelos familiares han ido cambiando y cada vez son más los hogares formados por personas que no sólo están unidos por la sangre. A pesar de ello, los permisos de duelo, cuidados o acompañamiento están limitados a aquellas personas que comparten vínculos de sangre. En cambio, dejan fuera a amigas, vecinos o familiares más lejanos, pero con quienes la relación puede ser mucho más cercana. 

“Nuestros vínculos van mucho más allá de la consanguinidad y una normativa que sólo contempla la sangre y el estado civil tiene muchas limitaciones”, apunta Ariadna Mendieta, socia de la cooperativa L’Esberla, que permite a sus trabajadores seleccionar hasta seis personas de su entorno a quien quieran aplicar permisos de conciliación que corresponderían a familiares de primer y segundo grado (cónyuges padres, hijos, hermanas, abuelos, cuñados o nueras).

“Hay mucha gente que no tiene relación con su padre, pero sí con su vecina. O que prefiere cuidar de su mejor amiga porque tiene menos red que cualquier otro familiar directo”, sigue Mendieta. Esta apuesta, que hace tres años que está en marcha, se revisa anualmente y busca que los cuidados sean más equitativos. “Las familias son diversas y no es de recibo que alguien se tenga que tomar días de vacaciones para cuidar de alguien sólo porque la normativa no contemple ese vínculo”, explica. 

Esta medida es una de las seleccionadas por la Generalitat de Catalunya para la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad, una guía en la que han participado hasta nueve conselleries y que recoge buenas prácticas de empresas. El documento, que ha sido presentado este viernes, incluye ejemplos de diversos ámbitos y tipologías que funcionan como recomendaciones para quienes quieran mejorar la conciliación de sus trabajadores. 

La idea es que, a finales de año, esta Agenda se complemente con una herramienta digital que, a través de un diagnóstico, recomiende las medidas que cada empresa, asociación o cooperativa puede implementar de manera más eficiente y las que encajen mejor con el tipo de actividad y trabajadores. Además, también habrá seguimiento y asesoramiento para aquellas que se decidan a dar el paso. 

“La Agenda es una apuesta de país para impulsar una transformación real en la manera de organizar el tiempo que sea compatible con las diversas formas de vida”, ha asegurado la consellera de Feminismos e Igualdad, Eva Menor, en declaraciones a elDiario.es. 

Esta política, sigue la consellera, es una manera de compensar a las mujeres, que todavía hoy siguen siendo las que se encargan, en mayor medida, del trabajo de cuidados. “Eso afecta a nuestras carreras, a las pensiones y prestaciones”, apunta. “Pero esto no es sólo para las mujeres, es una medida para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema social y productivo”, ha añadido.

En esta línea, otros colectivos que saldrán beneficiados de estas políticas de conciliación son el LGTBIQ+ y las comunidades migrantes. Son los que, por diversas razones, han constituido círculos y redes que van más allá de los lazos de sangre y quienes más necesidad tienen de repensar qué se entiende por “familia”. 

“El objetivo de esta herramienta es transformar la sociedad y ayudar a avanzar hacia modelos más flexibles y compatibles con la vida”, insiste la consellera Menor, que asegura que “trabajar y tener un proyecto de vida debería ser un derecho que se pueda ejercer en igualdad de condiciones”. 

Más teletrabajo para la conciliación veraniega

El análisis del Govern apunta a que la organización del tiempo es uno de los principales hándicaps a la conciliación y, por ello, recomienda a las empresas que sean “flexibles” en los horarios de salida y entrada, en la elección de los periodos de vacaciones y en las políticas de teletrabajo. Sobre todo durante el verano, que es cuando la conciliación más se puede complicar para las familias con hijos. 

La Agenda recoge diversas buenas prácticas en este ámbito, como las de la empresa Brico Depot, que ofrece la posibilidad de teletrabajar al 100% durante las dos semanas anteriores y posteriores de las vacaciones de verano e, incluso, contempla poder operar en remoto desde el extranjero. Esta apuesta del Govern para fomentar el trabajo en remoto contrasta con las políticas que se están llevando para con los empleados públicos. La conselleria de Presidencia ya eliminó el teletrabajo para los altos cargos el pasado año y recientemente ha planteado una paga para quienes renuncien a este beneficio.

Más allá del teletrabajo, la Agenda plantea otras opciones como las que ofrece Tous, que pone a disposición guarderías gratuitas para sus trabajadores. Pero como los cuidados también pueden ser de personas mayores, se han destacado prácticas como las de la asociación Viu Lleure, que facilita talleres semanales para luchar contra la soledad en la tercera edad, a la vez que libera a sus cuidadores durante unas pocas horas. 

Lo importante de estas medidas, recuerda Menor, es que no son puntuales ni momentáneas, sino que se han incorporado al día a día de las empresas como una conquista de derechos. “Pueden ser mejoras estructurales, pero también se puede empezar por cosas más simples”, insiste la consellera. 

Por ejemplo, destacan medidas que no requieren cambiar el convenio colectivo como establecer que las reuniones de trabajo se harán siempre en horarios concretos que garanticen la presencia de las personas que cuentan con una reducción de jornada. También las hay que han decidido crear un permiso de divorcio, igual que existe en los casos de unión.

“Hay muchas empresas a las que dar el paso les cuesta porque creen que dar mejores condiciones a las trabajadoras es un gasto innecesario, pero en realidad es una inversión”, sostiene Ariadna Mendieta, que recuerda que la principal causa de ausencia en el trabajo son las bajas por depresión y ansiedad. “Si garantizas el bienestar de la plantilla, se consigue un trabajo a gusto y más vinculación con el proyecto”, sostiene. “Eso, además de un respeto por la vida personal de cada quien”. 

La tornada a l’escola al setembre és un dels moments de més despesa a les llars amb infants, sobretot per l’adquisició de llibres i material escolar. Amb l’objectiu d’ajudar a les butxaques de les famílies catalanes amb fills a primària, secundària i grau bàsic, la Generalitat torna a posar en marxa el val escolar de 60 euros. La iniciativa, que en la darrera edició va arribar a més de 700.000 alumnes, incorpora enguany una novetat destacada: per primera vegada es distribuirà en format digital i deixarà enrere l'enviament per correu postal.

El canvi respon a la voluntat d’impulsar la sostenibilitat ecològica del projecte. Fins ara, les famílies rebien els vals físicament al domicili, però a partir del pròxim curs la gestió es farà digitalment. Amb aquesta modificació, la Generalitat aposta per reduir el consum de paper i els costos associats a la impressió i distribució dels documents, en una iniciativa que arriba a centenars de milers de famílies de tot Catalunya.

Dos vals de 30 euros

L’ajut manté la dotació de 60 euros per alumne, distribuïts en dos vals de 30 euros cadascun i s'adreça a l'alumnat escolaritzat a primària, secundària i grau bàsic, en centres públics, concertats o d’educació especial durant el curs 2026-2027. La partida pressupostària de la Generalitat destinada al programa és de 50 milions d’euros, la mateixa xifra que el curs anterior.

Com funciona el val escolar?

A partir del 16 de juny, les famílies rebran per correu electrònic els vals, que s’han d’activar a la web valescolar.cat abans de bescanviar-los. Si algú no rep la comunicació, sempre pot adreçar-se a aquesta mateixa web per poder-los obtenir.

Cada val es pot fer servir una sola vegada. Si es bescanvien a la botiga i l’import de la compra supera els 30 euros amb l’ús d’un val o els 60 euros amb l’ús de dos, la persona beneficiària haurà d’abonar la diferència. Si l’import de la compra no supera l’ajuda, l’establiment no abonarà la diferència. Abans del pagament, s’han d'ensenyar a la botiga els vals, mitjançant un dispositiu mòbil o imprès.

Què es pot comprar?

Els vals s’han de destinar exclusivament a l’adquisició de material escolar. Entre els productes que es poden adquirir hi ha elements d’escriptura, articles de papereria, llibres, diccionaris, calculadores, petits instruments musicals, motxilles, estoigs, teclats, ratolins, auriculars i també jocs educatius. Els vals només es podran utilitzar als establiments comercials adherits a la campanya. 

Cedir els vals als centres educatius

Com ja passava en edicions anteriors, les famílies podran optar per cedir un o els dos vals al centre educatiu dels seus fills. Això permet que les escoles i instituts organitzin compres conjuntes de material escolar per a l’alumnat. El període per a fer la cessió serà del 16 de juny al 18 de setembre.

Quan es podran utilitzar els vals?

El període de bescanvi dels vals als establiments començarà el 16 de juny i s’allargarà fins al 30 de novembre. El manteniment del val escolar i la seva adaptació al format digital consoliden aquest ajut com una eina de suport a les famílies, en un context marcat per l’increment dels preus i la pressió sobre les economies domèstiques. Més informació a valescolar.cat

La campanya de la renda 2025 arriba a l’equador pel que fa a l’atenció presencial. Des del passat 1 de juny i fins al 30 de juny, els ciutadans que necessiten ajuda per a fer i presentar la seva declaració poden rebre assistència personalitzada en alguna de les 40 oficines habilitades arreu del territori català. La iniciativa reforça el compromís de l’ATC amb una administració més propera, accessible i orientada a les necessitats de la ciutadania.

Des del 6 de maig, l’ATC ja atès més de 26.500 persones telefònicament, superant àmpliament les xifres de la campanya de la renda de l’any anterior. Al llarg dels primers dies d’atenció presencial, les xifres també mostren una bona acollida per part de la ciutadania, i també superen les registrades l’any anterior en aquestes dates. Aquest increment confirma la consolidació dels canals d’assistència de l’agència i reflecteix que la confiança entre l’ATC i la ciutadania va en augment en el marc dels serveis que ofereix.

L’atenció presencial es fa a través de les diferents oficines de l’ATC distribuïdes per tota Catalunya, ja que el Govern de la Generalitat ha obert 40 noves oficines de les quals 12 seran temporals per a fer front a la campanya d’enguany. Aquesta ampliació suposa quatre oficines més respecte a l’any passat i permet acostar el servei a més contribuents.

Entre les novetats d’enguany destaquen les noves oficines temporals obertes a Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Solsona. Aquest reforç territorial s’afegeix als punts d’atenció ja existents a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, configurant una xarxa que facilita l’accés al servei independentment del lloc de residència dels contribuents.

Una altra de les novetats és la recuperació de l’atenció presencial a la seu central de l’ATC a la Zona Franca de Barcelona. De nou, i en aquesta ocasió per la campanya de 2026, aquest espai disposarà de vuit punts d’atenció permanents per donar resposta a la demanda prevista i millorar la capacitat d’assistència de l’organisme.

El Govern de la Generalitat ha reforçat tant els recursos humans com els materials destinats a la campanya. D’aquesta manera s’han incorporat nous professionals de suport que treballen conjuntament amb el personal propi de l’agència per garantir un servei àgil i de qualitat. L’objectiu és reduir els temps d’espera i oferir un acompanyament personalitzat als contribuents que necessitin ajuda per completar la seva declaració.

Les persones interessades a rebre atenció presencial han de sol·licitar cita prèvia. Aquest tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l’ATC (Campanya de la renda 2025. Demana cita. Agència Tributària de Catalunya), mitjançant l’aplicació mòbil de l’agència o per telèfon. Amb aquest sistema, l’organisme busca optimitzar els recursos disponibles i garantir una atenció més eficient.

A continuació us oferim el llistat de les oficines on l’ATC rep presencialment amb cita prèvia:

Barcelona i comarques:

Tarragona i comarques:

Girona i comarques: 

Lleida i comarques: 

Las altas temperaturas aprietan cada vez con más fuerza y llegan antes a los centros educativos. En el último mes, las aulas del Instituto Margarida Xirgu, de L’Hospitalet de Llobregat, han superado durante diez días los 27 grados de media a lo largo de la jornada —el máximo que fija la normativa para entornos laborales—. Si se atiende a los picos de calor, el umbral se ha rebasado casi a diario.

“A 27 grados puedes dar clase, pero a 34 o 35, que es a lo que hemos llegado, los alumnos se quejan, no están concentrados y se generan problemas de convivencia”, describe Gorka Marchal, tutor de Primero de la ESO de este centro. 

Este docente es el responsable del sistema de sensores que monitorizan las temperaturas en su centro. Como el Margarida Xirgu, ya son 270 las escuelas e institutos que se han organizado para medir y denunciar cómo el calor supera los límites establecidos por normativa. Lo más llamativo es que el método que han ideado para hacerlo requiere emplear los kits de robótica que la Generalitat distribuyó a los institutos hace unos años. 

“Es pura poesía, es un ejemplo de creatividad”, celebra Marchal. El resultado de esta iniciativa es Aules que cremen (aulas que queman), una plataforma que en su web recoge en directo las condiciones térmicas de todos centros que participan. La campaña pretende demostrar, con datos verificables, cómo la falta de climatización deja a menudo a las escuelas con temperaturas por encima de los 30 o incluso los 35 grados. 

Con olas de calor cada vez más alejadas del verano, ya en mayo o septiembre, los docentes aguardan unos planes de climatización de la Administración que no acaban de llegar. Educación ha instalado en los últimos cursos algunos aires acondicionados en espacios comunes, pero para las aulas solo ha mandado una cifra insuficiente de ventiladores. Este curso se destinan 20 millones para instalar ventiladores de techo en 500 centros, además de los 100 millones contemplados en el pacto de Presupuestos con ERC para climatizar otros 100 centros. 

Pero los equipamientos educativos, entre escuelas e institutos, ascienden a 2.530 en Catalunya. Y el 50% son edificaciones anteriores a 1960. 

El 'kit' al servicio de la denuncia

Pau Sánchez, profesor en Secundaria en un instituto barcelonés, es el padre de Aules que cremen, coordinado ahora por un grupo de media docena de docentes de Tecnología. A mediados de marzo, mientras leía en un centro médico un cartel sobre condiciones de confort térmico, se le encendió la bombilla. “¿Y si utilizo los kits de robótica que uso en Bachillerato para denunciar esta situación?”, se dijo. 

Con las placas electrónicas ESP32 STEAMakers que les envió con los fondos europeos el Departament, y con las que enseña robótica a sus pupilos, Sánchez ideó el sistema. Conectada la placa con unos sensores que distribuyó en distintos puntos de su centro, empezó a enviar los datos casi al minuto al servidor. Así arrancó un proyecto que ha enrolado a 281 centros que emplean a su vez 605 dispositivos esparcidos por aulas, talleres y bibliotecas.

“Además de mostrar la realidad de las aulas, es un ejercicio de derechos laborales en un entorno de trabajo; cualquier profesor puede emplear esos datos para acudir a la Inspección de Trabajo o a la Administración”, defiende Sánchez. 

Como los recursos pedagógicos de robótica de este tipo solo se enviaron a institutos, los centros de Primaria que se han sumado a la iniciativa lo han hecho comprando las placas por su cuenta. Así lo hicieron en la escuela Sant Josep de Calassanç de Lleida. “Estaba tan cabreada con este asunto que vi el proyecto y fui a comprar el dispositivo de mi bolsillo”, explica la jefa de estudios del centro, Pili Trenado.

“El año pasado vinieron de riesgos laborales a comprobar las temperaturas, pero justo ese día no hacía tanto calor. Así, cuando me vuelvan a decir que solo llegamos a 30 grados, mostraré el registro”, afirma.

Supervivencia y mareos

Las consecuencias del calor en unas aulas que nunca han estado climatizadas preocupan desde siempre a docentes y alumnos. El problema es que, a raíz de la emergencia climática, las olas de calor no solo golpean a los centros los últimos días de clase en junio, sino también en mayo y en septiembre.

“Es un momento de supervivencia; como docente, no he vivido nunca una situación tan desagradable. No te puedes ir, pero tampoco puedes estar dando clase. Se supone que debes hacerlo, pero parece que a nadie le importa”, se lamenta Sánchez. “Los mareos son habituales y hay alumnos que tienen que abandonar la clase”, relata. 

Con escasos ventiladores de pie repartidos por algunas aulas –nunca llega para todas– es ya normal en muchos institutos que cada alumno tenga su pequeño ventilador de mano en el pupitre. 

Algunos sindicatos defienden que si las temperaturas superan los 27 grados, hay que parar la actividad lectiva. Pero no es tan sencillo. Los centros no pueden mandar a casa a los alumnos. El instituto Margarida Xirgu lo hizo hace un año, en plena ola de calor, pero la Inspección educativa les advirtió que es una falta grave, ya que en ese horario son responsables de la guardia y custodia de los menores. 

“Este curso hemos pedido autorización a las familias y el 80% la firmaron”, señala Marchal. El viernes 29 de mayo, con una máxima que superó los 34 grados, enviaron a casa a los que tenían aval familiar. 

El día a día en el Instituto Margarida Xirgu, considerado de “máxima complejidad” –con elevados niveles de pobreza e inmigración–, ya es de por sí complicado. Pero el calor sofocante no hace más que dificultar la tarea docente.

“Los docentes somos funcionarios, deberíamos tener las mismas condiciones laborales de climatización que todos los demás, es algo que duele”, se lamenta Trenado. En su escuela pública de Lleida no tienen sistemas de ventilación ni aire acondicionado en ningún espacio, apenas nueve ventiladores de pie (de los cuales pagaron cinco con los gastos de centro). 

“Yo invito a la gente a que en su puesto de trabajo apague el aire acondicionado y se ponga un día entero a trabajar con ese ambiente, y luego que piense en cómo lo haría junto a 30 adolescentes”, argumenta Sánchez. “Lo que nos dice esta situación es que la población que habita los centros educativos es la que no puede votar”, zanja el promotor de Aules que cremen.

El curso más conflictivo de la historia reciente en las aulas catalanas se acerca a su fin y los docentes han querido salir a la calle una vez más, en la última huelga antes del verano, para hacer oir su voz en plena visita del Papa León XIV a Barcelona. Con el lema Queremos hechos, no milagros, el profesorado movilizado buscaba entorpecer la movilidad en la ciudad y ejercer presión sobre la Generalitat.

Los sindicatos convocantes de la huelga, USTEC, CGT, Intersindical y COS, han organizado la manifestación que ha salido poco después de las 11:00 horas de plaza Espanya. La marcha ha discurrido por Gran Via hasta Passeig Sant Joan, desde donde ha bajado hacia el Parlament de Catalunya, esquivando el perímetro policial para la visita del Papa a la catedral de Barcelona.

“La gran contradicción que evidenciamos hoy es que se dice que no hay dinero para la educación, pero se gastan miles de euros y millones para un señor que no representa los valores educativos y ciudadanos”, ha declarado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

La dirigente sindical ha reconocido que la movilización de este martes se ha visto lastrada por la falta de un horizonte claro en las reivindicaciones docentes. “La gente se pregunta 'y ahora qué'. Tenemos que darles respuesta, trabajar centro a centro para plantear los nuevos objetivos”, ha manifestado.

No solo ha habido menos asistentes a que en protestas anteriores. También en las aulas el seguimiento ha sido inferior. A las 13:00 horas, y con unos servicios mínimos de cerca de un tercio de profesorado, los huelguistas eran el 10,5%.

La manifestación, que ha congregado a miles de docentes y también a trabajadores en huelga del Ayuntamiento de Barcelona, ha avanzado al grito de “menos discursos y más recursos” o “fuera policía de la educación” o “esta huelga no la salva ni el Papa”.

Muchos de los manifestantes llevan además vestimenta y carteles que hacen referencia al pontífice. “Ni milagros ni plegarias, bajada de ratios inmediata” o “a la escuela inversión, los milagros a Lourdes” son algunas de las pancartas que sobresalen entre la multitud.

A falta de diez días para que acabe el curso escolar, el 19 de junio, los docentes buscaban mantener el pulso con el Departamento de Educación que dirige Esther Niubó, y han convocado otra manifestación el domingo, 14 de junio. Para esa protesta confían en lograr el respaldo de entidades sociales y familias.

El conflicto, que se arrastra desde principios de año, y que ha vivido numerosas huelgas y dos pactos sindicales con el Govern tumbados por la plantilla, está ahora más enquistado que nunca. Tras el no de los docentes al último pacto, Niubó aseguró que mantendrá las mejoras prometidas, pero que no está dispuesta a reabrir nuevamente las conversaciones.

El último acuerdo lo sellaron Educación con USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT. El primero lo sometió a consulta de los docentes, que lo rechazaron. El segundo lo avaló con el sí de su militancia. Y de los dos últimos ya se daba por sentado su sí, dado que ya firmaron en marzo otro acuerdo que finalmente quedó superado.

El pacto incluye una subida salarial progresiva por parte de la Generalitat de 450 euros al mes en 2029 (que alcanzará los 600 euros si se incluye el incremento estatal), el pago de 50 euros por excursiones con pernoctación y la devolución de los sexenios adeudades. Fuera del plano retributivo, prevé incorporar 6.400 dotaciones para reforzar el modelo de escuela inclusiva, una reducción de ratios y la promesa de revisar el currículum.

Arranque sin incidentes de la Selectividad

Los docentes convocaron protestas a media mañana, y no antes, para no perjudicar a los estudiantes que este martes comienzan la Selectividad. De momento, las pruebas han arrancado sin incidentes destacables en la movilidad.

La facultad de Ciutadella de la UPF de Barcelona, una de las sedes en que se celebran las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), ha amanecido tranquila. A poco menos de una hora del inicio del primer examen, diversos alumnos esperaban ya a las pruebas del centro.

Helena, una de ellas, se ha levantado a las 5:30h de la mañana para no llegar tarde. Vive en un municipio a unos 19km de Barcelona desde el que, normalmente tardaría algo menos de 40 minutos en llegar, pero ante las diversas afectaciones de movilidad, esta joven no ha querido jugársela. “He acabado llegando dos horas antes de lo que debía, por si no llegaba, pero está bien. Hoy no la quería liar”, sostiene.

La visita del Pontífice ha provocado diversos cortes de carreteras, con lo que diversos autobuses han variado su recorrido. A pesar de eso, la circulación por la ciudad a primera hora no ha presentado complicaciones. Con todo, si cualquier estudiante llegara tarde a las pruebas debido a problemas derivados del tráfico, puede pedir un justificante y empezar la prueba hasta una hora tarde.

Así lo recordó este lunes la consellera de Universidades, Núria Montserrat, quien quiso tranquilizar a los estudiantes recordando que las primeras pruebas no coinciden con ninguna actividad de la agenda papal ni con la manifestación de docentes que este martes ha convocado una nueva jornada de huelga tras el rechazo del acuerdo con el Govern.

La marcha tiene previsto salir a las 11h de plaza España y realizar un largo recorrido de más de 4km hasta el Parlament que tendrá diversas calles del centro de Barcelona colapsadas durante varias horas.

Los profesores ciegos del sistema educativo básico en Barcelona han perdido personal de apoyo este curso. Así lo denuncian al menos tres de ellos, que lamentan que no han contado, igual que en años anteriores, con un asistente para corregir exámenes, leer mapas o informes, o preparar presentaciones. 

Los afectados explican que durante mucho tiempo este servicio lo prestó la ONCE, que hace dos años lo dejó en manos del Departamento de Educación de la Generalitat. El curso 2024-2025, los apoyos se mantuvieron. Pero el 2025-2026 que ahora finaliza los docentes de la capital catalana alertan que no han podido contar con esta ayuda, una situación que no ha ocurrido por ejemplo a docentes ciegos de otros servicios territoriales de Catalunya. 

Estos profesores aseguran además que no han recibido justificación alguna por parte del Departamento de Educación ni del Consorcio de Educación de Barcelona (el organismo participado por Generalitat y Ayuntamiento y que ostenta la competencia en esta materia en la capital catalana). También denuncian que han contactado con la Administración, a través de la ONCE o de los sindicatos, para aclarar lo ocurrido, pero no han obtenido respuesta. 

Preguntado por elDiario.es, el Consorcio sostiene que en realidad sí existe un profesional de apoyo, a media jornada, que ya estaba contratado en los centros de estos maestros invidentes desde antes de que se añadiera el soporte de la ONCE. Pero los afectados alegan que esa dotación nunca ha estado destinada para ellos, sino que las escuelas e institutos los usan como un recurso general para otras funciones. 

“Cuando la ONCE dejó de prestar la ayuda, en ningún caso nos dijeron que la supliéramos con esta persona a media jornada de la que ya disponía el centro, sino que nos asignaron otra a jornada completa, la misma que nos han retirado este año”, señala Neus Salvat, orientadora del IES Viladomat de Barcelona y una de las invidentes afectadas. “Además, en las reuniones con la ONCE y los sindicatos, el Departamento nunca planteó esta opción como solución”, recalca. 

Ante esta confusión, los docentes invidentes exigen un protocolo que defina cuáles son las ayudas ajustadas a sus necesidades. “Si la cuestión no se protocoliza, es normal que los directores de los centros no sepan cómo actuar”, sostiene Joan Heras, profesor con discapacidad visual de Filosofía en la Escola d’Art i Disseny Deià de Barcelona. 

De hecho, tanto Heras como Salvat aseguran que los directores de sus respectivos centro han intentado contactar con el Departamento y el Consorcio para aclarar la situación, pero no han obtenido respuesta.

Pagar horas de asistente de tu bolsillo

Desde 1990 y hasta finales del curso 2023-2024, estos docentes contaban con el apoyo de un profesional contratado por la ONCE. Sin embargo, la organización retiró entonces esta ayuda al considerar que este tipo de respaldo a los profesores invidentes debía financiarlo el Departamento de Educación.

Según recuerdan los docentes consultados, esa dotación de apoyo la proporcionó Educación el curso 2024-2025, aunque con dos meses de retraso. Además, acabaron desempeñando otras funciones dentro de los colegios, insisten. 

“Si implementan un recurso y quieren que sea eficaz, deberían tener muy claro quiénes son sus destinatarios y cuáles son sus necesidades”, apunta Heras. En su caso, necesita apoyo principalmente para corregir exámenes. Durante el curso pasado, asegura que, en épocas de evaluaciones, las horas asignadas le resultaban insuficientes y tuvo que pagar de su bolsillo a un asistente.

Este año, sin el mismo recurso, la situación se ha agravado. “Es tristísimo que tengamos que pagar por trabajar”, lamenta Heras. En su caso, este curso destina unos 200 euros mensuales a este soporte. Neus dedica alrededor de 100 al mes. 

En el caso de José López, profesor de ciencias sociales del IES Lluís Domènech i Montaner de Reus, este curso sí ha contado con una persona de apoyo, aunque distinta a la del año pasado. El docente afirma estar muy satisfecho tanto con la profesional actual como con la anterior. 

Sin embargo, la persona que le asistió el curso pasado acabó marchándose porque Educación no le renovó en la plaza hasta poco antes de comenzar el curso. Ante esa incertidumbre laboral, optó por aceptar otro trabajo más estable. López lamenta que si la continuidad hubiese estado garantizada con antelación, esa persona habría seguido trabajando con él. Ahora teme que la situación vuelva a repetirse con la profesional de este año.

Elvira Pérez, maestra de educación especial en la Escola Parc de la Ciutadella de Barcelona, tampoco ha recibido este curso la persona de apoyo a jornada completa con la que sí contó el año pasado. Aun así, alcanzó un acuerdo con el Consorcio y con su centro para que esa persona pudiera seguir ayudándola en determinadas tareas este curso.

Pese a ello, coincide con el resto de docentes en la necesidad de crear un protocolo estable que garantice una atención ajustada a las necesidades de cada uno de estos maestros.

Neus Salvat considera “paternalista” que Educación tome decisiones sin consultar previamente a los afectados. “No es que necesitemos a alguien para hacer todas las clases. El soporte que pedimos es puntual y, sobre todo, para corregir en épocas de exámenes”, describe. 

Los docentes reclaman más voluntad política para resolver la situación. “Lo único que queremos es que la conselleria hable con nosotros para establecer un protocolo realista y práctico, que permita resolver los casos actuales y sirva también como marco de referencia para situaciones futuras”, apostilla Heras.

El curso pasado elaboraron, junto con CCOO, una propuesta para la creación de un protocolo, presentada en las mesas sectoriales. Sin embargo, lamentan que tampoco se acabó valorando la propuesta.

Por otro lado, los cuatro docentes consultados para este reportaje –Joan Heras, Neus Salvat, Elvira Pérez y José López– enviaron una carta a la secretaria general del Departament d’Educació, Teresa Sambola, a principios de enero. En ella exponían la problemática y reclamaban la creación urgente de un protocolo básico. Aseguran que aún no les han contestado. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Departament, pero tampoco ha recibido respuesta.

Los profesores piden una solución “urgente” antes de que termine el curso para poder afrontar el próximo año escolar “con garantías”. Insisten en la necesidad de establecer un protocolo estable que reconozca sus necesidades reales y les permita ejercer su profesión “en igualdad de condiciones” que el resto de profesionales. “Solo pedimos trabajar dignamente, no privilegios”, reclama López.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.