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El cerrojazo a Garoña abre grietas en el plan del Gobierno para mantener las nucleares

Mariano Rajoy, en una visita a Garoña en octubre de 2009 para escenificar su apoyo a la continuidad de la planta. EFE

La minoría parlamentaria del Gobierno, la presión unánime de la oposición, la falta de acuerdo entre las propietarias de Garoña (Endesa e Iberdrola) y el reciente apoyo a los Presupuestos del PNV (contrario a la continuidad de la planta) han forzado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a envainarse su apoyo y el del resto del Gobierno y el PP a la prórroga de la licencia de la central nuclear más antigua de España.

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Con su negativa a renovar el permiso de la planta, desconectada de la red por decisión de sus dueños desde diciembre de 2012, el Gobierno ha perdido el primer pulso en su apuesta por mantener el parque nuclear español más allá de los 40 años en los que quedó fijada en su momento la vida útil de estas centrales.

Durante su comparecencia este martes para anunciar la decisión de cerrar definitivamente Garoña, el ministro aseguró que ese límite de los 40 años es "más mediático que jurídico", lamentó que la planta burgalesa se haya convertido en un "símbolo de discusión política" y aseguró que su clausura no anticipa "lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear". "Espero que no haya más Garoñas", puntualizó.

Ese mensaje de Nadal, el de que lo ocurrido con Garoña no es, como defienden los grupos ecologistas, la antesala del futuro que le espera a los siete reactores operativos actualmente en España (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II), encaja con las consignas del lobby nuclear.

En una nota, el Foro Nuclear español aseguró que la decisión de cerrar Garoña es "un hecho concreto y puntual que no condiciona la continuidad de la operación del resto del parque" de centrales. En la misma línea, Endesa aseguró que el cierre "afecta única y exclusivamente" a esta planta. "En ningún caso supone precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de centrales nucleares españolas", informa Europa Press.

Energía considera que las nucleares son imprescindibles para el mix energético por su aportación estable y porque no emiten CO2, lo que asegura el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones impuestos por la UE. Argumenta el ministro que cerrarlas de golpe encarecería la luz un 25%. Con una potencia de 7.864,7 megavatios (MW), el 7,45% del total, estas plantas aportaron el año pasado el 21,39% de la electricidad en España. Fueron la primera fuente de generación.

La batalla de Almaraz

En esta batalla, la próxima partida se juega en Almaraz (Extremadura), donde está la siguiente central nuclear en cumplir los 40 años en operación (su primer reactor inició su explotación comercial en septiembre de 1983).

La planta, mucho más potente que Garoña (sus dos reactores superan los 2.000 MW, frente a los 460 MW de la central burgalesa) pertenece a Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%) y le toca renovar su permiso en junio de 2020. El Gobierno acaba de aprobar un cambio legal para permitirle iniciar los trámites de su renovación en 2019 y no en junio de este año, como hasta ahora.

Está por ver qué hace hasta entonces Iberdrola, primer accionista de Almaraz, que asegura que con los impuestos actuales que soportan las nucleares, estas no son rentables porque los tributos se comen el 50% de sus ingresos. El Gobierno se niega en principio a modificar esa fiscalidad.

Uno de los interrogantes que plantea el cierre definitivo de Garoña es el de cuánto va a costar desmantelarla. Según publicó en abril El Confidencial, la empresa pública encargada de hacerlo, Enresa, calculó en 2011 que la factura ascenderá a 345 millones de euros. En el sector recuerdan el precedente de la central de Zorita, cuyo cierre decidió en 2002 el Gobierno de José María Aznar. El coste de desmantelarla se duplicó con creces con respecto a lo previsto. La factura del desmantelamiento correrá a cargo de un fondo gestionado por Enresa que acumula algo más de 5.000 millones. Según el Tribunal de Cuentas, es insuficiente.

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Publicado el
1 de agosto de 2017 - 20:09 h

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