España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.

La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.

Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.

Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.

“Cuando hay lealtad institucional, la situación puede reconducirse, pero cuando no existe, la persona alertadora queda expuesta a graves problemas sin que la ley actual proporcione instrumentos suficientes para evitarlos”, alertó el exmagistrado ante la Cámara.

Los casos que ha afrontado Antifraude lo corroboran: en algunos, los organismos afectados han cumplido y no han echado a los informantes, pero en otros se ha procedido al despido de los alertadores.

Además del sustento económico (hay un caso de un informador en riesgo de desahucio), la ansiedad y el miedo a las represalias son otro rasgo común en los alertadores. Antifraude ha tomado la iniciativa y, aunque no le obliga ninguna norma, suscribirá un convenio con el Colegio de Psicología de Catalunya (COPC) para destinar parte de su presupuesto a que se atienda psicológicamente a los informantes.

Caamaño ha elaborado un dictamen para la Generalitat en el que analiza la ley estatal y propone reformas para la futura norma catalana. La nueva ley, según la propuesta del exministro, debe precisar el ámbito material y personal para garantizar una protección integral, en especial en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde los alertadores pueden estar más expuestos.

También ve necesario definir mejor los sistemas internos de información como herramientas de selección, garantizar la confidencialidad de los canales internos, regular la exención de responsabilidad del confidente y establecer un régimen sancionador específico.

Desde Antifraude se han identificado 34 carencias normativas de la ley estatal para mejorarlas con la ley autonómica. Una de las más destacadas es el hecho de que las resoluciones de la Oficina no tienen carácter ejecutivo y sin posibilidad de castigar con contundencia las infracciones. La normativa actual tampoco recoge medidas de apoyo económico ni indemnizaciones para los informadores.

Las lagunas de la norma, remarcó Salàs ante los diputados, han generado “situaciones especialmente graves” con personas alertadoras en riesgo a las que la Oficina “no ha podido dar respuesta efectiva”. Los factores que más limitan el trabajo del organismo son la ausencia de medidas cautelares eficaces, la exigencia de haber utilizado un canal de alerta concreto para acceder a la protección, la falta de preservación efectiva del anonimato, o los problemas derivados de la eventual judicialización de un caso.

Caamaño advierte de que, al margen de las reformas legales que se impulsen, es necesario un “cambio de mentalidad” tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y eliminar la “connotación peyorativa” todavía existente en esta figura.

“Al alertador se le identifica todavía con un chivato, cuando en realidad tienen un compromiso social y público muy importante, porque advierten de que se pueden estar usando mal los recursos de todos”, argumenta Caamaño, que ha investigado sobre esta figura tanto históricamente como en la legislación actual.

Por su lado, algunos alertadores también han presentado su propia propuesta ante el Parlament. Uno de sus impulsores, Oriol Camacho, ha estudiado los modelos de distintos países europeos y prioriza cuatro medidas: segregar las funciones de agencia anticorrupción de la protección de alertadores (como ocurre en Francia); obligar al ente afectado a recibir autorización para cualquier aspecto laboral que quiera modificar del alertador; y mejorar la rendición de cuentas al informante y la coordinación con la Fiscalía y los juzgados. “Estamos lejos de ser como Dinamarca”, remacha.

Aunque reclame cambios, Camacho tiene claro que la OAC no es el enemigo: “No queremos cargarnos a Antifraude, solo queremos mejorarla”. “Sabemos muy bien que hay partidos que querrán usar las discrepancias como excusa para cerrar Antifraude, pero nosotros la defendemos”, apostilla el alertador, consciente de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox de los últimos años han fulminado o dejado en la mínima expresión estos entes.

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern elevará de los 35 hasta los 40 años el límite para poder solicitar los Préstamos de Emancipación el próximo lunes, una medida que se estima que beneficiará a 600.000 personas. Lo ha afirmado este viernes en un acto en el Institut Català de Finances (ICF), en el que también ha participado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y en el que Illa ha conversado con dos beneficiarios de estos préstamos, que hasta el momento han recibido 1.698 personas.

El préstamo, puesto en marcha el curso pasado, está pensado para aquellos jóvenes que quieren acceder a una vivienda de compra pero no pueden hacer frente al pago de la entrada. Lo que ofrece la Generalitat es un crédito a interés 0% de hasta 50.000 euros, pensado para cubrir el 20% del valor del inmueble, y que no hay que devolver hasta que se ha pagado la hipoteca. A cambio, la vivienda se convierte en protección oficial.

Illa ha asegurado que Catalunya es la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de préstamos a personas de hasta 40 años y, aunque ha reconocido que esta política no solucionará el problema de la vivienda en Catalunya, es una de las propuestas que pueden ayudar a hacerlo. Ha subrayado el president que el Govern es la administración pública que más medidas está tomando ante la crisis de la vivienda: “Somos, de España, los que más hacemos para la vivienda. Podemos hacer más, pero somos los que más hacen”.

El presidente de la Generalitat ha añadido que es necesario aumentar la oferta de vivienda, especialmente de la protegida, pero que las nuevas viviendas se deben hacer en algún lugar, por lo que, si llega más gente a un sitio, se deberán mejorar los servicios públicos.-

El conflicto docente en Catalunya sigue enquistado. Tras más de cinco horas reunidos, sindicatos y Departamento de Educación han vuelto a constatar sus diferencias, sobre todo en la parte salarial, hasta el punto que los representantes de los trabajadores han dado por finalizado el encuentro y han acordado encerrarse en las oficinas de la Administración, con la exigencia de que acuda la consellera Esther Niubó para desbloquear las conversaciones. 

La última oferta salarial, y al parecer definitiva, de Educación, ha sido la de una subida acumulada de hasta 400 euros al mes en 2029. Pero la parte laboral les ha acusado de incluir en el cálculo el incremento estatal, que antes no contaban. Este detalle, además de la falta de concreción en la parte del refuerzo de plantillas, ha hecho descarrilar la reunión.

“Les pido a los sindicatos que reconsideren su posición, es una buena oferta y creemos que puede suavizar la tensión en el sistema”, ha lamentado a la salida Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa en la Generalitat. “El esfuerzo es enorme desde el punto de vista presupuestario”, ha insistido el responsable de las negociaciones por parte de Educación.

La Generalitat y los sindicatos encaraban este jueves la sexta reunión en dos semanas para desencallar el conflicto, en medio de un nuevo ciclo de huelgas sucesivas –hasta 17, entre generales y por territorios– que arrancó el pasado 12 de mayo. Los sindicatos convocantes de los paros –USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical– han apretado desde el inicio para superar el acuerdo al que llegó el Govern de Salvador Illa con CCOO y UGT, que siempre calificaron de “insuficiente”. 

Inicialmente muy alejados en sus postulados, el Departamento de Educación y los sindicatos huelguistas han ido acercando posiciones en los últimos días con la aspiración de alcanzar un acuerdo antes de finalizar esta semana. Los dos nudos a deshacer en la negociación han sido en todo momento el incremento salarial y el refuerzo de la plantilla para hacer frente a los retos del modelo de escuela inclusiva. Pero por ahora no hay solución.

Ante la reunión de este jueves, Niubó aseguró que contaba ya con una propuesta “definitiva” para los sindicatos. Esta consiste en un aumento progresivo de los salarios hasta 2029 que se acercaría a los 400 euros al mes más. Concretamente, 392 euros que se lograrían sumando la subida del complemento específico autonómico ya acordada con CCOO y UGT (entre 267 y 273 euros, según un nuevo cálculo) y un plus nuevo del servicio de educación de Catalunya (124 euros de subida al mes en 2029). 

Pero los sindicatos les han acusado de incluir en este punto la subida salarial estatal, cuando ellos siempre han exigido alcanzar un incremento de entre 400 y 500 euros del complemento autonómico. “Denunciamos que las propuestas presentadas por el Departamento siguen siendo insuficientes y sin concreciones claras sobre las reivindicaciones planteadas por el profesorado movilizado”, han manifestado en un comunicado posterior.

A este capítulo salarial se le suma también la reclamada recuperación de los llamados “estadios”. Se trata de que los docentes cobren los sexenios que perdieron con los recortes de 2012. Ese ajuste se revirtió, pero todavía se acumulaba la deuda. 

En cuanto al aumento de plantillas, la Administración ha puesto sobre la mesa un despliegue progresivo de unas 1.631 dotaciones nuevas cada curso. Entre ellas habría personal de apoyo intensivo a la inclusión, docentes de audición y lenguaje y aulas de acogida. Al llegar a 2030, la cifra superaría los 6.400 profesionales que exigían los sindicatos (anque estos los pedían a menos años vista). 

El Govern ha aprobado este martes la segunda convocatoria del plan de mejora urbanística de los barrios, el llamado Pla de Barris i Viles de Catalunya, con un gasto de 200 millones de euros ampliables en función de la aprobación de los presupuestos de 2026. Aunque por ahora no se ha detallado cuál podría ser el aumento, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que será como mínimo hasta los 300 millones.

La Generalitat prevé que el plan permita poner en marcha entre 2025 y 2029 hasta 120 programas de intervención integral. Como en la anterior convocatoria, los municipios de más de 20.000 habitantes pueden optar a hasta 25 millones de euros por proyecto, mientras que el tope se sitúa en 12,5 millones para el resto. Los ayuntamientos pueden presentar las solicitudes desde el 6 hasta el 17 de julio.

Como en la primera convocatoria, la Generalitat financia los proyectos con porcentajes que varían según la población: el 50% del presupuesto para los de más de 50.000 habitantes, el 60% para los de entre 20.000 y 50.000 habitantes y el 70% para los de entre 5.000 y 19.999 habitantes. En el caso de los de menos de 5.000 habitantes, la financiación de la Generalitat se eleva hasta el 75% del presupuesto, con la posibilidad de llegar excepcionalmente al 90% si se acreditan dificultades financieras.

Con los 200 millones que por ahora destina el Govern a la segunda convocatoria del Pla de Barris i Viles, se prevé que la inversión total conjunta entre el ejecutivo y los ayuntamientos en los proyectos de intervención integral se eleve hasta 1.600 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que ha aprobado la convocatoria, Paneque ha remarcado que el plan busca la cohesión social, la mejora ambiental y tener un espacio público “de calidad” para “mejorar la vida de las personas en los espacios cotidianos”. “Buscamos barrios y villas en los que se viva mejor”, ha subrayado. Paneque ha explicado que la voluntad es que la cuantía de la convocatoria llegue a los 400 millones de euros, como el ejecutivo ha pactado con los Comuns para el presupuesto, pero por ahora ha cifrado la ampliación en como mínimo hasta los 300 millones de euros.

Los proyectos que pueden presentar los ayuntamientos deben centrarse en zonas identificadas como áreas de atención especial, zonas con rentas bajas, déficit de equipamientos, problemas de vivienda o exposición a riesgos ambientales. Las transformaciones pueden ser diversas, desde la mejora del espacio público a actuaciones en el ámbito del urbanismo, vivienda y eficiencia energética; vinculadas con la transición ecológica, como actuaciones de emergencia climática o infraestructura verde urbana; o acción sociocomunitaria, como reducción de desigualdades sociales o equidad de género, entre otros.

También son subvencionables los gastos corrientes vinculados directamente a la realización de estos trabajos, como los salarios de personal con dedicación directa; o gastos de capital como la adquisición, rehabilitación o mejora de equipamientos públicos, espacios urbanos e inmuebles, así como las convocatorias de subvenciones de los entes locales destinadas a particulares para financiar la rehabilitación de edificios, viviendas y locales. La convocatoria también prevé financiar los gastos de la oficina local del Plan de Barrios, hasta un máximo del 8% del presupuesto total del proyecto.

La primera convocatoria del Pla de Barris i Viles, resuelta a finales de 2025, ha financiado 20 proyectos con un presupuesto total de 412 millones de euros, de los cuales 232,71 millones los aporta la Generalitat. Inicialmente, la previsión era de 200 millones, pero se amplió hasta llegar a los 20 municipios. Fuentes del ejecutivo apuntan que la voluntad en esta segunda convocatoria es llegar también al menos a esa cifra.

De hecho, el Govern prevé que haya un aumento de las solicitudes respecto a la anterior convocatoria, cuando se recibieron 83, de las cuales cuatro fueron descartadas. El ejecutivo prevé que algunos de los municipios que ya presentaron proyectos de transformación en la primera convocatoria vuelvan a hacerlo en la segunda y que municipios que no lo hicieron esta vez se sumen. También se anticipa que la rehabilitación de edificios vuelva a ser uno de los principales ejes en las solicitudes.

La Generalitat enviará ayuda humanitaria a Cuba por primera vez en quince años. La profunda crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño desde hace meses, agravada por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, ha empujado al Govern catalán a sumarse a las campañas de asistencia a la población de la isla. 

El Govern de Salvador Illa tiene previsto aprobar en el Consejo Ejecutivo de este martes un paquete de 440.000 euros para financiar la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y de entidades y ONG sobre el terreno. 

“Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población”, argumenta el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. “Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla”, abunda el conseller. 

De esta primera partida económica, la mayor parte, 290.000 euros, se destinarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, centrado en abastecer los comedores comunitarios de La Habana. El resto de dinero aprobado, 150.000 euros, irá para las entidades sociales y ONG sobre el terreno, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Generalitat. 

La Administración catalana se suma así a la respuesta en cooperación de otras instituciones a raíz de la crisis humanitaria cubana, como son las ayudas aprobadas por el Gobierno central o la UE. Asimismo, también destacan acciones ciudadanas de apoyo a la población cubana como el caso de la Flotilla de Open Arms, que zarpó el pasado 10 de mayo. 

Desde la Generalitat añaden que el acuerdo de financiación que se aprobará en el Consejo Ejecutivo incluye también otras medidas de apoyo —aunque por ahora no las cuantifican— a las comunidades catalanas en Cuba. En concreto, añaden, a la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalunya en La Habana. Actualmente residen en la isla caribeña 3.300 ciudadanos catalanes. 

La crisis en la que está sumida Cuba es una de las peores que se recuerdan en el país. La escasez de divisas, alimentos, medicinas y sobre todo combustible mantiene a la sociedad cubana y al régimen castrista al borde del colapso, con apagones constantes. Todo ello agravado por el temor a una intervención de Estados Unidos. 

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha descartado este jueves que se vaya a formular una contestación a la reclamación “totalmente indebida” y “peregrina” de la Generalitat, que pide 791.000 euros en concepto de conservación y restauración de los bienes del Monasterio de Sijena retornados en 2017, y ha retado a las instituciones catalanas a ejercer acciones judiciales.

“Ya les dijimos que el Gobierno de Aragón pensaba que, ante una cuestión que sólamente buscaba una mera provocación, carecía de rigor jurídico y, por lo tanto, no merecía una respuesta seria”, ha subrayado la también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo aragonés tenía un plazo de diez días para responder, que vencen la próxima semana, tras los cuales la Generalitat se reservaba la posibilidad de acudir a los tribunales.

“Veremos una vez más si lo que pretenden es judicializar permanentemente una cuestión que es meramente política”, que ha sido “permanentemente” la táctica del Gobierno catalán, ha añadido.

Vaquero ha agregado que el Gobierno de Aragón no ha recibido más noticias al respecto desde esa reclamación de la Generalitat, que se hizo pública el pasado 15 de mayo: “Ellos y sus servicios jurídicos son los que lo decidirán. Nosotros tampoco les hemos trasladado ninguna noticia porque no hemos contestado”.

Tampoco ha habido acuerdo este jueves entre el Govern y los sindicatos de la huelga educativa en Catalunya. Pero algunas cosas han cambiado. Con una propuesta de mayor aumento salarial sobre la mesa, la reunión se ha alargado más de tres horas y, pese a no llegarse a un pacto, las partes se han citado para continuar con las conversaciones el jueves y el viernes. 

Los sindicatos acudían al encuentro con una propuesta de subida salarial por parte del Departamento de Educación que supera la pactada con CCOO y UGT en marzo, tal como reclamaban para sentarse a la mesa. Con todo, Ustec, CGT y Professors de Secundària ya advertían que todavía no era satisfactoria, y estos últimos han optado directamente por no acudir al encuentro.

La mesa sectorial se ha celebrado una vez más en plena jornada de huelga, que en esta ocasión afectaba a la etapa Infantil de 0 a 3 años, que ha sacado a las calles de Barcelona a unos 1.500 educadores. Tras los paros de los docentes de Barcelona, el lunes, y de Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, el martes, este jueves será el turno del profesorado de Tarragona y Terres de l’Ebre. Si la situación sigue sin reconducirse, la semana que viene continuarán los paros, que se alargan hasta el 5 de junio. 

La solución al conflicto pasa por mejorar el acuerdo de Generalitat con CCOO y UGT en dos aspectos: el de la escuela inclusiva, donde todos coinciden en que se necesita má personal de refuerzo, y el de los salarios. 

En cuanto al primero, la conselleria que dirige Esther Niubó ha puesto sobre la mesa la contratación de 1.348 profesionales, entre los que se cuentan psicopedagogos, orientadores, técnicos de infantil o logopedas. A ello le añade además otros 708 docentes más de cara al próximo curso y 349 dotaciones de personal de administración. 

En la parte salarial, las partes siguen alejadas. El pacto de marzo con CCOO y UGT contemplaba una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año en 2029 –unos 210 euros al mes–, que se suma al incremento pactado para todos los funcionarios del Estado.

Ante la negativa de los sindicatos huelguistas a aceptar este aumento, ahora Educación propone acelerarlo, y concentrarlo entre 2026 y 2028. Además, le añade subidas de complementos singulares para tutorías, cotutorías y tutorías en centros de máxima complejidad.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas de las medidas previstas en el acuerdo entre el Govern y ERC para los presupuestos. Entre los acuerdos se encuentra la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones y la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. También se ha pactado firmar este año un protocolo de colaboración para crear la nueva Línea Orbital Ferroviaria y se ha acordado un nuevo reparto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. En cuanto a los Mossos, se ha dado luz verde a la financiación necesaria para alcanzar los 25.000 agentes en 2030, cifra que se pactó en el anterior bilateral.

Desde el Gobierno destacan que las reuniones celebradas en Madrid -donde han participado el ministro Ángel Víctor Torres y los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía, Alícia Romero- permite dar un “nuevo paso adelante” en el despliegue de competencias en ámbitos como la gestión del litoral, impulsar el autogobierno y seguir abriendo paso hacia catalanes. La cita, que fue la tercera de esta legislatura, comenzó a las 16.30 horas y duró poco más de una hora. “La comisión bilateral ha culminado una agenda de trabajo intensa”, ha remarcado Dalmau ante la prensa al finalizar el encuentro.

En el caso de la decisión sobre los Mossos se ha cerrado en una reunión previa de la Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), presidida por la consejera Alícia Romero. Allí se ha aprobado que la transferencia de recursos del Estado se calcule anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional fijado en 70.600 euros, pero que se actualizará cada año a partir del IPC.

Infraestructuras

En el capítulo de infraestructuras, el Estado y la Generalitat han acordado impulsar un nuevo modelo de “gobernanza compartida” para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de obras. Para ello, se prevé la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones, concebido como un órgano de “coordinación estratégica, seguimiento y supervisión de las actuaciones inversoras” del sector público estatal en Catalunya. El nuevo ente quedará adscrito al Ministerio de Transportes. Asimismo, se constituirá la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, con el objetivo de dotar de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa la ejecución de estudios, proyectos y obras.

Tren orbital

La reunión de este miércoles también sirvió para sellar el acuerdo para la creación del tren orbital, que conectará ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona. Ambos gobiernos han acordado crear una mesa de seguimiento para coordinar el proyecto y que el propio Consorcio de Inversiones se encargue de impulsarlo y desarrollarlo. La actual R8 será la primera fase funcional del sistema orbital, según el acuerdo ratificado.

Consorcio de la Zona Franca

Por lo que se refiere al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se ha pactado la constitución de un nuevo reparto de fuerzas que incremente la posición de la Generalitat. Hasta ahora, el ente estaba controlado al 100% por el Estado. Ahora, el Estado tendrá el 45%, la Generalitat el 40% y el Ajuntament de Barcelona el 15%. Se conservará la denominación histórica del consorcio, la presidencia continuará asumiendo el alcalde de Barcelona y el plenario mantendrá una representación de las entidades económicas y sociales de Catalunya.

Impulso del catalán

En materia lingüística, ambos gobiernos han acordado crear un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para extender la formación en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Catalunya. También se ha pactado que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos.

Gestión del litoral

Otra de las novedades radica en las competencias sobre la gestión del litoral. De hecho, se ha pactado cambiar el Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptarlo al marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y consolidar y reforzar el papel de la Generalitat en la ordenación y gestión del litoral catalán. El acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la legislación para hacerlo realidad. La modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

El Govern y ERC han pactado reforzar con 527 millones de euros la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), un acuerdo que encarrila los primeros presupuestos de la legislatura para Salvador Illa.

Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), el pacto consiste en un contrato programa específico en el que el Ejecutivo se compromete a destinar 527 millones de euros a la ATC hasta 2029 para que el ente tenga una “financiación estable” e impulsar “los cambios tecnológicos, de procesos, de gestión de datos y organizativos necesarios, especialmente en materia de recaudación”.

Del total de recursos, 481,2 millones correrán a cargo del departamento de Economía. El pacto incluye varias etapas para asumir progresivamente la recaudación de impuestos, como el IRPF, una de las condiciones que ERC puso inicialmente como condición para los presupuestos, pero que finalmente ha retirado.

En la primera etapa, se prevé que la Hacienda estatal y la ATC colaboren en información y asistencia. Posteriormente, habría una etapa de “gestión parcial” en la que la Hacienda catalana tendría capacidad de dictar actos administrativos y funciones de gestión, inspección y recaudación en algunos ámbitos para llegar, finalmente, a la gestión integral, con todas las funciones tributarias.

Según el plan, el Govern creará una oficina técnica de gobernanza para coordinar y analizar el proceso, se renovará la estructura con tres direcciones generales, se reforzará la plantilla tributaria y la implementación territorial.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Además de los avances tributarios, ERC ha puesto como condición para las cuentas una nueva línea de tren orbital que una distintos municipios del área metropolitana de Barcelona. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Todo apunta a que el lunes se conocerán los detalles de la nueva línea de tren orbital pactada entre la Generalita y ERC. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

La previsión es que un Consejo Ejecutivo extraordinario apruebe el viernes las nuevas cuentas y las envíe al Parlament. Se trata del segundo intento después de que el ejecutivo de Salvador Illa retirara el pasado marzo los presupuestos del Parlament porque no tenía los votos necesarios de ERC. Una negociación que embarrancó por el traspaso del IRPF.

ERC ya ha convocado el Consejo Nacional para que el lunes por la tarde avale que se dan las condiciones para cerrar un acuerdo de presupuestos. Si el aval se confirma, previsiblemente al día siguiente, martes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, serán los protagonistas de la firma formal del pacto.

El próximo miércoles la política catalana tendrá dos escenarios: en Barcelona habrá pleno del Parlament con la sesión de control al presidente de la Generalitat y en Madrid se celebrará, tal como avanzó la ACN, la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe servir para dar garantías de cumplimiento de los acuerdos con los republicanos que dependen del Gobierno español.

Los Comuns se reúnen el lunes con el Ejecutivo catalán e intensificarán su protagonismo en la segunda parte de la semana con el objetivo y la previsión de que el Govern pueda aprobar el viernes los nuevos presupuestos en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Ese mismo día se enviarían al Parlament para que comiencen a tramitarse y puedan aprobarse definitivamente antes de que acabe julio.

ERC desvincula el IRPF de las cuentas y prioriza las infraestructuras

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Se trata del instrumento alternativo que se ha encontrado después de que el Congreso tumbara, con los votos de Junts, la propuesta para crear el consorcio de inversiones. En el caso de la sociedad mercantil solo hace falta la aprobación en un Consejo de Ministros y no es necesario pasar por el Congreso.

Los republicanos también reclaman acuerdos en el ámbito de la educación, la sanidad y para potenciar el catalán. Y lo que debe desvelarse en los próximos días es la concreción de la “ganancia de soberanía” que el partido de Oriol Junqueras reclama para firmar los presupuestos. En las últimas semanas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó que se está trabajando en un acuerdo sobre la gobernanza aeroportuaria de Catalunya. Pero no se ha concretado.

Vivienda y movilidad, las prioridades de los Comuns

Los Comuns ya cerraron un acuerdo con el Govern hace meses, pero han reclamado una “actualización”. Y han añadido como condición que el ejecutivo frene el R-Aeroport, el tren lanzadera que pretende unir el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat. Los Comuns consideran que el trazado actual beneficiará principalmente a los turistas.

En vivienda, los Comuns advierten de que “faltan concreciones” sobre la unidad de disciplina con rango de dirección general, que debe servir para centralizar y endurecer las sanciones e inspecciones en este ámbito. Asimismo, plantean una ley para convertir oficinas y locales en pisos protegidos con el objetivo de incrementar el parque de vivienda pública. El grupo de Jéssica Albiach también fija la lucha contra la desigualdad como prioridad para cerrar un acuerdo de presupuestos.

Las negociaciones llegan a la recta final en un contexto de huelgas de los sindicatos del sector educativo y en medio de la polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de docentes en huelga y el plan piloto del Gobierno para introducir mossos de paisano en los institutos. Tanto el sindicato USTEC como Junts y la CUP han reprochado a ERC y Comuns que no condicionen las negociaciones de los presupuestos a estas cuestiones.

Por su parte, el ejecutivo catalán se ha mostrado optimista en los últimos días. Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat ha dicho que tiene la confianza de que las cosas irán bien, en referencia a un acuerdo de presupuestos.

Más de tres años sin nuevos presupuestos

El 10 de marzo de 2023 el Parlament aprobó los últimos presupuestos. En aquel momento, Pere Aragonès encabezaba un Govern en minoría que consiguió el apoyo del PSC y de los Comuns. La situación actual es el periodo más largo sin nuevos presupuestos desde la I legislatura. Superando el intervalo de 3 años y un mes entre las cuentas aprobadas en marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, y las de la pandemia de abril de 2020, tras la aplicación del 155.

En su primer año como presidente de la Generalitat, Salvador Illa no consiguió suficientes apoyos para aprobar los presupuestos de 2025. No los llevó al Parlament y optó por pactar con los socios de investidura, ERC y Comuns, tres suplementos de crédito para inyectar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas de 2023.

Las partes negociadoras son conscientes de que los presupuestos que se están ultimando no serán solo para 2026 sino, seguramente, para lo que queda de legislatura teniendo en cuenta que se acerca un nuevo ciclo electoral.

Nueva guerra abierta entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña tras la reclamación extrajudicial presentada por la segunda a cuenta de los bienes de Sijena. El Ejecutivo aragonés rechaza pagar los cerca de 800.000 euros que reclama el Govern por la compra y conservación de las piezas y descarta abrir una negociación al considerar que se trata de un “ataque unilateral” contra Aragón. La portavoz, Mar Vaquero, ha acusado al presidente catalán, Salvador Illa, de actuar condicionado por sus socios independentistas y ha asegurado que Aragón “no va a ceder ni un ápice” en la defensa de su patrimonio histórico y cultural. Además, ha cargado duramente contra el Ejecutivo catalán por reabrir un conflicto que considera “innecesario”.

La reclamación afecta a 56 bienes muebles cuya compraventa entre la orden sanjuanista y la Generalitat fue anulada judicialmente. Aunque las piezas no son propiedad del Gobierno de Aragón, la Generalitat reclama al Ejecutivo autonómico 420.000 euros correspondientes al importe abonado en su día por estas obras. Igualmente, Cataluña exige otros 370.000 euros por los gastos de conservación asumidos por el Museo de Lérida y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

“No deja de sorprendernos el Gobierno de Cataluña y nos da un poco de pena que su presidente, Salvador Illa, tenga que someterse a este tipo de conflictos totalmente innecesarios y entrar al juego de los socios independentistas que siguen embarcados en una total falta de respeto institucional” y recurriendo a “excusas peregrinas”, según Mar Vaquero, al tiempo que ha considerado importante la falta de rigor jurídico del gobierno vecino, “atacando una vez más el patrimonio cultural de Aragón que seguiremos defendiendo”.

Con respecto a la reclamación por los gastos de conservación, la portavoz del Gobierno de Aragón se ha quejado de que “han estado disfrutando de la exposición de estos bienes, cobrando una entrada, siendo un gran atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos de conservación”.

Vaquero ha lamentado la “enajenación política” a la que llevan al presidente Illa, con ataques “injustificados” y enfrentamientos con Aragón, comunidad que solo reclama su patrimonio. A su juicio, han reaccionado con una pataleta ante un nuevo varapalo judicial, que considera “muy grave”, por lo que avanza que “seguiremos defendiendo la razón que nos ha dado un juzgado”.

La misma reclamación también se ha dirigido por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, por lo que el Ejecutivo aragonés se ha puesto en contacto con su abogado, Jorge Español, “para trabajar conjuntamente ante este ataque permanente”.

Vaquero ha reprochado que “no se dan cuenta del esfuerzo que tenemos que estar haciendo los aragoneses ante el relato que trata de tergiversar la historia” y ha insistido en que ante la “delirante deriva del gobierno de Cataluña no vamos a ceder ni un ápice”.

La Generalitat ha ofrecido un plazo de diez días para entablar una conversación, si bien el Ejecutivo aragonés no está dispuesto a entrar en ese debate “porque es un ataque unilateral que establece la Generalitat”. A partir de entonces, anuncian que en 30 días podrán llevar a cabo acciones judiciales. Según Mar Vaquero, se trata de un “desfile de horrores y sinrazón” y reafirma que “nos encontrarán como siempre defendiendo nuestro historia, cultura, patrimonio y raíces”.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

La Generalitat y los sindicatos de la huelga educativa han salido de su primera reunión en semanas sin un acuerdo. El Departamento de Educación ha planteado aumentar los profesionales de apoyo para la escuela inclusiva, pero por ahora no contempla tocar los salarios, una de las líneas rojas de los huelguistas, ya que considera que se han subido de forma suficiente dentro del pacto con CCOO y UGT. 

La reunión de este jueves, en pleno ciclo de paros laborales que se alarga entre mayo y junio, ha citado al Departamento de Educación con todos los sindicatos. Con los que pactó en marzo, CCOO y UGT, y también con los que han convocado las dos últimas oleadas de huelgas, Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical. 

Al no llegar a un acuerdo, se han citado a una nueva reunión el próximo martes. Pero los sindicatos de la huelga ya han dejado claro que no acudirán si no reciben el lunes una propuesta que incluya de alguna forma un incremento salarial. 

Sin revisar las nóminas, no seguirán hablando. “No renunciaremos a hablar de los salarios”, ha insistido a la salida Iolanda Segura, de USTEC. Su sindicato ya planteó esta semana un incremento de 400 euros al mes para frenar el conflicto. 

Aunque no lo han verbalizado, los representantes de los trabajadores confían también en que un acuerdo de Presupuestos entre el Govern y ERC, que se prevé para los próximos días, permita al Ejecutivo mover ficha. De ahí que hayan intensificado sus contactos tanto con republicanos como con los Comuns.

Sin embargo, el Departamento de Educación evita mencionar el capítulo salarial y asegura que puede estudiar mejoras de las “condiciones laborales” de los docentes dentro de los 2.000 millones de inversión pactados con CCOO y UGT. Ese acuerdo contempla una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año en 2029. 

Con todo, Ignasi Giménez, secretario general de Educación, se ha mostrado “satisfecho” con la reunión y ha asegurado que hay “margen de maniobra” para acercar posiciones con los sindicatos y poner fin al conflicto. “El acuerdo [con CCOO y UGT] es suficientemente amplio para encontrar una solución”, ha afirmado.

La principal apuesta de Educación para contentar al profesorado pasa por ampliar las dotaciones de profesionales de apoyo a la escuela inclusiva, dado que suele ser una de las mayores fuentes de malestar que expresa la plantilla. En este sentido, han anunciado en la reunión que el próximo curso pueden sumar 1.066 profesionales más, de los cuales 645 para atender al alumnado con dificultades. 

Los sindicatos, por su parte, han respondido que también ven necesario mejorar estas dotaciones, pero que hará falta hablar de sueldos. 

Ignasi Fernández, de Professors de Secundària, ha calificado la propuesta de “irrisoria” y ha acusado a la consellera Esther Niubó de vivir en una “realidad paralela”. Laura Gené, de CGT, lo ha tildado de “insulto” y de “migajas” lo que ofrecen para la escuela inclusiva.

Esta semana se cumplen dos años de las últimas elecciones al Parlament. Las ganó Salvador Illa, que gracias al apoyo de ERC y los Comuns logró convertirse en president. El líder del PSC fijó como prioridades mejorar la gestión y rebajar la tensión política. Las promesas fueron bien recibidas, aunque probablemente no calibró la magnitud de algunos de los problemas heredados. Si hubiera que señalar los dos más evidentes, serían el servicio de Rodalies y el malestar en el sector educativo.

Los responsables de Transportes de la Generalitat, algunos veteranos en esa cartera, eran muy conscientes de la situación crítica de la red catalana. Hoy, un trayecto en Rodalies desde Barcelona puede durar hasta media hora más que hace dos décadas. Años de desinversión y un discurso condescendiente por parte de algunos responsables vinculados al actual Ministerio quedaron en evidencia tras el accidente de Gelida en el que murió un conductor en prácticas. El posterior examen de los numerosos puntos negros evidenció que cuando el Ejecutivo de Illa se quejaba en los despachos de Madrid estaba en lo cierto. 

El Govern se encontró atrapado en medio del fuego cruzado entre Renfe y Adif y, además, no estuvo especialmente ágil en su reacción. En algunos casos, más que informar, ha contribuido a desinformar, pese a que la consellera Silvia Paneque tuvo claro desde el principio que la atención a los sufridos usuarios de Rodalies debía ser una prioridad. 

El Ministerio asegura que, ahora sí, el déficit histórico de inversiones empieza a revertirse. Sin embargo, ocho años de gobiernos progresistas son suficientes para pasar cuentas con los responsables actuales y no solo con los pasados. Nadie niega que el actual ritmo inversor sea mucho mejor que el de la etapa del PP, pero quizás siga siendo menor de lo necesario cuando una crisis como la iniciada el pasado 20 de enero continúa generando problemas, cortes y retrasos cinco meses después.

El otro gran incendio que le ha estallado a Illa es el de la educación. No hay un único factor que explique el malestar de una parte muy importante del sector. Como ocurre con Rodalies, se trata también de un problema acumulado durante años. Y, de nuevo, la inversión récord alcanzada por este Govern (no por los anteriores) no ha bastado para calmar a los docentes. Reclaman más recursos y mejores condiciones para afrontar las dificultades de enseñar en unas aulas cada vez más diversas. Esta magnífica radiografía ayuda a entender que, aunque no tengan razón en todo, los profesionales de la educación sí tienen muchos motivos para protestar.

El Govern pecó de soberbia al presentar un pacto con UGT y Comisiones Obreras como un “acuerdo de país” sin contar con la firma de USTEC, el sindicato principal y también uno de los más combativos. Pese a la negativa inicial de la Conselleria a reabrir las negociaciones, difícilmente podrá evitar sentarse con ellos si no quiere que las protestas vayan a más.

Por si a este conflicto le faltaba combustible, la presencia de agentes de los Mossos en una de las asambleas de docentes en las que se preparaban las protestas de esta semana acabó de encender los ánimos del profesorado. No era para menos. La Conselleria de Interior pasó de no confirmar los hechos a defender la actuación policial y, finalmente, a cuestionarse si había sido una decisión “proporcional”. La respuesta parece bastante clara: no, no es proporcional que los Mossos espíen a maestros. Ni proporcional, ni conveniente, ni explicable, por más que se argumente que la ley lo permite para prevenir altercados.

Ahora bien, los docentes también deberán medir hasta qué punto sus huelgas pueden acabar teniendo un efecto boomerang. Basta con leer algunos chats de familias para comprobar que no todo el mundo entiende que las movilizaciones se prolonguen tantos días. Porque, además, los principales perjudicados por estas protestas son precisamente los alumnos a quienes más se debería proteger.

La tercera oleada de huelgas educativas del curso en Catalunya ha vuelto a sacar a la calle a miles de docentes. Con cortes de carretera a primera hora y una manifestación unitaria al mediodía en Barcelona, la plantilla del sistema público ha vaciado escuelas e institutos para arrancar al Departamento de Educación más mejoras salariales y de recursos en las aulas de las que pactó en marzo con CCOO y UGT. 

Los sindicatos convocantes (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) han congregado de nuevo a una multitud docente en el centro de la capital catalana. Unas 26.000 personas, según la Guardia Urbana (80.000 según los organizadores) han recorrido Via Laietana hasta desbordar la Plaça Sant Jaume, frente a la sede del Govern. 

Los docentes han logrado mantener el pulso con un seguimiento del paro laboral que ha alcanzado el 34,77% de la plantilla (con unos servicios mínimos de un maestro por cada tres aulas). El nivel de movilización se asemeja al de las primeras huelgas del año, en febrero, y supone un ligero descenso respecto a las de marzo (se llegó al 39%). 

“El sistema se sustenta sobre la vocación del profesorado, y esto tiene límite”, señalaba Pau Casanova, maestro de Primaria de una escuela de Cerdanyola del Vallès. Acompañado de su madre, maestra jubilada, y de su hijo, explicaba este docente que ha acudido a todas las movilizaciones y que no recuerda un ciclo de protestas como el actual.

Como viene siendo habitual, la reivindicación más repetida era la de aportar más financiación para sostener un modelo de escuela inclusiva que denuncian que desborda al profesorado. “La inclusión sin recursos es una ilusión, no se puede atender el nivel de diversidad que hay actualmente en las aulas, con todos los planes específicos e individuales, sin más ayuda que la que tenemos”, añadían Mireia y Gil, docentes de Badalona. 

A esta proclama se le han unido esta vez las quejas por las polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Una, el plan para desplegar agentes de paisano en algunos centros. La otra, la infiltración policial en una asamblea docente. “Ha sido nefasto, no solo por lo que implica de vulneración de derechos, sino porque justamente el Govern presumía de gestionar bien”, afirmaba Casanovas.

Los sindicatos han exigido la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó, y también de la de Interior, Nuria Parlon, y del jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

La marcha ha transcurrido sin incidentes destacables tras la pancarta ya habitual en la que se leía Ya basta, mejoras laborales ya. En la educación, + salarios, + recursos, - ratios, - burocracia. Entre cánticos como “arriba los salarios, abajo las ratios” o “menos policía y más educación”, la protesta ha avanzado hasta las puertas del Palau de la Generalitat, donde los docentes han exigido al Ejecutivo que acuda a la reunión que tienen prevista para el jueves con alguna propuesta que vaya más allá de la voluntad de escucha.

400 euros al mes o más apoyo en las aulas

El profesorado catalán mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con el Departamento de Educación, un conflicto que la Administración no logró pacificar con el acuerdo con CCOO y UGT. El pacto supuso 3.000 euros más al año de aquí a 2029, cobrar 50 euros por excursiones con pernoctación, rebajar ratios y incorporar más profesionales de apoyo para reforzar el modelo de escuela inclusiva. 

Sin embargo, el resto de sindicatos, conocedores del grado de malestar de las plantillas, mantuvo el pulso y convocó una nueva tanda de huelgas en marzo que fueron multitudinarias. Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que agravarse, sobre todo debido al plan piloto anunciado de desplegar mossos en las aulas, del que el profesorado recela, y por la infiltración de dos agentes en una de sus asambleas.

Con todo, este jueves se abre una nueva oportunidad para acercar posiciones. El Departamento de Educación ha convocado una mesa sectorial a la que acudirán los sindicatos del pacto y los huelguistas.

De cara al encuentro, las partes han comenzado a moverse ligeramente. El sindicato mayoritario, Ustec, ha planteado que con un aumento salarial de 400 euros al mes podrían poner fin a las protestas (hasta ahora pedían 700 al mes, es decir, un incremento del complemento salarial autonómico del 100%). 

La consellera de Educación, Esther Niubó, lo ve “maximalista”, pero en una entrevista en Catalunya Ràdio ha expresado que se pueden explorar los “márgenes” del acuerdo con CCOO y UGT para atraer a los demás. Según ha apuntado, su opción pasa por un mayor incremento del personal de refuerzo (integradores, educadores, psicopedagogos) que de oxígeno a los docentes a la hora de atender a la diversidad creciente en las aulas. 

El Govern de Salvador Illa llegó al sistema educativo con la promesa de rebajar la tensión y recomponer la relación con un profesorado enfrentado a los anteriores ejecutivos de ERC. Pero un año y medio después, el conflicto se ha agravado: los docentes encadenan tres ciclos de huelgas en un solo curso. Los dos primeros fueron multitudinarios y el tercero, con paros convocados a lo largo de todo un mes, arranca este martes.

¿Qué alimenta este malestar docente? Algunas de sus reclamaciones son compartidas con profesorado del resto del estado, como la pérdida de poder adquisitivo o el aumento burocracia. 

Otras afloran con especial intensidad en Catalunya, como la falta de recursos suficientes –aunque hayan aumentado en los últimos ejercicios– para hacer frente a unas aulas cada vez más diversas: más alumnos con discapacidades, sin dominio del idioma, con problemas de aprendizaje o en situación de pobreza y exclusión social. Todo ello en medio de un descenso del nivel académico que ya pocos cuestionan. 

Además, la pugna sindical de los últimos meses, entre CCOO y UGT, que optaron por pactar mejoras con el Govern, y el resto, que mantienen las movilizaciones, ha avivado un conflicto que no ha hecho más que crecer en los últimos días con dos polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Primero, con el cuestionado plan para desplegarlos en los institutos, y después, con la infiltración policial en una asamblea docente. 

Equiparar el salario al resto de comunidades

Los docentes catalanes están entre los que peor cobran de España. Con un salario entre 2.400 y 2.700 mensuales euros en función de la etapa, el informe anual de UGT les situaba en 2025 solo por delante de Aragón y Asturias. 

Las exigencias salariales han sido uno de los nudos que ha encallado la negociación con los sindicatos huelguistas, que exigen recuperar el poder adquisitivo perdido en una de las comunidades donde el coste de la vida es más caro. Este mismo martes el sindicato mayoritario, Ustec, planteó una subida de 400 euros al mes para poner fin a la huelga.

Mientras tanto, el acuerdo sellado con UGT y CCOO ya conllevaba un incremento del sueldo a través del complemento salarial autonómico, que estaba congelado desde 2001. Los docentes ya han cobrado la subida de 2026, de hasta 850 euros para este año, y la previsión es aumentar hasta los 3.000 euros anuales en 2029 –a lo que habrá que añadir el incremento pactado con los funcionarios a nivel estatal–.

Para el Govern y los sindicatos del pacto, esto permitirá que Catalunya adelante en la escala salarial autonómica hasta la tercera posición. Pero los críticos apuntan que este cálculo obvia los incrementos que también se acordarán en las demás autonomías. 

Dar clase es cada vez más complicado

Una de las principales razones del hartazgo docente es que cada vez les resulta más complicado dar clase, puesto que en las aulas hay más alumnos con problemas de aprendizaje que nunca. “Cualquier docente confirma esta sensación de desborde”, advierte Cesc Ayora, profesor de Secundaria en el Instituto Castellar, de Castellar del Vallès. “Como hay alumnado más diverso, con más diagnósticos, hay más individualidades que atender, y por lo tanto mayor exigencia que hace años”, sostiene este docente. 

Los datos avalan esta percepción. El alumnado catalogado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 23,3% del total, casi uno de cada cuatro. De estos 326.000 alumnos, la mayoría tienen dificultades de carácter social, derivadas de la pobreza o la inmigración, y el 76% de ellos están en centros públicos.

Además, dentro de ese grupo de NESE, también el alumnado con discapacidad escolarizado en los centros ordinarios ha seguido al alza, de 29.000 a 38.000 en cuatro años, debido al compromiso con el modelo de educación inclusiva que se adoptó en Catalunya con el decreto de 2017. 

Con todo, cabe precisar que parte de esa complejidad, sobre todo la de carácter social y económico, ya estaba muy presente en las aulas. Lo que ha cambiado es que se ha mejorado la detección –los dictámenes y diagnósticos–, pero solo esto ya tiene consecuencias para el profesorado. 

“En una clase puedes tener ocho o diez de 25 con necesidades especiales”, arranc David Ll., docente de Primaria de la escuela pública Jacint Verdaguer de Barcelona. “Significa adaptar las clases, adaptar los deberes, hacer Planes Individualizados (PI) para los que lo requieren, hablar más con las familias, asumir que quizás los más avanzados se van a aburrir, activar protocolos de psicólogos cuando es necesario, coordinarte más con los compañerlos… Es muchísimo trabajo añadido”, resume. 

Esto, señalan las fuentes consultadas, explica también la denunciada “sobrecarga” de trabajo de carácter burocrático. Para paliarlo, el Govern ha anunciado un plan para reducir las tareas administrativas, que afectan especialmente a las direcciones y a los centros de barrios más vulnerables.

Más inversión, también en escuela inclusiva

La frustración que viven los docentes en sus centros contrasta sin embargo con el aumento de la inversión en educación en Catalunya. Si durante años los sindicatos lamentaban no haber recuperado el presupuesto anterior a los recortes de la crisis económica, ahora se ha superado con holgura. También en uno de los indicadores económicos clave: la inversión pública por alumno. 

Del 2020 al 2023, según los últimos datos disponibles por el Departamento de Educación, creció un 23%, de 6.440 euros por alumno del sistema escolar público al año, a 7.961. En los últimos ejercicios sigue al alza. 

“El presupuesto crece, pero no al ritmo que lo hace la complejidad”, sentencia Miquel Àngel Alegre, jefe de Proyectos de Equitat.org (antes Fundació Jaume Bofill). “La demanda aumenta más que los recursos. Por ejemplo, cada vez hay más aulas de acogida, es cierto, pero la ratio de alumnos recién llegados por cada una de estas aulas es peor que hace cinco años”, sentencia. Y algo parecido ocurre, añade, con la contratación de educadores o integradores sociales en los colegios. 

Esta mayor dotación de profesionales, que buena parte del profesorado ve insuficiente, se refleja también en el modelo de escuela inclusiva. Si se observan los educadores de las Unidades de Apoyo Intensivo en los centros (SIEI, por sus siglas en catalán), han saltado de 762 en 2020 a 1.234 en 2024. 

Las ratios, entre la promesa y la realidad

La de las ratios es una reivindicación habitual de todo el profesorado, también en Catalunya. En los últimos inicios de curso, o durante las preinscripciones, el Govern ha anunciado de forma recurrente reducciones del alumnado por aula. Lo ha hecho de nuevo con el pacto alcanzado con CCOO y UGT. Pero, ¿qué reflejan los datos? 

En Primaria y Secundaria, donde está el grueso del alumnado, se mantienen relativamente estables desde hace años. Donde sí han empezado a descender de forma considerable es en la etapa de Infantil. Esto significa que durante los próximos años esas ratios reducidas irán progresivamente alcanzando en todas las etapas. 

La bajada de ratios en Infantil tiene una explicación: el descenso de la natalidad. “En realidad, la política de reducción de alumnos por clase en esta etapa se cumple sola por el factor demográfico”, señala Miquel Àngel Alegre. En una década, en Infantil se ha pasado del pico de 22,7 escolares por aula a 18,8 actualmente.

Mientras tanto, el profesorado exige avanzarse al descenso demográfico y reducir ya las ratios en la ESO, donde todavía aumentan ligeramente. En comparación con las demás comunidades autónomas, Catalunya sigue estando entre las que lideran las aulas más abultadas. 

El descenso de resultados

Algunas de las tensiones existentes en los claustros, señalan las fuentes consultadas, no se explicarían tampoco sin la caída del nivel académico en los centros. Pruebas externas como PISA en 2022 alertaron del descenso, que se refleja también en las evaluaciones externas de Educación. 

Aunque los resultados oscilan significativamente año a año, en las competencias lingüísticas (catalán, castellano e inglés), que son históricamente las que mejor dominaban los escolares, la tendencia ha sido a la baja. Por otro lado, si el umbral de aprobado que fija Educación es de 70 sobre 100, otras materias siguen instaladas en el suspenso, como Matemáticas, o bordeándolo, como Ciencias o Inglés.

Con todo, Educación ha detectado una mejora en cursos recientes sobre todo de Matemáticas, que venía de tocar fondo. En este sentido, han ampliado sus programas de mejora de matemáticas y lengua a 450 y 500 centros, respectivamente, que contarán por ejemplo con clases de refuerzo gratuitas para alumnos vulnerables.

Las razones de descenso pueden ser diversas. Pero en lo que coinciden algunos docentes es en una bajada de la exigencia ya desde Primaria. “Con este nivel de complejidad en las aulas y la falta de recursos, con los alumnos que te llegan en la ESO sin dominar el idioma, es muy complicado conseguir cierto nivel competencias lingüísticas”, apunta Ayora. “La solución de supervivencia acaba siendo fijarte objetivos que pueda alcanzar todo el mundo, es decir, que hemos puesto un listón más bajo que el de hace unos años, sobre todo en lengua, que es lo que marca el resto de aprendizajes”, resume este profesor.

El Govern y ERC se encuentran inmersos en una negociación a diversas bandas para tratar de cerrar un acuerdo de presupuestos lo antes posible, pero para el que ya han encarrilado varios entendimientos parciales. La voluntad de ambas partes es tener un pacto global la próxima semana, una vez se hayan celebrado las elecciones andaluzas, de forma que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor antes de las vacaciones de verano.

En la rueda de prensa semanal tras la reunión de la Ejecutiva, el portavoz de ERC, Issac Albert, ha dejado claro que para su formación las cuentas son una “necesidad de país” y que su objetivo es que se aprueben. En este sentido, Albert ha descartado que el cese de Josep Lluís Trapero sea una condición para apoyar presupuestos, pese a que fue la propia ERC quien pidió la cabeza del director general de los Mossos, tras conocerse el caso de infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores.

“Nosotros lo que no vamos a hacer es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de las universidades y los hospitales”, ha dicho el portavoz republicano. Después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, reafirmase su confianza en su director general, Albert ha asegurado que si el Govern acaba manteniendo a Trapero en su cargo será “peor para ellos”, ya que su dimisión no sería una concesión a ERC, sino una consecuencia de crisis abierta con los profesores.

Los republicanos y el Ejecutivo salvan un escollo inesperado para las negociaciones. La infiltración policial a una asamblea de profesores de preparación del nuevo ciclo de huelgas en la enseñanza catalana, que arranca este martes, ha encendido los ánimos de los sindicatos de profesores: USTEC y la CGT ya preparan querellas en los juzgados. ERC y los Comuns exigieron el viernes la dimisión de Trapero, pero no lo sitúan como línea roja.

El Govern ha reafirmado la total confianza en Trapero y en los Mossos, pero ha introducido un matiz en la justificación sin ambages del espionaje que realizó el viernes. La conselleria de Interior ha afirmado este lunes que valorará la “oportunidad y proporcionalidad” de la medida y que se tomarán las “decisiones oportunas”, pero siempre dentro del ámbito operativo del cuerpo, es decir, el uniformado, no el político.

Trapero, ha insistido Parlon, “no tomó la decisión” de enviar a agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos a espiar una asamblea de profesores, una medida que se tomó “en el ámbito operativo”.

Sí ha apoyado al 100% la infiltración policial el PP catalán. Su secretario general, Santi Rodríguez, ha defendido que los Mossos “hacían su trabajo” cuando se infiltraron el pasado miércoles en una asamblea docente de preparación de las huelgas. Las agentes fueron identificadas por los propios docentes, al no responder con claridad de qué centro educativo procedían.

La línea orbital, clave en la negociación

Entre los puntos fuertes de las negociaciones ERC destaca la línea orbital ferroviaria, un viejo proyecto del Govern de Maragall que la administración de Illa rescató en noviembre pasado. La infraestructura supone en la práctica un cuarto cinturón ferroviario, que conectaría Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès con Martorell y de allí pasaría por Terrassa y Sabadell, después por Mollet y Granollers, para acabar en Mataró.

A juicio de los republicanos, y tal como en su momento defendía el PSC, este proyecto sería clave para “cohesionar territorialmente Catalunya” y conectar sin pasa por Barcelona las zonas metropolitanas que han experimentado un mayor crecimiento poblacional.

Además sería un impulso a la falta de inversión en infraestructuras que sufre Catalunya, según ha considerado Albert, que ha indicado que buena parte de la inversión debería llegar desde el Estado. En su momento se calculó que esta línea podría costar por encima de los 4.000 millones de euros.

En el apartado de las infraestructuras ERC también coloca el consorcio de inversiones, un ente pactado con el ministerio de Transportes que debía agilizar los proyectos en Catalunya con inversión estatal. Sin embargo, después de que el Congreso rechazara con los votos de Junts el marco normativo de este consorcio, el proyecto ha quedado en el limbo. Los republicanos sin embargo lo consideran “plenamente vigente” y consideran que debe “desencallarse la constitución como sociedad mercantil”.

Por último, ERC y el Govern negocian un nuevo instrumento de política aeroportuaria. Un punto que, a diferencia de los anteriores, aún no está cerrado. El mecanismo en el que se trabaja es similar al pactado en marzo pasado con Euskadi, que supone un órgano bilateral más centrado en el diálogo sobre las inversiones o en la movilidad que en la gestión de los aeropuertos. De hecho, que AENA seguirá siendo la gestora de las infraestructuras aéreas no un debate sobre la mesa.

La consellera de Educación del Govern, Esther Niubó, ha anunciado que este jueves convocará una mesa sectorial para negociar con los maestros y todos los sindicatos que tienen representación en el sector. La reunión se dará justo al inicio del nuevo calendario de protestas docentes, que han convocado tres huelgas generales y hasta 14 paros territoriales.

Esta reunión responde a una petición de los sindicatos educativos USTEC, ASPEPC, CGT y La Intersindical, que pidieron negociar antes de la primera huelga general, convocada para el martes 12 de mayo. La consellera ha accedido a sentarse con ellos, pero lo hará dos días después del paro.

Además, Niubó ha aclarado que se sienta con estos indicatos para “valorar la situación y explorar fórmulas para reducir el clima de tensión”, aunque ha querido dejar claro que el Govern no está dispuesto a plantear el pacto firmado con CCOO y UGT en marzo. “Es muy buen acuerdo, que da respuesta a las cuestiones que se han planteado desde la comunidad educativa”, ha defendido Niubó en una entrevista en RAC1 este domingo.

En este sentido, ha recordado que hacía 25 años que el complemento salarial estaba congelado y 10 que no había compensaciones por las noches que los docentes pasan fuera durante las colonias. Igualmente, apunta que se está haciendo “un esfuerzo brutal” para aumentar el personal de apoyo. Preguntada por las 17 jornadas de huelga convocadas durante las próximas seis semanas, la consellera ha dicho que le parece “un punto desproporcionado”, teniendo en cuenta el esfuerzo que, dice, está haciendo el Govern para mejorar las condiciones de los docentes.

Sobre la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente en Barcelona, la consellera ha dicho tener “máxima confianza en la profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra”, del que ha asegurado que hace un trabajo muy profesional en el marco de la legislación vigente y de las competencias que tiene atribuidas. Asimismo, ha aclarado que ella “no sabía nada” sobre la infiltración y ha asegurado que en ningún caso encargó ningún informe y que nunca tuvo información relativa a estos operativos.