El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha introducido nuevas versiones de la operación Kitchen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Trece años después del operativo, tras varias declaraciones en fase de instrucción y numerosas entrevistas, Villarejo ha dicho que la investigación estaba dirigida a descubrir, y supuestamente encubrir, la supuesta relación del rey emérito, Juan Carlos I, con el tráfico de armas que dirigía un delincuente internacional de origen árabe. “Pino era muy monárquico”, ha dicho sobre el director adjunto operativo de la Policía que ha declarado antes que él.

El comisario jubilado José Villarejo, uno de los principales imputados en la operación Kitchen, ha intentado desvincular este operativo policial ilegal de la información que Luis Bárcenas pudiera tener sobre el Partido Popular y su contabilidad paralela. Ha explicado que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien le encomendó a mediados de 2013 mantener una reunión con Eugenio Pino, también acusado y número dos del Cuerpo. Allí le pidieron que entablara contacto con Sergio Ríos, conductor de la familia Bárcenas. Pino también ha señalado a Cosidó en su declaración, pese a no estar investigado y haber declarado ya en el juicio como testigo.

La Fiscalía considera que el objetivo de esta captación era saber si Bárcenas tenía documentación comprometida para el PP que gobernaba entonces. El propio Villarejo dijo en fase de instrucción que buscaban “información nuclear del Gobierno”, pero hoy ha afirmado que en ese momento había sido sometido a “torturas” y que habló con “resquemores”. 

Este lunes, ante el tribunal, Villarejo ha dado una versión distinta y ha afirmado que, en ese primer momento, el objetivo era buscar información sobre viajes que Bárcenas hacía a la “frontera” y sobre “tráfico de armas”. “Era información que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado, decía que tenía información sobre tráfico de armas”. Ha rechazado explicar por qué hay una anotación en su agenda de unos meses previos y que, supuestamente, refleja que habló con un mando de Interior de una “grabación” comprometedora.

El comisario Villarejo ha dicho el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, se aprovechó de la operación Kitchen pese a ser un operativo “legal” para localizar dinero y testaferros de Luis Bárcenas. “Visto lo visto, y a estas alturas, ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy. Me hubiera hecho mucha ilusión”, ha dicho en respuesta al fiscal Anticorrupción. Ha sido el único acusado hasta ahora que ha accedio a contestar al Ministerio Público.

En la misma línea, Villarejo ha continuado: “El señor Rajoy se aprovechó de esta operación legal y correcta de localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectaba a él pues trincarlo. Lo supe en 2017 y ahora a balón pasado. El secretario de Estado y el ministro fueron engañados por el genio de Rajoy que lo solucionaba todo con Cardhu [prestigiosa marca de whisky]”, ha dicho Villarejo antes de que le cortara el tribunal. Con esta afirmación ha provocado las risas de otros acusados, como ha ocurrido en otros pasajes de la declaración de Villarejo.

Villarejo ha optado por denostar al resto de acusados y al tiempo eximirles de responsabilidad. Por ejemplo, de Pino ha dicho que “no se enteraba de nada; estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes, de medallas... ”. “Es un gran policía pero el puesto [de director adjunto operativo] le venía grande”, ha añadido.

Como acostumbra, Villarejo ha intentado introducir apreciaciones sobre terceros que no estaban en las cuestiones del fiscal o cuestiones de actualidad. Ha llegado a decir que una grabación por la que le preguntaba el fiscal Anticorrupción procede de “las cloacas del PSOE” cuando el audio fue encontrado en una de sus viviendas. Villarejo ha intentado contraponer la actitud de la fiscal del caso de Leire Díez con la de su compañero del caso Kitchen. “Debe andar en un lío personal el señor fiscal”, ha dicho Villarejo antes de que el tribunal le interrumpiera. 

“No voy a reconocer jamás el contenido de ningún audio porque jamás se me hija permitido una copia de todo lo que me saquearon y la mitad de lo que se llevaron jamás ha constado en las actas”, ha dicho Villarejo.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido un escenario político a prueba de conmociones. Las causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez parecían no dejar hueco a un nuevo escándalo. Pero el presidente Zapatero es un símbolo de la izquierda, un referente en tiempos de resistencia para el espacio progresista, asediado por noticias negativas para el Ejecutivo y casi resignado al mantra del cambio de ciclo en España. 

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, el juicio y condena al exfiscal general por la filtración de una información o las ventajas para Víctor de Aldama, investigado por graves delitos, por colaborar en la investigación a dos secretarios de Organización del PSOE, mantienen en guardia a un sector de los ciudadanos que asisten a la celebración del juicio de Kitchen sin que nunca se investigara a Mariano Rajoy ni se sentara en el banquillo a María Dolores de Cospedal. 

Con estos precedentes, la imputación de Zapatero ha encendido las alarmas sobre la proporcionalidad de la medida. El auto de investigación al expresidente, guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, mezcla indicios de unos ingresos poco claros de Zapatero y sus hijas con un salto argumentativo que convierte al político en presunto jefe de una trama criminal dedicada al tráfico de influencias. 

El levantamiento del secreto del sumario permite conocer qué indicios han llevado a la imputación de Zapatero, surgida de una complicada investigación por blanqueo de capitales a nivel internacional. A continuación, elDiario.es recupera y desgrana los indicios contra el expresidente del Gobierno y las lagunas de la acusación. 

El rescate público de Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Otras comunicaciones incautadas por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Esas conversaciones exponen a directivos de Plus Ultra mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

Por el momento, el sumario no sitúa a Zapatero en ninguna cita “institucional” en relación con ese rescate. Aunque tanto el juez como la Fiscalía otorgan relevancia a dos reuniones de alto nivel mantenidas por el expresidente de las que la investigación no recoge ningún detalle. Una fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda. 

Los abultados ingresos de la familia

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. No obstante, sí suscita más dudas el millón de euros que la aerolínea pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Y el hecho de que, en ese mismo período de tiempo, este empresario al que otros investigados apodaban “el lacayo” o “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente.  

El sumario repite de modo incesante Whathefav, el nombre de la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Puesta en marcha en 2019, su primer ejercicio fue deficitario por 3.000 euros. Eso cambió al año siguiente. Dos consultoras de reciente creación comenzaron a solicitar los servicios de la agencia de marketing y comunicación. Una de esas consultoras era la de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. La otra consultora pertenece a dos hermanos venezolanos. Las dos sociedades comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez, pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero entre 2020 y 2025. 

La conclusión provisional de los investigadores es que la empresa de las hermanas era utilizada por el presidente y el resto de la trama para disimular los pagos por el tráfico de influencias como encargos de marketing a Whathefav. El sumario recoge los indicios de un pago de 20.000 euros a la sociedad de las hermanas realizado por un venezolano vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La sede de la agencia fue registrada el martes y los correos electrónicos de Laura y Alba Rodríguez, incautados. El análisis de esa información confirmará las sospechas sobre una actividad ficticia o permitirá justificar sus ingresos. 

La UDEF sí ha analizado ya las agendas que Julio Martínez Martínez guardaba en su domicilio y que revelan que el empresario mezclaba negocios y gestiones políticas en Venezuela. Las crípticas anotaciones que el amigo de Zapatero hizo en sus documentos personales muestran, según la Policía, su “posible intervención” en “decisiones estratégicas”, como la liberación de presos en Venezuela; pero también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. 

En base a esas agendas, la Policía apunta al posible rol de Martínez Martínez como “asistente” de un tercero con “capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. Además, Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

El presunto blanqueo de capitales

Las instrucciones judiciales se desarrollan con una imputación genérica hasta que en una fase posterior se concretan los delitos de los que deben responder los acusados en un caso, si antes no se archiva la causa contra ellos. El juez Calama explica en el auto de imputación que está investigando una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que enmarca a Zapatero. 

En el escrito describe hechos que encajan en ambos delitos y en otros que no incluye en la calificación jurídica. Es el caso de la organización criminal. La descripción de una trama asentada en el tiempo para delinquir, en cuya cúspide estaría el presidente Zapatero, encaja en este tipo penal. 

El blanqueo de capitales en el que habría incurrido el expresidente es uno de los puntos más polémicos de ese auto de imputación. El juez asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez argumentan que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente.

Al día siguiente, Guerrero remitió un correo a Martínez Martínez aludiendo a lo “conversado ayer” y facilitando datos para la creación de la offshore. La Policía suma a esto el hecho de que la secretaria de Zapatero coordinó el encuentro en unos correos con un ayudante de Martínez Martínez y que un escolta del expresidente se acercó al restaurante porque el teléfono de reservas no funcionaba. No hay más en la acusación a Zapatero por blanqueo. 

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero madrileño Francisco Granados y otras 40 personas y 79 empresas en la pieza 8 del caso Púnica. Esa ramificación del caso se centra en las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral en la pieza 8 de Púnica en la que se ha investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.

Además de a Granados, el instructor sienta en el banquillo a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid. Granados se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.  

En el auto de procesamiento que dictó el antiguo instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, se detallaba la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. 

“Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica. Entre las obras investigadas se encuentran en Metro Sur el tramo 1C, en Metro Norte el tramo 1 A y en el Metro Ligero la nueva línea a Boadilla.

Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación abierta en la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero estrechan el cerco sobre sus hijas. A los más de 800.000 euros que la agencia de marketing de ambas cobró en un lustro de dos sociedades bajo sospecha vinculadas con los negocios de su padre, se suma ahora una nueva acusación: la de que su empresa no aportaba ningún “valor técnico” y que su propósito era encubrir los pagos obtenidos a través de la supuesta influencia ejercida por Zapatero. 

Así lo determinan los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a los que ha tenido acceso elDiario.es, y que apuntan que Whathefav —la sociedad de las hermanas Rodríguez Espinosa— no aportaba ningún “valor técnico especial”. Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores. 

En consecuencia, la Policía define a Whathefav como un “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado investigado. Una afirmación sustentada en el hecho de que gran parte de los fondos de la agencia terminaban siendo transferidos a las cuentas bancarias personales de ambas, en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. Fueron 247.191,06 euros en el caso de Laura en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Y 199.904,25 en el de Alba en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025. Los investigadores también aportan como indicio el hecho de que Whathefav emitiera sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

En el epicentro de la trama está Análisis Relevante, una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero. Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. 

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox. 

En el escrito en el que pidió la imputación de Zapatero, la fiscal del caso, Elena Lorente, apunta que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de Análisis Relevante, de los pagos procedentes de la aerolínea rescatada. La afirmación conecta a las hijas del expresidente directamente con el epicentro de la supuesta trama de corrupción.

Dos consultoras creadas a la vez

Las sospechas crecen cuando los investigadores se detienen en los pagos de otra consultora, Inteligencia Prospectiva, con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. 

En un escrito del viernes anterior a las detenciones, la Fiscalía Anticorrupción repara en un dato al que confiere especial relevancia: Inteligencia Prospectiva fecha el comienzo de su actividad un mes antes de la constitución de Análisis Relevante, la otra consultora que supuso un impulso definitivo al negocio de las hermanas Rodríguez. La asesoría de los venezolanos arrancó el 13 de enero de 2020 y Análisis Relevante se constituyó el 10 de febrero de 2020.

A diferencia de Análisis Relevante, la consultora de los venezolanos no es “pagador directo” de Zapatero, sino que habría utilizado a la primera para ingresar cantidades con destino último en el expresidente del Gobierno. En total, Inteligencia Prospectiva pagó 368.258 euros a Análisis Relevante entre 2020 y 2024. La consultora de los hermanos Amaro Chacón también pagó a Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor está presidido por Zapatero: 266.200 euros en el mismo periodo. La fiscal Lorente destaca que en el caso de las hijas de Zapatero, Inteligencia Prospectiva sí hace ingresos directos a su empresa. Son 561.440 euros en los cuatro años referidos. Además, Whathefav también recibe dinero de Gate Center (171.727 euros).

Anticorrupción concluye: “La sociedad Inteligencia Prospectiva adquiere una dimensión particularmente importante no solo por ser la que más dinero transfiere a la familia Zapatero, sino porque él mismo guarda una relación directa con esta sociedad, que choca con la aparente desconexión que figura en los pagos observados”.

Los Amaro Chacón pertenecen a una familia de negocios venezolana de tercera generación con intereses en los sectores de los seguros, la ganadería, la construcción y la minería. Ambos estudiaron en Estados Unidos. La diáspora venezolana los ha vinculado al chavismo, aunque en su entorno defienden que son meras “campañas” para desprestigiarlos y que todo lo que se publica alrededor de este y otros casos anteriores “no es cierto”.

La investigación debe establecer ahora cómo justifica la empresa de las hijas de Zapatero y el resto de las sociedades que pagan al expresidente los ingresos de Inteligencia Prospectiva y Análisis Relevante. Para eso será determinante la documentación incautada en los registros del martes de la semana pasada. 

Los dos grandes contratistas de la empresa de las hijas de Zapatero aparentaban en sus conversaciones tener negocios entre ellos. En esos intercambios de mensajes aparece señalado de forma “velada” Zapatero, según expresión de la Fiscalía Anticorrupción. La Policía se incautó el pasado noviembre del teléfono de Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante. Allí aparecieron las alusiones a un negocio de compraventa de petróleo y a una “carta de intención” que envió una empresa china a la oficina del presidente del Gobierno. 

Los restos sin borrar del teléfono de Julio Martínez Martínez permiten inferir que habla con Domingo Amaro Chacón del mismo negocio que se expone en esa “carta de intención”. El borrado impide conocer la fecha en la que se refieren al “coke” (petroleum coke o pet coke), un derivado del proceso de refinado del petróleo crudo, empleado para la obtención de energía. 

Martínez y Domingo Amaro Chacón hablan también en su chat de otros proyectos empresariales “en el desierto” o en Emiratos Árabes y la Fiscalía concluye que el amigo de Zapatero y el venezolano que contrató a sus hijas mantienen entre ellos una relación de “un presumible mayor calado” que la que reflejan los archivos de Hacienda sobre los flujos entre sus empresas.

Otro ingreso de 20.000 euros 

Además, los informes policiales documentan otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

La tesis de la Policía es que esos 20.000 euros abonados por Díazgranados fueran aparentemente declarados e imputados como si el pago lo hubiera realizado Agropecuaria Lucena, otra de las sociedades de Julio Martínez Martínez. Según la investigación, esta maniobra de declarar el ingreso a través de una sociedad interpuesta del propio entramado se habría llevado a cabo para “opacar el auténtico origen de los fondos”.

El nombre de Diazgranados ya aparecía en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en 2024 y que lo señalaba como el “gestor ejecutivo” vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La Fiscalía llegó a reclamar el bloqueo de sus cuentas y el embargo preventivo de un chalé del cual poseía al menos un 33,33% en la lujosa urbanización “La Finca”, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

El empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea Plus Ultra, se revela en el sumario como una suerte de alfa y omega del caso Zapatero. Reyes constituye la pista que originó el caso y a él atribuye la Fiscalía Anticorrupción el destino final de una parte del rescate a la compañía aérea. La fiscal Elena Lorente y el juez José Luis Calama sospechan que el empresario venezolano tiene escondido en paraísos fiscales de medio mundo parte de los 53 millones de dinero público. Reyes se encuentra fugado desde 2024.

“Según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio' [la ayuda de 53 millones], que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho”. Así consta en la Orden Internacional de Detención librada el 27 de febrero de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Una comisión rogatoria procedente de Suiza solicitó a la Fiscalía Anticorrupción española en el verano de 2024 información sobre una lista de individuos que estaban siendo investigados por una red internacional de blanqueo de capitales y que tenían parte de su residencia en España. El origen del caso era el desvío de fondos para un plan de ayuda alimentaria a sectores desfavorecidos en Venezuela, así como de un gran negocio de oro. Resultó que Rodolfo Reyes aparecía como “cliente” de esa red de blanqueo de capitales y que había transferido “grandes cantidades de dinero a Panamá Puerto Rico y la República Dominicana”.

La Audiencia Nacional cree que Reyes aprovechó sus “vínculos con la organización” para ordenar presuntamente que “algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en cuentas bancarias de Plus Ultra en España”. El destino de esos fondos serían tres sociedades instrumentales de Simon Leendert Verhoeven, miembro de la red de blanqueo que también está en busca y captura.

Las tres sociedades de Verhoeven (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd) tenían abiertas, a su vez, “cuentas bancarias opacas” en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La Audiencia Nacional reúne indicios de que una de las tres sociedades ha participado en la venta de oro “de origen desconocido a una sociedad en Dubái” y también de que Rodolfo Reyes ha participado en negocios con el metal precioso.

“Al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero”, argumenta la Fiscalía Anticorrupción.

La Administración estadounidense interceptó a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En 2024, y en el intento de intercambiar información, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes.

El 22 de julio de 2020, Reyes reenvía un mensaje de directivos de la compañía en el que cuentan el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (...)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”.

Reyes salió del consejo de administración de Plus Ultra en octubre de 2025 en representación de Snip Nation, que tiene el 52,8% de la compañía. Plus Ultra informó de los cambios en su consejo con normalidad, ajena a la investigación secreta que llevaba la Audiencia Nacional contra Rodolfo Reyes y otros empresarios vinculados a la compañía.

Sospechas de dinero negro para sobornos

Hace dos meses, la Fiscalía Anticorrupción reiteró esos indicios e insistió en la solicitud de que Reyes y los otros tres investigados en la causa de Plus Ultra sean objeto de una orden internacional de detención cursada por Interpol. La organización policial había exigido más precisión en los hechos que se atribuyen a los imputados y Anticorrupción contestó que la causa estaba todavía secreta.

Aún así, la fiscal Lorente se extendió algo en las alegaciones presentadas dos años antes y deslizó que uno de los requeridos, Luis Felipe Baca Arbulu, pudo entregar dinero en efectivo a Rodolfo Reyes para sobornos relacionados con el rescate de Plus Ultra. En concreto, Lorente escribe 12 de marzo pasado: “Hay indicios de que Baca facilitó a Rodolfo Reyes cantidades en efectivo de las que éste pudo haber dispuesto con espurios fines en fechas coincidentes con los trámites para obtener la ayuda pública solicitada”.

El peruano Luis Felipe Baca Arbulu, el holandés Simon Leendert Verhoeven y el venezolano Rodolfo Reyes son investigados por la Audiencia Nacional junto a la esposa de este último, María Aurora López. Todos ellos están en paradero desconocido. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La Fiscalia Anticorrupció va prendre declaració dimecres a un grup d’extreballadors del Consorci València 2007 dins de la investigació oberta arran d’haver denunciat Compromís que tant l’Autoritat Portuària de València (APV) com l’Ajuntament, de manera coordinada, haurien habilitat una sèrie de places per a recol·locar de manera fraudulenta alguns dels exempleats de l’ens en el moment de la seua liquidació l’any 2024.

La coalició valencianista considera en el seu escrit que va haver-hi prevaricació i tràfic d’influències i apunta com a responsables l’alcaldessa, María José Catalá, les regidores de Turisme, Paula Llobet, i Esports, Rocío Gil, i la presidenta de l’APV, Mar Chao. Posteriorment, juntament amb el PSPV, van ampliar la denúncia al regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, després de l’escàndol dels àudios destapats per elDiario.es en què ofereix informació al personal del Consorci sobre les places objecte de la investigació en una reunió de la qual mai es va informar.

Segons ha esbrinat aquest diari, els interrogatoris fets a extreballadors es van allargar durant unes quantes hores. Així doncs, el fiscal va posar especial interés en els processos selectius habilitats tant en la Fundació Esportiva Municipal (FEM) com en Visit València. En el primer cas, es van activar dues places a què van concórrer A. G. i M. G., que també es van apuntar a dos processos més habilitats en l’APV quasi al mateix temps. Una vegada es va confirmar que es van adjudicar les places com a directives en el Port, van renunciar al procés en l’FEM, que, al mateix temps, el va deixar sense efecte.

En el cas de Visit València, les perquisicions se centren en el possible incompliment dels requisits de l’adjudicatari de la plaça, exempleat del Consorci, ja que s’exigia que fora empleat públic en el moment d’obtindre-la. No obstant això, el Consorci s’havia liquidat setmanes abans, concretament el 16 d’octubre de 2024.

El ministeri públic també va preguntar pels motius que van empényer diversos exempleats a deixar per escrit davant notari els noms d’A. G. i de M. G. com les que resultarien adjudicatàries de les places de l’APV, com va ser, setmanes abans que es coneguera el resultat del procés selectiu.

I lligat a aquesta qüestió, el fiscal també es va referir a la declaració de l’excap de Recursos Humans del Port de València, E. O., en el judici que va tindre lloc dimarts 19 de maig en què va confessar que va ser la presidenta mateixa del Port, Mar Chao, la que li va facilitar unes bases redactades dels processos de selecció que també investiga la Fiscalia Anticorrupció, tal com va avançar aquesta redacció. E. O. va afirmar a més que Chao li va dir en un intercanvi de correus que les publicara igualment, ràpidament, fent els ajustos necessaris.

El judici és a conseqüència d’una denúncia d’UGT, que en el seu moment també va impugnar els processos selectius que van acabar amb les dues exempleades del Consorci, A. G. i M. G., com a directives de l’APV, en veure irregularitats en les bases.

Unes irregularitats que es recullen en un informe de la Intervenció General de l’Estat destapat per aquest diari i que la defensa de l’APV va tractar d’evitar que s’acceptara com a prova en la vista oral. “Les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”, afirma la Intervenció.

Els interrogatoris del fiscal, que podrien prolongar-se en les pròximes setmanes, deixen entreveure que Anticorrupció està fent una tasca exhaustiva per a recaptar tota la informació i la documentació possible. Posteriorment, haurà de decidir si hi ha prou base suficient per a traslladar una denúncia al jutjat.

La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración este miércoles a un grupo de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 dentro de la investigación abierta tras denunciar Compromís que tanto la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como el Ayuntamiento, de forma aparentemente coordinada, habrían habilitado una serie de plazas para recolocar de forma fraudulenta a algunos de los exempleados del ente en el momento de su liquidación en el año 2024.

La coalición valencianista considera en su escrito que hubo prevaricación y tráfico de influencias y apunta como responsables a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Según ha averiguado este periódico, los interregotarios realizados a varios de los extrabajadores se alargaron durante varias horas. Así, el fiscal puso especial interés en los procesos selectivos habilitados tanto en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) como en Visit Valencia. En el primer caso, se activaron dos plazas a las que concurrieron A. G. y M. G., quienes también se apuntaron a otros dos procesos habilitados en la APV casi al mismo tiempo. Una vez se confirmó que se adjudicaron las plazas como directivas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En el caso de Visit Valencia, las pesquisas se centran en el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza, exempleado del Consorcio, puesto que se exigía que fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

El ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del ente a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

Y ligado a esta cuestión el fiscal también se refirió a la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., en el juicio que tuvo lugar este martes 19 de mayo en el que confesó que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, la que le facilitó unas bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

El juicio viene como consecuencia de una denuncia de UGT, que en su día también impugnó los procesos selectivos que acabaron con las dos exempleadas del Consorcio, A. G. y M. G., como directivas de la APV, al ver irregularidades en las bases.

Unas irregularidades que vienen recogidas en un informe de la Intervención General del Estado destapado por este periódico y que la defensa de la APV trató de evitar que se aceptara como prueba en la vista oral. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

Los interrogatorios del fiscal, que podrían prolongarse en las próximas semanas, dejan entrever que Anticorrupción está realizando una labor exhaustiva para recabar toda la información y documentación posible. Posteriormente deberá decidir si hay base suficiente como para trasladar una denuncia al juzgado.

El pasado sábado 18 de abril un coche propiedad de Juan Arroyo, el principal señalado por la presunta trama de corrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), accedió al aparcamiento del centro y él mismo acudió horas más tarde a recogerlo, para lo que tuvo acceso al edificio. 

Según ha podido saber elDiario.es, el coche fue reconocido por el lector de matrículas del aparcamiento, a pesar de que Arroyo fue despedido del centro a finales de 2025 y esta autorización no debería seguir activa. Fuentes del CNIO aseguran que la incidencia se está investigando y se han tomado medidas para que no pueda repetirse.

Una visita al mecánico

Contactado por este medio, el propio Juan Arroyo confirma que estuvo allí el sábado 18 de abril para recoger su coche. Según su versión, el mecánico que le arregla el vehículo lo deja allí tras las reparaciones desde hace muchos años y le deja las llaves en la recepción. “Esta vez me dejó el coche en el aparcamiento subterráneo porque la persona que estaba en seguridad debió de abrirle”, asegura. “Como cualquiera puede entender, la autorización para pasar o no al CNIO no la concedo yo”, continúa. “La salida de mi vehículo del recinto no necesita autorización, solo se necesita para entrar”.

Fuentes internas del CNIO aseguran que, una vez que se entra en el aparcamiento, se puede entrar en el edificio si conoces los accesos. En la planta -4 de este aparcamiento del CNIO es precisamente donde se encuentran dos de los almacenes recientemente precintados por la Policía. La Fiscalía Anticorrupción los clausuró dentro de su investigación sobre una amplia serie de presuntas irregularidades cometidas durante las dos décadas en que Arroyo fue gerente del centro.

Las autorizaciones de los vehículos de los empleados y sus matrículas para el acceso automático al aparcamiento son gestionadas por el departamento de Recursos Humanos (RRHH) y las grabaciones de la entrada y salida dependen de la dirección técnica. Los responsables de ambos departamentos están señalados por presuntos comportamientos irregulares en las denuncias ante la Fiscalía. Fuentes internas consideran muy llamativo que alguien del departamento de RRHH “olvidara” dar de baja el vehículo de Arroyo y que este siga usando las instalaciones para fines particulares después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses.

Como Pedro por su casa

Este nuevo episodio se produce en medio de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de Arroyo, hombre de confianza de Mariano Barbacid, y su entorno. Además del desvío de fondos a través de una red de empresas, la Policía investiga la utilización de los medios del CNIO para uso particular. En las denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que le llevaba cada miércoles un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Según ha revelado elDiario.es, los almacenes precintados en marzo, situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del CNIO, contenían un arsenal de material y herramientas que en su mayoría no se empleaba en el centro. El máximo responsable del contrato de mantenimiento del centro, Alejandro Aguilera, fue despedido el pasado viernes 30 de abril por Eiffage, la empresa subcontratada para este servicio, que ha abierto una investigación interna sobre los hechos. 

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Contundente informe del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en el juicio a los Pujol. El fiscal ha querido fijar desde el inicio de su intervención un marco al tribunal: la “contradicción” entre el “discurso del 'Espanya ens roba'”, ha dicho Bermejo en catalán, y las prácticas de “ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias” de la familia, que “se aprovechó de su red de clientelismo para defraudar, conseguir una fortuna y perjudicar a la sociedad catalana”.

“La contradicción no es meramente política, es jurídicamente relevante”, ha incidido el fiscal. Más allá de si el tribunal compra su tesis jurídica, se ha esforzado el fiscal Bermejo en captar la atención de los jueces con una misma idea: que los hechos del caso Pujol no se pueden juzgar con “las gafas” de hoy, sino que hay que tener en cuenta el contexto de los 90 en Catalunya, con un pujolismo hegemónico que abría todas las puertas. También las de la corrupción.

En el juicio a la familia Pujol, que quedará visto para sentencia el jueves, acusaciones y defensas han empezado a exponer sus informes finales. El primero ha sido el fiscal Bermejo, que se ha reafirmado en reclamar 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 para Josep Pujol Ferrusola y 8 años para el resto de los hermanos. El expresident, excluido del juicio por demencia, ha sido situado por el fiscal en “la cúspide de la organización criminal”.

“No se persigue a una familia por su ideología política”, ha apostillado el fiscal, consciente de que la identificación de Pujol con Catalunya que marcó sus 23 años en la presidencia pervive a día de hoy en sus afines a la hora de interpretar el juicio. “Este proceso no ataca a Catalunya sino que pretende lo contrario, defender a los ciudadanos catalanes”, ha argumentado Bermejo, para apostillar: “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades, incluida Catalunya”.

El fiscal ha defendido que la estructura y mecánica de fondos oculta en Andorra durante décadas por parte de los Pujol (y que la familia no niega, pero explica por inversiones financieras propuestas por la banca andorrana que hicieron crecer el legado oculto del abuelo Florenci Pujol) ya es suficiente para obtener una condena.

El delito de blanqueo de capitales, ha argumentado el fiscal, no exige la “plena identificación” de un delito antecedente (en la mayoría de causas está vinculado al tráfico de drogas o el delito fiscal). Basta con que existan numerosos indicios de ello. Y eso es lo que ocurre, a su juicio, con la familia Pujol y el delito de asociación ilícita.

La “ocultación estructural y prolongada” del dinero en Andorra, la falta de acreditación de que la fortuna procede del legado oculto del abuelo, y los continuos ingresos en efectivo que la familia realizó a partir de 1990 “sin explicación coherente” son elementos suficientes, ha reclamado el fiscal, para fundamentar una condena. “Todos los hermanos dicen lo mismo, tienen las mismas lagunas”, ha agregado.

Por si no fuera suficiente con el movimiento y ocultación del dinero por parte de todos los hermanos, Bermejo ha recalcado que los hechos enjuiciados, en los que se han repasado varios pelotazos empresariales realizados por el primogénito, “se enmarcan en la corrupción política”. “Los negocios no se explican con lógica empresarial, sino para blanquear”, ha agregado.

Como caso paradigmático de corrupción, ha mantenido Bermejo, la Audiencia Nacional debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que “viven de contratos públicos”, lo que explica, a su juicio, los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: “Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador”.

La Abogacía del Estado y el “favor inconfesable”

Por su lado, los abogados del Estado Álvaro Bazán y José Ignacio Ocio, que reclaman 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y cuatro y medio para Josep por delitos fiscales, pero no acusan al resto de hermanos, han fundamentado su petición de penas en la teoría del “favor inconfesable” que explica los pagos de las constructoras al primogénito.

Los defensores de Hacienda han recordado que varios testigos no han sabido identificar el papel concreto de Pujol Ferrusola en varias de las operaciones bajo sospecha, y que algunos de ellos incluso ni lo conocían. “Nos ha costado encontrar un testigo que declare más de 15 segundos a qué se dedicaba en concreto el señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha incidido Ocio.

La Abogacía del Estado se sitúa en un punto intermedio entre la Fiscalía, que vincula los pagos a la corrupción política vinculada a Convergència, y a las defensas, que los explican por labor de intermediación en base a la “información privilegiada” que manejaba el primogénito.

Ocio ha remarcado que los pagos de los empresarios corresponden a “un favor irregular inconfesable”, lo que explica que en varios de los negocios no haya “rastro” de actividad económica real de Pujol Ferrusola. “Lo de menos era la factura, lo importante era cobrar”, ha apostillado.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado al Tribunal Supremo que le remita una copia de las declaraciones que el empresario Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García prestaron en el juicio sobre el ‘caso mascarillas’ que quedó visto para sentencia esta semana para incorporarlo a la causa que tiene abierta en ese tribunal especial, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El magistrado accede así a la pretensión del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que consideró que sus testimonios en esa vista oral pueden “aportar datos que hasta ahora no eran conocidos” y pidió incluirlos en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.

Según el representante del Ministerio Público, ambos hicieron “manifestaciones que guardan relación” con esa investigación. En concreto, con la pieza que se centra en los presuntos amaños de de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y con la que indaga en “posibles pagos en metálico de determinadas cantidades” por parte del PSOE. 

El empresario, que lleva año y medio de supuesta colaboración con la Justicia, alentó sin pruebas la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido.

De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Por otro lado, el exasesor trató de convencer al tribunal de que el dinero en efectivo que manejaba procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE y no de las presuntas dádivas a cambio de favores. Así, afirmó que el partido le pagó liquidaciones de gastos en metálico y que en ocasiones le abonaron los mismos en billetes de 500 euros. Además, por primera vez reconoció que denominaba a ese tipo de billete 'chistorra', tal y como recogen los informes de la UCO.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno, que también declaró en el juicio, fue tajante al señalar que desde la formación “nunca” se abonaron gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama quedó este miércoles visto para sentencia. Tras 14 jornadas, las declaraciones de decenas de testigos y casi veinte horas de interrogatorios a los tres acusados, su futuro queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los graves delitos que les atribuyen las acusaciones. 

El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y su mano derecha se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Para el empresario, la petición del fiscal es más de tres veces inferior a la de Ábalos, el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quien mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos.

El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión después de que intentara escalar la trama hacia el PSOE y Sánchez con acusaciones sin pruebas. 

elDiario.es detalla a continuación los asuntos que han centrado el juicio: 

Los contratos de mascarillas

La Fiscalía y la acusación popular que lidera el PP han defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Pero su tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió a la trama adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Pese a ello, este asunto no fue ni mucho menos central en sus interrogatorios. 

Antiguos altos cargos de Transportes y de esas empresas confirmaron el acceso constante del empresario a la zona restringida del Ministerio, si bien ninguno declaró haber recibido presiones para contratar con la empresa vinculada al comisionista. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, sí señaló que fue el empresario el que le dijo que el pedido debía ser de ocho y no de cuatro millones de mascarillas, que es uno de los elementos que, según la Fiscalía, muestran el grado de influencia de Aldama. Además, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, achacó esa modificación a Koldo García. La defensa del exministro atribuyó al comisionista haber incluido un criterio “malicioso” a ese cambio que se debió, a su juicio, a una “una decisión política, legítima y normal”. 

Las acusaciones defienden que Ábalos y Koldo García recibieron mordidas por estos contratos, pero ese extremo no fue confirmado por el empresario. Aldama admitió que su proximidad al ministro le sirvió para saber que se iban a adjudicar estos contratos y moverse para buscar socios con los que hacerse con el material, pero dijo que no entregó a Ábalos y Koldo García una parte concreta de los 3,7 millones de euros que se embolsó. “Yo no tengo un concepto de pagar comisiones por las mascarillas”, explicó el empresario, quien definió como “un todo” las prebendas que supuestamente pagó a Ábalos y su escudero. 

El pago recurrente de 10.000 euros

Cuando se produjeron los contratos de mascarillas, Aldama aseguró que llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 son el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Según Aldama, esa cantidad eran los “gastos fijos” de Ábalos. Y se refirió a ese montante como “algo insignificante”, un “regalo” que iba aparte del resto de mordidas que supuestamente habría pagado a ambos y que elevó a “entre 3,5 y 4 millones de euros”. 

Respecto a los 10.000 euros mensuales, la Fiscalía otorga total relevancia a la declaración de una empleada de un socio de Aldama que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en Punta Cana. Este confirmó que recogió los sobres, pero mantuvo que lo hizo por encargo del empresario y que desconocía el contenido porque estaban cerrados. También aseguró que había viajado al país caribeño por amor, en una explicación calificada de “torpe” por el fiscal. 

La abogada de Koldo García, recordó, sin embargo, que Joseba García viajó a Santo Domingo, no a Punta Cana, lo que evidencia que el objetivo no era recoger dinero. La letrada también explicó que Koldo García se hacía cargo de gastos de Ábalos porque el ministro estaba casado y tenía una relación extramatrimonial, no porque hiciera de custodio del dinero que les proporcionaba Aldama. 

Tanto Ábalos como Koldo García negaron el cobro de mordidas. En el caso del exministro, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los millones de euros a los que aludió Aldama. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal, que en su informe sacó a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Además, las pesquisas revelaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el tribunal, el exasesor dijo que todo era legal. Aseguró que parte procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE, que a veces le hacía reembolsos en billetes de 500, a los que él y su entorno se referían como “chistorras”. El exgerente del PSOE negó que se abonaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros. 

Los inmuebles de Madrid

La Fiscalía también ha puesto el foco en varias operativas inmobiliarias a favor del exministro. Por un lado, sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para su expareja Jésica Rodríguez. Y que desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Paralelamente, sostiene que Ábalos y Aldama simularon un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta muy inferior al de mercado. A su juicio, era un negocio irreal que encubría una “fiducia de garantía” para asegurar que el exministro cobraría las comisiones pactadas. 

Ante el tribunal, Ábalos defendió que fue Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama, quien abonó el piso de Jésica Rodríguez dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Defendió que ellos solo buscaban algo temporal porque su intención era trasladarse al inmueble del Paseo de la Castellana. Respecto a este último, mantuvo que el contrato no era ficticio y que Aldama le “estafó” porque el inmueble estaba alquilado y no llegó a tener ni las llaves. 

El fiscal, sin embargo, considera que ese apartamento es la otra gran “dádiva” del procedimiento. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, rebatió el representante de Anticorrupción. 

El chalé de Cádiz y la licencia de hidrocarburos

La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas —socio de Aldama—, lograse una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa por estas gestiones supuestamente impulsadas con el conocimiento de Ábalos, los empresarios compraron a través de sociedades interpuestas un chalé en Cádiz que había sido elegido por el exministro y que firmaron después un contrato de alquiler para cederle la propiedad. 

La realidad es que el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera. Villafuel logró obtener el título casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

Según Aldama, los empresarios dejaron de pagar la casa cuando constataron que la licencia no llegaba, mientras que el empresario que la financió, Claudio Rivas, optó por guardar silencio ante el tribunal. Ábalos, por su parte, explicó que su intención era alquilar algo en la costa y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, mantuvo que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades y lo desahuciaron.

El rescate de Air Europa y la nota de prensa

Anticorrupción acusa a Ábalos de haber intervenido, a petición de Aldama, para favorecer a Air Europa durante las negociaciones de su rescate a través de la publicación de un argumentario enviado a varios periodistas para tranquilizar a sus acreedores. Su tesis es que en agradecimiento por estas gestiones, el comisionista sufragó en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia. Y que, para ello, entregó 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García para hacer frente al pago. 

Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después de ese argumentario, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, explicó el empresario, que negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama aseguró que, aunque la intención de Koldo García era que él sufragara esas vacaciones, él se negó porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos, por su parte, mantuvo que los gastos de ese chalé fueron abonados a escote por él y por otros familiares que se alojaron allí. 

El nepotismo en el Ministerio de Transportes

La Fiscalía sostiene que Ábalos se sirvió de su posición para que, a través de la presión ejercida por Koldo García, se contratara de manera arbitraria a Jésica Rodríguez en las públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción destaca que la mujer percibió unos 44.000 euros públicos sin llegar a desempeñar ninguna tarea. Es un patrón de presunto favoritismo y presiones que, según las acusaciones, también se empleó para lograr la contratación de Claudia Montes, otra mujer de su entorno, en la empresa pública Logirail. 

Sobre esas contrataciones, Ábalos aseguró que él solo le envió el currículum a Koldo García, pero que no pidió que las contrataran en empresas públicas. Y sugirió que Jésica Rodríguez fue coaccionada por Aldama cuando declaró que cobró sin ir a trabajar. Claudia Montes sostuvo que sí trabajó, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Un ex alto cargo de Logirail declaró que cuando denunció ante sus superiores que Claudia Montes no iba a trabajar recibió amenazas de Koldo García, mientras que la responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec dijo que cuando elevó una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”. 

El exministro José Luis Ábalos ha optado por ejercer su derecho a la última palabra ante los siete magistrados que decidirán sobre los graves delitos que le atribuyen las acusaciones. Durante alrededor de media hora, el que fuera también secretario de Organización del PSOE ha lanzado un alegato en el que ha cargado contra el juez instructor que le sentó en el banquillo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firman los atestados que le incriminan y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita para él 24 años de cárcel. “Mis respuestas le daban igual”, ha dicho en referencia al interrogatorio al que le sometió el pasado lunes. 

El exministro se ha mostrado también como víctima de una “causa general” que ya estaba “predeterminada” y de los “juicios paralelos” que han surgido para “intoxicar” y “viciar” procesos judiciales como este que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. “Es imposible defenderse”, ha afirmado. Ábalos también ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, que por la mañana aludió a la “desolación” que le produce que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. “Dos contratos de plazas temporales a los que no se les permite consolidar… ¿Eso es colonizar el sector público?”, ha dicho Ábalos en relación con las dos mujeres vinculadas a él que fueron contratadas en empresas públicas que dependían del Ministerio de Transportes.

El exministro también ha tenido palabras para Víctor de Aldama, el empresario que presuntamente le corrompió y que se ha visto beneficiado de una contundente rebaja en la petición de penas contra él debido a su supuesta colaboración con la Justicia. Ábalos ha sostenido que ve bien que el empresario se haya “arrepentido”, pero ha lamentado los “daños colaterales” que ha conllevado su confesión. “No le he hecho mal a este señor. Le doy vueltas a la cabeza en la celda sobre qué mal le he podido hacer para que me haga tanto daño”, ha reflexionado ante los magistrados.

Y ha explicado que entiende que cuando entró en prisión el empresario, la vía que le quedó fue la de aprovechar “el marco político y la polarización excesiva” para, en ese clima, encontrar una “gran ventaja” de politizarar el asunto y apuntar contra el Gobierno. “Con el tiempo, algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El resto no aparece”, ha puntualizado.

Ante el tribunal, Ábalos ha defendido que hacía uso de esta última palabra porque se juega “la poca vida” que le queda y ha enfatizado que no quería hablar de sentimientos para no ser acusado de “victimismo”. Después, ha apuntado que en el proceso se le ha “anulado su derecho a la defensa” cuando tuvo que declarar sin abogado en instrucción. En esa declaración, ha recordado, se le invitó por parte del instructor Leopoldo Puente a colaborar con una confesión, y ha lamentado que “al juntarse la hipótesis de culpabilidad con la posibilidad de confesión, se estaba ante un proceso inquisitorial”.

El exasesor Koldo García también ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Ha acusado al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de ofrecerle “colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles” para “no entrar en la cárcel”. “A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha asegurado Koldo García.

Previamente, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas que han sido objeto de investigación fueron legales, los ha calificado de “impecables”, y ha incidido en que los presuntos pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama al ministro y a su asesor no han sido probados. “No hay rastro en las actuaciones de las entregas de dinero”, ha explicado, para acto seguido mostrar su sorpresa por la “hipersensibilidad” de las acusaciones a la hora de solicitar “rebajas de penas sustanciales” para el comisionista por colaboraciones que no lo merecen.

Asimismo, ha defendido ante los magistrados del Tribunal Supremo que, desde el inicio, el proceso “ha tenido una connotación política” porque las contrataciones en pandemia para la compra de material sanitario eran “un tema cerrado que no admitía discusiones jurídicas” hasta que “de forma sorpresiva prospera la denuncia del PP de Madrid” que se transforma en una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Ha apuntado que, una vez abierta la investigación, comenzó “un sonido de fondo en relación a Koldo García” al que se le da el papel de “adlátere de Ábalos” y empieza el “runrún de la eventual participación del ministro” que viene impulsada por una auditoría del Ministerio dirigido por Óscar Puente que sirve de “catalizador” del proceso.

Además, ha incidido como ya hiciera a lo largo del plenario en que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “parece bastante prospectiva” y ha lamentado que se les ha privado de poder acceder a los dispositivos que han servido de apoyo para los informes policiales que han servido como esqueleto para armar la acusación contra el exministro. Busca así poner el foco en que se ha dado una irregularidad en ese punto porque el propio Supremo indicó en un auto que sí debían tener acceso a esas evidencias.

Y, a su juicio, no se les ha dado acceso a esas evidencias porque de se intenta “ocultar” para que no sea evidente que se vulneró la inmunidad parlamentaria de Ábalos porque fue objeto de investigación antes de ser suspendido por el Congreso de los Diputados.

Además, ha afeado que la Fiscalía haya hablado de situaciones de colonización de la Administración por una organización criminal cuando sólo se habla de “dos contratos controvertidos” en lo que asegura que no hubo irregularidad y que fueron “impecables”. “Es una especie de maldición genérica: el ministro corrupto urbi et orbe que se convierte en un ser indeseable”, ha apostillado. 

Turiel se ha esforzado por tumbar una a una las presuntas dádivas que habría recibido de Aldama más allá de esos 10.000 euros, y se ha fijado en la figura de Jésica Rodríguez, la expareja del ministro, para aseverar que era “un gancho del señor Aldama”. “Existe una relación mercantilizada, ha dicho, indicando que el alquiler de Plaza España era del interés del empresario y por eso se ”oculta“ tras su socio Alberto Escolano.

La abogada de Koldo García carga contra la UCO

La sesión de la tarde la ha inaugurado Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quien desplegó un extenso informe en el que también puso en entredicho los informes de la UCO que incriminan a su cliente. La letrada aseguró que los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil se apoyaran en “valoraciones” para armar la acusación contra su cliente con frases como “hizo lo más grande” y mantuvo que no existen indicios de que el exasesor recibiera mensualmente la cantidad de 10.000 euros del empresario Víctor de Aldama.

La abogada negó que su cliente formara parte de la supuesta organización criminal y añadió que, como mucho, “pasó de refilón” por la misma. Así, indicó que quien sí tenía un grupo criminal era Aldama, a quien acusó de haber ido “adaptando su relato al de la UCO”. Además, la letrada recordó que su cliente todavía no ha recuperado todos los dispositivos que le fueron incautados cuando fue detenido en febrero de 2024. A su juicio, eso les ha privado de elementos de defensa porque no ha podido contrastar si están contextualizados los mensajes que aparecen en los informes de la Guardia Civil y que le incriminan. “Venimos a este juicio como cordero al matadero”, aseveró.

Por otro lado, De la Hoz afirmó que sería un “fraude de ley” que se aplicara a Aldama la atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, tal y como ha reclamado la acusación popular que lidera el PP y ha respaldado el fiscal jefe Anticorrupción. En caso de ser estimada por los magistrados, esa atenuante podría permitir al empresario eludir la prisión.

La letrada afirmó que el empresario que se embolsó más de tres millones de euros por los contratos de mascarillas bajo sospecha “tiene ánimo espurio” y destacó las “contradicciones en sus manifestaciones”. “No contribuye al fin de la organización porque la organización ya no existe cuando colabora con la Justicia. No arroja luz sobre los integrantes. Se exige que haya abandonado la causas delictivas, pero sigue con ello”, sentenció.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de impulsar la causa sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha expuesto este miércoles su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado abril al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En su exposición, el representante del Ministerio Público ha defendido que es “posible” rebajar aún más la pena al comisionista —tal y como ha hecho la acusación popular que lidera el PP— si bien no ha explicado por qué no lo reclamó este lunes cuando expuso sus conclusiones ante los magistrados. 

Aldama enfrenta una petición de pena máxima por parte del fiscal de siete años de cárcel, más de tres veces menos que Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quién mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos. El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión.

En este sentido, el fiscal Luzón ha defendido que la declaración de Aldama sí ha sido “determinante y decisiva” para “avanzar en muchos aspectos de la investigación” lo que, a su juicio, hace “admisible apreciar la atenuante privilegiada”. Ha mantenido que la declaración del empresario se ve “plenamente corroborada” en todo lo que la Fiscalía considera probado, si bien ha dejado caer que no otorga credibilidad a todas sus afirmaciones y que hay elementos que “no se han tenido en cuenta”.

Esencialmente, cuando Aldama apuntó a Pedro Sánchez. “No se trata de establecer un número uno, dos o tres. No era número uno el presidente del Gobierno como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama”, ha afirmado el fiscal. Aun así, el representante del Ministerio Público ha defendido que “recompensar a quien sale del entorno criminal y lo denuncia” es esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la “ley del silencio”.

“Demoledora” prueba de cargo

En paralelo, el fiscal Luzón ha defendido que hay una prueba de cargo “abundantísima, demoledora” contra los investigados, ha destacado el “enorme valor” de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les incriminan y ha calificado de “inconsistentes” e incluso “patéticas” las explicaciones dadas por el entorno del exministro y su asistente para justificar los ingresos bajo sospecha. Como ejemplo se ha referido a la “tediosa explicación” de la reclamación por el coche defectuoso que justificaría reuniones periódicas durante más de un año entre Joseba García —hermano de Koldo— y Aldama.

El representante de Anticorrupción se ha referido ampliamente al pago de 10.000 euros al mes que el empresario pagó supuestamente entre octubre de 2019 y julio de 2022 a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. Esa dádiva es, a su juicio, el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados.

El fiscal ha enfatizado que esas entregas quedan acreditadas con el testimonio de una de las trabajadoras de una empresa vinculada a Aldama en República Dominicana que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en República Dominicana. Luzón ha calificado esa declaración de “veraz y determinante” y de “torpes” las excusas de Joseba García para justificar sus viajes a ese país para recepcionar efectivo.

A esto, ha sumado que esas cantidades se vinculan con el incremento patrimonial tanto de Koldo García como de Ábalos y con “la palmaria confusión patrimonial” de ambos. Sobre el asesor ha señalado que del análisis de sus cuentas y bienes se ha comprobado una “afluencia oculta de ingresos” y ha puesto el foco en el flujo y traspaso de dinero entre Koldo García y su hermano, que ejercía de “testaferro”.

Además, ha tirado por tierra el esfuerzo de la defensa del asesor por tratar de justificar que ese incremento patrimonial son “sobres del PSOE” por liquidaciones de gastos a través de “confusos papeles rellenados por Koldo, huérfanos de detalle y que nada demuestran”. Para Luzón, esas compensaciones de gastos tendrían un efecto “neutro” en el patrimonio de ambos salvo que “se apropiara de indemnizaciones de terceros” o falseara tiques.

“Nada explica el incremento patrimonial de Koldo García”, ha puntualizado para añadir que “encaja en la lógica de los pagos” que el cobro subrepticio de cantidades por parte del asesor de manos de Aldama acabaran también en manos del ministro: “No tiene sentido que Aldama pague solo al subordinado del ministro y que no tengan por destino a quien tiene el dominio del hecho y de las decisiones de las que se va a beneficiar. Es impensable”.

Y ha abundado en ese trasiego de efectivo entre Ábalos y Koldo García al indicar que existía una doble contabilidad y que constan 94.800 euros que el ministro no compensó a Koldo García. Sobre esa cantidad sobre la que Ábalos ironizó que era todo lo que le habían encontrado en diez años, el fiscal ha mantenido que el ministro no precisaba de sus cuentas para tener dinero disponible. Y ha sacado a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochó haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Así, ha resuelto que “los incrementos de efectivo de Ábalos abonan [la tesis de] la fuente oculta de ingresos” y, en definitiva, para Luzón ni el exministro ni su asesor han podido responder a esa pregunta que se hacían “las vecinas del 17”: “De dónde saca para tanto como destaca”.

El piso y el enchufe de la expareja

La otra gran “dádiva”, según el fiscal Luzón, fue el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Aldama desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, de acuerdo a las conclusiones del representante de Anticorrupción. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, ha aseverado el fiscal, que también ha rebatido en este punto las explicaciones dadas por Ábalos.

Respecto a la colocación de esta mujer en dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar, el representante de Anticorrupción ha mantenido que está “plenamente acreditado que Koldo García por cuenta de Ábalos ejerció una presión moral eficiente” sobre la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que fuera contratada. En este punto, el fiscal ha cargado contra la “corte servil” de funcionarios y empleados públicos que, a su juicio, protegieron a Jésica Rodríguez.

En contraposición, ha ensalzado a la “empleada íntegra” de Tragsatec que denunció internamente que la joven no iba a trabajar. El fiscal ha aseverado que le produce “desolación” que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. Y ha defendido que estas compañías estatales “no pueden ser espacio para la colocación discrecional”. “No pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos o el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen la eufemísticamente llamadas sobrinas”, ha aseverado.

Contratos de mascarillas

El fiscal ha defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos de mascarillas adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. Así, ha destacado que si bien no hubo ni prevaricación ni malversación en esos contratos sí ha puntualizado que el procedimiento “se ajustó” a los intereses de Aldama y sus socios. Así, ha defendido que tanto el exministro como su asesor tuvieron “un papel decisivo” en esos contratos .

En este sentido, ha destacado que los testimonios escuchados durante el juicio dan cuenta “de la distorsión y el exceso de atribuciones” del asistente en todo el proceso de compra, y ha alabado el trabajo de las auditoras del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. En cuanto al papel de Ábalos, ha señalado que ejerció “control” en esa gestión, y que esto queda demostrado en dos episodios. Por un lado, cuando modifica la orden para que se adquieran ocho y no cuatro millones de mascarillas “para maximizar el beneficio de Aldama con la operación”. Y, por otro, cuando ante el retraso en la entrega del material por parte de la empresa de la trama decidió seguir adelante.

En la parte final de su informe, que se ha alargado durante casi dos horas, el fiscal Luzón ha defendido que los acusados “se enfrentan a penas graves porque graves son las conductas que se les imputan”. Y ha lanzado una crítica a las “actuaciones” de los “poderes públicos” que “normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tiene la responsabilidad de perseguirlas”. Ha asegurado que la “corrupción organizada desde un Ministerio” disminuye la confianza de los ciudadanos en “las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten”. “La corrupción carcome nuestro sistema y solo una reacción contundente puede frenarla”, ha sentenciado.

“No, no. Erratas ortográficas no había ninguna que corregir”, dijo con media sonrisa el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando el presidente del tribunal le preguntó sobre los cambios en su escrito de conclusiones. En realidad, añadió, no eran cambios sustanciales los que había hecho, pero sí que afectaban al relato de hechos porque lo ampliaba. Pero si por Luzón hubiera sido, las conclusiones que defenderá este miércoles en el Supremo para exigir una condena para el exministro José Luis Ábalos, para su asesor Koldo García y para el empresario Víctor de Aldama, serían diferentes. Habría incluido mayores rebajas de pena para el empresario comisionista porque considera que, además de que sus manifestaciones son “relevantes y veraces”, han sido ratificadas y completadas en la vista oral.

Después de que el pasado lunes trascendiera que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, logró que Luzón no modificara su escrito de conclusiones para incluir la atenuante muy cualificada que permitiera minorar la petición de cárcel para Aldama, este miércoles se pasa de pantalla. Llega el momento de los informes finales y el juicio se aproxima al 'visto para sentencia'.

El fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón será quien abra la sesión con su informe y, según las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es, se ceñirá a desgranar y valorar las pruebas recabadas a lo largo de la instrucción y de la vista oral intentando no extenderse demasiado. Lo esperable. Pero habrá sorpresa en su exposición porque hará especial mención al papel trascendental que ha jugado Aldama para la causa y, de alguna manera, defenderá que a su juicio sí merecía una mayor rebaja en la pena de la que ha quedado plasmada en su informe.

En su escrito de acusación -previo a la vista oral y que siempre es susceptible de ser modificado por el devenir del juicio- solicitaba siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de confesión del delito que permitía rebajar las penas: Cuatro años por organización criminal, tres años por un delito continuado de cohecho activo y una multa de 3,7 millones de euros por el delito de aprovechamiento de información privilegiada.

El cálculo se mantiene. Pero el lunes, en la exposición de la prueba documental, se pudo constatar que Luzón sí tocó el relato de manera que hacía hincapié en las aportaciones de Aldama durante la causa. Como muestra un botón, destacaba que el comisionista sostuvo que habría reintegrado los pagos realizados por el entorno de Koldo García del alquiler del piso que disfrutó en Plaza de España la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez.

También se fijaba el fiscal en que determinadas aseveraciones del comisionista se han visto respaldadas por la prueba pericial y documental practicada. Así, incluyó que la pericial caligráfica confirmó en el plenario que la letra manuscrita que aparecía en un listado sobre obra pública que aportó Aldama era, tal y como sostuvo, del propio Koldo García.

Y añadía Luzón que se han incluido en la causa audios relativos al caso que se sigue en la Audiencia Nacional contra Santos Cerdán sobre posibles mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Explicaba que en el plenario se trató la pericial acústica y electrónica de los mismos, y dice que esos audios (grabados en secreto por Koldo García y localizados por la Guardia Civil en el registro de su domicilio) encajan con lo declarado por Aldama durante el juicio.

“Mantiene y completa” su reconocimiento

Pero quizá la frase clave que añadió Luzón a su escrito sea la que reza: “El reconocimiento de los hechos ha sido mantenido y completado en su declaración prestada en calidad de acusado el pasado 29 de abril de 2026 en este juicio oral”.

Con esas modificaciones incluidas en su escrito de conclusiones definitivas y con la exposición que realice este miércoles, las fuentes consultadas esperan que esas “manifestaciones relevantes” de Aldama puedan influir en los siete magistrados que componen el tribunal sentenciador de manera que opten por una mayor rebaja de pena para el comisionista. Entienden que la Sala puede valorar y decidir si aplica la atenuante muy cualificada.

En caso de que entraran a deliberar ese aspecto, muletas no les faltan a los magistrados. La acusación popular, cuya dirección letrada ostenta el PP, ya solicitó el lunes que se aplicara la atenuante muy cualificada por su confesión y colaboración con la justicia, y acomodó las penas que pedía para el comisionista de manera que ningún delito superara los dos años de cárcel. En el caso de que la condena se ajustara a lo que pide el PP, el tribunal tendrá la última palabra a la hora de decidir si pisa cárcel con delitos individuales que no llegan a esos dos años. Y eso teniendo en cuenta que la suma de los siete delitos que le imputan suman cinco años y dos meses de prisión.

Y dado que este juicio ofrece contrastes difíciles de encajar, en el otro extremo está la postura de la defensa de Koldo García, que el lunes indicó en el plenario, con cierta sorna, que si se modificaba la petición de pena para Aldama debía ser para aumentarla porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica al comisionista como el jefe real de la trama: “Quien paga manda”.

El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

La acusación popular que dirige el PP ha modificado sus conclusiones y ha pedido rebajar aún más la pena para el empresario Víctor de Aldama. Ha solicitado que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que lanzó graves acusaciones sin pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno. 

En total, su petición ha pasado de siete años a cinco años y dos meses. La clave, no obstante, es que la pena solicitada por ninguno de los delitos supera los dos años, por lo que no implicaría su entrada en prisión. El letrado del PP, Alberto Durán, ha explicado que en su decisión pesa la colaboración ofrecida por el comisionista, ya que, a su juicio, “ha facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas relacionadas con obra pública”. Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular mantiene su petición de 30 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de cárcel para el empresario al que le aplica una atenuante de confesión. Al abordar este asunto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta le manifestó que consideraba que no había elementos para rebajar aún más la pena, explican a elDiario.es fuentes fiscales. Finalmente, el fiscal Luzón ha mantenido su petición de pena inicial, tal y como ha explicado ante los magistrados que deberán dictar sentencia. También ha mantenido las peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio de prisión para el exasesor Koldo García.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Además, el artículo 27 de esa misma norma establece que los fiscales pueden exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala en caso de discrepancia con la “orden o instrucción” recibida del fiscal general. 

Fuentes fiscales han señalado a elDiario.es que la decisión de mantener la calificación inicial se ha adoptado de forma unitaria en el seno del Ministerio Fiscal y que no ha existido una orden por parte de Peramato en el sentido de mantener las calificaciones previas de los delitos.

En su escrito de calificación —presentado el pasado noviembre—, Luzón valoraba la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. 

En ese informe, el fiscal aludía a los “pantallazos” que aportó y en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, así como unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde se reflejaban hasta seis contratos supuestamente amañados. 

Ábalos carga contra la UCO y Aldama

Las partes detallaron sus conclusiones tras escuchar al principal investigado, el exministro Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE se sentó este lunes ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si es inocente o culpable con el convencimiento de que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será una “condena clara”.

Así lo afirmó él mismo en un extenso interrogatorio en el que cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que le incriminan y en el que pasó algunos apuros al tratar de justificar los movimientos de sus cuentas bancarias y los miles de euros en gastos de índole personal que abonó quien fuera su mano derecha, Koldo García, al que los investigadores atribuyen el rol de “custodio y gestor” de su dinero. 

La investigación ha acreditado que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones que Aldama afirmó que había pagado al exministro y a quien fuera su mano derecha. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal.

Las pesquisas también han arrojado otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

Ante el tribunal, Ábalos ha explicado que la gente cada vez tiene “menos efectivo” y que son habituales los abonos con tarjeta. Además, ha justificado que, en su posición de ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada. El almuerzo, o ibas invitado o invitabas tú a cargo del ministerio. No pagaba yo”, ha detallado. 

Asimismo, ha cuestionado que la UCO le imputara como dinero de origen desconocido el montante que le pagaba Koldo García por el alquiler de un piso de su propiedad en el centro de Madrid. En este sentido, ha insistido en que la Guardia Civil le imputa como ingresos en efectivo 14.940 euros en 2020, si bien 7.600 euros corresponden al citado alquiler y otros 4.000 euros a un alquiler vacacional de una casa que tenía en usufructo abonados por Joseba García, el hermano de quien era su mano derecha en Transportes.

El cuestionamiento de los informes que le incriminan fue una constante en su declaración. A respuestas de su abogado, Marino Turiel, incidió en la “intencionalidad” de esos atestados. Aseguró, en este punto, que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, reconoció que no había consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en empresas públicas eran ajustados a derecho. O recordó el error de la UCO al atribuirle la compra de un inmueble por 2,1 millones en Colombia cuando costó 751 euros.

En paralelo, Ábalos trató de atacar la credibilidad de Aldama tras su declaración de la semana pasada. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos sugirió que el empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al comisionista como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos sostuvo que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, rebatió que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por último y sobre si, como dice la acusación, actuaba formando un binomio con su asesor, enfatizó que ambos tenían “vida propia” con sensibilidades y trayectorias “muy distintas” a pesar de que se les presenta en la causa como “un duo”. Pero recordó que Koldo García siempre estuvo “muy afanado en estar encima” y que si algo tienen en común es la “lealtad”. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos matado o traicionado”, sentenció.

El exministro José Luis Ábalos declara este lunes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se expone a una condena de hasta treinta años de cárcel. En el primer tramo de su comparecencia, el que fuera secretario de Organización del PSOE, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al que ha acusado de moverse en la “impostura permanente”. Asimismo, ha sostenido que tiene la creencia de que su expareja Jésica Rodríguez fue coaccionada cuando declaró en este mismo órgano que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar y de que el comisionista ha “arreglado algo” con ella. 

A su vez, ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, muy mediatizado, está “juzgado desde hace tiempo” a pesar de que la Guardia Civil ha podido localizar únicamente 95.000 euros sin rastro bancario en cinco años. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha sostenido a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Aun así, ha tratado de atacar la credibilidad de Aldama, que trasladó a sede judicial las acusaciones sin pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE que llevaba meses lanzando en los medios de comunicación y aseguró que les había pagado “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones al exministro y a su asesor Koldo García. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos ha sugerido que Aldama manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al empresario como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos ha sostenido que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, ha rebatido que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por otro lado, Ábalos ha rebajado el papel de Aldama en el viaje a México de diciembre de 2018 que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia del empresario sobre el exministro y su asesor. Así, ha explicado que el empresario “no organizó el viaje” y participó únicamente en una visita protocolaria al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador y en una reunión en el Estado de Oaxaca. “En lo demás no estuvo”, ha sostenido.

Además, ha dicho que ese viaje tuvo como objetivo completar una visita que había realizado el presidente del Gobierno para restablecer relaciones con el nuevo presidente de México, “que tenía actitud reacia a los intereses españoles”; y el proyecto de un nuevo aeropuerto que gestionaba la empresa pública Ineco. 

Respecto a su expareja Jésica Rodríguez, Ábalos ha afirmado que fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento [que supuestamente le pagó la trama]. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado. “Ella no dice eso si no se le ha coaccionado”, ha añadido.

Además, tras afirmar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. Ha recordado que ella se preocupó de fichar todos los días en esas empresas y por eso no puede entender que ahora diga que no trabajó si no es porque tras una campaña de desgaste contra ella fue coaccionada. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.

Los inmuebles que acorralan al exministro

A preguntas del fiscal, Ábalos también ha tratado de debilitar los indicios que apuntan a que se benefició directa o indirectamente de tres inmuebles a cambio de su intercesión en contratos y que tienen como denominador común la presencia de Aldama.

Sobre el pago del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, el exdirigente socialista ha defendido que fue Luis Alberto Escolano, un socio del comisionista, quien lo abonó dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Los mensajes intervenidos a los investigados evidencian que fue ese empresario quien pagó ese alquiler, si bien la Fiscalía considera que se trata de un soborno de Aldama para conseguir un trato preferente del ministro.

Ábalos también ha sido preguntado por el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta de 750.000 euros que firmó con Aldama. El exministro ha defendido que fue una “estafa”, que nunca le dieron las llaves y que fue “engañado” porque el inmueble estaba tenía inquilinos y nunca lo pudo ocupar.

El fiscal le ha preguntado si ese contrato encubría una fiducia de garantía de un crédito por el cobro de comisiones ilegales, tal y como ha sostenido Aldama y han aceptado como cierto las acusaciones. “Lo de la fiducia me parece de necesidad desesperada de colaborar con la Justicia (...). Que se me digan qué comisiones y qué acciones permitieron liberar esta fantasiosa fiducia…”, ha respondido Ábalos. “Hay otro procedimiento en el que está investigado en el cobro de comisiones ilegales”, ha contestado el fiscal. Y Ábalos le ha reprochado entonces que estos hechos no deberían ir en este procedimiento. “Todo conectado, sí”, ha tratado de zanjar el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto al disfrute de un chalet en Cádiz en 2021 comprado por otro socio de Aldama, el fiscal ha evidenciado la contradicción de por qué encargó a Koldo García que buscara chalets en compraventa si su pretensión era únicamente alquilar una vivienda. Ábalos ha explicado que su intención era alquilar y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, ha mantenido que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades debidas y se produjo un desahucio.

Los contratos de mascarillas

En cuanto a su papel en la adquisición de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro ha señalado ante el Tribunal Supremo que cuando surgió la necesidad de adquirir material sanitario en marzo de 2020 él lo transmitió a su equipo y que lo habló con Koldo García, su asesor.

Así, ha negado que lo hablara directamente con el empresario Víctor de Aldama. Si bien ha matizado que dado que siempre estaba en el Ministerio es probable “que supiera de esa necesidad” o que escuchara su conversación con su asesor. Además, ha enfatizado que en ese momento “se necesitaba ayuda de todo el mundo” y que no conoció ninguna oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, con anterioridad a la orden que firmó para la adquisición de mascarillas. De hecho, entendía por lo que le aseguró su asesor que había varias ofertas presentadas y que la elegida se ajustaba a la condición impuesta de pago a la entrega del material.

Por otro lado, ha indicado que se pasó de aprobar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión con Puertos del Estado porque era la idea que él tenía desde el inicio y no por imposición de Aldama, y ha recordado que él siempre tuvo en mente comprar no solo para 15 días, que era lo que se extendía el Estado de Alarma, sino para más. Y por eso cambió la orden de cuatro a ocho, habida cuenta que cuando firmó la primera no fue consciente de que sólo se preveía para quince días.

Petición de hasta 30 años de cárcel

Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, comparece como principal acusado después de que Koldo García rechazara haber cobrado 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama y afirmara que pagó mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con contar a la prensa su relación extramatrimonial. También reconoce que en ocasiones actuaba sin conocimiento del ministro.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.