El juez Santiago Pedraz ha rechazado practicar la mayoría de las diligencias que había solicitado la magistrada Beatriz Biedma dentro del caso que se sigue contra la presunta organización de Leire Díez, incluida la declaración de Cintia Rocho, presunta jefa de un clan de la droga en Badajoz, de la que dice ya ha declarado ante la UCO.

El instructor del caso alega que ya ha citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez, y que el resto de peticiones de la magistrada de Badajoz aluden a denuncias y supuestas conspiraciones del investigado anteriores a que entrara en contacto con la antigua militante socialista y acordaran unir fuerzas.

En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz asegura que los expedientes que reclama incorporar Biedma a la Audiencia Nacional o las denuncias que interpuso en el pasado contra ella Sáenz de Tejada “serían pertinentes si se acredita indiciariamente” que se produjeron en concierto con Leire Díez y su grupo, “mas ninguna de ellas (salvo la declaración de aquel en su caso) sirve para constatarlo, al estar todas dirigidas respecto a la conducta de Sáenz y no en relación a la organización”.

Pedraz alude en todo momento al escrito de las fiscales del caso en la Audiencia Nacional en el que se oponen a investigar cualquier presunta ilegalidad que hayan cometido los investigados y que no tengan que ver con la finalidad del grupo de Leire Díez, esto es, en el marco de sabotear supuestamente las causas judiciales que afectan al PSOE. Por eso, viene a decir el juez, si Sáenz de Tejada actuó contra Biedma en el pasado por otros motivos, eso no es parte, por el momento, de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

De hecho, la propia Biedma declaró ante Pedraz que Sáenz de Tejada había presentado medio centenar de denuncias contra ella. El exjuez denuncia una suerte de mafia judicial en Badajoz sostenida por los lazos familiares y sentimentales de la práctica totalidad de los magistrados destinados en la capital pacense. Como un grupo habrían actuado para, según el juez, hacer fracasar la denuncia que él puso contra su exmujer por beneficiar a su actual marido en la concesión de administraciones concursales.

Sáenz de Tejada alega que su condena por amenazas y violencia psíquica contra su mujer es el resultado de una denuncia de su ex pareja, también jueza en Badajoz, para contrarrestar la denuncia por corrupción contra ella que había puesto previamente. Una de las juezas del caso de violencia doméstica fue Beatriz Biedma, a quien Sáenz de Tejada logró recusar por sus lazos con la magistrada denunciante.

La actuación de esa supuesta mafia judicial en Badajoz es el objeto de un chat de Facebook, ya desaparecido, y de otro que se menciona en las actuaciones de la UCO, que frecuentarían personas interesadas presuntamente en destapar la actuación de Biedma y otros magistrados, como el presidente de la Audiencia Provincial y primo del abogado que ganaba las administraciones concursales, Emilio García-Cancho.

La investigación debe determinar si las supuestas fotos de seguimientos a Biedma y su familia, de las que se habla pero no han sido publicadas en ninguna parte, tenían por objeto un plan para atentar contra la jueza o alimentar esos chats de denuncia ciudadana contra los jueces.

Biedma también había pedido a Pedraz que citara a declarar un recluso llamado Ángel Martín Carrillo, alias 'El Gitano' –nombrado así en las agendas de Leire Díez–, su abogado Juan José Collado, y Joaquín Parra, empresario condenado por estafa que tenía un grupo de whatsapp con Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

“Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en el extranjero”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asumió en 2018 en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. 

Casi una década después de aquellas palabras, esa infraestructura deportiva está demolida después que fuera declarada ilegal tras la oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Y quien fuera su delfín Ignacio González se sienta en el banquillo acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones de ese proyecto “recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares”. 

La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes el primero de los tres juicios pendientes que tiene Ignacio González por el llamado caso Lezo, el macrosumario que durante casi siete meses de 2017 le hizo cambiar su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real.

En esos procedimientos se le acusa de haber cobrado mordidas millonarias y de haber amañado contratos durante la época en la que estuvo al frente del Canal de Isabel II. Presidió esa empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre. 

La vista oral que se inicia este martes deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del citado campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. El auto de apertura de juicio oral recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer a su hermano y su cuñado, a los que la empresa pública adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. 

La Fiscalía solicita en esta pieza para González seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, ya que suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos. 

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ocho sesiones y medio centenar de testigos 

Según el calendario fijado por el tribunal, la vista se extenderá durante ocho sesiones. Acabará previsiblemente días antes de que se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Está previsto que declaren casi medio centenar de testigos. Entre ellos, más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales durante el periodo investigado. Figuran en este listado la expresidenta Esperanza Aguirre o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía, Engracia Hidalgo, Elvira Rodríguez o Fernando Merry que, a su vez, formaban parte en esa época del consejo de la empresa pública. 

También están citados hasta 22 técnicos, entre ingenieros, directores de proyecto y personal técnico que intervinieron en la tramitación, supervisión, informes y seguimiento de las obras. Algunos de ellos llegaron a estar imputados durante la investigación. Entre los citados como testigos figuran también casi una decena de directivos de las sociedades adjudicatarias de las obras (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium), así como de las mercantiles subcontratadas para la ejecución de los trabajos. 

Deberá comparecer, asimismo, Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, a quien se le cita en relación con los presuntos beneficios económicos y comisiones derivadas del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente. 

La compra “inflada” de Emissão

El reparto de comisiones también sobrevuela otra de las piezas del caso Lezo que llevarán a González al banquillo en 2027. Se trata de la que indagó en la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão por parte del Canal entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que se supone que abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas “debido al sobreprecio pagado”. 

En ese “sobreprecio” estaban incluidas las “ilícitas comisiones” que fueron a parar al bolsillo de los investigados, según detalla el auto de apertura de juicio oral, de marzo de 2020. Aquí González sí habría sido beneficiario directo de esa mordida. Y además habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1,8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900.000 dólares por cabeza.

Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica. La Fiscalía atribuye en esta causa al expresidente madrileño delitos de fraude a la Administración en concurso con malversación y solicita para él ocho años de cárcel. La Comunidad de Madrid eleva la petición a once años. 

Otra supuesta comisión —en este caso, 1,8 millones de euros a repartir con su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel— está detrás de la tercera pieza del ‘caso Lezo’ que sentará en el banquillo al expresidente madrileño. Es el dinero que supuestamente ambos habrían cobrado a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, del 4 de junio, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir obtuvo dicho contrato a través de un concierto criminal entre su consejero Javier López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás con González y De Miguel. 

La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel a González por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. Según la resolución judicial, los directivos de OHL idearon un “plan” para hacerse con la licitación que consistía en presentar la oferta más baja en costes y asegurarse la concesión y también la posterior modificación del proyecto.

La idea era que compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja por medio de la citada mordida de 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros al cambio de entonces). En el otro lado de la trama estaban González y De Miguel. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación. 

Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de la constructora, y Adrián de la Joya, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza. De la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba el dinero de la mordida, que acabó en las manos de De Miguel para su reparto. 

Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

Un antiguo juez expulsado de la carrera por una condena firme de maltrato se vuelve a poner la toga para dirigirse a su público en YouTube. Se llama Luis Sáenz de Tejada. En decenas de vídeos denuncia que los juzgados de Badajoz están controlados por una trama corrupta de magistrados a la que pertenece su exmujer. Su condena, asegura, es la represalia del grupo por haber denunciado los encargos ilegales de su antigua pareja al abogado por el que ella lo abandonó, primo a su vez de otros dos jueces presuntos integrantes de la trama togada pacense. En un plano secundario de esa conjura el denunciante sitúa a alguien que a la postre se convertiría en el personaje más famoso de toda la supuesta trama, Beatriz Biedma, jueza del caso de David Sánchez.

¿Quién podría reparar en el perfil de este exjuez y youtuber, asiduo de otros conspiranoicos de la extrema derecha, como la persona idónea para conseguir apartar a la jueza Biedma de la instrucción del caso del hermano del presidente? La respuesta está en el sumario del ‘caso Leire’: efectivamente, la exmilitante del PSOE y su aliado en aquella cruzada anticorrupción, el empresario Javier Pérez Dolset. El plan no surtió efecto. David Sánchez ha sido condenado en primera instancia y el PSOE tiene un problema por los indicios de que su entonces secretario de Organización ordenó financiar en parte los planes de Leire Díez para destapar tramas policiales y judiciales organizadas contra los socialistas.  

Como ocurriera cuando se fijó como objetivo al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, Leire Díez provocó enemistades que ahora tiene difícil gestionar. Aunque una presunta víctima no parezca el más adecuado para dirigir la investigación contra su agresor, el jefe Anticorrupción de la UCO sigue al frente del caso Leire Díez. Ahora, la jueza Biedma se ha personado como víctima en la Audiencia Nacional, convencida de que las maniobras de Sáenz de Tejada y el ‘Grupo Leire’ contra ella no se quedan en unas presuntas calumnias. Un coronel de la Guardia Civil y una magistrada. Allí donde aparecía el esqueje de un futuro héroe para la derecha y la extrema derecha vertía Leire Díez su fertilizante.

Sáenz de Tejada, conexión Badajoz 

Las confabulaciones de Leire Díez han alcanzado un nivel superior al entrar en contacto con el particular ecosistema judicial y criminal de Badajoz. El reactivo definitivo del embrollo ha resultado ser el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Algunos medios y el Partido Popular han llegado a la conclusión de que el colaborador ocasional de Leire Díez propuso a un clan de narcotraficantes local lo nunca visto en el crimen organizado español: atentar contra un magistrado. 

Resulta conveniente, por tanto, comenzar por Sáenz de Tejada. 

La vida del exmagistrado dio un vuelco hace más de una década cuando se rompió su matrimonio y su esposa, jueza en Badajoz, comenzó una relación con un letrado de la ciudad, según explica un abogado que pisa a diario los juzgados locales. 

Sáenz de Tejada denunció que su esposa adjudicaba los procedimientos de administración concursal a su nueva pareja de forma ilegal y que la práctica, muy lucrativa, era conocida y fue encubierta por sus compañeros. El exjuez asegura que la denuncia que acabó en condena por violencia hacia su exmujer fue una represalia de ella y su pareja, amparada y perpetrada por sus compañeros en la “organización criminal” que denuncia en los juzgados de Badajoz. 

La magistrada Ester Sara Vila, antigua esposa de Sáenz de Tejada, llegó a estar imputada por prevaricación y otros delitos en relación con esos procesos concursales, pero el caso acabó en archivo. Por contra, sí prosperó la denuncia que su exmujer presentó contra él, que acabó expulsado de la carrera judicial tras ser condenado en firme por delitos de amenazas y violencia psíquica habitual. 

La actividad en internet de Sáenz de Tejada –“Magistrado Anticorrupción”, como se hace llamar–, le ha hecho estar en contacto con conocidos conspiranoicos de la toga, como el también exjuez Fernando Presencia, o con los ultraderechistas de la familia Royuela. El propio Sáenz de Tejada respalda en sus vídeos la tesis de una red de poderosos pederastas en Donostia ocultos tras el caso Kote Cabezudo, un bulo que alcanzó cierta dimensión la pasada década. Y en estas andaba cuando le contactó Leire Díez en 2024 como experto de la supuesta corrupción de los juzgados de Badajoz.

'Vacaciones y Viajes': por fin alguien hace caso al exjuez

El abogado, incesante en YouTube, dedicó su primer vídeo a Beatriz Biedma por el caso de David Sánchez el 2 de junio de 2024, en cuanto la jueza abrió diligencias contra el hermano del presidente. Desde su casa, vestido con la toga, volvió a encender la cámara de su ordenador para advertir a David Sánchez de lo que le esperaba en el “lodazal” judicial al que pertenecía Biedma. 

En algún momento entre ese 16 de junio y el 9 de agosto de 2024, el grupo de Leire Díez contactó con él. La exmilitante socialista y el empresario Pérez Dolset se entrevistan en la casa que tiene este último en Tarifa con Joaquín Parra, antiguo presidente del CD Badajoz que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por un gran fraude de hidrocarburos y que aporta el contacto de Sáenz de Tejada. Los cuatro acaban participando en un chat abierto por Leire Díez que esta bautiza “Vacaciones y Viajes”

Notas incautadas a Pérez Dolset y Leire Díez por esas fechas hablan de “destruir el procedimiento” contra David Sánchez. El empresario escribe en su iPhone: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info”. Por fin, alguien hace caso al exjuez. 

A partir de ese momento Sáenz de Tejada empieza a contactar con abogados y presuntos delincuentes indignados, como él, con la instrucción de los casos que les afectan. Algunos ni siquiera tienen que ver con Beatriz Biedma, como es el caso del abogado Juan José Collado, quien se reunió tres veces con Sáenz de Tejada por mediación de la mujer de uno de sus clientes, Ángel Martín, ‘El Gitano’, en prisión. Hablaron de presentar querellas y organizar una manifestación, según ha declarado el letrado a la UCO. El caso afectaba a una magistrada distinta a Biedma. 

El 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada aparece en YouTube y afirma: “Ahora están recogiendo otras personas lo que se sembró en aquel momento”. En ese momento, el exjuez ya se ha dirigido en dos ocasiones a la Fiscalía General del Estado, una vía que no abrió hasta que conoció a Leire Díez. La primera denuncia fue archivada de plano. La segunda fue remitida a la Fiscalía de Extremadura, donde también se acordó su archivo. Al parecer, Leire Díez había vuelto a vender su supuesta influencia en el Ministerio Público a cambio de recibir ayuda contra sus enemigos.

Cuatro días antes de ese vídeo se produjo un acontecimiento que ha derivado en titulares de prensa que unen al PSOE con un intento de asesinato de la jueza del caso de David Sánchez y un clan de narcotraficantes. El secretario general del PP ha llegado a llamar “sicario” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese 8 de diciembre, Cintia Rocho escribe un comentario en un vídeo de Sáenz de Tejada dedicado a Beatriz Biedma. El juez responde solícito.

¿Para qué busca alguien al clan de 'Los Rochos'?

Llega el momento de detenerse en Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’. Su padre, Jesús Rocho Sosa, estaba considerado el patriarca de 'Los Rochos', al que distintas informaciones vinculan con el tráfico de drogas. El padre y el marido de Cintia fueron asesinados a tiros en 2024, con una diferencia de menos de diez meses.

El exjuez Sáenz de Tejada se aproximó a Cintia tras el primer contacto por redes. En una conversación telefónica, Sáenz de Tejada le dice que hay que “eliminar” a Biedma, según contó Cintia en una entrevista en Telecinco el pasado septiembre. Ella entendió que Sáenz de Tejada se refería a causarle un “daño físico”. “Si nos estás poniendo a nosotros como lo peor de lo peor y nos pides que hagamos algo se supone que no es nada bueno”, dijo a la cadena privada.

Pero hay otra versión posible.

Un acontecimiento del pasado derivó en una victoria legal de 'Los Rochos' sobre la jueza Biedma. Un hermano de Cintia fue detenido en una operación dirigida por la magistrada en 2019. Su abogado planteó un ‘habeas corpus’ por detención ilegal y la magistrada no atendió el requerimiento. 'Los Rochos' llegaron hasta el Constitucional, que les dio la razón y anularon la causa. Sáenz de Tejada manejaba esta información, de hecho la había mencionado en sus vídeos de YouTube. Pudo dirigirse a Cintia Rocho para utilizarla contra la jueza del caso del hermano de Sánchez. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con Leire Díez? El pasado julio, el diario ‘Artículo 14’ se hizo eco de una anotación en la agenda incautada por la UCO a la exmilitante socialista anotada el 25 de marzo de 2025. “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”.

En la citada entrevista, Cintia Rocho dijo que tenía claro que se habían dirigido a ella para atentar contra la jueza. Contó que recibió vídeos de la jueza, direcciones… Sin embargo, ante la UCO solo ha contado que Sáenz de Tejada le había trasladado que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. Cualquiera que fuera la naturaleza del ofrecimiento, Cintia Rocho lo declinó.

En su declaración ante el juez Pedraz del jueves, la magistrada Biedma relató que había sentido “angustia” y “temor” por las noticias que le habían llegado de que había sufrido seguimientos y que alguien había estado en el colegio de sus hijas preguntando por ella. Uno de los miembros del chat 'Viajes y Vacaciones', Joaquín Parra, ha contado a la UCO que en los encuentros con Leire Díez y Pérez Dolset nunca se habló de “una agresión física” a Biedma, pero que oyó algo similar de “un tercero” y que también lo había leído en la prensa.

Según contó el expresidente del CD Badajoz, ese informante suyo le dijo que Sáenz de Tejada defendía gratuitamente a individuos investigados en el juzgado de Biedma a cambio supuestamente de que realizaran esos seguimientos. El objetivo sería publicar información en un chat de Facebook llamado 'Club de Debates Urbanos de Badajoz'. “En este grupo se publicaban diversos comentarios, informaciones, rumores y fotografías sobre diversas personalidades públicas del ámbito pacense”, recoge el informe de la UCO. Parra ofreció tres nombres que participarían en el chat con nombres falsos.

La UCO concluye que “se ha podido determinar” que Sáenz de Tejada contactó al menos con “dos personas cuyos procedimientos judiciales, propios o relacionados con sus familiares, se instruían o se habrían instruido en los juzgados de Badajoz”. Los “primeros contactos habrían estado orientados a promover actuaciones de carácter judicial o administrativo frente a la magistrada que los instruía, Marta Hernández”, pero que luego, el objeto de esa actuación judicial fue redirigida contra Biedma.

El juez fan de Abascal y la endogamia en los juzgados

Las obsesiones de Sáenz de Tejada sirven para adentrarse en la endogamia existente en los juzgados de la ciudad y en algún que otro episodio llamativo de sus integrantes. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad –solo hay cuatro– era Emilio García-Cancho, decano en ese momento de los magistrados. García Cancho fue objeto de una polémica en 2023 por aparecer en un vídeo pidiendo un ‘selfie’ a Santiago Abascal y deseándole “suerte”. En 2025 fue elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.

La esposa de García-Cancho se llama Samantha Reynolds y también es jueza en la capital pacense. El abogado con el que se marchó la mujer de Sáenz de Tejada, Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, es primo del presidente de la Audiencia Provincial. En esta madeja endogámica, la jueza del caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, aparecía como “amiga” del resto y miembro de la “organización criminal”, según Sáenz de Tejada. 

El propio Sáenz de Tejada hace afirmaciones en sus vídeos que describen la relación entre los jueces de la ciudad, pero que también le pueden acarrear problemas. El ahora abogado recuerda que la jueza del caso de David Sánchez y el entonces decano de Badajoz, García-Cancho, participaron, junto a la mujer de este, en las concentraciones de magistrados contra el proyecto de ley de amnistía del Gobierno, una imagen inédita de togas intentando condicionar la actividad del legislador. Pero Sáenz de Tejada también alude a que el matrimonio de los jueces García-Cancho y Samantha Reynolds coincide a menudo en el “colegio de los niños” con Beatriz Biedma, lo que es interpretado por la magistrada como una amenaza. 

Biedma y Balas: el de David Sánchez no era un caso cualquiera

Aquellas manifestaciones de jueces con toga retrataron el ambiente de hostilidad al Gobierno en una parte relevante de la carrera judicial. La manifestante Biedma admitió en 2024 una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez y otras basadas en informaciones de medios de comunicación, alguna de ellas con relevantes falsedades. 

Una de las primeras decisiones de Biedma fue llamar a Madrid y solicitar la implicación de su unidad anticorrupción en el caso: la supuesta contratación irregular de un reputado concertista por parte de la Diputación de Badajoz a razón unos 40.000 euros anuales. Para algo así no parecía necesario movilizar a la unidad de élite del instituto armado. 

Sin embargo, su máximo responsable, el entonces teniente coronel Antonio Balas, no dudó en encabezar la pequeña delegación que se desplazó a Badajoz de inmediato para entrevistarse con Biedma. El caso no era cualquiera. Pero no por el delito, sino por el investigado: el reputado concertista es hermano del presidente del Gobierno. 

Pronto, los guardias civiles propusieron a la jueza intervenir más de 60.000 correos electrónicos. Según contó Biedma este jueves en el juzgado, la UCO le contaba que sufría presiones por ese caso como nunca había recibido antes. Por su parte, la Fiscalía no veía caso y la jueza se apoyaba en Manos Limpias y las organizaciones ultras de la acción popular. 

David Sánchez fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación. El juicio dejó una de las intervenciones más controvertidas del coronel Balas, que reconoció estar centrado en el hermano de Sánchez y en el expresidente de la Diputación y desconocer quiénes eran el resto de los acusados. Como ocurrió en el juicio al exfiscal general, Balas trufó su testimonio con deducciones. A la misma hora que el pasado jueves prestaba Biedma declaración se conoció el recurso de la defensa de David Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.  

En la Audiencia Nacional, sin que nadie la requiriera por ello, Biedma defendió su decisión de implicar a la UCO en el caso del hermano del presidente. Explicó que podía haber filtraciones si se lo encomendaba a la Policía o la Guardia Civil de la zona. También mencionó una de las noticias recogidas por Manos Limpias para presentar su querella en la que se decía, como si eso fuera un indicio de algo, que en la misma localidad portuguesa donde residía David Sánchez tenían su sede sociedades de un caso de hidrocarburos que ya investigaba la UCO. 

El coronel Balas tuvo a tiempo un informe sobre las declaraciones que tomó en Badajoz una vez se percató de la anotación de la agenda de Leire Díez leyendo los medios y vio a Cintia Rocho en televisión. Hasta ese momento, el juez y las fiscales del caso solo veían indicios de un delito de calumnias de Sáenz de Tejada. Ahora Pedraz debe decidir si el atestado de la UCO y la declaración de Biedma elevan la investigación a un posible plan para atentar contra la jueza que investigó al hermano de Sánchez.

La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.

La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladado los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.

Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.

En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.

La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma. 

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza por prematura la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideran que existen indicios contra el partido, pero sostienen que antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes.

Entre ellas, la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitó este martes al juez la citación del PSOE como investigado al entender que esa trama “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros” de esa formación “para sufragar los gastos derivados de su ilícita actividad”. 

Tras recibir el informe del Ministerio Público, el instructor del caso, Santiago Pedraz, tendrá que decidir si acepta o no la pretensión del PP. Los conservadores presentaron su escrito cuando habían transcurrido apenas 24 horas desde que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral.

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

La Fiscalía Anticorrupción avanza en la investigación relativa a los supuestos amaños de plazas en entidades del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV) para recolocar de forma aparentemente coordinada y fraudulenta a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina hasta que quedó liquidada en 2024 tras un despido colectivo.

El fiscal abrió diligencias de investigación el pasado mes de abril tras analizar la denuncia de Compromís contra Mar Chao como presidenta de la APV, y contra la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Desde el inicio de la investigación, el instructor ha tomado declaración a diversas personas que participaron en todo este proceso, entre ellas, varios de los extrabajadores del Consorcio a los que en la mencionada reunión con Olano se animó a que se presentaran a las plazas que se iban a habilitar en entidades municipales.

Ahora el fiscal ha dado un paso más y ha solicitado el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado por esta redacción (completo al final de la información) en el que se apunta a irregularidades en los procesos selectivos de diversas plazas de alta dirección convocadas en el Puerto de Valencia, entre ellas, dos de las que son objeto de la investigación adjudicadas a dos extrabajadoras del Consorcio. Fuentes de la APV han confirmado a este periódico que el fiscal ha requerido el documento.

El informe de la IGAE concluye que “las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

A dos de estas plazas se presentaron  A. G. y M. G., exdirectivas del Consorcio Valencia 2007, que casi al mismo tiempo concurrieron a otras dos puestos que se habilitaron casi al mismo tiempo en la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Una vez se confirmó que resultaron adjudicatarias de las plazas creadas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En sus interrogatorios, el ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del Consorcio a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

La otra plaza que investiga Anticorrupción es la creada en la fundación municipal Visit Valencia adjudicada a otro exempleado del Consorcio. En este caso, se exigía que la persona seleccionada fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

En este sentido, Anticorrupción también ha solicitado el informe del secretario municipal que concluye que la entidad “no debió formalizar el contrato” porque el aspirante no informó de que había perdido su condición de empleado público.

La exjefa de recursos humanos apunta a Mar Chao

Las plazas adjudicadas en el Puerto de Valencia a  A. G. y M. G., exempleadas del Consorcio, tambièn han sido impugnadas por UGT mediante sendas demandas judiciales al considerar que las bases de los concursos estaban amañadas para que fueran ellas las adjudicatarias.

En este sentido, el pasado mes de mayo tuvo lugar el primer juicio referido al caso de A. G que está pendiente de sentencia. En la vista resultó clarificadora la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., al confesar que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, le facilitó las bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

En idénticos términos se pronunció en el juicio que tuvo lugar este martes 15 de septiembre relativo o otras de las plazas cuestionadas por el informe de la IGAE, también impugnada por UGT. E. O. afirmó que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. El próximo 1 de octubre tendrá lugar el juicio relativo a la plaza de M. G.

La Fiscalia Anticorrupció avança en la investigació relativa als suposats favoritismes d'obtenció de places en entitats de l’Ajuntament de València i de l’Autoritat Portuària de València (APV) per a recol·locar de manera aparentment coordinada i fraudulenta extreballadors del Consorcio Valencia 2007, entitat pública que gestionava la Marina fins que va quedar liquidada el 2024 després d’un acomiadament col·lectiu.

El fiscal va obrir diligències d’investigació el passat mes d’abril després d’analitzar la denúncia de Compromís contra Mar Chao com a presidenta de l’APV, i contra l’alcaldessa de València, María José Catalá, entre altres càrrecs públics, per suposats delictes de prevaricació i tràfic d’influències. Posteriorment, juntament amb el PSPV, van ampliar la denúncia al regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, després de l’escàndol dels àudios destapats per elDiario.es en els quals ofereix informació al personal del Consorci sobre les places objecte de la investigació en una reunió de la qual mai es va informar.

Des de l’inici de la investigació, l’instructor ha pres declaració a diverses persones que van participar en tot aquest procés, entre elles, diversos dels extreballadors del Consorci als quals en l’esmentada reunió amb Olano es va animar que es presentaren a les places que s’anaven a habilitar en entitats municipals.

Ara el fiscal ha fet un pas més i ha sol·licitat l’informe de la Intervenció General de l’Estat (IGAE) destapat per aquesta redacció —complet al final de la informació— en el qual s’apunta a irregularitats en els processos selectius de diverses places d’alta direcció convocades al Port de València, entre elles, dues de les que són objecte de la investigació adjudicades a dues extreballadores del Consorci. Fonts de l’APV han confirmat a aquest diari que el fiscal ha requerit el document.

L’informe de la IGAE conclou que “les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a l’ocupació pública”.

A dues d’aquestes places es van presentar A. G. i M. G., exdirectives del Consorcio Valencia 2007, que quasi al mateix temps van concórrer a altres dos llocs que es van habilitar quasi al mateix temps en la Fundació Esportiva Municipal (FDM). Una vegada es va confirmar que van resultar adjudicatàries de les places creades al Port, van renunciar al procés en la FDM que, al mateix temps, el va deixar sense efecte.

En els seus interrogatoris, el Ministeri Públic també va preguntar pels motius que van empényer diversos exempleats del Consorci a deixar per escrit davant de notari els noms d’A. G. i de M. G. com les que anaven a resultar adjudicatàries de les places de l’APV, com així va ser, setmanes abans que es coneguera el resultat del procés selectiu.

L’altra plaça que investiga Anticorrupció és la creada en la fundació municipal Visit València adjudicada a un altre exempleat del Consorci. En aquest cas, s’exigia que la persona seleccionada fora empleat públic en el moment d’aconseguir-la. No obstant això, el Consorci s’havia liquidat setmanes abans, concretament el 16 d’octubre de 2024.

En aquest sentit, Anticorrupció també ha sol·licitat l’informe del secretari municipal que conclou que l’entitat “no va haver de formalitzar el contracte” perquè l’aspirant no va informar que havia perdut la seua condició d’empleat públic.

L’excap de recursos humans apunta a Mar Chao

Les places adjudicades al Port de València a A. G. i M. G., exempleades del Consorci, també han sigut impugnades per UGT mitjançant sengles demandes judicials en considerar que les bases dels concursos estaven arreglades perquè elles foren les adjudicatàries.

En aquest sentit, el passat mes de maig va tindre lloc el primer judici referit al cas d’A. G., que està pendent de sentència. En la vista va resultar aclaridora la declaració de l’excap de Recursos Humans del Port de València, E. O., en confessar que va ser la mateixa presidenta del Port, Mar Chao, qui li va facilitar les bases redactades dels processos de selecció que també investiga la Fiscalia Anticorrupció, tal com va avançar aquesta redacció. E. O. va afirmar a més que, malgrat els reparaments que li va mostrar, Chao li va dir en un intercanvi de correus que les publicara igualment, ràpid, fent els ajustos necessaris.

En termes idèntics es va pronunciar en el judici que va tindre lloc aquest dimarts 15 de setembre relatiu a una altra de les places qüestionades per l’informe de la IGAE, també impugnada per UGT. E. O. va afirmar que “les bases les va redactar la presidenta Mar Chao en primera persona”. El pròxim 1 d’octubre tindrà lloc el judici relatiu a la plaça de M. G.

El fiscal anticorrupció, Fernando Maldonado, ha recorregut contra la sentència que va absoldre el passat 23 de juny Marcos Benavent, autodenominat ‘ionqui dels diners’, i l’exdirigent del PP valencià Vicente Burgos en la peça separada E del cas Taula, relativa a les presumptes irregularitats en contractes municipals de la presumpta trama. El tribunal de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de València, segons una interlocutòria dictada el passat 2 de setembre, acorda tindre preparat el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal davant el Tribunal Suprem (TS).

L’escrit d’Anticorrupció, al qual ha tingut accés elDiario.es, qüestiona que la sentència considere prescrit el presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics imputat a Benavent i a Burgos, que van ser absolts juntament amb els empresaris Carlos Turró, Carlos Vicent Gil i Enrique Aleixandre.

Mentre que el tribunal va concloure que es va formular acusació contra el’‘ionqui dels diners’ i contra Vicente Burgos per una presumpta malversació, sense que foren imputats expressament per aquest delicte fins al 2023 i per ordre de la Secció Quarta de l’Audiència de València, el fiscal Maldonado sosté que tots dos acusats van prestar declaració en fase d’instrucció pels fets “acoblables” en el delicte de malversació, “per la qual cosa l’acusació ni ha prescrit ni pot considerar-se sorprenent”, afirma.

Una “denegació indeguda” d’una prova clau

L’escrit destaca les “contradiccions” entre les declaracions testificals de Marcos Benavent en la fase d’instrucció —durant la seua etapa inicial de col·laboració amb Anticorrupció— i les seues manifestacions en el juí oral, en sentit diametralment contrari.

El fiscal va sol·licitar al tribunal l’audició de les declaracions del “ionqui dels diners’ durant la fase d’instrucció, una opció denegada per la Secció Cinquena de l’Audiència de València, al·legant que no s’ajustava a la normativa i que la prova no resultava necessària. El recurs argumenta que l’acusació pública va patir una ”denegació indeguda de la pràctica de prova“.

Es tracta, segons indica Anticorrupció, d’una “prova essencial” per a “destruir la presumpció d’innocència de tots els acusats, atés que l’absència de valoració de la declaració judicial de l’acusat Marcos Benavent va afectar el conjunt de la valoració efectuada”. El fiscal veu, per tant, una vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministeri Públic també qüestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fora funcionari públic, per la qual cosa el va absoldre dels presumptes delictes continuats de prevaricació administrativa i suborn.

Condemna ferma a huit anys de presó

D’altra banda, el TS va confirmar el passat 26 de juny la condemna a quasi huit anys de presó imposada a Benavent per l’Audiència de València com a autor dels delictes de blanqueig i falsedat, en el marc de la peça separada J del cas Taula. L’Alt Tribunal, tal com va informar aquest diari, va avalar la prova fonamental del procediment: les gravacions que va efectuar subreptíciament el “‘ionqui dels diners’ als seus correligionaris de la trama.

Benavent va ingressar a la presó de Picassent el passat mes de juliol.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha recurrido la sentencia que absolvió el pasado 23 de junio a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y al exdirigente del PP valenciano Vicente Burgos en la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las supuestas irregularidades en contratos municipales de la presunta trama. El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, según un auto dictado el pasado 2 de septiembre, acuerda tener preparado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo (TS).

El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona que la sentencia considere prescrito el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos imputado a Benavent y a Burgos, que fueron absueltos junto con los empresarios Carlos Turró, Carlos Vicent Gil y Enrique Aleixandre.

Mientras que el tribunal concluyó que se formuló acusación contra el 'yonqui del dinero' y contra Vicente Burgos por una presunta malversación, sin que fueran imputados expresamente por ese delito hasta 2023 y por orden de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, el fiscal Maldonado sostiene que ambos acusados prestaron declaración en fase de instrucción por los hechos “encajables” en el delito de malversación, “por lo que la acusación ni ha prescrito ni puede considerarse sorpresiva”, afirma.

Una “denegación indebida” de una prueba clave

El escrito destaca las “contradicciones” entre las testificales de Marcos Benavent en la fase de instrucción (durante su etapa inicial de colaboración con Anticorrupción) y sus manifestaciones en el juicio oral, en sentido diametralmente contrario.

El fiscal solicitó al tribunal la audición de las declaraciones del 'yonqui del dinero' durante la fase de instrucción, una opción denegada por la sección quinta de la Audiencia de Valencia, aduciendo que no se ajustaba a la normativa y que la prueba no resultaba necesaria. El recurso arguye que la acusación pública sufrió una “denegación indebida de la práctica de prueba”.

Se trata, según indica Anticorrupción, de una “prueba esencial” para “destruir la presunción de inocencia de todos los acusados, dado que la ausencia de valoración de la declaración judicial del acusado Marcos Benavent afectó al conjunto de la valoración efectuada”. El fiscal ve, por lo tanto, una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Público también cuestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fuera funcionario público, por lo que lo absolvió de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y cohecho.

Condena firme a ocho años de prisión

Por otro lado, el TS confirmó el pasado 26 de junio la condena a casi ocho años de prisión impuesta a Benavent por la Audiencia de Valencia como autor de los delitos de blanqueo y falsedad, en el marco de la pieza separada J del 'caso Taula'. El alto tribunal, tal como informó este diario, avaló la prueba fundamental del procedimiento: las grabaciones que efectuó subrepticiamente el 'yonqui del dinero' a sus correligionarios de la trama.

Benavent ingresó en la cárcel de Picassent el pasado mes de julio.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido en su reunión de este martes suspender de sus funciones de forma provisional al magistrado Eduardo Ortega Martín, que será juzgado próximamente en el caso Villarejo en su condición de exdirectivo del BBVA. Así lo confirman a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Ortega, que se reincorporó a la carrera judicial el pasado febrero, se expone a peticiones de pena que superan los 30 años de prisión en la derivada del caso sobre los presuntos encargos ilegales al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016 por parte de la entidad bancaria. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

En enero de 2014, cuando era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Ortega pidió una excedencia en la carrera judicial para incorporarse a la entidad financiera como director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos. Seis años después, en noviembre de 2019, la Fiscalía solicitó su imputación en esta ramificación del caso Villarejo centrada en la contratación del comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado.

El pasado febrero, la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de Ortega y otros exdirectivos de la entidad por contratar a Villarejo para encargos ilegales entre 2004 y 2016. Hace apenas unas semanas, el 9 de julio, el juez de la Audiencia Nacional dictó el auto de apertura de juicio oral contra ellos.

El artículo 190.1 del Reglamento de la carrera judicial establece que procede acordar la suspensión provisional de funciones de un magistrado cuando “por cualquier otro delito doloso” se hubiere dictado contra él “auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral, una vez estas resoluciones hayan adquirido firmeza”. La suspensión durará hasta “recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”, según lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Correo de 2014

Anticorrupción afirma que Ortega participó “personalmente” en la redacción de la denuncia que dio origen a la causa contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que fue juzgada por extorsionar al banco y otras entidades y acabó absuelta. En ese procedimiento la denuncia constaba como un “anónimo” que llegó a la UDEF. Según la Fiscalía, esa denuncia habría sido redactada con los datos ilícitamente suministrados por la empresa de Villarejo, con cuyo equipo trabajó de forma activa Ortega.

De hecho, el sumario recoge que Ortega dejó por escrito en un documento que el entonces presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de la citada “denuncia anónima” contra Ausbanc en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales del Cuerpo.

Según un informe de Anticorrupción incorporado al sumario, dicha denuncia “sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano [jefe de seguridad del BBVA que había sido superior de Villarejo en la Policía] y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”.

En el recurso en el que impugnó su procesamiento, la defensa de Ortega argumentó que al haberse incorporado al BBVA recientemente —en enero de 2014— desconocía la existencia de Cenyt y sus actividades. Pero la Sala de lo Penal determinó que, si bien al inicio de su contrato podía no conocerlos, no resulta verosímil ni razonable que permaneciera en esa ignorancia una vez que comenzó a trabajar activamente en equipo con ellos.

El 'caso Hulla' por el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la residencia geriátrica, propiedad del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, empieza a avanzar en los tribunales, diez años después de que comenzara la instrucción y apenas cinco meses después de que se dieran por finalizadas las diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha completado su escrito de calificación donde dirige la acusación contra 15 personas y solicita penas que se mueven en una horquilla que oscila entre los tres años y seis meses y los 24 años de prisión.

Las multas que solicita la acusación pública también son millonarias y van desde los 200.000 euros a los 80 millones.

Postigo, 'mano derecha' de Villa

Anticorrupción interesa la pena más elevada, cifrada en 24 años y 6 meses de cárcel y multa de 80,7 millones, para el ex presidente del Montepío de la Minería, José Ántonio Postigo, por su presunta autoría en los delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.

Postigo está considerado como la 'mano derecha' de José Ángel Fernández Villa, el líder minero que durante 34 años -en el periodo comprendido entre 1979 y 2013- estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT).

A sus 83 años, Fernández Villa se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados. Su delicado estado de salud, certificado a través de los informes emitidos por los médicos forenses, ha sido clave para no ser juzgado. Para él se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La imputación de familiares

No han tenido tanta suerte su mujer, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández Iglesias. La Fiscalía pide la imposición de una pena individual de tres años y medio de prisión. Además, interesa el pago de sendas multas de 300.000 euros para cada uno de los hijos y de 800.000 euros para su esposa como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Como partícipes a título lucrativo también figuran Patricia Postigo, hija del expresidente del Montepío, y su exmujer, María Elena Pérez, contra quienes la Fiscalía no dirige acusación.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el representante del Ministerio Público pide también el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por “falta de pruebas respecto de su participación en los hechos”.

La amnistía fiscal de Montoro

Fernández Villa y Postigo se habían sumado a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el entonces ministro del Partido Popular (PP) Cristóbal Montoro. Creían que así regularizaban una situación económica que, por el contrario, afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones y 436.000 euros respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción vincula este dinero al posible desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Las obras habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los acusados

A raíz de esta investigación judicial, además de analizar con detalle los movimientos de Fernández Villa y de Postigo, se estudiaron los de su entorno más próximo y los investigadores llegaron a la conclusión de la participación de algunos de sus familiares.

En el plano profesional también fueron 'cayendo' el resto de investigados, entre los que figuran el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta; el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; el aparejador Vicente Fernández; el proveedor Jorge González; el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; y el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre.

La lista de la Fiscalía Anticorrupción incluye también a Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández; Juan Carlos Riera, socio de Alcedo; Dorina Bicher, pareja de Postigo, y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde según la investigación también hubo blanqueo de dinero.

Una década de instrucción

La causa judicial se bautizó como 'caso Hulla'. La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, dictó un auto el pasado día 17 de febrero donde daba por finalizada la instrucción y acordaba que continuase la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

Cinco meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido su escrito donde atribuye a los principales investigados su presunta participación en los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

Las peticiones de pena

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama el decomiso de la residencia geriátrica de Felechosa, así como de varios vehículos, un inmueble y diversas cantidades de dinero que fueron intervenidas a lo largo de esta instrucción.

Anticorrupción pide las siguientes penas: 24 años y 6 meses de cárcel y 80,7 millones de multa para Postigo; 13 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 euros para su mujer, Dorina Bicher; 18 años de cárcel y 80 millones de multa para el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; mientras que su esposa Rocío San José González afronta una petición de 15 años y seis meses de cárcel y 60 millones de euros.

Otras solicitudes de condena

Juan Carlos Riera, socio de Alcedo, afronta una petición de 16 años y medio de cárcel y 70 millones de multa, mientras que la pena interesada para el arquitecto Manuel Sastre se eleva a 13 años y 6 meses de cárcel y multa de 80 millones.

Anticorrupción reclama una pena de 10 años de cárcel y 60 millones de multa para el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; una pena de 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones para el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; ocho años y medio de cárcel y 60 millones para el aparejador del geriátrico Vicente Fernández, así como cinco años de prisión y 40 millones de euros para el proveedor Jorge González.

El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta afronta una petición fiscal de siete años de prisión y multa de 60 millones de euros, mientras que la pena interesada para Rodica Daniela Timis asciende a ocho años y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.

La jutgessa que ha processat el tinent coronel interventor acusat de corrupció en obres de casernes de la Guàrdia Civil ha detectat que Miguel Ángel E. T., excap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de l’Institut Armat, va abonar un total de 18.000 euros en efectiu “sense traçabilitat bancària ni suport documental d’origen”, destinats a l’adquisició de tres immobles a la localitat de Siete Aguas.

La instructora, segons indica la interlocutòria de procediment abreujat, veu “opacitat financera” i conclou que el tinent coronel va utilitzar de manera recurrent empresaris que “resultaven adjudicataris d’obra pública” en casernes i altres instal·lacions de la Guàrdia Civil “mentre executaven les seues reformes privades” en els tres immobles.

La resolució també destaca una “desviació de recursos” i les evidències que es van facturar subministraments privats (com ara ferramentes o tovallolers) amb càrrec a l’erari. També al·ludeix a una “bretxa massiva” entre el valor de mercat peritat dels immobles i la despesa declarada o traçable.

“Mentre que els pagaments declarats per l’investigat amb destinació a l’obra i l’equipament de l’immoble van ser mínims o inexistents, les persones físiques i jurídiques involucrades en aquestes tasques van mantindre una relació contractual constant amb la Guàrdia Civil de València, a través de l’UGE, contextualitzada en el període analitzat, i van resultar beneficiàries de contractes públics per imports que van superar de manera sistemàtica el valor dels serveis prestats de manera privada a l’habitatge objecte d’estudi”, conclou la interlocutòria.

La investigació va trobar “increments especialment rellevants” en el valor de les obres públiques executades per les empreses que van reformar els habitatges de Siete Aguas en el mateix període temporal. La jutgessa es basa en els informes pericials elaborats per l’Agència Valenciana Antifrau, en funcions d’auxili judicial de la Fiscalia Anticorrupció.

Un “patró reiterat”

“Aquests percentatges podrien no constituir desviacions puntuals o errors tècnics menors, sinó un patró reiterat de facturació per damunt del valor real de mercat, generant un perjuí econòmic directe per a l’Administració pública, compatible amb una indeguda disposició dels fons públics per part del tinent coronel investigat”, postil·la la interlocutòria.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 del Tribunal d’Instància de València, en la mateixa línia que Afers Interns de la Guàrdia Civil, conclou que l’interventor militar liderava una suposada “xarxa de corrupció sistèmica”, sent la “confecció de documents falsos la ferramenta necessària per a assegurar que les adjudicacions recaigueren en les empreses i els empresaris investigats, dotant els expedients d’un vernís d’integritat que superara l’examen formal de l’Administració”, explica la magistrada.

Una mecànica que, en definitiva, “cercava la supressió total del mercat competitiu, cosa que permet a l’investigat un maneig absolut dels fluxos de caixa de la Comandància”.

El tinent coronel, per la seua banda, va declarar voluntàriament el passat 17 de juliol per negar els sobrecostos ressenyats per Antifrau.

La jutgessa, tal com ha informat elDiario.es, ha processat Miguel Ángel E. T. pels presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental, tràfic d’influències i pertinença a grup criminal.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

El empresario y comisionista Julio Martínez no ha aportado novedades respecto al escrito que presentó la víspera en la Audiencia Nacional señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como conocedor e instigador de supuestas maniobras para el rescate de Plus que, en cualquier caso, describe como labores “de asesoría”. Durante más de tres horas de declaración, Martínez no ha aclarado ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate de Plus Ultra ni cuánto habría cobrado por ello, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Martínez ha respondido durante cerca de hora y media a las preguntas del juez José Luis Calama y ha repartido la otra hora y media entre la fiscal, Elena Lorente, y su abogada, María Dolores Márquez de Prado. Las fuentes consultadas califican de “decepcionante” el contenido de la declaración respecto de las expectativas del ofrecimiento de colaboración con la Justicia que la defensa de Martínez hizo en su escrito conocido este lunes. La falta de concreción del investigado habría provocado la irritación incluso de la fiscal Lorente, según las mismas fuentes.

El caso Plus Ultra había entrado este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso.

En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Martínez atribuía en el escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Martínez ha reiterado hoy que él no tenía ni tiene contactos para lograr el rescate.

Por otro lado, Martínez ha confirmado al juez este martes que se le pagaba una iguala de 3.000 euros mensuales a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, hasta finales de 2025 por trabajos de marketing, que básicamente era poner bonitos los informes elaborados para Análisis Relevante. Y ha aclarado que se pagaba esa cantidad mensual incluso cuando no había nada que hacer.

Otras fuentes presentes en la declaración han explicado que el compañero de 'running' de Zapatero se ha descrito asimismo como una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le ha llegado a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario ha confirmado que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' ha incidido en que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primer a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

En este sentido, ha quitado relevancia a la comida que mantuvieron con un experto en finanzas para concretar la creación de una sociedad offshore en Dubái. La UDEF infería en su atestado que podría buscarse cobrar la comisión de Plus Ultra a través de ese vehículo para no dejar rastro en España. Pero 'Julito' ha señalado que era un tema muy complejo y que el encuentro fue más por cortesía que otra cosa. Finalmente la comisión, ha sostenido, se cobró por medio de sus propias empresas.

Más allá de estos detalles, ha concretado que los informes que Zapatero hacía para Análisis Relevante eran reales pero de escaso o nulo valor añadido, que se basaban en fuentes abiertas y que eran enviados de manera gratuita a potenciales clientes. Y sobre el término utilizado de 'finance boutique', que aparece en los atestados, ha señalado que era una manera de llamar al negocio pero sin relevancia.

Martínez Martínez ha apuntado que él, gracias a las presentaciones de Zapatero en Venezuela, logró el contacto de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y ya ofreció el mismo de manera independiente trabajos reales a la aerolínea para resolver asuntos de Plus Ultra como el aplazamiento de la deuda con PDVSA por el petróleo o gestiones para posibilitar vuelos.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. El auto, dictado por la jueza Elisa Fort, considera que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, orquestó una presunta “red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública” del Instituto Armado.

La resolución alude a la “adjudicación reiterada” a firmas vinculadas al empresario Carlos G. M. (con quien el teniente coronel mantenía una relación de amistad); al “fraccionamiento indebido” de facturación para eludir controles administrativos; a la emisión de facturas con “importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados”, y la inclusión de partidas “no realizadas o sobredimensionadas”.

La instructora reseña los informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que cuantificaron sobrecostes de hasta un 188,15% y que descarta que se trate de meras desviaciones técnicas o errores contables aislados. Antifraude, según recuerda la jueza, concluyó que se trataría de una “dinámica reiterada y estructural”.

“Las facturas objeto de análisis presentan de propósito deficiencias en la descripción y una vaguedad e indeterminación de los trabajos a realizar, así como el lugar concreto donde efectivamente se desarrollan los trabajos”, afirma la jueza.

Además, las empresas adjudicatarias eran “recurrentes”, con “vinculación personal” con Miguel Ángel E. T., “participando durante los contratos adjudicados de obra pública, en la construcción y acondicionamiento de viviendas particulares de investigado”, apostilla el auto.

El auto destaca el uso de los fondos supuestamente desviados para la adquisición y reforma de tres viviendas del teniente coronel en la localidad de Siete Aguas.

La jueza ha procesado al teniente coronel, a su esposa, a José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y a siete administradores de empresas, entre otros.

El principal procesado declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes en las obras analizados por Antifraude. Por su parte, Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el teniente coronel interventor lideraba una presunta trama de “corrupción sistémica”, tal como informó este diario.

El teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil que figura como investigado por una presunta trama corrupta en obras de cuarteles destapada por Asuntos Internos, ha declarado este viernes ante la jueza instructora para negar los sobrecostes, acreditados por los investigadores de la Agencia Valenciana Antifraude, que elaboraron un informe pericial en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción.

La instrucción de la causa, a cargo de la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, está casi finiquitada. Sin embargo, el investigado había solicitado declarar voluntariamente y ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, y de las defensas de los empresarios imputados. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado ejercen sendas acusaciones en la causa.

El teniente coronel, según fuentes conocedoras de la testifical, ha negado los sobrecostes. Por el contrario, Antifraude mantiene que los sobrecostes se habrían disparado en algunas obras hasta un 358%.

Asuntos Internos, tal como informó este diario, considera que Miguel Ángel E. T. lideraba una supuesta “trama de corrupción sistémica” gracias a una red de contratistas afines.

El informe de Asuntos Internos acredita que el teniente coronel desvió presuntamente a su propio bolsillo fondos destinados a las obras en las instalaciones del Instituto Armado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.