Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig y la Universitat de Barcelona (UB) son 7 de las 20 personas y 10 entidades que el Govern ha reconocido este año con las Creus de Sant Jordi a propuesta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Las distinciones reconocen los servicios destacados a Catalunya en la defensa de su identidad o en el ámbito cívico y cultural. Ramon Alberch, Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo, Joan Fontcuberta, Salah Jamal o Enric Majó han sido también galardonados, al igual que las entidades Agrupació Coral Flors d'Urgell, Banda de Música de Benissanet, Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació Ernest Lluch, Fundació Pau Casals o Grup Cultural de la Dona de Solivella.

De la filósofa Victòria Camps, el Govern destaca la “trayectoria intelectual” y el “compromiso con el pensamiento ético y cívico”, mientras que de la escritora Maite Carranza se subraya su trayectoria literaria, con unas setenta obras publicadas, y su “contribución a la literatura infantil y juvenil”.

El artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta es reconocido por la “reflexión crítica sobre la imagen”, mientras que de la actriz y cineasta Sílvia Munt se reconoce su “trayectoria artística en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales”. De la periodista Julia Otero se destaca su trayectoria en el periodismo radiofónico y televisivo.

El archivero e historiador Ramon Alberch recibe la Creu de Sant Jordi por su contribución “decisiva” a la “modernización y proyección internacional del modelo archivístico catalán”, mientras que de la emprendedora social Carmen Armengol se subraya su “compromiso social en favor de las personas, especialmente en los ámbitos de la salud mental y la discapacidad intelectual” a través del Grupo Som Via, que fundó junto con Jaume Vilaplana hace más de treinta años.

La artista plástica Maria Àngels Domingo, en sus facetas de ceramista, escultora y pintora, “es conocida por una obra personal que combina la raíz del oficio y la tradición del taller con una concepción contemporánea y conceptual del arte”. Por su parte, el médico, historiador y escritor catalán de origen palestino Salah Jamal recibe la distinción por su “compromiso con el diálogo intercultural y la difusión del conocimiento sobre el mundo árabe e islámico”.

Del actor Enric Majó se destaca una carrera “extensa” que ha “contribuido a la difusión de la cultura catalana”, y de la diseñadora Roser Marcé, su trayectoria en el mundo de la moda y su “contribución al desarrollo del 'prêt-à-porter'”. También se la considera impulsora de la proyección internacional de la moda “hecha en el país”.

El empresario Miquel Martí recibe la Creu de Sant Jordi por su trayectoria en el ámbito de la movilidad y el transporte colectivo y por su contribución a la “modernización” del sector. Presidente honorífico del grupo Moventia, “ha sido clave en la transformación de una empresa familiar catalana en un referente internacional en lo que respecta a los servicios de movilidad”.

La actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà ha contribuido a la “calidad” y al “prestigio” de este sector en el país, y la empresaria Ernestina Torelló tiene una trayectoria vinculada al sector vitivinícola y ha contribuido “a la proyección y el prestigio de los vinos espumosos del país”.

También es empresario del vino Miguel Agustín Torres, de quien, del mismo modo, se destaca su contribución “decisiva” a la proyección “internacional” de los vinos catalanes. Es miembro de la cuarta generación familiar al frente de Familia Torres.

Otra empresaria que recibe la Creu de Sant Jordi es la presidenta del grupo Sorigué y de la Fundación Sorigué, Anna Vallès, de la que también se destaca su “compromiso con la cultura y la sociedad”.

Además, las distinciones del ejecutivo catalán también reconocen este año al investigador en psicología y educación Ignasi Vila, por su trayectoria académica y por su contribución al desarrollo del modelo de inmersión lingüística escolar en Catalunya.

El cocinero Fermí Puig, el educador y activista social Enric Morist y el teólogo Josep Rius son este año Creus de Sant Jordi a título póstumo. El Govern destaca la contribución a la renovación y la proyección de la cocina catalana del primero; la acción social y el desarrollo del tercer sector en Catalunya del segundo, y la trayectoria académica y de investigación en el ámbito de la teología y de los estudios bíblicos del tercero.

Diez entidades galardonadas

En cuanto a las entidades que también han recibido la Creu de Sant Jordi, son la Universitat de Barcelona, la Fundació Ernest Lluch, l'Agrupació Coral Flors d'Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, la Fundació Pau Casals, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, els Pastorets de Calaf y T'acompanyem.

En el caso de esta última, se destaca su labor social en el acompañamiento de personas en situación de desempleo y en la promoción de la inserción laboral y la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad.“

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Huesca ha fijado en 56 semanas —algo más de un año— el plazo máximo para que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) devuelva las pinturas murales de Sijena a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena, reduciendo en parte el cronograma que el propio museo había propuesto y rechazando que la alegada fragilidad de las obras justifique demorar la ejecución de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Todos los costes del desmontaje y traslado correrán a cargo del MNAC.

En una providencia fechada el 10 de abril, la magistrada recorta tres de las cuatro fases del cronograma presentado por el museo: da por materialmente concluida la primera —estudios previos y diagnóstico— y reduce la segunda y la tercera, de evaluación de riesgos y metodológica respectivamente, al entender que buena parte de sus actuaciones ya estaban integradas en fases anteriores o correspondían a la parte ejecutante. El resultado: el plazo inicial de 64 semanas queda en 56.

Sobre el argumento técnico que el MNAC y la Generalitat han sostenido ante los tribunales y el Parlament, la jueza es taxativa: “Ningún perito ha afirmado la imposibilidad de trasladar las pinturas a la Sala Capitular”, recuerda, y cita la sentencia de 2016, que ya estableció que el traslado “es posible siempre que se adopten las medidas y precauciones necesarias”. A ello suma el informe de Arantxa Ferrer Rueda, jefa del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que concluye que la Sala Capitular “reúne todos los requisitos para que, a día de hoy y a todos los efectos, pueda considerarse como un espacio expositivo”.

La providencia establece además un mecanismo de control: el MNAC deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de cada fase del cronograma a medida que se ejecute. Cualquier incumplimiento parcial, incluso referido a una sola fase, habilitará a la comunidad autónoma de Aragón para ejecutar el traslado de forma subsidiaria, pero a costa del Museo.

La resolución llega en un momento de tensión institucional en torno al caso. A finales de marzo, cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat —Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa— presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la propia magistrada, acusándola de prevaricación con el objetivo declarado de paralizar cautelarmente el proceso. El TSJA ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que informe sobre su admisión. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena la calificó de “temeridad supina”. En paralelo, el MNAC sí ha licitado ya el traslado de las denominadas pinturas profanas —las piezas de la sala 17 que no sufrieron el incendio de 1936—, cuya devolución está prevista antes de que acabe el año.

“Satisfacción” del Gobierno de Aragón

Mientras, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha expresado la “gran satisfacción y alegría” del conjunto de los aragoneses por la decisión de la juez, que establece un plazo de 56 semanas porque “es el mayor marco temporal posible para facilitar, sin discrepancias y de forma inmediata, el inicio de los trabajos y la vuelta a Aragón de las pinturas murales”.

El director ha subrayado que los trabajos técnicos previos realizados por el equipo aragonés han permitido dar respuesta a cuestiones “de forma totalmente solvente” y ha incidido en que la providencia de la juez “es una excelente noticia para todos los aragoneses”. “Hay una voluntad de evitar el filibusterismo procesal, la juez deja claro que no es momento de más enredos, sino del cumplimiento de la sentencia” y advierte de que en caso de incumplimiento por parte del MNAC, “se facultará al Gobierno de Aragón para la ejecución, todo ello a costa del MNAC, que no podrá eludir su responsabilidad”.

Las noticias del alzamiento militar sumieron Barcelona en la histeria y el caos el 18 de julio de 1936. El president Lluís Companys multiplicaba sus reuniones, los sindicatos hacían acopio de armamento para resistir, los conspiradores aguardaban en los cuarteles… Y en medio del nerviosismo, en el Palau de la Música, de noche y a puerta cerrada, un grupo de músicos decidía interpretar, por última vez y a modo de despedida, la 9ª Sinfonía de Ludwig Van Beethoven. 

Era la Orquesta Pau Casals, dirigida por el afamado violoncelista catalán y con Concepción Conxita Badia como soprano. El golpe de Francisco Franco les sorprendió ensayando para el concierto que tenían en agenda para el día siguiente: el de la inauguración de la Olimpiada Popular que debía acoger la capital catalana, y que nunca se llegó a celebrar. Tampoco hubo actuación, prevista en el Teatro Grec de Montjuïch. La Guerra Civil que se acababa de desatar puso fin también a quince años de la pionera orquesta privada que lideró uno de los músicos más influyentes del siglo XX en España. 

Ahora, 90 años después, el Palau de la Música acoge un homenaje a ese concierto. Más concretamente, en memoria de Conxita Badia, puesto que se conmemoran también los 50 años de su fallecimiento. La Orquesta Sinfónica de Sant Cugat, dirigida por Salvador Brotons, interpretará este 14 de abril la 9ª Sinfonía de Beethoven y otras canciones dedicadas a la soprano, menos conocida que Casals, pero una de las voces más reclamadas por los grandes músicos de su tiempo y que también quedó marcada por el exilio y su oposición al franquismo.

“Es una bonita forma de conmemorar ese canto a la alegría con el que se despidieron para siempre”, señala Mireia Domènech, comisaria del Año Conxita Badia y nieta de la cantante. La 9ª Sinfonía de Beethoven, de 1 hora y 15 minutos de duración, concluye con el universal Himno de la Alegría. “Su mensaje de hermanamiento entre los pueblos y de paz es muy potente, sin mencionar la dificultad, encanto y belleza de la obra”, relata Josep Ferré, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Sant Cugat. 

“La sinfonía completa antes de separarnos”

El 18 de julio de 1936, Pau Casals debía dirigir el último ensayo de su orquesta antes de la apertura de la Olimpiada Popular que Barcelona acogía en respuesta a los Juegos Olímpicos de Hitler. Por aquel entonces, la agrupación de 88 músicos, fundada por él a su vuelta de París, cumplía 16 años de actuaciones e incluso la Generalitat debatía si convertirla en la orquesta nacional de Catalunya. “Era algo extraordinario en esa época, que ya existía en Europa pero no aquí: una orquesta privada que Casals pagaba de su bolsillo”, expone Domènech.

Una de las artistas más destacadas de la orquesta era Badia, discípula de Enric Granados y Manuel de Falla, musa del propio Casals y años después maestra de voces como Montserrat Caballé. 

Casals se despertó ese día en El Vendrell y, debido a los incidentes, no contaba llegar al Palau de la Música. Así lo recoge en sus memorias Joan Balcells, director del Orfeó Gracienc, encargado de la parte coral de la obra. Finalmente, el ensayo arrancó con su director, aunque ya con varias bajas. Al descanso, un enviado de la Generalitat, según algunos el conseller de Cultura Ventura Gassol, se desplazó al lugar para comunicarles que el concierto del día siguiente quedaba suspendido y que debían finalizar las pruebas e irse a casa.

El propio Casals lo relató al escritor Josep Maria Corredor, que lo publicó en Converses amb Pau Casals. “El ensayo iba muy bien. Y, en el momento en el que el coro se preparaba para cantar, se presentó un emisario de la Generalitat”, explica. “Teníamos que evacuar rápidamente la sala, porque el tiroteo por las calles podía comenzar de un momento a otro. Imagínese mi consternación”.

Sin embargo, tras comunicarles la situación a los músicos, les animó a coger los instrumentos por última vez. “Como no sé cuando podremos volver a reunirnos, os propongo que ejecutemos la Sinfonía completa antes de separarnos”, les dijo. 

La 9ª Sinfonía, la misma que la Orquesta Pau Casals interpretó el 15 de abril de 1935 para celebrar la proclamación de la Segunda República, en el Teatro Nacional de Montjuic, marcó para ellos el inicio de la guerra. Muchos músicos acabaron en el frente o en el exilio. La Orquesta todavía pudo actuar dos veces, a finales del 36 y en julio del 37, durante el Congreso internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. Ambas actuaciones fueron en el Gran Teatre del Liceu. 

El periplo posterior de Casals es conocido: desde su exilio a Prada de Conflent (sur de Francia) y a Puerto Rico, el concierto en la Casa Blanca, la Medalla de Naciones Unidas, y la repatriación de su cuerpo, en 1979, una vez restablecida la democracia en España.

La soprano comprometida con la cultura catalana

En cambio, menos divulgada ha sido la vida de Conxita Badia, dedicada sobre todo al lied y una de las voces más reconocidas entre sus coetáneas. También era pianista. “No se consideraba compositora, porque era soprano, pero hizo muchas canciones en la intimidad”, señala Ferré. A lo largo de su trayectoria, estrenó obras de Casals, De Falla, Mompou, Montsalvatge o Millet, y cosechó elogios de figuras como Schönberg. 

Tras el estallido de la Guerra Civil, Badia huyó a París acompañada de Jaume Miravitlles, jefe del Comisariado de propaganda de la Generalitat. Desde el exilio, relata Domènech, “se convirtió en la voz de la cultura catalana para representar el patrimonio artístico vivo”. Como embajadora cultural catalana, celebró conciertos de la Generalitat para promocionar el arte catalán. 

Más que comprometida con la Segunda República, señala su nieta, Badia lo estaba con el catalanismo. Con su marido en Sudamérica, sola y con tes hijas, llevó a cabo numerosos conciertos por toda Europa. Finalmente, se trasladó a Brasil y Argentina, donde se reunió con su marido, y regresó a España en 1946. 

A lo largo de su vida (falleció en 1975), combinó su faceta de intérprete con la de maestra de canto, lo que la llevó también a dar clases por medio mundo y a tener discípulas como Montserrat Caballé. Pero uno de los episodios que explican su aprecio entre los compositores ocurrió también en torno a la Guerra Civil. Eduard Toldrà, otro destacado músico catalán, le dedicó en 1936 la canción La rosa als llavis, pero su estreno quedó también frustrado por el golpe de Estado. Aun así, Toldrà quiso esperar a Badia para cantarla, algo que no ocurrió hasta once años después: el 14 de noviembre de 1947, 50 aniversario de la cantante.

Esta canción, La rosa als llavis, forma parte también del repertorio ideado por la Orquesta Sinfónica de Sant Cugat para su concierto en el Palau de la Música. Habrá también canciones de la propia Conxita Badia. Las sopranos, en esta ocasión, son Begoña Alberdi y Èlia Farreras-Cabero. “Recuperar la 9º Sinfonía en este contexto no es solo un recuerdo, es rescatar el espíritu de ese último ensayo y convertirlo en un mensaje de paz, con Beethoven, Casals y Badia unidos de nuevo”, resume Domènech. 

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha vuelto al trabajo esta semana después de dos meses de baja. A su regreso, Niubó ha desvelado que la enfermedad de la que fue operada en febrero era un cáncer de timo, una glándula situada entre los pulmones y el corazón, según ha contado en SER Catalunya. Este martes se ha reincorporado al frente de la conselleria y ha asegurado que se encuentra “recuperada”.

Niubó ha detallado que en Navidad empezó a tener problemas de visión y que finalmente le diagnosticaron una enfermedad llamada Miastenia gravis, que genera fatiga muscular y que puede estar vinculada a este tipo de cáncer. Finalmente le confirmaron el diagnóstico y fue intervenida quirúrgicamente. Niubó ha reconocido que no lo había explicado antes porque quería “proteger” a su familia ante una operación que ha calificado de “compleja”.

La consellera ha explicado que pasó una Navidad “complicada” porque los problemas de visión iban en aumento. Uno de los primeros momentos en que lo notó fue en la ofrenda en la tumba de Francesc Macià, donde percibió que no podía enfocar con un ojo. Posteriormente empezó a tener mucha sensibilidad a la luz y más problemas de enfoque. “De un día para otro te cuesta mirar una hoja”, ha relatado.

En un primer momento dejó pasar unos días para ver si mejoraba, pero finalmente, después de Navidad, acudió a urgencias, donde le acabaron diagnosticando Miastenia gravis, que era lo que le estaba provocando los problemas de visión y que, finalmente, llevó al diagnóstico del cáncer. Ahora ha recibido el alta y ha asegurado que se encuentra “en todas las condiciones” para ejercer sus funciones.

Durante su ausencia, el sector educativo ha vivido el tramo del curso más turbulento. El profesorado ha llevado a cabo dos huelgas multitudinarias, con las que ha tenido que lidiar su sustituto, el conseller de Presidència Albert Dalmau, y cuyas consecuencias deberá afrontar ahora la consellera. 

Su Departamento logró un pacto para mejorar salarios y condiciones laborales con CCOO y UGT, pero el acuerdo fue tachado de insuficiente por los demás sindicatos –en su conjunto, mayoritarios–, que mantuvieron el pulso con nuevas huelgas. Este jueves, Niubó se reúne con USTEC-STEs, el más representativo en la enseñanza pública. 

La consellera ha afirmado que quiere “escuchar” a USTEC, pero ha avanzado que no prevén modificar el acuerdo. “No nos planteamos en este momento tocar el acuerdo, sino desplegarlo”, ha afirmado en la entrevista.

Niubó se reúne este jueves con el sindicato, al que quiere “invitar” a sumarse al pacto alcanzado con Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), así como al resto de sindicatos que se oponen. Y es que ha defendido que es “el mejor acuerdo posible” y ha garantizado que da respuesta a las reclamaciones de los docentes.

Así, ha detallado que a principios de curso habrá efectos reales en las aulas, como “dotaciones adicionales” de docentes para garantizar que no haya sobreratios y “muchas más manos” de apoyo para atender a alumnos con necesidades.

Violeta vive en Vilanova i la Geltrú desde hace cinco años y siempre había optado por el tren para acudir a su puesto de trabajo, en Barcelona. “La R2 nunca ha funcionado bien, pero solo la cogía una o dos veces por semana”, comenta esta diseñadora, que tiene la suerte de poder teletrabajar la mayoría de jornadas.

Tras la peor crisis de Rodalies que se recuerda, que comenzó hace dos meses, Violeta se ha decantado por transportes alternativos, como el autobús, e incluso ha pensado en comprarse un vehículo.

La historia de Violeta es la de muchos usuarios que han visto como, lejos de estar ante un episodio puntual aunque repetitivo, los accidentes en Adamuz y Gelida del 18 y 20 de enero supusieron un antes y un después en Rodalies. La crisis ferroviaria en Catalunya se ha enquistado y el Govern ya habla del mes de mayo como fecha en la que podrían recuperar la situación anterior a la debacle de enero pasado.

Que Rodalies experimente una mejora objetiva respecto a años anteriores, como era la promesa inicial del Govern, ya no es un objetivo que se formule en presente. Solo aparece, según indició en el Parlament el propio president Salvador Illa, en las previsiones a largo plazo.

Dos meses después de la inédita suspensión total del servicio ferroviario, Rodalies y Regionals aún sufren una decena de cortes permanentes, entre ellos dos de gran afectación para los viajeros, como son la R2Sud y la R3, la primera operando en vía única y la segunda con un tramo central sin circulación. Entre las dos, en un día laborable de alta movilidad, solían sumar 140.000 usuarios diarios.

La infraestructura también soporta 183 limitaciones temporales de velocidad, las llamadas LTV, según los datos que Adif distribuye internamente y a los que ha podido acceder elDiario.es para la semana entre el 20 y el 27 de marzo. La plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) denuncia a la vez que hay 11 grandes obras pendientes que han quedado aplazadas. Y todo esto implica, para el usuario, retrasos generalizados, trenes que no pasan o que quedan parados a medio trayecto durante demasiado tiempo.

La Generalitat ha habilitado servicios alternativos por carretera que, pese al caos inicial, han acabado suponiendo un sustitutivo imprescindible para muchos viajeros. Pero eso tiene consecuencias: los usuarios están huyendo a la carretera y los expertos avisan que no será fácil que vuelvan al tren.

“El viajero ha perdido la confianza y costará que la recupere. Además, los servicios alternativos están funcionando bien, muchas veces incluso mejor de lo que funcionaban los trenes antes, por lo que muchos preferirán seguir en bus. El problema es que el volumen de personas que se mueven diariamente en Catalunya no puede hacerse por carretera, por un tema de capacidad”, explica Joan Carles Salmerón, del Centre d'Estudis del Transport Terminus.

Limitaciones temporales de velocidad: un rosario de incidencias

En la rueda de prensa del Govern del pasado martes, la consellera Sílvia Paneque reconoció que la tardanza en recuperar la situación anterior al 20 de enero refleja un estado “pésimo” del mantenimiento de la red, que es competencia de Adif. La responsable catalana de Territorio detalló además que, por el momento, la empresa ha hecho obras de emergencia por valor de 110 millones de euros y mantiene desplegados en Rodalies a 368 trabajadores.

Las 183 limitaciones temporales de velocidad señalan aquellos puntos de la red ferroviaria o tramos por los que los trenes han de pasar a una velocidad menor a la habitual, porque hay obras, un problema o cualquier otra incidencia. Estas limitaciones, que las autoridades han mantenido siempre ocultas, se han convertido en un indicador que evalúa el estado de la red ferroviaria.

En la práctica, un punto con una reducción temporal de la velocidad es simplemente una zona en la que maquinistas y gestores de la vía, es decir, Renfe y Adif, han considerado recomendable que los trenes pasen a una velocidad menor. Sin embargo, en este momento, revelan un rosario de incidencias.

“En las vías de tren siempre puede haber LTV, como pasa en las carreteras”, razona Salmerón, “pero si tienes más de un centenar de puntos así y si algunos, en vez de ser temporales, llevan años, lo que indica es que tienes una infraestructura demasiado vulnerable”.

Desde el accidente de Gelida en el que perdió la vida un joven maquinista, en la red de cercanías catalana se han multiplicado las LTV. Las razones son múltiples: los destrozos del temporal Harry, el mayor celo de los propios maquinistas o la especial preocupación de las administraciones por evitar incidentes. Los tres argumentos son habituales en el sector, pero nadie se acaba de explicar por qué estos puntos negros, en vez de reducirse, algunas semanas suben.

El Govern asegura que está rebajando el número y trata de mantener la imagen de control sobre un servicio público del que la Generalitat es titular. Las organizaciones de usuarios, sin embargo, optan con frecuencia por puentear a la administración catalana y dirigirse directamente al Ministerio de Transportes, del que depende Renfe y Adif, y que consideran que ostenta la autoridad real.

Temporal, desinversión y conflicto laboral crónico

La respuesta habitual de las autoridades cuando se les pregunta por la crisis permanente en Rodalies es, ahora, el temporal Harry, que azotó Catalunya a finales de enero pasado. El evento climático, que dejó destrozos importantes aunque sobre todo en las zonas más litorales, no fue sin embargo un episodio meteorológico especialmente extremo.

“Después de pasar por Catalunya, aquel temporal golpeó Cerdeña o Sicilia. En Sicilia, las afectaciones ferroviarias duraron 10 días. Y tienen una red amplia y muy litoral, pero la tienen mejor mantenida que nosotros”, reflexiona Salmerón.

Además de las LTV, esta semana la plataforma de Promoció del Transport Públic ha denunciado el retraso de hasta 11 proyectos de máxima urgencia para la red. “De las 15 actuaciones clave y que aparecen en el plan Rodalies frecuentemente, en 11 casos sus estudios, que ya se debían haber aprobado, han quedado retrasados. Tenemos varios con retrasos de más de dos años. Por ejemplo, la estación intermodal del Camp de Tarragona, la estación técnica del Prat, o el desdoblamiento Centelles-Vic”, explica Adrià Ramírez, presidente de la PTP.

Según denuncia esta entidad, “sin estudios no hay proyectos y, sin proyectos, no hay obras”. Esos retrasos son un lastre más para la red, de los que culpan directamente al Ministerio de Transportes. “Nunca sabes hasta qué punto es incompetencia o mala fe”, indica Ramírez, que habla de “despriorización endémica de las redes de Cercanías que no son la de Madrid”.

Fuentes del sector reconocen que, si bien el mal estado de la infraestructura es innegable, el conflicto laboral que los maquinistas de Renfe mantienen con la empresa, muy especialmente en Catalunya, es también un factor clave para explicar que dos meses después la situación en Rodalies siga siendo un desastre.

“En la R2Sud los maquinistas han rechazado los nuevos horarios decretados por la empresa. Mantienen los de semanas atrás, lo que hace que ningún tren salga a su hora”, comenta una fuente conocedora de la situación de los ferroviarios como un “ejemplo entre muchos”. “Lo que los usuarios encuentran cada día en Rodalies es producto de muchas cosas, pero una de ellas es la incapacidad de resolver un conflicto laboral en Renfe que ya no dura meses sino años”, añaden estas mismas fuentes.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat —Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa— han presentado este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), actualmente ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), una iniciativa que el Gobierno de Aragón ya ha rechazado al considerarla un intento de obstaculizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que ordenan su restitución.

Según ha informado el abogado y exdiputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas en un mensaje en X, los exresponsables de Cultura formalizan esta acción legal en un contexto de creciente tensión institucional en torno a unas piezas cuyo litigio se prolonga desde hace años: “Los consellers que hoy presentamos esta demanda, lo hacemos al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya, sobre todo, que nos obligaba cuando éramos consellers y ahora nos sentimos obligados como ciudadanos que debemos ejercer nuestras responsabilidades a preservar el patrimonio”, ha señalado Lluís Puig en una entrevista en TV3.

Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, se interpreta esta querella como un nuevo episodio de confrontación política. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha calificado la iniciativa como un intento “de carácter político e intimidatorio” que busca frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que avala el retorno de los bienes a Aragón.

Puig, por su parte, ha cargado contra el proceso judicial que ha derivado en la orden de traslado, al que ha definido como un “desbarajuste judicial” fruto de “presiones políticas que considera desmedidas y desenfrenadas”. También ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no atender a informes internacionales contrarios al movimiento de las obras ni de solicitar un nuevo dictamen al Instituto del Patrimonio Nacional.

Frente a estas afirmaciones, el Ejecutivo aragonés insiste en que la cuestión está resuelta judicialmente y que no cabe reabrir el debate. Olloqui ha subrayado que la viabilidad del traslado “es cosa juzgada” y ha asegurado que está respaldada por criterios técnicos, incluidos los del propio MNAC, “pese a que una y otra vez lo quieran ignorar desde las instituciones catalanas y los sectores independentistas”.

En la misma línea, el director general ha criticado las recientes declaraciones del ministro de Cultura, al considerar que “ha tomado partido” por “intereses electorales” y por su “debilidad interna en el Gobierno”, en lugar de situarse “del lado del Estado de Derecho”.

El Gobierno aragonés también ha vinculado la querella a lo que considera una “nueva ofensiva del independentismo catalán”. En este contexto, Olloqui ha denunciado un “recrudecimiento del conflicto y la negación del Estado de Derecho” y ha advertido de que Aragón no permitirá que se “socaven” ni la unidad institucional ni su posición en la defensa del patrimonio.

Además, ha enmarcado esta escalada en otros episodios recientes, como la negativa del Museo de Lérida a prestar varias tablas procedentes de Sijena para una exposición temporal solicitada por Aragón, una decisión que ha calificado de “muy desagradable” y en la que aprecia “un antiaragonesismo claro”.

Pese a la controversia, el Ejecutivo autonómico reitera su intención de continuar con el proceso de restitución “sin interferencias políticas ni nuevos intentos de dilación”. “El fallo es claro. Las pinturas murales deben regresar a Sijena”, ha insistido Olloqui.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este martes el Govern aprobará un primer paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros a las empresas afectadas por la guerra en Oriente Medio. El plan incluirá un total de 40 medidas con ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para proteger tanto a las familias como al tejido productivo, especialmente a los sectores más afectados como el transporte, la agricultura y la pesca.

Illa ha avanzado que este paquete “será ampliado según la evolución del conflicto” y ha remarcado que las ayudas a empresas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. También ha pedido al resto de fuerzas políticas no sacar “rédito político” del conflicto bélico, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

En una jornada organizada por el diario Expansión, el jefe del ejecutivo catalán ha subrayado que el objetivo principal es “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” ante el aumento de los costes energéticos y de los productos básicos, así como garantizar la continuidad de la actividad económica.

El plan contempla medidas específicas para facilitar que los hogares vulnerables puedan hacer frente a gastos como la alimentación y los suministros energéticos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

Illa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una respuesta más amplia coordinada con el Gobierno y la Unión Europea, y ha defendido que “la mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación”.

El president ha valorado positivamente la reacción europea en defensa de la paz y del derecho internacional y ha insistido en que la fortaleza del modelo europeo está en la solidaridad y la cooperación entre estados.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan en situaciones excepcionales para garantizar los derechos de la ciudadanía y estabilizar la economía, de forma similar a cómo se actúa en otros ámbitos como la vivienda.

El president ha llamado a la “unidad, responsabilidad y consenso” de todos los actores políticos, económicos y sociales, y ha advertido de que “no es el momento de intentar sacar rédito político” del conflicto. En esta línea, ha apelado también a las grandes empresas y al sistema financiero para que actúen con responsabilidad y eviten “beneficios extraordinarios” en un contexto de crisis.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) considera que puede haber “irregularidades constatadas” en relación con el fichaje del exdirector general de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Pere Calvet, por la compañía de autobuses Alsa, según avanzó ElCritic.cat y confirmó la agencia ACN. Calvet ha sido investigado por la OAC por si su paso a una empresa privada con la que había tenido relación como directivo de FGC, antes de que se cumplieran los primeros dos años tras dejar el cargo, vulnera la ley de incompatibilidades de altos cargos. Antifrau ha trasladado las conclusiones al Departamento de Presidencia y a la Intervención General de la Generalitat.

Según el informe, la OAC ha detectado que durante el mandato de Calvet al frente de la empresa pública, Ferrocarrils adjudicó un total de 1,7 millones de euros en siete contratos a empresas del grupo Alsa, que posteriormente le incorporó como directivo.

Los hechos fueron revelados por ElCritic.cat en febrero del 2024. La CUP los denunció ante la Oficina Antifrau, al considerar que la ley prevé que un alto cargo de la Generalitat debe abstenerse de realizar actividades profesionales con empresas privadas con las que haya tenido relación hasta dos años después de su cese. Calvet fichó por Alsa en abril del 2023, sólo un mes después de dejar el cargo.

Ahora, Antifrau ha comunicado a la formación denunciante que, después de haber investigado los hechos, los ha remitido a la Intervención General de la Generalitat y a la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de la Presidencia, “como autoridades competentes para tratar las irregularidades constatadas que se señalan”. La resolución de Antifrau que instaba a la Generalitat a indagar los hechos se hizo en diciembre del 2025, y todavía no hay respuesta del Govern.

Ferrocarrils de la Generalitat afirmó en su momento que “no consta” que Calvet hubiera participado de forma directa “en ninguno de los contratos relacionados”, ni tampoco “en la elaboración de la documentación, ni como miembro de las mesas de contratación, ni como órgano de contratación”.

Entre 2019 y 2022, durante el mandato de Calvet como director general, FGC realizó siete contratos públicos a dos empresas del grupo Alsa: Alsa Ferrocarril y Alsina Graells Auto Transportes. Alsa es el grupo líder en transporte por carretera a España, pero no sólo opera autobuses. También tiene experiencia en el ámbito del transporte ferroviario, puesto que dispone de un centro de formación para conductores maquinistas homologado desde 2018 y también ofrece servicios de consultoría y mantenimiento.

Seis de los contratos adjudicados por FGC en Alsa son, de hecho, en la sociedad Alsa Ferrocarril, que gestiona este tipo de servicios formativos. El séptimo corresponde a Alsina Graells Auto Transportes, la compañía histórica del transporte por carretera en las comarcas de Ponent, hoy integrada dentro del grupo Alsa.

No ha sido una semana plácida para la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), que se ha visto obligada a retirar su primer proyecto de presupuestos para evitar que ERC se los tumbara. Tras una ardua negociación, Govern y republicanos han acabado pactando una tregua de tres meses, cuando volverán a tratar de aprobar las cuentas.

Romero está convencida de que a la segunda irá la vencida, porque los de Oriol Junqueras ya no tendrán excusa, tras haber borrado la cesión del IRPF como la línea roja que imposibilitó el acuerdo.

La consellera defiende que su responsabilidad era presentar las cuentas, como también la esgrime para retirarlas y así evitar la derrota. A la vez, pone en valor el trabajo de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien la oposición señala como culpable de poner palos en la rueda y evitarse más problemas en la próxima campaña andaluza.

¿El Govern se precipitó al trasladar al Parlament unos presupuestos sin tener garantizada la mayoría para aprobarlos? 

Sinceramente, creo que no. Porque la obligación de un gobierno es aprobar presupuestos, como mínimo presentarlos, marcar su ruta, cuáles son sus prioridades para el siguiente año, en este caso para el 2026... Después de haber generado las confianzas necesarias con Esquerra durante un año y medio y de que hayamos podido presentar un modelo de financiación autonómica después de 13 años, tocaba dar el paso de los presupuestos. En cualquier caso, a veces es verdad que durante la tramitación y la negociación no llegas a buen puerto, y creo que ahora lo que se ha hecho es darnos más tiempo para conseguir esos apoyos que necesitamos.

Pero ERC ya les avisó de que se habían precipitado presentándolos. ¿Qué les hacía pensar que tenían su apoyo?

En este año y medio trabajando con ellos hemos generado confianzas y en todas las carpetas abiertas que mantenemos con ellos hemos sido muy honestos. El presupuesto se estaba trabajando desde hacía tiempo. Cerramos el acuerdo con los Comuns, también con los agentes sociales y económicos. Nos faltaba acabar de cerrarlo con ellos y consideramos que en la fase de tramitación podríamos acabar de negociarlos. Por otro lado, insisto, la obligación del Govern es presentar unos presupuestos.

Usted misma y también la portavoz, Silvia Paneque, negaron solo unas horas antes de que ocurriera que el Govern se estuviera planteando retirar los presupuestos. ¿Mintieron? 

No, no mentimos, porque en ese momento no era una decisión tomada. El Govern llevaba muchos días negociando con Esquerra. Estábamos decididos a llegar a la votación del viernes y que se votara la enmienda de totalidad. Recuerden que nosotros ya le habíamos concedido a ERC diez días más en el trámite parlamentario, para dar más margen al acuerdo. Pero cuando nos dicen que no retirarán la enmienda, nos planteamos hacia dónde queremos ir y valoramos que es mejor evitar la colisión.

Por tanto, ¿es cuando se reúnen el president Illa y Junqueras cuando se convencen de que Esquerra no votará los presupuestos?

Yo no estoy en aquella conversación, pero supongo que el president también valora las diferentes opciones que tiene. Y es verdad que las tenía todas abiertas, eso lo había dicho varias veces. Entiendo que reflexiona y opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a Esquerra Republicana para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Se opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a ERC para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Tanto ustedes como el Gobierno central insisten en que estamos en una situación excepcional en contexto económico internacional. Y ahora le dicen a la ciudadanía que tendrán que esperar tres meses más para tener los presupuestos que se necesitan. ¿Es eso responsable?

A nosotros nos hubiera gustado tener presupuesto en el mes de enero, pero también somos conscientes de que somos un Govern en minoría. No tenemos una mayoría parlamentaria estable, pese a disponer de un acuerdo de investidura firmado con los Comuns y Esquerra. Espero que, tras estas negociaciones en las que entramos ahora con ERC podamos tener los apoyos suficientes, pero es evidente que los partidos políticos debemos ser responsables y generar estabilidad en momentos de dificultad. Es lo que hemos intentado hacer.

Lo han intentado, pero ¿cree que han sido responsables y han creado estabilidad con lo ocurrido esta semana? 

Hemos respondido a nuestra obligación, que era presentar unos presupuestos, buscar los acuerdos. Hemos cerrado un acuerdo con los Comuns. He pasado muchas semanas, e incluso meses, trabajando con los agentes sociales y económicos. Nos hemos visto con muchísimas entidades y gente del sector social, sanitario, educativo, también para buscar su complicidad. Creo que es un clamor que Catalunya necesita presupuestos, porque venimos de unos prorrogados del 2023.

Lo que también habíamos dicho es que, sin presupuesto, necesitaríamos un suplemento de crédito que nos permita mantener el normal funcionamiento de la administración, pagar las nóminas de los funcionarios y también algunos acuerdos de los que hemos llegado, como los aumentos de mossos y profesores. Por eso hoy también hemos aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros para hacer frente a nuestros compromisos.

Citaba los presupuestos del 2023. Cuando entonces Pere Aragonès vio que rompían con Junts, vino a buscarlos a ustedes, y el PSC le ayudó. ¿El Govern en algún momento se ha planteado la opción de explorar a otros socios o sabe que no es posible? 

Recuerdo que en el 2022 Aragonés no nos quiso en la negociación de los presupuestos. Luego en 2023 nos necesitaban, porque habían roto el Govern con Junts, y nosotros, en un sentido también de responsabilidad, los aprobamos. Ahora tenemos unos socios de investidura que son los Comuns y ERC y ambos son nuestra prioridad a la hora de hacer acuerdos. Pero es que además creo que no hay otro partido que esté en el campo de juego. Junts podría ser una opción, pero sigue el rincón, y, por tanto, no hay opciones de pactar nada con ellos. Es una pena, porque los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

¿Y en algún momento se plantearon la opción de una cuestión de confianza para probar que el Govern cuenta con los apoyos necesarios para garantizar la estabilidad? 

Que a mí me conste, no. Pero también es verdad que ahora, cuando acordamos con Esquerra presentar otros presupuestos y que se aprueben cuando acabe el período de sesiones, o también cuando acordamos los decretos ley de suplemento, mostramos los apoyos que tenemos, los 68 votos [mayoría absoluta] con los que llegamos a mediados de abril para aprobar estos dos temas que son relevantes para nosotros. Esta es la mejor confianza que nos pueden mostrar los grupos, ir al próximo pleno, que es el del 14 y 15 de abril, votarnos el decreto de 6.000 millones y las medidas que hemos incorporado.

Los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

Si en Catalunya no hay presupuestos antes del verano, ¿vamos a elecciones? 

No estamos en ese escenario, en estos momentos. Queda todavía mucho tiempo hasta finales de julio. Nosotros confiamos en la palabra de Esquerra, han dicho que quieren presupuestos y ahora debemos ponernos a trabajar de manera inminente. Espero que la semana próxima nos podamos sentar y empezar a hablar de partidas, de medidas, de propuestas, que es lo más importante. 

El president de la Generalitat dijo que estaba “orgulloso” de haber presentado los presupuestos y también de retirarlos. ¿Entiende estas palabras? 

Sí, las entiendo por que presentarlos es un gesto de responsabilidad y de responder a la obligación que tiene un gobierno de elaborar unos presupuestos. El año pasado se nos criticó mucho que no los hubiésemos presentado, porque de entrada Esquerra ya nos dijo que no nos apoyaría. Ahora los hemos llevado a la Cámara, pero cuando el Govern ha decidido retirarlos lo ha hecho por la responsabilidad de no ir a un choque de trenes con ERC.

¿Cuánta responsabilidad tiene la ministra María Jesús Montero de que Catalunya no tenga presupuestos al menos hasta mitad del año?

Cero.

¿No se está ganando tiempo para que Montero deje de ser ministra, y que, por tanto, pueda haber un acuerdo con el IRPF o el gesto que pide ERC? 

Yo no estoy nada de acuerdo con esas lecturas que se hacen de que ella es la culpable de que no sé cuántas cosas no pasen en Catalunya. Quiero recordar que gracias a María Jesús Montero y a su equipo tenemos un modelo de financiación que hacía 13 años que esperábamos. Un modelo de financiación que responde y refleja los principios que plantearon aquí Esquerra Republicana y el PSC en el acuerdo de investidura. Si ella no se hubiera arremangado, no tendríamos esa propuesta de modelo.

¿Hay que desplegar todavía muchos elementos del acuerdo de investidura? Sí, iremos haciéndolo. Pero todos somos conscientes del ruido que ha generado el modelo de financiación en España y las dificultades de convencer a muchas comunidades autónomas de la importancia y de la necesidad de que este modelo siga adelante. No habría nada peor que ver esta propuesta rechazada en el Congreso. Y por eso a mí me gustaría que dedicáramos nuestras energías a esto.

Sobre la cesión del IRPF, que también tienen pactada, la ministra Montero ha dicho 'no'. 

Ha dicho 'no, por el momento'. 

De acuerdo, 'por el momento'. Pero si en vez de 'no' hubiera dicho 'tal vez', eso les habría ayudado en Catalunya.

No lo veo igual. En julio del 2025 hicimos una Bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya donde se aprobó un documento que lo que fijaba era cuáles son los principios que deberá tener el modelo de financiación que deberemos presentar. Hubo gente escéptica que dijo que era muy genérico, que no nos llevaría a nada… pues seis meses después tuvimos un modelo. Y había una segunda parte que decía que el Ministerio de Hacienda y el Departament de Economia trabajarán conjuntamente para realizar las modificaciones legislativas oportunas para que se puedan recaudar impuestos desde Catalunya, empezando por el IRPF. Por tanto, hay un documento entre dos gobiernos, certificado con una comisión bilateral, que dice esto. A mí que me digan dónde no ven el compromiso del Gobierno de España.

¿Y por qué no ha ocurrido?

Las cosas a veces necesitan su tiempo, nos ha costado mucho el modelo de financiación. Pues con la gestión tributaria quizás necesitamos más tiempo, y lo que la ministra ha dicho, al menos las últimas veces que he hablado con ella, es que de momento estamos trabajando y estamos acercando posiciones, que no es fácil. Y yo insisto, podemos tener las modificaciones legislativas mañana, pero no podremos gestionar el 100% del IRPF porque no tenemos nuestro instrumento preparado, que es la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Prometieron una cesión del IRPF para la que, como dicen, no están técnicamente preparados. ¿Prometieron algo que sabían que no podían cumplir? 

El acuerdo de investidura es un acuerdo político entre dos partidos, eso para empezar. Lo que dice sobre la gestión del IRPF es “a partir de 2026”. Todavía no ha terminado el año. En el 25 empezamos una campaña de la renta, donde hacía años que la ATC no participaba. Este 2026 será aún más ambiciosa, y abrimos más espacios, más oficinas, contratamos casi el doble de personal que el año pasado. Pero además, hemos empezado a gestionar conjuntamente el impuesto de matriculación, y lo estamos haciendo con personal del ATC entrando en la plataforma de la agencia estatal AEAT y testeando cómo podemos trabajar conjuntamente. Es decir, estamos caminando y cumpliendo con lo acordado.

¿Tienen el compromiso de ERC, aunque sea verbal, de que quieran aprobar los presupuestos en verano pese a que no haya cambios en el IRPF? ¿O siguen poniendo como condición el IRPF?

Creo que ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos. Tenemos el convencimiento de que empezaremos a negociar medidas, partidas y cifras sobre aquellos elementos que dependen de Catalunya y que son competencia nuestra. Hemos dicho a ERC que haremos todo lo que haga falta y más. Negociar es ceder, y sabemos que deberemos ceder y que quizás debamos dejar de hacer algo para hacer lo que ellos nos piden, pero yo creo que ERC también ha sido generosa no poniendo líneas rojas.

ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos.

Han aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros. ¿De dónde salen? 

Salen de los mayores ingresos que tiene la Generalitat. La economía va bien, es dinámica y viva y está generando muchos ingresos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. El PIB está creciendo y esto significa muchos más ingresos con la herramienta jurídica, el suplemento de crédito, para incorporarlos. Lo que cabe en el suplemento de crédito son los incrementos retributivos que ha habido por los funcionarios públicos. Solo los acuerdos alcanzados con sindicatos para docentes y Mossos son 3.500 millones de euros. Pero no caben los compromisos nuevos, por ejemplo una partida extraordinaria para el Pla de Barris. 

El nuevo modelo de financiación reparte 21.000 millones de euros entre las comunidades, una quinta parte en Catalunya, pero esas cuentas son para el primer año. ¿Cómo se consigue que dentro de cinco años Catalunya no vuelva a sufrir infrafinanciación?

El modelo de financiación, en teoría, es para cinco años, y luego se debería actualizar, aunque a veces renovarlo es difícil. El nuevo modelo que hemos pactado es mucho más estable que el anterior, que era más fluctuante, sobre todo en época de crisis.

¿Por qué?

Porque se basa más en el ingreso y, además, cede a las comunidades autónomas un gran grueso de los impuestos masivos, que son el IVA y el IRPF. El IRPF es más estable que el IVA, que tiene que ver más con la actividad económica y, por tanto, debería fluctuar mucho menos. El nuevo modelo es bastante más estable, estructural y sólido porque no tiene fondos extraordinarios que tergiversaban los resultados. 

Ahora bien, si dura 14 años… El modelo en vigor se aprobó en 2009, pero empezó a diseñarse en 2006. Hace 20 años, ni Catalunya ni España eran las de hoy. El modelo ha tenido que actualizar muchos elementos porque la realidad no es la misma. Ya no es tanto el modelo en sí, sino que el país va cambiando. 

Uno de los objetivos de ERC era aumentar la soberanía financiera de Catalunya. ¿Se puede decir que con la nueva financiación Catalunya tendrá la llave de la caja? 

En el nuevo modelo de financiación hemos eliminado los adelantos y las liquidaciones: a día de hoy cobramos a dos años vista. Si te han pagado más, tienes que devolver el dinero, y si te han pagado menos, te dan más. Ahora lo que pasará es que la Agencia Tributaria, porque la Agència Tributària de Catalunya todavía no está preparada, recaudará los recursos que se generan de los impuestos en Catalunya, y al instante, se irán a una cuenta neutra. Esto permitirá recibir, al instante, los recursos que se generan en Catalunya. Es un paso muy relevante y es un poco tener la llave de la caja. Hemos ganado mucho y no es sencillo lo que ha hecho el Gobierno de España. María Jesús Montero y su equipo han sido valientes. No era una decisión fácil para las estructuras del Estado.

Viendo cómo se recibió este nuevo modelo por parte de los partidos que deberían votarlo, usted, hoy, ¿cree que se aprobará el Congreso? 

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Ahora tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho. Haré una ruta de la financiación por Catalunya explicando las bondades del modelo. Es interesante que todo el mundo sepa que es muy importante tener un nuevo modelo de financiación que nos aporta más recursos, y que nos da más capacidad normativa y tributaria. También tenemos que ir a los grupos que tienen más dudas y decirles que lo intenten mejorar en la tramitación parlamentaria. 

¿Le hubiera gustado que por parte de las patronales catalanas hubiera habido un apoyo más explícito? 

Estoy contenta porque los agentes económicos de Catalunya hicieron una nota en la que apoyaban el modelo. Es verdad que decían que podía ser mejorable, pero han apoyado el modelo y está bien ser exigentes y pedir más cosas. No ocurrió así con Foment del Treball, que entró algo más tarde en ese consenso, pero yo creo que está bien. En Foment estaban informados desde el inicio de las negociaciones, y ahora nosotros también les pedimos que nos ayuden a que aquellos grupos que tienen dudas entren en la tramitación y en la negociación y, por qué no, puedan mejorar. 

¿La estoy interpretando mal, o está diciendo que le gustaría que la patronal Foment ayudara a convencer a Junts para que lo apoyara? 

Me gustaría que todos los agentes sociales y económicos apoyaran claramente el modelo y facilitaran que partidos como Junts entren en la negociación. Creo que lo han hecho, y lo están haciendo porque nos consta que se han ido viendo también con Junts y le transmiten la necesidad de tener un nuevo modelo. A veces por quererlo todo te quedas sin nada, y creo que es mejor ir ganando cuotas de mejora y que Junts entre en la negociación para mejorar el modelo. Se lo agradeceremos si lo hace.  

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo de financiación tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho.

La reforma de la LOFCA que propone Montero, que todavía no hemos visto, parece que no toca el artículo 19, que dice que la gestión de los tributos cedidos, como el IRPF, corresponde a la Agencia Tributaria del Estado. ¿Una ley así la puede votar el PSC que ha pactado que el IRPF esté gestionado en Catalunya? 

Sí, porque ya veremos la propuesta que se hace. Hablamos del modelo de financiación, que era nuestra prioridad. Después se pueden modificar cosas durante la tramitación. Insisto: si alguien cree que lo que nos presenta la ministra Montero no es suficiente o es poco ambicioso, que negocie durante la tramitación. En el PSC estaremos satisfechos si el modelo que se presenta responde al acuerdo de investidura y al que se nos planteó en enero. Y ya iremos ganando cuotas. Nosotros pensamos que de reforma en reforma haces la revolución.

¿No preferirían, ya que se reforma la LOFCA, que también se tocara este artículo?

Insisto en los tempos, que son muy importantes si quieres ganar. Nosotros priorizamos tener un nuevo modelo de financiación. También queremos ganar capacidad tributaria y fuimos al acuerdo de investidura y al documento de la bilateral sin plazos, y nos gustaría que se fuera incorporando la capacidad tributaria. Si el Gobierno no lo hace ahora, creo que lo hace pensando en que necesita los apoyos de muchos partidos pequeños: Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Compromís... El Gobierno de España también tendrá que negociar las enmiendas al modelo, que ha sido la prioridad. Primero el modelo y una cosa detrás de otra.

¿Sin tocar quién puede recaudar el IRPF, la Agència Tributàría de Catalunya puede muscularse o primero hay que modificar el artículo?

Hay cosas que ya podemos hacer. La Agència Tributària de Catalunya está tecnológicamente muy retrasada y necesita una transformación brutal. Hemos decidido la plataforma tecnológica con la que operar, que se podía haber hecho hace años. También es una agencia que llevaba demasiado tiempo con el mismo personal. Necesitamos más inspectores tributarios, que tenemos cerca de 30 y se nos están jubilando, y más agentes tributarios. Estamos trabajando en el crecimiento de los próximos años y si hay IRPF, que es lo que nos gustaría. Estamos preparando a la ATC para cuando llegue el momento.

En la entrevista ha dicho, en más de una ocasión, que el Govern tenía la obligación de presentar los presupuestos. Pedro Sánchez también tiene esa obligación constitucional, pero lo que sabemos es que hasta ahora no los ha presentado y que ahora dice que, dado que existe la excepcionalidad de la guerra y las dificultades, quizás no lo haga. ¿Debería presentarlos? 

No me gusta hablar por un Gobierno en el que no estoy. Siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente. También lo sabe el presidente Sánchez. Es mejor tener presupuestos.

También es verdad que las mayorías en el Congreso son complejas y estar priorizando ahora dar respuesta al conflicto debería ir en medio. En cualquier caso, es una palabra que debería responder, pero siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente, pero en ocasiones no es tan sencillo o en este caso se está priorizando dar otras respuestas y, en fin, todo el respeto por el gobierno de España que está en un momento complejo por el entorno y por las dificultades que tenemos desde el punto de vista político, sobre todo.

El president Montilla le dijo a Zapatero que si tenía que elegir entre él y Catalunya, antes sería Catalunya. ¿El PSC le dice lo mismo a Sánchez ahora? 

Hombre, por supuesto, siempre. Primero Catalunya. Esto lo tenemos muy claro. Cuando antes me preguntaba sobre la decisión del president de llevar los presupuestos y después de retirarlos, todo lo hizo pensando en los intereses de Catalunya todo el rato. Y yo creo que esto es lo que le honra. Más allá de pensar en los intereses políticos, como quizás hacen otros, él decidió que por el interés de Catalunya necesitamos unos presupuestos, vamos a hacer un gesto de generosidad e intentar aprobarlos en dos o tres meses. Y ya veremos, si no nos encontramos en ese escenario, ya darán las explicaciones oportunas.

El Govern ha pactado con ERC retirar los presupuestos para ganar tiempo para negociar, pese a que hasta este mismo martes había asegurado que no daría marcha atrás con las cuentas que ya había llevado al Parlament.

“Ahora más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa.

El president ha mantenido la mano tendida a ERC: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”. Illa ha avanzado que los acuerdos previos con los agentes sociales y los Comuns se mantendrán en las nuevas cuentas, y ha llamado a los republicanos al pacto porque “la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos”.

El pacto de mínimos entre ambos partidos llega tras constatar que el Ejecutivo catalán no obtendría los apoyos suficientes para aprobar las cuentas este viernes, cuando debían votarse las enmiendas a la totalidad, después de que ERC condicionase su apoyo a un gesto del Gobierno a favor de la cesión de la recaudación del IRPF en Catalunya.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC han valorado positivamente la negociación que han mantenido hasta el momento y se han comprometido a aprobar unas nuevas cuentas “antes de que finalice el actual periodo de sesiones”, esto es, antes del verano.

La idea del Govern es volver a presentar las cuentas cuando haya acuerdo. Además, este jueves el Ejecutivo aprobará un suplemento de crédito único para garantizar que la Generalitat dispone de todos los recursos necesarios sin nuevos presupuestos. Es la primera vez que un Govern catalán retira las cuentas después de presentarlas en la Cámara.

IRPF: no es línea roja pero sí muy importante para ERC

La recaudación catalana del IRPF ha sido la cuestión que llevado al choque de trenes entre PSC y ERC que, finalmente, se ha salvador con la retirada de la tramitación de las cuentas. Por esta razón, una de las principales incógnitas es que pasará a partir de ahora con la cesión del impuesto de la renta, con la mirada puesta al momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje su cartera en los próximos meses para centrarse en la campaña de las elecciones andaluzas.

En la rueda de prensa ofrecida tras el acuerdo, Junqueras ha evitado considerar el IRPF como una línea roja en la nueva negociación de los presupuestos, aunque sí ha dicho que es una cuestión “muy importante. ”ERC quiere unos presupuestos en el marco del acuerdo de investidura, un acuerdo que contembla la cesión del IRPF“, ha recordado Junqueras, que ha insistido que si el Govern tiene alguna propuesta alternativa, debe ofrecerla para que la puedan valorar.

El jefe republicano no ha aclarado las condiciones para que ERC apoye unas nuevas cuentas en junio, más allá de asegurar que uno de los requisitos es que no se envíen a la Cámara antes de pactarlas con ellos. “No nos hemos querido conformar con una propuesta que era claramente insuficiente y que se habían presentado de forma unilateral”, ha asegurado el presidente de Esquerra.

“Queremos negociar presupuestos y acordar unos buenos presupuestos”, ha dicho Junqueras. El líder de ERC ha reclamado además “ayuda” a los agentes sociales y a todos los ámbitos institucionales para conseguir unas cuentas “lo más ambiciosas posibles”.

ERC se ha impuesto, por ahora, en su pulso al Govern por el IRPF. Para retirar su enmienda a la totalidad, los republicanos pusieron como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez diese garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figuraba en el acuerdo de investidura de Illa pero que los socialistas temían que enturbiara sus perspectivas electorales en Andalucía.

Al no haber ningún gesto en favor de la cesión del impuesto ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ERC ha mantenido su negativa a las cuentas de Illa, que sí contaban con el aval de los Comuns.

Además de los “acuerdos políticos, económicos y sociales previos”, PSC y ERC se han comprometido a incluir en las nuevas cuentas un “escudo social” para proteger a los sectores más afectados por la situación internacional.

En la política catalana hay ya pocos principios que nunca fallan, pero existe uno que, legislatura tras legislatura, sigue vigente: con ERC nunca se sabe. Es una aseveración que podrían firmar todos los presidentes de la Generalitat desde el regreso de Tarradellas. Ya sean convergentes, posconvergentes, socialistas o incluso Pere Aragonès, el único president republicano desde la llegada de la democracia, que discretamente capeó como pudo las tensiones con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Hubo un conseller socialista que, en su momento, mientras compartía gobierno con ERC, lo resumió con la fábula del escorpión y la rana. Al final acaban picando, se lamentaba, no siempre con razón. Por contra, los republicanos atribuyen sus posiciones a la coherencia y a no querer estar subordinados a unos u otros (sean socialistas o ahora Junts), cosa que les acostumbra a comportar críticas de unos y otros.

El motivo de la última pugna no es menor. Están en juego los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Salvador Illa, que es president porque así lo quiso ERC. El PSC dio por hecho que el apoyo a la investidura de los republicanos incluía el apoyo a las cuentas, algo que tendría su lógica, puesto que es el instrumento que permite a cualquier administración poder gobernar y no solo limitarse a sobrevivir. Distinto es que, ya sea en el Ejecutivo central o en muchas autonomías, se intente dar por normal que no se disponga de unas cuentas. Siempre se buscan argumentos cuando un partido está en el Gobierno y, si no, solo hace falta consultar la hemeroteca para recordar las diez veces que Pedro Sánchez le reprochó —acertadamente— a Rajoy que, si no era capaz de disponer de presupuestos, debía convocar elecciones.

Oriol Junqueras proclamó este fin de semana que, si “las prisiones” no les habían “rendido”, tampoco lo haría la presión de los socialistas, e insistió en que, si el Gobierno de Sánchez no se compromete a que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF, Illa se quedará sin presupuestos. ¿Farol? A fecha de hoy no lo parece, aunque no solo el Govern quiere disponer de unas cuentas que incluyen un gasto récord en vivienda y la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores. Se trata de tener o no tener casi 50.000 millones más, y eso es algo que no solo el PSC reclama. Los agentes sociales insisten en que es necesario que haya presupuestos.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. Ahora Sánchez debe escoger entre María Jesús Montero, quien en una conversación con Junqueras dejó claro que no estaba por la labor, y Salvador Illa, que se presentó con la bandera de buen gestor, algo que, sin presupuestos, es difícil de sostener.

Habría una solución intermedia que permitiría a ambos, PSC y ERC, ganar tiempo, aunque está por ver si con garantías de que los republicanos acaben apoyando las cuentas. Sería aplazar su aprobación: pelota p’alante y votarlos en junio. Para entonces ya se debería haber celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener más claro si el Gobierno del PSOE está dispuesto a cumplir con la promesa que se le hizo a ERC. Illa ya ha dejado claro en más de una reunión y en sus entrevistas que no quiere poner en más problemas a Sánchez.

En el PSC recuerdan que, en la pasada legislatura, cuando los Comuns decidieron dinamitar los presupuestos de Aragonès por el proyecto del Hard Rock (un macrocasino que el actual Govern dice que sigue vigente), los socialistas mantuvieron el apoyo a las cuentas de ERC. Ahora, en reciprocidad, exigen la misma lealtad a los republicanos. En 2016, cuando Carles Puigdemont se encontró con un bloqueo —en ese momento por el veto de la CUP—, optó por someterse a una cuestión de confianza que superó gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Cuando le pasó a Aragonès, la pasada legislatura, y por la negativa de los Comuns a darle su apoyo, decidió adelantar las elecciones.

En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en Madrid, a ERC le incomoda más aparecer como socio de los socialistas y sigue siendo motivo de debate dentro del partido. Pero llenarse la boca de discursos sobre los problemas económicos de mucha gente o defender la lucha contra la desigualdad y, a la vez, rechazar un presupuesto que, a priori, permitiría mejoras en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, no parece muy coherente.

Que el PSOE, a veces —demasiadas—, promete lo que no puede o no quiere cumplir es una evidencia que se constata cada año en el grado de cumplimiento de las inversiones. Del mismo modo que, si un partido quiere apoyar unos presupuestos, puede encontrar siempre argumentos a favor o en contra para hacerlo. Veremos cuáles le pesan más a ERC en esta ocasión.

Miles de docentes se han manifestado este lunes por el centro de Barcelona para exigir mejoras laborales y salariales, al considerar insuficiente el acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT. El profesorado ha respondido en la calle a la primera de las cinco jornadas de huelga de esta semana, repartidas geográficamente, y que ha tenido un seguimiento del 31,8% según el Departamento de Educación, y del 70% según el sindicato mayoritario USTEC.

Los dos sindicatos con mayor representación en Primaria y Secundaria, USTEC y Professors de Secundària, además de la CGT, decidieron no firmar el pacto que alcanzó el Departamento de Educación con CCOO y UGT y mantuvieron la semana de huelgas. Este lunes es el turno de los docentes de Barcelona y la comarca del Baix Llobregat.

Tras empezar la jornada con cortes de carretera en la capital catalana y sus alrededores, los docentes se han concentrado en la plaza Urquinaona y sobre las 13.00 horas han comenzado a marchar hacia la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. La movilización ha contado con 8.000 personas según la Guàrdia Urbana, y 25.000 según USTEC.

La protesta ha transcurrido sin incidentes y entre cánticos como “luchando también estamos educando”, “si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga” y “recursos públicos para la escuela pública”.

Los docentes han protestado contra el acuerdo de Educación con CCOO y UGT, y les han acusado de ser “del PSC”. Durante la manifestación han reclamado que se suban los salarios y se bajen las ratios, además de rebajar la burocracia en los centros.

En la pancarta que encabezaba la marcha se podía leer “¡Ya basta, mejoras laborales ya! En la educación: +salario, +recursos, -ratios, -burocracia”, con los logotipos de USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, y los símbolos tachados de CCOO y UGT. La tensión con estos dos sindicatos, patente en los últimos días en los claustros, se ha hecho más evidente si cabe frente a la sede de los primeros, donde los manifestantes les han tachado de “traidores”.

Las escuelas e institutos de Catalunya se adentran en una nueva oleada de huelgas. Después de la destacada movilización de febrero, con un seguimiento sin comparación en los últimos años, ahora los docentes encaran cinco jornadas de paro laboral repartidas por toda la geografía catalana. Una protesta que, a diferencia de la anterior, esta vez estará marcada por el acuerdo que alcanzó la Generalitat con los sindicatos CCOO y UGT y que ha disparado la tensión en los claustros. 

El resto de sindicatos, que incluye a USTEC y Professors de Secundària —los dos mayoritarios en la enseñanza pública—, además de a CGT e Intersindical, han decidido mantener el pulso al departamento de Educación. Para reforzar su decisión, sometieron a una encuesta el bautizado como “acuerdo histórico” educativo por parte del Govern de Salvador Illa: de los 42.965 docentes que votaron (aproximadamente la mitad de la plantilla de los centros públicos), el 95% lo rechazó y aseguró secundar la huelga. 

La convocatoria de paro, que afecta a docentes y personal laboral de los centros, se reparte esta vez por regiones. El lunes será el turno de los colegios de Barcelona y el Baix Llobregat. El martes, Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre. El miércoles, Al Pirineu i Aran, Catalunya Central y Lleida. El jueves, Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental. Y el viernes, huelga en toda Catalunya con una manifestación unitaria en la capital catalana. 

Los sindicatos convocantes insistieron este viernes al departamento de Educación que el profesorado rechaza mayoritariamente el acuerdo sellado con CCOO y UGT y exigieron a la administración que regrese a la mesa de negociación. “Es la única forma de resolver este conflicto; si siguen bloqueándolo, no acabaremos el curso con normalidad”, advertía Iolanda Segura, portavoz de USTEC. 

¿Qué se pactó y qué piden los demás?

El acuerdo que ha resquebrajado la unidad sindical se anunció el lunes después de varias semanas de negociaciones entre Educación y el profesorado en las que ambas partes reconocían avances. El Govern proclamó un “acuerdo histórico” con CCOO y UGT y lo escenificó con una firma en el Palau de la Generalitat presidida por Salvador Illa, lo que provocó la indignación instantánea del resto de representantes del sector docente. 

El pacto incluye de entrada una subida salarial a través del complemento específico autonómico, que actualmente ronda los 700 euros mensuales, y que era el auténtico nudo a deshacer en las discusiones entre sindicatos y Educación, porque sitúa los docentes catalanes a la cola de España en salarios. El compromiso del Govern es aumentarlo un 30% en cuatro años, es decir, unos 3.000 euros más al año al llegar a 2029. A ello hay que añadir además la subida estatal aprobada para todos los funcionarios. 

Los otros sindicatos, sin embargo, recuerdan que esto significa un incremento inferior al 8% en el conjunto del salario. Tampoco aprueban que sea inferior al pactado entre Govern y Mossos d'Esquadra. Ni sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido, añaden. 

La demanda de USTEC pasa por un incremento del 100% del complemento autonómico, dado que esta figura no se toca desde hace 25 años. Pero la Generalitat responde que esta exigencia es inalcanzable. Además, recuerdan que los presupuestos para 2026, si se aprueban, contemplan una subida del 18% respecto a los últimos, los de 2023, con una partida de 8.000 millones. 

Por otro lado, el compromiso de Educación con CCOO y UGT contempla también el cobro de 50 euros por noche en el caso de excursiones —una reclamación que ha cogido fuerza entre el profesorado—, un complemento retributivo para el Personal de Atención Educativa, 300 millones de euros para aumentar los recursos en educación inclusiva, o una rebaja de ratios que fije como tope los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria. 

A ello hay que añadirle un acuerdo salarial para el personal laboral (integradores, auxiliares de educación especial, cocineros, técnicos de infantil…). Este es el único punto que sí ha firmado USTEC. 

Tensión en los claustros

Las diferencias entre los sindicatos han enrarecido el ambiente en muchas escuelas e institutos, cuyos docentes tenían en marcha asambleas para preparar las movilizaciones de esta semana. CCOO y UGT han denunciado que algunos de sus miembros han sido objeto de insultos y trato degradante impropios de un contexto educativo. En un comunicado, UGT asegura que sus delegados reciben “amenazas, muestras de odio y presiones personales”, y acusan a los demás sindicatos de ser cómplices de ello, por acción u omisión, en algunos chats de profesores.

Hay ejemplos de asambleas de centros que han declarado “sindicatos non gratos” a CCOO y UGT, según ha podido comprobar este diario. También se han colgado carteles en otras escuelas e institutos en los que se les tacha de “traidores” y “ratas”. 

Esta situación ha obligado a intervenir al departamento de Educación, que este jueves envió un correo electrónico a todos los directores de centros a los que pedía preservar el clima de respeto y tolerancia. “Nadie debería sentirse insegura, menospreciada o cuestionada por razón de su opinión. Si identificáis alguna situación de conflicto que pueda vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, os corresponde actuar”, advertían. 

Por su parte, los sindicatos que rechazan el pacto han minimizado estas quejas. “Porque haya habido algún caso puntual se haya ido de madre no quiere decir que de forma generalizada haya habido agresiones. Son muestras simbólicas de indignación”, ha considerado Segura.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

El comisario de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, que ha liderado la policía catalana en dos etapas y que fue destituido por el Govern de Salvador Illa días después de la fuga del expresident Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ha pedido una excedencia para dejar el cuerpo.

Según ha adelantado El País y han confirmado a la agencia EFE fuentes policiales, Sallent, que desde su destitución como comisario jefe ejercía como máximo responsable de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona, ha pedido a la Subdirección General de Recursos Humanos acogerse a una excedencia, por lo que próximamente abandonará el cuerpo.

El comisario Sallent llegó a superar en julio de 2024 el curso para ser nombrado mayor —un rango vitalicio que solo ostenta el actual director de los Mossos, Josep Lluís Trapero—, en un proceso que inició el Govern de ERC poco antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, aunque la Justicia lo terminó avalando.

Sallent ha dirigido a los Mossos d'Esquadra en dos etapas distintas: primero entre junio de 2019 y noviembre de 2020, cuando fue destituido y relevado por Josep Lluís Trapero tras su absolución por el 1-O, y posteriormente entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado por el ejecutivo de Salvador Illa días después de la fuga de Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona.

En concreto, Sallent fue nombrado comisario jefe por primera vez el 3 de junio de 2019 por el conseller Miquel Buch, entonces en Junts, en un período convulso, con los Mossos aún recuperándose de la crisis de liderazgo tras la destitución de Trapero por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, que suspendió la autonomía catalana, y por los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del procés -en octubre de 2019-.

Con el presidente Quim Torra (Junts) criticando la actuación de los Mossos en los disturbios y enfrentado a la cúpula de Interior, Sallent logró sobrevivir al relevo de Buch, que fue sustituido el 3 de septiembre de 2020 en la Consellería de Interior por Miquel Sàmper, un abogado independiente que ahora ejerce como conseller de Empresa en el Ejecutivo del PSC.

Sallent logró fortalecer su liderazgo y tendió puentes para recomponer las relaciones con jueces y fiscales y con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que eran abruptas durante y después el 'procés', en un mandato que se prolongó hasta que Trapero fue absuelto el 21 de octubre del 2020.

Sàmper optó entonces por restituir a Trapero al frente de los Mossos, de forma que Sallent fue nombrado jefe de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona —el mismo que ostenta actualmente.

Con la llegada del Govern de ERC en solitario, Sallent regresó a la cúpula de los Mossos en diciembre de 2021 de la mano del conseller Joan Ignasi Elena: primero como número dos del comisario jefe Josep Maria Estela, a quien acabó relevando diez meses después, el 17 de octubre de 2022.

El Govern ha dado el pistoletazo de salida este viernes al periplo parlamentario de los primeros presupuestos bajo la presidencia de Salvador Illa. Unas cuentas que llegan a la Cámara sin tener suficientes apoyos, por las recientes turbulencias con ERC, pero que el Departament de Economía confía en que acabarán seduciendo a sus socios por su contenido. Para comenzar, porque incluyen un gasto récord en vivienda y, también, crear hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores.

Las cuentas elaboradoras por la consellera Alicia Romero suman 49.162 millones en total, una cifra que mejora un 10% el presupuesto que manejó la Generalitat en 2025, cuando contó con suplementos de crédito para sostener la prórroga presupuestaria. En total hay, por tanto, se contemplan 4.604 millones más para repartir entre los departamentos.

Respecto a los presupuestos de 2023, entre las grandes consejerías que más aumentan están Territorio y Vivienda (35%), Interior (34,5%) y Derechos Sociales (28%). Educación crece algo por encima de la media pero Salud, en cambio, queda algo por debajo. Con todo, entre ambos departamentos contarán con algo más de 4.000 millones de euros respecto al presupuesto anterior, lo que el Govern espera convertir en personal, con 5.911 plazas sanitarias y 4.162 para profesores.

En el ámbito sanitario, los presupuestos contemplan además 616 millones más para la atención primaria, lo que haría que este ámbito ocupe el 31% del gasto del sistema. En las escuelas, una de las prioridades es aumentar las becas para transporte y comedor, que recibirán 253 millones más.

El transporte público también tiene una partida destacada, con 194 millones que inyectará el Govern para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove. Además, hay 311 millones para invertir en infraestructuras de ferrocarril y metro, que se suman a los 355 que se pagarán a Renfe para operar el servicio de Rodalies.

Vivienda e inversiones

El Govern ha cerrado ya el acuerdo con los Comuns, que como medida estrella incorporó la ley contra la compra especulativa de pisos. Pero esta priorización de la vivienda también se nota en las cuentas, que arrojan una cifra récord para esta partida. El Govern prevé gastar 803 millones en estas políticas, de las cuales unos 300 irán destinados a la construcción de VPO. Adicionalmente, el Institut Català de Finances tiene una bolsa de 600 millones para destinarla a préstamos para la adquisición y construcción de vivienda protegida.

Otro de los capítulos destacados son las inversiones, con 4.146 millones. El Govern cuenta con pingües ingresos debido a la buena marcha económica, que ha supuesto una recaudación récord, por lo que ha decidido destinar buena parte de su ahorro a actualizar parte de la infraestructura pública y a construir equipamientos. Es, además, una forma de compensar el fin de los fondos Next Generation.

Este capítulo de inversiones incorpora obras de ampliación y mejora de hospitales por valor de 365 millones, y otros 313 para centros educativos. La prolongación de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils costará 101 millones, prácticamente lo mismo que el tranvía del Camp de Tarragona. En Lleida, la nueva estación de autobuses se llevará 8,5 millones.

ERC quiere un “gesto” de Montero por el IRPF

Tras una semana de enfrentamiento, el Govern y ERC han bajado el tono para tratar de encauzar la relación y llegar a un acuerdo que desemboque en la aprobación de las cuentas. Por el momento ambos grupos ya se han conjurado para alargar la tramitación de la ley en el Parlament, de forma que se dé margen a la negociación.

Los de Oriol Junqueras han mostrado este viernes sus cartas y han reclamado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometa con el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a Catalunya. Según aseguran, el escenario ideal sería el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está previsto para marzo. Ahora bien, para llegar a ese “gesto”, la ministra debería cambiar su opinión sobre la medida.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, al que el PSOE dio su aprobado. ERC registró en el Congreso una ley para habilitar esta vía, que permitiría ir desarrollando el organismo catalán para que pudiera hacerse cargo de la gestión del impuesto en el futuro. Sin embargo, hace dos semanas Junqueras acabó retirando esta proposición, bajo la idea de rescatar la medida en la nueva ley de financiación de las comunidades.

Esta ley, sin embargo, tardará meses en llegar al Congreso, razón por la que ERC, que debe pagar por avanzado un apoyo a los presupuestos de Illa, pide un compromiso público de Hacienda. Sin embargo, en el Ministerio de Montero no ocultan que tienen diferencias de fondo con la cesión a Catalunya de todo el IRPF y que preferirían una gestión compartida, en la línea al consorcio tributario que llevaba el PSC en su programa electoral.

El Departamento de Educación de la Generalitat ha propuesto a los docentes, en plena negociación laboral, que el próximo curso no haya desborde de ratios en ningún aula. Es decir, que ningún grupo supere los 20 alumnos en Infantil y los 30 en la ESO, como suele ocurrir actualmente en muchos casos. La medida incluye también que un 25% de los grupos bajen a un máximo de 25 alumnos por aula en Secundaria en el curso 2027-2028, cuando se aplicarían reducciones en la postobligatoria.

Así lo ha explicado el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, después de la tercera reunión de esta semana con los sindicatos. Con todo, Educación no ha planteado ninguna nueva propuesta salarial, principal escollo de la negociación. Giménez ha explicado que el acuerdo debe ser “global” y ha afirmado que la cuestión salarial depende de cómo avancen el resto de temas para ver de qué “margen” disponen.

El secretario ha hecho una valoración “muy satisfactoria” de los encuentros que se han mantenido hasta ahora y ha considerrado que se ha avanzado “positivamente” en algunos de las carpetas abiertas con los sindicatos, que cuentan con la fuerza de la huelga reciente, una de las más masivas que se recuerdan en el sector.. Según Giménez, el acuerdo que se quiere firmar es “seguramente el más importante que se pueda firmar en materia educativa desde el inicio de la democracia”.

La reunión de este jueves se ha centrado principalmente en las ratios. El secretario ha detallado que la propuesta que han planteado es “que no haya sobreratios en ningún nivel educativo del sistema”. Además, de cara al curso 2027-2028 propone que un 25% de los grupos de ESO estén ya en ratio 25 y pasar de los 35 al 30 en el Bachillerato, así como reducciones también en la Formación Profesional (FP).

De hecho, está en trámite un anteproyecto de ley estatal que marca estas reducciones de ratio, pero Catalunya quiere ser “punta de lanza” en su aplicación y empezar a aplicar algunos aspectos el próximo curso, y “especialmente” el siguiente.

Giménez insistió en que el acuerdo que plantea el Departamento de Educación es “global”, incluyendo varios temas para responder a las reclamaciones de los docentes. Principalmente, ratios, escuela inclusiva, sueldos y adjudicación de plazas. Así, ha detallado que la propuesta que hacen sobre las ratios tiene un impacto “importante” y que en la medida de la traducción económica del conjunto de mejoras que se vayan pactando, podrán “ver el margen que hay para realizar una oferta económica” en relación con los sueldos. “El resto de medidas son igual de importantes que el complemento específico”, ha manifestado.

La última propuesta planteada por la conselleria a los sindicatos este miércoles comporta un incremento del 20% del complemento específico en cinco años, un 5% más de la propuesta de la semana anterior, según han detallado las organizaciones sindicales este miércoles. Para los sindicatos, la propuesta es insuficiente y han reclamado una nueva.

Otro de los temas tratados en las mesas de esta semana ha sido las adjudicaciones de verano y las llamadas plazas perfiladas. Los sindicatos han explicado que les han planteado una propuesta con mejoras, como la reducción de las plazas perfiladas –las que los directores pueden designar sin pasar por la bolsa de aspirantes y según el perfil del aspirante– hasta un máximo de un 3% del sistema.

Giménez no ha detallado ninguna cifra y se ha limitado a decir que la propuesta “intenta combinar las bondades de las plazas perfiladas”, siempre que estas estén vinculadas a proyectos educativos de centro y no atiendan a discrecionalidades. Educación rechaza derogar el decreto de plantillas, como piden los sindicatos, y apuesta por plazas perfiladas “bien gestionadas” y con procesos transparentes.

Por otra parte, y según los sindicatos, Educación habría planteado también la internalización de 300 integradores y educadores sociales a partir del curso 2027-2028. Se trata de profesionales que dependían inicialmente de un programa con fondos europeos y que al finalizar estos fondos están dentro del sistema en un marco de un programa que finaliza el verano de 2027.

Con todo, el encuentro de este jueves ha terminado sin ningún acuerdo, teniendo en cuenta que los sindicatos esperan una nueva propuesta salarial, y ambas partes se han emplazado a una nueva reunión este viernese

Se acerca la primavera y en la escuela Santa Maria Gardeny, en Lleida, estas fechas suelen comenzar a preparar las llamadas colonias. Así es como se conocen las excursiones que hacen los docentes con sus alumnos y que incluyen dormir fuera, habitualmente en casas de campo. Es uno de los momentos más esperados del curso para los niños y niñas. Pero este año la actividad ha quedado suspendida por razones laborales. 

La escuela Santa Maria Gardeny es una de las pioneras en impulsar esta especie de huelga de colonias que se extiende ahora por Catalunya. En pleno ciclo de protestas contra el Departamento de Educación, en las que los docentes exigen mejoras salariales y más recursos en el aula, un total de 54 centros educativos se han sumado a la iniciativa y amenazan con no hacer estas excursiones y viajes en el curso 2026/2027 si no se atiende a sus demandas.

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Gardeny. 

Con todo, esta acción de protesta, recogida ahora bajo el manifiesto Paremos las salidas y las colonias, va más allá de exigir que se les pague las horas extras que conllevan estas excursiones. De hecho, los centros que lo suscriben lo plantean como una herramienta de presión para que Educación acepte las demandas que les llevaron a la huelga el pasado 11 de febrero. Entre ellas, el aumento salarial, más recursos para garantizar la escuela inclusiva, rebaja de la burocracia y mayor reducción de ratios en las aulas. 

La mayoría de sindicatos docentes, que mantienen estos días reuniones con Educación, apoyan la iniciativa. Linán, promotor en su centro de esta forma de protesta, pertenece a la CGT. También lo defiende Ustec. “Si estamos en un escenario de lucha por nuestras condiciones laborales, es lógico que una acción de protesta sea dejar de hacer actividades que descansan sobre el voluntarismo”, señala Iolanda Segura, de Ustec. CCOO, por su parte, asegura que defenderá en la negociación con Educación que se cobren las horas extra dedicadas, pero no apoya esta forma de protesta.

Liñán relata cómo empezó todo en su colegio, justo durante los preparativos de la última huelga. “Más allá de las movilizaciones habituales, en la calle, nos planteamos acciones que afectasen al sistema, y trasladamos al claustro el debate sobre si hacer colonias”, explica. En su caso, aprovecharon que estaban reservadas pero aún no pagadas para cancelarlas ya este curso como forma de protesta laboral. Lo decidieron con los votos favorables del 60% del claustro. De cara al curso siguiente, los partidarios de la medida ya eran el 85%. 

“Es una actividad muy esperada y se lo hemos tenido que explicar a los alumnos, igual que les explicamos la huelga. Y lo han entendido”, señala Linán. En cuanto a las familias, algunas se han quejado. Pero este docente argumenta: “Conocemos el valor pedagógico y social de las colonias, pero debemos adoptar decisiones de presión duras”. 

Lo más curioso es que tras aprobarlo en el claustro, y después de difundirlo para que se sumaran más centros, vieron que ya entonces no eran los únicos. El otro gran foco de esta reivindicación apareció al mismo tiempo en una serie de escuelas e institutos de las comarcas del Maresme y la Selva, que lanzaron un manifiesto de cara al curso 2026/2027. 

“Siempre tiene que haber alguien despierto”

Una de las impulsoras de ese grupo es Clàudia Cebrián, del Institut Lluís Companys de Tordera, en la provincia de Barcelona. En la última salida con pernocta en la que participó, esta profesora explica que hubo noches en las que permaneció despierta hasta las 4:00 de la madrugada para vigilar a su alumnado. En solo tres días acumuló 45 horas extra no remuneradas. “Es una presión constante y no está reconocida”, lamenta. 

“Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes las 24 horas del día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre debe haber algún profesor despierto por lo que pueda ocurrir”, denuncia.

Según explica, en una sola jornada pueden llegar a realizar hasta 15 horas extra sin compensación económica. “Lo hacemos por vocación, pero no recibimos nada a cambio pese a dormir varias noches fuera de casa y asumir muchas horas extra”.

Otro de los problemas asociados a estas excursiones que señalan los docentes es la responsabilidad sanitaria que asumen durante estos viajes. “No tenemos formación médica y, aun así, somos responsables de administrar medicación”, subraya. En su centro hay estudiantes con tratamientos de salud mental complejos y otros que necesitan inyecciones de adrenalina. En otros países, destaca, este tipo de salidas suele contar con personal de enfermería. Además, estos viajes incluyen habitualmente realizar deportes de aventura, una carga añadida que responsabilidad que el profesorado también cuestiona. 

Cebrián sabe que quienes salen perjudicados con esta decisión son los alumnos. Por ello, el objetivo final es “no tener que aplicar la medida” el curso que viene y alcanzar un acuerdo con la Generalitat. Preguntados por ello, en Educación se remiten a las mesas sectoriales que celebran estos días con los sindicatos.