El Gobierno del PP en Aragón destinó a publicidad institucional en 2025 más que el PSOE de Lambán en cuatro años

El Ejecutivo del PP en Aragón, con Jorge Azcón al frente, parece haber convertido la publicidad institucional en uno de sus ejes de gobierno. Al menos, así lo constata el importante incremento en este gasto, que superaba los tres millones de euros al año cuando llegaron los populares al poder y que en 2025 se multiplicó hasta los 6,7 millones. Es un importe superior a lo que el expresidente socialista Javier Lambán destinó a este fin en la suma entre 2016 y 2019.

Estos datos son públicos, ya que aparecen en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. En concreto, el gasto en campañas de publicidad institucional para medios de comunicación ascendió a 6.752.018 euros. Esto supone un 42% más de los 4,7 millones que el Ejecutivo de Jorge Azcón reservó para este fin en 2024, el primer ejercicio completo del dirigente popular. Ese año el aumento había sido casi idéntico, lo cual supone que ha más que duplicado el desembolso desde que está al frente del Gobierno.

El grupo más beneficiado ha sido el de mayor implantación en Aragón, Henneo, que aglutina cabeceras como 'Heraldo de Aragón' o el 'Diario del Alto Aragón' y al que el Gobierno de Aragón destinó el año pasado algo más de un millón de euros. Detrás figuran el grupo Prisa ('El País' o Cadena Ser), con cerca de 650.000 euros, y más lejos Prensa Ibérica ('El Periódico de Aragón'), con cerca de 500.000 euros.

En cuanto a medios nativos digitales, el que más dinero recibió de lejos del Gobierno del PP el año pasado fue El Español, que percibió 281.023 euros. El portal dirigido por Pedro J. Ramírez abrió delegación en la comunidad en el verano de 2024.

Le sigue Hoy Aragón, que tiene como principal accionista a Ricardo Mur, una persona muy próxima al presidente Azcón. Este medio recibió en concepto de campañas institucionales 173.369 euros. El importe asciende a casi 275.000 euros al sumar lo destinado a otros dos portales del grupo Arvia: El Diario de Huesca (55.284 euros) y Sport Aragón (57.070 euros).

A continuación destaca Ok Diario, que pese a que no cuenta con delegación en la comunidad obtuvo 157.195 euros del Ejecutivo del PP por campañas como la promoción del Plan de Deforestación o promoción del esquí en escolares.

Aragón Digital, un medio informativo generalista de la comunidad, recibió 115.794 euros. Y detrás figura El Confidencial, que a pesar de que no tiene implantación en la región ingresó algo más de 90.000 euros por la divulgación de la campaña de vacunación o la promoción del programa Volveremos, entre otros.

elDiario.es, que en 2025 fue el quinto medio más leído en Aragón según los datos regionalizados del medidor GFK, percibió 41.201 euros en publicidad institucional, por detrás de El Debate (45.911 euros), Extradigital (44.105 euros) o The Objective (42.692 euros).

En conjunto, el gasto en publicidad institucional del Gobierno de Aragón se contrajo de forma muy brusca tras el final de la etapa del socialista Marcelino Iglesias al frente del Ejecutivo, en 2011. Entonces se destinaba a este fin más de 12 millones de euros, y la llegada de la popular Luisa Fernanda Rudi coincidió con un fuerte recorte a estos fondos, que bajaron hasta 3,3 millones de euros. Aún los laminó más su sucesor, Javier Lambán (PSOE), quien volvió a los niveles de Rudi en su segundo gobierno (2015-2019). Ahora, la llegada de Jorge Azcón ha dado lugar a un constante aumento del gasto en publicidad institucional.

La normativa que rige las campañas de publicidad institucional en Aragón es la Ley sobre Publicidad Institucional, de 2003. Recoge de manera expresa que para la contratación de estos espacios el Ejecutivo autonómico y las empresas públicas se deberán atener a “criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente”. El ámbito de aplicación de la norma incluye también a las administraciones locales.

“Es preciso establecer unas normas que permitan que (la publicidad institucional) no sea utilizada como elemento discriminatorio desde el sector público y sirva adecuadamente a sus objetivos, evitando su uso incorrecto”, expone la mencionada ley. A su vez, la normativa insta a que la relación entre las administraciones y los medios de comunicación se lleve a cabo con “la máxima transparencia y respeto a la igualdad de oportunidades, sin interferir en la libre competencia ni en el necesario pluralismo informativo”.