El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

La Generalitat de Catalunya está preparando junto con los ayuntamientos un nuevo sistema que utiliza la inteligencia artificial (IA) para identificar las viviendas vacías que hay en cada municipio, con el objetivo de movilizar estos inmuebles en el futuro, según ha explicado el director general de Vivienda del Govern, Jordi Mas, entrevistado en ‘3Cat’.

El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de Lleida desarrolla el nuevo sistema desde hace dos meses, por encargo de la Generalitat. El modelo tecnológico utiliza datos de consumo de agua y electricidad, el padrón y la información presencial de algunos ayuntamientos para determinar si una vivienda está desocupada.

Mas ha destacado que hasta ahora eran necesarias las visitas de un funcionario para determinar si una vivienda estaba vacía, pero que, con el nuevo marco normativo, los ayuntamientos pueden utilizar los datos disponibles para conocer el estado de una vivienda más rápidamente.

El objetivo del Govern es tener listo un mapa de prevalencia de viviendas vacías a partir del próximo año, para disponer de suficiente información con la que la Generalitat y los ayuntamientos puedan poner en marcha medidas para movilizar el parque de este tipo de pisos.

Con la nueva información, Mas considera más positivo centrarse en una estrategia de “incentivación” para movilizar las viviendas, en lugar de iniciar procedimientos sancionadores. “Obtendremos mejores resultados que con una penalización extrema como llegar a la expropiación”, afirma el director general.

La Administración catalana no es partidaria de imponer sanciones por mantener los pisos desocupados y apuesta por contactar con los propietarios para favorecer que las viviendas vuelvan a estar disponibles para nuevos inquilinos.

El Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciado que ha recibido 2.000 euros en multas administrativas tras haber echado de un concierto en mayo a un mosso d'esquadra fuera de servicio. La conselleria de Interior ha negado el vínculo entre ambos hechos.

En una rueda de prensa este lunes, los colectivos que forman el ateneo han explicado que, en los últimos dos meses, han recibido dos multas de 1.001 euros cada una por, supuestamente, fumar dentro del local y vender bebidas sin licencia. Sin embargo, desde la asociación aseguran que nunca se ha consumido tabaco en el interior del recinto y que las bebidas únicamente se venden entre los socios, sin ánimo de lucro.

Las entidades de La Cerdanya vinculan las multas a los hechos ocurridos el 14 de mayo. Durante un concierto, militantes del Ateneu se presentaron ante el hombre, como hacen habitualmente con las personas que acuden por primera vez, y le preguntaron a qué se dedicaba. El agente, según asegura la asociación, evitó responder. Posteriormente, uno de los integrantes lo reconoció como miembro de los Mossos d’Esquadra destinado en la comisaría de Puigcerdà (Girona).

“No llegó a ser una infiltración como las que se están denunciando últimamente, simplemente se negó a dar información sobre su trabajo”, aclara Alexandra Morán, miembro del ateneo.

Desde el departamento de Interior confirman que no se trata de un caso de infiltración y que el agente acudió a la actividad fuera de su horario laboral, como cualquier otro ciudadano. Según explican, el funcionario se sintió “intimidado” cuando le invitaron a abandonar el espacio, por lo que avisó a una patrulla.

El Ateneo sostiene que la presencia del policía generó malestar entre algunos de los asistentes. Ante esta situación, explican que optaron por actuar “con la máxima cautela” y pedirle que abandonara el espacio, tras explicarle que su presencia estaba provocando incomodidad y desconfianza entre algunos participantes. Según la asociación, el mosso aceptó marcharse voluntariamente.

Posteriormente, cinco agentes acudieron al lugar para realizar “unas comprobaciones”, con una actitud que la entidad califica de “claramente intimidatoria”. Según explican, los agentes no dieron explicaciones sobre los motivos de su llegada, más allá de una supuesta discriminación hacia el policía al que acababan de pedir que se marchara. En el acto, identificaron a uno de los miembros de la entidad y solicitaron documentación relacionada con el Ateneo.

Días después, la asociación recibió el acta en la que se les acusaba de haber fumado y vendido bebidas sin licencia dentro del local. El espacio cuestiona duramente su contenido y sostiene que el documento presenta un relato de los hechos que no se corresponde con lo ocurrido durante la actividad y que, además, omite el episodio relacionado con la presencia del agente.

La entidad también denuncia diversas irregularidades y errores en el documento, entre ellos una modificación de la fecha del acta. Aunque sus responsables aseguran que se negaron a firmarla, finalmente entregaron la documentación solicitada por los agentes.

Dos meses después de los hechos, el Ateneo ha recibido dos multas por valor de 2.000 euros. La asociación considera que las sanciones constituyen una represalia por haber cuestionado la presencia del agente policial durante su actividad y las interpreta como un intento de “intimidar y debilitar un espacio de organización popular”.

“Estas multas son una demostración de abuso del poder policial y un acto represivo contra el ateneo, pero también contra todo un movimiento popular autoorganizado que desde hace unos años está surgiendo en la comarca”, denuncia la asociación.

Aunque este caso no se pueda calificar como una infiltración, el ateneo ha anunciado que no piensa normalizar lo que considera un episodio de “abuso policial”. La entidad reivindica su derecho a “expresar el malestar y la desconfianza” generados por la presencia de un agente policial en una de sus actividades y acusa a los Mossos d’Esquadra de Puigcerdà de actuar con impunidad y de utilizar las sanciones como mecanismo de presión.

Catalunya mantiene un despliegue inédito para atajar la peste porcina africana, pero la lucha va para largo. Con más de 10.000 jabalíes capturados o abatidos, miles de agentes rurales y policías movilizados a diario, y hasta 19 municipios con restricciones de movilidad, las autoridades siguen registrando animales infectados cada semana —aunque vaya a la baja— y los expertos advierten de que la alerta se va a mantener previsiblemente durante meses.

Desde que se halló el primer brote de peste porcina africana en 30 años en España, en Cerdanyola del Vallès, el Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado 379 casos positivos (el 3,5% de las capturas). Recientemente, los infectados detectados se han reducido, con entre uno y cinco positivos semanales este verano, pero los expertos advierten de que el virus, que por ahora no ha saltado a ninguna granja, está lejos de darse por erradicado.

Además, administraciones y especialistas empiezan a detectar fatiga de la ciudadanía respecto a las restricciones de acceso a los bosques. Entre las ciudades afectadas se cuentan Barcelona y parte de su área metropolitana, que incluye un Parque Natural de Collserola completamente cerrado a visitantes, lo que perjudica a deportistas, entidades y también escuelas. Incluso el Tour de Francia alteró su recorrido.

Algunos alcaldes han mostrado ya su rechazo a que se extiendan los cierres sin fecha de reapertura. El caso más polémico es el de Sant Cugat del Vallès, cuyo edil pidió abrir accesos a determinadas zonas de bosque por razones salud y bienestar después de que la Generalitat autorizara el rodaje de una película de Russell Crowe en un recinto dentro del perímetro.

“Lo más seguro es que los trabajos van para largo, porque hay que seguir con medidas de contención hasta un año después de hallar el último positivo en un animal capturado”, advierte Francesc Closa, veterinario y director de Vets&WildLife. “Por un lado, es cierto que se están detectando menos casos positivos, pero por contra se encuentran más animales de los que pensábamos que había por estimaciones de densidad”, sostiene.

La cantidad de jabalíes que hay por kilómetro cuadrado en el área de Barcelona, Collserola incluida, es de las mayores de la península. Este factor dificulta el combate del virus más que en otros países europeos.

Pero hay más escollos que hacen de esta parte de Catalunya un terreno especialmente complicado para las labores de extinción de la epidemia, según enumera Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y uno de los expertos seleccionados por el Ministerio de Agricultura para monitorizar la peste porcina. Gortázar destaca que al tratarse de una zona urbana, con millones de habitantes, viviendas y carreteras, es mucho más difícil hacer batidas nocturnas y colocar trampas y vallados efectivos.

Además, añade que el virus detectado en Barcelona se comporta de manera distinta a los localizados en otros puntos del continente, puesto que mata más lentamente a los animales y esto permite una mayor expansión. “Un virus que mata rápidamente puede causar un declive espectacular de la población, con bajones del 90% en poco tiempo, pero a medida que el virus mata más poco a poco, la dinámica cambia y el descenso es más progresivo”, razona este experto.

En comparación con el resto de países, la evolución en Catalunya está dentro de lo previsible, según los expertos. “El avance promedio es de 13 kilómetros por año, por lo que vemos que Catalunya no está fuera de lo común”, resume Gortázar.

Bélgica aparece como uno de los casos de éxito en su erradicación de la peste porcina africana, y aún así estuvo dos años para lograrlo. Otros países, como Italia o Alemania, no consiguen eliminarla en algunos de sus territorios. ¿Podría llegar Catalunya a este extremo? “Por ahora me parece muy osado afirmarlo; las actuaciones pueden parecer mejores o peores, pero tal como se está actuando no existe este riesgo ahora”, expresa el veterinario Francesc Closa.

El despliegue de la Generalitat continúa siendo considerable. En pleno mes de agosto, destina 1.000 efectivos al control de la enfermedad. Entre ellos se cuentan agentes rurales, grupos especiales caninos, operarios de drones, Mossos d’Esquadra, cazadores contratados por la empresa pública Tragsa, policías locales, Protección Civil y voluntarios. Aproximadamente la mitad de ellos se dedican a la captura de jabalíes y todo lo que la rodea, y la otra mitad a supervisar el perímetro.

En este punto, especialmente en que tiene que ver con los vallados, los expertos son escépticos. Cerrar a cal y canto para jabalíes esas extensiones no siempre funciona. Se vio en febrero, cuando los animales infectados lograron escapar de la zona cero y comenzaron a detectarse casos al suroeste de Barcelona. “Como en los incendios, si los detectas pronto y pones los medios, es más fácil apagarlos. Cuando crece su perímetro, hay que repartir medios, y la capacidad de extensión se diluye”, expresa Gortázar. “Por eso yo era más optimista al principio, porque a más superficie, más complicado es erradicarlo”.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns y pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. El dictamen es consultivo.

Este órgano considera también que la tramitación por lectura única de esta iniciativa contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, así como el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Tanto Junts como el PP catalán llevaron la propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda ante el CGE a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament.

El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern para implantar esta medida formaba parte del pacto para los presupuestos entre ambas formaciones. La implantación de la restricción estaba prevista que correspondiera a cada municipio e iba a afectar a los grandes tenedores.

La medida, avalada por un comité de expertos consultado por la Generalitat, estaba prevista que se lleve a cabo a través de la modificación de la ley catalana de Urbanismo. Será cada Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas o de su planeamiento urbanístico, quien decida si restringe o no las compras de vivienda para invertir. El consistorio de Barcelona, por ejemplo, ya tiene una comisión de estudio para ver cómo hacerlo.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen emitido. “No compartimos el análisis del CGE sobre la proposición de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, ha señalado Albiach en un mensaje publicado en X.

La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha señalado que el dictamen “demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás”.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las posibles irregularidades de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) en la prestación de ayudas y alojamiento para jóvenes extutelados. El pasado marzo el ministerio fiscal pidió la colaboración de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que ya investigaba estas dos cuestiones en dos expedientes distintos. Antifrau cerró el primero sin detectar ningún posible delito, pero entregó la documentación a la fiscalía. En el segundo caso, todavía está analizando la numerosa documentación. Anticorrupción sigue investigando ambos casos, surgidos a raíz de una denuncia de un alertador, protegido por Antifrau, contra la Fundación Resilis en Girona.

Según fuentes jurídicas, la OAC entregó a la fiscalía su informe sobre el control de las ayudas económicas que se daban a jóvenes extutelados, que se sospecha que se dieron incluso a personas que ya no vivían en Catalunya. El informe concluía que no se habían podido detectar aspectos delictivos o de fraude, pero advertía que deberían comprobarse si había habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de realizar su seguimiento y supervisión.

En el segundo expediente, que investigaba la posible existencia de plazas de alojamiento 'fantasma', por el que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogía, Antifrau aún no ha llegado a ninguna conclusión ni ha entregado documentación a la fiscalía porque debe analizar mucha información.

La fiscalía deberá decidir si ve sólo simples irregularidades administrativas y disfunciones del organismo público, o puede llegar a existir delitos. Sería entonces cuando lo llevaría a un juzgado para que lo investigara a fondo.

El caso estalló en enero del 2025, a raíz de la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando llevaba meses viviendo y trabajando en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso aludiendo a que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, llevaba meses trabajando fuera de Catalunya.

Más adelante, tres trabajadoras denunciaron que una entidad, pese a tener plazas vacías en los pisos para acoger a jóvenes, cobraban a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas.

Por su parte, en junio del año pasado la Sindicatura de Cuentas realizó un informe que concluyó que el Departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. De esos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado por ser pagos indebidos a los jóvenes extutelados.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona archivó el pasado abril una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsellers de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la DGAIA. La entidad anunció que iba a presentar recurso. La querella rechazada por el juzgado se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el ex secretario Josep Ginesta y tres ex directores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.

Una nueva grieta de “carácter estructural” en uno de los edificios afectados por el socavón de la L9 en el Putxet alargará hasta septiembre el regreso a casa de los cuatro bloques que todavía no tenían fecha concreta de vuelta, y donde viven un 40% de los vecinos. Así lo han confirmado este viernes en declaraciones a los medios el Govern y los Bomberos de Barcelona.

En concreto, la grieta se localizó en el sótano del bloque de la calle Rubinstein número 2, donde a partir de ahora los vecinos tampoco tendrán permitida la entrada ni acompañados por los Bomberos. Ahora, se realizarán los trabajos de inyección y estabilización para asegurar la zona. El Director General de Infraestructuras de Movilidad, Ramón Ramírez, ha explicado que la grieta supone un “cambio de tendencia”.

Pese a este revés, han informado que los vecinos de Rubinstein 6 ya han ido regresando a casa esta semana, y que se mantiene la previsión de que lo hagan la próxima semana los de Sant Gervasi de Cassoles, 54.

En una atención a mediados la semana pasada, el Departamento de Territori de la Generalitat, responsable último de las obras, informó de que la previsión era que el 60% de los vecinos pudieran regresar a su casa en dos semanas, y eso dice que podrá mantenerse. En cambio, se ralentiza el regreso de los vecinos del resto de fincas por esta nueva grieta, una situación que podría no estar resuelta al menos hasta septiembre.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados con 200 metros de terraza en Chamberí. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dijo el miércoles que el piso, situado en una de las zonas más caras de Madrid, era para celebrar “reuniones” cuando empiecen las obras en la sede de la Presidencia de la Puerta del Sol. Pero no aclaró cuál será su uso concreto, ni si inicialmente el Gobierno regional, que este jueves anunció que lo venderá tras el revuelo generado, lo compró para ser una suerte de residencia oficial para los cargos de la Comunidad.

En este momento, siete presidentes autonómicos tienen a su disposición residencias oficiales acondicionadas para vivir durante sus años de mandato. Catalunya, Euskadi, Galicia, Illes Balears, Extremadura, Asturias y Canarias cuentan con pisos, chalets o palecetes destinados a ese fin. Sin embargo, ninguno de esos mandatarios ha decidido trasladarse a esas casas que sufragan sus propios ejecutivos y prefieren residir en sus respectivos domicilios privados.

La Casa dels Canonges es la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una vivienda cercana al propio Palau de la administración catalana, en el centro histórico de Barcelona. Hoy en día se celebran allí reuniones, almuerzos y recepciones, pero el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, no lo ha utilizado como su vivienda habitual. En su día sí vivió allí Josep Tarradellas cuando regresó del exilio franquista. Y también residieron en Canonges Francesc Macià y Lluís Companys durante la II República.

La situación es similar en Euskadi, donde los lehendakaris tienen como residencia oficial el Palacio de Ajuria Enea. Este edificio centenario situado en una de las mejores zonas de Vitoria no fue utilizado por Iñigo Urkullu durante su mandato, que optó por residir en su propio domicilio, en Durango, dada la incomodidad de un espacio que se considera anticuado. El exlehendakari sí acometió unas obras en el complejo para dotarlo de un nuevo salón de recepciones y que Ajuria Enea tuviera más uso aunque su sucesor, Imanol Pradales, también ha optado por vivir en su propio domicilio de Portugalete (Bizkaia). Antes de ellos sí que vivieron en el palacio vitoriano sus predecesores Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Patxi López.

70.000 metros cuadrados en Santiago de Compostela

La residencia oficial destinada en Galicia al presidente de la Xunta ocupa una superficie de unos 70.000 metros cuadrados –25.000 de edificación y otros 45.000 de zona ajardinada– en Monte Pío, una de las subidas al emblemático monte Pedroso de Santiago. El inmueble lo encargó Manuel Fraga Iribarne, que se mudó a vivir allí en 2002. Costó una cantidad de fondos públicos nunca aclarada entre los siete y los 10 millones de euros y del diseño se ocupó el arquitecto Manuel Gallego Jorreto.

El espacio fue utilizado tanto por Fraga como por el socialista Emilio Pérez Touriño, que estuvo al frente de la Xunta entre 2005 y 2009 y que después recordaría que le impresionaron las instalaciones por el tamaño y recursos, como la piscina climatizada o la sauna. También se instaló en este edificio, que tiene una parte de vivienda y despachos que han recibido un uso institucional, el actual líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo en sus primeros años como presidente del Gobierno gallego.

Más adelante sus teóricos habitantes dejaron de frecuentarla: Feijóo se trasladó a A Coruña a raíz de su relación con Eva Cárdenas y el nacimiento del hijo de ambos. Y el actual presidente, Alfonso Rueda, nunca llegó a mudarse. Sigue residiendo en la vivienda que tiene en la ciudad de Pontevedra. En Monte Pío se queda algunas noches, cuando la agenda hace que sea más práctico dormir en Santiago.

En el caso de Balears, el Consolat de Mar es la residencia institucional y oficial de la presidencia autonómica, pero los distintos líderes del Govern no han dispuesto nunca de ella para residir. De hecho, la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, vive en su vivienda particular de Palma. Ya el primer presidente balear, Gabriel Cañellas (AP/PP), rehusó utilizar el Consolat con fines privados. Y el resto de dirigentes autonómicos –Cristòfol Soler (PP), Francesc Antich (PSOE), Jaume Matas (PP), José Ramón Bauzá (PP), Francina Armengol (PSOE) y Prohens– han seguido en la misma línea: mientras ejercieron el cargo, siempre vivieron en sus pisos particulares.

El caso más paradigmático fue el de Matas, que residía en un palacete ubicado en la exclusiva calle Sant Feliú y que estuvo en el punto de mira de los tribunales a tenor de un supuesto enriquecimiento ilícito del exdirigente popular que nunca llegó a ser demostrado. 

Los presidentes del PP evitan vivir en la capital extremeña

En Extremadura también existe una residencia oficial, pero hasta ahora tan solo ha sido usada por los dos presidentes del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que residieron en esta vivienda, situada en la avenida José Fernández López de la capital extremeña, Mérida, con sus respectivas familias.

El expresidente José Antonio Monago y la actual jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ambos del PP, optaron seguir residiendo en Badajoz y Cáceres, respectivamente. Monago, en plena polémica entonces por la treintena de viajes a Canarias pagados con cargo al presupuesto del Senado entre 2009 y 2010, decidió cerrar la residencia de la capital extremeña e incluso ponerla a la venta en un portal de internet. Por su parte, María Guardiola informó al principio de la pasada legislatura que utilizaría la vivienda de forma muy puntual, igual que hace ahora, tras refrendarse en el cargo gracias a Vox.

No obstante, según consta en el portal de Transparencia, entre 2023 y 2024 se gastaron al menos 25.000 euros en la limpieza del inmueble, la pintura interior, mobiliario para el jardín y un robot de limpieza para la piscina. El chalé tiene una superficie útil de 600 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados de jardín, tres dormitorios, dos baños, un aseo, zona de servicio, dos salones y cocina con office en la segunda planta. La tercera es un apartamento independiente con dos dormitorios, baño, salón, despacho y cocina, y en la primera planta hay una sala de espera y seis despachos.

En Asturias también existe una residencia para la Presidencia del Principado, si bien el actual mandatario, Adrián Barbón, no la utiliza porque reside en su vivienda habitual, en Pola de Laviana, capital del concejo minero de Laviana. Barbón únicamente hizo uso de esta residencia durante la pandemia, instalándose en este apartamento de manera continuada los meses del confinamiento. En algunas ocasiones, también se queda allí algún fin de semana por motivos de agenda.

El apartamento fue habilitado en la tercera planta del Palacio de la Presidencia, ubicado en la calle Suárez de la Riva de Oviedo, frente a la Junta General del Principado, en tiempos de la presidencia del socialista Juan Luis Rodríguez Vigil, entre 1991 y 1993. Fue remodelado en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, en 2011. Cascos y Antonio Trevín (1993-1995) fueron los dos únicos presidentes asturianos que ocuparon de continuo la vivienda, el primero porque residía en Madrid y el segundo porque tenía su vivienda habitual en Llanes. En la actualidad consta de una habitación grande y tres más pequeñas, una cocina, un salón de estar-comedor, una salita habilitada como despacho y dos baños.

En Canarias la residencia oficial del presidente se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria aunque en Tenerife, en el mismo edificio de la Presidencia, hay un “apartamento” en la parte alta que se puede utilizar también como vivienda y que también es propiedad de la administración autonómica. Pero el uso que se da a las dos viviendas ahora mismo no es residencial y solo se utilizan para actos y reuniones oficiales.  

Chaves vivió en la Casa Sundheim

En Andalucía no existe residencia oficial del presidente de la Junta. El actual titular del cargo, Juan Manuel Moreno, reside en su casa particular. Cuando se remodeló el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como sede permanente del Gobierno andaluz se reservó un espacio para albergar una futura residencia presidencial, pero nunca se hizo. Actualmente esas dependencias las ocupan despachos y funcionarios. Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, fue el único que tuvo residencia oficial en Andalucía. En 1992 se mudó con su familia a la Casa Sundheim, un palacete sevillano que había sido la primera sede de la oficina de Manuel Olivencia como comisario de la Expo’92.

En la Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, la Región de Murcia y Cantabria nunca se ha establecido una residencia oficial para sus respectivos presidentes.

Castilla y León es un caso peculiar. Aunque el presidente autonómico tampoco dispone allí de una residencia oficial, sí paga un piso a su actual mandatario, Alfonso Fernández Mañueco, al igual que hizo con su antecesor, Juan Vicente Herrera, a lo largo de 16 años en los que de las arcas públicas salieron 705.039,68 euros para sufragar el alquiler de la vivienda presidencial.

La inédita costumbre de pagar el piso al presidente no la impuso Herrera. Según Transparencia, un piso ubicado en la Acera de Recoletos, en plena 'milla de oro' de Valladolid, y de 199 metros cuadrados, se alquiló desde el 1 de agosto de 1985, cuando la Junta estaba en manos del PSOE y no había una sede autonómica. Uno de los ocupantes del piso de Recoletos fue José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989: las crónicas de esa época hablaban del piso de la pareja Aznar-Botella en pleno centro de Valladolid y de su intensa vida social.

El particular caso de Castilla y León

En realidad, cuando Aznar llegó al gobierno autonómico ya estaba habilitada una vivienda para el presidente en la sede de Presidencia en el Colegio de la Asunción, en el barrio de Covaresa, pero en esa época era una zona poco habitada que no agradó al responsable de la Junta. Posteriormente fue Herrera el que se aposentó en el piso de la Acera de Recoletos, propiedad de la empresa Conre SL, durante más de tres lustros.

Mañueco nunca llegó a ocupar esa casa y el alquiler se rescindió en 2019, pero no porque rechace un alquiler pagado por las arcas públicas sino porque prefirió otro piso cuya ubicación Presidencia se niega a desvelar “por razones de seguridad”. No sale barato, pero sí algo más económico que el de Recoletos. La renta ascendía, en 2019, a 1.460 euros al mes. El caso de Castilla y León es único. Ninguna otra comunidad paga el alquiler a su presidente.

*Con información de Arturo Puente, Iker Rioja, Beatriz Muñoz, Esther Ballesteros, Santiago Manchado, Leticia Quintanal, Jennifer Jiménez, Daniel Cela, Adolf Beltrán, Olivia García, Laro García, Rodrigo Sáiz, Laura Cornejo, Carmen Bachiller, Candela Canales y Elisa Almagro.

A Catalunya, aquesta xarxa de proximitat té un abast molt ampli. Dels 947 municipis catalans, 898 compten actualment amb Oficines de Justícia en el Municipi. Això significa que aquest servei és present en el 92,3% del territori i dona cobertura a 3,2 milions de persones, al voltant del 40,4% de la població catalana.

Una porta d’entrada propera al sistema judicial

La justícia de proximitat va néixer al segle XIX amb una funció clara: acostar el sistema al territori i facilitar que les persones poguessin resoldre determinades qüestions sense haver d’acudir a òrgans judicials allunyats de la seva localitat.

Ara, amb la transformació impulsada per la Llei orgànica 1/2025, aquests òrgans han evolucionat cap a les Oficines de Justícia en el Municipi, un model que amplia les seves funcions i que aprofita també les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Més enllà del canvi de denominació formal aprovat per llei, la tasca actual de l'Administració se centra a desplegar els mitjans materials i personals necessaris en virtut de la seva competència estatutària. D'aquesta manera, es reforça el paper d’aquests espais com a punt proper de relació entre la ciutadania i l’Administració de justícia.

Aquestes oficines ofereixen i incorporaran progressivament serveis que poden ser d’utilitat en el dia a dia de moltes persones. Per exemple, mantenen el seu paper com a oficines col·laboradores del Registre Civil, facilitant gestions relacionades amb certificats de naixement, matrimoni o defunció, entre altres tràmits.

També permetran acostar determinades actuacions judicials que abans podien requerir desplaçaments. Mitjançant sistemes de videoconferència o altres eines de comunicació, els ciutadans podran participar en actuacions processals quan així correspongui des del seu municipi.

Prevenir conflictes i facilitar-ne la resolució: la conciliació davant dels jutges de pau

Una de les grans apostes del nou model és reforçar la prevenció i la resolució de conflictes mitjançant vies alternatives al procediment judicial quan la naturalesa del cas ho permeti.

En moltes ocasions, els problemes entre persones, veïns o petits negocis poden trobar una solució mitjançant el diàleg i la conciliació. No tots els desacords necessiten arribar a un procediment judicial llarg o complex.

La proximitat és precisament un dels principals valors de la justícia de pau. Els jutges i jutgesses de pau coneixen l’entorn en què desenvolupen la seva funció i formen part de la realitat del municipi. Aquest coneixement proper pot ajudar a entendre millor determinades situacions i orientar la ciutadania cap a la via més adequada per abordar-les.

En aquest sentit, els jutges de pau tindran també un paper destacat en relació a un dels mitjans adequats de solució de controvèrsies: la conciliació. Els i les jutgesses, amb el suport de les oficines de justícia municipal, tenen competència per conciliar en cas de conflictes entre els veïns, . Aquesta funció afavoreix una justícia més propera, àgil i orientada a resoldre els problemes de les persones.

Catalunya ha confirmado que prorrogará el tope de los alquileres a la mayoría de ciudades. La Generalitat ha iniciado los trámites para extender de un año más la declaración de zona tensionada en más de un centenar de municipios, entre ellos Barcelona y gran parte de su área metropolitana, pero también la salida de algunas de las ciudades catalanas más pobladas, como Lleida o Reus, que dejarán de tener vigente el límite a la subida de los arrendamientos.

Tal como anunció la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista a elDiario.es, la Generalitat ha revisado la primera de las dos declaraciones de zonas de mercado tensionado –que en marzo de 2027 cumple tres años– para actualizarla. De esta forma, prorrogará el tope de los alquileres en 118 municipios, eliminará 22 en los que considera que la situación del mercado residencial ha mejorado, y al mismo tiempo ha iniciado los trámites para 55 nuevas localidades a la regulación.

Cuando estas modificaciones queden validadas por el Ministerio de Vivienda, los municipios con el alquiler topado en Catalunya pasarán de 271 a 302, pero la población cubierta se reduce casi en un millón, de 7 a 6,1 millones, dado que los municipios que dejan de consierarse más tensionados son más habitados que los que entran. Entre los que salen, destacan Lleida, Reus, Granollers, Figueres, Mollet del Vallès o Montmeló, les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès, Banyoles, Canovelles o Berga.

Por su parte, entre los municipios que pasarán a estar regulados sobresalen por población Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vila-seca, Tordera o Sant Vicenç de Castellet.

Las declaraciones de zonas tensionadas, que regula la Ley de Vivienda, tienen una vigencia de tres años, y se pueden prorrogar por un año siempre que el mercado residencial cumpla determinados requisitos, los mismos que se necesita para limitar por primera vez los alquileres: que los hogares destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda (alquiler o hipoteca), o que el precio de arrendamiento o de compra haya acumulado un incremento de tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

La consellera Paneque ha defendido que la salida de varias ciudades de la regulación es una buena noticia, puesto que significa que el mercado de vivienda se ha enfriado. “Si en un futuro, en las revisiones anuales, se vuelven a dar las circunstancias, volverán a entrar en la regulación”, ha expresado.

La actualización no ha gustado al Sindicato de Inquilinas de Catalunya. “Si la regulación empieza a dar frutos, esto no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario”, ha insistido Enric Aragonès, portavoz de la entidad.

Aunque la cifra de municipios tensionados pasa de 271 a 302, esto podría variar también en los próximos meses, puesto que se deberá revisar la segunda tanda de localidades que se declararon como reguladas en Catalunya. Si la primera lista vence en marzo de 2027, la segunda lo hace en octubre del mismo año.

Cuando parecía que el curso escolar no podía acabar peor en Catalunya, con un conflicto docente sin resolver y la amenaza de más movilizaciones en septiembre, la exclusión de PISA no ha hecho más que agravar la crisis y aumentar la presión sobre la Generalitat.

Tras desplomarse Catalunya en los resultados de las pruebas PISA de 2022, los de 2025 –cuya publicación está prevista para septiembre–, se esperaban con gran interés. Pero el Departamento de Educación dio a conocer el pasado viernes que un error en la muestra del alumnado evaluado impedirá que los datos puedan compararse con los de años anteriores.

Catalunya queda fuera de esta forma de la foto de PISA, algo que no había sucedido nunca –las pruebas se llevan a cabo desde el año 2000–. Un fracaso que ha provocado la reacción airada tanto de la oposición política como de sindicatos, directores de centros y asociaciones de familias, que piden al Govern más explicaciones de las ofrecidas.

“Es un fiasco inaudito, un descuido enorme en los mecanismos de control de la prueba de Educación”, señala Jordi Satorra, director de la asociación de directores de institutos públicos Axia. El sindicato de educación mayoritario en la pública, Ustec, les ha acusado de “descontrol” y “falta de transparencia”.

Una exención de alumnado desmesurada

Hasta la fecha, lo que ha explicado Educación es que durante la celebración de las pruebas PISA en Catalunya se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

¿Cómo es posible que de 2.500 alumnos escogidos para hacer las pruebas, 591 quedaran finalmente apartados? La mayoría de ellos, el 83%, lo fueron por razones de discapacidad cognitiva, conductual o emocional, según Educación. Lo cierto es que la OCDE ya contempla este supuesto de exclusión –igual que el de discapacidad física o la falta de dominio del idioma–. Pero los alumnos con necesidades educativas especiales no representan una cifra tan abultada en Catalunya.

“Es un problema absolutamente inédito e inaudito. Nunca había habido una tasa de exclusión tan elevada”, expresa Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con 20 años de experiencia en la OCDE. Pedró cita ejemplos como Dinamarca o Suecia, que excluyeron poco más del 10% del alumnado en 2022. “Desde la perspectiva catalana, es una herida en el orgullo”, constata.

En un proceso tan protocolizado como las pruebas PISA, con unas muestras que elabora la OCDE y que supervisa la Administración educativa, antes y después de los exámenes, los docentes y los directores consideran incomprensible que no se conozca las causas del fallo.

Por un lado, los directores se muestran indignados porque la principal hipótesis de la Generalitat sería una “confusión” de los centros –en total, 51– que llevan a cabo los exámenes. Al coincidir PISA con las pruebas externas de la Generalitat en 4º de la ESO, Educación ha aludido a que quizás algunos centros habrían mezclado los criterios de exclusión.

“Es una acusación velada que nos ha molestado muchísimo, porque este proceso está bajo un control absoluto del Consejo Superior de Evaluación y de la inspección, nunca ha dependido de la discreción de un centro”, critica Satorra. Desde Axia argumentaban además que no es factible pensar que todos los centros se equivocaron en el mismo sentido.

Sin embargo, en la comparecencia de este lunes Niubó, que no negó la “gravedad” de lo ocurrido, quiso también exculpar a centros y directores. Insistió en la posibilidad de esa confusión, pero añadió que esto “no exime de responsabilidad” a la Administración, que debió contar con protocolos más claros sobre la validación de esas muestras.

También la Generalitat ha planteado como explicación que fuese un error en la transición entre los organismos que gestionan este tipo de pruebas en Catalunya. Justo esas semanas, precisaron desde Educación, se hacía el traspaso entre el Consejo Superior de Evaluación y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Acusaciones de encubrimiento

Con todo, la queja de oposición y profesorado va más allá y apuntan también a una presunta ocultación, que la Generalitat niega, de este revés. Las primeras noticias sobre ello llegaron de la OCDE al ministerio de Educación en marzo, aunque la conselleria asegura que la confirmación fue hace pocas semanas. El resultado es que se dio a conocer un viernes de mitad del verano.

En este sentido, indigna especialmente que el Govern lo obvió por completo el pasado 6 de julio, cuando presentó precisamente los resultados de la auditoría encargada a la OCDE sobre las mejoras del sistema educativo catalán. En este sentido, el sindicato USTEC les acusa de una “clara voluntad de minimizar los hechos y evitar el debate público”.

A la huelga en septiembre

La polémica alrededor de PISA alimenta más si cabe las tensiones entre Generalitat y algunos sindicatos docentes, tanto los que mantienen el pulso con el Ejecutivo tras las huelgas de la pasada primavera como los que firmaron el acuerdo de mejoras salariales y de plantilla. La consellera Niubó ha mantenido durante junio y julio reuniones con sindicatos y otros actores del ámbito educativo para tratar de acercar posiciones y tomar su pulso, pero este revés añade más complicaciones a un inicio de curso que será movido.

De entrada, ya hay convocada una huelga para el primer día de curso, 8 de septiembre. USTEC ha registrado la anunciada convocatoria este mismo lunes. “El Govern continúa más preocupado por operaciones cosméticas, informes externos y actos propagandísticos que para resolver los problemas reales de los centros”, han manifestado en relación con la auditoría de la OCDE.

Pero sindicatos como Professors de Secundaria o CGT, de distinta orientación, también han criticado lo ocurrido. “Negligencia, opacidad, derroche, desbarajuste... Y otras palabras que nos ahorramos pero que todos tenemos en mente”, señalan los primeros. Los segundos lo han calificado de “incompetencia” y han pedido la dimisión de Niubó por este “error técnico” y por su papel en las movilizaciones del pasado curso.

La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses.

El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.

La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.

Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.

Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.

Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.

La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.

Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.

La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.

Un 20% más de edificabilidad

Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.

La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.

El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.

Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.

La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.

El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.

El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.

La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.

El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.

El Parlament ha concluido que el sistema de protección a la infancia “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. El texto recuerda además que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que debían atenderse, con un incremento del número de menores tutelados en Catalunya de un 71%. Todo esto, según subraya el informe, no se ha ido acompañando de incremento de los recursos.

La comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado del sistema catalán de protección a la infancia” y sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.

También ha criticado que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.

La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025 después de que en julio de ese año el Pleno aprobara su creación por unanimidad a propuesta de PSC-Units, ERC y los Comunes y con un texto transaccionado con Junts. La comisión, presidida por Jordi Riba (PSC-Units), se ha reunido en quince sesiones y ha realizado cincuenta comparecencias.

La Generalitat de Catalunya ha sacado a la luz el nombre de 37.002 milicianos antifascistas que combatieron en las filas republicanas durante la Guerra Civil. Por primera vez, y gracias a una investigación a partir de los Papeles de Salamanca, se puede consultar públicamente la identidad de miles de esos voluntarios que en julio de 1936 se alistaron para acudir al frente a frenar las tropas franquistas.

La base de datos “inédita” la han presentado este viernes el Memorial Democràtic y el Arxiu Nacional de Catalunya, coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado franquista. El censo incluye más de 37.000 nombres por el momento, si bien se seguirá ampliando a medida que avance una investigación que ha liderado el académico Gonzalo Berger en los últimos 11 años.

La información recopilada se ha extraído principalmente de los llamados papeles de Salamanca, documentos que fueron incautados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil y que se devolvieron a la Generalitat en 2006. Los archivos con la identidad de los combatientes son sobre todo los justificantes de los pagos de los subsidios que la Administración republicana abonó a los combatientes entre julio de 1936, cuando se alistaron, y mayo de 1937,

El director del Memorial Democrático, Jordi Font, ha valorado el censo como “una gran aportación”. “Es un ejercicio de historia pública: hacer accesible y poner el trabajo académico y riguroso al alcance de la ciudadanía”, ha celebrado durante la presentacón.

Los milicianos identificados son fundamentalmente los voluntarios que estuvieron vinculados al Comité Central de la Organización de Barcelona, porque de los voluntarios comarcales “no hay prácticamente registro”, ha explicado Berger.

A partir de su investigación, el doctor en Historia por la Universidad de Barcelona ha podido revelar algunos datos desconocidos hasta ahora. De los 37.002 voluntarios registrados, el 95% eran hombres, pero en las filas de las milicias también hubo 1.501 mujeres, la mayoría con una trayectoria previa de militancia política, lo que Berger considera un “hecho excepcional” porque “no se las esperaba ni se las quería”.

Por origen, nueve de cada diez combatientes residían en Catalunya, un 7% había llegado de otras regiones españolas y un 3% procedían del extranjero (una explicación a esto último es que estuviesen vinculados a la frustrada Olimpiada Popular que se debía celebrar ese mes en la ciudad).

El censo también “ayuda a romper la idea de que las milicias estaban formadas única y exclusivamente por el movimiento libertario”: un 39% de los combatientes eran de la CNT, pero una cuarta parte procedían del PSUC, un 10% de ERC y un 6% del POUM. Además, se ha podido concretar el número de voluntarios que se destinó a cada frente (un 72% fue a Aragón, un 15% a Madrid y un 12% a las Islas Baleares) y la fuerza de las diferentes columnas (la de Durruti fue “la mayor” con 42 centurias de soldados, seguida de la Macià, con 23).

El alquiler de temporada va a la baja en Catalunya. Los datos del primer trimestre de 2026, presentados por la Generalitat este lunes, muestran un descenso interanual del 34%: de 3.310 contratos durante los tres primeros meses de 2025 en los municipios declarados como zona tensionada a los 2.184 del año actual. En Barcelona, la ciudad con mayor porcentaje de este tipo de arrendamientos, que proliferaron para esquivar la Ley de Vivienda, la caída es parecida.

Se trata de los primeros datos que da a conocer la Generalitat con posterioridad a la aprobación de la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. En vigor desde diciembre de 2025, el proyecto de ley aprobado por el Parlament somete los arrendamientos de temporada al tope de precios de los alquileres residenciales que se aplica en Catalunya.

Además, el saldo de arrendamientos de temporada es negativo por segundo trimestre consecutivo. En toda Catalunya –tanto los municipios declarados como tensionados como el resto– se registraron el primer trimestre 2.300 altas de contratos temporales por 2.402 bajas (el balance, por lo tanto, es de -102, solo superado por los -1.233 del trimestre anterior).

En cuanto al precio medio de los nuevos contratos de alquiler de larga duración, subieron un 3,71% interanual en las zonas tensionadas, hasta los 876,56 euros, según los datos del Incasòl. El incremento en las zonas en las que se aplica el tope de alquiler fue ligeramente inferior al del resto de Catalunya (+4,04%), con unos arrendamientos de 861,23 euros de media.

En Barcelona ciudad, el importe medio de las nuevas firmas alcanzó los 1.137,35 euros, un 4,61% más. A pesar de este incremento interanual, los arrendamientos retrocedieron respecto al trimestre anterior tanto en el conjunto del país (-2,6%), como en la capital (-2,04%) y en las zonas tensionadas (-2,8%). La contención de rentas se aplica a 271 municipios que concentran al 90% de la población.

Con todo, comparados con el primer trimestre de 2024, cuando empezó a aplicarse el tope, los precios son un 1,28% más bajos en los municipios tensionados y un 4,71% inferiores en Barcelona, mientras que en el resto del territorio aumentaron un 9,53%.

“La ley funciona y la ley es positiva”, ha defendido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien también ha reivindicado que Catalunya fue “pionera” en la aplicación de la ley estatal de vivienda. “Lo tenemos claro, la vivienda es un derecho de la gente, no un negocio sin límites”, ha aseverado en una jornada en Madrid.

Por el contrario, en los municipios que no forman parte de una zona tensionada, el precio medio del alquiler alcanzó los 639,60 euros mensuales. Esta cifra es prácticamente idéntica a la del trimestre anterior (+0,09%), pero representa un incremento del 7,33% respecto al primer trimestre de 2025 y del 9,53% en comparación con el primer trimestre de 2024.

En cuanto a Barcelona ciudad, el aumento interanual se nota en todos los barrios, especialmente en Sant Martí (+7,5%) y en Nou Barris (+6,1%). Los precios van al alza en la mayoría de casos, también destaca Horta-Guinardó (+4,4%). En cambio, en comparación con el trimestre anterior el precio de los arrendamientos desciende en toda la ciudad excepto en Nou Barris (+1,4%) y Sant Andreu (+2,6%). El distrito donde el alquiler es más caro sigue siendo Sarrià-Sant Gervasi con 1.599 euros al mes. Por el contrario, los arrendamientos más baratos están en Horta-Guinardó con 929 euros.

En cuanto a los municipios, Alella registró el precio medio del alquiler más caro de Catalunya durante el primer trimestre de 2026, con 1.797,56 euros mensuales. Le siguieron Sant Vicenç de Montalt (1.776,56 euros), Cabrils (1.713,80 euros), Begues (1.559,84 euros) y Matadepera (1.525,01 euros).

Entre las localidades con un alquiler más bajo se encuentran la Sénia (362,37 euros), Artesa de Segre (373 euros), Ulldecona (375,59 euros) y Flix (389,39 euros).

Por lo que respecta a la actividad del mercado, el saldo entre nuevos contratos y extinciones volvió a ser positivo en el primer trimestre. En Catalunya se firmaron 28.079 nuevos contratos de alquiler y se extinguieron 24.675, lo que deja un saldo positivo de 3.404 contratos. La cifra mejora la registrada un año antes (3.144) y también la del cierre de 2025 (1.882), lo que apunta a una recuperación de la contratación tras la desaceleración de los últimos trimestres.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

La Generalitat de Catalunya prorrogará la regulación de los precios del alquiler en la amplia mayoría de los 271 municipios que ya habían sido declarados dentro de las zonas de alquiler tensionado desde 2024. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque, que este jueves ha participado en la jornada 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' organizada por elDiario.es, donde ha reclamado que la vivienda se convierta en Catalunya en una “misión de país”.

Paneque ha explicado que, tras casi tres años con límites de precios, el Govern considera que esta medida ha conseguido “enfriar” el mercado del alquiler, que era uno de los principales objetivos perseguidos. Pese a eso, la responsable de vivienda considera que debe mantenerse la regulación, que se prorrogará a partir de marzo de 2027, cuando caduca la anterior declaración.

Según ha detallado, el Departament de Territori se encuentra en estos momentos analizando los datos de todos los municipios, ya que ha considerado que algunos podrían salir de la regulación por haber logrado reducir de forma contundente los precios del alquiler. Al tiempo, nuevos municipis entrarán a formar parte de las zonas tensionadas.

Fuentes del Govern aseguran que tanto las salidas como las entradas supondrán menos del 10% de las localidades, por lo que la cifra de 271 apenas cambiará. La prórroga es en principio de un año, aunque para las localidades que se incorporan a la regulación, esta se extendrá por tres ejercicios, hasta 2030.

La regulación de precios, además, incluye desde diciembre del año pasado a los contratos de alquiler temporal, después de que el Govern y sus socios constataran que esta modalidad se había convertido en una vía para esquivar la regulación de precios. El Govern ha detectado que desde la entrada en vigor de esta medida, los contratos temporales se han reducido.

En la jornada celebrada en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la consellera ha aprovechado para enviar un mensaje a los propietarios, a quienes les ha dicho que cuando el Govern pone un tope al alquiler lo que está intentando es “que el beneficio sea razonable”. “No vamos contra el derecho a la propiedad, sino que garantizamos beneficios compatibles con el derecho a la vivienda, por tanto el propietario privado puede tener toda la tranquilidad”, ha dicho.

Junto a esta medida, Paneque ha defendido el conjunto de políticas que el Govern ha tomado en esta legislatura de la mano de sus socios, comenzando por el impuslo a la construcción. Así, ha destacado la buena marcha del llamado Plan 50.000, un intento para “generar un partque públcio de vivienda asequible permanente” para el que ya se han movilizado 670 solares de los ayuntamientos, la mitad de ellos con un promotor ya asignado y, la otra mitad, en proceso de adjudicación.

Además el Govern ha pisado el acelerado en las compras directas, por la vía del tanteo y retracto, que suma alrededor de 3.000 viviendas que han pasado directamente al mercado protegido.

Otra de las medidas en marcha es la prohibición de las compras especulativas, una medida pactada con los Comuns y que este mismo miércoles inició el trámite parlamentario, pese a que Junts y el PP ya han anunciado que lo llevarán al Consell de Garanties Estatutàries.

“Estamos haciendo una política concertada”, ha destacado Paneque, que ha reconocido que al Govern “le está costando que el mundo privado entienda que la voluntad es que la mayoría de lo que se construya sea de uso prioritario y preferencial por residencia”.

“No compartimos que la vivienda se haya convertido en un bien que no tenga que ver con el fin social de la vivienda”, ha añadido la consellera, que ha reclamado que la oposición ponga sobre la mesa propuestas alternativas.

“Si la mayor parte del arco parlamentario compartimos que estamos viviendo una crisis habitacional, porque la mayoría de los catalanes tienen dificultades para acceder a la vivienda, me gustaría escuchar más propuestas de cómo combatirla”, ha dicho.

*El contenido íntegro de las jornadas 'Dret a l'habitatge: on i com créixer' se publicará en vídeo el próximo lunes, 13 de julio de 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

La Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, ha contratado un servicio de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) “respetuoso con el medio ambiente” y destinado a cubrir los “desplazamientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones por parte del personal dependiente”, según indican los pliegos de contratación de la licitación. La mesa de contratación acordó adjudicar el primer lote (servicio de taxi) a la Cooperativa Valenciana Limitada Tele Taxi y el segundo (VTC) a Tuaxi Coop, las únicas que presentaron una oferta, según consta en la documentación colgada en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado 1 de julio.

La licitación, dividida en dos lotes, tiene un valor estimado del contrato —el tope máximo— de 135.216 euros para tres anualidades (hasta 2028). Sin embargo, el presupuesto máximo para los dos lotes, en el supuesto de que se ejecuten de forma sucesiva según necesidades de la Administración, alcanza los 55.000 euros (no resulta necesario agotar dicha cantidad). Se trata, por tanto, de una “cuantía estimativa”, según indica un anexo a los pliegos de prescripciones administrativas.

La memoria justificativa del contrato, licitado por procedimiento abierto simplificado (al tratarse de un valor estimado menor de 140.000 euros), explica que el departamento autonómico dirigido por el conseller Valderrama “no dispone de medios personales ni materiales propios suficientes y adecuados para atender, de manera directa y continuada, las necesidades de transporte”, por lo que se requiere su contratación externa.

Flota de vehículos “claramente insuficiente”

La Conselleria de Emergencias tiene adscrita una flota de vehículos “claramente insuficiente” para cubrir los desplazamientos de su personal dependiente, especialmente si son de “carácter esporádico, urgente o imprevisible” o se producen “fuera del horario ordinario”, que no garantiza la “inmediatez, flexibilidad y disponibilidad” exigida para los recorridos desde la sede del departamento hasta “distintos órganos o unidades administrativas” de todo el territorio valenciano. Tampoco cuenta con “personal conductor suficiente”, argumenta la memoria justificativa, firmada por el conseller Juan Carlos Valderrama.

Para el primer lote, Emergencias exigió que se aplicaran los precios unitarios establecidos en las tarifas oficiales para el taxi aprobados por la Generalitat Valenciana. La memoria justificativa también indica que el servicio se ha externalizado al no estar incluido en la Central de Compras de la Generalitat.

La mesa de contratación estuvo presidida por el jefe de servicio de Contratación y formada por la jefa de unidad, como secretaria, y por un abogado de la Generalitat, el interventor delegado y otro funcionario como vocales.

La Plataforma de Contratación incluye el acta de la mesa de contratación, celebrada el pasado 16 de junio, aunque aún no dispone de la resolución de la adjudicación ni del contrato firmado entre las partes, por lo que resulta imposible conocer el importe final del servicio adjudicado. Este diario ha preguntado ese dato a un portavoz de la Conselleria de Emergencias, sin obtener respuesta alguna (la dinámica habitual de ese departamento autonómico al recibir consultas por parte de este periódico).

El contrato de Presidencia para la provincia de Valencia

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, dirigida por José Luis Diez, también adjudicó recientemente un contrato similar para dos anualidades (2026 y 2027). La memoria justificativa de esta adjudicación, con un valor estimado de 81.000 euros, explica que una licitación anterior no se adjudicó por falta de acreditación de solvencia de las empresas que plantearon ofertas y, en consecuencia, se recurrió a la contratación menor para cada una de las tres provincias.

El contrato menor correspondiente a Valencia es el primero que finaliza, por lo que el departamento de Presidencia licitó por procedimiento abierto simplificado el servicio en esa provincia destinado a las necesidades de movilidad del personal funcionario, al que no pueden atender los vehículos y conductores de los altos cargos.

La licitación de Presidencia detalla un presupuesto base de licitación de 45.000 euros (el máximo a comprometer en los supuestos de servicios que se adjudiquen en forma sucesiva según necesidades de la Administración, sin necesidad de agotar dicha cantidad).

La memoria justificativa del contrato, firmada por la jefa de servicio de Asuntos Generales y Patrimonio, destaca que la “alta representatividad” del departamento de Presidencia produce un “gran volumen de solicitudes de vehículos oficiales por parte de los altos cargos, hecho que comporta la imposibilidad de atender todas las peticiones por falta de vehículos propios y conductores disponibles”.

El acta de la mesa de contratación celebrada el pasado 17 de junio (formada por funcionarios, por un abogado de la Generalitat y por el interventor delegado) propuso, escudándose en un informe técnico, la adjudicación del contrato a la mercantil Radio Taxi Metropolitano de Valencia SLU.