Francia ha rebajado por primera vez la multa diaria que cobra a España por custodiar los residuos radiactivos procedentes de la central nuclear de Vandellòs I (Tarragona), clausurada en 1989 tras un incendio.

La rebaja está recogida en las cuentas anuales que acaba de publicar la empresa estatal Enresa, encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares.

En esas cuentas, Enresa explica que el 19 de diciembre de 2024 firmó una tercera “adenda” al protocolo rubricado hace casi 25 años, en mayo de 2001, con lo que hoy es la empresa pública francesa Orano (antes conocida como Areva) para el retorno a España de esos residuos.

Enresa no había informado hasta ahora de ese nuevo acuerdo firmado a finales de 2024, que implica “un importe fijo” para las penalizaciones en este ejercicio y el próximo por no haber repatriado todavía ese material radiactivo a España. La multa a partir de este año será “de 85.195€ diarios hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, establece un calendario para la devolución de las cantidades abonadas hasta ese momento”, explica Enresa en sus cuentas.

Esa reducción de la multa se pactó el día en que se nombró presidenta de la sociedad estatal a Olga García, ex consejera extremeña de Transición Ecológica, tras la jubilación de su antecesor, José Luis Navarro.

Esos 85.195 euros diarios suponen un 2,1% menos respecto a la penalización cobrada en 2024 por Orano. Esta cifra no había dejado de crecer desde que en julio de 2017 entró en vigor el acuerdo vigente hasta ahora. El pasado ejercicio, la multa fue de 87.040,46 euros diarios, un 2,2% más que en 2023.

Entre julio de 2017 y 2024 estas penalizaciones aumentaron un 19,1%. En línea con la inflación acumulada en Francia entre ese mes y diciembre de 2024 y por debajo de la subida de precios registrada en España en ese periodo, del 23,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta multa diaria funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo (la fecha prevista actualmente es 2028), Enresa recuperará la mayor parte del dinero pagado hasta entonces. El pasado 3 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica dio un paso clave para la vuelta de esos residuos, al cerrar una consulta pública sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal (AT) de Vandellós I.

Esa instalación, cuyas obras está previsto que se liciten en 2026, debería estar operativa en 2027. Su coste “se conocerá cuando se haya desarrollado la ingeniería de detalle del proyecto, en la que se trabajará más adelante”, según informó en febrero el departamento de Sara Aagesen.

El AT se encargará de almacenar durante décadas ese material radiactivo y los desechos procedentes de la fase más delicada del desmantelamiento de la central de Vandellós I. Esta última fase prevé iniciarse a partir de 2030, tras más de tres décadas con el cajón del reactor en fase de latencia, confinado bajo un enorme sarcófago de hormigón frente al Mediterráneo que Enresa revisa periódicamente para asegurarse de que no hay fugas radiactivas.

Los trabajos de desmantelamiento del cajón del reactor se prolongarán durante unos 15 años. A esos tres lustros se sumará un periodo de vigilancia de diez años. Con ello, como pronto, el emplazamiento de Vandellós I no quedará liberado hasta 2055, transcurridos 66 años desde el cierre del reactor. No obstante, todavía quedará allí ese almacén “temporal” cuya construcción ha empezado a tramitarse este mismo año. Posteriormente los deschos se trasladarán al Almacén Geológico Profundo (AGP) cuya puesta en marcha está prevista en 2073.

Más de 330 millones

Si los residuos que custodia Orano retornasen en 2028, para entonces las penalizaciones acumuladas desde 2017 habrán superado holgadamente los 330 millones. Francia devolverá esa suma a Enresa junto con esa basura radiactiva, descontando el coste de almacenarla desde octubre de 2015. El regreso se ha ido retrasando con los años. Hasta 2020, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no había descartado oficialmente el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de media y baja actividad, Enresa todavía estimaba que volverían en 2023.

La francesa Orano custodia esos residuos en cápsulas de acero inoxidable estandarizadas. Ocupan un volumen total de unos 13 metros cúbicos, equivalente a un cubo de unos 2,35 metros de lado. El origen de esa basura tóxica está en la precipitada clausura de esa central tarraconense tras un incendio y la inundación posterior de Vandellós I, en el accidente nuclear más grave hasta la fecha en España. El cierre fue la consecuencia de las costosas medidas correctoras que exigió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras las irregularidades detectadas en la central, construida en plena dictadura franquista (se inauguró en 1967), una época que un estudio reciente ha calificado como ejemplo de libro de “captura regulatoria” del Estado por parte de eléctricas y bancos.

Desde el cierre de Vandellós I, España ha tenido que abonar a Francia más de 760 millones por la custodia de ese material radiactivo. Tras la clausura, se firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano) para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que pagaron los consumidores de electricidad mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Entonces se dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para devolver los residuos. Pero llegó esa fecha y entonces, como ahora, no había donde guardarlos. Se fijó una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 se suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, Enresa se comprometió a abonar 213 millones más, que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos.

En 2017 ese plazo también se incumplió. Se fijó una nueva penalización que se ha ido revisando al alza hasta ahora, cuando va a reducirse ligeramente por primera vez. Desde 2017 la bola de nieve de las multas acumuladas ha ido creciendo hasta situarse a cierre de 2024 en 219,2 millones.

La custodia de esos recipientes, que llevan años construidos, tampoco es gratis. En diciembre de 2018 se formalizó un contrato con Orano para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos y el equipamiento auxiliar en el emplazamiento de La Hague hasta su carga. Su coste acumulado ascendía a 2,75 millones a cierre de 2024.

Inicialmente, esos residuos debían guardarse en el ATC, un mandato del Congreso de los Diputados del año 2004. El Gobierno del popular Mariano Rajoy intentó ubicar esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca). Este proyecto, que amenazaba con incurrir en sobrecostes multimillonarios por las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, fue retrasándose y fue descartado definitivamente a finales de 2022 por el Ejecutivo de Sánchez por la falta de consenso social para ponerlo en marcha.

Las eléctricas, a través del lobby nuclear, recurrieron esa decisión en febrero de 2024 junto al Plan de Residuos Radiactivos que el Gobierno aprobó en diciembre de 2023 para actualizar el anterior, caducado desde 2010. El plan contempla construir en lugar del ATC siete almacenes en los emplazamientos de las centrales, como paso intermedio para enterrar los residuos en el AGP, cuya ubicación habrá que decidir en el futuro.

Ese nuevo plan también implica una fuerte subida (del 30%) de la tasa con la que los reactores financian Enresa, ante el temor de que el coste del desmantelamiento de las nucleares y el tratamiento de los residuos sea mucho mayor al esperado. Las eléctricas que presionan para revertir el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027, exigen que se rebaje la tasa. El Ejecutivo se niega porque sería a costa del consumidor.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que tiene intención de “que se sepa dónde iba el dinero de Enresa” -Empresa Nacional de Residuos Radiactivos-. “A lo mejor, tirando de ese hilo, se terminan sabiendo cosas de por qué en esta región éramos los más tontos del planeta queriendo un cementerio nuclear”, ha agregado.

Además, ha apuntado que ni él, ni su gobierno ni la Comunidad Autónoma se olvidan de que fue el Partido Popular en los gobiernos regional y nacional quien impulsó el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, extremo que ha retomado ahora para lamentar cómo los 'populares' “defendieron a ultranza” este “cementerio nuclear”.

Durante un acto empresarial en Cabanillas del Campo, ha dicho al respecto que en aquella época, allá por 2010, “hubo un tiempo donde parecía que la política había perdido el alma por completo”. “Se perdió población, se recortó en derechos y en industria, y paradójicamente, cuando se iban empresas, la única que se quería aquí era un cementerio nuclear”, ha agregado el presidente regional haciendo referencia a cuando el Partido Popular gobernaba en Castilla-La Mancha.

Planteo a quien corresponda en Madrid que no hemos olvidado que están pendientes muchas cosas por aclarar de Enresa. Y quien controlaba Enresa, también hablaba, y está grabado y publicado, con Villarejo

Estas declaraciones se producen después de que se anunciase la presencia de María Dolores Cospedal en un evento sobre energía en Villar de Cañas, al que no acudió finalmente. Era la presidenta de la región en el momento en que se escogió el emplazamiento.

García-Page se ha preguntado por qué “se defendió a ultranza el cementerio nuclear”, añadiendo: “Planteo a quien corresponda en Madrid que no hemos olvidado que están pendientes muchas cosas por aclarar de Enresa. Y quien controlaba Enresa, también hablaba, y está grabado y publicado, con Villarejo”, ha deslizado.

La pequeña localidad conquense de Villar de Cañas es conocida en todo el país porque, allá por fue el año 2011 fue designada por el Gobierno de Mariano Rajoy para albergar el basurero nuclear de España. En esa fecha se dio luz verde al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Coincidió con la época en la que Dolores de Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha.

En diciembre de 2023 el actual Gobierno de España dio por enterrado el proyecto, en teoría de forma definitiva, tras aprobarse el VII Plan General de Residuos Radiactivos en el que se opta por varios emplazamientos descentralizados, asociados a las centrales nucleares, además de establecer un calendario de cierre de estas plantas hasta el año 2035.

Tras el apagón del pasado mes de abril, el debate sobre las fuentes energéticas se ha avivado y la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y mano derecha de Mariano Rajoy en el PP, Dolores de Cospedal, volverá a Villar de Cañas esta semana.

Lo hará para participar en el foro 'Medio Ambiente y Energía', organizado por un ayuntamiento que gobiernan los 'populares' y que siempre ha aspirado que que el cementerio nuclear se ubicase en su término municipal, con el argumento de que creará riqueza.

Cospedal será la encargada de la clausura del evento. “Queremos ser un foro abierto de discusión para que los expertos exploren la actual situación energética desde ópticas diversas”, ha señalado el alcalde del municipio, Alejandro Pernías. Y pese a que fue descartado el ATC formará parte de una de las ponencias, bajo el lema 'Las cuentas de la Energía y el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas'.

Queremos ser un foro abierto de discusión para que los expertos exploren la actual situación energética desde ópticas diversas

Alejandro Pernías — Alcalde de Villar de Cañas

El actual alcalde, que sustituyó al defenestrado José María Sáiz después de sus exabruptos contra la hoy eurodiputada Irene Montero, dice que “Villar de Cañas ha estado y sigue estando en el centro de un debate nacional debido al Almacén Temporal Centralizado, ATC, proyecto para el que el que fuimos designados sede por el Gobierno de España”, ha recordado.

En su opinión, “es un buen momento para liderar desde nuestro municipio una jornada que ofrezca, a través de quienes tienen conocimientos y experiencia, propuestas y conclusiones sobre la situación en la que se encuentra nuestro país”.

El PSOE ve “provocación” en la visita de Cospedal para “revivir” el proyecto

El PSOE de Cuenca ha calificado de “provocación” la anunciada visita de María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha, al municipio conquense “para tratar de revivir, bajo el paraguas de unas jornadas sobre energía y medio ambiente, un proyecto nefasto como es el Almacén Temporal Centralizado”.

Hay que recordar que el Foro Nuclear anunciaba en febrero de 2024 la presentación de sendos recursos contencioso-administrativos contra el abandono del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas y el nuevo Plan General de Residuos Nucleares, así que el 'entierro' definitivo del proyecto no es tal y todas las alarmas se han disparado.

Además, los socialistas conquenses critican que la 'popular' haya elegido la provincia de Cuenca “para intentar lavar su imagen política, profundamente dañada, tras la publicación de los escandalosos audios en los que afirma de forma literal que ”hay que matar al fiscal Grinda“.

“Estas palabras gravísimas y totalmente antidemocráticas, descalifican a Cospedal para ejercer cualquier tipo de liderazgo político en la provincia de Cuenca y en cualquier lugar. A esto se suma que una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal en los inicios de este proyecto, cobró 37 millones de euros de Enresa para hacer el ATC sin mover ni una sola piedra”, han comentado.

Debería darle vergüenza pisar Villar de Cañas para remover este proyecto con el que ya se lucró sobradamente su ahora exmarido

PSOE Cuenca

Se refiere a la denuncia que realizó la Plataforma contra el ATC en Cuenca allá por 2026 ante la Fiscalía Anticorrupción que, por aquel entonces aseguraba que “la gran valedora del proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, ha sido María Dolores Cospedal, que junto a su marido, controlaron el proyecto desde el principio”, en palabras de la portavoz de la plataforma, María Andrés.

“Debería darle vergüenza pisar Villar de Cañas para remover este proyecto con el que ya se lucró sobradamente su ahora exmarido”, han aseverado desde el PSOE de Cuenca.

Que la expresidenta regional irrumpa en un momento clave para la consolidación de nuevos liderazgos populares demuestra que el PP está inmerso en una lucha de poder y da la espalda a los intereses reales de la ciudadanía conquense

PSOE Cuenca

Por otro lado, a su juicio, la visita de Cospedal deja al descubierto “las profundas divisiones internas del Partido Popular en Cuenca, Cospedal viene a la provincia a mostrar su respaldo al actual presidente del PP, Benjamín Prieto, a la vez que debilita a Beatriz Jiménez, actual portavoz del PP en la provincia, a la que su propio partido parece estar desautorizando”.

“Que la expresidenta regional irrumpa en un momento clave para la consolidación de nuevos liderazgos populares demuestra que el PP está inmerso en una lucha de poder y da la espalda a los intereses reales de la ciudadanía conquense”, defienden desde el PSOE, que alegan que “no hay nadie en el PP de Cuenca capaz de desacreditar y desautorizar a Cospedal, ”ni siquiera tras quedar en evidencia su vínculo con el caso Villarejo“.

Desde el PSOE de Cuenca han reiterado también su “firme oposición a cualquier intento de reactivar el ATC en Villar de Cañas” y exigen al PP que no utilice esta provincia “para revivir fantasmas, ni para insuflar oxígeno a quienes representan lo peor de la política del pasado en esta tierra”.

El expresidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) José Luis Navarro ha subrayado que la conocida como tasa Enresa es “absolutamente inevitable” y ha advertido de que si esta compañía pública no recibe los ingresos suficientes, llegará un día en el que no podrá gestionar “con seguridad” los desechos nucleares.

“Todo lo que se reduzca -la tasa- será insuficiencia de fondos”, ha advertido este lunes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, en la que ha comparecido, a petición del PSOE, en el marco del periodo informativo de la proposición de ley impulsada por Vox para reducir la tasa Enresa que pagan las centrales nucleares.

En su intervención, el que fuera presidente de esta compañía estatal entre 2018 y 2024 y consejero de la Junta de Extremadura, ha rogado a sus señorías que distingan entre dos debates, el de la energía nuclear y el de la gestión segura de sus residuos porque estos “no tienen color político”.

Tras aclarar que la conocida como tasa Enresa es, jurídicamente, una prestación patrimonial pública de carácter no tributario, Navarro ha explicado que la única misión de Enresa es prestar el servicio público esencial de gestión de los residuos radioactivos y de desmantelamiento de las instalaciones nucleares.

En este sentido, ha señalado que cualquier industria debe entregar sus residuos a un gestor autorizado y pagar por ello un precio de mercado, al igual que ocurre en el caso de las plantas nucleares, con la diferencia en este caso de que el único gestor autorizado es la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos.

Ha recalcado que las centrales nucleares pagan la tasa Enresa solo mientras está funcionando, de modo que el día que dejen de operar -lo harán de manera escalonada entre 2027 y 2035 según el calendario fijado por el Gobierno- ya no aportarán fondos. De este modo, ha apuntado, Enresa dejará de recibir ingresos en 2035 pero tendrá actividad hasta 2100 -que es cuando concluye su plan de gestión de residuos radioactivos-, un periodo en el que tendrá que desmantelar siete reactores, construir un gran almacén subterráneo y transportar a este el combustible nuclear de todas las centrales.

“El que seamos rigurosos y acertemos en las previsiones de cuáles son los costes futuros, hará que el dinero que haya en las cuentas de Enresa el día que pare la última central sea o suficiente o insuficiente”, ha expresado Navarro. Si es deficiente, ha añadido, “el responsable de haber generado esos residuos ya no tendrá ninguna responsabilidad”, y solo habrá dos alternativas, recaudar fondos vía impuestos o a través de la tarifa eléctrica.

En este punto, el expresidente de Enresa ha explicado que en otros países el modelo es completamente distinto y ha puesto como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde cada central gestiona sus residuos y “una vez que ha parado tiene que seguir muchos años costeando la gestión de sus residuos”.

A su juicio, se trata de un modelo “mucho más justo y equitativo” que el español porque “quien causó el problema va a seguir siendo el responsable de solucionarlo hasta el último día”.

“El modelo americano yo lo firmaba ahorra mismo, cogíamos los 8.000 millones -fondo con el que cuenta Enresa para el desmantelamiento nuclear y que aspira a alcanzar los 20.120 millones- y les decía a las empresas, toma, y ahora el riesgo es tuyo”, ha expresado.

Sin embargo, según ha indicado, la mayoría de los estados occidentales han dejado esta responsabilidad en manos públicas para que los ciudadanos tengan la seguridad de que los residuos “no se gestionan buscando el ahorro del último céntimo, sino que la prioridad es la seguridad”.

En respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, José Luis Navarro ha señalado que si se alarga el funcionamiento de las centrales nucleares, habrá una mayor volumen de residuos, aunque “no tendría un impacto proporcional”.

Ha defendido además la “excelencia” de los técnicos que elaboran los planes generales de residuos radioactivos (PGRR), con independencia de quien gobierne y, al ser preguntado por si se paga también una tasa por los residuos que generan las fuentes renovables, ha respondido que hay una “gran diferencia” porque estos últimos “no son mortales”. 

El agua ha vuelto a irrumpir en la celda 29 del almacén de residuos nucleares de media y baja actividad de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba). Las fuertes lluvias del pasado marzo provocaron un derrumbe en una zanja durante unas obras y el problema de las filtraciones ha vuelto a reproducirse en esa instalación. La celda almacena residuos de muy baja actividad y acumula sobrecostes millonarios desde que se amplió a finales de la pasada década.

Las nuevas filtraciones de agua han aflorado tras unas obras de mejora que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigió en 2020 al detectarse ese mismo problema. Ahora, el agua ha vuelto a aparecer en el almacén, un año después de que el regulador nuclear autorizara que se pudiera guardar más material allí, y tras una serie de obras para las que se han destinado 3,2 millones de euros y que todavía no han concluido, tras sucesivos retrasos. Enresa ha invertido en total en la celda 29 unos 15 millones, según datos facilitados por la empresa estatal.

Según documentación del CSN, las fuertes lluvias caídas en la zona entre los pasados 27 y 31 de marzo provocaron “el derrumbamiento de unas vías transversales de evacuación del agua en una zanja” que se había excavado en las inmediaciones de la celda para inspeccionar soldaduras en las láminas que conforman el suelo de la celda 29, compuesto polietileno de alta densidad (PEAD), un material utilizado para drenaje, protección e impermeabilización de obras.

Tras el derrumbe, se produjo “la entrada de agua directa en la Red de Recogida de Lixiviados”, los líquidos formados por los residuos, en cantidades superiores a las permitidas por el CSN, “sin que se haya producido ningún vertido al exterior”.

La empresa estatal que gestiona los residuos nucleares asegura que el problema está resuelto. Explica por correo electrónico que “durante el mes de marzo Enresa estaba realizando tareas de inspección y mejoras de la lámina de PEAD de la celda 29, conforme a los compromisos adquiridos con el CSN. Estas actuaciones coincidieron con las grandes lluvias que se produjeron a finales del mes de marzo, lo que provocó la recogida de agua pluvial en el sistema de recogida de agua de la celda, por no estar las mejoras totalmente implantadas”. 

“El CSN solicitó, por una parte, el informe de valoración del comportamiento de la celda, en el que se puso de manifiesto la ausencia de contaminación del agua recogida y, por otra parte, tomar las medidas oportunas para concluir las mejoras en curso”. Enresa explica que “el informe se ha remitido y las mejoras se han concluido, de forma que la celda está operando con normalidad, de lo que se ha dado cuenta al CSN”.

Otras fuentes aseguran que “la realidad es que sigue entrando agua” pese a la millonaria inversión en una obra que “fue un desastre desde su inicio” y sigue acumulando problemas y sobrecostes. Según trabajadores consultados, “entra agua hasta por los tornillos” y la situación no se ha resuelto.

La celda 29 está diseñada para albergar material con bajo contenido radiactivo. Generalmente, chatarras y escombros que no requieren ser almacenados en celdas de hormigón. En su mayoría proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y solo son radiactivos durante décadas, a diferencia de los de media y alta actividad, que lo son durante cientos o incluso decenas de miles de años.

Los problemas en esta celda se detectaron durante la fase final de la construcción de la sección II, encargada a la constructora Copcisa. Tras la perforación accidental de una de las láminas del vaso, coincidiendo con un periodo de lluvias, se detectaron las primeras acumulaciones de agua en la red de lixiviados. En septiembre de 2018 empezaron a recogerse volúmenes superiores a los permitidos de forma recurrente. En 2020 el CSN prohibió la entrada de material, aunque la celda llevaba desde 2016 sin recibir bultos para hacer frente a esa ampliación. El regulador nuclear exigió un plan de actuación integral para resolver un problema que en abril de 2022 Enresa daba por “controlado”.

Un año después, en abril de 2023, el CSN autorizó que se pudieran volver a introducir residuos a cambio de instalar, “en el plazo más breve posible y no más tarde de final de 2023”, una cubierta en las zonas que todavía no estaban techadas para proteger ese material de posibles lluvias intensas. Hasta entonces, solo se podrían almacenar residuos en la zona ya techada.

Las obras se han retrasado considerablemente. En octubre de 2022, Enresa adjudicó el diseño, suministro y montaje de esa cubierta portátil a una empresa especializada, la catalana Okatent, por 2,8 millones, muy por debajo del presupuesto inicial, de casi 5 millones (más IVA). Los trabajos, que incluían acondicionar el fondo del vaso y la zona circundante para garantizar su estanqueidad, debían estar culminados en 11 meses, pero el plazo se ha ido alargando sucesivamente. 

Primero, a octubre de 2023, luego a finales de diciembre, más tarde a febrero de este año, después al pasado 27 de abril... Hace unas semanas, el CSN autorizó otra ampliación hasta el 31 de diciembre, con la condición de no almacenar residuos hasta acabar la “restauración” de la zona, “finalizar las actuaciones iniciadas que han dado lugar a las excavaciones y zanjas en el perímetro de la celda y reacondicionar la zona excavada para volver a la configuración de diseño original”. El CSN también acaba de reclamar a Enresa que refuerce la vigilancia radiológica de la celda 29.

El regulador nuclear ha comprobado que el retraso en el montaje de esa cubierta “es un tema administrativo” y no plantea dificultades técnicas. La estructura “está prácticamente terminada” pero “según Enresa el contratista incumple reiteradamente los compromisos y plazos requeridos”. Y la empresa pública “no puede dar un plazo exacto de finalización de la obra”. “Según sus mejores estimaciones el montaje de la cubierta, incluyendo la instalación de las lonas, podría finalizar en julio de 2024”. 

Enresa, añade la documentación de los técnicos del CSN, “está haciendo un esfuerzo por mantener el entendimiento con el contratista para que finalice la obra, dado que el cambio de empresa tendría consecuencias legales y conllevaría unos plazos administrativos inasumibles”.

Contratiempos

Para justificar el retraso, el contratista ha alegado diferentes contratiempos, según la documentación del expediente: retrasos en los suministros, especialmente del acero corrugado y del hormigón, “dificultades” por “el hecho de trabajar en una instalación nuclear y de difícil acceso” como El Cabril, en la remota Sierra de Albarrana; “mayores complejidades de las inicialmente previstas” y, “en general, por la necesidad de adoptar medidas especiales orientadas a no dañar la lámina de PEAD que cubre el fondo, taludes y bermas de la sección II de la celda 29 sobre la cual se apoya esta cubierta”.

A 31 de diciembre de 2023, la Celda 29 albergaba 25.670,39 metros cúbicos de residuos radiactivos, con un grado de ocupación del 26,7%, explica Enresa. La empresa pública, cuyo presidente, José Luis Navarro, comparecerá en los próximos días a puerta cerrada en el Congreso, está tramitando una ampliación de El Cabril, ubicado en lo profundo de la sierra cordobesa, en una zona escasamente poblada, y que se caracteriza por una fuerte endogamia en su plantilla. El objetivo de esa ampliación es duplicar su capacidad y hacer frente a la avalancha de residuos que va a propiciar el progresivo desmantelamiento de las nucleares, de cara al apagón progresivo que comenzará el 1 de noviembre de 2027 con el cierre de Almaraz I.

La celda 29 fue la primera estructura que se construyó en El Cabril para guardar de forma definitiva residuos de muy baja actividad, tras el incidente de la acería de Acerinox en Los Barrios (Cádiz). En mayo de 1998, una fuente radiactiva de Cesio-137 se fundió en el alto horno de la multinacional en esa localidad gaditana y contaminó gran cantidad de material metalúrgico. La nube de polvo radiactivo se detectó en varios países europeos. Se originaron muchos metros cúbicos de cenizas contaminadas que acabaron en El Cabril.

El Ministerio de Industria autorizó la construcción de la celda en 2006. El presupuesto se fijó inicialmente en unos 9 millones. Enresa cifra “el coste total de las obras, servicios y suministros de la Celda 29” en los citados 15 millones.

La construcción de la primera fase, encargada a ACS, se inició en febrero de 2006. En octubre de 2008, tras el visto bueno del Ministerio de Industria y el CSN, empezaron a guardarse residuos. En mayo de 2017 se adjudicó a Copcisa por algo más de un millón (el presupuesto inicial era de 2,66 millones) la obra de cierre de la Sección I de la celda y la construcción de la Sección II. El contrato sufrió varios modificados de plazos e importes.

Poco después llegaron las primeras filtraciones de agua y en 2020, el CSN dio la orden de abordar ese plan integral. Desde entonces Enresa se ha gastado 3,2 millones en diversos trabajos de acondicionamiento e impermeabilización, según datos disponibles en la plataforma de contratación del Estado. Pese a las millonarias inversiones, la instalación “hace aguas”, como dice otra fuente muy crítica con su gestión.

Foro Nuclear ha anunciado este martes la presentación de sendos recursos contencioso administrativos contra el abandono del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas y el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre pasado. El lobby nuclear ha anunciado estos recursos en paralelo a las alegaciones a la subida de un 40% de la denominada Tasa Enresa que ha propuesto el Ministerio para la Transición Ecológica para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos, una vez descartado definitivamente el ATC de Cuenca.

Los recursos que se han interpuesto este martes son dos. Uno contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 por el que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos. Y otro contra el acuerdo por el que se adoptan las instrucciones necesarias para el abandono del proyecto para albergar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

En este último recurso “se insta a Enresa”, la empresa pública que gestiona los residuos, “a llevar a cabo las actuaciones que proceden para la terminación ordenada de los procedimientos iniciados para su puesta en funcionamiento”.

Foro Nuclear ya trasladó el pasado 8 de enero que el nuevo plan de residuos, que apuesta por enterrar los residuos en almacén geológico profundo dentro de medio siglo y guardar hasta entonces los residuos en almacenes independientes, suponía “un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas”. La asociación indica que “en ningún caso” estos extra-costes “deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros” a través de la Tasa Enresa.

El coste superior de este nuevo Plan, recuerda, “supone un cambio sustancial de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la Tasa Enresa” para un apagón nuclear progresivo a partir de 2027. Una tasa “que ahora se pretende incrementar en un 40%”.

En sus alegaciones, Enresa solicita “una mayor información económica que justifique este incremento, así como la eliminación de los extracostes derivados del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que no son imputables a las centrales nucleares”. 

También reclaman sacar de ese fondo el importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, así como la reasignación al Fondo de Enresa de la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Foro Nuclear subraya que las centrales nucleares españolas “están sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas”.

“Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento”.

Por todo ello, el sector nuclear reclama una “mesa de diálogo” con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, se ha mostrado este martes en contra de aumentar un 40% la 'tasa Enresa', como ha propuesto el Gobierno. Araluce ha pedido al Ejecutivo que se replantee el calendario de cierre de las centrales nucleares, pactado con sus titulares entre 2027 y 2035.

El Gobierno quiere elevar a 11,14 euros/MWh la llamada 'tasa Enresa' con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Esta cuantía supone un 40% más que la fijada en la actualidad, y que se sitúa en 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de estas nueva tarifa sería a partir del 1 de julio de 2024.

Así consta en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.

Araluce ha explicado en un encuentro con los medios, que han solicitado la información económico-financiera a Enresa con la que apoya esta subida de un 40% y pedido una ampliación del plazo para hacer alegaciones al Real Decreto, que se encuentra en fase de consulta pública desde el pasado 13 de enero y, en principio, hasta el próximo 2 de febrero.

En el proyecto de Real Decreto, el Ejecutivo argumenta que durante la tramitación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) se pusieron de manifiesto “las dificultades” para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en el 6º PGRR y que iba a ubicarse en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Por este motivo, el 7º PGRR, aprobado el pasado mes de diciembre, descarta esta opción y se opta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instalaciones atómicas y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que incrementa el coste de la financiación de la gestión de los residuos. En total, el plan prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros a sufragar, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga', con el fondo para la financiación del PGRR, que está dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.

Además, el Ejecutivo añade que los cálculos de financiación también han variado por la inflación real de los años 2021 a 2023, “claramente superiores” a los que se calcularon en 2019.

Araluce lamenta que el Ejecutivo ha redactado el Real Decreto sin tener previamente ninguna comunicación con el sector y rechaza que el sector tenga que sufragar el sobrecoste que supone un cambio del modelo de gestión de residuos nucleares por falta de consenso social e institucional. Tampoco entiende que el Ejecutivo aplique la inflación de estos últimos años, que afecta a materias primas, a la construcción de contenedores o al hormigonado.

El presidente del Foro Nuclear señala que las titulares de las centrales ya destinan cada año 450 millones de euros al fondo Enresa para la gestión de residuos y critica que actualmente ese fondo “es menor” que el año pasado porque supone que han cambiado los criterios de inversión. “¿Por qué voy a tener que pagar yo esa gestión”, se pregunta.

Además, asegura que los 'extracostes' del 7º PGRR podrían cubrirse si las centrales operaran cuatro o cinco años más porque aportan cada año 450 millones al fondo Enresa, y el sobrecoste asciende a unos 2.000 millones de euros. A su juicio, el coste de gestionar los residuos adicionales por extender la vida de las centrales sería mucho menor que esos 450 millones de euros.

60 años de funcionamiento

Además, ha asegurado que las siete unidades que operan en España pueden funcionar hasta 60 años. En este sentido, ha señalado que cuando el Ejecutivo y el sector nuclear firmaron un acuerdo para el cierre ordenado de las centrales, entre 2027 y 2035, la idea por parte del sector no era el cierre sino la continuidad porque en ese momento había partidos políticos que reclamaban una clausura inmediata.

Igualmente, añade que desde 2019 han pasado muchas cosas que hacen que deba replantearse esa decisión, como la pandemia, problemas con las materias primas o la guerra de Ucrania y la correspondiente crisis energética. “Los países con energía nuclear han decidido seguir alargando la vida de sus centrales y construir nuevas”, ha dicho para añadir que países que no tenían hasta ahora energía nuclear también han decidido empelarla.

Por ello, insiste que hay que replantearse el cierre y que lo que al sector le gustaría es llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, sentarse con el Gobierno y hablar del futuro. No obstante, según ha apuntado, no se ha producido una petición formal de encuentro en estos últimos tiempos.

Los siete reactores nucleares españoles en operación generaron en 2023 el 20,34% de la electricidad consumida -54.275,01 GWh- y, según el sector, han conseguido evitar unos 20 millones de toneladas de CO2. A juicio de la industria nuclear, estas cifras reflejan el “esencial” papel de esta energía tanto en el proceso de descarbonización como en la estabilidad del sistema.

De este modo, con una potencia instalada neta de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, es la segunda fuente de producción en España, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear. Además, añaden que la producción eléctrica nuclear ha supuesto en 2023 el 28,16% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España.

“Estos datos demuestran la garantía de suministro que ofrece día a día y año tras año la energía nuclear --ha indicado Araluce--. El sistema eléctrico necesita contar con fuentes de base, estables y con una producción constante como la nuclear, que aporta estabilidad, robustez y potencia firme al sistema”.

Además, el presidente del Foro Nuclear ha insistido en que la energía nuclear en España es muy competitiva y podría serlo incluso más “si la carga fiscal a la que está sometida se redujera”. En cualquier caso, ha asegurado que sin la nuclear, los precios de la electricidad serían superiores.

División en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por varias decisiones que suponen condiciones más laxas al sector y que algunas fuentes critican como indicios de “captura” del organismo.

Las últimas sesiones del pleno han estado marcadas por varios votos y comentarios discrepantes, en especial, del consejero Francisco Castejón, físico nuclear, histórico militante antinuclear de Ecologistas en Acción y designado a propuesta de Podemos en 2019. 

Castejón ha lamentado que el CSN haya suavizado varias exigencias a las empresas en su informe sobre el nuevo reglamento que regula al sector y ha cargado junto a otra consejera, Elvira Romera, contra un cambio organizativo en la fábrica de combustible de uranio de la empresa estatal Enusa en Juzbado (Salamanca).

También ha reclamado un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona), de Endesa, por un problema técnico que, si bien no ha tenido consecuencias para la seguridad nuclear, el CSN tardó 23 años en detectar y “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad” de la planta.

La última discrepancia surgió el 20 de diciembre. El último pleno de 2023 aprobó su informe preceptivo sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas (RINR) que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) sacó a consulta en octubre de 2022.

Castejón presentó un voto discrepante con varios puntos del informe. Entre ellos, la obligación de que las instalaciones nucleares o en desmantelamiento cuenten con personal con una licencia específica, cuestión que el pleno aprobó determinar en función de la situación de cada planta y los riesgos, “y a propuesta del titular”.

Castejón y Romera se opusieron, como explica el voto particular del primero: “Es más apropiada la redacción original propuesta por el MITERD sin los añadidos propuestos en el informe del CSN. Obviamente, el CSN tiene capacidad para requerir al titular que tenga personal con licencia, sin que el titular se lo proponga. Y podría exigirlo de oficio. Este punto de vista es compartido por la consejera Romera y por mí mismo”, se lee en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es

No es el primer choque por el asunto de las licencias que protagonizan estos dos vocales. En noviembre ambos se opusieron a un nuevo modelo de licencias del personal de la fábrica de combustible de Enusa en Juzbado que se aprobó por tres votos contra dos y “aclara”, según el acta del pleno, el concepto de “dedicación exclusiva” a los puestos de supervisor y operador de sala de control en esa planta.

El modelo, propuesto por la propia Enusa, sustituye a otro que aprobó por unanimidad el pleno en junio de 2021, meses después de que entre octubre y noviembre de 2020 una acumulación sustancial de polvo de uranio en una zona de difícil acceso diera lugar a un incendio al intentar resolver el problema.

El incidente fue calificado en diciembre de 2020 como “anomalía” de nivel 1 en la escala INES (el más bajo en la escala de peligrosidad es el 0), sin riesgo para los trabajadores, el público o el medio ambiente. Pero reveló “ciertas deficiencias en factores relacionados con los procedimientos de la fábrica y algunas debilidades en la actuación del titular en cuanto a las acciones necesarias para la recuperación del material nuclear”, dijo entonces el CSN.

En 2021 se aprobó, como consecuencia de ese incidente, un nuevo modelo de licencias para determinados puestos clave de la planta. Pero en julio pasado Enusa propuso esta modificación aprobada por la mínima, que desaconsejó un informe técnico del CSN.

El área especialista de Formación, Organización y Factores Humanos (OFHF) advirtió de que el nuevo modelo, que elimina la exclusividad de las licencias de operación en el desempeño de sus funciones, implica “falta de claridad y trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”, implica “un inadecuado control de la preparación y ejecución de los trabajos” y supone “un cambio de rumbo sustancial” que “podría ser debido, aunque esto no ha sido reconocido por el titular, a dificultades conocidas y previstas, pero no resueltas a tiempo” por Enusa, para “encajar” el modelo que se aprobó en 2021 “en su organización actual de 2023”.

Sin embargo, tras la elaboración de ese informe, el superior jerárquico del área especialista, el recientemente nombrado subdirector de tecnología nuclear STN, discrepa con ese dictamen, según Castejón, “sin el apoyo de otra evaluación” y basándose en argumentos como el de que “la responsabilidad de la seguridad recae sobre el Titular y, en ausencia de referencias para el establecimiento del modelo de licencias, es su responsabilidad determinarlo, de acuerdo con su experiencia y conocimiento de los riesgos de la instalación”.

Castejón consideró “inadecuado que el personal con licencia comparta varios puestos de trabajo, favoreciendo una situación en la que los roles y las responsabilidades se entremezclen, pudiendo dar lugar a duplicación de trabajos o no tratamiento (o tratamiento inadecuado) de temas fronterizos entre disciplinas”. “Habilita la desaparición de la vigente unidad organizativa de Seguridad Nuclear, cuyas funciones y responsabilidades se diluirían” con las de operación, lamentó.

La consejera Romera señaló por su parte que ese informe técnico indicaba que la modificación propuesta “no es adecuada”. “El modelo de licencias de personal de operación para la fábrica de Juzbado, que ya se aprobó en el pleno del 9 de junio de 2021 por unanimidad, es el que debe continuar en vigor”, expuso. 

Expediente a Ascó

También hubo discrepancias en el pleno del 4 de diciembre. Mientras el consejero Javier Dies (único propuesto por el PP) lamentó que el director del Gabinete del presidente del CSN se dedique “a censurar las notas web o notas de prensa de los consejeros” y a “eclipsar” su labor, Castejón planteó un voto particular a un cambio de las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de la central de Ascó.

Este vocal votó a favor del cambio, relativo al nivel de presión de un componente, la turbobomba de agua de alimentación auxiliar (TBAAA) de los reactores de Ascó, que registra desde 1999 niveles inferiores a los de las ETF. Lo avaló “debido a que la evaluación muestra que no se ha menoscabado la seguridad de las dos unidades de Ascó y de esta forma se subsana un error pasado que ha generado un incumplimiento de 23 años”.

Pero pidió abrir un expediente sancionador a la central, controlada por Endesa, por “autorizar de modo irregular y contrario a lo establecido en su permiso de explotación” un cambio de las ETF “sin solicitarlo por las vías reglamentarias”.

“Las ETFs son uno de los documentos oficiales de explotación más importantes de una central nuclear, ya que rigen la operación de sus equipos y sistemas de seguridad, uno de los cuales es la turbobomba de agua de alimentación auxiliar. Las ETFs son aprobadas por el MITERD previo informe favorable del CSN, y este procedimiento es el único posible para su modificación”, expuso Castejón.

Este vocal reclamó la “recalificación del incidente en la Escala INES que valore adecuadamente las deficiencias manifestadas por la organización de la central ”, así como “un análisis interno al CSN para averiguar las causas raíces que subyacen a que durante 23 años no haya sido detectado mediante los mecanismos de supervisión establecidos este incumplimiento de la central nuclear, y a que tras su detección en 2022 no se haya considerado la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear, ni su clasificación en la Escala INES”.

Castejón dejó claro en su voto discrepante que “en este caso el suceso no ha tenido impacto en la seguridad”, pero “muestra la caída de varias barreras de seguridad ante accidentes que no tendrían que haber ocurrido, y que en caso de que tuvieran lugar ante otro tipo de sucesos iniciadores, podrían haber conducido a peores consecuencias”.

Expone que Ascó detectó que la presión máxima de esos componentes era menor a la especificada tras sendos aumentos de potencia, en 1999 y 2004. Ese año, “la central nuclear aprobó en su máximo órgano de dirección y de modo unilateral”, sin solicitarlo al ministerio “ni informar al CSN, que se desviaría del cumplimiento del RV [requisito de vigilancia], y por tanto de la ETF, voluntariamente ante la imposibilidad de cumplirlo”.

La central tarraconense emitió entonces una “disconformidad” en el Programa de Acciones Correctivas (PAC), solicitando que se valorara un cambio de las ETFs para corregir esta desviación.

“Cinco días después esta acción del PAC fue cerrada sin ninguna acción, afirmando que como estaba en marcha el proceso de modificación del conjunto de las ETFs hacia las ETFs mejoradas, ya se incluiría en las nuevas ETFs la modificación pertinente”, dice Castejón en su escrito. “Estas ETFs mejoradas no han sido presentadas para aprobación al MITERD a fecha de hoy, y se ha comprobado que aún no se ha llevado a cabo la corrección del valor de la presión, en la redacción en borrador de dichas ETFs”.

Hasta febrero de 2022 el CSN no detectó, durante una inspección rutinaria, que la presión de vapor máxima en los reactores era inferior a lo requerido en las ETF “y solicitó un histórico de las presiones” para “ver desde cuando se tenía este problema”. En marzo de 2023, la central decidió notificar un “incumplimiento en forma” de las ETF que a juicio de Castejón “sigue presentando una redacción en la que no se reconocen los hechos en su justa medida”. El 30 de junio de 2023, la central presentó ante el ministerio la propuesta de modificación de la ETF para cumplir con sus requisitos.

Según Castejón, no comunicar ese incumplimiento de las ETF “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad de la organización de la instalación, con actuaciones que se consideraban superadas tras las deficiencias detectadas en 2007/2008 y sobre las que se impuso a Ascó un ambicioso plan de mejora”. En noviembre 2007, el grupo 1 de esta planta sufrió una fuga radiactiva que motivó una sanción de 15,3 millones de euros del gobierno de entonces, que acusó a Endesa de “ocultar” información sobre el incidente.

En su voto particular, Castejón expone que “el CSN tardó más de 23 años en descubrir el incumplimiento con sus métodos de inspección y supervisión. Tras su detección por parte de la inspección residente, en febrero de 2022, no se ha propuesto la apertura de ningún expediente sancionador, no se ha clasificado el suceso en la escala INES, ante las deficiencias en Cultura de Seguridad del titular puestas de manifiesto, y se ha permitido que el titular notifique como un simple incumplimiento formal de un RV, y no como un incumplimiento de ETFs”.

En el último pleno de 2023, Castejón también rechazó otros cambios propuestos en el informe del CSN al nuevo reglamento nuclear, como hacer “opcional” la transferencia de las autorizaciones de contenedores de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado en favor de Enresa, empresa pública en la que, como reveló elDiario.es, trabaja desde hace años un hijo del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo.

Considera “más correcta” la propuesta original del ministerio, “ya que establece una regulación inequívoca de la titularidad de las autorizaciones de contenedores”.

También rechazó el “excesivo” plazo de 18 meses (frente a los 6 del borrador original del ministerio) para presentar un plan de control de los materiales que pueden ser gestionados sin control del regulador nuclear. Y dijo no entender que el futuro reglamento señale que el ministerio tendrá un “registro de instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado” cuando el plan general de residuos radiactivos (PGRR) que aprobó el Gobierno hace unos días apuesta por enterrarlos definitivamente en un almacenamiento geológico profundo previsto para la segunda mitad de este siglo. 

Según Castejón, la “mera existencia” de ese registro abre “la posibilidad a que haya más de un almacenamiento definitivo de combustible gastado, lo cual no es lo previsto en el 7º PGRR”. También lamentó que ni el borrador ni el informe del CSN mencionen la responsabilidad civil a largo plazo en las zonas de instalaciones ya clausuradas que hayan sido declaradas libres del control regulador y tengan restricciones de uso.

Castejón planteó el año pasado más reparos a otras decisiones del CSN. En junio se opuso a que Enusa pueda mover unos contenedores con combustible nuclear quemado en su interior por las “incertidumbres” sobre su “comportamiento futuro”: “Me parece improcedente no poner una limitación temporal a su transporte una vez superada la vida de diseño de 50 años”. Y en marzo rechazó el “cumplimiento alternativo” de las condiciones que deben cumplir las membranas de más de 300 válvulas en la central de Almaraz. El CSN tenía que haber adoptado “medidas coercitivas” por un incumplimiento que, asegura, “ha pasado desapercibido desde 1993”.

Tras abandonar Álava por Sobrón, una carretera sinuosa bordea el río Ebro –muy caudaloso en esta época del año– y cruza túneles excavados en la roca. A unos kilómetros, ya en el Valle de Tobalina, un cartel de “Central Nuclear” obliga a poner el intermitente justo antes de llegar a Barcina del Barco, un pueblo de 75 habitantes de la provincia de Burgos. La ruta cambia el asfalto por otra superficie más rugosa y cruza el río por un puente. De frente, ocupando todo un meandro del Ebro y detrás de un cercado con verjas de unos cinco metros de altura, concertinas, cámaras y hasta tres jaulas con perros, se yergue Santa María de Garoña. El dictador Francisco Franco, grabado por el NO-DO, encendió esta planta de generación eléctrica en 1971 –“la más grande de Europa”, se dijo–, que cesó su actividad en 2012 sin que la producción energética española se resintiera, quedó clausurada definitivamente en 2017 y este 2023 ha empezado su desmantelamiento. “El cierre de Garoña es irreversible”, zanja Manuel Ondaro, ingeniero de minas, artífice del proceso de descontaminación de la central José Cabrera de Zurita y ahora al frente del equipo que, desde julio, ha empezado con las complejas tareas para acabar demoliendo la planta burgalesa que tenía tanto apoyo en la comarca donde estaba –a pesar de las pastillas de yoduro potásico almacenadas a montones para posibles emergencias– como oposición en las vecinas tierras vascas.

Santa María de Garoña era propiedad de Nuclenor, una sociedad participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola. Ahora se ha transferido a Enresa, una sociedad pública estatal especializada en la gestión de residuos nucleares. Dispone de diez años y de 655 millones de presupuesto –el equivalente a cuatro años y medio de la capacidad de gasto total de la Diputación de Burgos– para extraer con seguridad 2.505 'pilas' de uranio a razón de 270 kilogramos cada una, para desmontar el reactor y las turbinas y, tras otras complejas tareas, para acabar derribando los grandes edificios que han dibujado el 'skyline' del valle en las últimas décadas. Ondaro lidera un equipo de 31 profesionales de Enresa. La medida de la importancia de la operación la da que en Vandellós I fueron seis y, en la José Cabrera de Zurita, quince. Además, 70 trabajadores de Nuclenor se han quedado para esta nueva fase y se calcula en 185 los operarios de “empresas colaboradoras”. Serán casi 300.

Es un proceso de dos fases, una primera de tres años y una segunda de siete. Si todo va bien, este lugar será historia en 2033 y solamente quedará aquí un almacén temporal con los residuos más peligrosos. España no prevé abrir un cementerio nuclear –técnicamente “almacenamiento geológico profundo”– hasta 2073 y ni siquiera baraja una ubicación aún. Los restos menos peligrosos –de radiación muy baja, baja o media– viajarán a El Cabril, en Córdoba. Hay una estimación de que se enviarán allí unas 2.000 toneladas. El resto de materiales no radiactivos, otras 2.000 toneladas, si son reciclables, se reaprovecharán, como los de cualquier industria. Enresa entiende que Nuclenor ha mantenido en “buenas” condiciones las instalaciones durante estos años y facilitado el proceso. Se le devolverá el solar al término del plan.

En España, según datos de Enresa, apenas el 20% del 'mix' energético actual lo aportan las nucleares. De hecho, el consumo máximo ronda los 40.000 ó 45.000 MW/hora cuando la capacidad máxima es de 100.000. Quedan cinco plantas atómicas abiertas, con siete reactores. Son relevantes en el sistema pero no imprescindibles. De hecho, cuando se desconectó Garoña no hubo un apagón. Ni mucho menos. 300 ó 400 aerogeneradores pueden producir los 460 MW/hora de electricidad que tenía como pico máximo de producción esta planta burgalesa.

Zona 1: La entrada

“Bienvenidos a Enresa”, saluda Ondaro a los visitantes a los que, con carácter excepcional, se les han abierto las puertas de Santa María de Garoña. Antes, ya han superado un primer filtro de seguridad. Cualquier externo que cruce el perímetro verá cegadas las cámaras de su teléfono móvil y tendrá que firmar un compromiso de someterse a posibles controles de drogas, superar diferentes barreras y detectores, cambiarse el calzado y recibir un pequeño aparatito. Todo ello se firma con bolígrafos verdes de Enresa. “¿Todos tenéis el dosímetro?”, pregunta alguien. Ese utensilio, hecho en Finlandia, permite ir midiendo las dosis de radiación recibidas. Se chequea en cada zona introduciéndolo en una máquina a la que hay que meter varios códigos y ofrece un número ininteligible para los no iniciados junto al nombre y los dos apellidos del titular. “¿0,04? En un TAC recibes en segundos más dosis que la que he recibido yo en en 40 años trabajando en centrales nucleares. En un avión de Madrid a Nueva York puedes coger 20. Las dosis son bajísimas”, tranquiliza Óscar González, otro de los responsables de Enresa. La visita muestra que en algunos rincones hay un pequeño robot con un semáforo y señales acústicas: si la máquina está encendida, 'respira' el mismo aire que los humanos y avisa de los posibles riesgos.

En el edificio que hace las veces de recepción, donde hay una sala de conferencias y una cafetería, una especie de Atomium bruselense muestra en bolas futuristas de metacrilato maquetas de los pueblos del entorno, como la bella ciudad de Frías. Una placa aplaude la “trayectoria ejemplar” de la central nuclear y una pantalla invita a los vecinos de la comarca a una “merienda” navideña para el 15 de diciembre. Nuclenor se ganó a los vecinos con apoyo a la vida social de la zona. También hay avisos del comité de empresa, que alerta de recortes en los derechos de los trabajadores. En la pared, un póster con unos cervatillos dibujados junto al edificio del reactor reza “Garoña, una apuesta medioambiental”. “Transparencia total. Esto es un retorno a la sociedad”, justifican desde Enresa para explicar la jornada de puertas abiertas que, además, coincide con una inspección de Euratom, agencia europea de control de la energía nuclear. Por aquí pasan habitualmente también el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear español) o la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica).

—¿Hay ciervos?

—Tenemos seis gamos. Hembras la mayoría.

Preguntado por el póster, un guardia de seguridad, con 28 años de experiencia en la instalación y la fe de que nunca ha pasado nada peligroso allí, explica que dentro del complejo hay “muchos” animales. “Pero antes había más, ¿eh?”, apostilla. No hay posibilidad de comparar pero la realidad palmaria es que, en pleno día de Acción de Gracias, decenas –o quizás cientos– de pavos reales, algunos con llamativos plumajes azulados, se arremolinan en el lugar.

Zona 2: el reactor

Para entrar al reactor, apagado ya desde hace más de una década, la seguridad se redobla. Un vestuario permite al visitante cambiarse nuevamente de calzado –el de ahora promete eliminar el 99% de los virus “en apenas seis horas”– y enfundarse un mono negro, un verduguillo, un casco y unas gafas. Un aviso: hay que portar el mínimo de objetos porque, si se cae algo, podría “interferir” con las preceptivas medidas de seguridad. “Cultura de la seguridad”, recalcan los veteranos para recordar la importancia de observar siempre protocolos muy rigurosos. “Tres puntos de apoyo en las escaleras”, se escucha también. Un sistema de esclusas protege la atmósfera del entorno del reactor del resto del edificio. Son capas para evitar posibles fugas. La decoración es antigua, propia de una construcción de hace medio siglo. No hay iluminación natural ni ninguna referencia del exterior. Sin relojes, se pierde la noción del tiempo. Metros y metros de tuberías se entrelazan y todas las portezuelas tienen avisos de peligro. Se trata de zonas de “permanencia limitada”: cuanta menor exposición a la radiación, mucho mejor.

El reactor de Garoña es gemelo del de Fukushima, donde se produjo un accidente tras la actividad sísmica en Japón de 2011. Es de primera generación, el único en España de esas características. Un ascensor conecta los diferentes niveles del edificio. En la planta superior está la piscina que enfría las unidades de uranio, el peligroso pero potentísimo alimento de la central. Se trata de una pileta de 11 metros de profundidad, 14 de largo y 10 de ancho. Bajo cuatro o cinco metros de agua hay halos fluorescentes. “Es el efecto Čerenkov”, razona González, el guía en esta parte de las instalaciones. Se produce cuando las partículas viajan más rápido que la luz. Todas las 'pilas' de uranio, estrechas y alargadas (cuatro metros), empleadas durante cuatro décadas de generación de energía por fisión se enfrían aquí. El nivel de agua de la piscina es crítico. También su temperatura. Estos “elementos”, fabricados por una empresa llamada ENUSA y que tiene su sede en Juzbado (Salamanca), donde también se exporta al extranjero, son especialmente peligrosos durante sus doce primeros años de vida, pero también después durante un largo tiempo que nadie sabe definir. El agua por encima es un aislante portentoso, pero cuando se produjo la fuga en Fukushima llegó el desastre.

Los inspectores de Euratom revisan el lugar antes que los visitantes.

–Es la zona más comprometida.

–¿Qué pasaría si se extrae una de las barras?

–Es lo último que haríamos.

Una de las labores principales del desmantelamiento es precisamente sacar ese material con seguridad. Se van a preparar 49 contenedores. Se ha llenado ya uno con 52 barras y hay cuatro más listos para montar a partir de la segunda quincena de enero. Cada contenedor requiere dos semanas de trabajo y movilizar una grúa de grandes dimensiones que pesa 75 toneladas. Esa caja, que tiene varias capas de seguridad, tiene que ser gestionada con agua y máxima prudencia. Nada puede fallar. Eran 2.505 piezas de uranio y 2.453 siguen en la piscina. Hay mucho trabajo por delante.

Zona 3: la turbina

Del reactor se pasa a la turbina. Son grandes máquinas rotuladas por la casa “General Electric” de color verde militar. “Está contaminada por dentro, porque el vapor de agua iba con uranio”, explica ahora Marta Gómez, que es la jefa de Protección Radiológica. Ello obligará a trabajar con ello con estrictas medidas de seguridad, una vez más. Una simple comprobación con un medidor muestra cómo suben los niveles rápidamente.

El edificio de la turbina tiene cuatro plantas. En la superior están estas piezas más grandes, pero hay más estructura debajo, como calentadores y válvulas, indica Gómez. En la primera fase del desmantelamiento, este espacio se va a convertir en “edificio auxiliar de desmantelamiento”. Es decir, cuando se desmonte la turbina y se vacíe, se irán almacenando allí residuos radiactivos –salvo el uranio– y los “no clasificados” o normales. Se ordenarán, se prepararán con seguridad y, en caso de requerirlo, se irán enviando a Córdoba. En la calle esperan decenas y decenas de bidones numerados para esta misión. “Hay que revisar todo tornillo a tornillo”, bromea su colega González.

Toca abandonar la zona “comprometida”. El calzado se desinfecta con vapor frotándolo en unas máquinas especiales. Después hay que tirar el buzo, los guantes y otras protecciones. Finalmente, cada visitante tiene que encerrarse en una cabina en la que una máquina pide hacer determinados movimientos para sus comprobaciones, no muy explicadas. Los objetos son analizados en otro escáner independiente. “Cinco, cuatro, tres, dos, uno”, se escucha por un altavoz interno dentro de la cabina. “¡Limpio!”, despacha finalmente la voz grabada de una mujer antes de abrir la puerta y permitir la salida.

Zona 4: el ATI

Las siglas ATI, en Garoña, responden a “Almacén Temporal Individualizado”. Es el espacio a cielo abierto de nueva construcción donde se irán colocando los contenedores con el uranio que se saca de la piscina del reactor. Son cilíndricos y blancos y se ubican en vertical. No se parecen en nada a los de la marina mercante. En el suelo, se distinguen losas de dos colores. En las más grises van los contenedores. Esa zona en concreto “está diseñada para que en el caso del peor terremoto” no se derrame el uranio, algo que sería catastrófico.

Ahora se yerguen cinco contenedores en el ATI, rodeado de verjas, avisos y cámaras de videograbación. Uno está lleno –el único que tiene cableado para su monitorización– y cuatro más están listos para ser cargados. Hay espacio pensado para 60, pero con 49 se podrán recoger las 2.505 barras, en principio. Vacíos pesan 60 toneladas y llenos superan las 70. Los inspectores de Euratom pueden acceder a datos y comprobaciones de todos los recipientes. Sabrían en el acto si se han manipulado una vez sellados y España se expondría a una sanción. “Estamos sometidos a reguladores internacionales para que el material nuclear no sea empleado para otros usos”, cuenta Ondaro.

Zona 5: la sala de control

La sala de control es el cerebro de Santa María de Garoña. Es un espacio operativo las 24 horas del día y monitoriza cada movimiento dentro del recinto. Ahora lo gestionan un supervisor, un operador y dos auxiliares. Cuando la central estaba operativa eran el doble: un supervisor, su ayudante, dos operadores y cuatro auxiliares. El espacio tiene unas mesas centrales de trabajo rodeadas por un enorme panel de controles que ocupan varios metros de pared. Es imposible ofrecer una cifra aproximada del número de botones que se pueden pulsar y mucho menos la función de cada uno de ellos. Enresa indica que el 80% de esas conexiones ya están desactivadas. “Se van desconectando poco a poco”, indica Montse Pérez, responsable de Comunicación de la sociedad estatal. De hecho, hay ya paneles enteros tapiados. Eso sí, se han colocado dos monitores nuevos para medir el “nivel y temperatura” de la piscina y hacer seguimiento de los contenedores del exterior.

Cada mesa de trabajo tiene tres teléfonos. Uno, el blanco, permite llamadas al exterior. Otro, el negro, es para comunicaciones internas. El tercero, antiquísimo, es para dar avisos por megafonía. Tiene una palanquita metálica para que ese mensaje llegue alto o muy alto a las personas en el interior de la planta, en función de la gravedad de la comunicación. En realidad, los pasillos de Santa María de Garoña están llenos de viejas cabinas telefónicas que siguen operativas y que ofrecen una comunicación interna ágil y estable. Hay que usar esos teléfonos siempre con guantes.

El desmantelamiento de Garoña es irreversible y desde la segunda mitad de 2024 cogerá velocidad de crucero. Ya no hay decisión administrativa o capricho político de gobernantes de aquí o allá, por muy gallardos que sean en sus declaraciones, que le dé marcha atrás. “Sería más barato hacer una nueva entera que remodelar esto”, coinciden varias fuentes. No se aprecia vértigo en el equipo de Ondaro, como se titulaba la primera canción del disco de U2 'How to dismantle an atomic bomb' que la banda irlandesa lanzó en Estados Unidos un 23 de noviembre (pero de 2004), un día antes en el Reino Unido. Uno, dos, tres: “¡Limpio!”.

El proyecto para el desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es “factible, viable y se puede ejecutar respetando las normas de seguridad”, tal como han comprobado miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una visita realizada este martes a las instalaciones burgalesas.

El presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha encabezado la delegación, en la que han participado también los consejeros Francisco Castejón y Elvira Romera, con el objetivo de conocer in situ los trabajos que se van a desarrollar en la primera fase del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de Garoña, ha informado el CSN en nota de prensa.

La delegación ha estado acompañada por el presidente de Enresa, José Luis Navarro; por el director del proyecto de desmantelamiento, Manuel Ondaro; y el director de ingeniería de Enresa, Mariano Navarro, y ha recorrido lugares clave de la instalación como la sala de control, el edificio del reactor y la piscina de combustible.

“Vemos un proyecto factible, viable y, sobre todo, destacamos que se puede ejecutar respetando las normas de seguridad, tanto para los trabajadores, como para la población en general y el Medio Ambiente”, ha afirmado el presidente del CSN.

Además, la delegación ha accedido al edificio de Turbina, que a lo largo de la Fase 1 será reacondicionado como nuevo Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD), así como al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central donde se almacenará el combustible gastado.

“Enresa ha tomado ya el control del emplazamiento y tiene perfectamente planificadas las actuaciones que tiene que realizar para un desmantelamiento adecuado”, ha aseverado Lentijo.

La jornada ha concluido con una reunión en la que se han abordado asuntos relativos al estado actual del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura.

Familiares, vecinos y autoridades han dado este miércoles un último adiós al que fuera alcalde de Ciudad Real desde 1995 a 2007, el popular Francisco Gil-Ortega, quien falleció de manera repentina este martes a los 73 años de edad.

Al funeral, celebrado este miércoles en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real, han acudido numerosos representantes políticos de distintos partidos políticos y etapas, entre los que se encontraban el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, o el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

También han estado presentes la delegada provincial del Gobierno regional en Ciudad Real, Blanca Fernández; la exalcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y otros miembros del PSOE que compartieron corporación con Gil-Ortega, como Nicolás Clavero y Ángel Amador.

Al sepelio también han acudido representantes de diferentes organizaciones sociales de la provincia de Ciudad Real como Asaja, Afammer o Fecir.

Francisco Gil Ortega fue alcalde de Ciudad Real entre los años 1995 y 2007. Además, ha ostentado numerosos cargos como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entre 2012 y 2015. Anteriormente fue presidente del PP de Ciudad Real entre 1993 y 1996, senador de 1989 a 2004 y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 2007 y 2012.

Luto en Ciudad Real

Tras trascender la noticia del fallecimiento de Gil-Ortega, el Ayuntamiento de Ciudad Real celebró un pleno extraordinario durante la tarde del martes para decretar un día de luto oficial.

Numerosos representantes políticos y de partidos políticos tuvieron palabras de recuerdo al primer alcalde de Ciudad Real de la democracia que fallece. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien expresaba a través de las redes sociales sus condolencias a la familia y amigos del exalcalde.

También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, lamentaron el fallecimiento de Gil-Ortega, a quien Paco Núñez lo definió como “toda una institución en el Partido Popular”.

El exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega ha fallecido este martes, según han informado a Europa Press en fuentes del Partido Popular. El Ayuntamiento tiene previsto celebrar a las 19.00 horas un pleno extraordinario.

Gil-Ortega fue alcalde de la capital ciudadrealeña entre 1995 y 2007, vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente de Enresa entre 2012 y 2015.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento de Gil-Ortega, a quien ha definido como “toda una institución en el Partido Popular, que desempeñó varios cargos”.

A través de su cuenta de X, Paco Núñez ha señalado que en el PP lo recordarán “por su carácter afable y por ser un gran alcalde de Ciudad Real”. “Mi pésame a familia, amigos y a toda la familia del PP de Ciudad Real”.

El Ayuntamiento de Ciudad Real reunido en sesión de pleno extraordinario ha decretado, a través de su alcalde, Francisco Cañizares, la declaración de un día de luto oficial por este fallecimiento. Desde las 19.00 horas del día 29 de agosto de 2023 hasta las 19.00 horas del día 30 agosto, las banderas, ubicadas en el exterior de todos los edificios municipales, ondearán a media asta, prendiendo en las banderas que ondeen en el interior de dichos edificios un crespón negro como señal de luto. 

Asimismo, el Ayuntamiento traslada su más sentido pésame a la mujer, hijos, nietos, familiares y amigos de Gil-Ortega, se suspenden todos los actos públicos oficiales organizados del Consistorio a través de cualquiera de sus Delegaciones o Servicios, durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado, “en señal de respeto y condolencia”.

La factura de lo que España paga a Francia desde julio de 2017 por custodiar una pequeña parte de sus residuos nucleares sigue creciendo. Esa penalización diaria ascendió el pasado ejercicio a 84.134,63 euros, más de 30,7 millones al año, tras registrar una subida récord del 6,7% con respecto a los 78.848,66 euros diarios de 2021.

Enresa, la empresa estatal que gestiona los residuos nucleares en España, recuerda en su último informe anual que esa penalización se revisa cada año “como resultado de aplicar los índices de actualización previstos en el acuerdo” con Francia.

Enresa no precisa los motivos del fuerte incremento de 2022. El aumento está en línea con la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania, a medio camino entre la inflación media registrada en España y Francia en 2022, del 8,4% y el 5,2%. Esa subida sin precedentes cercana al 7% es muy superior al 2,9% de 2021 y al exiguo 0,4% de 2020, el año cero de la pandemia.

La bola de nieve de las penalizaciones acumuladas va creciendo. A diciembre de 2022, las cantidades abonadas por Enresa a la francesa Orano (antigua Areva) por custodiar ese material en su planta en La Hague (Francia) desde 2017 ascendían ya a un importe acumulado de 156,2 millones. 

Estos residuos tienen su origen en la precipitada clausura de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) como consecuencia de un incendio en 1989, en el que fue el accidente nuclear más grave hasta la fecha en España. Desde el cierre de la planta, España ha tenido que abonar a Francia cerca de 700 millones por quedarse con esa basura radiactiva.

Tras la clausura, se firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que pagaron los consumidores de electricidad mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos de vuelta a España el 31 de diciembre de 2010. Pero, como para entonces, al igual que ahora, no había donde guardarlos, el plazo se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original.

Con ella, a cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, Enresa se comprometió a abonar 213 millones más, que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos a España.

La custodia de esos recipientes, que llevan años construidos, tampoco es gratis. Tal y como explica Enresa en su última memoria, en diciembre de 2018 se formalizó un contrato con Orano para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos y el equipamiento auxiliar en el emplazamiento de La Hague hasta su carga con un coste acumulado de 1,11 millones a 31 de diciembre de 2022, lo que supone un 17% más que un año antes.

La actual penalización por la custodia de los residuos en Francia empezó a abonarse en julio de 2017, por el retraso que entonces acumulaba el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos que el gobierno del PP decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) y que finalmente ha sido descartado por el actual gobierno.

Y a medida que se ha ido demorando la decisión sobre dónde meter a medio y largo plazo la basura radiactiva generada por los reactores, la fecha de regreso de ese material custodiado en Francia se ha ido aplazando.

El ATC, cuya construcción fue un mandato del Congreso de los Diputados del año 2004, fue definitivamente enterrado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2022. Ante la falta de consenso social sobre la construcción de esa infraestructura, el Ejecutivo propuso construir en su lugar siete almacenes en los emplazamientos de las centrales, como paso intermedio para enterrar los residuos en un almacén geológico profundo (AGP) que estaría listo para 2027 y cuya ubicación habrá que decidir en el futuro.

Esta es la propuesta recogida en el último borrador del plan de gestión de residuos. El documento ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero el plan no llegó a aprobarse en la anterior legislatura. Los máximos responsables de Enresa y del CSN pidieron hace unos meses una ley específica para blindar el AGP y que ese almacén subterráneo esté listo “cuanto antes”.

Como una fianza

La multa que abona Enresa por los residuos nucleares que custodia Francia funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo (la fecha prevista actualmente es 2028), la mayor parte del dinero pagado hasta entonces se recuperará: “Las penalizaciones finalizarán con el último transporte a España de los residuos”, momento en el que “serán reembolsadas a Enresa todas las cantidades abonadas”, recuerda Enresa. 

Para entonces, las penalizaciones acumuladas desde 2017 habrán superado holgadamente los 330 millones, que Francia devolverá junto a los residuos, descontando el coste de almacenar esa basura radiactiva desde octubre de 2015. Hasta diciembre, esta partida ascendía a algo más de 10 millones.

La fecha de retorno de esos residuos se ha ido retrasando con los años. Hasta 2020, Enresa todavía estimaba que volverían en 2023. Pero la realidad ha obligado a fijar ese objetivo para 2028. 

Mientras, y ante el riesgo de saturación de sus piscinas y en ausencia de ATC, cada una de las centrales nucleares tiene ya o está construyendo almacenes individuales (ATI) para guardar el material radiactivo. El último, en la planta de Vandellós II, cuyo proyecto ha sacado a consulta pública este mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esa central en Tarragona, propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (28%), será una de las últimas en cerrar, según el calendario de apagón nuclear progresivo que el gobierno pactó con las eléctricas en 2019, y que el PP prometió revertir si llegaba al gobierno.

Ese calendario estipula que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El desmantelamiento correrá al cargo del fondo que gestiona Enresa, que financian las eléctricas mediante una tasa a la producción de los reactores. A cierre de 2022, ese fondo acumulaba 7.272 millones de euros.

Más adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a empleados del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). La sociedad estatal ha pagado al menos 28.200 euros a una empresa de informática fundada en 2004 por G. C., histórico trabajador de El Cabril. La empresa estatal solo facilita los contratos adjudicados a esa firma desde 2014, tras entrar en vigor la Ley de Transparencia.

De acuerdo con los datos facilitados por Enresa, desde 2014 la sociedad estatal ha adjudicado cinco contratos de compra de material informático por un importe global de 28.283,59 euros a la empresa Inside-PC Peñarroya, SL, radicada en Peñarroya-Pueblonuevo (cerca de El Cabril), y cuyo fundador y propietario es un trabajador de Enresa desde hace tres décadas, G. C., encargado de la planta de fabricación de contenedores de El Cabril.

Firmante de varios pliegos de licitaciones en el almacén cordobés, G. C. figuraba en la sopa de iniciales de empleados de Enresa en El Cabril que son familiares, según una reciente investigación de elDiario.es, que reveló que un tercio de su plantilla en ese centro está en esa situación. G. C. es hermano de otro empleado en la planta de hormigón de Enresa en El Cabril, J. C.

Además de trabajar en Enresa, y según explica él mismo en su perfil en LinkedIn, G. C. es el “propietario” de Inside-PC. “El jefe”, como le denominan en esa empresa, todavía figura como apoderado de esta firma en el Registro Mercantil. Fue su administrador único desde que la creó en 2004 hasta febrero de 2020. Cesó unos días después de que Enresa aprobase un código ético más exigente con los posibles conflictos de interés en la empresa estatal.

En 2021, último ejercicio disponible, Inside-PC registró una facturación de 2,2 millones de euros y contaba con una plantilla de diez personas, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. elDiario.es ha intentando contactar con su propietario por teléfono y a través de su correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta.

Datos parciales

El pasado 28 de febrero, este medio solicitó a Enresa la relación de contratos adjudicados por la sociedad estatal a Inside-PC Peñarroya, su importe y fecha de adjudicación. Inicialmente, Enresa apenas facilitó un contrato de 6.723 euros para el suministro de repuestos de ordenadores adjudicado en septiembre de 2017. La excusa para dar esa información parcial (limitada a los últimos cinco ejercicios, según explicó la empresa pública) fue que su equipo financiero estaba entonces cerrando las cuentas del ejercicio 2022.

Finalmente, y tras volver a reclamar este medio todos los contratos de Enresa con esa empresa de su empleado, la sociedad estatal ha facilitado los que le ha adjudicado desde 2014. Esta información “es la que menos nos cuesta recopilar por las obligaciones derivadas de la ley de Transparencia”, indica Enresa en un correo electrónico.

Por tanto, es posible que existan contratos con esa empresa anteriores a la entrada en vigor de esa norma a finales de 2013. Desde entonces, las empresas públicas están obligadas a publicar la información de todos sus contratos, también los menores. 

De la relación facilitada por Enresa a este medio, la adjudicación más relevante es un contrato de enero de 2014 para el suministro de ordenadores por un importe de 16.000 euros, con un primer contrato de 8.000 euros y dos prórrogas anuales a razón de 4.000 euros por ejercicio.

Las otras tres adjudicaciones son tres contratos menores de 2016, 2018 y 2019 para el suministro de sensores de flujo de aire y una cámara de fotos compacta que suman otros 5.560 euros.

Código ético

El actual código ético de la empresa que gestiona los residuos nucleares señala que “los profesionales de Enresa deben actuar lealmente, atender y perseguir los intereses de la compañía y evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre aquellos y sus intereses personales. Existe interés personal del profesional cuando el asunto le afecta a él o a una persona con él vinculada”.

Ante la existencia de ese conflicto, los empleados deben “ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico y del Gestor Ético que, con respeto de la confidencialidad e intimidad de las personas y previa consulta con la dirección responsable de recursos humanos, propondrá al Comité Ético las medidas a adoptar”.

A preguntas sobre una posible vulneración de ese código de conducta, fuentes de la empresa pública señalan que “el vigente Código Ético de Enresa fue aprobado en enero de 2020, en sustitución del Código de Conducta Empresarial de 2013, para incorporar y actualizar las exigencias y recomendaciones éticas de la normativa española y de los organismos internacionales”.

“Precisamente, el Código Ético profundizó y concretó el tratamiento de materias como el conflicto de intereses y la contratación”, añade Enresa.

En un correo electrónico, la sociedad pública indica que “los casos de posibles vulneraciones de dicho código que se conocen en Enresa son analizados y, si procede, investigados por el gestor ético. Como resultado de dichas investigaciones, en su caso, se acuerdan actuaciones por el comité ético, respetando el derecho a la intimidad de las personas investigadas. Por este motivo, Enresa no puede facilitar en ningún caso información sobre posibles vulneraciones del código ético”.

“Por otro lado, con carácter general y por protección de datos personales, Enresa mantiene el criterio de no facilitar información sobre personas que no ocupen puestos directivos”. Es el caso de G. C., que “en ningún caso ha participado en procesos de contratación de material informático”, precisa Enresa.

Estas contrataciones se suman a los 375.000 euros que, como reveló elDiario.es, facturó a la empresa pública una pyme de dos hermanos que también trabajan en El Cabril, ubicado en una despoblada zona de la sierra cordobesa con pocas alternativas de empleo, y en el que hay un elevado porcentaje de empleados que tienen relaciones familiares. Desde hace años, Enresa tiene en nómina a un hijo de Juan Carlos Lentijo, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo que fiscaliza toda su actividad. El regulador atómico considera que en este caso no hay conflicto de interés alguno.

La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) tiene desde hace una década en su plantilla, con un cargo medio-alto, a un hijo de Juan Carlos Lentijo, desde hace algo menos de un año presidente del Consejo Regulador Nuclear (CSN), el organismo responsable de la protección radiológica en España que supervisa toda la actividad que realiza la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en el país.

Según fuentes del CSN, “el pleno está al tanto de esta situación”, si bien otras fuentes apuntan que Lentijo nunca comunicó oficialmente esta circunstancia al máximo órgano de la institución. Tampoco se informó de ello a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda. Lo hizo por entender los servicios jurídicos del organismo, y en particular el entonces secretario general, Manuel Rodríguez Martí, que Lentijo no estaba obligado a hacerlo.

Según el CSN, de acuerdo con la normativa, en este caso no existe ningún conflicto de interés. Fuentes al tanto del proceso apuntan que ese análisis ya se realizó mediante una consulta verbal a la asesoría jurídica con motivo del nombramiento de Lentijo como director técnico de Seguridad Nuclear del CSN en diciembre de 2021.

En materia de incompatibilidades, el estatuto del CSN (de 2010) se remite a dos disposiciones ya derogadas: la 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, y el código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de 2005, que señalaba que “se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas”.

Aunque su estatuto no menciona esta norma, el presidente del organismo está sujeto a la ley de altos cargos de 2015. Esta incluye los intereses familiares en los supuestos que pueden conllevar un conflicto de interés. Otro supuesto son las empresas o entidades a las que esos familiares “estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración”.

Según fuentes de la empresa pública este no sería el caso del hijo del presidente del CSN, Fernando Lentijo, que “trabaja en Enresa desde el 24/04/2013” con la categoría de “titulado en nuestra Dirección Técnica”. Se incorporó, por tanto, cuando su padre (que ingresó en el CSN en 1984, donde ha ocupado puestos como subdirector de Emergencias, subdirector de Protección Radiológica Ambiental o director técnico de Protección Radiológica) ya había sido destinado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, donde tuvo importantes responsabilidades hasta que en 2021 volvió al regulador español.

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como su padre, Fernando Lentijo está especializado en técnicas energéticas. En su perfil de LinkedIn explica que se incorporó a Enresa en abril de 2013 como jefe de grupo de Ingeniería para el proyecto del ATC (Almacén Temporal Centralizado) “en calidad de responsable de seguridad y licenciamiento”, para el desarrollo de análisis de seguridad y documentación preceptiva de licencia, “responsable de la coordinación con organismos reguladores”, responsable de contratos de ingeniería, apoyo a la dirección en la coordinación y gestión del proyecto y participación en grupos de trabajo y proyectos internacionales.

Este joven ingeniero industrial especializado en Técnicas Energéticas por la UPM, donde obtuvo varias becas de excelencia por méritos académicos, completó su estancia en la École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) de París y con un máster en Ciencia y Tecnología Nuclear de la UPM. Su trabajo de fin de máster, fechado el 3 de marzo de 2016, fue un proyecto sobre “impacto radiológico en operación normal del Almacén Temporal Centralizado (ATC)”.

Desde que Juan Carlos Lentijo fue nombrado presidente del CSN, no se ha inhibido en ninguna decisión del pleno que afecte a Enresa. “El presidente es conocedor de la ley y es consciente de que, en caso de que en el futuro (puesto que todavía no se ha dado esa situación) tuviese que decidir sobre un asunto que pueda incurrir en conflicto de intereses, tendría que abstenerse”, señala el CSN en un correo electrónico.

Recientemente el pleno del organismo ha aprobado una instrucción técnica en relación con la capacidad de recuperación del combustible gastado a medio y largo plazo para su remisión a Enresa, ha dado su visto bueno al nuevo plan de residuos radiactivos, cuyo primer borrador elaboró Enresa, y ha aprobado una propuesta de apercibimiento a la empresa estatal “por incumplimiento del estudio de seguridad” de un contenedor de almacenamiento, entre otras decisiones.

Fuentes del CSN indican que su presidente “tiene muy presente y cumple” el estatuto “en lo referente a incompatibilidades (artículo 27), así como el código ético del CSN, especialmente los principios de independencia y neutralidad, integridad, compromiso y transparencia”. Ese código ético insta al personal del organismo a plantearse si una decisión suya puede estar “condicionada por intereses familiares”.

Desde el CSN recuerdan que la ley de altos cargos obliga al Congreso a examinar a los candidatos propuestos para presidir los organismos reguladores y que los diputados “formularán las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes”, de cara a un dictamen sobre su idoneidad.

Lentijo superó ese trámite el 28 de marzo de 2022. Fue nombrado presidente del CSN en abril de ese año tras la inesperada dimisión de su antecesor, José María Serena i Sender. Su nombramiento recibió el respaldo de todos los grupos del Congreso, salvo Vox, que se abstuvo. Se había reincorporado a la institución en junio de 2021 procedente del OIEA, donde fue primero director de la División de Instalaciones del Ciclo y Tecnología de Residuos y, desde octubre de 2015, director general adjunto del organismo y responsable de su Departamento de Seguridad Nuclear. En el OIEA desarrolló una intensa labor nacional e internacional como experto tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón).

Como explica una fuente del sector, la actividad nuclear es tremendamente endogámica: “Este es un mundo pequeño. Expertos en energía de alto nivel, para tomar decisiones y orientar, hay pocos, y al final nos conocemos todos”. Al propio CSN le cuesta cubrir determinados puestos, como explicó recientemente Lentijo en un encuentro con la prensa. “Uno de los problemas que tenemos todas las administraciones es la atracción de talento”, dijo, al competir “con otros que tienen más atractivo, sobre todo económico”. Como ejemplo, citó una reciente convocatoria de empleo del CSN en la que para 25 plazas se presentaron solo 50 aspirantes. Solo se pudieron cubrir 18 plazas porque hubo que descartar a varios candidatos.

En ocasiones, lo pequeño de ese sector genera relaciones familiares que alcanzan tanto al propio CSN como a la propia Enresa, en cuyo centro en Córdoba, como reveló elDiario.es, un 33% de la plantilla son parientes, o al organismo público Ciemat, dueño de un 20% de Enresa.

Dos hermanos contratados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) tienen una empresa que ha facturado al menos 375.502,07 euros a esa sociedad estatal, según cifras facilitadas por Enresa tras una investigación de elDiario.es

Este medio desveló los lazos familiares que vinculan a al menos un tercio de la plantilla de esa infraestructura ubicada junto al Valle del Guadiato, en una zona muy poco poblada y con pocas alternativas de empleo al norte de la provincia de Córdoba.

Y en el caso de estos dos hermanos se confunden la familia, los negocios y los posibles conflictos de interés en esa empresa estatal. Enresa, que tiene el monopolio de un servicio público esencial, está financiada de forma indirecta por los consumidores de luz a través de la tasa que cobra a las eléctricas para hacer frente al multimillonario coste de gestionar el desmantelamiento de las centrales nucleares y sus residuos.

Los empleados en cuestión son J. J. y F. J. El primero entró en septiembre de 2021 en la plantilla de la planta cordobesa como inspector de Garantía de Calidad. Y su hermana se incorporó a la empresa pública ya el año pasado. No obstante, su relación con Enresa viene de atrás. El primero de ellos llevaba desde 2009 empotrado en la sociedad estatal subcontratado a través de una tercera compañía, Applus+, tal y como refleja su perfil en LinkedIn.

“Cuando vi el perfil pensé que solo podía entrar él. Solo faltaba poner la letra para que entrara. Luego se aprovechó y metió a la hermana”, resume una persona que estuvo al tanto de esos procesos de selección. Esta persona, que pide el anonimato, asegura que “por las tardes van a su empresa, tanto el hermano como ella”. 

La empresa de ambos hermanos, que han declinado atender a elDiario.es, es una pyme, Joroyfa SL, domiciliada en un polígono industrial de Peñaroya-Pueblonuevo, muy cerca de El Cabril. Solo desde 2014 hasta 2022, esta empresa ha recibido de Enresa contratos y pedidos de adjudicación por un importe medio anual superior a los 40.000 euros, según datos facilitados por la sociedad estatal a elDiario.es 

Joroyfa se constituyó en 1993. Su objeto social es el de “agencia comercial mediadora independiente, la ostentación de representación de productos o firmas comerciales, en exclusiva o no, y el ejercicio de actividades mediadoras y de intermediación en el ámbito comercial”, de acuerdo con el Registro Mercantil. A cierre de 2021 tenía un empleado, según sus últimas cuentas anuales, disponibles a través de Insight View.

Desde octubre de 2021, un mes después de incorporarse a Enresa como trabajador de plantilla, su administrador único es J. J., que sucedió en ese puesto a su hermana, también empleada de la empresa estatal desde el año pasado.

Este medio ha localizado más de 60 contratos adjudicados por Enresa a Joroyfa desde 2014. Ese año las empresas públicas empezaron a estar obligadas a publicar la información de los contratos menores tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia a finales de 2013. 

La mayoría de esas adjudicaciones son menores (a dedo, casi sin controles ni transparencia), empezando por el último que se ha publicado, de 248 euros, para la “adquisición de gafas de seguridad graduadas para un trabajador”.

Este es un concepto recurrente, pero hay otros muchos: de “repuestos para maquinaria industrial” (941,4 euros, mayo de 2022) a “solución lavaojos” (648 euros, marzo de 2022), “suministro de bolas de limpieza para los sistemas de inmovilización” (febrero de 2022, 3.501 euros), “garras de elevación vertical” (1.000 euros, julio de 2021) material para los programas de vigilancia ambiental y control radiológico del emplazamiento (6.367,4 euros, junio de 2022)…

El contrato de mayor importe que ha podido localizar este medio, de 117.389,65 euros (todas las cantidades son sin IVA), es para el “suministro de materiales industriales correspondiente al lote 1 del expediente de suministro de materiales industriales y repuestos para el Centro de Almacenamiento RBMA El Cabril”.

Enresa lo adjudicó por procedimiento abierto y lo formalizó con la propia F. J., a la postre empleada de la empresa pública, cuando su hermano ya llevaba años subcontratado para ella. Fuentes de Enresa destacan que “la licitación se inició en 2020, previa a la incorporación de estos empleados”, y “su oferta económica fue lo que les asignó la mayor puntuación”.

Ese contrato se adjudicó en diciembre de 2020, ejercicio en el que Enresa realizó contratos y pedidos a Joroyfa por importe de 61.909,28 euros, según la información que ha facilitado a este medio. Esa cantidad es más de la mitad (el 52%) de la facturación que tuvo la empresa en 2020.

“Previamente, Joroyfa resultó adjudicataria, en 2017, de algunos lotes de suministros similares al de 2020, licitados por procedimiento abierto, con anuncio publicado en la plataforma de contratación, valorando las ofertas económicas y sin criterios de valoración subjetivos”, indica Enresa. La empresa pública reconoce que las decenas de contratos menores que se ha adjudicado Joroyfa son independientes de esa licitación de 2020.

Durante el anterior gobierno del PP, Enresa ya fue protagonista de varios escándalos bajo la presidencia de Francisco Gil-Ortega, muy cercano a María Dolores de Cospedal: de los gastos sin justificar con cargo a la tarjeta de crédito de su entonces máximo responsable, con elevados cargos en “comidas de empresa” y bebidas alcohólicas, al intento de adjudicar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos a una filial de Iberdrola que había contratado al marido de Cospedal, pasando por decenas de contrataciones de personal a dedo.

“Actuaciones internas”

Preguntada por si estos dos empleados comunicaron su situación ante una posible vulneración del código ético de Enresa por los contratos con Joroyfa, y por una eventual violación de su código ético, fuentes de la empresa pública indican que “se están realizando actuaciones internas para recopilar toda la información necesaria que permita valorar posibles incumplimientos del código ético”.

Este documento señala que “los profesionales de Enresa deben actuar lealmente, atender y perseguir los intereses de la compañía y evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre aquellos y sus intereses personales. Existe interés personal del profesional cuando el asunto le afecta a él o a una persona con él vinculada”.

“De producirse tal conflicto, deben, previamente a la realización de la actuación de que se trate, ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico y del Gestor Ético que, con respeto de la confidencialidad e intimidad de las personas y previa consulta con la dirección responsable de recursos humanos, propondrá al Comité Ético las medidas a adoptar”.

“El profesional incurso en esta situación debe indicar en su comunicación si el conflicto de interés le afecta personalmente o a través de persona vinculada, a la que debe identificar, y la situación concreta que da lugar al conflicto de interés, con el detalle del objeto, de las principales condiciones de la actuación y del importe o evaluación económica aproximada”, señala el código ético de Enresa.

elDiario.es también contactó con Applus+, que no respondió a la pregunta de si su ex empleado vulneró el código ético de la multinacional al adjudicarse la empresa Joroyfa esos contratos con Enresa. “Ya no trabaja en Applus+”, indicó una portavoz en un escueto correo electrónico.

Al menos un tercio de la plantilla de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) tiene lazos familiares, según una investigación de elDiario.es

Ese almacén de residuos nucleares, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, un pequeño pueblo de 4.500 habitantes en el corazón de la Sierra Albarrana, tiene una plantilla de 113 personas, de las que al menos 34 tienen vínculos familiares.

El pasado octubre se cumplieron 30 años de la puesta en marcha de El Cabril, una infraestructura junto al Valle del Guadiato, en una zona de alto valor ecológico en el norte de la provincia de Córdoba, cuyos orígenes se remontan a una antigua mina de uranio ya sellada (la Mina Beta) reconvertida en almacén de residuos atómicos. La dictadura franquista empezó a guardar los primeros bidones radiactivos allí en los años 60. 

La planta va a ampliarse a partir del próximo año para hacer frente a la saturación de sus celdas (su ocupación era del 81,3% a diciembre de 2021) y para albergar los residuos que generará el cierre progresivo de las nucleares programado a partir de 2027. Es la única instalación en España para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja y media actividad (RBMA) y de muy baja actividad (RBBA).

Los de media actividad suponen la mayor parte de los residuos radiactivos que se generan en España, en hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares. Los de muy baja actividad, con menores requisitos para su gestión, son materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros, que contienen isótopos radiactivos. La mayor parte tiene su origen en el desmantelamiento de las nucleares.

Los residuos de baja y media actividad llegan en su mayoría ya acondicionados y una vez allí se introducen en contenedores de hormigón donde son inmovilizados con mortero. Estos contenedores se depositan en las celdas de almacenamiento que son cerradas mediante una losa de hormigón que se construye in situ, una vez completas.

El emplazamiento cordobés, que tiene problemas de filtraciones de agua en una de las celdas que almacenan los residuos, la número 29, “está considerado por la Nuclear Regulatory Commission (NRC) estadounidense como una de las mejores instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos del mundo y sirve de referencia para centros similares en otros países”, como destacaba hace unos días el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una visita a sus instalaciones.

Otra cosa es el entramado de relaciones familiares en esa instalación, que se explica en buena medida por la ubicación del emplazamiento, en una zona aislada, con pocas alternativas de empleo y baja densidad de población.

Los casos de trabajadores emparentados se cuentan por decenas. Un ejemplo es J. L. P., responsable del Área de Protección Radiológica, que lleva más de tres décadas en Enresa, como su hermano, F. P., técnico no titulado en el área de Acondicionamiento y Almacenamiento. También trabajan en la empresa sus hijos, J. L. P. y F. J. P., operarios en el Servicio de Acondicionamiento y Protección Radiológica, respectivamente.

Entre los hermanos, los últimos en incorporarse son J. J. y F. J. El primero entró en septiembre de 2021 en la plantilla de la planta cordobesa como inspector de Garantía de Calidad, aunque llevaba años empotrado a través de una subcontrata, Applus. Su hermana también entró en la empresa pública hace menos de un año.

En la sede de la empresa en Madrid trabaja como secretaria de José Manuel Blanco, jefe del Departamento de Recursos Humanos, O. C. Su hermano, J. C., también lleva muchos años en El Cabril en el área de Mantenimiento. M. G., secretaria de la directora de El Cabril, Eva Noguera, tiene una hermana con plaza de enfermera en El Cabril. “Entró porque valoraron con nueve puntos un FP de asistente de laboratorio”, en un proceso de selección “con nombre y apellidos”, critica una persona que lo siguió de cerca y pide el anonimato.

También son hermanos A. P., ingeniero y técnico de Prevención de Riesgos Laborales, y E. P., en la planta de hormigón, y cuyo padre, ya fallecido, trabajó asimismo en la empresa. Otros hermanos son G. C., firmante de varios pliegos de licitaciones en El Cabril, y J. C., empleado en la planta de hormigón; o J. B., conductor, y A. B., del departamento de Pequeños Productores.

Hay asimismo padres e hijos: C. R. y L. R.; J. P. y su hijo, con las mismas iniciales; y tíos y sobrinos, como J. A. D., en el área de Acondicionamiento, y R. D., en Protección Radiológica. O matrimonios: A. L., en la planta de hormigón, y C. G., en Laboratorio; L. M., informático, y M. A., jefa del Servicio de Comunicación Social de El Cabril. D. C., jefe del almacén de Mantenimiento, y M. G., en el laboratorio; o A. V. y C. Y. Los más veteranos son A. L. y E. G., dos históricos que ya llegaron casados a la empresa trasladados desde la antigua fábrica de uranio de Andújar.

La cifra de trabajadores emparentados va a aumentar con la inminente incorporación de otras dos personas con familiares en la empresa. Una es M. J. R. Trabajadora social en Fuente Obejuna (muy cerca de El Cabril), ha sido seleccionada para el área de Comunicación Social y está casada con J. M. A., también en la empresa y cuyo padre y abuelo trabajaron en la planta. Fuentes oficiales señalan que este proceso de selección “sigue en curso”.

El otro caso es F. G., que está a punto de entrar con un puesto de peón en el Servicio de Acondicionamiento y Almacenamiento. Junto a los otros dos candidatos seleccionados, se incorporará “próximamente, en función de las circunstancias personales de cada uno de ellos”, confirma Enresa. 

Se trata del hijo de F. G., que trabaja en el área de Mantenimiento de El Cabril desde hace ya más de una década. Es además sobrino de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, la cordobesa María José Gualda.

Fuentes de Enresa indican que “todos los datos de los procesos de selección, desde que se inician hasta que se produce el nombramiento efectivo del candidato seleccionado, están sometidos a confidencialidad y sigilo, exigible a cada miembro de la comisión de valoración”.

Enresa es una empresa 100% del Estado. Presta un servicio público esencial que se reservó la Administración, la gestión de los residuos radiactivos, del combustible nuclear gastado y del desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Su tutela recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero sus accionistas son otras dos entidades: el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), adscrito al Ministerio de Ciencia (80%), y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), hólding público que cuelga de Hacienda (20%).

“Hijos, hermanos, sobrinos, primos”

“En Enresa, como en otras muchas empresas públicas, han ido entrando hijos, hermanos, sobrinos, primos... de la gente de dentro”, confirma un antiguo directivo de la sociedad estatal, que pide el anonimato. Esta persona explica que esa situación ya se daba en su época, hace ya muchos años, en la sede central, lo que es todavía más chocante que en un diminuto pueblo de Córdoba.

“En Madrid, de los 200 y pico, eran familia 80 y tantos. Y en El Cabril también”, dice este ex directivo. En el caso del almacén cordobés, “bastante tenían, que convencían a sus hijos o a sus primos para irse allí”, añade.

Enresa, a preguntas de elDiario.es, subraya en un correo electrónico que El Cabril “tiene unas características de aislamiento geográfico, distancia de núcleos urbanos y de jornada laboral que condicionan extraordinariamente el reclutamiento del personal”. A esto se une “el tipo de perfiles profesionales requerido, en su mayor parte muy especializados, que limita el número de candidatos potenciales”.

“Por esta razón, la cantera natural ha estado y continúa estando formada por personas que tienen relación con trabajadores que ya se encuentran en la instalación”. Estos tienen “más información sobre la actividad profesional” que se desarrolla en la instalación “que, en general, es muy poco conocida”.

Además, “es habitual que el mercado de trabajo de esta zona, en particular con pocas posibilidades de empleo, oriente su formación y preparación a perfiles semejantes a las personas con las que tienen parentesco o contacto”, explica Enresa.

Como explicaba en una reciente entrevista la directora del centro, este tiene “una relación muy cercana” con las poblaciones de la zona. “La implicación de Enresa va mucho más allá. Los municipios del entorno reciben unas asignaciones estipuladas por orden ministerial que les permiten contar con recursos para su desarrollo y también colaboramos en proyectos de cofinanciación que generen nueva actividad económica”.

Al conocer el trabajo en la planta, apunta Enresa, “no es extraño que se vayan formando ante la eventualidad de que se convoquen puestos con perfiles para los que son idóneos. Así, concurren a los procesos de selección en igualdad de condiciones que otros candidatos y, si no lo superan, insisten en otras convocatorias, hasta superar el proceso”.

Por último, “la mayor información de los procesos de selección que existe dentro de la Instalación para toda la plantilla se deriva también de que, con carácter preceptivo y conforme al convenio colectivo, se publican previamente todas las plazas a promoción interna, y si resultan vacantes, se convocan a provisión externa a la que puede concurrir toda persona que cumpla los requisitos del puesto”.

Preguntada por una relación de más de 30 personas que trabajan en la empresa en El Cabril y tienen relaciones de parentesco, Enresa señala que “la mayor parte” pertenece al grupo profesional de oficios “y, en menor medida, al grupo de personal titulado”.

La empresa ha facilitado una relación “anonimizada”, con los datos de fecha de alta en la empresa de esos empleados, junto al grupo profesional y unidad a la que están adscritas.

“Dos personas proceden de la Junta de Energía Nuclear y pertenecen a la plantilla de Enresa desde el inicio de su actividad”, en enero de 1986. “6 personas han ingresado antes de 1990, 10 entre 1990 y 2000, 11 entre 2001 y 2010, y 7 desde 2012 hasta la fecha”.

Principio de igualdad

Enresa subraya que, “como el resto de las empresas del sector público”, realiza sus procesos de selección de personal a partir de 2012 “con mayor sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo de aplicación desde entonces las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de retribuciones y de contratación de recursos humanos”.

En las convocatorias son causa de abstención tener interés personal en el asunto de que se trate, el parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con los interesados, o tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Los miembros de la comisión de valoración deben inhibirse si algún miembro ve “indicio justificado de parcialidad”. 

Los procesos selectivos se han ido regulando en los sucesivos convenios colectivos. El último, publicado a finales de 2019, implica “un sistema de resolución compartido entre las partes legitimadas”, con representantes de la Dirección y de los trabajadores. Todas las vacantes se convocan con un perfil que incluye los requisitos (titulación, experiencia, etc) que deben cumplir los candidatos y los méritos que se puntúan.

“Es preceptivo conforme al convenio que el comité de empresa, como órgano de representación de los trabajadores informe, con carácter previo a la publicación, sobre el perfil del puesto a convocar”, recuerda Enresa.

La primera fase obligatoria en los procesos de selección es la promoción interna, para dar la posibilidad al personal de plantilla de concurrir en primer lugar a los puestos. Se levantan actas de las reuniones de la comisión de valoración y en las entrevistas también está presente la representación sindical. Las convocatorias se publican en la web de Enresa y en la página oficial para todo el sector público estatal, administración.gob.es

“Además, desde 2022 se han reforzado los aspectos relativos a la transparencia, publicidad y objetividad de las convocatorias, lo que redunda en una mayor garantía para todas las candidaturas”.

-----------------

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El Gobierno no quiere que se repita la experiencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que sus propietarias, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible y endosando el problema de su gestión a la empresa pública Enresa.

A falta de cinco años para el arranque del apagón nuclear progresivo pactado en marzo de 2019 con las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas que sustituirá al vigente, de 1999.

El texto transpone parcialmente la normativa europea en esta materia y, además, en él “se detallan más las condiciones previas al inicio de un desmantelamiento para garantizar que, salvo situaciones excepcionales justificadas, Enresa pueda iniciar las labores encomendadas sin que haya combustible en el reactor o en las piscinas de almacenamiento”, explica el departamento de Teresa Ribera.

El nuevo texto, a consulta pública hasta este martes, trata en suma de que no se reedite la historia de la central burgalesa. En Garoña, por “circunstancias particulares”, como señala el nuevo plan de residuos radiactivos que prevé aprobar el Gobierno próximamente, “no ha sido posible planificar su desmantelamiento ni las actividades preparatorias durante la etapa final de operación”.

Según fuentes gubernamentales, el nuevo reglamento persigue “evitar que se reproduzca lo que ha sucedido con Garoña, donde Enresa se tiene que hacer cargo de la central con combustible en la piscina”, cuando el cometido de esta empresa pública es desmantelarla y gestionar el almacenamiento de sus residuos en condiciones de seguridad.

El reglamento vigente ya especifica que el titular de una nuclear, antes de la concesión de la autorización de desmantelamiento, debe “haber descargado el combustible del reactor y de las piscinas de almacenamiento”, cosa que no ocurrió con Garoña y sí con la otra nuclear clausurada en las últimas décadas, la de Zorita, que era propiedad de la antigua Unión Fenosa (la actual Naturgy) y cerró en 2006.

Si no se ha descargado el combustible, la norma vigente dice que el titular debe disponer de un plan de gestión del combustible gastado aprobado por el ministerio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el caso de Garoña, este organismo no ha dado su visto bueno a ese plan hasta este año.

Nuevo artículo

El nuevo reglamento incluye un nuevo artículo sobre “Condiciones previas a la concesión de la autorización de desmantelamiento de centrales nucleares”.

En él se aclara que el titular “deberá haber acondicionado los residuos radiactivos generados durante la explotación”, como ahora, “o, en su caso, haber establecido los acuerdos oportunos con el futuro titular de la autorización de desmantelamiento”, Enresa.

“Adicionalmente, deberá haber descargado el combustible nuclear del reactor y de las piscinas de almacenamiento”. “Con carácter excepcional”, el Gobierno puede eximir de esta obligación. Pero con condiciones: se deberá aportar un estudio justificativo “de la necesidad de que el desmantelamiento se inicie sin que se haya descargado el combustible gastado de la piscina de almacenamiento, en el que se detallen las circunstancias excepcionales que concurren”; una memoria “que detalle la asignación de responsabilidades”; un estudio económico comparativo entre esta alternativa y la de sacar los residuos; y un calendario de actuaciones.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

Según fuentes gubernamentales, “si se hubiera esperado a que Garoña vaciara la piscina, el comienzo del desmantelamiento se habría retrasado, con la consiguiente pérdida del personal de Nuclenor y del empleo asociado al desmantelamiento” y a las actuaciones para revitalizar la actividad económica en la zona mediante las denominadas políticas de transición justa.

Dos fases

El cierre precipitado de Garoña obligó a Enresa a diseñar el desmantelamiento en dos fases. La primera, que todavía no ha empezado (la actual se denomina “de transición”), consiste en sacar el combustible de la piscina y cargarlo en contenedores metálicos de doble propósito para su posterior traslado al almacén temporal individualizado (ATI) construido por Enresa en 2018.

En paralelo, empezará a realizarse el desmantelamiento de equipos y componentes del edificio de turbina. Y en la segunda fase, se desmantelará el edificio del reactor, incluida la piscina de combustible.

Ante la experiencia de Garoña, el nuevo plan de residuos apuesta por “asegurar un tiempo suficiente”, de “al menos” tres años“, antes de que las nucleares dejen de operar, ”para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento teniendo en cuenta los plazos de evaluación del CSN, e iniciar las actividades relativas al vaciado de piscinas“ que se utilizan para enfriar el combustible gastado. 

Eso fue imposible con Garoña. Casi todos sus residuos están todavía en su piscina y solo este año Enresa ha podido empezar a trasladarlos al ATI. El primer contenedor de residuos, fabricado por la compañía española Ensa, y con una altura de 4,85 metros, 2,1 metros de diámetro y un peso (una vez cargado) de 71 toneladas, se almacenó en el ATI el pasado verano. Las operaciones, dirigidas por Nuclenor, todavía hoy titular de la planta, requirieron de más de 160 horas para preparar el contenedor, trasladarlo a la piscina, cargar los primeros 52 elementos de combustible gastado, extraerlos y trasladarlos al ATI.

Tras la carga y traslado de los otros cuatro contenedores que hay disponibles, ya durante la primera fase del desmantelamiento y con la central bajo la titularidad de Enresa (se espera que el traspaso se materialice en 2023) se sacará el combustible que queda en la piscina con otros 44 contenedores en proceso de fabricación.

En total hay en Garoña 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Las operaciones de carga de todos los contenedores y el vaciado de la piscina se prolongarán hasta finales de 2025 si no hay retrasos. En la segunda fase, con siete años de duración, se desmantelará el reactor y el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.

Con el ATI de Garoña convertido en el futuro en un almacén temporal descentralizado (ATD), los residuos permanecerán allí durante cerca de medio siglo hasta que esté en funcionamiento la solución definitiva para enterrarlos a medio kilómetro de profundidad, el futuro almacenamiento geológico profundo (AGP).

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.

Descartado un único almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad, el Gobierno ha propuesto repartir la basura atómica en siete emplazamientos como solución temporal hasta enterrarlos dentro de unos 50 años en un almacenamiento geológico profundo (AGP). Este lunes, los presidentes de la empresa pública que gestiona los residuos, Enresa, y del Consejo de Regulador Nuclear (CSN) reclamaron una ley que blinde en el futuro esa infraestructura para garantizar el máximo consenso y resguardarla de los vaivenes políticos.

La idea la lanzó el presidente de Enresa, José Luis Navarro, en un seminario sobre el AGP que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. “Yo soy atrevido y me tiro a los charcos, me gusta”, dijo antes de proponer esa ley, que se justificaría porque los retos “sociopolíticos” son el mayor desafío que afronta esa infraestructura, por encima de los técnicos y los regulatorios.

Y para que el proyecto tenga “estabilidad en el tiempo” y sea realidad, sería necesario que “una mayoría importante en el Parlamento español” lo convierta en una “cuestión de Estado”, atemporal y ajena a quién ocupe el Gobierno de turno en la administración central y local.

Navarro abundó posteriormente ante la prensa en esa idea al apuntar que el procedimiento para buscar un emplazamiento, seleccionarlo y decidir el municipio que albergue el AGP “no puede ser decisión de un gobierno”. “Habría que implicar al Parlamento al máximo nivel” aprobando un marco normativo con amplio respaldo en el que “estén perfectamente previstos los pasos a dar y la participación pública en la toma de decisiones”.

Por su parte, el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, indicó que “parece razonable que sea el máximo instrumento legal” el que guíe el proceso que acabe alumbrando una instalación que es “para siempre”, ya que es la solución que en estos momentos permite “asegurar con niveles de incertidumbre muy bajos” que podrá albergar esos residuos “miles de años”. Eso requiere de un “consenso del máximo nivel” que debería plasmarse en una norma con rango de ley, tal y como recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Aunque, reconoció Lentijo, también “puede” recogerse en normas de rango inferior.

A 500 metros

Un AGP consiste en aislar los residuos radiactivos de alta actividad mediante una serie de barreras en instalaciones a una profundidad de unos 500 metros. Allí los residuos se introducen primero en contenedores de metal extremadamente duraderos y resistentes y, posteriormente, se colocan en galerías en formaciones geológicas estables, taponadas con materiales absorbentes y rodeadas de terreno de baja permeabilidad y con gran capacidad de retención.

“El confinamiento y aislamiento del medio ambiente del residuo los proporcionan tanto el contenedor donde se introduce el residuo como las diversas barreras tecnológicas adicionales y naturales que suponen la roca receptora. En términos de seguridad física, el AGP constituye la solución considerada más favorable y segura por la comunidad técnica internacional ya que presenta una vulnerabilidad mínima al robo o sabotaje”, recuerda el CSN.

El regulador nuclear ha constituido un grupo de trabajo conjunto con Enresa y el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar las implicaciones de un futuro AGP, y va a emitir un reglamento sobre requisitos para la caracterización y evaluación del emplazamiento de instalaciones nucleares de esta.

España ya tiene caracterizadas zonas que en principio podrían albergar una instalación de estas características, en tres tipos de formaciones geológicas: granitos, arcillas o (las menos frecuentes) sales, tras los análisis realizados en la década de los 80, cuando varios países lanzaron los procesos para ubicar sus AGP.

En el caso de España ese proceso se paró en 1996, “cuando había que dar el paso de buscar el listado de emplazamientos teniendo en cuenta más variables, aparte del principal criterio de decisión que es la estabilidad geológica”, por “una especie de vértigo” y “falta de participación pública”, según el presidente de Enresa. Entonces, la empresa estatal había llevado a cabo sondeos geológicos en un mapa que cubría alrededor de un 10% del país para estudiar las mejores zonas.

En aquellos años, no tardaron en aflorar las protestas vecinales en municipios como Nombela (Toledo), que tiene la particularidad de ser el punto geográfico más alejado del mar en España, en la confluencia de las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, y donde se barajó una antigua mina de uranio como posible ubicación.

Ahora, y tras la fallida experiencia del intento de ubicar un ATC en Villar de Cañas (Cuenca), se trataría de evitar que pase con el AGP lo que el experto José Antonio Gago definió en estas jornadas como una “situación DADA: Decide, Anuncia, Defiende y Abandona”.

Actualmente hay en marchas programas de AGP muy avanzados en varios países. Destaca Finlandia, que prevé ponerlo en marcha en 2025. En Suecia y Francia están en fase de solicitud de autorización de construcción, con previsiones de ponerlo en marcha hacia 2035. Otros como Alemania, Canadá, Reino Unido o Suiza están en distintos estadios del proceso de selección de emplazamientos.

“Cuanto antes”

La propuesta de nuevo plan de residuos prevé que el AGP español entre en funcionamiento en 2073, pero este lunes la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, apostó por que sea “cuanto antes” si hay consenso político, social e institucional.

El presidente de Enresa indicó que, teniendo en cuenta la experiencia internacional, España está en un punto en el que a la instalación podrían empezar a llegar residuos en una “horquilla” de 40-50 años. Y es “razonable suponer” que se puede “acortar” ese plazo de 50 años que contempla el nuevo plan. Entre las ventajas que permitiría estaría la de “liberar los emplazamientos lo antes posible de las centrales nucleares” y ser más “eficientes” desde el punto de vista económico, por el alto coste de tener la basura radiactiva dispersa en varios emplazamientos durante décadas.

En opinión del presidente del CSN, “hay elementos para pensar que más allá de la prudencia, en un futuro próximo vamos a ser capaces de avanzar un poquito más rápido de lo que se apunta en el plan”. Pero el consenso sociopolítico necesario “seguramente va a llevar un tiempo”.

El Gobierno descarta finalmente la opción de un único almacén temporal centralizado (ATC) para guardar los residuos de las centrales nucleares y opta por repartir la basura radiactiva en siete emplazamientos distintos, uno por cada central nuclear.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado en la noche de este martes que ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) previsto en la Ley sobre energía nuclear, así como el informe de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El plan es el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Este documento tiene que sustituir al plan de residuos aprobado en 2006, que lleva caducado desde 2010, y que el Gobierno está obligado a actualizar para evitar una multa de la Comisión Europea.

En 2018, tras llegar al gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a tener listo este plan en el año 2019. Lo hizo poco después de decretar la paralización del polémico ATC que el Ejecutivo del PP decidió construir en Villar de Cañas (Cuenca), ante las dudas sobre los terrenos del emplazamiento elegido.

Ahora se confirma que el ATC queda finalmente enterrado. Según el documento, durante el proceso de alegaciones “se han puesto de manifiesto las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza, por lo que se considera inviable disponer de un ATC” como el que preveía el plan de residuos anterior y que el Gobierno del PP intentó montar en ese municipio conquense cuando Castilla- La Mancha estaba gobernada por la popular María Dolores de Cospedal.

Así, el nuevo borrador contempla “un escenario de referencia” que incluye la “puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados en los emplazamientos de las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo”, un almacenamiento geológico profundo (AGP), “junto con sus respectivas instalaciones complementarias o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores del combustible gastado”.

La opción de dispersar los residuos, más cara que un único almacén, ya se planteó en abril junto a la del ATC, al proponer construir siete almacenes temporales descentralizados (ATD) diseminados en los emplazamientos de las centrales nucleares: Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Santa María de Garoña (Burgos), José Cabrera y Trillo (Guadalajara).

Esos siete almacenes repartidos en cinco provincias españolas son una solución más costosa que el ATC. En el borrador que se publicó en abril se estimaba que su coste previsto para el periodo 2023-2100 sería de 19.234 millones de euros, frente a los 17.109 millones que, según el documento, costaría la alternativa del ATC. Una diferencia de 2.125 millones. La gestión de los residuos se costea a través de una prestación patrimonial que pagan las eléctricas por su producción nuclear.

AGP para 2072

El borrador del plan prevé la “continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento”. El paso definitivo será enterrar los residuos en un AGP, “la opción más sostenible y segura como punto final de la gestión”, según el documento. Su emplazamiento no se decidiría hasta 2029-2032, y no entraría en funcionamiento hasta 2072.

La nueva versión elaborada por el departamento de Teresa Ribera “es resultado del análisis y toma en consideración de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y de consultas” al que se sometió la versión inicial desde el 12 de abril hasta el 16 de junio.

Esta versión revisada incluye también el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre la empresa pública Enresa y las eléctricas.

Asimismo, se prevé el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, “excepto la de Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030”; y la continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de muy baja, baja y media actividad, “hasta completar el desmantelamiento de las centrales”.

Una vez recibidos los informes, el ministerio elaborará la propuesta final del 7º PGRR, que se remitirá al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.

El informe solicitado al CSN sobre la versión revisada del 7º PGRR es independiente de los informes vinculantes, relativos a la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física, que debe emitir el CSN con carácter previo a las autorizaciones que el MITECO concede para el ejercicio de las actividades de Enresa que se contemplan en el 7º PGRR.