El 'caso Hulla' por el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la residencia geriátrica, propiedad del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, empieza a avanzar en los tribunales, diez años después de que comenzara la instrucción y apenas cinco meses después de que se dieran por finalizadas las diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha completado su escrito de calificación donde dirige la acusación contra 15 personas y solicita penas que se mueven en una horquilla que oscila entre los tres años y seis meses y los 24 años de prisión.

Las multas que solicita la acusación pública también son millonarias y van desde los 200.000 euros a los 80 millones.

Postigo, 'mano derecha' de Villa

Anticorrupción interesa la pena más elevada, cifrada en 24 años y 6 meses de cárcel y multa de 80,7 millones, para el ex presidente del Montepío de la Minería, José Ántonio Postigo, por su presunta autoría en los delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.

Postigo está considerado como la 'mano derecha' de José Ángel Fernández Villa, el líder minero que durante 34 años -en el periodo comprendido entre 1979 y 2013- estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT).

A sus 83 años, Fernández Villa se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados. Su delicado estado de salud, certificado a través de los informes emitidos por los médicos forenses, ha sido clave para no ser juzgado. Para él se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La imputación de familiares

No han tenido tanta suerte su mujer, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández Iglesias. La Fiscalía pide la imposición de una pena individual de tres años y medio de prisión. Además, interesa el pago de sendas multas de 300.000 euros para cada uno de los hijos y de 800.000 euros para su esposa como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Como partícipes a título lucrativo también figuran Patricia Postigo, hija del expresidente del Montepío, y su exmujer, María Elena Pérez, contra quienes la Fiscalía no dirige acusación.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el representante del Ministerio Público pide también el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por “falta de pruebas respecto de su participación en los hechos”.

La amnistía fiscal de Montoro

Fernández Villa y Postigo se habían sumado a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el entonces ministro del Partido Popular (PP) Cristóbal Montoro. Creían que así regularizaban una situación económica que, por el contrario, afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones y 436.000 euros respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción vincula este dinero al posible desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Las obras habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los acusados

A raíz de esta investigación judicial, además de analizar con detalle los movimientos de Fernández Villa y de Postigo, se estudiaron los de su entorno más próximo y los investigadores llegaron a la conclusión de la participación de algunos de sus familiares.

En el plano profesional también fueron 'cayendo' el resto de investigados, entre los que figuran el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta; el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; el aparejador Vicente Fernández; el proveedor Jorge González; el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; y el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre.

La lista de la Fiscalía Anticorrupción incluye también a Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández; Juan Carlos Riera, socio de Alcedo; Dorina Bicher, pareja de Postigo, y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde según la investigación también hubo blanqueo de dinero.

Una década de instrucción

La causa judicial se bautizó como 'caso Hulla'. La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, dictó un auto el pasado día 17 de febrero donde daba por finalizada la instrucción y acordaba que continuase la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

Cinco meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido su escrito donde atribuye a los principales investigados su presunta participación en los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

Las peticiones de pena

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama el decomiso de la residencia geriátrica de Felechosa, así como de varios vehículos, un inmueble y diversas cantidades de dinero que fueron intervenidas a lo largo de esta instrucción.

Anticorrupción pide las siguientes penas: 24 años y 6 meses de cárcel y 80,7 millones de multa para Postigo; 13 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 euros para su mujer, Dorina Bicher; 18 años de cárcel y 80 millones de multa para el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; mientras que su esposa Rocío San José González afronta una petición de 15 años y seis meses de cárcel y 60 millones de euros.

Otras solicitudes de condena

Juan Carlos Riera, socio de Alcedo, afronta una petición de 16 años y medio de cárcel y 70 millones de multa, mientras que la pena interesada para el arquitecto Manuel Sastre se eleva a 13 años y 6 meses de cárcel y multa de 80 millones.

Anticorrupción reclama una pena de 10 años de cárcel y 60 millones de multa para el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; una pena de 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones para el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; ocho años y medio de cárcel y 60 millones para el aparejador del geriátrico Vicente Fernández, así como cinco años de prisión y 40 millones de euros para el proveedor Jorge González.

El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta afronta una petición fiscal de siete años de prisión y multa de 60 millones de euros, mientras que la pena interesada para Rodica Daniela Timis asciende a ocho años y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.

La jutgessa que ha processat el tinent coronel interventor acusat de corrupció en obres de casernes de la Guàrdia Civil ha detectat que Miguel Ángel E. T., excap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de l’Institut Armat, va abonar un total de 18.000 euros en efectiu “sense traçabilitat bancària ni suport documental d’origen”, destinats a l’adquisició de tres immobles a la localitat de Siete Aguas.

La instructora, segons indica la interlocutòria de procediment abreujat, veu “opacitat financera” i conclou que el tinent coronel va utilitzar de manera recurrent empresaris que “resultaven adjudicataris d’obra pública” en casernes i altres instal·lacions de la Guàrdia Civil “mentre executaven les seues reformes privades” en els tres immobles.

La resolució també destaca una “desviació de recursos” i les evidències que es van facturar subministraments privats (com ara ferramentes o tovallolers) amb càrrec a l’erari. També al·ludeix a una “bretxa massiva” entre el valor de mercat peritat dels immobles i la despesa declarada o traçable.

“Mentre que els pagaments declarats per l’investigat amb destinació a l’obra i l’equipament de l’immoble van ser mínims o inexistents, les persones físiques i jurídiques involucrades en aquestes tasques van mantindre una relació contractual constant amb la Guàrdia Civil de València, a través de l’UGE, contextualitzada en el període analitzat, i van resultar beneficiàries de contractes públics per imports que van superar de manera sistemàtica el valor dels serveis prestats de manera privada a l’habitatge objecte d’estudi”, conclou la interlocutòria.

La investigació va trobar “increments especialment rellevants” en el valor de les obres públiques executades per les empreses que van reformar els habitatges de Siete Aguas en el mateix període temporal. La jutgessa es basa en els informes pericials elaborats per l’Agència Valenciana Antifrau, en funcions d’auxili judicial de la Fiscalia Anticorrupció.

Un “patró reiterat”

“Aquests percentatges podrien no constituir desviacions puntuals o errors tècnics menors, sinó un patró reiterat de facturació per damunt del valor real de mercat, generant un perjuí econòmic directe per a l’Administració pública, compatible amb una indeguda disposició dels fons públics per part del tinent coronel investigat”, postil·la la interlocutòria.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 del Tribunal d’Instància de València, en la mateixa línia que Afers Interns de la Guàrdia Civil, conclou que l’interventor militar liderava una suposada “xarxa de corrupció sistèmica”, sent la “confecció de documents falsos la ferramenta necessària per a assegurar que les adjudicacions recaigueren en les empreses i els empresaris investigats, dotant els expedients d’un vernís d’integritat que superara l’examen formal de l’Administració”, explica la magistrada.

Una mecànica que, en definitiva, “cercava la supressió total del mercat competitiu, cosa que permet a l’investigat un maneig absolut dels fluxos de caixa de la Comandància”.

El tinent coronel, per la seua banda, va declarar voluntàriament el passat 17 de juliol per negar els sobrecostos ressenyats per Antifrau.

La jutgessa, tal com ha informat elDiario.es, ha processat Miguel Ángel E. T. pels presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental, tràfic d’influències i pertinença a grup criminal.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

El empresario y comisionista Julio Martínez no ha aportado novedades respecto al escrito que presentó la víspera en la Audiencia Nacional señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como conocedor e instigador de supuestas maniobras para el rescate de Plus que, en cualquier caso, describe como labores “de asesoría”. Durante más de tres horas de declaración, Martínez no ha aclarado ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate de Plus Ultra ni cuánto habría cobrado por ello, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Martínez ha respondido durante cerca de hora y media a las preguntas del juez José Luis Calama y ha repartido la otra hora y media entre la fiscal, Elena Lorente, y su abogada, María Dolores Márquez de Prado. Las fuentes consultadas califican de “decepcionante” el contenido de la declaración respecto de las expectativas del ofrecimiento de colaboración con la Justicia que la defensa de Martínez hizo en su escrito conocido este lunes. La falta de concreción del investigado habría provocado la irritación incluso de la fiscal Lorente, según las mismas fuentes.

El caso Plus Ultra había entrado este lunes en una nueva fase con el anticipo de colaboración con la justicia que hicieron dos figuras clave para la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora amigo y fiel colaborador de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y último corruptor confeso.

En la previa de la declaración de Martínez Martínez, 'Julito', el empresario y comisionista, envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de qué hizo concretamente Zapatero por la aerolínea y cuánto cobró por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del presidente y del director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Martínez atribuía en el escrito al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añade que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Martínez ha reiterado hoy que él no tenía ni tiene contactos para lograr el rescate.

Por otro lado, Martínez ha confirmado al juez este martes que se le pagaba una iguala de 3.000 euros mensuales a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, hasta finales de 2025 por trabajos de marketing, que básicamente era poner bonitos los informes elaborados para Análisis Relevante. Y ha aclarado que se pagaba esa cantidad mensual incluso cuando no había nada que hacer.

Otras fuentes presentes en la declaración han explicado que el compañero de 'running' de Zapatero se ha descrito asimismo como una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le ha llegado a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario ha confirmado que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' ha incidido en que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primer a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

En este sentido, ha quitado relevancia a la comida que mantuvieron con un experto en finanzas para concretar la creación de una sociedad offshore en Dubái. La UDEF infería en su atestado que podría buscarse cobrar la comisión de Plus Ultra a través de ese vehículo para no dejar rastro en España. Pero 'Julito' ha señalado que era un tema muy complejo y que el encuentro fue más por cortesía que otra cosa. Finalmente la comisión, ha sostenido, se cobró por medio de sus propias empresas.

Más allá de estos detalles, ha concretado que los informes que Zapatero hacía para Análisis Relevante eran reales pero de escaso o nulo valor añadido, que se basaban en fuentes abiertas y que eran enviados de manera gratuita a potenciales clientes. Y sobre el término utilizado de 'finance boutique', que aparece en los atestados, ha señalado que era una manera de llamar al negocio pero sin relevancia.

Martínez Martínez ha apuntado que él, gracias a las presentaciones de Zapatero en Venezuela, logró el contacto de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país, y ya ofreció el mismo de manera independiente trabajos reales a la aerolínea para resolver asuntos de Plus Ultra como el aplazamiento de la deuda con PDVSA por el petróleo o gestiones para posibilitar vuelos.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. El auto, dictado por la jueza Elisa Fort, considera que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, orquestó una presunta “red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública” del Instituto Armado.

La resolución alude a la “adjudicación reiterada” a firmas vinculadas al empresario Carlos G. M. (con quien el teniente coronel mantenía una relación de amistad); al “fraccionamiento indebido” de facturación para eludir controles administrativos; a la emisión de facturas con “importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados”, y la inclusión de partidas “no realizadas o sobredimensionadas”.

La instructora reseña los informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que cuantificaron sobrecostes de hasta un 188,15% y que descarta que se trate de meras desviaciones técnicas o errores contables aislados. Antifraude, según recuerda la jueza, concluyó que se trataría de una “dinámica reiterada y estructural”.

“Las facturas objeto de análisis presentan de propósito deficiencias en la descripción y una vaguedad e indeterminación de los trabajos a realizar, así como el lugar concreto donde efectivamente se desarrollan los trabajos”, afirma la jueza.

Además, las empresas adjudicatarias eran “recurrentes”, con “vinculación personal” con Miguel Ángel E. T., “participando durante los contratos adjudicados de obra pública, en la construcción y acondicionamiento de viviendas particulares de investigado”, apostilla el auto.

El auto destaca el uso de los fondos supuestamente desviados para la adquisición y reforma de tres viviendas del teniente coronel en la localidad de Siete Aguas.

La jueza ha procesado al teniente coronel, a su esposa, a José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y a siete administradores de empresas, entre otros.

El principal procesado declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes en las obras analizados por Antifraude. Por su parte, Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el teniente coronel interventor lideraba una presunta trama de “corrupción sistémica”, tal como informó este diario.

El teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil que figura como investigado por una presunta trama corrupta en obras de cuarteles destapada por Asuntos Internos, ha declarado este viernes ante la jueza instructora para negar los sobrecostes, acreditados por los investigadores de la Agencia Valenciana Antifraude, que elaboraron un informe pericial en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción.

La instrucción de la causa, a cargo de la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, está casi finiquitada. Sin embargo, el investigado había solicitado declarar voluntariamente y ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, y de las defensas de los empresarios imputados. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado ejercen sendas acusaciones en la causa.

El teniente coronel, según fuentes conocedoras de la testifical, ha negado los sobrecostes. Por el contrario, Antifraude mantiene que los sobrecostes se habrían disparado en algunas obras hasta un 358%.

Asuntos Internos, tal como informó este diario, considera que Miguel Ángel E. T. lideraba una supuesta “trama de corrupción sistémica” gracias a una red de contratistas afines.

El informe de Asuntos Internos acredita que el teniente coronel desvió presuntamente a su propio bolsillo fondos destinados a las obras en las instalaciones del Instituto Armado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas expone esta mañana sus conclusiones del juicio Kitchen. De Rivas considera que en el juicio se ha acreditado la “finalidad bastarda” del operativo de vigilancias a la familia Bárcenas y robo de documentación por un grupo de mandos policiales con el objetivo de “boicotear u obstaculizar” la investigación de la caja B del Partido Popular y “proteger” así a los “dirigentes” de la formación política.

De Rivas también da por acreditada la dirección del operativo que mantuvo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de acuerdo a los mensajes que envió a su número dos, Francisco Martínez, y que este protocolizó ante notario. El propio hecho de que Martínez acudiera con ellos a un notario y luego los borrara ya tiene un carácter “incriminatorio”, según el fiscal.

El fiscal De Rivas ha destacado que en las dos actas notariales se identifica un mismo teléfono, que Martínez guardaba como de Jorge Fernández Díaz, y “se ha acreditado que esa línea pertenecía en 2013 al Ministerio del Interior y en 2019 pasó a la titularidad del exministro”. También ha destacado que los pantallazos que se extranjeron del chat entre ambos fueron obtenidos descendiendo entre los muchos mensajes que contenía el intercambio y cuando, al descender, se encontraron de forma espontánea.

Ya en los primeros momentos de su intervención, el fiscal Anticorrupción ha descartado la tesis de las defensas de que Kitchen se trataba de un “operativo de inteligencia”. El fiscal ha dicho que el dinero escondido por Bárcenas ya había aparecido en Suiza y que los seguimientos y el robo de dispositivos no casan con una “operación de inteligencia”.

De Rivas ha planteado que dificilmente sus protagonistas podrían estar contribuyendo al esclarecimiento de unos hechos si no informaron al juez del caso de la caja B en ningún momento y tampoco a la UDEF, que actuaba como “policía judicial” en la causa de la Audiencia Nacinonal, tal como detalló en el juicio el inspector jefe Manuel Morocho, al frente de la investigación policial de los casos del PP, a las órdenes directas de Pablo Ruz. “Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada el caso Gurtel”, ha rematado.

El fiscal ha puesto también en valor la declaración del jefe policial de la investigación de Kitchen, el inspector jefe Gonzalo Fraga, en especial cuando defendió ante el tribunal la veracidad de las anotaciones de Villarejo en su agenda privada. “Villarejo no se engaña a sí mismo”, dijo Fraga y ha reproducido hoy el fiscal, que está citando los manuscritos durante su intervención para apuntalar la responsabilidad de cada una de las siete personas para las que Anticorrupción pide pena de cárcel.

Como ha realizado Asuntos Internos y la Fiscalía durante toda la macrocausa Villarejo, el fiscal ha ido tomando las anotaciones de Villarejo y cotejándolas con hechos públicos y notorios para acreditar su veracidad. De acuerdo a esos papeles ya aparece el interés de los mandos policiales por la información que pueda retener el tesorero desde principios de 2013, meses antes de que comenzara en verano la operación Kitchen.

El fiscal ha expuesto con detalles las bases sobre las que se construye la acusación contra los acusados. En este sentido ha puesto de manifiesto la confesión en fase de instrucción del comisario García Castaño, quien se inculpó en actividades delictivas tales como el volcado de teléfonos robados por el chófer Sergio Ríos a la familia Bárcenas o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias. También los mensajes entre Francisco Martínez y el cura Silverio Nieto donde este habla con naturalidad de esos hechos y Martínez no los niega, incluida la participación del ministro.

El fisal ha ido desgranando durante horas los indicios contra todos los investigados. Por ejemplo, contra los “controladores” del chófer pagado con fondos reservados pese a tratarse de una operación ilegal. Primero, Enrique García Castaño, que no logró captar a Sergio Ríos; después, Villarejo, que lo estuvo manejando hasta que, según el fiscal, El País desveló las cuentas en el extranjero del policía y se le retiró de esa misión; y, por útlimo, por Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal que conocía al chófer desde hacía años porque habían trabajado juntos en la Comunidad de Madrid.

Además de Martínez, los comisarios e inspectores jefe ponían sus avances en conocimiento de Eugenio Pino, de quien recibían órdenes, ha dicho el fiscal del antiguo director operativo de la Policía. De Rivas también considera que varios testimonios de policían han acreditado la participación de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín-Blas, también en el banquillo de los acusados.

El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron.

En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros.

Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez.

La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio.

Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna.

A la espera de Francisco Martínez

Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo.

El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro.

Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él.

El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro.

La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal.

Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial.

Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular Jorge Fernández Díaz al enunciar sus conclusiones del juicio por el caso Kitchen. El representante del Ministerio Público mantiene las mismas peticiones de condena para idénticos acusados que antes de empezar la vista oral por lo que sigue solicitando otros 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Les acusa de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.

La máxima petición de condena de Anticorrupción es para el comisario José Manuel Villarejo, 19 años, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. Ese espionaje se habría realizado en el marco de una operación destinada a sustraer de la justicia las pruebas de la financiación irregular del PP y más concretamente las que implicaban al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy.

De la acusación de la Fiscalía queda fuera el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que no ha sido juzgado por las consecuencias de un grave accidente vascular. Anticorrupción no acusaba a los otros tres miembros de la brigada política que declararon este lunes, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y José Luis Olivera. Anticorrupción sigue pidiendo dos años y 6 meses por encubrimiento para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para el que solicita 15 años de cárcel.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la justicia, uno de los cuatro delitos que atribuía a Jorge Fernández Díaz, para el que pedía 13 años de cárcel. En el caso de Olivera, la Abogacía mantiene la acusación por obstrucción a la justicia pero retira la de encubrimiento, y deja de acusar por delito alguno a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, han resultado absueltos.

Ambos absueltos han declarado durante la jornada. En el transcurso de su testimonio se han presentado como policías con encargos anodinos pese a los indicios que se acumulan contra ellos de haber participado en las otras dos patas de la guerra sucia del PP, contra Podemos y en la Operación Cataluña. Ambos han desmentido las acusaciones del inspector jefe Manuel Morocho, el investigador de la caja B del PP, según las cuales Fuentes Gago le entregó el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para que lo revisara y Bonifacio Díez Sevillano le concertó una cita con un periodista a la que él mismo también acudió y que tenía como fin explicar el contenido del dosier contra la formación política.

También ha declarado este lunes José Luis Olivera, el artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. Ha sido uno de los tres acusados, junto al chófer Sergio Ríos y el comisario Villarejo, que ha accedido a contestar a la Fiscalía Anticorrupción, con la particularidad de que esta no le acusaba.

Contra Morocho

El fiscal César de Rivas, que no considera que Olivera quisiera sobornar a Morocho con un puesto en el extranjero, ha colaborado en el intento de los tres testigos de la jornada por desacreditar al inspector jefe de la Gürtel y la caja B del PP. Así, el fiscal ha preguntado a Olivera si es cierto que recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó.

A preguntas de su abogado, Olivera ha dicho que no sabe de dónde “viene ese rencor” de Morocho hacia él. “Nunca le he hecho nada malo a este señor, al contrario. Ya me llegaron rumores cuando a él no le conceden una medalla pensionada en el 2014 y él entiende de que yo soy el culpable de que no se la den y yo no tengo ningún poder”, ha dicho Olivera.

El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.

El Tribunal Supremo (TS) avala por primera vez el principal eje del 'caso Taula', del que depende toda la macrocausa: las grabaciones que efectuó en secreto Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante años a sus correligionarios del PP, unos audios que describen los interioridades de la trama corrupta y que su exsuegro, el empresario Mariano López, aportó a la Fiscalía Anticorrupción como venganza. El primer pronunciamiento del TS sobre el 'caso Taula' confirma la pena de casi ocho años de cárcel por blanqueo de capitales y falsedad impuesta a Benavent por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en el marco de la pieza separada J del procedimiento, relativa al entramado de blanqueo de los fondos saqueados por el principal condenado a la empresa pública de la Diputación controlada por el PP de la que era gerente.

A pesar de que la defensa de Marcos Benavent ha cuestionado repetidamente la validez de las grabaciones, que fueron reconocidas y explicadas en detalle por el propio 'yonqui del dinero' durante su etapa inicial de colaboración con la Fiscalía y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el alto tribunal valida plenamente la prueba principal del procedimiento y descarta cualquier nulidad o irregularidad en la cadena de custodia y en su judicialización.

“No estamos ante una interceptación de comunicaciones en curso realizada por un tercero ajeno a la conversación, ni ante una escucha policial clandestina, sino ante grabaciones efectuadas por el propio Marcos Benavent de conversaciones en las que él intervino, según declara probado la sentencia de instancia”, recuerda el TS.

“(...) Su propio acto de grabar las conversaciones impide construir la nulidad sobre la existencia misma de la grabación”, afirma la sentencia, que también avala la cobertura judicial del volcado inicial de los dos lápices de memoria (Kingston e Intenso) que se incorporaron a las diligencias iniciales. Ambos dispositivos almacenaban un contenido “coincidente” y “constituyen una fuente autónoma de acceso al mismo material sonoro”, afirma el TS.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, despeja así las dudas deslizadas por las defensas sobre la supuesta manipulación de las grabaciones, que ya fueron avaladas como prueba en dos ocasiones tanto por la sección quinta de la Audiencia de Valencia (además de en la pieza separada J del blanqueo, también lo fue en la pieza E) como por la sección segunda.

La resolución del TS descarta aplicar al 'caso Taula' la doctrina del fruto del árbol envenenado y avala las pruebas clave del procedimiento. “La coincidencia de contenido, lejos de ser irrelevante, permite excluir que la prueba practicada en el juicio oral dependiera indispensablemente del primer soporte cuestionado”, argumenta la sentencia en referencia al lápiz de memoria entregado primero por la denunciante, la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, que luego fue completado por un segundo 'pen drive' de la mano del exsuegro de Marcos Benavent.

También avala la entrega de las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción por parte del exsuegro: “El material sonoro relevante habría sido alcanzado, en todo caso, por una vía lícita e independiente”. “No se trata de neutralizar una eventual vulneración de derechos fundamentales, sino de constatar que la investigación no quedó jurídicamente subordinada a una única fuente contaminada”, apostilla el TS.

Los dos lápices de memoria

El hombre, para vengarse de su exyerno, entregó a Rosa Pérez Garijo, la decena de horas de grabaciones. Pérez Garijo presentó la denuncia inicial de los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y entregó un primer dispositivo de almacenamiento con los audios. Luego, el empresario Mariano López aportó al Ministerio Público otro lápiz de memoria (con las mismas grabaciones sonoras), así como el ordenador en el que estaban guardados.

Gracias a la colaboración inicial de Benavent con Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores pudieron identificar a los cargos del PP grabados —incluido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus— y tirar del hilo de los numerosos tejemanejes de la trama corrupta. Posteriormente, esa primera fase colaborativa dio paso a una nueva estrategia de defensa que consistió en negarlo todo y en retractarse de sus confesiones en la fase de instrucción (alegando, entre otros motivos, que declaró “muy fumado” de marihuana ante la Guardia Civil y que manipuló los audios).

Sin embargo, peritos informáticos tanto de las defensas como de la UCO alcanzaron el consenso de mínimos en el juicio de la pieza separada B de que los audios almacenados en los dos dispositivos compartían el mismo HASH (el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático).

Las grabaciones no siempre han conllevado condenas. Sin ir más lejos, la reciente sentencia absolutoria de la sección quinta de la Audiencia de Valencia concluyó que el supuesto reparto de comisiones entre el 'yonqui del dinero' y una concejal del PP, grabado con nitidez en los audios, no había sido acreditado por otros medios, a pesar de que las conversaciones eran “altamente sospechosas” de “amaños”.

Descarta la “contaminación total” invocada por la defensa

El TS, por su parte, esgrime que el exsuegro no obtuvo los audios “de forma ilegítima” (habían quedado abandonados en su ordenador en su chalet de su propiedad tras el divorcio de Benavent con su hija), “ni mucho menos puede sustentarse que la denunciante”, Rosa Pérez Garijo, los obtuviera “con quebranto de los derechos fundamentales y con la finalidad de preconstituir prueba”.

El alto tribunal descarta así la pretensión de las defensas de la “contaminación total” de la causa por las grabaciones y recuerda que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia no limita la fundamentación de la condena “exclusivamente” a los audios sino que valora también abundante material probatorio, incluyendo expedientes de contratación, correos electrónicos, facturas o informes policiales, además de testificales y de las declaraciones de los acusados, prestadas en el seno del procedimiento “con contradicción y garantías”.

“Que una información inicial oriente la investigación no significa que todos los elementos probatorios posteriormente obtenidos sean inutilizables”, remacha el TS.

Los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo han desmentido a la directora de la Guardia Civil y han declarado este viernes ante el juez Santiago Pedraz que Mercedes González no mencionó en ningún momento a Leire Díez ni que hubiera tenido encuentros con ella durante la reunión que mantuvieron el 29 de mayo de 2025, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración en la Audiencia Nacional de ambos mandos.

González desveló el pasado el pasado 16 de junio, en su comparecencia en el Senado, que en esa reunión –que había desvelado tras producirse elDiario.es–, mencionó que ella había conocido a Leire Díez. Este medio intentó recabar sin éxito la versión de los guardias civiles. La directora de la Guardia Civil dijo en la Cámara Alta: “Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión”.

El general Yuste, coronel jefe de la UCO en el momento de los hechos, y el general Alfonso López Malo, al mando de la especialidad de Policía Judicial, han respondido este viernes que Mercedes González no mencionó de ningún modo a Leire Díez durante la reunión. Lo han hecho a preguntas de la fiscal Elena Lorente, precisan las mismas fuentes.

La reunión de la directora con los agentes tuvo por objeto trasladarles su apoyo en las investigaciones que llevaban a cabo y que afectaban al PSOE. En ese encuentro, González conoció al teniente coronel Balas, responsable directo de las mismas, y con el que nunca antes había coincidido. El clima de la reunión fue correcto, pero tenso. Al día siguiente, y con el mismo objetivo, se produjo otro encuentro entre los miembos de la escala de mando de la UCO y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

López Malo, Yuste y los dos generales que instruyeron las informaciones reservadas por tres filtraciones en la prensa han declarado este viernes ante Pedraz como testigos. En sus atestados, la UCO hace una inferencia entre la apertura de esas informaciones reservadas y las reuniones que tuvo Mercedes González con Leire Díez, en el sentido de que fue la exmilitante socialista quien influyó a la directora de la Guardia Civil para que las abriera y presionara así a los investigadores.

En términos generales, López Malo y Yuste se han ratificado en las declaraciones que hicieron ante los agentes de la UCO, con el teniente coronel Balas presente, cuando estos se presentaron en la Dirección General de la Guardia Civil el 27 de mayo pasado. También han declarado los dos generales a los que se ordenó instruir las tres informaciones reservadas o investigaciones internas.

El general Leonardo Sánchez, uno de los dos instructores de las informaciones reservadas que se abrieron, ha explicado que en la correspondiente a una noticia de El Mundo en la que se llamaba al DAO de Guardia Civil “peón de Marlaska” preguntó a los mandos de la UCO si era verdad lo que decía la información acerca de la presión a la que se sentían sometidos. El general ha dicho que los dos tacharon la información de “bulo” y negaron que lo que recogía acerca de las presiones fuera verdad.

Los generales al frente de la UCO en aquel momento también han declarado que el DAO Llamas les trasladó en julio de 2024, tal yc omo declararon ante Balas, que el teniente general les instó a que no fueran proactivos en las investigaciones a “políticos” y que se ciñeran a lo que ordenaran jueces y fiscales. Cuando la fiscal les ha preguntado si en esa alusión, el DAO se refirió a los políticos del PSOE, estos han dicho que no precisó ningún político o partido.

Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', no és precisament Víctor Aldama. Condemnat en dues de les peces separades del 'cas Taula' (en sengles sentències pendents de recurs davant el Tribunal Suprem), Benavent ha protagonitzat dues fases: una col·laboració inicial amb la Fiscalia Anticorrupció i amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que va donar pas, en plena instrucció de la macrocausa, a un canvi d'advocat i a una renúncia a totes les incriminacions que havia formulat prèviament. L'última sentència, dictada aquest dimarts per la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València i corresponent a la peça separada E en el quart juí de Marcos Benavent en el marc del 'cas Taula', ha absolt el 'ionqui' dels diners' i la resta dels acusats, entre ells tres empresaris contractistes de l'Ajuntament de València durant l'etapa de Rita Barberá, malgrat les gravacions incriminatòries que va fer el principal acusat. La resolució descarta que hi haja proves suficients que es pagaren comissions il·lícites a canvi d'adjudicacions municipals.

En un dels àudios reproduïts durant la vista oral i al qual ha tingut accés elDiario.es, el ''ionqui dels diners' explicava a l'aleshores regidora María José Alcón, ja difunta: “Ací només hi ha un 2 %, 9.000 euros (...), per almenys comprar-te dos regals per Nadal i quatre festes”. La regidora del PP ironitzava en la mateixa conversa: “Aquests Reis Mags han sigut meravellosos”.

En una altra gravació se sentia Marcos Benavent comentant, sobre una coneguda empresa constructora, el ja expresident de la qual, Carlos Turró, també ha sigut absolt: “Cleop ha ajudat molt el partit”, en referència al PP valencià.

La sentència de la secció cinquena de l'Audiència de València, de la qual ha sigut ponent la magistrada Concepción Ceres, admet que les converses “són altament sospitoses” de “mangarrufes” o d'intents de “manipular” els contractes i les adjudicacions “a favor d'unes o altres empreses”, i “fins i tot de conspiració, com ja va dir el jutge d'instrucció, si bé en aquelles dates no estava sancionada penalment la conspiració per a delinquir en relació amb estos delictes”

Els diàlegs, malgrat la seua claredat (i amb el gir radical de Benavent en la seua estratègia de col·laboració amb l'UCO i amb Anticorrupció), no han pogut ser corroborats per altres mitjans de prova prou solvents per a desvirtuar la presumpció d'innocència dels acusats.

Sense la “convicció necessària” per a una condemna

El tribunal, després d'escoltar les declaracions dels cinc acusats, dels testimonis, dels investigadors de l'UCO i dels pèrits tècnics, i després d'analitzar l'abundant documentació dels expedients de contractació (a més dels àudios), “considera que els fets objecte d'acusació no han sigut acreditats degudament i alguns d'ells estan prescrits”, en referència al presumpte delicte de malversació de cabals públics imputat a Vicente Burgos, un històric del PP campista col·locat en una fundació pública que va tancar amb un forat xifrat en 13,5 milions d'euros, segons detalla la sentència.

“O, dit d'una altra manera, que, del resultat de la prova practicada, valorada en el seu conjunt, en consciència, i d'acord amb les regles de la lògica i de l'experiència, no s'ha obtingut la convicció necessària per a fonamentar un pronunciament condemnant en els termes interessats”, conclou la sentència, que no és ferma i, per tant, és susceptible de ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

Es tracta de la segona absolució de Marcos Benavent en el 'cas Taula' (també va ser absolt en la peça separada D). El ''ionqui dels diners', per contra, va ser condemnat en les peces J (a quasi huit anys de presó) i B (cinc anys), en sengles sentències recorregudes davant del Tribunal Suprem

El 'ionqui dels diners' anava “fumat” davant l'UCO

La secció cinquena de l'Audiència de València també assumeix la tesi del 'ionqui dels diners' sobre l'afectació pel seu consum de substàncies estupefaents durant l'etapa en què va declarar davant l'UCO i davant el jutge del 'cas Taula' al principi de la instrucció. Benavent va al·legar, i la sentència així ho ressenya, que “no estava en les seues millors condicions”, que anava “fumat” —es va escudar en el fet que en aquella època “fumava haixix”, recorda el tribunal, encara que realment en la vista oral va al·ludir específicament al consum de marihuana— i que “volia repartir a tots”, en referència als seus excorreligionaris del PP valencià.

El tribunal tampoc sembla creure's massa les confessions inicials del ''ionqui dels diners' i fins i tot recorda que el mateix jutge instructor del 'cas Taula' va al·ludir al fet que Marcos Benavent “farolejava”, com “en alguna ocasió ha reconegut” el mateix acusat.

D'altra banda, la sentència limita la prova de la Fiscalia Anticorrupció per a l'acreditació de l'acusació a les declaracions dels acusats en la fase d'instrucció i a les gravacions dels àudios. No obstant això, estes declaracions sumarials “no es poden valorar ja que no s'han introduït en el plenari [juí oral] mitjançant la seua lectura, com ve establint el Tribunal Suprem”, argumenta la resolució absolutòria.

Explicacions de Marcos Benavent “un poc puerils”

Superada aquella col·laboració inicial en l'esclariment dels fets, en el juí, Marcos Benavent es va sumar a l'exdirigent del PP Vicente Burgos (exmarit de María José Alcón) i als tres empresaris (Carlos Turró, Enrique Aleixandre i Carlos Vicent): tots els acusats van negar a l'uníson “la seua intervenció en els aspectes delictius dels quals se'ls acusa”.

No obstant això, el tribunal reconeix que les explicacions del 'ionqui dels diners' sobre les converses gravades amb Alcón van ser “un poc puerils”. Dels àudios també es desprén, segons la sentència, que “de vegades es rebutjava alguna empresa per raons polítiques” (per no donar-li el contracte a un dels “seus”, evitant així la “crítica política”) i, en altres casos, s'optava per adjudicar a l'oferta més econòmica per a evitar “embolics”.

En definitiva, “no ha quedat suficientment acreditat” que Benavent lliurara a Alcón 'mossegades' de 9.000 euros provinents de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el cas del contracte amb Cleop. Tampoc que s'embutxacara una “quantitat no determinada”, a més d'un vehicle, de mans de l'empresari Enrique Aleixandre, per contractes vinculats a la XXVII Mostra de València

Possibles irregularitats que no arriben a ser delicte

El tribunal, atenent les declaracions dels pèrits, no ha trobat una il·legalitat “grollera” i “evident” que constituïsca “sense cap mena de dubte” un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

“Les contractacions han sigut analitzades exhaustivament i tampoc s'hi troba eixa distorsió flagrant de la legalitat constitutiva de delicte. Si hi va haver alguna irregularitat, no s'albira que arribara a ser delicte”, conclou la secció cinquena de l'Audiència de València.

D'altra banda, també aprecia dilacions indegudes en el si de la causa, que va ser jutjada una dècada després de la seua incoació el 2016.

Descarta la vulneració al dret a la intimitat

Tot i que el tribunal no troba la corroboració perifèrica suficient de les malifetes desglossades en els àudios, sí que avala la validesa de les gravacions i descarta qualsevol vulneració del dret a la intimitat, tal com ja van fer sengles sentències del 'cas Taula' dictades per la mateixa secció cinquena de l'Audiència de València i per la secció segona.

Malgrat que la defensa de Marcos Benavent va sol·licitar, en la fase de qüestions prèvies del juí, l'exclusió dels àudios com a font de prova, la sentència qüestiona que “no s'ofereix cap concreció fàctica sobre quina informació personal o íntima contenien les gravacions”. “La qual cosa és important”, postil·la, “perquè no es poden plantejar nul·litats d'actuacions de manera genèrica i hipotètica, és a dir, sense concretar la base fàctica en què s'assenta la vulneració de drets fonamentals”.

A més, també recorda que el 'ionqui dels diners' va assegurar en el juí oral que “llevava coses sense interés” dels àudios (amb el programa Audacity), “però en cap moment va manifestar que aquelles converses gravades no es corresponien amb les reals”.

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', no es precisamente Víctor Aldama. Condenado en dos de las piezas separadas del 'caso Taula' (en sendas sentencias pendientes del recurso ante el Tribunal Supremo), Benavent ha protagonizado dos fases: una colaboración inicial con la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dio paso, en plena instrucción de la marcocausa, a un cambio de abogado y a una renuncia a todas las incriminaciones había declarado previamente. La última sentencia, dictada este martes por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia y correspondiente a la pieza separada E en el cuarto juicio de Marcos Benavent en el marco del 'caso Taula', ha absuelto al 'yonqui del dinero' y al resto de los acusados, entre ellos tres empresarios contratistas del ayuntamiento de la capital del Turia durante la etapa de Rita Barberá, pese a las incriminatorias grabaciones que hizo el principal acusado. La resolución descarta que haya pruebas suficientes de que se abonaran comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones municipales.

En uno de los audios reproducido durante la vista oral y al que ha tenido acceso elDiario.es, el 'yonqui del dinero' explicaba a la entonces edil María José Alcón (ya fallecida): “Aquí solo hay un 2%, 9.000 euros (...), para por lo menos comprarte dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. La concejala del PP ironizaba en la misma conversación: “Estos Reyes Magos han sido maravillosos”.

En otra grabación se escuchaba a Marcos Benavent comentando, sobre una conocida empresa constructora cuyo expresidente, Carlos Turró, también ha sido absuelto: “Cleop ha ayudado mucho al partido”, en referencia al PP valenciano.

La sentencia de la sección quinta de la Audiencia de Valencia, de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Ceres, concede que las conversaciones “son altamente sospechosas” de “amaños” o de intentos de “amañar” los contratos y adjudicaciones “a favor de unas u otras empresas”, e “incluso de conspiración, como ya dijera el juez de instrucción, si bien, en aquellas fechas no estaba sancionada penalmente la conspiración para delinquir en relación con estos delitos”. 

Los diálogos, pese a su claridad (y con el volantazo de Benavent a su estrategia de colaboración con la UCO y con Anticorrupción), no han podido ser corroborados por otros medios de prueba suficientemente solventes como para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.

Sin la “convicción necesaria” para una condena

El tribunal, tras escuchar las declaraciones de los cinco acusados, de los testigos, de los investigadores de la UCO y de los peritos técnicos y tras analizar la abundante documentación de los expedientes de contratación (además de los audios), “considera que los hechos objeto de acusación no han sido acreditados en debida forma y algunos de ellos están prescritos”, en referencia al presunto delito de malversación de caudales públicos imputado a Vicente Burgos, un histórico del PP campista colocado en una fundación pública que cerró con un agujero cifrado en 13,5 millones de euros, según detalla la sentencia.

“O, dicho de otra forma, que, del resultado de la prueba practicada, valorada en su conjunto, en conciencia, y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, no se ha obtenido la convicción necesaria para fundamentar un pronunciamiento condenatorio en los términos interesados”, concluye la sentencia, que no es firme y, por tanto, es susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Se trata de la segunda absolución de Marcos Benavent en el 'caso Taula' (también salió ileso en términos judiciales de la pieza separada D). El 'yonqui del dinero', por el contrario, fue condenado en las piezas J (a casi ocho años de cárcel) y B (cinco años), en sendas sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo.

El 'yonqui del dinero' iba “fumado” ante la UCO

La sección quinta de la Audiencia de Valencia también asume la tesis del 'yonqui del dinero' sobre la afección por su consumo de sustancias estupefacientes durante la etapa en la que declaró ante la UCO y ante el juez del 'caso Taula' al principio de la instrucción. Benavent arguyó, y la sentencia así lo reseña, que “no estaba en sus mejores condiciones”, que iba “fumado” —se escudó en que en aquella época “fumaba hachís”, recuerda el tribunal, aunque realmente en la vista oral aludió, específicamente, al consumo de marihuana— y que “quería repartir a todos”, en referencia a sus excorreligionarios del PP valenciano.

El tribunal tampoco parece creerse demasiado las confesiones iniciales del 'yonqui del dinero' e incluso recuerda que el propio juez instructor del 'caso Taula' aludió a que Marcos Benavent “faroleaba”, como “en alguna ocasión ha reconocido” el propio acusado.

Por otro lado, la sentencia acota la prueba de la Fiscalía Anticorrupción para la acreditación de la acusación a las declaraciones de los acusados en la fase de instrucción y a las grabaciones de los audios. Sin embargo, esas declaraciones sumariales “no se pueden valorar ya que no se han introducido en el plenario [juicio oral] mediante su lectura, como viene estableciendo el Tribunal Supremo”, argumenta la resolución absolutoria.

Explicaciones de Marcos Benavent “un tanto pueriles”

Superada aquella colaboración inicial en el esclarecimiento de los hechos, en el juicio, Marcos Benavent se sumó al exdirigente del PP Vicente Burgos (exmarido de María José Alcón) y a los tres empresarios (Carlos Turró, Enrique Alexandre y Carlos Vicent): todos los acusados negaron al unísono “su intervención en los aspectos delictivos de los que se les acusa”.

Sin embargo, el tribunal reconoce que las explicaciones del 'yonqui del dinero' sobre las conversaciones grabadas con Alcón fueron “un tanto pueriles”. De los audios también se desprende, según la sentencia, que “a veces se rechazaba a alguna empresa por razones políticas” (para no darle el contrato a uno de “los suyos”, evitando así la “crítica política”) y, en otros casos, se optaba por adjudicar a la oferta más económica para evitar “líos”. 

En definitiva, “no ha quedado suficientemente acreditado” que Benavent entregara a Alcón 'mordidas' de 9.000 euros provenientes de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el caso del contrato con Cleop. Tampoco que se embolsara una “cantidad no determinada”, además de un vehículo, de manos del empresario Enrique Aleixandre, por contratos vinculados a la XXVII Mostra de València.

Posibles irregularidades que no alcanzan “lo delictivo”

El tribunal, a tenor de las declaraciones de los peritos, no ha hallado una “grosera” y “evidente ilegalidad” que constituya “sin género de duda” un presunto delito de prevaricación administrativa.

“Las contrataciones han sido analizadas exhaustivamente y tampoco se encuentra en sí mismas esa flagrante distorsión de la legalidad constitutiva de delito. Si hubo alguna irregularidad, no se vislumbra que alcanzara lo delictivo”, concluye la sección quinta de la Audiencia de Valencia.  

Por otro lado, también aprecia dilaciones indebidas en el seno de la causa, que fue enjuiciada una década después de su incoación en 2016.

Descarta la vulneración al derecho a la intimidad

Pese a que el tribunal no halla la corroboración periférica suficiente de los tejemanejes desglosados en los audios, sí que avala la validez de las grabaciones y descarta cualquier vulneración al derecho a la intimidad, como ya hicieran sendas sentencias del 'caso Taula' dictadas por la misma sección quinta de la Audiencia de Valencia y por la sección segunda.

A pesar de que la defensa de Marcos Benavent solicitó, en la fase de cuestiones previas del juicio, la exclusión de los audios como fuente de prueba, la sentencia cuestiona que “no se ofrece concreción fáctica sobre qué información personal o íntima contenían las grabaciones”. “Lo cual es importante”, apostilla, “porque no se pueden plantear nulidades de actuaciones de forma genérica e hipotética, esto es, sin concretar la base fáctica en la que se asienta la vulneración de derechos fundamentales”. 

Además, también recuerda que el 'yonqui del dinero' aseguró en el juicio oral que “quitaba cosas sin interés” de los audios (con el programa Audacity), “pero en ningún momento manifestó que esas conversaciones grabadas no correspondían a las reales”.  

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.

El caso Zapatero dio este miércoles una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente socialista, que no logró cambiar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. Según el instructor, esos indicios siguen intactos después de que José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la primera oportunidad de aclarar si el relato contenido en el auto de imputación se basaba en meras conjeturas.

El juez José Luis Calama respondió en dos direcciones después de escuchar casi dos horas al exdirigente: por un lado, evitó convertir el acto en un espectáculo, lo que habría ocurrido en caso de imponer medidas cautelares a alguien que tiene imposible fugarse y, por otro, dejó claro que Zapatero no dio una sola explicación razonable que descarte las sospechas previas de que cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias.  

Las tablas perjudican al expresidente. Los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero, quien trasladó a través de su entorno que el contenido de los mismos le provocaba indignación. En la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de presentar documentación y ofrecer explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. Pero no lo hizo, según concluye el juez instructor en el auto donde descarta imponerle medidas cautelares y, al tiempo, deja claro que no ha creído sus explicaciones. 

Hay dos asuntos capitales de los que Zapatero se marchó de la Audiencia Nacional sin dar explicaciones suficientes, según refieren fuentes de la investigación: qué trabajos hizo que justifiquen el medio millón de euros que le pagó Análisis Relevante –la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez– y el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada, que cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas a sus negocios.

Los dos aspectos resultan clave porque la Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por unos informes inexistentes que, en ocasiones, se presentaban incluso como “verbales”. De esta forma, él y su pagador, Julio Martínez Martínez, habrían disimulado el verdadero motivo de los desembolsos, la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra por medio del tráfico de influencias, así como en otras operaciones de compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores. 

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció ninguna influencia para favorecer que la aerolínea lograra el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia. Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, dijo que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta, si bien no aportó documentación u otro tipo de pruebas que sustentara su relato. También ha entregado un escrito con su “consentimiento expreso” a comprobar que no tiene activos fuera de España.

El segundo aspecto que quedó sin dilucidar y que aboca a una próxima investigación a las hijas de Zapatero –el PP, como acusación popular, ya ha pedido que se las investigue– son precisamente los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. Y también el más de medio millón de euros que su agencia recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Tanto esta última sociedad como Inteligencia Prospectiva son dos empresas fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Las fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es trasladan la sensación de que Zapatero llegó a desentenderse durante el interrogatorio de cualquier explicación que tuviera que ver con la facturación de las empresas de sus hijas. Sostienen que el expresidente se habría dedicado, en este tema, a “soltar lastre” y que sean las hermanas quienes ofrezcan explicaciones si son llamadas a declarar. 

Las conclusiones provisionales de los investigadores pasan porque Zapatero no realizó servicios reales a la consultora de su amigo y que, por tanto, resulta difícil que pueda explicar la “confusión” entre los pagos por sus supuestos trabajos y los que hacía la agencia de sus hijas, indican las fuentes consultadas por este medio. 

Las mismas fuentes consideran “muy significativo” que Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina —ha pedido al juez unos días para poder precisar el origen de las mismas— y cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por la Policía. Aluden a que, aunque puede faltar documentación, hay preguntas como quién se las entregó, cómo y dónde cuyas respuestas no necesitaban mayor preparación. Zapatero ha trasladado su intención de que en el plazo de una semana o diez días haya podido recabar todas las explicaciones al origen supuestamente lícito de esas joyas. 

El juez se desmarca de Anticorrupción 

El auto de este miércoles evita la asunción de la tesis policial que consideraba a Zapatero el jefe de una organización concertada para delinquir. En todo caso, la resolución sobre las medidas cautelares debe ser necesariamente más concreta que la que motiva una imputación. De hecho, resume los principales indicios que ya figuraban en el primer auto y no se detiene, siquiera, en precisar por qué delitos se investiga en este momento a Zapatero. 

En este sentido, el texto advierte de que la investigación todavía puede crecer de forma que consolide los indicios contra el expresidente, pero también en el sentido contrario, demostrando su inocencia. No obstante, subraya que la información encontrada en los móviles incautados el pasado noviembre cuando estalló el caso, sumados al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. 

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo que ocurrió con la imputación, el juez Calama optó por discrepar este miércoles de la Fiscalía. La representante de Anticorrupción, Elena Lorente, solicitó la retirada de los pasaportes, también el diplomático, de Zapatero y la obligación de que compareciera cada quince días en un juzgado.

Pero en su auto el juez se esmeró en rechazar esa petición, a la que se sumó el PP, que dirige la acusación popular. El magistrado alegó que la vigencia de los indicios contra Zapatero no justifican unas medidas que tienen como finalidad no hacer un juicio preventivo del investigado, sino garantizar que no se va a fugar ni a destruir pruebas. En cambio, el Ministerio Público defendió estas medidas como “justificadas” y “coherentes” durante la vista celebraba, según trasladan fuentes fiscales.

El juez José Luis Calama tiene una conclusión provisional de la declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente no ha disipado las sospechas contra él que le valen la imputación formal por cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Así lo afirma el magistrado en el auto en el que descarta que se le impongan medidas cautelares. Esos indicios, viene a decir el magistrado, son independientes de las exigencias que recoge la ley para la adopción de medidas cautelares que impidan el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas.

En el capítulo de indicios contra Zapatero, el auto aporta importantes novedades de en qué situación aprecia el magistrado que está la causa. Calama considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno después de que él negara haber influido en su concesión.

También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

El párrafo del auto del juez dice literalmente lo siguiente de los indicios contra el expresidente: “Destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa con fecha 09.11.2025 [fase de la operación en la que fue detenido Julio Martínez; la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos; el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos; y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Por otra parte, el magistrado reconoce el “carácter embrionario” de la investigación y admite que “puede evolucionar en el sentido de consolidar” los indicios ya recabados contra Zapatero o, por contra, para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia“.

Entre los indicios que pesan sobre la figura de Zapatero, el juez indica que consta el análisis preliminar del contenido del dispositivo del empresario Rodolfo Reyes que fue puesto a disposición de la policía española en marzo de 2026 por la Homeland Security Investigations (HSI) norteamericana. Y ahora, incluye un matiz al respecto en el auto porque ya sí habla que el contenido de ese teléfono móvil fue “puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos”.

El juez defiende su decisión de no adoptar medidas cautelares contra Zapatero en que el riesgo de que se fugue o destruya pruebas sea “actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”.

La representante de Anticorrupción, tras escuchas a Zapatero responder solo a su defensa y, durante más tiempo, al juez, decidió solicitar la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado. Esta petición fue apoyada por el PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular. En el seno de esta hubo discrepancias, ya que algunas de ellas, como HazteOir solicitaron al juez que enviara a Zapatero a prisión provisional.

Discrepancia entre el juez y la Fiscalía

El juez rebate a la Fiscalía Anticorrupción por primera vez desde que se hizo cargo del procedimiento al rechazar las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitaba. 

“El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, razona el juez. 

Calama añade que tampoco aprecia “riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.

La presumpta trama corrupta orquestrada al si de la Guàrdia Civil per un tinent coronel pertanyent al Cos Militar d'Intervenció es va aprofitar, mitjançant una xarxa d'empresaris afins, de les febleses internes de la burocràcia de l'Institut Armat per a desviar fons públics d'obres en casernes a la butxaca de l'uniformat, amb forts sobrecostos, contractes fraccionats sistemàticament i factures inflades artificialment. El tinent coronel va adquirir posteriorment habitatges ruïnosos per reformar-los amb les mateixes mercantils contractistes i revendre'ls. La presumpta xarxa va ser desarticulada gràcies a les sospites inicials d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, que va detectar una cridanera divergència entre els treballs facturats i l'estat de les obres executades, i a la confessió posterior del treballador subcontractat pel principal empresari investigat, que va confirmar l'amistat de més de tres dècades entre l'adjudicatari i el tinent coronel Miguel Ángel E. T.

L'Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la comandància de la Guàrdia Civil de València va trobar “indicis sòlids de corrupció interna” i va traslladar les diligències a Assumptes Interns, el servei que es va encarregar de continuar les pesquises sobre la presumpta xarxa, colze a colze amb la Fiscalia Anticorrupció.

L'uniformat, cap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de la Guàrdia Civil, va utilitzar el “vector crític de vulnerabilitat institucional” que suposa l'àmbit de la contractació pública, “especialment susceptible a pràctiques corruptes”, segons indica un informe d'Assumptes Interns del qual ha informat elDiario.es. Miguel Ángel E. T. va veure una finestra d'oportunitat en l’“ecosistema de gestió centralitzat” dels anticips de caixa fixa, sota el seu control com a cap de la UGE, i va maximitzar així la “promiscuïtat” en les funcions administratives, tot creant “xarxes de confiança que, torticerament utilitzades, van permetre l'encobriment d'irregularitats”, afirma Assumptes Interns.

El tinent coronel investigat, doctor en Dret amb una tesi sobre les sancions privatives de llibertat en l'Administració militar (especialment en l'Institut Armat), va ser condecorat el 2013, quan era comandant, amb la Creu de l'Orde del Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc.

Els investigadors van comptar amb l'auxili judicial de l'Agència Valenciana Antifrau, que va elaborar informes pericials sobre els enormes sobrecostos en les obres executades en diverses casernes —en alguns casos de fins a un 348 %— i que van detectar fins i tot “portes inexistents”, entre altres despropòsits.

Una empresa adjudicatària sense empleats

Una de les principals empreses implicades en la trama (Destino Empresarial SL, vinculada a l'investigat Carlos G. M., que servia de “vehicle” dels tripijocs del seu amic tinent coronel) declarava només un empleat, segons consta en els seus últims comptes dipositats davant el Registre Mercantil, malgrat ser receptora de nombrosos contractes públics adjudicats directament per Miguel Ángel E. T. com a cap de la UGE de la VI Zona de la Guàrdia Civil.

Carlos G. M. va rebre el 82 % dels ingressos totals de dues de les seues empreses “exclusivament” de contractes gestionats pel tinent coronel investigat. Des del 2008, va ingressar 952.664,89 euros en adjudicacions públiques de la Guàrdia Civil.

La causa, a càrrec de la plaça número 3 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, ha aconseguit acreditar que el tinent coronel va adquirir tres habitatges a la localitat de Set Aigües, reformats pels mateixos empresaris als quals adjudicava contractes per a obres en casernes.

Un empresari amb dues pistoles il·legals

Per altra banda, en el registre de l'habitatge d'un dels empresaris imputats, els investigadors van trobar una pistola Star del calibre nou mil·límetres llarg i una semiautomàtica Smith&Wesson de nou mil·límetres Parabellum, així com munició, ambdues sense cap llicència.

L'empresari, tal com va informar aquest diari, va arribar a un pacte de conformitat amb el Ministeri Fiscal i va acceptar una pena de sis mesos de presó.