La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los exconsellers de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon y al resto de la antigua cúpula catalana de salud acusada de discriminar a policías y guardias civiles de la vacunación contra el COVID-19 en 2021.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal concluye que “falta la prueba de una voluntad de discriminar” a los cuerpos estatales en la vacunación durante la pandemia.

El juicio dirimía si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 era un delito de prevaricación.

Así lo sostenían los sindicatos policiales que ejercían la acusación popular, quienes pedían hasta 15 años de inhabilitación a los acusados. El juicio desinfló tanto las tesis acusatorias que la Fiscalía terminó retirando los cargos.

El tribunal rechaza las tesis de las acusaciones. En cambio, respalda la actuación de la conselleria de Salud que suspendió la vacunación de policías y guardias y otros funcionarios al “reputarse justificada por razones sanitarias”: se trató de la decisión de vacunar por grupos de edad que se hizo con la vacuna de AztraZeneca tras detectarse algunos efectos secundarios en este modelo.

Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que se produjo “una notoria diferencia en el porcentaje de vacunaciones” entre el colectivo de mossos d'esquadra y los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, que se resolvió tras obligar la sección de lo contencioso del TSJC a la Generalitat a vacunar a los cuerpos estatales.

Sin embargo, el tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel del Amo, advierte de que en este retraso en la vacunación “incidió de forma relevante tanto la exigencia de un sistema de vacunación ad hoc” por parte de Policía Nacional y Guardia Civil “con las dificultades de gestión que ello exigía”.

En suma, la decisión de la cúpula de Salud “no puede reputarse arbitraria e injusta”, zanja el tribunal.

La acusación a la excúpula de la conselleria de Salud se desinfló a medida que se iban celebrando las sesiones del juicio. Ningún testigo señaló que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendieran, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos cerraron filas y mantuvieron que sus decisiones se basaron en criterios sanitarios.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacaron que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Comprar un piso en Catalunya, con un precio medio que ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, no está al alcance de cualquiera. Menos aún para personas que superen los 40 años, ya que, al tener menos tiempo para devolver el préstamo, su hipoteca puede acarrear cuotas demasiado elevadas. 

Para facilitar la compra a estos perfiles, igual como quiere incentivar la de los jóvenes mediante préstamos al 0%, la Generalitat ha anunciado un plan de compras conjuntas con particulares. La fórmula novedosa se basa en el Código Civil de Catalunya, distinto al del resto de España, que tiene regulada tanto la propiedad compartida como la temporal. 

El president Salvador Illa anunció esta medida durante el debate de política general en el Parlament, y esta semana la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha ofrecido más detalles, entre ellos una primera partida presupuestaria, de 100 millones para una convocatoria inicial, y el calendario: a partir de principios 2027. El objetivo es alcanzar unos 2.000 pisos.

Sin embargo, el Parlament de Catalunya le propinó en paralelo el primer revés, con una votación en la que toda la oposición, sumada a la abstención de los Comuns, tumbó la iniciativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente este modelo? 

La Generalitat ofrece a las personas de entre 40 y 56 años, a las que no les da para comprar un piso, la opción de hacerlo a medias con la Administración. De esta forma, y tras conseguir la hipoteca, el particular pasa a ser propietario de su piso al 50% durante un tiempo de 50 años, con la posibilidad de dejarlo en herencia hasta cumplir ese período. 

Durante esos 50 años, el propietario particular –o su heredero– tiene la opción de comprar la otra mitad. También de venderla (con posibilidad de compra preferente de la Generalitat). Transcurrido el plazo, si no la adquiere finalmente, la vivienda pasa a ser de la Administración. 

En cualquiera de estos escenarios, el piso queda calificado como de protección oficial. Pero eso sí, al haber sido comprado a valor de mercado, su precio no queda regulado como las demás VPO, sino que será como máximo el de la primera adquisición, sumado el IPC y otras variables, como unas posibles obras de rehabilitación. 

Lo que falta por detallar en todo caso son algunos de los requisitos concretos que exigirá el Govern para optar a este tipo de compra, como son la renta familiar o el precio máximo del piso. O qué ocurre en caso de incumplimiento con la hipoteca por parte del particular.

El programa también contempla mayores de 56 años. En esos casos, la Generalitat asumiría el 60% de la vivienda. Y el copropietario podría vivir en ella durante los 40 años siguientes a la compra. 

Paneque aseguró además que un objetivo concreto pueden ser los inquilinos de grandes fondos de inversión que actualmente buscan desprenderse de sus activos. El Govern ha adquirido recientemente cientos de viviendas por la vía del tanteo y retracto a grandes tenedores como Divarian o Inmocaixa. “En esos pisos vive gente, que podría ser propietaria de esas viviendas”, afirmaba esta semana la consellera.

“Estamos activando las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan estabilidad y tranquilidad”, defendía. 

La particularidad de esta medida, como recalca la Generalitat, es que se basa en un modelo de propiedad recogido en el Código Civil de Catalunya (en el Libro Quinto), modificado por la ley 19/2015, que incorporó tanto la propiedad temporal como la compartida. Este concepto distingue entre el propietario material (el que posee la vivienda, la usa y la puede adquirir completamente), y el llamado propietario formal (en este caso sería la Generalitat).

Catalunya es, de lejos, la comunidad autónoma que más ha intervenido en el mercado de la vivienda. Los precios disparados del alquiler y el fuerte rechazo social a los desahucios han empujado al Parlament y a la Generalitat a sacar adelante medidas para frenar una crisis habitacional que, pese a la intensa actividad legislativa, persiste.

La comunidad fue la primera en topar los precios del alquiler, con una ley propia en 2020, y en 2024 lo volvió a hacer, en base a la Ley de Vivienda. Ha aprobado una regulación de arrendamientos de temporada y de habitaciones, y en el horizonte está una reducción de los pisos turísticos. En paralelo, Salvador Illa fía la salida de la crisis a la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030, para lo que ha modificado también normativa urbanística.

De toda esta batería de políticas de vivienda, ¿cuáles han funcionado y cuáles han fracasado? A continuación, las más destacadas. 

Dos años de tope a los alquileres

Alumna aventajada de la Ley de Vivienda, Catalunya ha limitado desde marzo de 2024 la subida de los precios del alquiler en 271 municipios, declarados como zona de mercado tensionado. Dos años y medio después, algunos han salido al verse mejorada su situación, como Lleida, pero las principales ciudades continuarán con el tope. 

Desde su aplicación, los precios de los nuevos contratos regulados ha frenado su espiral de subidas. En Barcelona, donde todavía se pagan 1.137 euros al mes de media, el descenso ha sido del 4,3% entre el primer trimestre de 2026 y el de 2024. En el resto de Catalunya, en las zonas tensionadas ha bajado un 1,2%, mientras que en las que tienen precios libres (en su mayoría, municipios pequeños) han crecido un 9,5%. 

Esta medida, sin embargo, tiene dos derivadas que han dado pie a las críticas. Una es la fuga hacia el alquiler de temporada para esquivarlo, lo que empujó a aprobar un decreto que regulara estos arrendamientos, cuyos precios están muy por encima de los de larga duración y suelen quedar fuera de los análisis. La otra tiene que ver con la disminución de la oferta, y es más compleja. 

Qué pasa con la oferta

La caída de los contratos que se firman cada trimestre es una realidad, del 17% desde el inicio de la regulación en Barcelona. Con todo, esto se puede deber a una mayor estabilidad: la población se mueve menos. A nivel global, el saldo entre contratos que acaban y empiezan sigue siendo ligeramente positivo (salvo en el tercer trimestre de 2026). 

Sea como sea, lo que acreditan las plataformas de anuncios es que su oferta de alquiler de larga duración se ha desplomado, y en ciudades como Barcelona es habitual ver colas de cientos de personas para aspirar a pisos que, de otro modo, son adjudicados en minutos.

Unos juegos del hambre que se intuyen a través de la creciente demanda: un 19% de los catalanes busca “activamente” piso, y entre los jóvenes se ha disparado solo en un año del 27% al 37%, según la encuesta del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B). 

Regulación de temporada e inspecciones

El disparado crecimiento de los alquileres de temporada, como forma de evitar las limitaciones de precio, llevó al Parlament a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales, con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP. Desde entonces, han descendido en los registros oficiales, aunque menos de lo que se esperaba. En Barcelona, además, siguen copando mayoritariamente los anuncios en webs como Idealista. 

En cuanto a las habitaciones, cuyo precio sumado ahora no puede superar el del conjunto del piso con el índice de precios, es una incógnita su impacto. Muchas se alquilan de forma irregular, con un solo contrato y subarriendos, y hay empresas de colivings que continúan operando. 

Tras su batería legislativa, Catalunya ha constatado que no tiene suficientes inspectores para hacerla cumplir. Ahora existe el compromiso de la Generalitat de crear un cuerpo de inspectores que controle mejor el cumplimiento del tope de precios, que detecte alquileres de temporada fraudulentos, o anuncios que no incluyen los requisitos necesarios. 

El golpe a los pisos turístico, por llegar

Es la promesa estrella de Jaume Collboni: afirma que suprimirá todos los pisos turísticos de Barcelona, unos 10.000, en 2028. Esta medida, que deberá acometer si gana de nuevo la alcaldía, descansa sobre un decreto ley catalán cuyos efectos están todavía por ver. 

La regulación, aprobada en 2023, acaba con las licencias a perpetuidad, fija un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes y obliga a los ayuntamientos con más viviendas turísticas (a partir de 5 por cada 100 habitantes) a regularlos con licencia urbanística, que se puede pedir y conceder hasta noviembre de 2028. 

Los 50.000 pisos y la regulación urbanística

La promesa estrella de la legislatura de Salvador Illa es ganar 50.000 pisos asequibles para el mercado de la vivienda antes de 2030, una apuesta de ampliación del parque protegido que considera ineludible para salir de la crisis de precios y accesibilidad. Para ello, busca construir nuevas VPO públicas, con ayudas a privados, y acelerar compras directas o mediante tanteo y retracto (como los pisos de Criteria o Divarian). 

También en este punto hay novedades normativas, pensadas para agilizar la construcción, pero de nuevo es pronto para calibrar su eficacia. Entre otros, plantea externalizar algunos trámites en licencias de obras para descargar de trabajo a los ayuntamientos. 

En materia urbanística y para ampliar el parque, destaca además la reserva del 30% que impulsó para Barcelona Ada Colau, y que Collboni no ha modificado –pese a quererlo– por falta de apoyos. La norma obliga a las nuevas construcciones y a la gran rehabilitación de destinar uno de cada tres pisos a uso protegido, pero no ha logrado las cifras esperadas. 

Liderazgo en desahucios

Catalunya fue también pionera en aprobar una ley que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social antes de desahuciar. La primera norma fue en 2014, luego vendrían otras, pero las tumbó el Tribunal Constitucional. Con esa ley, la Generalitat forzó 20.000 alquileres sociales que iban a ser desalojos entre 2017 y 2023. 

A pesar de tener programas también innovadores como la unidad antidesahucios de Barcelona, Catalunya nunca ha dejado de ocupar los puestos más destacados en cuanto a desahucios, a expensas del escudo social del Gobierno desde el revés del Constitucional. En 2025, Catalunya sufrió 13 desalojos por impago de hipoteca por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia, y 61,7 por alquileres, por encima de todas las demás comunidades. 

La “compra especulativa”, en negociación

La prohibición de las compras especulativas centró parte del debate político de vivienda este año en Catalunya, a raíz de la propuesta de un abogado experto en urbanismo que posteriormente abanderaron los Comuns.

Ahora que se plantea el veto a los fondos buitre en el decreto estatal de vivienda, cabe recordar que esta propuesta, aunque con diferencias, se tramitó en el Parlament por lectura única. Pero un duro revés del Consejo de Garantías Estatutarias, que cree que vulnera el derecho a la propiedad, la dejó congelada. 

La propuesta catalana, distinta a la estatal, pasaba por permitir a los ayuntamientos que, mediante la normativa urbanística, puedan prohibir la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos. Inicialmente, no distinguía entre grandes o pequeños compradores, pero el Govern pactó dejar fuera a quienes no son grandes tenedores, así como las compras de fincas enteras si son para destinar a alquiler asequible. 

La fiscalidad y las ayudas a la compra

En el capítulo fiscal, quizás la menos vistosa de las políticas de vivienda, Catalunya cuenta con deducciones del alquiler, con ciertos requisitos de vulnerabilidad, y un impuesto de transmisiones patrimoniales del 10%, entre los más elevados del estado. Recientemente, se aprobaron rebajas al 5% para jóvenes en primera compra, que ahora se valora extender. 

Además de contar con ayudas al alquiler para familias pobres, para facilitar la compra de un primer piso la Generalitat ha puesto en marcha un crédito a interés 0%, de un máximo de 50.000 euros, para cubrir la entrada. Por ahora ha servido a unos 2.000 jóvenes, cuyo nuevo piso a cambio solo se podrá vender a precio limitado de VPO.

Salvador Illa trata de superar la crisis educativa en la que se ha instalado su Ejecutivo con la promesa a los grupos políticos catalanes de mayor inversión, tal como exige también la comunidad educativa. El president, junto con la consellera del ramo, Esther Niubó, ha reunido este viernes a socios y oposición para escenificar ese compromiso. 

Tras una reunión de dos horas en el Palau de la Generalitat, a la que han participado todos los partidos salvo Vox, la consellera Niubó ha anunciado la creación de dos comisiones de trabajo con ellos: una para estudiar cómo alcanzar el 6% del PIB destinado a educación, un objetivo histórico del sector, y otro para coordinarse con el debate de modelo escolar que lidera al mismo tiempo el Consejo de Educación. 

La propuesta no ha satisfecho por ahora a los partidos, que la consideran poco concreta en fines y calendario, pero como mínimo ha conseguido que no se levanten de la mesa. Tanto oposición como socios han sido muy críticos con el Govern con su gestión del fiasco de PISA y del conflicto laboral con los docentes el curso pasado.

Niubó ha destacado algunos puntos de encuentro durante la reunión, como la “revisión y actualización” del modelo de escuela inclusiva –muy criticado por falta de recursos por parte de los docentes–. También han debatido sobre el fortalecimiento del modelo lingüístico y de acogida, la formación y la carrera docente o el papel de las nuevas tecnologías, a las que la Generalitat quiere restar presencia en favor de los libros en papel.

Con todo, Niubó ha reiterado la idea de que “difícilmente” se podrá alcanzar el 6 % en una legislatura y ha afirmado que hay un “paso intermedio”, que es alcanzar la inversión que actualmente realiza el Estado en educación.

En cuanto al otro grupo, se nombrará a una persona por cada grupo parlamentario, junto con el presidente del Consejo de Educación de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, para que puedan hacer “seguimiento” y trasladar sus aportaciones al debate impulsado desde el CEC, que incluye a sindicatos, familias, entidades y centros públicos y concertados.

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria per incorporar 300 professionals al Cos de Bombers. El procés d’accés incorpora canvis en les proves físiques, d’oficis i psicològiques, i manté el 40% de reserva de places per a dones. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud telemàticament a través de la plataforma Tràmits Gencat fins al 29 de setembre inclòs.

La convocatòria es va publicar aquest 16 de setembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). L’objectiu del Govern és avançar cap a una plantilla de 4.000 efectius previstos al Pla Bombers 2030 per reforçar la capacitat de resposta del Cos davant l’augment de les emergències.

Més dones bomberes

La convocatòria manté la reserva del 40% de les places per a dones, una mesura que s’ha aplicat en les tres darreres convocatòries amb l’objectiu d’avançar en la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat.

La presència femenina ha augmentat durant aquest període. Segons les dades facilitades pel Departament d’Interior i Seguretat Pública, les dones representaven el 3% del Cos i actualment en representen el 8,9%. La reserva de places forma part de les mesures orientades a aconseguir una plantilla més diversa i representativa de la societat. 

A prova diferents habilitats

La nova convocatòria consta de quatre fases: oposició, concurs, curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i pràctiques en parcs de Bombers o instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

El primer tram del procés és la fase d’oposició, que permet obtenir un màxim de 40 punts. Inclou cinc proves obligatòries i eliminatòries. La primera és la de coneixements, tipus test, que es redueix de 95 a 70 preguntes i permet obtenir fins a 8 punts. La prova física renovada consta de tres exercicis relacionats amb situacions d’intervenció del Cos: incendis de vegetació, incendis estructurals i rescat aquàtic. El conjunt de la prova permet obtenir fins a 10 punts.

La tercera és la prova d’oficis, que permet obtenir fins a 12 punts. La quarta prova correspon a l’avaluació psicològica. Té una puntuació màxima de 10 punts i, en aquesta convocatòria, passa a tenir caràcter eliminatori.

Finalment, les persones aptes en la quarta prova seran convocades a la prova mèdica, que es qualificarà simplement com a apte o no apte. A més, les persones aspirants que no acreditin els coneixements requerits de català i castellà hauran de fer les proves corresponents de llengües.

Experiència i formació també compten

La fase de concurs, amb un màxim de 20 punts, valorarà tant l’experiència professional en categories relacionades amb el lloc de treball com determinades titulacions de cicles formatius de grau mitjà.

Les persones que superin el procés selectiu, després hauran de completar el curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i, un cop aprovat, fer un màxim de 700 hores de pràctiques de servei efectiu en un parc de Bombers o en instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments abans d’obtenir el nomenament. 

Més informació a Tràmits Gencat.

Assumpció Rof nunca olvidará la noche en la que derribaron la casa de su vecino, apenas un día después de que falleciera. Ocurrió en 1971, en plena oleada de expropiaciones en Gallecs, un antiguo núcleo rural de unos 100 habitantes situado entre las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental, a las afueras de Barcelona. El Gobierno franquista proyectó allí una nueva ciudad para descongestionar el área metropolitana de Barcelona. Para levantarla, sin embargo, tenía que quedarse primero con las tierras.

“Fue un atraco en toda regla. Lo único que, en vez de pistolas, llevaron bolígrafos”, expresa Josep Molist, habitante de toda la vida de Gallecs. “Vinieron aquí sin preguntar nada y acabaron imponiéndonos una expropiación forzosa, sin poder defendernos”, añade.

La operación formaba parte de los proyectos de vivienda masiva impulsados durante los últimos años de la dictadura. Bautizada como Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) de Santa Maria de Gallecs, la iniciativa contemplaba urbanizar las 1.500 hectáreas que ocupaba Gallecs para construir una ciudad que debía acoger a unos 150.000 habitantes.

El proyecto afectó a cerca de 3.000 propietarios, arrendatarios y aparceros. En 1971, se aprobó el expediente de expropiación y, al año siguiente, comenzaron a pagarse las indemnizaciones.

Para quienes vivían y trabajaban allí, sin embargo, aquello no suponía simplemente perder unos terrenos. Eran sus casas, sus campos y un modo de vida transmitido durante generaciones. “El precio que nos ofrecieron por nuestras viviendas y tierras era muy bajo y no se correspondía, ni de lejos, al valor que tenía para nosotros”, señala Rof.

Marina Duñach, exvecina de Gallecs y miembro de la Comisión por la Defensa de Gallecs, pertenece a otra de las familias afectadas y describe como “un palo muy grande” el momento en que supo que su casa podía ser expropiada. En su hogar conserva documentos que acreditan que la vivienda ya existía en 1640. “Cinco generaciones de mi familia han vivido y trabajado la tierra durante todo este tiempo”, cuenta.

Ante las amenazas de expropiación, la mayoría de los vecinos acabó marchándose. Pero otros decidieron quedarse y resistir mientras el proyecto avanzaba sobre el papel. “Nos quedamos como acto de resistencia, ya que perder nuestra casa habría supuesto perder nuestra identidad”, señala Duñach.

Durante años convivieron con la incertidumbre de no saber qué ocurriría con sus viviendas. Algunas fueron abandonadas y muchas, posteriormente, derribadas. “La gente tenía miedo. Estar viendo constantemente cómo derriban las casas de tus vecinos y no saber en qué momento podrían derribar la tuya es algo muy duro”, recuerda Rof.

La empresa subcontratada por el Ministerio de Vivienda para ejecutar los derribos también arrancó viñas centenarias y otros cultivos, lo que acabó transformando el paisaje agrícola en un monocultivo de cereal. Muchos de los vecinos acabaron retirando animales y bienes de las fincas ante el temor de que las máquinas entraran en los terrenos y destruyeran sus propiedades, afirman los entrevistados

Las expropiaciones coincidieron, además, con los últimos años del franquismo, en un contexto de creciente movilización social que también se hizo notar en Gallecs. Los tres vecinos consultados recuerdan aquel periodo como una etapa de intensa organización y resistencia frente al proyecto urbanístico. “No nos esperábamos la cantidad de gente que vino a movilizarse por Gallecs, fue algo realmente emocionante”, recuerda Rof.

La falta de libertad para reunirse y organizarse obligaba a los vecinos a buscar fórmulas para hacerlo sin llamar la atención. “Aprovechábamos las reuniones municipales en las que se hablaba de la construcción de un cementerio para reunirnos y organizarnos contra las expropiaciones”, explica Duñach. Asegura, no obstante, que en algunas ocasiones la Guardia Civil irrumpió en estos encuentros y los disolvió para impedir la organización vecinal.

Se frenó el proyecto, pero no las expropiaciones

La ciudad imaginada en Gallecs nunca llegó a construirse. Duñach atribuye el freno del proyecto a varios factores, entre ellos la lucha vecinal, el declive económico provocado por la crisis del petróleo de 1973 y el final de la dictadura franquista. Pero aunque la gran operación urbanística acabó paralizándose, las viviendas y las tierras ya habían sido expropiadas.

De las 1.500 hectáreas previstas inicialmente para la urbanización, una parte sí acabó transformándose para la expansión residencial y de servicios de Mollet del Vallès, así como para la creación de grandes polígonos industriales y logísticos en Santa Perpètua de Mogoda y Parets del Vallès.

El espacio agrícola también quedó fragmentado por la construcción de algunos de los principales ejes de comunicación de Catalunya, como la autopista AP-7, la autovía C-17 y las vías del ferrocarril de alta velocidad (AVE).

Aun así, unas 754 hectáreas conforman actualmente el espacio agroforestal protegido de Gallecs, uno de los principales espacios agrícolas y naturales del área metropolitana de Barcelona.

Para Rof, igual que para el resto de vecinos que resistieron a todos los intentos de expropiación, saber que finalmente no se llevaría a cabo el proyecto urbanístico supuso un alivio. “Viví con mucha ilusión el momento en que nos dijeron que no se construiría la ciudad”, recuerda. “Pensé: aquí estamos nosotros y seguiremos luchando siempre, junto a nuestros vecinos”.

Haber resistido durante décadas también tiene mucho valor para Josep Molist: “Seguir viviendo aquí después de 50 años es un logro que hemos conseguido a base de muchos esfuerzos y sacrificios”. En la misma línea, Duñach, explica que continuar en el pueblo es un “gran orgullo” para ella y su familia.

Medio siglo después, los vecinos siguen sin ser propietarios de sus casas

El fracaso del proyecto urbanístico no resolvió, sin embargo, una de las principales consecuencias de aquellas expropiaciones. Las familias que continúan viviendo en Gallecs y los agricultores que siguen trabajando sus campos ya no son jurídicamente propietarios de los terrenos.

En 1981, la titularidad de los terrenos pasó a corresponder al Institut Català del Sòl (INCASÒL), organismo de la Generalitat. Eso implica que, pese haber construido y mantenido sus propias casas durante generaciones, las familias de Gallecs no poseen la propiedad legal de las viviendas donde residen actualmente.

“Por mucho que legalmente nuestra situación pueda parecer la de unos ocupas, siempre sentiremos que estas casas y tierras son nuestras, porque las construyeron nuestras propias familias y las hemos mantenido durante generaciones”, expresa Duñach.

En 2005 se aprobó un Plan Director Urbanístico que puso fin al proyecto de construcción de la ciudad y estableció las bases para proteger el territorio. Los vecinos de Gallecs, sin embargo, lamentan que el plan no incluyera la regularización de la propiedad de las casas y de las tierras de las familias afectadas por las antiguas expropiaciones.

“Si las tierras ya no tienen clasificación urbanística y se han declarado ecológicas, ¿por qué no nos las devuelven?”, plantea Duñach. “Solo queremos recuperar lo que nos expropiaron”.

Desde 2009, además, Gallecs está considerado espacio natural protegido y las tierras se cultivan únicamente a través de la agricultura ecológica. De hecho, desde el INCASÒL consideran que Gallecs se ha convertido en un referente, en relación a la investigación e innovación en agricultura ecológica.

Vivir en Gallecs sin agua potable ni una red general de alcantarillado

La falta de regularización afecta también a los servicios del lugar. Los vecinos llevan años denunciando la falta de infraestructuras básicas como agua potable o alcantarillado en determinadas zonas. “Muchas casas tienen pozos que se construyeron hace años, pero el problema es que esa agua está contaminada”, explica Rof.

Gallecs no dispone de una red pública general de abastecimiento de agua potable para las viviendas y el suministro se ha realizado históricamente mediante pozos. Pero las aguas están contaminadas desde hace décadas por la presencia de nitratos debido al uso de fertilizantes y purines para la actividad agrícola del lugar.

El lugar, en el que continúan viviendo unas 40 familias, tampoco pertenece a un municipio concreto. Gallecs está dividido entre Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall y Montcada i Reixac.

También residen en Gallecs personas que ocuparon viviendas durante los años de las expropiaciones. Las tres personas entrevistadas, todas ellas pertenecientes a familias con varias generaciones vinculadas a Gallecs, coinciden en que, en la mayoría de los casos, la convivencia con estas personas es buena.

De hecho, Molist explica que algunos de estos ocupas fueron quienes organizaron las manifestaciones en contra de la construcción de la ciudad. “La lucha vecinal de Gallecs tuvo mucho fuerza y, en parte, fue uno de los motivos por los que se acabó frenando el proyecto”, asegura.

El proceso de regularización, en su fase final

Medio siglo después, los vecinos de Gallecs siguen reclamando poder decidir sobre un territorio que, aunque legalmente no les pertenezca, han continuado habitando, trabajando y manteniendo durante generaciones.

En marzo de 2024, la Generalitat empezó un proceso de regularización de las diferentes “situaciones posesorias irregulares existentes” en Gallecs. Desde el INCASÒL aseguran que el proceso se encuentra en la fase final de las adjudicaciones de las tierras y prevé que los contratos puedan firmarse en las próximas semanas.

El organismo explica también que se empezarán regularizando las tierras de cultivo y que, posteriormente, se abordarán las viviendas particulares.

El Departamento de Salud ha avisado de que algunos impactos del uso de pantallas en niños y jóvenes pueden ser “irreversibles” y ha pedido una respuesta “global” para evitar los daños asociados a su abuso. Lo ha reclamado la subdirectora general de Adicciones, Lluïsa Conejos, que ha afirmado que la conselleria ha creado una nueva Guía de Salud Digital a partir de 700 estudios científicos.

El trabajo divide los impactos por edades y apunta a riesgos físicos, mentales y relacionales como retrasos en el desarrollo, caries, miopía, trastornos del sueño, problemas emocionales y violencias digitales. Conejos también ha admitido que el exceso de pantallas podría estar relacionado con los malos resultados del informe PISA. La guía servirá de base para que el Govern concrete medidas para familias y profesionales.

Conejos ha apuntado que uno de los datos más destacados es la edad “muy temprana” a la que los niños acceden a este tipo de dispositivos: “La edad media de acceso al primer móvil es de 10,8 años”. Entre los alumnos de primaria, el porcentaje de alumnos con teléfono es del 51,6%, mientras que en la ESO la cifra se eleva hasta el 92,8%. Conejos ha señalado la importancia de retrasar el acceso a esta tecnología porque, al tener móvil, muchos niños y niñas acceden a las redes sociales cuando todavía no tienen capacidad para “discriminar y discernir”.

Por otra parte, ha remarcado que los jóvenes de entre 14 y 18 años dedican de media 4,8 horas diarias entre semana al ocio en internet y 6,7 horas durante el fin de semana. Los videojuegos tienen también una presencia muy elevada: juega a ellos el 84,9% de los jóvenes, un porcentaje que llega al 97% entre los chicos y al 72,8% entre las chicas. Uno de cada dos chicos dedica más de dos horas diarias a ello, frente a una de cada siete chicas.

En cuanto a las redes sociales, el 74% de los adolescentes dedica dos horas o más entre semana y el porcentaje sube hasta el 88% durante el fin de semana. Conejos ha revelado que los datos analizados han mostrado que un 34% de los alumnos de entre 14 y 18 años presenta “un posible uso problemático de las redes sociales, asociado a aspectos como la pérdida de control, la persistencia en el uso, la preocupación excesiva por conectarse o el malestar cuando no pueden hacerlo”.

Asimismo, ha dicho que, en el caso de internet, un 23% padece un “uso compulsivo, con síntomas como dormir menos o pasar menos tiempo con otras personas”. En cuanto a los videojuegos, los indicios de posible adicción llegan al 10,7% entre los chicos y al 2,2% entre las chicas.

Los efectos cambian según la edad

Una de las novedades de la nueva guía es que, por primera vez, los impactos sobre la salud se han clasificado según el momento evolutivo de la persona. Así, el documento ha diferenciado entre la primera infancia, la etapa que va de los siete a los once años y los diferentes momentos de la adolescencia.

Entre los 0 y los 6 años, el análisis ha identificado posibles retrasos en el desarrollo del lenguaje y del aparato motor, dificultades en la percepción de la realidad, sedentarismo y aumento de peso, miopía, alteraciones del ciclo circadiano y cambios en el funcionamiento cognitivo y emocional. También ha señalado el desplazamiento de las interacciones cara a cara.

Entre los 7 y los 11 años, la guía ha apuntado interferencias en el aprendizaje, un aumento del riesgo de miopía y de exceso de peso, trastornos del sueño y malestar emocional. Uno de los elementos que ha sorprendido a los expertos que la han elaborado ha sido la vinculación entre el uso de pantallas y la aparición de caries. “Está relacionado con el consumo de bebidas o alimentos azucarados delante de las pantallas”, ha explicado Conejos.

En la adolescencia, entre los 12 y los 15 años y entre los 16 y los 18, se han identificado, entre otros efectos, una menor interacción cara a cara y la sustitución de otras actividades, una disminución de la capacidad de atención e interferencias en el aprendizaje. El análisis también ha señalado cuestiones relacionadas con la privacidad y la intimidad, el malestar emocional, la sintomatología ansiosa y depresiva, la autoestima y el ciberacoso.

A estos efectos se añaden alteraciones en la calidad del sueño, violencias digitales, impactos en la imagen corporal, otros problemas físicos, la promoción de hábitos no saludables y la presencia de “patrones oscuros”, dinámicas de azar y micropagos.

No solo importa el tiempo de exposición

Conejos ha remarcado que el impacto de las pantallas no depende únicamente del número de horas de exposición. Según ha explicado, también intervienen el contexto, la edad, la familia, las pautas educativas y las oportunidades de ocio, así como factores relacionados con las desigualdades sociales, la educación, la vivienda y la competencia digital.

La subdirectora general de Adicciones también ha apuntado a elementos propios del entorno digital, como los algoritmos y los diseños de las plataformas, y a factores protectores como los vínculos familiares, la capacidad de resiliencia y la alfabetización mediática.

Además, ha señalado la relación entre una conexión muy intensa a las pantallas y las relaciones presenciales. Según Conejos, “el niño y el adolescente que tiene una conexión muy intensa a las pantallas, es mucho más probable que tenga después dificultades en su relación con los demás en el nivel presencial de la relación humana”.

También ha puesto el acento en la relación con uno mismo y en la regulación emocional. En este ámbito, ha defendido la importancia de aprender a gestionar las dificultades y las propias emociones para madurar emocionalmente. Conejos ha vinculado esta cuestión con la construcción de la identidad en las redes sociales y ha advertido de que, cuando esta identidad no se ajusta a la realidad, puede dificultar la conexión con aquello que la persona siente y con lo que le sucede.

Conejos ha hecho referencia al término “irreversible”, sobre todo para referirse a los impactos que se producen durante la primera infancia y especialmente en los primeros años de vida. Ha puesto como ejemplo el vínculo de seguridad y de presencia entre el bebé y las personas cuidadoras.

Según ha explicado, este vínculo implica que la persona cuidadora esté conectada con las necesidades del niño y sus emociones. Ha asegurado que no gestionar adecuadamente este vínculo, a menudo porque los adultos están “poco presentes” o, incluso, “conectados a sus propias pantallas”, puede tener un impacto irreparable en los pequeños.

En este contexto, se ha referido a los malos resultados registrados en el último informe PISA y ha considerado que “los adolescentes con índices bajos en estas evaluaciones seguramente vienen de antecedentes previos en la infancia en los que el aprendizaje no ha sido todo lo rico que hubiera debido y en los que el uso de pantallas también ha tenido presencia”. Asimismo, ha comentado que el uso intensivo de las redes puede reducir el tiempo disponible para estudiar, relacionarse con los amigos o realizar otras actividades, y también ha apuntado al posible mal uso de las tecnologías para hacer tareas escolares.

Una respuesta que implique a todo el entorno

Conejos ha explicado que, a partir del diagnóstico realizado por Salud, el Govern definirá una serie de medidas y recomendaciones para “prevenir” y reducir estos riesgos. Ha defendido que estas propuestas no se centren únicamente en la responsabilidad individual del “adolescente que hace un mal uso de las pantallas” y que estén orientadas a conseguir un beneficio global para toda la sociedad.

Ha apostado por que estas políticas sean el resultado de un “trabajo de colaboración con otros departamentos de la Generalitat” lo más consensuado posible y ha remarcado que las propuestas deben proporcionar herramientas y estrategias a las personas adultas que rodean a los jóvenes: “Deben implicar al conjunto de su familia, de sus cuidadores, de los educadores en general y de las personas adultas que están a su alrededor”.

Aunque ha insistido en que será el ejecutivo de Salvador Illa el que tendrá que concretar las acciones, se ha mostrado a favor de retrasar el contacto de los niños con las redes sociales y los móviles o facilitar herramientas a familias y educadores para prevenir los efectos asociados al uso de las pantallas. También ha remarcado la importancia de que los adultos sean más conscientes del uso que hacen de los móviles y se conviertan en un buen modelo para niños y jóvenes.

Precisamente este martes por la tarde, el presidente de la Generalitat participará en el acto «Protejamos a la infancia. Apaguemos pantallas, abramos libros», en el que previsiblemente se presentarán algunos de los ejes en los que la Generalitat se plantea incidir. También estarán presentes la consellera de Salut, Olga Pané, y la consellera de Educación, Esther Niubó.

Les escoles han de fer front a unes condicions climàtiques que ja no són les de fa unes dècades. Per donar resposta a aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla Actualitza Clima, que climatitzarà els 2.530 centres educatius públics del país entre els cursos 2026-2027 i 2030-2031, i que mobilitzarà fins a 2.500 milions d’euros. 

Les actuacions poden incloure sistemes de fred i calor, ventilació i renovació de l’aire, substitució d’instal·lacions tèrmiques obsoletes, millores en l’envolupant dels edificis i incorporació d’energies renovables. La necessitat d’aquest pla respon a l’antiguitat dels equipaments escolars catalans. Prop del 25% dels edificis són anteriors al 1960 i un 70% es van construir abans que s’aprovés el reglament estatal que regula les instal·lacions tèrmiques dels edificis. L’adaptació haurà de tenir en compte, per tant, les característiques de cada centre educatiu. 

Un entorn propici per a l’aprenentatge

El Pla Actualitza Clima persegueix tres objectius prioritaris: assegurar el confort tèrmic de l’alumnat tant en els mesos més calorosos com en els més freds, garantir la qualitat de l’aire interior i millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels equipaments. 

La millora de la climatització dels centres afavorirà la concentració i el benestar d’alumnes i docents i professionals de les escoles. 

Cinc anys per actualitzar els centres

El desplegament del pla ja ha començat amb una primera fase que actuarà sobre un centenar de centres. La selecció té en compte criteris tècnics i factors com la climatologia de la zona, l’orientació de les aules, l’any de construcció del centre, la vulnerabilitat de l’alumnat i tipologia constructiva, entre d’altres.

La previsió és que aquestes primeres actuacions estiguin en funcionament durant el curs 2027-2028. Aquesta etapa inicial mobilitzarà una dotació de 100 milions d’euros repartits en dos anys. A partir d’aquí, el pla avançarà progressivament fins a arribar al conjunt dels 2.530 equipaments. La magnitud de l’actuació també es reflecteix en la inversió prevista de fins a 2.500 milions d’euros. 

El desplegament combinarà diferents vies d’execució, amb la participació de la Generalitat i dels ens locals. En aquesta primera fase, la preparació dels projectes, la contractació i l’execució de les actuacions s’articularan mitjançant encàrrecs a l’empresa pública Infraestructures.cat.

Més confort, menys consum

L’adaptació climàtica també obre la porta a una transformació energètica dels centres. L’aerotèrmia serà una de les tecnologies prioritàries per la seva elevada eficiència, tot i que cada equipament podrà incorporar la solució que resulti més adequada a les seves característiques.

La climatització es coordinarà, a més, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per afavorir l’autoconsum i l’ús d’energia neta i de proximitat. 

Aquest 2026 la transformació dels equipaments educatius ja compta amb una inversió de 258 milions d’euros, que inclou 145 milions destinats a grans construccions i ampliacions, i un fons extraordinari de 100 milions perquè els ajuntaments puguin executar obres de reforma, adequació i millora.

Los Bomberos de la Generalitat, unos 800 según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona para exigir unas condiciones laborales dignas y los recursos necesarios para tener un cuerpo preparado ante los nuevos retos en emergencias. Los bomberos se han concentrado en la plaza Sant Jaume y han ido en manifestación hasta el Departamento de Interior.

Los manifestantes, con bocinas y pirotecnia, han reclamado recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como mejorar los equipos de trabajo y, en concreto, la gestión de los contaminantes. Desde la CGT, Joan Vidal ha afirmado que reclaman un incremento de salario, pero que la protesta no va solo de eso, sino que quieren “más formación, una estructura de apoyo real, gestión de los contaminantes o una feminización real del cuerpo”.

Sobre la gestión de los contaminantes, Vidal ha explicado a los medios que la situación es “bastante grave”. “La última aportación de la administración fue traernos jabón de manos y unos cepillos”, ha asegurado. Ha añadido que los bomberos están expuestos a los tóxicos, por ejemplo al humo en incendios, y ha lamentado que acaben limpiando ellos el material, cuando ha considerado que debería ser una empresa especializada quien lo hiciera o gente “con la formación adecuada”.

Ha augurado también que vendrán “tiempos difíciles” en lo que respecta a las emergencias, y por eso ha reivindicado la estructura y los recursos necesarios para poder afrontar esta situación.

Desde Bomberos Voluntarios Precarios en Lucha, Daniel Sitjà, ha reivindicado que todos son trabajadores, también la figura del bombero voluntario, y por eso ha dicho que deben tener garantizada también la prevención de riesgos laborales. “La prevención de riesgos laborales no la podemos tener si no tenemos derechos laborales”, ha manifestado.

Por otra parte, el responsable de UGT Bomberos de la Generalitat y sargento del cuerpo Antonio del Río ha exigido al Govern que cumpla los acuerdos alcanzados hasta 2026 y ha dicho que el cuerpo está afrontando emergencias con estructuras “obsoletas y debilitadas por años de desinversión”.

Del Río ha planteado también la necesidad de crear “un nuevo cuerpo de país” que aglutine a los Bomberos de Barcelona, los de la Generalitat, Protección Civil y las emergencias médicas. “Parece utópico, pero es lo que necesita un país como Catalunya”, ha declarado. Asimismo, ha considerado que “no es aceptable” que la respuesta a una emergencia “sea diferente” según si te atienden los bomberos de Barcelona o los de la Generalitat. Ha añadido que esta diferencia también se ve en las condiciones laborales de los profesionales de un cuerpo y del otro.

Además, ha planteado que los “esfuerzos” que está haciendo la Generalitat al aportar más recursos, material e infraestructuras, “muchas veces chocan con la improvisación y la falta de planificación”.

Protesta y reunión en Interior

La manifestación ha acabado en el Departamento de Interior, donde se estaba produciendo una reunión entre los sindicatos y miembros de la consejería. Los bomberos se han encontrado el acceso principal protegido con una doble valla y presencia de los Mossos d'Esquadra. Los manifestantes han hecho mucho ruido, con bocinas y pirotecnia, y también han lanzado botes de humo. Además, han encendido unos palés de madera en los que había una pancarta con los nombres de algunos compañeros muertos en los últimos años mientras trabajaban.

Uno de los delegados sindicales participantes en la reunión ha salido y ha valorado que el encuentro había empezado “muy mal”, pero que había mejorado después. Según ha relatado, les han hecho una primera propuesta para alcanzar el sueldo mínimo que tienen los Bomberos de Barcelona –que es superior– , “pero ampliando la jornada”, algo que ha asegurado que no aceptarán. Por otra parte, ha dicho que les han hecho una propuesta de gestión de los contaminantes “imprecisa” y que se había hablado del tema de los bomberos voluntarios “por encima”. Con todo, se ha mostrado optimista sobre las conversaciones.

El cierre de comercios históricos, algunos de ellos centenarios, suele convertirse en noticia por el arraigo que mantienen entre sus clientes y vecinos. La falta de relevo generacional, el descenso de las ventas o el aumento de los alquileres son algunas de las razones que explican estas clausuras, cada vez más frecuentes entre negocios tradicionales.

Para frenar esta sangría, y proteger a los comercios emblemáticos, la Generalitat de Catalunya acaba de anunciar una reforma legislativa que incluye la compra preferente de estas tiendas cuando estén a la venta. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, dentro de un Plan de Protección de Ejes Comerciales Estratégicos. 

El descenso de estas tiendas históricas, a menudo especializadas, es una realidad: en Barcelona, por ejemplo, se han perdido una de cada cuatro mercerías, droguerías y pescaderías en una década. 

Para paliarlo, el plan anunciado por el Govern prevé adaptar la normativa catalana para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos puedan ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, que es la preferencia para adquirir inmuebles frente a otros compradores privados. Su intención es circunscribir este derecho a comercios que los municipios consideren “estratégicos”, ya sea por su valor histórico o patrimonial o por estar ubicados en ejes considerados “esenciales” para la vida vecinal. 

“El comercio ha dejado de ser una política económica para convertirse en una política urbana estratégica”, ha declarado Sámper. “Debemos disponer de herramientas para preservar establecimientos y ejes comerciales que contribuyen de forma decisiva a la vitalidad de nuestros barrios”, ha argumentado durante el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada vinculada a la capitalidad europea del comercio que ostenta Barcelona este año 2026. 

Barcelona ya prepara un fondo

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que preparan un fondo con el que empezar a desplegar estas adquisiciones. El objetivo, ha declarado, es “preservar la actividad” de estos establecimientos en los barrios. s.

Collboni ha concretado que se trata de negocios que, “por el papel que desempeñan en un eje comercial o porque garantizan un servicio necesario”, deben continuar abiertos.

“Haremos que un ayuntamiento pueda adquirir directamente locales comerciales emblemáticos o estratégicos que por sus características históricas o por el papel que juegan en un barrio se deben preservar”, ha explicado.

Miles de alumnos en Catalunya encaran el primer curso de su vida escolar en el que no van a ir de colonias ni de excursión fuera del centro. Tampoco habrá viajes de fin de etapa. Es la consecuencia de una protesta que surgió en algunos colegios el curso pasado y que ya secundan cientos de claustros: no llevar a cabo estas actividades hasta que mejoren las condiciones del profesorado.

A la iniciativa se han sumado oficialmente 1.354 escuelas e institutos, más de la mitad de los centros públicos catalanes. En algunos casos, se han puesto de acuerdo todos los colegios de un mismo municipio, a través de las asambleas docentes. La intención de sus impulsores es añadir presión al Departamento de Educación para resolver el conflicto que arrastran desde el curso pasado.

Sin embargo, no todo el mundo dentro de la comunidad educativa apoya esta forma de protesta. Las familias han mostrado ya sus reservas, especialmente por la cancelación de excursiones dentro del horario lectivo, y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo) alerta de que puede perjudicar a los alumnos de entornos más desfavorecidos. 

Mientras tanto, las empresas y entidades del sector del ocio educativo que contratan a monitores y gestionan casas de colonias y campamentos, como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, han dado la señal de alarma. Este septiembre, momento en el que muchos centros reservan estas actividades de cara a final de curso –sobre todo en el caso de las colonias–, la caída de la demanda es del 80%. 

Durante las negociaciones con los sindicatos para poner fin a este boicot, el Govern decidió compensar a los docentes con 50 euros por cada excursión con pernoctación, con un máximo de dos profesionales por grupo. Sin embargo, a los impulsores de la movilización no solo les parece insuficiente esta compensación, sino que condicionan la recuperación de estas actividades al desenlace del conflicto docente en su conjunto, que incluye reivindicaciones como aumentos retributivos, refuerzos de personal o la climatización de las aulas.

“Hemos eliminado todas las actividades que incluyen trabajar fuera del horario lectivo”, resume Rubén, docente de la escuela Francesc Feliu de Aitona, en Lleida. En este centro, solo harán salidas puntuales si no incluye la hora de comedor –porque no está compensada–, o si se pueden hacer sin autocar. Solo harán excepciones, añade, en celebraciones puntuales –como el festival de Navidad– u otras actividades que tengan una justificación educativa suficiente. 

“No es una medida que haya venido para quedarse”, advierte Rubén. “Nosotros creemos en estas excursiones, creemos que hay niños y niñas que si no es de esta forma, tienen pocas oportunidades”, añade, y por eso apremia a la Generalitat a atender a sus demandas. “50 euros por noche no me convencen ni a mí ni a la mayoría, es un parche que no soluciona los problemas de fondo”, expresa este docente.

Al margen del amplio apoyo docente, asociaciones de familias y el Síndic de Greuges apremian a las partes a ponerle solución para que los alumnos no se queden con una actividad que consideran estrechamente vinculada al derecho a la educación. 

Lidón Gasull, presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (AFFAC), entiende que se cancelen las pernoctaciones fuera del centro si no se reconocen con pluses salariales y una regulación más clara, pero se opone a que se renuncie a cualquier salida del colegio, sea para ir al teatro, al campo o a un museo. “Los profesionales tienen derecho a reivindicar mejores condiciones para hacer salidas, pero estas se deben garantizar”, reclama Gasull, que señala que el mecanismo de presión ya previsto para canalizar este descontento son las huelgas, no el boicot. 

“Lo que más nos preocupa es que nadie mueve ficha y que estas actividades se dejen de hacer, o peor, acaben lideradas no por los claustros, sino por iniciativas de carácter privado desvinculadas del proyecto educativo del centro”, reflexiona. En este punto, todas las fuentes consultadas reconocen que son las públicas quienes secundan la protesta, mientras las concertadas seguirán con sus planes de excursiones y viajes de final de curso.

Andreu Termes, investigador del Globalisation, Education & Social Policies de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincide con el temor de Gasull. “Confío en que la negociación llegue a buen puerto antes de que se cumpla la amenaza, porque incrementará las desigualdades para todos aquellos alumnos de la pública que no pueden realizar estas actividades en contextos no escolares”, resume. 

Paradójicamente, Termes ve una parte positiva en el revuelo que ha levantado esta protesta, tanto en la Administración como con las familias o con el propio Síndic de Greuges: es la señal de que estas excursiones importan a la comunidad educativa. “Tienen mucho valor: cognitivo, académico, psicosocial, emocional… Ofrecen oportunidades claramente únicas para algunos alumnos”, tercia.

Los que más aprietan para que Educación y los docentes resuelvan este conflicto son las empreas del sector, agrupadas en torno a la patronal ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), que emplean a unas 10.000 personas. “El impacto es terrible, y la gran mayoría son empresas pequeñas”, apunta el gerente Pep Montes. Las reservas de colonias escolares, asegura, se han desplomado por ahora un 80%. 

Montes se declara impotente ante un conflicto que golpea con dureza a un sector que poco puede hacer para solucionarlo. “Somos espectadores atónitos, no somos ni causa ni solución de esta crisis”, lamenta, y pide al Govern “flexibilidad” e “inventiva” para atender a las reivindicaciones docentes. Por ahora, la Generalitat ha anunciado una línea de préstamos bonificados de hasta 100.000 euros a estas empresas para detener el golpe de este curso.

Llamada a la convivencia y contra el odio del president de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional de la Diada. El jefe del Govern ha instado a enorgullecerse de que ciudadanos nacidos en distintas partes de España y el mundo “se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho”. “En Catalunya somos y queremos continuar siendo un solo pueblo”, ha agregado.

La Diada del ecuador de la legislatura de Illa llega en un clima preelectoral, con el Govern encadenando crisis (huelga de maestros y dimisión de Trapero esta misma semana) y con la vista de los partidos en las elecciones generales y municipales de 2027.

Las alarmas están encendidas por el fuerte ascenso que detectan las encuestas para Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, en casi todos los municipios. La tensión que genera la extrema derecha independentista se ha vuelto a constatar este miércoles en el Fossar de las Moreres en la previa de la Diada nacional de Catalunya.

En sus palabras a los catalanes, Illa ha celebrado la diversidad de Catalunya “gracias a los vínculos humanos generados entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país”.

“No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia en Catalunya. En nuestra casa el odio no cabe”, ha enfatizado el president, en referencia al clima hostil que despliega en municipios y redes la extrema derecha contra los migrantes.

El president ha insistido en el “latido común” y el “sentido colectivo, fraternal y humano del país” sea cual sea el origen de los catalanes. “Sintámonos orgullosos de nuestra capacidad para que personas nacidas en distintos sitios —de Andalucía a Extremadura, de Marruecos a Colombia— se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho, con deberes también por cumplir”.

“Nadie es más catalán que nadie. Catalunya somos todos y todas”, ha ahondado Illa. Citando a uno de sus referentes políticos, el expresident Terradellas, el jefe del Govern ha instado a que Catalunya sea “la avanzada del bienestar, la prosperidad y la democracia de los pueblos de Europa y el mundo”.

El president ha pedido “alzar la mirada” ante el momento “trascendental” que vive el mundo y “actuar con unidad de país”: “Haremos grande a Catalunya si no nos limitamos a mirarnos el ombligo y encogernos”. También ha solicitado “renovar la confianza en el país, las instituciones, las personas y las potencialidades” de Catalunya.

Se cumple medio siglo de una de las Diadas más recordadas en Catalunya: la de Sant Boi de Llobregat. El primer 11 de septiembre tras la muerte de Franco congregó a decenas de miles de catalanes en esta localidad metropolitana, y este miércoles, dos días antes de la Diada de 2026, autoridades y protagonistas de aquella fecha han querido recorcarlo y reivindicar la vigencia de algunas de sus reivindicaciones.

En un acto de conmemoración conducido por los periodistas Manuel Campo Vidal y Àngels Barceló, el president Salvador Illy ha destacado la “fragilidad” de las instituciones y del sistema democrático cuando se cumplen 50 años de aquella Diada, y ha afirmado que “ninguna conquista es irreversible” y que “los derechos y las libertades hay que cultivarlos”. “Cuesta muchos años y esfuerzo ganarlos y poco tiempo perderlos”, ha alertado.

Por su parte, el abogado y político Miquel Roca, uno de los oradores en aquella histórica Diada de 1976, ha reivindicado el valor de la “unidad” y el “respeto a la diversidad” en el esfuerzo por “preservar” la libertad. “Catalunya nos necesita a todos en nuestra lucha”, ha afirmado.

El president ha advertido de que es fácil creer que el camino hacia la democracia fue “plácido”, pero ha hecho un llamamiento a no “banalizar” lo conseguido hasta ahora. “Vivimos en un momento que exige el mismo ímpetu que inundó Sant Boi en 1976”, ha afirmado, antes de alertar de que hoy el principal “elemento diferenciador” en política es entre demócratas y autoritarios.

Ante esta realidad, ha defendido la necesidad de alejarse del derrotismo para recuperar el “compromiso democrático” de aquella Diada de hace 50 años. Por ello, el presidente ha reclamado conservar las “convicciones profundas”, mejorar las “condiciones materiales” de la ciudadanía y profundizar en la “convivencia democrática” de las diferentes opciones políticas.

Illa también ha reivindicado el espíritu “unitario” de la movilización por la Diada de 1976. “La libertad que se reclamaba en Sant Boi no era la de unos pocos, era la de todos los que soñaban con un futuro en esta tierra, vinieran de donde vinieran”, ha dicho. Por ello, ha afirmado que el Onze de Setembre de este año debe conservar el mismo “espíritu” que hace 50 años y ser “abierto a todo aquel que quiera sumarse”.

Según el president, la primera Diada después de la dictadura fue “uno de los episodios más alentadores” que ha vivido Catalunya, ya que Sant Boi se convirtió “en el corazón” del país. “Fue el epicentro donde todas las energías democráticas del país se reunieron bajo un mismo clamor. Había una voluntad que no cabía en unas siglas: la voluntad irrefrenable de acabar con 40 años de dictadura y abrir paso a la democracia”, ha defendido.

Roca ha hecho un llamamiento a la unidad con un mensaje “integrador”. “Catalunya somos todos, y Catalunya será del pueblo o no será”, ha expresado, antes de añadir que el país necesita a “toda su gente” para hacer frente a los retos de la actualidad, entre los que se encuentra la preservación de la libertad.

“Hace 50 años decíamos que queríamos la libertad para conservarla. Este sigue siendo nuestro compromiso”, ha asegurado. Según el abogado, Catalunya es “sinónimo” de libertad, y ambos conceptos son “indisociables”. Roca también ha compartido una advertencia: “La lucha por preservar la libertad no acaba nunca”, ha dicho, y ha hecho un llamamiento a los oyentes a “comprometerse” y “servirla para siempre”.

Sobre la movilización de 1976, Roca ha explicado que aquella cita histórica no debe recordarse “desde la nostalgia, sino desde la satisfacción por el trabajo bien hecho”. Los organizadores de aquella Diada en Sant Boi fueron “pioneros en la lucha por las libertades democráticas y la recuperación de las instituciones de gobierno”, ha dicho, motivo por el cual ha defendido la necesidad de “ratificar la fidelidad” a aquellos principios.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha argumentado que aquella Diada convirtió su ciudad “en el epicentro de las reivindicaciones y los anhelos de todo un pueblo”. Según ha dicho, aquella movilización abrió “un nuevo camino” para Catalunya, y Moret ha defendido que los habitantes de Sant Boi son hoy “herederos del espíritu del 76”. “Somos conscientes del papel que la historia nos ha deparado”, ha afirmado.

La de Sant Boi fue la primera celebración pública del Onze de Setembre después de la dictadura, celebrada cuando solo habían pasado diez meses desde la muerte de Francisco Franco y cuando el régimen todavía mantenía en pie buena parte de sus estructuras. Prevista inicialmente en el parque de la Ciutadella de Barcelona, el Gobierno Civil acabó trasladándola al municipio del Baix Llobregat, donde reunió a decenas de miles de asistentes.

Fue el 8 de mayo del 2024, en el debate de los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Salvador Illa se llevó todos los titulares al anunciar por sorpresa que si llegaba al Palau de la Generalitat nombraría al major Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos. Resarcía así al policía más famoso de Catalunya, apartado por el Govern de ERC y más que distanciado de Junts.

El fichaje estrella del president ha durado dos años en el Ejecutivo y se suma a la lista de bajas del Govern de Illa en ámbitos muy sensibles y por varios motivos: Educación (por el fiasco de la conselleria con el informe PISA), la dirección general de Infancia (por la crisis en la atención a menores tutelados) o las “razones personales” que ya llevaron a dejar el cargo a la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. Hace solo una semana, además, el número dos de Interior dejó el cargo para volver a su puesto de funcionario. Y este martes se conocía la renuncia del director general de Ejecución Penal y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho. Cinco salidas en 10 días.

Cuando Illa anunció el fichaje del major, llamó la atención que el cargo que se le reservaba era de carácter político: una dirección general que tradicionalmente había estado ocupada por perfiles poco conocidos y en ningún caso uniformados. Algo que con Trapero era imposible, dentro y fuera de la conselleria. No es lo mismo la jefatura operativa de los Mossos que una dirección general de una conselleria y pasar de un lado a otro no fue fácil para nadie.

Illa también había anunciado en campaña que si llegaba a presidente, elegiría a la entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, como consellera de Interior. Así que tanto ella como Trapero sabían que deberían trabajar juntos. Se conocían, ambos son de la misma ciudad, y no parecía que tuviese que ser un problema. Pero al final lo ha sido.

A finales de agosto, el ya exdirector general comunicó a la consellera su decisión de dejar el cargo. Ahora regresará al despacho que ocupó en la pasada legislatura como jefe de la comisaría de Inspección y Evaluación.

Parlon desembarcó en el departamento con el equipo de confianza que tenía en el ayuntamiento y los desencuentros con Trapero empezaron pronto, ya fuese por los mensajes que querían transmitir en público, por decidir cuándo y quién lo hacía, hasta el último gran encontronazo, la elección del sustituto del comisario jefe, Miquel Esquius, cuando se jubilase. La consellera abogó por que fuese una mujer y, al final, la escogida ha sido Sílvia Catà, de quien Parlon destaca su capacidad de trabajar en equipo.

En público y en privado el Govern ha elogiado la labor de Trapero y ha quitado importancia a las discrepancias entre el exdirector general y la consellera. “Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo”, se limitó a señalar Parlon ante la insistencia de los periodistas.

La rueda de prensa de este miércoles estaba convocada para presentar a la nueva jefa de los Mossos y felicitarse de que, por primera vez, una mujer ocupe ese cargo, pero acabó monopolizada por la renuncia de Trapero. El major no acudió al Palau de la Generalitat, donde Illa recibió a Catà y al nuevo director general, el comisario Ferran López.

La impronta de Trapero se ha notado en la lucha del Govern contra la pequeña delincuencia. La seguridad se ha convertido en una de las banderas del Ejecutivo de Illa. La presión policial ha aumentado y el refuerzo judicial ha permitido reducir la espera para los juicios de hurtos y robos. Pero el apoyo para endurecer las penas a este tipo de delincuentes ya tiene sus efectos en el incremento, por primera vez en décadas, de la población penitenciaria catalana.

Los roces entre Trapero y Parlon también aparecieron a raíz de la infiltración policial en una asamblea de docentes que preparaba una huelga el pasado mayo. Tras cerrar filas sin matices con el cuerpo, el Govern terminó admitiendo el error y lo atribuyó a una “inercia operativa” de los servicios de información de los Mossos, pese a lo cual el caso, pendiente de sentencia, no ha comportado el cese de ningún mando. Parlon era partidaria de ello.

Los grupos de izquierda celebraron la dimisión de Trapero (la habían pedido, sin éxito, por el espionaje). Además, recordaron su historial polémico en la dirección general, con la reintroducción del gas pimienta contra manifestantes o el fallido plan para que agentes de paisano acudieran de forma permanente a escuelas con conflictos.

Desde ERC, la diputada Ester Capella pidió “abrir una nueva etapa” en los Mossos y vio “necesaria” la marcha del director general “por los errores acumulados”. El portavoz de los Comuns, David Cid, consideró la salida de Trapero “una buena noticia”, mientras que el parlamentario de la CUP Xavier Pellicer la tildó de “victoria” de los movimientos sociales.

Más allá fue Junts, que reclamó el cese de Parlon y vinculó el “incremento de la inseguridad en la calle” con el “caos” del departamento de Interior, en palabras de su portavoz, Salvador Vergés. Mismo sustantivo —“caos”— empleó el diputado de Vox Joan Garriga, que también pidió el cese de la consellera.

Sin la relevancia pública de Trapero, el nuevo director general, Ferran López, vuelve a ser un uniformado en un puesto político. López, antigua mano derecha de major en el cuerpo, fue el jefe de los Mossos durante el 155, y tras un breve paso por el F.C. Barcelona como jefe de seguridad, se reincorporó en 2022 en la policía catalana. Sabe lo que es manejarse en situaciones extremas (fue miembro del cuerpo de élite de los Mossos, los GEI), pero ahora le toca enfrentarse a una dirección general.

Los vecinos afectados por el socavón provocado por las obras de la línea L9 del metro de Barcelona, en el barrio del Putxet, demandarán al Ayuntamiento de Barcelona, tal como ha avanzado el diario Ara. Este movimiento se suma al anuncio que ya hicieron el lunes de demandar también a la Generalitat.

Se trata de demandas colectivas de carácter administrativo que se presentarán ante sendas administraciones, como máximo, el 14 de septiembre. La abogada que representa a los afectados, Carmen Pérez Pozo-Toledano, asegura que reclamarán daños materiales, económicos y morales sobre la base del principio culpa in vigilando, que hace referencia que el contratante de un servicio tiene responsabilidad en que se realice de manera correcta.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente de que las obras estaban causando desperfectos es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apuntó a principios de agosto en una entrevista para elDiario.es.

La letrada asegura que los daños causados a los afectados son “irreparables” y subraya que, a pesar de que pedirán indemnizaciones económica, “nadie quitará el miedo” generado a los vecinos y comerciantes de la zona.

El socavón se generó el pasado 7 de julio, lo que obligó a desalojar a 93 unidades de convivencia, lo que equivale a unas 300 personas. De ellas, un 60% pudieron volver a sus hogares a principios de agosto, pero el resto sigue sin poder regresar.

Las estimaciones iniciales hablaban de un desalojo de días que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo. Así, se han convertido en semanas y luego meses: habrá un primer grupo, de 15 viviendas y un local, que podrá volver a mediados de octubre, pero la Generalitat ha reconocido que hasta principios de 2027 no puede asegurar que todo el mundo haya regresado a sus casas.

Dos años ha durado el paso de Josep Lluís Trapero por el Govern de Salvador Illa. El major de los Mossos d'Esquadra ha dimitido como director general de la policía catalana, el cargo político por el que le fichó el president tras su llegada a la Generalitat.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, el relevo de Trapero es uno de los cambios en la cúpula política y policial del cuerpo que ha anunciado este miércoles la consellera de Interior, Núria Parlon.

Las crecientes desavenencias de Trapero con Parlon han marcado el final del paso por la política del major. Su sustituto en la dirección general de la policía será otro destacado uniformado y no un político, el comisario Ferran López, que había sido en el pasado la mano derecha de Trapero.

En su rueda de prensa, Parlon ha tenido solo palabras de agradecimiento para Trapero y ha vinculado su dimisión a una “decisión personal”. “No entraré en especulaciones sobre relaciones personales porque es un terreno pantanoso”, ha apostillado ante las varias preguntas de la prensa.

La consellera también ha explicado que los relevos en los mandos no conllevarán cambios en las políticas, que seguirán siendo continuistas con la etapa de Trapero. Tanto el president Illa como ella misma, ha insistido Parlon, querían que Trapero continuara. “Pero tenemos que aceptar las decisiones personales, faltaría más”, ha agregado.

Según Parlon, Trapero le comunicó su intención de dejar el cargo a finales de agosto. La consellera ha rechazado desvelar los motivos que le dio el director general para explicar su salida, que ha situado en todo momento en la esfera personal.

“[Trapero] ha llegado a un momento de su trayectoria que me dijo que no quería continuar. Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo, pero no creo que sea eso lo que le ha llevado a su decisión”, ha aseverado la consellera.

La cúpula de la policía catalana se ha reunido para formalizar el ascenso de la comisaria Sílvia Catà como nueva jefa de los Mossos d'Esquadra tras la jubilación de Miquel Esquius. La comisaria se convertirá en la primera mujer en asumir el mando de la policía catalana.

Trapero pasó a ocupar un cargo político tras una etapa convulsa al frente de la policía catalana marcada por los atentados del 17-A de 2017, el proceso soberanista y su defenestración primero por el Gobierno central en virtud del 155, su vuelta al mando de los Mossos tras ser absuelto de colaborar con el referéndum y su nuevo cese a manos del Govern de ERC.

La policía catalana ha logrado, con el mando político de Trapero, recuperar del todo la confianza con las altas instancias de la judicatura tras la etapa del procés.

La etapa de Trapero como responsable político de los Mossos no ha sido tan convulsa, aunque tampoco exenta de polémicas. El departamento ha hecho bandera del endurecimiento de la presión policial contra los hurtos y los robos, una receta dura que ha encontrado el pleno apoyo del Govern y el Gobierno pero la advertencia de su falta de eficacia por parte de la judicatura progresista.

En los últimos meses, Trapero ha recibido peticiones de dimisión por parte de la oposición por el plan de introducir a agentes de los Mossos de paisano en las escuelas como forma de abordar los conflictos en las aulas y por el espionaje a una asamblea de docentes que preparaba una de las huelgas del pasado curso.

A diferencia del deteriorado circuito de València, el de Montmeló (Barcelona) luce en perfecto estado. La instalación catalana que acoge el gran premio de Fórmula 1 tampoco tiene los problemas de ruido que han soliviantado a los vecinos de Madrid. Los tres certámenes sí tienen en común, como tantos macroeventos deportivos, la inyección de dinero público como parte esencial para su celebración y funcionamiento.

El circuito catalán ha sumado este verano un nuevo capítulo en el reverso del glamour atribuido a las carreras automovilísticas: la Fiscalía ha abierto una investigación al que fuera secretario general de la conselleria de Empresa en el Govern de ERC entre 2021 y 2024, Oriol Sagrera, por su puerta giratoria en el circuito.

En virtud de su cargo público, Sagrera era consejero delegado de Circuits de Catalunya S.L., la empresa pública propietaria de la infraestructura. Apenas tres semanas después de dejar la conselleria, fue nombrado consejero delegado de Fira Circuit, la sociedad privada a la que la Generalitat, cuando Sagrera era el número dos del departamento de Empresa, concedió la gestión del circuito.

Tal y como adelantó El Periódico y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación sobre la puerta giratoria de Sagrera tras recibir el expediente incoado en la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).

El caso que investiga la Fiscalía suma un nuevo capítulo a las polémicas que arrastra la celebración de grandes premios de motociclismo y Fórmula 1 en Catalunya. Históricamente, la actividad del circuito de Montmeló ha dependido de las ayudas públicas para subsistir, pese a que los responsables políticos de distintos colores alegan que las competiciones producen un retorno positivo en la economía catalana.

Tras varias peticiones, el grupo parlamentario de la CUP logró en la anterior legislatura que el Govern de Aragonès le entregara el contrato que firmó en 2022 con la empresa que organiza la Fórmula 1 para garantizar las carreras en Montmeló hasta 2026. A partir de este año y hasta 2032, los grandes premios serán bianuales.

En virtud del contrato, entre 2022 y 2026, la empresa pública Circuits de Catalunya se comprometió a pagar un total de 127 millones de dólares (casi 110 millones de euros) para celebrar y promocionar la carrera. El acuerdo establecía que esas cantidades “no están sujetas a impuestos en España”.

No fue el único desembolso de dinero a la empresa privada estadounidense que organiza las carreras de Fórmula que se formalizó en el contrato. El circuito catalán tuvo que afrontar obras en para renovar el paddock (la zona interior de la instalación, donde conviven trabajan los equipos cuando no hay actividad en pista) y las instalaciones por 24,7 millones y pagar 2,5 millones de euros en concepto de propiedad intelectual.

Además, la Generalitat se comprometió a avalar el 100% de los pagos en caso de que Circuits no pudiera asumirlos.

El caso de Sagrera

Sagrera fue secretario general de la conselleria de Empresa y Trabajo entre 2021 y 2024, que encabezó Roger Torrent. Durante su mandato, el departamento del que era 'número dos' transformó la gestión del circuito y aprobó sucesivas inyecciones de dinero público para celebrar los grandes premios de coches y motos.

A propuesta de su conselleria, la Generalitat concedió 7,7 millones al año entre 2022 y 2026 para la promoción de la Fórmula 1, más otros 24,7 millones para financiar las obras previstas para la celebración de la prueba. Para las pruebas de motociclismo, las ayudas económicas en el mismo periodo ascendieron a 45 millones.

En los coletazos de la legislatura de Aragonès, en abril de 2024, la conselleria de Empresa adjudicó de forma directa a Fira de Barcelona un contrato de 20 años para la explotación y gestión de la actividad del circuito, que sigue siendo propiedad de una empresa pública donde la Generalitat tiene mayoría. La sociedad gestora es Fira Circuit.

Sagrera cesó como secretario general del departamento el 27 de agosto de 2024. Menos de un mes después, el 16 de septiembre, Fira de Barcelona lo nombró consejero delegado de Fira Circuit. Desde inicios de 2025, el ex alto cargo ya no ocupa la máxima responsabilidad de la sociedad, si bien se mantiene como consejero responsable de las carreras de Formula 1 y MotoGP.

La ley de incompatibilidades de la Generalitat fija un periodo de dos años durante el que cualquier ex alto cargo no puede desempeñar actividades privadas relacionadas con los expedientes y asuntos en los que ha intervenido desde la administración pública.

La puerta giratoria de Sagrera ha terminado en la mesa de la Fiscalía de Barcelona después de que Junts intentara a finales de 2024, sin éxito, recabar los informes jurídicos que justificaron su designación y que el ex alto cargo diera explicaciones en el Parlament por su nombramiento como consejero delegado de Fira Circuit.

El partido de Carles Puigdemont solo obtuvo el apoyo de Vox para que comparecieran ante la Cámara el propio Sagrera, su sucesor en el Govern de Salvador Illa como secretario general del departamento de Empresa, Pol Gibert; y exaltos cargos del Govern de Pere Aragonès como el que fuera su secretario del Govern, Xavier Bernadí; la exsecretaria de administración y función pública Alicia Corral y el exsecretario de Empresa y Competitividad Albert Castellanos.

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, se muestra crítico con la huelga de excursiones escolares y colonias, una protesta extendida por los centros de Catalunya en su conflicto con el Departament de Educación. En una resolución del pasado abril, la síndica Esther Giménez-Salinas considera que estas actividades están “íntimamente relacionadas” con el derecho a la educación y pide a la Generalitat que ponga solución al conflicto para no ponerlas en riesgo.

Durante la oleada de huelgas docentes del curso 2025-2026 en Catalunya, surgió de algunos centros la iniciativa de poner fin a las excursiones escolares –sobre todo las que incluyen pernoctación– como forma de presión al Departament de Educación, dado que tampoco estaban remuneradas.

Durante las negociaciones sindicales, Educación se comprometió a pagar 50 euros por noche a los docentes –a un máximo de dos–, pero muchos lo consideran insuficiente y han mantenido el boicot. Actualmente, en la semana en la que empieza el curso escolar en Catalunya (este 8 de septiembre, con un paro laboral convocado) son más de 1.300 escuelas e institutos las que se han sumado a la iniciativa.

Sin embargo, la síndica Giménez-Salinas se ha pronunciado en contra y también ha mostrado sus reservas sobre otras formas de protesta que se han propagado en algunos claustros más allá de las huelgas convencionales. Esto es, por ejemplo, la eliminación de jornadas de puertas abiertas o la decisión de no hacer “comentarios personalizados” del alumnado en sus boletines de notas.

Sobre las excursiones escolares, reivindica que, pese a no ser “obligatorias”, están vinculadas al proyecto educativo de los centros. “Tienen una función educativa específica que difícilmente puede ser sustituida por actividades alternativas, y ofrecen oportunidades educativas, sobre todo a los niños y adolescentes de familias socialmente menos capitalizadas, de las que no siempre pueden disfrutar por las vías que tienen a su alcance”, argumenta.

En este sentido, cree que su supresión choca con los principios que rigen los proyectos educativos y defiende que su realización debe responder “solo a criterios educativos y de necesidades y composición del alumnado, y no a otras circunstancias”.

Giménez-Salinas lamenta en su resolución que a día de hoy, y con estas actividades consolidadas desde hace décadas, no se haya definido mejor su papel dentro del sistema educativo ni la participación en ellas de los docentes, puesto que su asistencia era voluntaria y no cobraban un plus por hacerlo. La síndica considera que esta actividad debería ser compensada económicamente, con medidas como la pactada de los 50 euros por noche, y asumida por “todos” los miembros del claustro.

En sus conclusiones, la síndica reitera que Educación debe promover las salidas y las colonias “especialmente” de aquellos centros más desfavorecidos. Y recuerda que el alumnado no puede ser excluido de ellas por razones económicas.

En cuanto a los boletines de notas y a las jornadas de puertas abiertas, resuelve que los centros deben informar a los progenitores de la evolución escolar de sus hijos “tras cada sesión de avaluación”, y precisa que debe ser, según decreto de 2022, con informes cualitativos escritos, entrevistas individuales, reuniones colectivas u otros medios oportunos. También pide que, en caso de no haber jornada de puertas abiertas, las familias puedan recibir la información de los proyectos educativos con reuniones antes de comenzar el curso o a través de información actualizada en las webs.

La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.

Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con la que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.

El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).

Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.

A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.

La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.

La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.

En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.

Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.

El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.

“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.

En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.

“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.

En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.

A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.

Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.

El 12 de febrero del 2022 Roger Ferrer entró al quirófano del Hospital de Granollers para una operación de apendicitis. Una intervención sin aparente complicación. Pero, al comenzar, la máquina que le suministraba la anestesia no funcionó correctamente. En vez de quedar sedado por completo, Ferrer pasó 45 minutos despierto y sin apenas oxígeno. Sintió cada corte, movimiento e incisión de la operación, sin poder mover un músculo ni emitir un solo grito para alertar que estaba sufriendo.

Cuatro años después, Ferrer narra cómo el estrés postraumático le ha condicionado la existencia mientras continúa esperando una reparación tanto del hospital como de la Generalitat. “Sentí el dolor de los cortes de la operación y cómo me hurgaban. Viví una experiencia de muerte en vida y no he vuelto a ser el mismo”, resume este hombre de 51 años.

A las secuelas psicológicas de la operación, se le suma la inacción del Hospital y la Generalitat en dar respuesta a las reclamaciones de Ferrer. En febrero de 2022, la abogada de la familia, Lucia González-Cuevas, interpuso una reclamación al Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Aunque la queja se admitió en noviembre del mismo año, a día de hoy aún no han recibido respuesta por parte de la administración. “Estamos viviendo una situación de silencio administrativo flagrante. Es una vulneración a los derechos de Roger”, denuncia la letrada, en conversación con elDiario.es.

Según le han comunicado desde la Administración, están pendientes de que el ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas) elabore un informe sobre el caso de Roger para poder evaluar si compete indemnizarle y por cuánto. Consultado por este medio, el ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas), por su parte, expone que gestiona “un volumen muy elevado de expedientes, lo que comporta una lista de espera significativa”. Por eso, apuntan, los expedientes de responsabilidad patrimonial con una cantidad reclamada inferior a 50.000 euros “no son objeto de valoración por parte de esta Subdirección General”.

El problema es que Roger todavía no ha reclamado ninguna cuantía porque está a la espera del informe del ICAM. De hecho, desde el Departament de Salud, órgano del que depende el ICAM, confirmaron a Roger (mediante un correo al que ha tenido acceso elDiario.es), que el caso estaba parado porque seguían esperando el informe pericial. Y que ese es el procedimiento habitual para después interponer la reclamación a la administración.

Ante esta contradicción, desde el ICAM responden a elDiario.es que “vista la reclamación, la estimación es que [la compensación] se sitúe por debajo de los 50.000 euros”. E insisten en que la pelota no está en su tejado sino en el Institut Català de Salut. Con todo, hace ya tres años que sufren el silencio de la administración, aunque por ley deberían responder en un plazo máximo de dos.

El día de la operación

En una urbanización de Vilanova del Vallès (Barcelona) se esconde una casa que toca la montaña, rodeada de árboles. Allí vive Ferrer desde hace unos pocos años. Junto a su pareja, Laura, su hija de siete años y sus dos perros, recibe nervioso a este diario. “Estos días he estado removido”, confiesa.

Graduado en Educación Social, Ferrer ha trabajado en centros de menores y pisos para jóvenes y adolescentes tutelados. Un dolor abdominal le llevó a urgencias, le diagnosticaron un principio de apendicitis y le operaron al día siguiente. Ferrer entró consciente al quirófano, le explicaron el procedimiento habitual (que, en principio, pasaba por una anestesia total) y notó cómo se iba durmiendo. Es lo último que recuerda con normalidad. Al instante siguiente un dolor agudo le despertó mientras le ponían la sonda. Pensó que la operación estaba terminando, pero en realidad solo acababa de empezar.

“Cuando entendí que estaba despierto, empecé a enloquecer”, relata Ferrer. Intentó avisar de que algo no estaba funcionando bien. Estaba despierto y sentía cómo le hacían los cortes en la barriga. Notaba que no le llegaba el oxígeno y que tenía graves dificultades para respirar. Intentó mover su cuerpo, un dedo, un párpado, cualquier cosa para alertar al equipo médico que algo iba mal. Pero nadie se podía dar cuenta. Estaba encerrado dentro de su propio cuerpo, sufriendo el dolor de la intervención sin poder emitir un solo sonido.

Ferrer entendió que no podía dejarse llevar por el pánico. Y, aun así, miles de imágenes empezaron a atravesarle la cabeza. Una, muy nítida, todavía le acompaña: “Veía una línea roja y, al final, un abismo. Si la cruzaba, si me ganaba el pánico, iba a caer y desaparecer para siempre”. Con ella se mezclaban escenas de gente atrapada viva bajo tierra o en accidentes de coche. “Mi cabeza necesitaba dar respuestas a lo que estaba pasando”, añade.

Llegó a un punto límite cuando volvió a notar que le faltaba el aire. “En ese momento me vinieron a la cabeza Laura y mi hija. Me estaba despidiendo. Era consciente de que lo que me pasaba era muy grave y de que nadie se daba cuenta. Además, sabía que no iba a poder salir de ahí”. “Me sentí enterrado. Momificado. No podía hacer nada y sentía que me estaba muriendo”, explica, con la voz entrecortada incluso cuatro años después.

Para sobrevivir al resto de la intervención, se aferró a una técnica de respiración aprendida tiempo atrás, concentrándose en el recuerdo de un silbato de juguete que le había regalado su hermana. “Me imaginé ese hilo de aire y me concentré en él durante toda la operación. Eso me salvó la vida”, asegura.

Primeras explicaciones y silencio administrativo

En un correo electrónico remitido a Ferrer, al que ha tenido acceso elDiario.es, la anestesista de su operación dio al paciente una explicación a lo sucedido: según su versión, a Ferrer se le administró una “anestesia general sin incidencias”, pero al revisar el respirador de la operación se descubrió que el vaporizador del gas no funcionaba “del todo correctamente”, por lo que el paciente pudo estar en “un plan anestésico no correcto”.

El informe de la psicóloga clínica de Ferrer es más contundente y dictamina que la operación “tuvo complicaciones importantes a nivel anestésico”, que comportaron que el paciente estuviera semiconsciente. Según esta experta, el hombre tuvo “conexión sensorial, pero padeció una inmovilización absoluta”. Su capacidad de interacción con el exterior estuvo “limitada totalmente”.

Ferrer fue, poco a poco, recuperando la movilidad tras la operación. “Lo primero que hice fue morder los tubos. Necesitaba que me escucharan y contar que la operación no había ido bien. Y cuando por fin pude gritar, dije: 'horror, horror'”, rememora. Seguía en estado de shock. En reanimación, según su relato, nadie le preguntó qué le había pasado. “Me sentí completamente desatendido. La dejadez emocional también me afectó”, lamenta.

Dos años de baja

Ferrer ha vivido los últimos años tras la operación como una pesadilla, entre insomnio, ansiedad y una hipervigilancia constante. El estrés postraumático crónico, del que ha sido diagnosticado, provocó que pasara meses sin salir de casa y sin conducir. Su mujer, Laura, relata su miedo cuando él llegó a casa: “Lo vi convaleciente. Pensaba que lo había perdido”.

“Mi hija no podía contar conmigo, mi pareja no podía contar conmigo. Esto me ha generado culpa, impotencia, frustración”, explica Ferrer, que lamenta los “muchos cambios de médicos y tratamientos” que ha encadenado durante estos años en la sanidad pública.

La relación de pareja también se ha resentido, ya que Laura ha sentido que debía asumir un rol de cuidadora permanente, con el desgaste que esto le ha conllevado: “Me he sentido muy sola”, explica.

Ahora, Ferrer ha vuelto a trabajar, aunque no al puesto que ocupaba antes de la operación: asegura que ya no puede sostener la exposición emocional que exige el trabajo directo con jóvenes y menores en situación de desamparo.

Su reclamación contra la sanidad pública sigue, cuatro años después, en situación de silencio administrativo: el sistema sanitario no le ha dado una respuesta definitiva ni provisional sobre lo ocurrido el 12 de febrero de 2022. “No busco solo una compensación económica por todos los gastos médicos y psicológicos, sino un reconocimiento institucional y una reparación del error que sufrí”, concluye Ferrer.