La exjefa de recursos humanos de la APV afirma en otro juicio que la presidenta “redactó las bases” de las plazas investigadas por enchufismo

“Las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. La exjefa de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), E. O., se pronunció en estos términos ante la jueza de la plaza número 13 del juzgado de lo social en la vista que se celebró este martes para dirimir la legalidad de un proceso selectivo para un puesto de alta dirección. Además, afirmó que desde su punto de vista la convocatoria de esta plaza no respetó los principios de igualdad, mérito y capacidad obligatorios según la legislación.

La causa surge como consecuencia de una denuncia de UGT al considerar que tanto este proceso de selección de personal fuera de convenio como al menos otros dos, estuvieron amañados. En todos los casos la organización sindical planteó demandas judiciales. El primero de los juicios se celebró el pasado 19 de mayo y está pendiente de sentencia. El de este martes es el segundo que tiene lugar y para el próximo 1 de octubre está previsto el tercero.

Las bases que estaban en discusión en el juicio celebrado este martes son las referidas a la plaza de subdirección de gestión de dominio público que se terminó adjudicando a B. F., quien pasados tres meses desde que accedió al cargo, regresó a su anterior puesto en la empresa APM Terminals, supuestamente por no superar el periodo de prueba en la APV, aunque otras fuentes sostienen que nunca se le tuvo en cuenta y que fue permanentemente ninguneada.

Como en el resto de procesos impugnados, UGT alegó ante la magistrada que la convocatoria de la plaza no hubo proceso de negociación colectiva, que los requisitos incluidos en las bases no estaban motivados al tiempo que predeterminaron a la candidata, que hubo deficiencias de procedimiento como falta de transparencia, desviación poder o ausencia de requisitos igualdad, mérito y capacidad: “Consideramos que se debe declarar nulo este proceso”, dijo la abogada de UGT.

Por su parte, el abogado del Estado que acudió en representación de la APV rechazó de plano todas estas acusaciones y utilizó como principal argumento y prueba de que el proceso no estuvo amañado la carta por la que se comunicó a B. F. que no había superado el periodo de prueba: “Esta APV ha podido valorar que no cuenta con las aptitudes y conocimientos para desempeñar el puesto para el que ha sido contratado constatando durante más de tres meses que no demuestra capacidad de liderazgo, insuficiente implicación, bajo rendimiento, ausencia de visión integral en materia de dominio público, insuficiente conocimiento de legislación administrativa, insuficiente dominio de la legislación portuaria”, dijo el letrado leyendo la mencionada misiva.

Desde su punto de vista, carece de toda lógica amañar un proceso para seleccionar a una candidata que presenta todas estas carencias. Sin embargo, la abogada de UGT consideró que nada tiene que ver el desempeño que hiciera en el cargo con que previamente las bases estuvieran diseñadas para que ella fuera la adjudicataria.

Una visión que refrendó como testigo E. O., la que fuera jefa de recursos humanos de la APV cuando se produjeron todas estos procesos selectivos. La exdirectiva desmontó con su declaración los argumentos defendidos por el abogado de la APV.

Así, a preguntas de la abogada de UGT, aseguró que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. Según explicó, el procedimiento normal mientras ella ejerció como jefa de recursos humanos era que las bases se desarrollaban en el seno del tribunal, “nunca por parte la presidencia”. Así, el procedimiento venía referenciado por una directriz “de obligado cumplimiento” de Puertos del Estado. Sin embargo, según afirmó, en este caso en otros no fue aplicado. “No era normal, se lo advertí a la presidencia en varias ocasiones verbalmente para protegerla y como hacía caso omiso le advertí por correo”, unos mails que destapó elDiario.es.

Desde su punto de vista no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad e insistió en que estas bases no fueron desarrolladas ni concebidas por el tribunal de selección, sino que vinieron dadas en un correo de la presidenta en el que se urgía a que se constituyera el tribunal y se publicaran bases. También confirmó que no se debatió con el comité de empresa, como era habitual, los motivos por los que se convocó la plaza.

Choque por el informe de la Intervención

Uno de los momentos más tensos de la vista, en la que estuvo presente elDiario.es, fue la discusión sobre la validez como prueba del informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado en exclusiva por esta redacción. Así como en el juicio del pasado mes de mayo sí que se admitió, en este caso la magistrada no lo tuvo en cuenta, siguiendo el criterio del abogado de la APV.

Del interés del abogado del estado en que no se tenga en cuenta el informe de la Intervención se puede intuir que se trata de una de las claves del procedimiento. No en vano, el documento señala que hasta cinco procesos de selección de personal de dirección, entre ellos el que se analizó en la vista de este martes, “contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

En el caso concreto de la plaza de subdirección de gestión de dominio público el informe de la IGAE cuestiona que en las bases “se destaca que se solicita el ejercicio de la abogacía, que no es necesario para las funciones, y que se solicita experiencia en sector privado únicamente, cuando se va a desarrollar una función pública”. De los tres candidatos que se presentaron, tan solo se admitió a la que finalmente resultó adjudicataria.

“Se observa que para los puestos de subdirector, una categoría que está justo por debajo del Director General, no solicitan experiencia previa, y, sin embargo, para las plazas de Subdirector de Gestión de Dominio Público y de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, solicitan una experiencia previa de 10 años”, dice la IGAE.

Investigación en Anticorrupción

El juicio de este martes es independiente de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Compromís en la que se pone de manifiesto que pudo haber un proceso de subrogación encubierto destinado a recolocar de forma fraudulenta a determinados empleados del Consorcio Valencia 2007 en la APV y en el Ayuntamiento.

Se trata de la plaza objeto del juicio del pasado mes de mayo adjudicada a A. G. y de la de Subdirector de Infraestructuras que se adjudicó a M. G. Ambas se presentaron a otro proceso selectivo abierto en fechas coincidentes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y tras confirmarse que obtuvieron los puestos en la APV, renunciaron al concurso de la FDM, entidad que también lo dejó sin efecto.

Un tercer exempleado del Consorcio se adjudicó otra plaza de la fundación Visit Valencia, proceso del que informó previamente el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, también denunciado en Anticorrupción, como se desprende de los audios adelantados por este diario.